El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Educación, ha destinado 12.864,72 euros a la instalación temporal de equipos de climatización en el CEIP Lluís Vives con el objetivo de garantizar el bienestar del alumnado y del personal educativo durante los meses de temperaturas más elevadas.

La actuación, financiada íntegramente por el Consistorio, consiste en el alquiler de equipos de aire acondicionado para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. En concreto, se han instalado dos equipos industriales en el comedor del centro y otros doce equipos distribuidos entre las aulas de Educación Infantil y Primaria.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que “desde el área de Educación hemos asumido esta actuación porque consideramos prioritario garantizar que nuestras niñas y niños dispongan de espacios dignos, seguros y adecuados para su aprendizaje, especialmente durante los periodos de calor extremo”.

Sandrós ha remarcado que “la educación es una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno y, siempre que esté en nuestras manos, seguiremos dando respuesta a las necesidades de los centros educativos del municipio”. En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya está trabajando para dotar también de sistemas de climatización al CEIP Ausiàs March, con el objetivo de seguir mejorando el confort del alumnado y del personal docente de los centros educativos de Paiporta.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado el compromiso municipal con la comunidad educativa. “El Ayuntamiento de Paiporta estará siempre al lado de sus centros educativos. Creemos firmemente en la educación pública como herramienta de igualdad de oportunidades y de progreso social, y por ello seguiremos apoyando todas aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar las condiciones del alumnado y del profesorado”, ha afirmado.

Con esta actuación, el Consistorio refuerza su compromiso con la calidad de los espacios educativos del municipio y con el bienestar de los cientos de niñas y niños que cada día desarrollan su actividad escolar en los centros públicos de Paiporta.

El Ayuntamiento de Catarroja ha iniciado la reordenación del aparcamiento en la Plaza Mayor, un espacio emblemático afectado por un uso excepcional desde las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024. La actuación parte del Pla Aparca y busca devolver este enclave central a la ciudadanía. El objetivo es compatibilizar el uso peatonal y vecinal con un estacionamiento más seguro, accesible y coherente con la vida del municipio.

Tras la catástrofe, la amplitud de la plaza la convirtió en un nodo logístico clave para la emergencia, donde operaron vehículos de rescate y efectivos de la UME. Superada la fase crítica, y ante la falta de parkings operativos, el espacio asumió el rol de aparcamiento provisional para los residentes del barrio.

Sin embargo, esta saturación de vehículos generó problemas de accesibilidad para mayores o personas con movilidad reducida, y limitó el uso social y seguro de la plaza para los niños. La necesidad de cambio cuenta con el aval de la Policía Local, que certifica la normalización viaria: ya solo quedan por reparar 19 de los 189 aparcamientos municipales.

La alcaldesa, Lorena Silvent, defiende la intervención para recuperar la normalidad urbana: “No se trata de quitar aparcamiento sin más, sino de ordenarlo mejor, hacerlo compatible con la vida de la plaza y garantizar las necesidades del vecindario”. Además, subraya que la iniciativa une pedagogía ciudadana y soluciones técnicas.

Con el nuevo diseño, la Plaza Mayor mantendrá 65 plazas de uso preferente para residentes. Así se evita la prohibición absoluta y se asegura el acceso a viviendas y servicios de emergencia. La medida se suma al éxito global del Pla Aparca, que ya suma 2.700 plazas en el municipio y añade otras 90 en el Camí de les Corregudes, a dos minutos del centro.

Esta reordenación en superficie es una fase de transición. El consistorio agiliza los trámites para que a finales de verano comiencen las obras del parking subterráneo municipal de la plaza. Este proyecto, con una inversión superior a los cinco millones de euros, solucionará el déficit de estacionamiento a largo plazo y consolidará la recuperación definitiva del espacio público.

El Ayuntamiento de Paiporta ha celebrado una jornada informativa abierta a la ciudadanía para explicar los detalles del Plan de Reconstrucción de las Infraestructuras Hidráulicas Municipales afectadas por la dana. La sesión, conducida por el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales Dana (Unpe dana) de Global Omnium, empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en Paiporta, ha servido para resolver dudas y dar a conocer una actuación que supondrá la renovación integral de la red de alcantarillado del municipio.

Durante la jornada, los técnicos de la Unpe dana han remarcado que se trata de una intervención sin precedentes. “No ha habido una obra de esta envergadura en ningún municipio de España”, han señalado, en referencia a la reconstrucción simultánea de una red urbana que resultó afectada al 100 % durante la dana de octubre de 2024. “Es la primera vez que se afrontará la reconstrucción integral de un municipio mientras se mantiene el día a día de sus vecinos y vecinas”.

También han destacado que disponer de un plan director previo de la red de saneamiento ha permitido realizar un diagnóstico más rápido y preciso de las necesidades derivadas de los trabajos de reconstrucción. La obra supone un reto mayúsculo que dotará a Paiporta de un sistema de saneamiento moderno y adaptado a los nuevos tiempos.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha explicado la trascendencia de un proyecto que “supone una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio” y que permitirá reparar los daños ocasionados por la dana al tiempo que moderniza unas infraestructuras esenciales para el futuro de Paiporta. El alcalde ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y el esfuerzo técnico realizado durante los últimos meses para adaptar los proyectos iniciales a las necesidades reales del municipio.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado la complejidad de la actuación y el trabajo de planificación desarrollado desde el inicio de la emergencia. Val ha remarcado que «las obras se han diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía y que la coordinación entre el Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y la Policía Local será fundamental para que los trabajos avancen con normalidad durante los próximos años».

Si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar en octubre. Los trabajos se desarrollarán de forma simultánea en tres frentes y contarán con una coordinación constante entre las empresas adjudicatarias, el Ayuntamiento y la Policía Local para minimizar las afecciones a la ciudadanía. Según las previsiones actuales, no se esperan cortes en el suministro de agua, salvo actuaciones puntuales y de corta duración.

Una red gravemente afectada por la dana

Paiporta cuenta con una red de alcantarillado de 78,33 kilómetros de longitud que resultó afectada en su totalidad por la DANA. Tras los estudios técnicos realizados, se ha determinado la necesidad de reconstruir 22,46 kilómetros de conducciones, el equivalente al 28,67 % de la red municipal, con un plazo estimado de 48 meses para completar todas las actuaciones.

La inversión global prevista asciende a 90.670.270 euros, de los cuales 46.523.342 euros corresponden a la subvención concedida a Global Omnium por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y 43.835.492 euros a la subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial al Ayuntamiento de Paiporta.

El objetivo es transformar una infraestructura dañada por la catástrofe en una red moderna, resiliente y adaptada a las exigencias actuales de sostenibilidad, drenaje urbano y adaptación al cambio climático.

