Renault España ha anunciado este jueves que pone “en suspenso” la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas de fabricación ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio.

Durante la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, celebrada este jueves, la dirección de Renault España ha presentado a los sindicatos la última oferta que, como ha precisado en un comunicado de prensa, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la dirección ha anunciado que “se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

Esto supone un nuevo escenario de “bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo”, ha advertido.

Según la empresa, este jueves ha siso presentada “la última oferta posible” que recoge mejoras en aspectos salariales, de empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios, respecto a la anterior propuesta, “demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos”.

En concreto se había hablado de la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia -dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life- y de la continuidad de dos vehículos hybrid long life para la factoría de Valladolid. 

La Junta de Castilla y León apuesta por la robótica, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías satélites para mejorar la gestión forestal, y que sea más adecuada a la nueva realidad climática, anticipando riesgos, evitando incendios y mejorando la respuesta ante los mismos, además de proteger la diversidad y el medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, han inaugurado este martes el I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor), que se celebra en el Fórum Evolución de Burgos hasta este miércoles.

El encuentro, impulsado por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias dentro del proyecto Retechfor, reúne a más de 400 personas, entre expertos, instituciones y empresas, procedentes de todo el mundo, para analizar el impacto de la tecnología en la gestión forestal.

Suárez-Quiñones ha destacado que, gracias al proyecto Retechfor, dotado con un presupuesto de 28 millones de euros para toda España financiados con fondos europeos, se trabaja para transformar la gestión forestal desde la digitalización, la innovación y la investigación.

Se trata de aplicar las últimas tecnologías en inteligencia artificial, tecnología satélite o robótica para una mejor gestión, adecuada a los cambios derivados de una nueva realidad climática, y que afecta no solo a la respuesta ante los incendios forestales, sino a todo lo que engloba la gestión forestal.

El consejero ha insistido en que la Junta ya está aplicando estas innovaciones tecnológicas en el operativo Infocal, tanto en prevención como en extinción de incendios, pero el objetivo es “maximizar” esa aplicación, mejorando la planificación y la seguridad medioambiental.

A modo de ejemplo ha recordado que las tecnologías satélites ayudan a tener un inventario forestal continuo, porque permiten conocer a tiempo real el estado de las masas arbóreas, si tienen humedad o están secas o cuáles son los árboles que hay que cortar, o las zonas afectadas por algún problema.

Esa información ayuda tanto a identificar riegos de incendio forestal y anticiparse como a plantear una gestión forestal más sostenible, a través de la industria maderera; también la tecnología ayuda a disponer de información a tiempo real sobre los incendios para mejorar la planificación de la extinción.

“No podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio, tenemos que prevenir más e invertir más en todos y cada uno de los medios tecnológicos que ayuden a proteger los pueblos, los montes y las personas que viven y trabajan en ellos”, ha indicado el delegado del Gobierno.

Nicanor Sen ha destacado esa inversión de 28 millones de euros, con fondos europeos, destinada ala digitalización forestal para prevenir incendios, anticipar riesgos, proteger la biodiversidad, y gestionar de una manera más inteligente el territorio.

El Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) reúne entre este martes y mañana miércoles en Burgos a 400 asistentes de perfil técnico -con 65 comunicaciones científicas- procedentes de España, Reino Unido, Países BAjos, Estados Unidos, Alemania, Pakistán, Ecuador o Uruguay.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado improcedente el despido de Mercadona a un trabajador que realizaba actividades cotidianas mientras estaba de baja en León por una patología crónica, artritis reumatoide, una “patología de carácter inflamatorio y crónico”. El trabajador trabajaba para la compañía desde diciembre de 2010 en Villadangos del Páramo (León). El empleado ya había estado de baja, se había incorporado a trabajar y de nuevo tuvo que pedir la baja médica por el mismo motivo. Los investigadores que contrató la empresa notificaron que el empleado paseaba a su perro, de pequeño tamaño, además de ir a una lavandería, sentarse allí y manipular su móvil. También se le vio conduciendo una moto en “trayectos cortos”, acudía a un supermercado a comprar y cargaba algunas bolsas, según detallan desde CCOO.

