La Guardia Civil espera inspeccionar esta semana un zulo que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado haya comunicado al juzgado la existencia de ese espacio. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, esta mañana a RNE, la Benemérita está a la espera de la autorización judicial para poder acceder.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de ese zulo, un espacio ubicado debajo de una cama, y esta semana los agentes esperan realizar una inspección ocular. Ha sido el nuevo propietario de la vivienda quien ha localizado el zulo cuando iba a hacer una obra, según las fuentes consultadas.

El hallazgo se ha puesto ya en conocimiento del Juzgado de Valladolid que instruyó las diligencias. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha explicado este lunes a los periodistas en Segovia que el pasado sábado por la mañana se recibió una llamada de teléfono de la familia que había adquirido la vivienda.

El comunicante manifestó que estaban llevando a cabo una reforma de la casa, en concreto en una habitación, y se dieron cuenta de que, al levantar unos azulejos que estaban moviendo, bajo una trampilla había un habitáculo en la parte inferior.

A partir de ese momento, la Guardia Civil se dirigió hasta esta vivienda, tomó todas las precauciones para preservar este hallazgo y puso en conocimiento del Juzgado esta información.

Ahora se está a la espera de que el Juzgado - la instructora ya cerró las diligencias del caso, que se encuentra en la Audiencia de Valladolid a la espera de señalamiento - y la Fiscalía tomen una decisión para que se pueda seguir investigando y se hagan las pruebas necesarias para conocer si ahí se pueden hallar restos o indicios supuestamente vinculados con la muerte de Esther López.

El abogado de la hermana de Esther asegura que cada indicio aumenta la idea de que es el autor

Cada indicio que se conoce sobre el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), aumenta la idea de que el único investigado por los hechos es el autor, ha explicado en declaraciones a EFE el abogado de la hermana de la fallecida.

Preguntado por la reacción de la familia de Esther López al conocer que se ha hallado un zulo en un chalé que fue segunda vivienda de los padres del único investigado, Óscar S.M., el letrado ha manifestado que “lo que hay es ya mucha rabia, porque cada indicio viene a incrementar la sensación y la idea de que, efectivamente” la persona que está siendo investigada “es el autor de los hechos”.

Lo que acaba generando “es mucha más rabia y mucho más dolor en el entorno familiar”, ha añadido, después de que el actual propietario del inmueble descubriera el habitáculo.

Tras el hallazgo, ahora se está pendiente de cuál va a ser el peso de esta nueva prueba en el caso y será el equipo de investigación de la UCO de la Guardia Civil, que es el que está al frente, el que decida sobre la posibilidad de un registro.

El letrado ha expresado que la instrucción se cerró porque había suficientes indicios para ir a juicio y, ante esta nueva prueba, no haría falta volver a instrucción, sino que bastaría con incorporarlo al procedimiento como prueba pericial.

“No es un zulo, era una bodega”

La abogada de la defensa de Óscar S.M., ha explicado a EFE que están tranquilos tras el hallazgo a la vez que indignados por uso del término zulo, que tiene determinadas connotaciones, cuando en realidad se trata de una bodega que había en la casa y que fue tapada hace treinta años, cuando el único investigado era un niño, porque había humedades y se inundaba.

El nuevo propietario de la vivienda observó la existencia de la bodega en la casa, ya registrada con anterioridad por la Guardia Civil, y decidió ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Esther López fue vista con vida por última vez la madrugada del 13 de enero de 2022 y fue localizada muerta en una cuneta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), localidad en la que residía.

La Fiscalía califica provisionalmente los hechos como un delito de asesinato, por que reclama dieciocho años de prisión para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas, una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres, también han calificado los hechos como un delito de asesinato, mientras la defensa de Óscar S.M. considera que el caso debe ser sobreseído con respecto a este investigado. 

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero de 2022 Esther López iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que ella se fuera andando del lugar.

El ahora acusado siguió a la mujer con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del Plan de mejora de la calidad del aire por ozono de Castilla y León aprobado en 2021 y ha desestimado así el recurso planteado por la Comunidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía que anuló el acuerdo.

La sentencia del TSJCyL estimó el recurso de la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León y anuló el acuerdo recurrido al entender que el Plan infringía el artículo 16.2) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, han informado este viernes fuentes del Tribunal autonómico.

La infracción residía en la falta de especificación para cada zona de evaluación y gestión de la calidad del aire, de los objetivos y medidas dirigidas a alcanzar los niveles de calidad establecidos, al limitarse a establecer unas medidas generales para todo el territorio.

El tribunal consideró que la cuestión planteada en dicho recurso tenía interés casacional para aclarar si, en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, basta con que se elabore un plan de mejora único para la Comunidad o es necesario un plan para cada una de las distintas zonas en las que se detecte que los niveles de uno o más contaminantes superan un determinado umbral.

El TS resuelve, al igual que la sentencia de instancia, que la normativa sobre calidad del aire exige que los planes que hayan de efectuar las Comunidades autónomas comprendan la identificación de diversas zonas dentro de su territorio, zonas que constituyen el objeto de concretas y singulares medidas destinadas a disminuir o corregir la contaminación.

Indica que la cuestión casacional presenta una redacción que puede inducir a equívocos, ya que al preguntarse si basta con la elaboración de un plan autonómico o son precisos varios planes, parece que identifica el plan único con aquel que solo contiene medidas para todo el territorio, mientras varios planes son necesarios cuando se presta atención a las distintas zonas sobre las que adoptar medidas singulares.

El Plan para todo el territorio, pero las fuentes de contaminación y las medidas, en zonas delimitadas

Para aclarar este problema, la Sala señala que el plan ha de recaer sobre todo el territorio de la comunidad autónoma, pues todo él ha de ser examinado sobre las condiciones de calidad del aire, pero la identificación de las fuentes de contaminación y las medidas para adoptar han de proyectarse sobre zonas delimitadas y de menor extensión.

“En realidad, estamos ante una cuestión terminológica o meramente formal. Resulta indiferente que el contenido exigido por la Ley al 'Plan de mejora de la calidad del aire' se recoja en varios documentos, a modo de un plan por zona, o en un único documento o Plan para toda la comunidad autónoma si se detiene en particularizar las zonas y los objetivos y medidas aplicables a cada una de ellas.

Además, es compatible que la estructuración del plan por zonas comprenda disposiciones sobre la totalidad del territorio“, subrayan los magistrados. La sentencia establece que ”se opone a la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera un plan autonómico de mejora de la calidad del aire que omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire“.

El tribunal afirma que los criterios de la administración recurrente no son aceptables y resuelve que el criterio interpretativo de esta Sala concuerda con el de la Sala de instancia, que consideró que “los planes son para zonas concretas del territorio de la correspondiente Comunidad y cuando en esas zonas se hayan superado determinados valores objetivos”. Establece así que el plan debe tener un “contenido específico para cada zona”.

Señala que la sentencia recurrida apreció que el Plan cuestionado en el pleito sí contenía una zonificación, pues distinguía 8 zonas y 4 aglomeraciones. Pero contemplaba un plan único para toda Castilla y León sin discriminar por zonas, sin especificar para cada una las fuentes de emisión, los objetivos cualificados de reducción de los niveles de contaminación y las medidas y proyectos de mejora, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad.

El Tribunal Supremo ha condenado a un profesor de Medina del Campo (Valladolid) a 13 años de cárcel por abusos sexuales cometidos contra un alumno de 10 años del que era tutor, en el primer curso de la pandemia de covid.

La sentencia rechaza el recurso del profesor contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que elevó la pena inicialmente impuesta al procesado por la Audiencia Provincial de Valladolid, de 11 a 13 años, con lo que la condena es firme.

El incremento de la pena se debió a que los magistrados del TSJCyL estimaron que el procesado había incurrido también en un delito continuado de abuso sexual por medios tecnológicos -child grooming-, al apreciar que compartieron imágenes a través de dispositivos móviles y que abusó sexualmente de él en la casa del profesor.

