Se acelera el proyecto de implantación del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Tras varios retrasos, cambios en los expedientes administrativos sobre las necesidades de agua y el impacto ambiental, y algún que otro traspié en cuanto al reconocimiento de los titulares del suelo, los trámites para las operaciones de la empresa de Mark Zuckerberg que agrupa a Facebook, WhatsApp o Instagram, están ahora en manos del Ayuntamiento de la ciudad.

Zarza Networks, la empresa promotora y filial de Meta, ya ha formalizado y constituido una fianza de un millón de euros. Se trata de la garantía urbanística (vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal) que está asociada a su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI) en la comunidad autónoma.

De esta forma, se activa la fase final de tramitación administrativa y el inicio de las actuaciones técnicas sobre el terreno. Ahora, el siguiente paso es que la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno regional emita la correspondiente certificación administrativa del proyecto.

Precisamente, Silvia López, la titular de este departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, explica que tras la aprobación de la reparcelación, unida al pago de la fianza por parte de la empresa promotora, permite seguir dando “pasos decisivos” en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus del centro de datos,

Con esa certificación de la garantía, el Ejecutivo procederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes que han sido aprobadas. Así quedaría jurídicamente definida la distribución y titularidad del suelo industrial en el Polígono Torrehierro de Talavera, donde se implantará el 'data center'.

Posteriormente, al haberse completado la ordenación regional, será el turno del Ayuntamiento. Meta debe presentar los proyectos de ejecución y construcción detallados ante la Corporación Local, que se encargará de tramitar de forma prioritaria (al ser un PSI) las correspondientes licencias de obras y actividad para iniciar la edificación.

El propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), sacó pecho recientemente de este proceso al afirmar que el Ayuntamiento será “más rápido” que el Gobierno castellanomanchego en este proceso. Pero tampoco habló de ninguna fecha concreta.

Lo que sí está claro es que cuando la promotora tenga las licencias correspondientes, las máquinas podrán comenzar los trabajos de acondicionamiento físico del terreno, canalizaciones y acometidas de suministros necesarios en las más de 190 hectáreas que ocupará el campus tecnológico. Después se iniciará la construcción por fases de los edificios principales que albergarán los servidores e infraestructura digital.

Meta ya detalló que tiene proyectado desarrollar este centro de datos de forma progresiva. Según el cronograma del plan de implantación, se dio un plazo máximo de hasta 10 años para la finalización y consolidación absoluta de la totalidad de las instalaciones.

El horizonte final, en 2030

En realidad, se trata de una flexibilidad temporal que permite a la empresa ir poniendo en marcha algunos módulos de centros de datos de manera escalonada en función de la demanda global de sus servicios. El horizonte final es que sus operaciones globales funcionen a pleno rendimiento en 2030.

Meta prevé una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros en este proyecto, que incluso podría superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones.

En términos de empleo, hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de la pedanía de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a esta última y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En su estudio de impacto ambiental detalla que habrá “cero contaminación lumínica” y estima un consumo directo de agua de 0,2 hectómetros cúbicos al año gracias al uso de refrigeración por aire seco,.

Esta segunda fase de la implantación del 'data center' de Meta en Talavera se produce mientras el Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El Gobierno quiere proyectos sostenibles y con 'carné europeo'

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Entre otros muchos objetivos, estudian exigir ‘carné europeo’. Es decir, que deba operarlos una entidad establecida en la UE para mantener los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

La empresa Zarza Networks S.L. que va a operar en Talavera de la Reina está establecida en Madrid, según figura en el Registro Mercantil. Y su filial, Meta, está establecida legalmente en la Unión Europea. Aunque la matriz global es una multinacional estadounidense con sede central en California, todas sus operaciones, servicios y el tratamiento de datos de los usuarios dentro de la UE se gestionan a través de su filial europea oficial: Meta Platforms Ireland Limited, con sede en Dublín.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

Gijón Impulsa abrió el pasado martes, 1 de septiembre, el segundo plazo de solicitud de tres de las principales líneas de subvenciones dirigidas a impulsar el emprendimiento, la innovación y el crecimiento del tejido empresarial del municipio. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 20 de septiembre.

Estas ayudas, de carácter no reembolsable, tienen como objetivo favorecer la puesta en marcha y consolidación de iniciativas empresariales, impulsar proyectos innovadores y apoyar a las empresas gijonesas en sus procesos de crecimiento y transformación.

Generación de empleo

La convocatoria pone el foco especialmente en aquellas actividades con mayores posibilidades de crecimiento y generación de empleo y que contribuyan a avanzar en las áreas de especialización de la ciudad: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, además de otros sectores estratégicos del municipio.

La vicealcaldesa de Gijón/Xixón, y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega destacó que estas líneas de apoyo permiten “acompañar a las empresas y a las personas emprendedoras en distintas etapas, desde el desarrollo de una nueva iniciativa hasta su consolidación y crecimiento”.

“Queremos que Gijón siga siendo una ciudad donde emprender, innovar y hacer crecer una empresa sea posible, y para ello es fundamental poner a disposición del tejido empresarial recursos y herramientas que respondan a sus necesidades”, añade.

En Youtube se puede ver el acto de presentación de líneas de subvenciones 2026, que reproducimos a continuación.

Línea II: Aceleración de proyectos

Esta línea está destinada a financiar la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización del municipio, especialmente aquellas con altas expectativas de crecimiento y generación de empleo.

La ayuda máxima es de 6.000 euros, en dos fases de 3.000 euros cada una.

En el caso de personas físicas:

De 60 a 80 puntos: ayuda de 4.000 euros.

De 81 a 100 puntos: ayuda de 6.000 euros.

En el caso de empresarios y empresarias individuales y empresas:

De 60 a 80 puntos: ayuda de 2.000 euros.

De 81 a 100 puntos: ayuda de 3.000 euros.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 90.000 euros.

Línea II: Innovación Abierta

La Línea de Innovación Abierta tiene como finalidad impulsar proyectos de innovación en colaboración entre pequeñas empresas y empresas tractoras, mediante el planteamiento de retos y el desarrollo de soluciones innovadoras.

La línea presta especial atención a los proyectos vinculados a las áreas de especialización y sectores estratégicos del municipio.

La ayuda máxima asciende a 34.000 euros.

La intensidad de la ayuda dependerá de la puntuación obtenida:

De 60 a 79 puntos: hasta el 75 % del presupuesto elegible.

De 80 a 100 puntos: hasta el 80 % del presupuesto elegible.

En el caso de proyectos presentados por personas autónomas y micropymes, la intensidad de la ayuda se incrementará en un 5%.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 640.000 euros.

Línea III: Consolidación y crecimiento empresarial

Esta línea tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero a las empresas para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento, así como para abordar las primeras etapas de su implementación.

La intensidad de la ayuda será de hasta el 80 % del gasto elegible, con una cuantía máxima de 18.000 euros.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 200.000 euros.

Diversificación de mercados

Por su parte, la línea de Diversificación de Mercados abrirá su segundo plazo del 1 al 20 de octubre de 2026.

Estas ayudas están dirigidas a empresas del municipio de Gijón/Xixón que participen como expositoras, con stand propio, o como visitantes en ferias comerciales, congresos y otros encuentros o eventos especializados de carácter internacional.

La información detallada de las convocatorias, requisitos y documentación necesaria puede consultarse a través de los canales de Gijón Impulsa.

Asimismo, la jornada técnica de presentación celebrada durante el primer trimestre del año está disponible en el canal de YouTube de INNOGIJÓN y puede consultarse como apoyo para resolver las dudas relacionadas con las líneas de ayudas.

Para cualquier consulta, las empresas pueden dirigirse al teléfono 984 84 71 00 o al correo electrónico empresas@gijon.es.

Partido Popular (PP), Vox y Foro, pero también IU-Convocatoria por Asturies, socio de gobierno del PSOE, han reclamado de nuevo al Ejecutivo asturiano más transparencia sobre la operación que ha ultimado con Duro Felguera para la compra del taller de Barros, en Langreo, especialmente en cuanto al precio y la carga que supondrá para los contribuyentes.

