Los cuatro detenidos por tratar de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España el 11 de septiembre de 2025 en Valladolid en protesta por la participación de un equipo israelí, han rechazado este viernes cualquier acuerdo de conformidad e irán a juicio el próximo 10 de noviembre.

Así lo han comunicado en declaraciones a los periodistas tras la vista previa celebrada en los juzgados de la capital vallisoletana y a la que ha precedido una concentración convocada por la plataforma 'Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid', en la que han participado unas setenta personas.

Por su parte, la Fiscalía mantiene las penas de 21 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y por alteración del espectáculo deportivo para los cuatro procesados, mientras que para dos de ellos suma cuatro meses de cárcel más por resistencia a la autoridad.

La acusación particular, ejercida por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados consideran un “lobby sionista”, eleva las penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente. En ambos casos, al superar el umbral de los 24 meses, cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

El abogado de la defensa ha reiterado la petición de absolución, ya que reconocen los hechos, pero no los consideran un delito, y ha pedido a la jueza que retire a la acusación popular del proceso, ya que es “extemporánea” al haberse solicitado fuera de plazo. La magistrada estudiará la petición

“No reconocemos legitimidad a que esta gente se persone en el proceso, ya que responde a intereses extranjeros, y no vamos a responder a las preguntas de la acusación popular si se mantiene”, ha asegurado Jorge Lebrero, uno de los encausados, que ha afirmado que sí responderá a la jueza, a la fiscal y a su abogado.

Lebrero ha reconocido sentirse “muy tranquilo” y ha asegurado que “no les queda espacio para tener miedo” tras las imágenes del “genocidio” en Gaza, así como ha señalado que sabían que sus acciones podían traducirse en penas de prisión y que las asumen.

Concentración ante los juzgados

Media hora antes, la plataforma de Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid ha congregado a unas setenta personas frente a los juzgados vallisoletanos, donde tres de los encausados -Jorge Lebrero, Javier Lázaro y Eva Minayo- han tomado la palabra.

Junto a una pancarta en la que se podía leer '¿8 años de cárcel por denunciar el genocidio en Palestina?' y con numerosas banderas palestinas, Lebrero ha enmarcado su irrupción en el recorrido de La Vuelta en las protestas registradas en toda España contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech, al considerarla un “blanqueo” de las actuaciones del ejército israelí en Gaza.

Una respuesta social, que ha calificado de éxito tras la suspensión de la última etapa de la prueba en Madrid y la disolución del conjunto ciclista. Los tres procesados han justificado sus acciones en un ejercicio de “honestidad” y de “dignidad”.

Tras la vista previa, también han asegurado que volverán a concentrarse antes del juicio, previsto para las 10.00 horas del 10 de noviembre, y que en este tiempo realizarán diversas actividades reivindicativas.

El número de abogados adscritos al turno de oficio en Castilla y León ha bajado casi un 30% el año pasado , 693 menos que en 2024. Según los últimos datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, en 2025 solo hubo 1.643 abogados en el turno de oficio, con una tendencia decrecimiento muy superior a la media nacional, cuyo número de letrados adscritos ha bajado un 2,68%. Desde 2020, el número de letrados adscritos al turno de oficio en España ha bajado un 14,1%, mientras el número total de abogados ejercientes en España aumentó un 0,4%.

El Consejo autonómico de la Abogacía destaca que hay muchas diferencias de retribuciones entre territorios: la compensación por un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio asciende a 291 euros (por ejemplo, en Castilla y León), frente a los 398 euros en Euskadi, 442,21 euros en Galiza, 440 euros en la Comunitat Valenciana y 427,51 euros en Catalunya; y en casos de violencia de género en Castilla y León pagan 87,63 euros, frente a los 122 en Canarias o los 139 euros de Galiza.

A pesar del descenso de los profesionales, el turno de oficio mantuvo su actividad, con 39.23 casos tramitados (un 0,59% más que en 2024). La mayor subida se registró en los asuntos de violencia de género, que aumentaron un 14,25% hasta los 3.078. Por el contrario, la asistencia en materia de extranjería descendió de 172 a 162 asuntos, un 5,81% menos.

Una “diáspora” que puede provocar el “colapso”

“La justicia gratuita no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de miles de abogados. Si el Turno de Oficio garantiza derechos fundamentales, su reconocimiento y retribución deben estar a la altura de esa misión constitucional”, lamenta el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes a través de un comunicado. Santocildes ha reivindicado una nueva legislación que apueste por la “dignidad de quien defiende y de quien necesita ser defendido”.

El responsable del turno de oficio del Consejo de la Abogacía, Javier Martín, advierte de que el turno de oficio podría ser “obligatorio” si no se ofrecieran voluntariamente suficientes profesionales, algo que no sería “deseable” porque se perdería “en vocación y calidad”. “La diáspora progresiva de abogados del turno penal y de las guardias va a provocar el colapso del sistema de justicia gratuita”, ha augurado Martín

Suben los casos penales

La jurisdicción penal concentra el mayor volumen de actividad en el turno de oficio en Castilla y León. Durante 2025 se tramitaron 24.061 asuntos penales, 728 más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 3,12%.

Los asuntos civiles descendieron de 7.718 a 7.297 (-5,45%), los sociales pasaron de 2.294 a 2.283 (-0,48%) y el apartado de otros procedimientos bajó de 4.057 a 3.948 (- 2,69%). Por el contrario, la jurisdicción contencioso-administrativa registró un ligero incremento del 2,62%, al pasar de 1.603 a 1.645 asuntos.

Las exmonjas de Belorado han iniciado la campaña #Noalacárcelparalasmonjas para intentar evitar entrar en prisión tras conocer que tanto la Fiscalía como la acusación particular piden doce años de cárcel para cada una de las siete religiosas cismáticas, que están acusadas maltrato a las monjas mayores, en concreto: abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

En un comunicado, señalan que viven su momento más difícil tras años dedicadas a la oración, vida religiosa y servicio porque se enfrentan a una situación “que muchos consideran inimaginable: la posibilidad de acabar en prisión por un conflicto que ha traspasado las puertas de un convento y ha llegado al corazón de miles de personas”.

Recogida de firmas

La campaña de recogida de firmas en Change.org nace con el objetivo de movilizar a la opinión pública y poner de manifiesto el respaldo ciudadano que las monjas de Belorado están recibiendo. Esta iniciativa comienza este jueves su recorrido y permanecerá activa durante los próximos seis meses, dando la oportunidad a la ciudadanía de expresar su apoyo y participar en este proceso.

Aseguran que no se trata de pedir privilegios ni para situarse por encima de la ley, sino para reclamar “algo que debería ser irrenunciable en cualquier sociedad: justicia, proporcionalidad y respeto por la dignidad de cada persona”.

Escuchar antes de juzgar

Advierten de que detrás de cada expediente hay una historia, vidas humanas y la necesidad de escuchar antes de juzgar y recuerdan que el pasado año, cuando su comunidad se enfrentó al riesgo de un desahucio, miles de ciudadanos alzaron la voz en la campaña “Salvemos a las monjas de Belorado”“, que consiguió el apoyo escrito de 2.464 personas para una solución basada en el diálogo y el respeto.

Las exmonjas apelan a una justicia “verdaderamente humana” e insisten en que una sociedad fuerte no es aquella que castiga con más dureza, sino la que sabe escuchar incluso en los momentos más difíciles. Aseguran que han decidido dar este paso para que su voz no sea silenciada y para que cada ciudadano pueda expresar libremente su posición.

