Izquierda Unida ha reclamado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), la implantación de una tasa turística que permita “compensar el impacto” que la afluencia de visitantes genera sobre los servicios públicos, al tiempo que contribuya a mejorar infraestructuras esenciales en materia de sanidad, seguridad y emergencias, limpieza o abastecimiento de agua.

El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha reiterado en un comunicado esta petición tras las formuladas previamente en el decreto de viviendas de uso turístico y después de conocerse el rechazo a esta medida del PP en Cantabria, a diferencia de territorios vecinos como Asturias o el País Vasco, que ya han anunciado su puesta en marcha a partir de 2027 para hacer frente a los sobrecostes derivados del turismo.

“Buruaga se empeña en exprimir un modelo de turismo a costa del bolsillo de las familias cántabras que residen todo el año y que ve cómo los servicios públicos que deberían atender con normalidad se tensionan o empeoran sin pedir corresponsabilidad a quien lo provoca, el turista”, ha señalado el líder de IU en la comunidad.

En su opinión, la tasa turística es una medida “de corresponsabilidad” y “la población debe entender, y así lo hace, que sostener determinados servicios exige contribuir a ello”, ha continuado.

IU ha defendido que el incremento de visitantes durante los periodos de mayor afluencia “supone una presión añadida sobre servicios públicos básicos”, como la sanidad, la gestión de residuos, la limpieza, la seguridad, el suministro de agua o la protección del patrimonio; unos gastos que actualmente “recaen de forma mayoritaria sobre la población residente”.

En este sentido, Ruiz Salmón ha incidido en que una tasa turística permitiría reforzar inversiones en infraestructuras clave.

Además, ha reiterado que este tipo de medidas “son habituales en numerosos destinos europeos” y que su aplicación “no busca penalizar la llegada de turistas”, sino garantizar un reparto más equitativo de los costes asociados a la actividad turística, “contribuyendo a la sostenibilidad de un modelo que actualmente no tiene”.

Asimismo, la formación ha criticado la postura del Ejecutivo cántabro por “renunciar a abrir un debate necesario” en un contexto en el que el turismo sigue creciendo y ha instado al Gobierno de Buruaga a dialogar con administraciones locales, agentes sociales y el sector turístico para diseñar una tasa “justa, progresiva y adaptada a la realidad de Cantabria y que cuente con una parte variable a criterio de cada municipio”.

Finalmente, IU ha insistido en que la implantación de este gravamen permitiría no solo mejorar la calidad de los servicios públicos, sino también preservar los recursos naturales y patrimoniales y garantizar un desarrollo turístico “equilibrado y sostenible a largo plazo”.

El PSOE de Cantabria ha defendido la necesidad de aplicar una tasa turística por pernoctación en Santander para destinarla a mejorar los servicios para los vecinos, y ha criticado que el PP y la alcaldesa, Gema Igual, se hayan opuesto “de la peor forma posible” a esta medida que ya han adoptado “los principales destinos turísticos del país”.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, ha criticado este miércoles en rueda de prensa la reacción de la regidora a esta propuesta, respecto a la que ha señalado que referirse al turismo como “la gallina de los huevos de oro que no podemos dañar” da una idea de las políticas “tan anticuadas y obsoletas que el PP pone en marcha en Santander”.

A juicio de la dirigente socialista, Santander es “el lugar idóneo” para poner en marcha esta tasa y que luego pueda replicarse en otros lugares de Cantabria, por lo que ha tildado de “necesaria y oportuna” la moción en este sentido, anunciada la semana pasada, por el portavoz socialista en la capital, Daniel Fernández, para el próximo Pleno municipal.

Los socialistas han reivindicado un modelo “equilibrado, responsable y sostenible”, en el que el éxito turístico contribuya también a mejorar la ciudad. En este sentido, han explicado que el turismo requiere de inversiones continuas en limpieza, movilidad o seguridad, “cuyo coste a día de hoy recae principalmente sobre los vecinos”.

Es por ello que defienden que “una pequeña parte de la riqueza” que generan los visitantes contribuya a mejorar los recursos de los contribuyentes, destinándola a la limpieza, el aumento de frecuencias del transporte público, la mejora de las condiciones de la Policía Local o el mantenimiento de los parques, playas e infraestructuras.

“Queremos una ciudad que siga siendo acogedora, queremos que quienes nos visitan disfruten de Santander, pero sobre todo queremos que quienes viven aquí los doce meses del año vean reforzados sus servicios y mejorada su calidad de vida”, ha resumido la portavoz.

Quiñones ha insistido en que apostar por una tasa turística bien diseñada “no es estar en contra del turismo” sino defender un modelo “sostenible, capaz de seguir generando riqueza y empleo sin trasladar todos los costes a los vecinos”. Como ha indicado, esto responde a un “principio de corresponsabilidad: quien disfruta de los servicios y espacios de la ciudad contribuye, aunque sea mínimamente, a su conservación”.

Los principales destinos ya lo hacen “sin perder atractivo”

“Si el turismo es realmente la gallina de los huevos de oro, la peor estrategia no es pedir una modesta contribución para su mantenimiento”, sino “explotar sus beneficios sin reinvertir en aquello que los hace posibles”, ha valorado la socialista, al tiempo que ha insistido en que se trataría de una “pequeña” aportación que “no va a hacer que nadie que quiera visitarnos deje de hacerlo”.

De hecho, ha subrayado que lugares como Baleares, Barcelona o Málaga ya tienen en marcha la tasa turística. Así, Quiñones ha criticado que, mientras “los principales destinos del país han adoptado esta medida y la experiencia demuestra que lo han hecho sin perder atractivo, Gema Igual, con la peor hoja de servicios públicos de la historia de alcaldes de Santander, se niega a mejorar los servicios públicos gracias al turismo que llega cada año”.

“La verdadera elección está entre dejar a los turistas sin tasa o ayudar a los vecinos y vecinas a mejorar los servicios”, ha sentenciado la portavoz del PSOE tras ejemplificar que, si la tasa turística fuera de un euro por pernoctación, Santander habría ingresado gracias a ella un millón en las arcas municipales en 2025.

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la segunda convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 282 plazas de personal funcionario y laboral.

Tras la publicación de la orden de convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles, se ha abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, que serán por el sistema de oposición libre.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 30 de junio, con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de septiembre.

A partir del mes de julio se celebrarán las pruebas de las primeras plazas convocadas de la OEP 2025-2026 para acceder, en este caso, a 103 plazas para cubrir los puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, entre las que se encuentran las de bomberos forestal, operario de carreteras y auxiliar de enfermería, entre otras.

Igualmente, se están ejecutando ahora las pruebas para la cobertura de 25 plazas de bombero para los parques de emergencia autonómicos, con las que se garantizará las guardias mínimas de cuatro efectivos.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que la actual oferta de empleo público en la Administración General es “una de las mayores de la última década”, con un total de 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y otras 181 de promoción interna.

Se trata de una convocatoria “estratégica” para mejorar y modernizar los servicios públicos y es importante que estas plazas se convoquen por oposición para “retener talento, atraer nuevos perfiles profesionales y garantizar el relevo generacional en la Administración autonómica”, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Distribución de plazas

El segundo bloque de convocatorias publicado este miércoles por la Consejería de Presidencia está formado por 282 plazas de las que 130 son de personal funcionario y 152 de laborales.

Respecto al personal funcionario, se convocan plazas del Cuerpo de Letrados (2 plazas), Cuerpo Técnico Superior en la rama Jurídica (13), Ingeniero Agrónomo (2) Arquitecto (1), Geografía (2), Ingeniero de Caminos (5), Ingeniero Industrial (4) e Ingeniero de Telecomunicaciones (2).