El PP pedirá explicaciones en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones del parlamento autonómico, que se iniciará el miércoles de la próxima semana y en el que interpelará al Gobierno sobre este asunto.

La diferencia económica

Según el portavoz adjunto del PP en la Junta General, Luis Venta, el “oscurantismo y la opacidad” rodea esta operación anunciada esta semana por el presidente del Principado, Adrián Barbón, pero sobre la que no se sabe ni el precio de compra, ni a qué se destinará cuando se ponga a disposición de la multinacional Indra.

“Debe informar sobre qué valoraciones independientes ha usado el Gobierno y cuál es el método que se ha utilizado para las mismas, porque la diferencia entre los seis millones que ofrecía Indra y los 15 millones que podría llegar a pagar el Principado por el taller sale del bolsillo de todos los asturianos”, ha indicado el portavoz popular.

La propuesta económica

Para su homóloga de Vox, Carolina López, el Gobierno debe explicar “qué propuesta económica tienen para Barros, unas instalaciones destinadas a una empresa privada porque ”los asturianos no tienen por qué pagar la nula o mala gestión industrial por parte de este gobierno“.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha reconocido que lleva mal el hecho de que una empresa como Duro Felguera, que no va a devolver los seis millones que le prestó el Principado, “no haya tenido empatía con Indra”, pero también que el Gobierno haya sido “incapaz” de liderar la negociación.

El “doble pago”

En su opinión, después de este “doble pago” a Duro Felguera, el Ejecutivo asturiano debe aclarar cuál va a ser el alquiler que va a cobrar a Indra por estas instalaciones, que en principio se destinarán a la fabricación de vehículos militares.

Para el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, no deja de ser “sorprendente” de que durante muchos meses se oyese hablar de la cifra de seis millones ofertados para la compra del taller de Barros y que ahora se hable de 15 millones.

“Hay que exigir al Principado absoluta transparencia de la forma en la que se ha llevado a esa operación, cómo se ha llegado a esa cifra y quién la va a pagar”, ha afirmado el portavoz de IU-CA.

Comisiones Obreras de Toledo ha denunciado que este jueves se ha producido una nueva fuga de amoníaco en las instalaciones que Helados Casty tiene en Talavera de la Reina. Unos hechos que, a juicio del sindicato, “vuelven a poner en riesgo la salud de los más de 500 trabajadores y trabajadoras de la fábrica”, que señala que hace unos meses ya denunció un accidente similar que afectó a una trabajadora, la cual, tuvo que ser ingresada en la UVI por inhalación de este gas tóxico.

CCOO denuncia que la dirección de la empresa ha tenido expuestas a las personas trabajadoras a la inhalación de este gas durante más de dos horas hasta que, finalmente, han sido evacuadas y han podido salir a la calle.

“Esta situación no puede repetirse”, ha aseverado Alejandra Rodríguez, delegada de CCOO en Casty. “La empresa se está saltando todos los protocolos de seguridad y salud laboral y está poniendo en grave riesgo la salud de la plantilla. Parece que hasta que no tengamos una desgracia desde la dirección no se van a tomar medidas” ha lamentado.

Por todo ello el sindicato ha anunciado que acudirá a la Inspección de Trabajo para que realice las comprobaciones pertinentes encaminadas a esclarecer si se ha cometido infracción y no descarta acudir a la vía judicial para exigir que se depuren responsabilidades.

“No existen protocolos ante casos como éste ni formación sobre cómo actuar” lamenta Rodríguez que recuerda que los técnicos encargados de arreglar estas fugas también sufren la falta de medidas preventivas, tanto de EPIS como de formación adecuada, arriesgando su salud para que la empresa pueda recuperar lo antes posible la producción.

La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra la aerolínea irlandesa Ryanair ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el presunto incumplimiento de la normativa sobre los servicios de atención al cliente en sus líneas de contacto telefónico en España.

Según ha informado la organización en un comunicado, las líneas de atención a los usuarios habilitadas por la compañía aérea (los números 900 751 463 y 872 580 512) operan de forma automatizada mediante locuciones y grabaciones sin ofrecer en ningún punto del proceso la derivación a un agente humano en tiempo real, finalizando las llamadas remitiendo al usuario a realizar sus gestiones a través del portal web o la aplicación móvil de la empresa.

Cuando se insiste en varias ocasiones, el propio sistema detecta que ya se han efectuado llamadas anteriores y, en lugar de facilitar el acceso a un agente o proporcionar una vía alternativa de atención personalizada, vuelve a insistir al usuario en que debe dirigirse a la web de Ryanair.

Facua argumenta que esta práctica vulnera el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -que exige garantizar una atención personal directa-, así como la Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, la cual prohíbe explícitamente el uso exclusivo de contestadores automáticos u otros medios análogos y obliga a ofrecer la opción de atención humana directa en cualquier momento de la llamada.

Por ello, la organización de consumidores ha aportado al departamento que dirige la Dirección General de Consumo las pruebas relativas al funcionamiento de las líneas y ha solicitado la apertura de un expediente sancionador contra la aerolínea proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.

Uber ha anunciado este miércoles una reducción de aproximadamente el 10% en el tamaño de su equipo global, lo que equivale a unos 3.300 puestos de trabajo.

“Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos”, ha indicado la empresa en un comunicado interno del director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, a los trabajadores, que han compartido en su web.

Uber explica en el texto que esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos significativos que buscan eliminar capas administrativas, simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la compañía.

Khosrowshahi indicó que las estructuras que tenían sentido cuando los negocios eran más pequeños ya no sirven a la escala actual de la multinacional.

“Los cambios que estamos haciendo hoy están diseñados para hacer dos cosas: hacer que Uber sea más simple y rápido, y crear más capacidad para invertir en nuestro futuro”, apuntó el directivo en el memorando.

Los ahorros generados por la reestructuración se reinvertirán en crecimiento, innovación y en el desarrollo de un “futuro autónomo”.

En cifras, Uber ha disminuido en un 20% el número de empleados que se sitúan a siete o más niveles del director ejecutivo y ha recortado los “microequipos” de directivos en casi un 50%.

La jueza y la administración concursal de Tubos Reunidos han acordado ampliar el plazo para la presentación de ofertas por la empresa hasta el 7 de octubre. El hecho de que el mes de agosto haya pillado en el medio de la realización de diligencias no ha facilitado la agilidad de un proceso que estaba previsto que terminara este mismo mes de setiembre. El 7 se cerraba el plazo de consultas y el 14 de este mes era el último día para realizar ofertas vinculantes. Así las cosas se amplía el plazo de acceso al 'data room' para acceder a la información de la empresa hasta el 30 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas y el de presentación de la primera oferta hasta el 7 de octubre de 2026 a las 14:00 horas.

La empresa ha comunicado que la ampliación del plazo se debe “al gran interés que ha despertado el proceso y a la necesidad de tener más tiempo para preparar mejor las ofertas” y aseguran que ya hay “varios interesados que han firmado la Carta de Confidencialidad y tienen acceso a la información sobre la compañía en el 'data room' que se ha habilitado al efecto”.

En este sentido, señalan que la mayoría de estos interesados participantes en el proceso han solicitado a la Administración Concursal una ampliación de los plazos inicialmente previstos, y “han puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de un mayor periodo para el análisis de la información contenida en el Data Room y para la preparación de sus respectivas ofertas”. “La Administración Concursal, atendiendo al interés del concurso, a los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato que inspiran el procedimiento competitivo, así como al objetivo de maximizar el valor de la masa activa mediante la obtención del mayor número posible de ofertas suficientemente analizadas y fundamentadas, de forma excepcional ha acordado ampliar una sola vez con carácter general para todos los participantes los plazos actualmente vigentes”.

Tubos Reunidos, que está inmersa en una investigación por corrupción por el presunto pago de comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso, para recibir los 112 millones del rescate de la SEPI, entró en concurso de acreedores voluntario el pasado mes de mayo ante una “situación de insolvencia inminente”, con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros que se van agrandando cada día que pasa. En el primer semestre de este año perdió 88,2 millones de euros, que es el triple que en el mismo período de 2025, cuando alcanzó unas pérdidas de 28,9 millones de euros.