“Para quienes piden una alternativa a la cárcel, enviar a prisión a unas mujeres cuya vida ha estado marcada por la renuncia personal y la entrega supone una imagen que interpela profundamente a la sociedad”, indica el comunicado.

Las religiosas, concluyen, no pueden cambiar las rejas de la clausura por las rejas de un centro penitenciario porque hacerlo sería “una medida injusta y desproporcionada ante la vida de entrega y servicio que han llevado durante años”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid que reconoció el derecho de una mujer una pensión de viudedad por violencia de género sin necesidad de condena penal por la acumulación de indicios.

El letrado de la Seguridad Social había interpretado que la mujer solo había presentado el requerimiento la pensión de viudedad por violencia de género “como un intento de incrementar su pensión actual”, que ya cobraba desde 2018, cuando se había jubilado.

El matrimonio se divorció en noviembre de 2003. Durante el proceso de divorcio, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que expresó que su entonces marido destrozó “parte del mobiliario de la vivienda” y mostró una “actitud agresiva y violenta” hacia ella, su madre y su hija. La causa se archivó y no se tuvo en cuenta en la sentencia de separación.

Ella pidió la pensión cuando murió su ex

Una vez había fallecido su exmarido, la mujer pidió que se reconociera su pensión de viudedad, que fue aceptada, aunque sin efectividad económica porque era menor de la que ya percibía. Ella presentó una reclamación y también solicitó la pensión de viudedad derivada de violencia de género, aunque la Seguridad Social no resolvió expresamente ninguna de las dos peticiones. La mujer volvió a recurrirlo y terminó presentando un recurso de suplicación.

El Juzgado de lo Social estableció que no era necesario contar con una condena penal por violencia de género para acceder a la pensión, porque había otros “indicios” que podían considerarse: la solicitud de medidas de protección, la denuncia o las declaraciones de testigos. La jueza concluyó que, aunque no se acreditaron episodios concretos de maltrato, existían suficientes indicios que permitían inferir la existencia de una situación de violencia de género en el momento de la separación.

 La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de prisión para cada una de las siete monjas cismáticas de Belorado (Burgos) acusadas de seis delitos en la causa por un supuesto maltrato a cinco religiosas ancianas.

La juez del Tribunal de Instrucción 5 de Bilbao emitió el pasado mes de mayo un auto con el que acordaba dar por cerrada la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para que las partes presentaran los escritos de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral.

Según han hecho público las propias religiosas este miércoles en un comunicado, tanto el Ministerio Público como la acusación particular han solicitado ahora un total de 12 años de prisión para cada una de ellas, unas peticiones contra las que han mostrado su “desacuerdo”.

Las religiosas, que califican la situación que viven de “caza de brujas”, se declaran “plenamente inocentes” y niegan haber cometido los hechos que se les imputan. “Todo lo que estamos viviendo supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica”, aseguran respecto a las acusaciones de Fiscalía y el Arzobispado de Burgos.

Las monjas de Belorado, que residen ahora entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia) tras ser desahuciadas del convento burgalés, están acusadas de abandono a las cinco religiosas ancianas, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

Las cinco monjas mayores, con edades entre los 87 y los 101, fueron sacadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2025 del monasterio de Orduña (Bizkaia), al que las de Belorado las habían trasladado desde Burgos a finales de julio, unos días antes de que el Juzgado de Briviesca dictara sentencia de desahucio del monasterio burgalés.

La vista preliminar por los cuatro encausados que protestaron durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España del pasado 11 de septiembre de 2025 en Valladolid se celebrará el próximo 10 de julio en los juzgados de la capital vallisoletana y estará precedida por una concentración de apoyo. Según han explicado, no van a aceptar ningún acuerdo de conformidad ni reducción de pena y aceptarán la condena. “Si la prisión es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo”, han defendido.

Así lo han explicado este miércoles tres de los procesados (uno de ellos no ha acudido a la rueda de prensa por motivos laborales, pero asume la propuesta), su abogado y un portavoz de una nueva plataforma de apoyo.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de 21 meses de prisión (un año y nueve meses) por un ilícito de desórdenes públicos y otro de alteración del espectáculo deportivo, mientras que dos de ellos enfrentan cuatro meses más por un delito de resistencia a la autoridad.

La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados se han referido como “lobby sionista”, también se ha personado en la causa y ha elevado la petición de penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente.

En ambas peticiones de penas, al superar el umbral de los 24 meses cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de los cuatro acusados, que han reconocido los hechos -irrumpieron durante la carrera en el casco histórico de la ciudad, aunque fueron retirados de la vía por parte de la Policía Nacional sin que afectara a la prueba- pero rechazan que sus actos supongan un delito.

No aceptarán la suspensión de cárcel

Los encausados han enmarcado sus acciones en el derecho a la protesta, al considerar que la participación del equipo Israel Premier Tech blanqueaba las acciones del gobierno israelí en Gaza, que han calificado como “genocidio” o “masacre”.

Además, han criticado al “gobierno más progresista de la historia”, en referencia a la coalición entre el PSOE y otros partidos de izquierdas, por criticar al ejecutivo de Bejamín Netanyahu en público, mientras las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la Fiscalía actúan sobre los manifestantes.

“No pedimos perdón frente a ese castigo ejemplarizante y hemos tomado colectivamente la decisión de que en el caso de que, finalmente haya una sentencia firme que nos condene a menos de 24 meses de prisión, no vamos a solicitar la suspensión de entrar en la cárcel, aunque la ley nos lo permita por carecer de antecedentes penales”, ha advertido Carlos Gómez, uno de los encausados.

Jorge Lebrero, uno de los procesados, ha destacado el éxito de las movilizaciones a favor de Palestina durante La Vuelta con la retirada del equipo israelí de la competición y ha reiterado que no se produjeron daños materiales ni humanos durante la contrarreloj en Valladolid, mientras que su abogado, Erlantz Ibarrondo, ha subrayado que el derecho a la protesta “es esencial para cualquier estado democrático”.

Plataforma de apoyo

Por otra parte, este miércoles han anunciado la creación de una plataforma de apoyo -se constituyó formalmente el 11 de junio con cuarenta activistas- y su primera acción será una protesta frente a los juzgados de Valladolid en la fecha de la vista preliminar, el 10 de julio, a la que seguirán charlas, concentraciones y la puesta en marcha de un mecanismo para recaudar fondos.

“Si la prisión es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo. Esta lucha termina cuando se termina el sionismo”, ha zanjado Eva Valentín, la única mujer procesada por las protestas del 11 del septiembre en Valladolid.

El traslado que Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco habían solicitado en abril se hará efectivo mañana miércoles, cuando está previsto que abandonen la prisión de Villabona, en Asturias, para seguir cumpliendo su condena juntas en la cárcel madrileña de Alcalá Meco.

La madre, que confesó el crimen ocurrido en mayo de 2014, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

El traslado, solicitado por las presas y concedido hace tres meses, no se ha paralizado pese a haber sido penalizadas por la prisión asturiana tras su participación en un documental audiovisual desde el interior de las instalaciones, algo que la penitenciaría consideró una falta grave según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

A lo que sí ha afectado esa sanción ha sido a los permisos de salida de tres o cuatro días al mes de los que Triana Martínez ya disfrutaba desde noviembre después de habérsele negado hasta en catorce ocasiones desde 2022 y que fueron suspendidos.

La prisión consideró que habían puesto en riesgo la seguridad del centro porque en la grabación aparecen los locutorios, una sanción que ambas condenadas recurrieron alegando derecho de creación artística.

