Las policías de Brasil, Suiza y España han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de aves y animales en peligro de extinción, en una operación llevada a cabo en los tres países que se ha saldado con cuatro detenidos, dos de ellos en Gran Canaria.

La investigación comenzó en octubre de 2025, tras la detención en el aeropuerto de Río de Janeiro (Brasil) de una ciudadana suiza que pretendía volar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo su ropa; en concreto, de papagayo de cara roja (Amazona brasiliensis) y loro de anteojos rojos (Amazona petrei), según informa la Policía Nacional.

A partir de esa pista, la Policía Federal de Brasil logró identificar a los dos principales responsables de la red: el líder de la organización criminal, así como al proveedor y coordinador de las salidas ilegales desde Sudamérica.

Además, los agentes pudieron acreditar que este último acumulaba 117 viajes sospechosos entre Brasil y Europa en estancias de menos de tres días para burlar los controles.

A principios de este mes, la Policía Federal de Brasil emitió una solicitud formal de colaboración urgente al detectar un nuevo viaje del proveedor desde Brasil hacia Gran Canaria, con escala en Suiza.

En territorio suizo, el proveedor se reunió con el líder de la trama y ambos embarcaron juntos en un vuelo hacia España.

A raíz del material probatorio recabado, la Policía Federal de Brasil cursó a través de Interpol dos órdenes internacionales urgentes de detención por contrabando de especies.

En respuesta, la Policía española arrestó en Gran Canaria a los dos investigados, que fueron puestos a disposición judicial para iniciar sus correspondientes procesos de extradición.

Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.

Durante la investigación, para garantizar la preservación de los animales y evitar la destrucción de pruebas, las autoridades judiciales coordinaron ocho registros simultáneos: tres en Brasil, tres en Suiza y dos en Gran Canaria.

En la isla se inspeccionaron dos habitaciones de hotel donde se alojaban los detenidos y se requisaron 30.000 euros en efectivo procedentes del tráfico ilícito, además de jeringuillas específicas para la implantación de microchips e identificadores animales.

A su vez, en Brasil y Suiza se ejecutaron seis registros domiciliarios, en los que aparecieron numerosos ejemplares de monos tití fallecidos, animales disecados y restos óseos de diversas especies protegidas en una vivienda brasileña, precisa la Policía. 

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este miércoles cerca del camping de Salinetas, en Telde (Gran Canaria).

Según ha publicado el periódico La Provincia, las primeras informaciones apuntan que la víctima pudo fallecer por causas naturales, si bien no han sido confirmadas por el momento.

El cadáver fue hallado esta mañana justo en la desembocadura del barranco de Silva, en una zona con una altura suficiente para resultar mortal a causa de una caída, según señaló GranCanariaTV.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas para proceder al levantamiento del cadáver junto a la autoridad judicial.

Un hombre ha sido rescatado del mar este martes con síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave en una playa del sur de Gran Canaria, informa el 1-1-2 de Canarias.

Pasadas las 8.33 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta sobre el rescate de una persona del mar por bañistas presentes en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y atendió al afectado, un hombre de 75 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

La Policía Local y la Policía Nacional colaboraron en el dispositivo de emergencias.

Las obras de mejora de las infraestructuras viarias y los trabajos de mantenimiento preventivo vuelven a poner a prueba la circulación en Canarias. Esta semana, varias carreteras de Tenerife y Gran Canaria registran cortes, restricciones y desvíos que pueden afectar a los desplazamientos, especialmente en los principales accesos y vías urbanas.

Entre las incidencias más destacadas figuran el cierre nocturno del carril bus de la TF-5, las obras estructurales en la TF-655 y las actuaciones para recuperar conexiones viarias en Las Palmas de Gran Canaria. A estas intervenciones se suman trabajos de renaturalización en la capital grancanaria y la reapertura de varias vías que habían sufrido restricciones.

Tenerife: cortes en la TF-5 y cierre prolongado de la TF-655

La TF-5 cerrará el carril bus durante la noche

El carril bus completo de la TF-5 permanecerá cerrado desde las 22.00 horas de este martes 20 de octubre hasta las 6.00 horas del miércoles 21, debido a los trabajos de mantenimiento preventivo mensual y anual.

Durante este intervalo, los conductores deberán seguir el itinerario alternativo establecido, que discurre por la TF-1, la propia TF-5 y la calle José Peña Hernández.

La actuación se enmarca en las labores periódicas de conservación de la infraestructura viaria, necesarias para mantener las condiciones de seguridad y funcionamiento de la carretera.

La TF-655 seguirá cerrada hasta el 6 de noviembre

Otra de las principales afecciones al tráfico en Tenerife se encuentra en la TF-655, que permanece cerrada por la ejecución de obras estructurales.

El corte comenzó a las 7.30 horas del lunes y se prolongará durante varias semanas, hasta las 16.30 horas del 6 de noviembre. La duración de los trabajos obliga a tener en cuenta esta restricción a la hora de planificar los desplazamientos por la zona afectada.

El túnel de la Vega recupera la circulación

El túnel de la Vega ya ha reabierto al tráfico después de permanecer cerrado desde las 22.00 horas del lunes. El cierre permitió realizar las revisiones periódicas de iluminación, limpieza y comprobación de los sistemas de ventilación y del resto de equipos.

Por otro lado, la TF-5 afrontará próximamente una intervención de mayor envergadura. A partir de noviembre está previsto el inicio de las obras para construir un tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto, un proyecto con un plazo de ejecución de unos 35 meses. Los trabajos preparatorios de esta actuación ya están empezando a desarrollarse en la zona.

Gran Canaria: obras y desvíos en Las Palmas de Gran Canaria

Nuevas afecciones por las obras en Nicolás Estévanez y Simón Bolívar

Las obras destinadas a restituir la conexión entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y la GC-1 han comenzado este martes 20 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención implicará la implantación progresiva de desvíos señalizados mientras se desarrollen los trabajos. Por ello, se recomienda prestar atención a la señalización provisional y comprobar los itinerarios antes de iniciar el trayecto.

