La Unión de Campesinos Burgos (UCCL) ha pedido a la Junta de Castilla y León que realice un mapeo de la Comunidad para establecer zonas de tensión ante una presencia “desmesurada” de especies silvestres, así como que adopte medidas urgentes para controlar las poblaciones y definir la responsabilidad de los titulares a la hora de ejecutarlas.

La organización agraria ha denunciado, en nota de prensa, que las medidas del Gobierno autonómico frente a un incremento continuo de las especies silvestres son insuficientes, y ha recordado que continúan recibiendo comunicación de daños en municipios de toda la provincia de Burgos.

Ha insistido en que esos daños causados por especies silvestres, tanto en cultivos como en explotaciones ganaderas, dejan a agricultores y ganaderos en una situación de “gran indefensión”, y ha demandado más trabajo por ejemplo en los reservorios creados para conejos en infraestructuras públicas y cascos urbanos.

“La proliferación de especies como topillos, conejos, lobos, ciervos, jabalíes, buitres... unos cinegéticos y otros no, está propiciando un incremento de daños que no encuentra compensación para agricultores y ganaderos que se ven obligados a ser los mantenedores de estas especies”, ha denunciado UCCL.

Ha asegurado que, además, en el caso de los conejos se está permitiendo su proliferación en zonas en las que no son una especie autóctona, lo que causa daños al cereal y al viñedo, como consecuencia de las expropiaciones para infraestructuras que han creado espacios donde “crecen a sus anchas”.

UCCL ha recordado que, junto a los daños en la agricultura y la ganadería, la fauna salvaje también genera riesgos en materia de sanidad animal, y accidentes de tráfico, ante un incremento “desmesurado” de especies que no se posible controlarlo de manera natural.

Por ese motivo, la organización agraria demanda definir un mapa de zonas tensionadas, y que la Junta ponga en marcha de manera urgente medidas de corrección, y establezca quiénes son los encargados de ejecutarlas entre administraciones, municipios, cotos de caza o titulares de infraestructuras.

La Organización Profesional Agraria (OPA) UPA ha pedido este martes a los agricultores y ganaderos de la Comunidad que no “incrementen la burbuja” ante la crisis de precios provocada por la guerra en Irán, que en el mismo día de su estallido provocó la subida de 30 céntimos el litro en el gasóleo agrícola, de los 0,92 céntimos a 1,20.

El presidente de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha pedido así al campo, en una rueda de prensa, “no hacer pedidos sin ton ni son” porque eso podría provocar un “desabastecimiento” de determinados bienes, como algunos abonos que requieren de gas para su producción y que también están viviendo una subida rápida de precios por la guerra.

Según esta organización, esta subida se trata de una “especulación pura y dura”, ya que el carburante “ya estaba comprado” antes del estallido del conflicto, por lo que “algunos ya se están forrando” con esta crisis.

Asimismo, la organización agraria también ha alertado de que las exportaciones agrarias a los países de Oriente próximo podrían verse afectadas, ya que Castilla y León tiene en la zona un “importante mercado”, especialmente en ganadería de vacuno y ovino o alfalfa en Arabia Saudí, que dependen del estrecho de Ormuz ahora bloqueado.

Por todo ello, desde UPA han demandado a las administraciones que “pongan coto a la especulación”, porque el campo ya arrastra una “crisis de precios”, como en el cereal, que sin “acabar de remontar” ahora debe abordar este nuevo problema.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León mantendrán las movilizaciones previstas para el 29 de enero en las distintas provincias para mostrar su total rechazo a la actual redacción del acuerdo de Mercosur con la UE y los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).

Así lo han trasladado Lorenzo Rivera (Coag), Donaciano Dujo (Donaciano Dujo); Aurelio González, (UPA) y Jesús Manuel González Palacín (UCCL), en rueda de prensa este viernes en Valladolid tras reunirse con el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Los dirigentes de estas organizaciones han pedido que se respete la voluntad del Parlamento Europeo -que elevó este acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para que dictamine si vulnera los acuerdos europeos- y han coincidido en reclamar a la Comisión Europea que no implemente el acuerdo.

Dujo (Asaja) ha insistido en que este pacto no beneficia a ningún sector agrícola de la Comunidad, ha criticado las cargas burocráticas que afronta el campo europeo pero que no se aplican a productos de terceros países y ha pedido a las instituciones europeas que no prometa cláusulas de salvaguardia que luego no ejecuta, como a su juicio ocurre con Marruecos.

También ha agradecido a los eurodiputados que votaron a favor de llevar este acuerdo ante el TJUE y ha lamentado la actitud de los “que no han estado con el campo ni con la ciudadanía, porque este acuerdo perjudica al campo y perjudica a los consumidores”, ha asegurado, en referencia al PP y PSOE, antes de pedir a Carlos Martínez que traslade esta postura a la dirección nacional socialista.

Una idea que también ha compartido Rivera (Coag), quien ha reconocido que “se ha ganado una batalla”, ha recordado que el acuerdo de Mercosur es otro de los 40 que ha suscrito la UE con terceros países y ha reclamado una PAC fuerte para el campo español.

Por su parte, Aurelio González (UPA) ha pedido “cambiar este acuerdo de arriba abajo” y ha advertido de que con este pacto “se juega la soberanía alimentaria” de la UE y se vacía el medio rural; mientras que González Palacín (UCCL) ha subrayado que los agricultores y ganaderos españoles deben tener “las mismas reglas del juego” porque “cada explotación que se cierra no se vuelve abrir”.

La Junta de Castilla y León ha evitado pronunciarse de forma concreta sobre la decisión del Parlamento Europeo de paralizar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la posición del Ejecutivo autonómico sigue siendo la firmada con las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Regional Agrario, en la que se defendía la adhesión al mismo solo si se garantiza el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones para los productores europeos.

Según el también consejero de Economía y Hacienda, la Junta se siente “ plenamente identificada” con los siete puntos pactados con el sector agrario, que constituyen su “hoja de ruta” ante los acuerdos comerciales internacionales futuros. En ese marco, ha incidido en que el Gobierno autonómico está al “lado del campo”, “claramente del lado de agricultores y ganaderos”.

En concreto, en uno de los aspectos que más se ha reclamado desde las OPAS que es el mayor control y reciprocidad. Fernández Carriedo ha señalado que, para que el acuerdo con Mercosur pueda aplicarse, sería necesario incorporar instrumentos de control y cláusulas de protección para aplicar el acuerdo.

En concreto, echa de menos mayores garantías, especialmente en normativa de reciprocidad normativa, cláusulas de salvaguarda y controles en frontera y en origen, con el objetivo de asegurar que la competencia se produzca en condiciones de igualdad. Según ha indicado, se trata de un planteamiento que “va más allá del simple aspecto regulatorio del comercio internacional”.