Cuarta prisión

La de Alcalá Meco será su cuarta prisión, después de que las condenadas hayan pasado por las cárceles de Villabona, en Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

Un crimen “casi perfecto” resuelto por un testigo

 Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Montserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque la había tomado con su hija, a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

En el juicio resultó condenada a catorce años de cárcel Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de 30 horas y que ya disfruta del tercer grado.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a catorce años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual cometido contra su expareja y a tres años por descubrimiento y revelación de secretos.

Según la sentencia, facilitada este lunes por fuentes del TSJCyL, el procesado mantuvo una relación sentimental con la víctima, quien puso fin a la relación en julio de 2024.

Posteriormente, durante la madrugada del 24 de agosto del mismo año, el procesado realizó varias llamadas de teléfono a su expareja, quien en esos momentos se encontraba de fiesta con unas amigas y, como ella no quería hablar con el acusado, contestó una amiga y dijo que la víctima no quería saber nada de él y que la dejara en paz porque si la seguía molestando le iban a denunciar.

Sobre las 05:30 horas de la misma fecha, cuando la mujer regresó a domicilio, fue abordada por la espalda en el portal de su casa por el procesado, accediendo ambos por la fuerza a la vivienda de la afectada, tras lo que se entabló entre los dos una discusión en la que el acusado se mostró celoso porque ella había salido de fiesta.

El encausado cogió un cuchillo de la cocina y de forma intimidatoria le siguió recriminando que saliera de fiesta con sus amigas y con otros hombres, exigiéndole que le enseñara el teléfono y la contraseña para desbloquearlo, a lo que se negó la denunciante.

El procesado la condujo por la fuerza hasta su habitación, sin soltar el cuchillo. Cuando estaban en el dormitorio sostuvieron un forcejeo y la víctima comenzó a gritar, momento en el que el procesado cometió la agresión sexual.

Tras finalizar la agresión bajo la presión de lo ocurrido y, ante la insistencia del procesado, la mujer accedió a entregarle su teléfono móvil desbloqueado, hecho que aprovechó el acusado para revisarlo y acceder al contenido de sus conversaciones privadas entre las que se encontraba una con un hombre pudiendo ver su número de teléfono.

Antes de abandonar la vivienda el acusado cogió una maleta y metió en ella parte de la lencería de la perjudicada diciéndole: “yo te la he comprado y no te la vas a poner con ningún otro hombre”, “esto te pasa por salir de fiesta y estar con otros hombres”, “cada vez que lo hagas esto es lo que volverá a pasar.”

Cuando el procesado abandonó el domicilio, valiéndose de la información que había obtenido tras acceder a las conversaciones privadas de su expareja, sobre las 8,15 horas llamó por teléfono al hombre cuyo número había visto y le preguntó por la relación que mantenía con la mujer.

Le advirtió de que habían retomado la relación sentimental y que tuviera cuidado porque sabía por dónde salía de fiesta.

El juicio del conocido como caso ataúdes, celebrado contra veintitrés acusados y que se ha centrado en el supuesto cambio de féretros antes de la incineración para su reventa en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, ha quedado visto para sentencia tras más de 200 testigos y peritos desde marzo.

Antes de la conclusión de la vista oral, el tribunal ha concedido la última palabra a cada procesado, que no han hecho uso de esta opción y han manifestado que no tenían nada que decir o nada que añadir.

Los encausados se enfrentan a penas que oscilan entre veinte años de cárcel, las más altas, y dos años de prisión, las menores, por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La vista oral se ha desarrollado por hechos ocurridos entre 1995 y 2015 con la intervención del ministerio fiscal, dos acusaciones particulares, nueve defensas y la letrada de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, en estos dos casos como responsables civiles.

Los abogados de los acusados que aún no habían expuesto su informe final lo han hecho este miércoles durante la última sesión del juicio.

Las defensas han criticado que la causa se asiente, a su juicio, solo sobre anotaciones, fotografías de cadáveres y escritos de un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, al que han considerado no creíble porque sentía animadversión hacia su jefe, también ya fallecido, y utilizó esos apuntes para extorsionar al dueño de la empresa, un delito por el que fue condenado.

Relación enfermiza de odio

Ese trabajador tenia “una relación enfermiza de odio contra su jefe” que se fue deteriorando y provocó una reacción de chantaje y amenazas. “La relación estaba viciada y contaminada por ese sentimiento de odio”, ha sostenido uno de los letrados.

Los listados que elaboró Justo M.G. adolecen de errores que reconoció su autor, lo que sería suficiente para anular esa prueba; las anotaciones son “falsas” y confeccionadas para blindarse ante un posible despido, ya que llegó a la empresa procedente de otro despido y su jefe le amenazaba día sí y día también con echarle de la empresa, ha agregado otro abogado.

Entre las argumentaciones de las defensas también se ha escuchado en la Audiencia Provincial de Valladolid que uno de los acusados, hijo del que fuera propietario de la empresa, acudió a la Policía a denunciar la extorsión de Justo a su padre y lo hizo porque no tenía nada que temer.

“La última palabra de Justo fue con su escrito de defensa. Cuando le pidieron veinte años de cárcel, su abogado negó los hechos de la acusación y pidió su absolución. Es que era mentira, lo dijo a través de su defensa”, ha recalcado un letrado.

Prescripción e indefensión han formado parte también de las alegaciones de los letrados, que han apelado a la duda razonable que surge en este caso “rigurosamente” ante el riesgo de condenar a un posible inocente.

La pena de banquillo

Uno de los abogados se ha referido a la “pena de banquillo” que han soportado sus clientes durante siete años y ha recalcado que ninguno de los trabajadores acusados se ha lucrado con las supuestas prácticas de cambio de ataúdes que se les atribuye.

Un defensor ha desechado que la razón por la que llevaran a cabo esos cambios fuera el miedo a perder su trabajo, porque es un empleo que no quiere nadie, no ganaban 6.000 euros al mes, obtenían unos 1.400 euros; no era una bicoca, era una tarea penosa, difícil, desagradable y no era para arriesgarse a pasar años en la cárcel por mantener el puesto.

“No veo sentados a los Corleone” en el banquillo de los acusados, “veo a trabajadores, a obreros”, ha expresado otro de los letrados. Antes de dejar el juicio visto para sentencia, el magistrado presidente ha agradecido la colaboración de todos y ha asegurado que el tribunal se va a guiar únicamente por la prueba practicada en el acto del juicio y valorando los informes “brillantes” expuestos.

Las exmonjas de Belorado han recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao, que dio por concluida la fase de instrucción iniciando el procedimiento para la apertura de juicio oral por delitos de trato degradante, abandono y administración desleal sobre las cinco monjas ancianas, y han solicitado el sobreseimiento libre, o al menos mayor concreción de los hechos por los que se las juzgaría.

La abogada de las exmonjas, Norma Riaño, ha explicado a EFE que este lunes presentaron el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia contra el auto del juzgado bilbaíno de transformación en procedimiento abreviado, y ha vuelto a insistir en que todavía no se ha decretado la apertura de juicio oral.

Ha recordado que Ministerio Fiscal y acusación disponen de diez días, tras la notificación del auto —el 22 de mayo— para presentar sus escritos de acusación y solicitar formalmente la apertura de juicio oral y, será en ese momento, con un nuevo auto, cuando se abra juicio oral con los delitos y penas a exigir ya concretados.

