El humor es la salsa para poder tragar mejor los tiempos difíciles, y los valencianos utilizan las redes sociales para ponerle al mal tiempo buena cara.

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Menos tenderetes -únicamente de alimentación-, más distanciamiento entre los puestos de venta, puntos de limpieza e higiene, protecciones y restricciones de acceso a los espacios públicos donde se instalan. Esta ha sido la tónica habitual en la primera semana en la que los mercados ambulantes han podido volver a las calles valencianas, una vuelta que ha requerido de muchas adaptaciones y trabajo no únicamente de los vendedores, sino también de los ayuntamientos.

Entre las normas establecidas para que se puedan desarrollar estos mercados se ha obligado a los vendedores a usar mascarillas y guantes; limpiarse con gel hidroalcohólico con cada cliente; que cada uno de los desperdicios se deposite en bolsas y se haga un uso obligatorio de un cubo con pedal. Por otro lado también se ha marcado una distancia de seguridad dentro del puesto de 2 metros y que los vendedores realicen una desinfección periódica en sus espacios. Por lo que respecta a los compradores deben respetar las marcas de distancia de seguridad en el suelo y está prohibido tocar el género de los puestos.

Ante estas situaciones los ayuntamientos han diseñado sus propios protocolos para poder desarrollar con normalidad esta jornada en sus calles. Así en Xàtiva, la cita que se produce en la plaza porticada del Mercat, donde ha habido menos dificultad para restringir el acceso de los clientes para poder controlar el aforo máximo. En Sagunt se ha trasladado de las calles aledañas al interior de la plaza del Cronista Chabret para poder vallarla y realizar el mismo control. En Alzira incluso se ha llegado a establecer un sentido de circulación de los compradores.

De cara al futuro, con el cambio a fase en la que se puedan incorporar más puestos de venta, los ayuntamientos tienen que estudiar cómo llevarlo a cabo. En el caso de Ontinyent ya se ha anunciado que se estudia trasladar el mercado al recinto ferial, un espacio abierto más grande donde también se podrá controlar el acceso.

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Dolores vendía ropa por la calle: bikinis, chanclas, camisetas... “para ir tirando”. Con el dinero que obtenía como vendedora ambulante, unos 300 euros, tenía que alimentar a sus cuatro hijos. Sin pareja y conviviendo con dos sobrinas, la crisis de la Covid-19 le ha golpeado “muy fuerte”, reconoce por teléfono desde su vivienda situada en el barrio alicantino Juan XXIII, uno de los más pobres de España, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística.

“No sé qué va a ser de nosotros”, se lamenta. Como Dolores, nombre ficticio, la población gitana española, una de las minorías más marginadas y pobres de Europa con la salud más precaria y la menor esperanza de vida, “sea probablemente la que sufra el impacto del coronavirus de forma extrema”, señala una nueva investigación dirigida por la Universidad de St Andrews (Reino Unido) en colaboración con la Universidad de Alicante.

Y todo porque la etnia gitana española “ha entrado en la pandemia desde una posición excepcionalmente desventajosa” porque partían de una desigualdad acuciante. Según este estudio, “más del 80% de esta comunidad vive en la pobreza, y casi el 50% tiene unos ingresos mensuales inferiores a 310 euros, como es el caso de Dolores de 32 años, o de su sobrina Francisca, de 30, cuyo marido, dedicado a la chatarra, tampoco puede salir por el confinamiento. El 44% de los hombres y el 27% de las mujeres de raza gitana obtienen sus ingresos a través de la venta ambulante, ya sea en mercados al aire libre o a pie, concluye este informe. ”La cuarentena obligatoria hace imposible que un gran número de estas familias se ganen la vida. Además, muchas tienen poco acceso a la limitada ayuda económica que el gobierno español proporciona a los trabajadores autónomos“, denuncian.

Asimismo, aproximadamente 47.000 personas en España carecen de alimentos básicos o de los suministros necesarios para sobrevivir, lo que supone problemas de acceso a la alimentación para más del 40% de los entrevistados, según un estudio de la Fundación Secretariado Gitano de hace una semana.