Del mismo modo, la sentencia del TSJCyL estableció 5 años de alejamiento a al menos 500 metros de la víctima y también la inhabilitación del condenado por 5 años para trabajar con menores de edad y personas discapacitadas.

Los hechos se remontan a 2020, en plena pandemia de covid, cuando el profesor se convirtió en el tutor del menor, a quien ya conocía de antes por ser el responsable del coro del centro y acudir el niño a esa actividad en años anteriores.

La madre del menor comenzó a observar un comportamiento inusual del profesor hacia su hijo, por lo que trató de comprobar las comunicaciones del niño y observó que el docente pretendía iniciar una relación con él.

Según figura en los hechos probados de la sentencia original de la Audiencia Provincial, asumidos por el TSJCyL y el Supremo, el profesor intensificó los contactos con el menor durante el periodo en el que rigió el estado de alarma, en un momento en el que los colegios utilizaron las clases online por no poder acudir físicamente a los centros educativos.

El profesor convenció al menor de enviarse mutuamente imágenes de contenido sexual, incluso desde la ducha, lo que fue descubierto al observar el padre del menor.

Pese a estas situaciones, el menor pidió a sus padres, que en ese momento estaban separados, que le dejaran acudir a una especie de despedida del curso que había convocado el profesor en su casa, a lo que accedieron por ir otros niños.

Sin embargo, el profesor convenció a este niño para que acudiera a su casa antes que sus compañeros y abusó sexualmente de él.

Finalmente la madre habló con el profesor y le pidió que dejara de tener contacto con su hijo al margen de los canales telemáticos articulados por el colegio, pese a lo cual el docente buscó otras formas de contactar con el menor.

Fue en julio de 2020 cuando el niño contó la situación a la pareja de su padre, lo que derivó en una denuncia ante la Policía y un registro del domicilio del profesor, que fue detenido como supuesto responsable de estos abusos sexuales, al comprobar que contaba en su poder con imágenes de contenido sexual del menor.

Las exmonjas cismáticas de Belorado, en Burgos, han reiterado su mensaje de que cuidaban a las religiosas de avanzada edad que vivían con ellas en el monasterio de Orduña (Bizkaia) de manera “fenomenal” y han negado haberse quedado con su dinero.

Dos de ellas -sor Sión y sor Israel- han vuelto a declarar este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao en relación al procedimiento judicial en el que se las investiga por un presunto trato degradante a las mayores, cita en la que estaban también convocados otros cuatro testigos.

Agentes de la Guardia Civil trasladaron el pasado 18 de diciembre, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a cinco monjas de avanzada edad que vivían en el monasterio vizcaíno al hospital bilbaíno de Basurto después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, las religiosas vivían bajo el cuidado de las monjas cismáticas de Belorado, aunque sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

Las ocho exmonjas que en mayo de 2024 rompieron con la Iglesia católica ya declararon el pasado mes de febrero en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao como investigadas por delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental -este ya sobreseído- y administración desleal.

Sin embargo, este jueves Sor Sión y sor Israel han acudido de nuevo a testificar a instancia de su nueva abogaba para completar su declaración.

A las puertas de los juzgados, sor Sión ha trasladado su deseo de que se esclarezca la verdad y ha vuelto a negar las acusaciones que pesan sobre ellas. “Venimos con la conciencia muy tranquila y a defender la verdad”, ha añadido.

También ha rechazado haberse enriquecido a costa de las monjas de avanzada edad, así como que éstas convivieran con animales en condiciones insalubres. Han subrayado que siempre las cuidaron de manera “fenomenal”, algo que seguirían haciendo si se les permitiera.

Por su parte, su nueva abogada, Norma Riaño, que trabaja conjuntamente con los otros letrados, Enrique García de Viedma y Florentino Aláez, ha recordado que sus defendidas no están a día de hoy acusadas, sino solo investigadas.

Mensajes telefónicos

Según ha detallado, la nueva comparecencia de sus defendidas ha buscado realizar ciertas “puntualizaciones” a su declaración de febrero tras el cambio en la defensa y una vez solicitadas nuevas diligencias referentes a “unos mensajes telefónicos” importantes para su defensa y cuyo contenido no ha querido definir.

También ha insistido en que sus defendidas no se encuentran a fecha de hoy investigadas por el delito de falsedad documental, tras dictar la juez instructora auto de sobreseimiento.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que, por un error en la preparación de un fármaco, recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

En su escrito, el Tribunal de Instancia justifica la incoación de diligencias previas en que los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Fiscal “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia”, que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros tres afectados.

También solicita información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel', incluyendo las copias de seguridad diarias desde el seis de octubre de 2025.

Cambio a un sistema de prescripción electrónica

La petición de información sobre el programa informático deriva de las pruebas recabadas por la Fiscalía que en su denuncia destaca que el hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 el sistema de prescripción electrónica 'Oncoform' en Oncología y Hematología.

Dicha implantación se hizo de forma progresiva en pacientes que recibían tratamiento onco-hematológico en los hospitales del día, en sustitución de la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada (carpeta compartida por los servicios de oncología y farmacia).

Previamente, el servicio de Farmacia trabajó en la configuración de la base de datos de los sistemas de prescripción electrónica y si bien los datos generales de los medicamentos oncológicos se volcaron de forma automática al nuevo programa Oncofarm por parte de la empresa responsable, la mayor parte de los datos de configuración de dicha base fueron revisados por farmacéuticos del hospital.

Así, según la información aportada por Fiscalía, los farmacéuticos revisaron unos 2.000 principios activos, entre ellos, 400 fichas de medicamentos oncológicos, incluido Cabizitaxel, que se incorporaron a la base de datos de 'Oncofarm'. También se revisaron protocolos de tratamiento.

El Defensor del Paciente denuncia un “fallo estructural de seguridad”

El Defensor del Paciente, que representa a dos de los afectados, que sufrieron un deterioro clínico severo y uno de los cuales todavía está ingresado en el hospital, la incoación de diligencias previas supone un “paso fundamental” para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores, según ha indicado en nota de prensa.

Ha insistido en que existen indicios suficientes de delito y es necesario depurar responsabilidades ante un fallo “sistémico” en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico, tal como a su juicio evidencia la denuncia del Ministerio Fiscal.

“La investigación apunta a un error en la configuración del medicamento 'Cabazitaxel' dentro del sistema 'Oncofarm' supervisado por farmacéuticos del Sacyl, donde se introdujo una concentración incorrecta, lo que provocó que se administrara una cantidad hasta seis veces superior a la pautada”, ha insistido.

Desde la Asociación ‘El Defensor del Paciente denuncian que este caso no responde a un hecho aislado, sino a un fallo estructural de seguridad, en el que habrían intervenido múltiples niveles de responsabilidad, desde la configuración del sistema hasta la supervisión clínica.

Y exige al Sistema de Salud de Castilla y León- Sacyl que identifique a los autores de los hechos, o en su caso, dimita el consejero de Sanidad, al entender que puede existir obstrucción en la investigación.

Contra la apertura de diligencias previas cabe recurso de reforma y también de apelación.

La mujer de 29 años acusada de matar a su madre a puñaladas en Venta de Baños (Palencia) en septiembre de 2024 ha asumido 16 años de cárcel tras el acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio con jurado que iba a celebrarse la semana que viene en la Audiencia Provincial de Palencia.

La Audiencia no celebrará finalmente el juicio con jurado popular previsto para el 13, 14, 15 y 16 de abril tras el acuerdo de conformidad alcanzado este martes por la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, por el que la acusada, C.H.L. de 29 años ha asumido una pena de 16 años de cárcel, según ha adelantado este miércoles Diario Palentino y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Los hechos que iban a juzgarse a partir del lunes ocurrieron el 3 de septiembre de 2024 cuando la acusada, que estaba en prisión, asestó más de treinta cuchilladas a su madre, de 53 años, durante una discusión en el domicilio familiar.

