Cure KARS - Laia Foundation, junto con el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, organiza la II Marcha Solidaria para sensibilizar sobre los síndromes KARS y recaudar fondos para el proyecto de investigación de una terapia genética, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 10 horas. Estas enfermedades no tienen cura y la investigación se encuentra en una fase muy preliminar. Por ello, esta iniciativa es vital para los poco más de 50 casos que existen en el mundo.

Gracias al apoyo que el pueblo y las empresas de lʼAlcúdia de Crespins brindaron en la I Marcha Solidaria, con una recaudación de fondos histórica de más de 16.500 euros, Cure KARS lanzó, de la mano del Instituto de Salud Carlos III, el primer proyecto de investigación para el desarrollo de una terapia genética de reemplazo para KARS1. Una gran esperanza para los niños y niñas que padecen esta situación y para sus familias, ya que se trataría de la primera posible cura para estas enfermedades ultrarraras. Con esta segunda marcha, la fundación de utilidad pública y sin ánimo de lucro pretende conseguir un impulso económico que posibilite la consolidación del proyecto de investigación, que cuenta con un coste de 250.000 euros a lo largo de 4 años.

Actualmente, la organización ha abierto un plazo de recepción de donaciones por parte de empresas del territorio y vecinos, y anima a todo el mundo a convertirse en un actor clave en la investigación científica en nuestro país y a formar parte de la cura. El apoyo a este acto no solo representa un gesto de generosidad, sino también una oportunidad para implicarse activamente en un evento que genera un verdadero cambio para niños y niñas de todo el mundo. A día de hoy, ya han mostrado su apoyo unas cincuenta empresas y se han vendido más de 500 dorsales en los puntos de venta físicos. La venta de dorsales también está ya disponible en el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, Baldufa, Forn Ribelles, Sara, Vinarium y Forn i Que Bo!!!, a quienes la organización agradece su colaboración desinteresada.

Los dorsales zero se pueden conseguir en este enlace.

El problema del acceso a la vivienda sigue marcando la agenda política de las instituciones. En esa búsqueda de soluciones o de propuestas que puedan mitigar la complicada situación social que provoca la falta de oferta y los altos precios, el Ayuntamiento de Picassent va a explorar una fórmula pionera que evite la especulación y que no le afecte el continuo crecimiento de los valores inmobiliarios.

La propuesta municipal es la conocida como cesión de uso, por la que el Ayuntamiento cede suelo público durante 75 años para que un grupo de cooperativistas puedan llevar a cabo la promoción de viviendas con un desembolso inicial de en torno a 30.000 euros y cuotas mensuales durante el disfrute de la vivienda. Estas cuotas dependerán del coste total y el número de participantes en el proyecto, pero la pretensión es que no sean más de 500 euros mensuales. Además, con esta cuota mensual no solo se limita al uso de la vivienda, sino que incluye todos los costes asociados al funcionamiento del edificio, tanto los ordinarios de la comunidad necesarios para el mantenimiento de los espacios comunes y servicios, como para la amortización del préstamo suscrito por la cooperativa para financiar la construcción.

Con esta fórmula incluso se podrá traspasar lo propiedad a los hijos, incluso recuperar la cantidad inicial entregada si se decide abandonar la vivienda. En definitiva, la Administración cede el derecho de superficie de una parcela de titularidad pública a la cooperativa adjudicataria durante los 75 años, mientras que la promoción, construcción y gestión del edificio corresponde a la cooperativa.

Para la alcaldesa de Picassent Conxa García este modelo pionero de colaboración social es una iniciativa importante “porque preserva la titularidad pública del suelo, evita la especulación y permite el acceso a la vivienda sin afectar a los precios la subida que supone la actividad especulativa”. La alcaldesa ha subrayado que “el modelo cooperativista es una buena fórmula que hay que fomentar y aumentar, ya que esta colaboración entre ayuntamiento y propietarios asegura calidad y protección más allá de las fluctuaciones del mercado inmobiliario”.

El estudio inicial de la promoción prevé la construcción de unas 30 viviendas con plazas de garaje y zonas comunes, ubicada esta primera iniciativa de

cesión de uso junto a la estación de ferrocarril, donde en la actualidad se da uso como aparcamiento a este solar donde se construirá la promoción.

Reunión informativa

Para dar a conocer los detalles de este nuevo modelo de acceso a la vivienda, se ha organizado una primera charla informativa, donde los responsables del urbanismo municipal y empresas especializadas harán una explicación pormenorizada y subsanarán cualquier duda de los asistentes interesados. Este acto informativo será el miércoles 29 de abril a las 18.30h en el Refugi Cultural de Picassent.

45 viviendas para alquiler

Esta iniciativa se suma a la conocida hace algunas semanas, donde el Ayuntamiento anunció una inversión de 4 millones de euros procedentes de fondos europeos para realizar en suelo dotacional la promoción de 45 viviendas para alquiler asequible, con el fin de aumentar la oferta de vivienda para colectivos más vulnerables, teniendo prioridad las personas afectadas por la dana.

El Grupo Municipal Socialista de Pilar de la Horadada ha solicitado la cancelación de un curso de inversión en criptomonedas promocionado desde el ayuntamiento, cuya celebración está prevista de forma gratuita en instalaciones municipales entre el 27 de abril al 4 de mayo de 2026 a cargo de una asociación de reciente creación y ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de José María Pérez Sánchez (PP) sobre la relación con esta actividad.

El concejal y portavoz adjunto del PSOE, Ángel T. Cegarra, ha mostrado su preocupación por el enfoque del curso y por el respaldo institucional que está recibiendo una «actividad orientada a la formación en inversión en criptoactivos, un ámbito caracterizado por su elevada volatilidad, falta de garantías y riesgos significativos, especialmente para jóvenes sin formación financiera», como han trasladado en el escrito registrado en el ayuntamiento.

En este sentido, los socialistas también señalan que “organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han advertido de forma reiterada sobre los riesgos asociados a este tipo de activos, señalando la posibilidad de pérdidas totales de la inversión, la alta volatilidad y la falta de protección del inversor”.

Desde el PSOE pilareño también advierten que «este tipo de cursos, por su enfoque habitual, suelen estar asociados a modelos basados en expectativas irreales de beneficios rápidos, en algunos casos vinculados a prácticas que han derivado en pérdidas económicas importantes para jóvenes y sus familias».