BBVA incrementó un 13,5% la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos en Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2026. Este crecimiento supera el 3,3% registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el “dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma”.

Los datos se han dado a conocer durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco y sus equipos para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para el último cuatrimestre.

Durante el encuentro, el ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad y que el banco debe seguir trabajando para acompañar su crecimiento y expansión.

“Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio”, ha señalado.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, director territorial Centro de BBVA, ha explicado que en Castilla-La Mancha conviven sectores y modelos de negocio muy distintos, desde empresas con una fuerte vocación internacional hasta pymes y autónomos muy vinculados a su entorno local. “Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad”.

Durante la Convención Regional, el ‘country manager’ ha repasado el crecimiento registrado por el banco en España durante los seis primeros meses del año, donde destaca el crecimiento de la inversión crediticia (7,4% en tasa interanual), gracias principalmente al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas.

Este dinamismo del crédito se tradujo en un crecimiento del margen de intereses del 4,1% interanual, mientras que las comisiones mejoraron un 2,2%. La tasa de mora se mantuvo en niveles históricamente bajos, en el 2,9%, y la tasa de cobertura mejoró hasta el 71%.

Peio Belausteguigoitia también ha repasado las prioridades estratégicas del Grupo, entre las que destacan adoptar una nueva perspectiva centrada en el cliente, impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento, crecer en todos los segmentos empresariales o potenciar la inteligencia artificial y la innovación.

Papel clave de la red territorial

El ‘country manager’ de BBVA ha destacado que el banco ha avanzado mucho en el desarrollo de estas prioridades pero que hay que seguir trabajando para convertirlas en oportunidades de negocio para todos los clientes y, en este sentido, ha destacado, que la red territorial del banco en España tiene “un papel clave”, ya que “mantiene la cercanía y conexión con la realidad de cada zona para acompañar de manera más personalizada a cada cliente”.

Durante el encuentro, Juan Carlos Hidalgo también ha explicado que BBVA en Castilla-La Mancha cuenta con equipos especializados que trabajan junto a empresas, pymes y autónomos para conocer sus necesidades y apoyar sus proyectos.

“Esta cercanía permite ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada negocio y acompañarlos tanto en sus decisiones del día a día como en sus planes de crecimiento”.

El Gobierno del Principado y Duro Felguera han alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de los talleres de Barros, en Langreo, una operación que facilitará la instalación de una segunda factoría de Indra, en la comunidad, donde ya cuenta con instalaciones en Gijón/Xixón.

El anuncio de que se había alcanzado un acuerdo satisfactorio para Duro Felguera, Indra y para todo Asturias lo ha hecho el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la apertura de los cursos de verano de UGT Asturias y ha sido confirmado posteriormente por la ingeniería asturiana.

El presidente, como viene siendo habitual, también ha compartido la noticia en su perfil oficial de la red social X, como reproducimos a continuación.

Segunda factoría

El Gobierno asturiano ya había señalado desde hace semanas que esta intentando hacer “todo lo posible” para que el taller de Barros pudiese albergar la segunda factoría de Indra en Asturias, una cuestión que lleva meses siendo objeto de una negociación en la que la multinacional de Defensa y Duro Felguera no llegaron a un acuerdo sobre el precio de venta.

Según han señalado fuentes de Duro Felguera, este acuerdo con el Principado permite “facilitar una solución justa para todas las partes que permita hacer posible el proyecto”.

No obstante, ha adelantado que no va a facilitar detalles sobre esta operación hasta que culminen los trámites que debe llevar a cabo con el Ejecutivo asturiano para materializar la operación.

El futuro industrial

Para la compañía asturiana de ingeniería especializada en proyectos llave en mano, que recientemente ha trasladado su sede social a La Felguera, este acuerdo refleja su voluntad de “contribuir al futuro industrial de la zona y de favorecer la llegada de nueva actividad”.

Según Barbón , el objetivo de esta operación es conseguir que Indra se instale “cuanto antes” en Langreo y demuestra que el Ejecutivo asturiano no ha dejado de trabajar “ni un solo día” para conseguir que este proyecto industrial se materiaice.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, la operación permitirá desbloquear una iniciativa estratégica para la cuenca del Nalón y reforzar el posicionamiento del Principado en sectores vinculados a la industria y la defensa.

Una solución

“Pese a los rumores y las acusaciones sin fundamento alguno, hemos encontrado una solución satisfactoria para todas las partes”, ha subrayado.

Indra había manifestado su interés por adquirir el antiguo taller de Duro Felguera para implantar una segunda planta de producción industrial en Asturias, donde ya adquirió en julio de 2025 a Duro Felguera el conocido como 'El tallerón' de Gijón/Xixón para implantar su primera factoría de blindados y plataformas terrestres.

El taller de Barros, según los planes de la multinacional, podría funcionar como una ampliación para la capacidad de producción de blindados de Indra, que recientemente cerró un acuerdo para implantar otra factoría en Galicia, y poder así dar respuesta a los planes de modernización del Ministerio de Defensa.

PNV y PSE-EE han pactado un documento de mínimos para realizar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas fiscales presentadas en Madrid por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento.

El acuerdo marco sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026, del que han dado cuentas los socios de gobierno a través de un comunicado conjunto, tiene el objetivo de “impulsar el arraigo empresarial, favorecer el relevo generacional, fortalecer la participación de las personas trabajadoras, atraer y fidelizar profesionales en Euskadi, mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible”. De momento es una base que tendrá que aprobarse después en las respectivas Juntas Generales de cada territorio. Ni en Álava ni en Gipuzkoa PNV y PSE-EE tienen mayoría, por lo que tendrán que buscar nuevos socios. De hecho, la normativa fiscal que está ahora en vigor se pactó en 2025 con Podemos.

Las medidas acordadas se incorporarán en los tres territorios históricos -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, ya sea en los correspondientes anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas. “Todo ello sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común”, señalan, aludiendo a una máxima que han repetido desde los tres territorios estos meses, en el sentido de que “armonizar no es igualar”.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional con rango de Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas relacionadas con la continuidad empresarial, el arraigo, la fidelización y la atracción de personas y empresas. La evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, incluyendo, cuando proceda, variables desagregadas por sexo. Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Arraigo de las empresas y participación de los trabajadores

En concreto, para dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante cinco años. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. Asimismo, se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los 'crowdfundings' y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de tres millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atracción de profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Vivienda en alquiler

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social. Y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Cuidados y movilidad

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de dos años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. “Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora”. También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas -donaciones y sucesiones de empresa familiar-, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan “abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027”.

La polémica por la propuesta de Bizkaia

Bizkaia presentó su propuesta fiscal en Madrid en el mes de junio, sin consensuarla con sus socios en el Gobierno foral, y tampoco con el resto de los territorios. La propuesta se realizó en Madrid, comunidad a la que se ha acusado desde el nacionalismo vasco en muchas ocasiones de hacer 'dumping' fiscal, y en un acto en el que participó una nutrida representación empresarial encabezada por el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, junto a líderes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y que se deshicieron en elogios a las propuestas vizcaínas.

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, aseguró haber conocido el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y señaló que las reformas fiscales “se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”. Eneko Andueza subió el tono de las críticas un mes después, a mediados de julio, al considerar que se trata de una propuesta con “sesgo neoliberal”. Ambos partidos se han empleado a fondo en los meses de verano para llegar a este documento de mínimos, aunque queda toda la tramitación las Juntas y se ha abierto ya de pleno el periodo preelectoral, y la fiscalidad es siempre uno de los temas centrales de las pugnas electorales.

Tras cerrarse el acuerdo entre las cúpulas de los partidos, la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha considerado que se trata de un “paso adelante” para seguir avanzando en los retos económicos del territorio y seguir avanzando en construir “una economía fuerte y competitiva que ofrezca confianza a las empresas y a las personas que quieran desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en Gipuzkoa”. “Nos esforzaremos sobremanera para alcanzar con los grupos junteros un acuerdo amplio que beneficie al conjunto de las y los guipuzcoanos”, ha señalado.