Riaño confía, sin embargo, en que el recurso de apelación suspenda el procedimiento hasta su resolución, y ha solicitado el sobreseimiento libre para las siete exmonjas encausadas, todas menos Zaida Pinar (sor Myriam), que abandonó la comunidad el enero y para la que la jueza no aprecia participación acreditada.

Las exmonjas, que residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia) desde que fueron desahuciadas del convento de Belorado (Burgos) el 12 de marzo, se enfrentan a delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

“Son demasiados delitos. Los mismos hechos con tantos delitos no me cuadran”, ha explicado la abogada, y ha puesto como ejemplo de “incompatibilidad” la acusación de trato degradante y omisión del deber de socorro, por lo que ha pedido que se aplique la teoría del concurso de delitos.

Ha insistido en que el auto del juzgado no ha tenido en cuenta ni las declaraciones de las exreligiosas, que se recogen citadas en el recurso interpuesto, ni las actas notariales de las pruebas aportadas por estas, entre ellas, mensajes de teléfono que demostrarían la inocencia de las de Belorado.

Las exmonjas defienden que siempre trataron bien a las cinco religiosas ancianas, con edades entre los 87 y los 101 años, y que fueron sacadas por la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre del monasterio de Orduña, al que habían sido trasladadas desde Belorado en julio unos días antes de la sentencia de desahucio.

La abogada sí muestra su conformidad con la decisión de la jueza de no incoar diligencias por un delito de homicidio por imprudencia en relación con el fallecimiento de una de las monjas mayores, producido tras su salida de Orudña, al no encontrar nexo causal entre la muerte y la atención recibida.

Trato inadecuado

El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao recoge que las cinco monjas mayores “no estaban siendo tratadas adecuadamente”, y describe situaciones de falta de condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de atención médica y control de la medicación, suciedad acumulada en el monasterio vasco y presencia de animales sueltos, además de situaciones de control y manipulación psicológica.

Además, se acusa a las siete exreligiosas de los delitos de administración desleal y apropiación indebida de sus pensiones, que habrían utilizado para sostener los negocios del restaurante de Arriondas o el criadero de perros; y se recoge pretendían servirse de las mayores, como personas vulnerables, para frenar el desalojo del monasterio de Burgos.

Delito de estafa en Derio

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la decisión del Tribunal de Instancia de Briviesca por la que acordaba la reapertura de las diligencias para investigar un delito de estafa cometido supuestamente por la exabadesa con el arrendamiento de la hospedería del convento de Derio (Bizkaia) cuando ya se había producido el cisma.

El tribunal burgalés, además, acordó inhibirse a favor de los juzgados de Bilbao, para que practiquen las diligencias oportunas dentro de la investigación del arriendo, que supuso unos ingresos de 4.488 euros, después de que la propia Audiencia de Burgos hubiera considerado “prematuro” el archivo de la denuncia interpuesta por el arzobispo de Burgos y estableciera la necesidad de reabrir la causa.

La primera defensa, la de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha expuesto en su informe final del juicio del como caso ataúdes que se trata de una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de “una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos”, ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

“Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida”, ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

“Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses” y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., ha considerado además lo que ha tachado de “pérdida de imparcialidad” que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

“No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena” contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio -se desarrolla durante cuatro meses- se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque no tenía más que carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

“Se cruzó la frontera entre juzgar y ayudar a acusar”, ha sostenido el letrado, quien se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero “estamos en un procedimiento penal”, en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa “de favor”, aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado, antes de mantener que era el propio Justo, él solo, el que movía los cadáveres que aparecían en sus fotografías.

Otro de los defensores, que representa a varios trabajadores del grupo funerario acusados, ha rechazado que las anotaciones de Justo M.G. correspondiesen a la realidad y lo ha justificado en que parte de ellas correspondían a fechas en las que los procesados estaban de permiso.

También ha argumentado que algunos de los apuntes se referían a empleados que trabajaban en un lugar distinto al de Justo y por tanto no podía saber que hacían o deshacían, y en otros supuestos el horario no coincidía con el suyo.

Ha manifestado además que fue Justo el que manipuló los cuerpos que él mismo fotografió y que pudo hacerlo durante varias horas que pasaba él solo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) donde desempeñaba su función.

El letrado ha sugerido que si quería dejar pruebas del supuesto cambio de ataúdes podía haber fotografiado o grabado a trabajadores llevándolo a cabo o al jefe dando instrucciones. El juicio continuará este jueves con la exposición de los informes finales de las defensas. 

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado a dos años y medio de prisión al ganadero de ovino y pastor dueño de los perros que atacaron mortalmente en octubre de 2023 a una joven de 27 años en un camino agrícola entre los municipios zamoranos de La Hiniesta y Roales del Pan, por un delito de homicidio por imprudencia grave.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora, fija además una indemnización de 250.000 euros para los padres de la víctima, según el fallo judicial al que ha tenido acceso EFE, en el que se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas.

En el juicio, celebrado el jueves de la pasada semana, el Ministerio Fiscal solicitó la pena a la que ahora ha sido condenado el acusado, mientras que la acusación particular elevó la petición a cuatro años de cárcel y la defensa reclamó su libre absolución.

La magistrada ha considerado la pena impuesta proporcionada a las circunstancias y gravedad de los hechos y para ello ha aludido además a la “ausencia absoluta de remordimiento” en la manera de actuar del condenado.

La sentencia ha aludido a la “evidente falta de custodia, control y cuidado de los perros” -mastines y careas- que acometieron el ataque mortal por parte de su dueño.

Igualmente, ha mencionado la “ferocidad y carácter dañino” de los canes y la obligación que tenía el ganadero de tenerlos en unas condiciones de seguridad que impidieran ese peligro o riesgo, algo que no ocurrió, ya que él no estuvo presente cuando se produjo el ataque sufrido por la víctima el 23 de octubre de 2023.

La sentencia ha tenido en cuenta los testimonios de otras personas que anteriormente habían constatado la agresividad de esos perros, al ladrar y abalanzarse sobre los viandantes que pasaban por la zona, un comportamiento que los perros “repiten cada vez con más intensidad”.

Para valorar los hechos, la jueza ha recurrido también al informe de una perito que declaró en el juicio, que constató que se trataba de perros “claramente peligrosos” y, aunque su raza no figura específicamente en el catálogo de animales peligrosos, en él se especifica que también podrán tener esa consideración los de otras razas cuando tengan un comportamiento agresivo, como era el caso.

Sobre el fallo judicial, el abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, ha declarado a EFE que es la primera condena en circunstancias de este tipo por un ataque de perros mastines en la que se manda al acusado a prisión.

La sentencia ha precisado que de los dos años y medio de prisión a los que se condena al acusado, habrá que restar el tiempo que permaneció en prisión provisional tras producirse el ataque mortal, que fueron apenas veinte días.

El Tribunal de Instancia de Valladolid, sección Menores, ha condenado a seis jóvenes a seis meses de tareas socioeducativas por un delito contra la integridad moral cometido al generar imágenes de compañeras de instituto con Inteligencia Artificial (IA), han informado a EFE fuentes del caso.

El fallo absuelve a otros cuatro encausados por el mismo delito y también absuelve a los diez procesados en total de un delito de pornografía infantil por el que habían sido acusados.