Y consideran, en relación del apoyo municipal a la actividad, que «una administración pública no puede contribuir, ni directa ni indirectamente, a generar expectativas irreales de enriquecimiento rápido ni a difundir actividades que puedan derivar en perjuicios económicos para la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes».

En este sentido también han señalado “imprescindible que –estas actividades- se desarrollen con todas las garantías, transparencia y responsabilidad, especialmente cuando existe una vinculación directa o indirecta con una institución pública”, como es en este caso el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que aparece como colaborador y promociona la actividad públicamente.

En su comunicado, desde el Grupo Municipal Socialista muestran su apoyo a las asociaciones e iniciativas locales, pero en este caso creen que “existen dudas razonables que agravan la preocupación: la reciente creación de la entidad organizadora, sin trayectoria conocida, la coincidencia temporal entre la creación de perfiles en redes sociales y la promoción del curso, además de la falta de información clara sobre contenidos, responsables o garantías de la actividad”.

Cegarra ha explicado que “lo preocupante no es el curso. Lo preocupante es que el Ayuntamiento le esté dando visibilidad, espacio y promoción” y ha afirmado que “una institución pública no está para eso, está para prevenir y explicar las consecuencias negativas de este tipo de inversiones”. El edil socialista también ha insistido en que “la CNMV y el Banco de España lo advierten, puedes perderlo todo”.

Por lo que desde el PSOE han pedido por escrito al alcalde José María Pérez Sánchez «actuar bajo principios de prudencia, protección de la ciudadanía y garantía de información veraz». Y en consecuencia, la cancelación del curso de inversión en criptomonedas y la retirada de su difusión en los canales municipales, además de información sobre la relación del ayuntamiento con la actividad, establecer criterios para la promoción institucional de actividades e impulsar programas de educación financiera responsable, especialmente dirigidos a jóvenes.

El municipio de Náquera ha vivido este pasado fin de semana un polémico retorno a una actividad que llevaba dos décadas desaparecida de sus calles. El actual equipo de gobierno, liderado por Vox en coalición con el Partido Popular, ha decidido recuperar la competición de tiro y arrastre, una práctica que no se celebraba en la localidad desde hacía 20 años. Esta decisión política ha desatado una contundente respuesta por parte de la Plataforma Defensa Animal, que considera la medida un ataque directo al bienestar de los animales y un retroceso en la evolución ética del municipio.

Mientras el alcalde de la localidad, Iván Expósito (Vox) ha ensalzado el retorno de esta práctica como una recuperación de las tradiciones valencianas, los animalistas no lo ven igual.

La entidad animalista ha denunciado públicamente el “enorme sufrimiento” que padecen los caballos durante estas pruebas, calificando de “burla” el hecho de que esta actividad esté catalogada oficialmente como un deporte. Según explican desde la plataforma, la competición somete a los animales a esfuerzos extremos, obligándolos a arrastrar carros cargados con sacos de arena que, dependiendo de la categoría, pueden alcanzar un peso de entre una y tres toneladas. Los caballos deben recorrer pistas de arena no compacta con paradas obligatorias que ponen a prueba su capacidad de arranque desde una posición estática, lo que supone un castigo físico y psicológico severo.

Diego Nevado, responsable de la plataforma, ha sido especialmente crítico con la gestión de la alcaldía de Vox, a la que acusa de aprovechar su posición de poder para hacer retroceder al pueblo y fomentar una “tradición” que ya estaba superada por la sociedad local. Nevado lamenta que este tipo de “perverso entretenimiento” solo cause placer a una minoría de la sociedad, mientras se ignora la emergencia climática y la protección de los seres sintientes. Asimismo, reprochan que el Ayuntamiento normalice ante el público infantil que los animales sean meros recursos bajo dominación humana.

La polémica no se limita solo al tiro y arrastre, ya que la plataforma también ha mostrado su rechazo ante la próxima exhibición de perros de caza y las actividades destinadas a niños para acercarlos al mundo cinegético. Basándose en informes veterinarios y biológicos, la entidad subraya que los caballos, animales que tienden a vivir en manada, sufren un gran estrés al verse inmersos en ambientes hostiles de griterío y multitudes.

El escenario político en Alcoi ha alcanzado un punto de máxima tensión tras el rechazo del pleno municipal a la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno de coalición del PSPV y Compromís. Ante este bloqueo, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha lanzado un órdago legal al anunciar la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo martes 14 de abril. En dicha sesión, el presupuesto se someterá a una moción de confianza, una herramienta regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que vincula la continuidad de la alcaldía a la aprobación del documento económico.

El debate previo a esta decisión estuvo marcado por el enfrentamiento en torno al proyecto industrial de Alcoi Sur. Mientras el ejecutivo municipal -conformado por PSPV y Compromís, en minoría- considera que este plan no debe interferir en la validación de las cuentas, el bloque de la oposición —formado por PP, Vox y Guanyar, en mayoría— ha utilizado este punto como argumento central para el voto negativo. El Partido Popular ha censurado la “ambigüedad” del Gobierno en materia industrial, Vox ha denunciado una falta de inversiones reales y Guanyar ha exigido la renuncia explícita al proyecto de La Canal para proteger el acuífero del Molinar, calificando de “irresponsable” la postura de un ejecutivo que tachan de poco coherente.

Este movimiento del alcalde sitúa a la oposición ante un dilema con plazos estrictos. Si el próximo martes la moción de confianza no obtiene el respaldo mayoritario, se activará un periodo de un mes en el que PP, Vox y Guanyar podrán intentar presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía. Se trata de un escenario complejo, dada la disparidad ideológica de los grupos que actualmente conforman la minoría mayoritaria en el consistorio de Alcoi.

En el caso de que la oposición no logre articular una mayoría alternativa o la moción de censura no prospere, el presupuesto de 2026 quedará aprobado de forma definitiva y automática por imperativo legal. Con este ultmátum, el alcalde busca desbloquear la gestión municipal y forzar a los grupos de la oposición a elegir entre permitir el avance de las cuentas diseñadas por el PSPV y Compromís o asumir la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno para la ciudad.