Evita valora el voto de PP, PSOE y PNV para mandar el acuerdo al TJUE

El portavoz ha evitado valorar el sentido del voto en contra de remitir al acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los eurodiputados de PSOE, PNV y PP en la Eurocámara y ha reiterado que desde la Junta defienden el acuerdo con las OPAS y su defensa del campo en su ámbito competencial de manera “inequívoca”.

La posición de la Junta se ha producido un día después de la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo UE-Mercosur al TJUE para que dictamine sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que supone en la práctica la paralización de su tramitación. La moción fue aprobada este jueves por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El debate en la Eurocámara se centra, entre otras cuestiones, en la validez jurídica del mecanismo de reequilibrio incluido en el tratado y en la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Según el propio TJUE, este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal puede priorizar el procedimiento si lo considera necesario.

El acuerdo entre la UE y Mercosur, firmado el pasado fin de semana tras más de 25 años de negociaciones, crearía uno de los mayores espacios de libre comercio del mundo, pero ha generado una fuerte oposición en parte del sector agrario europeo y el rechazo de algunos Estados miembros, con Francia a la cabeza.

Desde el Gobierno de España, el Ministerio de Economía ha lamentado la decisión del Parlamento Europeo y ha defendido que la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso económico significativo. Según el departamento que dirige Carlos Cuerpo, cada mes de retraso durante 2026 podría suponer una pérdida de 4.400 millones de euros de PIB y 3.000 millones en exportaciones. Economía ha defendido que los procedimientos actuales permiten su aplicación provisional una vez sea ratificado por un Estado de Mercosur.

La Comisión Europea también ha expresado su rechazo al envío del acuerdo al TJUE, al considerar que las cuestiones planteadas ya han sido abordadas, y ha advertido de que la votación llega en un momento en el que la UE necesita diversificar mercados y reforzar su papel como socio comercial fiable.

Unas trescientas personas y unos 200 tractores se han concentrado este jueves en torno a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, para protestar por los efectos del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y pedir a las administraciones un apoyo real al sector primario español.

Una concentración convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi) que ha causado problemas de tráfico en la ciudad.

Representantes de Unaspi han registrado un escrito dirigido a los grupos parlamentarios de la Cámara con reclamaciones en el ámbito europeo, autonómico y en el que piden respeto para las personas que viven y trabajan en el medio rural.

El presidente nacional de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha explicado en declaraciones a los periodistas que su objetivo es presionar al Gobierno de España y al Parlamento para que rechace este acuerdo, que se firma pasado mañana y que prevén que se ratifique en el mes de febrero.

Clave autonómica

En el caso concreto de Castilla y León, ha advertido de que el mayor impacto lo tendrá para el cereal y la ganadería, porque “en los países sudamericanos las extensiones son muy grandes, trabajan con mano de obra mucho más barata y utilizan productos que aquí llevan años prohibidos”.

“Mercosur viene cuesta abajo y nosotros vamos cuesta arriba y con una mochila de piedras: es imposible competir y va a arruinar el sector en Castilla y León”, ha asegurado, antes de reprochar a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral (PP), que calificase como beneficioso el acuerdo y le ha retado a que explique “qué tiene de bueno”.

Respeto a las elecciones en la Comunidad previstas para este mes de marzo, Aguilera ha pedido a los futuros procuradores “que piensen en el campo, en las zonas rurales y en las familias que se van a arruinar”..

“Nos rasgamos las vestiduras con que hay que salvar al mundo rural y están oprimiendo el sector hasta el abandono de los pueblos y la ganadería, y eso se traduce en los incendios que hemos tenido este verano, devastadores, porque no hay ganadería en los montes, son políticas de destrucción”,ha afirmado.

Cencerros y carteles

La tractorada, que ha congestionado el tráfico desde la primera hora de la mañana por la entrada desde al menos seis puntos de la ciudad, ha culminado en la explanada frente al parlamento autonómico, donde varios vehículos de todo tipo (tractores, fumigadoras o cosechadoras) se han dejado ver con carteles con lemas como 'No a Mercosur' o críticas al ministro Luis Planas (PSOE) y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

'Sin campo no hay comida, sin comida no hay libertad', 'Mercosur ruina y miseria para el sector primario', 'El campo se muere ¡Viene el hambre!' son algunas de las pancartas y lemas que han portado los agricultores y ganaderos, algunos con cencerros, cornetas de plástico y petardos.

Gonzalo Martín, un ganadero de caprino de Aguilar de Campóo (Palencia), ha recordado que los productores no pueden competir con Mercosur porque utilizan productos prohibidos que “terminan en la mesa de los ciudadanos” y ha remarcado que “no hay ningún sector dentro de la agricultura y la ganadería al que este pacto le pueda venir bien”.

Por su parte, la zamorana Joana López ha reprochado “la asfixia” y la sensación de persecución que vive un sector en pie desde hace ya dos años y ha centrado sus críticas en los altos costes de producción, porque el precio del cereal es el mismo que hace cuatro décadas: “Mi abuelo cobraba lo mismo por un kilo de trigo que lo que cobramos ahora, es inasumible”.

Minutos después, media docena de los máximos responsable de Unaspi han sido recibidos por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), y por miembros del Grupo Parlamentario Vox, antes de registrar sus demandas dirigidas a las instituciones europeas y a los gobiernos nacional y autonómico.

El Consejo Regional Agrario de Castilla y León ha aprobado un documento en el que muestra su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y en el que reclama al Gobierno y a las instituciones europeas reciprocidad en las exigencias a terceros países y “salvaguardas reales” para los productos españoles.

Este organismo, formado por la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UCCL y reunido este miércoles en Valladolid, también ha acordado unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en la defensa del sector primario ante un acuerdo que genera preocupación por su potencial impacto en la Comunidad.

El texto subraya que el Consejo exige que la posición española defienda la reciprocidad y que sólo apoyará el acuerdo si se logra “una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad”.

Asimismo, reclama al ejecutivo nacional “un análisis detallado y desagregado por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables en Castilla y León” y “salvaguardas reales, efectivas e inmediatas y activables sin demora, ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios”, que incorporen otras compensaciones en función de los casos.

También plantea el refuerzo de los controles en frontera y de inspecciones en terceros países para asegurar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras y una Política Agraria Común (PAC) tras 2027 “sólida y sin recortes” y que mantenga e incremente los fondos europeos FEAGA/FEADER.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, ha destacado en declaraciones remitidas este miércoles a los medios el consenso alcanzado con la organizaciones agrarias “en la defensa del campo de Castilla y León” y ha criticado la falta de transparencia sobre los detalles del acuerdo.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, María González Corral, ha valorado este viernes de forma prudente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado hoy, al considerar que puede ser “positivo” para el sector agroalimentario y el primario de la Comunidad si se garantiza el principio de reciprocidad y la igualdad de condiciones para los productores europeos.

