La Audiencia de Palencia ha avalado la sanción de cuatro años de suspensión de militancia impuesta por Vox a su concejal en el Ayuntamiento de Palencia, Emilio Polo, por asistir a un acto promovido para la “refundación” del partido, y revoca la sentencia que en primera instancia anuló dicha sanción.

La Audiencia ha estimado el recurso presentado por Vox contra la sentencia dictada en marzo por el Tribunal de Instancia de Palencia, que había declarado nula la sanción impuesta a Polo y había condenado al partido al pago de las costas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La resolución revoca el fallo de primera instancia, que había estimado íntegramente la demanda de Polo y declarado nulo el acuerdo del Comité de Garantías de Vox de 29 de mayo de 2025 por el que se le suspendieron sus derechos como afiliado y se le inhabilitó para desempeñar cargos en el partido durante cuatro años.

El conflicto se originó por la asistencia de Polo, entonces afiliado y cargo electo de Vox, a un acto denominado “Mesa del movimiento por la refundación de Vox”, celebrado al margen de los procedimientos internos del partido y en el que, según la sentencia, se planteaba la creación de una organización política paralela.

La Sala considera relevante que Polo no acudiera únicamente como militante, sino también como concejal elegido en las listas de Vox, y que participara públicamente en el acto mediante fotografías con sus organizadores.

Para los magistrados, su presencia contribuyó a trasladar ante militantes, simpatizantes y votantes la imagen de que un cargo electo de Vox respaldaba el proceso de refundación.

La sentencia rechaza así que se tratara de una mera discrepancia interna o de una manifestación de opiniones contrarias a la dirección del partido, como se señalaba en primera instancia.

“No se trata de una discrepancia interna manifestada en el contexto de los órganos de gobiernos del Partido, ni siquiera de una corriente interna”, señala la resolución, que considera que la actuación fue más allá de la libertad de expresión ideológica del afiliado.

La Audiencia destaca además la especial obligación de lealtad que, a su juicio, corresponde a los cargos electos de una formación política y considera que la conducta de Polo fue grave y que, por su condición de concejal, debe calificarse como muy grave conforme a los estatutos de Vox.

En este sentido, el tribunal considera que la actuación afectó a la imagen de unidad del partido y excedió los límites de la libertad ideológica, al entender que el acto pretendía la “refundación” de Vox y la creación de una formación diferente.

Respecto a la duración de la sanción, la Audiencia considera que los cuatro años de suspensión no son desproporcionados y que esta medida es la más leve de las previstas por los estatutos de Vox para las infracciones muy graves, ya que por encima figuran la inhabilitación para desempeñar cargos y la expulsión del partido.

La sentencia de la Audiencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, algo que el edil está valorando, según ha trasladado a EFE.

Vox: “Lo lógico es marcharse”

El partido en Palencia ha valorado la sentencia de la Audiencia considerando que “la ratificación de la sanción disciplinaria era una cuestión de sentido común”.

“Cuando no se comparte el proyecto de una formación política y abiertamente se rechazan sus estrategias y sus normas estatutarias internas, lo lógico es marcharse, no permanecer aferrado al sillón”, ha indicado Vox en Palencia en un breve comunicado.

Emilio Polo es actualmente el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, después de que el partido expulsara a su portavoz, Sonia Lalanda, y que el propio grupo municipal expulsara del grupo al tercer edil electo, Ricardo Carrancio tras haber sido condenado por golpear y llamar “puto cojo de los cojones” a una persona con discapacidad.

La Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la pena de 21 meses de internamiento para dos menores de edad acusados de un delito de tentativa de homicidio con un delito de odio por intentar prender fuego a una persona sin hogar mientras dormía en Miranda de Ebro (Burgos), en un ataque ocurrido en abril de 2025.

La sentencia, consultada por EFE, confirma una previa del Juzgado de Menores de Burgos, después de desestimar íntegramente los recursos presentados por los acusados, condenados también a indemnizar con 2.000 euros por daños morales a la víctima, que no sufrió heridas de gravedad durante el incidente.

Unos meses después, los menores prendieron también fuego a un puesto ambulante de un feriante que participaba en las fiestas de San Juan del Monte, en junio de ese mismo año, lo que les convierte en responsables de un delito contra la seguridad colectiva, en concurrencia igualmente con un delito de odio.

Asimismo, la resolución de la Audiencia Provincial ratifica otra pena de trece meses de internamiento para un tercer menor, que participó en el ataque al feriante, y el pago por parte de los tres de una indemnización de 28.000 euros a la afectada, una mujer peruana que vivía del puesto ambulante que quemaron.

Un hecho grabado con el móvil

La sentencia considera como hechos probados que, en la madrugada del 22 de abril de 2025, los dos menores se hicieron con una caja de cartón, que llenaron de papeles y prendieron fuego. A continuación, la lanzaron contra la persona sin hogar, que dormía en una zona próxima a la estación de autobuses.

El ataque fue grabado con el móvil por uno de los menores, y dicha grabación la compartieron en un grupo de WhatsApp con amigos. Por ello han sido condenados por un delito de homicidio en grado de tentativa agravado con un delito de odio, ya que atacaron a la víctima por tratarse de una persona sin hogar.

Meses más tarde, el 9 de junio, los dos menores en compañía de un tercero prendieron fuego con un mechero a uno de los puestos ambulantes de las fiestas de San Juan del Monte, acto penado como un delito contra la seguridad colectiva en concurrencia con un delito de odio dada la nacionalidad de la víctima.

El Juzgado de Menores de Burgos dictó sentencia condenatoria el pasado marzo, que ha sido ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Burgos, en una resolución contra la que cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas (Salamanca) ha cambiado el sentido de su voto sobre el nuevo permiso solicitado por Alfonso Basterra, y no avala finalmente, del mismo modo que hizo con la anterior solicitud, la salida del condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013.

En esta ocasión, la Junta había votado inicialmente de manera favorable, pero ahora ha emitido un nuevo informe contrario ya que Basterra indicó primero un domicilio de unos amigos en Madrid como lugar de disfrute del permiso, pero después cambió la dirección y al comprobarla han sabido que corresponde al despacho de abogados de su letrada, según han informado a EFE fuentes penitenciarias.

La Junta entiende entonces que se puede hacer un mal uso del permiso al no haber un domicilio real en el que disfrutarlo y por tanto ha decidido no avalarlo en su última resolución.