Además, se convocan plazas de Medicina (8), Medicina Familiar y Comunitaria (2), Medicina del Trabajo (3), Veterinaria (14), Cuerpo de Gestión (16), Cuerpo Técnico de Finanzas (9), Arquitecto Técnico (4), Enfermería (15), Ingeniero Técnico Forestal (2), Ingeniero Técnico Industrial (3) y Técnico de Gestión de Sistemas (4).

Igualmente, se ha abierto el plazo de solicitud para acceder a las plazas de funcionarios de Terapia Ocupacional (2), Trabajo Social (12), Técnico Auxiliar de Protección Civil (3) y de la Agrupación Profesional de Subalternos (2).

Respecto al personal laboral, se convocan las plazas de Encargado de Obras Públicas (3), Encargado de Planes Hidrológicos (2), Técnico Superior Analista de Laboratorio (2), Técnico Superior de Educación Infantil (10 plazas), Técnico Superior de Explotación Portuaria (4), Técnico Superior en Integración Social (7), Técnico de Cocina (4) y Auxiliar de Laboratorio (2).

Por último, se convocan las plazas de las categorías de personal laboral de Oficial de Oficios-Pintor (1), Operario de Maquinaria Pesada (4), Técnico de Conservación del Patrimonio Natural (2), Técnico de Explotaciones Agropecuarias (2), Técnico de Planta Hidrológica (16), Técnico Sociosanitario (79), Conductor de consejero (4), Operario de Cocina (8) y Peón Especializado (2).

La diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha augurado un “colapso” en el Hospital Tres Mares, como consecuencia de “la acumulación de pacientes que se verán obligados a solicitar asistencia de Atención Primaria por la falta de médicos prevista durante todo el verano en ocho de los o11 consultorios rurales de Campoo, ausencias que se prolongarán entre 15 días y más de un mes”.

Así lo ha dado a conocer la regionalista, quien se ha declarado “muy preocupada” por la “sobrecarga” que puede llegar a sufrir el hospital a causa de la falta de médicos en los consultorios, la llegada de visitantes, que llegan a “multiplicar por siete” la población de la comarca, y la ubicación en el propio centro hospitalario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), trasladado desde el cierre del Centro de Salud de Reinosa por un desplome en el tejado, en septiembre de 2024.

“Buena parte de la población de Campoo no tendrá más forma de acceder a un médico que personarse en el hospital, sobre todo en horario de mañana y antes de la apertura de los SUAPs de Polientes y Mataporquera, que funcionan entre las 15.00 y las 8.00 horas”, ha explicado Fernández.

“Estamos ante una situación muy preocupante y sin precedentes, porque el hospital ya está asumiendo la labor del centro de salud cerrado en Reinosa, a la que tendrá que sumar a partir de ahora la atención a los pacientes procedentes de los consultorios rurales que se quedan sin médico durante el verano”, ha agregado.

La regionalista ha detallado qué falta de facultativos afectará a la práctica totalidad de la comarca, según la información facilitada a los centros por el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En concreto, obligará al “cierre total” de los consultorios de Polientes y Villanueva de la Nía, que “ya llevan tiempo sin médico titular y solo cuentan con sustituciones parciales del profesional de refuerzo en la zona”.

Además, las “ausencias vacacionales también dejarán sin facultativo durante varias semanas” a los pacientes de Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, Campoo de Suso, Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo.

En total, de los 11 municipios de Campoo solo Mataporquera, San Miguel de Aguayo y Pesquera “lograrán mantener la atención médica, al no estar previstas ausencias por vacaciones durante el verano”.

Fernández ha visitado Reinosa, acompañada por concejales y representantes del PRC en la comarca, para interesarse por la situación sanitaria y las consecuencias que la falta de profesionales está teniendo para los usuarios de Atención Primaria, dado que puede verse “seriamente agravada en las próximas semanas”.

A la vista de las previsiones del Servicio Cántabro de Salud, ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad” del Gobierno regional para que “tome medidas extraordinarias y urgentes y comience a cubrir las vacantes para garantizar la cobertura sanitaria en los municipios”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará este verano la obra de renovación del firme de los 18 kilómetros de la autovía A-67 comprendidos entre Reinosa y el limite provincial con Palencia, en ambos carriles y ambos sentidos, con un presupuesto de 8 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Además, dentro del contrato de emergencia de la Demarcación de Carreteras en Cantabria para mejorar la nacional N-611 --que cuenta con un presupuesto total de 11 millones de euros--, las máquinas ya trabajan sobre el firme del tramo Mataporquera-Reinosa, para terminar con el “evidente deterioro”.

Así lo han anunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, tras una reunión, en la que también han adelantado un proyecto para abrir una oficina fija de la Policía Nacional y mejoras puntuales en el proyecto de supresión de pasos a nivel.

En el primer proyecto, la Delegación trabajará durante los “próximos meses” junto a la Jefatura Superior de Policía para abrir “lo antes posible” una Oficina de Expedición de DNI y Pasaportes, permanente y que atenderá de lunes a viernes. En Cantabria, solo existe otra similar, ubicada en Castro Urdiales, además de las integradas en las demarcaciones de Torrelavega y Santander.

Hasta su apertura, el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional aumentará de dos a tres sus visitas mensuales a la capital campurriana, para atender una lista de espera de “más de 80 personas”, entre las que también se encuentran empadronados en municipios del norte de Castilla y León.

Pasos a nivel

Por otro lado, ambos han anunciado mejoras en la integración ferroviaria de Campoo, que incluye la supresión de dos pasos a nivel ubicados en Reinosa y un tercero en Campoo de Enmedio. Durante una reunión que, según Balbontín, “no ha trascendido”, los municipios y Adif han “enriquecido” el proyecto, cuyos detalles se anunciarán en julio junto al proyecto de la nueva estación de Alta Velocidad de Reinosa.

Actualmente, Adif está trabajando en el nuevo convenio, que después tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y finalmente será firmado por ambos ayuntamientos, Gobierno de Cantabria y Gobierno de España. En este sentido, Casares ha señalado que la firma definitiva “nos va a llevar todavía meses, pero va a ser un antes y un después”.

Sobre el Polígono de La Vega, el regidor reinosano ha afirmado que existen “media docena de empresas” interesadas en comprar parcelas. Además, este martes ha mantenido una reunión con empresarios de la zona, cuyas peticiones mandará “inmediatamente” a Casa 47, empresa pública propietaria de este suelo industrial.

En otro punto, el delegado ha puesto en valor la rehabilitación integral del Centro de Salud de Reinosa, con una inversión de un millón de euros del Ministerio de Vivienda; la inauguración “en muy pocas semanas” de las primeras 19 viviendas de alquiler asequible, con otro millón de euros; la recuperación de las paradas del Alvia al mediodía; y la futura inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil del municipio.

Por su lado, el nuevo alcalde ha destacado la inversión de “más de 30 millones de euros” del Estado para la comarca de Campoo. Se trata de la primera visita a la Delegación del Gobierno desde su toma de posesión hace dos meses.

El Ayuntamiento de Santander suma un nuevo conflicto con la adjudicación de contratos, unos días después de anularse el contrato de la feria taurina. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada, tras el recurso de otra firma que fue excluida a última hora del proceso.