La Justicia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador y a pagarle los salarios correspondientes o a indemnizarle con 39.845,25 euros. El TSJ revoca el fallo inicial del Juzgado de lo Social de León y considera que dichas actividades constituyen una “transgresión de la buena fe contractual ni una simulación de enfermedad”, según ha informado Comisiones Obreras a través de un comunicado.

Las limitaciones médicas que tenía el empleado incluían la dificultad para agacharse en cuclillas y arrodillado de forma repetitiva y mantenida, realizar prensión repetitiva o continuada con ambas manos, así como la prohibición expresa de exposición al frío o a bajas temperaturas, en particular el trabajo en cámaras de refrigerado o congelado, donde debía trabajar.

Mercadona defiende que ha acatado la sentencia e indemnizado al trabajador como correspondía según la sentencia, fechada en marzo de este año.

Actuaciones “compatibles” con su patología

La empresa contrató a unos detectives privados que siguieron y grabaron al trabajador durante dos días y después notificaron las actividades ordinarias que realizaba el trabajador, que el juzgado entiende como “compatibles” con su patología. “Se trata de actuaciones compatibles con el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona afectada por una patología que limita determinadas actividades laborales, pero que no exige una inactividad absoluta”, señala la sentencia.

El informe del detective privado, publicado parcialmente en la sentencia, refleja con qué mano el trabajdor sujetaba la correa o las heces del perro, o con qué mano se colocaba la capucha de la sudadera, entre otros, según la sentencia que ha remitido el TSJ.

El Alto Tribunal recuerda que es necesario que las actividades del trabajador interfieran en su curación o demuestren que se simula una patología para que el empresario pueda despedirle durante una baja médica. Sin embargo, ninguna de las conductas de ese trabajador cumplía con estas características.

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18 por ciento de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98 por ciento.

15.558 empleos más en doce meses

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59 por ciento; y con 5.227 parados menos, el -4,98 por ciento de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

La quinta mayor bajada del paro

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Palencia, la provincia en la que más bajó el paro con 5,38%

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%).

En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%), en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%), con un 2,71 en Valladolid y el 1,20 por ciento de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89 por ciento de Ávila y 0,16 de Valladolid, con un 0,80 en León, 0,69 en Palencia, 0,66 en Salamanca, 0,65 en Burgos, 0,60 en Zamora, 0,58 en Segovia y el 0,52 en Soria.

El sector servicios: 2.507 parados menos

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507).

En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

50.170 contratos en abril: 3.412 menos que en marzo

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31 de aumento del conjunto autonómico.

De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

 De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Castilla y León perdió 22.500 empleos entre enero y marzo de este año respecto al trimestre anterior, que deja en 1.030.200 los ocupados, en un periodo en el que la comunidad sumó 6.300 parados más, hasta los 102.400 los desempleados, con una tasa de paro del 9,04%, la séptima menor autonómica.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en términos anuales, los datos también fueron negativos en Castilla y León, una de las tres comunidades, junto a Navarra y La Rioja, que perdió empleo en los últimos doce meses, con 3.300 ocupados menos que hace un año.

En cuanto al paro, también el dato respecto al mismo trimestre del 2025 fue negativo en Castilla y León, con 3.900 desempleados más en la comunidad que hace un año.

En el conjunto nacional, el número de ocupados disminuyó en 170.300 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.293.000; aunque el empleo creció en 527.600 personas en los 12 últimos meses.

Y el paro subió en 231.500 personas, hasta 2.708.600, respecto al trimestre anterior, y en los 12 últimos meses se redujo en 80.600 personas.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias (17.000 más), y el mayor descenso en Cataluña (–46.300); y en cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Canarias (–14.400) y el mayor incremento en Cataluña (84.400 más). Cantabria (7,49%) registró la tasa de paro más baja este trimestre y Andalucía (14,66%), la más elevada.