Cortado el tráfico entre Pelayo y Churruca

El tramo comprendido entre las calles Pelayo y Churruca continúa cerrado al tráfico desde el lunes 5 de octubre y permanecerá así hasta que finalicen las obras.

La restricción también afecta al transporte público. En concreto, la línea 49 de Guaguas Municipales ha modificado su recorrido a partir de la calle Juan Manuel Durán González.

Entre las paradas afectadas se encuentra la número 26, situada en Tomás Miller, que cuenta como alternativa con la parada de Juan Manuel Durán con la calle Galicia. También se ven afectadas las paradas de la plaza de los Betancores y de la plaza Farray.

Los usuarios de esta línea deberán tener en cuenta los cambios para evitar esperas y desplazamientos innecesarios.

El Corredor Verde de Las Palmas estará en obras durante seis meses

Las actuaciones de renaturalización del Corredor Verde, situado entre Siete Palmas y Los Tarahales, en el extremo sur del parque Juan Pablo II, comenzaron el viernes 16 de octubre.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su finalización está prevista para abril de 2027.

La intervención contempla la recuperación de un estanque, además de la creación de nuevos senderos peatonales y zonas de descanso. El objetivo es mejorar este espacio mediante la incorporación de elementos naturales y nuevas áreas destinadas al paseo y al disfrute de los vecinos.

Reabren varias carreteras de Gran Canaria tras las restricciones

No todas las noticias sobre la movilidad en la isla son negativas. Los cortes que afectaban a la carretera de la Cumbre (GC-15), en Cruz de Tejeda, a la GC-330 y al tráfico en Montaña de Los Vélez, en Agüimes, se han levantado y la circulación se ha restablecido.

De este modo, mientras algunas vías continúan condicionadas por obras de larga duración, otras recuperan la normalidad tras finalizar las restricciones.

Antes de desplazarse, conviene comprobar la señalización provisional y consultar las actualizaciones de tráfico, especialmente en los tramos donde los cortes se prolongarán durante varios días o semanas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la sentencia que obligaba a Puertos Canarios a completar el expediente de concesión solicitado por Cementos Especiales de las Islas, S.A. (CEISA) sobre el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, y a resolverlo en un plazo de seis meses. El tribunal considera que esa orden carecía de sentido, porque cuando el juzgado dictó su fallo la Administración ya había respondido a la empresa: le había denegado la concesión.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Suay Rincón, estima el recurso de apelación de Puertos Canarios, órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional. Devuelve las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas, que deberá dictar una nueva sentencia y decidir sobre el fondo, es decir, si CEISA tiene o no razón. El TSJC no se pronuncia si hay que otorgar a la empresa la concesión que reclama ni se pronuncia sobre si tiene derecho a ella.

El litigio se remonta a marzo de 2021, cuando CEISA pidió a Puertos Canarios una nueva concesión sobre el puerto de Santa Águeda hasta el 22 de julio de 2046, prorrogable otros 30 años. La cementera argumentaba que su cantera de puzolana (material básico para la fabricación de cemento), su fábrica de cemento y el puerto forman “un todo funcional indivisible”. Por eso reclamaba que la concesión portuaria, que vencía en enero de 2023, durara lo mismo que la concesión minera, prorrogada en 2016 hasta 2046.

Puertos Canarios no contestó y CEISA acudió a los tribunales en enero de 2022 contra esa desestimación por silencio administrativo. Durante el proceso, la empresa llegó a pedir que se le reconociera un derecho “reglado” a obtener la concesión.

Con el pleito ya avanzado, el 4 de diciembre de 2024, el Consejo de Administración de Puertos Canarios dictó una resolución por la que se denegaba la concesión. Las dos partes la aportaron al juzgado a principios de 2025. CEISA, sin embargo, decidió no ampliar su recurso para impugnarla.

En julio de 2025, el juzgado estimó parcialmente la demanda de la empresa. Anuló la desestimación por silencio y ordenó a Puertos Canarios completar el expediente y resolver en seis meses. Entendía que el juez no podía otorgar por sí mismo la concesión, porque faltaban trámites como la fijación del canon. Las dos partes recurrieron esa sentencia.

El TSJC da ahora la razón a Puertos Canarios en un punto concreto: el juzgado de instancia partió de que el expediente seguía abierto cuando ya estaba cerrado, y además lo sabía, porque ambas partes se lo habían comunicado. “El pronunciamiento judicial ordena una actuación cuya finalidad inmediata ya se había cumplido”, señala la Sala en su sentencia.

El tribunal advierte además del “irresoluble e indeseable escenario” que habría creado ejecutar aquel fallo porque la Administración tendría que dictar una nueva resolución para sustituir a la de diciembre de 2024. Según la Sala, esa resolución “de forma deliberada no se ha cuestionado en la litis”, goza de la presunción de legalidad propia de los actos administrativos y es “plenamente válida y eficaz”. Los magistrados añaden que no cabe reprochar a la Administración que resolviera tarde, porque la ley la obliga a dictar resolución expresa aunque haya vencido el plazo.

La Sala no entra en el resto de cuestiones planteadas. No resuelve si CEISA estaba obligada a ampliar su recurso a la resolución denegatoria, una controversia que, según dice expresamente, “no es el debate aquí”. Tampoco se pronuncia sobre los argumentos de fondo de Puertos Canarios, que niega que exista una unidad funcional entre cantera, fábrica y puerto y que la concesión sea un derecho reglado de la empresa. Al quedar anulada la sentencia, el tribunal tampoco examina el recurso de CEISA, que pedía que se condenara a la Administración a tramitar la concesión en sentido favorable.

La valoración de Puertos Canarios

En un comunicado hecho público avanzada la noche de este lunes, Puertos Canarios ha valorado “favorablemente” la sentencia. Sostiene que el tribunal “acoge el argumento defendido” por el ente público: “No procedía ordenar” que completara un expediente y resolviera una solicitud sobre la que su Consejo de Administración “ya había adoptado una decisión expresa”.

