La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a ocho años de prisión a un psicólogo por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente a la que atendía, ya que estaba en un momento de especial vulnerabilidad psicológica. La víctima estaba siendo tratada por profesionales de salud mental por sufrir depresión e ideas suicidas además de tener que lidiar con la enfermedad y posterior fallecimiento de una hermana.

El tribunal considera probado que el profesional se aprovechó de la dependencia emocional que la mujer había desarrollado hacia él y concluye que el consentimiento prestado en la relación sexual no fue libre ni válido.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia salmantina, impone además al condenado seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicólogo, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años, así como una indemnización de 25.000 euros por los daños causados.

La mujer comenzó a recibir tratamiento psicológico tras el agravamiento de la enfermedad de una hermana con cáncer, de la que se encargaba de cuidar. Su estado emocional empeoró progresivamente hasta presentar ideas suicidas, además de un trastorno depresivo de larga evolución, motivo por el que fue derivada al acusado, que ejercía como psicólogo privado en Salamanca.

El fallo recoge que las primeras sesiones mantuvieron un carácter estrictamente terapéutico, pero la relación fue evolucionando con el paso de los meses. Las conversaciones por WhatsApp incorporaron comentarios sobre el aspecto físico de la paciente y derivaron hacia contenidos de carácter afectivo y sexual. En uno de esos intercambios, el psicólogo llegó a decirle que era “muy sexy” y que le encantaría estar con ella, mientras que en otros mensajes expresó deseos de mantener contacto físico e íntimo.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2024 en su consulta cuando, según la sentencia, el psicólogo realizó tocamientos no deseados y cogió la mano de la mujer y la llevó hacia su pene.

La víctima no había consentido libremente la relación

Para los magistrados, la paciente no había consentido libremente la relación, ya que el consentimiento estaba condicionado por la situación de dependencia emocional que mantenía respecto al terapeuta.

Los jueces defienden que el acusado dirigió de forma progresiva el acercamiento afectivo y sexual de una persona especialmente vulnerable que seguía viéndolo como una figura de apoyo psicológico imprescindible.

“No cabe duda a juicio de esta sala que el acusado se prevalió de su condición de psicólogo terapeuta para obtener poco a poco un consentimiento cada vez mayor de la víctima respecto de su relación afectiva con él”, afirma la resolución.

El tribunal rechaza el argumento de la defensa de que la relación profesional había terminado meses antes y que ambos mantenían ya un vínculo exclusivamente personal. Por el contrario, entiende que la paciente nunca llegó a diferenciar claramente entre el papel de psicólogo y el de supuesto compañero sentimental, especialmente porque los encuentros continuaron produciéndose en la propia consulta y porque el acusado seguía transmitiéndole que podía continuar siendo su terapeuta.

La sentencia subraya que la mujer temía perder el apoyo emocional del profesional y que muchas de sus conductas estuvieron condicionadas por esa necesidad. Los magistrados consideran que el psicólogo era plenamente consciente de esa circunstancia debido al conocimiento que tenía de su historial clínico y de su estado emocional.

“La única preocupación de la víctima era no decepcionar al acusado”, señala la resolución. Es por eso que los jueces creen que hubo un delito de agresión sexual agravada al apreciarse una situación de especial vulnerabilidad de la víctima y un abuso de superioridad por parte del condenado.

En la sentencia, recuerdan que la legislación exige que el consentimiento se manifieste de forma libre y concluyen que esa libertad estaba anulada por la relación de dependencia creada durante el proceso terapéutico.

Asimismo, el fallo señala el empeoramiento psicológico sufrido por la mujer tras los hechos. Aunque ya padecía problemas de salud mental con anterioridad, la Audiencia considera que la agresión agravó de forma significativa su situación, hasta el punto de desarrollar miedo a salir de casa, rechazo a su propio cuerpo y una intensificación de las ideas suicidas. Contra esta fallo judicial cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los testigos en el juicio por la muerte de una joven por el ataque de los perros de un ganadero de ovino en octubre de 2023 entre los municipios zamoranos de Roales del Pan y La Hiniesta han asegurado que los canes se habían mostrado agresivos en más ocasiones con los viandantes que pasaban por un camino cercano al redil, entre ellos, la víctima.

En la vista oral celebrada este jueves en el Juzgado de lo Penal de Zamora por un supuesto homicidio imprudente que se atribuye al dueño de los animales, han testificado cuatro personas había sido amenazadas por estos animales cuando pasaban por la zona, los guardias civiles que acudieron al lugar, una experta en comportamiento animal y los padres de Arancha, la joven de 27 años fallecida en el ataque.

La madre de la víctima ha explicado que en otras ocasiones los canes ya les habían amenazado cuando paseaban y ha recordado que el día de los hechos, el 23 de octubre, su hija le advirtió en una primera llamada de que los perros le habían amenazado y que estuviera pendiente por si a la vuelta volvía a encontrarse con ellos.

Minutos después, la joven volvió a llamarle para pedir ayuda porque los perros estaban atacándole. A no escuchar a su hija y comprobar que la llamada no se había cortado porque sí oía a los perros, la madre de la joven salió en su búsqueda con su coche y un palo y avisó a su marido para que también fuera hasta allí.

El padre llamó al 1-1-2 y, según han declarado ambos, cuando llegaron vieron la ropa ensangrentada de su hija, ella en la cuneta ya muerta y los perros que intentaron atacarlos también a ellos, lo que les obligó a defenderse, ella el palo y él, con un nivel de hierro.

El dueño tardó una hora en llegar

Agentes de la Guardia Civil que acudieron tras los padres han indicado en la vista oral que al llegar había cinco perros en las inmediaciones sueltos y especialmente dos de ellos estaban “en todo momento en actitud agresiva” e inicialmente se abalanzaron sobre el coche patrulla.

Uno de los guardias civiles ha comentado que el dueño de los perros, que tardó una hora en llegar tras el ataque mortal, inicialmente se mostró reticente a encerrarlos para asegurar la zona, al señalar que los tenía que tener sueltos para proteger al ganado y otro ha manifestado que el hermano del propietario de los perros, que llegó antes que él, aseguró que sabía que eso podía pasar.

En el juicio también han tomado la palabra cuatro testigos que anteriormente habían sufrido ataques o se habían sentido amenazados por los mastines de la explotación ganadera al pasar por caminos agrícolas próximos donde el ganadero guardaba las ovejas y se puso de relieve que había una sentencia condenatoria por uno de los ataques.