Los hechos por los que se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid ocurrieron en noviembre de 2024, cuando se conoció la creación de las imágenes en el instituto en el que estudiaban procesados y víctimas. La sentencia no es firme porque cabe interponer recurso.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya advirtió hace meses que manipular la imagen de otras personas con IA, especialmente si implica “desnudez añadida” o “contenido íntimo sintético”, puede implicar multas por violar las leyes de privacidad o delitos recogidos en el Código Penal. También señaló que el daño para la víctima de un deepfake puede ser “equivalente y en algunos casos mayor que en el caso de una imagen o un vídeo real”.

El fiscal del juicio del conocido como caso ataúdes ha mantenido este lunes que entre 1995 y 2015, en el Grupo funerario El Salvador de Valladolid, siguiendo el mandato de sus responsables, se llevaron a cabo cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos ocultando que ya habían sido usados.

El representante del ministerio público ha expuesto durante unas tres horas su informe final, en el que ha sostenido acusaciones que oscilan entre 20 años, las más elevadas, y dos años, las menores, para veintitrés encausados. “Existe prueba bastante, suficiente, contundente y aplastante”, ha resumido.

Entre los argumentos en los que ha asentado su exposición, el fiscal ha citado las veintiséis libretas, tres archivadores con partes de defunciones, catorce carretes sin revelar, dos sobres con fotos y tres memorias USB que tenía un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, en los que se reflejaban los cambios de ataúdes.

Ha calculado en 5.308 las anotaciones que realizó este empleado sobre cambios de féretros, además de elementos florales recogidos para su reventa, y ha aclarado que de esa documentación se deriva la posibilidad de que en muy pocos casos -unos cinco- se hubiera entregado a los allegados de los difuntos cenizas distintas de las de su familiar incinerado.

A escondidas

El acusador público ha subrayado que del material que guardaba el trabajador se desprende que difuntos que debían haber sido cremados en el tanatorio de El Salvador de Valladolid lo fueron en el horno del cementerio de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, propiedad del mismo grupo funerario, “a escondidas” de los familiares de los finados.

Las fotografías de Justo M.G. abarcan difuntos sobre cajas de restos, tapas de féretros y cajas en desuso.

En este sentido ha citado la declaración en el juicio de dos policías que manifestaron que hubo cerca de 150 familias que reconocieron a sus familiares fotografiados sobre elementos que no eran los ataúdes que habían comprado.

Coordinación para manipular cadáveres

Ha basado además su informe en la comparecencia del inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien explicó que la manipulación de los cadáveres que aparecen en las imágenes no podía realizarla solo una persona. A juicio del fiscal, se requería la coordinación de varios empleados.

Ha desechado que los trabajadores no conocieran estas prácticas cuando manifestaron que se enteraron por la prensa o en el registro que llevó a cabo en la funeraria la Policía en enero de 2019, ya que al menos tenían que saberlo desde dos años antes, cuando un representante de la empresa denunció en Comisaría a Justo M.G. porque le extorsionó diciendo que iba a hacer pública su documentación si no le daba dinero. “La noticia -de la extorsión- corrió por toda la empresa”, ha remarcado.

Ha mencionado también que el 99 % de los testigos que han comparecido en la vista oral no vio la entrada de su familiar en el horno crematorio -en algunos casos se simulaba que había comenzado la incineración-. Una de las dos acusaciones particulares personadas ha reivindicado el protagonismo de las víctimas de los hechos enjuiciados y ha reprochado a los encausados que no hayan acudido a todas las sesiones del juicio -el tribunal autorizó la posibilidad de que se ausentaran- lo que denota que no les importa lo más mínimo los afectados que han declarado.

La letrada ha descrito la forma de actuar en el grupo funerario como una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y con el objeto de obtener un beneficio económico para la familia propietaria de la empresa.

Falta del respeto debido a los difuntos

Al detenerse a evaluar el delito contra el respeto a los difuntos, ha considerado que se trata de falta del respeto debido y profanar un cadáver o sus cenizas. No supone una infracción sanitaria ni una falta de cuidado, consiste en despojar el cadáver del féretro contratado, manipularlo de forma clandestina y ocultar las condiciones de la incineración, en el mejor de los casos en una caja de restos, en un claro engaño a las familias, ha recalcado.

Ha opinado además que el móvil en una empresa que ya ganaba dinero pudo ser la codicia desmedida que no respeta ni lo mas sagrado, que es la memoria de los difuntos. La otra acusación particular, que representa a 55 afectados, también se ha referido al delito de no guardar el respeto debido a los difuntos, que ha considerado lo más grave de lo enjuiciado desde el punto de vista moral.

Ha reivindicado el derecho de las familias a despedir a su ser querido con dignidad y ha asegurado que los hechos no son aislados o episódicos, son una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente beneficiosa para quienes participaron en ella. Se ha referido a las fotografías que guardaba Justo M.G. como imágenes que desvelan cadáveres manipulados, colocados en cajas distintas, e incineraciones en el cementerio de Santovenia en lugar de en el tanatorio, lugar en el que las familias creían que se hacían.

“Justo no solo conocía los hechos, los documentaba y dejaba constancia gráfica” de la mecánica, ha expresado la abogada. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El fiscal ha modificado algún aspecto de su calificación como en el caso de dos procesadas al retirar cargos por delitos continuados de apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos. Las defensas han mantenido la solicitud de absolución y una de ellas ha pedido incluir la circunstancia de dilaciones indebidas muy cualificada. La vista oral continuará mañana con los informes de los abogados de los acusados.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a ocho años de prisión a un psicólogo por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente a la que atendía, ya que estaba en un momento de especial vulnerabilidad psicológica. La víctima estaba siendo tratada por profesionales de salud mental por sufrir depresión e ideas suicidas además de tener que lidiar con la enfermedad y posterior fallecimiento de una hermana.

El tribunal considera probado que el profesional se aprovechó de la dependencia emocional que la mujer había desarrollado hacia él y concluye que el consentimiento prestado en la relación sexual no fue libre ni válido.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia salmantina, impone además al condenado seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicólogo, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años, así como una indemnización de 25.000 euros por los daños causados.

La mujer comenzó a recibir tratamiento psicológico tras el agravamiento de la enfermedad de una hermana con cáncer, de la que se encargaba de cuidar. Su estado emocional empeoró progresivamente hasta presentar ideas suicidas, además de un trastorno depresivo de larga evolución, motivo por el que fue derivada al acusado, que ejercía como psicólogo privado en Salamanca.

El fallo recoge que las primeras sesiones mantuvieron un carácter estrictamente terapéutico, pero la relación fue evolucionando con el paso de los meses. Las conversaciones por WhatsApp incorporaron comentarios sobre el aspecto físico de la paciente y derivaron hacia contenidos de carácter afectivo y sexual. En uno de esos intercambios, el psicólogo llegó a decirle que era “muy sexy” y que le encantaría estar con ella, mientras que en otros mensajes expresó deseos de mantener contacto físico e íntimo.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2024 en su consulta cuando, según la sentencia, el psicólogo realizó tocamientos no deseados y cogió la mano de la mujer y la llevó hacia su pene.

La víctima no había consentido libremente la relación

Para los magistrados, la paciente no había consentido libremente la relación, ya que el consentimiento estaba condicionado por la situación de dependencia emocional que mantenía respecto al terapeuta.

Los jueces defienden que el acusado dirigió de forma progresiva el acercamiento afectivo y sexual de una persona especialmente vulnerable que seguía viéndolo como una figura de apoyo psicológico imprescindible.

“No cabe duda a juicio de esta sala que el acusado se prevalió de su condición de psicólogo terapeuta para obtener poco a poco un consentimiento cada vez mayor de la víctima respecto de su relación afectiva con él”, afirma la resolución.