Todavía puedes realizar la declaración de la renta relativa a 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen derecho a deducciones generales para todo el Estado o propias de Castilla y León, como las que se enuncian a continuación

Por circunstancias personales y familiares:

Sobre la vivienda

Por donativos y donaciones:

Otros conceptos deducibles:

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la modificación sustancial en la Orden que autorizó en 2007 las instalaciones de la cooperativa azucarera Acor, que construyó un nuevo almacén y secado solar de pulpa de remolacha sin que hubiera evaluación ambiental previa por parte de la Administración.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la Orden que modifica la original (de 2007), para conceder la autorización ambiental para la fabricación de azúcar en sus instalaciones, en un proceso en el que se observa que la obra del nuevo almacén ya estaba realizada cuando la Consejería de Medio Ambiente acudió a realizar la evaluación ambiental.

No obstante, la normativa establece, según recuerda la Consejería en su publicación, que fue el Servicio de Evaluación Ambiental el que en su informe del pasado 17 de marzo del presente año el que consideró que el proyecto estaba ejecutado, por lo que correspondía aplicar lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En concreto, ese precepto habla de que “no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

En este sentido, la Consejería asume que no se realizará dicho informe de evaluación ambiental y envía el expediente al Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático “para que se regularice su situación administrativa”, en el sentido de autorizar la modificación de la Orden.

En la misma publicación, la Junta añade que la validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anejo, también publicado, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Además, a partir de la notificación de la presente resolución, Acor dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la resolución.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves como Proyecto Industrial Prioritario el anunciado por la empresa fabricante de camiones Iveco España, con su factoría de Valladolid, donde prevé invertir entre 2026 y 2027 unos 233,76 millones de euros, gran parte para dotarse de 92 nuevos robots.

Esta declaración se debe, según ha explicado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a razones de “interés general basadas en la magnitud de la inversión prevista”, ya que espera que pueda servir para dinamizar el tejido industrial de la Comunidad y el impacto tecnológico e innovador del proyecto.

La declaración como Proyecto Prioritario implica una agilización en los trámites de una inversión que, en palabras de la Junta, asegura la viabilidad de la planta y refuerza su posición como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales, que emplea en Valladolid a un millar de trabajadores.

En este sentido, el proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la factoría vallisoletana, orientada a la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y a la modernización de los modelos actuales.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura 100% robotizado con la incorporación de 92 nuevos robots, así como la construcción de una nueva nave de pintura de última generación dotada de procesos totalmente automatizados.

Se trata de mejoras tecnológicas que permitirán a la planta alcanzar una capacidad de producción de hasta 111.000 cabinas al año, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, que calcula que estas inversiones tendrán un impacto sobre el empleo indirecto de unos 100 puestos de trabajo.

La modernización de los procesos productivos también conlleva un avance en sostenibilidad, reduciendo el consumo de gas natural y electricidad, así como las emisiones a la atmósfera, lo que refuerza la compatibilidad de la instalación con el entorno, según la información aportada por la Junta.

Al ser considerado prioritario por la Junta, los plazos administrativos dependientes de esa administración pueden reducirse a la mitad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación necesarios con otras administraciones públicas para agilizar las licencias necesarias, con el objetivo de que las actuaciones comiencen en el plazo máximo de un año.

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%, ligeramente por debajo del -6,2% nacional.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa. El paro bajó en España en 22.934 desempleados respecto a febrero, el -0,94%.

La cuarta mayor bajada del paro

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce Comunidades Autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

El paro subió en Soria y Ávila

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%).

Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó en todos los sectores, más en servicios

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincia ganaron cotizantes

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia.

En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora.

En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

53.582 contratos en marzo: 9.415 más que en febrero

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38).

En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

La economía de Castilla y León creció un 3,3% en 2025, que son dos décimas menos que en 2024, empujada principalmente por la industria (+3,8 %), la agricultura (4,6 %) y servicios (3,4 %), que experimentaron un crecimiento “uniforme”, aunque ya se vislumbra una “retracción” en la economía debido a la guerra de Irán y sus consecuencias.