El juez de vigilancia penitenciaria debe evaluar la solicitud de este nuevo permiso, de tres días y solicitado por Basterra en agosto, después de que la Audiencia de Salamanca estimara el recurso de la Fiscalía el pasado mayo y denegara el primero solicitado por el condenado.

Los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.

El pasado 8 de mayo, la Audiencia de Salamanca estimó el recurso de la Fiscalía y denegó el permiso penitenciario de cuatro días concedido entonces por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, con el argumento de que en ese momento no concurrían en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida.

Precisaba en su resolución que tenía en cuenta “la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

La Sala dejaba sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento de Topas.

Alfonso Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Un jurado popular, por unanimidad, declaró a ambos culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado que la Junta de Castilla y León ha presentado dos recursos contra los reales decretos de regularización y capacidad del sistema de protección de extranjeros por ser dos cuestiones que “unilateralmente” el Gobierno de España “quiere hacer cambiar a las Comunidades Autónomas”.

Se trata del Real Decreto 316/2026, una norma aprobada por el Gobierno para facilitar un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en el país y el Real Decreto 556/2026 sobre la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

Carlos Pollán (Vox) ha criticado este miércoles que estos decretos son un ejemplo de que la “nefasta y negligente política migratoria” del Gobierno de Pedro Sánchez “crea problemas a las Comunidades Autónomas”.

El Gobierno de Pedro Sánchez “corre y acelera solamente por sus intereses políticos con reales decretos de un día para otro mientras la situación de Ceuta sigue sin arreglarse”, ha dicho Pollán en referencia a los decretos de vivienda.

“Un problema que tiene que solucionar el Gobierno de España no se puede trasladar a las comunidades sin cumplir con la legislación nacional, con la legislación internacional y con el interés superior del menor que es que tiene que estar con su familia, con sus padres”, ha asegurado Pollán este miércoles en declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital San Juan de Dios de León.

Pollán ha reiterado que ese “incumplimiento” del Gobierno de España “traslada un problema a las autonomías que estas no tienen que atender”, especialmente cuando su capacidad “está superada” como es el caso de Castilla y León.

“La nefasta y negligente política migratoria de Pedro Sánchez tiene su máximo exponente en lo que está viviendo Ceuta exactamente hace dos meses, una situación absolutamente inaceptable”, ha afirmado.

El consejero ha visitado este miércoles el Hospital San Juan de Dios de León, del que ha valorado la labor que realiza tanto en España como en el resto del mundo por ocupar “todas las necesidades y todas las etapas de la vida de las personas, desde la asistencia social a la labor de la labor educativa y a la cooperación con distintas instituciones”.

El PSOE acusa a Mañueco de estar en campaña contra el Gobierno por recurrir decretos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de estar en una “permanente campaña electoral” contra el Gobierno, por los recursos de la Junta contra los reales decretos del Gobierno en materia de migración.

Martínez ha criticado que el PP de Castilla y León ha puesto el foco en las elecciones generales en lugar de resolver los problemas de la ciudadanía, durante una rueda de prensa en las Cortes autonómicas, tras mantener una reunión con colectivos feministas de Castilla y León.

En su intervención, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico pretenda convertir la inmigración en un problema, mientras “saca pecho por el pequeñísimo incremento de población” en la Comunidad, que ha atribuido a la población extranjera.

“Es absolutamente lamentable que con los problemas que tenemos, en sanidad, en educación, en la defensa de los derechos y en vivienda, la acción del gobierno de Mañueco tras ganar las elecciones sea la misma que en los últimos 40 años”.

También ha hecho referencia a los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno y que se debatirán este viernes en el Congreso, ya que, mientras el país “se está levantando de una forma pacífica, absolutamente legítima y digna” para defender el derecho a la vivienda, “la Junta de Castilla y León está a otra cosa”.

El Tribunal de Instancia de Villarcayo (Burgos) ha dejado en libertad provisional a los dos detenidos este lunes en Burgos acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular en una trama que facilitaba la llegada de mujeres brasileñas embarazadas residentes de manera irregular en la Unión Europea para dar a luz en España y conseguir la nacionalidad.

La Sección de Instrucción del tribunal ha acordado su libertad provisional, sin medidas cautelares, en una investigación por delitos contra los derechos de los ciudadanos inmigrantes y contra la promoción de la inmigración irregular, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La detención de los dos hombres, de nacionalidad española y residentes en Medina de Pomar (Burgos), tuvo lugar este lunes, en una operación de la Guardia Civil que continúa abierta, sin que se descarten nuevas detenciones de otros miembros de la organización criminal que encabezaban los dos detenidos.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia del Hospital Universitario de Burgos en mayo ante la presencia de un elevado número de embarazadas brasileñas que llegaban procedentes de Bélgica en avanzado estado de gestación, para dar a luz en Burgos.

Iban acompañadas casi siempre del mismo hombre y, al comprobar sus expedientes, la mayoría daban los mismos domicilios en Medina de Pomar y Villarcayo, lo que levantó sospechas entre los sanitarios.

La Guardia Civil ha podido determinar la existencia de un entramado criminal que captaba a embarazadas residentes de forma irregular en países de la Unión Europea, de origen brasileño, que pagaban entre 1.000 y 2.500 euros por un “servicio integral”, que incluía alojamiento, traslados, traducción, gestión de documentos y asesoramiento en trámites administrativos.

Las mujeres, contactadas por redes sociales, llegaban en la última fase del embarazo y, al nacimiento de los bebés, obtenían la nacionalidad española por el sistema de “simple presunción”, que posteriormente llevaba a la regularización administrativa de los progenitores

Los dos detenidos eran los encargados de prestar apoyo logístico durante el periodo previo al parto, con desplazamientos a centros de salud y hospitales; además, ofrecían asesoramiento para la obtención de la nacionalidad, y la solicitud de autorizaciones de residencia en España.

Se les ha investigado por un delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por su comisión en el seno de una organización criminal, así como delitos de organización criminal, falsedad documental y coacciones.

El Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao ha señalado para el 9 de marzo de 2027 la vista oral sobre el desahucio de las exmonjas de Belorado del monasterio de Orduña (Bizkaia), uno de los tres conventos sobre los que reclamaban la propiedad las exreligiosas, que ya fueron desahuciadas del convento burgalés el pasado mes de marzo.

Además, la diligencia fechada el pasado 24 de septiembre y a la que ha tenido acceso EFE recoge como fecha del desahucio, siempre que exista sentencia condenatoria y no se recurra, el 31 de mayo a las 10:30, momento en las que las exmonjas deberán haber abandonado el cenobio si no lo han hecho antes.

