La decisión de tirar, sin previo aviso, los pocos enseres de las personas sin hogar con la excusa de limpiar la calle ha despertado la indignación de colectivos y entidades del tercer sector. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que puso el foco del Defensor del Pueblo, que solicitó al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida información sobre las actuaciones en este sentido, no es exclusiva de esta administración. “Esto es consecuencia de una política generalizada en España, que trata de gestionar las consecuencias del sinhogarismo pero no dedica a solucionarlo”, adelanta el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Lo sucedido en Madrid ha sido el penúltimo ejemplo de una decisión que perjudica a los más vulnerables, pero no es el único: desde sustituir bancos por sillas como parte del mobiliario urbano o colocar reposabrazos para impedir que las personas puedan dormir en ellos, hasta las protestas por los escasos recursos del centro de acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro, cuyos trabajadores denuncian condiciones de “hacinamiento”, según adelantó la Cadena Ser.

Según aduce el mismo Caballol, bajo normas aparentemente cívicas se termina castigando a las personas en situación de calle. En mayo de 2024, alrededor de los Jardines del Turia, en Valencia, aparecieron unos carteles que avisaban del desmantelamiento del asentamiento de personas en la zona. Para llevarlo a cabo, se valieron de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que prohíbe “tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan deteriorar el aspecto de limpieza de la ciudad”.

La intervención en Valencia se ejecutó bajo el mandado de la regidora del PP María José Catalá, sin acompañamiento de los servicios sociales y sin alternativa habitacional para los afectados, que acabaron reasentándose en otras zonas de la ciudad. Todo ello sucedió tras la puesta en marcha de otras medidas, como la prohibición del reparto de comida a las entidades sociales y la aprobación de una estrategia de arquitectura hostil con el objetivo de “evitar los asentamientos ilegales”, con el anuncio de la construcción de unos estanques en la zona donde antes vivían personas en situación de calle.

En Málaga, la ordenanza de Convivencia también puede afectar de manera directa, por medio de sanciones administrativas, a las personas en exclusión social, incluidas aquellas en situación de calle. A pesar de la oposición del sector social, la modificación realizada en esta norma en 2023, por el equipo del 'popular' Francisco de la Torre, no despenalizó algunas de las prácticas a las que se ven abocadas las personas en situación de calle. Por ejemplo, “cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse” o “lavar cualquier objeto” supone multas de hasta 750 euros.

“Estrategias hostiles para desalojar”

Según Hogar Sí, estas normativas sirven a los Ayuntamientos “como elemento promotor de estrategias hostiles para desalojar los asentamientos de personas en situación de sinhogarismo”. Otro ejemplo es Barcelona y su Pla Endreça, que recoge que la limpieza se establece como “uno de los ámbitos prioritarios de actuación del mantenimiento integral del espacio público”. Este Plan bebe de las ordenanzas de convivencia, sobre el uso de las vías y los espacios públicos, medio ambiente, circulación y la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma fue aprobada en julio de 2023 bajo el mandato del socialista Jaume Collboni.

Tal y como recalcan desde la entidad dirigida por Caballol, de las medidas derivadas de este Plan no solo se afirma la sanción de conductas incívicas, sino que también se promueve la denuncia del vecindario por medio de un portal online o a través de un número de teléfono. Una de las situaciones que animan a denunciar es la de “personas molestando en la calle”.

La Fundación Arrels, que trabaja con personas en situación de calle en la capital catalana, ha denunciado que desde que está en vigor este Plan han aumentado las multas, las amenazas de quitarles sus animales de compañía, tirar sus pertenencias o mojarlos para que se marchen de los lugares en los que viven.

Tenerife recula

Más allá de la geografía peninsular, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han intentado aprobar un reglamento de Atención Ciudadana que atentaba contra los derechos de las personas sin hogar. Tal y como expuso el propio Caballol en las alegaciones realizadas durante la tramitación del reglamento, algunos de sus artículos podían acabar con la denegación de entrada a las personas en situación de calle a los lugares en los que se ofrecen los servicios públicos municipales. En general, había una aportación al reglamento de una trabajadora municipal en la que se desprendían “diversos estereotipos o prejuicios relacionados con la higiene y la salud tanto física como mental de las personas en situación desinhogarismo”, afirma Hogar Sí.

El Consistorio tinerfeño está gobernado por José Manuel Bermúdez, integrante de Coalición Canaria, quien dirige el Ayuntamiento en coalición con el PP. En este caso, la alegación planteada por la entidad sí ha tenido el éxito buscado y el Consistorio ha modificado el texto propuesto para contemplar los requisitos establecidos por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que protegen a las personas en situación de calle.

Alta tasa de pobreza severa en España

Según el informe de 2026 sobre El estado de la pobreza, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la tasa de pobreza severa española se sitúa por encima del promedio de la Unión Europea (5,3%) y alcanza el 8%. Por encima solo queda Bulgaria (8,1%), Croacia (8,3%) y Letonia (9,8%).

Asimismo, el documento recoge que las transferencias del Estado juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la reducción de la desigualdad, aunque existe margen de mejora. En este sentido, las transferencias —entre las que se cuentan los ingresos por jubilación o el ingreso mínimo vital— evitan que un 22,4% de la población esté en pobreza, 11 millones de personas. Sin embargo, otros países que parten de situaciones parecidas logran reducir mucho más la pobreza gracias a políticas más eficaces. Al mismo tiempo, la Red Europea afirma que en los últimos años más personas acceden a prestaciones sociales, tanto entre la población general como entre la población en pobreza.

Iván Lendrino, representante de Pueblos Unidos en la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, ha criticado las últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno regional. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá utilizar el abono transporte a aquellas personas no empadronadas en la Comunidad, lo que golpea directamente a muchas en situación de calle. “La Administración toma decisiones sin tener en cuenta otras perspectivas y por el camino quedan los más vulnerables, los que no tienen papeles, los que vive en la calle”, ilustra el propio Lendrino.

Por su parte, Alberto Tabernero, responsable del centro de atención a personas sin hogar Acouga de A Coruña, gestionado por Accem, reivindica que la población en situación de calle tiene que tener “la misma capacidad a la hora de ejercer sus derechos y posibilidades de participación”. Por eso, tirar a la basura los enseres de estas personas supone “desposeerles de lo poco que tiene”, dice Tabernero, quien alerta que, en muchas ocasiones, en esa acción también se pierde documentación importante.

La aporofobia, concepto creado por Adela Cortina y desarrollado en ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafía para la democracia’ (Paidós, 2025), también tiene consecuencias severas a la hora de facilitar la participación ciudadana a las personas más desfavorecidas. “Las personas sin hogar se ven excluidas de esta participación, lo que hace que la opresión que recae sobre ellas sea mucho mayor. Tanto a nivel político como el voto o a nivel administrativo con quejas, su capacidad de réplica es muy limitada”, finaliza el responsable coruñés.

Estas medidas se producen y alimentan contextos de desprecio por los más pobres. En abril de 2024 en Valencia un grupo de individuos intentó quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia. Al mes siguiente y en la misma ciudad, fueron detenidos 11 jóvenes por humillar y agredir a personas en situación de calle. Las normativas que de forma directa o tangencial golpean a las personas sin hogar conllevan la deshumanización, el primer paso para que puedan tener lugar este tipo de acciones.

Las asociaciones de víctimas de la dana reclaman en el Pleno del Ayuntamiento de València la reapertura de la comisión de investigación municipal. Invitadas en representación del sindicato Intersindical Valenciana, Mariló Gradolí, Rosa Álvarez y Aniuska Dolz reclaman que “es imprescindible” para “recuperar la confianza” ciudadana en las instituciones, que se desarrolle una investigación política a fondo sobre la gestión de la dana en la ciudad, el tercer municipio en víctimas mortales. “Muchas preguntas siguen sin respuesta. Hemos sentido dolor y también desamparo”, señalan.

Las representantes de las asociaciones mayoritarias reclaman saber detalles sobre la movilización de la Policía Local de València en las pedanías y en los municipios colindantes, o sobre la ausencia de los bomberos municipales en el Cecopi -dado que participaban en el gabinete de crisis municipal-. Mariló Gradolí ha apuntado que, de la instrucción judicial y la información en los medios, “sabemos que había información suficiente sobre la gravedad de lo que sucedía” pero “continuamos sin saber por qué la Policía Local de València no fue movilizada para auxiliar a las pedanías del Sur ni a los pueblos vecinos, ni sabemos el papel de los bomberos”.

Han reclamado a los cuatro partidos con representación municipal que apoyen la moción presentada por el PSPV para reabrir la comisión de estudio e incorporar nuevas incógnitas: “Hay que investigar hasta el final y depurar las responsabilidades políticas. Reabrir es defender la dignidad de este ayuntamiento”, ha señalado Álvarez.

Las representantes de las víctimas han afeado a la alcaldesa, María José Catalá, que “ha preferido su imagen que estar al lado del vecindario”. Consideran que la dirigente popular no ha prestado atención a las pedanías afectadas (La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo), donde fallecieron 17 personas. “Se ha cerrado una comisión de investigación cuando quedaban hechos esenciales por resolver. La forma en la que se clausuró esa comisión es un error”, ha planteado Rosa Álvarez, que ha recordado que las víctimas no participaron en esta comisión.

Las portavoces también han hecho mención a los mensajes del grupo de Whatsapp municipal que la alcaldesa aportó voluntariamente a la investigación. Han valorado que el edil de Seguridad, Jesús Carbonell, planteara elevar el nivel de emergencia (aunque no era de su competencia) y han afeado el comentario del concejal Marí Olano, que bromeó con haber llamado al 112 por el susto del Es Alert. Las víctimas hablan de “falta de empatía institucional”: “Los comentarios nos provocan indignación”, ha señalado Dolz. “Tenemos derecho a saber exactamente qué se hizo, qué no se hizo y por qué. Queremos saber la verdad”, ha concluído.

“Jo, com una persona normal, me n’he anat a veure la final de la Copa del Món i m’he pagat el viatge de la meua butxaca. Així que no m’he d’amagar de res. Tot el contrari, l’he de gaudir com un espanyol més”. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defén el seu viatge a Nova York per a veure la final de la Copa del Món, una qüestió que ha generat una forta polèmica. Ha sigut l’únic dirigent autonòmic —encara que no l’únic càrrec públic— que ha rebut una invitació de la Federació per a gaudir del Mundial i no n’ha aportat informació en els canals de transparència. El president hi va acudir amb el secretari autonòmic de Comunicació, Vicente Ordaz, i va estar cinc dies sense agenda pública.

