Vítor Belho no se lleva a engaño. “Queremos vivir de nuestro trabajo, y vivir lo mejor posible, pero Nordesía no nació para ganar mucha pasta. Pretendíamos ser un activo para la mejora de la comunidad musical, desde la convergencia entre tradición y modernidad”, asegura. Una empresa cultural, fundada hace ahora 30 años por Paco de Pin y el mismo Belho, que entiende que su función va más allá de lo mercantil, añade. “Las grandes cifras económicas ocultan la realidad diversa de la música popular, que a veces tiene dificultades para emerger”, sostiene, “nosotros seguimos creyendo en los artistas que se expresan desde la propia creatividad”. Nordesía, compañía clave en el despegar del folk gallego en los 90 y en la apertura a las músicas globales de raíz, celebra este sábado su cumpleaños con un concierto en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

El discurso de Belho sobre el estado de la cuestión musical en Galicia (y en el Estado) es crítico. Pese a ser uno de los empresarios culturales gallegos de mayor impacto, desconfía de lugares comunes. “Soy una persona observadora y reflexiono. Ahora mismo estoy más en el paradigma de los derechos culturales que en el de la industria cultural”, afirma. Es su respuesta a la pregunta por las decepciones que, al frente de Nordesía, vivió en estos 30 años. “Quizás la mayor frustración es ver que el dilema entre la dimensión económica y la dimensión social de la música, de la cultura, se inclina hacia lo económico como indicador principal”, dice. Los grandes números -cachés, públicos, conciertos- imponen una lógica perversa, uniformizadora. “Y acaban por arrastrarnos a todos, porque también se imponen en la contratación pública. Si no eres relevante en esos términos, no tienes espacio”, aduce.

Belho cita las investigaciones del periodista catalán Nando Cruz, colaborador de elDiario.es, como reveladoras. Sintetizadas en dos libros, Macrofestivales. El agujero negro de la música (Península, 2023) y Microfestivales y otros festivales posibles (Sílex, 2025), abogan por una reformulación del mapa de la música en directo y una valorización de experiencias al margen o más allá de las citas mastodónticas, insostenibles, con carteles intercambiables y sin ninguna coherencia. “El macrofestival es una tiranía, la explotación del usuario”, considera Belho, “determinado por el efecto FOMO [miedo a perderse algo]”. Contrapone los modelos que Nordesía ha promovido -ImaxinaSons, Sons da Diversidade, Festival dos Abrazos, Cantos na Maré- o promueve, como el Maré. “Buscamos insertarlo en el marco de una ciudad [Santiago de Compostela], que haya una programación diversa, implicada con otros agentes sociales”, defiende. Por los escenarios de su última edición pasaron músicos palestinos o brasileños, mexicanos o andaluces, gallegos o suizos.

“Hay una carrera por el crecimiento constante, una apuesta por la cantidad, que no compartimos. Hay que poner perspectiva, porque sino”, se extiende, “acabaremos con los lugares donde nace la música. Que son los templos de la cultura, alimentados por el poder en sentido amplio, sino los barrios, los pueblos. La música es más que un negocio”.

Talento potencial, déficit de contexto

Y en absoluto estas tres décadas de historia se reducen a una mirada pesimista. Nordesía tiene sus orígenes remotos en el Festival Folk Cidade Vella de Santiago de Compostela, que Belho dirigió entre 1987 y 1995. Fue cuando conoció a Paco de Pin, experto en las áreas técnicas del espectáculo. El último año actuaron Salif Keita, La Vieja Trova Santiaguera, Berrogüetto o Sharon Shannon. “Ya tenía cierta envergadura pero acabó abruptamente”, dice sin ahondar en los motivos. “Pero Paco y yo detectábamos un potencial de talento brutal en la música gallega y un déficit de contexto y capacitación”, señala, “queríamos abrir las músicas de raíz y explorar, desde ellas, una mirada al mundo”. Constituyeron Nordesía.

Los objetivos iniciales no estaban claros. Su “manifiesto poético ideológico” citaba la vanguardia histórica del poeta Manuel Antonio y el Laboratorio de Formas, núcleo teórico del Sargadelos de Díaz Pardo y Luís Seoane. Las intersecciones entre industria, cultura y política. El nombre lo recogieron de una exposición de Antón Reixa, otro poeta y, al frente de Os Resentidos, pionero del rock avanzado en gallego. El proyecto fue adquiriendo forma sobre la marcha. Además de “la proyección al mundo del talento gallego”, la profesionalización del sector fue otra de sus batallas.

“Cuando empezamos, se pagaba en sobres, no había altas y bajas en la Seguridad Social, ni seguros de ningún tipo”, recuerda, “nosotros impulsamos el convenio autonómico de servicios y productoras culturales, creamos la Asociación Galega de Empresas Culturales, fuimos consejeros en la creación de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) durante el gobierno bipartito”. La participación en foros, ferias y encuentros “en los cinco continentes” o la organización de tres ediciones del Womex -uno de los principales mercados de las llamadas músicas del mundo- en Galicia son algunos de los hitos que destaca el propio Belho.

Proliferación espontánea de foliadas

El mundo ha cambiado. Y el mundo de la música, de manera singular en estos 30 años. Belho cita la metamorfosis de los soportes musicales -casetes, vinilos, cedés, Internet- y lo que describe como crecimiento exponencial del tejido creativo y empresarial. “Soy reticente a hablar de industria cultural para el caso gallego, prefiero hablar de tejido cultural”, puntúa, “pero hoy en día hay aspectos de la música popular que están normalizados y creo que es un triunfo”. Se refiere, por ejemplo, a la proliferación espontánea de foliadas y seráns, “algo que sucede de forma natural y orgánica, no siempre sobre un escenario”. La música gallega actual en la que más se fijan en Nordesía bebe, precisamente, de esas fuentes.

Belho no es, sin embargo, adanista. Le entusiasma el éxito de audiencia de propuestas como Tanxugueiras -cantareiras seducidas por los llamados ritmos urbanos- o The Rapants -indie dance cantado en gallego- pero recuerda que ya a finales de los 90, artistas como Carlos Núñez, Berroguetto o Luar Na Lubre -estos aún activos- “llenaban A Quintana [emblemática plaza de la zona vieja de Santiago de Compostela] con entrada de pago”. “Aquellos artistas constituían un verdadero movimiento que trabajaba la riqueza musical, tímbrica y sonora del país”, considera. ¿La diferencia? La mayor visibilidad mediática, el fenómeno de las redes sociales y una comunidad que actúa, contesta. Y aunque alerta de las alarmantes estadísticas que indican cierto retroceso de la lengua gallega, concluye: “Hoy en día la sociedad es más permeable a estímulos culturales propios”.

Por el palco de la Sala Capitol de este sábado, 24 de abril, donde Nordesía celebrará sus 30 años, desfilarán raperos -Lumedoloop-, jazzeros y renovadoras de la canción de raíz popular -A Pedreira & Alejandro Vargas, una de las responsables de la redignificación de la pandereta -Felisa Segade, de Leilía-, gaiteiros escorados al pop -Budiño-, una cantante referente de la recuperación del folclore gallego -Uxía- e incluso habrá presencia africana, mozambiqueña más concretamente -Cheny Wa Gune.

Seis trabajadores de una empresa de tintas han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y gases: dos de ellos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño con problemas respiratorios para una mejor valoración. Han sido los propios empleados los que alertaron a SOS Rioja 112 del incendio en la empresa ubicado en la calle Majuelo en el Polígono de Cantabria I en Logroño.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, dos técnicos de protección civil del Gobierno de La Rioja y además también se ha dado aviso a la Policía Local y Nacional.

Tras la intervención, los recursos desplazados informan de que el incendio se ha originado en una picadora que ha generado chispas en la nave Interchip. El fuego ha sido sofocado por los propios trabajadores de la empresa con extintores y el uso de una boca de riego e hidrantes.

Bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de remate, asegurando el proceso de extinción y ventilación de la nave. Seis trabajadores de la empresa precisaron atención sanitaria por inhalación de humo y gases. Dos de ellos han sido trasladados al servicio de urgencias del Hospital San Pedro con problemas respiratorios y para una mejor valoración hospitalaria.

Ya se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) la futura planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel va a instalar entre el núcleo urbano de Puertollano (Ciudad Real) y el polígono industrial de La Nava de la ciudad. Su primer expediente está en información pública hasta finales de junio y, si recibe posteriormente luz verde ambiental, se convertirá en la primera acería de estas características en España y Europa.

