La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación para declarar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar orientado a inteligencia artificial que está previsto en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos (995 habitantes). El proyecto, promovido por Edison Next Spain SLU y FRV-X Renewable SLU, contempla una capacidad total de 200 megavatios (MW) de tecnología de la información, distribuida en cinco edificios de 40 MW cada uno, además de las infraestructuras necesarias para garantizar su suministro energético.

La resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el pasado 11 de septiembre, aparece publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia y participación. El expediente había recibido previamente el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, emitido el 2 de marzo de 2026.

El proyecto regional no se limita al recinto del centro de procesamiento de datos. La documentación incluye también las instalaciones energéticas asociadas, entre ellas un parque fotovoltaico, una subestación y una línea de evacuación, que se desplegarían sobre terrenos rústicos de Monfarracinos, Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles y Aspariegos.

La propia Junta define la actuación como un campus hiperescalar 'off-grid', orientado a inteligencia artificial y diseñado para ofrecer alta disponibilidad y autonomía energética. El objetivo del Ejecutivo autonómico es dar respuesta tanto a las necesidades de este tipo de instalaciones como a las limitaciones del sistema eléctrico nacional.

El centro de datos se localizaría sobre dos parcelas del área industrial Zamora Norte, delimitada y ordenada mediante el Plan Regional de Ámbito Territorial aprobado en 2024. El proyecto incorpora las denominadas zonas de datos y zonas de energía y establece una capacidad IT conjunta de 200 MW.

La Junta ha calificado a esta iniciativa como figura de Proyecto Regional. Esto significa, según la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que la aprobación de este tipo de instrumentos puede determinar la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.

El expediente también estará sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. La resolución publicada en el Bocyl recuerda que este procedimiento resulta de aplicación conforme a la legislación ambiental estatal. La iniciativa ya había sido comunicada por la Junta antes de comenzar formalmente su tramitación. El Gobierno autonómico informó en marzo de que se disponía a tramitar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar previsto en Zamora Norte. El proyecto prevé una importante inversión y la creación de alrededor de medio millar de puestos de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan DORA III, el plan de inversiones y de tasas aeroportuarias de Aena entre 2027 y 2031, con inversiones en la red de aeropuertos española de unos 13.000 millones en esos cinco años, 58 de ellos para los cuatro aeropuertos de Castilla y León.

El Ministerio de Transportes ha detallado en un comunicado que en el aeropuerto de Burgos se invertirán 9,8 millones, con 16,3 en el de León, 12,7 en el de Salamanca y 18,5 en el de Valladolid.

En concreto, los 9,8 millones para el aeropuerto de Burgos se dirigirán a la mejora de la seguridad, con equipamientos de seguridad y vehículos SEI, control perimetral; el incremento de la seguridad operacional con la regeneración de calle de rodaje a hangares; sistemas de información y comunicaciones y actuaciones de sostenibilidad en calderas y climatización.

En León, los 16,3 millones permitirán actuaciones en campo de vuelo y plataforma; la mejora de los equipamientos de seguridad, el incremento de la seguridad operacional en vehículos y en sistemas de información y comunicaciones.

En cuanto a Salamanca, los 12,7 millones permitirán mejoras en el edificio terminal, en concreto en la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable; también se invertirá en la adecuación de pavimento en zona SEI, la mejora del equipamiento de seguridad y sistemas de información y comunicaciones.

Y en Valladolid, esos 18,5 millones irán destinados a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, con mejoras en sala de embarque, climatización, accesos peatonales, renovación de aseos.

También a actuaciones en campo de vuelo y plataforma, con instalación LED en pistas y rodaduras; la mejora del equipamiento de seguridad; el incremento de la seguridad operacional, con actuaciones en el pavimento plataformas SEI y hangares; y en sistemas de información y comunicaciones.

El Ministerio ha detallado que esos casi 13.000 millones saldrán de los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó al 4,7 por ciento en agosto en Castilla y León respecto al mismo mes del 2025, el tercer mayor dato autonómico junto a Castilla-La Mancha y Madrid, con un incremento mensual de la inflación de nueve décimas en el último mes.

Son datos que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que la inflación aumentó más en la comunidad que en el conjunto nacional, donde el dato anual se situó en el 4,3 por ciento, por el aumento de carburantes y combustibles.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto, Cantabria presentó el mayor aumento (5,1%) y Canarias el menor (3,8%).

En agosto subieron especialmente en la Castilla y León los precios de la electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 14,6 por ciento y el 2,3 mensual; un 7,9 por ciento los servicios de alojamiento, el 2,7 respecto a julio; y un 2,3 el alquiler de vivienda, dos décimas en dato mensual.

Burgos, la provincia más inflacionista de España con un IPC del 5,5%

Burgos fue la provincia de España que anotó un mayor IPC en agosto, con un 5,5 por ciento, en un mes en el que los precios subieron en todas las provincias de Castilla y León, con el 4,1 de Zamora como menor dato.

En León el IPC anual se situó en agosto en el 4,9 por ciento, con un 4,8 en Salamanca, el 4,7 en Soria, 4,5 en Ávila, 4,6 en Palencia y 4,4 en Valladolid y Segovia.

En cuanto al dato mensual, los precios subieron respecto a julio en todas las provincias de la comunidad, con un 1,2 por ciento en Ávila, el 1 por ciento en Burgos y León, nueve décimas en Salamanca, Segovia y Soria, ocho en Palencia, siete en Zamora y seis décimas en Valladolid.

El dato de agosto deja una inflación acumulada del 3,6 por ciento en esos ocho primeros meses del 2026, tres décimas más que el dato nacional, con un 4,2 en Burgos y 4 por ciento en León, y el 2,8 de Zamora como menor incremento.

Los alimentos, tres décimas más baratos que en julio

En cuanto a la cesta de la compra, el precio de los alimentos se ha encarecido un 2,4 por ciento en el último año en Castilla y León, con una bajada intermensual de tres décimas.

La carne de vacuno se ha encarecido un 10,6 por ciento en el último año en Castilla y León, y medio punto respecto a julio; la de ovino ha subido un 5,4 en doce meses y un 1,4 en el último; y la del porcino, aunque está un 2,4 por ciento más barata que en agosto del 2025, ha subido dos décimas en el último mes.

Los huevos se abarataron medio punto en agosto respecto a julio en la comunidad, aunque siguen estado un 15,4 por ciento más caros que hace un año.

El pan, un producto básico, está un 2,1 por ciento más caro que hace un año y seis décimas más que en julio; el pescado ha subido un 9 por ciento respecto a agosto del 2025, con un -0,1 mensual; y la leche anotó un aumento de ocho décimas en su precio en el último mes, y de medio punto en el último año.

Las patatas, el azúcar, el café y el cacao: más baratos

En el grupo de alimentos que están más económicos que hace un año figuran las patatas, cuyo precio ha caído nueve décimas en doce mese y un 2,8 en el último; el azúcar, que está un 2,6 por ciento más barato que hace un año, aunque ha subido una décima en el último mes; y el café y cacao, un 2,9 por ciento más barato que en agosto del 2025 aunque ha subido medio punto respecto a julio.

La fruta fresca se ha abaratado un 4,5 en el último mes aunque está un 5,7 por ciento más cara que hace un año; y el aceite y grasas han bajado cuatro décimas en dato mensual, aunque estás un 5,4 por ciento más caro que hace un año.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves renovar la contratación del servicio de extensión de cobertura vía satélite del canal La7 de Castilla y León Televisión, por 605.000 euros, para dos años prorrogables hasta un máximo de 36 meses adicionales, que dará servicio a unos 6.000 hogares.