La partida de ajedrez en el complejo tablero de los bancos de Italia ha alcanzado este verano otra cúspide, en medio del intenso ciclo de ofertas de adquisición, contraofertas y fusiones que arrancó en 2024. En plena disputa para reforzar la hegemonía o defender el propio terreno, el sector bancario transalpino sintió otra sacudida en agosto por la oferta de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) por hacerse con otras dos entidades de peso, Banco BPM y Banca Generali, una maniobra de envergadura con dos metas. Por un lado, frenar la opa hostil lanzada en junio por Intesa Sanpaolo (ISP) que quiere quedarse con el banco sienés y absorberlo. Por otro, erigir un tercer polo bancario en Italia, en línea con el Gobierno de Giorgia Meloni, que ve con buenos ojos la idea de crear un gran bloque alternativo a ISP y UniCredit, los dos primeros bancos del país.

Con todo, la operación de MPS –el banco en activo más antiguo del mundo, fundado en 1472– ha topado con el escepticismo de los mercados. Hay dudas sobre su viabilidad y se percibe como un movimiento arriesgado y reactivo, mientras que la oferta de Intesa se ve más sólida, señalan prensa económica y expertos. Sin embargo, “es pronto para predecir” su desenlace, dice a elDiario.es Mario Comana, economista y docente de la Universidad LUISS de Roma. “No sabemos si MPS, antes de lanzar sus ofertas, hizo algún preacuerdo con los accionistas mayoritarios de sus empresas objetivo, pero sí podemos prever que Intesa no se quedará de brazos cruzados. Si las ofertas de MPS resultaran viables, Intesa podría ofrecer más y mejorar su propuesta”, añade el profesor.

El recelo de los inversores ante el paso de MPS se vio claramente reflejado en la Bolsa, observa Comana, citando las pérdidas de estos días de MPS, Banco BPM y Banca Generali: “El mercado no parece tener mucha fe”. “La oferta de MPS no está desprovista de significado e interés, pero se hizo con óptica claramente defensiva”, opina, lo que alimenta las dudas de los mercados sobre la creación de valor real de la operación.

La pugna entre ambas entidades ha reanimado la corriente de intensos movimientos bancarios propia de la Italia de los últimos tiempos. Comana explica que esta se debe, paradójicamente, a la “excesiva buena salud” de su sector financiero. “Son muy rentables, con excelentes niveles de eficiencia y calidad crediticia, lo que les hace empresas muy atractivas”, detalla. Una intensidad parecida se registró en la década de 2010, pero fue por la crisis económica, cuando muchos “bancos débiles” tuvieron que ser rescatados.

Monte dei Paschi, del declive al ascenso

Precisamente Monte dei Paschi fue uno de los rescatados entonces, todo un símbolo por su historia como banco centenario activo desde 1472, cuando fue fundado en la ciudad de Siena, donde conserva su sede central. En 2017, al borde de quebrar, el Estado italiano lo sacó a flote con 5.400 millones de euros de fondos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas se hizo con 68% de su capital, una participación que fue vendiendo hasta quedar en un 4,8%. Ahora, el Tesoro ha congelado sus acciones restantes, y no prevé vender hasta que se solucione la pugna por el control del banco.

Hace una década, pocos pensaban que MPS volvería a primera línea, pero se fue recuperando a base de recortes, saneando su deuda y con ampliaciones de capital privado. Luigi Lovaglio, con trayectoria previa en Unicredit, asumió sus riendas en 2022 como consejero delegado y consolidó un ascenso que en 2025 vio la adquisición de Mediobanca, un poderoso banco de inversión milanés que compró por 16.000 millones. A pesar de que la dirección de la entidad lombarda rechazó la oferta, MPS convenció a la mayoría de sus accionistas para la fusión, todavía en curso.

Esta compra dio al grupo sienés el acceso a una de las joyas de la economía italiana: el coloso de los seguros Generali. Mediobanca poseían 13% de acciones de la multinacional, que pasó a manos de MPS. Esto aumentó el atractivo del banco toscano para inversores y competidores, uno de los factores que podría estar detrás de la ofensiva de Intesa. Generali es clave en Italia. Concentra gran cantidad de ahorros de su ciudadanía y empresas a través de sus seguros, y tiene mucho peso para las arcas del Estado italiano al ser uno de sus grandes acreedores. De hecho, Banca Generali –por la que ahora pugna MPS– es el brazo bancario de la aseguradora, que posee más del 50% de sus acciones, y será clave para decidir qué vía tomar ante MPS.

El risiko bancario de Italia

El pulso actual abre escenarios de cambio profundo en el equilibrio de poderes de los bancos italianos, acelerando el risiko, nombre de la versión italiana del juego de mesa del Risk, término usado en el país para referirse a los duelos de compra y fusiones entre bancos. Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi protagonizan el capítulo más reciente de este serie, mientras corren ríos de tinta sobre los movimientos entre bastidores y las teorías sobre qué pasará.

Quién juega sus cartas no son sólo los bancos implicados, sino una amplia red que incluye las aseguradoras Generali y Unipol, o los holdings de las familias Caltagirone o Del Vecchio, muy influyentes y con acciones en MPS y otras empresas, como la propia Generali. También hay grupos extranjeros, como el banco francés Crédit Agricole –con 29,3% de acciones en BPM– o el fondo estadounidense BlackRock, todo un símbolo del capitalismo desregulado internacional con creciente influencia en Europa, con 4,66% de acciones en MPS y 5,09% en ISP.

“Hacía muchos años que el sistema bancario italiano no estaba tan movido. Despertó por necesidad de algunos bancos de hacerse más fuertes y consolidarse, también por la creciente competencia” de fondos y entidades financieras de países más allá de Europa como EEUU, “que expanden cada vez más su mercado de capitales”, cuenta a elDiario.es Francesco Ruggeri, experto en macroeconomía e investigador en universidades italianas. “Hay una especie de pugna entre algunos bancos para poder afianzarse”, como es el caso de Intesa, o “para construir un tercer bloque que se proteja y compita con la propia ISP y Unicredit”, como quiere MPS, agrega.

Una pugna abierta

La saga actual arrancó en junio, cuando Intesa Sanpaolo –el mayor banco italiano por capitalización– acechó a MPS con una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones por valor de 30.600 millones de euros, en una puja con respaldo del grupo asegurador Unipol. Al ser Intesa dominante en Italia, y ante posibles problemas de competencia, prevé fragmentar Monte Paschi y ceder a la aseguradora 635 sucursales por 3.500 millones. Estas serían luego transferidas al banco BPER –filial de Unipol–, que gestionaría las oficinas conservando parcialmente la marca Monte dei Paschi. Por su parte, ISP se quedaría con 625 sucursales y la banca de inversión de MPS.

En plena consolidación bancaria europea, la entidad liderada por Carlo Messina busca apuntalar su hegemonía en Italia y convertirse en un campeón continental con capacidad para competir con Banco Santander o BNP Paribas. También quiere impedir avances de su gran rival nacional, UniCredit, que en 2025 intentó adquirir sin éxito a Banco BPM y desde 2024 mantiene una ofensiva sobre Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, del que ya controla el 48% de acciones pese a las reticencias de Berlín. El asunto aún trae cola, pero UniCredit sigue con su idea de fusionarse con la entidad y acrecentar su posición como gran gigante europeo.

Es en este escenario donde MPS diseñó su propia estrategia defensiva. El 20 de agosto, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de siete horas, anunció contramedidas con dos ofertas públicas de canje de acciones (OPS) sobre Banco BPM y Banca Generali, las cuales busca financiar enteramente con títulos de nueva emisión, sin recurrir a liquidez.

Para Banco BPM, la oferta valora la entidad en 25.310 millones de euros y una relación de canje de 1,567 acciones nuevas de MPS por cada título de BPM, según precio de mercado y sin prima. Respecto Banca Generali, ofrece 6,958 acciones nuevas por cada una de la entidad, lo que supone una valoración de unos 8.720 millones de euros y una prima del 10% sobre los precios de cotización. Con ello, MPS busca crear un grupo bancario que se convertiría en el segundo más grande del país, por delante de UniCredit, integrando unos activos financieros totales de 810.000 millones de euros. También evitaría su desmantelamiento y la desaparición de su marca centenaria, algo que preocupa mucho tanto en Siena como en la región de Toscana.