Desde el consistorio dicen que “se trata de una circunstancia completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública”. La redacción del plan de urbanismo es una asignatura pendiente en la ciudad y sucesivos equipos de gobierno municipales han sido incapaces de sacarlo adelante.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó el contrato hace unos días, el 1 de junio, a la empresa Ezquiaga que presentó una oferta junto a otras empresas -lo que se conoce como UTE, unión temporal de empresas- junto a Sociedad y Territorio, Jornet Llop Pastor, Ineco y Junquera Arquitectos.

El propio equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) ha informado en una nota de prensa que la empresa Omicron-Amepro, S.A. recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso.

Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación en el proceso de licitación pero finalmente ganó la segunda mejor valorada: Ezquiaga. La explicación es que el Ayuntamiento de Santander decidió excluir a la primera argumentando que faltaba documentación.

La nota del Ayuntamiento dice que durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad “y en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro”. Sin explicar las razones.

Por su parte, el Tribunal ha estimado la solicitud porque considera que si el contrato sigue adelante podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por ello ha decidido suspenderlo hasta que se resuelva definitivamente el asunto.

Diez años después de su anulación por el Supremo

Por lo demás, la reacción municipal ha sido lamentar el retraso en la tramitación de la revisión del PGOU, un documento que se aprobó en 2012 y que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016. Los magistrados consideraron que no garantizaba “la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”. Diez años después la ciudad se rige provisionalmente por el planeamiento de 1997, tras un intento en la pasada legislatura de avanzar sin éxito en un documento gracias al empeño del concejal de Ciudadanos, Javier Ceruti, que gobernaba en coalición con el entonces equipo de gobierno en minoría del PP.

Anulación del contrato de la feria taurina

El mismo Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha paralizado este contrato del PGOU hace unos días declaró nulo el acuerdo adoptado por la Empresa Municipal Plaza de Toros de Santander para adjudicar la organización de la feria taurina de Santiago a la empresa Lances de Futuro, tras estimar el recurso presentado por otra empresa, Cántabra de Toros, que también participó en el proceso.

El PSOE de Santander ha denunciado que el Tribunal tuvo que requerir el expediente al equipo de gobierno del Partido Popular hasta en cinco ocasiones. “Esa forma de actuar refleja una preocupante falta de diligencia y de respeto hacia los órganos de control administrativo”, ha denunciado Daniel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El nieto del golpista general Dávila reclamará este miércoles 9 de junio en los tribunales que el actual Paseo Altamira de Santander siga conservando el nombre de su abuelo que se puso a esta calle durante la dictadura franquista. Juan de Dios Ávila, también militar ya retirado, pretende que el juez anule el acuerdo del pleno de Santander del 24 de abril de 2025 sobre el cambio de denominación de una decena de calles, entre ellas la de su pariente.

La vista se celebra en los juzgados de Santander, la ciudad que ha tardado una década en cambiar 18 nombres de calles vinculados con el franquismo, cambio aprobado por el Ayuntamiento en 2015 y que no se ejecutó hasta el año pasado, a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática que exigió al Ayuntamiento que cumpliese su propio acuerdo.

Lo que pretende la demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander es que se anule el acuerdo municipal por “una indebida aplicación” de la Ley de Memoria Democrática. Madrid también borró la calle que dedicó la dictadura el general Dávila y su familia lo recurrió sin éxito en los tribunales “a la vista de los méritos criminales que se le atribuyen», subraya el fiscal de Memoria Democrática de Cantabria Carlos Yáñez.

El general franquista Fidel Dávila, que durante décadas ha bautizado una de las principales vías de la ciudad, fue comandante en jefe del Ejército del Norte, desempeñó un papel sustancial en la organización del golpe militar de 1936 y fue un actor principal de la represión de la dictadura.

El Paseo Altamira se conocía como Paseo del Alta hasta que se rebautizó con el nombre del general Dávila en agosto de 1937, cuando las tropas de los golpistas de Franco tomaron Santander.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado en mayo la repatriación de otros 5 menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

El Consejo de Gobierno acordó durante el mes anterior autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso-administrativo frente a cinco resolución del Gobierno en Canarias por las que se traslada y se reubica en Cantabria a tres menores de edad llegados desde Ceuta y otros dos desde Canarias.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección autonómica. Pero la política de solicitar la repatriación es constante, se ha hecho en todos los casos.

El Gobierno recurre todas las llegadas de menores extranjeros a Cantabria. Unos traslados que la propia consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, califica como “forzosos” porque en su opinión el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”. En su opinión, ello justifica que se hayan “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”.

Tasio Cañedo fue injustamente fusilado hace 88 años. Una resolución judicial ha renonocido que el teniente del Ejército republicano y militante de UGT fue sometido a un juicio sin garantías y ejecutado de manera injusta durante la Guerra Civil por su ideología política. Una sentencia que además reconoce “el daño causado a la familia” y subraya que “no cometió delito alguno”. “Se le sometió a una muerte injusta e inhumana”, concluye el auto.

El proceso se ha realizado a instancias de su sobrina, María Toca, presidenta de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca que ha considerado esta sentencia “un paso relevante para la reparación de las víctimas de la represión franquista”.

La figura de Tasio Cañedo da nombre al Memorial de Memoria Democrática Tasio Cañedo, ubicado en la sede de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, en la calle Juan XXIII, número 22, de Santander. El espacio recuerda tanto su trayectoria como la de otras personas represaliadas durante la dictadura.

La resolución, dictada por el magistrado Tomás Hernando Saiz en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santoña, da respuesta al expediente promovido por la Fiscalía de Memoria Democrática al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El procedimiento fue incoado el pasado 21 de abril y la vista se celebró el 29 de mayo, quedando posteriormente visto para sentencia.

El auto concluye que Manuel Cañedo Mancebo, conocido como Tasio Cañedo, fue sometido a un juicio sumarísimo sin garantías y condenado a muerte por motivos ideológicos, con “exclusión o negación absoluta de cualquier derecho”. Además, determina que no cometió delito alguno y que fue víctima de una muerte “injusta e inhumana”, declarando igualmente el daño causado a su familia como consecuencia de su ejecución.

La resolución recoge que la solicitud fue formulada por el Ministerio Fiscal, que interesó que se declarara judicialmente la realidad de los hechos sufridos por Cañedo durante la represión franquista. Tras analizar la documentación incorporada al expediente y la prueba practicada durante la vista, el magistrado concluye que concurren los requisitos establecidos en la legislación vigente para emitir dicha declaración judicial.

Entre las pruebas valoradas figura la declaración de María Jesús Toca Cañedo, sobrina nieta de Tasio Cañedo, quien relató ante el juzgado el profundo impacto que la ejecución tuvo sobre su familia. Según recoge el auto, explicó que uno de los hermanos de Tasio convivió durante toda su vida con el dolor de aquellos hechos y con el sentimiento de culpa por haber sobrevivido a la guerra mientras él había sido fusilado.

Asimismo, la resolución señala que la condena se sustentó en un informe emitido por Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el que se atribuía a Cañedo la condición de teniente de Milicias y “agente provocador”. A juicio del magistrado, la documentación obrante en el expediente acredita que aquel procedimiento careció de las más mínimas garantías procesales y estuvo motivado por razones políticas.

Tras conocer el contenido del auto, María Toca ha asegurado que la resolución supone el cierre de un largo proceso de investigación y recuperación de la memoria familiar. A su juicio, el pronunciamiento judicial confirma oficialmente unos hechos que durante décadas fueron transmitidos de generación en generación y que ahora cuentan con el respaldo de una resolución dictada por la Justicia española.