Este servicio, según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, permitirá hacer llegar la señal a aquellas zonas donde no llega mediante la red de televisión digital terrestre (TDT).

Esta señal vía satélite llegará a través de la plataforma satelital de la compañía Hispasat, que también se encargará del mantenimiento de las infraestructuras necesarias para prestar este servicio.

El contrato también incorpora la gestión de los sistemas de acceso condicional que permiten autorizar los equipos receptores y garantizar la seguridad de los contenidos difundidos.

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este miércoles los datos de paro y afiliación de agosto en Castilla y León, que recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

Afiliados extranjeros regularizados

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

El paro subió en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

Aumento en todos los sectores

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

54.098 contratos en agosto: 2.018 más que en 2025

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

El número de afiliados a la Seguridad Social sube en Castilla y León un 1,78% anual (17.830 cotizantes más), por debajo de la media nacional (2,94%). En un mes este número de cotizantes ha aumentado en 6,170 hasta 1.022.190 afiliados, un incremento especialmente vinculado a la regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Además, Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional.

El paro solo baja en Ávila

El paro solo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

El “problema estructural” para generar empleo en verano

El sindicato UGT ha alertado este martes de la “señal de alarma” que dejan los datos de desempleo de julio en Castilla y León, la mayor subida en ese mes, y que reflejan el “problema estructural grave” de que la comunidad no tiene capacidad suficiente para generar empleo durante los meses de verano.

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel Lorenzo, ha incidido en que el aumento del paro ha sido muy superior al de la media nacional. “Otras comunidades aprovechan el verano para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo, pero Castilla y León encadena cuatro años consecutivos con aumentos del paro en julio”, ha explicado.

En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, aunque ha valorado la cifra récord, con más de un millón de cotizantes en la comunidad, en parte por el empuje de la regularización de migrantes, ha alertado que no puede ocultar “la realidad de fondo” de que la comunidad necesita “más industria, inversión productiva y políticas de empleo ambiciosas que permitan crear empleo de calidad durante todo el año”.

En un comunicado, CCOO ha pedido también reforzar la Inspección de Trabajo para combatir la precariedad, en un momento en el que Castilla y León se mantiene por debajo del umbral de los 100.000 desempleados y por encima del millón de cotizantes a la Seguridad Social. En el caso de las personas migrantes que acaban de tramitar su solicitud de regularización, una vez que es admitida pueden inscribirse como demandantes de empleo, lo que en opinión de CCOO puede haber influido en el incremento registrado en julio.

CEOE exige medidas ante los “preocupantes” datos del paro

La CEOE Castilla y León ha exigido medidas urgentes para proteger a las empresas, ante los “preocupantes” datos de paro de julio, que constatan “las serias dificultades y la falta de estabilidad que afronta el tejido productivo de la comunidad”, con el lastre añadido del efecto de los incendios forestales.

En un comunicado, tras publicarse este martes los datos de paro y afiliación de julio, con un aumento del desempleo mensual que rompe la tendencia del descenso estival, la patronal autonómica ha calificado de “mala noticia” esa evolución y ha incidido en que “la inversión y la retención del talento por parte de las empresas de Castilla y León se están viendo seriamente comprometidas debido a un entorno global e interno sumamente complejo”.

La CEOE ha advertido de que debe interpretarse esa evolución negativa como una señal de advertencia a largo plazo, y ha sostenido que para revertir la tendencia “es imperativo que las empresas cuenten con un entorno que fomente la inversión y la contratación, y que elimine de forma inmediata cualquier factor que actúe como freno”.

La Junta apela a un análisis plurianual

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, ha defendido que el mercado laboral es “sólido, estable y avanza con seguridad”, puesto que el paro de julio es uno de los más bajos de la serie histórica. Blanco ha atribuido el incremento del paro al aumento del desempleo en el sector servicios y en Educación por el fin de contratos vinculados al curso académico. “Este aumento ha sido habitual en los años anteriores, es puramente estacional”, ha afirmado en un audio remitido a los medios. Blanco ha reconocido que otros años este incremento se ha compensado con el empleo en turismo, hostelería, comercio y actividades asociadas al verano dada la “moderación en el consumo de los hogares” por la inflación de los últimos años, algo que ha atribuido a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la evolución de los costes soportados por autónomos y pequeñas empresas o el adelanto de campañas comerciales y rebajas.

El gerente del Ecyl ha señalado que el paro femenino ha bajado un 2,21% respecto al año pasado y ha apelado a la “prudencia” en la interpretación de la evolución mensual del paro —un efecto “coyuntural”—, puesto que considera que la evolución interanual refleja “un mercado laboral sólido, dinámico y con una capacidad sostenida de creación de empleo” en Castilla y León.

Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad también ha descendido en número de parados en relación con los datos de 2025, con 200 parados menos, y ha sumado 10.900 ocupados en un año.

Además, la tasa de paro ha bajado del 8,46% de hace un año, y del 9,04% con el que cerró el primer trimestre, quedándose prácticamente en el mismo porcentaje que al cierre del ejercicio 2025, cuando bajó hasta el 8,36%.

De los 96.700 parados del segundo trimestre, 46.400 son hombres, con 2.900 parados menos que entre enero y marzo pero 400 más que hace un año, con una tasa de paro del 7,5%; y 50.300 son mujeres, 2.800 menos que en el inicio del año y 500 menos que en 2025, con una tasa de paro del 9,38%.

En cuanto a la cifra de ocupados, crece un 2,7% en este segundo trimestre, al sumar esos 28.500 nuevos ocupados, para alcanzar el 1.058.700, impulsada tanto por un aumento de la ocupación entre la población española (que pasa de 918.600 a 939.000) como de la extranjera (de 111.600 a 119.700).

La cifra de ocupados entre los hombres en Castilla y León asciende a 572.500, 11.600 más que en el pasado trimestre, y 5.400 más que hace un año; en cuanto a mujeres, son 469.300 ocupadas, 16.900 más que al inicio del año y 5.500 que en 2025. Y la tasa de empleo se sitúa en el 49,91%, del 54,8% para los hombres y el del 45,10% para las mujeres.

Por sectores, Servicios, con 754.500 encabeza la cifra de ocupados, seguido por los 177.00 de Industria; son 66.400 en Construcción, y 60.700 en Agricultura.

La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre deja también una cifra de activos de 1.155.400, superior a los 1.132.600 del primer trimestre, y a los 1.144.700 del año pasado.

Récord de ocupados en España

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87%).

La ocupación subió en 246.000 personas entre los españoles y en 240.000 entre los extranjeros, en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Cataluña, con 130.800 ocupados más; y el mayor descenso en Canarias, con 25.100 menos. En términos relativos, el mayor aumento trimestral de empleo se dio Baleares (18,83%).

Cataluña también fue donde más bajó el paro, con 92.600 personas menos; mientras que Andalucía fue la comunidad donde más subió, con 5.400 parados más. Baleares cerró el trimestre con la tasa paro más baja, del 6,11%, frente a Andalucía que registró la más alta, 14,56%.

Sube el paro en Ávila, León y Segovia

Por provincias, la nota predominante es la subida de la cifra de ocupados con una caída en el número de desempleados, aunque con algunas notables excepciones.

Así, el paro subió en Segovia, con 8.600 desempleados en el segundo trimestre frente a los 5.600 del primer trimestre, y los 5.100 del mismo periodo de 2025.

También en León, con 17.700 parados, más que los 16.600 del primer trimestre, pero menos que los 18.000 de 2025; y Ávila, con 7.200, por encima de los 6.000 de enero a marzo, pero menos que los 8.600 de hace un año.