El dirigent valencià va agafar divendres un vol des d’Alacant per a un viatge que no ha figurat en la seua agenda oficial i que, des del partit, defenen que ha sigut a títol privat, just en les vespres del debat dels pressupostos a les Corts Valencianes. De fet, el dirigent popular no va acudir a la primera jornada al Parlament autonòmic. El PP assegura que no ha costat “ni un euro” de diners públics i que l’entrada va anar a càrrec de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

L’opacitat de Presidència i del partit amb el viatge ha alçat nombroses sospites i ha provocat una allau d’acusacions. Sumar ha registrat preguntes al Congrés, i el PSPV i Compromís, a les Corts. Exigeixen saber com es va tramitar l’entrada. També veuen incongruent que se’l convide com a president, però que el viatge siga privat. Això és el que sabem i el que no sobre l’escapada de Pérez Llorca a Nova York:

Una entrada gratuïta. Al president valencià no li ha costat diners l’entrada. A “un espanyol més” li hauria costat entre 7.000 i 50.000 euros, en funció de la localitat. Fonts de la RFEF van confirmar a elDiario.es que van convidar el president quan aquest va voler pagar, com s’ha fet amb altres autoritats o personalitats.

Almenys quatre dies a Nova York. La durada del viatge és una altra qüestió oberta. Pérez Llorca va agafar un vol des d’Alacant amb escala a Frankfurt divendres a mig matí, després de presidir el ple del Consell. El partit de futbol es va disputar diumenge a les 17.00, hora de Nova York. El dirigent no va tornar a tindre agenda pública fins dimarts a les 17.30, hora peninsular espanyola. En un vídeo publicat aquella mateixa vesprada, l’única declaració pública que ha fet fins ara, indica que “acaba de vindre” de veure la final del Mundial, una expressió col·loquial que tampoc aporta informació concreta. Es desconeix si va tornar dilluns, com la resta d’autoritats, o dimarts.

Com es va gestionar la invitació al president valencià? Fonts de la RFEF van explicar a elDiario.es que el dirigent valencià va telefonar “a títol personal” per a comprar l'entrada de grada. Segons expliquen des de la Federació, aquesta disposa d’una sèrie d’entrades que pot vendre o utilitzar com a invitacions. Les entrades que ven la FIFA es van esgotar fa mesos, per la qual cosa els qui volgueren gaudir de la final a última hora des d’Espanya havien de recórrer a la RFEF. És el protocol habitual, assenyalen aquestes fonts, i així l'han aconseguit altres càrrecs públics, personalitats o celebritats. No consta que cap altre dirigent autonòmic contactara amb la Federació per a demanar una entrada.

Quant ha costat el viatge? És la gran incògnita. El dirigent valencià i el seu equip afirmen que ho ha pagat “de la seua butxaca”. El PP insisteix que ha costat “zero euros” als valencians. El dirigent valencià no ha presentat cap factura ni tiquet, encara que fonts de la Federació subratllen que no van assumir les seues despeses.

Pot un president acceptar un regal? A la Comunitat Valenciana, aquestes qüestions estan regulades per la Llei de transparència i el Codi de bon govern. Els alts càrrecs han d’informar dels seus viatges, obsequis i activitats d’influència. La llei diu que “tenen prohibit acceptar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vaja més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, per raó de la seua quantia o causa, o que puga condicionar la neutralitat o l’objectivitat del seu comés”. Si els reben, han de retornar-los.

Ha d’informar d’aquest regal? El codi ètic, al qual és obligatori adherir-se, prossegueix: “Tots els obsequis que es reben es registraran i es faran públics, com a mínim i en tot cas, al Portal de Transparència de la Generalitat o a la pàgina web de l’entitat o institució a la qual pertanguen, amb detall de la seua descripció, la persona o entitat que els va fer, la data i la destinació que se’ls ha donat”.

“Yo, como una persona normal, me he ido a ver la final de la Copa del Mundo pagándome de mi bolsillo el viaje. Así que no me tengo que esconder de nada. Todo lo contrario, lo tengo que disfrutar como un español más”. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defiende su viaje a Nueva York a ver la final de la Copa del Mundo, una cuestión que ha generado una fuerte polémica. Ha sido el único dirigente autonómico -aunque no el único cargo público- que ha tenido invitación de la Federación para disfrutar del mundial y no ha aportado información sobre el mismo en los canales de Transparencia. El presidente acudió con el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, sin agenda pública en cinco días.

El dirigente valenciano tomó un vuelo el viernes desde Alicante para un viaje que no ha figurado en su agenda oficial y que en el partido defienden que ha sido a título privado, justo en vísperas del debate de presupuestos en las Corts Valencianes. De hecho, el dirigente popular no acudió a la primera jornada en el Parlamento autonómico. El PP asegura que no ha costado “ni un euro” de dinero público y que la entrada corrió a cuenta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La opacidad de Presidencia y del partido con el viaje han levantado numerosas sospechas y han provocado un aluvión de acusaciones. Sumar ha registrado preguntas en el Congreso y el PSPV y Compromís en las Corts. Exigen saber cómo se tramitó la entrada. También ven incongruente que se le invite como president pero el viaje sea privado. Esto es lo que sabemos y lo que no sobre la escapada de Pérez Llorca a Nueva York:

Una entrada gratuita. Al presidente valenciano no le ha costado dinero la entrada. A “un español más” le habría costado entre 7.000 y 50.000 euros, en función de la localidad. Fuentes la RFEF confirmaron a elDiario.es que invitaron al presidente cuando éste quiso pagar, como se ha hecho con otras autoridades o personalidades.

Al menos cuatro días en Nueva York. La duración del viaje es otra cuestión abierta. Pérez Llorca tomó un vuelo desde Alicante con escala en Fráncfort el viernes a media mañana, después de presidir el Pleno del Consell. El partido de fútbol se libró el domingo a las 17 horas, con el horario de Nueva York. El dirigente no volvió a tener agenda pública hasta el martes a las 17.30 horas, horario español. En un vídeo publicado esa misma tarde, la única declaración pública que ha realizado hasta la fecha, indica que “acaba de venir” de ver la final del Mundial, una expresión coloquial que tampoco aporta información concreta. Se desconoce si regresó el lunes, como el resto de autoridades, o el martes.

¿Cómo se ha gestionado la invitación al presidente valenciano? Fuentes de la RFEF explicaron a elDiario.es que el dirigente valenciano llamó “a título personal” para comprar su entrada en grada. Según explican desde la Federación, esta dispone de una serie de entradas que puede vender o emplear como invitaciones. Las entradas que vende la FIFA se agotaron hace ya meses, por lo que quienes quisieran disfrutar de la final a última hora desde España debían recurrir a la RFEF. Es el protocolo habitual, señalan estas fuentes, y así se ha hecho con otros cargos públicos, personalidades o celebridades. No consta que ningún otro dirigente autonómico contactara con la Federación para pedir una entrada.

¿Cuánto ha costado el viaje? Es la gran incógnita. El dirigente valenciano y su equipo afirman que lo ha pagado “de su bolsillo”. El PP insiste en que ha costado “cero euros” a los valencianos. El dirigente valenciano no ha presentado factura o ticket, aunque fuentes de la Federación subrayan que no corrieron con sus gastos.

¿Puede un presidente aceptar un regalo? En la Comunitat Valenciana estas cuestiones vienen reguladas por la ley de Transparencia y el Código de Buen Gobierno. Los altos cargos tienen que informar de sus viajes, obsequios y actividades de influencia. La ley dice que “tienen prohibido aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa, o que pueda condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido”. Si los reciben, deben devolverlos.

¿Debe informar de ese regalo? El código ético, al que es obligatorio adherirse, prosigue: “Todos los obsequios que se reciben se registrarán y se harán públicos, como mínimo y en todo caso, en el Portal de Transparencia de la Generalitat o en la página web de la entidad o institución a la que pertenezcan, con detalle de su descripción, la persona o entidad que los realizó, la fecha y el destino que se les ha dado”.

La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, fue descubierto sobre las 23 horas de este lunes después de recibir aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.

Que a València el turisme s’ha desbocat és una realitat que pràcticament qualsevol veí de la ciutat coneix i pateix. La capital ha viscut durant l’última dècada un creixement exponencial tant del nombre de visitants com de l’obertura d’hotels i apartaments turístics, un augment que s’ha accelerat des de la pandèmia de la covid-19. La pressió turística ja ha desbordat Ciutat Vella, Russafa i el Cabanyal, i s’ha anat traslladant a barris tradicionalment de caràcter més obrer.

El resultat és una ciutat en què cada setmana transiten milers de visitants i en què la convivència s’ha convertit en una rara avis. Els veïns denuncien constantment actes de vandalisme, botellades o comportaments incívics als carrers. Les xarxes socials s’han omplit de comptes de denúncia que cada dia recopilen casos i apunten a una permissivitat excessiva amb els turistes.

Fa igual si és de dia o de nit: persones que trauen el mobiliari al carrer, es banyen en fonts públiques, s’enfilen als monuments o destrossen el paviment, per citar només algunes de les pràctiques denunciades durant les últimes setmanes.

Enmig del descontentament ciutadà, l’Ajuntament de València ha decidit impulsar un decàleg de bones pràctiques per al turista consensuat amb la patronal hostalera, la Cambra de Comerç, organitzacions turístiques i la Federació d’Associacions Veïnals. A través de la Fundació Visit València s’ha elaborat un document destinat a “promoure un comportament cívic, respectuós i compromés per part dels qui visiten la ciutat”.

El decàleg no és més que un conjunt de recomanacions que les entitats i els comerços associats es comprometen a difondre als seus establiments per a fer una crida a la convivència. No recull prohibicions concretes ni especificacions —ni les recollides en l’ordenança municipal ni quins monuments formen part del patrimoni—.

El document, disponible al web de la fundació, fa una crida al visitant a “integrar-se en la nostra manera de viure i a gaudir i cuidar el que ens uneix: un entorn amable, sostenible i ple d’història”. Per a això, assenyala que cal allotjar-se en establiments reglats i recórrer a guies acreditats, a més de respectar els espais compartits. També planteja la compra en el comerç i l’hostaleria locals, convida a utilitzar el transport públic —completament saturat i sense taxa turística que ho compense— i fa una crida a mantindre la neteja i a no fer soroll als carrers. Així mateix, el consistori demana que es mantinga una bona imatge de la ciutat a les xarxes socials: “No publiques comportaments inadequats que danyen la imatge de la ciutat i de qui la visiten responsablement”, recalca, per a concloure amb una petició de respecte a la diversitat.