Para este órgano público, el fallo “pone en valor el trabajo de sus servicios jurídicos y la importancia de defender las decisiones administrativas con argumentos documentados y por los cauces legalmente previstos”. También reconoce, según sus argumentos, “la corrección de su planteamiento sobre una cuestión esencial: el juzgado debía tener en cuenta que el expediente ya estaba resuelto”.

Puertos Canarios admite que el TSJC “no concede a CEISA la nueva concesión ni resuelve definitivamente sobre la procedencia de su otorgamiento”. Puertos Canarios afirma que “mantiene su respeto al derecho de defensa de la empresa y a los pronunciamientos judiciales que correspondan”.

Durante el proceso, el juzgado rechazó por extemporáneo un informe del director gerente de Puertos Canarios, de agosto de 2024 y desfavorable a la concesión, porque se aportó cuando ya estaba cerrada la fase de prueba.

La sentencia no es firme, puede ser recurrida en un plazo de 30 días hábiles. El tribunal no impone las costas a ninguna de las partes por la complejidad del asunto.

Valoración de Ceisa

Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha comunicado haber recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ha señalado que esta no se pronuncia sobre el fondo del asunto y devuelve el procedimiento judicial al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se inició. Por lo tanto, “el procedimiento judicial sigue abierto y CEISA seguirá defendiendo sus intereses por los cauces legales”. En la actualidad, CEISA cuenta con las medidas cautelares que amparan su actividad en la fábrica de cemento, concluye la compañía.

El presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha anunciado que Miguel Jorge Blanco será, de nuevo, el candidato de la formación a la Alcaldía de Santa Brígida en las elecciones municipales de mayo de 2027, una decisión con la que los populares dicen apostar “por la experiencia, el conocimiento del municipio y la capacidad de gestión” para afrontar una nueva etapa política en la Villa.

Sánchez ha destacado la trayectoria política de Miguel Jorge, que está en el partido desde 1983 y que ya fue alcalde de Santa Brígida entre 2019 y 2023, además de haber desempeñado distintas responsabilidades institucionales en el Cabildo de Gran Canaria y en el Parlamento de Canarias. Su experiencia al frente del Ayuntamiento constituye, según la dirección insular del PP, un aval para “liderar un proyecto que aspire a recuperar la confianza mayoritaria de los vecinos”.

Sánchez ha subrayado que el Partido Popular está trabajando en la preparación de las candidaturas municipales de 2027 con el objetivo de conformar equipos sólidos, con experiencia y con capacidad para ofrecer alternativas de gobierno en los distintos municipios de Gran Canaria.

La elección de Miguel Jorge se enmarca en esa estrategia de “fortalecimiento” de la organización insular y de apuesta por perfiles con experiencia institucional, conocimiento del territorio y compromiso con el proyecto del Partido Popular.

Experiencia

Miguel Jorge Blanco cuenta con una dilatada trayectoria dentro del Partido Popular. Licenciado en Derecho y miembro de la formación desde 1983, fue presidente insular del PP de Gran Canaria entre 2004 y 2008, y entre 2022 y 2024; además de ocupar diferentes responsabilidades en el Cabildo y en el Parlamento autonómico.

“Su etapa como alcalde de Santa Brígida, entre 2019 y 2023, será uno de los principales puntos de referencia de nuestro proyecto”, afirman los populares. La candidatura buscará poner en valor aquella experiencia de gobierno y plantear una propuesta renovada que responda a las necesidades actuales de los vecinos.

El Partido Popular considera que Santa Brígida necesita un proyecto municipal con visión de futuro, capaz de impulsar el desarrollo del municipio, mejorar los servicios públicos y atender las demandas de los barrios, manteniendo la cercanía con los ciudadanos y la eficacia en la gestión.

Con este anuncio, el PP de Gran Canaria continúa avanzando en la definición de sus candidaturas para las elecciones municipales de 2027, un proceso con el que la dirección insular pretende llegar a la próxima cita electoral con equipos preparados, objetivos claros y proyectos adaptados a la realidad de cada municipio.

La formación afronta esta nueva etapa con la voluntad de recuperar la Alcaldía de Santa Brígida y ofrecer a los vecinos una alternativa de gobierno basada en la experiencia, la planificación y el compromiso con el municipio.

Un hombre de 24 años resultó herido grave este viernes por la tarde tras caerse del 'buggy' que conducía por un camino de difícil acceso en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), informó el 1-1-2 de Canarias.

Cerca de las 15.40 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta sobre la caída de un joven de un ‘buggy’ en un camino de tierra con difícil acceso en el Lomo de las Fuentes.

El herido fue trasladado en un helicóptero del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y atendió al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo de pronóstico grave. Tras la estabilización del paciente, el equipo médico solicitó su evacuación aérea a causa de la orografía y las lesiones en el helicóptero del GES hasta el aeródromo de Maspalomas, desde donde el helicóptero del SUC lo trasladó al centro hospitalario.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y otros seis cargos insulares y empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en la Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 y reclama penas de hasta cinco años de prisión.

Entre los siete investigados figuran, además de la consejera de Política Territorial, el entonces interventor general de la corporación, José Juan Sánchez Arencibia, y el entonces director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, y el director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC, Víctor Quevedo, además de empresarios.

Según ha informado en un comunicado la portavoz de la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Javier Ródenas aprecia en los acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa. En el caso del entonces interventor general, el auto del juez conocido el 3 de octubre también señalaba posibles negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por los expedientes relacionados con su esposa.

La presentación del escrito de la Fiscalía se ha producido tras concluir la investigación el magistrado de la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a las partes para que formularan sus acusaciones, para lo cual tenían 10 días.  