En Burgos, el paro bajó hasta los 13.600 (14.300 en el primer trimestre y 15.100 en el segundo de 2025); en Palencia se redujo hasta los 4.200 (5.500 y 4.500); en Salamanca hasta los 14.000 (15.600 y 13.900).

También en Soria cayó a los 2.800 (4.000 y 2.900); en Valladolid bajó a los 21.100 (26.800 y 21.800); y en Zamora, hasta los 7.600 (7.900 y 7.000).

Así, la tasa de paro más baja la registra Palencia, con un 5,5%, seguida de Soria, con un 6,35%. Luego van Burgos, con un 7,68% y Valladolid, con un 7,91%. Es del 8,82% en Salamanca y el 8,84% en León; del 9,90% en Ávila y Zamora; y del 10,21% en Segovia.

Más ocupados

En cuanto a los ocupados, subió la cifra en Ávila, que cerró el segundo trimestre con 65.300 ocupados, por encima de los 64.300 del primer trimestre pero algo menos que los 63.500 de 2025; en Burgos son 163.100, más que los 162.100 de enero a marzo y los 161.600 de hace un año.

León cuenta con 182.100 ocupados (173.200 primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025); Palencia, con 71.100 (68.300 y 66.600); Salamanca con 144.900 (139.400 y 144.300); Segovia con 8.600 (5.600 y 5.100); Soria con 40.600 (39.300 y 43.300); Valladolid con 246.200 (234.300 y 248.200); y Zamora con 69.600 (68.600) y 68.500).

La mayor tasa de actividad la registra Segovia, con el 61%; le sigue Valladolid, con el 57,40%; y Soria y Burgos con el 55,51 y el 55,42%; Salamanca tiene una tasa del 54,49%, y Palencia del 54,06%; la de Zamora es del 52,16%; en Ávila es del 51,15%; y cierra la tabla León, con el 49,19%.

Nissan ha adjudicado a su planta de Ávila el eje trasero del Nissan Qashqai una semana después de que Renault anunciara que a finales de este año finalizará su relación con esta factoría, cuya plantilla cuenta actualmente con 450 trabajadores, de los que una cuarta parte podrían verse afectados por esta decisión de la marca del rombo.

La multinacional nipona ha dado a conocer este aumento de la carga de trabajo para la fábrica abulense en una nota de prensa en la que subraya el hecho de que, con esta medida, la planta abulense suministrará “por primera vez” un componente de producción en serie a su factoría en Sunderland (Reino Unido).

El proyecto permitirá realizar en Ávila “el proceso completo de fabricación de esta pieza, desde la estampación, hasta el ensamblaje final y la expedición, incorporando nuevos procesos y tecnologías que contribuirán a ampliar las capacidades industriales de la planta”.

La compañía señala que la fase de preparación de este proyecto arrancará a finales de septiembre de 2026, tres meses antes del adiós de Renault, de manera que las previsiones apuntan que la producción podría iniciarse en “el primer trimestre de 2028.

Nissan calcula que la carga de trabajo asociada a este nueva actividad industrial se situará “previsiblemente” entre 40 y 50 personas empleadas, “en función de la evolución de los volúmenes de producción previstos”.

La multinacional nipona considera que la incorporación de este proyecto a su factoría abulense ha sido posible “gracias a la experiencia de los equipos de Ávila, la flexibilidad de sus operaciones y su capacidad para integrar distintas fases del proceso productivo en una misma instalación”.

Así, señala que esta decisión “refleja la confianza de Nissan en las capacidades de la planta y en la profesionalidad de sus equipos”, al tiempo que dice seguir “trabajando activamente en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales, incluidos proyectos con terceros, con el objetivo de contribuir al refuerzo de la actividad de la planta de Ávila”.

Este es uno de los principales objetivos que se marcó el grupo de trabajo constituido este lunes por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila, la Diputación provincial y el comité de empresa, invitando a la compañía y al Gobierno central a sumarse a esta iniciativa.

Según señalaron en su momento fuentes del comité de empresa, la marcha de Renault puede afectar al 50 por ciento de la producción actual y a unos 100 de los 450 trabajadores que componen la plantilla.

La planta de Nissan en Ávila inició en 2017 un proceso de transformación de una planta de vehículos industriales, a otra de fabricación de componentes del automóvil.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este martes que la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, sobre el papel, “la letra de la canción tiene sentido, pero la música no” y ha reclamando que este incluya criterios como despoblación, dispersión territorial o envejecimiento.

Preguntado en una rueda de prensa por esta propuesta del Gobierno, De la Rosa ha recordado que el debate sobre el modelo no se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, sino que deberá abordarse en una futura reunión en una contraposición que no debe ser entre comunidades, sino entre Gobierno y autonomías, ha argumentado.

De la Rosa ha defendido que el sistema de financiación debe atender las singularidades de las comunidades autónomas y ha sostenido que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre territorios como, en su opinión, está intentando hacer el PP. En este sentido, el dirigente socialista ha criticado la postura de los gobiernos autonómicos del PP, a los que ha acusado de instalarse en el rechazo al nuevo modelo sin plantear una alternativa.

Así, De la Rosa ha destacado el incremento de los recursos transferidos por el Estado a Castilla y León a través de las entregas a cuenta, que, según ha señalado, superan en un 6% las del ejercicio anterior y suponen 3.443 millones de euros más que los recibidos en 2018, durante el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Encuentro bilateral con el PSC

De la Rosa ha anunciado además que una delegación del PSOE de Castilla y León mantendrá el jueves y el viernes de esta semana un encuentro de trabajo con el PSC para conocer de primera mano políticas públicas desarrolladas en Catalunya que, a su juicio, podrían adaptarse a la Comunidad.

Las reuniones abordarán materias como vivienda, educación, empleo, industria, sanidad, igualdad o servicios sociales, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre cuestiones como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las políticas de vivienda pública, la captación de talento o la atención a la salud mental. La cita culminará con un encuentro entre el secretario general del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El PP acusa al PSOE de “funambulismo político”

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha instado al PSOE a reclamar al Gobierno la retirada de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica acordada con ERC y le ha advertido que “o se está con Junqueras o se está con Castilla y León”.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha acusado a Martínez de practicar un “funambulismo político” al defender una financiación justa para Castilla y León sin, a su juicio, enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García ha recordado que el PSOE reivindica unos criterios de financiación similares a los que el PP lleva años reivindicando, por lo que ha pedido al PSOE que exija la retirada del actual modelo y que defienda un nuevo sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, el Grupo Popular ha reclamado al PSOE de Castilla y León que rechace la condonación de deuda autonómica y que se oponga a que el Estado impute gastos a las comunidades “de forma unilateral”.

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional. En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77% nacional.

Castilla y León: la tercera mayor caída del paro

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895). Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).

El paro bajó en todas las provincias salvo en Soria

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más. Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

Baja más el paro femenino

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas. Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

18.445 contratos más en junio, el 34,5% más

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico. De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). De esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año. 69.216 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.

La multinacional china Gotion ha reforzado su intención de construir en Valladolid una gigafactoría compuesta por dos fábricas, en las que se pretende invertir 950 millones de euros y cuya construcción quiere arrancar en 2027. La multinacional china prevé dar empleo a 2.500 trabajadores durante la construcción de las plantas y mil empleos más en la operativa, según han informado representantes públicos y privados en la presentación, que se ha organizado este miércoles en Valladolid.