Así lo ha asegurado el consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de la contabilidad regional de cierre de año y los del último trimestre de 2025, donde Castilla y León creció un 0,7 por ciento, un 1,1 por ciento menos que el trimestre precendente.

Como ha explicado el también portavoz de la Junta, este dato de crecimiento en 2025 es mayor al esperado cuando comenzó el año y superior también a la revisión que hizo el Ejecutivo autonómico en octubre, lo que demuestra la “buena evolución” que ha experimentado la economía de la Comunidad en el cierre del pasado año.

“El crecimiento se sigue manteniendo en niveles muy altos, especialmente en sectores como la industria y en la agricultura, que han superado las expectativas”, ha expresado Carriedo, que ha destacado cómo el sector primario ha incrementado su crecimiento a pesar de venir de un año “muy bueno” como fue 2024, cuando ya creció un 11,2 por ciento.

Asimismo, el consejero ha indicado que este crecimiento hubiera sido mayor de no ser por un contexto internacional “desfavorable”, marcado por la imposición de los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump, que ha tenido un impacto en el comercio exterior, especialmente en comunidades exportadoras como Castilla y León, ha detallado.

“Si no fuera por ese factor, el saldo exterior hubiera crecido”, ha argumentado Carriedo, que ha explicado que tanto las exportaciones como las importaciones descendieron en 2025, concretamente, un -0,3 y un -0,2 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la construcción, esta creció en 2025 una décima menos que en el año anterior, un 2,1 por ciento y un 2,2 por ciento, respectivamente.

Sobre el consumo final, este creció un 2,6 por ciento en 2025 (3,1 % en 2024) con un mayor aumento del gasto en hogares (3,1 % en 2025 y 2,8 % en 2024) y menor incremento de las administraciones públicas (1,7 % y 2,4 %, respectivamente).

En cuanto al cuarto trimestre de 2025, la disminución en el crecimiento del consumo de los hogares y de las administraciones públicas afectó a su evolución, con un descenso en comparación al trimestre previo del 0,3 y el 1,4 por ciento, respectivamente.

El impacto de la guerra de Irán

En cuanto a las perspectivas económicas de este año, el portavoz de la Junta ha recordado que el escenario de crecimiento previsto es del 2,2 por ciento, lo que ya supone un crecimiento menor que en 2025, aunque “los últimos trimestres animan a pensar en una retracción” de la economía ha expresado Carriedo.

“Todo dependerá de la profundidad de esta situación (guerra de Irán) y de su duración, pero puede restar algunas décimas en una Comunidad claramente exportadora”, ha afirmado.

Sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar esta situación, el consejero ha cifrado en 191 millones de euros lo que dejará de ingresar la Comunidad por la rebaja tributaria de los impuestos de hidrocarburos, generación eléctrica y la disminución del IVA.

De ellos 117,2 millones serán los que deje de aportar la Junta de Castilla y León y 73,8 el Estado, ha concretado Carriedo, que ha indicado que la Junta está valorando estas medidas, que tendrán un efecto de 35 millones de euros al mes, por si tuviera que implementar alguna ayuda propia a nivel autonómico.

La Junta de Castilla y León ha declarado proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid, una iniciativa que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi.

El acuerdo, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), forma parte del plan de expansión de Indra en el sector tecnológico y de defensa y contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

La declaración de proyecto prioritario se produce en un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, país que precisamente ha atacado recientemente con sus misiles y drones a sus vecinos, como Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la puesta en marcha en León de una nueva fábrica de drones multipropósito, situada en el polígono de Villadangos del Páramo, que se plantea como el principal centro de producción de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la compañía en España.

En estas instalaciones se fabricarán sistemas tácticos TARSIS, el sistema aéreo multipropósito VALERO y también munición merodeadora, conocida comúnmente como “drones kamikaze”, desarrollada por Indra en colaboración con la empresa tecnológica EDGE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, según detalla el Bocyl.