Tres lotes para acelerar las obras

Debido a la magnitud de la intervención, los trabajos se han dividido en tres grandes lotes que se desarrollarán de forma paralela y coordinada en las diferentes zonas urbanas, industriales y residenciales del municipio. Cada lote corresponde a un área concreta del municipio, dividiéndose en una zona norte, una zona sur y una zona sureste.

Estas obras incluirán trabajos de sustitución de pozos de registro, renovación de acometidas domiciliarias, mejora de imbornales y reconstrucción de la red de saneamiento.

En conjunto, las actuaciones permitirán renovar cientos de elementos de la infraestructura hidráulica municipal y aumentar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos.

Una red preparada para el futuro

Los proyectos no se limitan a reponer las infraestructuras existentes. Durante los últimos meses, los equipos técnicos han trabajado para que las ayudas estatales permitan incorporar mejoras estructurales que incrementen la capacidad y la eficiencia de la red.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del sistema de drenaje en episodios de lluvia, la adaptación al Real Decreto 665/2023 sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la construcción de nuevos elementos de control y retención de contaminantes, así como la incorporación de soluciones basadas en la sostenibilidad y la resiliencia climática.

El plan incluye también la construcción de cinco tanques anticontaminación, un parque inundable y un canal de desagüe verde, además de sistemas de drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables y nuevas infraestructuras de control de inundaciones.

Del diagnóstico a la licitación

La licitación de las obras se publicó el 25 de abril de 2026 tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), estableciéndose el 25 de mayo como fecha límite para la presentación de ofertas.

Una vez obtenidas todas las aprobaciones, a principios de abril de 2026 se pudo iniciar el procedimiento de licitación. Más de 25 empresas han mostrado interés en participar en las obras y actualmente las ofertas se encuentran en fase de evaluación.

La apertura de las propuestas económicas está prevista para mediados de junio y la previsión es conocer las empresas adjudicatarias en torno al 20 de junio. Posteriormente, el Ministerio deberá revisar el procedimiento de selección antes de otorgar la autorización definitiva.

De forma previa a la publicación de la licitación de las obras, el Ayuntamiento y Global Omnium llevaban meses trabajando en la planificación y coordinación de las actuaciones. Además, se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica modificar las bases de las ayudas para que estas no contemplaran únicamente actuaciones de reposición y permitieran incorporar mejoras estructurales.

Un proyecto estratégico para la reconstrucción

La reconstrucción del alcantarillado constituye una de las actuaciones más importantes del proceso de recuperación de Paiporta tras la DANA. Además de reparar los daños ocasionados por la riada, el proyecto permitirá disponer de una red de saneamiento más eficiente, segura y preparada para afrontar los retos derivados del cambio climático y de los episodios meteorológicos extremos.

Según destacaron los responsables técnicos durante la jornada, la combinación de inversión, planificación e innovación convertirá esta actuación en un referente para futuras intervenciones de reconstrucción hidráulica en España.

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X y tacha esa decisión de “discriminatoria”.

“La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad”, añade la titular de Igualdad en ese mensaje.

El Ministerio de Igualdad trasladó a la Fiscalía la decisión de la Cofradía de no permitir -por segunda vez en su historia- que procesionaran las mujeres, tras una votación interna el pasado mes de marzo.

De los cerca de 400 cofrades que participaron en la votación, 114 votaron a favor y 267 en contra. Los estatutos de la entidad hablan de “varones”, y la propuesta planteaba sustituir ese término por “personas”, cambio que no fue aprobado.

Esta decisión provocó una gran polémica, y el Gobierno inició también el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de fiesta de interés turístico nacional, reconocimiento que ostenta desde 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es la entidad organizadora de la Semana Santa saguntina y cuenta con más de 500 años de historia, con actos documentados desde 1492, y en ella también hay mujeres, pero que llevan a cabo otras tareas.

En declaraciones a EFE, la representante del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, ha señalado que es “una lástima haber llegado a esta situación”, de la que han tenido conocimiento a través de los medios, pero en su opinión “es lo que hay”.

“Los cofrades tuvieron la oportunidad (de corregir esa medida) en la última votación y decidieron seguir discriminando; desde Semana Santa Inclusiva les acabamos de plantear en una reunión la modificación de una propuesta para modificar los estatutos y ni siquiera la han estudiado”, ha criticado Ribelles.

A su juicio, esta situación “podría finalizar mañana si la directiva, en base a la legalidad vigente y a sus competencias, anuncia que aceptará las solicitudes de mujeres, solicitudes que sabemos que se van realizando porque la forma de inscribirse en la cofradía o de apuntarse a la cofradía es, tal y como explican en la web, a través de un Google Forms”.

“Sabemos de muchas mujeres que han solicitado el ingreso a la cofradía y hemos tenido la callada por respuesta. Bueno, eso es lo que hay”, según la portavoz del colectivo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha viajado hoy al municipio valenciano de Picanya, arrasado por la DANA de octubre de 2024, para asistir a la puesta en servicio de la nueva pasarela de María Cambrils, la primera de las cinco estructuras de esta localidad que se pone en servicio tras haber sido reconstruida por el Ministerio con una inversión de 2,1 millones de euros.

Puente ha mostrado su “satisfacción” por ver que el municipio de Picanya, “una de las llamadas zonas cero de la DANA”, va recuperando su normalidad. “Es bonito ver cómo ha cambiado todo para bien y cómo la gente empieza a utilizarla” se ha felicitado el ministro durante su recorrido por esta estructura, reconstruida por el Ministerio bajo el principio de resistencia y robustez contra los efectos del cambio climático.

Junto a la pasarela María Cambrils, el Ministerio está actuando en otras cuatro infraestructuras cercanas: el Puente de la Avenida del Mediterráneo, en reparación, la pasarela Poeta Ángel González, que está siendo reconstruida, y los puentes de la Calle Valencia y de la travesía de Diputació, también en reconstrucción. Sobre este último, contiguo a la pasarela María Cambrils, el ministro ha constatado el avanzado estado de las obras tras haber finalizado la colocación del tablero. Con 13,15 metros de ancho, el puente contendrá carriles para el tráfico rodado, acera peatonal y carril bici.

Óscar Puente ha destacado las nuevas características que reúnen esta y el resto de estructuras objeto de reparación o reconstrucción por parte del Ministerio, y que tienen “el objetivo de resistir una DANA similar o superior a la que se vivió en octubre de 2024”. Como elementos que hacen ganar robustez a la estructura, el ministro ha señalado los pilares “pilotados a 20 metros de profundidad”, el tablero “preparado para ser hidrodinámico y no ofrecer resistencia al paso del agua” o las propias barandillas “que evitarán el efecto vela”.

“Los criterios empleados para reconstruir las infraestructuras de la zona de la DANA son criterios que atienden a la realidad del futuro, en la que tendremos eventos climáticos más extremos, con más pluviosidad o más calor. Estas construcciones tienen que servir para resistirlas” ha rematado.