Canes mal socializados

En la vista oral ha declarado igualmente una perito experta en comportamiento animal que ha indicado a preguntas de las partes personadas en la causa por supuesto homicidio imprudente que los perros no deberían estar sueltos porque tenían una conducta agresiva, estaban mal socializados y tenían un miedo que podían desembocar en agresividad.

A eso se le sumaba además la territorialidad y la “agresividad maternal” de uno de ellos por defender a sus cachorros, por lo que es “evidente que eran peligrosos”, ha asegurado esta perito, que ha ratificado que había habido más percances con esos perros y que con una socialización diferente “muy probablemente no hubieran atacado”.

El Ministerio Fiscal solicitó en sus conclusiones provisionales dos años y medio de prisión y la acusación particular cuatro años de cárcel. 

El juicio por el caso de la 'estafa de los ataúdes' afronta su fase final, con las declaraciones de los acusados ya acabadas. Tanto la familia del dueño de la funeraria, ya fallecido, como los trabajadores que se sientan en el banquillo, sólo han accedido a responder a las preguntas de sus abogados. Ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones han podido interrogar y todas las declaraciones han seguido una línea similar: Ignacio Morchón era dueño y señor de la funeraria que administraba a su manera y sobre los cambiazos de los féretros de cremaciones para usarlos con sucesivos cadáveres documentados por un extrabajador que acabó suicidándose, nadie supo, nadie vio y nadie sospechó. De hecho, insisten en que el extrabajador tenía una forma física que le habría permitido sacar el sólo los cadáveres de los ataúdes.

La primera en declarar este lunes ha sido la hija menor de Morchón, Laura, que ha comentado que su padre la dió de alta en Funeraria Castellana en cuanto cumplió los 18 años. Con formación como productora audiovisual y periodista, estuvo unos primeros años ocupándose de la gestión de alquileres de las propiedades familiares y posteriormente pasó a ser “correturnos” en la empresa de pompas fúnebres. Fundamentalmente sustituía a empleados en vacaciones y se ocupaba de la recepción. Fue ella quien respondió ante la Policía Nacional cuando la Operación Ignis culminó con la entrada y registro del tanatorio El Salvador y el resto de instalaciones. Una semana después, ha recordado emocionada, tres agentes la detuvieron cuando salía de un bar. “Me puse a llorar, tenía 33 años, recuerdo que lo único que me decían era que no me preocupase que declararía ante la juez y me iria a casa. Estuve un mes y medio en prisión”.

Laura Morchón ha asegurado que los 980.000 euros que encontró la Policía en casa de sus padres correspondía a la caja de las empresas. Mi padre siempre se lo llevaba a casa“, ha apuntado. Su hermana, Rosario Morchón, ha hecho una declaración similar. Aunque toda su vida laboral está ligada a la empresa familiar, ha asegurado no tener nociones de contabilidad.

José Antonio Morchón, que estuvo 40 años trabajando como conductor, se ha desvinculado también de los cambiazos. “Nunca trabajé en el horno (crematorio)”. El hombre, que aparece mencionado 88 veces en los apuntes del extrabajador que destapó el presunto fraude, no ha sabido explicar por qué y ha insistido en que él hacía lo que le mandaba el jefe y en que bastaba una sola persona para manerjar un cadáver para la incineración. José Antonio aparece en una de las llamadas pinchadas por la policía el día de la Operación Ignis. “Esto es una pillada macho, viene de interior” , llegó a comentar con otro trabajador. Esta mañana ha aclarado que se refería a Justo, el extrabajador.

Otro trabajador y familiar de la mujer de Ignacio Morchón, ha negado los cambios de féretros que le imputaba Justo y se ha defendido argumentando que tenían disitintos turnos, que nunca coincidieron y que nunca participó en cremaciones. Además ha explicado que las flores no se reciclaban pasando de un velatorio a otro porque se marchitaban muy rápido. De hecho, ha precisado que algunas familias se llevaban los centros enteros y otras unas pocas flores.

Ha declarado también el trabajador del que una excompañera que declaró como testigo dijo que le había contado que se sacaba a los cadáveres de los féretros para reutilizarlos. El hombre ha justificado esa acusación por una única discusión que tuvo con ella porque él se llevó uno de los periódicos a los que estaban suscritos de una funeraria a otra.

Además ha declarado el dueño de una empresa de féretros con la que los investigadores apuntan que Morchón blanqueaba dinero. El hombre ha explicado una extraña operativa en la que Morchón le adelantaba dinero en metálico para la compra de ataúdes “en blanco” o defectuosos para que éste los arreglase y le vendiese parte.

Tanto la mujer de Morchón como el hermano de este se acogieron a su derecho a no declarar.

La vista oral se reanudará el próximo lunes, cuando las partes elevarán o modificarán sus conclusiones provisionales y comenzarán a exponer los informes finales. El Ministerio Público pide para la mujer de Morchón, María del Rosario V y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosari 20 años de cárcel para cada uno. En concreto, cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado que las exmonjas de Belorado carecen de legitimidad para transformar las comunidades religiosas de Belorado, Orduña y Derio en asociaciones civiles, y ratifica la inadmisión a trámite de la demanda interpuesta por vulneración de derechos fundamentales, en la que pedían dejar sin efecto el nombramiento del comisario pontificio.

En un comunicado, el Arzobispado de Burgos ha informado del auto de la Audiencia Provincial, que inadmite el recurso presentado contra la decisión del Tribunal de Instancia de Briviesca de diciembre de 2025 por la que a su vez inadmitía la demanda que interpusieron las exmonjas el 31 de julio de 2024, mes y medio después de haber abandonado la Iglesia católica.

A través de dicha demanda, las exlcarisas pretendían que se reconociese el derecho de las asociaciones religiosas Monasterio de Belorado y Monasterio de Derio -al que pertenece el de Orduña- a separarse como personas jurídicas de la Iglesia católica, y que se diese validez a su transformación en asociaciones civiles.

También reclamaban que se dejase sin efecto el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, y que cesase todas sus funciones de representación, gestión y administración de los tres monasterios, que asumió a finales de mayo de 2024.

El Tribunal de Instancia de Briviesca acordó en diciembre del pasado año inadmitir dicha demanda, una decisión que ha sido ratificada ahora por la Audiencia de Burgos.

En su auto asume la propia argumentación del juzgado, que apreció “la falta de legitimación activa de las supuestas nuevas asociaciones (…) por entender (…) que toda la cuestión relativa a la transformación de las entidades religiosas era una cuestión regulada por el Derecho canónico que correspondía decidir a las autoridades eclesiásticas».

Además, apunta que “para esta transformación las actoras carecen de legitimación, sencillamente porque no ha podido tener lugar (…). Pero es que además ninguna de las monjas reunidas en capítulo conventual tiene legitimación para transformar una entidad religiosa de Derecho canónico en una asociación civil, y para modificar los Estatutos de las primeras”.