Las exreligiosas ya fueron desahuciadas del convento de Belorado el pasado 12 de marzo, y desde entonces residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el convento de Orduña, al que recurren cuando tienen que viajar a Burgos o Bilbao para hacer frente a alguno de los procesos judiciales que tienen abiertos.

El señalamiento de juicio llega después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia acordara en julio levantar la suspensión del procedimiento decretado en enero por el propio Tribunal de Instancia, hasta que quedara acreditado en firme que el arzobispo de Burgos ostenta la representación legal del cenobio.

Las de Belorado alegaron cuestión de prejudicialidad civil, basada en que quedaba por resolver en Burgos una demanda que cuestionaba la representación del arzobispo, derivada de su nombramiento como comisario pontificio tras el cisma de mayo de 2024, y por tanto su autoridad sobre los monasterios.

La Audiencia Provincial de Bizkaia resolvió en julio el recurso presentado por el Arzobispado de Burgos contra la decisión de suspender la tramitación, y consideró que no había motivo para mantenerla, sino que el Tribunal de Instancia de Bilbao debía continuar con la tramitación de la demanda de desahucio.

Para ello se basó en que la Audiencia de Burgos había resuelto previamente, en mayo, el recurso de las exmonjas contra la decisión del juzgado de Briviesca que acordó inadmitir a trámite la demanda contra el arzobispo, ratificando su autoridad y capacidad de representación sobre los conventos.

Ahora, el Tribunal de Instancia 1 de Bilbao ha acordado continuar con el procedimiento y ha señalado el 9 de marzo de 2027 para la vista oral de la demanda de desahucio, ha confirmado a EFE el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, si bien ha advertido que dicha fecha puede modificarse dado que hay recursos.

Sobre el resto de procedimientos judiciales en los que están implicadas las exmonjas, Aláez ha indicado que ya han sido notificadas de la apertura de juicio oral -aunque sin fecha- en la causa que lleva el Tribunal de Instrucción 5 de Bilbao por un supuesto maltrato a cinco religiosas ancianas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular que ejerce el Arzobispado de Burgos han pedido penas de 12 años de prisión para siete exreligiosas por delitos de abandono a las cinco religiosas ancianas, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

El abogado ha indicado, igualmente, que siguen abiertas las investigaciones relativas a la venta de oro -pendiente de dirimir una cuestión de competencia judicial- y de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento de Belorado, por la que volvieron a declarar las exmonjas en julio.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, de acuerdo con el anterior veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a un hombre a 23 años y nueve meses de prisión por el asesinato de su suegro en Aranda de Duero en 2024 y por otros delitos cometidos posteriormente.

En detalle, la Sala le ha impuesto 17 años de cárcel por asesinato, ocho meses por allanamiento de morada, dos años por robo con violencia, nueve meses por maltrato en el ámbito de la violencia de género, tres años por atentado y cuatro meses por lesiones. Además, ha sido condenado a distintas penas de multa por hurto, robo de uso de vehículo a motor y lesiones leves.

La Audiencia ha apreciado alevosía, al estimar acreditado que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse, pero ha descartado el ensañamiento. Ha rechazado que tuviera alteradas sus facultades de entendimiento y voluntad en el momento de los hechos.

Por el contrario, el tribunal ha considerado en todos los delitos la atenuante analógica de reparación del daño, después de que el acusado consignara durante el juicio 66.000 euros para hacer frente parcialmente a las indemnizaciones, después de vender sus bienes personales.

Fiscalía pedía 32 años

El fiscal pedía para el acusado 32 años y 3 meses de cárcel por los mismos delitos, 21 de ellos por asesinato; mientras la acusación particular, que representa a la familia, solicitó las mismas penas inicialmente, pero elevó en cuatro años la pena por asesinato al final de la vista oral.

Por su parte, el letrado defensor demandó que se aplicaran las penas en su grado mínimo y se aplicaran atenuantes porque el acusado sufría un brote psicótico cuando se produjeron los hechos, confesó durante la vista oral y tomó medidas económicas para reparar el daño en la medida de sus posibilidades.

El Jurado declaró probado que el 3 de octubre de 2024 el acusado se encontraba con su suegro en una vivienda de Aranda de Duero cuando decidió acabar con su vida. Le asestó seis cuchilladas en el pecho y, después de que la víctima cayera al suelo y se golpeara la cabeza, otras seis por la espalda con un segundo cuchillo, que dejó clavado en la espalda de la víctima con restos de ADN del agresor en el mango.

Tras estos hechos, el hombre se apoderó del teléfono móvil y de las llaves de su suegro y, armado con un cuchillo oculto en la manga, accedió con ellas a la vivienda donde se encontraban su esposa, su hija y su suegra. Allí se llevó el teléfono de su mujer tras lanzar contra ella un vaso, zarandearla y empujarla.Posteriormente, sustrajo un vehículo de la empresa en la que trabajaba y huyó de la ciudad.

Al día siguiente, cuando fue localizado en las inmediaciones de Carabias (Segovia), embistió con el vehículo a un coche policial, causando lesiones a dos agentes.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que interpuso Ayuntamiento de Salamanca contra una sentencia que daba la razón a un trabajador que se presentó a un concurso-oposición de promoción interna de la Policía Local, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a través de un comunicado. Las salas de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de Salamanca y del Tribunal Superior de Justicia detectaron (en 2024) y confirmaron (en 2025) irregularidades en el proceso y ordenaron retrotraer el procedimiento.

El concurso-oposición pretendía cubrir seis plazas de inspector de Policía Local. La sentencia del Juzgado de Salamanca defendió la necesidad de revisar las garantías del proceso selectivo después de que el Ayuntamiento hubiera desestimado las reclamaciones.

También concluyó que se produjo una situación “incompatible con los principios de publicidad, transparencia y motivación” en lo que respecta a la evaluación del desempeño, según ha informado CSIF. Durante el proceso, uno de los concursantes cuestionó la valoración de las titulaciones aportadas y la puntuación otorgada en el apartado relativo al trabajo desarrollado. En su comunicado, el sindicado lamenta y denuncia “la actitud difícilmente justificable” del Ayuntamiento de Salamanca, “que ha alargado incomprensiblemente y sin necesidad” un procedimiento judicial que daba la razón a un trabajador.

“El Ayuntamiento debería haber actuado con mayor transparencia desde el principio y no obligar a llegar a los tribunales para aclarar cuestiones esenciales de un proceso selectivo, y menos perseverar en su actitud a costa del dinero de todos los ciudadanos”, suscribe CSIF, que ha asesorado legalmente al trabajador. 