Gotion espera alcanzar una capacidad anual de 200.000 toneladas de reciclaje de baterías y recuperación de black mass -un residuo de las baterías de litio- en una de sus fábricas y 200.000 toneladas de cátodos, un elemento importante para la fabricación de vehículos eléctricos, en la otra planta. “No se trata solo de producir baterías, sino de hacerlo de forma más limpia, eficiente y más sostenible”, ha resumido el vicepresidente y CTO de Gotion High Tech, Fu Zhou, que en todo momento ha hablado de que esta es la primera fase de su proyecto. La compañía prevé instalarse en los terrenos de Palomares, detrás del cementerio del Carmen.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado que el PERTE V del Vehículo Eléctrico ha asignado 82,3 millones para la planta de reciclaje avanzado y recuperación de black mass y 55,9 millones de una nueva planta de fabricación de cátodos. Hereu ha destacado el “ecosistema industrial” vinculado a la automoción, que recibe “una magnífica noticia”: “Valladolid se convertirá en uno de los hubs de la movilidad eléctrica de Europa”, ha manifestado. Gotion es una empresa que lleva en funcionamiento casi veinte años y que ha conseguido ser la quinta empresa más importante del sector.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha destacado que España y la UE vean a China como “una oportunidad y no una amenaza, lo que ha permitido convertir este proyecto en una ”realidad“. ”Lo que China hace es apostar por algo por lo que nadie ha apostado en Europa, y aprovechar también sus instalaciones y la extracción de las minas que tienen en este momento en Marruecos y construir esos cátodos de manera mucho más competitiva“, ha destacado.

Un proyecto “magnífico”

“España es líder en automoción, somos el segundo gran productor de Europa y el octavo mayor del mundo. Ahora tenemos la voluntad de seguir siendo un país líder de la movilidad eléctrica y conectada”, ha destacado Jordi Hereu, quien ha recordado el Plan Estratégico del Gobierno. Otras ciudades se están moviendo en la misma línea. Barcelona, por ejemplo, que abrirá la primera 'electrolinera' de carga ultrarrápida pública.

El titular de Industria ha agradecido el trabajo realizado hasta ahora y ha destacado “el alto nivel de calidad y técnica” del proyecto, que ha calificado como “magnífico”. “Esto ya tiene una resolución definitiva, es un hecho cierto”, ha reforzado Hereu. “Tienen en el ministro Puente no solo un gran embajador, sino un hombre con capacidad de perseverancia en lo que ha creído y en lo que cree”, ha destacado Hereu, que se ha dirigido así al consejero de Industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El representante de Gotion ha anunciado que tiene previsto que Valladolid y España se conviertan en un “hub” para Europa de cara a los próximos años, cuando pretenden “construir una cadena de valor más resistente y global”, con más de 500 centros de trabajo en Europa.

Puente apremia al Ayuntamiento

“Hay mucho trabajo por hacer”, ha apremiado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a la Consejería de Industria y al alcalde de Valladolid, a los que ha interpelado a través de una metáfora: “El pez está en la cesta. Os toca cocinar el pez y ponerlo en la mesa”. 

 Puente se ha mostrado “impresionado” por la “hospitalidad, rigor y magnitud” de una de las plantas de Gotion en China, donde viajó a finales del año pasado. “China es un país que está haciendo cosas verdaderamente increíbles”, ha manifestado en la presentación, a la que han acudido altos cargos de todas las Administraciones Públicas. El ministro de Transportes ha destacado lo “bien presentado” que estaba el proyecto de Gotion, que contará con 138 millones de euros de fondos europeos para desarrollar su iniciativa, un proyecto “muy serio” y de una “magnitud increíble”, en palabras de Óscar Puente. Jesús Julio Carnero no ha atendido a los medios después del acto.

El Ministerio de Transportes no da marcha atrás en el cierre del taller de remolcado de Miranda de Ebro. La reunión celebrada este martes entre la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, el ministro Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha servido para confirmar que la instalación dejará de funcionar como hasta ahora, aunque el Gobierno y la compañía ferroviaria buscarán paliar los efectos en el empleo y la economía de la zona con un paquete de inversiones de 24 millones, la garantía de mantener el empleo de la plantilla de Renfe y el anuncio de nuevos proyectos como una planta de reciclaje de trenes.

En los últimos días, trabajadores de empresas auxiliares habían comenzado a recibir cartas de despido y expedientes de regulación de empleo, mientras sindicatos, Ayuntamiento y parte de la oposición reclamaban explicaciones al Ministerio de Transporte y Renfe por una decisión que consideran un golpe para uno de los principales polos industriales de Miranda de Ebro.

Según ha trasladado posteriormente el Ayuntamiento, tanto el ministro como el presidente de Renfe han defendido que la situación responde al progresivo descenso de la actividad del transporte ferroviario de mercancías. En la reunión han señalado que la cuota del ferrocarril en este mercado apenas alcanza el 4 %, un escenario que, sostienen, hace inviable mantener la actividad del taller de Remolcado en sus condiciones actuales.

La solución planteada por el Ministerio pasa por integrar a los 30 trabajadores de Renfe que actualmente prestan servicio en Remolcado en el taller de Autopropulsado, también ubicado en Miranda. En el caso de Logirail, dos de los tres trabajadores serán destinados a las maniobras de la estación de la ciudad y el futuro del tercero continúa pendiente de concretarse.

Transportes y Renfe han indicado en que este movimiento no supone un desmantelamiento de la actividad ferroviaria en Miranda, sino una reorganización para adaptarse al nuevo material rodante y concentrar la carga de trabajo en unas instalaciones que consideran con mayor proyección de futuro.

Un plan de inversiones de 24 millones hasta 2030

El Ministerio ha presentado a la alcaldesa un programa de inversiones valorado en 24 millones de euros hasta el año 2030. De esa cantidad, más de 2,5 millones ya se han ejecutado en actuaciones como con la renovación de cubiertas, la instalación de nuevas puertas automáticas, la mejora de fachadas, la demolición de antiguas naves o las obras del futuro Centro de Competencias Digitales.

Además, Renfe prevé invertir cerca de siete millones de euros durante 2027. Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de la nave de Levante, la adecuación del taller de Autopropulsado, la adquisición de un nuevo extractor de bogies, un torno de ancho convencional y diversas actuaciones de modernización técnica.

La compañía ha indicado que estas inversiones permitirán incrementar la actividad del taller de Autopropulsado. Según ha explicado durante la reunión, en los próximos años aumentarán los trabajos de mantenimiento gracias a la incorporación de nuevas series ferroviarias, entre ellas las unidades 447 que prestan servicio con el País Vasco y la serie 470, además del mantenimiento de locomotoras y del refuerzo del servicio de asistencia técnica ante incidencias.

Renfe ha asegurado que esa mayor actividad permitirá generar nuevas contrataciones, más allá de la recolocación de los trabajadores procedentes del taller de Remolcado, así como mantener empleo indirecto vinculado a las empresas auxiliares.

Una planta de reciclaje de trenes, la principal novedad

La principal novedad trasladada durante la reunión fue que Renfe trabaja en nuevos proyectos para las instalaciones que dejará libres el taller de Remolcado. “Hemos recibido una noticia: Renfe trabaja en este momento en alternativas de futuro para las instalaciones del taller de remolcado, para generar empleo y actividad económica”, ha apuntado la alcaldesa tras el encuentro.

En concreto, según ha explicado Hernando, será una planta de reciclaje de trenes, un proyecto que Renfe estaría estudiando implantar en Miranda de Ebro. Según ha explicado la regidora, esta instalación se dedicaría a gestionar material ferroviario fuera de uso, desmontar trenes, recuperar componentes reutilizables y clasificar materiales para su aprovechamiento posterior.

“Estamos hablando de un proyecto importante que implica gestionar el material en desuso, su descomposición y la selección de componentes con valor y que generaría empleo”, ha afirmado la alcaldesa.