Se considera acero verde el producto elaborado mediante tecnologías que eliminan o reducen drásticamente las emisiones de CO2 durante su fabricación, utilizando hidrógeno verde en lugar de carbón. Se basa, por tanto, en energías renovables para lograr un proceso libre de combustibles fósiles, constituyendo una alternativa sostenible con una huella de carbono “cercana a cero”. 

Este tipo de material es considerado desde hace años “un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática”, aunque actualmente, según BBVA, su coste de producción es mayor que el del acero tradicional. No obstante, muchos expertos prevén que es el futuro de la metalurgia, alineado con la economía circular.

Fabricar acero verde es actualmente más costoso que el convencional, con primas estimadas entre 120 y 170 euros más por tonelada en Europa para 2026, llegando incluso a reportarse costes operativos superiores a los 1.000 euros por tonelada mediante rutas de hidrógeno. Esto representa un incremento de aproximadamente el 40% sobre el acero tradicional, principalmente debido a la alta inversión en tecnología de hidrógeno y electricidad.

Pero tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la empresa Hydnum Steel parecen haber hecho sus cálculos de cara la futura planta de Puertollano. Esta ciudad es ya un nodo estratégico y referente en hidrógeno verde (H2V) en Europa. Alberga la planta de Iberdrola, la mayor de uso industrial en su inauguración hace cuatro años. Utiliza el cien por cien de energía renovable (solar fotovoltaica con 100 megavatios y baterías con 20 megavatios por hora) para producir hidrógeno destinado a la fábrica de Fertiberia.

Es esta ciudad se encuentra también el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), una instalación científica dedicada a la investigación, desarrollo y validación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Impulsa la transición energética mediante proyectos de I+D, simulaciones y la homologación de componentes para transporte, energía y la industria.

Estos factores son todo ventajas para Hydnum Steel. Además, el hecho de que su acería verde se tramite como PSI significa que sus trámites urbanísticos y administrativos serán más ágiles: el Ejecutivo regional considera que es un “proyecto prioritario”, es decir, con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto de su solicitud de autorización ambiental ya se ha sometido a información pública, según la resolución de la Consejería de Fomento publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM). El Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, según el Ejecutivo. En total, la planta prevé crear más de 1.000 empleos directos y alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, revitalizando una zona con alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un proyecto prioritario pendiente de su impacto ambiental

Debido su catalogación especial, la tramitación urbanística del proyecto se está realizando conforme la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha. Después de este proceso de participación, el Gobierno regional debe realizar el informe de impacto ambiental conforme a la normativa de prevención y control de la contaminación. Será entonces cuando se conozcan sus posibles afecciones al medio ambiente y al propio núcleo urbano de Puertollano.

Precisamente, en la resolución de Fomento se indica que Hydnum Steel tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente “un 98% de reducción” respecto a la generada con los procesos actuales, realizados mediante altos hornos y hornos de oxígeno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como “suelo urbanizable”, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial en la Barriada del Río Ojailén.

Sobre esta zona ya avisó en un informe previo la Consejería de Cultura, en la elaboración previa del Inventario de Patrimonio Cultural: ahí se constata que parte los terrenos afectados por el proyecto se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica 'Costanillo'. Se encuentra en una terraza en el margen izquierdo del río Ojailén. Es una zona llana, en gran parte alterada por las explotaciones mineras y el desvío del cauce, en la que hay localizada “abundante materia prima de cuarcita”.

También incide en esta cuestión arqueológica la asociación Ecología y Libertad en su informe previo a la autorización ambiental. Y alerta además del impacto paisajístico por la altura de 55 metros que prevé la fábrica “en medio de la llanura característica de la Mancha”. Alerta igualmente de las consecuencias en la olivarera de Puertollano: afirma que la actuación requerirá que sean arrancados “un gran número de pies arbóreos” que funcionan como sumidero de carbono.

Al margen de los escritos previos y mientras se realiza la evaluación ambiental, el documento publicado en el DOCM ya precisa que la actuación comporta afecciones a la ordenación estructural. Asimismo, a fin de posibilitar los usos previstos en el PSI, se generan unas “condiciones particulares” según las ordenanzas municipales para definir los parámetros urbanísticos de cada una de las parcelas resultantes.

En total, en la resolución se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias. El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior y para conectar con las infraestructuras necesarias.

Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el “adecuado funcionamiento” de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a los que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los “ajustes de diseño” que se deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Simultáneamente al trámite de información pública, se consultará a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones.

Hydnum Steel llegó a presentar su proyecto en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso: “Cero emisiones”, “cero vertidos” y energía renovable para descarbonizar la siderurgia, una industria que representa casi el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global.  

Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua

“Otra forma de producir acero es posible”, afirmó en las Cámara Baja la CEO de Hydnum, Eva Maneiro. Indicó que la planta de Puertollano será un “modelo de sostenibilidad hídrica” gracias a su sistema pionero de reutilización de aguas residuales. “Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua”, añadió.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha reconocido a esta empresa como uno de los cinco proyectos “más innovadores a nivel global en la carrera por descarbonizar la producción de acero”.

Según las previsiones de la empresa, Europa necesitará producir hasta 30 millones de toneladas de acero verde para 2030, un reto que “solo podrán asumir aquellos que inviertan ahora en innovación y sostenibilidad”, afirma.

Digitalización y agua

Una de las características más innovadoras que promete Hydnum Steel es el uso del ‘Gemelo Digital’ desarrollado junto con Siemens, socio estratégico del proyecto, que permitirá optimizar todos los aspectos del proceso productivo en tiempo real, “mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de recursos”. Es más, la empresa también presume de su “corazón digital”. Quiere aplicar la innovación tecnológica, la digitalización y la Inteligencia Artificial en todos sus procesos.

El consumo de agua es igualmente clave en el proceso. Aunque la empresa todavía no especifica cuál será el volumen de su consumo, afirma que utilizará “tecnología de vanguardia” para minimizar su consumo: reciclar aguas grises y residuales de forma que sean aptas para su uso en el proceso productivo de la planta; y el agua utilizada se volverá a tratar para incorporarla de nuevo al sistema.

En los informes previos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide que el Estudio de Impacto Ambiental incluya con detalle las actuaciones a realizar y un análisis de todos los posibles impactos que puedan producirse sobre las masas de aguas.

Demanda asimismo un listado con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los “efectos perjudiciales” que pudieran producirse en las distintas masas de agua como consecuencia del proyecto y para hacer compatible la actuación proyectada con el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas vigente, durante la fase de construcción de las instalaciones y durante los años que dure su explotación.

La ubicación de la planta en Puertollano no es casual. La zona, en su momento muy desfavorecida por el declive la minería, cuenta ahora con una infraestructura industrial sólida, y tanto las administraciones como la empresa la consideran un nodo estratégico de producción de hidrógeno verde y energías renovables, “elementos clave para el éxito del proyecto”.

Además del apoyo del Gobierno regional, el proyecto también cuenta con el aval del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz (PP), quien ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción tras la aprobación inicial del proyecto.

Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible

El edil ha subrayado que este avance “supone un paso importante y marca un punto de no retorno hasta la colocación de la primera piedra”, y ha destacado la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo económico e industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano se ha reiterado el compromiso firme de colaborar activamente en la agilización de todos los trámites necesarios y de “eliminar cualquier obstáculo administrativo” que pueda retrasar su puesta en marcha. “Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la relevancia social del proyecto, especialmente para los jóvenes de la ciudad, quienes ven en esta acería una oportunidad real de empleo y de desarrollo profesional. “Este proyecto debe responder a las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, fijar talento y generar oportunidades en nuestra tierra”, ha añadido.

La consultora tecnológica Inetum ha anunciado este jueves un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 425 trabajadores, el equivalente al 5% de su plantilla en el país, que ronda los 8.500 empleados.

La medida, según ha comunicado la empresa, se enmarca en su estrategia de transformación y llega tras un “exhaustivo análisis técnico y de capacidad” de la organización. El ajuste se aplicará exclusivamente en Inetum España SA.

Ajuste sobre perfiles técnicos

El ERE afectará a perfiles técnicos, mientras que la compañía asegura que no alcanzará a empleados de servicios centrales o de soporte. Inetum subraya que se trata de una medida “puntual” y descarta que haya fases posteriores dentro de este proceso.

La empresa también afirma que no contempla la supresión de líneas de negocio. Por lo que apunta la empresa, no habrá impacto en la prestación de servicios a clientes ni en la actividad diaria.

Un mercado “altamente competitivo”

La multinacional enmarca el ajuste en la fuerte presión competitiva que atraviesa el sector tecnológico en España, especialmente por parte de grandes grupos internacionales.

A este escenario suma otros factores como la transformación del mercado del talento y la incertidumbre económica y política, que tal y como señala la compañía, obligan a adaptar su estructura para responder a nuevas demandas.