El sindicato considera “especialmente grave” que un empleado municipal tenga que acudir a todas las instancias judiciales para defender sus derechos en un proceso de promoción interna, cuando ya existían resoluciones judiciales favorables. “La defensa de los derechos de los trabajadores no puede quedar condicionada a su capacidad para afrontar años de litigios frente a su propia administración, en este caso el Ayuntamiento de Salamanca, que está para darle servicio y no para judicializar sus derechos”, remarca el sindicato independiente. 

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL) ha anunciado que promoverá la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el criterio unificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el uso urbanístico de estos alojamientos.

La asociación, a través de una nota de prensa, ha expresado su preocupación por el impacto social y económico que la resolución publicada este miércoles puede tener en cientos de familias y propietarios de Salamanca, después de que el TSJ considerase que los pisos turísticos tenían un uso terciario y no residencial, por lo que debían limitarse a las plantas bajas y primeros en Salamanca.

La patronal ha pedido calma a los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) y ha asegurado que la sentencia no supone un cierre inmediato ni automático de las viviendas afectadas, ya que existen medidas cautelares judiciales que amparan la continuidad de la actividad hasta que haya una resolución firme.

La asociación se niega a aceptar que el silencio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca de 2007 permita considerar las viviendas turísticas como un uso terciario, ya que estas figuras no existían cuando se aprobó el planeamiento.

Ausencia de regulación

Asimismo, ha recordado que resoluciones anteriores del propio TSJCyL anularon parte de la ordenanza municipal y señalaron que el PGOU no podía haber previsto unas modalidades reguladas años después. En este sentido, AVATCYL sostiene que en materia urbanística solo pueden admitirse los usos expresamente previstos por el planeamiento y que la ausencia de una regulación específica no puede interpretarse en perjuicio de los propietarios. Por ello, considera que el Tribunal Supremo debe decidir si es correcto asimilar las viviendas turísticas al uso terciario hotelero.

La patronal ha reclamado al Ayuntamiento de Salamanca una regulación “sensata” y coherente del sector y ha pedido abrir una vía de diálogo con los profesionales para evitar, según ha señalado, el perjuicio económico para la ciudad y la concentración de la actividad en manos de grandes propietarios.

La Fiscalía de Palencia ha decretado el archivo de la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda protegida, un chalé, a una concejala del PP, Laura Lombraña. La decisión es “irrecurrible” aunque se puede acudir a la vía judicial, señala en su escrito el fiscal jefe, Arturo Carrillo. Tal y como adelantó elDiario.es, la denuncia se realizó el pasado mes de marzo por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas y a esta se sumó la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), y una tercera anónima. La investigación del fiscal concluye que no concurren elementos para determinar que se han cometido delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias

Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. En la actualidad es concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

El fiscal solicitó información al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla y León, a la mercantil que gestionó la promoción de la VPO, a la sociedad cooperativa y al Registro de la Propiedad de Palencia. El proceso de venta del suelo por parte del Ayuntamiento arrancó en septiembre de 2019, en octubre se publicó el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en febrero se adjudicó a una cooperativa, que fue la única solicitante. El fiscal hace constar que aunque Lombraña era concejala desde el 2019 no constaba en el expediente municipal que hubiese intervenido en los trámites y tomas de decisión. Por otro lado, la sociedad cooperativa se constituyó en marzo de 2019 y Lombraña no formaba parte de esa asamblea constituyente ni tuvo cargo en ella. Lo que sí consta es la fecha en la que entra como socia en la cooperativa, el 6 de agosto de 2019, momento en el que aportó 3.000 euros y obtuvo el número 34 como cooperativista. Firmó el contrato de adhesión en febrero de 2020. Meses después, en abril se inició el proceso de construcción y de declaración de vivienda protegida.

No constan “irregularidades”

Las conclusiones del fiscal son claras tras examinar toda la documentación aportada. No consta que la concejala tomase decisiones en proceso de venta del suelo, ni en la sociedad cooperativa en la que figura “como partícipe cooperativista en igualdad de condiciones que los otros, con la única finalidad de participar en la adjudicación de unas de las viviendas”. Tampoco constan “irregularidades” en el expediente administrativo sobre el proyecto y adjudicación de las viviendas. Las denuncias planteaban una omisión en el procedimiento de adjudicación cuestionando el sorteo que se hizo entre los cooperativistas.

En este sentido, el fiscal tira de la Ley de Vivienda para aclarar que son promotores para uso propio las cooperativas que financien con medios propios o ajenos la construcción de viviendas para socios o partícipes. El 80% de los socios de esa cooperativa deben estar inscritos en el Registro de Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública en Castilla y León y tener unos ingresos familiares que no excedan 6,5 veces el IPREM y en caso de primera transmisión que no sean inferiores al IPREM. Tampoco se puede ser titular de pleno dominio de otra vivienda en España.

En cuanto a la selección de candidatos, el artículo 64 de la Ley de Vivienda establece que con “carácter general” hay que sortearlo entre quienes forman parte del Registro de Demandantes. Pero la Orden FOM/1982/2008 desarrolla los requisitos del proceso de selección y hay dos opciones: el sorteo público y el sorteo entre los cooperativistas. Este último fue el elegido. Se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

Una declaración de bienes bajo sospecha

El fiscal no entra en la omisión de Lombraña en su declaración de bienes de junio 2023, en la que no aparecía la propiedad que se le entregó en abril, tan solo una cuenta con 7.000 euros, y se refiere únicamente a la que realizó en 2024 y en la que sí figuraba la vivienda.

Sobre esta declaración de bienes de 2024 hay otra denuncia formulada por el Ayuntamiento, ya que se produjo en domingo, día inhábil y apareció cuando salió a la luz la adjudicación del chalé a Lombraña. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió la firma de la secretaria y, también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria. La secretaria fue cesada poco después del escándalo de Lombraña, pero una reciente resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Palencia a readmitirla.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) de Salamanca tienen un uso terciario y no residencial, por lo que no pueden situarse por encima de la primera planta, según establece Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había reconocido el derecho de un propietario a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. El TSJ ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal, que restringió las autorizaciones para los pisos turísticos.

“No es verdad que se haya producido un cambio de criterio en el Ayuntamiento de Salamanca, pues no consta que haya ningún acto por parte del mismo en el que se diga o reconozca que las VUT son un uso residencial”, ha señalado la sentencia, remitida a los medios a través del TSJ.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha convocado para unificar el criterio porque dos de sus secciones habían discrepado sobre la naturaleza urbanística de los pisos turísticos.