El anuncio de la Generalitat de desvincular la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara para el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals supone un abandono que el consistorio ya temía. Tras el precedente de tumbar el proyecto del Palacio de Justicia y los reiterados gestos de desatención hacia la figura del cantautor y el patrimonio local, el Gobierno valenciano ha formalizado una ruptura que deja a Xàtiva en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Dirección General de Administración Local ha notificado este lunes el inicio del procedimiento de extinción del convenio que debía financiar las obras con más de 3 millones de euros. Lejos de ofrecer una alternativa de financiación, el Ejecutivo autonómico ha ido un paso más allá al exigir el reintegro inmediato de 399.265,56 euros ya abonados, a los que pretende sumar intereses de demora. Esta reclamación se produce a pesar de que el Ayuntamiento ya ha ejecutado esos fondos en la redacción de un proyecto integral a cargo de los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos.

Desde el gobierno municipal se considera incomprensible que el Consell rompa un convenio vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación prometido el pasado mes de diciembre. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha denunciado que desde la llegada del PP a la Generalitat la inversión en la ciudad es inexistente: “Ni un solo euro. Tras dejar sin financiación el Palau de Justícia, ahora quieren eliminar la rehabilitación de Santa Clara. Ese es el respeto que tiene el PP por el patrimonio local”, ha manifestado.

La resolución de la Generalitat justifica esta medida alegando un incumplimiento en los plazos de ejecución que vencían el 31 de diciembre de 2025. No obstante, el Ayuntamiento subraya que la administración autonómica es plenamente consciente de que el proyecto está listo para iniciar las obras y que los recursos ya se han destinado correctamente a la ejecución técnica. El consistorio ya ha anunciado que presentará alegaciones para defender los intereses de Xàtiva y evitar que el proyecto emblemático de revitalización del casco antiguo sea sepultado definitivamente.

La hoja de ruta de la Generalitat Valenciana respecto a Xàtiva ha pasado de la parálisis administrativa a la reclamación de fondos en apenas unos meses. El Ayuntamiento de la capital de la Costera recibió este lunes una resolución de la administración autonómica en la que se exige el reintegro inmediato de 399.265,56 euros, más intereses de demora, correspondientes a las inversiones realizadas hasta la fecha para la rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara. Este movimiento supone un nuevo revés para el municipio, que ve cómo el Consell no solo detiene proyectos clave, sino que ahora drena las arcas locales exigiendo la devolución de dinero ya ejecutado en informes técnicos y arquitectónicos.

Esta ofensiva económica llega tras un historial de desencuentros que comenzó a principios de año. Fue el pasado mes de enero cuando saltaron todas las alarmas al conocerse que la Generalitat decidía tumbar definitivamente el proyecto del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad, una infraestructura que acumulaba ocho años de compleja tramitación y consenso técnico. Aquel golpe inicial, que descartaba una ubicación estratégica para la revitalización del casco antiguo, se ha visto agravado hace apenas una semana, cuando la Conselleria de Justicia anunció que ha iniciado los trámites para buscar “nuevos espacios” fuera de la ubicación prevista, rompiendo unilateralmente con casi una década de trabajo previo.

La situación del Monasterio de Santa Clara sigue una estela similar de desatención institucional. La Generalitat ha comunicado ahora su intención de extinguir el convenio de colaboración vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación al que se comprometió públicamente el pasado mes de diciembre. El consistorio setabense ha denunciado la incomprensible postura del Consell, que reclama fondos que ya han servido para redactar un proyecto integral por parte de arquitectos de renombre como Ramón Esteve y Carlos Campos, dejando al Ayuntamiento en una situación de total incertidumbre jurídica y financiera justo cuando las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC) estaban a punto de licitarse.

Desde el gobierno municipal se ha calificado la maniobra de “agravio histórico”, señalando que desde la llegada del PP a la Generalitat no se ha destinado “ni un solo euro” de inversión nueva a la ciudad. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha recordado que el proyecto de Santa Clara buscaba rescatar un edificio en ruinas para albergar servicios públicos que dinamizaran la economía local, un plan que ahora se ve doblemente castigado: primero por el abandono del proyecto del Palacio de Justicia y ahora por la exigencia de devolver las ayudas de Santa Clara.

El Ayuntamiento ya prepara las alegaciones pertinentes para frenar esta reclamación de ingresos, defendiendo que el dinero público ya ha sido invertido correctamente en las fases previas de un proyecto que la Generalitat ha decidido bloquear.

Las celebraciones de Pascua en Riba-roja encaran este martes su última jornada tras varios días de intensa actividad en la explanada de Pacadar. El Ayuntamiento, con el objetivo de dinamizar el ocio local durante el periodo vacacional, ha consolidado este espacio como el principal punto de encuentro para las familias del municipio, ofreciendo una amplia variedad de propuestas lúdicas dirigidas al público infantil.

A lo largo de estas jornadas, los niños y niñas de la localidad han participado en numerosos talleres creativos y actividades temáticas que, junto a la instalación de grandes juegos hinchables, han protagonizado las tardes de recreo. Toda la programación ha contado con la presencia de monitores especializados, garantizando así un entorno seguro y organizado para el disfrute de los más pequeños.

La tradición también ha tenido un papel fundamental en esta edición de 2026. La organización reservó un área específica del recinto para el vuelo de la cometa, permitiendo que las familias compartieran la clásica estampa del catxirulo sobre el cielo de Riba-roja. Esta zona habilitada ha permitido recuperar una de las costumbres más arraigadas de estas fechas en un espacio amplio y acondicionado para tal fin.

Tras el éxito cosechado ayer lunes, la programación llega este martes a su fin. Los vecinos y vecinas interesados en asistir a este último día de actividades podrán hacerlo esta misma tarde, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, en una despedida que promete volver a llenar la explanada de Pacadar de convivencia y diversión gratuita antes del regreso a la rutina escolar.

Varias organizaciones sociales del Parque Alcosa de Alfafar han presentado dos quejas formales ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por lo que consideran “persecución ideológica y persecución por parte de la administración”.

Las quejas se dirigen contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales y en ellas denuncian la supuesta “vulneración de derechos fundamentales, desviación de poder, persecución ideológica y un acoso institucional que amenaza con desmantelar los proyectos comunitarios que sostienen a cientos de familias en situación de vulnerabilidad”.