Intesa eleva la disputa

Tras este contraataque, Intesa presentó quejas la semana pasada ante la Consob, el regulador bursátil italiano. Alegó que MPS viola la regla de pasividad, que establece que un banco no puede actuar para entorpecer una opa hostil sin permiso previo de su junta de accionistas, algo que Monte Paschi no habría obtenido, a la espera de una asamblea extraordinaria el 29 de octubre que determinará su posición a tomar sobre la oferta de ISP.

Por su parte, ISP celebrará junta de accionistas el 10 de septiembre para votar la opa para hacerse con MPS. Según Comana, pese a que quedan muchas cuestiones por desentrañar y el escenario aún es imprevisible, Intesa presentó “una oferta clara y precisa” para pagar tanto en acciones como efectivo, a lo que suma la opción de un aumento, lo que hace que “tenga más posibilidades de tener éxito” que la contrapropuesta de MPS.

A su vez, el timing le es favorable, ya que ISP va por delante en todos los trámites para impulsar el proceso, y, en caso de seguir sin trabas, podría incluso hacerse con el control de Monte dei Paschi antes de que esta pueda culminar los procesos para sus ofertas a Banco BPM y Banca Generali. De hecho, BPM ya rechazó la propuesta de Siena, al considerarla unilateral, no acordada y sin prima para sus accionistas. En Generali, la oferta de MPS se recibió de forma más abierta, con “voluntad de evaluar” la colaboración y los lazos estratégicos entre ambos grupos.

La operación de MPS, “contraproducente”

Los pasos de MPS dieron incluso que hablar en la columna de opinión Lex de Financial Times (FT), que tachó la contraofensiva de MPS de “descabellada” y “contraproducente”. “Lo más sorprendente es que MPS intentaría una fusión a cuatro bandas”, escribió FT, en relación a su proceso de absorción de Mediobanca, al que juntaría Banco BPM y Banca Generali si sus ofertas siguen adelante. “Fusionar dos bancos es un reto que lleva tiempo. Intentar lo mismo con cuatro requiere un pensamiento mágico”, dijo el medio, lo que generó una réplica del mismo Lovaglio, que alegó que sus planes fueron “malinterpretados”.

Ante todo, Monte dei Paschi lucha a toda costa para evitar su desmantelamiento, mientras que el Gobierno, pese a mantenerse neutral, aboga por lo mismo, y así lo declaró la primera ministra Giorgia Meloni. “Espero que la dinámica del mercado propicie el surgimiento de un sistema aún más sólido y competitivo”, y que “MPS no acabe desmantelándose, perdiendo su nombre e identidad”, dijo la jefa del Ejecutivo italiano en una entrevista con Milano Finanza este agosto.

Aun así, en un sistema de libre mercado y autonomía bancaria, los expertos ven improbable una intervención del Gobierno. “¿Al final quién decide? Los grandes accionistas no se ablandan por declaraciones de un político. A los fondos internacionales, accionistas relevantes en MPS, ¿qué les importa lo que diga Meloni? No es un factor de peso”, concluye Mario Comana, que prevé muchos desarrollos por llegar en una pugna aún abierta.

Trabajadores de Bilbobus —el servicio autobuses urbanos de Bilbao— han denunciado ante Inspección de Trabajo que la maquinaria de lavado de los autobuses “presenta deficiencias graves, desprendiendo vapores gaseosos y aerosoles con fuerte olor a descomposición orgánica que provocan de forma inmediata irritación severa en ojos, fosas nasales y garganta a los operarios expuestos”.

En un escrito presentado el pasado 20 de agosto, los trabajadores han exigido “la intervención urgente de la Inspección de Trabajo en el centro de trabajo de Bilbobus para constatar los hechos descritos”. “Asimismo, se solicita que se requiera formalmente a la empresa la paralización cautelar de la maquinaria de lavado en modo aerosol hasta que aporte los boletines oficiales de laboratorio que certifiquen de forma fehaciente que el agua se encuentra libre de Legionella y otros agentes patógenos”, apunta el documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi.

Según manifiestan a este periódico, a raíz de la denuncia, la empresa reconoció “la existencia de anomalías graves y una manipulación irregular de la bomba del lavadero”, por ello, el 19 de agosto el proveedor técnico, la empresa Istobal, realizó una revisión integral de la máquina de lavado y del sistema de cloración de las aguas de lavado. Tras dicha intervención, la empresa insiste en que “el sistema se encuentra plenamente operativo”. Sin embargo, los trabajadores critican que se les oculten “los parámetros físico-químicos del agua y los boletines de las analíticas microbiológicas urgentes obligatorias por ley”.

“La falta absoluta de transparencia y el hecho de no disponer de ninguna prueba documental que acredite las actuaciones realizadas ni los resultados microbiológicos, está generando una grave situación de inseguridad y miedo entre los trabajadores expuestos ante un posible contagio por Legionella y la vulneración flagrante del Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, denuncian los trabajadores afectados.

Desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao sostienen que “tras la anomalía detectada en el lavadero el pasado 18 de agosto, la empresa actuó de manera inmediata procediendo a la paralización preventiva de la instalación y avisando de inmediato al servicio técnico especializado para su revisión y reparación. Una vez resuelta la causa que originó el problema y tras verificar el correcto funcionamiento del sistema, se procedió al restablecimiento y puesta en marcha del lavadero con totales garantías”, defienden desde el Departamento de Movilidad, quienes insisten en que “existe un mantenimiento concertado y análisis periódicos en cumplimiento de la norma”.

A pesar de ello, los trabajadores confirman a este periódico que los olores y picores en garganta y ojos siguen produciéndose durante los días posteriores a la revisión de la empresa y lamentan que la empresa les “obligue a trabajar” en esas circunstancias.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que su departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos de Inteligencia Artificial. De esos 180 millones, 2.003.528,36 han ido a parar a 6 proyectos empresariales de La Rioja.

Lo ha hecho durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales este Gobierno”, ha dicho el ministro que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos FEDER que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque “igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA”. “La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo”, ha explicado.

Durante su intervención ante el foro de AMETIC, el ministro ha afirmado que “la transformación digital española es una historia de éxito compartido” y ha señalado que “la IA es un capítulo estrella en esta historia” gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la colaboración público-privada.

López ha repasado los “principales hitos y progresos” de esta transformación, como ser el primer país europeo en constituir una Agencia de Supervisión de la IA (la AESIA); ser el quinto mercado europeo en inversión privada en startups de IA; ser el sexto del mundo en adopción de IA generativa; o ser el séptimo del mundo en progreso de la IA, según la Universidad de Stanford.

“España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible”, ha aseverado el ministro, quien cree que ya “no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA” y que “el Gobierno lo tiene clarísimo”. “Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía”.

“España está logrando esa buena IA”, ha destacado antes de recordar la importante inversión llevada a cabo por el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de IA, lanzada en 2020 y reforzada en el 2024, y que ha contado con una financiación de más de 1.500 millones de euros.

Un impulso financiero que ha permitido desarrollar medidas, recursos y proyectos como la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA; la prohibición en Europa de los 'deepfakes' sexuales; la coalición internacional de protección de los menores en la ONU promovida por este Gobierno; inundar de cátedras de IA, Ciberseguridad y Chip las universidades del país; impulsar titulaciones de FP en IA; crear modelos de lenguaje abierto y soberano como ALIA; invertir en empresas españolas punteras como Multiverse, Sherpa AI, Submer, SENSIA o Universal DX; o ayudar a pymes y autónomos en la digitalización a través de los programas Kit Digital y Kit Consulting.

En su discurso, el ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que España sea, no sólo líder, sino “referente” y que eso “significa adelantarnos a los acontecimientos”. Por ello, ha explicado, el Ejecutivo está impulsando la definición del modelo de centros de datos a través de un Real Decreto para regular sus requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos”.

