El Ayuntamiento de Sagunto pondrá en marcha la primera fase de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio, que comenzará en el ámbito de Ciutat Vella, coincidente con el perímetro de la actual zona de acceso restringido.

La implantación se produce tras la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones del municipio por el Pleno de la Corporación Municipal el pasado 6 de agosto de 2026. La normativa contempla cuatro zonas de bajas emisiones, cuya puesta en funcionamiento se desarrollará de forma progresiva.

Uno de los aspectos principales de esta primera fase es que los vehículos que ya disponen de autorización de acceso podrán seguir entrando en la zona en las mismas condiciones que hasta ahora, con independencia de su tipo o de su distintivo ambiental. Por tanto, las personas residentes y usuarias que cuentan con una autorización vigente no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

La transformación de la actual zona de acceso restringido de Ciutat Vella en Zona de Bajas Emisiones permite aprovechar los recursos municipales ya existentes, como el sistema de control de accesos y la base de datos de vehículos autorizados. De esta manera, se facilita una implantación más ágil y eficiente de la nueva regulación.

Entre las principales novedades para los vehículos que no disponen actualmente de autorización, destaca que los vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones podrán acceder a la zona sin necesidad de tramitar una autorización previa.

Asimismo, el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial establece que el incumplimiento de las restricciones de acceso, circulación o estacionamiento aplicables en la Zona de Bajas Emisiones constituye una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros.

Durante las próximas semanas, el Ayuntamiento desarrollará una fase informativa para dar a conocer el funcionamiento de la nueva regulación y resolver las posibles dudas de la ciudadanía. A partir del 15 de diciembre de 2026, la ZBE entrará en funcionamiento de forma plena y comenzará a aplicarse el régimen sancionador previsto en la Ordenanza.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca contribuir a una movilidad más sostenible, reducir el tráfico innecesario en el entorno de Ciutat Vella y continuar mejorando la calidad urbana y ambiental del barrio, manteniendo el funcionamiento del sistema de acceso para quienes ya disponen de autorización.

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto ha concedido en lo que va de año licencias para un total de 1.200 viviendas, según los datos actualizados a principios de octubre. La cifra confirma el dinamismo de la construcción residencial en el municipio. Las previsiones del área apuntan a que se otorgarán licencias para alrededor de 300 viviendas más de aquí a final de año.

Del total, 1.050 viviendas corresponden a edificios colectivos, 45 a promociones de unifamiliares múltiples y 26 a viviendas unifamiliares. Las 79 restantes proceden de cambios de uso de diferentes inmuebles a vivienda.

Este ritmo de actividad se refleja también en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el tributo municipal que grava la ejecución de obras sujetas a licencia y que funciona como un indicador directo de la inversión en construcción. Entre enero y septiembre de 2026, el Ayuntamiento ha ingresado 4.800.000 euros, un 77 % más que en todo 2025 (2.709.623 euros). La cifra supera también en un 20 % la del conjunto de 2024 (4.002.178 euros) y casi triplica la de 2023 (1.731.514 euros).

“Estos datos reflejan que en nuestra ciudad se está generando nueva vivienda, y eso es una buena noticia para facilitar el acceso a quienes ya viven aquí y a quienes llegan”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Javier Raro: “El mercado libre por sí solo no va a resolver la crisis de vivienda. Necesitamos que el resto de administraciones se impliquen de verdad. El Ayuntamiento ya ha hecho su parte cediendo terrenos para vivienda pública, pero solo el Estado y la Generalitat tienen capacidad presupuestaria para construirla”.

El concejal ha insistido además en la necesidad de que la Generalitat acceda a declarar Sagunto como zona de mercado residencial tensionado, una declaración exigida por el pleno municipal en dos ocasiones. “La oferta de vivienda está aumentando. Pero debemos evitar que las expectativas generadas por el desarrollo industrial provoquen subidas especulativas en los alquileres. La declaración de zona tensionada es la herramienta habilitada por la Ley de Vivienda para frenar esos incrementos injustificados y proteger a las familias que viven aquí”, ha afirmado.

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, atribuye a las comunidades autónomas la competencia para declarar estas zonas cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares, o cuando los precios han crecido en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC. La declaración permite aplicar medidas de contención de las rentas en los nuevos contratos de alquiler.

La Coordinadora per a la Protecció de les Moles ha tenido acceso a un informe de la Generalitat Valenciana, emitido en enero de 2019, que concluye que la parcela donde se proyecta la construcción del colegio Montessori School, junto al barranc d'en Dolça, está afectada por riesgo de inundación. El informe incluye la parcela en la que se sitúa el actual colegio de primaria, ya en funcionamiento.

El documento, elaborado por el Servicio de Ordenación del Territorio de la entonces Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, señala expresamente que la parcela se encuentra afectada por riesgo de inundación según las determinaciones del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación. El informe incorpora, además, cartografía procedente de un estudio de inundabilidad de 2016. La existencia de este informe oficial plantea nuevos interrogantes sobre la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para la construcción del centro educativo. La Coordinadora considera imprescindible conocer si este documento fue incorporado al expediente y de qué manera se ha valorado el riesgo identificado por la propia administración autonómica.

Un riesgo conocido por la Generalitat desde 2019

La Coordinadora destaca que el informe analiza específicamente la parcela en la que se planteaba construir un centro escolar junto al barranc d'en Dolça. La entidad recuerda, además, que el barranco ya se desbordó hace unos años a la altura de Feria Valencia y advierte de que la construcción de centros educativos a ambos lados del cauce incrementa su encajonamiento y elimina los espacios naturales disponibles para la expansión de las aguas durante las crecidas.

“No entendemos que se haya autorizado la construcción de un colegio en una parcela sobre la que existe un informe oficial que advierte del riesgo de inundación. Queremos saber qué estudios justifican esta decisión y cómo se ha garantizado la seguridad de quienes utilizarán el centro educativo”, señalan desde la Coordinadora.

1.500 viviendas y más presión sobre el barranco

La preocupación de la Coordinadora va más allá de la construcción del colegio. En su entorno está prevista una actuación urbanística de aproximadamente 1.500 viviendas, impulsada por el Ayuntamiento de Paterna y la empresa propietaria del colegio, que transformaría terrenos actualmente ocupados por pinares y espacios naturales.

La urbanización de estos terrenos supondría la sustitución de superficies permeables por edificaciones, calles y otras infraestructuras, con el consiguiente aumento potencial de la escorrentía hacia el barranco. Además, el proyecto de Zubi-Lab contempla canalizaciones y tuberías para conducir aguas pluviales al cauce, una circunstancia que, a juicio de la entidad, hace todavía más necesario estudiar los efectos acumulados de las diferentes actuaciones previstas.

La Coordinadora cuestiona que se estén valorando los proyectos de manera aislada, sin considerar suficientemente las consecuencias que podría tener la transformación urbanística del conjunto del entorno. Por ello, la entidad reclama que se hagan públicos los estudios hidráulicos que sustentan la autorización de la CHJ y que se evalúe conjuntamente el impacto de las construcciones previstas sobre el funcionamiento natural del barranco.

Una amenaza para el pulmón verde de Paterna

A los riesgos asociados a las inundaciones se suma el impacto ambiental que supondría la construcción del colegio y de la urbanización prevista sobre Les Moles, uno de los principales espacios naturales próximos al núcleo urbano de Paterna.