La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino establece que desde hace más de una década que los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, salvo determinadas excepciones.

El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado una nueva prórroga de un mes del secreto de sumario del denominado caso Fuentona, la investigación sobre una presunta trama de corrupción que se saldó a finales de junio con siete detenidos, entre ellos la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Se trata de la tercera ampliación del secreto de las actuaciones, a partir del 22 de septiembre, después de que el magistrado acordara hace aproximadamente un mes una segunda prórroga que mantenía a las partes sin acceso al contenido de las diligencias practicadas en el marco de la investigación.

Según ha informado el TSJCyL, la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido que puedan completarse dentro del plazo inicialmente establecido y de las sucesivas prórrogas. El magistrado considera además que persisten las razones que motivaron la declaración del secreto de las actuaciones, por lo que entiende necesaria una nueva ampliación para evitar que se comprometa “gravemente” el resultado de la investigación.

Registro de casi doce horas

La resolución señala asimismo que el carácter secreto de las actuaciones constituye un elemento inherente a la naturaleza de las medidas de investigación que continúan en curso.

El caso se remonta al 23 de junio pasado cuando la Guardia Civil registró durante casi doce horas el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial por supuestas irregularidades en contratos públicos.

La actuación incluyó además dos registros en domicilios particulares y, en el curso de la operación fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid, entre ellas la ya exconcejala socialista Yolanda Santos, edil de Medio Ambiente y Turismo.

El juez de vigilancia penitenciaria está evaluando un nuevo permiso pedido por Alfonso Basterra, después de que la Audiencia de Salamanca estimara el recurso de la Fiscalía el pasado mayo y denegara el primero solicitado por el condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en la cárcel salmantina de Topas.

Fuentes de la Fiscalía han precisado que fijará posición cuando el juez de vigilancia penitenciaria resuelva esta petición de preso. El permiso es de tres días y fue solicitado por Basterra en agosto, según han explicado a EFE fuentes penitenciarias, y la Junta de Tratamiento del centro esta vez ha votado de manera favorable, por lo que ha elevado la petición al juez de vigilancia, mientras que en la anterior se opuso por amplia mayoría.

Precisamente los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.

El pasado 8 de mayo, la Audiencia de Salamanca estimó el recurso de la Fiscalía y denegó el permiso penitenciario de 4 días concedido entonces por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, con el argumento de que en ese momento no concurrían en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida.

Precisaba en su resolución que tenía en cuenta “la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

La Sala dejaba sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento de Topas.

Alfonso Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Un jurado popular, por unanimidad, declaró a ambos culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte. 

La Fiscalía de Burgos ha solicitado una pena de 32 años y tres meses de prisión para el hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a su suegro de 75 años en octubre de 2024, en el municipio burgalés de Aranda de Duero, durante la primera jornada del juicio con jurado popular celebrado este martes en Burgos en la Audiencia Provincial.

En concreto, pide 21 años de cárcel por asesinato con alevosía y la agravante de parentesco; mientras el resto de la pena corresponde a los delitos de robo con violencia, allanamiento de morada, maltrato, y siete años por atentado contra agente de la autoridad y lesiones, en este caso derivados de su huida y posterior detención en Carabias (Segovia).

Por su parte, la defensa ha argumentado que el supuesto autor de los hechos sufrió una psicosis agudizada por el consumo prolongado de cocaína desde hace 20 años y ha señalado que su defendido ya sufrió un brote psicótico similar en julio de 2024, por el que terminó ingresado varios días en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos.

En su declaración ante el jurado popular, el acusado ha insistido en que apenas recordaba nada del día en que se produjeron los hechos porque había consumido mucha cocaína y ha asegurado que solo sabe de qué le acusan por recortes de prensa que guarda en la celda donde permanece desde su detención.

Doce puñaladas

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado que padeciera ningún tipo de brote psicótico y han coincidido en asegurar que el acusado actuó de forma “calculadora” el 3 de octubre de 2024, cuando asestó seis puñaladas a su suegro hasta que se partió el filo de un cuchillo, cogió otro y le remató con otras seis puñaladas en el suelo, donde estaba tendido boca abajo.

El Ministerio fiscal sostiene que el acusado dejó restos de su ADN en el cuchillo que dejó clavado en la espalda de la víctima y en su escrito explica que estos hechos se enmarcan en un contexto previo de conflictividad familiar, relacionado con los problemas de drogodependencia del acusado y la ruptura de la convivencia con su pareja.

Durante esta primera sesión del juicio, las partes han recordado que la tarde del 3 de octubre el acusado había intentado localizar a la hija del fallecido a través mensajes, videollamadas y llamadas a la casa de sus padres, por lo que la mujer decidió acudir a la casa del procesado con su progenitor.

Al ver que el acusado vigilaba la calle junto al vehículo, decidieron volver a la casa familiar en la calle Benjamín Palencia, donde, según el Ministerio fiscal, el acusado se habría presentado media hora después con un cuchillo oculto y habría apuñalado a su suegro.

Acto seguido, habría intentado quitarle a su esposa un teléfono móvil, pero la mujer se hizo con el cuchillo y el hombre huyó. El cuerpo de la víctima fue hallado posteriormente en el portal del inmueble de la calle Benjamín Palencia.

Embistió a la Policía

Tras el crimen, según la versión de la Fiscalía, el acusado abandonó Aranda de Duero en un vehículo al que tuvo acceso en la empresa en la que trabajaba y huyó de la zona. La Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda que culminó al día siguiente con su localización y detención en la localidad segoviana de Carabias.

Durante el arresto, la acusación sostiene que opuso una fuerte resistencia y que llegó a embestir a un vehículo policial, hechos de los que derivan los cargos adicionales de atentado y lesiones a agentes.

La vista oral, que está previsto que continúe hasta el viernes, entra mañana en la fase de declaración de testigos y peritos.

José María L.M, profesor del máster de Abogacía y de la Universidad de Salamanca, declara este jueves a las 10.00 en calidad de investigado ante el juzgado que instruye el caso de la presunta sumisión química que denunciaron tres alumnas del Máster de Abogacía el pasado mes de junio, y en el que apuntan al concejal del Ayuntamiento, Alejandro Pérez de la Sota, docente de una asignatura.