La Generalitat ha elaborat un conjunt de materials educatius orientats a reforçar la cultura de la prevenció i l’autoprotecció als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana. El professorat disposarà d’aquests recursos per a la seua aplicació a les aules al llarg del pròxim curs escolar.

Els continguts didàctics consten d’infografies dividides en tres franges d’edat (de 3 a 6 anys, de 7 a 12 anys i a partir de 13 anys). La proposta es completa amb material de suport docent i una guia tècnica de consulta amb activitats complementàries.

L’elaboració d’aquestes eines, disponibles tant en castellà com en valencià, respon a criteris d’accessibilitat, inclusió i claredat visual. El seu disseny, basat en pictogrames i missatges directes, afavoreix una comunicació comprensible per a l’alumnat davant situacions de risc quotidianes o d’origen meteorològic, com ara inundacions, incendis forestals, onades de calor o de fred, terratrémols i episodis de pluges fortes.

El projecte naix de la cooperació entre les conselleries d’Emergències i Interior i d’Educació, Cultura i Universitats en el marc del programa de Prevenció davant les Emergències i Compromís Actiu Col·lectiu (PECAC). Els continguts específics han estat confeccionats per la Direcció General d’Innovació en Emergències.

Durant una reunió de treball entre ambdós departaments, Emergències va fer entrega a Educació de les unitats dirigides a l’alumnat de 3 a 12 anys. Per la seua banda, la franja destinada a estudiants a partir de 13 anys es troba en fase de producció i estarà a punt el pròxim mes de setembre.

Implantació progressiva a les aules

El nou material té com a objectiu donar suport a l’aplicació del Pla de Formació davant d’Emergències de Protecció Civil. La implantació d’aquest pla va començar de manera voluntària en el curs 2025-2026 i passarà a ser de caràcter obligatori per a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2026-2027.

Per a donar suport a la tasca del professorat, el personal docent disposarà d’una guia de consulta ràpida que conté un decàleg d’autoprotecció i lideratge, les pautes per a la preparació del kit d’emergència d’aula, propostes d’activitats mínimes i un calendari anual d’accions recomanades.

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha assenyalat que la formació en autoprotecció és “una eina per a formar ciutadans més responsables, autònoms i preparats per a afrontar situacions de risc”, i ha destacat que l’aliança entre ambdues àrees “permet oferir al professorat un material rigorós i adaptat a cada etapa educativa, cosa que facilita la seua tasca a les aules”.

Per la seua banda, el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha remarcat que la prevenció “comença a l’aula i és fonamental per a construir una societat més segura i preparada”. “Hem volgut dotar els centres escolars d’eines pràctiques i accessibles, que permeten ensenyar a l’alumnat com actuar davant de situacions d’emergència, així com facilitar al màxim la faena als nostres docents”, ha afirmat.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertat sobre el risc que la Comunitat Valenciana es quede sense Formació Professional pública en l’especialitat d’Emergències i Seguretat. El sindicat atribueix aquesta amenaça a un problema jurídic arran de la interpretació de la Llei d’Incompatibilitats per part de la Direcció General de Personal Docent. Aquesta situació, asseguren, genera inseguretat jurídica en el professorat expert del sector públic i bloca la incorporació de professionals en actiu, com ara el personal de bombers.

El conflicte té l’origen en l’aplicació de la nova normativa de Formació Professional, que va transformar els contractes del personal docent expert de duració determinada en indefinits amb l’objectiu de dotar d’estabilitat el sistema. No obstant això, la Direcció General de Personal Docent manté que aquest canvi contractual impedeix complir el requisit de temporalitat que exigeix la legislació sobre incompatibilitats. Com a resultat, el departament emet informes desfavorables que, tot i que no tenen caràcter vinculant, “condicionen de manera decisiva les resolucions dels organismes d’origen”.

Procediment bloquejat per informes no vinculants

La competència per concedir o denegar la compatibilitat correspon a les empreses o entitats públiques on aquests professionals presten els seus serveis principals, com ara els consorcis de bombers o la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE). No obstant això, les administracions d’origen deneguen els permisos després de rebre els dictàmens negatius de la Conselleria d’Educació.

A aquest entrebanc se suma l’exigència de l’administració educativa, que sol·licita al professorat la presentació de la resolució favorable en terminis breus sota l’amenaça de cessament. Tal com assenyala UGT, aquesta dinàmica ha portat diversos professionals a renunciar a la docència o a reduir la seua dedicació als instituts d’educació secundària. Si no es corregeix aquest criteri, l’oferta formativa “quedarà” sense personal amb experiència real en un sector d’alta sensibilitat social.

Queixes davant del Defensor del Poble

UGT defén que l’interés general ha de prevaldre sobre una llei d’incompatibilitats aprovada fa quatre dècades. Aquesta postura coincideix amb la dels serveis tècnics de l’Administració, com ara la Secretaria del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, que manté que els criteris d’Educació no han de prevaldre quan hi ha un interés públic acreditat. Davant la manca d’avanços, la problemàtica s’ha traslladat mitjançant queixes formals al Defensor del Poble.

Malgrat que la Direcció General de Personal Docent ha plantejat alternatives provisionals, les denegacions de compatibilitat “persisteixen”. Per aquest motiu, el sindicat adverteix que, sense una solució urgent, resultarà impossible iniciar amb normalitat el pròxim curs en cicles clau com Emergències i Protecció Civil o Coordinació d’Emergències.

La formació no perilla “en cap cas”

UGT defén que l’interés general ha de prevaldre sobre una llei d’incompatibilitats aprovada fa quatre dècades. Aquesta postura coincideix amb la dels serveis tècnics de l’Administració, com ara la Secretaria del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, que manté que els criteris d’Educació no han de prevaldre quan hi ha un interés públic acreditat. Davant la manca d’avanços, la problemàtica s’ha traslladat mitjançant queixes formals al Defensor del Poble.

Malgrat que la Direcció General de Personal Docent ha plantejat alternatives provisionals, les denegacions de compatibilitat “persisteixen”. Per aquest motiu, el sindicat adverteix que, sense una solució urgent, resultarà impossible iniciar amb normalitat el pròxim curs en cicles clau com Emergències i Protecció Civil o Coordinació d’Emergències.

La formació no perilla “en cap cas”

La Conselleria d’Educació, en declaracions a elDiario.es, assegura que “en cap cas està en perill” aquesta Formació Professional. Així, expliquen que, d’acord amb el nou marc laboral, els contractes del professorat expert tenen caràcter indefinit, de manera que treballen per a la Conselleria d’Educació a temps parcial dotze mesos a l’any i perceben una remuneració també durant els mesos no lectius. Es tracta d’un tipus de contracte que, fins al curs 2023-2024, tenia caràcter administratiu i una durada que es limitava a “l’imprescindible” per a cobrir el període lectiu. En el curs 2024-2025, aquests llocs es van transformar en contractes laborals temporals a temps parcial mentre es resolia el procediment selectiu convocat per la Direcció General de Personal Docent.

El passat curs, relaten des del departament de Campanar, una vegada resolt el procediment selectiu i adjudicats els llocs, els contractes es van convertir en indefinits a temps parcial, de manera que “s’ha produït una millora objectiva de les condicions laborals del professorat expert: per una banda, els nous contractes ofereixen plenes garanties als treballadors; per l’altra, les retribucions d’aquest professorat s’han incrementat considerablement”.

No obstant això, prossegueixen, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les administracions públiques, estableix en l’article 3.1 que aquest segon lloc o activitat en el sector públic “només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral”. Per tant, indiquen, hi ha un subgrup de professorat expert que, per la seua condició de personal funcionari en una altra administració, “no compleix les condicions que exigeix la llei d’incompatibilitats”.

“No hi ha en aquest assumpte cap laberint burocràtic, sinó una llei bàsica d’obligat compliment”, sentencien des del departament. Així mateix, sostenen que el paper de la Direcció General de Personal Docent “es limita a assenyalar aquest fet al primer contractant del professor expert perquè, a la vista de totes les circumstàncies, decidisca si és procedent concedir o denegar la compatibilitat”. “Des de la Direcció General de Personal Docent es mesurarà l’impacte de l’aplicació de la llei i es faran tantes contractacions noves com siguen necessàries”, conclouen.

Que en València se ha desmadrado el turismo es algo que sabe y sufre prácticamente cualquier vecino de la ciudad. La capital ha vivido en la última década un crecimiento exponencial en visitas y en apertura de hoteles y apartamentos turísticos, un aumento que se ha acelerado desde la pandemia de covid-19. La presión turística ya ha desbordado Ciutat Vella, Russafa y El Cabanyal, y se ha ido trasladando a barrios antaño de corte más obrero.

El resultado es una ciudad en la que cada semana fluyen miles de visitantes y en la que la convivencia se ha vuelto una rara avis. Los vecinos denuncian constantemente actos de vandalismo, botellón, o comportamientos incívicos en las calles. Las redes sociales se han llenado de cuentas de denuncia que cada día recopilan casos y apuntan a una excesiva permisividad con los turistas.

Da igual si es de día o de noche: personas que sacan el mobiliario a la calle, se bañan en fuentes públicas, trepan a monumentos o destrozan el pavimento, por citar algunas de las prácticas denunciadas en las últimas semanas.

En medio del descontento ciudadano, el Ayuntamiento de València ha decidido impulsar un decálogo de buenas prácticas para el turista consensuado con la patronal hostelera, la Cámara de Comercio, organizaciones turísticas y la Federación de Asociaciones Vecinales. A través de la Fundación Visit València se ha elaborado un documento destinado a “promover un comportamiento cívico, respetuoso y comprometido por parte de quienes visitan la ciudad”.

El decálogo no es más que un grupo de recomendaciones que las entidades y comercios asociados se comprometen a difundir en sus establecimientos para hacer una llamada a la convivencia. No recoge prohibiciones concretas ni especificaciones —ni las recogidas en la ordenanza municipal ni qué monumentos constituyen parte del patrimonio—.