Hernando has asegurado que tanto el ministro como el presidente de Renfe le trasladaron su intención de “volcar la apuesta en el futuro ferroviario de Miranda” mediante el refuerzo del taller de Autopropulsado, el desarrollo de nuevos proyectos industriales y el cumplimiento del plan inversor comprometido hasta 2030.

Durante la reunión, la alcaldesa ha entregado al ministro el documento elaborado por el comité provincial de Renfe en Burgos, cuyas reivindicaciones respalda el Ayuntamiento, y ha insistido ante el presidente de Renfe en la necesidad de mantener el diálogo con los representantes de los trabajadores.

Dudas sobre el empleo indirecto

El traslado del taller de Remolcado está previsto para el próximo 6 de julio y afecta directamente a una treintena de trabajadores de Renfe, cuya recolocación la empresa da por garantizada. La situación es distinta para parte del personal de las empresas auxiliares. Algunos de esos trabajadores indirectos ya han recibido cartas de despido o expedientes de regulación de empleo, lo que ha traducido en movilizaciones en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento, así como desde sindicatos y partidos políticos, se había reclamado al Ministerio una reunión para abordar el futuro de las instalaciones y aclarar el impacto real de la reorganización.

El teniente de alcalde y coordinador provincial de IU, Guillermo Ubieto, llegó a acusar al Ministerio de bloquear encuentros entre los representantes sindicales y Renfe, una circunstancia que, a su juicio, había deteriorado la confianza entre las distintas administraciones implicadas. Desde Transportes rechazaban esa interpretación y defendían que no se producirían despidos entre la plantilla propia de la compañía.

Por su parte, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia del ministro Óscar Puente y del presidente de Renfe en el Congreso para que expliquen las razones de la reorganización, los informes que la sustentan y las medidas previstas para garantizar tanto el empleo directo como el indirecto.

La empresa ferroviaria había recordado que la reorganización de los talleres fue anunciada ya en 2022 y ha defendido que responde a la adaptación de las instalaciones al nuevo parque ferroviario y a la necesidad de concentrar recursos.

No hay grandes novedades en la lista de grandes morosos de Hacienda en la que aparecen las deudas de particulares y empresas que superan los 600.000 euros. Llama la atención el regreso de la vallisoletana Patricia Conde, con desencuentros con el fisco desde el año 2017. La artista llegó a acumular una deuda de 1,9 millones, aunque llevaba dos años con las cuentas saldadas y ahora retorna con un saldo negativo de 714.615 euros.

Junto a conde aparecen un puñado de constructoras, la mayoría habituales de la lista desde hace más de una década. El Grupo Pantersa SL, dedicado a la construcción y afincado en Burgos, mantiene una deuda de 40,53 millones desde hace 12 años. Muy de cerca la siguen dos empresas de la familia Arranz Acinas, también de Burgos. Construcciones Arranz Acinas debe 33,05 millones mientras que la inmobiliaria de mismo nombre adeuda 30,46 millones.

Otra constructora burgalesa, Edificaciones Sociales de Burgos SA, debe 30,18 millones, mientras que Promociones Pal adeuda 30,43; Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, 26,57; Urbana de Campoburgos SL, 4,09 M€; Campoburgos UTE 1,39; Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL, 2,16; Urbanizadora de Valladolid SL, 10,03 y Construcciones Inmobiliarias Segovianas 1,88 millones.

La Unión Deportiva Salamanca SAD -ya extinguida-, debe 13,4 millones de euros mientras que la Compañía Minera Astur Leonesa SA, adeuda 10,5.

Como en años anteriores, sigue en el listado la empresa del empresario y exalto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, relacionado con la Trama Eólica. Intercatia Corporación SL lleva 12 años en la lista y debe actualmente 6,34 millones. La deuda fue mayor, de hasta 18 millones de euros, pero una serie de recursos dieron la razón a Esgueva. La inspección que reventó el caso de las comisiones para conseguir parques de molinos se hizo desde Valladolid cuando la mercantil estaba arraigada en Madrid.

En la lista aparece también Urban Proyecta PM3, empresa de Valladolid que aparece en el caso Perla Negra y que era de un socio de Esgueva. La deuda es de 15,39 millones.

La Constructora Martínez Núñez mantiene desde hace años una deuda de 1,34 millones, mientras que la descendiente del fundador, Isabel Martínez Parra debe 5,73 millones.

La empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, construirá en Valladolid una gigafactoría pionera destinada a cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en territorio europeo y que tendrá un valor cercano a los 5.000 millones de euros, un proyecto que presentan este miércoles los ministros Óscar Puente y Jordi Hereu, y el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai.

Valladolid acoge mañana la presentación de este proyecto industrial que ha cobrado un nuevo impulso tras la concesión dos subvenciones que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026, cifra que supera los 92 millones de euros que recogía la resolución provisional publicada el pasado mes de mayo.

La ayuda definitiva aprobada por el Ministerio de Industria y Turismo se distribuye en más de 82,3 millones de euros para una planta de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos, destinada a la recuperación de ‘black mass’, y en 55,91 millones de euros para una fábrica de cátodos para baterías.

Los presupuestos totales previstos ascienden, respectivamente, a 411,53 y 532,82 millones de euros.

Valladolid, eje en electromovilidad

La presentación llega después de varios pasos institucionales y empresariales encaminados a asentar en Valladolid una gran industria vinculada a la electromovilidad.

El interés de Gotion por Valladolid se ha articulado, además, a través de su relación con la firma eslovaca Inobat, de la que la compañía china es accionista.

Ese esquema empresarial ya había situado a Valladolid en el foco de un proyecto de gigafactoría pionera en Europa destinado a cubrir la cadena completa de suministro de baterías para coches eléctricos, con una inversión hasta cerca de 5.000 millones de euros.

El objetivo de Gotion a través de Inobat es desarrollar en Valladolid una instalación capaz de abarcar no solo el ensamblaje, sino también la producción de componentes esenciales como ánodos y cátodos, dentro de una estrategia orientada a reforzar la autonomía industrial europea en el ámbito de la batería.

En paralelo, las administraciones han venido facilitando el encaje del proyecto mediante respaldo institucional, ayudas públicas y ajustes urbanísticos orientados a disponer de suelo industrial adecuado.

Entre esos movimientos figura la modificación del planeamiento para habilitar terrenos en el entorno de la Vereda de Palomares, donde se ha venido trabajando para ofrecer superficie suficiente a una eventual implantación industrial de gran escala.

En ese marco, tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid han respaldado en distintos momentos la llegada de proyectos vinculados primero a Inobat y, posteriormente, al desarrollo promovido junto a Gotion. 

El taller de remolcado de Miranda de Ebro se trasladará el 6 de julio: allí trabajan una treintena de trabajadores entre trabajadores de Renfe y empleados de cuatro empresas subcontratadas, cuyo futuro promete ser desigual en una de las pocas ciudades de Castilla y León en las que gobierna la izquierda. Los primeros tienen, en principio, garantizado su puesto de trabajo en otra base de mantenimiento en Miranda de Ebro, pero los segundos ya han empezado a recibir notificaciones de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cartas de despido.

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando (PSOE), tiene previsto reunirse esta mañana con el Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente, al que sindicatos, el gobierno municipal y la oposición piden explicaciones. En esa cita, según garantiza el Ayuntamiento, Hernando “expondrá la necesidad de mantener los dos talleres y no cerrar el de remolcado por su importancia para la ciudad”. Ni los sindicatos ni el resto de miembros de la coalición de gobierno (el PSOE gobierna con IU y Podemos) han sido invitados a esa nueva reunión.

