Sin ningún criterio científico, mal ubicadas, con diseños deficientes o dirigidas a especies que no están en la zona. Sin monitoreo y, a veces, con efectos contraproducentes a los buscados, como la propagación de especies invasoras o la atracción de aves sin ningún éxito reproductivo. Así se colocan en España muchas de las cajas nido que cuyo objetivo es compensar el impacto a la biodiversidad en los parques fotovoltaicos, según la revisión que un grupo de investigadores ha realizado sobre 153 evaluaciones de impacto ambiental. El análisis, pionero de este tipo en la península, ha revelado un “copia y pega indiscriminado” con escasa justificación ecológica que tiene poca eficacia y mucho “lavado verde”.

En España, la ley obliga a las empresas energéticas a realizar compensaciones para minimizar los impactos de los proyectos de energía renovable en la biodiversidad. Una práctica generalizada en los parques de energía solar es la instalación de cajas nido para las aves que viven en cavidades naturales –de árboles o roquedos–, como la carraca europea, el cernícalo vulgar, el cernícalo primilla, el mochuelo común y la grajilla común, amenazadas por la alteración humana de los territorios.

A pesar de ser la acción compensatoria más habitual, científicos de la Universidad de Extremadura y del CSIC han detectado una falta de evaluación respecto a la “idoneidad ecológica” de estas cajas nido. Para subsanar este vacío de conocimiento, han realizado una selección aleatoria de declaraciones de impacto ambiental de proyectos fotovoltaicos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entre 2017 y 2025, con una recopilación mínima de ocho evaluaciones por comunidad autónoma y tamaños dispares, plantas grandes con una capacidad instalada de 500 MW y pequeñas, que no superan los 30 MW.

Luego, han analizado, uno por uno, cuatro “criterios clave” relacionados con su diseño y contexto ecológico: la especificidad de las cajas nido para cada especie; la presencia previa de especies que anidan en cavidades en las zonas afectadas; la proximidad de las plantas fotovoltaicas con cajas nido a hábitats que albergan posibles presas y el seguimiento posterior a la instalación de los resultados reproductivos de las especies objetivo.

Han justificado la investigación, publicada en la revista Biological Conservation, en los riesgos e “impactos contraproducentes” de “medidas de compensación inadecuadas o mal diseñadas sin fundamento teórico ecológico o basadas en datos insuficientes o sesgados”. “La mala implementación de las cajas nidos puede contribuir al lavado de imagen ecológico, que implica crear una imagen engañosa de responsabilidad ambiental sin mitigar los impactos ecológicos reales”, se explica en la introducción del estudio.

“Advertimos que no había ningún estudio de este tipo en España y que era necesario tener un cuadro de situación sobre cómo se están usando las cajas nidos al tratarse de una práctica compensatoria tan generalizada. La muestra tan amplia que hemos evaluado revela que no estamos ante malas prácticas de promotores puntuales. El problema es de prácticamente todo el sector”, completa Airam Rodríguez, científico titular del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), uno de los coautores del trabajo.

Los hallazgos

La primera evidencia que han detectado los científicos, liderados por Jesús Avilés, integrante del Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva de la Estación Experimental de Zonas Áridas, es que el 85,6% de los parques fotovoltaicos utiliza las cajas nidos dentro de sus medidas compensatorias de biodiversidad. “Es decir, se trata de una medida compensatoria generalizada”, revelan.

En el análisis cualitativo, han descubierto “fallas recurrentes” en la mayoría de diseños y en la implementación, incluyendo la aplicación inadecuada de cajas nido en áreas donde no residen las especies objetivo, la ubicación deficiente de estas herramientas y la falta de monitoreo posterior a la instalación. Por ejemplo, en el 65% de los casos se instalaron cajas nido específicas para aves sin tener constancia de reproducción y crianza en ese entorno, lo que se traduce en “ningún beneficio ecológico tangible”.

El estudio señala que las plantas fotovoltaicas en España se ubican, predominantemente, en hábitats áridos, semiáridos o esteparios –88% de los casos del muestreo–, lo que exige especial precaución para evitar que las medidas de atracción para aves forestales o generalistas “aumenten involuntariamente” la presencia de depredadores con consecuencias negativas para las comunidades de grupos esteparios. A pesar de esto, la mayoría de las declaraciones de impacto ambiental examinadas omite datos sobre las especies susceptibles a ser depredadas. Los promotores que sí lo hicieron, obviaron una segunda información “muy importante”, a juicio de los autores: una evaluación de cómo la instalación de cajas nido afectan a estas comunidades de presas, como alondras, escribanos comunes, bisbitas o el petirrojo de cola rufa.

La “mala colocación” es otra de las grandes conclusiones del trabajo. Se detalla que las cajas nidos suelen instalarse “en altas densidades y en lugares muy visibles”, cerca de carreteras con mucho tráfico y a lo largo del perímetro de las plantas. Esta ubicación también tiene un efecto negativo. En primer lugar, porque el ruido del tráfico puede interrumpir el comportamiento de alimentación de los adultos y el desarrollo de los polluelos, lo que reduce el éxito reproductivo. En un segundo plano, debido a que la proximidad a las carreteras aumenta el riesgo de colisiones con vehículos.

“Queda muy bonito para que la gente que pasa con sus coches vea que la empresa está poniendo cajas nido para ayudar a la fauna. Pero es una elección perjudicial, que eleva la mortalidad de las aves”, advierte Rodríguez. El ejemplo de la ubicación, agrega, revela otro error, “las medidas compensatorias estáticas”, sin ninguna revisión. “No vale con poner 200 cajas y listo, problema resuelto. Hay que hacer un seguimiento. Evaluar y corregir cuando sea necesario”.

Uso de materiales inapropiados

En el 94% de las plantas fotovoltaicas con cajas nido propuestas, la declaración de impacto ambiental no especifica el material de construcción y en los pocos casos en que se menciona el material (corcho, hormigón o madera), no se proporciona ninguna justificación ecológica para su selección.

En muchos casos, los materiales de construcción tienen un “papel crítico” en lo que respecta a las condiciones térmicas de las cajas, sobre todo en regiones donde las temperaturas elevadas, como el caso de España, pueden llevar a un “sobrecalentamiento mortal” para muchos polluelos.

“Una restauración eficaz requiere diseños de cajas nido adaptados a la biología de la especie objetivo y construidos con materiales que garanticen un aislamiento adecuado y un microclima estable”, advierten los científicos.

Otro de los problemas de las “cajas genéricas”, utilizadas en el 50% de los proyectos analizados, es que “favorecen las especies competidoras”. Por lo tanto, aclaran los autores, los aumentos rápidos en las cajas nido ocupadas no siempre indican una restauración exitosa. “No puede considerarse un resultado exitoso de restauración si la mayoría de las parejas reproductoras no logran reproducirse”, explican. Los investigadores utilizan el término “trampa ecológica” para esta paradoja: la nidificación de especies en hábitats de baja calidad que reduce el éxito reproductivo.

En este sentido, sólo el 2% de las EIA con cajas nido especifican planes para recopilar datos reproductivos sobre las especies objetivo. “Es importantísimo garantizar que todas las acciones estén científicamente justificadas y que los resultados se supervisen adecuadamente”, subrayan los investigadores en el listado de conclusiones. Sin ninguna supervisión científica, repiten que los proyectos “corren el riesgo de convertirse en trampas ecológicas para especies amenazadas”.

La responsabilidad de las administraciones

Jorge García-Macía es doctor en Zoología de la Universidad de Alicante. Se dedica, justamente, a investigar la fauna silvestre y luchar por su conservación. A su juicio, la investigación de sus colegas revela “una inercia y un copia y pega indiscriminado” que no atiende a los criterios científicos y que provoca que, en muchas ocasiones, los esfuerzos de protección caigan en un “saco roto”.

Refuerza la idea de que las cajas nidos deberían ser el “último recurso” para favorecer la nidificación de aquellas especies afectadas por las plantas solares, tras primero intentar evitar y corregir los impactos. “Si no se persigue este objetivo, y además se hace una implantación generalizada y sin criterio científico, la instalación de cajas nido no sirve para nada o, en muchos casos, es contrario a los objetivos que se persiguen. No es cuestión de no instalar nidales artificiales, sino de instalarlos cuándo, dónde y cómo se deba, con objetivos claros y basados en evidencia”, subraya.

Jon Domínguez del Valle, biólogo con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión y conservación de la biodiversidad y el análisis de impacto ambiental, pide poner la lupa en las “administraciones evaluadoras” de los proyectos energéticos, a saber: el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de los proyectos más grandes y las Comunidades Autónomas, en las plantas de menor envergadura.

Son las administraciones, recalca, que están obligadas a “repasar los estudios y valorar si son de utilidad y tiene base argumental sólida”. “Si estas evaluaciones aparecen publicadas en resoluciones debemos asumir que es con la aprobación explícita de los órganos ambientales competentes. Si los estudios son deficientes, se deben exigir mejoras o su rechazo”, afirma. Sobre este apunte, Avilés y su equipo piden una mayor “supervisión regulatoria” para garantizar prácticas de mitigación efectivas y basadas en evidencia.

La creación de un “organismo asesor nacional” que centralice toda la información sobre las cajas nidos puede ser “un paso político” para mejorar estos malos resultados, señala Rodríguez. Un número por cada caja, todas registradas en una base de datos y con su correspondiente explicación científica. “Sería fantástico que nuestros hallazgos generen cambios y correcciones”, concluye.

Dirk Vansintjan (Halle, Bélgica, 64 años) está orgulloso de que hace un tiempo le otorgaran en Bélgica el título de “rebelde energético del año”. Se lo dieron, asegura, por impulsar ideas que amenazan el modo actual de hacer las cosas. Pero también por haber demostrado que las comunidades energéticas tienen la capacidad de realizar un cambio significativo en la vida de muchas personas.

La cooperativa que Vansintjan fundó alrededor de una mesa de cocina con un pequeño grupo de amigos en un pueblecito de Flandes en 1991 proporciona hoy electricidad a 70.000 ciudadanos. Al viejo molino de agua que restauraron buscando electricidad limpia en un momento en que las renovables apenas existían se han ido añadiendo adquisiciones de aerogeneradores, turbinas hidráulicas y paneles solares distribuidos por diversos lugares de la populosa región belga. Hoy, Ecopower ofrece una alternativa en un sector casi exclusivo de grandes empresas y demuestra que los ciudadanos pueden generar, y consumir, su propia energía con éxito.

Para Vansintjan, la transición energética necesita que los ciudadanos tomen el control de la producción de energía y que nuestro sistema recupere el modelo descentralizado que ayudó a establecer, en sus orígenes, la electricidad en el mundo rural en Europa. El motivo es sencillo: quizá a nadie le guste tener un aerogenerador cerca de su casa, pero la cosa cambia bastante cuando el generador es de uno y da beneficios, explica riendo. Con el tiempo, este activista se ha convertido en un experto en comunidades energéticas, tanto por la experiencia en su propia cooperativa como por su labor en Europa. Además de coordinar Ecopower, es presidente de REScoop.eu, la federación europea de cooperativas de energías renovables, donde ayuda a personas en diversos países a implementar sus proyectos.

Durante la entrevista, Vansintjan nos muestra en su pantalla de ordenador un fondo verde donde se representan dos estadios de fútbol diferentes. En el primero, el campo está formado por las dos áreas tradicionales divididas por la línea de mediocampo, con las autoridades públicas a un lado y los jugadores del mercado en el contrario. En el segundo campo, la cancha se despliega en tres sectores con la forma de las aspas de los aerogeneradores donde aparecen las autoridades, el mercado y una tercera zona donde está escrita la palabra “comunidad”. Este es el modelo, nos dice, al que debemos acercarnos.

“En el esquema actual tienes a los jugadores públicos como las compañías de electricidad y los rivales privados. Los ciudadanos son simples espectadores. Pero nosotros pensamos que el mercado debe reformarse para que las comunidades y las cooperativas también tengan su lugar. Queremos dejar de ser simples espectadores o colaboradores para que haya un nuevo equilibrio en Europa. No se trata de elegir entre capitalismo o comunismo, sino que queremos encontrar nuestro propio camino basado más en la cooperación que en la competición, y en introducir la democracia también en la economía”.

¿Cómo se consigue meter a la comunidad de ciudadanos en el campo energético?

Miremos un momento al pasado. Los grupos de ciudadanos, pequeños empresarios, comunidades o municipalidades siempre han actuado cuando ha habido un problema. Las cooperativas de cualquier sector han surgido para hacer frente a una dificultad, como una crisis, una guerra o un accidente como un desastre nuclear. En esos casos, las personas actúan juntas e intentan encontrar soluciones. Con la energía, también ha habido un crecimiento y declive de las cooperativas. Cuando se produjo la electrificación de Europa a finales del siglo XIX, las áreas rurales tenían zonas muy poco pobladas que se quedaron fuera. En muchos casos, los ciudadanos o los ayuntamientos actuaron como los inversores privados que no aparecían por falta de beneficios. En Alemania, por ejemplo, a finales de ese siglo y hasta que llegó el nazismo al poder, había unas 6.000 cooperativas energéticas activas de las que hoy solo se conservan 40. Casi todas las que sobreviven tenían sus propios medios de producción.