La presidenta de Ágora Solidaria ha destacado especialmente la importancia de que el fallo reconozca la naturaleza injusta de la condena y la responsabilidad de quienes participaron en el proceso que terminó con el fusilamiento de su tío abuelo. En este sentido, considera especialmente relevante que la investigación haya permitido esclarecer las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos.

Toca ha explicado que uno de los aspectos que más valora de la resolución es que se haya puesto el foco en los elementos que hicieron posible aquella condena. En su opinión, el auto permite comprender mejor el contexto represivo que rodeó el caso y contribuye a restituir la verdad histórica sobre lo sucedido.

“Hoy sabemos y queda ratificado por un juzgado del Estado español que mi tío fue asesinado por unos criminales. Esa es la parte más importante de esta resolución”, ha afirmado.

No obstante, también ha reconocido que la noticia está marcada por la tristeza. Según ha señalado, ninguno de los hermanos de Tasio Cañedo ha podido llegar a conocer esta resolución, pese a que durante décadas mantuvieron viva la memoria de lo sucedido y esperaron algún tipo de reconocimiento oficial.

“Lo triste es que ninguno de sus hermanos ha podido vivir este momento. Todo esto llega tarde, muy tarde. Tendría que haber ocurrido hace muchos años”, ha lamentado.

La presidenta de Ágora Solidaria ha reivindicado además el papel de quienes sufrieron la represión franquista por defender la legalidad democrática de la Segunda República. En este sentido, ha recordado que su tío abuelo fue ejecutado por sus convicciones políticas y sindicales y por defender principios como la democracia, la libertad, la justicia social o los derechos de los trabajadores.

Toca ha querido además extender este reconocimiento al conjunto de las víctimas de la represión franquista. “El orgullo que siento por mi familia lo hago extensivo a todas las víctimas. Para mí forman parte de la misma historia y de la misma memoria colectiva”, ha señalado.

La petición de revisión fue impulsada por María Toca Cañedo, mientras que la solicitud de nulidad fue presentada por el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez. Con esta resolución, la Justicia reconoce oficialmente que Tasio Cañedo fue víctima de un procedimiento sin garantías y de una condena basada en motivos ideológicos, cerrando un capítulo que permanecía abierto desde hace casi nueve décadas.

La decisión judicial supone además uno de los pronunciamientos más relevantes dictados en Cantabria al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Para la familia de Tasio Cañedo, el auto convierte en reconocimiento jurídico una verdad sostenida durante generaciones y representa un acto de reparación moral que, aunque tardío, devuelve dignidad a una de las víctimas de la represión franquista.

La Consejería de Educación sustituirá la “obsoleta” plataforma educativa Yedra por una nueva que será “mucho más intuitiva y operativa” y que mediante el uso de inteligencia artificial (IA) permitirá una gestión “interoperativa” de los datos que simplificará la burocracia educativa.

En concreto, implementará el software Séneca, ofrecido por la Junta de Andalucía “libre y gratuitamente” a Cantabria, y que facilitará a los docentes la introducción de datos en el sistema y a las direcciones generales la recopilación de los mismos para abordar asuntos como la escolarización o la bajada de ratios, por ejemplo.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del ramo, Sergio Silva, antes de la celebración del tercer comité de directores del curso 2025-2026, en el que ha detallado esta mejora a los responsables de los casi 300 centros de la región.

Silva ha explicado que actualmente la Consejería realiza un trabajo “casi artesanal” para recabar los datos, por lo que el cambio resulta “imprescindible”, ya que la futura plataforma aporta “rapidez”.

En este sentido, Educación trabaja con una hoja de ruta “a tres o cuatro años” para cambiar tanto el hardware como el software, tiempo suficiente para “aterrizar” el nuevo sistema, en un proceso que afectará “mucho” a los centros y a las familias, tras más de dos décadas con Yedra.

En un primer momento, el Ejecutivo valoró si se podía escalar el sistema actual para adaptarlo a las necesidades de gestión educativa, pero los técnicos informáticos del Gobierno han dicho “claramente” que no es operativo y que es necesaria una nueva plataforma, ha señalado Silva.

Para la elección del futuro sistema, la Consejería ha contactado con diferentes comunidades autónomas para conocer sus modelos e incluso el consejero y el director general de Calidad Educativa, José Luis Blanco, viajaron a otras regiones.

En esas visitas, comprobaron que el modelo “más avanzado” es Séneca, ha insistido Silva, quien ha asegurado que la Junta de Andalucía ha realizado una gestión “muy altruista” de la cesión de su software, ya que ha explicado a Cantabria cómo funciona y se lo ha cedido “libre y gratuitamente”.

Cantabria conserva en sus valles interiores una parte esencial de su patrimonio rural. Más allá de la franja costera y de las villas marineras más conocidas, la comunidad mantiene pequeños núcleos donde el urbanismo, los materiales de las viviendas y el propio paisaje reflejan una forma de vida ligada a la ganadería, a los caminos tradicionales y a la montaña. Carmona, en el municipio de Cabuérniga, encaja en esa imagen reconocible del interior cántabro, con calles de piedra, fachadas sobrias y un entorno dominado por prados y laderas.

Esta localidad se sitúa en el occidente de Cantabria, en una zona de media montaña vinculada al valle medio del Nansa y a la conexión entre los valles del Saja y del Nansa. Se encuentra a unos 65 kilómetros de Santander y a algo más de media hora en coche de Bárcena Mayor. Su reducido tamaño, con menos de un centenar de habitantes, permite recorrer el núcleo a pie y observar sin apenas desplazamientos el conjunto de viviendas, casonas y espacios abiertos que definen su carácter.

Carmona fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985 y, desde 2019, forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Su valor no se concentra en un monumento concreto, sino en la conservación de una estructura tradicional donde se mantienen casas de piedra, balcones de madera, arcos en planta baja y calles empedradas. Este conjunto, representativo de la arquitectura montañesa de los valles del Saja, Nansa y Besaya, lo convierte en una parada habitual para quienes buscan una escapada de interior.

Casonas, tradición ganadera y vistas al valle: qué ver en Carmona

El recorrido por Carmona comienza en sus propias calles. El casco urbano mantiene una estructura compacta, con viviendas de dos plantas. Las casas más sencillas conviven con casonas montañesas de mayor tamaño, lo que permite apreciar la evolución del núcleo. En muchas construcciones se repiten elementos característicos de esta arquitectura rural, como los muros de piedra, las cubiertas inclinadas, las solanas de madera o los soportales que protegían las entradas.

Gran parte del interés de la visita reside en pasear por la localidad. Las dimensiones del pueblo hacen innecesario seguir un itinerario cerrado. Las calles empedradas conectan las distintas zonas y muestran cómo las construcciones se adaptan al relieve. En varios puntos aparecen viviendas de los siglos XVII y XVIII, junto a alguna edificación más antigua. Esta continuidad arquitectónica ayuda a entender su protección como conjunto histórico y su inclusión entre los pueblos más representativos de Cantabria.

Entre los edificios destaca el Palacio de los Díaz Cossío y Mier, también conocido como Palacio de los Díaz Cossío Calderón y Mier. Se trata de una casona montañesa del siglo XVIII que sobresale por sus dimensiones y por la composición de su fachada. En la actualidad funciona como hotel, aunque sigue siendo uno de los elementos más reconocibles del pueblo. En su exterior llaman la atención los arcos rebajados de la planta baja.

Este tipo de construcciones refleja el peso que tuvieron algunas familias destacadas en la historia local. Frente a las casas más modestas, vinculadas a la actividad agrícola y ganadera, estas edificaciones introducen otra escala dentro del mismo núcleo. La combinación de arquitectura popular y señorial permite entender mejor Carmona: no se trata solo de un conjunto bien conservado, sino de un espacio donde distintas formas de vida quedaron reflejadas en sus edificios.