La Fiscalía calificó inicialmente los hechos como un asesinato con alevosía por lo que solicitaba 28 años de prisión, la acusación particular elevó la petición de cárcel a 31 años al apreciar además ensañamiento y la defensa solicitó una pena de 15 años al concurrir la atenuante de confesión.

La acusada, que estaba en prisión, ha reconocido su responsabilidad como autora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y la atenuante de confesión y ha aceptado una pena de 16 años de cárcel.

El acuerdo incluye una orden de alejamiento durante diez años respecto a su hermano y sus dos sobrinos, que presenciaron los hechos, e indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de 40.000 euros para su hermano y 20.000 euros para cada uno de sus sobrinos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado las penas de 22 y 17 años de prisión para la mujer y el hombre condenados por el asesinato con alevosía de un jubilado portugués residente en Verín (Ourense) cometido en diciembre de 2019 en el río Tera, en las inmediaciones del Lago de Sanabria de Zamora.

Los dos condenados recurrieron la sentencia emitida el pasado mes de noviembre por la Audiencia Provincial de Zamora en base al veredicto de un jurado popular, pero el TSJCyL ha rechazado ahora esos recursos y ha confirmado íntegramente las penas, según la sentencia del tribunal autonómica hecha pública este martes.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han desestimado las alegaciones de la pareja portuguesa condenada y han mantenido la agravante que ha elevado la penasde la mujer, ya que tras matar al hombre aprovechó que era cotitular de su cuenta bancaria para continuar sacando dinero de su pensión y “es lógico concluir que el móvil económico fue determinante para causar la muerte”, han apuntado.

Frente a las pretensiones de la defensa de que no se considerase probado que habían drogado al hombre con somníferos para evitar que se defendiera cuando lo arrojaron al río Tera, el fallo judicial del TSJCyL ha indicado que aunque no aparecieran restos de psicofármacos en el cadáver existen otras pruebas que avalan la conclusión lógica del jurado popular.

En este sentido, se ha referido a la forma en la que apareció el cadáver, la presencia de agua en su estómago y a la ausencia de lesiones de defensa que avalarían la existencia de alevosía para calificar el delito como asesinato en vez de homicidio.

Los acusados pusieron al jubilado víctima del crimen una bolsa en la cabeza que ataron con cinta aislante cuando lo arrojaron al agua y las huellas dactilares encontradas en esa cinta han sido determinantes para la condena, aunque la defensa recurrió esa prueba porque en un primer análisis no se encontraron las huellas.

Al respecto, el tribunal autonómico ha aludido a la contundencia del informe de la Guardia Civil que explicó por qué no se encontraron las huellas hasta el segundo análisis, por lo que la conclusión probatoria “en absoluto puede calificarse de absurda, irracional o ilógica”.

Por todo ello, el TSJCyL ha desestimado que haya error en la valoración de la prueba en la sentencia inicial de este caso y tampoco ha considerado que pueda aplicarse el principio de 'in dubio pro reo' (en caso de duda a favor del reo).

La sentencia del tribunal autonómica únicamente puede recurrirse ahora en casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante el Tribunal Supremo.

Una mujer que ha declarado como testigo en el juicio del conocido como caso ataúdes y que perdió a su marido el 11 de octubre de 2013 ha asegurado que la Policía le mostró unas fotografías en las que reconoció a su esposo muerto tirado en un terrazo negro y blanco.

La testigo ha comparecido en la vista que se desarrolla contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en el grupo funerario El Salvador de Valladolid. “Es muy difícil de digerir”, ha expresado la mujer entre sollozos al recordar cómo la Policía le exhibió esas imágenes de su esposo fallecido “tirado” con un cartón en el que ponía su nombre y la fecha del deceso.

Lo del féretro es secundario, “lo importante es el manejo de los difuntos y tratar a los muertos como sacos de patatas”, ha lamentado otro testigo, cuyo padre pereció el 31 de enero de 2006.

Otra persona perjudicada, quien perdió a su progenitor en abril de 2009, ha narrado que, cuando fueron a contratar los servicios de la funeraria, todo el afán del empleado que les atendió fue que se decidieran por la incineración, que era mucho mejor opción que el enterramiento.

Sintió “un dolor tremendo, rabia, impotencia e indignación” al entrarse por la prensa de que la funeraria podía haber cambiado el ataúd para revenderlo, ha expuesto en su declaración, en la que se ha quejado de que el trabajador de la funeraria se empeñara en decir a su madre de que era mejor la cremación cuando ella tenía dudas.

También impotencia, rabia y dolor han sido los sentimientos que ha descrito otra testigo, quien perdió a un familiar el 23 de junio de 2014 y que ha relatado cómo, cuando iba a llevarse a cabo la incineración, pusieron el féretro en una cinta transportadora que comenzó a moverse, se paró, el ataúd volvió hacia atrás, cerraron unas cortinas y ya no pudieron ver más.

Para otra mujer que ha comparecido este lunes en la Sala de vistas, lo que sintió cuando se enteró de lo que podían haber hecho con el cambio de féretros fue “como si te clavaran un puñal”. “Yo las tengo en casa - las cenizas -, no sé si será el mío”, ha explicado tras manifestar que perdió a su esposo en 2004.

El sentimiento “es indescriptible, no existe palabra adecuada para definir esta barbaridad; demuestra que la muerte es un negocio”, ha considerado otra persona, cuya madre falleció en julio de 2014 y que se ha referido a la conciencia que puede tener alguien que actúa de esa manera con los difuntos.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos.

La sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Palencia ha anulado el acuerdo por el que se aprobaba el Programa Operativo 2025-2029 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Palencia por no ajustarse al ordenamiento jurídico.

El fallo estima el recurso interpuesto por un bombero y declara “no conforme a derecho” el acuerdo adoptado el 28 de agosto de 2025 por el Pleno de la Diputación por el que se aprobaba el Programa Operativo 2025-2029 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Palencia, que se anula al no resultar ajustado al ordenamiento jurídico. El magistrado rechaza la falta de legitimación del bombero alegada por la administración y afirma que “el recurrente ostenta una clara legitimatio ad causam”, al considerar que le afecta la proyección del programa porque “se ha de coordinar con quienes no son bomberos profesionales”.

El juez incide en que el programa tiene efectos jurídicos reales sobre el colectivo afectado, que son los bomberos, y que, además, implica cambios organizativos y de medios, ya que se está diciendo que como la Diputación de Palencia no puede cubrir con sus bomberos los servicios, implementará su ayuda con el personal perteneciente a los ayuntamientos y de otras administraciones.

En este sentido pone de relieve también la insuficiencia de medios humanos recogida en el propio documento, que reconoce “la insuficiencia de recursos humanos”, con una plantilla de cinco bomberos funcionarios y 13 bomberos funcionarios en prácticas frente al objetivo de alcanzar 54 bomberos.

También cuestiona la utilización de personal no profesional, indicando que “el juzgador no sabe muy bien qué significa la expresión bomberos de los parques municipales” y que “hay que entender que aquellos carecen de esta cualificación técnica”.

“En suma, se está diciendo que como la Diputación Provincial de Palencia no puede cubrir con sus bomberos los servicios que le están atribuidos por la legislación local, implementará su ayuda con la que le proporcionen otros ayuntamientos que carecen de dichos funcionarios y, en su caso, con el personal de otras administraciones”, recoge la sentencia.

Otro de los argumentos es la falta de publicación oficial del acuerdo ya que aunque la Diputación lo difundió en internet, la sentencia recuerda que este tipo de actos “deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial” cuando tengan efectos frente a terceros, como ocurre en este caso.

Además, el fallo considera que el programa invade ámbitos normativos que no le corresponden, afirmando que se entromete en el aspecto normativo que afecta al modo en que los Bomberos deben acometer sus funciones.

La Diputación recurrirá la sentencia

La Diputación de Palencia ya ha anunciado en un comunicado que recurrirá la sentencia porque entiende que anula el Programa Operativo Prevención y Extinción de Incendios “por una cuestión de índole formal”.

Los servicios jurídicos de la Diputación preparan un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la sentencia del Contencioso Administrativo.