Con dos hijas y embarazada de siete meses, Francisca malvive de ayudas públicas, como otros testimonios recogidos. En su caso, recibe del Ayuntamiento 200 euros para comprar en un supermercado concreto, y por sus hijas, de 10 y 9 años, de la beca del comedor le dan 60 euros cada una también para comida. Por su parte, Dolores se queja de que aún no le han dado la renta valenciana de inclusión (RVI) desde hace un año y medio, como ha venido denunciando el consistorio alicantino cuyos regidores aprobaron en el pleno de este jueves una declaración institucional para urgir al Consell el abono “urgente” que esperan 1.159 familias alicantinas con expedientes favorables.

La investigación académica, dirigida por la antropóloga social Paloma Gay y Blasco, de la Escuela de Estudios Filosóficos, Antropológicos y Cinematográficos, y María Félix Rodríguez Camacho, doctoranda en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante y responsable del área de Salud de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA), advierte que esta comunidad experimenta también mayores niveles de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad y diabetes, “y es más probable que sufra graves problemas de salud que pueden repercutir en la supervivencia de estos individuos al COVID-19”.

A este respecto, Dolores asegura que arrastra problemas de salud. “Tengo la sangre espesa, me han dicho que puedo sufrir una trombosis en cualquier momento”, explica. A la pregunta de si se está tomando la medicación por una enfermedad que ha heredado su bebé responde “debería, pero no la he comprado porque con ese dinero compro pañales y leche”.

Por último, las autoras del estudio ponen de relieve el estereotipo negativo de la comunidad gitana en algunos sectores de los medios de comunicación. “Se los caracteriza como individuos disgregados de la sociedad española, presentándolos injustamente como menos dispuestos a adherirse a las políticas gubernamentales y al confinamiento obligatorio impuesto para combatir la pandemia”.

A este fenómeno hay que sumar el de los numerosos bulos xenófobos que han venido circulando por Whatsapp desde hace semanas apuntando a que el “culpable” del aumento de contagiados por coronavirus en España es la población gitana, algo que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dependiente de Igualdad, ha denunciado.

El estudio concluye que “sin una acción rápida, decisiva e inclusiva por parte de las instituciones estatales locales y nacionales”, las ayudas dirigidas a la población gitana “serán insuficientes”. “Es preciso adoptar esta medida para no seguir considerando el sufrimiento que padecen tantas familias gitanas como una 'desgracia aceptada', una vez más, sino como un fracaso intolerable”, aseveran.

El silencio se impone en las calles de Valencia como consecuencia de la pandemia. El recorrido tradicional de la marcha del Primero de Mayo, una fecha histórica en la lucha por los derechos laborales, se encuentra prácticamente desierto en esta jornada. 

En esta atípica jornada, los sindicatos han defendido los servicios públicos y a los trabajadores que emplean sus esfuerzos en asegurar suministros, abastecimiento o la salud de la población en plena pandemia. Por su parte, el president Ximo Puig ha puesto en valor la labor de los trabajadores que ahora consideramos esenciales: los que cuidan. 

Este 1 de mayo, Día del Trabajo, viene marcado por los ERTE. En la Comunitat Valenciana estas siglas han afectado a más de 63.000 empresas y 388.552 empleados, una cifra que se eleva por el peso de los sectores Turismo y Servicios en la economía autonómica. 

El estado de alarma provocado por la COVID-19 ha forzado a trasladar las reivindicaciones a las redes sociales y a los balcones. Como la vida. 

El coronavirus, la cuarentena en casa... Los tiempos malos necesitan de dosis de buen humor para hacerlos más llevaderos, y los valencianos sacan su mejor cara a través de las redes sociales.

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“Aquí tenemos más accesible ir al monte que al supermercado”. Raül vive en Vilafamés (Plana Alta), donde lleva cuarenta días sin apenas salir de casa. Vilafamés está a unos 7 kilómetros por carretera del municipio más cercano y tiene 1.800 habitantes censados, que siguen las mismas reglas de confinamiento que una urbe de más de 6 millones de habitantes como Madrid.

Raül explica que en su municipio se planteó a la Guardia Civil un permiso para ir a los huertos, pero, en función del mando, se accede o no. “Si tienes animales allí puedes ir, pero depende de los agentes. Tendría que estar arbitrado”, explica. Su municipio se autoconfinó antes de decretar las medidas del estado de alarma. No saben cuántos casos positivos por coronavirus pueden tener, pero sospechan que el número es muy bajo. Pide poder salir al monte, donde hay “distancia de sobra” entre personas.