Aseguran que la Generalitat mantiene una deuda de más de 300.000 euros con la cooperativa social del barrio y que este hecho forma parte de una “estrategia coordinada para desmantelar la respuesta comunitaria”.

Esta estrategia incluye, según sostienen los denunciantes, el “desalojo del único supermercado solidario activo tras la dana, el bloqueo de proyectos sociales como un comedor y la negativa a la participación ciudadana”.

En el transcurso de una concentración de protesta frente al Palau de la Generalitat por estos hechos, el portavoz del colectivo SOS Parke, Juan Miguel Fernández, ha asegurado: “Estamos explorando la posibilidad de judicializar estos hechos en colaboración con la Universitat de València”.

“El PP gestiona tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y está castigando el trabajo inmediato que se hizo tras la dana y las críticas a la gestión de la dana; por eso persiguen políticamente a este colectivo”, ha añadido.

La concejala de Compromís en Alfafar Amalia Esquerdo ha defendido que “la cooperativa lleva 38 años trabajando con el Ayuntamiento en materia de inserción laboral y desde hace años se niega a renovar el convenio”, y ha asegurado: “Pedimos reuniones para negociar, pero no dan garantías de que seguirán trabajando con la cooperativa”.

En este mismo sentido, el portavoz del PSPV en esta localidad, Rubén Martínez, ha lamentado que “primero se haya desalojado, antes de negociar”, y ha añadido: “No podemos entender que la Administración trabaje de esta forma. Pedimos diálogo, trabajo con las entidades para subsanar las deficiencias técnicas que existan y que se pare la persecución política de las entidades sociales”.

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado dio por finalizadas las obras destinadas a transformar y proteger el entorno del Castillo y el Teatro Romano, dos pilares fundamentales de la identidad local. Con una inversión total de 341.219 euros, la actuación ha tenido como eje central la puesta en valor de la transición histórica del municipio, permitiendo a los visitantes comprender mejor la evolución urbanística desde la primitiva ocupación íbera en el Tossal del Castell —la antigua Arse— hasta su consolidación y posterior romanización como Saguntum.

La intervención ha incluido trabajos de gran calado técnico, como la creación de un nuevo tramo de escalera que conecta con los restos arqueológicos situados junto a los contrafuertes del foro romano, además de la consolidación estructural de los vestigios hallados en dicha zona. Asimismo, se ha actuado en la calle Vieja del Castillo y en los alrededores de la parte posterior del Teatro Romano, mejorando tanto el diseño de los bordes de la calzada como la seguridad general del recinto.

En materia de accesibilidad, el consistorio ha sustituido las antiguas rampas provisionales de contrachapado por estructuras fijas y estables que cumplen con la normativa vigente, facilitando así la entrada a la cávea oeste del Teatro Romano. Estas mejoras se complementan con la instalación de barandillas en los desniveles más pronunciados y una renovación integral de la señalética interpretativa y direccional, diseñada para guiar al público a través de los siglos de historia que albergan estos monumentos declarados Bien de Interés Cultural.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, destaca que estos trabajos no solo impulsan el turismo, sino que refuerzan la propia identidad del pueblo al dignificar un ámbito clave de su patrimonio. Por su parte, la concejala de Patrimonio Cultural y Turismo, Natalia Antonino, señaló que este proyecto es un paso firme para completar la integración de la ciudad ibero-romana en el itinerario visitable del municipio, siempre bajo una estricta supervisión arqueológica acorde a la normativa de protección de monumentos.

El rechazo social a la macroplanta de biometano proyectada en Llíria ha dado un salto cualitativo tras buscar blindarse con argumentos técnicos de primer nivel. El pasado viernes 27 de marzo, el movimiento vecinal del Camp de Túria y la Serranía demostró su capacidad de convocatoria llenando prácticamente las 500 butacas del auditorio de Casinos. En un acto que combinó la indignación ciudadana con el rigor académico, la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía sentó a expertos de la talla de Jose Ramón Olarieta y Antonio Turiel para analizar las sombras de una infraestructura que los vecinos consideran una amenaza directa a su salud y a su entorno rural.

Durante su intervención, el profesor de Edafología Jose Ramón Olarieta detalló con estudios documentados los riesgos de la fermentación anaeróbica masiva. El experto explicó que el digestato resultante de procesar más de 35 tipos de residuos diferentes, como pretende la planta de Llíria, resulta altamente perjudicial para el uso agrícola, degradando el suelo en lugar de enriquecerlo. Olarieta fue tajante al calificar la instalación como una refinería encubierta, alertando además de que el balance energético es negativo, ya que la energía necesaria para su construcción, mantenimiento y posterior desmantelamiento es superior a la que la planta será capaz de generar en toda su vida útil.

Por su parte, el físico e investigador del CSIC Antonio Turiel aportó una perspectiva global sobre la crisis de recursos y la gestión energética. Turiel sostuvo que, para que una planta de estas dimensiones funcione eliminando todos sus riesgos ambientales, requeriría una inversión económica tan desorbitada que la haría completamente inviable para cualquier empresa. En este sentido, el científico defendió la necesidad de un cambio de paradigma basado en comunidades energéticas locales, descartando los macroproyectos que, a su juicio, son inestables y científicamente insostenibles en un planeta de recursos finitos.

El componente humano y de salud pública llegó con el testimonio del alcalde de Casas Buenas, municipio toledano que sufre las consecuencias de una planta similar situada a escasos kilómetros. Los vecinos de Casinos escucharon con preocupación cómo una población de apenas 200 habitantes ya registra cuatro casos de afecciones derivadas del tratamiento del digestato. Este espejo de lo que podría ocurrir en la comarca valenciana reforzó la determinación de los asistentes, quienes también fueron informados por el alcalde de Casinos, Miguel Navarré, sobre la batalla administrativa que mantiene el consistorio mediante un recurso de alzada para paralizar la instalación.

El acto concluyó con una participación de los asistentes, quienes trasladaron sus dudas y miedos ante el impacto que la planta tendría en su día a día. La jornada se cerró con un llamamiento a la movilización permanente y a la integración en la Asociación Ciudadana, subrayando que la unión entre la evidencia científica y la presión vecinal es la herramienta más potente para forzar la retirada definitiva del proyecto de biometano en Llíria.

El alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, se atrinchera en solitario en un gobierno desguazado luchando contra una moción de censura que presenta la mayoría de la oposición. La situación política del municipio del Comtat ha alcanzado un punto de parálisis total tras la última decisión de su alcalde que ha emitido un decreto unilateral para archivar la moción de censura presentada por la mayoría absoluta del pleno. Esta maniobra, realizada sin el respaldo de informes de un fedatario público, incluye además una advertencia que pretende impedir que los firmantes -los tres concejales del PSPV y la concejala no adscrita- puedan presentar cualquier otra iniciativa de relevo en el futuro, lo que de facto blindaría su permanencia en el cargo pese a no contar con el apoyo de ninguno de los otros seis concejales de la corporación.

El origen de esta crisis se remonta al convulso periplo que llevó a Palmer y a su antigua compañera de filas, Saray González, a abandonar Compromís. La formación valencianista abrió un expediente de expulsión a ambos tras las elecciones al negarse estos a seguir la directriz de pactar con el PSPV, optando en su lugar por un acuerdo con el PP que puso fin a 44 años de hegemonía socialista en el municipio. Sin embargo, esa alianza también saltó por los aires. El pasado mes de noviembre, los concejales del PP del equipo de gobierno abandonaron el ejecutivo tras denunciar irregularidades en la gestión del dinero público, dejando a Palmer como único integrante de un gobierno completamente desmontado. La última en sumarse a la oposición fue precisamente Saray González, quien ahora es la candidata a la Alcaldía propuesta en la moción de censura que Palmer intenta bloquear, partiéndose lo que queda del mandato con el socialista Andreu Ripoll.

La gestión administrativa de este conflicto roza lo insólito. El Ayuntamiento carece de secretario-interventor de carrera desde febrero , cuando el alcalde cesó al anterior funcionario que venía desempeñando las funciones en régimen de acumulación. Ante las vacantes y las sucesivas renuncias de los secretarios propuestos de forma provisional por la Diputación de Alicante, el alcalde ha recurrido a personal laboral del área de Servicios -concretamente un peón de limpieza- para ejercer funciones de secretaría accidental, unas funciones que se limitan a gestiones mínimas como la firma de las nóminas del personal municipal y poco más.

Los tres concejales del PSPV y la edil no adscrita dieron a Palmer el pasado miércoles un plazo de 48 horas para que se validara la moción y se convocara el pleno, advirtiendo del recurso a la vía judicial. Ante la falta de reacción los promotores de la moción han explicado que han presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por la vía de protección de derechos fundamentales y han pedido medidas cautelares para que se celebre el pleno de la moción de censura; y también han informado que han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación e impedimento de derechos cívicos.

Los argumentos del conflicto: entre la legalidad y la obstrucción

El alcalde César Palmer fundamenta el archivo de la moción en una interpretación restrictiva de la Ley de Bases del Régimen Local y la LOREG. Su argumento principal es que la candidata, Saray González, al ser concejala no adscrita tras abandonar su grupo original, tiene prohibido por ley optar a cargos que no ostentara antes de dicho abandono. Palmer sostiene que permitir su elección vulneraría el precepto que impide que los tránsfugas mejoren sus derechos políticos o económicos. Además, el primer edil esgrime que, al haber formado parte González del grupo del propio alcalde, la mayoría necesaria para la moción debería incrementarse proporcionalmente, citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2025 para afirmar que la anulación de estas “mayorías reforzadas” no tendrá efectos reales hasta las próximas elecciones municipales.

Por el contrario, los cuatro concejales de la oposición rechazan frontalmente estas tesis y califican el decreto de Alcaldía como una maniobra de “obstrucción” que excede sus competencias legales. Argumentan que la moción de censura es un procedimiento automático y obligatorio cuya tramitación corresponde al secretario municipal, no al alcalde, quien tiene prohibido por ley interferir en el proceso. Respecto a la candidata, los ediles sostienen que la jurisprudencia constitucional más reciente garantiza el derecho de los concejales no adscritos a participar en mociones de censura sin las restricciones que Palmer pretende aplicar. Refuerzan su posición con una comunicación de la Junta Electoral Central que advierte que la convocatoria del pleno es una obligación que no puede denegarse mediante “valoraciones genéricas”, instando a la celebración inmediata del debate para respetar el derecho fundamental de participación política.

“Queda un año y cuatro plenos”

Ante esta situación el alcalde César Palmer ha augurado poco recorrido a la moción de censura: “conforme destá planteada la moción no tiene futuro, no puede prosperar”. Y sobre el hecho de la dificultad de estar el alcalde solo frente a seis concejales de la oposición ha resumido que “queda un año y cuatro plenos en el mandato”.

No obstante Palmer ha señalado que “tengo el mismo trabajo que hasta hace dos años”, así ha señalado la poca dedicación de la que fue su antigua compañera Saray González, y en cambio ha destacado que mantiene buena relación con los dos concejales del PP. Con todo concluye que “la gestión del día a día, de lo que no depende de la política, se llevará adelante, los concejales de la oposición no se pueden negar a aprobar cosas como el proyecto para construir un nuevo aparcamiento en el pueblo como vamos a presentar en próximo pleno, no habrá ningún bloqueo sistemático de la gestión municipal”.

El pleno del Ayuntamiento de La Nucía ha rechazado, con los votos en contra del PP, una moción presentada por el grupo Alternativa x La Nucia que instaba a la Generalitat Valenciana a recuperar el Impuesto sobre Estancias Turísticas (IVET). Esta herramienta fiscal, creada durante la etapa del Govern del Botànic y derogada por el actual ejecutivo autonómico antes de su entrada en vigor, permitía a los municipios obtener recursos adicionales para financiar los servicios públicos que se ven tensionados por la actividad turística. La portavoz de la formación proponente, Marta Gómez, ha lamentado que el PP bloquee una vía de financiación que considera vital para garantizar la sostenibilidad del modelo local.

La negativa del equipo de gobierno se produce en un contexto de crecimiento acelerado del sector en la localidad. Según ha denunciado Gómez, el propio alcalde ha anunciado planes para que el municipio pase de las 1.600 plazas actuales a más de 3.000 en los próximos años, impulsado por la apertura de nuevos hoteles y el aumento de apartamentos turísticos. Los cálculos de Alternativa x La Nucia estiman que, con la capacidad actual, la tasa permitiría recaudar unos 750.000 euros anuales, cifra que escalaría por encima de los 1,4 millones de euros una vez se complete la expansión prevista. Para la formación, renunciar a estos ingresos supone que los costes de limpieza, seguridad, gestión de residuos y consumo de agua sigan recayendo mayoritariamente sobre los hombros de los vecinos y vecinas.