La iniciativa incluye además otras inversiones industriales en la Comunidad, como en Valladolid, donde Indra prevé crear un Centro de Ingeniería de Defensa y Seguridad, dedicado al diseño mecánico y eléctrico de sistemas de defensa y motores de combustión, así como un nuevo centro de fabricación de motores para drones.

La Junta justifica la declaración de proyecto industrial prioritario en el impacto económico y tecnológico de la iniciativa, que considera que contribuirá a ampliar el tejido industrial de Castilla y León y a fortalecer su competitividad en sectores de alto valor añadido.

La declaración como proyecto prioritario permitirá agilizar los trámites administrativos, ya que todas las actuaciones relacionadas con el plan tendrán carácter urgente y los plazos de tramitación se reducirán a la mitad.

Podemos recurre la declaración

Ante esta declaración, Podemos Castilla y León ha presentado este lunes un recurso administrativo, según ha informado el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña junto a los medios para las elecciones del 15 de marzo en la Comunidad.

Según Podemos, estas iniciativas se enmarcan en “planes de rearme” impulsados a nivel estatal y europeo que, a su juicio, plantean implicaciones “éticas y de seguridad”.

Llamas ha explicado que el recurso solicita la suspensión de la ejecución del acuerdo, al considerar que “existen irregularidades en la tramitación y falta de información pública sobre el expediente”.

En su intervención, el candidato ha cuestionado además el impulso de este tipo de iniciativas durante la campaña electoral y ha reclamado un debate público sobre el modelo industrial que se pretende desarrollar en la Comunidad.

Ha criticado, asimismo, que el impulso de estas iniciativas coincida con posiciones políticas que defienden el rechazo a la guerra -en alusión al PSOE- al considerar que existe una “contradicción entre ese discurso y la promoción de proyectos industriales vinculados al ámbito militar”.

El recurso presentado abre ahora un proceso administrativo en el que la Junta deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión y sobre las alegaciones planteadas por la formación.

La organización empresarial CEOE Castilla y León ha mostrado su “profunda preocupación” por una posible interrupción o límite a las relaciones con Estados Unidos, un “mercado estratégico” para numerosos sectores productivos de la Comunidad como la agroalimentación, la industria y los bienes de equipo.

A través de un comunicado remitido este miércoles, la patronal ha señalado que Estados Unidos “es un país amigo y socio fundamental para España” y ha mostrado su deseo que las relaciones entre ambos no se vean afectadas, después que el presidente norteamericano Donald Trump planteara “cortar el comercio con España” por la postura del Gobierno sobre el ataque a Irán.

CEOE CyL ha subrayado que en este momento de incertidumbre resulta “más necesario que nunca” reforzar la coordinación con la UE para adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional.

“Esperamos que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación a través del diálogo y la cooperación institucional, preservando así la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales con un ”socio clave como Estados Unidos“, apunta el texto.

A primera hora de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional en la que ha recuperado el lema del 'No a la guerra' (popularizado con la invasión de Irak de 2003), ha defendido el respeto al derecho internacional y ha reivindicado los valores fundacionales de la UE y de la Carta de las Naciones Unidas.

Castilla y León anotó en febrero 742 parados más que en enero, el 0,71 por ciento de incremento que dejó en 104.718 los desempleados en la comunidad, que sumó en ese mes 2.357 afiliados más a la Seguridad Social, un aumento del 0,24 por ciento que elevó a 984.660 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de febrero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.221 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,75 por ciento, por debajo del recorte nacional del 5,81 por ciento.

El sexto mayor aumento del paro autonómico

En España, el paro subió en febrero en 3.584 personas en relación con el mes anterior (0,15%) y respecto a febrero de 2025 descendió en 150.803 personas (-5,81%).

El paro registrado en febrero bajó en 6 Comunidades Autónomas en variación mensual, y las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas). Castilla y León anotó el sexto mayor incremento del paro en dato absoluto del conjunto autonómico.