La transformación de estos terrenos supondría la pérdida de una parte importante de sus pinares y espacios verdes, que actualmente desempeñan funciones esenciales para la biodiversidad, la infiltración del agua de lluvia y la regulación ambiental del territorio. El paraje alberga una biodiversidad de gran valor, avalada por expertos de la Universitat de València. En sus bosques se ha constatado la presencia de mamíferos como tejones, zorros, ginetas y garduñas, además de numerosas especies de aves residentes y migratorias.

La Coordinadora insiste en que Les Moles no es un terreno vacío disponible para nuevas construcciones, sino un ecosistema que presta servicios ambientales a toda la población y constituye un patrimonio natural que debe preservarse.

La Coordinadora exige explicaciones y reclama ubicaciones alternativas

Ante la existencia de este informe oficial, la Coordinadora insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ayuntamiento de Paterna y a la empresa promotora a aclarar qué evaluación del riesgo de inundación se ha realizado y qué medidas justifican la idoneidad del emplazamiento elegido.

La entidad reclama que se facilite el acceso a los informes técnicos y estudios hidráulicos del proyecto, que se examine el efecto acumulado de los desarrollos urbanísticos previstos y que se estudien ubicaciones alternativas para el centro educativo fuera de los ámbitos afectados por riesgo de inundación. “La seguridad de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa debe estar por encima de cualquier interés urbanístico. Si la Generalitat ya advirtió en 2019 de que esta parcela estaba afectada por riesgo de inundación, las administraciones deben explicar por qué se considera adecuada para construir un colegio”, señalan desde la Coordinadora.

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado el presupuesto municipal para el año 2027, que asciende a 108,5 millones de euros. Durante la semana, se han realizado dos audiencias públicas en Sagunto y Puerto de Sagunto abiertas a la ciudadanía y se ha dado a conocer también en el Consejo Económico y Social (CES).

El presupuesto ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE y EU-Unides Podem, mientras que PP, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís per Sagunt han votado en contra.

Como novedad, este año la ciudadanía podrá consultar el presupuesto municipal mediante un visor presupuestario que se podrá consultar desde la web del Ayuntamiento de Sagunto. Con esta medida se busca mejorar la transparencia de la administración y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información. También se podrá consultar el presupuesto del año 2026.

Bienestar social

A Servicios Sociales se destinan 8.562.066 €, lo que supone un incremento de un 10 % respecto a 2026, mientras que el presupuesto para Mayores aumenta un 82 % hasta los 159.500 €.

Igualdad tendrá un presupuesto de 609.427 €. Las actividades de prevención y lucha contra la violencia de género tendrán 50.000 €. Políticas LGTBIQ+ contará, nuevamente, con un presupuesto de 17.000 €.

Juventud e Infancia alcanzará un presupuesto de 1.945.851 euros, de los cuales se destinarán 50.000 € al proyecto Hostel Gerencia. Asimismo, Cementerios tendrá un presupuesto de 491.484 €. Seguridad dispondrá de 11.519.818 €, aumentando un 21 % su presupuesto respecto a 2026. Por su parte, las inversiones en Educación contarán con 5.631.286 €.

Deportes aumentará su presupuesto en un 9 % para llegar a los 9.689.612 €, de los que dos millones se invertirán en las instalaciones deportivas de la ciudad. A Sanidad se destinarán 847.987 €, destacando la inversión de 100.000 € en el consultorio del Raval.

Cultura tendrá 1.128.768 € de presupuesto para desarrollar sus programaciones. Las sociedades musicales serán apoyadas desde este departamento con 53.550 € cada una, tanto la Unión Musical Porteña como la Sociedad Musical Lira Saguntina. Además, 60.000 euros serán para la redacción del proyecto del sótano de la Unión Musical Porteña.

Por otro lado, Fiestas y Cultura Popular contará con un presupuesto de 1.068.014 €. Además, el Gabinete de Promoción del Valenciano tendrá 219.250 €, destinando 23.100 euros a los premios literarios.

Promoción de la ciudad

El apartado de Promoción de la Ciudad se divide en cinco subapartados: turismo, patrimonio cultural e industrial, promoción económica y empleo, comercio y mercados y agricultura.

Comenzando por el Patrimonio Cultural e Industrial, el presupuesto será de 1.754.862 €. Entre otras partidas, se destinan 500.000 € a las actuaciones en los jardines de la Gerencia, 300.000 € en actuaciones relacionadas con el archivo industrial, 50.000 € a los trabajos en el yacimiento del Grau Vell y 60.000 € al proyecto de biblioteca en la Casa Romeu.

Comercio y Mercados tendrá un presupuesto de 1.993.417 € para mantener los barrios vivos, generar oportunidades de empleo y favorecer el comercio de cercanía. La partida para promover el comercio local tendrá un presupuesto específico de 148.000 € y el fomento de actividades de promoción comercial lo tendrá de 200.000 €.

Por lo que respecta a Promoción Económica y Empleo tendrá como objetivo facilitar el acceso a un primer puesto de trabajo a las personas jóvenes y contribuir a la reinserción en el mercado laboral de las personas desempleadas de larga duración. El presupuesto para este apartado es de 1.074.230 €. Por otro lado, el presupuesto destinado a Turismo será de 781.079 €, aumentando en un 5 %, y el de Agricultura de 2.064.984 euros, invirtiendo 180.000 € en los caminos rurales municipales.

Por otro lado, se trabajará para adecuar el entorno urbano, desarrollando una ciudad amable con la ciudadanía. Por ello, se destinarán 1.175.000 € a infraestructuras y otro millón a inversiones en accesibilidad.

Sostenibilidad Ambiental

Respecto al apartado de Sostenibilidad Ambiental, el presupuesto dedicado a Medio Ambiente es de 4.741.066 €. Algunas de las partidas son inversiones en el río Palancia, la renaturalización de espacios urbanos, inversiones en fotovoltaicas y autoconsumo y la lucha contra el cambio climático.

En relación con la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), el presupuesto para la limpieza y aseo urbano del término municipal es de 23,5 millones de euros, incrementando así la partida en un 18 % respecto a 2026.

Por otra parte, respecto a Espacio Público y Movilidad, el presupuesto será de 1.240.572 € y se tratará de fomentar un cambio en la movilidad apostando por alternativas de transporte limpias que mejoren la calidad de vida de la ciudad. Además, se destinarán 1.072.000 € en materia de urbanización, asumiendo proyectos urbanísticos que estaban incompletos.

Presupuestos Participativos

Por lo que respecta a los presupuestos participativos se llevarán a cabo los 5 proyectos más votados por la ciudadanía. Estos están dirigidos a refrescar los centros educativos (125.000 €), a renovar los parques infantiles (120.000 €), a acondicionar climáticamente, de forma progresiva, los centros educativos públicos municipales (125.000 €), a renovar el parque infantil de la avenida País Valencià (8.000 €) y a instalar mesas de ping-pong (10.000 €). En esta última edición se recibieron más de 125 propuestas y se batió un récord de participación, superando los 2.100 votos.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha concedido una ayuda directa de 90.000 euros a la Agrupación de Familiares de Víctimas del Franquismo de las fosas comunes del cuadro II del cementerio de Paterna. El objetivo es colaborar en el proyecto de excavación y exhumación de restos de represaliados en osarios del cuadro segundo del cementerio, donde 2.238 personas fueron asesinadas después de la Guerra Civil.