El auto del juez, conocido el 3 de octubre, apuntaba a una posible fragmentación de la organización de las jornadas mediante varios contratos menores. Esta fórmula habría permitido mantener las adjudicaciones sin dar publicidad suficiente para que otras empresas pudieran presentar sus ofertas.

La investigación se centra en los eventos celebrados entre 2016 y 2019 y en el papel de distintas empresas que recibieron fondos del Cabildo de Gran Canaria para organizar las jornadas.

Según el auto, gran parte del dinero abonado a dos de estas entidades habría terminado en Imaco 89, empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo.

En concreto, Imaco 89 habría recibido 44.503,75 euros de los 67.217,40 euros percibidos del Cabildo por el Instituto Canario de Telecomunicaciones, así como 14.924,24 euros de los 14.950 euros abonados a Yedra Comunicación por la organización de las jornadas de 2019.

El juez también aprecia indicios de un perjuicio para las arcas públicas de al menos 11.000 euros relacionado con el reparto de los patrocinios de los eventos.

Qué pide la Fiscalía para cada acusado

El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo.

A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Míchel Jorge Millares.

Para estos dos procesados pide que se les inhabilite durante seis años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El plan, según la Fiscalía: fraccionar contratos

En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad.

De acuerdo con la acusación, la organización y ejecución efectiva de los eventos habría recaído en María Ángeles Horna a través de la mercantil Imaco 89, mientras que otras sociedades habrían figurado formalmente como adjudicatarias de los contratos.

Así mismo, sostiene que determinadas prestaciones integrantes de una misma unidad funcional y económica se habrían dividido artificialmente para evitar que su importe superase los límites del contrato menor.

La Fiscalía Anticorrupción considera que esta fragmentación habría permitido eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y tramitación del procedimiento de contratación que, según su tesis, correspondía por razón de la cuantía y naturaleza de las prestaciones.

En relación con las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria de 2019, la Fiscalía señala una supuesta vulneración de las normas esenciales de contratación pública, con referencia al artículo 118.2 de la legislación de contratos del sector público.

En escrito de conclusiones provisionales expone que se habrían segregado artificialmente prestaciones para realizar gasto público prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Además, mantiene que el procedimiento negociado sin publicidad se habría utilizado para proporcionar cobertura administrativa a una prestación previamente ejecutada, en relación con el contrato de asistencia técnica para la organización de las terceras Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, las de 2018.

Según la acusación, la adjudicación y formalización del contrato se habrían producido después de que la prestación estuviera ya ejecutada, de modo que la tramitación administrativa no habría precedido a la realización efectiva del servicio.

El escrito describe un mecanismo similar respecto de las jornadas de 2019, en las que un contrato menor de servicios se habría adjudicado después de que la organización material del evento estuviera ya avanzada o ejecutada.

La Fiscalía expone que determinadas sociedades habrían actuado como adjudicatarias formales de los contratos de las jornadas, mientras que Imaco habría asumido, según la acusación, la ejecución efectiva de las prestaciones.

En concreto, el escrito identifica al Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, vinculado a Michel Jorge Millares, como adjudicatario formal de los contratos correspondientes a 2016, 2017 y 2018, y a Yedra Comunicación SL, vinculada a Mónica del Pino Torres, como adjudicataria del contrato de 2019.

Según Anticorrupción, las sociedades adjudicatarias habrían percibido fondos públicos y transferido posteriormente cantidades a Imaco.

El escrito también describe operaciones económicas relacionadas con proveedores y pagos por servicios cuya inclusión en los contratos principales sería relevante para determinar si se produjeron duplicidades.

La Fiscalía afirma que los ingresos obtenidos mediante acuerdos de patrocinio debían aplicarse, según las condiciones contractuales descritas en el escrito, a reducir el coste soportado por el Cabildo, y que los contratos de 2017, 2018 y 2019 se abonaron íntegramente sin descontar esas cantidades y cifra en al menos 11.000 euros el perjuicio atribuido a este concepto (3.000 euros correspondientes a 2017, 4.000 euros a 2018 y 4.000 euros a 2019).

La Fiscalía recoge, además, la existencia de aportaciones en especie de entidades colaboradoras que, según el escrito, tampoco se habrían aplicado a reducir el coste contractual.

En cuanto al papel del interventor del Cabildo, centra su presunta participación en la tramitación y fiscalización de gastos relacionados con las jornadas, pese a conocer la existencia de intereses económicos vinculados a Imaco, según recoge el escrito de la Fiscalía. 

La Policía Nacional rescató durante la madrugada del pasado 9 de octubre a un hombre que quedó colgado de la ventana de un noveno piso en un edificio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La actuación de los agentes comenzó cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recibió un aviso de la Sala Operativa CIMACC 091 alertando de que un hombre se encontraba suspendido en el exterior de una ventana y a gran altura.

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que había un hombre agarrado a los barrotes de una ventana y con todo el cuerpo fuera del edificio, por lo que entraron al inmueble y accedieron a la vivienda gracias a las indicaciones de los vecinos.

En este sentido, se dio la circunstancia de que otras de las personas del domicilio les abrió la puerta con normalidad al no conocer inicialmente lo que estaba sucediendo.

Los policías se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa, evitando que se precipitara al vacío.

Al respecto, el hombre se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se resistía a ser auxiliado, lo que dificultaba las maniobras de rescate. No obstante, consiguieron elevarlo e introducirlo por la ventana hasta el interior de la vivienda, donde quedó fuera de peligro.

Poco después, el personal de una ambulancia asistió al afectado en la propia vivienda antes de trasladarlo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica.

La organización ecologista Greenpeace ha exigido el desmantelamiento inmediato de las jaulas para cría de lubinas situadas frente a la playa de Melenara, en Gran Canaria, y frenar nuevos proyectos de acuicultura en la isla como el que se tramita en las costas de La Aldea, por su impacto ambiental. Asegura que un activista le ha proporcionado imágenes grabadas este mes en el puerto de Taliarte que “muestran grandes cantidades de peces muertos hacinados en contenedores para su gestión”, procedentes de granjas de acuicultura fondeadas frente a la costa de Melenara.