El debate local se enmarca en una realidad comarcal de alta intensidad, ya que la Marina Baixa continúa registrando cifras récord de ocupación. Datos recientes de la patronal hotelera publicados por la Cadena SER sitúan a Benidorm como el epicentro del sector, concentrando el 37% de todas las pernoctaciones de la Comunitat Valenciana durante el primer semestre de 2025. Esta saturación, que según el Instituto Nacional de Estadística alcanzó un máximo histórico de 146,3 millones de noches en alojamientos extrahoteleros en España el pasado año, está provocando que muchas poblaciones de la zona dupliquen o tripliquen su población en temporada alta sin recibir una compensación económica proporcional para mantener sus infraestructuras.

Desde Alternativa x La Nucia se ha hecho especial hincapié en que la tasa turística no es una medida punitiva contra el sector, sino una cuestión de justicia distributiva para que quienes disfrutan de los servicios contribuyan a su mantenimiento. Marta Gómez ha alertado además sobre el impacto colateral que la proliferación de viviendas turísticas tiene sobre el acceso a la vivienda para los residentes, criticando la falta de “políticas valientes” por parte del Consell y del consistorio local. Para la portavoz, la decisión del PP de La Nucía ignora incluso las corrientes internas de su propio partido que empiezan a ver necesaria esta fiscalidad para proteger el entorno y la calidad de vida de la ciudadanía frente a un crecimiento sin control.

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha celebrado un pleno extraordinario para dar respuesta a lo que el equipo de gobierno califica como una “maniobra de desprestigio” orquestada por la denominada Plataforma de Afectados por Sancho Sempere. Según la información facilitada por el consistorio, tras esta entidad se encuentra el abogado José Ignacio Torres Alberich, quien fuera socio y defensor legal de José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal condenado por prevaricación administrativa.

El alcalde de la localidad, Pere Antoni, ha calificado la situación de “insólita y rocambolesca”, denunciando que el ayuntamiento está siendo sometido a un desgaste excesivo durante los últimos seis meses por un conflicto que, asegura, no busca el bienestar de los ciudadanos de Canet, sino que responde a intereses personales derivados de una batalla legal entre antiguos socios. El origen del enfrentamiento radicaría en el destino de los fondos de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), entidad de la que ambos formaban parte.

Respaldo de la oposición y gestión municipal

Durante la sesión, el equipo de gobierno recibió un voto de confianza mayoritario. Los grupos de la oposición —Compromís, Esquerra Unida y Partido Popular— votaron a favor de las actuaciones realizadas hasta la fecha frente a las peticiones de revisión de oficio de la Plataforma, mientras que Vox se abstuvo.

El concejal Eduardo Almor fue el encargado de desglosar las cifras de la gestión municipal para contrarrestar las críticas. Almor recordó que, desde 2019, se han tramitado casi 57.000 expedientes en el consistorio, de los cuales solo 12 han llegado a la Agencia Valenciana Antifraude. De estos, ocho fueron archivados y cuatro finalizaron con recomendaciones técnicas, sin que existan condenas penales vinculadas. El edil lamentó que se haya intentado comparar a Canet con “Sicilia” basándose en informaciones que calificó de “sin contrastar”.

Estrategia de “parálisis” administrativa

El consistorio ha detallado la estrategia utilizada por Torres Alberich para presionar a la institución, que consistiría en saturar el registro de entrada con 89 instancias en apenas medio año, solicitando información de forma reiterada o planteando peticiones jurídicamente imposibles. Entre estas solicitudes figuraba la petición de sancionar a una funcionaria por hechos de los que ya fue absuelta por los tribunales y que, además, han prescrito.

Desde el Ayuntamiento también se ha recordado el pasado del promotor de la Plataforma, señalando que, en su etapa como abogado de la AVJ, Torres Alberich consiguió que el consistorio fuera condenado a pagar 118.467 euros a dicha academia. “Lo que mueve a este abogado no es el bienestar de los caneteros, parece más bien una motivación económica y política”, concluyó Almor, subrayando que incluso la Fiscalía Provincial de València tuvo que desmentir recientemente que estuviera investigando al Ayuntamiento, a pesar de las informaciones publicadas en algunos medios.

Lo que comenzó como una obra rutinaria de remodelación integral en la plaza Corazón de Jesús de Manises se ha transformado en un hallazgo histórico de primer orden. Durante los trabajos de seguimiento y control arqueológico en las fases de remoción de tierra, los operarios han descubierto un refugio de la Defensa Pasiva de la Guerra Civil española que permanecía enterrado y, sorprendentemente, no constaba en ninguno de los archivos oficiales del municipio. Este secreto, oculto bajo el pavimento durante décadas, confirma ahora físicamente los relatos que algunos vecinos habían transmitido de generación en generación sobre la existencia de estructuras defensivas en este punto de la localidad.

Según los primeros análisis realizados por el arqueólogo responsable de la intervención, Ignacio Hortelano, la estructura podría datarse en torno al año 1938, en una fase avanzada del conflicto bélico. A diferencia de los refugios colectivos más comunes, que solían ser de gran tamaño y estar vinculados a edificios públicos, este hallazgo responde a un modelo mucho menos frecuente conocido como “zanja-refugio” o “refugio-trinchera”. Se trata de una construcción estrecha y alargada que trasladaba la ingeniería de las trincheras del frente de batalla al ámbito de la protección civil urbana, permitiendo una ejecución más rápida y económica en momentos de urgencia.

El diseño del refugio revela una planificación minuciosa para maximizar la supervivencia de las cerca de 60 personas que podía albergar. Con unas dimensiones de 1,70 metros de altura y apenas 90 centímetros de anchura, su trazado en zigzag o lineal quebrado estaba pensado específicamente para que, en caso de explosión cercana, la onda expansiva no recorriera toda la galería, limitando así los daños personales. Además, la estructura contaba con una cubierta de hormigón fabricada con áridos del cercano río Turia, cuya función principal no era resistir impactos directos de gran calibre, sino camuflar la construcción para evitar su detección desde los aviones de bombardeo.

