El Tribunal Supremo ha zanjado un debate que afectaba al colectivo de profesionales sanitarios: los enfermeros que se dedican exclusivamente a la docencia universitaria no están obligados a permanecer colegiados, como sostenía el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería. La resolución, recogida en una sentencia firmada el pasado 23 de marzo a la que ha tenido acceso este periódico, sienta jurisprudencia y unifica criterios respecto a la colegiación obligatoria, tras fallos contradictorios en instancias inferiores.

La doctrina surge a raíz del caso de un profesor del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén, que en 2019 solicitó su baja en el colegio profesional alegando que no ejercía labores asistenciales como enfermero, sino únicamente docentes. El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y, posteriormente, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería rechazaron su petición. Tras un largo recorrido judicial con resoluciones dispares, el Supremo ha terminado dándole la razón al profesor universitario.

Desde el despacho de abogados Salvador Martín que ha representado al docente señalan que el alcance de la sentencia va más allá de este caso concreto. “A todas las profesiones sanitarias les va a afectar”, explica el letrado, apuntando a que la doctrina “puede ser extensible a otras muchas profesiones” que impongan la colegiación obligatoria. Según detalla, el criterio del Supremo es claro: “El profesional que no se dedique expresamente a labores de asistencia sanitaria –en este caso, el que se dedique a la docencia universitaria– no tiene la obligación de colegiarse”.

Enseñar no es curar

La clave del fallo radica en una distinción que el Alto Tribunal considera fundamental: no es lo mismo ejercer la profesión que enseñarla. “Hay que tener en cuenta la diferencia entre ejercicio profesional, en cuanto supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a una situación real, y la docencia, que implica la transmisión de unos conocimientos que van a capacitar para aquel ejercicio”, recoge la sentencia.

A partir de esa diferencia, el Supremo concluye que impartir clases en el Grado de Enfermería no puede equipararse automáticamente al ejercicio de la profesión sanitaria, al no existir una relación directa con el paciente. Y, por tanto, no justifica por sí solo la obligación de colegiarse.

“El ejercicio exclusivo de la docencia universitaria en el Grado de Enfermería, cuando se acredite que no se encuentra vinculada al ejercicio de prácticas clínicas asociadas a la prestación de servicios sanitarios propios de la profesión de enfermería, no supone el ejercicio de la profesión de enfermería y, por tanto, para dicho ejercicio exclusivo de la docencia universitaria no es exigible la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Enfermeros correspondiente”, establece el Tribunal Supremo en su doctrina.

La sentencia también recuerda que la colegiación obligatoria solo tiene sentido cuando actúa como garantía del interés general, especialmente en ámbitos donde pueden verse afectados la salud o la seguridad de las personas, como establece la normativa vigente. En el caso de la enseñanza universitaria, esa función de control no corresponde a los colegios profesionales, sino a las propias universidades, que “no centros sanitarios ni forman parte de la estructura asistencial del sistema sanitario”, como apostilla el Alto Tribunal.

Unificar criterio entre colegios profesionales

Durante el procedimiento, la defensa aportó documentación que evidenciaba diferencias de criterio incluso dentro de la misma comunidad autónoma. En Andalucía, algunos colegios de Enfermería –como el de Huelva– ya eximían de colegiación a los docentes universitarios, mientras que otros –como el de Jaén– sí les obligaba a mantenerse inscritos.

A juicio del letrado, la imposición de esas cuotas respondía más a un “ánimo recaudatorio” que a una verdadera necesidad de control profesional. Ahora la reciente sentencia del Alto Tribunal pone fin a esta disparidad y delimita con claridad cuándo puede exigirse la colegiación: únicamente cuando se desarrollan funciones sanitarias.

Con este fallo, el Tribunal Supremo fija como doctrina que el profesorado de Enfermería que no desarrolle actividad clínica ni participe en prácticas asistenciales no tiene obligación de estar colegiado. Una premisa que, según los abogados, puede extenderse a otros colectivos sanitarios, como el de los médicos.

La sentencia no solo resuelve el caso concreto del profesor jiennense —reconociendo su derecho a darse de baja y a recuperar las cuotas abonadas desde diciembre de 2019—, sino que establece un criterio con alcance en todo el territorio nacional y en otras profesiones reguladas. Este periódico ha consultado al Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería si quería hacer algún comentario tras la sentencia, si bien hasta el momento no se ha pronunciado.

La abogada, jueza y magistrada Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid de 2015 a 2019 será reconocida este año en Castilla-La Mancha dentro de los reconocimientos 'Luisa Medrano' que otorga la comunidad de Castilla-La Mancha por el 8M y que este año cumplen ya su décima edición.

El Gobierno castellanomanchego destaca no solo su defensa continuada y destacada de la igualdad entre mujeres y hombres, sino también su dedicación, primero a la abogacía durante los últimos años de la dictadura franquista y la transición a la democracia y más tarde a la Justicia, en unos años en los que dichos espacios profesionales se encontraban fuertemente masculinizados.

En la categoría colectiva, el jurado del Premio ‘Luisa de Medrano’ reconoce a la ONG Solidaridad Enfermera, promovida por el Consejo General de Enfermería de España, por sus acciones en favor de la salud con perspectiva de género, como forma de reducir barreras estructurales y posibilitar la autonomía de las mujeres.

Destacan sus campañas y talleres en favor de la salud afectivo sexual y reproductiva de las mujeres, su trabajo con mujeres en situación de prostitución, la lucha contra la mutilación genital femenina o sus programas para mujeres presas de algunas de sus delegaciones territoriales.

Otros diez reconocimientos por promover la igualdad de género

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de cinco reconocimientos individuales y cinco reconocimientos colectivos de personas y entidades que promueven la igualdad de género en todas las provincias de la región, que serán también entregados en el acto institucional de Chinchilla de Montearagón.

Por la provincia de Toledo, el Gobierno regional premia la trayectoria en favor de la igualdad y del empoderamiento femenino de la Asociación de Mujeres ‘Atenea’, en el municipio de Villacañas. Como colectivo, el premio reconoce a María Camisón por su proyecto de emprendimiento ‘Alhaja Cerámica’ y la creación de la Asociación de Mujeres Artesanas ‘MIA’, impulsando la primera feria de artesanía en la ciudad de Toledo.

La escritora Luz González Rubio es la mujer reconocida en Cuenca por una producción literaria centrada siempre en las mujeres de diferentes épocas en la historia y por ser también un referente femenino, muy presente hoy en la cultura de la provincia. El Gobierno regional también reconoce el proyecto ‘Arte a dos manos’ de la Asociación Pro Salud Mental VIVIR, centrado en el arte como herramienta desde la que abordar problemas de salud mental, que trabaja mayoritariamente con mujeres.

En Ciudad Real, el Gobierno premia a Visitación Arcos, promotora de actividades en favor de la igualdad y de mujeres víctimas de la violencia machista a través del teatro. Ha sido coordinadora del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, impulsando la atención de mujeres del ámbito rural. El colectivo destacado en esta provincia es la Fundación Latana, por su trabajo en favor de la igualdad promoviendo actividades dirigidas a personas mayores en numerosos municipios de la provincia.

Los reconocimientos en la provincia de Guadalajara recaen sobre la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH) Concepción Carrasco Carpio, por su brillante trayectoria académica e investigadora y su firme compromiso con la igualdad al frente de la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca; y también sobre la entidad ACISJF Guadalajara, por sus programas de promoción de la igualdad, de sensibilización y de lucha contra la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual.

El Gobierno regional premia, en Albacete, la trayectoria de Milagros Molares García, trabajadora social vinculada al sector público que creó el centro asesor de la mujer y la casa de acogida de carácter provincial, constituyéndose como el primer recurso de carácter provincial para mujeres víctimas de violencia de género, además de ser la jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno en Albacete. En el apartado colectivo, otro premio será recogido por la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia, fundada en 1996 y que cuenta hoy con aproximadamente 180 socias en Albacete y alrededor de 60 en el resto de municipios de la provincia.

El lema este año: ‘Castilla-La Mancha, con M de Mujeres’

Los premios se han dado a conocer hoy durante la presentación de la campaña del Gobierno de Castilla-La Mancha con la que conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El acto institucional de entrega de reconocimientos se celebrará, unos días antes, el viernes 6 de marzo, en la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, y por las delegadas de igualdad en las provincias, ha recordado la importancia de conmemorar cada 8 de marzo “para evaluar el camino recorrido y coger impulso para el que nos queda por recorrer”.

Simón ha anunciado que ‘Castilla-La Mancha, con M de Mujeres’ es el lema elegido este 8 de marzo, recordando que nuestra región es “un referente en materia de igualdad, con leyes y políticas siempre a la vanguardia y siempre atentas a los retos que la realidad nos plantea”.

“En este 8 de marzo, el Gobierno regional se queda con la M de mujeres, M de Castilla-La Mancha, M de movimiento y de motor hacia un cambio necesario, M de un nuevo mundo en el que reconocimiento y liderazgo se comparten, M de meta en una sociedad libre de desigualdades y de roles, estereotipos y brechas de género”, ha explicado.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido la condena a tres meses de cárcel impuesta al expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Máximo Antonio González Jurado, por su autoría en un delito continuado de administración desleal condicionada a que no delinca durante los próximos dos años.

El acuerdo se recoge en la diligencia de ordenación dictada por la letrada de la Administración de Justicia, H.V.S., el pasado 11 de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico.

Más de una docena de facturas

La magistrada-jueza Sonsoles Lloría Gómez, titular del Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, declaró probado que Máximo Antonio González Jurado incurrió en un delito continuado de administración desleal al cargar más de una docena de facturas de gastos personales al órgano colegial sin que tuvieran relación alguna con el cargo que ostentaba. No obstante, el juzgado le aplica las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada desde abril de 2023 a febrero de 2025, y de reparación del daño.

El perjuicio económico

El expresidente ya consignó los 23.012,81 euros en que se cifra el perjuicio total ocasionado; una cuantía que el juzgado ordena que sea devuelta al órgano colegial. En el procedimiento contra Máximo Antonio González Jurado estaban personados la Fiscalía en ejercicio de la acción pública, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España como acusación particular y el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Asturias como acusación popular.

Entre octubre de 2010 y noviembre de 2015, González Jurado "abusando de su condición" como presidente, acordó el pago de gastos de naturaleza personal "ajenos por tanto a los fines del Consejo General que presidía, con cargo a los fondos de éste". Se pagaron con cargo a los fondos del órgano colegial una docena de facturas que se debían en realidad a gastos de celebraciones familiares, como la boda de un hijo o la adquisición de billetes de AVE, así como la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste y la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V

Los hechos probados

Máximo Antonio González Jurado fue presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Enfermería de España desde el 29 de noviembre de 1987 hasta el 5 de octubre de 2017. El Consejo agrupa, coordina y representa a la profesión de enfermería y a todos los Colegios Profesionales de España. En sus estatutos generales se recoge, entre las funciones asignadas al presidente, la de “ordenar los pagos y expedir conjuntamente con el tesorero los libramientos para la disposición de fondos”.

El juzgado ha declarado probado que, desde el mes de octubre de 2010 y hasta noviembre de 2015, González Jurado “abusando de su condición” como presidente, acordó el pago de gastos de naturaleza personal “ajenos por tanto a los fines del Consejo General que presidía, con cargo a los fondos de éste”.

En concreto, se pagaron con cargo a los fondos del órgano colegial una docena de facturas que se debían en realidad a gastos de celebraciones familiares, como la boda de un hijo o la adquisición de billetes de AVE. Entre otras facturas, también se incluyen la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste y la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V.

Un almuerzo con 98 invitados

La primera factura fue emitida el 20 de septiembre de 2010 por la mercantil Golf y Restauración S.L.por importe de 3.532,13 euros y se correspondía a un almuerzo al que asistieron 98 invitados para la celebración de su tesis doctoral. El 16 de enero de 2013, la agencia de viajes Viajera emitió una factura de 794,70 euros correspondientes a billetes de AVE de ida y vuelta Madrid-Puente Genil y el alojamiento para el desplazamiento del entonces presidente y varios de sus familiares con motivo del funeral de su padre.