El paro bajó en Burgos y Segovia, y casi sin cambios en León

En términos mensuales, el paro registrado descendió en Burgos (-1,15%) y Segovia (-0,64%) y se mantuvo prácticamente constante en León (-0,01%).

 Y aumentó en Ávila (1,14%), Palencia (2,37%), Salamanca (0,91%), Soria (2,96%), Valladolid (1,50%) y Zamora (1,55%).

En términos anuales, el número de parados disminuyó en Ávila (-6,08%), Burgos (-4,84%), León (-5,94%), Salamanca (-6,31%), Segovia (-5,56%), Soria (-3,34%), Valladolid (-3,30%) y Zamora (-4,75%), y solo aumentaron en Palencia (0,65%).

Servicios anotó 662 de los parados

El paro subió en febrero en la comunidad en el sector servicios, que sumó 662 parados más que en enero, y en el colectivo de sin empleo anterior, con 157, y la industria, con un parado más.

Y por contra se registraron caídas en agricultura (-38) y la construcción (-40).

412 parados menores de 25 años y 645 mujeres

De los 742 parados que anotó en febrero Castilla y León, 412 fueron de menores de 25 años, con un repunte del 4,95 por ciento, en la línea nacional del 4,71 por ciento.

Y 645 de los parados en febrero fueron mujeres, el 1,05 por ciento, frente al 0,28 por ciento nacional.

Todas las provincia ganaron cotizantes salvo Ávila y Valladolid

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en febrero respecto al mes anterior salvo Ávila (-0,14) y Valladolid (-0,01), con repuntes del 0,68 por ciento en Segovia y el 0,60 en Burgos.

En León el aumento fue del 0,24, con un 0,33 en Palencia, el 0,22 en Salamanca y Soria y el 0,10 en Zamora.

En dato anual todas las provincias sumaron afiliados a la Seguridad Social, entre el 2,19 por ciento de Segovia y el 0,13 de Soria.

44.167 contratos en febrero: 684 menos que hace un año

En cuanto a la contratación, en febrero se cerraron 44.167 contratos en Castilla y León, 2.644 menos que en enero (-5,65) y 684 menos que en el mismo mes del 2025 (-1,53).

En el conjunto autonómico la contratación se recortó un 3,83 por ciento respecto a enero, con un repunte del 1,87 respecto al mismo mes del 2025.

Más contratos indefinidos

En febrero se formalizaron 17.175 contratos indefinidos en la comunidad, 321 más que en enero; y 562 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de enero, la comunidad sumó 58.649 beneficiarios, 40.562 pensiones contributivas; con 18.025 subsidios y 62 rentas activas de inserción.

Emma Antolín asume la Presidencia de la multinacional Antolin en sustitución de Ernesto Antolin, que tras una década en el cargo deja las funciones ejecutivas para pasarse a una función institucional y de representación nacional e internacional, ha informado la compañía en nota de prensa.

El consejo de administración ha aprobado por unanimidad los nombramientos, con los que la firma inicia una nueva etapa, y que suponen además que Ernesto Antolin se convierte en vicepresidente y se incorpora al consejo en representación de su rama familiar.

La nueva presidenta se marca como prioridad impulsar un nuevo plan estratégico, que se sustentará en la solidez financiera de la compañía y en el plan de transformación ya en marcha, para fortalecer su posición financiera, maximizar la generación de valor y acelerar la mejora de márgenes y generación de caja.

Emma Antolín ha agradecido el esfuerzo y dedicación de Ernesto Antolín durante su mandato como presidente, “un periodo que ha supuesto un decidido impulso al liderazgo de la compañía”, así como la confianza depositada en su persona por parte del consejo de administración.

“Mi objetivo ahora es seguir trabajando para consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado y asegurar un crecimiento sólido y sostenible”, ha insistido la nueva presidenta.

Perfiles

Emma Antolín es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y MBA y Máster en Financial Management por el Instituto de Empresa.

Cuenta con 14 años de experiencia en la compañía, donde actualmente actúa también como consejera dominical, vocal de las comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones.