A pesar de su importancia histórica, el refugio sufrió diversas alteraciones con el paso del tiempo que dificultaron su localización previa. Las investigaciones apuntan a que, durante la urbanización de la plaza a principios de los años 80, se demolió la cubierta original, y la posterior instalación de una fuente en el centro del recinto interrumpió parcialmente el recorrido de las galerías. Sin embargo, el hallazgo ha permitido recuperar detalles técnicos valiosos, como un sistema de drenaje para el agua de lluvia y dos accesos diferenciados que garantizaban un circuito de circulación seguro para la población.

Este descubrimiento añade un nuevo capítulo al relato histórico de Manises y a su estrategia de defensa pasiva durante la contienda. Las obras de la plaza, impulsadas por el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación de Valencia, continuarán su curso integrando este importante vestigio arqueológico en el patrimonio de la ciudad, devolviendo a la luz una memoria que, hasta hoy, solo existía en el recuerdo de sus ciudadanos.

El pleno municipal de Paiporta ha dado luz verde de forma unánime a la creación de una línea extraordinaria de ayudas destinada a la reparación de los ascensores que resultaron afectados por el paso de la dana. Esta iniciativa, presentada inicialmente por el PP y enriquecida con enmiendas del PSPV y Compromís, tiene como objetivo prioritario restablecer la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de la localidad que aún sufren las consecuencias del temporal en sus fincas.

El proyecto contempla la realización de un estudio previo para determinar con exactitud el número de elevadores que requieren intervención y la cuantía económica necesaria para su puesta en marcha. En la concesión de estas subvenciones se priorizará a los colectivos más vulnerables del municipio, con especial atención a las personas mayores, ciudadanos con discapacidad o movilidad reducida y familias con menores a su cargo. Según detalla la moción aprobada, las ayudas cubrirán todas las actuaciones necesarias para el funcionamiento seguro de los aparatos, incluyendo reparaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de los elementos de seguridad.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado que esta medida supone una respuesta necesaria a una situación que condiciona el día a día de muchas familias. Ciscar ha reafirmado el compromiso del consistorio en la gestión e impulso de recursos para la población, destacando que el objetivo es ofrecer soluciones reales y útiles mediante una gestión responsable de los fondos públicos.

Para asegurar la eficacia de la medida, el Ayuntamiento pondrá en marcha un procedimiento de solicitud ágil y accesible que facilite los trámites a los afectados. Asimismo, el gobierno municipal se ha comprometido a realizar un seguimiento periódico de la ejecución de las ayudas para garantizar que la respuesta llegue con la rapidez que demanda la ciudadanía damnificada por la catástrofe.

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha decidido pasar a la acción ante la creciente crisis de vivienda que afecta al municipio. Este jueves, 26 de marzo, el pleno municipal debatirá la solicitud formal para que la localidad sea declarada zona de mercado residencial tensionado, una figura jurídica amparada por la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. De aprobarse, la petición se trasladará a la Generalitat Valenciana con el objetivo de activar mecanismos que permitan topar los precios del alquiler y proteger a los colectivos más vulnerables.

La realidad del mercado inmobiliario en La Pobla de Farnals muestra una tendencia alcista que dificulta el acceso residencial a jóvenes y familias. Según los datos que maneja el consistorio, el precio del alquiler en el núcleo urbano oscila actualmente entre los 700 y los 900 euros mensuales. Sin embargo, la presión se dispara en la zona de la playa, donde la temporalidad y la demanda elevan las rentas hasta una horquilla que va desde los 900 hasta los 1.500 euros.

Esta situación de desequilibrio entre una oferta insuficiente y una demanda creciente no es exclusiva de La Pobla, ya que se enmarca en una dinámica que afecta a gran parte de la comarca de l’Horta Nord y al área metropolitana de Valencia. No obstante, el gobierno local insiste en que la declaración de zona tensionada es una herramienta necesaria para garantizar un derecho básico que el mercado, por sí solo, está restringiendo.

Proyectos frustrados por la burocracia autonómica

La decisión de solicitar esta medida llega tras un importante revés en las políticas de vivienda social del municipio. El Ayuntamiento impulsó el año pasado la rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros del CEIP Cervantes para destinarlas a alquiler social, un proyecto vinculado a los fondos europeos Next Generation.

A pesar de que el Consistorio presentó toda la documentación en plazo y realizó las subsanaciones requeridas en octubre de 2025, el alcalde Enric Palanca ha denunciado que la respuesta de la Generalitat Valenciana no llegó hasta bien entrado el año 2026. Este retraso burocrático ha hecho inviable el cumplimiento de los plazos de la convocatoria europea, perdiéndose así una oportunidad clave de financiación. “Es lamentable que se pierdan oportunidades así por la demora de la administración autonómica”, ha lamentado el primer edil, señalando que este contexto obliga a buscar nuevas vías urgentes para paliar la falta de oferta asequible.

De salir adelante, La Pobla de Farnals se sumará a la lista de municipios que reclaman la intervención de precios para frenar una escalada que, según el equipo de gobierno, exige activar todos los mecanismos legales disponibles para proteger el derecho a la vivienda.

El Ayuntamiento de Villena ha activado una ambiciosa estrategia de regeneración urbana destinada a revitalizar su barrio más antiguo y emblemático. La Concejalía de Patrimonio ha iniciado los trámites administrativos para sacar a pública subasta un total de 40 activos inmobiliarios, entre solares vacíos y edificaciones degradadas, situados en el entramado histórico a los pies del Castillo de la Atalaya. Esta iniciativa busca frenar el deterioro de la zona y fomentar la llegada de nuevos vecinos mediante una oferta pública que prioriza la utilidad social del suelo sobre la rentabilidad económica inmediata de las arcas municipales.

El concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha explicado que el proceso se encuentra en una fase inicial de exposición pública que durará dos meses. Este periodo es fundamental para que el consistorio pueda evaluar el interés real de los posibles compradores y ajustar la subasta a la demanda existente en el mercado. Martínez ha precisado que, dado que la gran mayoría de los inmuebles incluidos en el lote cuentan con expedientes de ruina o ruina inminente, lo que realmente se está poniendo a disposición de la ciudadanía es el suelo, facilitando así que los futuros propietarios puedan proyectar nuevas viviendas desde cero en un entorno de gran valor paisajístico y cultural.