Los trabajos de la cuarta campaña de excavación y exhumación de las fosas localizadas en el cuadro segundo del cementerio de Paterna podrán ejecutarse hasta el 1 de septiembre de 2027, con un plazo de justificación que finalizará el 15 de octubre del mismo año. Estas actuaciones “contribuyen a los principios de verdad, justicia y reparación reconocidos por el Derecho Internacional y vinculados a los derechos humanos”, señala la vicepresidenta Enguix.

La presidenta de la Agrupación del Cuadro II de Paterna, Silvia Talens, destaca la rápida respuesta de la Diputación a la petición realizada hace menos de un mes por la plataforma que dirige. Talens, que busca a su abuelo desde hace 20 años, destaca la importancia del respaldo que prestan instituciones como la Diputación de Valencia, al tiempo que lamenta “la lentitud de un proceso que debería centralizarse a través del Estado”. En el caso del Cuadro II de Paterna, “la dificultad es mayor porque hay fosas perfiladas en las que no sabemos cuántos cuerpos puede haber enterrados, y además hay restos que se trasladaron al Valle de los Caídos”.

En septiembre de 2026, la Agrupación de Familiares de las Fosas Comunes del Cuadro II solicitó una nueva subvención a la Diputación para ayudar a financiar la cuarta campaña de excavación, con la intención de abrir el mayor número posible de fosas comunes, teniendo en cuenta que el estado de las mismas y los restos que puedan hallarse condicionarán los trabajos, que podrían prolongarse durante al menos un par de meses.

Natàlia Enguix, que visitó el cementerio de Paterna el pasado mes de abril, asegura que la Diputación “seguirá estando al lado de las familias y los ayuntamientos que promuevan estas campañas para recuperar los restos de las personas represaliadas”. La responsable provincial de Memoria Democrática añade que, en paralelo a los procesos de localización, exhumación e identificación de las víctimas, “tenemos en marcha otras iniciativas culturales y educativas para difundir la memoria y permitir que las nuevas generaciones conozcan unos hechos históricos que no deben repetirse”. Enguix se refiere a programas como ‘La Memòria a l’Escola’, ‘La Memoria en las Bibliotecas’ o el premio de investigación ‘María la Jabalina’.

Cuadro II de Paterna

Las actuaciones desarrolladas en el Cuadro II del Cementerio de Paterna entre 2019 y 2026 comprenden la prospección geofísica del terreno, la excavación y exhumación de la Fosa 2, la identificación de nuevas estructuras funerarias y la preparación de una cuarta campaña, que es la que se desarrolla actualmente. En conjunto, las intervenciones han permitido exhumar los restos de 30 víctimas y localizar otras posibles fosas comunes que deben ser investigadas.

En 2019, la Diputación realizó una prospección geofísica con georradar antes de emprender futuras excavaciones. La iniciativa respondía a los antecedentes arqueológicos e históricos, así como al interés y los testimonios de los familiares reunidos en la Agrupación. En aquel momento se invirtieron algo más de 4.000 euros para precisar la ubicación de los enterramientos colectivos.

En febrero de 2021, la Diputación y la Agrupación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de las Fosas del Cuadro II formalizaron un convenio para la exhumación e identificación de los restos de la Fosa 2, con una ayuda de 55.000 euros. La fosa localizada en la parte izquierda del Patio Inferior se denominó Fosa 2 y se pudo determinar gracias a las declaraciones de José Fambuena, testigo directo de los fusilamientos e inhumaciones de la primavera de 1941.

La campaña se interrumpió después de 40 días de trabajo y se retomó a finales de 2022, esta vez con ayuda de la Conselleria de Calidad Democrática. Los trabajos sirvieron para culminar la exhumación de todas las víctimas inhumadas en la fosa común. Se recuperaron los restos de otros 15 individuos que, junto a los 15 localizados en 2021, suman la treintena.

Antes, en mayo de 2022, la Diputación y el Ayuntamiento de Paterna suscribieron otro convenio por valor de 16.000 euros para indagar en la posibilidad de que en el Cuadro II hubiera más fosas comunes que pudieran contener restos de las víctimas. Se hallaron 19 estructuras relacionadas con procesos de enterramiento, de las cuales ocho podrían encajar con las dimensiones de las fosas comunes ya excavadas.

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha acordado la expulsión de la edil Soraya Chicano, una decisión respaldada por la dirección provincial de la formación tras el análisis de la denuncia presentada por la concejala por supuestas irregularidades en la agrupación local.

En su escrito, Chicano alegaba ser víctima de una campaña de acoso personal, coacciones económicas por negarse a entregar dinero en efectivo, represalias políticas e invisibilización en los canales de comunicación. Asimismo, la edil sostenía la existencia de una “operativa opaca” en las aportaciones para gastos del grupo y denunciaba un supuesto “vacío orgánico” en la agrupación local. Frente a estas acusaciones, los concejales denunciados —Javier González, Gustavo Terrén, Inmaculada Vázquez y Juan Ruiz— presentaron sus alegaciones junto con un dossier probatorio para rebatir los señalamientos de la regidora.

El informe jurídico elaborado por la dirección provincial desestima las irregularidades económicas atribuidas al grupo municipal. La resolución concluye que la recaudación de fondos en efectivo para sufragar materiales promocionales no constituye una práctica ilícita, ya que se acreditó el posterior ingreso bancario de 2.352 euros en la cuenta oficial del Grupo Municipal en Cajamar el 5 de agosto de 2026. Según el dictamen, esta acreditación bancaria para el pago de proveedores oficiales descarta cualquier atisbo de “gestión económica opaca” o financiación irregular.

Respecto a las acusaciones de acoso psicológico y aislamiento personal, la resolución del PP provincial determina que no concurren elementos objetivos para constatar la existencia de hostigamiento o represalias. El documento señala que las tensiones internas derivan de la falta de comunicación y de la desatención de las tareas del grupo por parte de la edila, y sitúa los reproches de sus compañeros dentro de la libertad de crítica interna. De igual modo, las pruebas aportadas por los concejales desmintieron el pretendido “borrado” público de la edil, al documentarse su presencia en diversos actos institucionales y deportivos del municipio.

Finalmente, la resolución recuerda la clara distinción entre la dimensión orgánica del partido y la autonomía del grupo municipal, confirmando además que la agrupación local cuenta con una estructura legítima plenamente constituida. Aunque el dictamen señala que la difusión de conversaciones internas a terceros ajenos a la formación podría constituir una infracción estatutaria de extrema gravedad por deslealtad, aclara que no consta acreditación formal de tal extremo. Con el aval de la dirección provincial a la actuación de su portavoz y del resto del grupo, el PP formaliza la salida de Chicano, quien no obstante puede mantener su acta como concejala no adscrita.

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, en Valencia, Soraya Chicano, ha remitido un escrito a las ejecutivas local y provincial del partido para denunciar una trama de coacciones económicas, opacidad financiera y hostigamiento personal dentro del grupo municipal. Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso elDiario.es, que cuenta con el soporte de diversa documentación, la edil atribuye la responsabilidad de los hechos al portavoz municipal, Javier González, y solicita a la dirección provincial la apertura urgente de un expediente disciplinario a la totalidad de sus compañeros de filas, la convocatoria de una auditoría contable y la constitución de una gestora local.