Zapatos enviados desde Nueva York

En el procedimiento también se analizaron las facturas, fechadas el 18 de abril de 2013, por gastos de envío de zapatos de la marca Allen Edmonds, desde Nueva York a través de aduana, por una cuantía económica que ascendía a 319,77 euros.

Las celebraciones de boda

El juzgado también considera probado que González Jurado pagó con cargo al Consejo el importe de una moqueta para la boda de un hijo, celebrada el 15 de junio de 2013, que costó 491,52 euros y fue adquirida en el Leroy Merlín de Las Rozas (Madrid). El 30 de junio de 2015, “De Tinto a Blanco” emitió una factura por un pedido de bebidas que costó 794 euros y se sirvieron en el domicilio de González Jurado con ocasión de la celebración de su aniversario de boda.

Los viajes en AVE de Madrid a Córdoba

Un mes más tarde, la misma empresa “De Tinto a Blanco” suministró un pedido de champán de 59.220 euros que iba destinado a la boda del hijo del acusado, que se iba a celebrar en Córdoba el 4 de septiembre de 2015; un dinero que en definitiva salía de los fondos colegiales.

Para los gastos generados por esa misma boda se volvió a contratar a la agencia de viajes Viajera para que cubriera los deslazamientos en AVE de Madrid a Córdoba, así como el alojamiento en esta ciudad andaluza de varios allegados al entonces presidente que iban a acudir a la ceremonia del enlace matrimonial. En esta ocasión las facturas, de 10 de septiembre y 20 de noviembre de 2015, supusieron un desembolso de 4.939,16 euros que fue sufragado por el Consejo.

Las comidas y cenas

La misma dinámica aparecía en otras facturas que se habían emitido anteriormente. Así, el 6 de marzo, el 22 de mayo y el 4 de junio de 2012 figuran facturas por un importe total de 835 euros, correspondientes a la confección por las Monjas Jerónimas de San Pablo de un traje de Doctor de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo para el acusado, así como para el pago de una comida de celebración en esa Cofradía.

El juzgado también hace referencia al pago a cargo del Consejo Oficial de Enfermería de la cena anual de la Orden de los Caballeros de Yuste, de fecha 26 de julio de 2016 por importe de 468 euros, así como la de la cena de investidura de la Imperial Orden de Carlos V, de fecha 17 de octubre de 2011, por importe de 220 euros.

Mensajería al extranjero

Hay además facturas por servicios de análisis y contramedidas electrónicas y digitales realizadas en las oficinas de la mercantil SERPROCOL SL los días 17 y 18 de mayo, por importe de 2.000 euros.La última factura que está incorporada a la causa y por la que ha sido condenado es la que contiene los gastos de mensajería al extranjero por importe de 170 euros, de fecha 30 de julio de 2012, correspondientes a un envío realizado por un empleado doméstico de González Jurado.

A lo largo de los años 2014 a 2017 abonó diversos gastos personales con cargo a una tarjeta de crédito de la que era cotitular con el Consejo General de Diplomados en Enfermería de España por su condición de presidente

Según consta en la sentencia, a lo largo de los años 2014 a 2017, el acusado, “actuando con un ilícito ánimo lucrativo”, abonó diversos gastos personales en 'tunes Store, en El Corte Inglés, en Hermés, o entradas a espectáculos de ocio, gasolineras y restaurantes. Todos estos gastos ascendieron a 7.825,89 euros, que se cargaron a la tarjeta de crédito Bussines Card Oro de BBVA de la que el entonces presidente era cotitular con el Consejo General de Diplomados en Enfermería de España.

Una sentencia firme

La sentencia ya es firme al haber manifestado en el acto de la vista las partes y la Fiscalía su voluntad de no recurrir. La magistrada-jueza ha acordado la suspensión de la condena a la vista de que González Jurado no cuenta con antecedentes penales en el momento de cometer los hechos condicionada a que no vuelva a delinquir durante dos años, así como al pago de la responsabilidad civil que ya ha sido abonada con la consignación del dinero que reclamaba el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería.

Siete de cada diez mujeres empresarias -el 72 por ciento- sufre estrés frecuente, cerca de la mitad -el 48 por ciento- tiene ansiedad, y además casi cuatro de cada diez -el 37 por ciento- presenta alteraciones del sueño, según refleja un estudio elaborado por el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) y su Observatorio de Enfermería y Cuidados a través de 107 encuestas a integrantes de la Asociación Mujeres de Empresa.

El trabajo, denominado “Liderar con Salud: Cuando el bienestar de la empresaria impulsa el futuro de su empresa” y presentado este jueves en Gijón, también refleja que el 30 por ciento de las empresarias padece cansancio físico crónico.

Los hábitos

El estudio está orientado a conocer el estado de salud, los hábitos de autocuidado y el nivel de conocimiento en prevención de riesgos laborales de las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas.

El 65 por ciento de las encuestadas ha calificado su salud como buena, si bien el mismo porcentaje ha admitido desconocer si su empresa dispone de una evaluación de riesgos actualizada, y un 78 por ciento ha reconocido que no sabría actuar frente a un accidente laboral.

Falta de formación en riesgos laborales

La falta de tiempo es para el 77 por ciento de las empresarias la principal barrera percibida para el autocuidado y solo un 31 por ciento ha recibido formación en riesgos laborales.

Algunos de los principales problemas detectados son la doble carga de responsabilidad profesional y familiar, la falta de formación y el escaso conocimiento en prevención de riesgos laborales.

El libro blanco

Codepa ha propuesto crear programas formativos específicos en salud laboral y autocuidado, elaborar un Libro Blanco sobre la Salud de la Mujer Empresaria y desarrollar una comunidad de apoyo en salud.

Una de las autoras del estudio y especialista en Enfermería del Trabajo, Esperanza Alonso, ha explicado que el documento “visibiliza la doble carga que soportan las mujeres empresarias”, así como la “urgencia” de dotarlas de “formación y recursos preventivos adaptados a su realidad”.

Los problemas de salud

Por su parte, el presidente del Codepa, Esteban Gómez, ha destacado que “el estrés elevado, el poco descanso y las dificultades para la conciliación laboral y familiar” son algunos de los principales problemas de salud que enfrentan las empresarias, las cuales, pese a tener “buena percepción” global de su estado, adolecen de una “falta de autocuidado evidente”.

En su opinión, “se asume la carga y el cansancio crónico como habitual”, al tiempo que ha considerado necesaria una “mayor atención por parte de las administraciones públicas”.

La sobrecarga

En esta línea, la presidenta de la Asociación Mujeres de Empresa, Elvira Pérez Rodríguez, ha remarcado que las empresarias desarrollan su labor con una “mochila añadida” y una “sobrecarga adicional”.

Desde su punto de vista, aún no se ha alcanzado la corresponsabilidad en los cuidados dentro del entorno familiar y social. 

En el Hospital Gregorio Marañón, el “pasillo 11” ya forma parte del sistema informático de los sanitarios como si se tratase de una unidad de observación o de prehospitalización más. Es el resultado de que se haya normalizado poner camas en los pasillos para los pacientes que esperan a que se les pase a planta para ingresarles cuando ya no hay más sitio en las salas dedicadas a ello. Esos corredores por los que pasan enfermeras, médicos, pacientes, familiares y carritos que transportan material médico, se convierten en una carrera de obstáculos en la que los enfermos pierden cualquier tipo de privacidad.

Lo llamativo es que el hospital sí que cuenta con plantas para albergar a más pacientes. El problema, según denuncia el sindicato de enfermeras (Satse), es que no hay suficiente personal de enfermería –especialmente en verano– para cubrir todas las plantas. Por lo tanto, dicen, se opta por cerrar hasta cuatro servicios con 109 camas adicionales que se desaprovechan, provocando hacinamiento, mayor riesgo de contagios y agotamiento del personal.

Según relata uno de los enfermeros del hospital, que prefiere no revelar su nombre, hay ocasiones en las que en vez de esperar descansado en camas, los pacientes tienen que esperar sentados en sillones durante horas. “El otro día tuve un paciente que se tiró 25 horas en un sillón”, cuenta. Incluso recuerda situaciones en las que se da de alta a pacientes que nunca llegan a subir a planta. Desde Satse apuntan que estos usuarios pueden llegar a esperar hasta cuatro días en salas de prehospitalización.

Además, la imagen de esas salas, a simple vista, es de hacinamiento. En un “buen día”, como especifica este trabajador, hay 16 camas en una habitación con capacidad para 12. Las camas están separadas por unos centímetros, provocando, según señala este trabajador, posibles contagios. Añade que a esta situación se le suma el colapso de las Urgencias, donde los usuarios esperan “tres o cuatro horas” desde que llegan hasta que reciben tratamiento del médico. El pasado 19 de agosto, el sindicato publicó una nota de prensa en la que aseguraba que “hay 170 usuarios atendiéndose en la Urgencia, 15 de los cuales están ubicados en pasillos (donde no hay tomas de oxígeno, por ejemplo, y la atención de las enfermeras se complica por falta de espacio, ausencia de material, etc.)”.

Las consecuencias de la falta de personal, según denuncia este trabajador y Satse, también recaen sobre las enfermeras. La carga de trabajo es clara: pasan, por ejemplo, “de llevar 15 pacientes a, en verano, llevar 30”, dice el sanitario. Y aunque el colapso no se limita a los meses estivales, la escasez de suplencias para las vacaciones lo agrava y resulta en que se recurra todavía más a doblajes de turnos para cubrir plazas básicas. Según Satse, se pueden pedir de 9 a 12 dobles turnos al día y no se usan para reforzar la plantilla en situaciones excepcionales, sino para cubrir un mínimo necesario. Esto supone que algunos sanitarios hagan hasta 60 horas semanales. “Hay un momento en que la gente está agotada”, explican las delegadas sindicales de Satse del Gregorio Marañón.

"Pasan de llevar 15 pacientes a, en verano, llevar 30"

Otra de las consecuencias es la sobrecarga de trabajo y las “situaciones de estrés” que viven las pocas enfermeras recién graduadas que son contratadas temporalmente en verano. L., del 12 de Octubre, relata que el “ambiente de trabajo es muy tenso”, trabajando más días de lo normal, en su caso en Urgencias y UCI, “servicios específicos” que suponen una “situación aún más difícil”, ya que las que se incorporan en junio no conocen bien el funcionamiento y se generan muchos momentos de estrés. Por su parte, S., residente en el Hospital Príncipe de Asturias, cuenta a este periódico que este verano, durante tres semanas, solo estaba la monitora de terapia ocupacional y ella en el hospital de día psiquiátrico infantojuvenil. “Estoy haciendo una residencia para especializarme y no estoy con la enfermera especialista de mi área”, lamenta.

Fuga de enfermeras

La causa principal de la escasez de enfermeras en la Comunidad de Madrid, apuntan desde el sindicato, es que es la comunidad autónoma menos atractiva para las trabajadoras del sector, pues el salario medio está por debajo de la media nacional a pesar de que la vida es más cara y las condiciones son peores. También es una de las pocas autonomías que no contemplan las 35 horas de trabajo semanales, junto con Navarra, Aragón y Comunitat Valenciana. La jornada es de 37,5 horas.

En 2024, se produjeron 2.596 bajas en el Colegio de Enfermería de Madrid (Codem) y 1.303 corresponden a traslados a otras comunidades autonómicas. “Lo cierto es que la Comunidad no es capaz de retener el talento enfermero, ya que, en los primeros seis meses de 2025, 608 enfermeras han solicitado el traslado a otras comunidades autónomas, y otras 51 se han marchado al extranjero para ejercer en sistemas sanitarios que ofrecen mayor estabilidad y reconocimiento”, denuncia la portavoz del colegio madrileño, Mar Rocha, en declaraciones a este periódico. Otro de los factores en juego que señalan es la falta de relevo generacional. “Las plazas que se ofrecen en las universidades para estudiar enfermería son insuficientes y llevan años sin aumentarse”, explica una de las delegadas sindicales del Gregorio Marañón.