La tradición ganadera también forma parte del recorrido. En Carmona se encuentra el Monumento a la Vaca Tudanca, una escultura que recuerda la importancia de esta raza autóctona y su vínculo con la economía local. Originaria del entorno de Tudanca y del valle del Nansa, esta raza ha estado históricamente asociada a la vida rural por su resistencia y adaptación al terreno. Su presencia en el espacio público actúa como recordatorio de un paisaje y una actividad que aún hoy siguen presentes en los prados de la zona.

El entorno natural completa la visita sin restar protagonismo al conjunto histórico. Carmona está rodeado de montes y caminos que permiten alargar el recorrido más allá del núcleo urbano. La zona resulta adecuada para combinar un paseo por el pueblo con alguna ruta sencilla por los alrededores. En las inmediaciones, uno de los puntos más citados es el Mirador de la Asomada del Rivero, situado a unos cuatro kilómetros. Desde allí se obtiene una vista amplia del valle de Cabuérniga, con el caserío distribuido entre los prados.

Carmona se presenta así como una escapada de interior. Su máximo interés reside en la suma de calles empedradas, viviendas tradicionales, casonas montañesas, memoria ganadera y vistas abiertas al valle. A diferencia de otros destinos centrados en un monumento concreto, aquí el atractivo se reparte por todo el núcleo y su entorno inmediato, lo que explica que este pequeño pueblo de Cabuérniga siga siendo una referencia para acercarse al interior rural de Cantabria.

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes el informe del órgano fiscalizador que concluye que ninguno de los tres grandes ayuntamientos de Cantabria -Santander, Torrelavega y Castro Urdiales- disponía en 2022 y 2023 de una política municipal de vivienda global e integrada y que las acciones puntuales de distinta naturaleza “han sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional de la población”.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales', correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.

Durante la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas se han aprobado diferentes propuestas de resolución de PP, PSOE y Vox, mientras que las de Sumar han sido rechazadas.

El trabajo examina el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.

Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora es el aprovechamiento del patrimonio público del suelo, que ha sido “insuficiente”, y de haber sido más eficaz, habría permitido incrementar el parque de vivienda disponible, señala el Tribunal de Cuentas, que ahonda en que su aprovechamiento ha sido “muy limitado” y que su planificación presenta “debilidades relevantes”.

No obstante, en el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Santander finalizó dos promociones de 186 viviendas y Torrelavega incrementó su parque en 58 con una política consistente fundamentalmente en la cesión de suelo al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda. Mientras, Castro Urdiales no llevó a cabo ninguna actuación en VPO.

Además, se ha verificado que los ayuntamientos de Santander y Torrelavega contaban con 201 y 30 viviendas sociales, respectivamente, y que habían concedido ayudas sociales para vivienda por importes cercanos a 196.000 y 10.000 euros.

Por otra parte, se destacan “deficiencias relevantes en el control administrativo, la adjudicación y el mantenimiento de las viviendas sociales, lo que ha limitado su efectividad para atender las necesidades sociales reales de los sectores más vulnerables”.

Incumplimientos

Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega cumplieron, en líneas generales, con las preceptivas obligaciones legales de rectificación y comprobación de sus inventarios de bienes y derechos.

Sin embargo, el inventario del Ayuntamiento de Castro Urdiales no se actualiza formalmente desde 2019, en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Además, no recoge de forma separada los bienes y derechos integrantes de su patrimonio público del suelo, dificultando su control y seguimiento.

Asimismo, recoge que el Ayuntamiento de Castro Urdiales incumplió su deber legal de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización. Como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio, Susana Herrán (PSOE).

El Ayuntamiento de Torrelavega no utilizó las cuentas previstas para el registro contable de los bienes de su patrimonio público del suelo y no los diferenció en un epígrafe separado dentro del inmovilizado material de su balance, incumpliendo lo establecido en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

De todos los elementos integrantes del patrimonio público del suelo de los ayuntamientos analizados, únicamente un edificio en el municipio de Torrelavega -que fue cedido a la comunidad autónoma para su rehabilitación- y nueve parcelas en el de Santander, seis de ellas adquiridas durante el periodo fiscalizado y tres que estaban inventariadas con anterioridad, tenían como destino previsto la construcción de vivienda.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales utilizó recursos procedentes de la enajenación de una parcela de su patrimonio público del suelo para finalidades diferentes de las previstas inicialmente, pero incluidas en la normativa reguladora, lo que pone de manifiesto una debilidad en la planificación del uso de este tipo de recursos, al haberlos empleado para cubrir otras necesidades distintas a medida que estas iban surgiendo, señala el informe.

Modelos de gestión

En el Ayuntamiento de Santander la mayor parte de las viviendas promovidas por la SVS lo han sido en régimen de venta. Durante el periodo analizado se produjo un cambio de tendencia en favor del alquiler con opción a compra, que pasó del 17% al 23%.

El sistema de inscripción en los sorteos para la adjudicación de viviendas no está automatizado, lo que permitió que hubiera solicitudes duplicadas y que, en consecuencia, algunas personas tuvieran mayor probabilidad de ser beneficiarias, señala el informe. De las 197 viviendas a disposición del Ayuntamiento para alquiler social, ocho se encontraban ocupadas ilegalmente y tres precisaban obras de reparación, lo que impedía que fuesen destinadas a tal fin.

El reglamento regulador de las viviendas municipales en régimen de alquiler social vigente en el municipio desde 2015 recoge un baremo para su adjudicación que no incluye entre sus criterios la atención a las víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Torrelavega, de las 14 viviendas que estaban en uso como recurso de carácter asistencial destinadas a centros de acogida, solo existía expediente administrativo de cesión temporal en cinco de ellas y el Ayuntamiento desconocía la situación de la otra.

Dos viviendas estaban ocupadas irregularmente y cuatro requerían obras de rehabilitación, lo que impidió que pudieran ser utilizadas para fines sociales. Torrelavega no dispone de un baremo específico para la adjudicación de las viviendas sociales en el reglamento municipal regulador de centros de acogida, no garantizándose la aplicación de criterios objetivos y no discriminatorios en la selección de los posibles candidatos que precisen estos recursos.

Y en Castro Urdiales, el parque municipal de vivienda destinada al alquiler está dotado desde 2007 por ocho inmuebles, de los que ninguno está adscrito a fines de emergencia social.

Recomendaciones

El informe incluye recomendaciones específicas para cada uno de los ayuntamientos y para el Gobierno autonómico dirigidas a mejorar la planificación estratégica, el uso del suelo público, la gestión del parque de vivienda y la cooperación institucional en este ámbito.

En concreto, a Santander y Torrelavega recomienda regularizar el estado de sus viviendas municipales con fines sociales, y a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), implantar un procedimiento automatizado de inscripción en los sorteos de sus viviendas. A Castro Urdiales y Torrelavega les recomienda realizar estudios específicos de las necesidades habitacionales en su municipio para elaborar un plan de vivienda adecuado. Y a los tres, determinar los terrenos de su patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Por su parte, al Gobierno de Cantabria y a los tres ayuntamientos les pide reforzar la colaboración para lograr una política de vivienda más eficaz y eficiente.

El Café de las Artes acoger este domingo 14 un festival multidisciplinar que reunirá teatro, música, poesía, circo y danza bajo el lema 'Salvemos el Mercado y la plaza de Puertochico', cuya recaudación íntegra se destinará a sufragar los gastos legales del recurso contencioso-administrativo que ha promovido contra el proyecto municipal la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche.