El motivo de la denuncia es la exigencia sistemática a los regidores populares de entregar determinadas cantidades —las retribuciones percibidas por la asistencia a plenos— en efectivo para financiar campañas de promoción personal del portavoz al margen de los canales oficiales. Chicano aporta archivos y capturas de pantalla para certificar la orden directa de retirar dinero en cajeros y realizar pagos directos en mano a terceros. Entre las pruebas se detalla una instrucción para entregar 588 euros en metálico, además de reclamaciones posteriores de menor cuantía. La negativa de la concejala a participar en esta dinámica contable desencadenó, según expone, una campaña de represalias y extorsión vinculada a su cargo público.

La edil sostiene que la respuesta del portavoz ante su rechazo fue la amenaza explícita sobre su continuidad política, con advertencias de exclusión de las futuras candidaturas electorales si no realizaba las aportaciones requeridas. A esta reclamación se suma la expulsión de los canales internos de comunicación, el borrado de su imagen en la edición de vídeos oficiales de la formación y la censura de asuntos personales en las redes locales. Asimismo, Chicano denuncia que la agrupación local carece de una ejecutiva elegida de forma legítima, lo que ha permitido al portavoz ejercer el control de manera unilateral y sin posibilidad de fiscalización interna.

Segun detalla, esta situación de hostigamiento mantenido ha derivado en un empeoramiento del estado de salud de la concejala, quien se encuentra actualmente en situación de baja médica tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad. En su escrito de petición, Chicano reclama a la cúpula provincial del Partido Popular garantías para el ejercicio de sus funciones públicas en libertad, la fiscalización de todos los fondos manejados en efectivo por el grupo de Albalat dels Sorells y la convocatoria formal de la agrupación para devolver la legitimidad democrática a la estructura local.

El PP de Valencia avala la gestión del grupo municipal

El informe jurídico interno del PP en la provincia de Valencia, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía no ha sido remitido a la edil de Albalat dels Sorells, desestima las acusaciones de la Chicano y avala la gestión del grupo municipal. El dictamen concluye que las aportaciones económicas solicitadas en efectivo respondían a una colaboración voluntaria para sufragar gastos de comunicación institucional y confirma que son lícitos tras acreditarse su posterior ingreso bancario. Un justificante de ingreso en la cuenta oficial del grupo, fechado el 5 de agosto de 2026 por importe de 2.352 euros, desmiente la existencia de una contabilidad opaca o financiación irregular al comprobarse que los fondos se destinaron íntegramente al pago de proveedores contra factura.

El documento analiza asimismo las alegaciones de acoso y represalias formuladas por la concejala, determinando la ausencia de indicios de hostigamiento o aislamiento deliberado por parte de sus compañeros. El análisis de las conversaciones internas atribuye el origen de las tensiones al “desinterés”, la “inasistencia injustificada a actos institucionales” y la “falta de comunicación” de Chicano. Respecto a la supuesta exclusión gráfica en redes sociales, el dossier probatorio aporta imágenes oficiales de diversos eventos municipales en los que la concejala participó junto al resto de la candidatura, enmarcando los reproches recibidos en la libertad de crítica interna ante el incumplimiento de sus deberes de representación.

Finalmente, el informe precisa el marco normativo aplicable al diferenciar la dimensión orgánica del partido político de la autonomía institucional del grupo municipal. El análisis advierte de que la eventual filtración de conversaciones privadas a terceros o miembros de la oposición constituiría una infracción estatutaria de extrema gravedad por deslealtad manifiesta, conducta que facultaría la apertura de un expediente disciplinario o la expulsión del grupo. No obstante, al no constar pruebas documentales que acrediten dicha revelación de secretos por parte de la edil, el dictamen desestima la adopción de medidas sancionadoras contra su persona y confirma la plena validez de la estructura local del partido.

La Diputación de Valencia presentará a lo largo del mes de octubre una nueva edición de los bonos comercio con un impacto económico superior a los 20 millones de euros en la provincia. La vicepresidenta Natàlia Enguix ha avanzado la campaña este miércoles en el mercado de Aldaia, donde ha inaugurado la muestra ‘Pujar la persiana’ junto al alcalde, Guillermo Luján. “Los protagonistas de esta exposición son los comerciantes, y a ellos van dirigidos los bonos que esta vez llegarán a todos los municipios”, ha anunciado Enguix.

La delegación de Promoción Económica que coordina la vicepresidenta primera aportará 10,5 millones de euros a la campaña de bonos que, a diferencia de la primera edición que se centró en los municipios con mayores daños en su tejido comercial a consecuencia de la dana, llegarán a toda la provincia. Podrán adherirse los comercios de 261 ayuntamientos y las tres entidades locales menores, todos menos las cinco grandes ciudades.

“Entonces se trataba de estar cerca de los que peor lo estaban pasando en un contexto de emergencia; ahora damos un paso más para ayudar a todos los comerciantes valencianos que levantan la persiana cada día. En la anterior campaña llegamos a 1.200 comercios de 26 pueblos, y esta vez el impacto será muy superior con la aportación económica de la ciudadanía y la posibilidad de utilizar los bonos en cualquier municipio valenciano”, ha explicado Natàlia Enguix.

Por su parte, el alcalde ha mostrado su satisfacción al convertir Aldaia en quilómetro cero de los bonos comercio de la Diputación y de la itinerancia de ‘Pujar la persiana’, un proyecto expositivo “con un simbolismo muy fuerte que muestra la dificultad de abrir un negocio, de mantenerlo haciendo frente a los obstáculos que siempre aparecen y de consolidarlo, que es una manera de hacer pueblo”. Luján ha coincidido con la vicepresidenta Enguix en que la ayuda al comercio de proximidad “es consumo que se queda en el territorio, es actividad económica, creación de empleo y vida para nuestros pueblos y ciudades”.

‘Pujar la persiana’

Rodeados por decenas de comerciantes y vecinas y vecinos de Aldaia, Enguix y Luján han participado en la apertura de la muestra que podrá visitarse en el Mercado del municipio de l’Horta Sud hasta el próximo 31 de octubre. ‘Pujar la persiana’ es un proyecto impulsado desde el servicio de Comarcalización y Promoción Económica de la Diputación, que ha contado con la colaboración de Unió Gremial y la Escola Superior de Disseny de València (EASD),

La muestra, que se estrenó en marzo en el MuVIM, Museu d’Art de la Diputació de València, reúne testimonios, fotografías y una instalación artística que recupera la memoria de la reapertura de los pequeños negocios tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024. La comisaria, Tana Capó, ha recordado que la iniciativa es “una extensión de nosotros mismos, con imágenes que pueden no tener un gran valor fotográfico, pero sí un valor documental y sanador que nos emociona más allá de su calidad técnica”.

Durante la inauguración en Aldaia, Natàlia Enguix ha destacado que la exposición “permite reconocer públicamente a quienes decidieron volver a limpiar y reconstruir sus negocios como un acto de valentía con su pueblo”. “Hablamos de la dignidad de nuestra gente y de cómo el comercio local es el hilo que teje la confianza y la identidad en nuestros barrios”, ha añadido la vicepresidenta tras recorrer junto al alcalde y la comisaria el espacio expositivo habilitado en el mercado de Aldaia.

Tana Capó ha destacado el carácter colaborativo del proyecto. “Hemos trabajado con un sistema de madera que evoca la estructura del comercio tradicional para construir un relato que no es jerárquico, sino una suma de voces de quienes sufrieron el desbordamiento”. La disposición visual “obliga al visitante a percibir la escala de la catástrofe a través de la altura de los paneles, conectando emocionalmente con el espacio”, ha señalado Capó de una muestra que los ayuntamientos pueden solicitar para que se instale en sus municipios.