Sin embargo, este no es el único hospital afectado. Satse especifica que en verano cierra una media del 30% de las camas de los hospitales públicos madrileños y señalan la situación crítica del hospital de Getafe, el 12 de octubre y el Clínico San Carlos. También del hospital del Henares, cuyo delegado indicó a Satse que “la semana pasada estuvieron tres días bloqueadas las ambulancias antes del puente” porque no admitían las urgencias que venían en ambulancias y las derivaban a otros hospitales. En este centro hay 30 pacientes pendientes de ingresar en urgencias, mientras se dispone de una unidad de 34 camas y otra de 24 cerradas por falta de enfermeras que puedan atenderlas. “La sensación de los trabajadores es que el hospital es un caos y está que se cae por la falta de enfermeras”, denuncia.

"Muchas enfermeras se marchan para ejercer en sistemas sanitarios que ofrecen mayor estabilidad y reconocimiento"

La Paz, en huelga

Esta escasez de puestos de enfermería es una de las causas del grave deterioro del servicio público de salud madrileño en los momentos más críticos como el verano –por la falta de relevo para las vacaciones– o los picos de gripe –por la escasez coyuntural de profesionales para hacer frente a un mayor número de pacientes–, que se suma a la falta de camas disponibles, las listas de espera para acceder a muchos servicios y la falta general de personal que aumenta con cada baja por sobrecarga laboral y la “falta de respuesta” por parte de las administraciones. Por ello, el Hospital de La Paz en Madrid, uno de los más prestigiosos de la comunidad, convocó el pasado martes una huelga “simbólica” que obligó a la gerencia del centro a proporcionar el 35% de servicios médicos que marca la ley.

Según los manifestantes, hay unidades en las que a veces “ni siquiera se alcanza esa barrera”, por lo que empujar a la administración a reclutar personal para cubrir las bajas de los manifestantes puede demostrar que “no son capaces de conseguirlo” únicamente porque “no ofrecen condiciones dignas”.

"Tengo pacientes en salas de espera para ser ingresados desde hace, por lo menos, 72 horas"

Adrián es enfermero de Urgencias en La Paz. Lleva los últimos tres días viendo las mismas caras cuando va a trabajar, y no precisamente entre sus compañeros: “El tiempo máximo recomendado en un servicio como este es de un día y tengo pacientes en salas de espera para ser ingresados desde hace, por lo menos, 72 horas”.

La competencia autonómica

Fuentes de la consejería de Sanidad consultadas por este periódico echan balones fuera y reclaman al Ministerio de Sanidad la contratación de profesionales de la especialidad de “Medicina de urgencias”, a pesar de que las comunidades son las responsables de gestionar los recursos humanos del sistema autonómico de salud, así como de regular sus condiciones laborales y gestionar las bolsas de empleo temporal que cubrirían las vacaciones de las enfermeras. Una reducción de jornada a 35 horas y la mejora en las retribuciones, competencias autonómicas, retendrían a su vez a un mayor número de enfermeras para poder hacer frente a los momentos más tensionados del sistema de salud.

Desde el Codem alertan de una “sobrecarga continuada” de las enfermeras madrileñas y reivindican una mejora en las condiciones que, señalan, “se agravan especialmente durante los meses estivales”.

El Foro de la Profesión Médica y el sindicato de Enfermería Satse han expresado su preocupación por la falta de planificación un verano más en los centros sanitarios, que volverán a estar aquejados de la falta de profesionales y por el cierre de hasta 10.200 camas en hospitales, 370 de ellas en Asturias

Esta escasez “crónica” tendrá otra vez repercusiones en los pacientes, según sostiene el Foro; un organismo compuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico- Médicas de España (Facme), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Sobrecarga asistencial

Esta situación impedirá garantizar unas condiciones laborales “dignas y seguras a los profesionales en su ejercicio”, censura el Foro.

“La escasez estructural de profesionales no puede ni debe suplirse a costa de la sobrecarga asistencial y la renuncia al derecho al descanso de los médicos, que, al igual que con el resto de los trabajadores, es necesario para preservar nuestra salud física y mental, condición indispensable para poder cuidar adecuadamente a los pacientes”, subraya.

La responsabilidad

Sin embargo, paliar estas deficiencias “aumentando el número de guardias o forzando agendas de trabajo ilimitadas no solo no es la solución, sino que además contribuirá a agravar el problema”, advierte.

Por ello, ha emplazado a las administraciones sanitarias competentes en cada servicio de salud a que asuman su responsabilidad en la adecuada planificación de recursos y adopten medidas “eficaces y sostenibles” para garantizar la continuidad de la atención sanitaria, sin trasladar toda la presión sobre los profesionales médicos.

El cierre de camas

Satse alerta de que esta situación va a provocar el cierre de más de 10.200 camas, que acarreará a su vez el incremento de las listas de espera y una peor atención sanitaria.

Según los datos que ha recabado en las diferentes comunidades autónomas, el cierre alcanzará, al menos, hasta un total de 10.258 camas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, cuando el pasado año fueron 10.463 (sin datos de Madrid); en 2023, 9.809; en 2022, 8.594, y en 2021, 9.632 camas.

Por autonomías

Por comunidades, en Andalucía se cerrarán, al menos, 2.200 camas; 1.539 en Madrid (con datos de ocho hospitales); 1.300 en Cataluña; 910 en la Comunidad Valenciana; 700 en Aragón y Galicia; 619 en Euskadi; 500 en Extremadura; 373 en Castilla-La Mancha; 370 en Asturias; 317 en Murcia; 250 en Castilla y León; 164 en Cantabria; 146 en Navarra; 116 en Baleares y 54 en La Rioja.

En Canarias y Ceuta no se prevén cierres, asegura el sindicato.

Las vacantes

También denuncia que las enfermeras tendrán que trabajar “por dos”, ya que los distintos servicios de salud no cubren de manera adecuada las vacantes que surgen por vacaciones.

Esta situación es especialmente grave en las zonas que reciben durante los meses de verano gran afluencia de turismo de nuestro país, y también internacional, ya que multiplican por dos o tres su población y, con ello, la sobrecarga y tensión asistencial en sus centros sanitarios.

La presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras, Mariluz Fernández, ha asegurado que en Cantabria se necesitan “unas 900 enfermeras más” para poder “llegar bien” a la población y ha reivindicado para el colectivo la categoría profesional A1. Además, ha abogado por seguir aumentando las especialidades del colectivo y sus plazas, como las de geriatría, a consecuencia del envejecimiento de la población.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, Fernández ha subrayado que “es muy importante decirle al ciudadano que cuenta con su enfermera para sus temas de salud” ya que “estará siempre cuidándole desde el principio hasta el final de la vida”. Las enfermeras y enfermeros celebran este día dando visibilidad y reivindicando su papel con una carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento de Santander que acoge diferentes actividades y talleres de prevención y promoción de la salud.

Este evento se encuadra dentro de la campaña de concienciación puesta en marcha a nivel nacional 'Pregunta a tu enfermera', promovida por la Organización Colegial de Enfermería para conmemorar esta efeméride.

El consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han acudido a la carpa en el inicio de la campaña donde han estado acompañados por la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Cantabria, Mari Luz Fernández.

En declaraciones a los medios, Igual ha destacado que el colectivo de la enfermería es “una pieza esencial” del sistema sanitario, y ha puesto en valor que se trata de una profesión “muy vocacional” que, entre sus actuaciones, contempla la prevención, concienciación y promoción de la salud.

“Hoy están en la plaza del Ayuntamiento pero están todos los días del año cuidándonos, ejerciendo su profesión”, ha subrayado.

Además, la regidora se ha referido a la labor “imprescindible” que realiza el Colegio de Enfermería en el “empoderamiento” de la profesión.

En el mismo sentido, Pascual ha reivindicado el papel “trascendental” de la enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud, que hay que reconocer “los 365 días del año”.

A su juicio, la enfermería en España tiene “un excelente nivel del que tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos”. Sin embargo, a pesar de tener un desarrollo profesional “muy alto”, ha abogado por seguir poniendo en valor el “importante rol que juegan”.

Por eso, el consejero ha recordado la importancia que tiene consensuar y aprobar la Estrategia de Cuidados en Enfermería, que se debatirá en un par de semanas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y analizará el trabajo diario que hace la profesión enfermera en los centros de salud y en los hospitales, para “ponerlo en su justo valor”.

Igualmente, ha recordado que la enfermería será una de las profesiones que notará “cambios importantes” como consecuencia del cambio de estrategia de Atención Primaria.

“Estamos en un momento trascendental en el que los cuidados adquieren cada día un papel más relevante porque hay una población envejecida que, además de tratamiento, necesita cuidados”, ha afirmado Pascual al respecto.

Según ha puntualizado, ese nivel de cuidados “es cada vez más exigente”, lo que incrementará el desarrollo de las competencias que las enfermeras han ido adquiriendo a lo largo de los años. Y todo ello, “merece un reconocimiento”, ha incidido.

El Colegio de Enfermería ha denunciado las agresiones al personal sanitario no solo provienen de pacientes y/o sus familiares, sino que también ocurren muy habitualmente dentro del ámbito sanitario entre profesionales de distintos estamentos. “Son ‘agresiones invisibles’ porque prácticamente ningún sanitario las denuncia ni queda constancia en los registros”, advierten desde el Colegio.

En el Día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, el COER hace un serio llamamiento a la reflexión sobre la violencia intralaboral entre compañeros sanitarios. “Es una conducta intolerable en un ámbito como el sanitario que trata de cuidarnos a todos y resulta mucho más dolorosa para el profesional agredido que la violencia ejercida por una paciente”.  

Para visibilizar esta situación, el Colegio de Enfermería ha compartido una carta anónima de una enfermera víctima de violencia intralaboral. “Hace diez meses un profesional de otro estamento me agredió verbalmente durante un turno”, cuenta. Tras denunciar los hechos y de una baja laboral, se reincoporó “al mismo lugar, sin cambios en mi equipo y con el agravante de ver cómo su actitud hacia las enfermeras sigue siendo tolerado”.

Por ello, denuncia sentirse “abandonada” por el sistema “que debe proteger a sus trabajadores”: “Me quedan tres heridas profundas: la soledad institucional, la complicidad del silencio de algunos y el castigo de volver al mismo infierno, sin garantías”. Pero también destaca aprendizajes. En este sentido, pone en valor la importancia de pedir ayuda -“cuidarme no es egoísmo, es resistencia”, apunta - y de alzar la voz colectiva: “Descubrí que no estaba sola. Callamos agresiones por miedo a represalias o por vergüenza”.

Finalmente, se refiere a la fuerza de la unión para agradecer el apoyo del Colegio de Enfermería de La Rioja, que le “tendió la mano” cuando pidió ayuda. “En este tiempo he pensado en soluciones como formación obligatoria contra el clasismo sanitario, basta de jerarquías tóxicas. Auditorías reales en PRL. Protocolos efectivos: sanciones con seguimiento externo por autoridades sanitarias, no sólo nos agreden los pacientes o sus familiares”, ha señalado en una carta que firma “una enfermera, paciente del sistema, superviviente del silencio”.

“Preocupante incremento” de las agresiones a enfermeras

En esta jornada, el COER reclama “tolerancia cero” ante todo tipo de violencia y hacia todos los estamentos sanitarios y reitera “la importancia de denunciar cualquier agresión, física o verbal, con independencia de quien la ejerza”. “No se puede permitir que quienes dedican su vida al cuidado de los demás, sean víctimas de maltrato. La violencia nunca está justificada en el sistema sanitario”.

Un hecho constatable es que son las profesionales sanitarias que forman los equipos de enfermería (Enfermeras y TCAE) quienes sufren un mayor número de agresiones. Según datos del Colegio de Enfermería, concretamente en La Rioja, de los 163 incidentes totales reportados en el sistema público de salud en 2024, el 34,35% afectaron específicamente a enfermería (58).

Las agresiones a enfermeras notificadas en La Rioja han mostrado un “preocupante incremento” en los últimos años con respecto al periodo prepandemia. En La Rioja la cifra creció de 22 agresiones notificadas a enfermeras en 2021 a 41 en 2022, a 53 en 2023 y a 58 en 2024.

Ante esta situación, desde el Colegio de Enfermería se reclaman “más medidas preventivas y garantizar un entorno de trabajo seguro para lo que es fundamental -dicen- incrementar la seguridad en los centros con personal especializado y protocolos efectivos”.  “También es necesario garantizar apoyo legal y psicológico a las víctimas y promover campañas de sensibilización entre la población para fomentar el respeto hacia los profesionales”, añade.