La petición de Raül se repite en varias poblaciones, pequeños municipios de interior y áreas rurales que han trasladado sus quejas a las redes. Uno de los momentos incendiarios ocurrió cuando el Gobierno anunció en primera instancia que los niños podrían acompañar a los padres a tareas rutinarias como ir al supermercado o la farmacia. “¿Y si no tenemos supermercado, adónde los llevamos?”, se pregunta Àlex Vilanova, regidor de La Jana (Baix Maestrat).

Vilanova es también integrante del Fòrum Noves Ruralitats, una organización que trabaja por la integración de la perspectiva rural en la toma de decisiones. El anuncio del Gobierno, que fue rectificado en el mismo día, es para ellos una de las mejores muestras de urbanocentrismo en la toma de decisiones. La Jana, en Castellón, cuenta con apenas 700 habitantes, una población muy envejecida y con el supermercado más cercano a 20 kilómetros, sin posibilidad de acudir en transporte público.

El pueblo apenas tiene casos confirmados y el vecindario no conoce más que a un par de personas con síntomas. “Las medidas se han pensado en sitios con aglomeración de gente importante. Hay cosas que no se entienden. Se ha prohibido a la gente que vaya a recoger las verduras de sus huertos [para consumo propio]. Están esparcidos por el campo, no hay ningún peligro”, critica Vilanova.

“La mitad de la población son jubilados y tienen su propio huerto. Hay 40 o 50 niños, casi hay más perros que niños aquí. No entendemos que no puedan salir”, insiste. “Muchas personas trabajamos en el campo. Podríamos llevar a los niños al campo, ellos podrían estar en la finca sin ningún contacto. No se comparte un espacio distinto, es como en casa, subes al coche y llegas”.

Desde el Fòrum insisten en la necesidad de acudir a los huertos privados y permitir los mercados de proximidad. Con las actuales medidas “sólo puedes ir al súpermercado, porque los mercados de venta semanal están cerrados. Quitas la posibilidad de vender y de comprar productos fresco y de proximidad. Estas medidas perjudican al sistema agrario basado en la soberanía alimentaria”.

Tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han insistido en sus últimas comparecencias en que el desescalado del confinamiento debe ser asimétrico y atienda a criterios geográficos, de edad y por actividad económica. “El desconfinamiento debe atender razones geográficas, sectoriales y sociales. Muchas veces el baremo no tiene por qué ser el de las autonomías. No hay que ser centralista en ese sistema tampoco”, expresó Puig en su comparecencia en las Corts Valencianes. Las autonomías han trasladado varias propuestas de desconfinamiento asimétrico este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Algunas voces consideran que se debería incluir la perspectiva rural en la gestión de esta crisis. Es el caso de Compromís, donde la diputada Belén Bachero -de Vistabella del Maestrat (L'Alcalatén)- ha reivindicado que se atiendan las diferencias. Entre ellas, la diputada cita la baja densidad de población, la proximidad de zonas de cultivo para autoconsumo, los espacios y entornos naturales “sin riesgo de contacto con otras personas”, la ausencia de nódulos de transporte donde se aglutine la población o la necesidad de cuidar el entorno forestal por el peligro de incendios. En el mismo partido, desde la corriente Bloc i País, su coordinador, Vicent Fernández, considera que es “absurdo” que “en un pueblo rural sin afección de la pandemia se deban mantener las mismas restricciones diseñadas para grandes ciudades, cuando las situaciones no se parecen en nada”. La agrupación plantea que “hay que diseñar unas estrategias tan sensibles como estas desde la proximidad, que es dónde más se conoce cada circunstancia concreta”.

Son los primeros que en las urgencias hospitalarias reciben a los pacientes y los últimos en despedirlos, y es imposible evitar el contacto. Pese a ello, los celadores son considerados “personal de bajo riesgo”, una “ofensa” que les ha llevado a reivindicar que no son “simples camilleros”.

Uno de estos profesionales es Rubén García, de 30 años y celador en el Hospital Clínico de Valencia desde hace 12, quien en declaraciones a Efe recuerda que este colectivo está regido por una orden “preconstitucional” del Ministerio de Trabajo, de julio de 1971, que marca las funciones en el ámbito hospitalario del celador, al que no considera como personal sanitario.