El LIV Concurs Internacional d'Allipebre de Catarroja volvió a convertir este sábado el Port de Catarroja en uno de los grandes puntos de encuentro de sus fiestas mayores. Alrededor de 4.000 personas participaron en una jornada marcada por los 150 allipebres a concurso, la preparación de 2.000 raciones para la degustación popular y una organización diseñada para absorber una elevada afluencia de público con protocolo de accesos, presencia policial y varios aparcamientos habilitados progresivamente durante la jornada.

Desde primera hora de la mañana, la zona de fuegos instalada en el Port se llenó de carpas, peroles y participantes preparando una receta estrechamente ligada a la historia de Catarroja y a la vida de la marjal. Para garantizar que todas las personas concursantes partieran de una misma base, el Ayuntamiento proporcionó anguilas, patatas, aceite y leña, mientras que cada participante aportó sus propios ajos, pimentón, especias y el perol tradicional con el que elaborar la receta.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, destacó durante la jornada la importancia que el certamen ha adquirido dentro de las propias fiestas: “El Concurs Internacional d’Allipebre es una de las citas más importantes de nuestras Fiestas de Sant Miquel. Llegar a la 54 edición con 150 participantes demuestra la fuerza de una tradición que continua muy viva en Catarroja”.

La vertiente competitiva convivió durante toda la mañana con el carácter popular del encuentro. Mientras los 150 participantes elaboraban sus recetas, la Comunitat de Peixcadors de Catarroja cocinó en grandes peroles las 2.000 raciones de allipebre destinadas al público, reforzando una de las señas de identidad del certamen: compartir el plato con vecinos, vecinas y visitantes y convertir el Port en un gran espacio de encuentro alrededor de la gastronomía tradicional.

De 150 allipebres a un único ganador

Uno de los momentos centrales de la jornada llegó con la deliberación del jurado, formado en esta 54ª edición por 20 miembros vinculados a la tradición, la gastronomía y el arraigo del allipebre en Catarroja. De ellos, 15 miembros eran personas directamente relacionadas con el allipebre y con la vida del municipio, entre vecinos y vecinas, representantes de entidades arraigadas en el territorio y miembros de la Junta de la Comunitat de Peixcadors de Catarroja.

Al frente de la mesa presidencial y del jurado estuvo Miguel Raga, primer jurado de la Comunitat de Peixcadors de Catarroja, que ejerció como jefe del jurado y presidente de la mesa, encabezando la valoración de las elaboraciones participantes. La mesa presidencial se completó con Pepe Domingo; Antonio Quiles, chef y jefe de cocina de la arrocería Culla 7; Héctor “el Chef Kent”, cocinero e influencer gastronómico; y Vicent Aguilar, secretario de la Comunitat de Peixcadors de Catarroja.

Los 150 allipebres fueron pasando por una primera fase de valoración distribuida en cinco mesas. A partir de esta primera selección, las elaboraciones mejor valoradas fueron avanzando hasta quedar reducidas a diez finalistas, sobre las que se realizó la valoración definitiva para determinar los premios de la LIV edición.

De este modo, el concurso contó con un sistema de valoración que combinó experiencia, tradición y conocimiento gastronómico, con una presencia destacada de personas vinculadas directamente a la Comunitat de Peixcadors y a la cultura del allipebre.

El primer puesto fue finalmente para Manuel Grancha, vecino de Catarroja y uno de los cocineros de allipebre con mayor trayectoria del municipio.

Manuel Grancha: 48 años alrededor del perol

La victoria de Grancha tiene además un componente especialmente ligado a la historia del propio concurso. Este año cumple 48 años participando en el Concurs Internacional d'Allipebre y el conseguido este sábado supone ya su cuarto primer premio.

A lo largo de su trayectoria en el certamen ha logrado también siete segundos premios y cinco terceros puestos, a lo que se suma una actividad ligada al allipebre que le ha llevado a cocinar este plato en 32 municipios.

“Es una emoción y una alegría muy grande”, explica Grancha tras conocer el resultado. “Me conoce mucha gente en el pueblo por los allipebres. Cuando me ven por la calle me saludan y me dan la enhorabuena. Para mí es un orgullo y quiero dar las gracias a todo el pueblo de Catarroja”.

El ganador destacó también el ambiente de esta edición y la variedad de perfiles que participan cada año. “Este año había muchísima gente. Siempre hay expertos y otros que tienen menos experiencia, pero al que le gusta, como a mí, viene también a disfrutar”, señala.

Una proyección cada vez mayor

La LIV edición ha contado además con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, tanto durante los días previos como en la propia jornada del concurso. Una atención mediática que refleja la creciente proyección del Concurs Internacional d'Allipebre fuera del municipio y su consolidación como una cita cada vez más reconocida dentro de la gastronomía valenciana.

La combinación de participación, tradición, entorno, tejido asociativo y capacidad organizativa vuelve a situar al concurso como uno de los grandes escaparates de la relación histórica de Catarroja con el Port y l’Albufera.

Con esta nueva edición, Catarroja vuelve a reivindicar su condición de bressol de l’allipebre y la continuidad de una tradición gastronómica que, después de más de medio siglo de concurso, sigue reuniendo a generaciones distintas alrededor del fuego y del perol.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que la Generalitat está ejecutando las obras de encauzamiento del barranco de Picassent a su paso por Beniparrell, una actuación dotada con cerca de 17 millones de euros que permitirá reforzar la protección frente a inundaciones en uno de los principales enclaves industriales del área metropolitana de València.

Barrachina ha señalado que se trata de una intervención que corresponde a un cauce de titularidad estatal y que la Generalitat ha asumido “ante la falta de actuación del Gobierno de España y de la Confederación Hidrográfica del Júcar”, financiándola además mediante recursos obtenidos a través de endeudamiento.

“Venimos a hacer, con dinero de todos los valencianos, la obra que el Gobierno de España tenía que haber hecho en su propio cauce. Y la hacemos porque la seguridad de la gente es una prioridad para este Consell”, ha afirmado el conseller.

Barrachina ha recordado que esta actuación forma parte del esfuerzo inversor que está realizando el Consell para mejorar la seguridad hidráulica de los municipios valencianos, con una inversión global de 46 millones de euros en actuaciones de encauzamiento urbano declaradas de emergencia para reparar los daños ocasionados por la riada del octubre de 2024.

La mayor actuación de encauzamiento urbano impulsada por el Consell

La intervención sobre el barranco de Picassent constituye la mayor actuación individual incluida en ese programa de inversiones. Las obras abarcan un tramo de 3.350 metros de cauce y permitirán alcanzar un nivel de protección equivalente a avenidas con un periodo de retorno de 100 años en el tramo urbano de Beniparrell.

El proyecto contempla la ampliación de la anchura del cauce hasta alcanzar entre 60 y 95 metros, así como un movimiento de tierras estimado en 110.000 metros cúbicos. Además, incluye la reposición de puentes, infraestructuras ferroviarias y servicios afectados a lo largo del recorrido.

Las obras comenzaron en marzo de 2026 y cuentan con un plazo de ejecución de tres años, estando prevista su finalización en octubre de 2028.

Una actuación para proteger a las personas y la actividad económica

El conseller ha incidido en que la actuación responde a una necesidad prioritaria de seguridad en un entorno con una elevada concentración de actividad económica y de movilidad diaria.