El teniente de alcalde y coordinador provincial de IU en Burgos, Guillermo Ubieto, denuncia que hasta ahora ha habido un “bloqueo” por parte del Ministerio de Transportes. A través de IU -según relata Ubieto- contactaron con el Ministerio de Juventud y el comité de empresa consiguió una reunión a tres con Renfe. Una vez fijada la fecha, Renfe aplazó la cita por motivos de agenda, se les dio “largas” hasta el “bloqueo” actual.

“Alguien del equipo de Transportes cancela la reunión, intercede directamente con la dirección de Renfe para impedir que se dé esta reunión”, ha acusado Ubieto, que lamenta que esto contribuya a “romper la confianza” dentro del Gobierno de España. El edil de IU reclama “explicaciones” al Ministerio de Transportes. “Ahora tiene pinta de que va a ser una foto. Porque si no se reúnen con los sindicatos...”, apostilla Ubieto. Contactado por elDiario.es, la cartera de Óscar Puente emplaza a la reunión de este martes y descarta que se vayan a producir despidos.

Renfe garantiza que mantendrá el empleo

El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, para que explique los motivos de la clausura del taller en el Congreso de los diputados. También pedirán explicaciones sobre los informes que avalan el cierre, las medidas previstas para garantizar el empleo directo e indirecto y el papel del Ayuntamiento de Miranda en el proceso previo a la decisión.

Renfe prevé trasladar la actividad de los talleres de remolcado a Material Motor, también en Miranda de Ebro para “optimizar el uso de las instalaciones, moderar los consumos y modernizar los medios productivos”. Renfe garantiza que se mantendrá el empleo y la carga de trabajo en el taller mirandés y subraya que el taller de remolcado tenía cada vez menos actividad. Sin embargo, el teniente de alcalde mirandino no se muestra convencido: “Creemos que es un cierre encubierto, que vayan vaciando los talleres progresivamente y mover a los trabajadores de Renfe a otras provincias o a Renfe Viajeros”, agrega.

A pesar de la presura de la medida, no es nueva. El Ministerio ya anunció a finales de octubre de 2025 que cerraría el taller de Remolcado en junio y trasladaría a los trabajadores de Renfe. Sin embargo, los trabajadores auxiliares y de las subcontratas han quedado más desprotegidos. Además, en la ciudad se imparte un Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, un ciclo que ahora, temen, se pueda quedar en el aire como consecuencia de las decisiones que tome Renfe.

Este martes también está previsto convocar una Mesa del Ferrocarril, en la que participarán algunos sindicatos, partidos políticos y asociaciones de usuarios, comerciantes y empresarios de la zona y de otros puntos de la geografía española como Asturias o Castilla-La Mancha.

El presidente del comité de empresa y representante del sindicato de maquinistas, Asier Nieto, explica que esto “trasciende al colectivo de conducción” y ha apuntado que el sindicato “puede apoyar, pero no ir delante”, puesto que hay otros sindicatos que tienen más representación en los talleres de Miranda de Ebro.

La operadora recuerda que este traslado ya se anunció en 2022, y que desde entonces se han modernizado las instalaciones mirandinas para adaptarlas a los nuevos vagones. La compañía ha iniciado ya la formación del personal para adaptarse a la progresiva renovación del parque ferroviario de la compañía, que incrementará la actividad en el área de Motor. Renfe defiende que la actual base de Remolcado albergará la sede del Centro de Competencias Digitales, un espacio que ya prometió Óscar Puente en 2021. El objetivo es “optimizar los recursos materiales”.

Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han suscrito este martes el convenio colectivo para el periodo 2026-2028 que asegura el empleo de más de 6.000 trabajadores en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, y refuerza el futuro industrial con la asignación de cinco vehículos a las fabricas de Palencia y Valladolid.

Renault ha calificado el acuerdo de “histórico”, ya que además de asegurar más de 6.000 empleos directos, supone el arranque de la producción de vehículos eléctricos en España, un nuevo hito histórico en los 75 años del grupo en el país.

“Este acuerdo convertirá a España en referente tecnológico del dispositivo industrial global del grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group, que permitirá la producción de vehículos eléctricos”, ha afirmado la empresa en un comunicado.

El convenio ha sido posible gracias al apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que ratificaron en sus asambleas de este fin de semana su apoyo a un acuerdo con 63 medidas en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo o aspectos sociales para el periodo 2026-2028.

Para UGT y CCOO el convenio suscrito este martes asegura el futuro de Renault y del tejido industrial, consolida el empleo de las plantillas y garantiza beneficios salariales y sociales para los trabajadores. Además, UGT destaca que las 63 medidas del documento incluyen casi el 70 % de sus propuestas.

“Hemos firmado un acuerdo responsable, que demuestra una vez más la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas muy completa para responder a muchas de las necesidades expuestas por las organizaciones sindicales”, ha afirmado Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España.

Cinco modelos, tecnologías punteras y coche eléctrico

Torres ha incidido en que el acuerdo refuerza el papel de las plantas españolas en la transformación hacia la movilidad eléctrica.

En ese sentido, el acuerdo hace posible la adjudicación de cinco nuevos modelos, tres vehículos para la factoría de Palencia, dos de ellos multienergy platform y un vehículo hybrid long life, y el mantenimiento de dos vehículos hybrid long life en la factoría de Valladolid.

Con ello se aseguran las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y por otro se introduce un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

Se trata de una plataforma al más alto nivel del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

Esta plataforma, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado marzo, hará posible que Renault Group arranque la producción de vehículos eléctricos en España, consolidando el compromiso y el papel clave de las factorías españolas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor.

Reyes Torres ha sostenido que el Grupo “vuelve a confiar en el saber hacer de los equipos españoles, asignando cinco nuevos vehículos a España y adjudicando a la factoría de Palencia la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial, situando a nuestro país como referente tecnológico”.

63 medidas con mejoras laborales

Esos acuerdos del Plan Industrial, con esa asignación de cinco vehículos, han pesado en la decisión de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de suscribir el convenio, junto a otros puntos como el aumento del salario fijo y variable, las mejoras en flexibilidad y Bolsa de Horas, aumentando el plus, limitando el número de sábados laborales y asegurando descanso entre festivos, o los 300 trabajadores indefinidos.

También se ha valorado para la firma las mejoras en las condiciones de trabajo, con la creación de la comisión de absentismo, donde se trabajará en los ritmos o las salidas con contrato de relevo a los 61 años, así como las inversiones en la climatización y los descuentos en la compra de coches o el Plan de Salud incluyendo gimnasios gratuitos, entre los aspectos sociales.

Para Sergio García, delegado de CCOO de Renault España, esta firma garantiza un avance en materia salarial, condiciones laborales y aporta seguridad en una situación, especialmente compleja, para la industria de la automoción, marcada por la transformación tecnológica del sector y las incertidumbres geopolíticas internacionales.

CCOO ha defendido que durante toda la negociación ha primado la responsabilidad y la defensa del interés colectivo de las personas trabajadoras, buscando un equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la garantía de futuro para las plantas de Valladolid y Palencia.

Los dos sindicatos mayoritarios han valorado el acuerdo y han agradecido el respaldo de los trabajadores que han participado en las asambleas y en las movilizaciones “para demostrar que no estaban dispuestos a un retroceso en sus derechos laborales”.

“Ahora toca trabajar, pero lo fundamental es que vamos a seguir teniendo trabajo y que van a entrar unas tecnologías que van a ser punteras para el coche eléctrico en Castilla y León y eso va a asegurar el trabajo a cientos de familias en España”, ha afirmado García.