Reorganización y modelo de ‘delivery’

Inetum defiende que el objetivo de la medida es reorganizar su operativa con una “visión de futuro”, evolucionando hacia un modelo de prestación de servicios 'delivery' más transversal y dinámico.

La dirección asegura que el proceso se abordará bajo criterios de “responsabilidad social, transparencia y respeto” hacia la plantilla, en un ajuste que, insiste, busca reforzar su posicionamiento en el mercado español.

¿Qué sería de los libros si no hubiese nadie que los escribiera? ¿Y nadie que los leyera? ¿Y qué sería de ellos si nadie los editara y los diese a conocer? En España en 2024 se editaron más de 89.000 nuevos títulos -según el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta los códigos ISBN inscritos-, tanto de grandes grupos editoriales como de sellos independientes. Sin embargo, las grandes casas editoras copan el mercado, las librerías y las superficies comerciales, como si se tratasen de tiburones, que poco a poco, devoran al pez pequeño.

Cada año, surgen nuevos proyectos que pretenden hacerse un hueco en el sector editorial, luchando contra estos tiburones para fomentar la bibliodiversidad. Ese es el caso de Chamán Ediciones, que este 2026 cumple su décimo aniversario. “No somos una editorial independiente, dependemos de ti, lector”. Así se presentan.

Pedro Gascón siempre ha estado muy vinculado a la cultura, la literatura y la música en Albacete. Además de ser profesor de Lengua y Literatura, también ha tocado en diferentes grupos y editado una revista literaria en la capital. “Isla Desnuda era una revista amateur y cuando ese proyecto terminó la verdad que siempre me rondaba la cabeza montar una editorial”, explica. Y así lo hizo. En 2015, junto a su mujer Anaís Toboso -licenciada en Geografía e Historia, aunque no se dedica a la docencia-, comenzaron los primeros trámites para constituirse como una casa editora. Crearon la página web, buscaron una distribuidora con carácter nacional “ya que queríamos que fuese una editorial con perspectiva nacional, que no se quedase solo en Albacete”.

Chamán es una palabra que es prácticamente igual en muchos idiomas, que está ligado a la magia, en este caso a la magia de la literatura

En marzo de 2016 salió a la venta su primer título, 'Desde el mar a la estepa', al que guarda un cariño especial: “Se trata de una antología poética que aunaba a autores de Albacete, Murcia y Cartagena, y que ya está agotada, pero de la que se editaron 500 ejemplares”.

Pedro asegura que lo más complejo de comenzar con la editorial fue encontrar una imprenta que les ofreciese unos precios que pudiesen asumir y también la distribución: “Hay muchas editoriales en España y que te hagan caso es complejo y difícil, pero tuvimos la suerte de coincidir con uno de los comerciales de la distribuidora con la que trabajamos”, expone.

La nomenclatura de Chamán Ediciones surge a raíz de la propia figura de un chamán, “un nombre que es prácticamente igual en muchos idiomas, que está ligado a la magia, en este caso a la magia de la literatura. También nuestro logotipo es el Gran Chamán de la Cueva de la Vieja, un refugio rupestre que se encuentra en Alpera (Albacete), y aunque no tenemos vinculación con ese pueblo sí queríamos un símbolo que fuese representativo de la provincia”.

Esta editorial independiente tiene un catálogo formado por cuatro colecciones: Chamán ante el fuego -poesía-, Chamán en su senda -narrativa-, Chamanes en trance -didáctica- y Chamanes, a escena -teatro-.

Luchar contra los gigantes y otras dificultades

Tras una década en activo, Pedro Gascón nos cuenta que lo más difícil en la actualidad es competir contra los grandes sellos, que acaba convirtiéndose en una lucha de David contra Goliat en lo que él llama “la dictadura de la novedad”. Gascón apunta que “hay muchas editoriales y se publican muchos libros en España”, donde los dos grandes grupos -Planeta y Penguin Random House- copan todo el mercado y cada semana presentan los catálogos a las librerías con casi diez novedades semanales: “Nosotros publicamos anualmente unos seis o siete libros. Cada semana que vas a una librería hay una avalancha de novedades, donde los grandes grupos atosigan a los libreros. A veces los libros que trajeron la semana pasada ya los han devuelto. Es tremendo. Por eso para las editoriales más pequeñitas la visibilidad es mucho más difícil”.

Sobre este asunto, Pedro considera que “la literatura se está perdiendo un poco en pos del comercialismo salvaje”, donde las redes sociales y el sector audiovisual también influye: “Las editoriales están implementando nuevas maneras de venderse, donde el sector se está enfocando solo al comercio. También con figuras como los bookstagrammers. Pero es cierto que una persona que crea contenido recomiende un libro pues muchas veces hace mucho más que salir en una revista o un suplemento cultural”.

Alcanzar los cinco años como empresa fue un punto de inflexión, donde nos hicimos un pequeño hueco sobre todo en torno al género poético, que es la colección que más se conoce

Otro de los grandes retos a los que se enfrentan las editoriales independientes es a los elevados costes del papel. En 2021, a raíz de la guerra de Ucrania alcanzaba uno de sus picos más altos en el último siglo: “En los diez años que llevamos trabajando hemos visto que ha subido en torno a un 40%”. Esto se suma al nuevo conflicto que ha dejado cerrado el Estrecho de Ormuz, donde Pedro vaticina que también les va a repercutir: “Nuestra imprenta nos mandó un mensaje la semana pasada, diciendo que nos atuviéramos un poco a posibles cambios en la subida del papel. Es un gran problema, porque una subida drástica puede ser el motivo para que cualquier editorial se plantee continuar o no”.

Para Pedro, aunque ocurrió durante la pandemia, “alcanzar los cinco años como empresa fue un punto de inflexión, donde nos hicimos un pequeño hueco sobre todo en torno al género poético, que es la colección que más se conoce” y fortaleció la confianza tanto con lectores, distribuidores y libreros. A pesar de ello, Gascón recalca que “siempre tienes miedo, porque es un mercado muy competitivo”.

Chamán Ediciones comenzó con dos colecciones de las cuatro que poseen en la actualidad, una de poesía y otra de narrativa: “Además de ser lector de poesía, hay que tener en cuenta que los libros de poesía suelen tener una longitud de unas 80 o 90 páginas, a no ser que sea una obra completa, por lo que los costes son asumibles”.

A pesar de ello han publicado historias de muy diversa índole, como novela histórica, social o de viaje, poesía surrealista, también de corte social porque “nunca hemos querido cerrarnos a un campo concreto. Anaís y yo como lectores leemos de todo”, explica.

Las nuevas realidades de una editorial independiente

En un mundo dominado por la inmediatez, el consumo rápido y el capitalismo, Pedro se posiciona “siempre por lo literario, antes que lo comercial”. Considera que los libros no pueden tener caducidad y que le parece “un gran logro” que en la sociedad actual todavía se hable de un libro que quizá se publicó hace varios años: “En 2019 publicamos por primera vez a una autora decimonónica del siglo XIX en castellano, y aún hoy nos llegan reseñas de gente muy variada que lo está leyendo. Eso es un gran éxito, que el libro haya perdurado en el tiempo”, expone.

Al hilo de esto, Pedro considera que muchos libros que se publican en estos tiempos “son muy mediáticos, pero pasados seis meses ya nadie se acuerda de ellos, porque son un producto. Nosotros intentamos jugar en otra liga”. Gascón nos cuenta que cuando habla con otros amigos que son escritores se pregunta si “hoy en día una editorial apostaría por la obra de Juan Goytisolo, donde hay un bagaje de estilo, de estudio literario. Hoy la gente lee para disfrutar, no como en los años 1960 o 1970, donde leían por necesidad, y el libro era algo artístico”.

En una sociedad cada vez más visual, la diferenciación y la calidad marcan un papel clave en un sector competitivo como el editorial. Cubiertas “muy reconocibles, con los títulos en vertical e ilustraciones llamativas” hacen de Chamán Ediciones una casa editora que construye una identidad propia. Recalcan que no utilizan la Inteligencia Artificial (IA) en ninguna de las cubiertas y que se sienten “muy orgullosos” de que la gente elogie sus ediciones.

No obstante, en este sector que se ha tornado tan comercial, definen al librero “como la cara amable de toda la industria”, y de esta forma “asumimos que no vamos a tener pilas de libros nuestros en librerías, sabemos muy bien de dónde partimos. Tener un libro de una editorial independiente puede tener un poquito de recelo, ya que es más fácil vender lo que sabes que vas a vender”.

¿Cómo han cambiado los escritores y escritoras?