Por su parte, el Colegio de Enfermería de La Rioja pone a disposición de las colegiadas agredidas sus servicios de asesoría jurídica y asistencia psicológica, así como acompañamiento en todo el proceso, tanto si interponen denuncia o no. En ese sentido, desde el COER también se anima a las enfermeras agredidas a que notifiquen la agresión y presenten una denuncia ante la Policía Nacional. Las agredidas también pueden dejar constancia de ello en el Canal de Denuncias del Consejo General de Enfermería de España, al que se accede desde la página Web.  

El exdiputado regional del PP Alfonso Román López se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias como presunto responsable de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal durante su etapa como directivo del ilustre Colegio de Enfermería de Asturias (Codepa).

La institución colegial le imputa una presunta coautoría en el desvío de fondos del Colegio habiéndose servido para ello de la publicación mensual de una revista interna, denominada “Impulso”, y de unas supuestas actividades de asesoramiento de contenidos, producción e impresión que las acusaciones sostienen que nunca acreditó haber ejecutado.

El Codepa está personado en la causa como acusación particular junto a la Asociación de Enfermeras de Asturias, así como por otras siete personas a título personal, que interesan para el expolítico asturiano una pena de cuatro años y medio de cárcel.

La misma petición de condena solicitan para Bartolomé Navarro Gutiérrez, socio de la empresa que editaba la revista, y Marta Elena Losa Iglesias, hija del expresidente del Codepa Emilio Losa, ya fallecido, a quienes acusan de la presunta comisión de los mismos delitos que al expolítico asturiano.

Además, las acusaciones piden que los tres acusados como responsables civiles del delito e igualmente las mercantiles BV Asesores Comunicaciones e Imagen y Loklark S.L., estas como responsables subsidiarias, indemnicen de forma conjunta y solidariamente al Codepa en la cantidad que provisionalmente ha sido fijada en 684.003,98 euros.

Una causa que dura ya diez años

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza, ha acordado la apertura de juicio oral a través de un auto y donde no fija fianza sobre los responsables civiles al tener en cuenta que la Fiscalía no ha formulado escrito de acusación y que, desde que se inició el procedimiento en el año 2014, ya han transcurrido 10 años sin que se hayan solicitado ni adoptado medidas cautelares.

La Audiencia Provincial ordenó en 2018 la reapertura de la investigación por el presunto desvío de fondos colegiales tras admitir el recurso de apelación de la Asociación de Enfermería de Asturias frente a la decisión del juzgado que había declarado el archivo y sobreseimiento de la causa por delito de apropiación indebida.

La Audiencia señalaba, en un auto, que el importe de los gastos presupuestados a favor de la empresa de comunicación que editaba la revista y llevaba a cabo el asesoramiento de contenidos, producción e impresión de la misma ascendía a 1,4 millones de euros, de los que una parte fueron destinados a abonar facturas giradas por Alfonso Román López, durante su etapa como vicepresidente, así como a la mercantil, de la que era apoderado el fallecido Losa y de la que fue administradora su hija.

Para el tribunal, no aparecen en principio debidamente justificadas la realización de los trabajos y servicios que amparan la emisión de las facturas y, entre otras irregularidades, no se especifican tampoco las fechas, conceptos, ni persona que llevó a cabo el asesoramiento.

Tampoco constan la identidad ni la firma del emisor, indicios a los que, según la Audiencia, deben unirse las vinculaciones familiares y lazos de amistad existentes con el fallecido, no existiendo por otro lado constancia documental alguna de la contratación de los servicios.

Los cargos

Alfonso Román López ocupó durante 33 años diferentes puestos en el Codepa, su Junta de Gobierno y la Comisión Ejecutiva, entre el 17 de abril de 1985 y el 29 de octubre de 2018. El ya fallecido Emilio Losa García permaneció durante 28 años al frente de la presidencia del Codepa, así como de sus órganos representativos, entre el 12 de enero de 1988 y el 7 de abril de 2017, fecha de su muerte. A raíz de su fallecimiento se determinó el archivo y sobreseimiento de la causa frente a él.

El Codepa editó una revista colegial, de naturaleza divulgativa, no científica entre los meses de mayo de 2005 y septiembre de 2018, denominada “Impulso”.

La revista tuvo una tirada de 12 ejemplares por año, -uno por cada mes-, a color -cuatricromía-, con una extensión de entre 12 a 15 páginas por número.

Durante más de una década, la revista contó con su propio Consejo, formado por la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Codepa, entre ellos Alfonso Román López y el propio Emilio Losa, como director, cargo que este último desempeñó hasta el mes anterior a la fecha de su muerte.

Los hechos imputados

A pesar de contar la revista con director y Consejo de Redacción propios, realizando labores de apoyo y asesoramiento con relación a su contenido, durante los meses de mayo de 2005 a mayo de 2014 la sociedad BV Asesores facturó y cobró mensualmente del Codepa por llevar a cabo la edición, asesoramiento de contenidos, producción e impresión de la misma, sin haberse adoptado el preceptivo acuerdo autorizando la contratación por la Junta de Gobierno/Comisión Ejecutiva del órgano colegial, según consta en el escrito de calificación provisional de las acusaciones a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias

El 25 de junio de 2014, apenas dos semanas después de declarar como imputado en esta causa, Emilio Losa ordenó convocar una reunión de la Comisión Ejecutiva del Colegio en la que se aprobó contratar a la mercantil BV Asesores y firmó el contrato tres meses más tarde, unos días antes de declarar por segunda vez como imputado.

En fechas posteriores, Alfonso Román López comenzó a enviar correos electrónicos con los que justificar que él había realizado trabajos para la revista colegial que, según las acusaciones, más bien respondían a “una estrategia defensiva” con la que construir algún tipo de prueba documental que permitiera dotar de aparente credibilidad la supuesta realización de trabajos/prestación de servicios por el acusado para BV Asesores, de cara a aportarlos a la causa, llegado el caso, si finalmente fuera citado como investigado, como así ha sucedido.

Reenvío de correos con noticias enviadas por el PP

En su escrito de calificación, la acusación sostiene que en al menos 83 ocasiones, y siempre desde el mes de octubre del año 2014, Alfonso Román López se limitó a efectuar un reenvío de emails, sin explicación alguna o texto al respecto, bien a la empresa BV Asesores o a otras direcciones telemáticas con aparente relación con la misma.

Un reenvío de los correos electrónicos que se efectuó desde la dirección electrónica que le fue asignada al acusado como diputado de la Junta General del Principado de Asturias.

“Eran noticias que recibía del gabinete de prensa del partido político al que pertenecía -el PP- percibiendo un sueldo público, lo cual sin duda pone de relieve el indebido uso de medios e instrumentos públicos al servicio de un interés privado y mercantil del entonces diputado regional, además de entrar en contradicción con la certificación de la empresa BV Asesores, de fecha 30 de septiembre de 2015.

La empresa BV Asesores también remitió al juzgado varios Cd Ron para justificar este trabajo, pero no consta servicio, dato o información alguna con anterioridad al mes de octubre de 2014, solo con posterioridad tras la incoación del procedimiento penal.

Entre la documentación remitida al juzgado por el exdiputado, incluye unas “Estadísticas” enviadas a la mercantil desde 2007 a marzo de 2017 y unas “Colaboraciones” del período 2015 a 2017 que, según la acusación, son simples textos mecanografiados de los que el propio investigado dice ser autor y haberlos llevado a cabo durante este periodo temporal sin prueba alguna que así lo acredite: “No hay firma digital, ni manuscrita, tampoco se remiten de forma individual en un formato electrónico que permita adverar la fecha de creación del archivo”, incide.

El informe de los peritos

Ante esta situación, el Codepa solicitó a la Universidad de Oviedo un dictamen pericial informático sobre los artículos publicados en la revista desde el año 2014 al mes de marzo de 2017, de los que Alfonso Román López se presentaba como autor.

Los peritos emitieron su informe el 2 de julio de 2020 donde, entre otras conclusiones, señalaban que en 68 de los 100 artículos publicados en los diferentes números de la revista durante el periodo relativo a los meses de enero de 2014 y septiembre de 2018, ambos inclusive, cuya autoría se atribuía el exdiputado, el grado de coincidencia que presentan con respecto al contenido de otros artículos anteriormente publicados y disponibles en Internet, ajenos a Impulso, era de 80 y el 100 por ciento.

“Tal grado de similitud en los artículos resulta incompatible con una posible autoría intelectual de los mismos por parte de quien reivindica el artículo, la cual solo le podría ser atribuida si el porcentaje de coincidencia hubiera sido inferior al 25 por ciento”, afirman los peritos, lo que solo ocurría en 3 de los 100 artículos publicados.

El Codepa sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que “Tal resultado pone de relieve que el acusado no ha sido su autor, sino en el mejor de los supuestos un vulgar y simple copista, por lo que difícilmente se le podían haber pagado las cantidades que percibió de BV Asesores por haber realizado algo que en realidad no hizo sino que se habría limitado a copiar”

Una situación similar es la que los peritos apreciaron al analizar 38 trabajos cuya autoría se atribuyen al mismo tiempo Marta Elena Losa y Alfonso Román López, donde se apreciaron unos parámetros de coincidencia muy altos con respecto a otras publicaciones difundidas por internet.

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) celebrará elecciones el próximo 17 de enero para la renovación de la Junta de Gobierno que dirigirá las riendas del órgano colegial en los próximos cuatro años.

Dos candidaturas, cada una de ellas con nueve titulares y cuatro suplentes, han sido proclamadas de forma provisional por la Junta Electoral. Son las que encabezan el actual presidente, Esteban Gómez Suárez, que se presenta bajo el lema “8.000 enfermeras” y Mónica Busta Díaz que opta a los comicios con el lema “Renovando ilusiones”.

Desde mañana viernes, día 13, estará abierto un periodo de reclamaciones y se cerrará el próximo martes, día 17.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, las dos candidaturas quedarán proclamadas definitivamente el jueves, día 19, momento en que se procederá a la apertura de la campaña electoral.

El voto por correo

Todos los colegiados que opten por emitir su voto por correo tendrán que solicitar acogerse a este sistema hasta el próximo 3 de enero, fecha en que finalizará el plazo.

La solicitud podrá realizarse de forma presencial en la sede de Oviedo y en la delegación de Gijón a través de un formulario impreso o bien a través del correo electrónico elecciones2025@codepa.es donde se indicarán los datos personales del colegiado o colegiada y la dirección física a la que se le enviará la documentación.

La Junta electoral, presidida por Alberto Jesús Arias Sanz, proclamó el pasado día 10 de este mes las dos candidaturas que lideran Esteban Gómez y Mónica Busta.

La candidatura '8.000 enfermeras'

Esteban Gómez es enfermero desde 1993 y ejerce en programas de cooperación internacional, en la sanidad privada y desde hace más de 20 años en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) donde trabaja como enfermero asistencial en el bloque quirúrgico del Hospital Grande Covián.

Tiene formación y experiencia en gestión de la calidad, investigación y práctica basada en la evidencia y compagina labores asistenciales con la coordinación del programa de Implantación de Buenas Prácticas en Cuidados a través de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados en el Área VI del SESPA.

El equipo

La candidatura “8.000 enfermeras” está presidida por Esteban Gómez e integrada por Lorena Busto Parada como vicepresidenta, María González García como secretaria y Aitor Manuel Solís García como tesorero.

Como vocales se presentan Ana Rodriguez Llaneza, Raquel García García, Lucía Martínez Pérez, María Paloma Esparza del Valle y Marcos Lastra Félix, siendo suplentes María Celia Prieto Cotarelo, Tatiana Cuartas Álvarez, Eva Prida Villa y María Osendi Cadenas.

La candidatura 'Renovando ilusiones'

Mónica Busta Díaz es supervisora del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Licenciada en Historia y diplomada universitaria en Enfermería, es experta en Enfermería de Cuidados Intensivos, en Diálisis, en el Área Quirúrgica y en Hemoterapia. 