Y recuerda que la transformación supone la extinción de la asociación religiosa, que en Derecho canónico se denomina supresión, algo que le corresponde a la Santa Sede, y “no puede por lo tanto un Monasterio transformarse por la mera decisión de la Superiora del Monasterio”, señala.

Desde el Arzobispado de Burgos esperan que con esta resolución de la Audiencia Provincial de Burgos se levante la suspensión por prejudicialidad del procedimiento de desahucio del Monasterio de Orduña decretado por el Tribunal de Instancia 1 de Bilbao, al quedar aclarado -a su juicio- que el arzobispo ostenta la representación legal del monasterio como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.

Apertura de juicio oral por trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro y coacciones

El Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao ha acordado dar por concluida la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para la apertura de juicio oral contra las exmonjas de Belorado por los delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro y coacciones sobre las cinco monjas ancianas, además de administración desleal y apropiación indebida.

La jueza ve indicios suficientes para avanzar con el procedimiento contra siete de las exmonjas, las que todavía están dentro del cisma, mientras que ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respeto a una octava, conocida como sor Myriam, al no apreciar participación suficientemente acreditada, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

En el mismo, la titular del juzgado bilbaíno ordena el traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a la acusación, para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. También de manera excepcional podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de dos años de cárcel por un delito de falsedad documental para el exasesor del Ayuntamiento de Salamanca, José María Fuentes, ideólogo del congreso de ‘Peace City World’ en la ciudad charra. Este proyecto que quería convertir la ciudad en una 'nueva Dubai' y que nada se materalizó Fuentes fue cesado cuando la fastuosidad de las propuestas presentadas saltaron a los medios por extravagantes y se expuso que falsificó un título universitario de Licenciatura en Economía. La sentencia también desestima el recurso de apelación del Consistorio por la absolución por estafa.

En el fallo, el TSJCyL, según recoge EFE, solo ha estimado en parte el recurso del abogado del exasesor al declarar que el delito de falsedad al que fue condenado no fue un hecho continuado y que la condena al pago de la mitad de las costas de la primera instancia no incluirá las devengadas por el Ayuntamiento. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

El 22 de mayo de 2025, la Audiencia de Salamanca condenó a dos años de cárcel a Fuentes por un delito continuado de falsedad en documento oficial, al concurrir al concurso público de asesor con un título falso de Licenciado en Economía de la Universidad de Salamanca. En ese juicio, tuvo que declarar en calidad de testigo el alcalde de la ciudad, Carlos Carbayo y el que fuera concejal de Turismo, Fernando Castaño, cesado en 2023 por este caso.

En la primera sentencia, a Fuentes se le impuso una multa de 12 euros al día durante ocho meses (más de 2.800 euros) por este delito, pero le absolvió de otro de estafa que también le atribuía el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerció el Ayuntamiento de Salamanca.

En ese fallo, la Audiencia rechazó la acusación de estafa al considerar que el exasesor no buscaba directamente un desplazamiento patrimonial concreto a cambio de ninguna contraprestación, es decir, a cambio de nada, como exige todo delito de estafa.

En cambio, lo que buscaba y consiguió fue la obtención de una plaza pública en el Ayuntamiento de Salamanca y durante el tiempo que estuvo contratado realizó una serie de trabajos y servicios de intermediación.

Respecto al delito continuado de falsedad documental, la Audiencia recordó que se corresponde prácticamente con la extensión media de la pena prevista por la ley, que va de 6 meses a 3 años de prisión y 6 a 12 meses de multa, por lo que considera que es “proporcional” a los hechos enjuiciados.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión, una multa de 22 euros al día durante 11 meses y una indemnización de 135.090 euros para el Ayuntamiento, que era parte denunciante en el juicio.

Una 'nueva Dubai' en Salamanca con 15.000 millones de inversión que nunca se materializó

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.

Ignacio Morchón Vaquero, hijo del dueño del Grupo Salvador, ha atribuido el caso de la estafa de los ataúdes a un exempleado “envidioso”, Justo, que fue el hombre que documentó los presuntos cambiazos de féretros entre 1995 y 2015 y les extorsionó. Ni Justo ni el padre de Morchón, también acusados en la causa, han llegado a sentarse en el banquillo. El primero se suicidó en agosto de 2024, y el segundo falleció en 2022. Sus declaraciones durante la instrucción se han reproducido durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid, si bien el sonido era deficiente. El presidente del tribunal ha lamentado la falta de respuesta del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia (CAU) al que había pedido ayuda para mejorarlo.

Ignacio Morchón Vaquero ha declarado este miércoles pero contestando solo a preguntas de su abogado. La mayor parte de su relato se ha centrado en cómo creó su padre, “un tío muy listo”, el grupo funerario. Así, ha recordado que su padre empezó vendiendo féretros en su pueblo, Torrelobatón, y después fue a Tordesillas, con un socio. La zona era un punto negro de tráfico y vio “oportunidad de negocio”. Más tarde daría el salto a Valladolid con el alquiler de un “localito” que Morchón hijo ha descrito como “un zulo” en el que funcionaba la funeraria mientras iban a esperar a las puertas de los hospitales para interceptar a los que “salían llorando” para ofrecerles sus servicios.

“Mi padre era un tío muy listo”, ha dicho varias veces. Valladolod tenía en su momento una sola funeraria, La Soledad “y tenía un servicio muy malo”. Morchón ofrecía una “caja” superior, cuando hasta las coronas de plástico pasaban de un sepelio a otro. Negoció con seguros para mejorar los servicios, rondaba el año 1985, y Morchón fue levantando su imperio. El hijo ha retratado al padre como el único responsable del negocio, “el que mandaba” y el que “ha hecho y ha deshecho a su antojo”. “Si no hemos crecido más ha sido por eso, porque a él le gustaba tenerlo todo cogido, tener contacto con los empleados y tenerlo todo controlado”.

Los “juegos con Hacienda”

Y así fue como contrató a Justo, el hombre que documentó foto a foto los supuestos cambiazos de ataúd para incinerar a los muertos en otros de peor calidad y revender los buenos. No fue casual el fichaje: Morchón ha revelado que su padre había conseguido crear “el único cementerio privado” que hay en España y que vende a perpetuidad, en el municipio de Santovenía de Pisuerga y que quien les ayudó fue el entonces alcalde, que acabó pidiéndoles que contratasen a Justo, familiar suyo que había sido despedido de Nicas. “No tenía especialización ni estudios, se le contrató para recepción”, ha explicado. Al igual que a Justo, se contrató a familiares de los Morchón sin especialización, como fue el caso del tío de Ignacio, que se encargó durante muchos años de la contabilidad y que contó con ayuda externa a medida que fue creciendo la empresa.