Este segundo investigado, siempre según las versiones de víctimas y testigos, habría intentado frenar las denuncias ofreciendo “facilidades” para aprobar e incluso intentó quedar con una de las chicas. Los hechos objeto de investigación se produjeron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio, tras una cena entre alumnos y profesores del máster. La mayoría de los estudiantes se dirigió a un bar del centro de Salamanca, pero dos de las chicas no quisieron ir y decidieron ir a otro. Pérez de la Sota les dio alcance y dijo que se iba con ellas. Los tres se sentaron en una terraza y pidieron bebidas. Hasta ahí, las dos recuerdan la noche, pero hay un blanco de bastantes horas que empezó cuando las dos fueron al baño y dejaron las copas en la mesa.

La primera que denunció los hechos tiene una idea que ocurrió gracias a los testimonios de sus compañeros de máster, ya que se despertó al día siguiente sin sospechar nada hasta que recibió el mensaje de un amigo en el que le preguntaba si se encontraba bien, y añadía que estaba preocupado porque salió del baño de la discoteca de la mano de Pérez de la Sota, algo que posteriormente corroboraron otros jóvenes. Con este primer dato que no recordaba, preguntó a su compañera de piso si había pasado algo raro durante la noche. Y sí. Su compañera le dijo que había oído ruidos como de estar moviendo muebles, además la escuchó vomitar. Pero no acabó ahí. La chica le aseguró que un hombre “bastante mayor” intentó entrar en su cuarto, creyó que confundido. La víctima fue reconstruyendo esa noche a través de lo que sus compañeros vieron: que había salido del local en actitud cariñosa con Pérez de la Sota, y que poco antes había pedido ayuda a través de un mensaje que mandó desde el baño. La chica explicó en la denuncia otros detalles que le hacían pensar que, efectivamente, Pérez de la Sota, estuvo en su cuarto, como una cortina corrida, o lo que alguien le había puesto para dormir.

Pérez de la Sota regresó a la discoteca una hora después, momento en el que intentó acompañar a la segunda chica a su casa. Los compañeros detectaron un llamativo cambio de actitud en ella, que estuvo toda la noche sobreexcitada y tambaleante. Y hubo un tercer intento con otra chica a la que acompañó a coger un taxi en el que intentó meterse insistentemente hasta que ella lo echó a patadas. Todo acabó con un altercado en el que intervino la policía.

En el caso de José María L.M, su intervención fue posterior con una serie de mensajes fuera de tono a una de las afectadas al día siguiente. Además intentó conseguir el teléfono de las otras dos denunciantes para ayudarles a aprobar alguna asignatura.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave al joven que propinó el puñetazo que acabó con la vida del vallisoletano Sergio Delgado durante la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la familia del fallecido, que reclamaban la nulidad del juicio y de la sentencia.

La resolución mantiene el fallo dictado por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Burgos y considera que no existen motivos para repetir el procedimiento. La acusación particular, ejercida por los padres y la hermana de Sergio, defendía en su recurso que los hechos debían ser considerados un asesinato o, subsidiariamente, un homicidio doloso. La Fiscalía también había recurrido en busca de la nulidad del proceso.

La sentencia, contra la que todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recoge un reproche al magistrado que presidió el Tribunal del Jurado. Después de visionar íntegramente las sesiones del juicio, el TSJCyL considera que el juez utilizó formas “duras en su forma de expresarse, incluso autoritarias” hacia las acusaciones.

La Sala ha criticado un momento ocurrido durante la vista, cuando el magistrado pidió a una familiar de Sergio que dejara de “lloriquear”. El Tribunal Superior ha considerado que aquella expresión mostró una “falta de empatía”, aunque ha recordado que el juez se disculpó posteriormente y ha tildado el momento de “desagradable e inapropiado”. También ha censurado en algunas de sus actuaciones una “falta de tacto o de acierto en las formas”.

Pese a estas críticas, los magistrados han sentenciado que la actuación del juez no demuestra una pérdida de imparcialidad ni provocó indefensión a las acusaciones. Según la resolución, las decisiones adoptadas durante el juicio respondían a su intención de evitar que el jurado se viera influido por cuestiones ajenas al objeto principal del proceso. Las expresiones consideradas incorrectas o inadecuadas, sostiene el TSJ, no tuvieron entidad suficiente para justificar la nulidad del procedimiento.

El TSJ considera el objeto del veredicto “manifiestamente mejorable”

El Tribunal Superior también ha rechazado los argumentos de la Fiscalía y de la familia sobre la forma en la que se planteó el objeto del veredicto que debía responder el jurado.

La Sala ha admitido que aquel documento era “manifiestamente mejorable” y ha precisado que existieron algunas omisiones, pero considera que ninguna de ellas causó una indefensión efectiva que hiciera necesario repetir el juicio ante un nuevo jurado.

Tampoco ha apreciado una falta de motivación suficiente en la decisión del jurado. Frente a las acusaciones de que el veredicto no explicaba adecuadamente sus conclusiones, el TSJ ha defendido que existió una “concisa aunque suficiente explicación de las razones para su adopción”. Según el TSJ, la sentencia de la Audiencia Provincial también explicó de manera adecuada los motivos que sustentaban la condena por homicidio imprudente.

En la sentencia se ha considerado relevante que el jurado descartara tanto la intención de matar como el dolo eventual. Por ello, ha matizado que no es posible modificar ahora la calificación jurídica de los hechos para convertirlos en un asesinato o en un homicidio doloso.

“Una vez descartados por el Jurado tanto la intención de matar como el dolo eventual”, ha explicado el tribunal, la única calificación compatible con los hechos declarados probados es la de homicidio por imprudencia grave.

Cuatro años de prisión y 150.000 euros de indemnizaciones

La Audiencia Provincial de Burgos condenó al acusado a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave. El fallo también estableció indemnizaciones de 100.000 euros para cada uno de los padres de Sergio y de 50.000 euros para su hermana, en concepto de daños morales derivados del fallecimiento.

El acusado llevaba en prisión provisional desde febrero de 2024 y quedó en libertad provisional después de que el jurado descartara el asesinato y el homicidio doloso, al considerar la Audiencia que la pena a la que se enfrentaba no podía superar los cuatro años.

La muerte de Sergio Delgado, de 32 años, provocó una fuerte reacción en Valladolid. Su familia convocó concentraciones para reclamar justicia y mantuvo su oposición a una condena por homicidio imprudente.

El motivo de la muerte: un puñetazo y una caída mortal

Sergio Delgado se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero cuando, después de mantener una conversación con el acusado en una zona de ocio de la capital burgalesa, recibió un puñetazo en el rostro.