La portavoz de Greenpace en Canarias, Irene Sánchez, alerta de que “vuelve a ocurrir un episodio de mortalidad masiva de peces” como el que ya sufrió hace meses ese mismo enclave de la costa del municipio de Telde, en una situación que cree “insostenible”.

Por ello, reclama “el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información”.

“Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por un modelo alimentario sostenible”, opina.

Greenpace aboga, además, por frenar nuevos proyectos acuícolas como el presentado por una empresa para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de La Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales.

Los ecologistas aducen que “el modelo de producción acuícola actual es un negocio que puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas”, debido a que “el aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes”.

A su juicio, que ocurran ese tipo de episodios “no es un hecho excepcional en la acuicultura”, ya que “hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar solo dos ejemplos”.

La organización afirma que la situación se agrava en el caso de Gran Canaria porque se han instalado jaulas “a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias”, y en La Aldea “la concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación”. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desarrollará 14 líneas de investigación para estudiar la dinámica costera, el cambio climático y la contaminación en Las Canteras y El Confital. El proyecto cuenta con un presupuesto de 140.000 euros, financiado a partes iguales por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la universidad por sexto año consecutivo, con el objetivo de avanzar en la conservación y la gestión sostenible de estos dos espacios naturales de referencia en la capital grancanaria.

La investigación se articulará este año a través de dos iniciativas: ‘Investiga Las Canteras’, centrada en el estudio científico del litoral, y ‘Cuida Las Canteras’, orientada a la participación ciudadana y la transferencia del conocimiento a la sociedad.

14 líneas de investigación sobre el litoral de Las Canteras y El Confital

El programa ‘Investiga Las Canteras’ contará con un equipo multidisciplinar integrado por más de 30 catedráticos, doctores, profesores e investigadores en formación de distintos institutos universitarios.

Entre las principales líneas de estudio figuran el análisis de los efectos del cambio climático y el desarrollo de medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar, así como la monitorización de microplásticos y contaminantes orgánicos en el entorno costero.

Los trabajos también abordarán la dinámica sedimentaria y la hidrodinámica del litoral, aspectos fundamentales para comprender la evolución de las playas y los procesos que afectan a estos ecosistemas.

Además, el proyecto contempla la automatización de simulaciones para identificar posibles fuentes de contaminación bacteriana, con el propósito de mejorar el conocimiento sobre los factores que pueden afectar a la calidad ambiental de la zona.

Inteligencia artificial para estudiar el uso de las playas

La iniciativa incorporará también herramientas tecnológicas avanzadas, entre ellas sistemas de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes.

Estas herramientas permitirán caracterizar los patrones de uso y ocupación del espacio costero, aportando información sobre cómo se utilizan las playas y cómo evoluciona la presencia de usuarios en estos entornos.

Ciencia ciudadana para proteger Las Canteras

Por su parte, el programa ‘Cuida Las Canteras’ buscará acercar los resultados de la investigación a la ciudadanía y fomentar la participación social en la conservación del litoral.

Entre las acciones previstas se encuentran la realización de prácticas universitarias y trabajos académicos de fin de grado (TFG) y de máster (TFM), la organización de encuentros de trabajo y el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana para el seguimiento ambiental.

El programa también promoverá la participación activa de la comunidad universitaria en la Microárea Ecoturística de Las Canteras, reforzando la colaboración entre investigadores, instituciones y sociedad civil.

El ámbito de estudio y gestión comprende más de 634 hectáreas en el sector nororiental de Gran Canaria y se encuentra protegido.

Seis años de colaboración científica

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha destacado la continuidad del acuerdo entre el Ayuntamiento y la ULPGC, que cumple seis años consecutivos.

“Cumplir seis años de colaboración continuada demuestra que esta alianza es ya un pilar indispensable y consolidado para la gestión de nuestro patrimonio natural más valioso”, ha señalado.

Quevedo ha defendido, además, la importancia de fundamentar la protección de Las Canteras y El Confital en el conocimiento científico. “No concebimos la protección de Las Canteras y El Confital desde la intuición, sino desde el conocimiento riguroso que nos aporta la ciencia”, ha afirmado.

Varios coches han sido incendiados durante la madrugada de este jueves en la calle Aconcagua de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha confirmado la Policía Nacional, entre ellos se encuentra el Seat Arona de color blanco con el que huyeron los atracadores de la joyería que sufrió un robo en la noche del martes en el Centro Comercial Las Arenas.

La Policía Nacional ha podido confirmar esta relación, después de que el incendio ocurriera sobre las 03.15 horas de este jueves y en el que han sido varios los coches afectados.

Se da la coincidencia de que este incendio se ha producido próximo al apuñalamiento de un hombre en el barrio de La Paterna pero desde el cuerpo policial puntualizan que “no guarda, por el momento, relación con el atraco”.

En dicho atraco, ocurrido sobre las 21.30 horas del martes, los vigilantes de seguridad del recinto consiguieron atrapar a uno de los atracadores y reducirlo hasta la llegada de la Policía Nacional.

Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea ha presentado alegaciones contra la instalación de macrogranjas de lubinas en la costa de ese municipio grancanario, al advertir “deficiencias” y tratarse de un proyecto que, a su juicio, tiene un “rechazo unánime”.

La formación nacionalista ha informado en un comunicado de que ha presentado alegaciones contra la instalación de granjas marinas de lubinas prevista en la ZIA-GC-9 en la costa aldeana, ya que entiende que en la documentación expuesta a información pública “se identifican deficiencias que afectan a aspectos esenciales del proyecto y de su evaluación ambiental”, que son “incompatibles con la instalación y funcionamiento de macrogranjas marinas” en su territorio.

Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea “continuará exigiendo que se deniegue la autorización y la concesión acuícola solicitadas, garantizando que no se instalen las jaulas marinas en esta costa”.

