La Despensa Supermercados, compañía referente en el sector de la distribución alimentaria, se une a esta iniciativa solidaria ‘Nos lo Tomamos a Pecho’ que organiza a nivel nacional, la Asociación Española Contra el Cáncer durante el mes de octubre.

A través de las 126 tiendas que La Despensa tiene en: Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Toledo, los clientes podrán realizar su donativo solidario, ampliando el importe del ticket de su compra, desde 1€ hasta un máximo de 99 euros, en las líneas de caja de cada supermercado. El importe donado se reflejará en el ticket de compra como cobro por cuenta de la Asociación Española contra el Cáncer para que los clientes tengan justificante de la donación realizada, y puede efectuarse dentro del ticket de su compra.

La Despensa Supermercados presentó su adhesión a la campaña ‘Nos lo Tomamos a Pecho’ en la mañana del miércoles 14 de octubre en la capital castellano-manchega, en un acto protocolario celebrado en el supermercado de la compañía castellanomanchega situado en la urbanización La Legua de Toledo, estando representada por parte de La Despensa Supermercados por Luis Aznal, Director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de y Juan Jesús López, jefe de ventas, y por en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo, el Presidente, Fernando Jou, y el Gerente, Raúl Cabello.

Con el acuerdo suscrito, La Despensa Supermercados consolida y amplia sus acciones y proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en su alianza con la Asociación Española contra el Cáncer, para el apoyo de la investigación contra esta enfermedad y ofrecer servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familiares. “1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se estima que, para el año 2030, habrá 21,6 millones de casos nuevos, de los cuales más de 330.000 lo serán en España”.

Sobre La Despensa Supermercados

Es una empresa familiar de capital 100% castellano manchego, que opera bajo las enseñas La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (línea de franquicias).

Está presente con 186 puntos de venta repartidos por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila. Cuenta con un centro logístico de más de 30.000 metros en la provincia de Toledo.

El grupo empresarial genera cerca de 2.700 empleos y ya es el líder en facturación del sector de la distribución alimentaria en Castilla-La Mancha.

Llenar la cesta de la compra en Canarias se ha convertido en una escalada interminable. Desde 2021, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha mantenido una tendencia al alza, impulsada, en buena medida, por el encarecimiento de los carburantes y la energía, en un contexto internacional marcado por los conflictos de Irán y Ucrania. En el Archipiélago, esta escalada de precios se ve agravada por la insularidad, que encarece el transporte de mercancías, y por la elevada dependencia de los productos procedentes del exterior. El resultado es una cesta de la compra que se sitúa entre las más caras del país, un contraste incuestionable con los salarios, que se sitúan entre los más bajos.

Los datos publicados por el ISTAC el pasado 7 de octubre reflejan que los alimentos y las bebidas cuestan en Canarias un 0,98% más que en el resto de España. Sin embargo, cuando se aísla el efecto fiscal de impuestos como el IGIC en el Archipiélago y el IVA en el territorio peninsular, la brecha se dispara hasta el 7,81%. La diferencia alcanza el 7,65% en los alimentos y el 9,90% en las bebidas no alcohólicas.

Este sobrecoste resulta aún más asfixiante en una comunidad donde el salario medio anual es el segundo más bajo del país. En Canarias, un trabajador percibe una media de 23.096,92 euros al año, unos 9.216 euros menos que un empleado del País Vasco, la comunidad con los salarios más elevados de España.

El supermercado más barato en Canarias: dónde ahorrar en la cesta de la compra

Elegir el supermercado en el que hacer la compra también puede marcar una diferencia considerable en la economía doméstica. El último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que analiza los precios de la cesta de la compra, sitúa a varias ciudades y establecimientos del Archipiélago entre los que presentan mayores diferencias de precio.

El análisis incluye 244 productos de 80 categorías, desde alimentos frescos y productos envasados hasta artículos de higiene y droguería, tanto de primeras marcas como de marca blanca.