Chamán Ediciones trabaja tanto con proyectos propios como con manuscritos no solicitados que les llegan a través de su correo electrónico o su página web, aunque en este último caso tienen la recepción cerrada.

En los últimos años, han detectado “un boom en España por el género negro o policiaco” y, a pesar de que ellos no han publicado nada de ese género “porque no ha surgido la ocasión” sí que han recibido propuestas para su colección de narrativa, así como ciencia ficción.

No obstante, Pedro nos cuenta que tanto como editores y como lectores, en las propuestas y manuscritos que leen detectan que existe un auge del “perfil de escritor de taller literario o de taller de escritura”. Apunta que no está en contra de que las personas que quieran escribir se formen en este tipo de taller y que “es algo positivo”, pero considera que se trata de “un sector con un estilo muy plano” y que esto rompe con “autores que tienen su propio estilo, algo que se nota mucho a la hora de leer cuando el autor o la autora se ha creado de manera autodidacta a base de lecturas”.

[Los libros que se publican ahora] son muy mediáticos, pero pasados seis meses ya nadie se acuerda de ellos, porque son un producto. Nosotros intentamos jugar en otra liga

Le preguntamos a Gascón si en alguna ocasión han recibido propuestas editoriales de autores o autoras donde sospechen que las obras se hayan realizado con IA y no puede evitar reírse: “Hasta hace un par de años no lo habíamos intuido, pero hay ciertos matices que se notan. Me ocurrió incluso con un novelista, que yo le enviaba las galeradas y a la hora de hacer las correcciones él corregía a través de la IA y claro, la IA no es perfecta, por lo que chocábamos. Pero bueno, yo soy profesor de lengua y literatura y aun así también cometo fallos”, explica.

Apunta que “con el paso del tiempo la IA será un problema, no para crear obras, sino para detectar si lo ha hecho una persona real o no. La IA es una herramienta positiva para algunas cosas, pero hay que ver quién regula su uso”.

La identidad literaria de Castilla-La Mancha

Pedro nos cuenta que hasta hace dos años, en la región castellanomanchega no existía un Gremio de Editores. “Creamos EDICAM cuando Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas que no tenía gremio todavía. Tiene como objetivo hacer frente un poco a estas problemáticas de las que hemos hablado, de visibilidad de nuestras obras, la distribución... en definitiva ha sido un gran acierto”, expone.

Gascón considera que abrir una editorial independiente en una ciudad como Albacete, en lugar de en otra con mayores oportunidades como Madrid o Barcelona es complicado, sobre todo de cara a la logística. “Yo creía que no, pero como decimos aquí, la realidad me ha dado en el hocico. Al ser de provincias, a la hora de hacer una presentación en Madrid o en una ciudad grande tienes que desplazarte, conocer a mucha gente... es un impedimento, pero no debería serlo en el siglo XXI”.

Le pedimos que nos recomiende un libro de su extenso catálogo para dar a conocer la editorial a aquellos que todavía no saben de su existencia y nos confiesa que aunque siente predilección por la poesía en este momento va a recomendarnos una novela: “Me sabe un poco mal, por dejar a autores fuera, pero si es solo uno diría que 'Osuna' de Jaufré Rudel, un autor de aquí, de Albacete”, expone. Este título, escrito por el autor Francisco Javier Sánchez Rodríguez -a partir de un seudónimo- es una novela histórica que habla de la vida del tercer duque de Osuna, don Pedro Téllez-Girón. “Ha recibido muchos elogios por historiadores, que no es lo normal, ya que cuando se publica una novela de este género suelen tener siempre ciertas reticencias, porque no deja de ser literatura”, matiza Gascón.

A través de 'Osuna', el autor realiza “un análisis de la época del Siglo de Oro, donde aparecen personajes como Quevedo y una panorámica de España, Flandes y también Nápoles o Sicilia, que por aquel entonces eran parte del Imperio español”.

Las bajas laborales de las que hacen uso las personas trabajadoras “no son absentismo”, sino un “derecho”. Así lo ha reivindicado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una rueda de prensa celebrada este martes en la que ha presentado un informe “que ataja los discursos alarmistas y los bulos en torno a las bajas o situaciones de incapacidad temporal”.

El estudio ‘Ni un día menos. Tu derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras’ desmonta los “mitos y falsos argumentos” sobre las bajas, identifica las causas reales de su crecimiento y propone medidas para garantizar la rápida recuperación.

¿Por qué aumentan las bajas laborales?

Según los datos mostrados, dos tercios del gasto público en incapacidades temporales (IT) se explica por la evolución de la población protegida y la mejora de las bases de cotización, mientras que el envejecimiento medio de la población explica el 18,5% del incremento de gasto. El resto obedece a causas puramente objetivas relacionadas con la salud.

La duración media de las prestaciones permanece estable en torno a los 37-40 días desde hace dos décadas, siendo la de atención primaria (39 días) ligeramente inferior a la de las mutuas (45 días).

El informe ha sido presentado de forma previa a la conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que tendrá lugar el próximo 28 de abril. Durante la rueda de prensa, CCOO ha defendido que la prestación de incapacidad temporal es un derecho de las personas trabajadoras que se encuentran enfermas e impedidas para el trabajo durante el tiempo que necesitan para recuperar su salud.

“No es absentismo”

“No es absentismo, como muchos difunden de manera injustificada” ha indicado el secretario general de CCOO, Javier Ortega, al tiempo que ha asegurado que los datos avalan que “no hay abusos generalizados” en la declaración de IT. “Las personas necesitan medios e inversión para recuperar su salud, no que se les criminalice”.

Este es uno de los asuntos a los que también se ha referido la secretaria de diálogo social y salud laboral del sindicato, Raquel Payo. Ante esta realidad “nos encontramos con organizaciones empresariales que insisten en un enfoque erróneo y falto de sensibilidad hacia las personas trabajadoras y, ante el incremento de las bajas, proponen reducir derechos. Los permisos de conciliación, las vacaciones retribuidas, los permisos de formación, las prestaciones por IT no son absentismo, son derechos reconocidos por la ley y los convenios colectivos”.

“No es verdad que cada uno o cada una se coja la baja cuando quiera y sin ningún tipo de control. Creo que eso es hacer de menos al sistema de salud. Al final es coger el rábano por las hojas, extraer consecuencias aisladas para sacar una conclusión generalizada de que el sistema no funciona” ha zanjado Ortega. El control del gasto “que tanto preocupa a los empresarios” no pasa por recortar derechos, sino por “reducir listas de espera”, entre otras causas.

Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

CCOO también ha recordado que este año se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, el sindicato afirma que los accidentes de trabajo “siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas”. A juicio de Raquel Payo, las enfermedades de origen laboral son uno de los mayores retos en materia preventiva porque muchas “están invisibilizadas, cuando no ocultadas”

En cuanto a las cifras que están detrás del drama de la siniestralidad laboral. “Los accidentes de trabajo se han reducido un 3.5% en Castilla La Mancha en 2025, pero 27.170 accidentes, 48 de ellos mortales, siguen siendo cifras inaceptables”.

Este año CCOO desplegará un amplio abanico de acciones reivindicativas con motivo del 28 de abril entre las que destacan concentraciones y lectura de manifiestos en las capitales de provincia y un acto central regional, en Toledo, con una manifestación entre la Puerta de Bisagra y la sede de la patronal Fedeto.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

La reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) mediante el Real Decreto 301/2026 llega a la esfera pública con una mezcla inevitable de oportunidad y reproche. Oportunidad, porque España recupera —al menos sobre el papel— uno de los pocos instrumentos institucionales capaces de ordenar e impulsar las políticas de sostenibilidad empresarial en un momento crítico. Reproche, porque lo hace tras más de una década de inacción en la que ese mismo instrumento quedó, sencillamente, abandonado en un cajón administrativo.

No conviene edulcorar el diagnóstico. El Consejo, creado con ambición en 2008, celebró su última reunión efectiva en 2015. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Mientras la Unión Europea desplegaba un denso entramado normativo sobre información de sostenibilidad, la Directiva de Diligencia Debida o los nuevos criterios de sostenibilidad —taxonomías— para la transición ecológica, España mantenía en estado latente su principal órgano de gobernanza en materia de responsabilidad social. No ha sido una cuestión menor ni un simple olvido burocrático; ha sido la constatación de una alarmante falta de prioridad política en un ámbito que hoy se reconoce como estratégico para el futuro del nuestro modelo económico.

El nuevo Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, intenta corregir esta anomalía. Y lo hace con cambios que, en su diseño, resultan acertados. En primer lugar, refuerza el carácter del Consejo como órgano de participación institucional, manteniendo esa composición cuatripartita que integra administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos y representantes de la sociedad civil. Es esta pluralidad la que otorga legitimidad a cualquier política de RSC que aspire a ser algo más que un ejercicio de relaciones públicas.