Por su parte, Ernesto Antolín ha desarrollado funciones de Project Management en Antolin, coordinando equipos multidisciplinares e internacionales; y completó el Industrial Operations Rotational Program de la compañía en su planta de Besançon.

Es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo, y cuenta con experiencia internacional en el ámbito jurídico-corporativo.

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo, cuenta con 111 fábricas distribuidas en 23 países, en las que trabajan alrededor de 20.000 empleados; en 2024 alcanzó un volumen de negocio de 4.191 millones de euros.

Tebrio Group, la empresa de cría industrial de insectos de Salamanca, Premio Nacional Pyme del Año 2025, que le ha entragado el rey Felipe VI y que organizan el Banco Santander y la Cámara de Comercio. El premio lo ha recogido su consejera delegada, Adriana Casillas. Tebrio Group es una compañía biotecnológica de cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales.

Esta pyme utiliza maquinaria y tecnología propia y patentada en más de 150 países, lo que le permite comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para nutrición de suelos y plantas, y polímeros para diferentes usos biotecnológicos industriales. Sus soluciones de “residuo cero” requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable que los métodos tradicionales, sin generar emisiones de gases de efecto invernadero como metano o amoniaco, contribuyendo de manera tangible a la reducción de la huella de carbono global.

Además del Premio Nacional Pyme del Año, se han entregado los accésits nacionales: Internacionalización, a MiiN Cosmetics de Barcelona; Innovación y Digitalización, a Oncomatryx Biopharma de Vizcaya; Formación y Empleo, a Coco Solution de Gran Canaria, y Pyme Sostenible, a Quercus Sustainable Packing de Zaragoza.

El Premio Pyme del Año, que anualmente convocan Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y riqueza a nivel local. En esta novena edición del Premio Pyme del Año se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias. En su organización han participado 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes las que han participado en este certamen.

La empresa Azucarera ha anunciado este miércoles, en un comunicado, la designación de Pablo Puerta como consejero delegado, en sustitución de Juan Luis Rivero, que dejará la compañía el día 27.

Puerta es ingeniero industrial y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en puestos de gestión operativa en Azucarera. Recientemente, en el Reino Unido ha ocupado el puesto de director de cadena de suministro en British Sugar, desde el que regresará a España. Por su parte, el actual consejero delegado, Juan Luis Rivero, dejará la compañía, en la que ha ejercido el cargo desde 2010.

Azucarera ha señalado que esta decisión “forma parte de un ajuste estratégico destinado a alinear el liderazgo de Azucarera con el nuevo modelo de negocio y las necesidades futuras (...)”.

“Rivero ha conducido con solvencia Azucarera a lo largo de numerosos cambios. Su compromiso, resiliencia y apoyo incondicional al negocio son profundamente apreciados. El equipo fuerte y cohesionado que conforma hoy la organización, así como los valores, son un reflejo de la cultura ha construido en este tiempo”, según el comunicado.

Después de que Azucarera cerrara su planta de La Bañeza (León), la compañía mantiene tres fábricas: Toro (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

La dirección de Nissan y una amplia mayoría del comité de empresa —UGT y CCOO— han alcanzado un preacuerdo para desatascar las negociaciones en torno al convenio colectivo, caducado desde el 31 de diciembre de 2024, después de meses de movilizaciones que han llevado a la plantilla de la planta abulense -480 empleados- a concentraciones y huelgas parciales.

Tras retomar ambas partes las negociaciones el pasado enero, se ha producido un principio de acuerdo del que se ha desmarcado USO, el tercer sindicato con representación en le comité de empresa, según han confirmado a EFE fuentes sindicales.

No obstante, el preacuerdo deberá ser ratificado esta semana por parte UGT y Comisiones Obreras en asamblea, antes de que se firme el nuevo marco laboral en los próximos días. El principio de acuerdo incluye una paga única, correspondiente al año 2025, que equivale al 2,9 por ciento de subida del IPC, mientras que para 2026 el incremento de las nóminas por todos los conceptos se situaría en el 1,5 por ciento, a la espera de volver a negociar el convenio correspondiente al presente ejercicio.