Así lo ha señalado en Palencia, en respuesta a las preguntas de los periodistas durante su visita a la empresa Merpacífico, donde ha reconocido que aún desconoce “la letra pequeña” del acuerdo, pero ha subrayado que un mercado potencial de 700 millones de habitantes puede suponer una oportunidad para las empresas agroalimentarias de Castilla y León y para impulsar las exportaciones.

Sin embargo, ha insistido en que cualquier avance en este sentido debe ir acompañado del cumplimiento estricto del principio de reciprocidad.

“Lo que venga de allí tiene que venir con los mismos requisitos que aquí se exige a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria para que puedan competir en igualdad de condiciones”, ha recalcado, recordando que esta exigencia ya quedó recogida en la declaración institucional sobre la PAC post 2027.

En este contexto, González Corral ha lamentado que el Ministerio de Agricultura no haya atendido la petición realizada hace meses por varias comunidades autónomas y por ella misma para mantener una reunión monográfica sobre Mercosur.

“Solicitamos al ministro Luis Planas una reunión específica para valorar este acuerdo y adelantarnos a sus consecuencias, pero no hemos tenido respuesta”, ha señalado.

Preguntada por el respaldo a las movilizaciones y preocupaciones del sector agrario, la consejera ha afirmado que la Junta apoya la postura consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria agroalimentaria y regantes, centrada precisamente en la defensa de la reciprocidad y la competencia en igualdad de condiciones.

Sobre el posible impacto del acuerdo en los productos de Castilla y León, ha señalado que será necesario analizar en detalle las condiciones pactadas y las cláusulas de salvaguardia.

“Tenemos que ver si realmente sirven para proteger a algunos de nuestros productos y en qué condiciones”, ha explicado, confiando en que en los próximos días se conozca el contenido completo del acuerdo y se convoque una conferencia sectorial con el resto de comunidades autónomas para que el Ministerio lo detalle. 

La Junta de Castilla y León ha prorrogado las medidas cautelares contra la Dermatosis Nodular Contagiosa en la Comunidad hasta el próximo 31 de enero, han confirmado este viernes fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las medidas afectarán únicamente, tal y como se establecía en la resolución que estaba en vigor hasta el día de hoy, a las ferias y mercados de ganado bovino en las que los animales procedan de más de una única explotación.

La Junta, ante la importancia que tiene la prevención para evitar la transmisión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la Comunidad, ha adoptado desde el principio medidas encaminadas a minimizar el riesgo de aparición de focos, dada la relevancia que del sector del vacuno tanto a nivel económico como social.

Con el objetivo de reforzar la protección de la cabaña ganadera, el 25 de octubre entró en vigor, por un período de 15 días y tras consultar a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y asociaciones integradas en el sector del vacuno, una primera resolución mediante la que se suspendía la celebración de todas las ferias y mercados de ganado.

Posteriormente, se dictó una segunda (6 de noviembre) que prorrogó esas medidas hasta el 30 de noviembre, y una tercera (26 de noviembre), que es la que estaba vigente hasta la jornada de hoy, 2 de enero de 2026, que mantenía las restricciones únicamente a las ferias y mercados de bovino.

A la vista de la información epidemiológica disponible, de la persistencia del riesgo de aparición de la enfermedad y escuchados los representantes del sector, la decisión que ha adoptado la Junta, materializada en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de la jornada de hoy, es la de prorrogar hasta el 31 de enero las medidas que estaban vigentes hasta este momento.

Desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas que, con el fin de mantener un adecuado nivel de vigilancia y prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, es necesario reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, que no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. 

La Junta de Castilla y León ha decidido intensificar las medidas de prevención, seguimiento y actuación frente a la Peste Porcina Africana ante los casos positivos detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han mantenido este lunes una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública de la Junta en la que se han definido las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus.

En primer lugar, se traslada un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La Junta va a reforzar la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales.

Además, se reforzarán las medidas de control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso.

Durante los próximos días, los responsables de la Junta de Castilla y León mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Asimismo, dentro del Plan de Gestión del Jabalí de la propia Junta se va a intensificar su caza para rebajar la población, especialmente en las zonas de porcino con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad en el escenario de que el virus llegase a detectarse en la Comunidad.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares de jabalíes muertos o enfermos, informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112.

Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal.

Se debe trasladar al 112 la ubicación lo más precisa posible (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). No se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos para evitar la propagación del virus, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados. 

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León ha advertido este miércoles de que la Comunidad “se juega el futuro inmediato” del sector azucarero y remolachero si no se actúa “de forma inmediata y conjunta” con agricultores, empresas y administraciones. El sindicato ha puesto el foco especialmente en la planta de Toro (Zamora), la única molturadora que AB Azucarera mantiene operativa en Castilla y León tras el cierre de La Bañeza, en León, y ha señalado que la falta de planificación “ha puesto en riesgo un sector estratégico que sostiene miles de empleos en el medio rural”.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y la secretaria general de UGT FICA en la comunidad, Sandra Vega, han instado trabajar a la Junta, al Gobierno central y a las instituciones europeas para “garantizar la continuidad del cultivo de la remolacha y de la actividad industrial”, elementos que consideran inseparables para evitar nuevos cierres. Ambos dirigentes han insistido en que la comunidad “no puede permitirse” perder más fábricas, después de que en los últimos 25 años Castilla y León haya visto desaparecer instalaciones en Veguellina de Órbigo, Venta de Baños, Peñafiel o Benavente.

El sindicato ha recordado que más de 2.000 empleos directos se han perdido en este periodo en la industria remolachera de Castilla y León, a los que se han sumado los 193 puestos afectados por la última reestructuración vinculada al cierre de La Bañeza. Además, han destacado que la Unión Europea ha constatado que cada empleo directo del sector genera aproximadamente diez empleos indirectos en ámbitos como la industria química, la logística o el transporte, lo que eleva la cifra total de puestos en riesgo por encima de las 10.000 que de una u otra forma dependen de este sector.

Según Lobo, la Comunidad “ha jugado un papel fundamental” en el sector gracias a un nivel de tecnificación elevado, amplias zonas de regadío y productores altamente especializados, pero la pérdida de superficie sembrada y la incertidumbre industrial “han debilitado la cadena de valor”. Actualmente, en España solo permanecen operativas como fábricas de molturación la planta cooperativa de ACOR en Olmedo (Valladolid) y la de AB Azucarera en Toro. “Si no se garantiza el cultivo, estas plantas están condenadas al cierre, y con ellas los territorios que dependen de su actividad”, ha afirmado.

El sindicato ha remitido una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en la que pide constituir de inmediato una mesa de trabajo estable con organizaciones profesionales agrarias, empresas y sindicatos para anticipar decisiones y evitar “nuevos episodios traumáticos” en el sector. UGT ha señalado en que la estrategia debe tener alcance autonómico, nacional y europeo, ya que las decisiones comunitarias sobre cuotas, ayudas o competencia “han impactado de manera directa en el futuro de la remolacha”.