En segundo lugar, el decreto actualiza las funciones del CERSE para alinearlas con las exigencias del siglo XXI: la elaboración de informes sobre la calidad de la información de sostenibilidad, la emisión de dictámenes sobre proyectos normativos y su constitución como un observatorio real de la responsabilidad social en España. Sobre el diseño, poco que objetar. Sin embargo, la historia nos enseña que el problema en nuestro país nunca ha sido el diseño de las instituciones, sino la voluntad real de dotarlas de vida.

España no carecía de un Consejo de RSC; lo que ha faltado es voluntad política para activarlo y convertirlo en un espacio de conflicto constructivo y utilidad social. Durante años, la RSC ha quedado atrapada entre dos extremos estériles: la retórica corporativa de los departamentos de marketing, plagada de compromisos grandilocuentes pero escasamente verificables, y una ausencia de estructura pública capaz de exigir coherencia. El resultado ha sido la proliferación de informes de sostenibilidad impecables en su maquetación, pero desconectados de la realidad laboral interna de las compañías.

La reactivación del Consejo no se produce en un vacío. El contexto actual es de una hostilidad creciente hacia la agenda de sostenibilidad. Observamos con preocupación un escenario de repliegue alentado por corrientes políticas reaccionarias —el auge del “trumpismo” y sus ecos europeos— que están empujando a una parte del mundo empresarial a revisar sus compromisos en diversidad, transición climática y derechos humanos. Hay una presión orquestada para trasladar la idea de que la responsabilidad social es un “lujo prescindible” o, peor aún, una desventaja competitiva frente a modelos de capitalismo autoritario o extractivo.

El Consejo debe ser el dique de contención frente al 'greenwashing' —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de 'imagen social'— que amenazan con desvirtuar décadas de avances

Es precisamente en este contexto adverso donde instrumentos como el CERSE adquieren su mayor sentido. No deben ser espacios decorativos para la foto del consenso, sino mecanismos de aceleración y orientación capaces de sostener las políticas de sostenibilidad cuando el viento deja de soplar a favor. El Consejo debe ser el dique de contención frente al greenwashing —lavado de imagen verde— y el socialwashing —lavado de imagen social— que amenazan con desvirtuar décadas de avances.

El decreto apunta hacia líneas de actuación que podrían tener un efecto práctico relevante: el impulso de cláusulas sociales en la contratación pública, el fomento de alianzas para la integración de riesgos climáticos y la futura creación de un sello de responsabilidad social. Pero seamos claros: ninguna de estas herramientas será efectiva si no se acompaña de exigencia, seguimiento y, sobre todo, de participación efectiva.

La responsabilidad social en España necesita que los trabajadores dejen de ser meros espectadores de los compromisos de sus empresas. La verdadera RSC empieza de puertas para adentro. No hay sostenibilidad posible si no hay trabajo decente, si no hay igualdad real o si se ignora la voz de la representación sindical en la definición de la estrategia empresarial. La sostenibilidad no puede ser un anexo al informe anual; debe ser un elemento central del modelo de gestión, evaluable por los propios trabajadores y por la sociedad a la que la empresa sirve.

La pregunta que queda en el aire tras la aprobación de este Real Decreto es obligatoria: ¿Tiene este nuevo Consejo capacidad real para desempeñar un papel transformador o estamos ante un simulacro de reactivación que llegará tarde y se quedará en la superficie?

La historia reciente demuestra que la existencia formal de un órgano no garantiza su impacto. El CERSE necesita una agenda clara, recursos suficientes y, por encima de todo, una voluntad política sostenida en el tiempo que trascienda la legislatura. Pero también exige el compromiso y la implicación real de los cuatro grupos que lo componen —organizaciones empresariales, sindicatos, sociedad civil y las distintas administraciones—, pues sin su corresponsabilidad el Consejo puede ser un caparazón vacío. El Real Decreto 301/2026 abre una puerta que llevaba sellada una década. Lo que está por ver es si existe la valentía real de cruzarla para construir una economía más justa, responsable y sostenible.

La ciudad de Cuenca reunirá el próximo 14 de mayo a empresas tecnológicas con pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Cuenca que quieran iniciar o avanzar en la digitalización de sus negocios. Será en el evento B2B Smart CLM, que tendrá lugar en el MUPA (Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha).

Durante el encuentro, que está organizado por Itecam (Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha), las empresas asistentes recibirán un asesoramiento individualizado por parte de especialistas en diferentes ámbitos de la digitalización (como marketing digital, programación web, digitalización de procesos, gestión de proyectos o automatización con inteligencia artificial), que atenderán sus necesidades concretas y podrán orientarles de forma personalizada, según explica la organización en un comunicado.

Cómo aprovechar la IA

Además de las reuniones, las empresas también podrán asistir a diferentes charlas a lo largo de esa mañana. Estas charlas estarán enfocadas al uso de la IA, cómo aprovechar sus funcionalidades y cómo tomar decisiones más rápidas con su ayuda. También se celebrará una jornada en horario de tarde sobre 'Inteligencia artificial, digitalización 3D y sistemas de visualización avanzada en patrimonio cultural'.

El evento también contará con un espacio dedicado demostraciones tecnológicas. En concreto, los asistentes podrán conocer cómo funcionan dos robots desarrollados por Itecam: uno enfocado a fabricación aditiva y sistemas inteligentes, y otro robot colaborativo para la clasificación inteligente, visión artificial y plataforma cloud.

Durante la presentación del encuentro realizada este miércoles, Jorge Parra, director general de Itecam, ha asegurado que el B2B Smart CLM “es un encuentro de referencia en la provincia que pretende fomentar el conocimiento de tecnologías clave y la colaboración entre las empresas a través de reuniones B2B”.

¿Dejarías que un mecánico te diagnosticara una lesión muscular, o que un peluquero tratara un problema cervical? La respuesta parece evidente. Sin embargo, en el ámbito de la salud (y en concreto en la fisioterapia) estas situaciones no siempre son tan claras como deberían.

Bajo el lema 'A cada profesión, las manos adecuadas', el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM) lanza una campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía con un objetivo muy claro: poner en valor la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados.

Cuando lo 'normal' deja de serlo

La campaña se construye sobre una idea muy sencilla, pero potente: mostrar situaciones cotidianas en las que una persona realiza una función para la que no está preparada.

Este contraste, llevado al terreno de la salud, permite entender con claridad un problema que muchas veces pasa desapercibido: el intrusismo profesional. Porque, aunque no siempre sea evidente, ponerse en manos no cualificadas puede tener consecuencias reales sobre la salud.

El papel del fisioterapeuta: mucho más que tratar una lesión

El fisioterapeuta es un profesional sanitario formado para evaluar, diagnosticar, tratar y prescribir ejercicio terapéutico de forma segura y personalizada. Su intervención no solo busca aliviar una dolencia, sino mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir recaídas y acompañar en procesos de recuperación.

Acudir a un fisioterapeuta colegiado no es solo una garantía profesional, sino también una garantía de seguridad.

Elegir bien también es cuidar de tu salud

Desde COFICAM insisten en la importancia de que el ciudadano sea consciente de a quién acude cuando necesita tratamiento.

En un contexto en el que cada vez hay más oferta de servicios relacionados con el bienestar y la salud, diferenciar entre un profesional cualificado y uno que no lo es resulta fundamental.

La campaña invita a reflexionar sobre ello desde un enfoque cercano, claro y directo, evitando tecnicismos pero sin perder el rigor sanitario.

Una campaña para mirar con otros ojos

“A cada profesión, las manos adecuadas” no busca alarmar, sino generar conciencia y responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con la salud.

Porque, igual que no confiaríamos nuestro coche a alguien sin formación, tampoco deberíamos hacerlo con nuestro cuerpo.

¿Dónde informarse?

COFICAM pone a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria a través de su web oficial. Consulta más información en www.coficam.org

Amazon ha alcanzado un acuerdo para adquirir la compañía de telecomunicaciones satelitales Globalstar por 11.600 millones de dólares. La operación representa la segunda mayor compra en la historia del gigante tecnológico, un movimiento que permitirá a la multinacional reforzar su infraestructura espacial para competir con Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX liderado por Elon Musk.

Los términos del acuerdo establecen que Amazon ofrecerá 90 dólares por cada acción de Globalstar o 0,32 acciones de Amazon, sujeto a diversas condiciones. La transacción, que se espera que concluya el próximo año, permitirá a Amazon integrar el espectro radioeléctrico de Globalstar. Se trata de un aspecto clave para ofrecer servicios de internet satelital a dispositivos móviles, una tecnología para dar cobertura a zonas donde no llegan las redes terrestres convencionales y que Amazon planea ofrecer en 2028.