El Ministerio, encargado de reparar las estructuras municipales

Las actuaciones en Picanya se enmarcan en el convenio suscrito el 5 de marzo de 2025 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Picanya para hacer frente a los daños causados por la DANA en diferentes estructuras de la red de carreteras del municipio. A su vez, el convenio forma parte del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana suscrito por el Ministerio y los municipios valencianos de Manises, Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Almussafes, Beniparrell, Catarroja y Quart de Poblet.

Con este Plan, el Ministerio se comprometía, a través de la Dirección general de Carreteras, a reparar o reconstruir estructuras de titularidad municipal, en concreto: reparación de 11 puentes (6 obras de reparación de daños estructurales y 5 obras de reparación de daños en las inmediaciones de estructuras de paso); construcción de 3 nuevas pasarelas; y construcción de 3 nuevos puentes.

Este plan supuso la activación de 34 millones de euros de fondos de emergencia.

La nueva pasarela María Cambrils está concebida para un uso peatonal y ciclista, dando continuidad a las vías municipales. Así, su sección ha sido mejorada según las recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista de la Dirección General de Carreteras, disponiendo de una anchura útil de cinco metros.

La titularidad de la nueva pasarela de Maria Cambrils corresponde al Ayuntamiento de Picanya, que se encarga también de su conservación y explotación.

Características técnicas

Tras el paso de la DANA, y en el marco del Plan de respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició los trabajos de limpieza de los cauces, inspecciones detalladas de cada una de las estructuras dañadas y estudios para definir las soluciones de reparación necesarias.

Así, en el diseño de las nuevas pasarelas se han fijado cuatro condicionantes principales: robustez frente a fenómenos climáticos y nuevas avenidas, a partir del análisis del comportamiento de las estructuras anteriores frente a la última dana; montaje ágil; integración urbana y estética; y movilidad sostenible, favoreciendo la movilidad activa peatonal y ciclista.

La nueva pasarela de Maria Cambrils tiene una longitud total de 82,10 metros. Cuenta con dos pilas de hormigón armado con geometría adaptada a empujes del agua, y que están cimentadas en profundidad a través de pilotes en el propio cauce, lo que da a la pasarela mayor robustez ante posibles crecidas del cauce del barranco.

Por su parte, el tablero combina una estructura metálica con una losa superior de hormigón, con una mínima ocupación del espacio del cauce y facilitando así el paso del agua ante hipotéticas crecidas.

En cuanto a su uso, la pasarela tiene 6 metros de ancho: 5 de ellos destinados al paso de peatones y ciclistas más medio metro a cada lado para las barandillas de protección. Estas barandillas están pensadas para ceder en caso de una crecida muy fuerte, actuando como un elemento de seguridad que evita que la estructura principal sufra daños mayores.

La pasarela se ha dotado de luminarias LED bajo el pasamanos para su iluminación nocturna.

Las obras incluyen también la urbanización necesaria en la zona de conexión de los extremos de la pasarela con el viario urbano colindante y la reposición de los servicios afectados por las obras.

El Ayuntamiento de Catarroja aprobó en el pleno celebrado el pasado 30 de abril la extinción del organismo autónomo local vinculado a la residencia de mayores del municipio, una decisión adoptada tras haber explorado todas las alternativas legales y administrativas posibles para garantizar la continuidad del servicio.

El cierre del centro, derivado de los graves daños ocasionados por la dana, generó una situación compleja que ha sido analizada durante los últimos meses desde el punto de vista jurídico, económico y de gestión, sin que haya sido posible articular una alternativa viable en el actual contexto.

En el pleno del mes de marzo, el equipo de gobierno decidió posponer la decisión de extinción con el objetivo de dar margen a los grupos municipales del Partido Popular y Vox para que pudieran plantear propuestas alternativas a las ya estudiadas por el Consistorio.

Posteriormente, en el pleno de abril, el informe jurídico municipal evaluó las propuestas finalmente trasladadas y concluyó que no eran viables jurídicamente, por lo que no podían dar una respuesta efectiva a la situación planteada, procediéndose a la aprobación de la extinción del organismo.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que “esta es una decisión que nadie quería tomar, pero que ha sido inevitable tras meses de trabajo y de análisis. Hemos explorado todas las vías posibles, recolocado al personal, hemos dado tiempo adicional para encontrar alternativas y hemos actuado con responsabilidad en todo momento”.

Silvent ha añadido que “las consecuencias de la dana sobre las instalaciones y la ausencia de una solución estructural por parte de la Generalitat Valenciana han limitado las opciones reales, obligándonos a tomar una decisión que garantice seguridad jurídica y orden en la gestión”.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el proceso se ha desarrollado con transparencia, rigor técnico y voluntad de diálogo, priorizando en todo momento el interés general y la necesidad de dar una respuesta ordenada a una situación sobrevenida.

El consistorio continuará trabajando para definir el futuro del servicio y dar respuesta a las necesidades de las personas mayores del municipio, en coordinación con las administraciones competentes.

Cure KARS - Laia Foundation, junto con el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, organiza la II Marcha Solidaria para sensibilizar sobre los síndromes KARS y recaudar fondos para el proyecto de investigación de una terapia genética, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 10 horas. Estas enfermedades no tienen cura y la investigación se encuentra en una fase muy preliminar. Por ello, esta iniciativa es vital para los poco más de 50 casos que existen en el mundo.

Gracias al apoyo que el pueblo y las empresas de lʼAlcúdia de Crespins brindaron en la I Marcha Solidaria, con una recaudación de fondos histórica de más de 16.500 euros, Cure KARS lanzó, de la mano del Instituto de Salud Carlos III, el primer proyecto de investigación para el desarrollo de una terapia genética de reemplazo para KARS1. Una gran esperanza para los niños y niñas que padecen esta situación y para sus familias, ya que se trataría de la primera posible cura para estas enfermedades ultrarraras. Con esta segunda marcha, la fundación de utilidad pública y sin ánimo de lucro pretende conseguir un impulso económico que posibilite la consolidación del proyecto de investigación, que cuenta con un coste de 250.000 euros a lo largo de 4 años.

Actualmente, la organización ha abierto un plazo de recepción de donaciones por parte de empresas del territorio y vecinos, y anima a todo el mundo a convertirse en un actor clave en la investigación científica en nuestro país y a formar parte de la cura. El apoyo a este acto no solo representa un gesto de generosidad, sino también una oportunidad para implicarse activamente en un evento que genera un verdadero cambio para niños y niñas de todo el mundo. A día de hoy, ya han mostrado su apoyo unas cincuenta empresas y se han vendido más de 500 dorsales en los puntos de venta físicos. La venta de dorsales también está ya disponible en el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, Baldufa, Forn Ribelles, Sara, Vinarium y Forn i Que Bo!!!, a quienes la organización agradece su colaboración desinteresada.