En una zona rural de España, no se trataría de dar dinero al ayuntamiento para tener el permiso de usar el terreno, sino que la comunidad tenga en propiedad parte de esos aerogeneradores

¿Qué es lo que están pidiendo cuando hablan de descentralización?

Nosotros queremos parte del pastel. Los ciudadanos consumen directamente alrededor del 25% de la electricidad. Queremos producir esa electricidad nosotros mismos con paneles solares en nuestros tejados, con aerogeneradores, con parques solares. Queremos los medios de producción y tenerlos en propiedad es fundamental. Por ejemplo, en una zona rural de España, no se trataría de dar dinero al ayuntamiento para tener el permiso de usar el terreno, sino que la comunidad tenga en propiedad parte de esos aerogeneradores para que el dinero se reinvierta en la economía local. Quizá no el 100% de la propiedad, pero sí el 25% o el 50%. La transición energética implica reemplazar el sistema centralizado de la nuclear y los combustibles fósiles por otro descentralizado de energías renovables donde tenga más importancia lo local. Es una oportunidad única para encontrar un equilibrio entre lo rural y lo urbano, entre el norte y el sur global y entre la nuestra y las generaciones futuras. Las cooperativas no buscan el beneficio a corto plazo, son estructuras que pueden durar cientos de años.

¿En qué lugar se está favoreciendo un sistema como el que usted defiende?

Uno de los lugares más avanzados para el desarrollo de cooperativas es Escocia. En este país, además de compromisos de energías renovables, tienen también objetivos para alcanzar un número de comunidades energéticas. Tienen un sistema gestionado por una organización, Local Energy Scotland, muy efectivo. Cuando un grupo de ciudadanos quiere, por ejemplo, construir un parque de aerogeneradores, esta organización les ofrece el dinero para realizar los estudios de impacto ambiental. Estos informes, en los que se mira el impacto en las aves o el entorno, pueden ser muy caros, por lo que representan un gran obstáculo. En este esquema, aquellos grupos que no consiguen un informe positivo para establecer el parque, la ayuda se transforma en una subvención que no tienen que devolver. En el caso de que consigan un informe favorable y puedan poner en marcha su proyecto, la ayuda se transforma en un crédito que tienen que retornar con un interés. También ofrecen consultorías técnicas, jurídicas e incluso consejos sobre gestión. Es un servicio que ayuda a reducir las barreras. Los escoceses están muy orgullosos de ello.

Además de un sistema favorable, ¿qué se necesita para crear un modelo con más cooperativas energéticas?

También tiene que ver con el tipo de cultura. En Dinamarca, por ejemplo, hay alrededor de mil cooperativas. Una vez, un profesor de ese país me explicó que en parte tenía que ver con que los daneses tenían una tradición de formar parte de asociaciones, ya sean deportivas, culturales o de cualquier tipo. Un danés medio pertenecía, me dijo, a 13 asociaciones. Yo, por ejemplo, soy miembro de seis asociaciones, pero a medida que te mueves hacia el Este, a los antiguos países comunistas, la participación disminuye. En el sur, aunque en menor medida, también hay menos.

¿Cuál cree que es la diferencia?

En el caso de los países del Este parece que a las personas les cuesta confiar unas en otras. Para formar una cooperativa, la confianza es un concepto muy importante. Y ese es el gran reto. Hay que conseguir que las personas vuelvan a confiar y cooperar otra vez. Algo que se construye desde niveles muy locales y que no se puede imponer por decreto. La generación de mis padres, que vivió entre dos guerras, estableció un movimiento social muy importante tras la II Guerra Mundial. Mis padres pertenecían al movimiento de trabajadores católicos que se reunían en asambleas donde planeaban la construcción de iglesias y se constituyó un sistema de seguridad social. Los ciudadanos hoy en día piensan más en términos de servicio. Ya no hay esa lucha social que conocieron mis padres, así que se relajan y esperan a ver qué pasa, lo cual es normal. Es algo que ocurre en las cooperativas también.

¿Usted lo ha visto en su proyecto?

Yo empecé como un activista antinuclear tras el desastre de Chernóbil, pero quería hacer algo y buscar alternativas. En 1991, los paneles solares eran todavía algo experimental así que, con unos diez amigos, pensamos en renovar un viejo molino de agua. Y aquí, en este mismo lugar donde estoy ahora, creamos una cooperativa que tiene 70.000 miembros y da electricidad al 2% de los hogares de Flandes. Pero muchos de nuestros miembros no están involucrados, y solo han participado con los 250 euros que exige ser miembro. Ellos reciben electricidad barata y, cuando tenemos beneficios, algunos dividendos. Eso está bien, porque si no para las asambleas generales necesitaríamos un estadio de fútbol, pero también hay que educar. Nosotros les enviamos un boletín con noticias, con consejos para consumir menos, y algunos se animan y vienen a nuestra fiesta anual. Pero la comunicación y la educación forman una parte esencial de este movimiento.

¿Qué tipo de personas son las que más se interesan en este tipo de proyectos?

Uno de nuestros problemas es que atraemos a muchos hombres de pelo gris con perfil técnico. Nos faltan jóvenes y mujeres. En las cooperativas se necesitan todo tipo de personas. Que entiendan de tecnología pero también de contabilidad, o de comunicación, o que ayuden a organizar los aspectos sociales del movimiento. Luego tenemos algunas señales de alarma que empezamos a ver, como cuatro cooperativas, una de ellas en España, que solo aceptan mujeres. Las cooperativas deben estar abiertas a cualquiera, independientemente de su género, religión o color, si no se va en contra de sus principios.

¿Cómo se superan esos obstáculos?

Igual que existen los Diez Mandamientos, nosotros tenemos los Siete Principios internacionales de las cooperativas. Y uno de ellos habla de la educación, tanto de los miembros como del público general. Esto es algo que hacemos a través de la federación europea, sobre todo en los países de Europa del Este que tienen fundaciones que quieren extender un modelo de democracia más participativo.

¿Por qué decidieron crear una federación con cooperativas de toda la Unión Europea?

En 2008, mis colegas y yo descubrimos que no estábamos solos y que había cooperativas muy antiguas en España, Italia, Alemania o Portugal. Sin embargo, en Francia apenas había alguna ya que, al tener un sistema monopolista público, a los bancos les parecía una locura que alguien quisiera establecerse como proveedor independiente de energía verde. Un grupo de ciudadanos franceses que querían crear una cooperativa se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos ayuda para establecer un banco de garantía. En ese momento, conocimos a alguien de la Comisión Europea que nos habló de ayudas para poner en contacto a ciudadanos de distintos países y así empezó nuestra federación. Ahora mismo, estimamos que hay unas 5.000 cooperativas energéticas alrededor de Europa. Y el número está creciendo. En Países Bajos, por ejemplo, tenían unas 70 cooperativas energéticas hace 10 años y hoy son más de 700.

Estimamos que hay unas 5.000 cooperativas energéticas en Europa. Y el número está creciendo. En Países Bajos, por ejemplo, tenían unas 70 cooperativas energéticas hace 10 años y hoy son más de 700

¿Qué es lo que querían conseguir cuando se unieron?

La Unión Europea empezó como una unión de negocios, del carbón y el acero, pero no como una democracia. Luego se estableció el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros. Lo que necesitamos ahora es que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan las mismas posibilidades para establecer comunidades y tomar el control.

Han conseguido que la Comisión Europea reconozca la necesidad de que la ciudadanía participe en la transición energética. ¿Por qué es importante?

Ha sido importante que nos reconozca como jugadores independientes. Que hayamos ganado derechos y también responsabilidades. Aunque no conseguimos todo lo que queríamos, logramos un 90% de nuestras peticiones. Pero ahora hemos tenido que empezar a pelear para que las compañías públicas no utilicen nuestra definición. Incluso las grandes empresas empiezan a intentar disfrazarse como comunidades energéticas.

¿Qué les queda por hacer?

La Unión Europea debe minimizar los obstáculos que impiden que los ciudadanos se organicen en grupos a través de una regulación y medidas que los ayuden a organizarse. Para que la promesa de la Unión Europea de apoyar a todos los ciudadanos europeos para constituir este tipo de comunidades sea real, se necesita un sistema que lo apoye y elimine las barreras. Se necesita que los ciudadanos confíen en el Gobierno y que sepan que la legislación no va a cambiar según quién esté en el poder. 

Desde la ventana de su casa, Suzanne Jeffrey puede ver la primera microcentral hidroeléctrica comunitaria en el río Támesis. Situada en el barrio-isla de Osney, en el oeste de Oxford, lleva ocho años funcionando con un impacto ambiental mínimo y un modelo económico que permite reinvertir parte de los ingresos en otros proyectos de descarbonización en la comunidad.

Jeffrey vive en esta parte de la ilustre ciudad desde el comienzo del milenio, pero este tramo del río, con sus saltos naturales de agua, ha atraído a pobladores desde el siglo XII para la construcción de la abadía de Osney y, con ellos, los primeros molinos hidráulicos. En plena época victoriana se levantó aquí la primera central térmica de carbón de la ciudad, que hizo uso del río para operar las turbinas de vapor y transportar el mineral durante sus casi ocho décadas de funcionamiento.

Hoy, el caudal es gestionado por la Agencia del Medio Ambiente a través de un sistema de esclusas y pequeñas barreras o azudes para mantenerlo a un nivel constante que permita la navegación de los famosos narrowboats o barcos de canal y evite los riesgos de crecidas. Sin embargo, la ciudad de Oxford se erige sobre una llanura aluvial y Osney es una de las zonas más sensibles a las inundaciones.

Quizá porque la fuerza de la naturaleza se manifiesta en estas calles de una forma muy real, una encuesta de 2001 ya mostraba el apoyo vecinal a la lucha contra el cambio climático, incluida la creación de la microcentral. “Tiene mucho más sentido aprovechar un recurso local que no perjudica al ecosistema que depender de un suministro que viene de Rusia. Hablábamos de esto mucho antes de que el conflicto estallara hace un año”, recuerda Jeffrey sobre aquel primer sondeo.

“Como problema global que afecta a un número creciente de personas, nos preguntábamos cómo podíamos contribuir desde nuestra comunidad a ser parte de la solución”, explica Saskya Huggins, una de las seis directoras voluntarias que se incorporó al proyecto años más tarde. Tras las devastadoras inundaciones de 2007, los vecinos empezaron a poner en marcha proyectos de energía solar financiados con subvenciones públicas y la venta de acciones. El éxito con los paneles fotovoltaicos les llevó a aplicar el mismo método en el más ambicioso proyecto de la microcentral hidroeléctrica.

Tras años de negociaciones, estudios técnicos e informes ambientales, la Agencia de Medio Ambiente aceptó alquilarles el terreno y otorgó las licencias, pero exigió incluir en el diseño de la instalación un paso de peces junto a la turbina. El canal, de 27 metros de largo y sembrado con unos cepillos de polipropileno para ayudar a los peces a descansar en sus 1,8 metros de ascenso, costó un tercio del presupuesto que tenían para la construcción de la planta, pero gracias a ella se esperan recuperar poblaciones de carpas, barbillas y lucios, entre otros.

Un paso seguro para los peces

“El Támesis es un río migratorio. Esta estructura significa que por primera vez en 200 años los peces pueden nadar corriente arriba en este tramo. Además, con el tipo de turbina elegido, un tornillo de Arquímedes, los peces pueden descender el caudal a través de él sin sufrir daño alguno”, cuenta Huggins.

Con un presupuesto total de 845.000 euros y 14 años de perseverancia, el proyecto entró en funcionamiento en 2015 con una vida útil de 40 años, la duración del alquiler. Instalada sobre un salto natural de agua y junto a un azud que ya existía propiedad de la autoridad ambiental, no necesitó ni desviar el cauce ni construir una presa. Opera entre finales de otoño y finales de primavera y el rendimiento depende de la meteorología y del caudal del Támesis. Si bien la producción media anual hasta la fecha se sitúa en 161.000 kWh, esperan llegar a los 179.000 kWh, la electricidad equivalente para abastecer a unas 60 viviendas.

Instalada sobre un salto natural de agua y junto a un azud que ya existía propiedad de la autoridad ambiental, no necesitó ni desviar el cauce ni construir una presa

Los vecinos que la gestionan calculan que la producción ha evitado emitir a la atmósfera 41 toneladas de dióxido de carbono al año. Además, los paneles solares en el tejado aportan otros 6.665kWh a la producción que se manda a la Agencia del Medio Ambiente, cliente principal ubicado convenientemente a la orilla del río. El excedente que esta no consume se exporta a la red nacional.

El rápido crecimiento de proyectos de energía renovables comunitarios en los últimos años requiere la actualización de un sistema eléctrico centralizado que no fue diseñado para transmitir electricidad generada localmente. Un problema con el que se toparon en Osney. “Aunque finalmente fue posible, los responsables de la red eléctrica no querían que conectáramos los paneles solares, además del generador de la turbina, porque no estaban seguros de que el sistema pudiera absorber ambos suministros”, recuerda la colega de Huggins, Ruth Finar.

Junto a la pequeña central, algunas casas del barrio están monitorizando –con la ayuda de contadores inteligentes, bombas de calor, paneles solares y sistemas de recuperación de calor– el gasto y la producción eléctrica para analizar el papel que las redes locales podrían tener en el suministro de electricidad. Huggins, experta en impacto social de energías renovables, trabaja en esta iniciativa llamada Proyecto LEO. “No se trata de ser autosuficientes, porque necesitamos estar conectados, sino de alcanzar un equilibrio local y así evitar los picos de demanda en la red central”, explica.