La Bañeza, cerrada “sin que exista aún un proyecto industrial alternativo”

El cierre de la fábrica de La Bañeza se ha convertido, según UGT, en el ejemplo más claro de una crisis que “ha puesto en cuestión” el modelo productivo y la capacidad industrial de la comunidad. Vega ha explicado que, pese a disponer de agricultores que continúan cultivando remolacha en la comarca, la planta “ha sido cerrada sin que exista aún un proyecto industrial alternativo real”.

El sindicato ha señalado que los trabajos de la Fundación Anclaje “no han mostrado avances significativos” y que “no se han presentado propuestas sobre la mesa” para reconvertir la actividad en la zona. Lobo ha insistido en que “no hay sitio para la resignación” y ha asegurado que el sindicato va a “exigir y empujar” para que la comarca no quede “condenada al olvido”. UGT ha considerado como imprescindible que la alternativa industrial forme parte del plan global de defensa del sector, ya que el cierre de La Bañeza “ha demostrado que la pérdida de una sola planta puede acelerar toda la caída del modelo”.

Sector estratégico en riesgo

El análisis presentado por UGT ha mostrado una evolución marcada por la volatilidad de precios y el incremento sostenido de costes. El precio del azúcar blanco ha oscilado entre los 500 y 600 euros por tonelada en 2010, ha descendido a mínimos de 400-450 euros en 2015 y ha alcanzado máximos de 800-900 euros en 2023, para situarse después en 590-610 euros. En paralelo, el precio recibido por el agricultor ha tenido variaciones significativas: de 35-40 euros por tonelada en 2010-2011 a los 60-70 euros en 2024-2025, volviendo a caer en la campaña 2025-2026 a unos 45 euros.

Los costes de producción, por su parte, han experimentado un incremento continuado desde los 2.500 euros por hectárea en 2010-2011 hasta los 4.100-4.400 euros por hectárea en la campaña actual en regadío. “La inflación y el encarecimiento de los insumos han hecho que muchos agricultores no encuentren atractiva la siembra”, ha expuesto Vega, quien ha advertido de que la superficie sembrada en España ha pasado de 56.000 hectáreas en 2010 a unas 30.000 en 2025. En Castilla y León, las cifras han reflejado una caída equivalente, pese a que la comunidad mantiene algo más del 80 % de la producción nacional.

UGT ha alertado de que, si España y Castilla y León dejan de sembrar remolacha, el país quedará “totalmente expuesto” al mercado internacional del azúcar, dominado por un oligopolio que ya ha provocado cierres en la Unión Europea desde la eliminación de las cuotas en 2017. “Nos arriesgamos a depender por completo de terceros países, a sufrir desabastecimientos y a un aumento de costes”, ha señalado Vega, que ha recordado que este deterioro “ya ocurrió en el sector del tabaco”.

Ante este escenario, Lobo ha emplazado a las administraciones a “poner pie en pared” y a impulsar un plan estratégico que sostenga el cultivo, mantenga la actividad industrial y evite nuevas decisiones que “puedan condenar a las comarcas rurales a la pérdida irreversible de empleo y población”.

Donaciano Dujo ha resultado reelegido, por séptima vez consecutiva, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Castilla y León, durante el XI Congreso Regional que esta organización agraria ha celebrado este viernes en Ávila, con la participación de 200 compromisarios. Dujo lleva al frente de Asaja Castilla y León desde el año 2000.

Tras ser elegido, Dujo ha dado las “gracias” a quienes han vuelto a dar su confianza a una única candidatura, nuevamente junto a su secretario general, José Antonio Turrado, y los presidentes de ASAJA en cada una de las nueve provincias de la Comunidad.

“Es un honor para nosotros presidir esta organización, defender la agricultura y la ganadería de Castilla y León y ser parte de la historia de esta comunidad en relación con el sector agrícola y ganadero”, ha señalado a los periodistas, antes de señalar que contará tanto con los 160 trabajadores de la OPA, como con sus 18.000 socios.

Tras señalar que su equipo trabajará en los próximos años por una agricultura y ganadería “profesionales, productivas y libres”, ha abogado por la “unidad” para afrontar un contexto mundial “con muchas dificultades”.

Entre los problemas, ha citado la “falta de rentabilidad en algunos sectores”, así como la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), contra la que ha planteado cuantas acciones reivindicativas sean posibles, desde la “unidad de acción”, también con el Gobierno autonómico.

La posición de “rotundo rechazo” a esta reforma, además de ser compartida por el conjunto del sector, también es rechazada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como por una veintena de países más y por el Parlamento Europeo, de manera que el único apoyo es el de la Comisión, de cuya presidenta, Úrsual von der Leyen, procede la propuesta.

“Si los jefes de estado, los jefes de gobierno y los eurodiputados en el Parlamento -Europeo- dicen no, la Comisión tiene que volver a hacer una propuesta nueva”, ha argumentado Donaciano Dujo al respecto.

Por otra parte, ha asegurado que Asaja seguirá manteniendo una posición “tajante y firme ante aquellas instituciones, aquellos lobbies o poderes que critiquen y que no prioricen las políticas del sector agrícola y ganadero”.

Tras los incendios del pasado verano, ha apuntado que desde su organización se esforzarán para que “lleguen las ayudas al máximo a los agricultores pero, sobre todo, para hacer políticas medioambientales coherentes, sensatas, de campo, que mantengan el espíritu” que tuvieron las pasadas generaciones.

El encuentro, celebrado en el Auditorio Municipal de San Francisco, ha contado con la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha protagonizado el discurso de apertura, mientras que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha encargado del de clausura.

Asimismo, han participado el alcalde de Ávila, jesús Manuel Sánchez Cabrera, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y el presidente nacional de la organización agraria, Pedro Barato, quien ha felicitado a Dujo, al tiempo que se ha referido a ASAJA Castilla y león como “uno de los pilares fundamentales en España” de esta OPA.

Las organizaciones agrarias, representantes de los viticultores adscritos a la denominación de origen Ribera del Duero, han denunciado este lunes la “drástica bajada” que se está registrando en el precio de la uva y que está provocando que no se cubran ni siquiera los costes de producción. Hasta cinco colectivos agrícolas han coincidido en la emisión de sendos comunicados, uno firmado por la Asociación de Viticultores, UPA, COAG y Asaja y el segundo, en solitario, por la Unión de Campesinos de Castilla y León, en los que han alertado de que el poco dinero que se está abonando por el fruto puede condicionar el futuro de esta zona de calidad vitivinícola.

La primera de las notas considera incomprensible que se estén ofreciendo 0,55 euros por kilo de uva cuando a 31 de agosto, según los datos proporcionados por el propio Consejo Regulador de Ribera del Duero la comercialización de su vino ha crecido un 4,2%, lo que supone un incremento de casi dos millones de botellas más que en el mismo periodo del año anterior.