Los dorsales zero se pueden conseguir en este enlace.

El problema del acceso a la vivienda sigue marcando la agenda política de las instituciones. En esa búsqueda de soluciones o de propuestas que puedan mitigar la complicada situación social que provoca la falta de oferta y los altos precios, el Ayuntamiento de Picassent va a explorar una fórmula pionera que evite la especulación y que no le afecte el continuo crecimiento de los valores inmobiliarios.

La propuesta municipal es la conocida como cesión de uso, por la que el Ayuntamiento cede suelo público durante 75 años para que un grupo de cooperativistas puedan llevar a cabo la promoción de viviendas con un desembolso inicial de en torno a 30.000 euros y cuotas mensuales durante el disfrute de la vivienda. Estas cuotas dependerán del coste total y el número de participantes en el proyecto, pero la pretensión es que no sean más de 500 euros mensuales. Además, con esta cuota mensual no solo se limita al uso de la vivienda, sino que incluye todos los costes asociados al funcionamiento del edificio, tanto los ordinarios de la comunidad necesarios para el mantenimiento de los espacios comunes y servicios, como para la amortización del préstamo suscrito por la cooperativa para financiar la construcción.

Con esta fórmula incluso se podrá traspasar lo propiedad a los hijos, incluso recuperar la cantidad inicial entregada si se decide abandonar la vivienda. En definitiva, la Administración cede el derecho de superficie de una parcela de titularidad pública a la cooperativa adjudicataria durante los 75 años, mientras que la promoción, construcción y gestión del edificio corresponde a la cooperativa.

Para la alcaldesa de Picassent Conxa García este modelo pionero de colaboración social es una iniciativa importante “porque preserva la titularidad pública del suelo, evita la especulación y permite el acceso a la vivienda sin afectar a los precios la subida que supone la actividad especulativa”. La alcaldesa ha subrayado que “el modelo cooperativista es una buena fórmula que hay que fomentar y aumentar, ya que esta colaboración entre ayuntamiento y propietarios asegura calidad y protección más allá de las fluctuaciones del mercado inmobiliario”.

El estudio inicial de la promoción prevé la construcción de unas 30 viviendas con plazas de garaje y zonas comunes, ubicada esta primera iniciativa de

cesión de uso junto a la estación de ferrocarril, donde en la actualidad se da uso como aparcamiento a este solar donde se construirá la promoción.

Reunión informativa

Para dar a conocer los detalles de este nuevo modelo de acceso a la vivienda, se ha organizado una primera charla informativa, donde los responsables del urbanismo municipal y empresas especializadas harán una explicación pormenorizada y subsanarán cualquier duda de los asistentes interesados. Este acto informativo será el miércoles 29 de abril a las 18.30h en el Refugi Cultural de Picassent.

45 viviendas para alquiler

Esta iniciativa se suma a la conocida hace algunas semanas, donde el Ayuntamiento anunció una inversión de 4 millones de euros procedentes de fondos europeos para realizar en suelo dotacional la promoción de 45 viviendas para alquiler asequible, con el fin de aumentar la oferta de vivienda para colectivos más vulnerables, teniendo prioridad las personas afectadas por la dana.

El Grupo Municipal Socialista de Pilar de la Horadada ha solicitado la cancelación de un curso de inversión en criptomonedas promocionado desde el ayuntamiento, cuya celebración está prevista de forma gratuita en instalaciones municipales entre el 27 de abril al 4 de mayo de 2026 a cargo de una asociación de reciente creación y ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de José María Pérez Sánchez (PP) sobre la relación con esta actividad.

El concejal y portavoz adjunto del PSOE, Ángel T. Cegarra, ha mostrado su preocupación por el enfoque del curso y por el respaldo institucional que está recibiendo una «actividad orientada a la formación en inversión en criptoactivos, un ámbito caracterizado por su elevada volatilidad, falta de garantías y riesgos significativos, especialmente para jóvenes sin formación financiera», como han trasladado en el escrito registrado en el ayuntamiento.

En este sentido, los socialistas también señalan que “organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han advertido de forma reiterada sobre los riesgos asociados a este tipo de activos, señalando la posibilidad de pérdidas totales de la inversión, la alta volatilidad y la falta de protección del inversor”.

Desde el PSOE pilareño también advierten que «este tipo de cursos, por su enfoque habitual, suelen estar asociados a modelos basados en expectativas irreales de beneficios rápidos, en algunos casos vinculados a prácticas que han derivado en pérdidas económicas importantes para jóvenes y sus familias».

Y consideran, en relación del apoyo municipal a la actividad, que «una administración pública no puede contribuir, ni directa ni indirectamente, a generar expectativas irreales de enriquecimiento rápido ni a difundir actividades que puedan derivar en perjuicios económicos para la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes».

En este sentido también han señalado “imprescindible que –estas actividades- se desarrollen con todas las garantías, transparencia y responsabilidad, especialmente cuando existe una vinculación directa o indirecta con una institución pública”, como es en este caso el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que aparece como colaborador y promociona la actividad públicamente.

En su comunicado, desde el Grupo Municipal Socialista muestran su apoyo a las asociaciones e iniciativas locales, pero en este caso creen que “existen dudas razonables que agravan la preocupación: la reciente creación de la entidad organizadora, sin trayectoria conocida, la coincidencia temporal entre la creación de perfiles en redes sociales y la promoción del curso, además de la falta de información clara sobre contenidos, responsables o garantías de la actividad”.

Cegarra ha explicado que “lo preocupante no es el curso. Lo preocupante es que el Ayuntamiento le esté dando visibilidad, espacio y promoción” y ha afirmado que “una institución pública no está para eso, está para prevenir y explicar las consecuencias negativas de este tipo de inversiones”. El edil socialista también ha insistido en que “la CNMV y el Banco de España lo advierten, puedes perderlo todo”.

Por lo que desde el PSOE han pedido por escrito al alcalde José María Pérez Sánchez «actuar bajo principios de prudencia, protección de la ciudadanía y garantía de información veraz». Y en consecuencia, la cancelación del curso de inversión en criptomonedas y la retirada de su difusión en los canales municipales, además de información sobre la relación del ayuntamiento con la actividad, establecer criterios para la promoción institucional de actividades e impulsar programas de educación financiera responsable, especialmente dirigidos a jóvenes.

El municipio de Náquera ha vivido este pasado fin de semana un polémico retorno a una actividad que llevaba dos décadas desaparecida de sus calles. El actual equipo de gobierno, liderado por Vox en coalición con el Partido Popular, ha decidido recuperar la competición de tiro y arrastre, una práctica que no se celebraba en la localidad desde hacía 20 años. Esta decisión política ha desatado una contundente respuesta por parte de la Plataforma Defensa Animal, que considera la medida un ataque directo al bienestar de los animales y un retroceso en la evolución ética del municipio.