En este contexto, Las Palmas de Gran Canaria destaca como la ciudad donde existe una mayor diferencia entre hacer la compra en el supermercado más barato y hacerlo en el más caro. Según los datos de la OCU, elegir el establecimiento más económico puede suponer un ahorro anual de hasta 2.167 euros frente a la opción más cara.

La asociación señala a Supercor, Hipercor y El Corte Inglés entre las alternativas más costosas que operan en la isla, con subidas de precios que han llegado al 2,7%. En el extremo contrario, Alcampo se ha mantenido como una de las referencias de bajo coste en el Archipiélago, aunque su ventaja se concentra sobre todo en Telde. Carrefour ha ganado terreno hasta consolidarse como una de las opciones más económicas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mientras que Aldi destaca por sus precios en San Cristóbal de La Laguna.

La evolución de determinados alimentos evidencia, además, la magnitud del encarecimiento acumulado en los últimos años. El café molido mezcla más económico ha subido un 142% en cinco años, mientras que los huevos han registrado un incremento del 135%. En 2025, los productos frescos también han experimentado importantes aumentos, con una subida media del 4,7%. El pescado encabeza los incrementos, con un 8,6%, seguido de la carne, con un 3,7%, y de las frutas y verduras, con un 3,5%.

En el caso del plátano de Canarias, el precio ha protagonizado un repunte especialmente pronunciado después de caer hasta los 0,32 euros por kilo. En apenas una semana, la cotización ascendió hasta los 0,52 euros, un incremento del 63%. La recuperación supone un alivio para los agricultores, cuyos costes de producción se sitúan entre los 0,80 y los 0,90 euros por kilo.

Las diferencias entre establecimientos confirman que elegir dónde comprar puede aliviar el presupuesto familiar, pero también que no existe una única cadena que garantice siempre los precios más bajos en todas las islas y ciudades. El coste final depende de la localidad, del supermercado y de los productos incluidos en la cesta. La OCU también aprecia comportamientos distintos según la categoría: Mercadona destaca por una mayor contención en los artículos económicos, Aldi sobresale en los productos frescos y Lidl mantiene una posición más equilibrada entre los distintos grupos de productos.

Galicia, un espejo de la desigualdad en la cesta de la compra

Es inevitable hacer una comparación con otras comunidades autónomas. Y esto, permite dimensionar aún más el esfuerzo que supone llenar la nevera en Canarias. Galicia y otros territorios con precios más contenidos ofrecen un escenario muy distinto al del Archipiélago, donde el encarecimiento de los alimentos coincide con una capacidad adquisitiva limitada.

Mientras Canarias se sitúa entre las comunidades con mayores dificultades para hacer frente al coste de la cesta básica, Galicia figura entre las regiones más económicas para realizar la compra.

A esta diferencia se suma la brecha salarial entre ambos territorios. En Galicia el sueldo medio anual es 3.530 euros mayor que en el Archipiélago, según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El contraste resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que las diferencias no responden únicamente al precio que aparece en la etiqueta. En Canarias, el sobrecoste asociado a la insularidad, las diferencias entre establecimientos y la menor capacidad salarial se acumulan y reducen el margen de las familias para hacer frente a otros gastos esenciales.

La campaña anual de promoción de los alimentos Campo y Alma que se realiza antes de Navidad en los hipermercados de la cadena Alcampo de Castilla-La Mancha ya ha empezado y se extenderá hasta el próximo 25 de octubre. Este año, a los centros de Valdepeñas (Ciudad Real), Toledo, Albacete y Cuenca, se suma el abierto en Illescas (Toledo), por lo que se realizará en cinco establecimientos

Esta acción de promoción se realiza dentro del protocolo de colaboración que mantienen Alcampo y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la promoción de la marca de garantía Campo y Alma desde su lanzamiento hace cinco años.