La estrategia del abogado de la defensa de retratar al ahora fallecido como un empresario hecho a sí mismo, ha trastabillado cuando el hijo ha relatado espontáneamente que Hacienda les “pilló” muchas veces. “Pero el que mandaba era mi padre, era el que decía que había que pagar, pero lo justo, de impuestos. Nos ha cogido Hacienda hasta cierta época, hasta que dijimos: vamos a hacerlo bien”, ha comentado.

Así se ha referido a la empresa de ataúdes Senovilla, a la que compraban las “cajas” haciendo un “juego con Hacienda. ”Senovilla facturaba por módulos y mi padre para no pagar más a Hacienda subía el precio de las cajas, nos pilló hacienda y nos dio bien... ha habido varias ocasiones, en 2010 hubo una muy gorda con las flores, encontraron una carpeta que ponía “flores B”, verde y en botella. Hasta que se contrató a gente para llevar la contabilidad como dios manda“, ha declarado. Pero Ignacio Morchón ha intentado desmontar la versión de Justo. Según él, el exempleado ni siquiera comprobó quiénes trabajaban o estaban de baja cuando supuestamente se hicieron los cambiazos y además ha precisado que hacen falta dos o tres personas para mover un cadáver, con la excepción de cuando estos se recogían en hospitales o residencias y sólo se trataba de sacarlos de una cámara, porque se pasaban de una camilla otra con cierta facilidad. Además, considera que en las fotos que se tomaron, hay ”escenificación“ porque aparece la seda que forra el féretro arrancada. También ha negado saber manejar el horno crematorio de Santovenia, que era complicado, ”solo el de Valladolid“.

Morchón se ha indignado con la declaración grabada de Justo en la que decía que llegó a sacar del féretro a su suegro. “Hay que ser una palabra que empieza con c y malo para decir que a mi suegro le cambié la caja, hay que ser mala persona. Hay una cantidad de contradicciones. Lo gordo de todo este tema es los años 2013 y 2014, poco antes de que se fuera a jubilar, que vio que no íbamos a meter ni a su yerno ni a su hija y se cogió una mala hostia...”, ha aseverado. Así, ha añadido que en las fotos aparecen “cajas” que no eran de su funeraria, sino de traslados que se hacían de otras provincias.

“Siempre dije que Justo era un tío poco simpático. Jamás vendió una sepultura, me decía que lo hiciese yo porque él estaba para recepción y para incinerar. Nunca tuve conflicto con él hasta 2014 antes de jubilarse. Me dijo: tu padre se ha hecho rico, no habéis metido a mi hija y a mi yerno, que es en lo que habíamos quedado. Le contesté que había cobrado menos porque quería tener una base de cotización baja y que se le habían pagado todos los atrasos”, ha recordado.

“Yo contra vosotros no tengo nada, es contra tu padre, que ha sido un cabrón toda la puta vida y os voy a joder, es que tengo fotos. Aquí el Morchón se ha hecho rico...”, le explicó Justo. “Es que era muy envidioso, me empezó a mandar whatsapps y fotos y se aportaron a Policía. Incluso un USB. Me tranquilizaron, me dijeron que se le pasaría, pero pasan unos meses y vuelve a las andadas, ya jubilado. Y se le denunció porque es todo mentira, nadie le mandó hacer nada, me dijo que su tía era fiscal”, ha declarado.

“Está prescrito”

Los tres hijos de Morchón trabajan en la funeraria desde los 18, cuando su padre les dió de alta y empezaron a cubrir bajas o vacaciones. Junto a Ignacio, están acusadas sus hermanas Laura y Rosi, que declararán el 25 de mayo. La madre, Rosario Vaquero, se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que el hermano del patriarca, Andrés, que con problemas de audición ha dicho al tribunal que no sabía nada. Además de estas declaraciones se han podido escuchar las llamadas intervendidas a varios acusados, que el día de las detenciones criticaban a Andrés por aparecer por el cementerio y al que llamaban “tonto y payaso”. “Tiene a sus dos yernos comiendo de ahí, le han pillado con un trago y se ha puesto a cantar. Si es que además no puede trabajar va a perder la pensión, a Andrés le he tenido pánico siempre”, se oye en una de las conversaciones.

Además, comentaron que uno de los detenidos podía “acogerse a la quinta enmienda”, una figura jurídica del derecho estadounidense. “Ignacito está roto, está destrozado, no se ha pensado en su vida lo que pasaría”, comentaban. “Ignacio pide llorando que le saquen de allí, que le saquen de allí, tienen embargadas hasta las cuentas personales”, “Lo que hacía Andrés arriba ha prescrito”, se tranquilizaban.

Los acusados se enfrentan a la petición de penas por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. 

El Tribunal de Instancia de Salamanca ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer detenida por la muerte de su pareja este lunes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La acusada, de 44 años, había pasado esta tarde a disposición judicial tras matar a su pareja de 51, en el piso donde vivían en la calle Petunias del barrio Garrido de Salamanca. La Policía Nacional continúa investigando la causa, abierta por un delito de homicidio, según ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

La detenida este lunes en Salamanca por acuchillar mortalmente a su pareja estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección, según adelantó EFE.

En torno a las 6.45 horas, dos llamadas han avisado al servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 de una agresión a un hombre en ese domicilio y los alertantes ha precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.

El personal sanitario trasladado al lugar ha confirmado el fallecimiento del hombre.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a dos años de prisión dos personas, un hombre y una mujer, por amenazar de muerte y agredir al alcalde de la localidad burgalesa de Villaquirán de los Infantes en un suceso ocurrido en agosto de 2023 y en el que también resultó herido un agente de la Guardia Civil.

En concreto, la sentencia impone seis meses de cárcel por un delito de amenazas graves, un año por atentado a la autoridad y otros seis meses por atentado contra agentes de la autoridad, además de dos multas de 30 días con cuota diaria de seis euros por las lesiones leves causadas tanto al regidor como a uno de los guardias civiles.

Asimismo, ambos deberán indemnizar conjuntamente con 400 euros al agente herido y con 200 euros al alcalde por las lesiones sufridas, además de asumir las costas procesales El fallo incluye también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el alcalde durante un año y medio.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial y firme tras la conformidad de las partes, considera probado que ambos acusados actuaron “de común acuerdo”, ya que asumieron los delitos y las penas, contra el alcalde del municipio burgalés, al que insultaron y amenazaron primero en la plaza Mayor del municipio como, después de seguirle tras una primera intervención de la Guardia Civil, en la nave industrial donde trabajaba.