Descentralizar la propiedad, además de la producción

La descentralización de la producción puede además contribuir a una mayor igualdad energética siempre y cuando vaya acompañada de la descentralización de la propiedad, como indica el profesor titular de Energía Sostenible de la universidad Imperial College London, Iain Staffell: “Los individuos que invierten en generar renovables pueden beneficiarse de una factura de la luz reducida a largo plazo y estable frente a las fluctuaciones en el precio del gas. El sistema actual de grandes proyectos controlados por fondos de inversión extranjeros hace que los beneficios económicos se concentren en muy pocas manos”.

Los 200 miembros que sustentaron el proyecto de Osney, casi todos residentes en el condado de Oxfordshire, invirtieron entre 560 y 22.500 euros. “Hasta hace poco ha sido más rentable invertir en la planta que tener el dinero en el banco”, señala Finar, tesorera de la organización, en alusión al 4% de interés anual que reciben los participantes. Sin embargo, aclara que quienes apoyaron lo hicieron por motivos ambientales, no económicos. La intención de la organización es recuperar el capital invertido en los primeros 20 años para así incrementar la cantidad destinada a otros proyectos de descarbonización. En el último ejercicio fiscal, Finar afirma que la pequeña planta ha generado casi 70.000 euros de ingresos y un excedente de 27.000 euros para proyectos comunitarios, aparte de la hucha destinada a imprevistos y reparaciones.

El sistema actual de grandes proyectos controlados por fondos de inversión extranjeros hace que los beneficios económicos se concentren en muy pocas manos

Iain Staffell — Profesor titular de Energía Sostenible de la universidad Imperial College London

La proyección es que, en sus 40 años de vida, la microcentral llegue a generar más de dos millones de euros de excedente. Los residentes, agrupados en la organización Renovables Comunitarias del Oeste de Oxford (West Oxford Community Renewables), lo llaman “modelo de recorte doble de emisiones” (double carbon cut model), en referencia a las emisiones de CO2 que se evitan con los proyectos de energías renovables y las que se recortan al invertir en nuevas acciones para reducir la huella de carbono, promover formas de vida sostenibles y fortalecer el tejido social.

Beneficios que fortalecen el tejido social

Para gestionar ese excedente trabajan con otra organización vecinal, Low Carbon West Oxford, que emplea las donaciones de las renovables en proyectos ambientales sugeridos por miembros de la comunidad para la comunidad. Dando un paseo por la zona con el veterano voluntario de la organización Neville Scrivener, se puede ver el impacto que la modesta hidroeléctrica, junto con el resto de iniciativas renovables que participan de este modelo, está teniendo en esta parte de la ciudad.

Scrivener señala el centro social donde dos veces al mes asesora a vecinos sobre cómo ahorrar dinero y electricidad en el hogar. Con la factura de la luz a precios desorbitados, la asistencia puede variar desde información sobre ayudas económicas para rehabilitaciones energéticas hasta llaves para purgar el radiador o deshumificadores químicos.

Un poco más adelante, en un pequeño parque crecen los 500 árboles que plantaron el año pasado tras hacer un llamamiento vecinal y frente a él se encuentra uno de los colegios de primaria con los que colaboran educando sobre la emergencia climática desde la esperanza. En una calle cercana, un conjunto de viviendas sociales muestra paneles solares sobre los tejados, mientras que en el polígono comercial, los compañeros de Neville han iniciado acciones para que tiendas, empleados y consumidores reduzcan su huella de carbono. “Se trata de trabajar con individuos y comercios de la forma más amplia posible para conseguir cambios de comportamiento” que ayuden “a dejar el planeta en un estado decente para las generaciones futuras”, reflexiona Scrivener sobre el propósito de su labor.

Sin los incentivos económicos y fiscales de los que se benefició la microcentral de Osney y que ya no están disponibles, como el Feed In Tariff, Finar asegura que ahora es mucho más difícil poner en marcha proyectos hidroeléctricos a pequeña escala. La doctora Jasmin Cooper de Imperial College London reflexiona: “La inversión inicial necesaria para arrancar estos proyectos es importante, por lo que ayudaría contar con apoyo económico, además de soporte científico para garantizar que el tipo de tecnología utilizada sea el apropiado y el diseño tenga un impacto ambiental mínimo”.

Crecimos con la idea de que hay una sola forma de tener electricidad, pero haber podido pensar en comunidad otros modos de generarla y usarla me hace sentir muy orgullosa

Suzanne Jeffrey — Vecina implicada en la gestión de la microcentral

Si bien las energías renovables son clave para reducir las emisiones de carbono, la aprobación de una nueva mina de carbón en el norte de Inglaterra y la apuesta por la energía nuclear en los recientes presupuestos generales han puesto en cuestión el compromiso del Gobierno británico para alcanzar los objetivos climáticos. El territorio de las Islas Británicas es relativamente llano y la principal fuente de energía renovable es el viento, como demuestran los datos de National Grid, la red eléctrica. El año pasado la energía hidroeléctrica contribuyó un modesto 1,8% al total de la producción frente al 4,4% de la solar, el 5,2% de biomasa y el 26,8% de la eólica.

Pero en el pequeño barrio de Osney abrazado por el río Támesis, una comunidad muy concienciada con la emergencia climática está alumbrando el camino hacia la sostenibilidad energética. “Crecimos con la idea de que hay una sola forma de tener electricidad, pero haber podido pensar en comunidad otros modos de generarla y usarla me hace sentir muy orgullosa. Me encanta la microcentral y todo lo que representa”, concluye Suzanne Jeffrey antes de volver la vista hacia la pequeña construcción.

La Unión Europea tiene grandes objetivos para reducir sus emisiones. Pero la transición energética no saldrá gratis. Para cambiar a una energía limpia necesitamos abundantes metales que habrá que obtener con más minería y, en el mejor de los casos, con reciclaje. Los coches eléctricos, los paneles solares, los aerogeneradores y las baterías de almacenaje consumen grandes cantidades de litio, níquel, cobre, cobalto o aluminio. Las cifras de un estudio reciente de la universidad KU Leuven, en Bélgica, son abrumadoras. Para los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050, necesitaremos 35 veces más litio del que usamos ahora, el doble de níquel, tres veces más de cobalto, y entre siete y 26 veces más de tierras raras. ¿Podemos permitirnos un cambio con tantos costes? 

“La Unión Europea se enfrenta a un gran reto; por un lado, porque tiene limitaciones en la producción doméstica de metales”, explica la principal investigadora del estudio, Liesbet Gregoir, “por otro, porque la transición energética aumentará la demanda de estos recursos. Esto puede provocar una carencia en el mercado global. Europa depende de ese mercado, por lo que si no se toman medidas es probable que no tengamos suficientes metales y tierras raras dentro de 15 o 20 años”.

La dependencia de la Unión Europea en la transición energética es algo que ya se observa. En este momento, menos del 3% de las baterías de ion de litio —las que usan, por ejemplo, los coches eléctricos— se producen en Europa y más del 90% se importan de China, Japón y Corea del Sur. Tampoco hay una industria en Europa para el procesamiento de estos recursos. El litio, por ejemplo, que se consume en la UE, procede sobre todo de Australia, pero se refina en China.

Mejorar los estándares ambientales y sociales de la minería es imprescindible para que la transición energética reduzca sus costes. Algunos metales, como el litio, son abundantes en la naturaleza, pero su manera de extraerlo, bien por minas tradicionales abiertas, bien a través del bombeo de agua desde debajo de la tierra, producen problemas de contaminación del aire y el agua. Para hacernos una idea: una batería de un solo coche eléctrico de tamaño medio requiere entre  seis y ocho kilos de litio según un cálculo reciente que ha hecho la revista Nature, y cada tonelada de litio necesita la evaporación de unos dos millones de litros de agua, según otro cálculo de la organización Institute for Energy.

Tom Hegen es un fotógrafo alemán que se dedica a captar imágenes aéreas para documentar la huella que dejamos los humanos sobre la superficie de la Tierra. Son esos lugares donde se extraen, se refinan o se consumen recursos. Uno de sus últimos trabajos es el que mostramos aquí. Son las minas a cielo abierto de litio en el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos y menos poblados del planeta. “Más del 50% del litio mundial se encuentra en Iberoamérica, en el triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina. El Salar de Atacama contiene más de un 25% de los recursos del mundo. Pero la industria del metal está cambiando el paisaje. La mayor planta de evaporación se ve incluso desde el espacio”, nos cuenta desde Alemania.

Las nuevas técnicas de extracción directa del litio o de aguas geotérmicas tienen menor impacto, pero siguen siendo caras. Tanto el estudio de la universidad de KU Leuven como la investigadora Julia Poliscanova, directora de la división de coche eléctrico y baterías de la ONG Transport and Environment, apuntan a que, además de la extracción, necesitamos otras soluciones.

La clave está en el reciclaje

“Los metales pueden usarse indefinidamente, así que reciclar es indispensable”, explica Gregoir. “Una vez tengamos un volumen importante de metales circulando en el sistema tiene sentido reutilizarlos para reducir el coste social y ambiental. Eso será hacia el año 2035-2040. Pero aún estamos mal preparados. Todavía el reciclaje es poco interesante desde un punto de vista tecnológico y económico. No sale rentable. Debemos trabajar más en esto, igual que en el diseño de los productos, tanto para que necesiten menos metales como para que esos metales sean más fáciles de recuperar”, incide.

Julia Poliscanova prefiere ponerlo en términos positivos: “Más que un problema, lo podemos ver como una oportunidad. Se pueden crear nuevas regulaciones que protejan más el medioambiente. La industria del reciclaje debe crecer en Europa en vez de enviar las viejas baterías a China para que se haga allí. Además, hay que hacerlo antes de que llegue el momento de recuperar esos materiales. Si esperamos nos encontraremos con el mismo problema que tenemos ahora para conseguir el material de las baterías. Tenemos que estar preparados para el año 2030 cuando tengamos grandes volúmenes de baterías para reciclar”.

Finalmente, la escasez de metales tendrá que abordarse desde la perspectiva del consumo. Las ciudades necesitarán desarrollarse con un uso menor de estos recursos, como el transporte colectivo, o los productos tendrán que reducir el uso de materiales para cumplir su función. “No necesitamos conducir un tanque eléctrico que es lo que son muchos SUV hoy”, explica Poliscanova.

“Si no tenemos las materias primas será necesario que reduzcamos la demanda”, dice Liesbet Gregoir. “Y para eso tenemos dos medidas: hacerlo de forma tecnológica, creando productos que utilicen menos recursos, o mejorando el uso de esos productos, como promoviendo el coche compartido”.

La paradoja de la transición energética, con su necesidad de grandes cantidades de metales, plantea muchas cuestiones. El debate no deberá ser solo sobre el qué o el cuándo sino también sobre el cómo. La crítica a las consecuencias negativas de la minería, dicen estas expertas, es necesaria y pertinente puesto que puede originar otros problemas. Aunque, advierten, para la transición energética no hay otra alternativa.

“Si no realizamos la transición energética no vamos a sobrevivir. Nos vamos a abrasar”, dice Julia Polinoscava. “Pero, por supuesto, hay diferentes modos de hacer la transición. La podemos hacer mal y repetir los mismos errores que hemos cometido con la extracción de petróleo o la podemos hacer bien y combinar la transición energética que necesitamos con mejorar nuestra situación. Todo lo que usamos en este mundo requiere materiales así que garanticemos que haya regulaciones para asegurarnos que se usarán de un modo responsable”.

Una mañana de solazo de principios de julio, un grupo de vecinos de la calle de Gregorio Donas, en el sur de Madrid, mostraba con orgullo lo conseguido: poner una instalación de placas solares en la cubierta de su edificio. Ahí lucían, ocupando casi todo el espacio disponible, los paneles previstos para suministrar hasta el 80% de la electricidad que consumen las casas de 14 vecinos, el ascensor y las zonas comunes.

“Es para ahorrar en la factura de la luz, que tal y como están las cosas...”, se entusiasmaba en ese momento Teresita, vecina del tercero que se apuntó al proyecto. Hoy, la ilusión de estas personas, que han invertido una media de 3.000 euros –aunque esta cifra varía según el consumo de cada vivienda–, se ha convertido en una enorme frustración.

Ocho meses después de haberlas puesto, las placas siguen sin estar conectadas a la red eléctrica, así que, de los ahorros previstos, nada. “Estamos hartos. Unión Fenosa, que es la distribuidora de esta zona, nos ignora, pasa de nosotros olímpicamente; que si falta un documento, que si pone pegas…”, resume Andrés Almansa, vecino del ático que ha liderado todo el proyecto en su bloque. La empresa contesta a Ballena Blanca que “no ha sobrepasado en ninguna de las fases los plazos establecidos por la ley y ha aplicado en todo momento los criterios que esta marca para velar por la fiabilidad, seguridad y calidad del suministro”.