La institución provincial subraya que, del análisis de la resolución judicial, se desprende que la anulación no obedece a ninguna infracción de la normativa estatal o autonómica en lo que respecta al desarrollo y al modelo de prestación del servicio recogido en el programa sino que aprecia un defecto de carácter estrictamente formal.

Recuerda además que el equipo de Gobierno aprobó en pleno este Programa Operativo como una herramienta de planificación interna y señala al respecto que la resolución judicial no pone en entredicho la validez del modelo de prestación del servicio, ni la voluntad de la institución de avanzar hacia su profesionalización.

En este sentido, incide en su compromiso inequívoco con la profesionalización del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, algo que ha orientado desde el primer momento el diseño del Programa Operativo ahora recurrido y que contempla la incorporación progresiva de personal hasta completar la estructura de un Jefe de Servicio, un Suboficial de Bomberos, un Técnico de Protección Civil y 54 bomberos profesionales.

El PSOE reclama un servicio profesional

El PSOE, que votó en contra del plan, ha lamentado este lunes en un comunicado que se haya llegado a esta situación a pesar de las advertencias realizadas en el pleno sobre los incumplimientos e irregularidades que contenía.

Recuerdan que ya entonces se advirtió sobre la falta de presupuesto de este operativo que contaba con 21 millones de euros, que iban destinados, en su mayor parte, a la construcción de los parques de Saldaña, Aguilar y Venta de Baños, lo que dejaba con escasos recursos económicos para la dotación de profesionales.

El PSOE considera prioritario poner en marcha de forma inmediata este servicio tan indispensable para los 190 municipios de la provincia, dotándolo del presupuesto necesario y de los profesionales suficientes que garanticen una labor profesional en la prevención y extinción de incendios, cuyos resultados hasta ahora han demostrado ser totalmente insuficientes.

Al respecto, la Diputación ha lamentado que “el Grupo Socialista haya aprovechado esta sentencia para confundir con sus críticas al modelo de prestación del servicio, obviando el esfuerzo y la inversión en la construcción de los parques de bomberos y en la progresiva dotación de personal profesional”.

Una nueva resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de ratificar la nulidad de la Orden de la Junta que resolvió el concurso público convocado para otorgar hasta 138 licencias de radio, en este caso por un recurso referido a 12 de estas adjudicaciones.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes el edicto que notifica esta resolución ante el recurso interpuesto por la Asociación Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza, que precisamente fue objeto de otro de los recursos contra esta Orden, planteado por la Cadena SER, a la que el tribunal también dio la razón, por lo que ya son al menos tres las resoluciones contrarias a esta adjudicación de licencias de radio.

En el caso de esta última, el TSJCyL también condena a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a pagar las costas judiciales y a dictar una nueva resolución, en este caso limitado a las 12 licencias que recurrió Nueva Esperanza en Ávila, Aranda de Duero, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Benavente y Zamora, donde no resultó adjudicataria.

Hace unas semanas el mismo tribunal ratificó la nulidad de la Orden como respuesta a otro recurso planteado por Radioestudio, S.A., en el que figuraban como demandados a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Radio Popular, Libertad Digital, Mediatel Multimedia, Promecal, Diario de Ávila y Noticias Independientes de Soria, los mismos que figuran también en el edicto publicado este lunes.

Este contencioso surgió a raíz de la adjudicación de estas frecuencias y de una demanda interpuesta por la Cadena SER, que consideraba que el procedimiento de adjudicación había incurrido en una serie de irregularidades que debían conllevar su nulidad y, por tanto, que la Junta tuviera que comenzar de nuevo con todo el proceso administrativo previo a la contratación.

En este sentido, la sentencia conocida en 2025 ordenó a la Junta de Castilla y León que dicte una nueva resolución sobre la adjudicación de todas las licencias sacadas a concurso y le impuso el pago de 2.000 euros en concepto de costas judiciales.

La demanda de la SER tiene origen en que observó cómo, pese a optar a 23 de las licencias en distintos municipios de Castilla y León, no logró hacerse con ninguna de ellas y comprobó que algunos de los adjudicatarios podían incumplir algunos de los puntos de los pliegos de contratación o, al menos, prestarlos en peores condiciones, por lo que apreciaba arbitrariedad en la adjudicación.

En concreto, la sentencia se refería al caso de la Fundación de Amigos de Radio María y la Asociación de Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza -“La Undécima hora Radio”-, a los que el TSJCyL no cuestionaba como potenciales adjudicatarios de este tipo de licencias, pero sí planteaba que deben cumplir con lo establecido en los pliegos, algo que cree que no hacen por ofrecer únicamente programación de contenido exclusivamente religioso, sin emitir publicidad, lo que lleva a que su financiación procede solo de donativos y fondos propios.

Se da la circunstancia de que, entre Radio María y La Undécima hora Radio, consiguieron hacerse con el 30 por ciento de las licencias otorgadas por la Junta de Castilla y León mediante la orden ahora anulada, aunque se da la circunstancia de que esta nueva resolución tiene como recurrente a esta misma entidad.

En este sentido, el TSJ aludió a jurisprudencia de instancias judiciales superiores que constatan que cuestionan la viabilidad financiera de Radio María, al proceder el total de ingresos de la emisora de donativos, más del 99% de donativos de la Fundación, según consta en la sentencia inicial de este caso.

La resolución también respaldaba los argumentos de la demanda en el sentido de que considera que se han violado las propias bases de la convocatoria, con una “interpretación errónea o aplicación indebida” de las mismas, además de haber atribuido “puntuaciones de menos a las ofertas de la recurrente y de más a las ofertas adjudicatarias del concurso”.

Otro de los puntos en los que se apoya la nulidad es el papel jugado por el secretario de la mesa de contratación, que en opinión del tribunal jugó un papel determinante en el procedimiento pero no compartió con el resto de miembros del órgano de contratación documentación esencial para tomar esa decisión.

De hecho, la resolución planteaba que “no consta que los miembros de la Mesa tuvieran un borrador sobre las tablas de baremación, ni que se hubieran planteado la necesidad de fijar esas tablas ni que se debatiera su contenido. Más bien parece que, en este caso, también, se asumió acríticamente las tablas que presentó el Secretario”.

La escasa duración de las reuniones o que algunas de ellas fueran realizadas por videoconferencia, pese a la complejidad técnica de este procedimiento, fue otro de los argumentos esgrimidos en la sentencia por el TSJCyL.

En este sentido, la sentencia detallaba que “el hecho de que algunas ofertas fueran similares no justifica, frente a lo que sostienen las demandadas, que pudiera efectuarse un correcto análisis y valoración de las mismas en el escaso periodo en que duraron las sesiones, porque si reconocen al tiempo que la valoración fue individualizada para cada oferta y estaba condicionada por la localidad en la que se presentaba, es materialmente imposible leer las ofertas y los informes y puntuar los innumerables apartados sujetos a valoración”.

Los demandados, además de la Junta de Castilla y León, fueron en este caso las empresas Uniprex, Mediaplanet Global, Unedisa Comunicaciones, Fundación Amigos de Radio María, la Cadena Cope, el Grupo Promecal, el Diario de Ávila, Mediatel Multimedia, Noticias Independientes de Soria y Asociación Emplazamientos y Comunicación Nueva Esperanza.

La Fiscalía de Salamanca ha recurrido el auto de 24 de marzo de 2026 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento, otorgaba un permiso de salida al padre de la niña Asunta, Alfonso Basterra, que cumple una condena de 18 años por su asesinato. Basterra lleva poco más de un año en el centro penitenciario de Salamanca porque tiene en esa provincia a su nueva pareja. Según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso elDiario.es, la concesión del permiso es “prematura, injustificada y contraria al marco normativo penitenciario”.

El recurso está basado en varios factores que se resumen en que no concurren los requisitos de “evolución, responsabilidad y madurez” exigidos por la LOGP y el reglamento penitenciario. En concreto, subraya el criterio de la Junta de Tratamiento, órgano multidisciplinar que valoró la insuficiente consolidación de los factores positivos, la falta de asunción de responsabilidad, la gravedad del delito, la lejanía del cumplimiento, y el estadio incipiente del tratamiento de Basterra.