El tribunal rechaza el argumento de la defensa de que la relación profesional había terminado meses antes y que ambos mantenían ya un vínculo exclusivamente personal. Por el contrario, entiende que la paciente nunca llegó a diferenciar claramente entre el papel de psicólogo y el de supuesto compañero sentimental, especialmente porque los encuentros continuaron produciéndose en la propia consulta y porque el acusado seguía transmitiéndole que podía continuar siendo su terapeuta.

La sentencia subraya que la mujer temía perder el apoyo emocional del profesional y que muchas de sus conductas estuvieron condicionadas por esa necesidad. Los magistrados consideran que el psicólogo era plenamente consciente de esa circunstancia debido al conocimiento que tenía de su historial clínico y de su estado emocional.

“La única preocupación de la víctima era no decepcionar al acusado”, señala la resolución. Es por eso que los jueces creen que hubo un delito de agresión sexual agravada al apreciarse una situación de especial vulnerabilidad de la víctima y un abuso de superioridad por parte del condenado.

En la sentencia, recuerdan que la legislación exige que el consentimiento se manifieste de forma libre y concluyen que esa libertad estaba anulada por la relación de dependencia creada durante el proceso terapéutico.

Asimismo, el fallo señala el empeoramiento psicológico sufrido por la mujer tras los hechos. Aunque ya padecía problemas de salud mental con anterioridad, la Audiencia considera que la agresión agravó de forma significativa su situación, hasta el punto de desarrollar miedo a salir de casa, rechazo a su propio cuerpo y una intensificación de las ideas suicidas. Contra esta fallo judicial cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los testigos en el juicio por la muerte de una joven por el ataque de los perros de un ganadero de ovino en octubre de 2023 entre los municipios zamoranos de Roales del Pan y La Hiniesta han asegurado que los canes se habían mostrado agresivos en más ocasiones con los viandantes que pasaban por un camino cercano al redil, entre ellos, la víctima.

En la vista oral celebrada este jueves en el Juzgado de lo Penal de Zamora por un supuesto homicidio imprudente que se atribuye al dueño de los animales, han testificado cuatro personas había sido amenazadas por estos animales cuando pasaban por la zona, los guardias civiles que acudieron al lugar, una experta en comportamiento animal y los padres de Arancha, la joven de 27 años fallecida en el ataque.

La madre de la víctima ha explicado que en otras ocasiones los canes ya les habían amenazado cuando paseaban y ha recordado que el día de los hechos, el 23 de octubre, su hija le advirtió en una primera llamada de que los perros le habían amenazado y que estuviera pendiente por si a la vuelta volvía a encontrarse con ellos.

Minutos después, la joven volvió a llamarle para pedir ayuda porque los perros estaban atacándole. A no escuchar a su hija y comprobar que la llamada no se había cortado porque sí oía a los perros, la madre de la joven salió en su búsqueda con su coche y un palo y avisó a su marido para que también fuera hasta allí.

El padre llamó al 1-1-2 y, según han declarado ambos, cuando llegaron vieron la ropa ensangrentada de su hija, ella en la cuneta ya muerta y los perros que intentaron atacarlos también a ellos, lo que les obligó a defenderse, ella el palo y él, con un nivel de hierro.

El dueño tardó una hora en llegar

Agentes de la Guardia Civil que acudieron tras los padres han indicado en la vista oral que al llegar había cinco perros en las inmediaciones sueltos y especialmente dos de ellos estaban “en todo momento en actitud agresiva” e inicialmente se abalanzaron sobre el coche patrulla.

Uno de los guardias civiles ha comentado que el dueño de los perros, que tardó una hora en llegar tras el ataque mortal, inicialmente se mostró reticente a encerrarlos para asegurar la zona, al señalar que los tenía que tener sueltos para proteger al ganado y otro ha manifestado que el hermano del propietario de los perros, que llegó antes que él, aseguró que sabía que eso podía pasar.

En el juicio también han tomado la palabra cuatro testigos que anteriormente habían sufrido ataques o se habían sentido amenazados por los mastines de la explotación ganadera al pasar por caminos agrícolas próximos donde el ganadero guardaba las ovejas y se puso de relieve que había una sentencia condenatoria por uno de los ataques.

Canes mal socializados

En la vista oral ha declarado igualmente una perito experta en comportamiento animal que ha indicado a preguntas de las partes personadas en la causa por supuesto homicidio imprudente que los perros no deberían estar sueltos porque tenían una conducta agresiva, estaban mal socializados y tenían un miedo que podían desembocar en agresividad.

A eso se le sumaba además la territorialidad y la “agresividad maternal” de uno de ellos por defender a sus cachorros, por lo que es “evidente que eran peligrosos”, ha asegurado esta perito, que ha ratificado que había habido más percances con esos perros y que con una socialización diferente “muy probablemente no hubieran atacado”.

El Ministerio Fiscal solicitó en sus conclusiones provisionales dos años y medio de prisión y la acusación particular cuatro años de cárcel. 

El juicio por el caso de la 'estafa de los ataúdes' afronta su fase final, con las declaraciones de los acusados ya acabadas. Tanto la familia del dueño de la funeraria, ya fallecido, como los trabajadores que se sientan en el banquillo, sólo han accedido a responder a las preguntas de sus abogados. Ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones han podido interrogar y todas las declaraciones han seguido una línea similar: Ignacio Morchón era dueño y señor de la funeraria que administraba a su manera y sobre los cambiazos de los féretros de cremaciones para usarlos con sucesivos cadáveres documentados por un extrabajador que acabó suicidándose, nadie supo, nadie vio y nadie sospechó. De hecho, insisten en que el extrabajador tenía una forma física que le habría permitido sacar el sólo los cadáveres de los ataúdes.

La primera en declarar este lunes ha sido la hija menor de Morchón, Laura, que ha comentado que su padre la dió de alta en Funeraria Castellana en cuanto cumplió los 18 años. Con formación como productora audiovisual y periodista, estuvo unos primeros años ocupándose de la gestión de alquileres de las propiedades familiares y posteriormente pasó a ser “correturnos” en la empresa de pompas fúnebres. Fundamentalmente sustituía a empleados en vacaciones y se ocupaba de la recepción. Fue ella quien respondió ante la Policía Nacional cuando la Operación Ignis culminó con la entrada y registro del tanatorio El Salvador y el resto de instalaciones. Una semana después, ha recordado emocionada, tres agentes la detuvieron cuando salía de un bar. “Me puse a llorar, tenía 33 años, recuerdo que lo único que me decían era que no me preocupase que declararía ante la juez y me iria a casa. Estuve un mes y medio en prisión”.

Laura Morchón ha asegurado que los 980.000 euros que encontró la Policía en casa de sus padres correspondía a la caja de las empresas. Mi padre siempre se lo llevaba a casa“, ha apuntado. Su hermana, Rosario Morchón, ha hecho una declaración similar. Aunque toda su vida laboral está ligada a la empresa familiar, ha asegurado no tener nociones de contabilidad.

José Antonio Morchón, que estuvo 40 años trabajando como conductor, se ha desvinculado también de los cambiazos. “Nunca trabajé en el horno (crematorio)”. El hombre, que aparece mencionado 88 veces en los apuntes del extrabajador que destapó el presunto fraude, no ha sabido explicar por qué y ha insistido en que él hacía lo que le mandaba el jefe y en que bastaba una sola persona para manerjar un cadáver para la incineración. José Antonio aparece en una de las llamadas pinchadas por la policía el día de la Operación Ignis. “Esto es una pillada macho, viene de interior” , llegó a comentar con otro trabajador. Esta mañana ha aclarado que se refería a Justo, el extrabajador.