Mientras el alcalde de la localidad, Iván Expósito (Vox) ha ensalzado el retorno de esta práctica como una recuperación de las tradiciones valencianas, los animalistas no lo ven igual.

La entidad animalista ha denunciado públicamente el “enorme sufrimiento” que padecen los caballos durante estas pruebas, calificando de “burla” el hecho de que esta actividad esté catalogada oficialmente como un deporte. Según explican desde la plataforma, la competición somete a los animales a esfuerzos extremos, obligándolos a arrastrar carros cargados con sacos de arena que, dependiendo de la categoría, pueden alcanzar un peso de entre una y tres toneladas. Los caballos deben recorrer pistas de arena no compacta con paradas obligatorias que ponen a prueba su capacidad de arranque desde una posición estática, lo que supone un castigo físico y psicológico severo.

Diego Nevado, responsable de la plataforma, ha sido especialmente crítico con la gestión de la alcaldía de Vox, a la que acusa de aprovechar su posición de poder para hacer retroceder al pueblo y fomentar una “tradición” que ya estaba superada por la sociedad local. Nevado lamenta que este tipo de “perverso entretenimiento” solo cause placer a una minoría de la sociedad, mientras se ignora la emergencia climática y la protección de los seres sintientes. Asimismo, reprochan que el Ayuntamiento normalice ante el público infantil que los animales sean meros recursos bajo dominación humana.

La polémica no se limita solo al tiro y arrastre, ya que la plataforma también ha mostrado su rechazo ante la próxima exhibición de perros de caza y las actividades destinadas a niños para acercarlos al mundo cinegético. Basándose en informes veterinarios y biológicos, la entidad subraya que los caballos, animales que tienden a vivir en manada, sufren un gran estrés al verse inmersos en ambientes hostiles de griterío y multitudes.

El escenario político en Alcoi ha alcanzado un punto de máxima tensión tras el rechazo del pleno municipal a la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno de coalición del PSPV y Compromís. Ante este bloqueo, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha lanzado un órdago legal al anunciar la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo martes 14 de abril. En dicha sesión, el presupuesto se someterá a una moción de confianza, una herramienta regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que vincula la continuidad de la alcaldía a la aprobación del documento económico.

El debate previo a esta decisión estuvo marcado por el enfrentamiento en torno al proyecto industrial de Alcoi Sur. Mientras el ejecutivo municipal -conformado por PSPV y Compromís, en minoría- considera que este plan no debe interferir en la validación de las cuentas, el bloque de la oposición —formado por PP, Vox y Guanyar, en mayoría— ha utilizado este punto como argumento central para el voto negativo. El Partido Popular ha censurado la “ambigüedad” del Gobierno en materia industrial, Vox ha denunciado una falta de inversiones reales y Guanyar ha exigido la renuncia explícita al proyecto de La Canal para proteger el acuífero del Molinar, calificando de “irresponsable” la postura de un ejecutivo que tachan de poco coherente.

Este movimiento del alcalde sitúa a la oposición ante un dilema con plazos estrictos. Si el próximo martes la moción de confianza no obtiene el respaldo mayoritario, se activará un periodo de un mes en el que PP, Vox y Guanyar podrán intentar presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía. Se trata de un escenario complejo, dada la disparidad ideológica de los grupos que actualmente conforman la minoría mayoritaria en el consistorio de Alcoi.

En el caso de que la oposición no logre articular una mayoría alternativa o la moción de censura no prospere, el presupuesto de 2026 quedará aprobado de forma definitiva y automática por imperativo legal. Con este ultmátum, el alcalde busca desbloquear la gestión municipal y forzar a los grupos de la oposición a elegir entre permitir el avance de las cuentas diseñadas por el PSPV y Compromís o asumir la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno para la ciudad.

El anuncio de la Generalitat de desvincular la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara para el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals supone un abandono que el consistorio ya temía. Tras el precedente de tumbar el proyecto del Palacio de Justicia y los reiterados gestos de desatención hacia la figura del cantautor y el patrimonio local, el Gobierno valenciano ha formalizado una ruptura que deja a Xàtiva en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Dirección General de Administración Local ha notificado este lunes el inicio del procedimiento de extinción del convenio que debía financiar las obras con más de 3 millones de euros. Lejos de ofrecer una alternativa de financiación, el Ejecutivo autonómico ha ido un paso más allá al exigir el reintegro inmediato de 399.265,56 euros ya abonados, a los que pretende sumar intereses de demora. Esta reclamación se produce a pesar de que el Ayuntamiento ya ha ejecutado esos fondos en la redacción de un proyecto integral a cargo de los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos.

Desde el gobierno municipal se considera incomprensible que el Consell rompa un convenio vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación prometido el pasado mes de diciembre. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha denunciado que desde la llegada del PP a la Generalitat la inversión en la ciudad es inexistente: “Ni un solo euro. Tras dejar sin financiación el Palau de Justícia, ahora quieren eliminar la rehabilitación de Santa Clara. Ese es el respeto que tiene el PP por el patrimonio local”, ha manifestado.

La resolución de la Generalitat justifica esta medida alegando un incumplimiento en los plazos de ejecución que vencían el 31 de diciembre de 2025. No obstante, el Ayuntamiento subraya que la administración autonómica es plenamente consciente de que el proyecto está listo para iniciar las obras y que los recursos ya se han destinado correctamente a la ejecución técnica. El consistorio ya ha anunciado que presentará alegaciones para defender los intereses de Xàtiva y evitar que el proyecto emblemático de revitalización del casco antiguo sea sepultado definitivamente.

La hoja de ruta de la Generalitat Valenciana respecto a Xàtiva ha pasado de la parálisis administrativa a la reclamación de fondos en apenas unos meses. El Ayuntamiento de la capital de la Costera recibió este lunes una resolución de la administración autonómica en la que se exige el reintegro inmediato de 399.265,56 euros, más intereses de demora, correspondientes a las inversiones realizadas hasta la fecha para la rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara. Este movimiento supone un nuevo revés para el municipio, que ve cómo el Consell no solo detiene proyectos clave, sino que ahora drena las arcas locales exigiendo la devolución de dinero ya ejecutado en informes técnicos y arquitectónicos.

Esta ofensiva económica llega tras un historial de desencuentros que comenzó a principios de año. Fue el pasado mes de enero cuando saltaron todas las alarmas al conocerse que la Generalitat decidía tumbar definitivamente el proyecto del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad, una infraestructura que acumulaba ocho años de compleja tramitación y consenso técnico. Aquel golpe inicial, que descartaba una ubicación estratégica para la revitalización del casco antiguo, se ha visto agravado hace apenas una semana, cuando la Conselleria de Justicia anunció que ha iniciado los trámites para buscar “nuevos espacios” fuera de la ubicación prevista, rompiendo unilateralmente con casi una década de trabajo previo.