SCP, CGT y CSIF: no al acuerdo

El acuerdo ha salido adelante sin el apoyo de los sindicatos SCP, CGT y CSIF que han considerado insuficientes las medidas salariales, laborales y sociales incluidas en el documento. Por su parte. CGT ha convocado concentraciones mañana miércoles para protestar contra la firma del convenio colectivo 2026-2028 de Renault España que se concretará este martes en Valladolid y que afectará a más de 6.000 trabajadores de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid.

Bajo el lema “Concentraciones por un convenio digno”, la CGT ha hecho un llamamiento a los trabajadores a concentrarse en los centros de Valladolid y Palencia para exigir “más salario, más derechos y menos flexibilidad”. El delegado general de DGT Renault España, Miguel Ángel León, ha defendido que no se han cumplido con las “necesidades mínimas” y la recuperación del salario es “mínima”, de 400 euros en tres años.

Las concentraciones se celebrarán a las puertas de las plantas de Carrocerías y Montaje en Valladolid y de la fábrica de Villamuriel de Cerrato (Palencia) desde las 13:15 horas hasta las 14:45 horas, según informa la CGT. “Es la única herramienta que podemos poner al servicio de nuestros compañeros para poder mostrar ese descontento”, ha agregado León. De esta forma, la CGT quiere escenificar su rechazo al convenio que suscriben este martes la Dirección de Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. También se han opuesto a la firma de este convenio el Sindicato de Cuadros y Profesionales SCP y CSIF.

Castilla y León anotó en mayo 2.609 parados menos que en abril, con un 2,62 por ciento de recorte que dejó en 97.155 los desempleados en esa comunidad, que en ese mes sumó 9.815 cotizantes más a la Seguridad Social, para superar de nuevo el millón de afiliados, con 1.006.379.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de mayo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 4.522 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,45 por ciento, ligeramente por debajo del -5,47 por ciento nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró mayo con 17.876 cotizantes más que hace un año, el 1,81 por ciento más.

La Comunidad anota el segundo mayor recorte autonómico en dato relativo

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en mayo 231.975 afiliados de media hasta superar los 22,33 millones; y en cuanto al desempleo, el paro bajo en mayo en 36.323 personas en España, el 1,54 por ciento, que dejó en 2.320.721 los desempleados

El paro registrado en mayo de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior y Castilla y León anotó el quinto mayor recorte en dato absoluto y el segundo relativo a la par que Galicia y sólo por detrás de Baleares.

Soria anotó la mayor bajada mensual y el único aumento anual

El desempleo bajó en todas las provincias de la comunidad, por encima del 3 por ciento respecto a abril en Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora y Soria.

Destacó el recorte del 3,80 por ciento del paro en mayo respecto a abril en la provincia soriana, a la cabeza nacional.

Respecto a abril el paro bajo en Ávila (-3,35%), Burgos (-2,64%), León (-1,84%), Palencia (-2,59%), Salamanca (-3,29%), Segovia (-3,74%), Soria (-3,80%), Valladolid (-1,85%) y Zamora (-3,38%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyeron en Ávila (-4,42%), Burgos (-5,71%), León (-4,85%), Palencia (-2,57%), Salamanca (-7,11%), Segovia (-5,78%), Valladolid (-3,61%) y Zamora (-1,11%) y sólo aumentaron en Soria (2,65% y 68 parados más en doce meses).

Bajada en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior

En mayo, el paro bajo respecto al mes anterior en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior, que anotó 74 parados más.

Bajó especialmente en Servicios, con 2.331 desempleados menos en un mes, y 2.565 menos que hace un año; con 134 parados menos en Agricultura, 120 en Industria y 98 en la Construcción.

Descensos en el paro juvenil y en el femenino

La comunidad también anotó recortes tanto en el desempleo de menores de 25 años, con 186 desempleados menos que en abril; como en el femenino, con 1.117 paradas menos que el mes anterior en Castilla y León, el -1,83 por ciento (-1,43 nacional).

En mayo la comunidad registró 53.459 contratos, 3.289 más que en abril, con un aumento del 6,56 por ciento, por encima del 5,20 por ciento nacional.

5.035 contratos menos que hace un año

Aunque la contratación fue menor que hace un año, en concreto en mayo del 2026 de cerraron 5.035 contratos menos que en mayo del 2025, el -8,61 por ciento, frente al -0,40 nacional.

La contratación aumentó en comparativa mensual en trece comunidades con caídas en el resto; y respecto a hace un año, sólo cuatro comunidades registraron aumentos: Aragón, Cataluña, Madrid (9,10 por ciento) y País Vasco (6,54).

Del total de contratos, 19.554 fueron indefinidos en el caso de Castilla y León, 2.032 más que en abril y 884 menos que hace doce meses.

75.029 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de abril, Castilla y León contó con 75.029 prestaciones, de ellas 39.057 prestaciones contributivas; con 35.939 subsidios y 33 rentas activas de inserción.

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) en Renault, que cuenta con tres representantes en la plataforma sindical encargada de negociar el convenio colectivo de Renault España, ha decidido finalmente no firmar el acuerdo para el periodo 2026-2028, pese a haber respaldado inicialmente el preacuerdo junto a CCOO y UGT.

La organización ha adoptado esta decisión tras analizar la última propuesta planteada por la empresa el pasado martes durante la reunión celebrada en el Ministerio de Industria, presidida por el ministro de Industria, Jordi Hereu.

El martes, la dirección de Renault España y los sindicatos CCOO, UGT y SCP suscribieron un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-2028, pendiente de ratificar en asambleas de afiliados, mientras que CSIF y CGT se desmarcaron al considerar la propuesta insuficiente.

El órgano de Gobierno de SCP se ha reunido este jueves para analizar la situación y ha decidido que finalmente no firmará el convenio colectivo.

“La respuesta por mayoría del pleno ha sido un no a la firma del convenio”, ha manifestado la delegada general del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), Susana Cocho, en un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el que ha explicado que la decisión se ha tomado de forma meditada después de “evaluar cada una de las líneas propuestas por la empresa”.

El principal argumento para no firmarlo ha sido el salario, la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de la contribución personal, pero también hay otros motivos que no convencen al sindicato en relación con el numero de sábados trabajados al año y la falta de concreción en lo referente a ritmos, saturaciones y temperaturas al considerar que la propuesta de la dirección “se queda solo en buenas intenciones”.

“Por todas estas razones la posición de SCP es un no a la firma del convenio”, ha concluido.

Los sindicatos que participan en la mesa de negociación son UGT con 4 representantes, CCOO con 3, SCP con otros 3, CGT con 2 y CSIF con uno.

CCOO que ha firmado el preacuerdo está celebrando asambleas de afiliados este jueves en la factoría de Palencia y mañana viernes lo hará en Valladolid, mientras que CGT someterá la decisión de no firmar el convenio en las asambleas convocadas el domingo.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en la extinción de fuegos a partir de este jueves. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea de la patronal ASEMFO celebrada el pasado 22 de mayo, afecta a cerca de 950 bomberos forestales y se justifica por lo que la patronal considera una situación de “absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”. Las compañías toman esta decisión a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, e inmerso el operativo en el proceso de reversión al sector público de forma parcial.

En el comunicado, han señalado que “la negligencia” de las administraciones públicas “pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte”.

La decisión, que la organización califica de “límite e insostenible”, deriva de más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Según ha apuntado, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales.

ASEMFO ha asegurado asegura que las empresas han quedado “atrapadas entre dos criterios incompatibles” que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales.