“Actuamos en un punto especialmente sensible, con una importante concentración de empresas y de trabajadores, para dar una respuesta eficaz a un problema real y reforzar la seguridad de todo el entorno”, ha señalado.

En el ámbito de actuación se localizan 528 empresas que generan más de 6.000 puestos de trabajo. Cada día miles de trabajadores acceden a los polígonos industriales de la zona, uno de los espacios productivos con mayor actividad del área metropolitana de València y especialmente vulnerable ante episodios de fuertes lluvias y avenidas.

En este sentido, Barrachina ha remarcado que las obras no sólo incrementarán la protección frente a inundaciones de infraestructuras y viviendas, sino que contribuirán a garantizar la continuidad de la actividad económica y la seguridad de trabajadores y empresarios.

Obras de encauzamientos

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha explicado que “este Consell está llevando a cabo 41 actuaciones en 28 municipios, distribuidas en seis áreas de actuación en las comarcas de l’Horta Sud, Hoya de Buñol, Ribera Alta, Los Serranos, Plana de Utiel-Requena y Camp de Túria para reparar los encauzamientos urbanos”. De estas actuaciones ya han finalizado 30 y las otras 11 ya están iniciadas.

Esta semana se cumplen dos meses desde que finalizó el plazo establecido reglamentariamente para la limpieza y el mantenimiento de las parcelas privadas (15 de junio) que corresponde a las personas propietarias, y que de no llevarlo a cabo conlleva sanciones económicas. Esta normativa tiene como objetivos, entre otros aspectos, evitar situaciones de riesgo como la propagación de incendios en época estival, así como la aparición de vertederos incontrolados que afectan al medioambiente y a la salubridad pública.

La concejala de Urbanizaciones y Servicio de Residuos Municipales, M. Cruz García, ha señalado que “esta campaña de información y concienciación del mantenimiento y buen estado de conservación de las parcelas se está llevando a cabo desde el ayuntamiento de manera continuada los últimos años. Muchos propietarios cumplen con su obligación, pero sigue habiendo bastantes parcelas sobre las que la inspección ha de seguir actuando”.

En estos dos meses, ya se han abierto 422 expedientes sancionadores, tanto de forma directa por parte de la Policía Local y Vigilancia Urbanística, como a través de las diferentes reclamaciones vecinales que se reciben a través de los canales oficiales municipales.

La normativa afecta tanto a personas físicas como jurídicas, que sean propietarias o poseedoras de terrenos dentro del término municipal y persigue problemas relacionados con la acumulación de residuos, la vegetación descontrolada, el riesgo de incendios, la salubridad y el deterioro del paisaje urbano. También podrá afectar a terceras personas que arrojen residuos en parcelas ajenas.

Los solares deben estar limpios y desbrozados

Una de las principales obligaciones es mantener las parcelas y solares libres de vegetación y materiales inflamables susceptibles de provocar incendios. Los propietarios tendrán que encargarse, además, de la recogida y eliminación de estos restos.

La norma prohíbe igualmente arrojar cualquier tipo de residuo en solares y parcelas, salvo en los lugares expresamente habilitados para ello, como son contenedores o ecoparques, así como los servicios que presta el ayuntamiento de forma regular de recogida de poda, selectiva y voluminosos.

Sanciones de hasta 3.000 euros

El ayuntamiento ya ha tramitado diversas sanciones a propietarios que no han cumplido con esta obligación, con multas que pueden llegar a los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad y de si existe riesgo de incendio.

La tasa de recogida de residuos aprobada en 2024 por el Ayuntamiento de Bétera ha quedado anulada de forma definitiva. El Tribunal Supremo ha emitido una providencia que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Consistorio que encabeza la alcaldesa popular Elia Verdevío. La resolución convierte en firme la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declaró la invalidez radical de la Ordenanza Fiscal número 22 tras un recurso impulsado por el grupo municipal de Compromís.

El pronunciamiento del alto tribunal confirma que la norma que sustentaba el cobro de la tasa adolece de una falta grave de motivación en su informe técnico de valoración. La sentencia del TSJCV acreditó que el cálculo municipal imponía una cuota uniforme de 147,54 euros al 92% de los inmuebles de la localidad —12.117 viviendas de un total de 13.169—, de modo que ignoraba parámetros clave como la superficie catastral, el número de residentes o la generación de restos de poda. Además, el Supremo ha desestimado los argumentos del Ayuntamiento y le ha impuesto la obligación de abonar las costas procesales.

Tras la confirmación del varapalo judicial, Compromís per Bétera ha puesto en marcha una campaña ciudadana para canalizar las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. La iniciativa facilita a los vecinos un modelo formal de solicitud dirigido al departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento. El documento exige la restitución íntegra de los abonados correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y, si procede, 2026, junto a la liquidación de los intereses de demora que fija la Ley General Tributaria desde la fecha de cada pago.

El edil de la formación valencianista en Bétera, Joano Baudés, ha cifrado en cerca de cinco millones de euros el importe global que el Consistorio deberá reembolsar a las arcas familiares tras la anulación de la norma. “El Ayuntamiento ni siquiera intentó recoger principios tan básicos como los de equidad, capacidad económica o proporcionalidad que se le exige a una tasa”, ha manifestado el concejal. Asimismo, Baudés ha reprochado al equipo de gobierno una estrategia judicial dilatoria que ha supuesto un gasto evitable de fondos públicos: “Injustamente, como denunciamos desde Compromís y ahora ha reconocido el Tribunal Supremo en esta sentencia, la ciudadanía ha pagado doble: por una tasa mal calculada y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial”.

Desde el punto de vista legal, la invalidez de la disposición de carácter general implica la nulidad retroactiva de todos los actos administrativos dictados a su amparo. Al quedar la ordenanza extinguida de forma firme, los cobros ejecutados por el Ayuntamiento pierden su título legítimo, circunstancia que habilita a la ciudadanía a instar la rectificación de sus liquidaciones e iniciar la vía del reintegro administrativo ante la administración municipal.

El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la ordenanza de la tasa de recogida de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Bétera, del PP y el partido de urbanzaciones Mas Camarena-Torre en Conill, al inadmitir el recurso de casación presentado por el consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La resolución convierte en firme el fallo que declaró nula la ordenanza por imponer la misma cuota a todas las viviendas, con independencia de su tamaño, valor catastral o número de residentes.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo considera que el recurso del Ayuntamiento incumple los requisitos exigidos para acceder a la casación y concluye, además, que carece de interés casacional para la formación de jurisprudencia. Por ello, inadmite el recurso y condena al consistorio al pago de las costas, con un límite de 2.000 euros.

El alto tribunal reprocha al Ayuntamiento que preside la conservadora Elia Verdevío haber construido su recurso sobre una cuestión distinta de la que realmente fundamentó la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana. Según explica la providencia, el consistorio sostenía que el tribunal valenciano había interpretado que la Ley 7/2022 obligaba desde su entrada en vigor a implantar una tasa de basura plenamente individualizada para cada contribuyente. Sin embargo, el Supremo recuerda que esa no fue la razón por la que el TSJ anuló la ordenanza.

La sentencia del Tribunal Superior basó su decisión, exclusivamente, en “la insuficiente motivación del informe técnico de valoración” que sustentaba la ordenanza fiscal. En concreto, consideró que el Ayuntamiento de Bétera no justificó adecuadamente los criterios utilizados para repartir la carga tributaria ni acreditó que respetaran los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad. El Supremo subraya que existe un “desajuste” entre esos argumentos y los motivos invocados por el Ayuntamiento en su recurso de casación.