La situación del Monasterio de Santa Clara sigue una estela similar de desatención institucional. La Generalitat ha comunicado ahora su intención de extinguir el convenio de colaboración vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación al que se comprometió públicamente el pasado mes de diciembre. El consistorio setabense ha denunciado la incomprensible postura del Consell, que reclama fondos que ya han servido para redactar un proyecto integral por parte de arquitectos de renombre como Ramón Esteve y Carlos Campos, dejando al Ayuntamiento en una situación de total incertidumbre jurídica y financiera justo cuando las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC) estaban a punto de licitarse.

Desde el gobierno municipal se ha calificado la maniobra de “agravio histórico”, señalando que desde la llegada del PP a la Generalitat no se ha destinado “ni un solo euro” de inversión nueva a la ciudad. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha recordado que el proyecto de Santa Clara buscaba rescatar un edificio en ruinas para albergar servicios públicos que dinamizaran la economía local, un plan que ahora se ve doblemente castigado: primero por el abandono del proyecto del Palacio de Justicia y ahora por la exigencia de devolver las ayudas de Santa Clara.

El Ayuntamiento ya prepara las alegaciones pertinentes para frenar esta reclamación de ingresos, defendiendo que el dinero público ya ha sido invertido correctamente en las fases previas de un proyecto que la Generalitat ha decidido bloquear.

Las celebraciones de Pascua en Riba-roja encaran este martes su última jornada tras varios días de intensa actividad en la explanada de Pacadar. El Ayuntamiento, con el objetivo de dinamizar el ocio local durante el periodo vacacional, ha consolidado este espacio como el principal punto de encuentro para las familias del municipio, ofreciendo una amplia variedad de propuestas lúdicas dirigidas al público infantil.

A lo largo de estas jornadas, los niños y niñas de la localidad han participado en numerosos talleres creativos y actividades temáticas que, junto a la instalación de grandes juegos hinchables, han protagonizado las tardes de recreo. Toda la programación ha contado con la presencia de monitores especializados, garantizando así un entorno seguro y organizado para el disfrute de los más pequeños.

La tradición también ha tenido un papel fundamental en esta edición de 2026. La organización reservó un área específica del recinto para el vuelo de la cometa, permitiendo que las familias compartieran la clásica estampa del catxirulo sobre el cielo de Riba-roja. Esta zona habilitada ha permitido recuperar una de las costumbres más arraigadas de estas fechas en un espacio amplio y acondicionado para tal fin.

Tras el éxito cosechado ayer lunes, la programación llega este martes a su fin. Los vecinos y vecinas interesados en asistir a este último día de actividades podrán hacerlo esta misma tarde, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, en una despedida que promete volver a llenar la explanada de Pacadar de convivencia y diversión gratuita antes del regreso a la rutina escolar.

Varias organizaciones sociales del Parque Alcosa de Alfafar han presentado dos quejas formales ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por lo que consideran “persecución ideológica y persecución por parte de la administración”.

Las quejas se dirigen contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales y en ellas denuncian la supuesta “vulneración de derechos fundamentales, desviación de poder, persecución ideológica y un acoso institucional que amenaza con desmantelar los proyectos comunitarios que sostienen a cientos de familias en situación de vulnerabilidad”.

Aseguran que la Generalitat mantiene una deuda de más de 300.000 euros con la cooperativa social del barrio y que este hecho forma parte de una “estrategia coordinada para desmantelar la respuesta comunitaria”.

Esta estrategia incluye, según sostienen los denunciantes, el “desalojo del único supermercado solidario activo tras la dana, el bloqueo de proyectos sociales como un comedor y la negativa a la participación ciudadana”.

En el transcurso de una concentración de protesta frente al Palau de la Generalitat por estos hechos, el portavoz del colectivo SOS Parke, Juan Miguel Fernández, ha asegurado: “Estamos explorando la posibilidad de judicializar estos hechos en colaboración con la Universitat de València”.

“El PP gestiona tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y está castigando el trabajo inmediato que se hizo tras la dana y las críticas a la gestión de la dana; por eso persiguen políticamente a este colectivo”, ha añadido.

La concejala de Compromís en Alfafar Amalia Esquerdo ha defendido que “la cooperativa lleva 38 años trabajando con el Ayuntamiento en materia de inserción laboral y desde hace años se niega a renovar el convenio”, y ha asegurado: “Pedimos reuniones para negociar, pero no dan garantías de que seguirán trabajando con la cooperativa”.

En este mismo sentido, el portavoz del PSPV en esta localidad, Rubén Martínez, ha lamentado que “primero se haya desalojado, antes de negociar”, y ha añadido: “No podemos entender que la Administración trabaje de esta forma. Pedimos diálogo, trabajo con las entidades para subsanar las deficiencias técnicas que existan y que se pare la persecución política de las entidades sociales”.

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado dio por finalizadas las obras destinadas a transformar y proteger el entorno del Castillo y el Teatro Romano, dos pilares fundamentales de la identidad local. Con una inversión total de 341.219 euros, la actuación ha tenido como eje central la puesta en valor de la transición histórica del municipio, permitiendo a los visitantes comprender mejor la evolución urbanística desde la primitiva ocupación íbera en el Tossal del Castell —la antigua Arse— hasta su consolidación y posterior romanización como Saguntum.

La intervención ha incluido trabajos de gran calado técnico, como la creación de un nuevo tramo de escalera que conecta con los restos arqueológicos situados junto a los contrafuertes del foro romano, además de la consolidación estructural de los vestigios hallados en dicha zona. Asimismo, se ha actuado en la calle Vieja del Castillo y en los alrededores de la parte posterior del Teatro Romano, mejorando tanto el diseño de los bordes de la calzada como la seguridad general del recinto.

En materia de accesibilidad, el consistorio ha sustituido las antiguas rampas provisionales de contrachapado por estructuras fijas y estables que cumplen con la normativa vigente, facilitando así la entrada a la cávea oeste del Teatro Romano. Estas mejoras se complementan con la instalación de barandillas en los desniveles más pronunciados y una renovación integral de la señalética interpretativa y direccional, diseñada para guiar al público a través de los siglos de historia que albergan estos monumentos declarados Bien de Interés Cultural.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, destaca que estos trabajos no solo impulsan el turismo, sino que refuerzan la propia identidad del pueblo al dignificar un ámbito clave de su patrimonio. Por su parte, la concejala de Patrimonio Cultural y Turismo, Natalia Antonino, señaló que este proyecto es un paso firme para completar la integración de la ciudad ibero-romana en el itinerario visitable del municipio, siempre bajo una estricta supervisión arqueológica acorde a la normativa de protección de monumentos.