Para ello, ha adelantado que presentará iniciativas en las instituciones “donde tenga representación” para que se elimine de la planificación acuícola de Gran Canaria y del PROAC las zonas delimitadas que afectan a la costa aldeana “por ser incompatibles con sus valores naturales, medioambientales, patrimoniales y tradicionalmente caladero de nuestra pesca artesanal”.

Las alegaciones se basan en “graves deficiencias sustanciales encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental”, como los riesgos para la biodiversidad marina y los espacios naturales protegidos como la Reserva Natural Especial de Guguy, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural de Tamadaba, la ZEPA Franja Marina Mogán-La Aldea, la ZEC Sebadales de Güigüí y la Micro Área Marina Protegida de La Aldea de San Nicolás.

Además, alega la formación, “no da respuesta a las afecciones a la pesca artesanal y a los usos tradicionales y sociales del litoral”.

Como ha recordado Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea, el proyecto no ha tenido en cuenta “la existencia de un rechazo institucional unánime del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y del Cabildo de Gran Canaria”.

Existe, ha subrayado, un pronunciamiento desfavorable del Ayuntamiento sobre el Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, basado en informes técnicos municipales y externos y “tanto el pleno del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás como el pleno del Cabildo de Gran Canaria han acordado por unanimidad el rechazo a la instalación de jaulas marinas en el litoral aldeano”. 

El fotógrafo Nacho González Oramas muestra desde este jueves en la Fundación Mapfre Canarias una colección de obras de gran formato en blanco y negro sobre aluminio texturizado fruto de su búsqueda del “mar interior” de Gran Canaria, isla que inspira gran parte de su trabajo.

En esta exposición, denominada Mar de Isla, que se inaugura a las 19.00 horas, el fotógrafo retrata paisajes del interior de Gran Canaria que representan, a través de una imagen o de un pensamiento onírico, “el mar dentro de la isla”, según ha contado este miércoles a los periodistas al presentar la muestra.

“Se trata de espacios naturales del interior de la isla en el que el mar es el protagonista. Está de una forma visual o lírica. La idea surgió en el pasado, buscando en los invernaderos antiguos” formas que recordaban a las olas, ha explicado.

Al querer rescatar esta idea, González Oramas se dio cuenta de que los invernaderos que quedaban estaban muy destrozados o eran muy modernos, no daban la sensación de marea que pretendía transmitir.

Por eso, para retratar una sensación de olas dentro del paisaje, buscando representar la dicotomía del mar, “que nos oprime alguna vez a la vez que nos invita a soñar y a expandir la imaginación”, y también la belleza dentro de la isla, el fotógrafo se marcó el reto de abandonar el color y usar el blanco y negro en piezas de gran formato, dada su mayor “carga testimonial y dramática”.

De esta forma, González Oramas ha querido homenajear a los grandes paisajistas americanos del siglo pasado, que hacían un paisaje lleno de matices dentro del blanco y negro.

La otra novedad de esta exposición es el material en el que están impresas las fotografías, un aluminio texturizado que es también parte de la obra, ha explicado.

“Están hechas adrede para que se miren desde una cierta distancia y paseando delante de las imágenes, el aluminio nos produce unos reflejos que nos van iluminando y descubriendo partes de la fotografía”, ha referido.

El autor admite que una de las complicaciones del montaje de esta exposición ha sido la iluminación de la sala, ya que las obras funcionan mejor con poca luz para que pueda apreciarse el efecto que emana de las propias fotografías: desde un foco que recuerda al sol, hasta un amanecer.

González Oramas recuerda que en los últimos 10 o 15 años ha hecho mucho paisaje, ha buscado el paisaje dentro de Gran Canaria, donde se ha interesado por las alineaciones de iconos reconocibles, un trabajo que precisa de mucha planificación.

En esta ocasión “hay otra búsqueda”, la de “un paisaje interior de la isla en el que no están esos elementos tan reconocibles, aunque participan de alguna forma”, asegura.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que transportaba en una furgoneta de alquiler más de 3.000 litros de combustible por la GC-500, a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y que presuntamente iban a ser destinados a embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

El hombre ha sido detenido por un presunto delito contra el orden público (petaqueo) después de ser interceptado en la madrugada del 9 de octubre por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Maspalomas, que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana en la carretera GC-500, a la altura del barrio de Los Rodeos, y observaron una furgoneta que llevaba en la parte trasera una carga considerable.

Tras darle el alto e identificar al conductor, los agentes le preguntaron por la mercancía que transportaba, indicando el conductor que transportaba 165 garrafas de gasolina -de 20 litros cada una-, exponiendo que había llenado los recipientes en una estación de servicio de las zonas de El Goro o Arinaga, sin concretar el establecimiento, así como que había abonado el combustible en efectivo careciendo de cualquier recibo o justificante.

Además señaló que debía entregar la mercancía a una persona de la que no sabía su identidad, si bien lo estaba esperaba en una gasolinera del municipio de Mogán, al tiempo que matizó que había aceptado el encargo ante sus dificultades económicas.

Una vez recabada esta información, la Policía Nacional sospechó que el combustible podría estar destinado al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. Así, entre las hipótesis que se barajan se encuentra su posible traslado a una embarcación neumática que actuaría como nodriza, suministrando combustible a otras lanchas empleadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El cuerpo policial matiza que el destino final de las garrafas y su eventual vinculación con estas actividades no han quedado acreditados, pero mantiene abierta la investigación.

Finalmente, ante la falta de documentación que acreditara la procedencia del combustible y las condiciones de su transporte, así como la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la carga, los agentes procedieron a la detención del conductor por un delito contra el orden público (petaqueo).

Vigilantes de seguridad del centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, lograron este martes sobre las 21.30 horas, atrapar a un ladrón mientras, junto a otros tres, perpetraba un atraco en una joyería ubicada en la planta baja del recinto.