“Estos precios, presuntamente, no cubren el coste de producción de uvas de calidad, con el consiguiente riesgo a corto plazo para las propias bodegas”, indican. El comunicado de UCCL, por su parte, incide en que la “injustificada bajada de precios” que cifra entre el 15 y el 50%, llega en un año en el que los costes de producción se han disparado al tener que actuar contra el mildiu, lo que eleva hasta 1,25€ lo que cuesta producir un kilo de uva.

“Estas prácticas solo conducen a la ruina de los viticultores”, ha señalado Yara Alonso, representante de la UCCL, quien ha indicado que a los elevados costes de producción se une el poco peso con el que entra en bodega la uva. Desde la UCCL se pide al Consejo Regulador que asuma sus funciones y represente y defienda los intereses económicos y sectoriales de todos sus integrantes, en particular los minoritarios. Además, pide al sector elaborador mayor compromiso con los viticultores, censurando que firme contratos a última hora, “incluso el día antes de vendimiar”, y solo por campaña, provocando incertidumbre entre los productores.

Por último, vuelve a mostrar su oposición a que se realicen nuevas plantaciones de viñedo, especialmente con la entrada de derechos de otras zonas de calidad vitivinícolas. Algo que solicitan desde el año 2016 ya que la falta de control ha generado un desequilibrio estructural en la zona y poniendo en peligro la viabilidad del tejido económico vinculado al viñedo.

La denuncia de las OPAs llega cuando la vendimia se ha generalizado en la Ribera del Duero. A día de hoy, según los datos facilitados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero han abierto 192 bodegas, de las que tres ya han dado por finalizada la recogida de fruto, y han entrado en las tolvas algo más de 16 millones de kilos de uva.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (opas) de Castilla y León y el Gobierno autonómico han expresado este martes su “rechazo frontal” a la futura Política Agrícola Común (PAC), que vería aminorados sus fondos en el marco plurianual 2028-34 en detrimento de otras partidas como en defensa, de ahí que hayan expresado que Europa quiere “cambiar tractores por tanques”.

En una reunión de urgencia del Consejo Agrícola de la Comunidad, los representantes de las opas Asaja, UPA-Coag y UCCL han trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta su “rechazo frontal”, como ha tildado el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, a este plan financiero, que según esta OPA aminorará en casi 300 millones de euros anuales los fondos que recibe la Comunidad.

Más cauta con las cifras se ha mostrado la consejera de Agricultura, María González Corral, que ha considerado “arriesgado” dar una cifra porque el documento presentado por la Comisión Europea habla de “cifras globales y no pormenorizadas”, aunque sí ha subrayado que la Junta exigirá al Gobierno de España una “defensa férrea” del actual modelo de la PAC.

Como ha recordado la consejera, la propuesta de la Comisión Europea, que debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, pasa por suprimir la línea de desarrollo rural de la PAC y dejar solo las ayudas directas, donde los Estados miembro además pasarán a tener un mayor control de estos fondos, algo que tanto las opas como la Junta han criticado.

Según este plan europeo, los fondos destinados a la PAC pasarían de los 386.000 millones a algo menos de 294.000 millones, un “recorte inadmisible” que, sumado a una “forma no adecuada” de distribución, hacen que Castilla y León rechace este nuevo modelo, a pesar de haber sido presentado por la popular Ursula von der Leyen.

En este sentido, la consejera, también del PP, ha indicado que ha mantenido ya contactos con los eurodiputados españoles del Grupo Popular para trasladarles el rechazo a este plan del órgano Ejecutivo europeo.

Por todo ello, la titular de agricultura ha informado que ha pedido al ministerio homólogo una “reunión urgente” para abordar este asunto y ha trasladado que Castilla y León se ha adherido al grupo de autonomías que han mostrado su rechazo a esta futura PAC.

Las opas creen que el campo pagará la factura militar

Mientras, por parte de las organizaciones agrarias, el representante de UPA-Coag, Aurelio González, ha lamentado que el campo vaya a pagar la factura militar en Europa: “Quieren cambiar tractores por tanques”, ha expresado.

Por su parte, desde Asaja, Donaciano Dujo ha cifrado en 264 millones el recorte anual que sufriría Castilla y León, que se elevaría a 460 si se suma la inflación.

Finalmente, desde la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha indicado que quedan por delante “dos años de duro trabajo” para intentar revertir este documento marco, que debe sustentarse sobre tres pilares: aumento del presupuesto, ayudas para los agricultores profesionales y reducción de la burocracia, ha apostillado.

El PSOE demanda un “frente común”

Por su parte, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha recriminado en Soria que la Junta de Castilla y León no cuente con el PSOE para llevar una posición común sobre la Política Agraria Común.

“Me hubiera gustado que nos hubiera llamado para tener un frente común en defensa de la PAC y de la política de cohesión en Europa”, ha lamentado Martínez, ante la reunión del Consejo Regional Agrario de este martes.

Según el socialista, el PP europeo ha puesto encima de la mesa “un recorte brutal” para los agricultores y ganaderos y en la política de cohesión que son, ha recordado, dos de las líneas principales de financiación con las que Castilla y León ha de abordar “grandísimos retos”.

Ante ello, Martínez ha vuelto a pedir a Mañueco que elabore un proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad porque, de no hacerlo, se perderán los años 2024, 2025 y también, 2026 “por la inacción de la Junta de Castilla y León”.

La organización agraria Asaja ha exigido este martes al Gobierno que impulse medidas ante el “hundimiento de precios” que soportan los productores de cereales en una campaña de “buena producción y rendimientos” en la que se enfrentan a “costes disparados” por la entrada de “importaciones a bajo precio”.

En concreto, ha reclamado “controlar las importaciones masivas de cereales sin garantías ni trazabilidad”; “rechazar los aranceles a los fertilizantes rusos”, que a su juicio “contribuirán a encarecer más la producción” y “establecer un sistema de ayudas directas” para compensar la subida de éstos y garantizar la viabilidad de las próximas campañas.

Así lo ha expuesto esta mañana en la reunión sectorial que se ha celebrado en sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el que este departamento ha estimado que la producción nacional de cereal, incluido el maíz, será de 23,3 millones de toneladas.

Asaja, en la reunión, “ha expresado su máxima preocupación por el pesimismo que reina entre los productores quienes, lejos de poder aprovechar un año de buena producción, se enfrentan a una nueva campaña con costes disparados y precios hundidos por las importaciones a bajo precio”, ha afirmado en un comunicado.

Ha criticado la “desconexión entre los datos macroeconómicos del Ministerio y la realidad que viven los agricultores en el campo” a la vez que ha transmitido su “máxima preocupación por el pesimismo que reina entre los productores de cereal”.