Precisamente, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor que la marca de calidad regional cumple un lustro, tiempo en el que ha conseguido posicionarse en los mercados y que es cada vez más conocida y reconocida por las personas consumidoras, “que la asocian a la calidad y a las producciones bien hechas”. Algo que se debe a las acciones de promoción que se realizan en los que hay catas y showcookings como la de hoy, en la que el chef Carlos Torres elaborará tapas con productos de calidad de Castilla-La Mancha y pistachos de la región. También a que se pueden comprar estos productos de calidad en supermercados e hipermercados, identificándolos con el logotipo de Campo y Alma y a la presencia en ferias nacionales e internacionales, como la de esta semana en Fruit Attraction. En conjunto, la Administración regional destina a estas acciones 2,8 millones de euros.

La campaña que ha comenzado está acompañada de actividades en tienda, donde habrá catas, degustaciones de vino y showcooking. Además, Alcampo ha elaborado un folleto informativo para promocionar y fomentar el consumo de alimentos de calidad diferenciada de Castilla-La Mancha.

La marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha cuenta con más de 200 empresas registradas, pertenecientes a alguna de las 41 figuras de calidad de la región, 25 de ellas vínicas, lo que hace que Castilla-La Mancha sea la región con mayor número.

Junto al consejero, han asistido a este inicio de la campaña de promoción la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez. Por parte de Alcampo, participan la directora de Alcampo Albacete, Yana Karsaeva, y la directora de RSC, Calidad, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, Yolanda Fernández, junto a los directores de los distintos centros implicados en la campaña. También han estado presentes del presidente de la DOP Queso Manchego, Antonio Martínez; el presidente de la DOP La Mancha, Carlos Bonilla, y el gerente de la IGP Cordero Manchego, Francisco Alfaro.

Pago de las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola

Por último, el consejero ha informado de que, a partir del próximo jueves, día 15, se realizará el pago de las ayudas a los apicultores para mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel, dentro de la Intervención Sectorial Apícola en su cuarto año de funcionamiento, y en el marco del PEPAC y de la campaña 2026.

El pago asciende a 1,2 millones de euros y se realizará a 11 asociaciones de apicultoras y apicultores de la región y a 110 apicultoras y apicultores personas físicas de las cinco provincias de la región. Esta ayuda está cofinanciada al 50% por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), junto con aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación con esta cuestión, el consejero ha insistido en la necesidad de que Europa mantenga las ayudas de las intervenciones sectoriales tanto la vitícola, como la apícola y los fondos operativos de las OPH “y que además sea con financiación cien por cien europea porque entendemos que es la única y verdadera posibilidad de ayuda real a nuestra gente productora, que tanto lo necesita, y que es fundamental para conseguir la viabilidad de las explotaciones”.

Alcampo lleva desde el año 2017 trabajando para reducir el desperdicio alimentario y, en 2021, reforzó este compromiso incorporándolo como uno de los ejes de su hoja de ruta, dentro de su visión ‘Comer bien y vivir mejor, cuidando el Planeta’, y fijando objetivos de reducción.

Coincidiendo con la Semana contra el Desperdicio Alimentario, la compañía hace balance de este trabajo para reducir las pérdidas de alimentos y aprovechar al máximo los productos a lo largo de toda la cadena.

El trabajo se desarrolla desde la prevención y la gestión de los productos hasta las diferentes alternativas para aquellos alimentos que todavía pueden ser aprovechados. Para ello, Alcampo combina buenas prácticas en las tiendas, tecnología, formación de los equipos, iniciativas propias, colaboración con organizaciones especializadas y donaciones.

Así lo han transmitido hoy José Luis Ares, director de Performance Operacional, y Yolanda Fernández, directora de RSC, Calidad, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, en el 14º Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario organizado por AECOC, según ha señalado la compañía en un comunicado.

 La particularidad del modelo de Alcampo, con un amplio surtido de más de 50.000 referencias, 15.700 productos frescos y formatos de tienda muy diferentes, hace necesario adaptar las medidas a cada realidad. Por ello, el trabajo contra el desperdicio es responsabilidad de cada tienda, de cada departamento y de cada persona. 