Para asegurar el éxito de este plan de choque, el Ayuntamiento se ha comprometido a elaborar unos pliegos de condiciones que fijen el precio de salida de las parcelas al menor nivel posible. El objetivo es eliminar las barreras económicas de entrada y atraer a personas que deseen establecer su residencia en el centro histórico, un área caracterizada por su trazado milenario de callejones y escalinatas. No obstante, esta facilidad en el precio de adquisición conlleva una contrapartida innegociable por parte de la administración local, ya que el adjudicatario tendrá la obligación legal de construir la vivienda en un plazo no superior a los dos años tras la firma del contrato de compraventa.

Con esta medida, Villena pretende transformar solares que actualmente suponen un foco de degradación en nuevas oportunidades habitacionales que dinamicen la vida social y comercial del casco antiguo. El consistorio confía en que el interés creciente de los inversores por el patrimonio histórico de la ciudad, sumado a los precios competitivos de la subasta, permita consolidar un parque de viviendas moderno integrado en una de las fortalezas urbanas más pintorescas de la provincia. La intervención no solo busca ampliar la oferta inmobiliaria, sino también garantizar la conservación arquitectónica de un barrio que constituye la esencia misma de la identidad villenense.

La Diputació de València ha dado luz verde en su último pleno a una subvención nominativa de 1,6 millones de euros destinada específicamente a la reforma del estadio municipal El Clariano de Ontinyent. Esta nueva inyección de fondo, que ha contado con la abstención de los grupos de la oposición PSPV y Compromís, supone un paso más en el cumplimiento de los acuerdos de legislatura entre el Partido Popular y Ens Uneix. Con esta operación, la inversión total que la institución provincial ha confirmado para la ciudad desde el año 2023 se eleva ya a los 14 millones de euros, una cifra que pose de manifiesto la relevancia política que ha adquirido la formación liderada por Jorge Rodríguez en el escenario provincial.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha sido la encargada de negociar esta partida económica que permitirá acometer unas obras cualificadas de históricas. Enguix ha subrayado que esta inversión es el resultado directo de la fuerza que los votos de Ens Uneix han otorgado en la ciudad para hacer sentir su voz en València. Según la vicepresidenta, el volumen total de 14 millones de euros evidencia un cambio radical en la mirada de las instituciones hacia Ontinyent, corrigiendo una situación de infrafinanciación que había castigado el municipio en etapas anteriores y garantizando que los recursos llegan de manera directa a través del pacto de gobierno vigente.

En cuanto al proyecto técnico del estadio Lo Clariano, la intervención tiene como prioridad absoluta garantizar la seguridad de una instalación que fecha del año 1951 y que no había recibido mejoras estructurales de esta magnitud en décadas. El alcalde Jorge Rodríguez ha destacado que se trata de una actuación imprescindible para un espacio que utilizan miles de personas cada semana. El proyecto incluye la reparación de fisuras en los graderíos, especialmente en la tribuna oeste, la retirada de la cubierta de amianto y la construcción de un nuevo bloque de vestuarios modernos y funcionales que sustituirán los actuales, que se encuentran totalmente obsoletos y deteriorados.

Dentro de esta planificación integral, el concejal de Territorio, Óscar Borrell, ha explicado que la obra también contemplará la mejora de los accesos y la implementación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Esta reforma no solo mejorará la experiencia de los clubes locales, sino que también reforzará la capacidad del estadio para acoger acontecimientos de gran formato con afluencias de hasta 5.000 personas. Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Ontinyent consolida su estrategia de captación de recursos externos, aprovechando su posición clave en el gobierno de la Diputación de València para transformar las infraestructuras básicas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Burriana ha dado un paso decisivo para desencallar la situación de los propietarios afectados por el PAI Sant Gregori, el desarrollo urbanístico de 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa. El equipo de Gobierno elevará al pleno ordinario del próximo 26 de marzo una modificación de crédito de casi diez millones de euros, de los cuales 8.537.844,10 euros se reservarán específicamente para reintegrar las cuotas de urbanización abonadas de forma indebida.

Esta medida económica llega en un momento clave para el proyecto. Tras años de litigios y la reciente liquidación concursal definitiva de la anterior empresa urbanizadora, el consistorio ha tomado las riendas mediante la gestión directa. Este cambio de modelo, que busca dotar de mayor seguridad jurídica al plan, permite ahora que los técnicos municipales incoen de oficio los expedientes para devolver las cantidades correspondientes a las cuotas (de la 00 y de la 02 a la 11) a aquellos propietarios que lo soliciten y cuenten con resolución favorable.

Un colchón financiero gracias a los avales recuperados

La capacidad del municipio para afrontar este desembolso millonario sin comprometer la estabilidad presupuestaria se apoya en la reciente recuperación de cerca de 9,5 millones de euros procedentes de los avales del proyecto fallido. Estos fondos, que el Ayuntamiento logró rescatar tras una intensa batalla administrativa y judicial, actúan ahora como garantía para resarcir a los dueños de los terrenos, quienes han soportado durante años la carga financiera de un sector que no avanzaba.

Además de la devolución de cuotas, el ejecutivo local ha anunciado un alivio fiscal para los terrenos afectados. Gracias a una revisión de los valores catastrales, se espera una rebaja aproximada del 20% en el recibo del IBI, una medida técnica orientada a reducir la presión sobre los propietarios mientras se relanza la ejecución del PAI.

Libertad para los propietarios y futuro turístico

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha subrayado que se está cumpliendo con la “palabra dada” a los afectados. En esta nueva etapa, los titulares de las parcelas disponen de libertad para decidir si mantienen su vinculación con el proyecto o si prefieren vender sus terrenos antes de que comience la nueva fase de obras bajo tutela municipal.

Para asegurar el éxito de esta transición, el Ayuntamiento ya ha adjudicado la asistencia técnica y jurídica necesaria durante este mes de marzo. El objetivo final sigue siendo transformar Sant Gregori y El Arenal en el motor turístico de la Plana Baixa, unos proyectos que iniciden en la urbanización en primera línea de mar del municipio castellonense.