La iniciativa surge como respuesta al proyecto del Ayuntamiento de Santander que prevé destinar aproximadamente un tercio del Mercado de Puertochico y la plaza pública superior a un McDonald's durante un periodo de 40 años, lo que según los vecinos “supone una transformación sustancial de un espacio que forma parte de la identidad histórica, social y comercial de Santander”.

El evento ha reunido a un amplio grupo de artistas y creadores que participarán de manera altruista en el espectáculo. Entre los participantes ya confirmados figuran la Compañía La Callada y Miryam Ríos con propuestas de teatro, clown y mimo; las actuaciones musicales de La Mala Hierba, Javi Lost, Inés Fonseca, Juan Castellón & Family, Nuria Velázquez y Enrique Ríos; así como los poetas Regino Mateo, Mar Pajarón, Fran Palacio, Mio Sharp y José Elizondo. Además habrá números de trapecio y otras intervenciones artísticas.

En un comunicado, la Asociación de Vecinos ha recordado que el Ayuntamiento presentó inicialmente la rehabilitación del Mercado como “un proyecto destinado a compatibilizar la venta de producto local y de proximidad con pequeños espacios de hostelería”, pero tras más de nueve años de obras aún sin concluir, el planteamiento ha cambiado para dar cabida a una gran franquicia de comida rápida “en un entorno especialmente sensible, junto a un centro cultural, una biblioteca pública y muy próximo a varios centros educativos”.

Los organizadores han destacado que esta cita cultural no solo pretende recaudar fondos para sostener el proceso legal, sino también “visibilizar el valor patrimonial, social y comunitario del Mercado y la Plaza de Puertochico como espacios públicos de encuentro y convivencia”.

La actividad está dirigida a todos los públicos, con entradas a 11 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla el día de la actuación.

El sindicato ANPE ha denunciado que los docentes designados para participar en los tribunales de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Cantabria, que se celebrarán el 20 y 21 de junio, “se verán obligados a encadenar al menos 12 días consecutivos de trabajo sin descanso, incluyendo jornadas dobles durante los días previos a las pruebas y trabajo durante el fin de semana de celebración de los exámenes” sin que la Consejería de Educación “haya previsto ningún tipo de compensación horaria”, por lo que ha reclamado que se abra una negociación al respecto.

En un comunicado, el sindicato ha considerado “especialmente grave” que esta carga extraordinaria se produzca en pleno final de curso, “uno de los periodos de mayor intensidad de trabajo para el profesorado”, ya que muchos de estos docentes “deberán desplazarse a localidades alejadas de sus domicilios para cumplir con las tareas derivadas de las oposiciones” una vez finalizada su actividad ordinaria en los centros educativos.

ANPE ha detallado que la sobrecarga comienza incluso antes de la celebración de las pruebas, puesto que el 18 de junio “además de cumplir con su jornada laboral ordinaria en los centros educativos, estas personas deberán asistir a reuniones de coordinación”, y al día siguiente “deberán incorporarse a los centros de examen para preparar aulas, organizar materiales y realizar todas las tareas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, prolongando su jornada hasta que dichos trabajos queden completados”.

Durante el fin de semana de las pruebas, la carga se incrementa aún más, según ha explicado el sindicato, ya que el 20 y 21 de junio miembros de tribunales y colaboradores deberán incorporarse a las 7.00 horas para iniciar la jornada de examen y continuar trabajando hasta que todas las dependencias queden nuevamente preparadas o hasta que toda la documentación y los exámenes queden correctamente organizados y custodiados.

El sindicato ha señalado que solicitó “expresamente” en la Mesa Sectorial de Educación el establecimiento de una compensación horaria para el personal docente que participa en los tribunales y en las tareas de colaboración, pero ha lamentado que la Administración educativa “rechazó esta propuesta y confirmó que no contempla ninguna medida compensatoria para quienes asumirán esta carga extraordinaria de trabajo”, por lo que ha exigido que “abra de manera inmediata una negociación para regular esta cuestión y establezca un marco estable que evite que vuelvan a producirse situaciones como la actual”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha vuelto a desestimar el recurso del Gobierno de Buruaga contra la suspensión de licencias del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo que paraliza, entre otras cuestiones, la instalación de parques eólicos. Una cuestión que había molestado profundamente al Gobierno que presentó un recurso para suspender el acuerdo municipal sin ningún éxito ni en primera ni en segunda instancia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, mediante un auto fechado a 17 de junio de 2024, ya había desestimado la solicitud presentada por el Ejecutivo autonómico (PP) de suspender el acuerdo municipal alcanzado en el Pleno del 6 de marzo. El Juzgado dio la razón a Aguayo y subrayó que la solicitud del Gobierno de Cantabria no puede estimarse puesto que “su adopción produciría daños medioambientales irreparables”. Ahora el TSJC reafirma la decisión.

El Consistorio de Aguayo decidió suspender el otorgamiento de licencias para estudiar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “a los efectos de dotar de la debida protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio y preservar sus valores naturales, especialmente los ecológicos y paisajísticos y, de ese modo, impedir que la nueva regulación del PGOU quede anticipadamente condicionada”.

Así, los tribunales respaldan la decisión municipal criticada no solo por el Gobierno de Cantabria “sino también por algunas empresas promotoras de parques eólicos”, explica en un escrito el alcalde del municipio, Eduardo Gutiérrez.

En esta ocasión, según refieren fuentes municipales, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “deja muy claro” que el Ayuntamiento ha actuado dentro de sus competencias dado que en asuntos como la instalación de parques eólicos “es incuestionable que existe también un interés municipal , porque esas instalaciones se van a construir en terrenos del municipio”. También añade que la posibilidad de un planeamiento más restrictivo aparece expresamente recogida en la Ley conocida como LOTUCA. “Este precepto permite expresamente, a pesar de las competencias autonómicas sectoriales, y estatales también, que los planeamientos prohiban determinadas instalaciones aún cuando pudieran declararse de interés público”, refiere el escrito.

Fachadas de piedra y balcones de madera o herrería, muros de altura contenida de los que cuelgan plantas, edificaciones centenarias, calles empedradas y vistas hacia valles verdes: así se pasea por Santillana del Mar, la conocida como 'Villa de las Tres Mentiras'. Un enclave cuya historia no empieza en la Edad Media, sino mucho antes: a dos kilómetros de su casco histórico se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres de más de 14.000 años de antigüedad. Es uno de los pueblos más bonitos de España, al menos según los múltiples rankings en los que figura año tras año.

“Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, se repite constantemente respecto al nombre del pueblo. Y es una verdad a medias: su nombre sí proviene de una santa —Santa Juliana—; sus calles tienen cierto relieve, aunque el pueblo está enclavado en un valle y las pendientes son moderadas. Y, aunque la localidad no tiene salida al mar, el municipio de su mismo nombre sí cuenta con acceso al Cantábrico. Pero las discusiones sobre su nombre son, en realidad, lo que menos importa cuando se recorren sus calles.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889, esta villa cántabra se sitúa a apenas 30 kilómetros de Santander, lo que la convierte en una escapada ideal para realizar en un día. Su reconocimiento no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo: Santillana del Mar fue el primer pueblo del norte de España en obtener el sello de Los Pueblos más Bonitos de España y lleva años figurando entre los destinos mejor valorados de esta lista.