El Ministerio Público recuerda que aunque el preso tenga buena conducta y se haya extinguido buena parte de la condena “no existe un derecho absoluto a obtener un permiso de salida, sino que el mismo es una facultad del Equipo Técnico, quien valorará el conjunto de circunstancias personales y sociales del interno”. De este modo, tiene que concurrir un elemento de valoración que pretende pronosticar el grado de riesgo que la concesión pueda tener en la seguridad colectiva, o en el buen fin de la pena, tal como resulta del tratamiento programado.

Un auto sin motivación reforzada

En el recurso, reprocha al juez de Vigilancia Penitenciaria que su auto carece de la motivación reforzada que exige el artículo 76.2 LOGP cuando el órgano judicial revisa resoluciones penitenciarias, “especialmente cuando, como ocurre aquí, se aparta del criterio técnico de la Junta de Tratamiento y concede un beneficio penitenciario en contra del parecer de la mayoría de sus miembros”. Incide el fiscal en que la motivación judicial “se limita a hacer referencias genéricas y abstractas a la existencia de circunstancias favorables, sin identificar ningún factor positivo concreto (a excepción de lo relativo a la buena conducta penitenciaria del interno y su participación en un programa PICOVI) ni un solo indicador tratado en el programa individualizado del interno que justifique la existencia de una evolución consolidada, la madurez para afrontar salidas al exterior, ni un progreso en el tratamiento suficiente como para desvirtuar el criterio técnico adoptado por 8 votos frente a 1”.

Esa ausencia de motivación “resulta especialmente grave” porque la Junta había razonado de forma expresa la insuficiente consolidación de los factores positivos, criterio técnico al que el Auto no da respuesta. Con ello, la resolución judicial recurrida incurre en una motivación aparente, vulnerando las exigencias jurisprudenciales que requieren expresar las razones por las que se deja sin efecto el criterio profesional de los especialistas en ejecución penitenciaria.

Un delito “al nivel más alto de gravedad de todo el catálogo penal”

Además, añade que Basterra cumple condena por haber asesinado a su propia hija, lo que sitúa al caso “al nivel más alto de gravedad de todo el catálogo penal” y que la pena que se le impuso fue de 18 años de prisión, “lo que evidencia la extrema gravedad del ilícito, el elevado desvalor de acción y resultado, y el profundo reproche social y jurídico del hecho”. El art.1 LOGP exige que la actividad penitenciaria se oriente a fines de reeducación y reinserción, “pero no de forma automática o prematura, sino mediante un proceso gradual, verificable y progresivo, especialmente exigente en delitos violentos graves”. En este caso, la resolución recurrida hace una mínima referencia a la gravedad del delito, cuando esta constituye un factor imprescindible para valorar la progresión en el tratamiento penitenciario y el riesgo real en la concesión del permiso de salida.

Por otro lado, considera el fiscal que existe “lejanía en el cumplimiento de la pena” puesto que las tres cuartas partes se habrán cumplido en marzo de 2027, “fecha aún lejana”. La jurisprudencia considera que, en delitos graves, la concesión de beneficios penitenciarios requiere un avance temporal suficiente dentro de la condena. El art. 90 CP vincula precisamente la libertad condicional a este hito objetivo, “lo que demuestra que su relevancia no puede ser ignorada para un beneficio como el permiso de salida, de menor control y supervisión”. El Auto recurrido, sin embargo, no analiza esta circunstancia, ni razona cómo es compatible la concesión del permiso con una fase aún media del cumplimiento. A ello se suma que el cumplimiento total de la pena no está previsto hasta septiembre de 2031, “horizonte temporal todavía muy lejano y que revela que el proceso de reinserción se encuentra en un estadio inicial”. Esta circunstancia debe ser ponderada a la luz del art. 59 LOGP, valorando que los permisos se inserten en una progresión del tratamiento penitenciario consolidado, con indicadores estables y contrastados de preparación para afrontar salidas al exterior.

Niega los hechos de manera “abierta, tajante y consistente”

Pero es que además, recuerda el fiscal, que Basterra sigue en negación abierta de los hechos y falta de asunción de responsabilidad, algo que consta en el informe elaborado por la psicóloga del Centro Penitenciario de Topas. Basterra niega “de manera abierta, tajante y persistente los hechos por los que fue condenado”. A juicio del fiscal esto reviste “enorme relevancia en el tratamiento penitenciario”, pues tanto el art. 59 LOGP como el art. 112 RP implican una participación activa y responsable del interno en su proceso de reinserción, la aceptación del hecho delictivo, la reparación del daño causado, y, en definitiva, la asunción de responsabilidad.

Así las cosas, dice el Ministerio Público, “la negación cerrada del delito por parte del interno impide evaluar adecuadamente el riesgo, bloquea la evolución en programas específicos, afecta directamente a la fiabilidad del pronóstico, y, en consecuencia, es incompatible con la concesión de un beneficio penitenciario, cuya finalidad exige un mínimo nivel de introspección y evolución personal”. Y el auto recurrido “prescinde completamente de este dato esencial, sin explicar por qué debe ignorarse un indicador tratado por la Junta como negativo”.

Por último, destaca la ausencia de motivación reforzada del juez de Vigilancia Penitenciaria, que se aparta de del criterio de la Junta de Tratamiento, no rebate y no explica por qué los profesionales penitenciarios habrían errado en su valoración. “Por lo tanto, la motivación judicial es insuficiente y no alcanza el estándar reforzado que exige el art. 76 LOGP para sustituir un criterio técnico penitenciario adoptado por mayoría”. Así, el fiscal no considera que se den las condiciones mínimas para un permiso ordinario para Basterra, ni hay un pronóstico de reinserción “suficientemente favorable, razón por la cual la concesión del permiso resulta prematura, injustificada y contraria al marco normativo penitenciario, debiendo prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento que, por amplia mayoría, denegó la solicitud”, concluye el escrito.

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado, la Xunta de Galicia, el concello de Ribadeo (Lugo) y a varias aseguradoras a indemnizar con 73.200 euros a la familia de una joven de Valladolid que el 31 de marzo de 2018 murió en la playa de las Catedrales al desprenderse piedras en la cueva que visitaba.

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, adelantada por la Voz de Galicia y a la que ha tenido acceso Efe, ve responsabilidad de las tres administraciones en la muerte de esta joven, ocurrida en Semana Santa, tras días de borrasca y tras dos desprendimientos ocurridos ese día que no llevaron a cerrar el acceso, controlado por una empresa externa.

Los magistrados consideran que la víctima y su acompañante debían conocer que el lugar no era totalmente seguro, porque así se advertía en las autorizaciones de los visitantes, pero agrega que el aumento del riesgo aquel día, tras las lluvias, “debía ser también evidente para las administraciones demandadas”, y sin embargo no había un plan de actuación ni de cierre total o parcial del acceso.

En estas circunstancias, “la culpa de la víctima, que accedió al lugar porque vio que otras muchas personas lo hacían, a la vista del personal encargado del control del paraje” no desplaza “totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas” a los que se condena a indemnizar por el 40 % del daño causado, dado que la indemnización reclamada por la familia ascendía a 182.194 euros.

No se cerraron accesos y la señalización era escasa

De lo ocurrido aquel 31 de marzo, los magistrados destacan que ante los desprendimientos previos a la muerte de la joven el personal de vigilancia no adoptó ninguna medida ni reportó a sus superiores o a los agentes medioambientales, mientras que el personal de acceso priorizó dar continuidad a la entrada de personas ante la gran afluencia de visitantes.

También apuntan a que “la señalización que advertía específicamente de desprendimientos era escasa” y recuerdan que ésta se reforzó después del accidente.

Esta sentencia, que también condena a tres aseguradoras, XL Insurance Company, Mapfre y Seguros y Reaseguros, indica además que “el personal de control de accesos claramente no tenía instrucción suficiente sobre cómo actuar ni se había elaborado un plan para casos en los que el riesgo aumentara significativamente” y tampoco había presencia de policía municipal.