Otro trabajador y familiar de la mujer de Ignacio Morchón, ha negado los cambios de féretros que le imputaba Justo y se ha defendido argumentando que tenían disitintos turnos, que nunca coincidieron y que nunca participó en cremaciones. Además ha explicado que las flores no se reciclaban pasando de un velatorio a otro porque se marchitaban muy rápido. De hecho, ha precisado que algunas familias se llevaban los centros enteros y otras unas pocas flores.

Ha declarado también el trabajador del que una excompañera que declaró como testigo dijo que le había contado que se sacaba a los cadáveres de los féretros para reutilizarlos. El hombre ha justificado esa acusación por una única discusión que tuvo con ella porque él se llevó uno de los periódicos a los que estaban suscritos de una funeraria a otra.

Además ha declarado el dueño de una empresa de féretros con la que los investigadores apuntan que Morchón blanqueaba dinero. El hombre ha explicado una extraña operativa en la que Morchón le adelantaba dinero en metálico para la compra de ataúdes “en blanco” o defectuosos para que éste los arreglase y le vendiese parte.

Tanto la mujer de Morchón como el hermano de este se acogieron a su derecho a no declarar.

La vista oral se reanudará el próximo lunes, cuando las partes elevarán o modificarán sus conclusiones provisionales y comenzarán a exponer los informes finales. El Ministerio Público pide para la mujer de Morchón, María del Rosario V y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosari 20 años de cárcel para cada uno. En concreto, cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado que las exmonjas de Belorado carecen de legitimidad para transformar las comunidades religiosas de Belorado, Orduña y Derio en asociaciones civiles, y ratifica la inadmisión a trámite de la demanda interpuesta por vulneración de derechos fundamentales, en la que pedían dejar sin efecto el nombramiento del comisario pontificio.

En un comunicado, el Arzobispado de Burgos ha informado del auto de la Audiencia Provincial, que inadmite el recurso presentado contra la decisión del Tribunal de Instancia de Briviesca de diciembre de 2025 por la que a su vez inadmitía la demanda que interpusieron las exmonjas el 31 de julio de 2024, mes y medio después de haber abandonado la Iglesia católica.

A través de dicha demanda, las exlcarisas pretendían que se reconociese el derecho de las asociaciones religiosas Monasterio de Belorado y Monasterio de Derio -al que pertenece el de Orduña- a separarse como personas jurídicas de la Iglesia católica, y que se diese validez a su transformación en asociaciones civiles.

También reclamaban que se dejase sin efecto el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, y que cesase todas sus funciones de representación, gestión y administración de los tres monasterios, que asumió a finales de mayo de 2024.

El Tribunal de Instancia de Briviesca acordó en diciembre del pasado año inadmitir dicha demanda, una decisión que ha sido ratificada ahora por la Audiencia de Burgos.

En su auto asume la propia argumentación del juzgado, que apreció “la falta de legitimación activa de las supuestas nuevas asociaciones (…) por entender (…) que toda la cuestión relativa a la transformación de las entidades religiosas era una cuestión regulada por el Derecho canónico que correspondía decidir a las autoridades eclesiásticas».

Además, apunta que “para esta transformación las actoras carecen de legitimación, sencillamente porque no ha podido tener lugar (…). Pero es que además ninguna de las monjas reunidas en capítulo conventual tiene legitimación para transformar una entidad religiosa de Derecho canónico en una asociación civil, y para modificar los Estatutos de las primeras”.

Y recuerda que la transformación supone la extinción de la asociación religiosa, que en Derecho canónico se denomina supresión, algo que le corresponde a la Santa Sede, y “no puede por lo tanto un Monasterio transformarse por la mera decisión de la Superiora del Monasterio”, señala.

Desde el Arzobispado de Burgos esperan que con esta resolución de la Audiencia Provincial de Burgos se levante la suspensión por prejudicialidad del procedimiento de desahucio del Monasterio de Orduña decretado por el Tribunal de Instancia 1 de Bilbao, al quedar aclarado -a su juicio- que el arzobispo ostenta la representación legal del monasterio como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.

Apertura de juicio oral por trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro y coacciones

El Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao ha acordado dar por concluida la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para la apertura de juicio oral contra las exmonjas de Belorado por los delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro y coacciones sobre las cinco monjas ancianas, además de administración desleal y apropiación indebida.

La jueza ve indicios suficientes para avanzar con el procedimiento contra siete de las exmonjas, las que todavía están dentro del cisma, mientras que ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respeto a una octava, conocida como sor Myriam, al no apreciar participación suficientemente acreditada, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

En el mismo, la titular del juzgado bilbaíno ordena el traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a la acusación, para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. También de manera excepcional podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de dos años de cárcel por un delito de falsedad documental para el exasesor del Ayuntamiento de Salamanca, José María Fuentes, ideólogo del congreso de ‘Peace City World’ en la ciudad charra. Este proyecto que quería convertir la ciudad en una 'nueva Dubai' y que nada se materalizó Fuentes fue cesado cuando la fastuosidad de las propuestas presentadas saltaron a los medios por extravagantes y se expuso que falsificó un título universitario de Licenciatura en Economía. La sentencia también desestima el recurso de apelación del Consistorio por la absolución por estafa.

En el fallo, el TSJCyL, según recoge EFE, solo ha estimado en parte el recurso del abogado del exasesor al declarar que el delito de falsedad al que fue condenado no fue un hecho continuado y que la condena al pago de la mitad de las costas de la primera instancia no incluirá las devengadas por el Ayuntamiento. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

El 22 de mayo de 2025, la Audiencia de Salamanca condenó a dos años de cárcel a Fuentes por un delito continuado de falsedad en documento oficial, al concurrir al concurso público de asesor con un título falso de Licenciado en Economía de la Universidad de Salamanca. En ese juicio, tuvo que declarar en calidad de testigo el alcalde de la ciudad, Carlos Carbayo y el que fuera concejal de Turismo, Fernando Castaño, cesado en 2023 por este caso.

En la primera sentencia, a Fuentes se le impuso una multa de 12 euros al día durante ocho meses (más de 2.800 euros) por este delito, pero le absolvió de otro de estafa que también le atribuía el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerció el Ayuntamiento de Salamanca.

En ese fallo, la Audiencia rechazó la acusación de estafa al considerar que el exasesor no buscaba directamente un desplazamiento patrimonial concreto a cambio de ninguna contraprestación, es decir, a cambio de nada, como exige todo delito de estafa.

En cambio, lo que buscaba y consiguió fue la obtención de una plaza pública en el Ayuntamiento de Salamanca y durante el tiempo que estuvo contratado realizó una serie de trabajos y servicios de intermediación.

Respecto al delito continuado de falsedad documental, la Audiencia recordó que se corresponde prácticamente con la extensión media de la pena prevista por la ley, que va de 6 meses a 3 años de prisión y 6 a 12 meses de multa, por lo que considera que es “proporcional” a los hechos enjuiciados.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión, una multa de 22 euros al día durante 11 meses y una indemnización de 135.090 euros para el Ayuntamiento, que era parte denunciante en el juicio.

Una 'nueva Dubai' en Salamanca con 15.000 millones de inversión que nunca se materializó

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.