El golpe provocó que cayera al suelo y se golpeara en la región occipital de la cabeza. Pese a la asistencia de los servicios de emergencia, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

El jurado consideró probado que el acusado fue quien propinó la agresión y que Sergio sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y un traumatismo craneoencefálico derivado de la caída. También dio por acreditado que presentaba una elevada tasa de alcohol y que esa intoxicación influyó en el fallecimiento.

Sin embargo, los miembros del jurado no consideraron probado que el acusado quisiera matar a Sergio ni que se hubiera representado como posible que su acción pudiera acabar provocando su muerte. Tampoco consideraron que sus conocimientos de artes marciales hubieran influido en la fuerza del golpe.

Un profesor de la UVa justificó la muerte de Sergio

El día siguiente a la muerte de Sergio, un profesor de la Universidad de Valladolid publicó un mensaje en el que aseguraba, por ser la víctima de Valladolid que “si ese fue el motivo, pues un asesinato muy merecido”. La publicación se realizó el 25 de febrero de 2024 bajo un nombre y una imagen genéricos y hacía referencia a la hipótesis de que la agresión hubiera estado relacionada con la procedencia vallisoletana de la víctima.

La Universidad de Valladolid acordó posteriormente la “extinción inmediata” de la relación contractual con el docente, Héctor Felipe Mateo, profesor de Ingeniería Informática. El rector, Antonio Largo Cabrerizo, informó además de que la institución había trasladado el contenido del mensaje a la Fiscalía para que determinara si podía existir un delito de odio.

La familia de Sergio reclamó medidas disciplinarias contra el profesor y anunciara que estudiaría posibles acciones legales. Los familiares consideraron que la publicación suponía un ataque a la memoria del joven y advirtieron de que la eliminación de los mensajes y las disculpas posteriores no borraban la posible responsabilidad derivada de lo publicado.

El docente pidió posteriormente disculpas y aseguró mostrar un “sincero arrepentimiento” por sus palabras. En su escrito sostuvo que no comparte actualmente los mensajes que publicó entonces. La familia, sin embargo, cuestionó que la retractación se produjera después de la repercusión alcanzada por el caso y sostuvo que unas disculpas no reparan por sí solas el daño causado.

El Juzgado de Menores de Salamanca ha condenado a uno de los menores acusados de agresión sexual (por pedirle fotografías de carácter sexual) a una compañera suya de 12 años, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos se conocían de la Escuela de Tauromaquia, financiada por la Diputación de Salamanca. El condenado -y sus padres- deberán abonar 1.500 euros a la víctima por estos hechos, que se produjeron en 2025. El tribunal también ha absuelto al otro menor acusado del mismo delito contra dos menores (de 11 y 12 años) porque no se ha considerado probado que fuera él quien utilizara ese perfil de Instagram desde el que se incitó a enviar fotografías de carácter sexual.

El fallo impone al primer menor -ya mayor de edad- cien horas de servicios comunitarios “para que reflexione sobre la gravedad de su actuación” y establece una medida de libertad vigilada durante dos años, en los que recibirá formación de educación sexual y educación en igualdad, además de una orden de alejamiento hacia la menor.

El menor condenado -le faltaba un mes para cumplir los 18 años- contactó con su compañera de la Escuela Taurina, de 12 años. “Empezó a comentarla que sus conversaciones no debía verlas nadie, pidiéndole que las borrara a diario y diciéndole, entre otras cosas, que cuando él tuviera 18 años debían cortar las mismas”, señala la sentencia, que considera probadas sus insinuaciones sexuales y peticiones de fotografías pedófilas. Esta situación se prolongó hasta que los padres de la niña descubrieron la situación y presentaron una denuncia.

“Desprecio a los sentimientos de la víctima”

El condenado defendió que creía que la niña tenía 16 años, algo que no se cree el juzgado porque entonces no tendría sentido que le dijera que borrara las imágenes o que las conversaciones debían terminarse cuando él cumpliera los 18 años. “Si adoptaba estas precauciones era porque conocía que estaba actuando de forma inapropiada”, señala el Juzgado de menores. Además, en el ámbito de la escuela taurina no se puede torear novilladas hasta los 16 años, una actividad que no podía realizar la menor. El juzgado establece que el condenado “embaucó” a la niña, aunque niega que esta fuera coaccionada o amenazada con hacer públicas las conversaciones previas que había tenido con el otro compañero, hoy absuelto.

El Juzgado ha establecido una libertad vigilada durante dos años dado el “absoluto desprecio a los sentimientos de la víctima” y su inconsciencia sobre “la gravedad de los hechos”. Además, esta no es su primera condena, por hechos con “una analogía importante”, aunque no de la misma naturaleza.

Absuelto el otro menor

La Justicia ha absuelto al otro menor encausado porque, ha considerado que no se ha demostrado lo suficiente que fuera él quien utilizaba esa cuenta de Instagram desde la que se pidió vídeos y fotos a otra niña de 11 años, a la que conocía de vista y de su entorno cercano. Fiscalía pedía que se dedujera la titularidad de la cuenta porque la fotografía del perfil era del menor y en las conversaciones con una de las víctimas se mencionaba su proximidad, algo que el Juzgado considera insuficiente porque son “datos fácilmente accesibles para cualquier persona”. También se le absuelve de un delito similar hacia su compañera de la Escuela de Tauromaquia -cuya conversación se borró- y cuyas conversaciones por Whatsapp no acreditan el contenido de las conversaciones previas aunque sí se hace referencia a ellas.

Aun así, defiende que no duda de que una de las víctimas y su madre hayan dicho la verdad en el proceso. “No se quiere manifestar con lo anterior que la menor o su madre falten a la verdad, pero como se han señalado hechos muy graves, sería necesario conocer exactamente el contenido de las conversaciones que fueron borradas y no se conservaron”, señala la sentencia.

La sentencia absuelve a la Diputación de Salamanca de la responsabilidad civil solicitada porque los hechos se produjeron fuera de la escuela taurina, que no podía tener “ningún control” sobre las actividades externas que realizaran los menores. El Juzgado también destaca que, cuando se tuvo conocimiento del problema, se separó a los menores acusados de la víctima “para que no coincidieran en las clases”. La Escuela de Tauromaquia no tenía un protocolo antiacoso para este tipo de situaciones a pesar de las peticiones realizadas por el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca.