“El sector necesita respuestas, no excusas”, ha reprochado esta organización al MAPA en la reunión que, según esta asociación agraria no ha ofrecido “soluciones reales” para mejorar la situación de falta de rentabilidad que atraviesa el sector de cereales, oleaginosas y proteaginosas.

“Después de tres o cuatro campañas catastróficas, hemos tenido por fin una cosecha aceptable. Sin embargo, la mayoría de los agricultores seguimos perdiendo dinero”, ha denunciado Asaja durante su intervención.

Según sus cálculos, la mayoría de los productores “pierden dinero” -entre 50 y 60 euros por hectárea- ya que “no cubren los costes de producción”, que son de 800 euros por hectárea, mientras que la cotización ronde como ahora los 200 euros por tonelada, en una campaña que de media tiene un rendimiento de 3.750 kg/ha.

UPA lamenta que los cerealistas afrontan precios “hundidos” por importaciones “masivas”

El secretario de Agricultura de UPA Federal, Ignacio Huertas, ha asegurado que la cosecha de cereales es “bastante positiva” pero se enfrentan a unos precios “hundidos” debido a las importaciones “masivas” que llegan especialmente desde Ucrania y que se hacen aplicándoles “otras reglas de juego”.

Con motivo de la reunión que ha mantenido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar la campaña de cereales, Huertas ha pedido al Ministerio medidas para que, ante un año bueno de cosecha, no se “hundan los mercados de manera artificial” en un país “donde somos deficitarios”.

Ha reclamado conocer en profundidad las cláusulas del nuevo acuerdo entre la UE y Ucrania para el envío de cereales, entre ellas la de la “cláusula de salvaguarda”. Por otro lado, en cuanto a los aranceles impulsados por Estados Unidos, ha exigido más información a la Administración sobre las negociaciones entre la UE y el país norteamericano. Además, en la reunión han pedido al Ministerio más “medidas de apoyo” al sector cerealista y “garantizar” el cumplimiento de la Ley de la Cadena.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado el papel estratégico del sector vitivinícola en la economía autonómica durante el acto de clausura de la XX edición de los Zarcillo International Wine Awards, celebrado en Segovia, donde ha anunciado un importante refuerzo del apoyo institucional a las bodegas castellanoleonesas.

“Contribuimos a ensalzar y fortalecer un sector que es estratégico para nosotros que genera riqueza y oportunidades”, ha defendido Mañueco durante su intervención ante representantes del sector vitivinícola, autoridades y profesionales llegados de distintos países.

Más respaldo

El presidente de la Junta ha avanzado que su Gobierno incrementará el respaldo a las bodegas duplicando el valor de las ayudas destinadas a inversiones en el sector, que pasarán de 14 a 29 millones de euros. Asimismo, ha adelantado que se está preparando una nueva convocatoria específica para la promoción del vino en terceros países, “porque queremos aumentar la dotación de nuevo millones de euros”, ha anunciado.

“En los momentos actuales en los que se habla tanto de aranceles, es necesario hacer una política de apoyo y promoción a este sector para que encuentre nuevos mercados, ha sostenido.

En auge desde 2020

Ha subrayado que en Castilla y León hay 750 bodegas que ocupan más de 84.000 hectáreas, con una facturación que alcanza los 1.000 millones y un crecimiento del 38 por ciento desde 2020. “Son 33.000 los puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al sector en nuestro territorio”, ha detallado.

Durante su discurso, Fernández Mañueco ha destacado que esta edición de los premios Zarcillo, organizados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha registrado “las mayores puntuaciones de la historia del certamen, lo que pone en valor la gran calidad de los vinos presentados”.

Estabilidad y crecimiento

El presidente ha reivindicado además el papel de Castilla y León como una comunidad “estable y creíble, incluso en tiempos tan convulsos”, y añadido que esa estabilidad permite “avanzar en derechos sociales, en servicios públicos y en crecimiento económico y en la creación de empleo”, también desde el medio rural.

“Nos gusta competir con los mejores”, ha remarcado en alusión al nivel alcanzado por los vinos participantes, con un total de 1.306 muestras inscritas en esta edición procedentes de diez países.

Esta cultura del vino “nos llena de vida a todos, y de oportunidades a nuestro territorio”, ha concluido.

Premiados

La gala de clausura de los Zarcillo International Wine Awards 2025 ha puesto el broche a una edición especialmente significativa por el impulso renovado a la internacionalización del certamen, que ha vuelto a contar con el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores (Vinofed).

Los vinos castellanoleoneses han sido los grandes protagonistas del palmarés, al acaparar el 55 por cinto de los galardones concedidos por el jurado, formado por ochenta expertos internacionales —entre ellos enólogos, sumilleres, periodistas especializados y Masters of Wine— que evaluaron a ciegas las 1.306 muestras inscritas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganadero de Castilla y León, UPACyL, ha pedido al Gobierno de esa comunidad que obligue a la empresa Azucarera a devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos año y ha acusado a la compañía de “engaño sistemático” sobre sus verdaderas intenciones en esa comunidad.

UPA ha sostenido este miércoles en un comunicado que “los engaños continuos a los que ha sometido la filial de la británica AB Foods a los cultivadores y a las autoridades políticas” de la comunidad, “ requieren de actuaciones contundentes y ejemplarizantes por parte de Castilla y León”, tras su anuncio de cierre de la fábrica de La Bañeza (León), con la de Miranda de Ebro (Burgos) dedicada sólo a refinería de azúcar de caña y en total 193 despidos en esa comunidad.

Para UPA Castilla y León ese anuncio de la empresa “es la consecuencia de la gestión nefasta de unos dirigentes como los de AB Azucarera, riéndose a la cara de políticos y cultivadores de Castilla y León, logrando fondos públicos y beneficios a costa de la producción de remolacha, cargándose el cultivo en la región y casi con toda seguridad acabando con la totalidad de remolacha en la provincia de León”.

A juicio de la organización agraria, Azucarera “no ha hecho otra cosa que engañar y engatusar a los cultivadores sobre su apuesta de futuro, con promesas incumplidas bajando precios a su antojo e incluso pagando por debajo de costes, alquilando tierras llegando a precios desorbitados, y paralelamente a estas maniobras sibilinamente sacando todo el dinero público posible”, especialmente a la Junta; “utilizando a los remolacheros y amparándose en la engañifa de que su única intención era apostar por este cultivo” en la comunidad.

En el comunicado, UPA ha incidido en que Azucarera lleva demostrando desde hace años que “no era trigo limpio sus intenciones” y que no le ha interesado para nada el cultivo de la remolacha de Castilla y León.

“La maniobra perfecta ha sido enriquecerse a costa de las cuotas del azúcar y del refinado del producto procedente de otras partes del mundo, y dejar en la estacada a los productores de Castilla y León”, ha lamentado.