La compañía fundada por Jeff Bezos espera que esta operación le ayude a recuperar parte del terreno perdido con Starlink. Actualmente, su unidad de satélites (antes llamada Project Kuiper, ahora rebautizada como Leo) cuenta con poco más de 200 dispositivos en órbita, frente a los más de 10.000 que opera Starlink.

Pese a la magnitud de la compra, la red de Globalstar es, por el momento, limitada, con dos docenas de satélites en órbita baja. El objetivo de la operación es más bien acceder al espectro radioeléctrico que operan y a su “experiencia” en el internet satelital, ha afirmado Panos Panay, vicepresidente de Amazon: “Al combinar la experiencia probada y la sólida base de Globalstar con la obsesión por el cliente y la innovación de Amazon, los clientes pueden esperar un servicio más rápido y fiable en más lugares”.

Retraso en los lanzamientos

La desventaja de Amazon con SpaceX radica también en su capacidad de lanzamiento. Esta se deriva a su vez del retraso a su vez de Blue Origin, la compañía de naves espaciales de Bezos. Mientras que la compañía de Musk se ha basado en una estrategia de ensayo y error en los lanzamientos, perdiendo una gran cantidad de cohetes, Blue Origin ha seguido un enfoque mucho más conservador. A esto se suma que SpaceX se ha llevado los primeros contratos clave de la NASA, lo que le ha permitido acceder a financiación y experiencia real en misiones espaciales.

No obstante, debido a esa falta de capacidad de lanzamiento, Amazon tuvo que solicitar en febrero una prórroga de dos años a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para cumplir con el despliegue de sus primeros 1.600 satélites, que deberían haber entrado en servicio este año.

Otro punto clave de la negociación ha sido la relación de Amazon con Globalstar con Apple, que posee una participación del 20% en la compañía de satélites. Como parte del pacto, Amazon ha acordado que su infraestructura seguirá dando soporte a los servicios de emergencia (SOS) para el iPhone y el Apple Watch. Aunque Amazon ha mantenido en secreto los términos específicos de esta alianza, Globalstar ya colaboraba estrechamente con la firma de Cupertino.

Globalstar, con sede en Luisiana y fundada en 1991, reportó ingresos de 273 millones de dólares en 2025, un 9% más que el año anterior. Sus acciones se habían revalorizado un 270% en los últimos doce meses ante la especulación de una venta. Por su parte, SpaceX presentó este mes la documentación para salir a bolsa en una de las operaciones de este tipo más esperadas del mercado.

La española Amparo Moraleda ha sido elegida este martes nueva presidenta global del grupo Airbus, ha adelantado Expansión y han confirmado a EFE fuentes de la compañía, un cargo del que tomará posesión el próximo 1 de octubre.

La empresaria madrileña, expresidenta de IBM España y exvicepresidenta de CaixaBank, lleva desde 2015 en el consejo de administración de la empresa, en el que entró para sustituir al fallecido exministro de Industria y Exteriores, Josep Piqué, y a pesar de la oposición del Gobierno de Mariano Rajoy, que apostaba por Belén Romana. El apoyo de Piqué a Moraleda fue fundamental para su designación. El exministro popular, a su vez, había sustituido a otro ex titular de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, del PSOE, que fue vocal de Airbus desde 2004 hasta 2012.

El Estado español, a través de la SEPI, cuenta con una participación del 4,12% en el capital de la cotizada, aunque lejos de las posiciones de Francia o Alemania, que poseen un 10,9% cada una.

Moraleda será la primera mujer en presidir el grupo internacional, en sustitución del alemán René Oberman, que lleva en el cargo desde 2020.

Estas fuentes destacan que el nombramiento de Moraleda, además de por sus cualidades, “refleja el rol crucial de España en la estrategia de Airbus” y en la huella industrial de la compañía, que en España tiene plantas en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Tablada (Sevilla), Sevilla y Cádiz.

Ingeniera superior industrial, Moraleda fue directiva de IBM entre 1995 y 2009, y posteriormente en Iberdrola. En los últimos años ha sido consejera independiente en Vodafone Group y A.P. Møller-Mærsk A/S A.P.

Un portavoz de Airbus ha subrayado que la española conoce en profundidad la compañía, puesto que está en el consejo desde hace once años. En la actualidad está al frente del comité de remuneraciones.

En la próxima asamblea general que se celebrará dentro de un año finaliza su actual mandato de tres años como administradora, y su renovación será sometida entonces a los accionistas.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 2,3% en el segundo trimestre del año, su mayor retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo abril-junio, que se debe a una peor valoración del trimestre ya finalizado (enero-marzo), este indicador vuelve a terreno negativo tras la subida del 0,1% del primer trimestre de año. En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado más de 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,9 puntos en el primer cuarto de 2026 a 1,3 puntos en el segundo trimestre.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 18,8% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 17,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,7% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 24,7%, del 13,8% y del 61,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,5 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera normal han retrocedido desde el 65,1% del trimestre anterior al 62,8%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 15,2% al 16,2%.

Los cinco sectores analizados por Estadística recortaron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor descenso (-3,7%), mientras que el comercio registró la menor bajada (-1,6%).

Sigue la escalada en la pirámide de Calle 30, la empresa pública que administra la M-30 de Madrid, de una figura procedente de la compañía privada que ejercía parte de esas labores hasta hace solo unos meses. Sonia Suárez Moreno, directora de producción de Emesa hasta diciembre y nombrada con un puesto análogo en Calle 30 este mismo año (después de su remunicipalización total), ha sido designada ahora directora gerente de la compañía que depende del Ayuntamiento de la capital.

Así lo acredita el acta del comité de selección y la consiguiente propuesta de contratación, con fecha del pasado 24 de marzo, y lo confirman a Somos Madrid fuentes del área de Obras y Equipamientos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El citado documento recoge la “admisión provisional” de la candidata SSM, siglas que corresponden a Sonia Suárez Moreno.

Según el acta, la suya fue la única candidatura para un puesto que de acuerdo a la propia convocatoria cuenta con una remuneración anual 103.000 euros brutos. Al no haberse presentado más solicitudes y acreditar la formación requerida o la falta de cualquier medida inhabilitadora, el comité presidido por el consejero apoderado de Calle 30 (el polémico exconcejal Javier Ramírez) validó la propuesta. El acta de valoración, de consulta pública en este enlace (al igual que otra documentación de estos procesos de contratación), permanece por el momento inaccesible.

Desde el área de Obras añaden que el nombramiento ha sido aprobado en la mañana de este lunes 13 de abril en el Consejo de Administración de Calle 30 “por mayoría”, así que la contratación e incorporación será inmediata, y recuerdan que “la convocatoria estaba abierta a todo aquel que estuviera interesado”.

En el departamento que lidera la edil delegada Paloma García Romero, la cual preside Calle 30 como labor asignada a su puesto, mantienen la defensa del primer nombramiento de Suárez y la hacen extensible a este ascenso: “La sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”, dicen, razón por la cual “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Sostienen que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.

Auge en el escalafón de Calle 30 pese a acusaciones de “conflicto de intereses evidente”

Pero las críticas no llegan por el procedimiento o por el perfil de Suárez, sino por su vínculo directo con la antigua sociedad que gestionaba la M-30 y con parte de las empresas adjudicatarias que ahora reciben los contratos para su mantenimiento. Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alertaba en conversación con este diario de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.

Romero exponía la dificultad del puesto previo de Suárez, directora de producción, y las dificultades que entraña debido a la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Una complejidad que ahora adquiere una nueva dimensión con este nuevo cargo, de mayor responsabilidad.

Según las bases de la convocatoria, las funciones de una directora gerente en Calle 30 incluyen “el impulso a las decisiones de los órganos sociales, gestionar los recursos humanos y tecnológicos, dirigir y coordinar unidas orgánicas, etc.” Todo ello “con la máxima autonomía y responsabilidad, solo limitado por los criterios e instrucciones que pueda dar el Consejero apoderado, el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas”.

Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial de la administración de la M-30, un pozo para las finanzas municipales promovido por el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón que dilapidaba 55 millones de euros anuales. Suárez ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.

Un cambio de modelo que mantiene adjudicaciones millonarias

Calle 30 es la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.

Después de la remunicipalización, Calle 30 continúa ejecutando diversas obras y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa.

Algunos de ellos alcanzan importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.

A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestionaba que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”. “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.

El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.

Calle 30 volvió a ser una compañía de gestión completamente pública el pasado 1 de enero. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de la capital puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Gallardón y por la que gastaba 55 millones de euros al año. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando el equipo de Carmena impulsó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.

Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040. El dictamen final de la auditoría concluyó que el diseño de la sociedad resultó “lesivo para las arcas públicas municipales”.

Más de mil guionistas, actores y directores de Hollywood, entre los que están David Fincher, Emma Thompson, Lin-Manuel MIranda o Kristen Stewart, han firmado una carta en contra de la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, al considerar que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades.

El texto, publicado este lunes, está suscrito por rostros conocidos de la industria como Joaquin Phoenix, JJ Abrams, Yorgos Lanthimos, Noah Wyle, Sally Field, Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo, Bryan Cranston o la brasileña Petra Costa.

Advierten de que la fusión de dos de esos grandes estudios provocará “menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público” tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Los firmantes alertan también de que han observado “un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas”, y “una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución”.

“Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para sostener su actividad”, agregan.

La carta fue impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Committee for the First Amendment, liderado por la actriz Jane Fonda, el Democracy Defenders Fund, cofundado por el exdiplomático Norm Eisen, y la Future Film Coalition, que agrupa a profesionales del cine independiente.

El texto subraya que “la competencia es esencial tanto para la economía como para la democracia” y que “la creciente concentración mediática ya ha debilitado uno de los sectores culturales más influyentes de Estados Unidos”.

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares (algo más de 94.000 millones de euros al cambio de hoy), una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EEUU.

El consejo de administración de WBD recomendó por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount (empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET y Nickelodeon, entre otras), por lo que se espera que la operación salga adelante.

Estas marcas se unirían a las que ya posee WBD, entre las que están HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., y canales como CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

El pasado 24 de febrero, Paramount elevó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción en un intento de superar a Netflix, que también aspiraba a hacerse con la compañía y cuya propuesta había sido inicialmente valorada por WBD.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha asegurado que la operación no está cerrada y cuestionado que el proceso vaya a someterse a un escrutinio federal riguroso, en medio de preocupaciones sobre los efectos de la concentración mediática en la industria.

Hay padres incapaces de dejar el coche a su hijo y, en cambio, les confían la presidencia de su empresa. Parece contradictorio, pero no lo es. La realidad suele ser que el nombramiento es una mera formalidad, que no acarrea hacerse con los mandos de la compañía familiar. Es un mero trampantojo. Sin embargo, cuando coges el volante asumes todos los riesgos, sin mediación posible.

Esa es la imagen que se reflejaba en el anuncio de esta semana del relevo en la dirección de Forestalia. Fernando Samper, presidente, propietario y fundador de la compañía, dejaba la dirección en manos de su hijo Ricardo Samper, que a sus 28 años de edad tiene un currículum académico apropiado para un heredero (ADE y derecho y un máster internacional en asesoría fiscal) y una experiencia de media línea. Es el menor de los hijos, y quizá su mayor mérito, genética al margen, sea que no se le menciona en el expediente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que investiga la presunta trama de corrupción de directivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuyo beneficiario habría sido Forestalia.

El caso se instruye en un juzgado de Teruel, cuyo titular considera a Fernando Samper el “tronco central” de la presunta trama corrupta, según la cual se habrían pagado mordidas a funcionarios del Gobierno Central y de Aragón a cambio de facilitar las adjudicaciones en las subastas de energías renovables.

Forestalia ha tenido el arrojo de emitir un comunicado donde dice que el relevo se produce en el marco del protocolo interno elaborado por Cuatrecasas “cuyo objetivo es articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía”. ¿Alguien cree que poner al hijo figurando de gestor implica que el padre y propietario no va a tener nada que ver en la dirección de Forestalia? Menos mal que no intentan esconder el elefante del caso de corrupción y a renglón seguido dicen que todo se produce en “un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales en curso”.

La realidad es que Forestalia es una empresa que se ha construido sobre subastas de entes públicos que adjudican la explotación de megavatios producidos con energías renovables. Esto, en sí mismo, ni es malo ni bueno. El problema es que si estás inmerso en causas de corrupción no te vas a poder presentar a más subastas de las Administraciones Públicas, como viene a decir la Ley de Contratos del Sector Público, menos aún con el endurecimiento normativo que se ha incluido en febrero pasado en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El Gobierno de Pedro Sánchez, a la luz de los casos que hay alrededor de Koldo y Ábalos, se propone ser más pulcro. 

Por tanto, con Forestalia estamos ante uno de los tantos intentos de lavado de cara de las empresas españolas pilladas en presuntos casos de corrupción. Estos procedimientos judiciales se eternizan, muchas veces por argucias dilatorias de los propios acusados, lo que provoca un daño irreparable en la reputación de las compañías, perjuicio que sería muy injusto si resultaran declarados inocentes, que a veces pasa.

La historia empresarial española está plagada de casos sucesorios muy similares al de Forestalia, donde se utiliza al relevo entre familiares directísimos tratando de construir una realidad que es pura ficción. Quizás uno de los primeros casos y más notables fue el que construyó José María Ruiz Mateos que, tras la expropiación de Rumasa y su condena judicial, puso al frente de sus nuevas empresas a sus hijos y a su esposa, Teresa Rivera, a la que colocó también al frente del Rayo Vallecano en 1994. Rivera reconocería años después que asumió el cargo porque se lo pidió su marido, que ella no tenía ni idea de fútbol, algo que era evidente. Fue la triste manera de que la primera mujer llegara a la presidencia de un club de fútbol.

Esta aventura terminó, como casi todas las de esta familia, con el Rayo en concurso de acreedores y con los seis hijos varones de Ruiz-Mateos condenados, en mayo del año pasado, por la Audiencia Nacional a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes en la operativa de Nueva Rumasa.

Otro empresario con múltiples causas judiciales abiertas que se ha “retirado” dando paso a la familia es José Luis Ulibarri, propietario de empresas de construcción (Begar), residencias de mayores (Aralia) y medios de comunicación (50% de Castilla y León TV y del Diario de León y de las franquicias de El Mundo en esta región). Su imputación en varios sumarios le llevó a dimitir del consejo de administración de CyLTV, ya que su presencia ponía a la Junta de CyL en serias dificultades para volver a adjudicarles la concesión del servicio de televisión de la región. El día que dimitió, le sustituyó su hija Soledad, aunque previamente ya estaban en el consejo sus otros dos hijos Adriana, que es la que ha ido asumiendo más funciones ejecutivas, y Enrique.

José Luis Ulibarri dejó CyLTV en septiembre de 2019 y tres años después sería condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en una pieza del caso Gürtel. En otra, que aún no ha sido sentenciada, la Fiscalía le pide 14 meses de cárcel.

Los Ruiz-Mateos son solo un ejemplo de familias implicadas en presuntos casos de corrupción, que están vinculadas con el fútbol y se pasan el testigo padres a hijos con total naturalidad. Recuerden el caso de Josep Lluis Núñez, el constructor que fue presidente del Barcelona, que pasó el testigo a su hijo Josep María Núñez Navarro cuando Hacienda le levantó una inspección, que acabó en condena por soborno. O el de Jesús Gil, que fue destituido judicialmente de la presidencia del Atlético de Madrid un 22 de diciembre de 1999 acusado de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público y mercantil, apropiación indebida y delitos societarios. Hoy reinan en el club su hijo Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, los mismos a los que la Audiencia Nacional había considerado cooperadores necesarios de la estafa y apropiación indebida. Todo acabó en nada por prescripción, que no porque fueran unos benditos.

Las líneas de honradez que se levantan entre padres e hijos tienen la misma consistencia que las olas. Son formas de construir una apariencia de verdad sobre un fraude de ley.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

El Superior de Justicia vasco ha dado la razón a la Hacienda de Gipuzkoa y obliga a pagar a la empresa guipuzcoana Válvulas Zubi SL más de 455.000 euros correspondientes al pago de dos años del Impuesto de Sociedades al entender que la compañía realizó una escisión en otras dos sociedades con el único fin de eludir el pago de los impuestos correspondientes. La sentencia rechaza los argumentos de la empresa que pretendía acogerse al régimen de neutralidad fiscal que se aplica a determinadas operaciones de fusiones o escisiones empresariales.