Las tres administraciones tenían responsabilidad

Los magistrados repasan la responsabilidad de las administraciones, para las que fijan distintas indemnizaciones: 29.800 euros en el caso de la Administración General del Estado, 28.700 para la Xunta de Galicia y 6.300 para Ribadeo.

Así, alude a la sentencia de otro caso -la muerte en 2016 de una mujer por un desprendimiento en una playa gaditana- para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, al que corresponden la tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre, y del ayuntamiento, encargado de mantener la limpieza, higiene y salubridad y también de vigilar que se cumplan las normas de salvamento y seguridad de las vidas humanas.

En cambio, a diferencia del otro suceso, donde se exoneró a la Junta, también consideran responsable a la Xunta de Galicia por las “peculiaridades” de este caso, en el que la administración autonómica intervino declarando la playa de las Catedrales como monumento natural y aprobando un plan de conservación para controlar la afluencia de vigilantes y evitar que se degrade el paraje, en el que se aludía también a la seguridad.

Según la Audiencia Nacional,“la administración autonómica no puede ejercer sus competencias en materia de medioambiente y no adoptar prevenciones desde el punto de vista de la seguridad pública, que es puesta en peligro por la misma razón que justifica la protección ambiental, esto es, la afluencia de visitantes en gran número a un lugar que agrava la inestabilidad del terreno”.

Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional en esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación, son el último capítulo de un suceso cuya investigación penal quedó archivada al considerar un juzgado de Mondoñedo que la muerte fue “accidental”.

La playa de las Catedrales, que recibe ese nombre por la similitud de las cuevas formadas por la erosión del agua marina en marea baja con los claustros de una catedral, es uno de los monumentos naturales más visitados de Galicia, junto con la catedral de Santiago de Compostela.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca ha concedido el primer permiso penitenciario a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija Asunta en 2013 y que se encuentra en la cárcel de Topas (Salamanca), en una decisión recurrible y que no se podrá ejecutar hasta que sea firme.

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado un recurso presentado por la defensa de Alfonso Basterra contra la negativa de Instituciones Penitenciaras de concederle su primer permiso ordinario.

De este modo, para que Basterra goce de ese permiso la resolución judicial debe ser firme, algo que todavía no lo es, ya que el plazo para recurrir ante la Audiencia de Salamanca no ha expirado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado este lunes.

Por lo tanto, no se puede asegurar ahora mismo que Basterra vaya a disfrutar de este permiso. Además, si se produce el recurso, habrá que esperar a lo que resuelva la Audiencia.

Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Sus declaraciones no convencieron ni al juez ni al jurado popular, que, por unanimidad, los declaró culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.

La madre de una niña de 2 años que murió el 8 de abril de 2005 y que ha declarado este martes en el juicio por el conocido como 'caso ataúdes' ha sostenido que están “moralmente destrozados” tras conocer que una funeraria pudo revender ataúdes que familiares de los difuntos ya habían comprado.

La vista oral se celebra en la Audiencia de Valladolid contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los fallecidos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta.

La testigo, entre muestras de dolor, ha narrado que cuando falleció su pequeña tenían seguro de decesos, contactaron con la compañía por teléfono y el comunicante les dijo que el sepelio se llevaría a cabo en el tanatorio de Las Contiendas y que le esperaran junto al hospital donde había muerto la menor tras un atropello.

Una vez en el lugar indicado, apareció una persona que les preguntó si eran ellos los de la niña y les condujo a la oficina del Grupo El Salvador - el grupo funerario por el que se desarrolla el juicio -, donde les manifestaron que el velatorio se iba a llevar a cabo en el Camino del Cementerio.

La madre ha narrado que expuso al empleado de la funeraria que les habían dicho que iba a ser en Las Contiendas, a lo que el trabajadores les respondió que sería un error y, tras dos llamadas con el comunicante de la aseguradora con el que habían hablado en primer lugar, el velatorio se fijó en el tanatorio del grupo de El Salvador.

Después vio a la niña ya en el ataúd y fue impactante observar su “cuerpecito” - 90 centímetros de estatura - en un féretro de adulto, ante lo que le manifestaron que en ese momento no tenían para niños, ha expuesto la testigo.

Posteriormente, fue trasladado el ataúd al cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la incineración y dijeron que no se podía ver la cremación, ha dicho la mujer, a la que, según ha contado, le dijeron lo mismo cuando falleció su padre en julio de 2011.

“No sabes si en las cenizas que te han dado está tu padre o no”, ha expresado otra testigo quien ha manifestado sentirse “muy mal” tras saber lo que pudo ocurrir con su progenitor fallecido el 6 de enero de 2010.

“A mí no me interesa el dinero, la duda que tengo es si esas cenizas son las de mi suegra”, ha subrayado en el mismo sentido otro testigo, que perdió a la madre de su esposa el 31 de diciembre de 2010.

A este testimonio ha seguido el de una mujer, cuyo padre falleció el 3 de febrero de 2011. “Me han engañado como a una tonta, me siento engañada”, ha expuesto.

Durante esta sesión han comparecido además otros dos testigos, entre ellos el padre de un bebé de meses fallecido, que han coincidido en señalar que, en Comisaría, les mostraron fotos de sus familiares difuntos sobre palés, no dentro de los ataúdes.

Otro hombre ha explicado que compró el ataúd más caro, de más de 4.000 euros, pero en las fotos que le enseñó con posterioridad la Policía el finado estaba en un simple caja que no tenía nada que ver con la que había adquirido. La vista continuará mañana con la comparecencia de más testigos. 

La justicia ha vuelto a tumbar por segunda vez el reparto de frecuencias de radio en Castilla y León. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado este lunes 23 de marzo una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declara “nula de pleno derecho” la orden aprobada por la Junta en diciembre de 2022 para adjudicar licencias de radio en la Comunidad.

El fallo, con fecha el 16 de marzo de 2026, responde a un recurso contencioso-administrativo contra la orden con la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital resolvió el concurso público convocado el 29 de octubre de 2020 para repartir un total de 138 licencias de radio en frecuencia modulada. La resolución judicial no solo invalida ese reparto, sino que obliga a la Administración autonómica a dictar una nueva adjudicación conforme los criterios establecidos por el tribunal.

Se trata de la segunda sentencia que anula este mismo proceso y en la práctica, la orden deja sin efecto, como si nunca hubiera existido, lo que deja en el aire la situación de las licencias concedidas y obliga a la Consejería a rehacer el procedimiento.

El concurso afectaba a 138 frecuencias repartidas en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. De ellas, 124 llegaron a adjudicarse, mientras que 14 quedaron desiertas. Sin embargo, el proceso ha estado marcado desde el principio por los recursos judiciales, lo que ha impedido su desarrollo normal. De hecho, varias de las emisoras que obtuvieron licencia a finales de 2022 ni siquiera han llegado a iniciar sus emisiones.

En este segundo fallo judicial, el denunciante es Radioestudio SA, un grupo con sede en la Comunidad de Madrid y presencia en Cáceres o Badajoz, se presenta contra la propia Consejería y Radio Popular, S.A.; COPE; Libertad Digital, S.A.; Mediatel Multimedia, S.A.U., Grupo de Comunicación Promercal, S.L.U.; Diario de Ávila, S.A.U.; y Noticias Independientes de Soria, S.A.U.

La sentencia publicada ahora vuelve a dar la razón a uno de los recurrentes y obliga a la Junta a rehacer la resolución completa del concurso. Además, impone las costas a la Administración autonómica, aunque con un límite fijado en la propia resolución judicial. El fallo no es firme, por lo que cabe recurso en el plazo correspondiente.

Desde el Ejecutivo autonómico han venido defendiendo en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y han señalado que modelos similares se aplican en otras comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Movilidad han asegurado, a preguntas de elDiario.es, que la sentencia obliga a valorar de nuevo las ofertas presentadas por las diferentes emisoras. “Estamos iniciando los trámites al respecto, así como evaluando situación de las radios que han formalizado las licencias”, han zanjado sobre el tema.