Además, la Sala recuerda que el recurso también pretendía reabrir la valoración de la prueba realizada por el TSJ sobre la falta de motivación del informe técnico, una cuestión que queda fuera del ámbito del recurso de casación.

El Supremo también rechaza que concurra el interés casacional alegado por el Ayuntamiento de Bétera por el mero hecho de que el litigio afectara a una disposición general.

Con esta decisión, el fallo del TSJCV adquiere firmeza. En aquella sentencia, el tribunal anuló la tasa al concluir que el Ayuntamiento de Bétera aplicó una cuota prácticamente uniforme para todas las viviendas sin justificar por qué ese sistema respetaba los principios tributarios de capacidad económica y proporcionalidad, pese a las diferencias existentes entre inmuebles y contribuyentes. Cabe remarcar también que el partido de Torre en Conill y Mas Camarena, que sustenta a la alcaldesa, defiende los intereses de dos de las urbanizaciones con rentas más altas de la Comunitat Valenciana.

Tras conocer la sentencia, el concejal de Compromís per Bétera Joano Baudés, ha cifrado en cerca de 5 millones de euros el dinero recaudado que deberá devolver el Ayuntamiento tras el revés judicial y ha lamentado que “el gobierno municipal prefiere gastar dinero público en los tribunales antes que ponerse a trabajar y rehacer la tasa para que así las familias de Bétera paguen conforme reciclan”.

Baudés ha sostenido que, “injustamente como denunciamos desde Compromís y ahora ha reconocido el Tribunal Supremo en esta sentencia”, la ciudadanía “ha pagado doble: por una tasa mal calculada y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial seguramente hasta las próximas elecciones municipales”. A su juicio, esta estrategia “demuestra poca valentía y pocas ganas de trabajar por el pueblo”.

Finalmente, Compromís per Bétera ha lamentado que la “cabezonería” de la alcaldesa de Bétera “le está costando tiempo y dinero a todas las vecinas y los vecinos en la defensa de una tasa de basuras mal ideada”, que ya han rechazado el TSJCV y ahora el Tribunal Supremo, con una condena que obliga al pago de costas judiciales“.

La huelga del personal del servicio de recogida de residuos y aseo urbano ha quedado desconvocada tras un acuerdo entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto y el Comité de Empresa, integrado por representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CGT. El paro sindical, que ha tenido una duración de siete días, concluye con un pacto que permitirá restablecer la normalidad en la prestación del servicio.

El acuerdo incluye todas las mejoras que la dirección de la SAG y el Ayuntamiento ya ofrecieron en la negociación previa a la convocatoria de la huelga. Por un lado, incorpora un incremento retributivo del 4,5 % para 2027, en los términos que permiten los Presupuestos Generales del Estado. Adicionalmente, se aplicará un incremento retributivo consolidable del 0,5 % con efectos a 1 de enero de 2026, si la variación del IPC del año 2026 es igual o superior al 1,5 %. También contempla una mejora de la compensación económica por el trabajo realizado en domingos y festivos, que se traduce en un plus de productividad de 60 euros en 2027 y 70 euros en 2028. Esta última cuantía se mantendrá a partir de 2029 con las actualizaciones que determine la normativa aplicable.

Por otro lado, se regula la realización de fines de semana extraordinarios de carácter voluntario, destinados a atender necesidades organizativas del servicio. Estos servicios adicionales, que no forman parte de la jornada ordinaria planificada, se retribuirán con 250 euros por cada fin de semana completo trabajado y respetarán en todo caso los límites legales en materia de jornada y descanso.

También se suma la creación de un octavo trienio de antigüedad con una cuantía de 50 euros aplicable desde el 1 de enero de 2027, que incluye la eliminación progresiva del premio de jubilación; así como una ayuda escolar fija para hijos e hijas en Educación Primaria y Secundaria, de 50 y 80 euros respectivamente.

Aparte de todas estas mejoras que incluía la oferta previa a la huelga, también se recoge una medida adicional que ha permitido alcanzar el consenso entre las partes: la aplicación del plus de productividad de domingos y festivos desde septiembre de 2026 y hasta que acabe el año, por un importe de 50 euros.

El contenido del acuerdo se trasladará a la comisión negociadora del convenio colectivo para su incorporación, desarrollo técnico y formalización en el instrumento jurídico que corresponda. Además, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes que asignen la Alcaldía, la SAG y el Comité de Empresa para velar por su cumplimiento.

Como consecuencia de los compromisos alcanzados, el Comité procederá a comunicar formalmente la desconvocatoria de la huelga a la empresa y a la autoridad laboral competente. De este modo, se inicia el proceso de recuperación de la normalidad en la prestación del servicio de recogida de residuos y aseo urbano para la ciudadanía de Sagunto.

El alcalde de Alcoi, el socialista Toni Francés, ha anunciado este jueves que no optará a la reelección en las elecciones municipales de 2027 tras quince años al frente del consistorio.

Francés, alcalde desde 2011, ha comunicado su decisión en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSPV de Alcoi y concejala de Turismo, Lorena Zamorano. “No voy a ser el candidato del Partido Socialista en las elecciones de 2027”, ha afirmado el regidor alcoyano, quien ha justificado su decisión al considerar que es “lo mejor” para su partido y para la ciudad.

“Sé que el PSOE va a ganar las elecciones, pero soy consciente de que si me presento yo gobernará la derecha con la extrema derecha”, ha señalado Francés, quien ha añadido que siempre ha defendido hacer “lo que fuera mejor para que la derecha y la extrema derecha, que amenazan a nuestra ciudad”, no gobiernen el municipio.

El alcalde ha expresado además su respaldo a Lorena Zamorano como posible relevo al frente de la candidatura socialista y ha asegurado que sería “la candidata que podría representar a los alcoyanos mejor que él mismo”, al tiempo que se ha comprometido a apoyarla “con toda su ilusión” si finalmente concurre al proceso interno.

Por su parte, Zamorano no ha confirmado si presentará su candidatura, al señalar que el PSPV-PSOE de Alcoy abrirá ahora el proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la lista en los próximos comicios municipales. La dirigente socialista ha agradecido el respaldo recibido por parte de Francés y ha destacado la gestión realizada durante sus mandatos al frente del Ayuntamiento.

La concejala en el Gobierno Municipal Lorena Zamorano también es la secretaria general de la agrupación local del PSPV-PSOE desde junio de 2025. Ganó las elecciones con 98 votos frente a Manolo Gomicia, que logró 93. Gomicia representaba a las familias socialistas más cercanas a Toni Francés.

Una de las diferencias más significativas entre Zamorano y Gomicia estuvo en la diferente opinión respecto a si la persona que dirige el partido debía de ser candidato a la alcaldía o no. Lorena Zamorano rechazó desde un principio la bicefalia.

El Ayuntamiento de Sumacàrcer (Valencia) ha cerrado al público el área recreativa de l'illa de l'Esgoletja, un paraje natural del río Xúquer, tras la muerte la semana pasada de dos personas mientras se bañaban, según ha confirmado a EFE su alcalde, David Pons.

Este domingo bomberos del Consorcio Provincial de Valencia localizaron sin vida a un hombre al que se había perdido de vista mientras se bañaba en el río, y el pasado miércoles falleció también en este municipio valenciano un joven cuando se bañaba en el río, en la zona del área recreativa de l'Esgoletja.