El documento, disponible en la web de la fundación, llama al visitante a “integrarse en nuestra forma de vivir y a disfrutar y cuidar lo que nos une: un entorno amable, sostenible y lleno de historia”. Para ello señala que se debe hacer en alojamientos reglados y mediante guías acreditados, además de respetar los espacios compartidos. Plantea además la compra en comercio y hostelería local, invita a usar el transporte público —completamente saturado y sin tasa turística que lo compense— y hace un llamamiento a mantener la limpieza y no hacer ruido en las calles. Asimismo, el consistorio pide que se mantenga una buena imagen de la ciudad en redes sociales: “No publiques comportamientos inadecuados que dañen la imagen de la ciudad y de quienes la visitan responsablemente”, recalca, para concluir con una petición de respeto a la diversidad.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertado sobre el riesgo de que la Comunitat Valenciana se quede sin Formación Profesional pública en la especialidad de emergencias y seguridad. El sindicato atribuye esta amenaza a un problema jurídico a raíz de la interpretación de la Ley de Incompatibilidades por parte de la Dirección General de Personal Docente. Esta situación, aseguran, genera inseguridad jurídica en el profesorado experto del sector público y bloquea la incorporación de profesionales en activo, como el personal de bomberos.

El conflicto se origina en la aplicación de la nueva normativa de la Formación Profesional, la cual transformó los contratos del personal docente experto de duración determinada en indefinidos con el objetivo de dotar de estabilidad al sistema. Sin embargo, la Dirección General de Personal Docente sostiene que este cambio contractual impide cumplir el requisito de temporalidad que exige la legislación sobre incompatibilidades. Como resultado, el departamento emite informes desfavorables que, aunque carecen de carácter vinculante, “condicionan de forma decisiva las resoluciones de los organismos de origen”.

Procedimiento bloqueado por informes no vinculantes

La competencia para conceder o denegar la compatibilidad corresponde a las empresas o entidades públicas donde estos profesionales prestan sus servicios principales, tales como los consorcios de bomberos o la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE). No obstante, las administraciones de origen deniegan los permisos tras la recepción de los dictámenes negativos de la Conselleria de Educación.

A esta traba se suma la exigencia de la administración educativa, que solicita al profesorado la presentación de la resolución favorable en plazos breves bajo amenaza de cese. Tal y como reseña UGT, esta dinámica ha llevado a diversos profesionales a renunciar a la docencia o a reducir su dedicación en los institutos de educación secundaria. De no corregirse el criterio, la oferta formativa “quedará sin personal con experiencia real en un sector de alta sensibilidad social”.

Quejas ante el Defensor del Pueblo

UGT defiende que el interés general debe primar sobre una ley de incompatibilidades aprobada hace cuatro décadas. Esta postura coincide con la de los servicios técnicos de la administración, como la secretaría del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que mantiene que los criterios de Educación no deben prevalecer cuando existe un interés público acreditado. Ante la falta de avances, la problemática se ha trasladado mediante quejas formales al Defensor del Pueblo.

Pese a que la Dirección General de Personal Docente ha planteado alternativas provisionales, las denegaciones de compatibilidad “persisten”. Por este motivo, el sindicato advierte de que, sin una solución urgente, resultará imposible iniciar con normalidad el próximo curso en ciclos clave como Emergencias y Protección Civil o Coordinación de Emergencias.

La formación no peligra “en ningún caso”

La Conselleria de Educación, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “en ningún caso está en peligro” esta Formación Profesional. Así, explican que, de acuerdo con el nuevo marco laboral, los contratos del profesorado experto tienen carácter indeterminado, de modo que trabajan para la Conselleria de Educación a tiempo parcial doce meses al año y perciben remuneración también durante los meses no lectivos. Se trata de un tipo de contrato que, hasta el curso 2023-2024, tenía carácter administrativo y una duración que se limitaba a “la imprescindible” para cubrir el periodo lectivo. En el curso 2024-2025, estos puestos se transformaron en contratos laborales temporales a tiempo parcial mientras se resolvía el procedimiento selectivo convocado por la Dirección General de Personal Docente.

El pasado curso, relatan desde el departamento de Campanar, una vez resuelto el procedimiento selectivo y adjudicados los puestos, los contratos se convirtieron en indefinidos a tiempo parcial, de forma que “se ha producido una mejora objetiva de las condiciones laborales del profesorado experto: por un lado, los nuevos contratos ofrecen plenas garantías a los trabajadores; por otro, las retribuciones de este profesorado se han incrementado considerablemente”.

No obstante, prosiguen, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 3.1 que ese segundo puesto o actividad en el sector público “sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral”. Por tanto, indican, existe un subgrupo de profesorado experto que, por su condición de personal funcionario en otra administración, “no cumple las condiciones que exige la ley de incompatibilidades”.

“No hay en este asunto ningún laberinto burocrático, sino una ley básica de obligado cumplimiento”, sentencian desde el departamento. Asimismo, sostienen que el papel de la Dirección General de Personal Docente “se limita a señalar este hecho al primer contratante del profesor experto para que, a la vista de todas las circunstancias, decida si procede conceder o denegar la compatibilidad”. “Desde la Dirección General de Personal Docente se va a medir el impacto de la aplicación de la ley y se harán tantas contrataciones nuevas como sean necesarias”, concluyen.

La Generalitat ha elaborado un conjunto de materiales educativos orientados a reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección en los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. El profesorado dispondrá de estos recursos para su aplicación en las aulas a lo largo del próximo curso escolar.

Los contenidos didácticos constan de infografías divididas en tres franjas de edad (de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y a partir de 13 años). La propuesta se completa con material de apoyo docente y una guía técnica de consulta con actividades complementarias.

La elaboración de estas herramientas, disponibles tanto en castellano como en valenciano, responde a criterios de accesibilidad, inclusión y claridad visual. Su diseño prioritario mediante pictogramas y mensajes directos favorece una comunicación comprensible para el alumnado ante situaciones de riesgo cotidianas o de origen meteorológico, tales como inundaciones, incendios forestales, olas de calor o frío, terremotos y episodios de lluvias fuertes.

El proyecto nace de la cooperación entre las conselleries de Emergencias e Interior y Educación, Cultura y Universidades en el marco del programa de Prevención frente a las Emergencias y Compromiso Activo Colectivo (PECAC). Los contenidos específicos han sido confeccionados por la Dirección General de Innovación en Emergencias.

Durante una reunión de trabajo entre ambos departamentos, Emergencias hizo entrega a Educación de las unidades dirigidas al alumnado de 3 a 12 años. Por su parte, la franja destinada a estudiantes a partir de 13 años se encuentra en fase de producción y estará lista el próximo mes de septiembre.

Implantación progresiva en las aulas

El nuevo material tiene como objetivo respaldar la aplicación del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil. La implantación de este plan comenzó de manera voluntaria en el curso 2025-2026 y pasará a ser de carácter obligatorio para todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana a partir del curso 2026-2027.

Para apoyar la labor del profesorado, el personal docente dispondrá de una guía de consulta rápida que contiene un decálogo de autoprotección y liderazgo, las pautas para la preparación del kit de emergencia de aula, propuestas de actividades mínimas y un calendario anual de acciones recomendadas.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha señalado que la formación en autoprotección es “una herramienta para formar ciudadanos más responsables, autónomos y preparados para afrontar situaciones de riesgo”, y ha destacado que la alianza entre ambas áreas “permite ofrecer al profesorado un material riguroso y adaptado a cada etapa educativa, lo que facilita su labor en las aulas”.

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha remarcado que la prevención “empieza en el aula y es fundamental para construir una sociedad más segura y preparada”. “Hemos querido dotar a los centros escolares de herramientas prácticas y accesibles, que permitan enseñar al alumnado cómo actuar ante situaciones de emergencia, así como facilitar al máximo el trabajo a nuestros docentes”, ha afirmado.

La plaza del Pueblo de Foios vivió este domingo una jornada histórica. Miles de vecinos de este municipio agrícola de la comarca valenciana de l’Horta Nord, de apenas 8.000 habitantes y ligado a los campos de naranjos, abarrotaron el centro de la localidad para presenciar en pantalla gigante la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina. El punto de inflexión llegó en el minuto 105: un tanto de Ferran Torres en la prórroga desatascó el encuentro en el MetLife Stadium de New Jersey y dio a 'La Roja' la segunda estrella de su historia, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

El estallido de júbilo en la localidad valenciana reflejó el orgullo de un pueblo volcado con su vecino más ilustre. Nada más concluir el choque, el propio Ferran Torres tuvo un recuerdo para sus orígenes en sus primeras declaraciones a pie de campo: “El destino estaba hecho para que ganáramos, lejos de nuestra gente”.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, calificó el momento de “histórico” tras el pitido final. “Es una alegría inmensa ver al vecindario unido en la plaza del Pueblo, apoyando a la Selección y a Ferran, quien siempre recuerda sus inicios. Es un hito que se recordará durante décadas”, señaló. En la misma línea, la concejala de Deportes, Emma García, destacó que el triunfo supone “un gran hito para el deporte valenciano y de nuestro pueblo”. El delantero del Fútbol Club Barcelona ya había recibido en 2024 el reconocimiento de su localidad al ser el primer galardonado con el premio al mérito deportivo masculino en la Gala del Deporte local.

La redención del 'Tiburón': del colapso a la gloria

La trayectoria que ha llevado a Ferran Torres a tocar el cielo en Estados Unidos está lejos de haber sido un camino lineal. Antes de convertirse en el héroe nacional, el futbolista de Foios atravesó una profunda crisis personal en la que llegó a sopesar el abandono del fútbol profesional tras perder la ilusión por entrenar y competir, sobrepasado por la presión y el acoso en redes sociales.

“Nadie confiaba en mí, todo el mundo me criticaba. Pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas”, llegó a reconocer el atacante en el documental La Liga más allá del gol. Para revertir la situación, el futbolista formado en la cantera del Valencia CF y con paso por el Manchester City antes de recalar en el FC Barcelona, se puso en manos del psicólogo deportivo José Ángel Caperán. A través de este trabajo gestó su 'alter ego', el 'Tiburón', bajo el lema: “Lo intentas, te equivocas, te levantas”.

Su proceso de superación remite inevitablemente al precedente de Andrés Iniesta en 2010. Si el héroe de Johannesburgo tuvo que superar una depresión tras el fallecimiento de su amigo Dani Jarque para dar a España su primer Mundial, Torres ha culminado su propia redención en New Jersey visibilizando de manera abierta la importancia de la salud mental en el deporte de élite.

Al igual que otros referentes del deporte global como Ricky Rubio, Bojan Krkic, Michael Phelps o Simone Biles, Ferran Torres ha roto el tabú de las enfermedades mentales en el alto rendimiento. Hoy, la huerta de Foios y el fútbol español celebran no solo el gol que vale un Mundial, sino el triunfo de la perseverancia de un deportista que supo reconstruirse desde la vulnerabilidad.