Los hechos se produjeron el 11 de agosto de 2023, sobre las 19.00 horas. Los acusados increparon al alcalde “con conocimiento de su condición de alcalde y con ánimo de menoscabar el principio de autoridad”, como recoge el fallo judicial . Durante ese primer enfrentamiento, la mujer condenada profirió frases como “cabrón de mierda, juro que te voy a matar, te voy a meter fuego y te voy a quemar vivo”, mientras el otro acusado añadió: “Hijo de puta, te voy a matar, ya verás cuando te coja”.

La intervención de dos agentes de la Guardia Civil evitó entonces que la situación pasara a mayores. Los agentes instaron al alcalde a abandonar la plaza, aunque el conflicto continuó poco después. Los magistrados consideran que ambos acusados acudieron posteriormente a la nave industrial en la que trabajaba el regidor y allí retomaron las amenazas y la agresión física.

En ese segundo episodio, los condenados realizaron expresiones como “alcalde de mierda, te vamos a matar y a quemar todo” antes de abalanzarse sobre él. La mujer le arañó mientras el otro acusado le propinó un puñetazo en la sien izquierda y ambos le agarraron de la ropa hasta romperla, según la sentencia.

Los agentes de la Guardia Civil también resultaron heridos cuando intervinieron en este segundo altercado al ser mordido por el perro de uno de los agresores. Además, y uno de los acusados llegó a dirigirse a los guardias civiles con frases como “sois unos cabrones, sois unos mierdas, a este lo voy a matar”, mientras ambos se resistían a la actuación policial.

El alcalde sufrió lesiones que tardaron cinco días en curar y el agente herido necesitó diez días de recuperación, aunque en ninguno de los casos fue necesario tratamiento médico o quirúrgico y no quedaron secuelas, como apunta el fallo.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre, natural de la provincia de León, a penas que suman nueve años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual y un delito de lesiones, cometidos contra una mujer en un centro de Valladolid en el que también ejercía como osteópata.

Los hechos ocurrieron entre los días 7 y 25 de noviembre de 2024, cuando la víctima acudió al centro de masajes debido a que sufría una neuropatía inguinal que derivaba a la pierna izquierda, según la sentencia facilitada este martes por fuentes del TSJCyL.

Las dos primeras sesiones se desarrollaron con normalidad, pero en las tres siguientes se produjeron las agresiones sexuales que originaron que la mujer comenzara a sufrir crisis de ansiedad.

Acudió al servicio de urgencias del centro de salud La Pilarica y fue remitida al servicio de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendida el día 1 de diciembre de 2024.

Sufrió estrés postraumático, con alteraciones cognitivas, del sueño y del estado de ánimo como consecuencia de lo sucedido y recibió como tratamiento dieciséis sesiones de atención psicológica entre el 12 de diciembre de 2024 y el 4 de junio de 2025. Además precisó tratamiento psiquiátrico.

El fallo condena en concreto al procesado por un delito continuado de agresión sexual en la modalidad de introducción de miembros corporales por vía vaginal y anal a ocho años y nueve meses de prisión.

Establece inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuidos o no, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante seis años por encima de la pena de prisión impuesta.

La resolución judicial impone también la medida de libertad vigilada por un periodo de seis años.

Por un delito de lesiones, la sentencia fija nueve meses de prisión y el pago de una indemnización a la víctima de 27. 233 euros, 22.233 de ellos por las lesiones causadas y 5.000 por el daño moral.

La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para una médica como supuesta responsable de un delito de falsificación de documento público, al expedir para sí misma, entre octubre de 2022 y julio de 2023, cerca de un centenar de recetas, en nombre de otras dos facultativas de Ávila.

En juicio esta previsto para los días 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Ávila, si bien es previsible que no llegue a celebrarse al existe un acuerdo entre las partes, que tendrá que ser ratificado este miércoles, y cuyo contenido no se ha desvelado por el momento.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusada, médica de profesión, “aprovechando su condición de paciente de dos doctoras, trabajadoras de un centro de salud de Ávila, falsificó sus firmas” y expidió a su nombre hasta un total de 97 recetas entre octubre de 2022 y julio de 2023.

De todas ellas, 93 fueron expedidas a nombre de una de las dos doctoras por un importe total de 732,19 euros, de los cuales 432,29 fueron abonados por el Sacyl, mientras que, de las cuatro recetas restantes, por un importe de 18,90 euros, lo abonado por Sanidad Castilla y León fue de 8,32 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento público, por el que solicita para la acusada dos años y medio de prisión y una pena de multa de 10 meses, con cuotas diarias de 20 euros, mientras que plantea una indemnización de 440,61 euros a la Junta.

Falsedad y estafa para la acusación particular

Por su parte, acusación particular pide seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y dos años y medio más por otro de estafa.

“La acusada, por su facilidad de acceso por su condición de médica, sustraía (cogía) recetas en blanco del SUAP (servicio de Urgencias) y después de hacer constar su nombre y apellidos y demás datos identificativos de la acusada, describía con su nombre o denominación el medicamento que le interesaba y estampaba un sello médica del SUAP”, sostiene la acusación particular.

Además, insiste en que “falsificaba la firma de la médica supuestamente expedidora de la receta respecto de una de las doctoras”, con el objetivo de “acceder a unos medicamentos que ella no podía adquirir sin receta médica”, y que algunas de las recetas figuran con una fecha en la que las doctoras ni siquiera estaban en Ávila.

Trastorno mental

Mientras, la defensa esgrime el “trastorno mental y del comportamiento” que desde antes de 2022 sufre la acusada, debido “al consumo de sedantes o hipnóticos y benzodiacepinas que generaron un síndrome de dependencia” que en 2023 determinó que en 2023 fuera ingresada en el Servicio de Urgencias del hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles'.

Tras ser derivada al Servicio de Urgencias Hospitalarias de Psiquiatría, fue remitida al Servicio de Agudos del Complejo Asistencial, donde su psiquiatra recomendó su ingreso en agudos por “empeoramiento de sintomatología ansioso-depresiva e ideas pasivas de muerte”.

Una vez dada de alta, continuó con un tratamiento ambulatorio por “el trastorno ansioso depresivo y consumo perjudicial de benzodiacepinas, permaneciendo con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico” con el objetivo de obtener “la abstinencia”, que no se ha conseguido.