Ya hay (de nuevo) fecha para el juicio oral por la muerte de Esther López, cuya desaparición se identificó en la madrugada del 13 de enero en 2022, y cuyo cadávez fue localizado 25 días después: será el 2 de febrero del próximo año, según ha informado la Audiencia Provincial de Valladolid a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La magistrada ha dictado el auto por el que se fijan los hechos justiciables que serán sometidos al veredicto del jurado popular. Serán sus integrantes quienes consideren qué delitos han sido probados o no tras la celebración de la vista oral.

La Fiscalía considera responsable a Óscar S.M. de un delito de asesinato con alevosía, por el que pide 18 años de prisión. La acusación particular le ponsidera responsable de los delitos de asesinato (o subsidiariamente homicidio), detención ilegal, daño moral y omisión del deber de socorro. La defensa, en cambio, mantiene que la conducta atribuida al acusado no es constitutiva de infracción penal alguna.

Juicio con jurado

El juicio oral arrancará el 2 de febrero de 2027 a las 10:00 horas, cuando se constituirá el Tribunal del Jurado y comenzarán las sesiones, que se alargarán hasta principios de marzo “dada la complejidad de la causa y el elevado volumen de prueba admitida”.

La jueza ha resuelto también sobre las pruebas propuestas por las partes, declarando pertinentes, con determinadas salvedades, distintas testificales, testificales-periciales, periciales y documentales que serán practicadas durante el juicio. El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, salvo en lo relativo a la admisión de pruebas, extremo respecto del cual la resolución es firme.

A finales de 2025, el Juzgado ya abrió juicio oral contra Óscar S.M. hasta que se ordenó la devolución del caso al Juzgado de Instrucción después de que el actual propietario de la vivienda que utilizaba el acusado -que había comprado recientemente- encontrara un habitáculo del que la Guardia Civil no tenía constancia. Las pesquisas no localizaron ningún resto biológico de Esther López en esa zona.

El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019 y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, investigado como supuesto autor de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Vázquez renunció a su escaño de diputado autonómico en octubre de 2025 tras el anuncio de esta investigación.

En una comunicación remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia, este señala que investiga algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones y la contratación de determinados servicios.

También analiza la ordenación de pagos pese a los reparos de la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones adoptadas durante el tiempo en que fue alcalde, según se desprende del texto.

En la parte dispositiva del auto, el Tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, o bien recurso de apelación directa

Archivo para el alcalde actual

Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde del municipio, Samuel Alonso (PSOE), al que se le investigaba por la supuesta autoría de un delito de falsedad documental inicialmente investigado.

El Tribunal ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni que hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.

Tampoco ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que conociera una posible ilegalidad de los mismos cuando se efectuaron pagos derivados de esos contratos durante su mandato, por lo que se descartan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión por un delito de maltrato animal para el propietario de un criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos), huido de la justicia desde 2020 y que el pasado febrero fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España.

Este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos, seis años después de que la Guardia Civil desmantelara en febrero de 2020 el criadero, en el que había un centenar de perros -el doble de los autorizados- en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, y algunos muertos desde hacía veinte días.

El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, se enfrenta a un delito de maltrato animal, por el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, y de 25 a 30 en el caso de la acusación particular ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos.

También a otro delito de alzamiento de bienes, con una petición de 3 años; la acusación insiste en la reincidencia del detenido, que ya había sido condenado a un año por maltrato animal en octubre de 2019, en un juicio rápido, y que mantuvo el criadero sin mejorar las condiciones en las que mantenía a los perros.

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución, y ha alegado vulneración de derechos fundamentales del acusado por no disponer en todo momento de abogado. Ha cuestionado también la extradición desde Venezuela al no existir, a su juicio, delitos correlativos en la legislación venezolana.

Estado “deplorable”, animales desnutridos y evidencias de canibalismo

Los hechos por los que ahora se le juzga se remontan al periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, y derivan de una denuncia de septiembre de 2019 de Justicia y Defensa Animal, pero también de las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León tras la primera condena.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han confirmado que el criadero de perros, autorizado en 2015, no reunía las condiciones adecuadas ni cumplía con la normativa, y que los animales se encontraban abandonados, sin alimentación ni agua y en pésimas condiciones.

Han calificado la situación del criadero de “deplorable” han descrito a animales desnutridos, enfermos, heridos y algunos con evidencias de canibalismo, único recurso que llegaron a tener a su disposición para alimentarse ante la ausencia de comida: poca, de mala calidad y mezclada con excrementos.

La misma valoración han realizado los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, realizaron visitas a las instalaciones, sin ver una mejoría “suficiente”, y que fueron los que instaron en varias ocasiones a sacar animales por el riesgo que corría su vida.

Animales muertos durante viente días

Uno de los agentes del Seprona que intervino en la operación que sirvió para desmantelar el criadero a finales de febrero de 2020 considera que el acusado “había abandonado a su suerte” a los animales: “decidió dejarlos morir”, ha indicado, pues se marchó sin haberles dejado ni comida ni agua.

En el registro encontraron 31 animales vivos, y otros siete muertos, algunos fallecidos hacía casi veinte días; además, registraron otras dos propiedades, entre ellas, un piso en el que hallaron otros 37 perros vivos y dos más muertos, uno de ellos oculto en un congelador.

“Si hubiéramos tardado más habrían muerto todos. Había riesgo vital”, han insistido los agentes, lo mismo que los veterinarios y técnicos de la Junta, que han recordado que había varios expedientes sancionadores abiertos y que en diciembre de 2019 dieron orden de retirar todos los animales y cerrar el criadero.

Condenas previas y sin enmienda

En la primera sesión del juicio, que continuará el viernes con testificales de peritos, ha declarado también la representante de Justicia y Defensa Animal, Judith Sánchez, quien ha explicado que ofrecieron ayuda al acusado para atender a los animales, e incluso le pidieron su cesión, pero no aceptó.

También que se encargaron de los perros supervivientes, tanto los que se rescataron tras la última intervención de la Guardia Civil en febrero de 2020 como en otras previas, y ha confirmado el grave estado en el que se encontraban: “He visto muchas barbaridades pero como esta nunca antes”, ha admitido.

En declaraciones a las puertas de los juzgados, Sánchez ha reconocido que confía en que se haga justicia, después de que la madre y la expareja del acusado fueran juzgadas el pasado año, también por maltrato animal, y se las condenara a un año de prisión -por conformidad-

Mientras, el abogado de la asociación, Luis Oviedo, ha explicado a los medios que sea cual sea la condena ahora “es muy difícil” que el acusado ingrese en prisión porque ha pasado ya casi 24 meses en preventiva -ocho en Venezuela-, y está en libertad.