El PP valencià, amb la complicitat de Vox, està deixant morir el corpus legislatiu que va impulsar el Consell de Francisco Camps i que van continuar defensant els seus presidents autonòmics. Fins a l’arribada de Carlos Mazón a l’Executiu valencià, gràcies a un pacte amb Vox que es renova periòdicament, els populars s’havien sumat a la mobilització per recuperar les lleis civils valencianes, que van ser derogades per tres sentències del Tribunal Constitucional en considerar que s’envaïen competències. Amb l’arribada de la ultradreta, el PP va començar a fer el buit als qui impulsen aquesta reivindicació.

L’associació Juristes Valencians, que encapçala José Ramón Chirivella amb un ampli equip del Col·legi d’Advocats de València, fa anys que busca la fórmula perquè les Corts Valencianes puguen legislar en matèria civil, una pràctica centenària que es remet als Furs i que constitueix un signe de l’autogovern valencià. Aprofitant el 750 aniversari de la mort de Jaume I, l’associació ha convocat una concentració amb el lema «Dret Civil Ara», un acte que pretén retre homenatge al llegat institucional i jurídic de Jaume I i reclamar la restitució de la competència en dret civil valencià, de la qual ja gaudeixen altres sis territoris espanyols amb dret civil propi.

Va ser durant l’etapa de Francisco Camps, amb Serafín Castellano com a conseller de Governació, quan es va posar en marxa la recuperació d’aquest corpus legislatiu amb el desenvolupament estatutari. Entre 2007 i 2011 es van aprovar tres lleis que desenvolupaven el dret foral: la Llei de règim econòmic matrimonial, la Llei d’unions de fet i la llei que regula la custòdia compartida. Tot sota governs del PP. El 2016 el Tribunal Constitucional va declarar nul·les les tres normes arran d’un recurs del Govern central, aleshores amb el PSOE al capdavant, que el PP va mantindre, encara que ara sembla renegar d’aquesta qüestió.

Els convocants de la concentració denuncien la falta d’iniciativa de les Corts Valencianes per complir els seus propis compromisos. El 2020 la Cambra, aleshores presidida per Compromís, va aprovar una proposta de reforma constitucional per blindar aquestes lleis. La mesura requereix que una delegació acudisca al Congrés a defensar-la i que s’incloga en un ple. Les successives convocatòries electorals han anat retardant el tràmit i el Parlament, ara governat per Vox, passa del tema.

A l’octubre, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va comunicar a les Corts que, si continuen interessades a tramitar la reforma, han d’enviar una delegació a defensar-la. Transcorreguts quasi nou mesos des de la petició, el Parlament no ha mogut un dit ni té intenció de fer-ho. Ni el PP ni Vox volen incloure-la en l’ordre del dia dels plens, i els ultres ja es refereixen al president de l’associació com un “traïdor” per reunir-se amb Compromís per a reclamar ajudes públiques. Vox va pressionar el PP de Mazón per retirar-los 30.000 euros en els últims pressupostos.

El problema és que el temps per defensar la reforma s’esgota. Les eleccions autonòmiques estan fixades per al maig del 2027, i les generals, previstes per a aquell mateix estiu. Sense voluntat política, amb prou faenes queda temps per a introduir la iniciativa en el que queda de legislatura al Congrés. El Grup Popular no ha respost a les preguntes d’elDiario.es sobre aquest assumpte.

Chirivella ja no sap com mirar de convéncer el PP. Al·ludeix a estudis de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, una de les entitats regades pels conservadors i la ultradreta, i també a la defensa de l’empresa familiar, que és, a priori, una de les banderes del PP. Però els populars no semblen sentir-se interpel·lats i continuen sense moure un dit davant d’aquesta reivindicació.

Juristes Valencians ha promogut un manifest adreçat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, al síndic del Grup Popular, Juanfran Pérez Llorca, i a les Corts Valencianes, subscrit per quasi 600 persones, entre elles 50 càtedres, 80 professors universitaris, representants de col·legis professionals, organitzacions empresarials, sindicats, entitats socials i personalitats de l’àmbit cultural valencià.

El manifest considera que l’actual conjuntura constitueix una oportunitat històrica per recuperar una competència legislativa pròpia de la Comunitat Valenciana, reconeguda en l’Estatut d’Autonomia i avalada de manera àmpliament majoritària per institucions, universitats, organitzacions socials, empresarials i professionals, com també per la pràctica totalitat del municipalisme valencià.

El PP valenciano, con la complicidad de Vox, está dejando morir el corpus legislativo que impulsó el Consell de Francisco Camps y siguieron defendiendo sus presidentes autonómicos. Hasta la llegada de Carlos Mazón al Ejecutivo valenciano, gracias a un pacto con Vox que se va renovando periódicamente, los populares se habían sumado a la movilización para recuperar las leyes civiles valencianas, que fueron derogadas por tres sentencias del Tribunal Constitucional al considerar que se invadían competencias. Con la llegada de la ultraderecha, el PP comenzó a hacer el vacío a quienes impulsan la reivindicación.

La asociación Juristes Valencians, que encabeza José Ramón Chirivella con un amplio equipo del Colegio de Abogados de València, lleva años buscando la fórmula para que las Corts Valencianes puedan legislar en materia civil, una práctica centenaria que se remite a los Fueros y es un signo del autogobierno valenciano. Aprovechando el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, la asociación ha convocado una concentración con el lema 'Dret Civil Ara', acto que pretende rendir homenaje al legado institucional y jurídico de Jaume I y reclamar la restitución de la competencia en Derecho Civil Valenciano, de la que ya disfrutan otros seis territorios españoles con derecho civil propio.

Fue en la etapa de Francisco Camps, con Serafín Castellano como conseller de Gobernación, cuando se puso en marcha la recuperación de este corpus legislativo con el desarrollo estatutario. Entre 2007 y 2011 se aprobaron tres leyes que desarrollaban el derecho foral: la ley de Régimen Económico Matrimonial, la ley de Uniones de Hecho y la ley que regula la custodia compartida. Todo bajo gobiernos del PP. En 2016 el Tribunal Constitucional declaró nulas las tres normas por un recurso del Gobierno central, entonces con el PSOE al frente, y que el PP mantuvo, aunque ahora parece renegar de esta cuestión.

Los convocantes de la concentración denuncian la falta de iniciativa de las Corts Valencianes para cumplir sus propios compromisos. En 2020 la Cámara, entonces presidida por Compromís, aprobó una propuesta de reforma constitucional para blindar estas leyes. La medida requiere que una delegación acuda al Congreso a defenderla y que se incluya en un pleno. Las sucesivas convocatorias electorales han ido retrasando el trámite y el Parlamento, ahora gobernado por Vox, pasa del tema.

En octubre, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicó a las Corts que si siguen interesados en tramitar la reforma deben enviar a alguien a hacerlo. Transcurridos casi nueve meses desde el requerimiento, el Parlamento no ha movido un dedo, ni tiene intención de hacerlo. Ni PP ni Vox quieren incluirlo en el orden del día de los plenos, y los ultras ya se refieren al presidente de la asociación como un “traidor” por reunirse con Compromís para reclamar ayudas públicas. Vox presionó al PP de Mazón para retirarles 30.000 euros en las últimas cuentas.

La cuestión es que el tiempo para defender la reforma se agota. Las elecciones autonómicas están fijadas para mayo del 2027, y las generales previstas para ese mismo verano. Sin voluntad, apenas queda tiempo para introducir la cuestión en lo que queda de legislatura en el Congreso. El Grupo Popular no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre esta cuestión.

Chirivella ya no sabe cómo tratar de convencer al PP. Alude a estudios de la Real Academia de Cultura Valenciana, una de las entidades regadas por los conservadores y la ultraderecha, y también a la defensa de la empresa familiar, que es, a priori, una de las banderas del PP. Pero los populares no parecen sentirse interpelados y siguen sin mover un dedo en esta cuestión.

Juristes Valencians ha promovido un manifiesto dirigido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a las Corts Valencianes, suscrito por casi 600 personas, entre ellas 50 catedráticos, 80 profesores universitarios, representantes de colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y personalidades del ámbito cultural valenciano.

El manifiesto considera que la actual coyuntura constituye una oportunidad histórica para recuperar una competencia legislativa propia de la Comunitat Valenciana, reconocida en el Estatut d'Autonomia y respaldada de forma ampliamente mayoritaria por instituciones, universidades, organizaciones sociales, empresariales y profesionales, así como por la práctica totalidad del municipalismo valenciano.

Es 22 de febrero de 2024 en València. La vivienda número 86 de un edificio de 14 plantas en el barrio residencial de Campanar está vacía. Su morador está trabajando fuera de la ciudad. Según el sumario judicial, una chispa en la trasera de la nevera ha podido saltar y generar un incendio fortuito que avanza silencioso hasta llegar a la terraza de ese piso de alquiler.

El toldo se prende y desencadena el mayor incendio conocido en un edificio de apartamentos en España por culpa de una fachada construida con material inflamable, con el trágico antecedente de la torre Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017. El mismo informe policial del sumario que habla de accidente fortuito admite que pudo haber otro origen, como un cortocircuito, y que “no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso, por no encontrar todo el cableado”. Pueden ser varias cosas, pero lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 tiene claro es que nadie ha tenido la culpa ni del incendio, ni de la construcción con material inflamable ni de los errores que se produjeron en el salvamento.

A la media hora de detectarse el fuego, azuzado por vientos inusuales de 60 km/h y por los 20 grados que hace en pleno invierno, las llamas le dan la vuelta al edificio como una culebra mortal y entra en todas y cada una de las 138 viviendas (menos un par de ellas, que quedan milagrosamente intactas), arrasando todo a su paso. Entre lo calcinado, la vida de 10 personas que, en lugar de escapar como hacen decenas de vecinos alertados por el portero, Julián, o por la intuición, han hecho caso a los bomberos, que siguen el protocolo habitual de confinar hasta la extinción.

Una extinción que será imposible y que dejará atrapados a dos bebés con sus jóvenes padres; a la adolescente Alina, que falleció mientras hablaba por teléfono con su padre, desesperado a los pies del edificio; o a Carmen, una jubilada de banca de 67 años que se había apuntado a la universidad de mayores aprovechando su recién estrenado tiempo libre. De los diez fallecidos, nueve mueren, incomprensiblemente, en la segunda torre, la más alejada del piso donde se inició el fuego.