Tecnología para anticiparse al desperdicio

Alcampo inició en 2021 la práctica de reducir los precios de los alimentos próximos a finalizar su vida útil e incorporó en 2024 Smartway, una solución tecnológica utilizada actualmente en el 100% de las tiendas que permite, entre otras funcionalidades, identificar los productos próximos al final de su vida útil y proponer la mejor alternativa: reducción del precio de venta.

En 2025, Smartway permitió salvar más de 8,4 millones de productos, cifra que asciende a 3,9 millones en el primer semestre de 2026. La tecnología también se aplica al canal online.

Alcampo cuenta con un sistema de flash sales que permite ofrecer con hasta un 30% de descuento productos cuya fecha de caducidad está próxima, integrándose directamente en el proceso de compra. Una mejora continua de la tasa de desperdicio

La prevención es el primer paso para reducir el desperdicio.

El seguimiento de los resultados de cada tienda permite identificar oportunidades de mejora y compartir buenas prácticas entre los equipos.

Alcampo cerró el pasado ejercicio con una tasa de desperdicio alimentario del 1,10%, frente al 1,26% registrado en 2024.

Este trabajo se complementa con el Reto Desperdicio, una iniciativa interna que reconoce a los equipos que consiguen las mejores tasas de desperdicio o las mayores reducciones.

Actualmente, 141 tiendas Alcampo cuentan con una tasa de desperdicio inferior al 1%.

Dar una segunda oportunidad a los alimentos

El aprovechamiento es también el eje de iniciativas propias como Happy Box, cestas de 2 kg o 5 kg de frutas y verduras preparadas por los equipos de las tiendas con productos que pueden presentar pequeñas imperfecciones, formas irregulares o tamaños no homogéneos, pero que están en perfecto estado para su consumo.

En 2025 se vendieron casi 200.000 cestas, permitiendo aprovechar 524 toneladas de frutas y verduras. En los seis primeros meses del presente año se han vendido más de 113.000 cestas, evitando tirar a la basura 316 toneladas de productos. 

Este enfoque llega también a los Bistrós de Alcampo, donde la lucha contra el desperdicio se tiene en cuenta desde el diseño de las recetas que realiza su chef ejecutiva, Bárbara Buenache. Los equipos trabajan para aprovechar productos que ya no pueden comercializarse directamente pero que son aptos para su utilización en cocina, controlar las cantidades elaboradas y adaptar las recetas a las instalaciones de los distintos centros.

Además, Alcampo trabaja en proyectos de innovación que permiten dar nuevos usos a productos que ya no pueden comercializarse. Es el caso de la colaboración con la cervecera artesanal Mica, en Aranda de Duero, que utiliza pan que ya no puede venderse en el hipermercado para elaborar cerveza artesanal.

Más de un millón de packs salvados con Too Good To Go

Alcampo también colabora con Too Good To Go desde noviembre de 2019, momento en que dio sus primeros pasos incorporando dos tiendas como piloto. Desde entonces, esta colaboración se ha extendido hasta superar actualmente las 400 tiendas, que incorporan en su día a día la venta de packs de productos próximos al final de su vida comercial, pero que siguen siendo aptos para el consumo.

 La propuesta incluye packs específicos de panadería y pastelería, alimentación o productos de temporada, como los de Pascua o Navidad. Actualmente, además, se están realizando pruebas con nuevas categorías, como platos preparados, pescado, carne o packs específicos de yogures y lácteos.

En 2025 se salvaron cerca de 300.000 packs, evitando el desperdicio de alimentos y la emisión de más de 807 toneladas de CO2 eq. 

En los primeros seis meses de 2026 la cifra de packs vendidos alcanzó los 130.000 que, en términos de huella de carbono supone haber evitado 374 toneladas de CO2 eq.

Donaciones a Bancos de Alimentos y organizaciones sociales

La donación de alimentos es otra de las vías que forman parte del trabajo de Alcampo contra el desperdicio. La compañía mantiene acuerdos con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) desde 2012 y dona productos desde sus tiendas a Bancos de Alimentos y organizaciones sociales del entorno.