El 66% de la población del país vive en bloques de pisos, por lo tanto, cubrirlos es imprescindible si queremos llegar a una transición energética en manos de la ciudadanía

Laura Feijóo — Responsable del departamento de autoconsumo de Ecooo

El boom de instalaciones de autoconsumo solar –que la ciudadanía produzca la electricidad que consume y vuelque a la red la que le sobra recibiendo una compensación económica en forma de ahorro en el recibo– está ocurriendo sobre todo en casas individuales, no en bloques de pisos. Sin embargo, cada vez más comunidades de propietarios se atreven a poner placas en sus azoteas, animadas por algún vecino en el que confían y por los altos precios de la electricidad.

“El 66% de la población del país vive en bloques de pisos, por lo tanto, cubrirlos es imprescindible si queremos llegar a una transición energética en manos de la ciudadanía”, incide Laura Feijóo, responsable del departamento de autoconsumo de Ecooo, la compañía instaladora que se ha hecho cargo de las placas de la calle Gregorio Donas.

Pero el entusiasmo de las comunidades de vecinos que dan el paso está chocando con la lentitud de todo el proceso, algo generalizado en el país, según diferentes analistas consultados. “No hay ahorro hasta que finaliza la tramitación, en la que intervienen las consejerías de Industria, la comercializadora y la distribuidora. Y esta última está ejerciendo su rol de poder; como no hay competencia, si no lo quiere hacer, no lo hace. Responde tarde, apura los plazos o pide trámites que a veces no son obligatorios”, comenta Feijóo.

Alejandro Pons hace la misma llamada cada semana desde hace meses. Este jubilado de 72 años, habitante del municipio de Godella (Valencia), marca el número de la distribuidora Iberdrola; le atiende un operador y explica que quiere pedir un punto de conexión a la instalación de placas solares de su bloque. Él y otros siete vecinos colocaron el pasado julio sobre la cubierta que comparten 22 placas solares con una potencia total de 10 kilovatios para cubrir parte de los servicios comunes de ascensor y aparcamientos y el consumo doméstico de cinco vecinos.

“Doy el número de expediente y me dicen que un gestor tiene que hacer la supervisión en un plazo de cinco días. ‘¿Me pasa con el gestor?'. 'No puedo’, me responden. Pasan los cinco días y nada; y así cada semana, es desesperante. Al final uno se pregunta si es incompetencia o que no quieren”, relata fatigado.

Juan Sacri, director de Sapiens Energía, que se dedica a promover comunidades energéticas a nivel nacional, explica que, en su experiencia, la conexión a la red eléctrica en autoconsumo para una casa individual tarda entre dos y cuatro semanas. “Pero en los proyectos colectivos no hemos tramitado ninguna en menos de seis meses”. Sin embargo, no cree que el retraso, que coincide en que es generalizado, se deba únicamente a la distribuidora: “Se atasca en la comunicación que hay entre esta y la comercializadora, no se dedican recursos ni formación suficientes, el proceso no está estandarizado”, incide.

Guillermo es de la misma opinión. Él es uno de los 16 vecinos de una urbanización de Majadahonda, a las afueras de Madrid, que por fin ha logrado conectar su instalación colectiva a la red después de un año. Describe el proceso como una tortura. “Cuando todo estaba validado y el contador dado de alta, llegó un momento que fue como la película Los Vengadores: todo desaparece; mientras no haya comunicación entre la comercializadora y la distribuidora, no ocurre nada”. En el caso de esta comunidad de vecinos, él fue quien tuvo la iniciativa, con un objetivo claro de ahorrar en el recibo de la luz. “A ver, tengo cinco hijos, lo mío no es una motivación ecológica como la de otros”.

Cuando todo estaba validado y el contador dado de alta, llegó un momento que fue como la película Los Vengadores: todo desaparecía

Guillermo — Vecino de una comunidad de autoconsumo en Majadahonda (Madrid)

Los trámites se desatascaron solo cuando, después de entre 40 y 60 llamadas al servicio de atención al cliente de Iberdrola, el operador que le atendió le puso en contacto con el responsable de la distribuidora en esa zona. “Vino la contrata, puso un contador en cada casa, sincronizó algo y el contador ya funciona”. En cinco días estaba todo en marcha.

“Hemos detectado que en la fase denominada 'posibilitar contratación', que se produce tras la finalización de las obras, es donde se reciben la mayor parte de preguntas, peticiones y en algún caso reclamaciones. Lo cierto es que para emitir el contrato, la regulación obliga a que el cliente presente diferentes documentos que, según hemos podido ver, crean múltiples dudas y es el origen de gran parte de los denominados retrasos”, explica Iberdrola. También cuenta que en la fase de contratación debe firmarse un acuerdo entre todos los participantes del autoconsumo colectivo y que ahí “se pueden producir retrasos, puesto que la información entre las comercializadoras debe ser consistente”.

La ilusión de los pioneros

“Nos estamos cargando la ilusión de los pioneros, porque interés hay muchísimo; nosotros recibimos cada semana entre 10 y 15 peticiones de información. Convencer a los vecinos e instalar las placas al final está siendo lo más fácil”, explica Laura Feijóo, de Ecooo.

El problema de estos retrasos, en opinión de Joan Herrera, exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), es que impiden pensar a lo grande para que la ciudadanía tenga un papel en la transición energética hacia un modelo con renovables. Hoy, como actual director de Energía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, está pendiente de que Endesa conecte a la red eléctrica el proyecto de autoconsumo compartido por el que este consistorio ha adelantado un millón de euros para las placas que ha instalado en 22 tejados de edificios municipales, con una potencia de 750 kilovatios.

“Nuestra perspectiva es hacer una cesión de generación a favor de la ciudadanía, ya podríamos estar autoconsumiendo desde hace meses”, incide. La ley permite compartir la electricidad generada por autoconsumo hasta dos kilómetros de distancia del tejado donde se hayan instalado los paneles. “Eso es todo el ámbito doméstico de El Prat”, explica Herrera.

Para este jurista, la clave para agilizar todo el proceso estaría en desarrollar el papel de gestor de autoconsumo compartido, de modo que un solo interlocutor represente a la comunidad energética ante comercializadoras y distribuidoras, en lugar de que cada vecino tenga que comunicarse por su cuenta. “Esto existe en un Real Decreto Ley, pero no se ha desarrollado”.

Al final, quienes lo consiguen relatan que merece la pena, pero, como resume Guillermo, el vecino de Majadahonda: “¡Hay que ver lo que cuesta!”.

Es día de noviembre con solazo en El Realengo. En esta pedanía de 300 habitantes del municipio de Crevillente (Alicante), los vecinos tienen descuento en la factura de la luz solo por estar a medio kilómetro de una instalación fotovoltaica. Cuanto más sol, mayor es la cantidad de energía que generan los 300 paneles instalados sobre una marquesina gigante situada a la entrada del pueblo. “Es genial, es limpio, aunque mi marido dice que de todas formas la electricidad está carísima”, comenta Luisa, que dejó la ciudad para venirse a este lugar mínimo, mientras señala las placas. “Mira, también tenemos dos aparcamientos para recargar coches eléctricos”.

Esta pedanía ha sido pionera. Aquí empezó a funcionar en septiembre de 2021 una de las primeras comunidades energéticas del país, en un proyecto piloto financiado por la Unión Europea, avalado por el IDAE y promovido por la cooperativa Enercoop. La idea era buscar un modelo económico que desarrollara las renovables haciendo más partícipe a la gente. Sería mediante autoconsumo colectivo, es decir, convertir a los habitantes de este pueblecito en productores de electricidad renovable, la cual generarían desde una instalación comunitaria, y de cuyos ahorros podrían beneficiarse por estar situada a menos de 500 metros de sus casas. Esa distancia es la que permitía la ley en ese momento, ahora, el Gobierno ha anunciado que la aumentará a 2.000 metros.

“El problema es que la transición energética está siendo muy asimétrica, hay una barrera económica evidente; o tienes 8.000 euros para poner placas solares en una casa individual, o si optas por hacerlo en una comunidad de vecinos tienes que convencer a mucha gente; la comunidad energética busca modelos económicos para todos, también para los consumidores vulnerables que no pueden pagar”, comenta Joaquín Mas, director general de Enercoop.

En este caso, se trata de un modelo de reparto solidario, que aplica diferentes coeficientes de participación según el consumo de cada hogar. No es lo mismo quien pasa todo el día en casa que quien están todo el día fuera.

El municipio de Crevillente era un buen lugar donde poner a prueba este sistema, al tener algo distinto de la mayoría: la distribución de electricidad depende solo de esta cooperativa local, de la que prácticamente todos los habitantes son socios. Estamos hablando de 30.000 personas. “La cooperativa nació en 1925 por la necesidad de electrificar la industria textil; Crevillente era uno de los principales fabricantes de alfombras; a las compañías eléctricas no les interesaba este lugar, así que los empresarios la promovieron”, explica Mas.

Fina, también vecina de El Realengo, es otra de las personas que se beneficia de este proyecto, es socia de la cooperativa y por lo tanto puede descontarse en su factura parte del excedente producido por la instalación solar del pueblo. Está contenta, pero dice que el año pasado se notaba más. “A lo mejor ahorras 20 o 30 euros, pero es que está muy caro”. Y aquí entra el problemón energético que ha traído la invasión de Rusia en Ucrania. “Con esta situación nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, introducir la producción de energía a escala de ciudad nos hace menos vulnerables. Europa no es viable sin energía y la única vía son las renovables, las tenemos en cantidad suficiente”, dice con convicción Joaquín Mas de Enercoop.

“Con la invasión de Rusia en Ucrania nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad; la producción de energía a escala de ciudad nos hace menos vulnerables, la única vía son las renovables, las tenemos en cantidad suficiente

Joaquín Mas, director general de la cooperativa Enercoop

En general hace tanto calor en El Realengo que la conserje del ayuntamiento, que prefiere no dar su nombre, tiene en su casa dos aparatos de aire acondicionado. Así que ella apenas nota el ahorro, pero también opina que la instalación ayuda. “Y estoy muy contenta con la cooperativa, te trata muy bien, si no pagas un mes pues te espera, pero con Iberdrola uy, te cortan la luz como no pagues”.

El cálculo que hace la cooperativa es que 65 familias ahorran entre un 15% y un 20% en el recibo y que la instalación cubre más o menos el 50% del consumo. El resto lo compra a la red.

La instalación de El Realengo ha sido el primer paso, pero el objetivo es convertir todo el municipio de Crevillente en una comunidad energética, usando las cubiertas de edificios públicos y también privados. La cooperativa aspira a utilizar 21 espacios; por el momento ha ocupado cuatro en el casco urbano: el campo de fútbol, el centro de personas mayores, el polideportivo y el centro de Semana Santa. Las primeras facturas tendrán descuento a partir de 2023 y solo con estos puntos de producción se alcanza a 900 personas que vivan en un radio de 500 metros, pues el cambio a 1.000 metros y el anuncio de ampliar la distancia a 2.000 metros ha sido posterior a toda la tramitación. “Aumentar la distancia claro que ayuda, es multiplicar el número de consumidores que pueden beneficiarse. Lo idóneo sería pasar de 500 a 5.000”, matiza Mas.

Pero solo con las cubiertas de los edificios no será suficiente, incide este directivo. Por eso se va a desarrollar una planta fotovoltaica pegada al municipio. No funcionará en régimen de autoconsumo colectivo, pues estará más lejos de dos kilómetros, pero inyectará más electricidad de origen renovable en la red. “Será una energía producida de forma muy cercana, lo cual también es un beneficio”.

Hay gente que tiene placas solares en casa, otra pone dinero en algún proyecto fotovoltaico y luego hay superinversores. Sergio Genicio tiene 44 años y vive en Vitoria. No le sobra el dinero, pero en la fotovoltaica ha encontrado la forma de ahorrar. “Tengo la suerte de tener un empleo fijo, y en el banco al final no sabes qué van a hacer con tu dinero, así que mis ahorros por ahora los tengo de esta forma, sé exactamente dónde van”, cuenta. Desde 2013 Sergio ha invertido en unas 60 instalaciones fotovoltaicas, pero no se dedica a las finanzas ni nada de eso, trabaja como conserje en la ikastola Odon de Apraitz.

En un documental descubrió hace unos años la energía solar para producir electricidad. “Qué pasada, pensé, estamos aquí quemando carbón y con unas plaquitas puedes generar energía”. Empezó a indagar y le llamó la atención el proyecto Ecooo. Esta empresa de no lucro se dedica a comprar instalaciones fotovoltaicas ya construidas sobre cubiertas de edificios que están en mal estado, las pone a punto y después las abre a la inversión ciudadana. “Lo otro hubiera sido invertir en grandes plantas”, comenta este vitoriano, “pero para el común de los mortales no es asequible, sin embargo, aquí se puede entrar desde 100 euros”.

Cuando se le pregunta cuánto dinero ha invertido en total hace un breve silencio; prefiere no decirlo, pero sí que tiene activas 85 participaciones, que es tanto como haber invertido 85 veces. De hecho, es una de las personas con más contratos en un proyecto cuyos ingresos por la participación de particulares se han multiplicado por cuatro desde 2012, según plasma la entidad Ecooo en un informe reciente. De un millón de euros ese año ha pasado a más de 20 millones de euros en 2021, con 3.529 personas en 143 plantas.