Dos años y medio después, los habitantes de esta doble torre del barrio de Campanar, comunicadas por dentro, siguen viviendo en pisos de alquiler o con familiares y amigos, a la espera de estrenar sus casas a final de año. Afortunadamente no hubo que demoler y las aseguradoras, las administraciones públicas y los vecinos han remado a favor, explica Enrique Salvador, presidente de la asociación de vecinos Aproicam, creada tras el incendio: “Nos dieron la licencia para reconstruir en unos meses, cuando habitualmente tarda tres años”, cuenta aliviado desde dentro del edificio, en una visita de obra junto a elDiario.es y varios propietarios. Uno de ellos es Óscar Romero, que vivía en el ático y, al ver las llamas, cogió a sus dos gatos y bajó: “No pensé que iba a ser tan grave, pero afortunadamente bajé por si acaso. A mí nadie me avisó”. Ahora vive de alquiler cerca de unos amigos en el barrio de Ruzafa: “Me han ayudado porque las siguientes semanas me tenían que llevar, estaba ido. De hecho, todos hemos recibido ayuda psicológica”.

La parte económica para los afectados sí ha funcionado. Las aseguradoras se han hecho cargo de toda la renovación sin poner pegas (más de 20 millones de euros), de manera que podrán entrar a vivir sin pagar nada. Además, todos los vecinos han recibido ayudas de la Generalitat de 1.000 euros mensuales para alquiler más 100 euros por cada miembro de la unidad familiar, cuenta el presidente de la asociación. En el primer momento, la alcaldesa de València utilizó unos pisos VPO para personas vulnerables para realojarlos. Allí quedan hoy un par de familias.

La parte judicial, sin embargo, no ha sido ni fluida ni reparadora. La causa se abrió el día siguiente al incendio para entender qué pasó y por qué murió gente que tuvo tiempo para salvarse. Se abrió casi tan rápido como se cerró: el juez instructor la archivó por primera vez a los 17 días del siniestro, con el edificio aún humeante y sus moradores saliendo del shock. Lo justificó en un informe policial que descartaba la “etiología criminal o delictiva” del fuego. Pero tampoco encontró motivos suficientes para investigar al constructor o fabricante de los paneles (condenado en Italia por un incendio con la misma fachada) o la operación de salvamento, cuestionada porque el incendio se detecta a las 17.30 horas y a las 21 horas hay gente que está viva y va a morir por falta de rescate, como la joven Alina. Desde entonces, la causa se ha ido reabriendo por los intentos de las familias de las víctimas y sus abogados, pero ha acabado archivada. La única esperanza que les queda es una última apelación presentada por el abogado de siete familias de fallecidos ante la Audiencia Provincial, el órgano judicial superior.

“¿Qué tipo de nevera es esa que salta una chispa y genera un incendio? La realidad es que no se hicieron informes exhaustivos ni se investigó bien ese electrodoméstico, ni se contactó con el fabricante ni con institutos tecnológicos”, denuncia el letrado de estos familiares, Ignacio Grau. “Sobre la extinción del incendio, lo mismo, los informes dicen que no es objeto de su competencia, y ya está. La realidad es que quien hizo caso a los bomberos murió y quien desobedeció a los bomberos, se salvó”.

El bombero de València Tino Yanguas, delegado del sindicato SPPLB, relata que todos los compañeros que acudieron a extinguir ese día han necesitado ayuda psicológica. Algunos estuvieron ingresados graves. “El fuego se apoderó de nosotros, hicimos lo que dice el protocolo, confinar a la gente hasta la extinción, nunca sacar por la escalera y los rellanos porque hay humo y te puedes intoxicar, y nuestros mandos tampoco dieron una orden diferente”. Los audios de la familia que murió al completo muestran que querían irse pero obedecieron la orden de no bajar a la calle, lo que les costó la vida.

“Soy una de las últimas cuatro personas que salieron vivas del edificio, junto a mi mujer y dos vecinos”, cuenta Rai, trabajador en el puerto de València, mientras visita emocionado su nuevo piso. “Conseguimos bajar al zaguán y los bomberos no nos dejaban salir. Los cristales empezaron a explotar, estaba todo lleno de humo. Cogí a mi mujer y le dije, salimos como sea. Gracias a eso salvamos la vida”, recuerda mientras visita emocionado el piso que dejó aquel 22 de febrero con toda su vida dentro y que hoy es diáfano. “En principio volveremos cuando se pueda, aunque no sé qué sentiré”.

En el salvamento hubo otro punto negro del que nunca se informó públicamente y que fue revelado durante la instrucción judicial. El primer camión de Bomberos de València que llegó –responsabilidad del Ayuntamiento– fue uno cuya escalera estaba dando fallos semanas antes sin que se arreglara, cuenta Yanguas. Al llegar a Campanar ese día, falló de nuevo. Por eso la pareja cercada por las llamas en un balcón, cuyo rescate fue televisado en directo, casi muere. Se utilizó una escalera más baja, la única disponible en ese momento, que refrescó con agua hasta que se pudo desbloquear la grúa principal para sacarlos del balcón.

Fallos en los camiones de bomberos

“Pero vamos, que de diez vehículos que tenemos ahora, hay siete con algún problema o fallo”, relata el bombero Yanguas, que no ve que haya habido grandes mejoras a raíz del suceso. Desde el gobierno de València justifican que “en cualquier organización con una flota de más de 120 vehículos es normal que algunos se encuentren temporalmente inmovilizados” y aseguran que han aumentado la inversión en mantenimiento hasta los 480.000 euros anuales.

Ese día, los propios bomberos tuvieron que ir avisando para que se incorporaran compañeros, “nosotros íbamos llamando”, asegura Yanguas. Hasta que se unieron los bomberos provinciales. Al mando de estos, José Miguel Basset, que ocho meses más tarde sería el director de la emergencia de la dana, la persona que puso pegas a mandar el SMS y que renunció a ayuda que llegaba de otras comunidades autónomas.

La sensación con la justicia y las administraciones públicas que tienen quienes han perdido amigos y familiares quedó patente en una rueda de prensa que dieron en marzo de este año: “No hemos tenido ni apoyo político, ni judicial, ni fiscal. Se han muerto diez personas como si se hubieran quemado diez televisores”, decía uno de los allegados. Enrique Sanfélix, padre de la joven Alina, lo tiene claro: “La causa fue accidental, pero antes del incendio se tomaron medidas no correctas [no revisar edificios peligrosos como ese] y durante el incendio, también”, contaba en la única entrevista que ha dado, en À Punt. Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana –las administraciones competentes en edificación y salvamento– se han centrado en las ayudas logísticas, pero no se han reunido con los familiares de las víctimas, confirma Grau, ni han abierto ninguna investigación interna.

El protocolo no se ha actualizado

Aunque tras el incendio se anunció que se adaptarían los protocolos para fachadas ventiladas como esta y que se haría un recuento y control para evitar algo parecido, el Ayuntamiento de València no ha trasladado ningún nuevo protocolo de actuación para sofocar incendios de este tipo. “Tras el incendio de Campanar se reforzó la formación específica de mandos y efectivos”, dicen fuentes oficiales del consistorio. “En realidad, nos dieron una charla de lo que pasó en Campanar de un par de horas, sin hacer hincapié a lo que pasó dentro, sino en la fachada. Y luego un curso interno de tres horas sobre fachadas de este tipo. Pero no hay ningún nuevo plan o protocolo o, al menos, no nos lo han trasladado”, confirma Yanguas y otros compañeros bomberos.

Este tipo de revestimento que actuó como “gasolina sólida” –porque tenía una gran cantidad de proporción de plástico– era legal en el momento de la construcción de estas torres residenciales, finalizadas en 2009 tras un embrollo financiero y cambio de propietarios en plena crisis del ladrillo. Sin embargo, la normativa cambió y hoy está prohibido por su peligrosidad. Frente al edificio de Campanar, hay otro gemelo de la misma constructora y con la misma fachada. “El Ayuntamiento no avisó a nadie de que tenían este problema, ni hizo un listado, como tampoco la comunidad autónoma. Pedí que se citara a los técnicos, pero nada”, lamenta el abogado de siete de las víctimas, que recuerda que en Italia acaban de ser condenados a tres años de cárcel nueve responsables de Alucoil, la misma fabricante de paneles, por un incendio similar en Milán, con la salvedad de que allí no hubo ninguna víctima mortal y aquí ha habido diez. En Madrid ardió en 2020 un edificio con el mismo revestimiento que el de València. En Cartagena hubo otro grave incendio en un hospital en 2025 cuya fachada se había recubierto con los mismos materiales.

El Ayuntamiento de València admite que ese registro de fachadas no existía antes del incendio, pero asegura que pidió a los Bomberos que elaborara “un inventario propio de edificios con características exteriores semejantes”. Aunque estas fuentes oficiales no han dado una cifra, el bombero Yanguas lo cifra en “unos doce” en la ciudad. El equipo de la alcaldesa precisa que es responsabilidad de las comunidades de vecinos cambiar las fachadas y que ellos aplican una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones. 

Enrique, impulsor de la asociación de Campanar, está contento con el avance de la reconstrucción, con el empuje de todos, hasta que se habla de las familias de los fallecidos, que no se dan por vencidas hasta que no haya verdad, justicia y reparación: “Aquí hay más de quinientos vecinos. Hemos conseguido sacar este edificio adelante y le hemos puesto medidas antiincendio extraordinarias, porque psicológicamente va a ser duro volver. Hay quienes podemos mirar adelante, pensamos en nuestro piso, nuestra nueva vida, y quien no va poder mirar al futuro, porque han perdido a seres queridos y sienten que nadie es responsable, que no se ha hecho justicia”.

Dos años y medio después del peor incendio de un bloque de edificios, diez familias ven renacer las dos torres, ahora ya con medidas de seguridad, mientras siguen preguntándose por qué se construyó con materiales inflamables, por qué nadie les avisó o lo corrigió y por qué nadie supo salvar a sus hermanos, padres, madres o hijos, que esperaron a unos bomberos que no tenían un protocolo para este caso y que nunca pudieron llegar a rescatarlos.

Compromís ha denunciat la subvenció nominativa de 5 milions d'euros concedida per la Generalitat a la mercantil Sol Films 2026 SLU per al rodatge de la superproducció de Disney ‘Enredados’ als estudis de la Ciutat de la Llum davant de l'Agència Valenciana Antifrau. La denúncia, signada per la portaveu adjunta del grup, Isaura Navarro, considera que esta ajuda directa podria constituir un ús irregular de fons públics, una vulneració dels principis de transparència i concurrència, i un possible incompliment de la normativa europea de competència.