Adentrarse en Santillana del Mar es recorrer un conjunto histórico que ha conservado gran parte de su trazado medieval. Y para descubrirlo conviene empezar por el principio: la Colegiata de Santa Juliana alberga entre sus muros del siglo XII los restos de la joven noble cuyo martirio dio nombre al pueblo. Se trata de un edificio de estilo románico que constituye el principal referente monumental de la localidad. Pero más allá de la fachada, su mayor tesoro es el claustro interior. Cuenta con 42 capiteles que reproducen diferentes escenas bíblicas y constituye el núcleo alrededor del cual creció el pueblo.

La Colegiata invita al visitante a recorrer con calma sus espacios. El sarcófago de Santa Juliana descansa en el altar mayor, que domina la nave central. Pero es el claustro donde muchos visitantes detienen más tiempo su visita: rodeado por un jardín y en un ambiente tranquilo, sus capiteles representan pasajes y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada columna presenta detalles diferentes.

Tras la visita a este centro religioso, el recorrido puede continuar por otra de las caras más reconocibles de la villa: sus torres y casonas blasonadas, reflejo del poder aristocrático que tuvo durante siglos. El pueblo conserva entre sus calles y plazas un amplio repertorio de fuentes, pequeños palacios y edificios históricos. La Torre del Merino es quizá la más emblemática. Durante siglos fue sede del poder judicial y símbolo de la autoridad señorial sobre la villa.

A pocos metros, la Torre de los Velarde y la Casa de los Quijano también son paradas destacadas para comprender la personalidad histórica de este enclave. Su arquitectura refleja la relevancia que tuvo Santillana durante la Edad Media. Hoy en día, algunas de estas construcciones están abiertas al público, que puede conocerlas mientras disfruta de la gastronomía local.

Al avanzar desde la calle principal hacia la Plaza Mayor, el trazado urbano cambia y da paso a un espacio más amplio. Tras las estrechas calles empedradas y los balcones de madera, la plaza aparece como uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Pese a su nombre, no se trata de una plaza monumental, sino de un espacio de dimensiones contenidas que mantiene la escala propia del pueblo. Está repleta de terrazas pertenecientes a restaurantes y cafeterías que ocupan los bajos de las casonas históricas sin alterar la estética del conjunto. El Parador de Santillana Gil Blas preside la plaza. Se trata de un edificio señorial del siglo XVIII que destaca entre el resto de construcciones del entorno.

Altamira: 14.000 años en la colina de al lado

A tan solo dos kilómetros del casco histórico, la historia de este enclave deja atrás la Edad Media para remontarse miles de años en el tiempo. La Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunas de las pinturas rupestres más importantes del mundo: bisontes, ciervos y caballos trazados durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, la cueva original permanece prácticamente cerrada al público para garantizar su conservación y solo un número muy reducido de visitantes accede a ella cada año mediante sorteo.

Lo que el viajero sí puede visitar es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que incluye la Neocueva: una reproducción detallada del interior original. Esta instalación permite contemplar las pinturas en unas condiciones muy similares a las de la cavidad auténtica y acercarse a algunas de las manifestaciones artísticas más importantes de la Prehistoria.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, que llega con “20 años de retraso” -los transcurridos desde que la región asumió las competencias en este ámbito- y que ha salido adelante gracias al apoyo del PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Por su parte, el PSOE la ha rechazado al considerar que tiene “carencias insalvables” y Vox se ha abstenido por la inclusión de determinadas embarcaciones dentro del ámbito de aplicación de la ley y ha criticado que ésta no sea progresiva.

La norma, de 29 artículos y varias disposiciones, regula la actividad de las empresas de este sector, aplicando el principio de libre prestación de servicios pero requiriéndoles una declaración responsable previa. Además, establece derechos y deberes de los usuarios y fija sanciones.

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, desde entonces, las empresas que vienen prestando servicios en la actualidad dispondrán de dos meses para presentar la declaración responsable previa estipulada en la ley.

El consejero del ramo, Roberto Media (PP), ha considerado una “gran noticia” la aprobación de esta ley “eminentemente técnica”, “muy necesaria” que, según ha dicho, viene a regular un “sector muy en auge” en Cantabria.

Además, se ha mostrado “muy satisfecho” de que el Gobierno del PP haya elaborado esta ley para llenar el “vacío normativo” existente, algo que, según ha dicho, también está haciendo en otros ámbitos. Y es que esta ley, según Media, era una “vieja demanda” y llega con más de “20 años de retraso”.

El consejero ha agradecido a todos los grupos la “implicación” mostrada para mejorar el texto inicial. “Esta es una ley de todos y estoy convencido de que será una herramienta muy útil en el futuro para regular por fin este sector como se merece y mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores implicados en él”, ha confiado.

La norma tiene por objeto regular la ordenación del transporte marítimo de personas, mercancías o mixto que se desarrolla entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros de fuera.

Dentro de su ámbito de aplicación, se incluye todo el transporte marítimo en el que exista una contraprestación económica. Se aplicará tanto a transportes regulares, excursiones recreativas y turísticas o alquiler de embarcaciones con patrón, pero finalmente deja fuera a aquellos con fines educativos o deportivos.

Prevé la creación de un registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria. Éstas solo deberán presentar una declaración responsable previa de la actividad adecuada en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, aunque tendrá que disponer de la documentación que así lo acredita y ponerla a disposición de la Administración cuando así le sea requerida.

Además, debe incluir una información de datos de contacto de la empresa y sus representantes y datos de las embarcaciones y de los servicios que se van a prestar.

En lo concerniente a los derechos de los usuarios, figuran, entre otros, los de disponer de información detallada en caso de incidencias, o el de recibir una compensación económica en caso de retrasos que no sean debidos a causas de fuerza mayor.

Además, se recoge el derecho a reclamar en caso de deficiencias apreciadas y ser indemnizados por daños ocasionados por la prestación del servicio. También se establece un sistema alternativo de resolución de controversias entre usuarios y empresas a cargo de la Junta Arbitral de Transportes.

Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, se considera falta “muy grave” prestar servicios sin haber realizado la declaración responsable o que ésta tenga datos falsos, lo que puede conllevar sanciones de multas de hasta 10.000 euros, cese de la actividad o, incluso, la inhabilitación temporal.

Por otro lado, incluye la posibilidad de que los operadores se incorporen a la Tarjeta Única de Transporte de Cantabria.

El PP ha subrayado la importancia de esta norma sobre una “compleja” materia, algo que también ha hecho el PRC, que ha puesto en valor las mejoras aportadas por los regionalistas para mejorar y aumentar la “seguridad jurídica” del texto.

El PSOE cree que la ley “se queda corta” en protección ambiental

Por su parte, el PSOE ha dicho 'no' al considerar que la ley se queda “corta” y es una “verdadera oportunidad perdida” a la hora de afrontar algunos de los desafíos del transporte marítimo en Cantabria, según ha indicado el exvicepresidente regional y diputado, Pablo Zuloaga.

Ha criticado que no hayan sido aceptadas algunas enmiendas de su grupo que pedía la incorporación de medidas relacionadas con la protección ambiental cuando la ley regula una actividad que tiene “incidencia negativa sobre algunos de los espacios naturales más sensibles de Cantabria”, ha advertido.

Así, reclamaba se pudieran establecer criterios de capacidad de carga, limitaciones temporales o condiciones especiales de navegación en espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

“Cuando volvamos a ver las imágenes del macrobotellón en El Puntal piensen que hoy podían haber evitado que eso sucediera si este Gobierno hubiera contado con las herramientas necesarias para poder evitarlo. Ustedes han preferido no escuchar, no hacerlo. Reflexionen, recapaciten”, ha instado Zuloaga.