Inseguridad jurídica

Esta contradicción, como han señalado las empresas, ha derivado en una inseguridad jurídica “absoluta”, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

La patronal ha afirmado que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta ha sido “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Para ASEMFO la falta de medidas ha desembocado en un escenario “límite e insostenible” que impide seguir prestando el servicio con garantías legales.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

ASEMFO insiste en que la decisión de retirarse del operativo no pretende ejercer presión sobre la Administración. “La retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica”, señala la organización, que reclama una respuesta “urgente, concreta y verificable” por parte de las administraciones implicadas.

La sustitución por Tragsa no mejora el Operativo

Asimismo, ASEMFO ha afirmado que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según han explicado, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

La patronal también critica el proceso de sustitución de empresas privadas por Tragsa en algunas bases del operativo. Según ASEMFO, el cambio está generando perjuicios laborales para parte de los trabajadores al no reconocerse, a su juicio, derechos previstos en la legislación estatal de bomberos forestales, como la subrogación o el mantenimiento de determinadas condiciones laborales.

Pese a ello, la organización ha asegurado que no cuestiona que la gestión pueda ser pública o privada y defiende que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios. Lo que ha reclamado, añade, es un marco legal y operativo que permita desarrollar el trabajo sin la incertidumbre actual.

Para la patronal, la prioridad debe ser “un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada”.

“Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. La asociación exige una respuesta urgente, concreta y verificable”, han concluido.

La Junta atribuye el problema con las empresas de incendios a un Decreto del Gobierno central

La Junta de Castilla y León ha asegurado que trabajará para encontrar una solución que permita mantener el servicio. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, que endurece las exigencias en materia de seguridad y salud laboral para las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, ha afirmado Carriedo tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha defendido que la nueva normativa incorpora “nuevos requisitos y nuevos costes” que preocupan a las adjudicatarias del operativo y ha asegurado que la Junta está dispuesta a colaborar para facilitar su adaptación. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

Lo que no ha concretado el portavoz en funciones es qué va a pasar si hay un incendio que necesite de los 950 empleados de las empresadas privada. La Junta ha recordado en que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo ha eludido pronunciarse sobre posibles expedientes o sanciones y ha agregado que el objetivo del Gobierno autonómico es “buscar una solución” y mantener la colaboración con las empresas mientras duren las adjudicaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia un operativo íntegramente público conforme vayan venciendo los contratos actuales. “La idea es que en tres años el operativo sea completamente público”, ha apostillado.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

 La dirección de Renault España y los sindicatos CCOO y UGT han suscrito este martes un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-2028, a pesar de que tanto CSIF como CGT han considerado insuficiente la propuesta, anunciada en una reunión en el Ministerio de Industria, presidida por el ministro Jordi Hereu, han confirmado a EFE fuentes de la mesa negociadora.

La dirección de Renault España había propuesto este martes un preacuerdo a la mesa negociadora para el convenio 2026-2028 en el que se mantendrían las mismas condiciones que en el anterior para la revisión salarial.

Según han informado a EFE fuentes de la mesa negociadora, este preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la factoría de Valladolid de dos coches híbridos 'long life', lo que posicionaría a la factoría como preferente para la adjudicación de nuevos vehículos.

Asimismo, para todos los trabajadores se abonarían 400 euros brutos en enero de paga única, otros 400 euros en 2027 y 200 euros en 2028, consolidando a partir de ese año este único importe para todas las personas trabajadoras.

Además se abonaría a la nómina de septiembre de cada año de vigencia del convenio un único importe de 145 euros brutos.

También se contempla incrementar en un 15 % el valor de la hora extra, mantener la jornada laboral anual, 300 contratos indefinidos durante la vigencia del convenio y una inversión mínima anual de 300.000 euros para el conjunto de las fábricas para mejorar sus condiciones.

La dirección de Renault España ha destacado que este preacuerdo, además de asegurar más de 6.000 empleos directos en los próximos años, convertiría a España “en punta de lanza tecnológica del dispositivo industrial global del Grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group”, que permitirá la producción de vehículos eléctricos por primera vez en España.

Renault asegura que es “un momento histórico”

En un comunicado, la directora de Recursos Humanos de Renault Group España, Reyes Torres, ha afirmado que este es “un momento histórico” para Renault en España, tras 75 años de trayectoria industrial y más de 19 millones de vehículos producidos de más de 30 modelos.

“El Grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España”, ha añadido.

Y ha subrayado Reyes Torres que con este acuerdo se asegura “el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otros que el Grupo genera de forma indirecta y reforzamos el papel de nuestras plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica”.

UGT considera “suficientemente atractivo” el convenio

Este preacuerdo se alcanza después de los paros parciales y las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado viernes en las factorías de la firma en España.

Adolfo Arnáez, componente de UGT en la mesa negociadora, ha señalado tras la reunión que “nadie se ha guardado nada” en esta mesa, tampoco la dirección y ha agradecido “la postura y el apoyo” de todos los trabajadores de Renault que secundaron paros convocados la semana pasada y también a la dirección, que ha accedido a que ninguno de aquellos que pararon durante la semana pasada tengan “ningún tipo de descuento” en su nómina.

“Pensamos que es un convenio lo suficientemente atractivo para que sea ratificado por el conjunto de los trabajadores”; ha asegurado Arnáez.

CSIF y CGT ven insuficiente el preacuerdo

No obstante, para CSIF, el acuerdo es insuficiente al no recuperar poder adquisitivo dado que los años 2021 y 2022 los salarios estuvieron congelados, mientras que tampoco se da respuesta al problema de la carga excesiva de ritmos de trabajo. Asimismo, han lamentado que se haya modificado a la baja la prima por contribución individual. Todo ello, según han señalado en un comunicado, servirá para que siga “aumentando el absentismo a costa de la salud de las personas trabajadoras”.

Para CSIF, UGT y CCOO “se han rendido” a un convenio empresarial que “no responde al sentir y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la plantilla”.

Por su parte, CGT ha explicado en un comunicado que no han firmado el preacuerdo porque antes deben someterlo a debate de sus asambleas: “El preacuerdo, pese a los avances, sigue siendo insuficiente y alejado de lo que realmente merece la plantilla de Renault tras años de esfuerzos y sacrificios”. 

Hereu, satisfecho por el preacuerdo alcanzado en Renault

El ministro de Industria y Turismo ha mostrado este miércoles su satisfacción por el preacuerdo para la aprobación del convenio colectivo 2026-2028 de Renault, por la importancia “estratégica” de la empresa para la automoción española y también para la economía de Castilla y León.

El acuerdo, que ahora debe ser ratificado en asamblea por la empresa y los sindicatos, se alcanzó en una reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Industria, convocada y presidida por el propio ministro, que lo hizo, según ha explicado, por temor a que las conversaciones descarrilaran tras los paros parciales y las movilizaciones del pasado viernes en las factorías de la firma en España.

En una entrevista en Radio Nacional, Hereu ha insistido en que se trata de un preacuerdo, que tiene el apoyo de la “amplia mayoría” del comité de empresa, y ha reiterado su agradecimiento y su respeto “absoluto” al diálogo social y a la autonomía de las partes en la negociación.

Renault tiene una importancia que va mucho más allá de las 6.000 familias de los trabajadores, ya que detrás hay “todo un sector” de la automoción, que es “una de las tres grandes industrias” españolas y también tiene un gran peso en el desarrollo social y económico de Castilla y León, ha dicho.

Según el ministro, de la cultura industrial se pueden extraer grandes lecciones, que, ha admitido que le gustaría que se aplicasen en la política y es que se trata de “personas con pensamientos diferentes e intereses diferentes”, que “al final siempre se ponen de acuerdo porque hay que llevar adelante el proyecto de la empresa”.