Sergio, que no es financiero, habla de “diversificar” sus ahorros; le parece más seguro poner dinero en distintas plantas. Pero, sobre todo, este conserje que en el colegio donde trabaja coge el teléfono, ayuda a la comunidad educativa o hace tareas de limpieza, sabe muy bien por qué lo hace: “Mentalmente me gusta poner el dinero en lo correcto”.

Las plantas compradas fueron construidas hasta 2012, cuando todavía se daban ayudas económicas a la fotovoltaica condicionadas a un número de horas de producción. Fueron los años en los que una parte de este mercado fue a parar a grandes empresas y fondos de inversión, atraídos por las primas. Pero muchas instalaciones no han resultado tan rentables como se esperaba porque les faltan de horas de generación.

Comprar plantas ya construidas sobre cubiertas de edificios es una forma de usar un activo inutilizado que ya existe, explican en la empresa, para dar entrada a la ciudadanía a las renovables. Por otro lado, poner placas sobre los tejados acerca el punto de producción de la electricidad al de consumo, reduciendo las pérdidas en el transporte; y también anima a más gente a participar. “Tenemos que decidir si la transición energética será una réplica del modelo anterior o si redistribuimos el poder, que deja de existir si la electricidad se genera de forma distribuida”, incide el economista Mario Sánchez-Herrero, cofundador del proyecto.

Sergio metió dinero por primera vez en 2013 en una instalación de Lébrija (Sevilla). Puso 2.000 euros que había ido ahorrando en plantas sobre varias cubiertas de edificios municipales, cuya electricidad consumía el propio ayuntamiento, como el gimnasio o la biblioteca. Al cabo de un trimestre le empezaron a llegar las liquidaciones, remuneradas al 4,5%. Estos son proyectos a largo plazo que coinciden con la vida útil de esas plantas, de unos 20 años. “Más o menos, por unos mil euros invertidos recibes unos cinco cada trimestre”, explica el conserje.

Le siguieron llegando transferencias durante los dos siguientes años y desde entonces pone dinero más o menos cada mes. “Siempre que puedo”. Él suele reinvertir lo que recibe en nuevas participaciones. “A mí me encanta que esto sea entre mucha gente, no me entra en la cabeza cómo no hay muchas más personas que inviertan así”.

Más de 30 organizaciones, impulsadas por Greenpeace y la Fundación Renovables, denuncian en un manifiesto publicado hoy la opacidad en el proceso de transición energética hacia un modelo sin emisiones de efecto invernadero que se apoye en las tecnologías renovables.

En concreto, estas organizaciones, entre las que se encuentran Ecooo, Anpier, Som Energia, CECU, Coamba o Ecologistas en Acción, piden que este proceso no se realice siguiendo los intereses privados de las grandes compañías, sino que favorezca los intereses sociales y la mayor participación de los ciudadanos. El manifiesto incide sobre todo en el impacto del intercambio de favores entre empresas y el poder político como principal freno a que este proceso se realice de forma transparente y justa. “Uno de los mayores escollos con que nos encontramos a la hora de alinear el sector energético y eléctrico con los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático son los conflictos de intereses que derivan de la dupla poder político y poder económico”, escriben.

En su manifiesto señalan a dos compañías en concreto que frenan un avance más rápido hacia un cambio de modelo energético real en el país: Enagás y Red Eléctrica. “Otro de los obstáculos con que nos encontramos dentro del ámbito energético, es la operación y propiedad de las redes de transporte de gas natural, a cargo de Enagás, activo refugio de grandes fondos de inversión que obliga a dar rentabilidad, a través de dividendo, a sus accionistas. Si nos vamos a la operación y propiedad de las redes de transporte de energía eléctrica, vemos que el mismo patrón es recurrente en la empresa Red Eléctrica de España: todos los altos directivos son ex altos cargos de un amplio espectro político”.

Por estas razones, los firmantes piden la creación de un comité de expertos u órgano científico independiente “no vinculado a empresas del sector energético que informe y asesore a las instituciones europeas y nacionales”, regular dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la publicidad engañosa, así como modificar la Ley General de Publicidad “en materia de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto invernadero, para evitar la publicidad ilícita y, en concreto, la engañosa y desleal, de la misma forma que se hizo con los sectores de bebidas alcohólicas, tabaco o la dirigida a menores de edad”.

Los híbridos enchufables son “lobos con piel de cordero” en el mundo del motor, advierte la organización sin ánimo de lucro Transport and Environment, a partir de los resultados de un nuevo estudio que acaba de publicar.

Según el análisis, en el que se han utilizado datos de conducción real de unos 20.000 modelos de este tipo en Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Polonia, las emisiones de estos coches son hasta 2,5 más elevadas de lo que presentan los test de laboratorio y, en algunos casos, alcanzan casi los mismos niveles que los modelos nuevos de gasolina y diésel.

La advertencia es importante, pues los híbridos enchufables reciben ayudas por parte de casi todos los gobiernos europeos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Pero, además, porque sus ventas se están disparando. En España, por ejemplo, aunque al final se decidió reducir el incentivo a estos vehículos en el plan RENOVE —reciben 2.600 euros frente a los 4.000 euros de los eléctricos—, en el mes de septiembre se han contabilizado 1.974 matriculaciones nuevas, o lo que es lo mismo, un 265,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

“Ahora mismo, los híbridos enchufables se promocionan como vehículos de emisiones cero para las ciudades”, asegura el director de Transport and Environment en Reino Unido, Greg Archer. “Sin embargo, se trata de una campaña de marketing engañosa. A menos que la batería se recargue con frecuencia, estos coches pueden incluso tener efectos más perjudiciales para el clima que los convencionales”.

Según el análisis, las emisiones de los híbridos enchufables durante su vida útil en condiciones reales son de unas 28 toneladas, mientras que los de gasolina rondan las 39 toneladas y los diésel, las 41. En comparación, un coche eléctrico emite unas 3,8 toneladas de CO₂. “Lo que queremos señalar es que la mejor alternativa es el coche eléctrico”, explica por teléfono, “y que no nos debemos engañar”.

Los vehículos híbridos enchufables son aquellos que combinan un motor eléctrico con otro de  combustión, y utilizan una batería que se recarga a través de puntos externos, donde se enchufan. Estos autos también acumulan energía en el frenado del vehículo (al igual que los híbridos convencionales), aunque de este modo se obtiene menor carga que al enchufarlos.

En principio, ofrecen ventajas ambientales, pues con una batería llena, la mayoría puede cubrir hasta unos 40 kilómetros en modo eléctrico. Y, por eso, se suelen vender como coches con las ventajas de un coche tradicional pero de cero emisiones para distancias cortas.

Sin embargo, según Transport and Environment, la teoría no se cumple casi nunca en la vida real. Entre los dos mayores problemas que se encontraron en el uso diario es que los conductores no suelen recargar las baterías tan a menudo como sería necesario. Además, los vehículos utilizan el motor de combustible para funciones tan básicas como calentar el vehículo por lo que, en muchas ocasiones, aún estando en modo ‘eco’, el coche en realidad está utilizando combustible como un auto convencional.

“Estos coches presentan varios inconvenientes para reducir las emisiones”, explica Archer. “Por un lado, necesitan recargarse continuamente por la reducida capacidad de sus baterías (suelen cubrir algo más de 30 kilómetros habitualmente) pero, además, por razones técnicas es muy difícil usarlos como coches eléctricos en trayectos largos, que es cuando realmente todos los coches emiten la mayor parte de sus emisiones de CO₂. En ese caso, llevar una batería supone incluso una desventaja porque los hace pesar más”.

Para el experto en vehículos eléctricos de la Universidad de Loughborough, Andrew Fly, sin embargo, los híbridos enchufables sí pueden cumplir una función beneficiosa en la transición hacia el modelo eléctrico. “Sin duda, el coche eléctrico es mucho mejor”, nos explica, “pero cuando falta la infraestructura para recargar los vehículos o uno necesita hacer viajes muy largos sin posibilidad de cargar la batería, puede ser una buena opción”.

Transport and Enviroment, junto con Greenpeace, está intentando presionar al Gobierno de Reino Unido para que prohíba la venta de vehículos híbridos enchufables al mismo tiempo que los modelos de gasolina y diésel. En su opinión, solo de esta forma se empujará la aparición de un mercado más competitivo en el coche eléctrico.

“Los gobiernos deberían dejar de apoyar este tipo de coches ya que no ofrecen un beneficio real”, concluye Archer. “Para reducir emisiones la mejor alternativa es el vehículo eléctrico y es ahí donde deben concentrar su esfuerzo”.

¿El principio del fin de las grandes petroleras? Esta es la pregunta que se hacen algunos analistas tras el anuncio el pasado 25 de agosto de la expulsión de la petrolera ExxonMobil del prestigioso índice bursátil Dow Jones.

Si bien la decisión se debe en gran parte a la necesidad de representar en el indicador el mayor peso que tienen las empresas tecnológicas en la economía de Estados Unidos, ExxonMobil era el miembro más antiguo de este índice, con presencia desde 1928, y hasta hace poco se consideraba la compañía con más capitalización del mundo. Además, llega justo cuando este país se ha convertido en el mayor productor mundial de crudo gracias a la nueva técnica del fracking, y mientras Donald Trump muestra su apoyo incondicional a este sector.

Por esta razón, la expulsión, según algunos analistas, es posible que refleje una tendencia más general. “Las implicaciones de la salida del índice Dow son más simbólicas que prácticas”, explica la analista financiera del Instituto para la Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Kathy Hipple. “Es improbable que tenga un efecto en cómo ExxonMobil gestiona su negocio o en el valor de sus acciones, pero señala el declive de las perspectivas financieras de la industria del crudo en general. La expulsión del índice Dow Jones evidencia que el petróleo es mucho menos poderoso que antes y que su estatus, influencia y capacidad financiera está menguando”.

Con la salida de ExxonMobil solo una petrolera permanece en el indicador que refleja las supuestas 30 mayores compañías en el mercado bursátil de Estados Unidos, la mucho más pequeña Chevron.

El motivo, apuntan los especialistas, tiene que ver con que Chevron ha tenido una gestión más exitosa y sus acciones, una tendencia más favorable (los títulos de ExxonMobil han pasado de 104 dólares en 2014 a 42 dólares en el mercado de hoy). Sin embargo, se debe también al menor peso del sector.

“El promedio industrial de Dow Jones está diseñado para plasmar el mercado de acciones de Estados Unidos”, explica Hipple, “pero ExxonMobil, así como otras grandes compañías de petróleo, han disminuido su porcentaje durante años. Por ejemplo, en el índice S&P 500, que incluye a muchas más compañías, el petróleo y el gas representan menos del 2,3% del valor total del mercado. Por eso el índice Dow cada vez tiene más complicado justificar la presencia de cualquier petrolera en su lista, mucho menos la de dos”.

S&P Dow Jones, la compañía detrás de la creación del indicador, ha explicado que la principal razón de la expulsión de ExxonMobil ha sido el desdoble de acciones de Apple, que ante el gran valor que ha alcanzado, ha dividido sus títulos para reducir su precio individual. Con la salida de parte de Apple, las empresas tecnológicas perdían peso en la lista de las 30 mayores compañías, así que han decidido sustituirla por Salesforce.com, una empresa de software en la nube. En la restructuración también han salido la farmacéutica Pfizer y la empresa de armamento Raytheon, que han sido reemplazadas por la biotecnológica Amgen y la industrial Honeywell.

Sin embargo, incluso algunas grandes energéticas han empezado a aceptar que es posible que el crudo haya alcanzado su pico de demanda. El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, confesó que era probable que la crisis del sector por los efectos del coronavirus se prolongara en el tiempo. “¿Puede que hayamos llegado al pico del petróleo? Posiblemente, posiblemente. Yo no lo descartaría”, dijo en una entrevista reciente con el diario financiero Financial Times.

ExxonMobil, sin embargo, no parece dudar de su modelo. En la última década, la compañía ha apostado por grandes inversiones en gas de esquisto y apenas se ha interesado por el sector de las renovables. Pero para Kathy Hipple, puede que esto suponga un error.

“Estas compañías tienen problemas para hacer frente a la transición energética que estamos viviendo, en la que la energía renovable es más barata que el petróleo y el gas en muchos lugares del mundo. ExxonMobil no cree que estos cambios impliquen que ellos tengan que cambiar. Pero por lo visto Dow no está de acuerdo”.

La petrolera española fue la primera en anunciar, a finales de 2019, su objetivo de alcanzar “cero emisiones netas” en 2050. Después le han seguido otras grandes del sector, generando un nuevo fenómeno.

Ahora bien, ¿puede realmente una empresa de petróleo, cuya actividad es quemar la energía fósil más contaminante, reducir drásticamente sus emisiones?

En primer lugar: ¿Qué quiere decir 'cero emisiones netas'?

Como describe el analista David Doherty, de la organización Bloomberg New Energy Finance, dedicada a la investigación de la transición energética: “Cero neto no significa cero”. Este es un término que se ha extendido en los últimos meses utilizado por empresas y gobiernos, pero sobre el que no existe aún una definición universalmente aceptada.

El analista Andie Stevens, director de la organización Carbon Trust, una consultora especializada en cómo alcanzar economías bajas en carbono, ha trazado el origen del término: “En junio de este año (en referencia a 2019), el Pacto Mundial de la ONU, We Mean Business Coalition y la iniciativa Science Based Targets (SBTi) lanzaron una llamada a la acción para que las empresas privadas alinearan sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con la limitación del aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, o de establecer una meta pública de llegar a las emisiones netas iguales a cero para el año 2050”.