La organización agraria ha sostenido que para Azucarera “el cierre de La Bañeza lo ve como una manera de reducir sus costes y por lo tanto cuadrar sus cuentas, y se produce en una provincia donde están los regadíos más modernos y baratos, y donde el maíz ha sustituido mayoritariamente a la remolacha como consecuencia de esa política destructiva de esos empresarios”.

Por ello, ha exigido la Junta de Castilla y León que “de momento negocie con los responsables de esta decisión para que se les obligue a compensar a los remolacheros que tengan que trasladar la raíz a la fábrica de Toro”.

UPA ha reclamado además al Gobierno autonómico “que se mantenga fuerte en determinadas actuaciones, y que analice con los equipos jurídicos la imposición de que la empresa de origen británico devuelva los fondos y ayudas públicas recibidas procedentes de los bolsillos de todos y cada uno de los castellanos y leoneses”.

La organización agraria ha mantenido su apuesta por la opción de la remolacha en esa autonomía, “en este caso por el trabajo que está desarrollando la cooperativa ACOR, que con todos los problemas que el azúcar está teniendo e incluso con decisiones que nos pueden gustar más o menos, siguen demostrando que trabajan por mantener la remolacha e incluso crecer alrededor de este cultivo emblema en otros tiempos en Castilla y León”.

La Unión de Campesinos, UCCL de Castilla y León, se movilizará el 4 de junio en Valladolid ante la delegación del Gobierno, por la “ruina” que supone cultivar cereal aún en un año en el que, como este, se espera buena cosecha, con altos costes y especulaciones en los precios que hacen “inviable la agricultura cerealista” en la comunidad.

Así lo ha trasladado este martes en rueda de prensa el presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García, que ha calificado de “catastrófica” la situación que se desprende la última lonja de Valladolid, con los mismos precios por tonelada de cebada y trigo que hace treinta años, con lo que aunque se espera una buena cosecha no van a ser capaces de ser rentables y conducirá a la “ruina segura” y a que los jóvenes no quieran incorporarse al sector.

García ha incidido en el aumento de “costes bestiales” en los abonos nitrogenados, que de diciembre a abril han pasado de 300 euros a 425 por tonelada; a la entrada masiva de cereales de otros países, sobre todo de Ucrania; a los especuladores que rechazan el cereal por no ser panificable y luego cuando sale de las manos de los agricultores entonces si sirven.

Además ha pedido que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, ya que pese a que ha bajado el precio de los cereales no lo ha hecho en la misma medida el del pan.

El presidente de UCCL en Valladolid ha explicado que son conscientes de que España necesita importar cereal, pero “no así”, y ha sostenido que países como Polonia, Rumanía o Hungría han puestos unos aranceles al cereal ucraniano para defender a los agricultores de esos países.

Las cuentas no les salen, y aún en un año como éste, en el que se espera una buena cosecha, que puede llegar a 4.000 kilos por hectárea, pendiente aún de calores y tormentas, ello supondría un beneficio de 800 euros por tonelada, lo mismo que los costes.

Además de esa movilización autonómica, también estarán el 10 de junio en Madrid, con la Unión de Uniones, y ante la sede de la Comisión Europea, ya que en junio se va a renovar el acuerdo con Ucrania de la Unión Europea y piden que se activen “las cláusulas de salvaguarda para que no nos inunden o nos invadan de cereal ucraniano, cuando hay gente todavía sin vender el cereal aquí”.

“Esas cláusulas están contempladas en los reglamentos y lo que pedimos es que el Estado apriete para que se pongan”, y si no prosperan en la UE, la UCCL reclama esos aranceles específicos que han puesto países como Rumanía o Bulgaria.

El campo de Castilla y León espera una cosecha de entre 8,1 y 8,5 millones de toneladas de cereales, una cifra de récord que mejora las campañas de las últimas décadas y que en comparación con el año pasado mejora en un 22%. Un estudio de la organización agraria COAG estima que por hectárea sembrada se van a obtener un rendimiento medio de 4,7 a 5 toneladas. Hasta ahí todo bien, el buen año, gracias a las lluvias, pero no se va a ver recompensado económicamente.

En concreto, según COAG, los agricultores de Castilla y León van a cobrar cerca de 890 millones de euros menos. ¿El motivo? El hundimiento de los precios por la especulación en el precio del grano. Desde UPA alertan de “un negro panorama” al que se suman, además de los precios hundidos en origen, los costes disparados y mercados mundiales distorsionados.

Los buenos datos para esta campaña se deben a una lluvia bien repartida en los momentos de mayor necesidad, según COAG, que ha permitido que los rendimientos vayan a ser “casi dos veces y medio mayor que los de 2023”. Esta estimación también se extrapola a las perspectivas de leguminosas y de colza.

Las buenas precipitaciones han ahorrado el uso del riesgo, lo que ha rebajado la necesidad de uso de agua y que las reservas se encuentren a estas alturas del año cerca del 90% de la capacidad.

La contraparte, según COAG, es el hundimiento de los precios a nivel mundial, a excepción de zonas de Asia. Los precios de las lonjas de Castilla y León muestran precios de 197 a 210 euros por tonelada de trigo y de entre 180 a 190 euros por tonelada de cebada.

Estos precios no son fijos y de cara a la recolección en los meses de julio y agosto. “Es habitual que los precios vuelvan a caer en torno a otro 10% y podríamos encontrarnos con cotizaciones inferiores” a los precios actuales, matizan desde la organización agraria. Asimismo, el incremento de la producción hará que los compradores tengan que gestionar mayores volúmenes, lo que dificultará también su almacenamiento.

COAG calcula que los cerealistas de Castilla y León dejarán de percibir alrededor de 890 millones de euros al prever una rentabilidad de 300 euros la tonelada. “Como puede verse, esa cantidad está muy alejada de la realidad que configuran los citados precios de derribo”, apunta la organización agraria.

Asaja llama a suspender las cotizaciones de las lonjas de Valladolid y Palencia

La organización agraria Asaja por su parte ha pedido la suspensión de las cotizaciones de las lonjas de Valladolid y Palencia debido a la crisis cerealística. Para la OPA, mantener la publicación de precios solo contribuye a agravar la situación de los agricultores por la especulación y avisan de que los agricultores no podrán cubrir los costes de producción.

Asaja señala cómo el 16 mayo los precios acumularon una nueva bajada con la caída del trigo hasta los 194 euros por tonelada, la cebada por bajando hasta los 180 euros, el centeno hasta los 162 euros y la avena hasta los 160 euros.

El análisis de Asaja coincide con el de COAG, la buena cosecha por las lluvias no salva el año a los agricultores por los precios. “Los agricultores llevan meses afrontando costes de producción disparados, con precios récord en fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, repuestos y maquinaria, mientras el precio de venta de sus productos sigue desplomándose”, afirma.