En 2025, estas donaciones superaron los 2 millones de euros en productos. Entre enero y junio de 2026, las donaciones han alcanzado los 780.000 euros en productos.

Las personas, una pieza clave

La prevención del desperdicio también depende de cómo se trabaja en cada tienda. Por ello, Alcampo desarrolla programas de formación y sensibilización de sus equipos, combinando módulos online y sesiones presenciales para proporcionar herramientas prácticas aplicables al día a día. Hasta la fecha, la formación ha sido realizada por más del 60% de la plantilla.

Además, cada mes se realiza un seguimiento de los resultados de las tiendas y se comparten buenas prácticas para identificar qué funciona y trasladarlo a otros centros.

Este trabajo se complementa con el Reto Desperdicio, una iniciativa interna que reconoce a los equipos que consiguen las mejores tasas de desperdicio o las mayores reducciones.

Hacer la compra ya supone a cada hogar un gasto medio de más de 6.600 euros al año, según el análisis anual de supermercados que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es un 5,18% más que hace un año, aunque hay diferencias significativas en función del establecimiento que se elige. Una realidad que llega en paralelo a que en España se esté planteando, como en Barcelona, la creación de una red de establecimientos asequibles, con respaldo público.

Por ejemplo, en función del establecimiento al que se vaya, el ahorro anual medio puede alcanzar los 1.310 euros, entre el local más caro y el más barato. Esa es la media, pero en función de la ciudad, la disparidad es más alta: en Madrid puede alcanzar los 4.381 euros y en Mieres (Asturias), los 381 euros.

El análisis de OCU tiene en cuenta 101.520 precios en 690 establecimientos, que incluyen los principales supermercados online, y calculado los índices de 189 ciudades. Se trata de los precios de una “cesta de la compra” compuesta por 244 productos de 80 categorías diferentes que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas de fabricante como de marcas blancas.

La OCU constata que los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia; y el de Coia, en Vigo, son los establecimientos más baratos a nivel nacional. En cambio, los supermercados Sánchez Romero de Castelló; y los de esta marca situados en Arturo Soria y en el Paseo de la Castellana, en Madrid, son los más caros.

No incluye el efecto de la guerra en Irán

Esta organización de consumidores apunta que el incremento medio anual de los productos que componen su cesta de la compra ha sido del 1,8% y que esta es una subida menor a la experimentada los dos últimos años.

Sin embargo, no recoge el efecto en los precios de los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, con lo que, en realidad, la subida de los últimos meses habría sido más alta.

En cuanto a la evolución de categorías el repunte de los productos frescos ha sido del 4,7%. Dentro de este grupo, OCU destaca la subida del pescado, 8,6% frente a la subida de la carne, un 3,7% y la de frutas y verduras, 3,5%. Mientras, los productos envasados se han encarecido un 1,4%, los productos de marca de fabricante han subido un 2% y las enseñas de los distribuidores, la marca blanca, un 0,8%.

Las subidas por marcas

OCU señala que, según su análisis, solo dos de las principales cadenas han subido precios por encima de la inflación general: BM Urban y Ahorramás. En cambio, la mayoría de establecimientos ha subido precios por debajo del IPC; y asegura que ocho cadenas (Consum, Familia, Supeco, E.Leclerc, Aldi, Mercadona, Lidl y Carrefour Market) han bajado su nivel de precios.

Por cadenas, esta organización de consumidores indica que las más baratas son Supermercados Dani, Family Cash, Tifer, Alcampo, y Supeco. En cambio, menciona como más caras a Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero. Esta última también forma parte del grupo El Corte Inglés, desde el año 2021.

Por ciudades, OCU señala como más baratas: Torrent, Villarreal y Santa Pola (todas en la Comunitat Valenciana) En cambio, Getxo (Bizkaia), Pozuelo de Alarcón, Majadahonda (Madrid) y Cerdanyola del Vallès (Barcelona) son las más caras.