Su propuesta a la Junta de Gobierno

La candidatura “Renovando ilusiones”, que encabeza como presidenta Mónica Busta Díaz, está formada por Ana Belén Díez Álvarez como vicepresidenta, Alicia Méndez Salguero como secretaria y Salomé Álvarez Rodríguez como tesorera.

Como vocales se presentan Estefanía Vegas Pardavila, Rodrigo López Sieres, María Belén Suárez Mier, Raquel Vázquez Álvarez y Andrés Martínez Suárez, siendo suplentes Roger Jalón Monzón, Isabel Villabrille Martínez, Omar Álvarez Martínez y Eva Tubio Arcos.

Los integrantes de la candidatura que resulte vencedora en las urnas el 17 de enero tomarán posesión de sus nuevos cargos en la Junta de Gobierno del órgano colegial el próximo 31 de enero.

En septiembre de 2023 se aprobó un protocolo de colaboración entre las consejerías de Salud y Educación de la Junta de Andalucía para asegurar la presencia de una enfermera escolar que atienda a niños con discapacidad motora crónica en la escuela. Pero el curso terminó sin esta figura en los colegios.

La por entonces consejera andaluza de Salud, Catalina García, aseguró en el Parlamento andaluz que cada niño con problemas de salud crónicos cuenta con recursos sanitarios en su centro escolar. Sin embargo, reconoció que actualmente son 15 los menores andaluces atendidos presencialmente por una TCAE (técnico en cuidados auxiliares de enfermería) durante el horario educativo, y uno de ellos dispone, además, de una enfermera de atención primaria presencial debido a la complejidad de sus cuidados. Frente a los 15 que han contado con este apoyo, hay otras 49 familias andaluzas afectadas y que se preguntan desde la incertidumbre si sus hijos contarán con enfermera escolar para el curso próximo.

La falta de condiciones seguras para que esos 64 niños y niñas vayan al colegio sin poner en peligro sus vidas es, a día de hoy, “una promesa incumplida”, denuncian padres y madres. Muchos de ellos no han podido aún ser escolarizados. “Queremos que sea una realidad desde el primer día y que no nos quedemos esperando… otra vez. Queremos que el colegio no sea otra barrera, sino una oportunidad. Pedimos a la Junta de Andalucía que planifique contando también con nuestros niños y niñas”, reclaman las familias.

“¿Cuándo podré ir al colegio?”

Porque tras la protesta, como suele suceder, hay nombres. Dylan, por ejemplo, es un niño de seis años con una mutación en el gen R1 que no ha podido asistir al colegio y ha tenido que aprender a leer mediante un juego en la tablet. “Dylan es un niño muy inquieto y con muchas ganas de aprender”, relata su madre, Nazaret Córdoba. Natural de La Línea de la Concepción, escucha cómo su hijo pregunta todos los días cuándo podrá ir al colegio. Y le resulta difícil explicarle que eso no depende de ella, sino de la administración.

Dylan, a diferencia de otros niños, tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una visita al Parlamento organizada el pasado 27 de julio de 2023. Esa visita culminó, cierto, en la aprobación del mencionado protocolo. Pero Dylan y otros niños no han visto cómo se hace efectivo dicho acuerdo. Dylan continúa aprendiendo por su cuenta en casa.

“Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros niños?”. Esta pregunta resuena entre los padres y madres que se han organizado para reclamar esta atención. Están “desolados” y “desesperados” porque ven cómo, mes a mes, sus hijos “se quedan atrás”. La frustración crece mientras el sistema educativo parece avanzar sin ellos. “¿Estamos realmente garantizando el derecho a la educación para todos, o estamos dejando a algunos niños fuera?”, se cuestiona Anabel Ballesteros, madre de Máximo, un niño con atrofia muscular espinal tipo 1.

El acceso a la educación es un derecho universal recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26) y en la Constitución Española (artículo 27). La Ley Orgánica 3/2020, conocida como Lomloe o Ley Celaá, establece que la educación es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. Sin embargo, Anabel Ballesteros ha sido testigo de cómo su hijo, al no contar con las condiciones óptimas, no ha podido completar el curso escolar. Ella, al igual que otras familias, lucha por conseguir una figura de enfermera escolar presente en el centro que pueda prestar atención a menores con ese tipo de necesidades. No obstante, en la mayoría de los casos, a esas madres y padres se les ofrece el cuidado de un PTIS (personal técnico de integración social), que “no cuenta con la formación específica necesaria para proporcionar cuidados sanitarios a los menores”.

Esta situación ha generado también rechazo entre los profesionales de integración, quienes, al no disponer de los conocimientos necesarios, no quieren hacerse cargo de estos menores y llaman a los padres a la mínima oportunidad para que vayan a recogerlos, explican desde las familias. Anabel relata cómo se “lavaron las manos al principio”: “En los colegios nos decían que la decisión de mandar a nuestros hijos al colegio era nuestra, y que no podían responsabilizarse por no contar con los medios suficientes. Y allá tú si tu hijo se muere”.

Padres, asistentes y contratos precarios

Con el problema sobre la mesa, la Junta ha comenzado a actuar dotando a algunos menores de auxiliares de enfermería en los centros. “Como no querían gastarse el dinero, nos pusieron una auxiliar a cuatro gatos por folloneros”, afirma Anabel. Ballesteros, siendo médica de profesión, ha podido formar a los auxiliares y PTIS en el tratamiento de su hijo, enseñándoles a aspirar secreciones y a alimentarle, ya que Máximo presenta problemas para deglutir la comida y requiere alimentación asistida. Sin embargo, denuncia que los contratos de estos enfermeros y auxiliares son muy breves, de aproximadamente mes y medio: “Cuando por fin aprenden cómo cuidar a Máximo, se les termina el contrato y tengo que repetir el proceso de enseñanza con los nuevos”.

Roxana Condori, madre de Arbel Josué, que también tiene atrofia muscular espinal de tipo 1 y requiere alimentación por botón gástrico, vive una situación similar. Arbel puede asistir al colegio gracias al sacrificio de sus padres, quienes dividen su jornada laboral para ir al colegio, asistirlo y cambiarlo. Condori ha presentado múltiples escritos ante la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla, pero no ha conseguido obtener una solución definitiva.

“Nuestro hijo no pudo asistir al colegio hasta los 7 años”, cuenta Condori, quien durante los primeros meses de colegio se quedaba esperando en un parque cercano por si a su hijo le pasaba algo. La falta de adaptación del centro, que no cuenta con los profesionales necesarios ni con infraestructuras adecuadas, como un ascensor, ha hecho que Arbel se pierda muchas actividades, como el teatro escolar que se realiza en la segunda planta.

Apoyo de los colegios de enfermería

El Colegio de Enfermería de Málaga también se ha sumado a esta causa, abogando por una inversión necesaria en enfermería escolar y la asignación de recursos adecuados para garantizar la presencia de enfermeras en todas las instituciones educativas. Según ellos, esta medida no solo beneficia a los estudiantes individualmente, sino que también contribuye a la salud pública en general al promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades desde una edad temprana.

La enfermería escolar, según el Colegio de Enfermería de Málaga, no debe ser vista como un gasto adicional, sino como una inversión en el futuro de nuestra sociedad. Garantizar la presencia de enfermeras en las escuelas es una medida que puede marcar una diferencia significativa en la vida y el desarrollo de los jóvenes, creando un entorno propicio para un aprendizaje saludable y exitoso, explica Carrasco Sancho.

El acceso a la educación para niños con necesidades especiales sigue siendo una lucha constante para muchas familias en Andalucía. A pesar de los compromisos y protocolos establecidos por la Junta, las madres demandan una implementación efectiva y sostenida de recursos adecuados, incluyendo personal de enfermería cualificado en los centros educativos. La respuesta de la Consejería de Salud es que “se está trabajando en ello”.

Este lunes y martes, 19 y 20 de agosto, el Palacio de la Magdalena acogerá el encuentro ‘Por la Salud: el cuidado enfermero a la vanguardia’, con el que se pretende identificar las realidades de un mundo en transformación permanente, poniendo de manifiesto la capacidad de adaptación de las intervenciones de cuidados enfermeros a las nuevas realidades como respuesta al compromiso con la salud de los ciudadanos.

El encuentro se realiza en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y cuenta con el patrocinio del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria. En la jornada de este lunes, intervendrá la filósofa Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, así como la presidenta colegial, María Luz Fernández Fernández.

En un escenario marcado por la diversidad territorial y cultural, los conflictos bélicos, el cambio climático, la cuestión de género y el imparable impacto de la inteligencia artificial, este curso aboga por la necesidad de rediseñar las políticas de salud acorde a la realidad y con una mirada amplia y transformadora.

En un mundo heterogéneo y complejo, la salud es pieza clave, de manera que cualquier movimiento tiene una clara repercusión sobre la misma con consecuencias favorecedoras o devastadoras para los habitantes del planeta.

En este escenario, marcado entre otros por la diversidad territorial y cultural, los conflictos bélicos, el cambio climático, la cuestión de género y el imparable impacto de la inteligencia artificial, hay que ser conscientes de la necesidad de un rediseño de las políticas de salud acorde a la realidad y con una mirada amplia y transformadora. Así, en el intrincado campo de las ciencias de la salud, los profesionales enfermeros aportan un papel singular, que se sustenta en la visión integral de la persona, con especial esmero en los aspectos relacionales y empáticos cimentando intervenciones en el marco de la Ciencia del Cuidado.

El curso “pretende identificar las realidades de un mundo en transformación permanente poniendo de manifiesto la capacidad de adaptación de las intervenciones de cuidados enfermeros a las nuevas realidades como respuesta al compromiso con la salud de los ciudadanos”, ha indicado el Colegio profesional.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la pena de un año y medio de cárcel para el expresidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Máximo Antonio González Jurado, por excederse en sus funciones y desviar fondos colegiales para cubrir el pago de gastos personales en acontecimientos familiares como la boda de su hijo o los bautizos de dos nietos. Unos hechos totalmente ajenos a su actividad al frente del órgano colegial que le han llevado hasta el banquillo de los acusados por un delito continuado de administración desleal.

Los magistrados de la Sección 23 consideran probado que el expresidente emitió ocho facturas, entre los años 2013 y 2019, que cargó al órgano colegial a pesar de que su finalidad era exclusivamente particular. Entre otros gastos, figuran el pago del menaje de los bautizos de una nieta y un nieto, así como el pago al cocinero, al ayudante de cocina y a los camareros que participaron en el banquete de la boda de su hijo. La reparación del coche de su madre, cuyos arreglos ascendieron a 861 euros, también fueron facturados a nombre del órgano colegial que en esa fecha permanecía totalmente ajeno a su actividad al margen de la presidencia.

Pero no ha sido el único. Su hermano Julio, gerente de Cofunsalud S.A., ha sido condenado a la misma pena de cárcel por haber actuado de común acuerdo con él para el pago de gastos que, según la Audiencia Provincial de Madrid, eran “de naturaleza privada”. En su caso, realizó una transferencia de 12.000 euros a Máximo Antonio con el concepto “anticipo” que, según el tribunal, carecían de justificación y no tenían relación alguna con las funciones de su cargo.

El juicio por apropiación indebida y administración desleal

Los dos hermanos fueron juzgados por sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid en una causa en la que se personaron como acusación particular tanto Cofunsalud S.A. como el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. En este procedimiento también se personó el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa), bajo la asistencia letrada de Alejandro Riera, en calidad de acusación popular.

La sociedad Cofunsalud S.A. había sido creada el 13 de septiembre de 1995 por el Consejo General de Colegios de Enfermería de España. Al frente del consejo de administración estaba Máximo Antonio González Jurado, siendo el secretario su hermano Julio. El primero ostentó este cargo hasta su renuncia en octubre de 2017.

Durante el ejercicio de su cargo, el entonces presidente emitió varias facturas que fueron abonadas con cargo a Cofunsalud S.A. a través de transferencias entre 2013 y 2019.

Las facturas

Las tres primeras facturas, emitidas entre los meses de junio y septiembre de 2013, se correspondían con pagos a El Trust Hotelero y a Workhotel ETT por el menaje destinado a la boda del hijo del expresidente, así como en concepto de cocinero, camareros y ayudantes de cocina para este evento. El monto total de estas tres facturas ascendió a 9.573, 91euros.