Además de las incertidumbres del mercado internacional, la OPA apunta a “los efectos de las políticas medioambientalistas mal adaptadas al campo y la entrada masiva de cereal ucraniano importado a bajo precio y en cantidades masivas que compite deslealmente con el producto nacional”. Todo ello desemboca en la “asfixia económica generalizada en el campo de Castilla y León”.

Para la organización hay que implementar un plan de choque con ayudas directas y bonificaciones fiscales de mano de Gobierno y Junta. Asimismo, Asaja hace un llamamiento a revisar la Ley de la Cadena Alimentaria “para que ningún productor cobre por debajo de costes, en unas competencias que recaen en la Junta de Castilla y León y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”.

UPA alerta de la pérdida de rentabilidad en 10 años

La organización agraria UPA señala la crisis de rentabilidad que está viviendo el campo español. En solo 20 años, el país ha perdido un millón de hectáreas. Los costes no han dejado de subir, en solo una década el gasto en una hectárea de secano ha pasado de 600 euros a 800, mientras que en los cultivos de regadío de 1.700 euros a 2.200.

En el caso del cereal, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, indica que la influencia de los mercados internacionales es la “excusa perfecta” para que no se cumplan las normativas de regulación de las relaciones comerciales de productos agroalimentarios en España.

Lo que produce el campo español no cubre con todo el consumo interno, pero sí es “imprescindible” para cubrir la demanda, señala Huertas. Para el representante de UPA, se debe regular la importación de grano de Ucrania con cupos más reducidos para “evitar el desplome” de los precios interiores, pero garantizando el abastecimiento a los ganaderos.

Huertas apunta que las importaciones europeas de trigo blando se han multiplicado por siete en estos dos últimos años. Es por eso que UPA ha pedido que se establezcan cupos a los cereales más importados desde Ucrania, ya que “los desequilibrios producidos por la invasión de Ucrania están siendo soportados por los agricultores europeos productores de cereales”.

El representante de UPA reclama además la puesta “en marcha de líneas de apoyo que busquen la concentración no sólo para la venta del cereal, también para la compra de insumos”. Todo ello ante el “negro panorama” de un sector esencial para el país.

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, Alianza UPA-COAG y UCCL, así como URCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León), han firmado una declaración conjunta en la que piden a los partidos de las Cortes que rechacen una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que busca limitar la ganadería intensiva en zonas de producción de viñedo.

Esta declaración conjunta, en la que han abogado por la convivencia de la agricultura y la ganadería, ha sido enviada este miércoles a los Grupos parlamentarios y a la Presidencia de las Cortes, así como al presidente de la Junta de Castilla y León y a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y otras entidades con responsabilidades en la materia.

Entre los puntos de esta declaración, las opas han argumentado que el sector de la ganadería intensiva “ya está excesivamente regulado en España y en Castilla y León”, tanto por normativa horizontal en aspectos medioambientales, como por otra de carácter específico con Decretos de ordenación sectorial.

De este modo, las Opas no consideran “necesaria ni oportuna” la revisión normativa que se propone en la proposición no de ley de Vox, ni en otras similares que pudieran haberse presentado si es el caso, por lo que piden a sus autores la retirada de la misma.

Así, de no retirarse la PNL, las opas han pedido a todos los Grupos Parlamentarios la votación en contra, y, de ser aprobada, han exhortado a la Junta de Castilla y León a no tenerla en cuenta en su acción política.

Por todo ello, las opas han defendido la convivencia de la agricultura y la ganadería en el amplio territorio de Castilla y León, pues ambas son necesarias para contribuir a la generación de riqueza y empleo, así como para asentar población en el medio rural, y proporcionar la mejor materia prima a nuestra pujante industria agroalimentaria.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha anunciado este martes que la organización agraria retomará en febrero las movilizaciones que realizó a lo largo de 2024 --la última en diciembre en Madrid--, principalmente por la falta de rentabilidad y la “excesiva” burocracia, y ha aclarado que serán tanto provinciales, como autonómicas, nacionales y europeas y también de carácter sectorial, “posiblemente por el tema del lobo”, ha vaticinado, si el Ministerio “no da su brazo a torcer”.

“Volveremos a sacarles --los tractores-- en 2025”, ha sentenciado Dujo en su balance del año 2024 que ha concluido “en negativo” en Castilla y León, la comunidad autónoma “con la agricultura más profesional y productiva de España” que, según ha advertido, lleva “mal camino” tras la merma de hectáreas, de cabezas de ganado y de explotaciones por la pérdida de rentabilidad ocasionada, a su vez, por los altos costes de producción.

Dujo ha cifrado en 3.500 kilos por hectárea la producción que necesitaría una explotación de Castilla y León para poder obtener un beneficio, una cantidad que no se da en la mayoría de las tierras de la Comunidad “ni en los años buenos”, ha aseverado, tras recordar que el año agrícola 2024 estuvo por encima de la media de los últimos diez años, con carácter general, tras los dos ejercicios anteriores que fueron “catastróficos”.

Según ha explicado, esta “baja rentabilidad” ha hecho que Castilla y León haya pasado de sembrar dos millones de hectáreas de cereal de secano a un millón y medio, en una evidencia de que “España importa más cereal que el que produce”.

A esto ha añadido que en Castilla y León hay un 1,4 millones de cabezas de vacuno, 100.000 menos que el año pasado; 2,15 millones cabezas de ovino, 142.000 menos; 135.000 cabezas de caprino, 5.000 menos, y 4,35 millones cabezas de porcino, 80.000 menos, mientras que la producción de carne ha alcanzado las 718.000 toneladas, 52.000 menos.

“Es la primera vez que se habla en nuestro viñedo de arrancar cepas”, ha lamentado también el presidente de Asaja en Castilla y León en su repaso del año 2024 en el que ha reiterado que muchas explotaciones han concluido con rentabilidades de “cero o a pérdidas” por los “altísimos costes de producción”, uno de los “caballos de batalla” de la organización agraria en 2025, junto a la lucha contra “exigencias imposibles de cumplir” que “imponen” desde la Unión Europea “hasta el ayuntamiento de pueblo”.

Trabajar por una PAC “más profesional, productiva y libre” y luchar contra el acuerdo UE-Mercosur son otros de los retos de Asaja para el año recién estrenado en el que la OPA quiere “revertir” la actual situación productiva negativa “a positivo”. “Que Castilla y León vuelva a tener un balance productivo en positivo, no el negativo que hemos tenido el año 2024”, ha sentenciado para lo que ha abogado por conseguir mejores precios y menores costes.

Por otro lado, preguntado por la Estrategia Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Dujo ha tildado al ministro, Luis Planas, de “mentiroso” por no acompañar “con hechos” la declaración de intenciones de apoyo a los productos nacionales, una vez que ha apoyado la firma del acuerdo UE-Mercosur.