El rechazo social a la macroplanta de biometano proyectada en Llíria ha dado un salto cualitativo tras buscar blindarse con argumentos técnicos de primer nivel. El pasado viernes 27 de marzo, el movimiento vecinal del Camp de Túria y la Serranía demostró su capacidad de convocatoria llenando prácticamente las 500 butacas del auditorio de Casinos. En un acto que combinó la indignación ciudadana con el rigor académico, la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía sentó a expertos de la talla de Jose Ramón Olarieta y Antonio Turiel para analizar las sombras de una infraestructura que los vecinos consideran una amenaza directa a su salud y a su entorno rural.

Durante su intervención, el profesor de Edafología Jose Ramón Olarieta detalló con estudios documentados los riesgos de la fermentación anaeróbica masiva. El experto explicó que el digestato resultante de procesar más de 35 tipos de residuos diferentes, como pretende la planta de Llíria, resulta altamente perjudicial para el uso agrícola, degradando el suelo en lugar de enriquecerlo. Olarieta fue tajante al calificar la instalación como una refinería encubierta, alertando además de que el balance energético es negativo, ya que la energía necesaria para su construcción, mantenimiento y posterior desmantelamiento es superior a la que la planta será capaz de generar en toda su vida útil.

Por su parte, el físico e investigador del CSIC Antonio Turiel aportó una perspectiva global sobre la crisis de recursos y la gestión energética. Turiel sostuvo que, para que una planta de estas dimensiones funcione eliminando todos sus riesgos ambientales, requeriría una inversión económica tan desorbitada que la haría completamente inviable para cualquier empresa. En este sentido, el científico defendió la necesidad de un cambio de paradigma basado en comunidades energéticas locales, descartando los macroproyectos que, a su juicio, son inestables y científicamente insostenibles en un planeta de recursos finitos.

El componente humano y de salud pública llegó con el testimonio del alcalde de Casas Buenas, municipio toledano que sufre las consecuencias de una planta similar situada a escasos kilómetros. Los vecinos de Casinos escucharon con preocupación cómo una población de apenas 200 habitantes ya registra cuatro casos de afecciones derivadas del tratamiento del digestato. Este espejo de lo que podría ocurrir en la comarca valenciana reforzó la determinación de los asistentes, quienes también fueron informados por el alcalde de Casinos, Miguel Navarré, sobre la batalla administrativa que mantiene el consistorio mediante un recurso de alzada para paralizar la instalación.

El acto concluyó con una participación de los asistentes, quienes trasladaron sus dudas y miedos ante el impacto que la planta tendría en su día a día. La jornada se cerró con un llamamiento a la movilización permanente y a la integración en la Asociación Ciudadana, subrayando que la unión entre la evidencia científica y la presión vecinal es la herramienta más potente para forzar la retirada definitiva del proyecto de biometano en Llíria.

El alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, se atrinchera en solitario en un gobierno desguazado luchando contra una moción de censura que presenta la mayoría de la oposición. La situación política del municipio del Comtat ha alcanzado un punto de parálisis total tras la última decisión de su alcalde que ha emitido un decreto unilateral para archivar la moción de censura presentada por la mayoría absoluta del pleno. Esta maniobra, realizada sin el respaldo de informes de un fedatario público, incluye además una advertencia que pretende impedir que los firmantes -los tres concejales del PSPV y la concejala no adscrita- puedan presentar cualquier otra iniciativa de relevo en el futuro, lo que de facto blindaría su permanencia en el cargo pese a no contar con el apoyo de ninguno de los otros seis concejales de la corporación.

El origen de esta crisis se remonta al convulso periplo que llevó a Palmer y a su antigua compañera de filas, Saray González, a abandonar Compromís. La formación valencianista abrió un expediente de expulsión a ambos tras las elecciones al negarse estos a seguir la directriz de pactar con el PSPV, optando en su lugar por un acuerdo con el PP que puso fin a 44 años de hegemonía socialista en el municipio. Sin embargo, esa alianza también saltó por los aires. El pasado mes de noviembre, los concejales del PP del equipo de gobierno abandonaron el ejecutivo tras denunciar irregularidades en la gestión del dinero público, dejando a Palmer como único integrante de un gobierno completamente desmontado. La última en sumarse a la oposición fue precisamente Saray González, quien ahora es la candidata a la Alcaldía propuesta en la moción de censura que Palmer intenta bloquear, partiéndose lo que queda del mandato con el socialista Andreu Ripoll.

La gestión administrativa de este conflicto roza lo insólito. El Ayuntamiento carece de secretario-interventor de carrera desde febrero , cuando el alcalde cesó al anterior funcionario que venía desempeñando las funciones en régimen de acumulación. Ante las vacantes y las sucesivas renuncias de los secretarios propuestos de forma provisional por la Diputación de Alicante, el alcalde ha recurrido a personal laboral del área de Servicios -concretamente un peón de limpieza- para ejercer funciones de secretaría accidental, unas funciones que se limitan a gestiones mínimas como la firma de las nóminas del personal municipal y poco más.

Los tres concejales del PSPV y la edil no adscrita dieron a Palmer el pasado miércoles un plazo de 48 horas para que se validara la moción y se convocara el pleno, advirtiendo del recurso a la vía judicial. Ante la falta de reacción los promotores de la moción han explicado que han presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por la vía de protección de derechos fundamentales y han pedido medidas cautelares para que se celebre el pleno de la moción de censura; y también han informado que han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación e impedimento de derechos cívicos.

Los argumentos del conflicto: entre la legalidad y la obstrucción

El alcalde César Palmer fundamenta el archivo de la moción en una interpretación restrictiva de la Ley de Bases del Régimen Local y la LOREG. Su argumento principal es que la candidata, Saray González, al ser concejala no adscrita tras abandonar su grupo original, tiene prohibido por ley optar a cargos que no ostentara antes de dicho abandono. Palmer sostiene que permitir su elección vulneraría el precepto que impide que los tránsfugas mejoren sus derechos políticos o económicos. Además, el primer edil esgrime que, al haber formado parte González del grupo del propio alcalde, la mayoría necesaria para la moción debería incrementarse proporcionalmente, citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2025 para afirmar que la anulación de estas “mayorías reforzadas” no tendrá efectos reales hasta las próximas elecciones municipales.

Por el contrario, los cuatro concejales de la oposición rechazan frontalmente estas tesis y califican el decreto de Alcaldía como una maniobra de “obstrucción” que excede sus competencias legales. Argumentan que la moción de censura es un procedimiento automático y obligatorio cuya tramitación corresponde al secretario municipal, no al alcalde, quien tiene prohibido por ley interferir en el proceso. Respecto a la candidata, los ediles sostienen que la jurisprudencia constitucional más reciente garantiza el derecho de los concejales no adscritos a participar en mociones de censura sin las restricciones que Palmer pretende aplicar. Refuerzan su posición con una comunicación de la Junta Electoral Central que advierte que la convocatoria del pleno es una obligación que no puede denegarse mediante “valoraciones genéricas”, instando a la celebración inmediata del debate para respetar el derecho fundamental de participación política.