Según ha adelantado La Provincia, los guardias consiguieron detener a uno de los asaltantes en el lugar, mientras que otros tres lograron huir en un coche, un Seat Arona de color blanco.

El momento en que los vigilantes atraparon a uno de los ladrones fue grabado y en las imágenes puede verse cómo el asaltante opone resistencia hasta que es reducido e inmovilizado en el suelo. En el vídeo, que ya circula por redes sociales, se ve cómo otro de los ladrones, encapuchado y vestido de negro, intenta en un primer momento acercarse, pero sale corriendo inmediatamente en dirección contraria, perseguido por otros vigilantes.

La zona se ve llena de humo ya que, según las mismas fuentes, los ladrones accionaron un extintor para dificultar la visibilidad en su huida.

Según ha indicado la Policía Nacional, que detuvo al ladrón que fue atrapado por los vigilantes, los asaltantes también fracturaron las vitrinas de la joyería y se llevaron lo expuesto.

Por el momento, se desconoce el valor de lo sustraído y se busca al resto de integrantes de la banda.

En los últimos meses, varios joyerías ubicadas en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde han sufrido atracos. En concreto, el 7 de julio varios encapuchados asaltaron uno de estos establecimientos en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Posteriormente, el 17 de septiembre ocurriría lo mismo en un joyería ubicada en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), de donde los delincuentes lograron llevarse joyas por valor de unos 50.000 euros.

En estos casos los atracos se han producido próximo a la hora del cierre de los centros comerciales y las personas que entraron a robar lo hacían siempre encapuchados.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, ha hecho entrega este martes de 4.000 plantas de café a la Asociación Sin Ánimo de Lucro para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete (Agroagaete), máxima impulsora del cultivo en la comarca.

Según explica el Gobierno insular en una nota, esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la recuperación y expansión de un cultivo histórico, de gran reconocimiento y arraigo social en el Valle de Agaete, favoreciendo el incremento de la superficie cultivada y de la producción de café en el municipio, tal y como explicó hoy el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo.

Asimismo, el Cabildo asegura que esta actuación cumple con los objetivos del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria de mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas cafeteras y valorizar este cultivo. Valorización que culminará con la aprobación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Café de Agaete, solo pendiente de la Comisión Europea, lo que lo convertiría en el primer café con IGP de la Unión Europea.

Los 4.000 plantones repartidos corresponden a la especie Coffea arabica L., variedad ‘Típica’, y proceden de semillas obtenidas de cafetales antiguos del valle de Agaete. Su producción se ha llevado a cabo en los semilleros del vivero del Departamento de Fruticultura del Servicio de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria.

La utilización de este material vegetal permite dar continuidad a la tradición cafetera del municipio y contribuir a la conservación de un patrimonio agrícola que constituye una de sus principales señas de identidad.

Asesoramiento técnico y buenas prácticas agrícolas

Además de la entrega de las plantas, el Cabildo de Gran Canaria ha detallado que ofrecerá asesoramiento técnico especializado a los agricultores y a agricultoras, a través del Departamento de Fruticultura, con especial atención a las buenas prácticas agrícolas durante la plantación y a los cuidados necesarios durante el primer año de desarrollo de los cafetos.

 Este acompañamiento técnico pretende favorecer el correcto establecimiento de las plantaciones, mejorar el desarrollo de las plantas y contribuir a la sostenibilidad y viabilidad de las futuras explotaciones cafeteras, junto a la formación específica y transferencia de tecnología, que se verá reforzado con una subvención nominada para la asociación de 21.000 euros propuesta para el ejercicio de 2027.

El Programa Insular de Desarrollo del Cultivo del Café se remonta al año 2004. En el ámbito de esta iniciativa, en 2006 se puso en marcha el primer semillero colectivo en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo. Asimismo, se estableció una parcela de plantas madre con el propósito de disponer de material vegetal propio y garantizar, en campañas posteriores, el suministro de semillas sin necesidad de recurrir exclusivamente a los cafetales del Valle de Agaete.

Desde entonces, el Departamento de Fruticultura del Servicio de la Granja Agrícola Experimental ha desarrollado las labores de selección, germinación y producción de plantas, aplicando criterios técnicos orientados a obtener plantones de calidad.

Este proceso comienza con la selección de semillas procedentes de frutos maduros, de color rojo cereza y con buenas características de desarrollo. Posteriormente, se someten a labores de limpieza, remojo y eliminación de semillas defectuosas o de aquellas que flotan en el agua. Tras retirar la cubierta de la semilla y completar su acondicionamiento, estas se ponen a secar antes de proceder a su siembra.

La germinación se realiza en bandejas de polietileno situadas en mesas de enraizamiento, utilizando una mezcla de turba y perlita como sustrato. Transcurridos aproximadamente entre 50 y 60 días, las semillas comienzan a germinar, alcanzando la conocida como fase de fosforito. Cuando las plántulas desarrollan sus primeras hojas verdaderas, se trasplantan a bandejas forestales de 28 alveolos, donde continúan su crecimiento hasta alcanzar el tamaño adecuado para su distribución.

En condiciones favorables de temperatura y desarrollo vegetativo, el proceso completo de producción de los plantones requiere aproximadamente entre ocho y nueve meses desde la siembra.

Todo este minucioso trabajo realizado durante años, se oficializa en mayo de 2025 con la inscripción de las instalaciones de la Granja Experimental del Cabildo como productor multiplicador de material vegetal de café y viña en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales del Ministerio, sello que le permite comercializar este material vegetal. Es el único de esta categoría existente en Canarias.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional han desalojado este martes a un mujer con dos niños a su cargo por orden judicial de una vivienda del barrio de Pedro Infinito ante las protestas de varias decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda convocados en la calle Hoya del Rosario por la plataforma ciudadana Derecho al Techo.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional han desalojado este martes por orden judicial de una vivienda del barrio de Pedro Infinito por impago del alquiler a una mujer con un hijo de cuatro años y otro de 16, al no apreciar circunstancias de vulnerabilidad.