Por su parte, Vox ha subrayado la importancia de esta ley y ha valorado las “mejoras” introducidas durante la tramitación, entre ellas una dirigida a controlar el uso de las motos de agua, pero se ha abstenido al considerar que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma las embarcaciones de lista 7ª -las matriculadas para uso privado- siempre y cuando su capacidad legal no exceda de 12 personas.

También ha censurado que se trata de una normativa “no progresiva” que, en algunos aspectos, cataloga con las “mismas exigencias” y plantea iguales sanciones para tipos de embarcaciones muy diferentes.

Y Palacio, por su parte, ha valorado el modelo “desregularizador” de la norma que, en su opinión, va a facilitar la creación de empresas y servicios dentro del sector marítimo, fundamentalmente relativas al ocio y turismo.

Limpias celebra este sábado 13 el Mercado del Solsticio, que tendrá lugar en el paso fluvial, con artesanía, gastronomía, talleres y música. La actividad arrancará a las 11.00 horas con la apertura del mercado de productores y artesanía, donde los asistentes podrán descubrir y adquirir una amplia variedad de productos elaborados en Cantabria.

A las 11.15 horas dará comienzo un paseo guiado por el centro histórico y la ría de Limpias con salida desde la Casa de Cultura, una oportunidad para conocer los palacios y casonas más emblemáticas del municipio y la cabecera del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

La programación matinal continuará con un pintacaras marinero, pasacalles de música folk y la apertura del bar KM0. Además, los visitantes podrán participar en una cata de cervezas artesanas de Cantabria y en un taller infantil de reciclaje.

La música también tendrá un papel protagonista con el concierto de Esther Campo, previsto para las 13.30 horas y a las 15.00 horas se celebrará la tradicional comida popular.

Durante la tarde habrá bingo musical, talleres infantiles, una cata de quesos artesanos de Cantabria, sesión DJ y concierto de Pindio Technofolk.

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha convocado la Mesa del Ferrocarril el viernes 19 de junio para establecer “de una vez por todas” un calendario de plazos “que sea de obligado cumplimiento” y debatir la situación “real” de los nuevos trenes de Cercanías de Renfe para Cantabria y Asturias, que, “como poco, van a llegar un año tarde y, como poco, se van retrasando cada vez más”.

En esa Mesa del Ferrocarril, el Ejecutivo regional espera debatir y conocer “por qué no llegan los trenes” y “por qué se siguen incumpliendo una y otra vez los compromisos del Ministerio con Cantabria y con los cántabros”.

Así lo ha afirmado este lunes, a preguntas de Europa Press, antes de la celebración del Pleno del Parlamento de Cantabria, tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), que este domingo, en su visita a Reinosa, aseguró que para la primera mitad de 2027 habrá ya “algunas unidades”. “En pruebas sin duda. Y a partir de ahí, espero que los podamos poner en servicio”, puntualizó Puente.

En respuesta, el consejero Media ha asegurado que el Gobierno de Cantabria se ha enterado “por la prensa” del grado de cumplimiento del convenio entre ambas administraciones. El Ejecutivo regional ha solicitado “en varias ocasiones” información sobre los nuevos trenes y ha obtenido “la callada por respuesta” por parte del Ministerio y Renfe, ha lamentado Media, que espera que Transportes conteste por escrito.

En esta línea, ha criticado que el anuncio del ministro Puente “desmiente claramente” al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), que “o bien intenta engañar a los cántabros o no se entera de nada”, ha dicho el consejero, que ha calificado de “bastante lamentable” cualquiera de las dos situaciones.

Los nuevos trenes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 en la planta de CAF en Beasain (Guipúzcoa), después del error en los diseñados con anterioridad y con cuyas medidas no entrarían por los túneles. En total, se trata de 31 unidadaes para las dos comunidades autónomas, que ya alcanzan una inversión del Estado de 218,7 millones de euros más IVA.

El Museo de Altamira, en Santillana del Mar, se sumará a las Jornadas Europeas de Arqueología con una actividad programada para este sábado, 13 de junio, en la que varios expertos en la materia compartirán con el público sus proyectos, hipótesis y anécdotas en este campo.

La actividad, denominada 'Hablemos de Arqueología', se celebrará de 17.30 a 19.00 horas; es gratuita para quienes adquieran la entrada del Museo, y no precisa inscripción previa, según la información consultada por Europa Press.

Así, las personas que visiten este museo estatal podrán escuchar, compartir y debatir con Antonio Torres y Paula Hernáiz, de Pregraphity, sobre 'lo invisible y lo intangible en el arte rupestre'; con Borja Rabanal, de Grupo EvoAdapta, acerca de experimentos tafonómicos, y con Andrea Sanmartín y Esperanza Martín, sobre 'Redibujando Altamira. Más allá del relato único'.

Se trata de una de las actividades que promueve el Ministerio de Cultura a partir de este martes, y durante toda la semana, con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología para poner en valor el trabajo arqueológico y acercar a la ciudadanía el patrimonio relacionado con la historia y las culturas del pasado.

El programa de actividades incluye la iniciativa 'Abierto por excavación', que permite al público visitar yacimientos arqueológicos en proceso de excavación, así como talleres infantiles, conferencias para profesionales o talleres y visitas para personas interesadas en la materia.

Actividades en otros museos de España

Este año, además, se han sumado a la iniciativa nuevas instituciones como Patrimonio Nacional o la Galería de las Colecciones Reales. El programa completo está disponible en la web de las Jornadas Europeas en España.

Por su parte, Cultura, en colaboración con el Principado de Asturias, organiza la visita 'El paisaje astronómico del yacimiento de Castro de Coaña', para conocer cómo las comunidades que habitaron ese lugar hace 2.000 años organizaban su vida y sus rituales siguiendo los ciclos solares. La actividad culminará con una observación astronómica, convirtiendo este antiguo castro en un observatorio privilegiado bajo las estrellas. La actividad tendrá lugar el día 13 de junio y es necesaria inscripción previa.

Además, el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) organiza el 11 y 12 de junio un ciclo de conferencias online bajo el título 'Raíces que transforman: arqueología y desarrollo'. En ellas se abordará la práctica arqueológica desde nuevas perspectivas como la arqueología comunitaria, participativa, para el desarrollo o en zonas en conflicto.

Los museos estatales del Ministerio de Cultura también han programado actividades para acercar la arqueología al público, como la del Museo Altamira.

Además, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) ofrecerá visitas especiales a sus espacios internos a partir del día 9 de junio, previa inscripción. Además, acogerá la conferencia 'Paleoficción' el próximo 10 de junio y una mesa redonda sobre 'Arqueología y cooperación internacional: un siglo de colaboración hispano-francesa en España' que tendrá lugar el 18 de junio. El fin de semana del 13 y 14 de junio, ofrecerá asimismo talleres sobre mosaico romano y otros destinados a público familiar.

También en Madrid, el Museo de América organiza un taller para público familiar, que bajo el título 'Arqueólogos del más allá', dará a conocer la simbología de la muerte en los pueblos andinos y mesoamericanos el domingo 14.

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se centra este año en la orfebrería con una visita comentada el domingo 12 junio, un taller de joyería el lunes13 y la recreación de 'El tocador de la mujer romana' el martes 14 de junio.

En Toledo, el Museo del Greco organiza una visita guiada al yacimiento de Guarrazar el sábado 13, con previa inscripción, y el domingo 14 el Museo Sefardí acoge el taller para público infantil 'Leyendo la judería'.

En cuanto al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) en Cartagena, sus propuestas van dirigidas al público general con una visita guiada a su laboratorio de restauración el domingo 12 y un taller familiar el lunes 13.