Ignacio Morchón Vaquero, hijo del dueño del Grupo Salvador, ha atribuido el caso de la estafa de los ataúdes a un exempleado “envidioso”, Justo, que fue el hombre que documentó los presuntos cambiazos de féretros entre 1995 y 2015 y les extorsionó. Ni Justo ni el padre de Morchón, también acusados en la causa, han llegado a sentarse en el banquillo. El primero se suicidó en agosto de 2024, y el segundo falleció en 2022. Sus declaraciones durante la instrucción se han reproducido durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid, si bien el sonido era deficiente. El presidente del tribunal ha lamentado la falta de respuesta del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia (CAU) al que había pedido ayuda para mejorarlo.

Ignacio Morchón Vaquero ha declarado este miércoles pero contestando solo a preguntas de su abogado. La mayor parte de su relato se ha centrado en cómo creó su padre, “un tío muy listo”, el grupo funerario. Así, ha recordado que su padre empezó vendiendo féretros en su pueblo, Torrelobatón, y después fue a Tordesillas, con un socio. La zona era un punto negro de tráfico y vio “oportunidad de negocio”. Más tarde daría el salto a Valladolid con el alquiler de un “localito” que Morchón hijo ha descrito como “un zulo” en el que funcionaba la funeraria mientras iban a esperar a las puertas de los hospitales para interceptar a los que “salían llorando” para ofrecerles sus servicios.

“Mi padre era un tío muy listo”, ha dicho varias veces. Valladolod tenía en su momento una sola funeraria, La Soledad “y tenía un servicio muy malo”. Morchón ofrecía una “caja” superior, cuando hasta las coronas de plástico pasaban de un sepelio a otro. Negoció con seguros para mejorar los servicios, rondaba el año 1985, y Morchón fue levantando su imperio. El hijo ha retratado al padre como el único responsable del negocio, “el que mandaba” y el que “ha hecho y ha deshecho a su antojo”. “Si no hemos crecido más ha sido por eso, porque a él le gustaba tenerlo todo cogido, tener contacto con los empleados y tenerlo todo controlado”.

Los “juegos con Hacienda”

Y así fue como contrató a Justo, el hombre que documentó foto a foto los supuestos cambiazos de ataúd para incinerar a los muertos en otros de peor calidad y revender los buenos. No fue casual el fichaje: Morchón ha revelado que su padre había conseguido crear “el único cementerio privado” que hay en España y que vende a perpetuidad, en el municipio de Santovenía de Pisuerga y que quien les ayudó fue el entonces alcalde, que acabó pidiéndoles que contratasen a Justo, familiar suyo que había sido despedido de Nicas. “No tenía especialización ni estudios, se le contrató para recepción”, ha explicado. Al igual que a Justo, se contrató a familiares de los Morchón sin especialización, como fue el caso del tío de Ignacio, que se encargó durante muchos años de la contabilidad y que contó con ayuda externa a medida que fue creciendo la empresa.

La estrategia del abogado de la defensa de retratar al ahora fallecido como un empresario hecho a sí mismo, ha trastabillado cuando el hijo ha relatado espontáneamente que Hacienda les “pilló” muchas veces. “Pero el que mandaba era mi padre, era el que decía que había que pagar, pero lo justo, de impuestos. Nos ha cogido Hacienda hasta cierta época, hasta que dijimos: vamos a hacerlo bien”, ha comentado.

Así se ha referido a la empresa de ataúdes Senovilla, a la que compraban las “cajas” haciendo un “juego con Hacienda. ”Senovilla facturaba por módulos y mi padre para no pagar más a Hacienda subía el precio de las cajas, nos pilló hacienda y nos dio bien... ha habido varias ocasiones, en 2010 hubo una muy gorda con las flores, encontraron una carpeta que ponía “flores B”, verde y en botella. Hasta que se contrató a gente para llevar la contabilidad como dios manda“, ha declarado. Pero Ignacio Morchón ha intentado desmontar la versión de Justo. Según él, el exempleado ni siquiera comprobó quiénes trabajaban o estaban de baja cuando supuestamente se hicieron los cambiazos y además ha precisado que hacen falta dos o tres personas para mover un cadáver, con la excepción de cuando estos se recogían en hospitales o residencias y sólo se trataba de sacarlos de una cámara, porque se pasaban de una camilla otra con cierta facilidad. Además, considera que en las fotos que se tomaron, hay ”escenificación“ porque aparece la seda que forra el féretro arrancada. También ha negado saber manejar el horno crematorio de Santovenia, que era complicado, ”solo el de Valladolid“.

Morchón se ha indignado con la declaración grabada de Justo en la que decía que llegó a sacar del féretro a su suegro. “Hay que ser una palabra que empieza con c y malo para decir que a mi suegro le cambié la caja, hay que ser mala persona. Hay una cantidad de contradicciones. Lo gordo de todo este tema es los años 2013 y 2014, poco antes de que se fuera a jubilar, que vio que no íbamos a meter ni a su yerno ni a su hija y se cogió una mala hostia...”, ha aseverado. Así, ha añadido que en las fotos aparecen “cajas” que no eran de su funeraria, sino de traslados que se hacían de otras provincias.

“Siempre dije que Justo era un tío poco simpático. Jamás vendió una sepultura, me decía que lo hiciese yo porque él estaba para recepción y para incinerar. Nunca tuve conflicto con él hasta 2014 antes de jubilarse. Me dijo: tu padre se ha hecho rico, no habéis metido a mi hija y a mi yerno, que es en lo que habíamos quedado. Le contesté que había cobrado menos porque quería tener una base de cotización baja y que se le habían pagado todos los atrasos”, ha recordado.

“Yo contra vosotros no tengo nada, es contra tu padre, que ha sido un cabrón toda la puta vida y os voy a joder, es que tengo fotos. Aquí el Morchón se ha hecho rico...”, le explicó Justo. “Es que era muy envidioso, me empezó a mandar whatsapps y fotos y se aportaron a Policía. Incluso un USB. Me tranquilizaron, me dijeron que se le pasaría, pero pasan unos meses y vuelve a las andadas, ya jubilado. Y se le denunció porque es todo mentira, nadie le mandó hacer nada, me dijo que su tía era fiscal”, ha declarado.

“Está prescrito”

Los tres hijos de Morchón trabajan en la funeraria desde los 18, cuando su padre les dió de alta y empezaron a cubrir bajas o vacaciones. Junto a Ignacio, están acusadas sus hermanas Laura y Rosi, que declararán el 25 de mayo. La madre, Rosario Vaquero, se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que el hermano del patriarca, Andrés, que con problemas de audición ha dicho al tribunal que no sabía nada. Además de estas declaraciones se han podido escuchar las llamadas intervendidas a varios acusados, que el día de las detenciones criticaban a Andrés por aparecer por el cementerio y al que llamaban “tonto y payaso”. “Tiene a sus dos yernos comiendo de ahí, le han pillado con un trago y se ha puesto a cantar. Si es que además no puede trabajar va a perder la pensión, a Andrés le he tenido pánico siempre”, se oye en una de las conversaciones.

Además, comentaron que uno de los detenidos podía “acogerse a la quinta enmienda”, una figura jurídica del derecho estadounidense. “Ignacito está roto, está destrozado, no se ha pensado en su vida lo que pasaría”, comentaban. “Ignacio pide llorando que le saquen de allí, que le saquen de allí, tienen embargadas hasta las cuentas personales”, “Lo que hacía Andrés arriba ha prescrito”, se tranquilizaban.

Los acusados se enfrentan a la petición de penas por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.