Desde entonces, la palabra se ha extendido como la pólvora en los medios y entre académicos, pero curiosamente aún no existe una definición precisa ni, sobre todo, científicamente consensuada. Ese es precisamente el ejercicio que lanzó hace unos meses la iniciativa Science Based Targets, publicando un documento para el debate con una propuesta concreta para las empresas: “Alcanzar un estado en el que las actividades desarrolladas dentro de la cadena de valor de una empresa no causen ningún impacto neto en el clima debido a emisiones de gases de efecto invernadero. Este objetivo se logra mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de valor, de acuerdo con las trayectorias de 1,5 °C, y al equilibrar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero restantes con un número apropiado de compensaciones de carbono”.

Simplificando mucho, podría decirse que cero emisiones netas sería algo así como no emitir más de lo que los bosques son capaces de absorber de forma natural.

¿Qué significa entonces el compromiso de Repsol de alcanzar ‘cero emisiones netas’ en 2050?

Para calcular la huella de una empresa en lo que respecta al cambio climático hay que tener en cuenta tres tipos diferentes de emisiones: las llamadas emisiones de alcance 1 son las directas generadas por la propia compañía (en este caso en pozos de extracción, refinerías, buques, camiones…). Las de alcance 2 se refieren a las causadas por otros para suministrar energía a la empresa (las producidas para generar la electricidad que hace funcionar sus plantas industriales y oficinas). Y luego están las de alcance 3, aquellas generadas de forma indirecta cuando se utilizan los productos que vende la empresa (las que salen del tubo de escape de los coches que usan la gasolina de las petroleras).

Las de alcance 1 y 2 son las más sencillas, pues apenas representan el 15% de las emisiones del sector energético, según la Agencia Internacional de la Energía. Así, y como incide la agencia Bloomberg New Energy Finance: “Centrarse en las emisiones de alcance 1 y 2 significa muy poco para responder al desafío de adaptar las grandes compañías petroleras a un mix de energía fundamentalmente bajo en carbono”.

Repsol sí incluye las emisiones de alcance 3, solo que abarca las emisiones de sus productos, pero no las de aquellos que compra a terceros. Esto es muy importante, pues la compañía no produce todo el petróleo que vende, sino tan solo la mitad.

¿Cómo planea entonces Repsol reducir sus emisiones para ser neutra en carbono en 2050?

La petrolera lo explica así: “Para alcanzar este objetivo, Repsol plantea nuevas metas de reducción de su indicador de intensidad de carbono sobre la base del año 2016: del 10% en 2025, del 20% en 2030 y del 40% en 2040, para avanzar hacia las cero emisiones netas de CO₂ en el año 2050. Con los avances tecnológicos hoy previsibles, Repsol asegura que se pueda alcanzar al menos el 70% de reducción de emisiones netas para ese año y la compañía se compromete a aplicar las mejores tecnologías para elevar esta cifra, incluyendo la captura y almacenamiento de CO₂. Adicionalmente, en caso de que ello no fuera suficiente, Repsol compensará emisiones mediante reforestación y otras soluciones climáticas naturales para alcanzar cero emisiones netas en 2050”.

¿Qué es el indicador de intensidad de carbono?

Se refiere a las emisiones por unidad de energía, es decir, por barril de crudo, no a las emisiones totales de la petrolera. Como analiza el especialista David Doherty: “Se podría duplicar la producción de petróleo y seguir reduciendo la intensidad de carbono. Pero lo importante es la reducción de las emisiones totales, no cuánto se haya reducido”.

¿Se puede reducir emisiones mediante la reforestación y la captura de CO₂?

La conclusión de Bloomberg New Energy Finance: “Es casi imposible descarbonizar la producción y el uso de energías fósiles mediante la captura y secuestro de carbono, su papel es muy limitado”. Esto se debe a que esta tecnología, que consiste en retener el CO₂ y evitar que sea lanzado a la atmósfera, es muy cara y tras años de investigación aún no se ha demostrado su viabilidad en ningún país del mundo.

En cuanto a la reforestación, ya no estamos hablando de reducir las emisiones de la producción de petróleo, sino de compensarlas plantando árboles.

¿Es creíble entonces el compromiso de Repsol?

“A ver, todo se puede compensar, la pregunta es si eso es válido, porque no es reducir emisiones, es contabilidad”, concluye Doherty. A este analista, estos compromisos de las petroleras le parecen “confusos y muy difíciles” de alcanzar. En realidad, estas compañías están ganando tiempo para transformar su negocio, pues el petróleo hoy en día es cambio climático. La cuestión es si el plazo hasta 2050 para garantizar la viabilidad empresarial es compatible con lo que los humanos necesitamos ante la crisis climática.

Preguntada por algunos aspectos de su plan, Repsol no ha respondido a las preguntas de Ballena Blanca.

Un 40% de la generación eléctrica de la Unión Europea durante la primera mitad de 2020 fue de origen renovable, lo que supone un aumento de un 11% respecto al mismo periodo del año pasado y un ahorro de un 23% de las emisiones de CO₂ derivadas del sector eléctrico europeo.

Así lo pone de manifiesto el informe anual sobre el sector eléctrico europeo, que el think tank Ember elabora cada año a partir de los datos de producción de la La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad y cuyos resultados de 2020 ha hecho públicos este miércoles.

El documento revela que, por primera vez en la historia, las renovables han superado a los combustibles fósiles en la generación eléctrica de la Unión Europea. La paralización de la actividad económica por la COVID-19, que ha reducido la demanda de electricidad en un 7%, ha sido un agravante para la ya de por sí mala situación de la que partían algunos combustibles fósiles, que en su conjunto han generado un 18% menos en 2020 si se comparan con el mismo semestre de 2019.

El análisis incide en que en España la generación con carbón ya se había desplomado (con una bajada de un 58%) antes incluso de que el país desconectase la mitad de sus centrales térmicas de carbón en junio. Portugal redujo su producción con carbón en todavía mayor medida: un 95%. 

De todos, este combustible fósil fue el que se llevó la peor parte, dicen los especialistas, porque su producción en la UE disminuyó un 32%. “De ese porcentaje, la hulla cayó un 34% y el lignito un 29% en la primera mitad de 2020 en términos interanuales”.

La caída del carbón fue tan severa que arrastró consigo al gas, cuya producción este año se contrajo un 6% en la UE.

El pinchazo del gas fue especialmente notable en España y en Italia, donde la generación eléctrica fue, respectivamente, un 20% y un 16% menor en comparación con el año pasado. “Con la baja demanda de electricidad reduciendo regularmente la generación de carbón a casi cero, la de gas —como el siguiente combustible más caro— comenzó a ver grandes caídas”, explican los autores del estudio, que señala 2019 como probablemente “el pico del gas en el sector de la energía, frustrando cualquier esperanza de resurgimiento de la industria del gas a medida que las unidades de carbón se cierran”.

Este declive fósil hizo que el sector eléctrico europeo se ahorrara emitir 76 millones de toneladas de CO₂, uno de los principales gases de efecto invernadero culpables de la crisis climática.

Sol y viento

A medida que la producción eléctrica con carbón y gas se ha desinflado, la de sol y viento ha ido ganando más parte de la tarta.

Desde 2016, el carbón europeo ha perdido la mitad de su cuota de mercado hasta suponer apenas el 12% de la producción eléctrica de la UE. En paralelo, la energía solar y la eólica casi han duplicado su cuota de mercado en el mismo periodo: desde el 13% que tenían en 2016 hasta el 21% y 22% que aportaron en 2020.

Ambas fuentes de energía renovable han cogido fuerza este año, con aumentos del 16% en el caso de la solar y el 11% en el de la eólica, y con cuotas de mercado “sin precedentes” durante la pandemia.

La crecida de las renovables (un 11% más que en 2019) se debió, fundamentalmente, a la mayor instalación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas, y a las condiciones meteorológicas que las han favorecido: tiempo soleado y un febrero con viento en buena parte de Europa, resume el informe. Además, una temporada mojada sobre todo en las regiones nórdica e ibérica ha impulsado la generación hidroeléctrica.

Sólo la eólica y la fotovoltaica representaron el 22% de la generación eléctrica de la primera mitad de 2020, sin que hubiera una sola interrupción de suministro reportada durante el invierno, precisan los especialistas.

La hidroeléctrica, por su parte, fue responsable del 13% de la electricidad europea en 2020, mientras que la biomasa supuso un 6%. Sin embargo, respecto a esta última fuente de electricidad el documento matiza que sus beneficios climáticos no se pueden equiparar a los del sol y el viento, en tanto que un 15% de su generación proviene de la quema de masa forestal para reemplazar el carbón en las centrales.

En Nueva Zelanda preocupan más las emisiones de las vacas que las de las fábricas o los coches. En un país con más de estos animales (seis millones) que habitantes (4,8 millones), la agricultura representa el 48% de las emisiones del país.

Por ello es especialmente relevante la ley aprobada el 22 de junio, una reforma muy ambiciosa del mercado de derechos de emisión nacional, la principal herramienta que tiene Nueva Zelanda para mitigar los efectos del calentamiento global. La norma incluye por primera vez la agricultura. “Nueva Zelanda se convierte así en el primer país del mundo que pone un precio a las emisiones de la producción de alimentos, la carne, la leche, los lácteos”, aclara desde Berlín el neozelandés Alexander Eden, analista jefe en ICAP, un think tank dirigido a gobiernos y autoridades públicas que han implementado o prevén implementar un sistema de comercio de emisiones.

Está previsto que el mecanismo entre en vigor en 2025, y para conseguirlo, el Ministerio de Cambio Climático capitaneado por el ministro James Shaw, ha llegado a un acuerdo con los agricultores para buscar salidas a una cuestión nada fácil de resolver: cómo reducir las emisiones de metano que generan los estómagos de los rumiantes, y que suponen el 35% de los gases de efecto invernadero del país. “Al final, se trata de reducir el número de vacas”, comenta Eden.

Pero visto lo que representan estos animales para la economía del país, el Ejecutivo y los granjeros se han dado hasta 2022 para crear todo un sistema de control de emisiones de las granjas y que sean los propios agricultores los que analicen de qué forma pueden reducir emisiones en su actividad. “Si esto no funcionara, pues son miles de explotaciones, pasarían al plan B, que consiste en que las fábricas transformadoras que les compran la materia prima fijen un precio en función de las emisiones de sus productos. Estamos hablando de 100 empresas, es mucho más factible”, matiza el analista Eden.

Respecto al óxido nitroso, que supone el 22% de las emisiones agrícolas en Nueva Zelanda, la solución es más sencilla. La ley prevé que se penalice (aún no está decidido cómo) la compra y el uso de fertilizantes.

Pero lo que más inquieta a los agricultores es la pérdida de competitividad que este precio al CO₂ les supone, pues la mayor parte de su producción se exporta, así que compiten con países donde este extracoste no existe. Por ello está previsto que el Estado asuma en la primera etapa el 95%. Para el analista Eden, el paso que ha dado Nueva Zelanda es un asunto de futuro: “El país está asumiendo que no se trata de tener más productos, sino de que sean de mejor calidad, y eso significa menos emisiones”.

Tras varios meses de investigación, la organización inglesa Global Witness desvela en un informe publicado esta semana el complejo proceso por el que las principales compañías de infraestructuras de gas en Europa se han beneficiado de 4.000 millones de euros en subvenciones para construir conexiones de gas entre países de la Unión Europea.

La principal anomalía por la que este grupo de 44 empresas –entre ellas Enagás y Reganosa– se han embolsado el 87% del dinero público europeo dedicado a infraestructuras de gas está en la propia ley europea, analizan los autores de Global Witness, en la que estas empresas tienen una “influencia inapropiada”.

En 2013, la UE aprobó la ley llamada Trans-European Networks-Enery (TEN-E), con el propósito de mejorar las conexiones de gas entre los Estados y mitigar el impacto de posibles desaprovisionamientos de países como Rusia. Esta regulación define qué proyectos de electricidad y gas son prioritarios para la UE (Proyectos de Interés Común) y los subvenciona con dinero público.

“Este sistema tiene un problema: otorga un excepcional poder sobre la política europea a una oscura estructura de compañías de gas llamada ENTSOG. Según la ley, las empresas de ENTSOG ayudan a la UE a estimar cuánto gas necesita y a la Comisión Europea sobre qué proyectos de infraestructuras de gas apoyar”.

Es decir, las mismas compañías que por ley estiman la demanda de gas son parte de la decisión sobre dónde son necesarias nuevas infraestructuras y después se benefician de las ayudas para construirlas.  

“A menos que este tipo de influencia dañina se controle, Europa está condenada a más consumo de energía fósil durante décadas; una catástrofe climática que el mundo puede que nunca sea capaz de revertir. Romper el poder de estas grandes compañías es clave en el compromiso de la Unión Europea de luchar contra la crisis climática”, ha explicado en una nota Murray Worthy, jefe de la campaña de gas en la UE para Global Witness.

Sin embargo, desde ENTSOG se asegura que no existe ningún conflicto de intereses. En las respuestas de esta organización a preguntas de Global Witness, responden: “El proceso de los Proyectos de Interés Común es responsabilidad de la Comisión Europea. ENTSOG simplemente facilita información y solo participa como expertos en este proceso”.