La defensa considera que los hechos “no son constitutivos de infracción penal alguna”, si bien matiza que “si llegara a entenderse que alguna de las conductas puede merecer algún tipo de reproche penal, lo habría ejecutando sin comprender la ilicitud del hecho”, dada su alteración psíquica.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda (Segovia) ha acordado reabrir el procedimiento judicial sobre la demolición del azud y presa de Puente Mesa en el río Cega, entre los términos municipales de Veganzones y Cabezuela, y ha encargado al Seprona de la Guardia Civil la investigación de los hechos.

Según el auto dictado el pasado 30 de abril, el juzgado admite la denuncia presentada por la organización Aguaiuris tras recibir el testimonio de la resolución de la Audiencia Provincial de Segovia, que previamente había revocado el archivo inicial de la causa.

La resolución judicial acuerda encomendar al Seprona la investigación para determinar si la demolición del azud y presa de Puente Mesa, situado en la Zona de Especial Conservación ‘Riberas del río Cega y afluentes’, “ha podido determinar un grave daño al medio ambiente y al patrimonio histórico”. Asimismo, el juzgado ordena requerir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que remita el expediente íntegro relativo a la demolición, incluidos los informes técnicos sobre el impacto histórico y ambiental de la actuación.

En el auto, el juzgado ha pedido a la CHD documentación completa relacionada con el derribo de esta infraestructura hidráulica tradicional sobre el río Cega. Aguaiuris ha valorado la decisión judicial al considerar que confirma la necesidad de investigar cómo se autorizó y ejecutó la demolición del azud y cuáles han sido sus posibles consecuencias ambientales y patrimoniales.

Además, sostiene que la desaparición de Puente Mesa no puede considerarse una mera actuación técnica, sino un asunto de relevancia pública por su afección al ecosistema del río Cega y al patrimonio hidráulico de la zona. El azud de Puente Mesa fue demolido el pasado enero en una actuación promovida por la CHD que provocó protestas vecinales en Veganzones y Cabezuela, donde numerosos vecinos defendían la conservación de la presa por su valor histórico, paisajístico y sentimental.

La infraestructura había sido objeto de controversia desde 2022, cuando representantes del Gobierno y de la CHD anunciaron públicamente un acuerdo para restaurar y conservar el azud, tras lo cual los ayuntamientos solicitarían una concesión administrativa para asumir su mantenimiento.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha revocado el permiso penitenciario de cuatro días concedido a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en 2013. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que el pasado marzo había autorizado la primera salida ordinaria del interno pese al criterio contrario de Instituciones Penitenciarias.

La resolución deja sin efecto el auto dictado el 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había dado la razón a la defensa de Basterra frente al acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Topas, donde cumple condena desde hace algo más de un año porque tiene en esa provincia a su nueva pareja.

La Sala ha considerado que “en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida” y ha apuntado tres elementos principales: “la extrema gravedad del delito cometido”, “la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena” y “la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

Los magistrados han defendido que, aunque el interno mantenga una conducta adecuada en prisión, la concesión del permiso “resulta prematura e injustificada”. Según ha comunicado el Tribunal Superio de Justicia de Castilla y León en un comunicado, se concluye que debe prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento de Topas, que había rechazado la solicitud “por amplia mayoría”.

Recurso de la Fiscalía

La Fiscalía de Salamanca recurrió la decisión judicial pocos días después de conocerse el auto favorable a Basterra al entender que la resolución no justificaba de forma suficiente por qué se apartaba del criterio de los profesionales penitenciarios.

En su escrito, el Ministerio Público defendía que el condenado no cumple todavía las condiciones de “evolución, responsabilidad y madurez” previstas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el reglamento penitenciario. La Junta de Tratamiento había advertido, entre otros aspectos, de la “insuficiente consolidación de los factores positivos”, la gravedad del delito, la fase aún inicial del tratamiento y la ausencia de reconocimiento de los hechos.

La Fiscalía reprochó además al juez una falta de “motivación reforzada”, exigida cuando un órgano judicial corrige el criterio técnico penitenciario. Según el recurso, el auto recurrido se apoyaba en referencias “genéricas y abstractas” sin concretar qué indicadores permitían concluir que existía una evolución suficiente para afrontar salidas al exterior.

El Ministerio Público insistió especialmente en que Basterra continúa negando “de manera abierta, tajante y persistente” el asesinato de su hija, tal y como reflejan los informes psicológicos incorporados al expediente penitenciario. Para la Fiscalía, esa negativa dificulta valorar el riesgo y bloquea cualquier evolución real dentro del proceso de reinserción.

Basterra sigue negando los hechos

La Audiencia Provincial hace suyos buena parte de esos argumentos. La resolución recalca que la asunción de responsabilidad es un elemento relevante en el tratamiento penitenciario y entiende que la persistencia en la negación de los hechos impide apreciar una evolución consolidada.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta el momento de cumplimiento de la condena. Basterra no alcanzará las tres cuartas partes de la pena hasta marzo de 2027 y la extinción total está prevista para septiembre de 2031. Para la Fiscalía, y ahora también para la Audiencia, ese horizonte temporal sigue siendo “lejano” en relación con la gravedad del delito cometido.

El asesinato de Asunta Basterra Porto, de 12 años, se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de la última década en España. La menor fue encontrada muerta en septiembre de 2013 en una pista forestal próxima a una propiedad de su madre, Rosario Porto, en el municipio coruñés de Teo. La investigación concluyó que la niña había sido sedada durante meses con benzodiacepinas antes de morir asfixiada.

En 2015, un jurado popular declaró culpables por unanimidad tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto, que fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con la agravante de parentesco. Porto se suicidó en 2020 en la prisión abulense de Brieva sin haber reconocido nunca los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la Junta de Castilla y León en su intento por paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que abordaba el proyecto de la integración del AVE en Valladolid, que denunciaron Adif y Renfe en noviembre de 2024 ante los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) y que hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017, cuando lo firmaron el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), actual ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). Una de las promesas de campaña de Carnero fue modificar el proyecto de integración ferroviaria para recuperar un proyecto de soterramiento, algo que ha descartado Adif en varias ocasiones. De momento faltan por resolverse los propios recursos municipal y autonómico; será necesario esperar a esa decisión.

La Justicia rechaza los argumentos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque no cree que vayan a peligrar “actuaciones inminentes o irreversibles” que requieran una resolución judicial, ni que las actuaciones en ejecución vayan a paralizarse. De hecho, considera que los argumentos del Ejecutivo “responden a escenarios hipotéticos o a decisiones futuras”. “Incluso en el supuesto de que tales efectos llegasen a producirse, se trataría de consecuencias de carácter patrimonial, susceptibles de indemnización”, argumenta el auto, al que ha accedido elDiario.es.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que pidió la Junta de Castilla y León para anular la resolución del convenio de la integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada el pasado 9 de diciembre por la empresa pública Adif. No es posible interponer un nuevo recurso judicial contra esta resolución.