El menaje destinado al bautizo de la nieta, celebrado también en 2013, supuso un desembolso de 871,04 euros que tampoco pagó el expresidente de su propio bolsillo, sino que el dinero salió de Confusalud S.A., que seguía ajena a esta forma de proceder de su directivo.

La reparación del vehículo de su madre fue abonada a Ascauto y la factura, emitida en 2015, se pagó al contado. También a cargo de la fundación.

Desde el 10 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019 se emitieron facturas con el concepto “dieta pronokal” por un importe total de 1.705,39 euros que se abonaron a través de tarjeta de crédito o al contado.

Las dos últimas facturas que han constatado esta actividad ilícita de proceder del expresidente, según el tribunal, se emitieron ambas en 2018 y eran gastos relacionados con el bautizo de un nieto. En un caso era para pagar el menaje y en otro al cocinero, camareros y ayudantes de cocina.

La reparación del daño

Los hermanos fueron juzgados por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Con carácter previo a la celebración del juicio en el juzgado de lo penal, el expresidente procedió a transferir las sumas de 16.685,91 euros en julio de 2020 y 12.993,90 en noviembre de 2020 a Cofunsalud S.A, como una forma de atenuar el daño causado en su patrimonio.

El juzgado les condenó a ambos a una pena individual de un año y seis meses de cárcel por un delito de administración desleal con la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño. La primera circunstancia atenuante se les aplicó al haber estado la causa paralizada entre el 18 de octubre de 2022 y el 16 de noviembre de 2013 por motivos ajenos a los acusados.

Los argumentos de la Audiencia de Madrid

Ambos interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado que ha sido desestimado ahora por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal rechaza que los hechos hubieran prescrito. Afirma que existe “una conexión subjetiva y de homogeneidad de acción, de medios comisivos, de bien jurídico afectado, de identidad material de precepto infringido, de unidad de injusto personal”, así como un efecto “abrazadera” por el aprovechamiento de una idéntica ocasión, unos hechos “encadenados aunque hayan transcurrido importantes lapsus de tiempo pero que quedan enlazados entre sí -asegura- por la argamasa de la homogeneidad comisiva”.

En cuanto a los hechos delictivos, la sentencia considera probado que los hermanos Máximo Antonio y Julio “se excedieron en el ejercicio de sus funciones, realizando pagos de naturaleza privada con cargo y perjuicio al patrimonio ajeno, incurriendo en la comisión de un delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal”.

Los magistrados sostienen que en la causa existe suficiente prueba para enervar la presunción de inocencia de los acusados. Resaltan el hecho de que Máximo Antonio era el presidente del Consejo General de la Enfermería Española y formaba parte de Cofunsalud, mientras que su hermano Julio era el secretario y gerente de ésta última entidad, por lo que la relación fraternal entre ambos, cada uno en una posición de poder distinta en la fundación, “facilitaba la comisión de los hechos delictivos por los que han sido condenados”.

La circular a todos los Colegios de Enfermería

A la vista de esta sentencia, el propio Consejo General ha emitido una circular a los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería del país para comunicarles el fallo.

En esta circular, a la que ha tenido acceso eldiario.es Asturias, el presidente actual, Florentino Pérez Raya, y el secretario general, Diego Ayuso Murillo, señalan que esta nueva sentencia confirma las acciones que la actual Comisión Ejecutiva ha puesto en marcha “en defensa de los intereses de la institución y de su patrimonio”. Una resolución judicial que, según expone, “refuerza el compromiso ineludible de dejar en el pasado formas de actuación inaceptables en esta organización colegial”.

El recurso ante el Tribunal Supremo

Julio González Jurado presentó un escrito, el pasado 17 de julio, ante la Audiencia Provincial de Madrid donde anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

El recurso se apoya en la posible prescripción, al menos parcial de los hechos, al advertir que existió un “amplio periodo de inactividad” que, a su juicio, tiene suficiente entidad para producir “la quiebra de la perspectiva unitaria de continuidad delictiva” por el tiempo que la causa permaneció paralizada.

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria entregará este sábado a Sandra Ibarra el Premio Candil 2024, en reconocimiento a su labor por los pacientes de cáncer y a la creación de las distinciones 'Dama de la Lámpara, Florence Nightingale' por parte de la Fundación Sandra Ibarra y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para dar visibilidad a la labor de las enfermeras de las unidades oncológicas de los hospitales públicos de toda España.

La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad contra el Cáncer recogerá personalmente el VI Premio Candil a las 12.00 horas en los jardines del Ayuntamiento de Puente Viesgo, localidad elegida este año para la celebración del Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo).

Durante el acto también se entregarán los premios de Investigación y de Cooperación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, se ofrecerá un diálogo entre una enfermera y un paciente oncológico y se servirá un cóctel para los asistentes.

Al acto acudirá el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, y autoridades regionales como la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, o las consejeras de Presidencia y de Inclusión Social, Isabel Urrutia y Begoña Gómez del Río, respectivamente.

El Día Internacional de la Enfermería, que este año se celebra bajo el lema 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. El poder económico de los cuidados', se celebra en este municipio con el objetivo de “descentralizar los actos del colectivo profesional y llegar a todas las enfermeras de Cantabria”.

La designación del Premio Candil surgió como homenaje a la figura de Florence Nightingale, referente de la Enfermería mundial, recordando su trabajo en la Guerra de Crimea (1853-1856), que enfrentó al Imperio ruso contra Turquía y sus aliados: Francia, Inglaterra y el Piamonte.

Las penosas condiciones de los soldados ingleses en los hospitales fueron el motivo por el que el Ministerio de Guerra inglés enviara a Nightingale a Crimea junto con 38 enfermeras, cuya labor sirvió para reducir la mortalidad de la tropa del 60% al 2%.

Florence visitaba a los soldados por la noche con una lámpara, lo que motivó el apelativo de la “Dama de la lámpara”, convirtiéndose esta en el símbolo de la Enfermería.

En cuanto a la ganadora de esta edición del Premio Candil de las enfermeras cántabras, preside la Fundación Sandra Ibarra sin ánimo de lucro, con una trayectoria de 16 años sumando esfuerzos frente al cáncer y de haber impulsado y financiado campañas y proyectos de prevención, sensibilización e investigación.

El expresidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Antonio González Jurado, cargó a la sociedad Cofunsalud S.A. los gastos personales de la boda de su hijo Marcos, el bautizo de dos nietos, una reparación del coche de su madre y dietas por valor de 16.685,61 euros. Unas facturas que se hicieron efectivas entre el 15 de julio de 2013 y el 31 de mayo de 2018 cuando representaba al órgano colegial en esta entidad.

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid le ha condenado como autor de un delito continuado de administración desleal a una pena de un año y medio de prisión con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

La magistrada-jueza Beatriz Suárez Martín ha tenido en cuenta que, con carácter previo al juicio, el acusado hizo una transferencia por dos conceptos: el 16 de julio de 2020 abonó los 16.685,61 euros de los que se había apropiado indebidamente por esos gastos personales y la segunda transferencia por valor de 12.993,90 euros el 4 de noviembre de 2020 a la entidad Cofunsalud S.A. en la misma cuantía que su hermano Julio le había transferido a su cuenta personal el 29 de julio de 2015 bajo el concepto “anticipo” sin justificación ni relación alguna con las funciones de su cargo.

Su hermano Julio ha sido condenado en este mismo procedimiento por los mismos hechos con la misma pena.

Facturas personales cargadas a la sociedad

Máximo Antonio González Jurado presidía el Consejo General de Colegios de Enfermería de España el 13 de septiembre de 1995 cuando se constituyó la sociedad Cofunsalud S.A, donde estaban representados como accionistas el propio consejo y la Fundación Salud y Sociedad que tenía también al acusado en su calidad de presidente del Consejo de Administración hasta su renuncia el 5 de octubre de 2017. En el momento de abandonar este último cargo fue relevado por su hermano Julio, que hasta entonces era el gerente de Cofunsalud S.A.

Durante su mandato como presidente de Cofunsalud S.A., Máximo Antonio de acuerdo con su hermano Julio desvió fondos de la sociedad para afrontar pagos personales al menos en ocho facturas, unas fueron abonadas a través de transferencias y en otros casos al contado.

Así, El Trust Hotelero emitió sendas facturas por el menaje de la boda de su hijo Marcos el 15 de junio de 2013. La primera por importe de 4.292,51 euros y fue pagada por Cofunsalud mediante dos transferencias en junio y julio de ese mismo año y la segunda por importe de 245,97 euros que fue abonada en julio de 2013.

El 30 de junio de 2013 Workhotel ETT pasó otra factura que pagó la sociedad en concepto de cocinero, camareros y ayudantes de cocina, destinados también a la boda de su hijo. En esta ocasión el importe era de 5.035,43 euros y fue pagada mediante transferencia el 30 de julio de 2013.

De nuevo, El Trust Hotelero volvió a facturar a la sociedad pero esta vez el concepto variaba. Máximo Antonio González también cubría los gastos del menaje del bautizo de un nieto en Villaviciosa de Odón, en la Urbanización El Bosque, en Madrid. La transferencia se emitió el 14 de septiembre de 2013 por un valor de 871,04 euros que también abonó la sociedad.

Al año siguiente, los gastos personales eran de otra índole. Acabados los festejos, el presidente pasaba otra factura personal a Cofunsalud. El 12 de febrero de 2015 la empresa Ascauto reparaba un, vehículo Fiat Multipla JTD, propiedad de la madre de los acusados y cuyos gastos ascendían a 861,30 euros que se abonaron al contado.

Las siguientes facturas de las que se tiene constancia, en la sentencia, que fueron facturadas indebidamente a la sociedad ya se emitieron entre el 10 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019. El concepto era “dieta Pronokal” que era la que estaba siguiendo el entonces presidente del Consejo. Su importe ascendía a 1.705,39 euros que, según refleja la resolución judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, fueron pagadas de nuevo por la sociedad.

El 18 de mayo de 2018 hay otra factura que emitió El Trust Hotelero, y en esta se refiere el concepto al menaje destinado al bautizo del nieto del acusado Máximo González, por importe de 2.086,62 euros y fue pagada por Cofunsalud S.A. mediante transferencia.

La octava factura que está fechada el 31 de mayo de 2018 la emitió Workhotel e iba destinada a pagar los honorarios del cocinero, los camareros y los ayudantes de cocina que habían trabajado en la celebración del bautizo del nieto del acusado Máximo González por un importe de 1.587,65 euros y abonada mediante una transferencia el 30 de junio de 2018.

Así mismo, el acusado Julio González Jurado ordenó el 29 de julio de 2015 una transferencia por importe de 12.000 euros en la cuenta corriente personal de su hermano Máximo Antonio con el concepto “anticipo” sin más apostillas. Un “adelanto” que la magistrada-jueza no ve justificado ni que haya tenido relación o vinculación alguna con el desempeño de su cargo como presidente, ni como accionista.

Su hermano Julio ocupaba también cargos de responsabilidad mientras su hermano presidía el máximo órgano colegial de los enfermeros y enfermeras del país. Así, según consta en la sentencia, mientras Máximo Antonio era presidente del consejo de Administración de la Fundación Salud y Sociedad él era secretario y cuando aquél renunció el 5 de octubre de 2017 Julio entonces ostentó el cargo de gerente de Cofunsalud S.A, ampliando sus funciones en virtud de un acuerdo del consejo de Administración de 26 de mayo de 2000.

La defensa de Máximo Antonio llegó a pedir en la vista oral del juicio la prescripción de algunas de las facturas de 2013 porque, según alegó, había una interrupción de la acción porque entre unas facturas y otras, habían transcurrido años.

La Fiscalía se opuso al considerar que los hechos se circunscribían dentro de una administración desleal continuada que se ejecutó entre los años 2013 a 2019. Según el Ministerio Fiscal, los dos hermanos acusados actuaron con la finalidad de “hacer un uso ilegitimo en beneficio propio, realizan actos, como imputar el pago de facturas con cargo a patrimonio del consejo y una transferencia de 12.000 euros”.