López ha afirmado que se trata de “una iniciativa coherente y pertinente”. “Es el momento de decidir si queremos una burbuja digital o una infraestructura seria, soberana y sostenible”, ha agregado antes de recordar que países como EEUU o Países Bajos ya han aplicado medidas para regular estas instalaciones. “Esto no es una moratoria a los centros de datos, es ordenar nuestro modelo. Todos los proyectos son bienvenidos, pero con orden y de calidad. El desarrollo ordenado no es un freno, sino un sello de distinción para la economía digital española”, ha aseverado para añadir que “España da un giro hacia los centros de datos verdes” y que esto será un acierto.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que su departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos de Inteligencia Artificial.

De esos 180 millones, 6.848.077,85 euros han ido a parar a 18 proyectos empresariales de Castilla-La Mancha, dentro de un total de 91 a nivel nacional.

El anuncio lo ha hecho durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales este Gobierno”, ha dicho el ministro que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

El 70% de los proyectos seleccionados son pymes

Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos FEDER que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque “igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA”. “La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo”, ha explicado.

“La transformación digital española, una historia de éxito”

Durante su intervención ante el foro de AMETIC, el ministro ha afirmado que “la transformación digital española es una historia de éxito compartido” y ha señalado que “la IA es un capítulo estrella en esta historia” gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la colaboración público-privada.

López ha repasado los “principales hitos y progresos” de esta transformación, como ser el primer país europeo en constituir una Agencia de Supervisión de la IA (la AESIA); ser el quinto mercado europeo en inversión privada en startups de IA; ser el sexto del mundo en adopción de IA generativa; o ser el séptimo del mundo en progreso de la IA, según la Universidad de Stanford.

“España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible”, ha aseverado el ministro, quien cree que ya “no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA” y que “el Gobierno lo tiene clarísimo”. “Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía”. “España está logrando esa buena IA”, ha destacado antes de recordar la importante inversión llevada a cabo por el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de IA, lanzada en 2020 y reforzada en el 2024, y que ha contado con una financiación de más de 1.500 millones de euros.

Un impulso financiero que ha permitido desarrollar medidas, recursos y proyectos como la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA; la prohibición en Europa de los ‘deepfakes’ sexuales; la coalición internacional de protección de los menores en la ONU promovida por este Gobierno; inundar de cátedras de IA, Ciberseguridad y Chip las universidades del país; impulsar titulaciones de FP en IA; crear modelos de lenguaje abierto y soberano como ALIA; invertir en empresas españolas punteras como Multiverse, Sherpa AI, Submer, SENSIA o Universal DX; o ayudar a pymes y autónomos en la digitalización a través de los programas Kit Digital y Kit Consulting.

En su discurso, el ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que España sea, no sólo líder, sino “referente” y que eso “significa adelantarnos a los acontecimientos”. Por ello, ha explicado, el Ejecutivo está impulsando la definición del modelo de centros de datos a través de un Real Decreto para regular sus requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos”.

López ha afirmado que se trata de “una iniciativa coherente y pertinente”. “Es el momento de decidir si queremos una burbuja digital o una infraestructura seria, soberana y sostenible”, ha agregado antes de recordar que países como EEUU o Países Bajos ya han aplicado medidas para regular estas instalaciones. “Esto no es una moratoria a los centros de datos, es ordenar nuestro modelo. Todos los proyectos son bienvenidos, pero con orden y de calidad. El desarrollo ordenado no es un freno, sino un sello de distinción para la economía digital española”, ha aseverado para añadir que “España da un giro hacia los centros de datos verdes” y que esto será un acierto.

Un año más, se convoca una nueva edición de los Premios Gijón Impulsa 2026 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que se han ido consolidando y cuentan cada vez con más arraigo en el ecosistema empresarial de la ciudad y con los que se trata de dar visibilidad al talento emprendedor y empresariado local.

Las categorías a las que se pueden presentar candidatura, que nacen de la concertación social y están alineadas con los distintos ejes del Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027, son las siguientes:

Modalidad I: Premios a la Innovación (2.000 euros y trofeo)

Reconocimiento a empresas que hayan implementado en los últimos 5 años, iniciativas altamente innovadoras a través de proyectos, nuevas líneas de negocio, productos o servicios específicos, que encajen en las distintas áreas de especialización que a continuación se detallan:

1. Innovación en el Comercio Minorista.

2. Innovación en Economía Azul.

3. Innovación en Economía Creativa.

4. Innovación en Salud y Vida Saludable.

Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial (trofeo)

Reconocimiento y distinción de la trayectoria de empresas que resultan dignas de mención por su esfuerzo, implicación y contribución al desarrollo económico local, así como su capacidad transformadora o su fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

1. Empresa

2. Mujer Empresaria

Para participar en los Premios Gijón Impulsa 2026, las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico hasta el 30 de octubre al correo empresas@gijon.es , junto con la documentación requerida en las bases.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha explicado que los Premios Gijón Impulsa cumplen 22 años reconociendo a quienes hacen crecer nuestra ciudad desde la iniciativa, el talento y la capacidad de innovar. Queremos que esta edición vuelva a ser un espacio para descubrir y reconocer el talento que hay en Gijón/Xixón, tanto en quienes están poniendo en marcha nuevas iniciativas como en aquellas empresas que, después de años de trayectoria, siguen siendo referentes y una pieza fundamental de nuestra economía“.

Las personas interesadas en conocer más detalles y las bases de la convocatoria pueden consultarlos en la web gijonimpulsa.es, a partir de mañana o bien llamar al número de teléfono 984 84 71 00 o a través del correo electrónico empresas@gijon.es.

Desde el año 2005 en el que tuvo lugar la 1ª edición, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón viene apostando por la celebración de este evento con carácter anual, con la finalidad de fomentar y estimular el desarrollo de la cultura emprendedora, así como potenciar la creación de actitudes positivas hacia la iniciativa empresarial, mediante el reconocimiento de las empresas y personas emprendedoras que han destacado en diferentes ámbitos de actuación, premiando y difundiendo el talento emprendedor presente en la ciudad.

A lo largo de estas ediciones se han premiado a más 130 de empresas y proyectos empresariales, y recibido casi 800 candidaturas.

Son 180 millones que impulsarán proyectos para desarrollar asistentes digitales, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial o ciberseguridad. El Gobierno ha resuelto las convocatorias Red IA y Red IA Salud, seleccionando 372 candidaturas de empresas de todas las comunidades autónomas, el 70% de ellas pymes, para incorporar sistemas de inteligencia artificial al tejido productivo español.

“Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA. Pero la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas”, ha manifestado este lunes el ministro Óscar López durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la principal patronal de la economía digital, celebrado en Santander.

Hasta 50 millones de la partida se destinarán a financiar 72 proyectos del ámbito sanitario. Las iniciativas cubren distintas fases del proceso médico, como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la respuesta ante emergencias.

Según los datos del Ejecutivo, España es uno de los países europeos donde las empresas están adoptando la tecnología de la IA más rápidamente. “Superamos a países como Francia o Italia”, defienden fuentes gubernamentales. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran “fundamental” que el país gane la carrera por una de las gigafactorías europeas de IA. Estas infraestructuras pretenden concentrar grandes centros de datos junto a los mejores investigadores del continente para desarrollar modelos de IA avanzada.

“Estoy totalmente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras en las factorías de IA de Europa, un proyecto que va a movilizar más de 4.000 millones de euros”, ha expresado López en Santander. Durante el evento, desde su equipo han recalcado la “solidez” de la candidatura, que ha recibido más de 700 millones de euros públicos, en un consorcio público-privado que lideran Telefónica, el Banco Santander y ACS.

“Estos socios aseguran que la candidatura sea robusta, pero es mentira que los beneficios se vayan a quedar en cuatro grandes empresas. Una vez que estén construidas, la Comisión Europea va a comprar capacidad de supercomputación a estas gigafactorías. Y dentro de esos proyectos, una parte muy importante va a ser precisamente para facilitar el acceso de las pymes a esta supercomputación”, continúan las mismas fuentes.