La Junta de Castilla y León también pedía una medida cautelar para suspender el fin del convenio y reconstruir provisionalmente una relación extinguida a finales de 2025. “La pretensión es que se imponga como medida cautelar una obligación de hacer: ejecutar el Convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002”, señala el auto. Desde 2002, la Justicia reprocha que no se ha ejecutado la operación de manera “continuada y ágil”.

Falta de voluntad “concorde”

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que resulta “patente” la falta de voluntad “concorde” entre Adif y el Ayuntamiento, por lo que no se han mostrado partidarios de que acordar esta medida cautelar pueda “suplir los obstáculos”. A pesar de que no entra en el fondo del asunto, la Justicia sí reconoce “incumplimientos relevantes y reiterados, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos” entre todas las partes.

La Audiencia Nacional asume que, si se aceptaran esas medidas cautelares que pedía la Junta se impediría una solución jurídica y material. “No hay indicio alguno de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y no consta en modo alguno que las actuaciones sobre la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. No hay motivo para suponer que las obras iniciadas [por Adif] se vayan a detener”, indica.

Carnero confía en tener razón “en el fondo de la cuestión”

A pesar del auto de la Audiencia Nacional, Jesús Julio Carnero ha esperado que tendrá razón sobre “el fondo de la cuestión” en su rechazo a que el Ministerio de Transportes haya resuelto de manera unilateral el convenio de integración ferroviaria suscrito en 2017, según ha explicado a través de una grabación difundida entre los medios de comunicación.

“Esta es una decisión sobre una cuestión preliminar, la de medida cautelar en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León”, ha indicado el regidor 'popular', que se ha mostrado convencido de que lo “verdaderamente importante” es dirimir el fondo de la cuestión.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a un hombre por agredir a Carlos Martínez, exalcalde de Soria. El Tribunal ha absuelto al acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves al considerar, en aplicación del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), que no existe prueba suficiente que permita atribuir con la certeza exigida la autoría de los hechos al acusado.

En este sentido, la Sala ha subrayado que existen contradicciones en las declaraciones testificales y no hay una identificación concluyente del autor de la agresión. En consecuencia, el TSJCyL ha dictado una nueva sentencia absolutoria y ha acordado no imponer las costas procesales en ninguna de las dos instancias. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se hacen constar las testificales que no identificaban claramente al agresor, al no coincidir ni la estatura aproximada ni la ropa que llevaba.

“En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo y, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado”, dice la sentencia.

El tribunal aclara que “no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso” por lo que le lleva a absolver al acusado “por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable”.

La Audiencia de Soria había condenado al hombre a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves, por propinar dos puñetazos a Martínez, en un bar de la capital durante la celebración de un festejo en 2023. En concreto le impuso una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros por el delito de atentado contra la autoridad, mientras que por el delito leve de lesiones le impuso otra sanción a razón también de 15 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, tenía que indemnizar con 240 euros a Carlos Martínez, actual secretario autonómico del PSOE.

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, sobre las 00.30 horas en un bar situado en la plaza Mayor de la capital, durante la celebración del Lavalenguas, un festejo previo a las Fiestas de San Juan. El acusado, decía la primera sentencia, “guiado con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física del alcalde”, se dirigió hacia donde estaba diciéndole “prevaricador, hijo de puta”, y se abalanzó sobre él propinándole un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no le impactó. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según el informe forense.

 El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el Arzobispado de Burgos por apropiación indebida contra las exmonjas de Belorado por el uso de los vehículos propiedad de la comunidad religiosa.

La jueza titular ha citado este martes a los representantes legales de las exreligiosas y del comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta, para aclarar la titularidad y el uso de cinco vehículos -seis según el Arzobispado- por parte de las exmonjas tras el cisma anunciado hace ahora dos años.

Las de Belorado han defendido, a través de su portavoz, Francisco Canals, que todos los vehículos quedaron entregados el pasado 12 de marzo, cuando abandonaron el monasterio burgalés rumbo a La Puebla de Montalbán (Toledo) solo unas horas antes de que fueran desahuciadas.

Ha explicado que las exmonjas contaban con cinco vehículos, “esenciales” para el funcionamiento de la comunidad religiosa. Dos eran de alquiler: uno se devolvió a la empresa mientras que el otro quedó en el monasterio, lo mismo que otro propio que “llevaba meses averiado y sin uso”.

A estos se suman, según la versión de las exreligiosas, un vehículo más antiguo que haría sido dado de baja hace tiempo; y un quinto que se donó a las víctimas de la dana de Valencia.

Canals ha insistido en que el comisario pontificio “habría tenido conocimiento de algunos de esos vehículos sin manifestar objeción alguna, asumiendo además el pago de seguros y, en el caso de los vehículos de renting, los gastos de combustible” hasta que en julio de 2025 presentó denuncia.

Apropiación indebida según el Arzobispado

Se trata de una denuncia por apropiación indebida, han explicado a EFE fuentes del Arzobispado de Burgos, que defiende que “los vehículos son propiedad del monasterio” y si este cambia de administración, como ocurrió tras el nombramiento de Iceta como comisario pontificio, la “nueva administración tiene la potestad de decidir qué hacer con los vehículos”.

Han indicado que, además, han pagado los seguros mínimos porque es una obligación del titular de los vehículos, con independencia de que “se estén usando fraudulentamente”; y han matizado que la devolución de uno de los coches de renting se produjo después de la denuncia, no antes.

La citación de los abogados en Briviesca se ha producido un día después de que seis de las exmonjas volvieran a declarar en los juzgados de Bilbao en la investigación abierta por un supuesto caso de maltrato a las cinco monjas de avanzada edad con las que convivieron en Orduña (Bizkaia) hasta el pasado diciembre.

Las exmonjas de Belorado investigadas por un supuesto caso de trato degradante a las cinco religiosas de avanzada edad en el monasterio de Orduña (Bizkaia), aseguran ante el juez que fueron los guardias civiles quienes dieron malos tatos a las ancianas cuando las evacuaron al hospital y niegan que vivieran entre suciedad.

Seis de las ocho religiosas investigadas por un presunto caso de trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro estaban citadas a declarar este lunes ante la jueza que instruye esta investigación y antes de entrar sor Berit y sor Paloma han reiterado ante los medios su inocencia y han manifestado su convicción de que hay una trama en su contra.