La acusación particular formulada por Cofunsalud S.A. consideró sobre el tema de la prescripción que en el delito continuado se debe tener en cuenta la fecha de la última infracción y que se imputan diversos actos realizados bajo una unidad de propósito.

Por su parte, el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) que estaba personada en la causa como acusación popular estimó que había una unidad de propósito.

La causa ha estado paralizada entre el 18 de octubre de 2022 y el 16 de noviembre de 2023, por lo que se ha tenido en consideración la atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El próximo mes de septiembre, Máximo Antonio González Jurado será juzgado ante el titular del Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid. En este nuevo procedimiento está también personado en la causa el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) como acusación popular que solicita para él una pena de dos años y medio de prisión como presunto autor de los delitos continuados de apropiación indebida en su modalidad de administración desleal.

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha tramitado una “querella criminal” contra el órgano de gobierno del Sindicato Médico Andaluz (SMA), al que acusan de verter “graves injurias y calumnias hacia a la profesión enfermera” en un comunicado publicado el pasado 8 de enero. En el escrito que ha desatado el conflicto entre estas dos entidades, el SMA advierte de los “riesgos” que entraña “atribuir a la enfermería competencias médicas” con afirmaciones como que “es cuestión de tiempo que alguien muera a causa de la falta de la formación médica de este personal [enfermero]”.

Entendiendo que con estos mensajes se menoscaba “el honor de la profesión enfermera andaluza”, y en aras de “defenderlo”, la institución que coordina y representa a los ochos colegios de enfermería en Andalucía ha emprendido una serie de acciones legales contra la organización sindical de los galenos, entre las que figura la citada “formulación de querella criminal por un delito de injurias y calumnias”. De esta forma lo ha anunciado el CAE y se han hecho eco los colegios provinciales, tras el intento fallido de reunirse este jueves con los responsables del SMA para lograr una “rectificación amistosa”, de acuerdo con la versión del colectivo de enfermería.

De su lado, la organización sindical denunciada defiende su publicación como “un posicionamiento profesional y sindical amparado por la libertad de expresión y por la legítima representación del colectivo de los facultativos”. Además, esgrimen que “sostener que existen prácticas contrarias a la seguridad de las personas en el ámbito sanitario no equivale a acusar a un colectivo”, y “ni siquiera supone acusar a quienes las llevan a cabo”, según añaden en su defensa.

Respecto a las acusaciones del CAE sobre el encuentro del jueves, desde el SMA reconocen que se produjo “una breve reunión” entre los representantes de ambas entidades, pero niegan que se zanjara por “la actitud cerril e inmóvil del órgano ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz”, como acusan desde la institución denunciante. Por el contrario, los defensores de los facultativos explican que “los representantes del SMA se mostraron dispuestos a deshacer cualquier malentendido y que el SMA no tiene nada en contra de la profesión de enfermería”. De modo que, según la versión que han trasladado la tarde de este viernes en un comunicado, fue el “tono tan airado y poco conciliador” del vicepresidente del CAE lo que “hizo imposible el diálogo” y motivó que el Sindicato Médico diese “por terminada la brevísima reunión”.

Competencias en la legislación vigente

Además de informar sobre las medidas judiciales que se han tomado, el Consejo Andaluz de Enfermería ha querido matizar algunas de las ideas recogidas en el comunicado del SMA, elaborado al hilo de la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una guía que autoriza al personal de enfermería a prescribir ibuprofeno y paracetamol para tratar casos de fiebre. A ojos del Sindicato Médico Andaluz, esta resolución forma parte de “un proyecto consistente en ceder progresivamente funciones asistenciales del médico a la enfermería”, y de una estrategia que “fracasará y causará un daño quizás irreparable a la sanidad pública”.

Pero el Consejo Andaluz de Enfermería estima que estas guías “constituyen un mecanismo legal para que las enfermeras y enfermeros puedan actuar de forma segura en el proceso de curación”. En esa línea, la presidenta de esta institución, María del Mar García Martín, asevera que los enfermeros “en ningún caso suplantan o ponen en tela de juicio las competencias de los médicos, siendo fruto de un amplio consenso, puesto que han sido elaboradas de forma conjunta y acordadas con las propias organizaciones colegiales y validadas por la Autoridad Sanitaria competente”, esto es, por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De hecho, desde el CAE aclaran que las competencias atribuidas a este colectivo en las últimas guías publicadas en el BOE “no son novedosas”, sino que aparecen descritas en la legislación vigente, concretamente, en el “Real Decreto 954/2015 de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”.

De un problema sanitario a un conflicto judicial

En cualquier caso, el Sindicato Médico Andaluz alerta en su controvertido comunicado de que “atribuir funciones del médico a la enfermería no es eficiente, empeorará la calidad asistencial, provocará un conflicto laboral y profesional, dañará el funcionamiento del sistema sanitario público y alentará a la larga la huida de los médicos de este”.

Por lo pronto, el choque entre estos dos grupos profesionales ha derivado en un conflicto judicial, después de que el Consejo Andaluz de Enfermería haya interpretado que el mensaje del SMA “sólo sirve para denigrar, engañar y alarmar a la población andaluza”, mientras que el Sindicato Médico Andaluz insiste en que tal comunicado nace de “la voluntad de garantizar en el ámbito sanitario la seguridad y la integridad de las personas”.

Una cuestión que “depende de manera crucial de que las funciones propias de la profesión médica sean ejercidas exclusivamente por médicos/as”, según insisten desde la organización sindical, que concluye su defensa arguyendo que “denunciar que en el ámbito sanitario existen prácticas que ponen en riesgo la integridad de las personas es simplemente un deber profesional y moral de los médicos”.

Andalucía ha seguido perdiendo enfermeras y enfermeros en 2023. Miles de ellos se han marchado a otras comunidades en cada una de las provincias andaluzas, según datos y estimaciones de los ocho colegios provinciales de enfermería consultados por este periódico. Al crecer la lista de sanitarios que han abandonado la comunidad en la que se han formado por una cuestión de “necesidad”, se confirma el problema sangrante de “la fuga del talento enfermero” que sigue aquejando al sistema andaluz de salud. Buena parte de ellos son jóvenes que dicen sentirse “obligados” a emigrar al terminar su formación porque, aseguran, la sanidad pública andaluza no les ofrece oportunidades para trabajar.

Esa es la razón por la que Isabel Jiménez, de 25 años, lleva desde 2020 en Barcelona. Su primer verano como enfermera –“recién salida de la carrera”– lo pasó en Sevilla doblando turnos en la sanidad pública y la privada. Lo recuerda como un verano “muy duro”, en el que trabajó hasta 24 horas “con mucha presión” y sin apenas descanso, cambiando cada día de planta, de pacientes y de compañeros. Cuando finalizaron los dos meses de contrato que le habían hecho en el público supo que no la volverían a llamar hasta las vacaciones de Navidad. Por eso, “viendo el panorama de que íbamos a tener que seguir en el privado para tener trabajo y que ya no podíamos más”, se planteó junto a otras cinco compañeras probar en otras comunidades para seguir puntuando.

Entonces, aunque reconoce que “no tenía pensamiento de irme”, le ofrecieron a todas ellas un contrato de tres meses en Barcelona, así que decidieron aceptarlo. Al llegar al hospital catalán, “nos encontramos con que casi todos los enfermeros son andaluces”, rememora Isabel, después de pasar un fin de semana en una casa rural con 17 compañeros, todos de provincias andaluzas. “Aquí hay media Andalucía”, recalca antes de apostillar: “Y todos tenemos claro que queremos volver”.

La paradoja del sistema sanitario andaluz

De esta realidad se ha hecho eco el Sindicato de Enfermería en Andalucía (SATSE), al presentar al Gobierno andaluz en la recta final del año su propio “Plan de Retorno y Estabilidad” con el que combatir “la fuga del talento enfermero”. En un comunicado, la organización sindical esgrime una serie de medidas dirigidas a cumplir un doble objetivo: “posibilitar la vuelta a sus hogares de los miles de profesionales que en los últimos años se han visto obligados a emigrar al norte de España y a otros países y, al mismo tiempo, dar estabilidad y calidad en el empleo a los que permanecen en Andalucía para evitar que muchos no sigan viendo como única salida el trabajar fuera”.

Con estas líneas tratan de frenar “la grave paradoja” que sufre Andalucía al tener un sistema sanitario “con un déficit crónico e histórico de enfermeras y enfermeros”, mientras que “miles de profesionales andaluces se han visto obligados en los últimos años a emigrar en busca de un futuro laboral que en Andalucía no encuentran”, como señalan desde SATSE.

Al no encontrarlo, Alejandro Sánchez, un enfermero de 32 años del municipio sevillano de Marchena, se trasladó a Mallorca hace siete años. Recuerda que de su promoción “todos mis compañeros se fueron al extranjero”. Él también se estaba preparando para mudarse a Inglaterra, pero, finalmente, lo llamaron de la bolsa en Baleares. Ya asentado en la isla, tiene claro que si hubiese encontrado algo en Andalucía en ese momento, “me hubiese quedado seguro”. Ni siquiera se refiere a “un contrato digno”, sino a “una oportunidad”. El problema, diagnostica, “es que no te la dan y te sientes como un sirviente esperando a que suene el teléfono cuando a ellos les conviene para cubrir vacaciones, por eso te ves obligado a irte”, concluye.

Esta misma situación –siete años más tarde– la ha vivido también su prima Nerea Suárez. Esta joven del pueblo vecino de Paradas se graduó el pasado mes de junio y, tras pasar un verano “explotada” entre la pública y la privada, decidió seguir los pasos de Alejandro y buscar mejores condiciones en la isla.

De espaldas a los especialistas

Esa “frustración” de los andaluces que no pueden trabajar en su comunidad la comparten también profesionales de otras comunidades que se han formado en Andalucía con la intención de quedarse. Es el caso de Paula Archiles, una de las 226 enfermeras colegiadas en la capital andaluza que han pedido traslado en 2023 “para ejercer presumiblemente en otras comunidades autónomas o países atraídas por mejores condiciones”, de acuerdo con el Colegio de Enfermería hispalense. Esta profesional de 26 años es natural de Medina del Campo, un municipio de Valladolid, pero se trasladó a la capital andaluza para hacer la especialidad de Pediatría porque “tenía ganas de vivir en Sevilla”.

Después de dos años de formación, dicha institución colegial le concedió el Premio a la mejor Enfermera Interna Residente (EIR), que está dirigido a “enfermeras brillantes que se han formado en la ciudad”, como explican desde el Colegio de Enfermería de Sevilla. Aun así, a Paula le fue “imposible” encontrar trabajo en la capital hispalense. “Intenté quedarme, pero sólo me ofrecieron un contrato temporal de otra especialidad”, relata esta enfermera desde Castilla y León, donde lleva tres meses trabajando, allí sí, con “un contrato como especialista”.

Desde septiembre hasta diciembre estuvo esta enfermera vallisoletana tratando de buscar trabajo en Sevilla. “Fueron meses muy frustrantes porque me quería quedar, pero me desanimó tanto que me ofreciesen un contrato que estaba fuera de lo que yo había hecho que decidí irme, aunque me costase mucho porque dejaba mucho allí”, confiesa ahora Paula.

Como ella, otros tantos EIR se han visto “obligados” a desplazarse a otras comunidades donde, según su experiencia, “se valoran más las especialidades”. Entre ellos, uno de sus compañeros de residencia, Antonio Jesús García, que coincide con ella en que fuera de Andalucía “se tiene más en cuenta la especialidad”. Este joven cordobés de Puente Gentil lleva desde octubre en Santiago de Compostela con su pareja Kristina, también enfermera, que terminó la carrera en 2023. “En Andalucía es impensable recién graduado estar trabajando en la pública y tampoco hacen contrato a especialistas”, afirma Antonio para explicar por qué decidieron probar suerte en la otra punta del país.

Bolsa bloqueada desde 2021

Así pues, la historia de Antonio es una de las que laten detrás de la cifra de 105 traslados que ha registrado en 2023 el Colegio de Enfermería de Córdoba. Dato que no refleja la realidad de enfermeros emigrados, pues en él no constan aquellos que como Kristina están recién graduados, según matizan a elDiario.es Andalucía fuentes de estas instituciones colegiales, que vienen observando cómo el recuento anual de pérdidas crece año tras año. Tampoco figura en esa cifra el sonado caso de las 20 enfermeras cordobesas que este verano encontraron su primer trabajo (y contratos dignos) en el hospital de Burgos.