Segunda anulación tras el fallo de mayo de 2025

A esta segunda sentencia se le suma una primera resolución judicial dictada en mayo de 2025 por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya anuló de pleno derecho la orden de adjudicación del concurso.

En aquel caso, el tribunal estimó un recurso que cuestionaba el encaje de algunas de las licencias concedidas, especialmente a emisoras de carácter religioso que operan sin publicidad comercial y se financian mayoritariamente mediante donativos. El fallo consideró que la adjudicación no se ajustaba plenamente a las bases del concurso, que exigían la prestación de servicios radiofónicos comerciales. Eso sí, aunque la jurisprudencia sí permite que a este tipo de entidades que concurran concursos, la sentencia puso en duda la viabilidad económica de algunos proyectos y su adecuación a los requisitos exigidos.

El reparto aprobado por la Junta otorgaba un volumen significativo de frecuencias a este tipo de emisoras. Dos de ellas concentraban cerca de un tercio de las licencias adjudicadas.

Aquella sentencia de mayo de 2025 ya obligaba a la Junta a rehacer la adjudicación de las 124 licencias concedidas —las otras 14 habían quedado desiertas—, al entender que el procedimiento incurría en irregularidades sustanciales. Además, abría la puerta a revisar aspectos como la viabilidad económica de los proyectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases. La resolución obligaba igualmente a la Administración autonómica a rehacer todo el proceso.

En el año 2020, la Junta convocó este concurso con 138 licencias en juego, que ya fueron ofertadas con este procedimiento en 2011, un proceso que fue suspendido en 2013 por la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En el 2023, un recurso de Castilla y León Radio SA, cuya administradora es Adriana Ulibarri, hija del constructor y empresario de medios de comunicación condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri, paralizó la adjudicación definitiva de las 124 licencias - las otras 14 quedaron desiertas al no presentarse ninguna solicitud - de radio en Castilla y León.

La Sociedad Española de Radiodifusión impugnó esta orden y alegó irregularidades sustanciales. Su denuncia se centra en que se otorgaron licencias a entidades como Radio María y La Undécima Hora, que ofrecen programación religiosa, sin publicidad comercial, y están financiadas por donativos. Esto, según el recurso, violaría los requisitos del concurso, que exigía prestar servicios radiofónicos comerciales.

La Audiencia de Salamanca ha condenado a once años y medio de prisión a cada uno de los dos principales acusados de encerrar durante cinco meses a una mujer, que tiene una minusvalía del 79% por discapacidad psíquica, en una casa sin agua corriente, ni sanitarios, ni luz, ni calefacción.

La sentencia, facilitada este jueves por fuentes del TSJCyL, condena a cada uno de los dos procesados, que eran pareja en el momento de los hechos, por detención ilegal, un delito contra la integridad moral y un delito continuado de estafa.

La resolución judicial también condena a otra persona a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral con una circunstancia atenuante por padecer una discapacidad intelectual leve. El tribunal considera hechos probados que los dos encausados principales, aprovechándose de las circunstancias personales y vulnerabilidad que presentaba la víctima, se ganaron su confianza y la convencieron para irse a vivir con ellos el 4 de junio de 2024.

Posteriormente, a principios de agosto, la trasladaron a una casa ocupada ilegalmente. Allí la mantuvieron encerrada en contra de su voluntad sin las necesarias condiciones de higiene, habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana. El tercer acusado participó en estos hechos de manera secundaria, efectuando acciones puntuales, y se encargaba de llevarle agua, medicina y comida y limpiar los excrementos que la víctima realizaba en un cubo.

La víctima dormía en un colchón mugriento y, como resultado de estas circunstancias, se observó una importante pérdida de peso en la perjudicada, quien antes de suceder los hechos, concretamente en el año 2023, era obesa. Esta situación se mantuvo hasta que el 18 de diciembre de 2024, cuando un hombre llamó a la Policía comunicando la situación en la que se encontraba la víctima, puesto que ella le había pedido ayuda indicándole que tenía hambre y que estaba secuestrada.

Para acceder a la casa, fue necesaria la intervención de los bomberos, que tuvieron que romper la cerradura de la puerta de acceso al domicilio y la cerradura de la puerta de la habitación en la que se encontraba la víctima. Durante el tiempo en que la perjudicada permaneció encerrada, los dos acusados principales dispusieron de 2.171,52 euros de la cuenta bancaria de la que era titular la denunciante.

La sentencia considera acreditado que el tercer procesado no dispuso de dinero alguno de la víctima y que se trata de una persona con una discapacidad intelectual leve y dificultades en el área cognitiva, altamente vulnerable a las presiones que pueda recibir, con déficit en sus herramientas de afrontamiento, carencias para la gestión de problemas y elevada influenciabilidad.

En concreto, la Audiencia ha condenado a cada uno de los dos principales acusados a siete a años y medio de prisión por detención ilegal, a un año y tres meses por un delito contra la integridad moral y a dos años y nueve meses por un delito continuado de estafa, además de tener que indemnizar a la víctima.

El tercer encausado, al aplicar la atenuante por discapacidad intelectual leve, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral.

La Fiscalía Provincial de Burgos ha remitido al juzgado la investigación por la muerte el pasado diciembre de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco, que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, esta ha decidido presentar denuncia ante el juzgado para que investigue el caso, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia, lo que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.

Ahora, en un escrito del 11 de marzo, la Fiscalía informa al Defensor del Paciente de que ha pedido al juzgado la apertura de diligencias, a fin de continuar con la investigación de este caso, lo que para la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, es “una buena noticia”.

Ha indicado a EFE que supone que la Fiscalía ve “indicios de delito” y ha insistido en que sea un “error humano”, como lo ha defendido el propio hospital, que asumió la responsabilidad, “es gravísimo” y que ha ocasionado la muerte de dos pacientes, que fueron a curarse y recibieron una dosis seis veces superior.

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) reconoció, el 13 de enero, que dos pacientes oncológicos habían fallecido y otros tres estaban afectados tras recibir un medicamento con exceso de concentración; los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta ese mismo 13 de enero.

La Junta de Castilla y León, que ha respaldado en todo momento a la gerencia del hospital, anunció que se haría cargo de las indemnizaciones a los afectados y sus familias, y descartó tomar medidas disciplinarias insistiendo en que se trataba de un “error humano”.

El Defensor del Paciente ha insistido en que se trata de una negligencia médica, por lo que ve necesario que se juzgue lo ocurrido para determinar si ha habido delito y quién o quiénes son los responsables; también para evitar que vuelva a suceder.

Una mujer que ha declarado este miércoles en el juicio que se sigue por el conocido como “caso ataúdes” ha asegurado que las coronas, los centros y los ramos de flores que habían llegado para su marido difunto desparecieron “en menos de un cuarto de hora”.

La mujer ha declarado como testigo en la vista oral que se desarrolla en la Audiencia de Valladolid contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid.

Las acusaciones también abarcan la retirada de las flores destinadas a los fallecidos para ponerlas de nuevo a la venta. La testigo ha explicado que su esposo murió el 2 de enero de 2005 y que en el velatorio, que se llevó a cabo en el tanatorio El Salvador, había dos coronas, un mínimo de cuatro centros y algún ramo de flores. Ya en el cementerio “cuando salí de la incineración habían desaparecido todos en menos de un cuarto de hora”, ha concretado.

En cuanto a la cremación, ha contado cómo los familiares entraron en una sala, pusieron allí el féretro, el sacerdote rezó un responso, metieron el ataúd “como en una cinta transportadora”, corrieron unas cortinas y no vieron “absolutamente nada” de la incineración. Tras unos quince minutos de permanecer en esa sala, “nos fuimos y nos dimos cuenta de que no había ni una flor”, ha expuesto.