Por su parte, Murray se refiere a que, curiosamente, este grupo de empresas ha sobreestimado sistemáticamente la demanda de gas en Europa. Para el periodo 2013-2019, Global Witness ha analizado que las proyecciones de ENTSOG son entre un 5% y un 21% superiores a la demanda real cuando se comparan con las cifras de la propia Comisión Europea e incluso de BP, que cada año realiza un estudio con la demanda y consumo reales y proyecciones.

“Si la Comisión Europea piensa que la UE usará más gas, entonces lo apoyará, y potencialmente subvencionará proyectos caros e innecesarios”, concluyen los autores de la investigación.

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Un nuevo aerogenerador modular de madera, que asegura ser “tan resistente como el acero” y poder reducir los costes de esta tecnología a la vez que disminuir de forma drástica su impacto medioambiental, acaba de instalarse en las afueras de Gotemburgo, en Suecia.

El aerogenerador, que se evaluará en los siguientes meses para poder entrar en su fase comercial en 2022, se basa en un sistema modular que permitirá adaptar con facilidad la altura de las torres y utiliza un tipo de madera laminada que, además de robusta, se puede reciclar.

“Se trata de un avance importante que abre el camino para la generación de nuevos aerogeneradores”, dice Otto Lundman, presidente de la compañía que factura este nuevo modelo, Modvion AB. “La madera laminada es más resistente que el acero para el mismo peso y además permite reducir las emisiones de dióxido de carbono tanto en la fabricación como por su condición de almacén natural de CO”.

Según la compañía, debido a las propiedades inherentes de la madera, que captura y almacena CO durante su crecimiento como árbol, una torre de madera podría reducir hasta 2.000 toneladas de emisiones y ofrecería el beneficio de poderse reciclar. Al contrario que muchas de las torres convencionales, que acaban en vertederos tras su ciclo útil, en general entre 20 y 25 años.

 “La madera tiene propiedades fantásticas, por lo que debemos usarla más si queremos cumplir con nuestros objetivos climáticos”, dijo Johan Åhlén, de la compañía de laminados Moelven Töreboda.

La posibilidad de utilizar madera de forma que antes no era posible se ha producido gracias a los avances en las ciencias de nuevos materiales y, para algunos, es una de las pocas alternativas sostenibles hoy en día en la construcción.

Según la Asociación Mundial del Acero, el acero produce entre un 7% y un 9% de las emisiones totales y, a pesar de algunos avances en las mejoras en su eficiencia, se espera que siga aumentando por una mayor demanda mundial.

En el caso de los aerogeneradores, además, el acero conlleva otro problema, ya que debido al volumen actual de las torres, el triple que hace unas décadas, son difíciles y caras de transportar. La posibilidad de realizar las torres por módulos solventaría este inconveniente, y reduciría drásticamente el coste en la producción.

El primer aerogenerador de madera se construyó en Alemania en 2012 con varias estructuras reforzadas con acero y ha continuado siendo una de las áreas de investigación para reducir el coste ambiental de esta tecnología. Aparte de algunos ejemplos aislados, la mayoría son construcciones pequeñas, por lo que no han podido sustituir el acero y el hormigón.

La torre que se ha instalado en Gotenburg con fines de investigación tiene 30 metros, pero Modvion espera empezar su operación comercial en 2022 con una torre de 110 metros de altura para Varberg Energi y otra de 150 metros para Rabbalshede Kraft.

El Centro de Energía Eólica sueco está apoyando los pasos en esta innovación.  “Se espera que la energía eólica sea la fuente de energía mayoritaria en la UE tan pronto como en 2027”, dijo su director en la presentación de la torre. “Con aerogeneradores de  madera, la energía renovable que obtendremos será incluso más eficiente para encarar la crisis climática”.

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El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, es uno de los economistas que más se están posicionando respecto al rumbo que deberían tomar los paquetes de recuperación que preparan los gobiernos para afrontar el impacto económico por la crisis del coronavirus.

Hace unos días se reunió telemáticamente con la comisaria de energía de la Unión Europea, Kadri Simson, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para asesorar a la UE sobre el papel que a su juicio debe desempeñar la transición energética en la estrategia de recuperación económica que planea Bruselas. Para Europa, Birol pide impulsar la transición a energías limpias y eficientes.

Aunque las emisiones globales de CO2 “es posible que disminuyan” este año a causa de la ralentización de la economía por la pandemia, Birol considera que esto no puede ser motivo de celebración.

Esta crisis sanitaria va a afectar severamente a la industria. ¿Está amenazada también la transición energética?

La transición energética está seriamente en riesgo si los gobiernos no toman medidas. Hay dos razones para pensar esto. Una es que durante la crisis financiera de 2008 las emisiones globales disminuyeron, pero cuando la economía se recuperó vimos un gran crecimiento de las emisiones de CO2. Ahora, podremos ver una tendencia similar si los paquetes de recuperación de la economía que plantean los gobiernos no sitúan la transición energética en el centro.

La segunda razón es que estamos viendo que muchas empresas de energía renovable se están encontrando con enormes dificultades y el apoyo de algunos gobiernos se está contrayendo debido a sus limitaciones presupuestarias. Todo ello al riesgo de que la transición hacia la energía limpia se ralentice o incluso se detenga.

En mi opinión, la probable reducción de emisiones globales de este año no es algo de lo que debamos alegrarnos, pues será a costa de que la gente está muriendo y de que la economía está colapsando. Las emisiones no deben disminuir por esas razones, sino para hacer a la gente más saludable, para lograr una vida mejor, no al contrario.

Aunque las emisiones de CO2 han disminuido, las concentraciones de CO2 en la atmósfera están aumentando.

Sí, eso es correcto. Pero incluso la reducción de las emisiones de CO2 no es una buena noticia para mí. Si no tomamos las medidas adecuadas, las emisiones se recuperarán muy pronto.

En EEUU, la Agencia de Protección Ambiental ha relajado la regulación ambiental; en Europa, las compañías de coches piden lo mismo. ¿Puede haber un receso en las medidas ante la emergencia climática? ¿Qué posición se debe tomar?

La primera gestión de crisis que los gobiernos deben abordar en este momento es el problema médico, la pandemia. En segundo lugar, los gobiernos deberían crear cortafuegos alrededor de sus economías. Esto significa ayudar a la gente que ha perdido su trabajo, a las empresas que han perdido sus clientes y a los bancos que de otra manera se desestabilizarían.

Debemos reconocer que estas son las dos tareas prioritarias. Sin embargo, después de la cuarentena emergeremos en un nuevo mundo y este mundo estará diseñado en buena medida por los nuevos paquetes de estímulo. Estoy hablando con casi todos los gobiernos que están en el proceso de preparar paquetes de estímulo y estos incluyen cantidades de dinero que pueden ser una oportunidad única para esta generación, que determinarán el futuro de las economías del mundo.

Esa es la fase importante en la que debemos poner las políticas energéticas correctas dentro de los paquetes de estímulo. Aquí, en mi opinión, hay varias áreas a las que los gobiernos deben prestar mucha atención. En Europa, una muy importante es el programa de modernización de los edificios para mejorar la eficiencia energética.

Pero esto ya estaba contemplado en el Acuerdo Verde Europeo

Sí, pero yo no daría por sentado que eso siga adelante. Prefiero asegurarme de que sigue adelante y de que se haga con el apoyo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, que en comparación con hace 10 años son hoy mucho más baratas. Y también es importante mirar a las nuevas tecnologías, desde electrolizadores para el hidrógeno hasta baterías para coches eléctricos.

Una cosa que quiero dejar bien clara es que diseñar los paquetes de transición energética dentro de los enormes programas de estímulo económico no está en contradicción con la recuperación de la economía. Las sugerencias que estamos haciendo a los gobiernos de todo el mundo, incluida la Comisión Europea, comportan una vía de creación de empleo y ayudan a preparar una economía robusta al tiempo que aceleran la transición a una energía limpia.

En EEUU, las compañías aéreas piden ser rescatadas y senadores demócratas piden condicionar esta ayuda a reducir las emisiones. ¿Deben ir por aquí los estímulos de la recuperación de la economía?

Sí, y no solo en la industria de la aviación. Muchas industrias en todo el mundo necesitarán el apoyo del Gobierno. No me sorprendería si en algunas partes del mundo algunas de las principales compañías fueran nacionalizadas. Veremos que el desempleo se disparará y no veo ningún problema en que los gobiernos apoyen a las industrias para paliar este efecto. Ahora bien, ese apoyo debe estar vinculado a la provisión de incentivos a las industrias para que se modernicen, para que innoven sus operaciones y para que sean mucho más eficientes que antes.

En China, la respuesta para relanzar su economía tras el coronavirus apuesta por construir nuevas plantas de carbón. ¿Qué opina usted de esta respuesta?

Creo que la respuesta china no ha quedado clara todavía. Nuestras discusiones con el Gobierno chino nos muestran que China una vez más quiere construir los paquetes de estímulo en torno a su industria pesada y la digitalización, invirtiendo sobre todo en 5G. Y estamos analizando con el Ejecutivo sobre las consecuencias a largo plazo de su actual planteamiento de los planes de estímulo económico. Todos sabemos que China ha realizado muchos esfuerzos en el ámbito de la energía renovable, la eficiencia y la energía nuclear, entre otros.

A pesar de la crisis energética, recientemente hemos visto algunos récords de producción de energía eólica marina. Por ejemplo, en el Reino Unido, y también en Bélgica. ¿Por qué cree que esto ha sucedido ahora?

Creo que la energía eólica marina, vinculada al hidrógeno, puede ser el punto culminante de esta crisis para Europa. El potencial es enorme. Lo bueno es que muchos gobiernos están dispuestos a apoyarlo y Europa tiene todo el interés, el potencial y el conocimiento tecnológico para liderar la revolución de la energía eólica marina después de la crisis. Nuestra recomendación a la Comisión Europea es que apueste por esta tecnología, junto con el hidrógeno, como piedras angulares de la política energética en Europa para salir de la crisis.

El problema con el hidrógeno es que sigue siendo caro. Pero el 60% de su coste se debe a los electrolizadores y solo se necesita más fabricación para reducir ese coste. La UE puede ser líder en términos de fabricación de electrolizadores, bajar el coste de éstos y así abaratar el hidrógeno, proporcionar electricidad limpia y fiable para toda Europa y conseguir una fuerte competitividad de vanguardia.

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Los días de confinamiento obligan a convivir más, no solo dentro de casa, también entre vecinos. Por ello merece la pena acercarse a la historia del número 11 de la calle Escuadra, en el madrileño barrio de Lavapiés. Los siete propietarios de este bloque se han convertido este mes en la primera comunidad de vecinos del país que genera electricidad colectiva con renovables y obtendrá ahorros por volcar la energía sobrante a la red.

El secreto para lograrlo, en estos tiempos de relaciones virtuales, está en que se trata de una pequeña comunidad y se llevan muy bien entre ellos. “Si para poner un ascensor en general ya es difícil, imagínate para esto, que además es una total novedad”, explica al teléfono Jesús Carrillo, vecino del primer piso.

Lo que convenció a este profesor universitario de Historia del Arte de convertirse en productor de electricidad sin salir de casa ha sido, sobre todo, “la buena relación con los vecinos”. La ley de autoconsumo, aprobada en 2019, permite algo nuevo que hasta ahora estaba prohibido en España: las comunidades de propietarios pueden producir y consumir electricidad con placas solares instaladas en el tejado común, lo cual supone, aparte de las ventajas ambientales, un doble ahorro: cada vez que en las casas se consume directamente de la producción de las placas solares y no de la red; y por otro lado, los vecinos reciben una compensación económica en su factura por el excedente de energía eléctrica que no hayan utilizado y que por lo tanto vierten al sistema.

En el 11 de la calle Escuadra, la iniciativa fue de Ecooo, una empresa de no lucro pionera en promover y hacer instalaciones de autoconsumo en España, que curiosamente alquila sus oficinas a Lurdes Fernández e Ignacio V, propietarios y vecinos del bajo. Completan la pequeña comunidad dos ancianas viudas y otros dos propietarios que tienen alquiladas sus buhardillas.

Al poco de aprobarse la ley, Ecooo los reunió a todos para explicarles la novedad de la situación. “La economía de las viudas es de pensionistas, y esto es una inversión más de futuro…, las buhardillas alquiladas eran un jaleo, así que lo aceptamos Lurdes, Ignacio y yo”, cuenta Jesús.

Entre estos tres propietarios representan un tercio de la superficie del bloque, el mínimo necesario para aprobar una instalación de este tipo sin necesitar el visto bueno de todos. Aunque esto ayudó, no era suficiente. “Sí tuvimos que pedir permiso para poner las placas sobre el tejado, pues la instalación es propiedad de la comunidad”, cuenta Lurdes. “Nadie se opuso, y la idea es que cualquiera, en cualquier momento, se pueda sumar”, añade Jesús. Y cuantos más se sumen, más barato será para cada uno de ellos, pues los costes se dividen entre las personas que participan.