“Estamos convencidas de que esto es una persecución contra la fe. No quieren que se oiga” su testimonio y “nos quieren aplastar por todos los lados, pero por ahora no lo han conseguido”. “Pero estamos vivas y presentes por la gracia de Dios, nuestro esposo”, ha asegurado sor Paloma.

Han sacado “mentiras” para mantener esas acusaciones y “estamos en manos de los hombres, pero no pasará nada que Dios no permita”, ha mantenido firme.

Ambas han negado que las ancianas estuvieran en estado de abandono y que vivieran entre suciedad.

La Guardia Civil trasladó el pasado 18 de diciembre, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a cinco monjas de entre 87 y 101 años del monasterio de Orduña al hospital bilbaíno de Basurto después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en que se encontraban.

Según sor Paloma, fueron los guardias civiles quienes, a su llegada al convento tras las denuncias de algunas familias de las religiosas, dispensaron un mal trato a las ancianas. Se llevaron a una de ellas de 95 años “sin dejar que la termináramos de limpiar, con un camisón abierto por detrás”, “prácticamente desnuda un 18 de diciembre y eso son los malos tratos de los que nadie acusa”.

A las investigadas, “nos encerraron en la iglesia” y “no nos dejaron ni terminar de asear a la que estaba en el cuarto de baño, ni despedirnos”, ha reprochado.

También ha censurado que “solo” tomaran fotos de telarañas y pelusas detrás de muebles para tratar de incriminarlas y han negado que hubiera una plaga de roedores. Tomaron la foto de un ratón que “igual era el ratoncito Pérez”, ha ironizado sor Berit.

“Evidentemente” ha habido una manipulación de esas pruebas, han añadido.

Durante su convivencia en el convento, trataron a las ancianas “con caridad y como ellas mismas nos han enseñado con su vida, porque primero fueron ellas las que cuidaban de sus hermanas mayores”, ha asegurado sor Berit. “Tenemos la conciencia tranquila”, han asegurado.

De las ocho investigadas, esta mañana habían sido citadas a declarar ante el Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao además de las dos mencionadas, la que fuera abadesa sor Isabel, sor Alma, sor Belén, y doña Zaida que constante su vida religiosa que tenía el vocativo de sor Míriam, ha explicado la abogada que lleva su defensa, Norma Riaño.

Las otras dos, sor Sión y sor Israel ya habían comparecido el 9 de abril, después de que el tribunal recibiera los mensajes de teléfono de ambas mujeres.

Riaño ha afirmado que la jueza está reuniendo todas las diligencias para verificar si hay indicios suficientes de criminalidad y así “pronto” podría decretar un auto de sobreseimiento de la causa o bien de procedimiento abreviado en el que se fijarían los hechos de los que se acusaría a las religiosas.

Ha recordado finalmente que el delito de falsedad documental, que también se había planteado inicialmente al considerar que podían haber falseado recetas médicas, ha quedado sobreseído. 

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a un hombre de 39 años, E.E.R.M., a cuatro años de cárcel, como responsable de un delito de violación a una joven durante la madrugada del 14 de junio de 2014 en un parque de la capital abulense.

El fallo ha contado con el voto particular de una de las tres integrantes del tribunal que, si bien reconoce que la víctima actuó “de buena fe” y “sin móvil espurio alguno”, su testimonio “solo responde a lo que ella recuerda y siente en su interior”, lo que le lleva a aplicar el principio de 'in dubio proreo'.

La pena aplicada con la mayoría de dos de los tres magistrados, rebaja de 9 a 4 los años de prisión que solicitaba la fiscalía, por un delito de agresión sexual cometido contra la joven, quien durante el juicio oral rechazó cualquier tipo de compensación económica en concepto de responsabilidad civil, como muchas otras víctimas.

La Audiencia Provincial condena a cuatro años de cárcel al acusado, “como autor criminalmente responsable de un delito de violación, teniendo prohibido acercarse a la víctima a menos de 200 metros en los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena.

De la misma forma, como penas accesorias le impone otros cinco años de libertad vigilada tras salir de prisión, así como otros cinco años de inhabilitación especial, después de abandonar la cárcel, para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La jueza que investiga la muerte de Esther López en 2022 en Traspinedo (Valladolid) ha devuelto la causa a la Audiencia Provincial para que se celebre el juicio con jurado popular contra el principal investigado, Óscar S. M., como estaba previsto hasta hace unas semanas, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El actual propietario de la vivienda que perteneció a la familia del investigado descubrió, durante unas obras, una trampilla oculta bajo una estancia, una bodega subterránea, que daba acceso a un espacio inferior. Este hallazgo hizo que la Audiencia Provincial devolviera el caso al tribunal de instancia para que se hicieran las pesquisas oportunas, que recayeron sobre la Guardia Civil.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha incorporado los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado. Los agentes estuvieron dos días inspeccionando de nuevo la vivienda, pero no hallaron restos biológicos de Esther López.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando Esther López, de 35 años, fue vista por última vez en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo no fue localizado hasta el 5 de febrero en una cuneta de la misma localidad, tras más de dos semanas de búsqueda. Desde entonces, la investigación ha girado en torno a un único investigado.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a seis meses de prisión y una multa de 900 euros (a razón de 6 euros diarios durante cinco meses) por sendos delitos continuados de negociaciones prohibidas y de falsedad en documento oficial.

Una condena, ratificada por conformidad entre las partes -Fiscalía, acusación particular (CHD) y la defensa-, que supone el reconocimiento de los hechos por el encausado, que también recibirá una suspensión de empleo público durante un año, tras admitir que aprovechó sus contactos con propietarios de fincas y agricultores para tramitar expedientes, cobrar por alguno de ellos y falsificar documentos que atribuyó falsamente a dos ingenieros agrónomos.

La sentencia, remitida este viernes a los medios de comunicación, señala que los hechos se produjeron entre los años 2015 y 2020, cuando el condenado, entonces guardia fluvial en Zamora y sin antecedentes penales, gestionó varios expedientes en esa provincia sobre aprovechamientos de aguas subterráneas, legalización de captaciones de agua y alegaciones en expedientes sancionadores, entre otros asuntos, pese a quedar fuera de sus competencias.

También ha reconocido que elaboró documentos que atribuyó a dos ingenieros agrónomos en siete y doce ocasiones, respectivamente, que negaron haber intervenido en ellos, ni a título personal ni a través de sus despachos profesionales.

El tribunal vallisoletano sí ha valorado como circunstancias atenuantes la confesión de los hechos y dilaciones indebidas y ha señalado que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de diez días desde el 20 de abril, fecha en la que se firmó la sentencia.