Rubén García es además portavoz de la Asociación Valenciana de Celadores (AsVaCe), entidad que reivindica la figura del celador como “personal esencial” en el marco de la sanidad pública, y recuerda que con la pandemia el trabajo del personal no sanitario “se ha hecho más que imprescindible”.

Desde la Asociación critican que en el procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) del Ministerio de Sanidad se califique al personal celador como “personal de bajo riesgo” ante el contagio.

A juicio de la asociación, esta calificación es una “ofensa” que “no se atiene a la realidad actual” y es “totalmente impropia e inadecuada”, y considera que el Ministerio “no está teniendo en cuenta” las funciones actuales del estamento de celadores.

“Desarrollamos muchas otras funciones no recogidas en la orden del año 1971 y que nos hacen estar en todo momento en primera línea de contagio del coronavirus”, sostiene.

De hecho, desde la asociación reclaman al Ministerio que les “tenga en cuenta”, se les dé audiencia y se les trate “como personal sanitario, no como personal de tercera”.

“No somos meros camilleros”, reivindica Rubén García, quien considera necesario que se regularice la situación del celador, que “no es la misma” que hace casi cincuenta años.

“Estamos en contacto directo con los pacientes, ayudamos a posicionarlos, a levantarlos, a acostarlos y tenemos que tener conocimientos de las patologías de cada uno de ellos para poder manipularlos con seguridad”, expone.

“Nuestras funciones han cambiado y considero que se debería regularizar nuestra situación actual”, añade el presidente de la Asociación, desde donde asegura que trabajan “todos los días codo a codo con el resto de personal sanitario”.

“Trabajamos en todas las unidades donde hay pacientes diagnosticados de coronavirus, entrando a realizar las tareas que se nos demandan, en UCI, Medicina Interna, Neumología, Urgencias y en cualquier unidad donde se nos demande apoyo”, afirma.

Agrega que “se ha ido modernizando la figura del celador y reivindicamos que se nos considere como personal sanitario y lo que conlleva de ser personal de alto riesgo” y explica que una vez el paciente entra por la puerta de Urgencias lo reciben ellos “sin saber en ningún momento qué tipo de patología tiene”.

Al estar considerado personal de bajo riesgo, explica, a la hora de repartir material de protección se les “deja siempre los últimos”.

“Para los test tampoco se nos está teniendo en cuenta como prioridad dentro del hospital y nosotros también podemos contagiar a la gente que venga al hospital por otra patología que no sea la COVID-19”, incide.

“Aunque a día de hoy estamos mejor en cuanto al tema de recursos y medios, al principio, cuando apenas había cuatro mascarillas entre nosotros, no estábamos dentro de esas prioridades a la hora de repartir”, precisa.

Asegura que tienen constancia de compañeros celadores que se han contagiado de coronavirus, algo que a su juicio era inevitable al principio de “una pandemia que a todo el mundo le ha venido grande”.

“Creo que el sistema no estaba preparado para algo así, y durante el primer mes los protocolos se iban cambiando cada diez minutos, siempre buscando el menor riesgo para el personal y los pacientes”, apunta.

“Esos cambios y esa falta inicial de material, al final ha conllevado que muchos compañeros hayan dado positivo en COVID-19”, lamenta.

Aunque está expuesto a cambios de turno si algún compañero resulta afectado, actualmente cubre un turno fijo de mañana y acude todos los días a dormir a casa con su pareja, también profesional sanitario y con quien no tiene hijos, algo que ahora ve una ventaja.

“Tanto mi pareja como yo estamos al mismo nivel de exposición”, asegura, y explica que cuando vuelven a casa después de trabajar extreman las medidas de precaución: “Tenemos vecinos e intentamos llevar una convivencia controlada”.

“Al principio daba mucho miedo porque todo el mundo tenemos familia y trabajábamos con la falta de recursos y la incertidumbre de que nadie sabía por dónde coger este virus”, indica, y añade que durante este tiempo se han “preparado y entrenado” para “saber por dónde tirar, pero siempre sin bajar la guardia por el riesgo que todavía existe de contagio”.

Asegura que en el hospital en el que trabaja los celadores se sienten bien valorados: “Aquí se ha notado que vamos todos a una, estamos todos metidos en el mismo círculo y estamos bien, es como si fuera una familia”. Concha Tejerina

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