La comitiva judicial ha ejecutado el lanzamiento pasadas las 12.30 horas, al no considerar suficientes para aplazar la medida los informes aportados en el último momento sobre la situación en la que queda esta familia, que no tiene alternativa habitacional.

Según el informe elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se trata de una familia monomarental, con baja o nula capacidad económica para hacer frente al pago de una vivienda, desempleada de larga duración, sin red de apoyo familiar, fragilidad de las relaciones sociales y dificultad en el acceso a una vivienda de alquiler.

Jennifer, de 36 años, es madre de dos menores, de 16 años y cuatro años, quienes se encuentran a su cargo. Percibe solo “1.173,76 euros mensuales, procedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía, cantidad claramente insuficiente para afrontar el conjunto de las necesidades básicas de la familia, incluyendo alimentación, vestido, suministros y gastos de vivienda”.

El informe de vulnerabilidad destaca que “ha registrado solicitudes de vivienda ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Asimismo registró su solicitud de mediación en el Programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda, evidenciando que ha iniciado gestiones para intentar acceder a una solución habitacional estable. No obstante, sus limitados recursos económicos y la ausencia de apoyos dificultan considerablemente la posibilidad de encontrar una alternativa residencial por sus propios medios”.

La orden de desahucio, instada por el propietario del inmueble, se ha llevado a cabo ante las protestas de varias decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda convocados en la calle Hoya del Rosario por la plataforma ciudadana Derecho al Techo.

El desahucio de esta vivienda ya se intentó ejecutar este verano, pero entonces se suspendió al comprobar que había menores en la casa.

Los portavoces de Derecho al Techo han denunciado la pasividad institucional con la que consideran que se ha tratado este caso, ya que desde el pasado mes de julio una comitiva judicial informó a la inquilina desahuciada este martes de que la persona con la que vivía, firmante del contrato de alquiler, había dejado de pagar, por lo que se requirió un informe municipal de vulnerabilidad para evitar el lanzamiento.

Un informe que “nunca llegó”

Ese informe “nunca llegó” al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria porque los servicios sociales alegaron que no habían podido localizar a la interesada, Jénnifer, con quien sí dio “al día siguiente” de conocer el lanzamiento del que iba a ser objeto esta plataforma por el derecho a la vivienda.

Desde este colectivo reprochan al propietario del inmueble que habitaba que no haya querido negociar un alquiler asequible con la perjudicada, quien cobra una ayuda social.

Paula Núñez, de Derecho al Techo, ha criticado que, pese a la urgencia de este caso, la designación el 30 de septiembre de un letrado del turno de oficio “no llegara correctamente al juzgado”, por lo que no se ha podido adjuntar al expediente los informes con los que asegura que podría haberse evitado este desahucio en virtud del 'decreto Maricarmen' en vigor.

“El problema no es tanto que no haya herramientas judiciales o administrativas como que las administraciones no están actuando, están en una clara inacción y pasividad absoluta. Lo que falta es voluntad de aplicar la ley”, ha opinado.

Enfrentamiento con los manifestantes

Tras un fuerte forcejeo con las decenas de personas que se apostaban ante el portal en cuyo bajo vivía Jénnifer con sus dos hijos, la Policía tuvo que esperar a que la procuradora del titular de la vivienda les facilitara una llave para abrir la puerta de la calle.

Mientras los allegados y miembros de Derecho al Techo lanzaban consignas de protesta, como “la casa es para vivir, no para especular”, “ni un desahucio sin respuesta” o “rescatan al banquero, desahucian al obrero”, los agentes de la Policía Nacional personados en el lugar tuvieron que usar una sierra radial para entrar a la vivienda, ya que su acceso estaba bloqueado por dentro con enseres.

De su interior sacaron a Jennifer y a otras personas que le apoyaban.

Ante la gravedad de los hechos, que han conmocionado al barrio de Pedro Hidalgo, un agente de la unidad de la Policía Local especializada en la protección de menores vulnerables se ha personado para cerciorarse de que la afectada y sus hijos, que estaban en el colegio mientras se producía el lanzamiento, dormirán esta noche en casa de un familiar, como les ha garantizado Jennifer.

Preguntado por EFE sobre este caso, un portavoz del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que el Consistorio “ha hecho lo que debía” dentro de sus competencias y ha recordado que, si la afectada pide una ayuda, se le concederá “como hace siempre”.

“Solo pedía un poco de tiempo”

Tras encararse con el dueño del piso, que ha llegado una vez que el lanzamiento se había producido, para reprocharle que no le diera más tiempo para encontrar un hogar al que marcharse, Jennifer ha contado a los periodistas que nunca pretendió quedarse con esa vivienda, que pagaba el agua y la luz, como había acordado con la persona que firmó el contrato de arrendamiento, porque cobra una ayuda social y no le da para más.

“Nunca me he negado a pagarle el alquiler, sólo le pedí un poco de tiempo para que me ayudaran en Vivienda para irme con mis hijos. Él me dijo que quería venderla para darse un capricho. Soy una buena madre, mis hijos sacan buenas notas, deberían de mirar el papel de vulnerabilidad. Esto cada vez va a peor, hay muchos españoles que están igual que yo, con menores en la calle, y deberían darnos vivienda, que es lo básico para un ser humano”, ha reprochado Jennifer entre lágrimas a las administraciones concernidas.

Ahora la afectada espera que los informes de la Unidad de Protección y Acompañamiento de la Policía Local hagan que los servicios sociales brinden una solución habitacional temporal a su familia, a la espera de poder acceder a un alquiler que pueda pagar. 

Un total de tres personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico entre dos motocicletas en la carretera de Sardina, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se produjo a las 19.08 horas de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que una mujer presentaba, en el momento inicial de la asistencia, lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo atendieron a dos hombres que presentaban lesiones de carácter leve, salvo complicaciones, por lo que uno fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y otro al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Guardia Civil, que han realizado el atestado correspondiente.