“Queda un año y cuatro plenos”

Ante esta situación el alcalde César Palmer ha augurado poco recorrido a la moción de censura: “conforme destá planteada la moción no tiene futuro, no puede prosperar”. Y sobre el hecho de la dificultad de estar el alcalde solo frente a seis concejales de la oposición ha resumido que “queda un año y cuatro plenos en el mandato”.

No obstante Palmer ha señalado que “tengo el mismo trabajo que hasta hace dos años”, así ha señalado la poca dedicación de la que fue su antigua compañera Saray González, y en cambio ha destacado que mantiene buena relación con los dos concejales del PP. Con todo concluye que “la gestión del día a día, de lo que no depende de la política, se llevará adelante, los concejales de la oposición no se pueden negar a aprobar cosas como el proyecto para construir un nuevo aparcamiento en el pueblo como vamos a presentar en próximo pleno, no habrá ningún bloqueo sistemático de la gestión municipal”.

El pleno del Ayuntamiento de La Nucía ha rechazado, con los votos en contra del PP, una moción presentada por el grupo Alternativa x La Nucia que instaba a la Generalitat Valenciana a recuperar el Impuesto sobre Estancias Turísticas (IVET). Esta herramienta fiscal, creada durante la etapa del Govern del Botànic y derogada por el actual ejecutivo autonómico antes de su entrada en vigor, permitía a los municipios obtener recursos adicionales para financiar los servicios públicos que se ven tensionados por la actividad turística. La portavoz de la formación proponente, Marta Gómez, ha lamentado que el PP bloquee una vía de financiación que considera vital para garantizar la sostenibilidad del modelo local.

La negativa del equipo de gobierno se produce en un contexto de crecimiento acelerado del sector en la localidad. Según ha denunciado Gómez, el propio alcalde ha anunciado planes para que el municipio pase de las 1.600 plazas actuales a más de 3.000 en los próximos años, impulsado por la apertura de nuevos hoteles y el aumento de apartamentos turísticos. Los cálculos de Alternativa x La Nucia estiman que, con la capacidad actual, la tasa permitiría recaudar unos 750.000 euros anuales, cifra que escalaría por encima de los 1,4 millones de euros una vez se complete la expansión prevista. Para la formación, renunciar a estos ingresos supone que los costes de limpieza, seguridad, gestión de residuos y consumo de agua sigan recayendo mayoritariamente sobre los hombros de los vecinos y vecinas.

El debate local se enmarca en una realidad comarcal de alta intensidad, ya que la Marina Baixa continúa registrando cifras récord de ocupación. Datos recientes de la patronal hotelera publicados por la Cadena SER sitúan a Benidorm como el epicentro del sector, concentrando el 37% de todas las pernoctaciones de la Comunitat Valenciana durante el primer semestre de 2025. Esta saturación, que según el Instituto Nacional de Estadística alcanzó un máximo histórico de 146,3 millones de noches en alojamientos extrahoteleros en España el pasado año, está provocando que muchas poblaciones de la zona dupliquen o tripliquen su población en temporada alta sin recibir una compensación económica proporcional para mantener sus infraestructuras.

Desde Alternativa x La Nucia se ha hecho especial hincapié en que la tasa turística no es una medida punitiva contra el sector, sino una cuestión de justicia distributiva para que quienes disfrutan de los servicios contribuyan a su mantenimiento. Marta Gómez ha alertado además sobre el impacto colateral que la proliferación de viviendas turísticas tiene sobre el acceso a la vivienda para los residentes, criticando la falta de “políticas valientes” por parte del Consell y del consistorio local. Para la portavoz, la decisión del PP de La Nucía ignora incluso las corrientes internas de su propio partido que empiezan a ver necesaria esta fiscalidad para proteger el entorno y la calidad de vida de la ciudadanía frente a un crecimiento sin control.

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha celebrado un pleno extraordinario para dar respuesta a lo que el equipo de gobierno califica como una “maniobra de desprestigio” orquestada por la denominada Plataforma de Afectados por Sancho Sempere. Según la información facilitada por el consistorio, tras esta entidad se encuentra el abogado José Ignacio Torres Alberich, quien fuera socio y defensor legal de José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal condenado por prevaricación administrativa.

El alcalde de la localidad, Pere Antoni, ha calificado la situación de “insólita y rocambolesca”, denunciando que el ayuntamiento está siendo sometido a un desgaste excesivo durante los últimos seis meses por un conflicto que, asegura, no busca el bienestar de los ciudadanos de Canet, sino que responde a intereses personales derivados de una batalla legal entre antiguos socios. El origen del enfrentamiento radicaría en el destino de los fondos de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), entidad de la que ambos formaban parte.

Respaldo de la oposición y gestión municipal

Durante la sesión, el equipo de gobierno recibió un voto de confianza mayoritario. Los grupos de la oposición —Compromís, Esquerra Unida y Partido Popular— votaron a favor de las actuaciones realizadas hasta la fecha frente a las peticiones de revisión de oficio de la Plataforma, mientras que Vox se abstuvo.

El concejal Eduardo Almor fue el encargado de desglosar las cifras de la gestión municipal para contrarrestar las críticas. Almor recordó que, desde 2019, se han tramitado casi 57.000 expedientes en el consistorio, de los cuales solo 12 han llegado a la Agencia Valenciana Antifraude. De estos, ocho fueron archivados y cuatro finalizaron con recomendaciones técnicas, sin que existan condenas penales vinculadas. El edil lamentó que se haya intentado comparar a Canet con “Sicilia” basándose en informaciones que calificó de “sin contrastar”.

Estrategia de “parálisis” administrativa

El consistorio ha detallado la estrategia utilizada por Torres Alberich para presionar a la institución, que consistiría en saturar el registro de entrada con 89 instancias en apenas medio año, solicitando información de forma reiterada o planteando peticiones jurídicamente imposibles. Entre estas solicitudes figuraba la petición de sancionar a una funcionaria por hechos de los que ya fue absuelta por los tribunales y que, además, han prescrito.

Desde el Ayuntamiento también se ha recordado el pasado del promotor de la Plataforma, señalando que, en su etapa como abogado de la AVJ, Torres Alberich consiguió que el consistorio fuera condenado a pagar 118.467 euros a dicha academia. “Lo que mueve a este abogado no es el bienestar de los caneteros, parece más bien una motivación económica y política”, concluyó Almor, subrayando que incluso la Fiscalía Provincial de València tuvo que desmentir recientemente que estuviera investigando al Ayuntamiento, a pesar de las informaciones publicadas en algunos medios.