Al igual que ese grupo, Andrea Mateo también sabía que “si quería una estabilidad trabajando en la sanidad pública, Andalucía no era el lugar a corto plazo”. De ahí que esta profesional que estudió en Huelva estuviera convencida, antes incluso de terminar la carrera, de que tendría que “buscar trabajo donde fuese”. Después de más de un año trabajando en Zaragoza, lamenta que “en Andalucía nos preparan y nos forman muy bien para salir al mundo laboral, pero luego no hay puestos de trabajo suficientes para todas, así que al principio (y durante años) tenemos que conformarnos con contratos cortos y de poca duración”. La única alternativa, marcharse a otras comunidades “para poder conseguir puntos suficientes en bolsa que me aseguren un contrato estable y de larga duración” en la sanidad pública andaluza, en palabras de Andrea. 

De hecho, ese objetivo, el de “volver”, une a todos estos enfermeros emigrantes. Ese es el planteamiento de Antonio Jesús y del resto de andaluces con los que ha coincidido en Galicia: “coger los puntos necesarios para poder bajar a Andalucía cuando podamos asegurarnos cierta estabilidad allí”. Y eso asumiendo que “laboralmente, las condiciones de trabajo que tengo aquí no las voy a tener en Andalucía”, como manifiesta Isabel desde Cataluña.

Sin embargo, el principal obstáculo que se encuentran a la hora de plantearse regresar a su tierra es que, a pesar de acumular puntos, la bolsa está bloqueada desde 2021. “Por eso la gente se va”, remarca el especialista de Puente Gentil. A este respecto, el Colegio de Enfermería de Sevilla recuerda que dos promociones de enfermeras graduadas (en torno a 860 profesionales) permanecen pendientes de inscripción en la bolsa del SAS, de modo que si se agilizara este proceso la administración sanitaria podría disponer de casi mil candidatas más en la capital andaluza con las que poder hacer frente al acuciante déficit de personal al que apela la Junta de Andalucía para explicar las largas listas de espera.

Descuidar a los que nos cuidan

El argumento de que “falta gente” no sienta bien entre los profesionales que anualmente abandonan la comunidad forzados por las circunstancias que debilitan la sanidad pública en Andalucía. “No es que falte gente, es que no contratan; andaluces para trabajar hay”, sostiene Isabel desde Barcelona, verbalizando el sentir de miles de enfermeros emigrados que, en la actualidad y desde hace años, ejercen en otros centros sanitarios de España.

Y esa es precisamente la paradoja de la que hablan las organizaciones que representan al colectivo de enfermería: un sistema que languidece por la escasez de profesionales sin ser capaz de taponar la hemorragia de una bolsa de enfermeros formados en la comunidad que cada año se desangra. Tal es la cantidad de andaluces que se han incorporado a la plantilla del hospital de Zaragoza en el que trabaja Andrea que, según cuenta, “entre los pacientes siempre está la broma de que estamos invadiendo la ciudad”.

Pero lo cierto es que la inmensa mayoría se marcha contra su voluntad, sin otro afán que conquistar condiciones laborales dignas. “No conozco a nadie aquí que haya trabajado menos de tres meses seguidos o que haya tenido que estar pendiente del móvil días y meses para esperar una oferta de trabajo en la sanidad pública”, apunta en este sentido, describiendo el día a día de los sanitarios que se quedan en Andalucía. De ahí que muchos de ellos recurran mientras tanto a la sanidad privada, algo que sorprendió a Paula Archiles durante su estancia en Sevilla, pues a diferencia de lo que percibe en Castilla y León, “en Andalucía la privada es la que ofrece estabilidad y la pública es intermitente”.

Andrea achaca esta incongruencia a que en el sur de España “no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener un colectivo de enfermería tan profesional, tan capacitado y tan bien formado”. De otra manera, Alejandro no se explica que el sistema sanitario “descuide” a quienes dedican su vida a cuidarnos. “Me da mucha pena no poder servir a la gente de Andalucía, cuando me encanta mi gente, pero el sistema no nos cuida aunque haya demanda por parte de los pacientes”, lamenta este marchenero emigrado.

Por eso, la lista de deseos de Andrea para el 2024 (y del resto de compañeros que pasan el año alejados de sus familias) la encabeza que “en un futuro a corto plazo, las enfermeras seamos reconocidas como merecemos y tengamos unas condiciones de trabajo dignas que nos aseguren una estabilidad que no nos haga tener que irnos lejos de casa a buscarla”. Por lo pronto, tienen claro que aún les quedan “varios años fuera para poder conseguir puntos suficientes en bolsa que nos aseguren un contrato estable y de larga duración” cerca de su tierra.

Las enfermeras catalanas del el ICS (Institut Català de Salut) y en el Sistema Sanitari Integral d'Utilitació Pública (Sicat) han ido a la huelga en protesta por el preacuerdo del III Acuerdo de las condiciones de trabajo del ICS. El sindicato Enfermeras de Catalunya ha llamado a que el paro, que tiene el apoyo de los colegios, sea indefinida“.

Según las trabajadoras, que se han manifestado durante la mañana, el preacuerdo es un “menosprecio” hacia la profesión. Su marcha, que ha empezado en Plaça Catalunya, se ha unido a otra convocada por otros trabajadoras sanitarios y no sanitarios del ICS, convocada por los sindicatos Catac-CTS, CGT, Intersindical, SOM Intersindical y SOM Sanitat. En total, la acción ha reunido a unas 3.000 personas.

La presidenta del sindicato de Enfermeras de Catalunya, Núria Guirado, ha afirmado que se sienten ninguneadas: “Hace muchos años que arrastramos unas condiciones laborales que no consideramos dignas, que nos hacen no poder atender a la gente con tiempo y calidad”.

Además, ha lamentado que a las enfermeras se les exigen “cada vez más competencias y responsabilidades, pero con el mismo tiempo y sin reconocimiento alguno”. Un contexto que, asegura, lleva a muchas trabajadoras a abandonar la profesión.

Las participantes han mostrado pancartas en las que se leía “El sistema se aguanta con nuestros sacrificios”, “Las enfermeras decimos basta, no al III Acuerdo”, “Soy enfermera, no mano de obra barata” o “No somos esclavas, somos especialistas”.

Por su parte, el resto de trabajadores del ICS -que amplian la huelga hasta este miércoles- se han manifestado por considerar que el preacuerdo es “ambiguo”. En declaraciones a Europa Press, el delegado sindical de Catac-CTS, Jordi Asensi, cuyo sindicato no ha firmado el preacuerdo, ha defendido que quieren “revertir los recortes de 2010, pero con este acuerdo no se han revertido”.

Apuntan que el documento supone un “incremento salarial de miseria” para muchas categorías profesionales. Por su parte, Néstor Sastre, de SOM Intersindical, ha tachado el acuerdo de “discriminatorio” porque hay categorías que salen beneficiadas mientras que otras prácticamente no notarán mejorías. Según Sastre, un 56% del presupuesto del preacuerdo se destina a los médicos, mientras que hay que hay categorías a las que sólo se destina un 2 o un 3%. Con todo, amenazan con imitar a las enfermeras e iniciar una huelga indefinida a partir de enero.

Por su parte, el Govern ha asegurado que comparte objetivos con los trabajadores. “Coincidimos en que hace falta más reconocimiento de la profesión y en eso estamos trabajando”, ha apuntado la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja. “Una de las prioridades del Govern es cuidar a los profesionales sanitarios”, ha añadido.

El Colegio de Enfermería de Sevilla, el más antiguo de España, cumple 160 años de historias el próximo 2024. Para celebrarlo, la institución profesional inaugurará un museo propio y una sala de simulación, dos nuevos espacios dedicados a la formación y a la divulgación histórica y científica vinculada a las enfermeras sevillanas.

En cuanto a la nueva sala de simulación que se instalará en la propia sede del Colegio de Enfermería, ubicado en la avenida Ramón y Cajal, desde el Colegio de Enfermería se avanza que “estará dotada con el equipamiento necesario para la formación de las enfermeras en maniobras de cuidados”. Entre otros dispositivos, informa la institución, este espacio contará con respiradores, monitores, desfibrilador, simuladores (maniquíes que imitan el cuerpo de un bebé y de un adulto) e incluso un retinógrafo, esto es, el dispositivo que suelen manejar los profesionales de enfermería de atención primaria para realizar estudios de la retina. 

“La sala de simulación es un espacio que permite el aprendizaje de los profesionales basándose en medios digitales y herramientas similares al ser humano”, explica Jesús Doblado, vocal de Comunicación en el Colegio de Enfermería de Sevilla. De esta forma, se consigue “dotar de conocimientos y habilidades al alumno para que los ponga a su disposición en la práctica diaria”, como añade Doblado.

Un museo para recoger 160 años de historia

Otro de los proyectos previstos para 2024 es la creación de un museo que acogerá una exposición permanente compuesta por piezas históricas de la enfermería sevillana. El nuevo espacio expositivo ocupará una superficie de 90 metros cuadrados junto a la sede de la institución y contará con un espacio dedicado a creaciones de los propios profesionales.

Todo ello forma parte del plan de renovación iniciado hace dos años por la nueva junta directiva del Colegio de Enfermería, encabezada por Víctor Bohórquez como presidente. Entre los proyectos ya ejecutados destaca la reforma integral de la propia sede colegial, que permite a los colegiados contar con tres aulas renovadas, dotadas de material de formación propio, y un nuevo salón de actos para 150 asistentes con tecnología digital.

Así pues, al coincidir con su 160 aniversario, el Colegio de Enfermería sevillano aprovechará para poner en valor su trayectoria como una de las organizaciones profesionales más veteranas de España. Su sede actual fue inaugurada en el año 1996 tras la ejecución de una obra promovida por una cooperativa integrada por colegiados y que permitió la construcción de un edificio en un punto neurálgico de la ciudad. 

Además, a lo largo de los años, esta institución profesional ha sido reconocida con la Medalla de Oro de la ciudad, la Bandera de Andalucía que otorga la Junta, la Granada de Oro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la Placa de Honor de la Diputación de Sevilla o la Medalla de Oro de Cruz Roja Española, entre otras distinciones honoríficas que premian su centenaria labor en pro del sector de la enfermería en la capital andaluza.

El consejero de Salud, César Pascual, se ha reunido con el Colegio Oficial de Enfermería para abordar las principales reivindicaciones del sector, entre las que se encuentran el reconocimiento del nivel A1 de función pública, la especialización de la profesión o la obligatoriedad de colegiación.

En la reunión ha estado la presidenta del Colegio, María Luz Fernández, así como la tesorera y la secretaria general del Colegio, Maite Gutiérrez y Marián Villa, respectivamente.

El consejero ha acogido las principales demandas del colectivo y ha elogiado su “profesionalidad”. Además, ha reconocido la necesidad de que el tiempo trabajado como enfermera en cualquier centro puntúe en los baremos como si se llevará a cabo en el Servicio Cántabro de Salud.

Por parte del Colegio, su presidenta ha expresado la necesidad de seguir trabajando para conseguir el nivel A1 de la Función Pública pues, en su opinión, los profesionales tienen “una formación superior”.

También han trasladado al consejero la preocupación de muchos colegiados por el concurso de traslados y por el intrusismo que la profesión enfermera está sufriendo en los últimos tiempos en residencias, mutuas o en otros centros de atención a mayores.

Por otra parte, han abordado la necesidad del desarrollo de las especialidades enfermeras y han solicitado que la plaza asignada a cada centro de salud de una enfermera especializada en Familiar y Comunitaria sea ocupada por especialistas, algo que, a su juicio, “no ocurre en la actualidad”.

Finalmente, desde el Colegio han expuesto a Pascual la posibilidad de que haya una enfermera en Valdecilla haciendo micropigmentación en pacientes con cáncer, dado que el Colegio está impartiendo cursos de formación a enfermeras de micropigmentación, así como la necesidad de la implantación en los centros de enseñanza de la enfermera escolar, cuestiones que el consejero se ha comprometido en analizar.