La sentencia parte de un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa contra los acuerdos del subdirector general de Inspección de Gipuzkoa que en 2024 desestimó los recursos de reposición interpuestos por la empresa contra las liquidaciones del Impuesto de sociedades de los ejercicios 2018 y 2019. Esos años empresa había presentado las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 y 2019, con resultados a ingresar por importes de 118.518,15 euros y 163.514,10 euros, respectivamente. Posteriormente, solicitó la rectificación de la primera de esas liquidaciones, con una liquidación provisional a devolver de 1.115,63 euros. En 2023, la Subdirección General de Inspección notificó a la sociedad el inicio de actuaciones de comprobación e investigación en relación a los Impuestos de Sociedades de esos dos años para comprobar si la operación de escisión parcial llevada a cabo por la entidad podía acogerse al régimen especial de diferimiento que regula la Norma Foral 2/2014. En dicha norma se especifica que para la aplicación de este régimen, la operación no debe tener como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal. Se requiere que responda a motivos económicos válidos, como la reestructuración o racionalización de las actividades.

Con motivo de estas actuaciones las propuestas de liquidación para los años 2018 y 2019 supusieron un resultado a ingresar de 431.530,26 euros y 23.836,17 euros, respectivamente. Es decir, 455.366 euros en total, que la empresa recurrió sin éxito ante la inspección, por lo que presentó el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que también ha quitado la razón a la empresa.

Válvulas Zubi SL constituida en Irún en el ejercicio 1997, y dedicada a la fabricación y venta de válvulas industriales para la conducción de fluidos, realizó una restructuración societaria en dos fases con el objetivo de separar el negocio industrial del patrimonio inmobiliario. Según argumenta la empresa ante el juzgado -no ha sido posible contactar directamente con la compañía- en los díez años posteriores a su constitución acumuló un patrimonio constituido por cuatro fincas independientes, cuyo valor neto contable en el ejercicio 2018 ascendía a 1.458.419,23 euros ,siendo su valor de mercado netamente superior y, tasado en la suma de 3.175.468,80 euros. Para separar ambos negocios constituyó la mercantil Barusa Patrimonio SL, mediante aportación no dineraria especial y otra sociedad, Garebal Explotación, mientras que el negocio industrial permaneció en Válvulas Zubi, SL. Posteriormente, realizó una escisión financiera de las participaciones de Barusa Patrimonio SL a favor de Garebal Explotación SL, de forma que Válvulas Zubi únicamente pasó a estar constituida por el negocio propiamente industrial. Algo que la empresa argumenta como una forma de facilitar “la sucesión/ continuidad, precisamente, de ese negocio industrial”. Después, se realizó una reducción de capital de Válvulas Zubi con entrega de participaciones de Garebal Explotación. “Con tales operaciones se consigue la separación del patrimonio inmobiliario de la actividad industrial, participando los accionistas exactamente en el mismo porcentaje que en la situación inicial”, señala la empresa, que argumenta ante el tribunal que el objeto es “reestructurar económicamente la empresa, en orden a que la actividad principal de la sociedad, de acuerdo con su objeto estatutario, sea la fabricación y comercialización de válvulas, dejando que la explotación de los activos del inmovilizado material se lleve a cabo por otra sociedad”.

El tribunal, sin embargo, admite el argumento de la Diputación que sostiene que en la reestructuración empresarial “se han utilizado actos o negocios artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido, y que de su utilización no resultan efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los resultados que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios”. En este sentido, señala que la concatenación de las operaciones “produce el mismo efecto práctico que una operación de escisión parcial de Válvulas Zubi, ”que no podría acogerse al régimen especial de diferimiento, por cuanto no existiría previamente a la escisión una rama de actividad independiente que se pudiera escindir, ya que los inmuebles transmitidos no constituyen una rama de actividad autónoma previa existente, con arreglo a lo dispuesto en el citado régimen especial“. ”La operación de reestructuración llevada a cabo en dos etapas se busca dar cobertura legal a un régimen de diferimiento que no hubiera sido de aplicación en caso de haberse llevado a cabo la operación de reestructuración resultante de manera directa“, sostiene la Diputación, que considera que el único objetivo es ”obtener un ahorro fiscal“. Insiste en que ”no existen efectos jurídicos o económicos relevantes, más allá de la de obtener un ahorro fiscal, tanto en la sociedad como en los socios y cónyuges de estos, al acogerse al régimen fiscal especial, lo cual les ha permitido no tributar por las ganancias obtenidas en la transmisión de los inmuebles y de las participaciones“.

De hecho, la diputación constata que en el proyecto de escisión que acompaña la escritura firmada el 23 de mayo de 2019 se recoge claramente que las operaciones de reestructuración se han planteado desde el inicio como sustitutas de la escisión total. “Las participaciones en Barusa Patrimonio, S.L.U. sólo están en el activo de Válvulas Zubi, S.L. siete meses. Esto es, el tiempo necesario para formalizar las escrituras, inscribir los cambios de titularidad en el Registro de la Propiedad, suscribir el contrato de arrendamiento entre Válvulas Zubi, S.L. y Barusa patrimonio, S.L.U. (firmado el 1 de abril de 2019) y redistribuir el capital de Garebal Explotación, SL mediante la donación necesaria de participaciones (formalizada el 12 de abril de 2019) para poder realizar la escisión parcial de forma proporcional al ser los mismos socios en igual proporción en ambas sociedades”.

Señala el tribunal que Como ventajas fiscales obtenidas se subraya que las dos operaciones de reestructuración de aportación no dineraria de los inmuebles a una sociedad de la que es socio único y la posterior escisión parcial de las participaciones de dicha sociedad se han acogido al régimen tributario especial de neutralidad fiscal, lo cual les ha permitido, tanto a la sociedad, como a los socios, no tributar por las ganancias obtenidas en la transmisión de los inmuebles y de las participaciones en ambas operaciones, en virtud de lo establecido en dicho régimen. En el caso de obligados tributarios no habrían podido acogerse al citado régimen fiscal especial, ya que los mismos no constituían una rama de actividad y, en consecuencia, habrían tributado por las ganancias obtenidas en el régimen general regulado en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, y por las rentas puestas de manifiesto con la atribución de valores de la entidad adquirente a los socios de la entidad transmitente conforme a lo regulado en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los obligados tributarios al haber realizado las operaciones tal y como se han realizado, acogiéndose al régimen especial, han conseguido, minorando sus bases imponibles y cuotas tributarias, un efecto económico relevante al obtener un ahorro fiscal.“

Señala el tribunal que “nada puede objetarse a esa formulación desde un punto jurídico: la protección del patrimonio perteneciente a la sociedad (Válvulas Zubi SL), libre de los riesgos inherentes a la actividad industrial de esta. En cambio, desde el punto de vista económico-empresarial la tal escisión (digamos separación para evitar confusiones) no cumple un objetivo de esa naturaleza en cuanto que los inmuebles de cuya conservación entre los socios familiares se trata, afectos a la actividad de la recurrente, no fueron afectados a otra actividad económica externa; en concreto el arrendamiento de bienes a terceros sino que después de lo que hemos denominado circunvalación de operaciones societarias han sido arrendados a su inicial propietaria”. “Así es que, en el caso de haber optado inicialmente la recurrente por la escisión parcial, a la postre realizada aunque de carácter financiero, del patrimonio constituido por las fincas arriba reseñadas, no se hubiera podido acoger al régimen FEAC -el especial para fusiones y adquisiciones- por no constituir esos inmuebles una rama de actividad diferenciada de la industrial propia de Válvulas Zubi SL”.

En este sentido señala que lo que comenzó mediante el descarte de la operación que directa y propiamente hubiera conducido al mismo resultado (escisión del patrimonio inmobiliario de Válvulas Zubi SL) “concluyó con una escisión también parcial, esta financiera de esa mercantil, post sucesivas y concatenadas transmisiones del mismo patrimonio, operaciones de reducción y ampliaciones de capital social y canje de participaciones. Esto es, un conjunto de negocios que por su propio diseño, desarrollo coetáneo o casi-coetáneo y resultados evidencian a la vez que, su volatilidad, su carácter artificioso, puramente instrumental y, por ello, indirecto e impropio en comparación con el negocio o negocios que directa y propiamente hubieran propiciado el mismo objetivo; a saber, la desafección del patrimonio inmobiliario de la recurrente de su actividad económica y, por consiguiente, de los riesgos de ese objeto social o división de aquel entre socios familiares terceros”.

En definitiva, múltiples y complejas “intervenciones” pudiendo alcanzarse los mismos objetivos mediante una sola (de escisión parcial) que, “a la vez, que mantener los económicos (expansión del mercado internacional; etc) de Válvulas Zubi S. procurase directa y efectivamente, los propuestos de conservación intra- grupo familiar del patrimonio adscripto a la actividad de aquella”. Y concluye por tanto que el móvil y finalidad “no ha sido otro que la sustracción de los negocios societarios gravados por las liquidaciones recurridas a la tributación en el régimen general del Impuesto”.

El TSJPV falla en consecuencia desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Válvulas Zubi SL contra la Inspección y le impone el pago de costas con el límite de 6.000 euros.

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.