“Estem davant d'una operació que fa pudor des del primer dia”, ha afirmat Navarro, la qual ha afegit: “Una empresa trasllada la seua seu social de Màlaga a Alacant només 23 dies abans que el president anunciara l'acord amb Disney, i a continuació rep 5 milions d'euros a dit, sense publicitat ni concurrència”. Este moviment, ha sentenciat la diputada valencianista, “suggerix una planificació ad hoc per a facilitar la recepció de l'ajuda directa; les sospites d'irregularitat són enormes”.

La parlamentària de Compromís ha subratllat també el greuge comparatiu amb el sector audiovisual valencià: “Mentre el conjunt de les productores valencianes s'ha de repartir una línia de 6,7 milions d'euros, amb un màxim de 500.000 euros per projecte i l'obligació de reinvertir el 150%, una sola producció d'una multinacional rep quasi la mateixa quantitat, sense que es coneguen els motius ocults d'aquesta decisió”, la qual cosa a parer seu suposa “una desproporció injustificable que el Consell ni tan sols ha intentat explicar”.

La denúncia recorda, a més, el precedent de la Ciutat de la Llum, sancionada en 2012 per la Comissió Europea per ajudes il·legals, fet que va suposar l'obligació de retornar 265 milions d'euros i el tancament de les instal·lacions. “Ja sabem com acaben aquest tipus d'actuacions”, ha advertit Navarro, i ha recordat que la Ciutat de la Llum va estar clausurada durant anys per una sanció europea per ajudes il·legals, “i ara el PP torna a jugar amb foc”. “Si Europa declara il·legal esta subvenció, qui pagarà les conseqüències serà tot el sector audiovisual valencià, que ja està en peu de guerra”, ha dit Navarro.

Compromís qüestiona també l'impacte econòmic anunciat pel Consell, que xifra la quantia entre 80 i 120 milions d'euros sense cap memòria ni auditoria que ho avale. “Les fonts del sector qualifiquen estes xifres de fictícies i absurdes”, ha assenyalat Navarro: “El rodatge efectiu al nostre territori podria reduir-se a només deu dies, i la producció ve amb el seu propi personal i els seus propis mitjans”. “¿On està l'estudi d'impacte que justifica la qualificació de 'Projecte Estratègic'?”, s'ha preguntat la diputada valencianista, la qual responia: “No existix, i la mateixa Generalitat ho ha reconegut en resposta a les nostres preguntes parlamentàries”.

En la denúncia, la coalició sol·licita a l'Agència Antifrau que inicie una investigació, que requerisca l'expedient administratiu íntegre de la concessió, l'informe de l'Advocacia de la Generalitat sobre la compatibilitat de l'ajuda amb la normativa europea i la memòria d'impacte socioeconòmic que hauria de justificar l'operació. Així mateix, demana que, si s'aprecien indicis de responsabilitat penal o de perjuí a l'erari públic, es traslladen les actuacions al Ministeri Fiscal.

“No permetrem que es normalize esta manera tan arbitrària d'adjudicar diners públics com a forma de governar. Antifrau ha d'obrir una investigació i requerir al Consell tota la documentació que fonamenta esta ajuda; si no és capaç d'aportar-la, s'ha de traslladar aquest cas a la Fiscalia”, ha conclòs Navarro.

Compromís ha denunciado la subvención nominativa de 5 millones de euros concedida por la Generalitat a la mercantil Sol Films 2026 SLU para el rodaje de la superproducción de Disney ‘Enredados’ en los estudios de la Ciudad de la Luz ante la Agencia Valenciana Antifraude. La denuncia, firmada por la portavoz adjunta del grupo, Isaura Navarro, considera que esta ayuda directa podría constituir un uso irregular de fondos públicos, una vulneración de los principios de transparencia y concurrencia, y un posible incumplimiento de la normativa europea de competencia.

“Estamos ante una operación que huele mal desde el primer día”, ha afirmado Navarro, quien ha añadido “Una empresa traslada su sede social de Málaga a Alicante solo 23 días antes de que el president anunciara el acuerdo con Disney, y a continuación recibe 5 millones de euros a dedo, sin publicidad ni concurrencia”. Este movimiento, ha sentenciado la diputada valencianista, “sugiere una planificación ad hoc para facilitar la recepción de la ayuda directa; las sospechas de irregularidad son enormes”.

La parlamentaria de Compromís ha subrayado también el agravio comparativo con el sector audiovisual valenciano: “Mientras el conjunto de las productoras valencianas tiene que repartirse una línea de 6,7 millones de euros, con un máximo de 500.000 euros por proyecto y la obligación de reinvertir el 150%, una sola producción de una multinacional recibe casi la misma cantidad, sin que se conozcan los motivos ocultos de esta decisión”, lo que a su juicio supone “una desproporción injustificable que el Consell ni siquiera ha intentado explicar”.

La denuncia recuerda, además, el precedente de la Ciudad de la Luz, sancionada en 2012 por la Comisión Europea por ayudas ilegales, lo que supuso la obligación de devolver 265 millones de euros y el cierre de las instalaciones. “Ya sabemos cómo acaban este tipo de actuaciones”, ha advertido Navarro, y ha recordado que la Ciudad de la Luz estuvo clausurada durante años por una sanción europea por ayudas ilegales, “y ahora el PP vuelve a jugar con fuego”. “Si Europa declara ilegal esta subvención, quien pagará las consecuencias será todo el sector audiovisual valenciano, que ya está en pie de guerra”, ha dicho Navarro.

Compromís cuestiona también el impacto económico anunciado por el Consell, que cifra la cuantía entre 80 y 120 millones de euros sin ninguna memoria ni auditoría que lo avale. “Las fuentes del sector califican estas cifras de ficticias y disparatadas”, ha señalado Navarro: “El rodaje efectivo en nuestro territorio podría reducirse a apenas diez días, y la producción viene con su propio personal y sus propios medios”. “¿Dónde está el estudio de impacto que justifica la calificación de 'Proyecto Estratégico'?”, se ha preguntado la diputada valencianista, quien respondía: “No existe, y la misma Generalitat lo ha reconocido en respuesta a nuestras preguntas parlamentarias”.

En la denuncia, la coalición solicita a la Agencia Antifraude que inicie una investigación, que requiera el expediente administrativo íntegro de la concesión, el informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la compatibilidad de la ayuda con la normativa europea y la memoria de impacto socioeconómico que tendría que justificar la operación. Asimismo, pide que, si se aprecian indicios de responsabilidad penal o de perjuicio al erario público, se dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

“No permitiremos que se normalice esta manera tan arbitraria de adjudicar dinero público como forma de gobernar. Antifraude tiene que abrir una investigación y requerir al Consell toda la documentación que fundamenta esta ayuda; si no es capaz de aportarla, se tiene que trasladar este caso a la Fiscalía”, ha concluido Navarro.

Dijous passat es va inaugurar el Blasco Battery Lab, el nou laboratori de fabricació de bateries del CIPFP (Centre Integrat Públic de Formació Professional) Vicente Blasco Ibáñez. Aquest nou espai pretén adaptar la Formació Professional a les necessitats dels sectors industrials estratègics i contribuir al lideratge de la Comunitat Valenciana en la nova indústria de les bateries, en la qual destaca PowerCo com a principal productor de bateries LFP per a vehicles elèctrics gràcies a la gigafactoria que la filial de Volkswagen està construint a Sagunt.

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez impartirà, a partir del curs 2026-2027, una adaptació del cicle de grau superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat que incorpora continguts específics relacionats amb la fabricació de bateries de liti. Tal com destaquen des de la Conselleria d'Educació, la flexibilització curricular “manté íntegrament els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació establits en la normativa estatal, al mateix temps que garanteix la validesa oficial del títol i adapta l'ensenyament a les necessitats d'un sector industrial en plena expansió”.

El nou itinerari permetrà a l'alumnat adquirir competències especialitzades en caracterització fisicoquímica i electroquímica de materials, validació de resultats, control de qualitat i fabricació de cel·les. També incorporarà l'aprenentatge d'estàndards internacionals de qualitat, protocols de bones pràctiques de laboratori i competències relacionades amb la sostenibilitat, la digitalització industrial i la millora contínua, en línia amb les demandes de la indústria.

Formació adaptada al nou teixit industrial

L'adaptació del currículum és fruit del treball conjunt de la Direcció General de Formació Professional, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, PowerCo, l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), Quimacova i altres agents de l'ecosistema industrial. A més, el professorat del centre ha rebut formació específica en fabricació de bateries per a incorporar aquests coneixements a l'ensenyament del cicle.

Aquesta iniciativa constitueix el primer pas del futur Battery Campus de Sagunt, previst per a 2027, que integrarà Formació Professional Dual, laboratoris avançats i infraestructures tecnològiques per a reforçar la connexió entre la formació i l'activitat industrial.

En aquesta mateixa línia, la Direcció General de Formació Professional treballa en l'adaptació curricular dels cicles superiors de Mecatrònica i d'Automatització i Robòtica per a estendre aquesta especialització a altres perfils professionals vinculats a la indústria de les bateries. Amb això, la Generalitat continua adequant l'oferta de Formació Professional a les necessitats del nou teixit industrial i a la demanda de professionals qualificats.

“Inversió de futur” per a alumnat, empreses i el territori

Durant la inauguració, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, va destacar la Formació Professional com una eina estratègica “per a dotar la Comunitat Valenciana del talent tècnic, la innovació i la capacitat d'anticipació que requereix la indústria del futur” i va afirmar que aquest laboratori representa “una inversió de futur per a l'alumnat, les empreses, el territori i la mateixa Formació Professional pública”.

En aquest sentit, va subratllar que la implantació de nous projectes industrials exigeix una resposta formativa adaptada a les necessitats reals de les empreses i va destacar la col·laboració entre la Generalitat, els centres educatius, el teixit empresarial, les universitats i els instituts tecnològics per a desenvolupar una oferta de Formació Professional connectada amb el nou model productiu valencià.

McEvoy va recalcar la labor exercida pel professorat de la família professional de Química: “La innovació educativa no se sosté només amb equipaments o amb normes; se sosté amb professionals que estudien, es formen, comparteixen coneixement i accepten el repte d'ensenyar continguts nous en contextos nous”, un esforç docent que és “un dels principals valors que hui hem de reconéixer”.