Lurdes y su pareja han pagado el 65% de los costes de la instalación; Jesús el profesor, el 35%. Este reparto, que también se aplicará a lo que se descuenten en el recibo de la luz cuando viertan excedentes de electricidad a la red, no ha sido algo impuesto, lo han decidido entre ellos. “No es que seamos amigos, pero hay un clima de confianza, en comunidades más grandes imagino que sería más complicado”, analiza Jesús.

Al teléfono, Lurdes está de acuerdo. “Es que aquí ya nos peleamos todo lo que nos teníamos que pelear”. Ella y su expareja llegaron al barrio a principios de los años 2000. La casa había sido la tahona de pan de Lavapiés durante más de un siglo. Cuando compraron era un lugar abandonado. “Los vecinos pensaban que el estado ruinoso en el que estaba les afectaría”, recuerda.

Entre los dos no solo lo convirtieron en una casa ecológica y en el espacio de arte alternativo Off limits, que ha sido una referencia en Madrid, también se ganaron la confianza de los demás vecinos. “Nos inventamos la ‘Lorenzana’, una cena en la calle cada verano; los invitábamos a todos y cenábamos, cantábamos, bailábamos chotis. Ecooo, de hecho, la sigue haciendo. Aquí la gente se conoce desde hace 40 años, no puede llegar uno y hacer cosas sin estrechar lazos”.

Hoy, las dos ancianas viudas han firmado, como todos en el bloque, para que la comunidad sea propietaria de las placas sobre el tejado que han pagado entre Lurdes, Ignacio y Jesús. A la pareja le ha costado unos 6.000 euros; al profesor, 3.000. Esto incluye la obra los impuestos y la burocracia. “Aunque ha costado más el andamio que la instalación de placas solares”, incide Lurdes.

Un sistema de este tipo funciona de forma que toda la electricidad que producen las placas se vierte a la red, no hay acumuladores, sino un contador que calcula la energía eléctrica que entra en el sistema desde las placas del tejado. “Si de repente pasa una nube y no se genera nada, la red lo descuenta”, explica Jesús.

El máximo ahorro se da cuando coinciden la producción y el consumo. Debido a su trabajo en la Universidad Autónoma, este profesor suele pasar algunas mañanas en casa.“Calculo que para mí representará un ahorro en el recibo de la luz de unos 400 euros al año. Eso si me educo y cambio mis hábitos de consumo, que son de soltería. Desde Ecooo nos han explicado que debemos poner en marcha los aparatos de forma consecutiva, no a la vez, para aprovechar más la producción de las placas”, matiza el profesor.

La instalación ya está produciendo desde hace varios días. Solo queda el trámite con la distribuidora para empezar a descontarse la electricidad que hayan aportado al sistema. “Ahora con el coronavirus la burocracia está parada”, informa Lurdes; ¿así que están regalando la electricidad? “Sí, y dadas las circunstancias, es bonito, ¿no?”.

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No, los modelos diésel más modernos no solucionan el problema de las partículas finas, el compuesto más dañino para la salud, según los especialistas, que sale de los tubos de escape de estos coches de combustión. La organización Transport and Environment publica este lunes el resultado de una prueba realizada en 2019 a dos de estos tipos de autos, entre los más populares en Europa: el Nissan Qashqai Euro 6d-temp y el Opel /Vauxhall Astra Euro 6d-temp.

El primero ha sido la versión diésel del todoterreno urbano (SUV) más vendido en España. Ambos autos fueron elegidos precisamente por su éxito entre los conductores. El resultado es que estos últimos modelos, por el propio proceso de limpieza de sus filtros anticontaminación, emiten hasta 1.000 veces más partículas.

La prueba se realizó en julio y en agosto de 2019 en los laboratorios de la consultora de ingeniería y medio ambiente Ricardo, Shoreham Technical Centre, en la costa sureste de Reino Unido. La compañía alquiló dos vehículos a la empresa ProRent, en Alemania. El Qashqai había recorrido 6.400 kilómetros; el Astra, 20.072.  El test se realizó en condiciones de conducción real en una sala mantenida a temperatura constante de 23 grados y sin utilizar extras como aire el acondicionado o la radio, para no forzar el motor.

“Se hizo en laboratorio para poder medir contaminantes que resultan difíciles de medir en la actualidad en la carretera, como son las partículas inferiores a 10 nm”, escriben los especialistas de Transport and Environment. Es decir, las partículas ultrafinas.

Tanto el Qashqai como el Astra llevan incorporado un filtro de partículas, obligatorio en Europa para los coches diésel desde 2013, es decir, vehículos relativamente recientes. Estos filtros atrapan las partículas, reduciendo la cantidad que estos vehículos sueltan por el tubo de escape. Sin embargo, tal y como apunta el informe, hay un problema: de manera automática, estos filtros se renuevan de forma periódica para no colapsar. Y en ese proceso dejan de retener las partículas contaminantes. Es decir, los coches diésel más modernos no garantizan en todas las condiciones posibles la reducción de los contaminantes más dañinos.

En total, hay 45 millones de autos con este tipo de filtros en la Unión Europea, recuerdan en la organización. “Visto que la distancia media recorrida por los diésel es entre 13.600 y 23.200 kilómetros al año, la limpieza de estos filtros tiene lugar, de media, cada dos semanas para la mayoría de estos coches”.

Para el Qashqai, esta “regeneración” del filtro, como se conoce este proceso de limpieza, fue necesaria al cabo de 423 kilómetros y duró entre ocho y nueve minutos. Para el Astra, sucedió al cabo de 419 kilómetros y duró siete minutos. Durante ese tiempo, ambos modelos excedieron los límites permitidos de partículas entre un 32% y un 115%, según el resultado de la prueba publicado por Transport and Environment. La contradicción, destacan estos especialistas, es que, “desafortunadamente, esto está permitido por la actual regulación, la cual permite que los límites de emisiones se superen en las pruebas si esta regeneración se da”.

El impacto de este salto en las emisiones sigue después de que el filtro del auto se haya limpiado. “Las emisiones de las partículas fueron significativamente más elevadas en la fase urbana, después de que el filtro se hubiera limpiado”, matizan los analistas. Esto contrarrestaría la opinión de que, cuando este proceso tiene lugar el efecto se limita a la autopista, donde suele darse. Por otro lado, matizan estos especialistas, “la mayoría de ciudades en Europa tiene autopistas cerca de donde la gente trabaja, vive y respira. Son ejemplos notables el 'Ring' de Bruselas, el 'Periférico' de París o la M-30 de Madrid. En algunos casos, estas carreteras están pegadas a las casas, las oficinas y las calzadas, lo que quiere decir que la limpieza de estos filtros tiene un efecto negativo en la calidad del aire de muchas personas”.

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El año 2020 ha empezado con una contradicción que podría costar a la industria automovilística europea millones de euros en multas. Mientras las emisiones de CO de los coches nuevos en Europa suben en vez de bajar –a falta de los datos de 2019–, la nueva regulación obliga a los fabricantes desde el 1 de enero a reducirlas de forma drástica.

Hasta ahora, la ley que fijaba las emisiones de los autos nuevos establecía un límite de 130 gramos de CO de media por kilómetro recorrido para toda la flota (no para cada vehículo). En 2018, las emisiones subieron por segundo año consecutivo y se situaron en 120,4 gramos por kilómetro, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La principal causa del aumento es el creciente ritmo de ventas de todoterrenos urbanos, conocidos como SUV, los cuales, al ser mucho más pesados que los vehículos convencionales, queman más combustible y por lo tanto emiten más CO. Sin embargo, este año los fabricantes ya no podrán superar los 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, lo cual enfrenta a la industria a multas millonarias, pues la normativa establece el pago de 95 euros por cada gramo por kilómetro que exceda la media.

Aunque este límite varía según el peso de la flota de cada fabricante, y por lo tanto no es el mismo para todas las compañías, el 95% de la flota europea deberá ajustarse a este tope durante 2020. Y la cosa se pone aún más exigente en 2021, pues ese año toda la flota europea, sin excepción, deberá emitir por debajo de este techo.

La consultora británica Jato, especializada en el sector de la automoción, cifra en 33.600 millones de euros las multas a las que se enfrenta la industria en Europa. “La situación es bastante desconcertante”, explicaba esta firma en su nota de análisis publicada a principios de 2019. “Cuando se observa los fabricantes que operan en Europa, excepto los más pequeños, solo cuatro de 18 experimentaron una mejora respecto al año pasado [en referencia a 2018]”. Por compañías, la más expuesta a las sanciones en Europa es Volkswagen, según las cifras de Jato, con 9.190 millones de euros.

“Para nosotros, la nueva ley significa asegurar la entrada de más coches eléctricos en el mercado, pues los constructores solo podrán respetar la nueva regulación si incluyen autos de cero emisiones en sus flotas”, explica por su parte desde Bruselas Julia Poliscanova, directora de Movilidad Limpia de la organización Transport and Environment.

En opinión de esta investigadora, invertir en coches de cero emisiones es ahora indispensable porque los fabricantes no han hecho lo suficiente en estos años para asegurar flotas más eficientes, aunque quemaran combustibles fósiles. “El coche eléctrico no era el único camino. Aunque no supusiera un objetivo climático, los límites se podrían haber respetado con otro tipo de vehículo, pero hoy tenemos emisiones tan altas por el engaño de los fabricantes en sus emisiones y porque estos han elegido el camino de ganar más dinero vendiendo SUV, que producen mucho más CO. Así es imposible”.

Según la consultora Jato, además del aumento de ventas de todoterrenos urbanos –uno de cada tres vehículos nuevos en Europa es uno de estos SUV–, el aumento de emisiones se debe a la caída drástica de las ventas de coches diésel, cuya tecnología se considera menos nociva para el cambio climático que la gasolina porque, aunque suelta partículas dañinas para la salud, emite menos CO.

Sin embargo, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones de CO de los coches diésel están ya muy igualadas a los autos de gasolina: 121,5 gramos de CO por kilómetro frente a 123,4 gramos, respectivamente. En su último informe, publicado a mediados de 2019, este organismo concluía: “La diferencia de 1,9 gramos fue en 2018 la más baja observada en los últimos cinco años”.

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Un satélite ha detectado desde el espacio una inmensa emisión de metano que se produjo en un pozo de extracción de fracking de gas natural en Ohio en febrero de 2018 y que no se había registrado.

El escape había pasado desapercibido, con tan solo  algunas alarmas locales que habían llevado a desalojar unas 100 personas de la zona, a pesar de que, según los datos, las toneladas desprendidas en la atmósfera superan a las que emiten Francia o Noruega en todo un año.

El incidente, que ha aparecido en un nuevo estudio publicado esta semana en PNAS, pone de relieve los pocos datos que tenemos de las emisiones que se producen por las fugas de metano, un gas hasta 30 veces más potente que el CO2, así como el papel que los satélites pueden ejercer para mejorarlos.

“Nuestro estudio muestra cómo las emisiones de metano que se producen por las fugas de los accidentes del sector del petróleo y el gas natural pueden escapar al sistema de contabilidad de las emisiones de efecto invernadero, lo cual añade un gran incertidumbre sobre la situación global”, explican los científicos.

La importancia de las mediciones del metano, un gas incoloro y sin olor que supone casi la totalidad de la composición del gas natural, resulta crucial estos días por las medidas que Trump ha anunciado para reducir su regulación. Entre las propuestas del presidente estadounidense se encuentra la eliminación de los sistemas de medición obligatorios en los pozos de combustibles, una idea a la que se han opuesto algunas grandes compañías de petróleo que han apoyado cierto control ambiental.

Otros dos informes que se han presentado esta semana resaltan también la ausencia de mediciones correctas para el metano y entran más directamente en la controversia sobre si el gas natural debe servir como puente para la transición energética o, si por el contrario, puede crear más problemas.   

Cuando se quema para producir energía, el gas natural es más limpio que el petróleo o el carbón pero si se libera en la atmósfera antes de arder tiene un efecto invernadero mucho más elevado. 

La investigación que esta semana publica el periódico New York Times, en la que dos periodistas filmaron desde una avioneta con rayos infrarrojos los escapes de varias instalaciones de gas y petróleo, señala que en cuatro horas sobrevolando el oeste de Texas se encontraron seis lugares con grandes fugas sin que nadie tuviera constancia de ellos.

El otro estudio realizado por el MIT, y publicado ayer en Environmental Research Letters, plantea que para que el gas natural ejerza de puente para reducir las emisiones se tendrían que reducir las fugas de metano entre un 30% a un 90%. Según sus cálculos, en este momento entre la producción, el procesamiento y la distribución se podría estar fugando entre un 1,5% hasta un 4,9% del total de gas natural extraído.

Los datos de TROPOMI, el espectrómetro que viaja a bordo del satélite Sentinel 5 de la Agencia Espacial Europea para medir sustancias en la atmósfera, registró que el accidente de Belmont County, en Ohio, emitió 5.000 toneladas de metano. En su momento, la empresa subsidiaria de Exxon ofreció cifras mucho más bajas, aunque ha reconocido la validez del nuevo informe.

El metano, el segundo gas que más contribuye al calentamiento global, produce hoy en día hasta un 25% de las emisiones de efecto invernadero. Algunos estudios apuntan que esto está aumentando debido a la extracción de gas natural y petróleo a través del fracking pero es difícil de constatar. Como apuntan todos los investigadores de los estudios de esta semana, lo más importante es que empecemos a medir de forma exacta la situación real. 

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