“Las grandes empresas pueden invertir en capacidad de supercomputación, pero las más pequeñas no. Lo que queremos es acercar esa capacidad a todas las empresas”, insisten: “No hay que ver la IA solo como la última tecnología, sino como un elemento clave en toda la cadena de valor. Está en la minería de las tierras raras, gestión de recursos críticos, chips, redes, Internet de las cosas, nube, software, logística... está en todas las capas de desarrollo”.

Control de los centros de datos para evitar “la burbuja”

Desde el Ejecutivo creen que hay tres pilares para que el avance de la IA no genere repulsa y protestas, como está ocurriendo ya en EEUU y algunos países europeos. Uno es facilitar ese acceso a sus capacidades para todas las empresas. El segundo son las leyes para frenar sus efectos adversos o no consentidos, como la generación de imágenes sexualizadas sin permiso. El tercero, el control de los centros de datos, un punto que ha centrado las conversaciones en el encuentro de Santander.

Tal y como avanzó elDiario.es la pasada semana, varios ministerios están trabajando en una nueva regulación para estas infraestructuras que sobre su impacto medioambiental o el mantenimiento de la soberanía española sobre lo que ocurre en su interior y los datos que utilizan.

El anuncio ha provocado críticas desde algunos sectores, que consideran que medidas como la obligación de abastecerse en un 80% de energía sostenible puede frenar la inversión extranjera. “No entenderíamos que hubiera problemas ahora con estos requisitos, ya que todas las empresas que han instalado sus centros de datos aquí lo hacían prometiendo que iban a ser 100% sostenibles y soberanos”, contestan desde el departamento de Transformación Digital que dirige López.

“Todo el mundo sabe que en el sector de los centros de datos se estaba generando una burbuja”, defienden, recordando que las peticiones de instalación de estas instalaciones se multiplicaron por tres en dos años. Muchas de esas solicitudes eran empresas que no planeaban construir esas fábricas de IA, sino especular con el acceso al suelo y la electricidad, argumentan. “Eso había que frenarlo y es lo que hemos hecho”.

El ministerio enmarca la regulación como una respuesta preventiva a un fenómeno que ya se observa en otros países: en Irlanda, los centros de datos absorberán este año en torno al 23% de la energía del país y podrían llegar al 32% en 2030. En Estados Unidos la cifra ronda entre el 25% y el 30% en algunos estados, lo que está provocando un encarecimiento de los precios de la energía y disparando la oposición a estas infraestructuras, que ya alcanza un 25% según algunas encuestas.

El Gobierno prevé aprobar mañana martes en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas para la ciudad de Ceuta ante la crisis que afronta tras la multitudinaria entrada de migrantes a finales de julio, de 168 millones de euros. Entre ellas, se pretende incluir ayudas a la contratación y unos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) reforzados con más derechos tanto para las empresas como los trabajadores, ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes de Trabajo a elDiario.es.

Por un lado, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras, indican en el departamento de Yolanda Díaz.

El presidente Pedro Sánchez, en una entrevista esta mañana en la Cadena Ser, ha mencionado que estas bonificaciones se aplicarán también en la ciudad de Melilla, con realidades migratorias similares (aunque no afectada por esta crisis de finales de julio).

Sánchez ha destacado que este plan equivale “al 8% del PIB” de la ciudad autónoma de Ceuta y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local.

Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros, ha recordado el presidente del Gobierno.

ERTE reforzados como en la pandemia

Por otro, se legislará un refuerzo de los ERTE por fuerza mayor, como ocurrió durante la pandemia, con más ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas y más derecho al paro para los trabajadores afectados para reforzar el empleo ante esta crisis migratoria y social, en la que cientos de personas que entraron a Ceuta hace un mes están viviendo en la calle. Fuentes de Trabajo explican que esta medida también se aplicará a Melilla.

Así, se pretende aumentar las exenciones de pago de cotizaciones en estos ERTE del 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al “100%”, sostienen en Trabajo.

En cuanto a la protección por desempleo, se prevé regular un “acceso pleno”, sin el mínimo cotizado habitualmente requerido, así como “sin consumo a la prestación por desempleo”.

Sobre si habrá más medidas laborales en el real decreto que se aprobará mañana, en el Ministerio de Trabajo no dan más detalles por el momento y sostienen que se “está ultimando” un “conjunto de actuaciones específicas para Ceuta destinadas a proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas”.

Es uno de los movimientos empresariales del verano: la salida a bolsa de Shein, el gigante chino del 'fast fashion' online. En solo unos años, se ha convertido en uno de los principales operadores del sector gracias a un inmenso catálogo de productos y unos precios tan bajos que han llevado a Bruselas y Washington a poner en marcha aranceles para tratar de desincentivar sus envíos 'low cost'.

No es un salto al parqué que haya pillado por sorpresa al mercado. Al contrario. Es un movimiento del que lleva hablándose varios años y que es relevante por varios motivos. Por un lado, porque es una de las grandes salidas a bolsa de este año que no están estrechamente vinculadas a la inteligencia artificial (IA) o al sector puramente tecnológico. Por otro, porque supone saber cuánto vale una empresa que ha basado su actividad en los envíos a domicilio de moda, complementos y artículos de todo tipo, de bajo coste y consumo rápido y, que en diferentes ocasiones, ha sido cuestionada por su modelo de negocio.

Analizamos las claves de esta operación, que, además, se produce en un momento en el que las bolsas pasan, de un día para otro, de las mieles de las cotizaciones récord a lanzar señales de cierta alarma por el miedo a una burbuja generada por la IA y el alto endeudamiento tanto de las empresas como de los Estados.

Una valoración a la baja

Shein ha estado varios años decidiendo si salir o no a bolsa y dónde hacerlo. Eso es clave porque de ello depende la regulación y el grado de información que tiene que dar a los inversores. Además, uno de los pasos más delicados de una compañía que decide salir al mercado es asumir cuál es la valoración que aceptan quienes van a comprar sus acciones, cuánto dinero están dispuestos a pagar por cada título y, en consecuencia, cuál es el precio de la empresa en cuestión.

En el caso de Shein, la compañía ha visto como esa valoración ha ido recortándose con el tiempo. Hace casi dos años, la empresa asiática realizó una ronda de financiación –el movimiento que busca dar entrada a inversores sin tener que pasar por bolsa– donde su valoración alcanzó los 66.000 millones de dólares. Y, desde entonces, esa cifra ha ido a la baja. Hace unas semanas se habló de cerca de 45.000 millones, hace unos días se rebajaron las expectativas y, finalmente, se queda en los 27.0000 millones de dólares, el equivalente a algo más de 23.000 millones de euros al cambio actual.

También hay que aclarar que no salen a cotizar todas las acciones, simplemente una pequeña parte, para captar fondos por valor de unos 1.500 millones de euros, con los que la empresa quiere financiar su crecimiento. Con este paso cambiará la estructura accionarial de Shein, compuesta por títulos con diferentes tipos de derechos. Hasta ahora –aunque la empresa no ha desglosado todos los detalles– se sabía que los cuatro cofundadores de la compañía controlaban el 65% de la sociedad holding Shein Global Holdings Ltd, registrada en las Islas Caimán, a través de sus diferentes vehículos de inversión; mientras que firmas de como IDG y Sequoia Capital poseían las participaciones restantes.

Tropiezo de sus resultados

Shein ha dado bastante información al mercado sobre su negocio, pero también se ha guardado muchos detalles por considerarlos confidenciales, por ejemplo, sobre cómo es su estructura accionarial, esos diferentes tipos de acciones y derechos.

Lo que sí reconoce es que su resultado neto no vive su mejor momento. Explica que en los tres primeros meses del ejercicio en curso obtuvo números rojos por valor de 99 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año anterior ganó 395 millones. Justifica esas pérdidas por el deterioro del valor razonable de sus acciones preferentes convertibles, por valor de 328 millones de dólares estadounidenses. Ya en el conjunto del pasado 2025 perdió cierto brillo, porque en el folleto de salida a bolsa desglosa que su beneficio se redujo casi un 40% –hasta 2.064 millones de dólares– y también retrocedieron sus ventas un 8%. Unos ingresos que superaron los 41.800 millones de la moneda estadounidense.