En este último caso, los bomberos iniciaron un dispositivo de búsqueda al alertar los amigos del joven de que le habían perdido de vista dentro del río.

En 2024 falleció otro hombre de 24 años en el río y en 2021 se produjo otra muerte, otro hombre de 33 años.

Paiporta ha reabierto este lunes la Pasarela del carrer Convent al uso peatonal y ciclista, después de la intervención realizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que ha supuesto una inversión de 2,55 millones de euros.

Después de finalizar los trabajos de reconstrucción y mejora, la nueva infraestructura ubicada sobre el Barranco del Poyo, ha recibido este lunes la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, así como la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, y miembros de la corporación municipal.

Esta intervención está contemplada en el Convenio entre el Ayuntamiento de Paiporta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, firmado el pasado 5 de marzo de 2025, a través de la Dirección General de Carreteras, y en ella se enmarcan las dos estructuras municipales ya finalizadas, como es la Pasarela y la reparación del Pont Nou, reabierto en diciembre.

También, la Reconstrucción del Pont Vell, cuyas obras se iniciarán en agosto, y la Reparación del Puente de la Carretera CV-406, cuyos trabajos ya están muy avanzados. “Las obras de mejora y adaptación de la Pasarela, que hemos coordinado conjuntamente con el Ministerio de Transportes, suponen un paso más en la actual recuperación y nos permiten recuperar un punto de conexión clave entre ambas zonas del Barranco del Poyo, con una infraestructura más avanzada, preparada y resiliente a los futuros retos climáticos”, destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, quien también ha señalado “el importante avance que supone la incorporación del carril bici para promover una movilidad más sostenible y saludable sobre la que ya estamos trabajando en el actual modelo de planificación urbanística”.

Nuevo carril bici, luminaria LED y una estructura adaptada al cambio climático

Entre las mejoras que ha incorporado la nueva Pasarela de 58,80 metros de longitud, destaca el diseño de la infraestructura ciclista, cuya anchura útil de 5 metros sigue las recomendaciones de la Dirección General de Carreteras. Además, también ha reforzado su estructura con dos pilas de hormigón armado con geometría adaptada y empujes hidrodinámicos que se cimentan con pilotes en el propio cauce para garantizar una mayor resistencia ante posibles crecidas de agua, y que se extiende a la cimentación de los estribos, atendiendo a los nuevos fenómenos climáticos y el comportamiento de las

estructuras anteriores a la última DANA, así como a una mayor integración urbana y estética que a su vez fomente una movilidad sostenible en la población.

A su vez, también se han incorporado barandillas en los dos extremos, cuya funcionalidad es actuar como fusible y liberar la estructura de empujes ante avenidas de agua, y luminarias LED bajo el pasamanos para garantizar así una mayor visibilidad y seguridad a la ciudadanía.

Las obras incluyen también la urbanización necesaria en la zona de conexión de los extremos de la pasarela con el viario urbano colindante y la reposición de los servicios afectados por las obras. Para el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, “este nuevo paso dado es fruto de la colaboración y el diálogo estrecho entre el Ayuntamiento y el ministerio de Transportes y nos permiten avanzar hacia esa transformación urbana y social del municipio, con nuevas y mejores estructuras que atienden y responden a las necesidades de la ciudadanía, pero también del entorno medioambiental en el que nos encontramos”.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo n.º 10 del Tribunal de Instancia de València ha avalado el procedimiento de promoción interna por el que el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, pasó de ocupar una plaza del subgrupo C1 a otra de nivel A1 en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Esta sentencia, contra la que cabe recurso, se suma a un reciente pronunciamiento del Tribunal de Cuentas en el que comunica a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) que no aprecia ningún tipo de irregularidad en este proceso, iniciado en 2022.

Desde el consistorio se hace una lectura muy positiva de ambos pronunciamientos, “ya que certifica que siempre se actuó de acuerdo con la ley y que toda la polémica no es más que una instrumentación política que, como queda acreditado, carecía de base legal”. Además, el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer reafirma su total compromiso con el Estado de derecho y con la correcta gestión del empleo público local. La corporación municipal reitera que, sea cual sea el sentido de la resolución definitiva que se dicte al término del expediente, esta se adoptará con estricto apego a la legalidad vigente y con absoluta transparencia.

Estas mismas fuentes destacan que lo más relevante de la sentencia es que el tribunal no ha declarado la nulidad de ningún acto municipal, ni de las bases de la convocatoria, ni del acto de admisión del funcionario que accedió por promoción interna, ni de ningún acto posterior del proceso selectivo, tal y como solicitaba la demandante. El órgano judicial ha estimado únicamente la pretensión subsidiaria de la demanda —que ni siquiera era la principal— y ha ordenado la retroacción de actuaciones para que, con expresa admisión de la solicitud de revisión de oficio, “se emita una resolución definitiva estimatoria o desestimatoria, previa la tramitación correspondiente”.

Complejidad jurídica

La razón por la que el tribunal no ha entrado en el fondo del asunto es, precisamente, la elevada complejidad jurídica que rodea a la materia. El órgano judicial ha considerado “más garantista, dada la complejidad jurídica de la cuestión planteada” reservar dicha potestad a la propia Administración autora del acto. Dicha complejidad quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando la AVAF recomendó al consistorio la revisión del proceso ya que, según un informe, un funcionario no podía ascender del subgrupo C1 al A1 sin pasar por el A2, para lo cual citó, entre otras, la sentencia 883/2021 del Tribunal Supremo. Sin embargo, en un caso análogo acaecido en Gandía, la misma institución —en el expediente 1817465H (de 31 de mayo de 2024)— lo consideró acorde a derecho y citó la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2021.

Cabe añadir que el Tribunal de Cuentas informó el pasado 20 de enero de 2026 a la AVAF del archivo de las actuaciones iniciadas a instancias de esta misma agencia. Así consta en una resolución de la Agencia Antifraude del 9 de junio de 2026.

Efectivos de Policía Nacional buscan desde este jueves por la mañana a una bebé de pocos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia y sospechan que el padre de la recién nacida ha podido llevársela, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando los padres del menor -ella de nacionalidad española y él argelina- han ido a visitarle al centro hospitalario donde, según ha podido saber Europa Press, la niña, de pocos días, estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat Valenciana -en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres- tiene asumida desde este mismo jueves por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.

La Policía Local de Sagunto repartirá gratuitamente pulseras antipérdida para niños, niñas y personas mayores que se puedan desorientar en las zonas de playa del municipio. Se repartirán 10.000 pulseras, que estarán disponibles en los puntos accesibles, y en ellas figurará el nombre de la persona y un número de teléfono de contacto en caso de pérdida.

Esta campaña se pone en marcha aprovechando la temporada estival y de playas, cuando aumenta la afluencia de gente y, especialmente, de familias con menores. La intención es mantener este sistema para grandes eventos con grandes concentraciones de personas, como actos de las fiestas patronales. Precisamente, en colaboración con las federaciones de peñas, se repartirán estas pulseras este año en los actos más multitudinarios de la programación.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, asegura que se pone en marcha esta iniciativa “pensando en los colectivos más vulnerables y con un riesgo más elevado”. “La Policía Local siempre está pensando en nuevas medidas para incrementar la seguridad y que la única preocupación de la gente sea disfrutar”, añade la edil.