Asimismo, se incluye la eliminación del tope de antigüedad para los empleados incorporados a partir de 2017, recuperándose ese complemento tras su eliminación ese año a raíz de la crisis que acabó con la reconversión de la factoría de vehículos industriales de Ávila en la actual de componentes del automóvil.

El acuerdo inicial prevé una actualización de los niveles de los empleados, cuando lleven 15 años en la compañía, han señalado fuentes sindicales, que han manifestado que la actividad en la planta abulense se encuentra detenida este lunes y martes. Dicho acuerdo entre dirección y la mayoría del comité de empresa —UGT y CCOO— deberá ser ratificado en asamblea esta semana, para que pueda ser rubricado en los próximos días

Cerealto ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de pasta y el centro desde el que se fabrican estos productos, ubicado en Venta de Baños (Palencia, España), a Cerealis, una empresa especializada en pasta, según ha informado a travé sde un comunicado. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridade da Concorrência de Portugal (AdC). Cerealto quiso cerrar su fábrica de galletas en 2023, aunque finalmente permaneció abierta con salidas voluntarias importantes recortes laborales.

La sede corporativa de Cerealto está en Venta de Baños, donde hasta ahora tenían tres fábricas. Siro y Cerealto se fusionaron en 2018, que en 2022 llegó a un acuerdo con dos fondos de inversión —Afendis Capital Management y Davidson Kempner Capital Management—, que se comprometieron a salvar a la empresa.

La transacción se enmarca en la decisión estratégica de Cerealto de concentrar sus esfuerzos en las principales familias de productos en las que opera, snacks y desayuno, en las que cuenta con una sólida experiencia y ha identificado el mayor potencial para su crecimiento futuro.

Cerealto considera que su negocio de pasta, un activo rentable que ha sido objeto de inversiones continuadas en los últimos años, contará con una mayor proyección y desarrollo bajo el liderazgo de una empresa especializada en pasta como Cerealis. La operación garantiza la continuidad de la actividad en la planta de Venta de Baños, así como el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. No se prevén cambios en la plantilla, en las operaciones ni en la actividad habitual del negocio.

El CEO de Cerealto, Bosco Fonts, señala que este acuerdo supone “un paso importante en la estrategia de crecimiento” de Cerealto porque les permite “centrar nuestros esfuerzos en los negocios globales de snacks y desayunos”. “Nuestro negocio de pasta ha tenido un sólido desempeño y ha generado valor añadido gracias a las importantes inversiones de capital realizadas en los últimos años. Nos complace haber encontrado un nuevo operador especialista en pasta, con la capacidad de seguir desarrollando el negocio, al tiempo que se mantienen el empleo y las condiciones laborales de nuestros compañeros que pertenecen a la unidad de negocio de pasta”, ha garantizado el empresario, que espera iniciar una transición en el traspaso cuando se obtengan las autorizaciones necesarias.

Los precios arrancaron el 2026 en Castilla y León con un repunte del 2,1% en enero respecto al mismo mes del 2025, aunque en dato mensual cayeron medio punto, lo que no se notó en los alimentos que están un 3,2% más caros que hace un año y un 0,4 más que en diciembre.

De acuerdo a los datos del IPC de enero publicados este viernes por el INE, los precios moderaron su incremento en enero en Castilla y León con ese 2,1% de tasa anual, tras el 2,8% de diciembre y el 2,6% de media que registró la comunidad en el 2025.

En el conjunto nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero, con Madrid con la tasa más elevada (3,0%) y Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y La Rioja las más bajas (1,9% todas), y Castilla y León, junto a Andalucía, en el grupo de las terceras menos inflacionistas.

El IPC subió en enero en tasa anual especialmente en Salamanca, con un repunte del 2,5%, seguida del 2,4% de Valladolid, 2,3 de Soria, con el 2% de León, Palencia y Zamora.Las menos inflacionistas fueron Ávila, con un 1,7%, y Burgos y Segovia con un 1,8%.