No fue el mejor año para sus resultados en un sector que va claramente al alza. La compañía explica en ese informe que el negocio de la moda online ha pasado de generar 522.000 millones de dólares en 2021 a 606.000 millones de dólares en 2025. Y seguirá la misma senda, porque espera que llegue a 792.000 millones de dólares en el año 2030, cuando el 40% de toda la moda que se venda se comercializará a través de las tiendas online.

Subida de precios en Europa y EEUU

Además de reconocer que sus ventas no brillan, especialmente en Estados Unidos, Shein desglosa en su folleto para inversores que las medidas arancelarias puestas en marcha por la Casa Blanca y la Unión Europea le encaminan a una subida de precios, algo que ya ha hecho en el mercado norteamericano.

“Estas medidas incrementarán los costes y los gastos asociados a las ventas en la UE”, asume en el citado informe. Es relevante porque de Europa depende más del 30% de sus ingresos.

“Al igual que en el mercado estadounidense, prevemos implementar diversas opciones” y, entre ellas, incluye “el aumento de nuestros precios”. Eso “podría producir un impacto adverso a corto plazo en nuestro volumen de ventas en Europa a medida que aumentamos los precios para compensar parte del incremento de costes, si bien es demasiado pronto para evaluar plenamente el impacto a largo plazo”, refieren.

Además, según recoge la agencia EFE, la compañía ha estado vendiéndose entre los inversores como el equivalente a Amazon Web Services (AWS) en el sector de la moda, es decir, como una plataforma en la que vender. También ha adelantado que pretende realizar compras y llegar a acuerdos con empresas de retail que afrontan problemas operativos o no consiguen aumentar su escala, integrándolas dentro de su estructura.

Litigios multimillonarios y el peso de los 'influencers'

En esa documentación depositada en la Bolsa de Hong Kong, Shein también reconoce que tiene por delante varios procedimientos legales y regulatorios en los que, si se falla en su contra, pueden suponer una factura cercana a los 3.800 millones de euros, en una información adelantada por el diario económico Cinco Días.

Uno de esos casos tienen que ver con la comercialización en Francia de muñecas sexuales con aspecto infantil. Otros están ligados a los derechos de los consumidores, a la información medioambiental de sus productos o al uso y protección de datos personales de sus clientes.

Además, Shein reconoce que su modelo de negocio está muy ligado a los influencers. “Las redes sociales y el marketing digital impulsado por personas influyentes (influencers) han contribuido al crecimiento de nuestra base de clientes”, señala en el folleto.

“Si no logramos desarrollar y mantener relaciones positivas con dichas personas, nuestra capacidad para promover y mantener el reconocimiento de la marca, así como para aprovechar las plataformas de redes sociales para dirigir tráfico a nuestras aplicaciones móviles y sitios web, podría verse afectada negativamente”, admite. “En consecuencia, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y hacer crecer el negocio se vería perjudicada”. También, que si la reputación de esos influencers'se resiente, eso puede afectar a su marca.

La representación gráfica de la seguridad en el trabajo ha estado tradicionalmente ligada a elementos tan tangibles como un casco, unas botas específicas, unas gafas de protección, un arnés o un extintor. Sin embargo, hoy las principales amenazas para la salud de los trabajadores no siempre son visibles, se gestan en la organización de tareas, en la presión del tiempo, la relación entre compañeros o la falta de apoyo emocional.

Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en proceso de ser actualizada, 30 años después de su entrada en vigor, tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los principales sindicatos el pasado mes de febrero, el tema ha cobrado además una importancia sin precedentes en un momento en el que la derecha política agita el concepto de “absentismo laboral” contra los trabajadores acogidos a bajas e incapacidades.

“A nivel europeo, se ha transitado desde un déficit de protección, al incluirlo como soft law o derecho blando, a la consideración de la salud mental como derecho humano fundamental”, explica Ana Belén Muñoz Ruiz, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre el impulso institucional que supuso el cambio de paradigma. Esta dimensión reforzada de la salud mental, que ya incorporó el Parlamento Europeo en su resolución del 5 de julio de 2022, se espera ver reflejada en la próxima reforma española.

Pero la legislación a menudo convive con un arraigo cultural que la contradice. En este caso, a pesar de que la obligación teórica es evaluar todos los riesgos laborales que existen desde hace tiempo, Muñoz Ruiz señala que en la práctica diaria sigue habiendo un sesgo evidente: “Para un grupo mayoritario de empresas, todavía es más visible y prioritario prevenir un riesgo físico, como una caída o un golpe, que tener un plan de salud mental que identifique y aflore este tipo de riesgo en la organización y establecer medidas para evitarlo o minimizar sus efectos”.

El precio de la falta de prevención de salud mental en el entorno laboral

El coste económico y social de este descuido corporativo es que la incidencia de las bajas médicas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60% entre 2017 y 2024 y la duración media de los procesos se ha incrementado de forma significativa en las patologías de mayor gasto público, en particular los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas, asegura la experta, que cita datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte de que los riesgos psicológicos y sociales causan más de 840.000 muertes anuales y representan una pérdida del 1,37% del PIB mundial.

“Uno de los errores más comunes podría ser considerar que hay trabajadores más débiles o más sensibles a la 'presión laboral'”, advierte la catedrática sobre culpar a la víctima en lugar de revisar la estructura corporativa. “Siguiendo este razonamiento, se percibe que la salud mental es un riesgo ajeno a la empresa y que pertenece a la esfera personal del trabajador”, añade.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo coinciden en que la salud mental es una responsabilidad organizativa y preventiva de las propias empresas. “Entre los factores que pueden poner en riesgo la salud mental de los trabajadores destacamos la mala organización, que en ocasiones se traduce en una carga de trabajo desproporcionada; la conflictividad laboral no resuelta, la falta de transparencia en las condiciones de trabajo, como reglas poco claras con relación a la promoción profesional, y la precariedad laboral”, resume Muñoz Ruiz.

Las señales que pueden manifestar mala salud mental en la organización

“Es habitual que las empresas consideren que los aspectos organizativos, como el estilo de mando o la organización de la carga de trabajo, son un terreno exclusivo de las empresas”, matiza la profesora. “Sin embargo, en la medida que dicha organización puede afectar a la salud de los trabajadores, debería haber mayor participación y escucha de los trabajadores”, agrega.

Para las empresas, el deterioro del clima laboral suele manifestarse a través de señales claras que en ocasiones son ignoradas o malinterpretadas. “Uno de los indicadores de una mala salud mental en la organización podría ser el número elevado de bajas o que exista una rotación inusual de las personas trabajadoras si lo comparamos con las ratios del sector”, señala la experta, que añade que “el nivel de riesgo sería mayor e inaceptable cuando se produjeran suicidios”.

Además de las bajas médicas y la rotación, según la guía ‘Cuidar la salud mental y el bienestar emocional en el trabajo’ elaborada por la Federación Salud Mental Castilla y León, existe otro fenómeno dañino y silencioso: “el presentismo”, que consiste en acudir físicamente al puesto de trabajo estando enfermo, agotado o desbordado emocionalmente, lo que impide rendir adecuadamente y perpetúa el desgaste mental de la persona.

Frente a la inacción, la profesora Muñoz Ruiz es optimista sobre la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que introducirá en España obligaciones explícitas y contundentes para las empresas. En concreto, destaca la propuesta de modificación del artículo 16.2 de la LPRL que detalla que “en la evaluación y en la planificación de la actividad preventiva se tomarán en consideración todos los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras y sus interacciones, incluidos los psicosociales”. También la reforma del artículo 22 reafirmará que forma parte del deber empresarial “garantizar la vigilancia de la salud física y mental”, y obligará a ir mucho más allá en los reconocimientos médicos de rutina.

Más allá de ofrecer cursos aislados, talleres de mindfulness o encuentros de equipo los viernes, la experta apunta que cuidar la salud mental de los trabajadores requiere del compromiso real de la organización. “Debería traducirse en una mejor planificación de la actividad laboral, una evaluación de la carga de trabajo y que los trabajadores perciban que las empresas tratan de evitar el riesgo de deshumanización que puede suponer el uso de la tecnología emergente”, concluye.