La testigo ha subrayado que, cuando se enteró del posible cambio de ataúdes para su reventa, se llevó un disgustazo“, después además de cómo lo pasó su marido dos años hospitalizado hasta que falleció. El sentimiento es de ”angustia“ al pensar que ”le habían puesto encima de un palé y le habían quemado, después de todo lo que pasó“ con su enfermedad, ha expresado.

“Me queda la duda de si las cenizas que nos han dado son las de mi suegra”, ha manifestado otra testigo, quien perdió a la madre de su marido el 2 de enero de 2005. Ha especificado que las cosas empezaron a salir mal cuando vieron que el ataúd en el que habían puesto a la difunta no era el que habían elegido, lo que desde la funeraria achacaron a una confusión.

Acerca de las coronas y las flores que habían llegado para la fallecida, dijeron que, “como no lo habíamos solicitado antes”, habían desaparecido, ha contado. Además ha certificado que no vieron la incineración, solo el féretro hasta que cerraron unas cortinas. Cuando conoció las prácticas que presumiblemente estaba llevando a cabo el grupo funerario sintió “mucha rabia” y le dolió “muchísimo”, ha afirmado.

En el mismo sentido ha declarado un hombre que perdió a su padre el 31 de diciembre de 2005 al señalar que tiene la duda acerca de quien son las cenizas que tiene en casa y ha subrayado que se ha sentido engañado también con el pago del ataúd si es verdad que los quemaban en palés.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La vista oral continuará el próximo lunes con la declaración de más testigos.

Un testigo del conocido como “caso ataúdes” ha asegurado este martes que su familia y él no pudieron ver por última vez a su padre fallecido, aunque así lo solicitaron, porque operarios de la funeraria les dijeron que no podían destapar el féretro debido a que el ataúd estaba precintado.

El testigo, quien perdió a su progenitor el 1 de enero de 2004, ha declarado durante esta jornada en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria.

Un testigo de 'caso ataúdes' dice que no pudo ver a su padre porque les dijeron que el féretro estaba precintado

Durante su comparecencia, el perjudicado ha relatado que, cuando se destapó este caso, se dieron cuenta de que cosas que ocurrieron en el funeral de su padre que “no eran normales”.

Ha explicado que su progenitor falleció en Villajoyosa (Alicante) y que el velatorio se llevó a cabo en el tanatorio del grupo El Salvador, en Valladolid, desde el que el féretro fue conducido al cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

El testigo ha especificado que una hermana suya reside en Tenerife y tuvo problemas para coger un vuelo pronto debido a las fechas en las que se produjo el fallecimiento, en Año Nuevo, y llegó al camposanto unos cinco o diez minutos antes de que metieran el ataúd para la incineración.

Su hermana le pidió entonces que manifestara a los operarios de la funeraria que metieran el ataúd en una sala y destaparan el féretro porque quería despedirse de su padre.

El testigo ha concretado que así lo solicitó a los trabajadores, quienes le contestaron que “era imposible abrir el féretro porque estaba cerrado y precintado”.

“No nos dejaron entrar a despedirnos” a una sala, “nosotros estábamos en la calle” y, cuando se ha conocido este caso, “hemos atado cabos del porqué no nos dejaron ver a mi padre”, ha subrayado.

Acerca de su sentimiento al conocer el 'caso ataúdes', ha especificado que es hijo de padre payo y madre gitana y, como en otras culturas, “en la cultura gitana a los muertos se les respeta, venera y añora”.

“Que se pueda haber manipulado el cuerpo de mi padre en mi familia ha caído fatal”, ha expresado.

“No creí que pudieran existir personas con una catadura moral tan ínfima como para robar la dignidad de las personas fallecidas”, ha expuesto otro de los testigos sobre su reacción al conocer este caso tras el fallecimiento de su padre el 7 de enero de 2004.

“No daba crédito” al saber el posible fraude con los difuntos, ha remarcado en el mismo sentido otra testigo, quien se ha preguntado a quién velaron tras el fallecimiento de su padre el 6 de junio de 2009 y ha dicho al ser preguntada sobre si quería reclamar lo que le correspondiera que no tanto por el dinero, pero sí para que paguen por lo que han hecho con el sentimiento de la gente.

Otra de las personas que ha declarado este martes y que perdió a su progenitor el 4 de noviembre de 2001 ha manifestado que se enteró de la supuesta estafa con los ataúdes por la prensa y se dirigió entonces al juzgado.

“Que mala suerte si nos ha tocado, si no son las cenizas de mi padre”, pensó tras conocer lo ocurrido, ha subrayado, antes de que otro testigo exclamara ¡nos han engañado como a tontos!.

Otro perjudicado ha narrado cómo la última vez que su familia y él vieron a su padre, quien murió el 31 de diciembre de 2002, fue en el tanatorio y en el cementerio no volvieron a ver “ni la caja ni nada”.

La vista oral continuará mañana con más declaraciones de testigos. 

Una testigo que ha declarado en la vista del conocido como “caso ataúdes”, en la que se enjuicia a 23 acusados de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación para ponerlos otra vez a la venta en una funeraria, ha lamentado que “no es que roben dinero, es que te roban la dignidad”. La mujer ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde ha explicado que su padre falleció en 1999, que fue velado en el tanatorio El Salvador y después trasladado para su cremación al cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), perteneciente al mismo grupo funerario.

La testigo ha sostenido que sus familiares y ella no pudieron ver la entrada del féretro en el horno crematorio porque en esos momentos cerraron las cortinas del habitáculo en el que se encontraba el ataúd. Al ser preguntada por el fiscal acerca de su sensación tras conocer que la funeraria podía haber cambiado las cajas fúnebres de fallecidos para revenderlas, la testigo se ha quejado de que pudieran hacer eso “con personas que están muertas; y que hagan fotos —hay imágenes de difuntos aportadas en el procedimiento—. Ya no es que roben dinero, es que te roban la dignidad.”.

De los ocho testigos que han comparecido en esta sesión, seis han mantenido que no les dejaron ver meter el féretro de su familiar en el horno crematorio, una ha expuesto que sí pudo ver cómo lo introducían, aunque no vio llamas, y otra ha señalado que pudo estar durante la cremación el tiempo que quiso. Una de las perjudicadas que ha declarado, quien perdió a sus padres, ha manifestado visiblemente afectada que es “terrorífico” pensar que una estructura organizada estafe“ a una persona muerta y sus familiares ”en unos momentos muy vulnerables, en los que te crees lo que te dicen“.

“Yo no quería venir aquí a pasar este trago”, ha aclarado uno de los testigos, quien ha protagonizado una emotiva comparecencia en la que ha argumentado que no quería recordar de nuevo la pérdida de su mujer, a la que cuidó durante años sabiendo que tenía una enfermedad terminal que acabaría con ella. Ha narrado algo que se, según ha expresado, no se le ha borrado de la mente y que ocurrió cuando se iba a llevar a cabo la cremación de la difunta en el cementerio de Santovenia.

En esos momentos, cuando expuso que quería ver cuando metían a su esposa a incinerarla, “se pusieron muy nerviosos” - empleados del grupo funerario -.

“No me acuerdo si me empujaron o qué pasó”, fue “muy desagradable” y no pudo presenciar ese proceso, ha descrito. Ha mostrado además su extrañeza porque le indicaron que tenía que ir a recoger las cenizas de su mujer al día siguiente de la cremación pero, cuando recogió la urna, estaba caliente.

Una sensación de tristeza y rabia ha sido la manera en la que otra testigo ha definido cómo se siente tras perder a sus padres en distintas fechas y enterarse después de lo que pudieron hacer en la funeraria, mientras otro perjudicado ha considerado que los hechos que se enjuician suponen una “falta de respeto y humanidad tremenda”. Una mujer que también ha declarado como testigo ha especificado que la persona que fue su aya falleció en una residencia en 2012, tras 72 años pagando un seguro de decesos y se ha referido a los problemas que encontró al elegir féretro, a que pusieran un ataúd sin crucifijo porque la difunta así lo quería, después de tantos años pagando.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La vista oral continuará mañana con la declaración de más testigos.