Aquest projecte demostra “el potencial de transformació de la nova Formació Professional”, en partir d'un títol oficial consolidat per a orientar-lo cap a un àmbit estratègic sense renunciar al rigor acadèmic. “No rebaixa la formació, la fa més pertinent; no substitueix el títol, el connecta amb el territori i amb les competències que demanda el sector”, va concloure el secretari autonòmic.

“Una tienda iglú se convierte en una chabola en dos semanas”. Así de contundente se muestra Ana, una voluntaria de la ONG València és Refugi, de las pocas entidades sociales que se acercan al circuito urbano de Fórmula 1 en València. La entidad lleva meses trabajando con las personas sin hogar que se han asentado sobre el trazado urbano, que no deja de crecer desde hace meses. Cada semana hay una nueva construcción precaria, señalan.

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al Ayuntamiento de València por este asentamiento. La institución quiere saber si el consistorio tiene algún plan para los cientos de personas que se han instalado en el trazado, donde se prevé la construcción de varios miles de viviendas en el llamado PAI del Grao. La figura equivalente al defensor del pueblo valenciano pregunta al consistorio si tiene un censo, y se interesa especialmente por las acciones acometidas en las últimas semanas, en las que se suceden episodios de calor extremo. En concreto, ha pedido un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

La presión de las altas temperaturas preocupa a las entidades sociales. La capital tiene unas condiciones de humedad que hacen que la sensación térmica sea mayor, y ha estado en aviso rojo esta semana por altas temperaturas. En este tipo de alerta no se recomienda ni la exposición solar ni las actividades al aire libre, recomendación inasumible para las personas sin hogar. Los meteorólogos apuntan que el cambio climático también ha reducido el efecto de las brisas marinas: es prácticamente imposible huir del calor. Y las chabolas, construidas con lonas, plástico, palés o metal sobre asfalto no se asemejan en nada a un refugio climático.

“La sensación es una política de desgaste para ver si así se van solos”, explican desde la ONG, donde inciden en la preocupación ante un previsible desalojo. Si ha de entrar maquinaria para edificar, tendrán que echar a las cientos de personas que lo ocupan. La asociación denuncia el abandono institucional y la escasa intervención sobre el terreno; apenas acuden ellos, Mensajeros dela Paz y Amigos de la Calle. La asociación Alanna, focalizada en la lucha contra la violencia de género, es quien se encarga de realizar el censo para el Ayuntamiento de València.

Quién vive en el circuito urbano

Un vistazo a los datos disponibles da cuenta de la brecha entre la información oficial y lo que relatan las asociaciones. Las personas que viven como pueden en el circuito urbano apuntan que son cerca de 1.300. La ONG València Es refugi está elaborando su propio censo, en el que ha documentado por el momento 165 personas. Su mapa cartográfico ha detectado 250 chabolas, así que la estimación asciende a unas 600 personas. En algunas construcciones viven hasta seis personas, señalan en conversación con elDiario.es, donde comentan que en verano es complicado elaborar el censo porque muchos se mueven hacia la playa. Ana destaca que han encontrado también a muchas personas españolas en caravanas por la zona.

Los datos del Ayuntamiento de València divergen de esta contabilidad. El censo de vivienda precaria de Alanna, que recoge los datos del año 2025, apunta que hay 82 personas en el barrio de Natzaret y 363 en El Cabanyal, de las que más de la mitad son de nacionalidad española. La entidad sigue la división territorial asignada a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y señala que en toda la ciudad existen 1342 personas viviendo en chabolas. El circuito pasó al ámbito de competencia del Cabanyal en 2023, según una respuesta municipal.

En 2024, según el informe de Alanna, en el censo había 26 chabolas y 85 personas. Conviven diversas nacionalidades, predominando las personas procedentes del Sáhara Occidental y Argelia. Entonces se reflejaba que eran unidades unipersonales formadas por hombres, aunque ya hay varias familias. Hay al menos diez personas que perciben la renta valenciana de inclusión, según un documento municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, que recalca que algunas personas abandonan el asentamiento para trabajar unos meses y regresan al finalizar el contrato. En el año 2025 se detectó un grupo de personas que ocupan espacios en la periferia del asentamiento, viviendo en tiendas de campaña.

El asentamiento se incluyó en el censo de vivienda precaria en 2010, con apenas cinco personas. El incremento de población se dio a partir de 2021, según indica el informe del consistorio. Fue a partir de la crisis sanitaria del COVID-19 cuando aumentan las infraviviendas y “se evidenció la necesidad de una intervención comunitaria en el asentamiento”. Aunque el informe no hace alusión, es a partir de la crisis sanitaria cuando empiezan a dispararse los precios de la vivienda en València. Ya en 2021 era complicado encontrar un piso por menos de 700 euros en la capital.

El informe apunta que existe colaboración con los servicios sociales. “Actualmente las personas que residen en el asentamiento del circuito son conocedoras de los recursos existentes. No todas ellas tienen una intencionalidad de cambio ni de asentarse definitivamente”, señala el informe del consistorio del 2024, en el que se afirma que en el año 2021 “se tomó la decisión de dejar de realizar intervención comunitaria ya que desde el equipo de intervención se comprobó que el vínculo con los servicios sociales era estrecho y conocedores de los recursos”. A priori, según detalla este informe técnico, el personal de Servicios Sociales del Cabanyal va cada tres meses al asentamiento.

Compromís exige actualizar los datos

La concejala de Compromís Lucía Beamud acudió al asentamiento la pasada semana, acompañada por la asociación. “Allí hay personas que han llegado huyendo del acoso que sufrían en el Cauce del Turia, otros trabajan y tienen nómina, pero han acabado viviendo en un asentamiento porque no pueden asumir el incremento desorbitado del precio de la vivienda. Esto evidencia que estamos ante una emergencia social y residencial que el gobierno de María José Catalá está ignorando”, denuncia la edil.

Ante la diferencia de datos, Compromís solicitó los últimos informes de seguimiento del asentamiento, que datan de marzo de 2025. “Esto es enormemente preocupante porque confirma lo que las entidades vienen denunciando: hay un aumento constante de personas viviendo al asentamiento, no existe un seguimiento adecuado de los casos de salud y tampoco se están desplegando actuaciones suficientes para proteger la población ante las altas temperaturas.” Los datos del mismo Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) consultados por la concejala de la oposición señalan que durante 2024 solo se realizaron cinco actuaciones ante las diecisiete alertas por calor extremo decretadas por AEMET. Y en 2025, hasta ahora, solo consta una actuación ante doce alertas. “Es evidente que la respuesta municipal es claramente insuficiente”, concluye.

El pasado jueves se inauguró el Blasco Battery Lab, el nuevo laboratorio de fabricación de baterías del CIPFP (Centro Integrado Público de Formación Profesional) Vicente Blasco Ibáñez. Este nuevo espacio pretende adaptar la Formación Profesional a las necesidades de los sectores industriales estratégicos y contribuir al liderazgo de la Comunitat Valenciana en la nueva industria de las baterías, en la que destaca PowerCo como principal productor de baterías LFP para vehículos eléctricos gracias a la gigafactoría que la filial de Volkswagen está construyendo en Sagunto.

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez impartirá, a partir del curso 2026-2027, una adaptación del ciclo de Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad que incorpora contenidos específicos relacionados con la fabricación de baterías de litio. Tal y como destacan desde la Conselleria de Educación, la flexibilización curricular “mantiene íntegramente los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en la normativa estatal, al tiempo que garantiza la validez oficial del título y adapta la enseñanza a las necesidades de un sector industrial en plena expansión”.

El nuevo itinerario permitirá al alumnado adquirir competencias especializadas en caracterización fisicoquímica y electroquímica de materiales, validación de resultados, control de calidad y fabricación de celdas. También incorporará el aprendizaje de estándares internacionales de calidad, protocolos de buenas prácticas de laboratorio y competencias relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización industrial y la mejora continua, en línea con las demandas de la industria.

Formación adaptada al nuevo tejido industrial

La adaptación del currículo es fruto del trabajo conjunto de la Dirección General de Formación Profesional, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, PowerCo, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Quimacova y otros agentes del ecosistema industrial. Además, el profesorado del centro ha recibido formación específica en fabricación de baterías para incorporar estos conocimientos a la enseñanza del ciclo.

Esta iniciativa constituye el primer paso del futuro Battery Campus de Sagunto, previsto para 2027, que integrará Formación Profesional Dual, laboratorios avanzados e infraestructuras tecnológicas para reforzar la conexión entre la formación y la actividad industrial.

En esta misma línea, la Dirección General de Formación Profesional trabaja en la adaptación curricular de los ciclos superiores de Mecatrónica y de Automatización y Robótica para extender esta especialización a otros perfiles profesionales vinculados a la industria de las baterías. Con ello, la Generalitat continúa adecuando la oferta de Formación Profesional a las necesidades del nuevo tejido industrial y a la demanda de profesionales cualificados.

“Inversión de futuro” para alumnos, empresas y el territorio

Durante la inauguración, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, destacó la Formación Profesional como una herramienta estratégica “para dotar a la Comunitat Valenciana del talento técnico, la innovación y la capacidad de anticipación que requiere la industria del futuro” y afirmó que este laboratorio representa “una inversión de futuro para el alumnado, las empresas, el territorio y la propia Formación Profesional pública”.

En este sentido, subrayó que la implantación de nuevos proyectos industriales exige una respuesta formativa adaptada a las necesidades reales de las empresas y destacó la colaboración entre la Generalitat, los centros educativos, el tejido empresarial, las universidades y los institutos tecnológicos para desarrollar una oferta de Formación Profesional conectada con el nuevo modelo productivo valenciano.

McEvoy recalcó la labor desempeñada por el profesorado de la familia profesional de Química: “La innovación educativa no se sostiene solo con equipamientos o con normas; se sostiene con profesionales que estudian, se forman, comparten conocimiento y aceptan el reto de enseñar contenidos nuevos en contextos nuevos”, un esfuerzo docente que es “uno de los principales valores que hoy debemos reconocer”.

Este proyecto demuestra “el potencial de transformación de la nueva Formación Profesional”, al partir de un título oficial consolidado para orientarlo hacia un ámbito estratégico sin renunciar al rigor académico. “No rebaja la formación, la hace más pertinente; no sustituye el título, lo conecta con el territorio y con las competencias que demanda el sector”, concluyó el secretario autonómico.