La Comunitat Valenciana y Murcia son las Comunidades Autónomas más baratas, seguidas de Asturias. Mientras, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra y Cantabria son las más caras a la hora de hacer la compra, según este análisis.

En los supermercados, muchos detalles de presentación están pensados para ordenar los productos y hacer que unos se distingan de otros. Uno de ellos es el color de las bandejas utilizadas para vender carne, pollo o pescado. Negro, rojo, amarillo o blanco aparecen de forma habitual en estas secciones y pueden llevar a pensar que cada uno tiene un significado concreto.

Sin embargo, en España no existe un código general que relacione estos colores con la frescura, el precio o la categoría del alimento. Tampoco hay una norma sanitaria que obligue a utilizar una bandeja determinada según las características del producto. Su elección responde principalmente a la forma en que cada supermercado decide presentar y organizar lo que vende.

Por eso, el color puede servir para distinguir productos dentro de una misma tienda, pero no funciona como una información válida para todos los establecimientos. Algunas cadenas utilizan determinadas tonalidades para separar gamas, destacar artículos o mantener una presentación concreta. Para conocer las características reales del alimento hay que recurrir a la etiqueta y al resto de la información que aparece en el envase.

Qué suelen indicar las bandejas negras

El negro se utiliza con frecuencia para dar una presentación diferente a determinados productos. Puede aparecer en cortes seleccionados, carnes maduradas o alimentos incluidos dentro de gamas que el propio supermercado presenta como premium o gourmet. También puede emplearse para separar visualmente una línea concreta del resto de opciones disponibles en el expositor.

Otra de las razones está en el propio aspecto del envase. El fondo oscuro crea un contraste evidente con los tonos rojizos de algunas carnes, haciendo que destaquen más cuando se colocan junto a otros productos. De esta manera, el color de la bandeja pasa a formar parte de la presentación elegida por el establecimiento.

Eso explica que el negro aparezca a menudo en alimentos de precio más elevado o en gamas especiales, aunque esa relación depende de la tienda. El color sirve en estos casos para diferenciar el producto a simple vista, mientras que datos como su procedencia, fecha de envasado o características concretas deben comprobarse en el etiquetado.

Por qué el rojo y el blanco son habituales

El rojo y el blanco forman parte de las opciones más habituales para presentar alimentos frescos. El primero aparece con frecuencia en las secciones de carne, donde su tono guarda cierta similitud con el del propio producto. El blanco también se utiliza desde hace tiempo en bandejas destinadas a carnes, pollo, pescado y otros alimentos vendidos en este formato.

A diferencia del negro, estos colores suelen encontrarse en una mayor variedad de productos dentro de un mismo establecimiento. Pueden aparecer tanto en alimentos de consumo cotidiano como en otros con precios y características diferentes, sin que el tono del recipiente determine a qué grupo pertenecen.

Su función está, por tanto, más relacionada con la presentación y con la forma de organizar visualmente el expositor. Una bandeja roja o blanca no permite saber por sí sola si el producto es más barato, si lleva más tiempo en la tienda o si pertenece a una gama determinada. Esos datos aparecen en la información que acompaña al alimento.

Qué ocurre con las bandejas amarillas

El amarillo destaca con facilidad frente a otros colores y algunos supermercados lo aprovechan para llamar la atención sobre determinados productos. Puede encontrarse en artículos de consumo habitual, marcas propias, promociones o alimentos situados en franjas de precio más ajustadas, dependiendo de la forma en que cada cadena organice sus secciones.

En algunos establecimientos también puede aparecer en productos rebajados cuando se aproxima su fecha de caducidad. En esos casos, el objetivo es facilitar que el consumidor detecte rápidamente determinados alimentos dentro del expositor. No obstante, este uso no tiene por qué repetirse de la misma manera en otras tiendas.

Por eso, el amarillo puede funcionar como una señal visual especialmente llamativa, pero el descuento o la promoción deben aparecer indicados de forma expresa. El simple color del recipiente no permite saber cuánto cuesta el producto ni si su precio ha sido reducido.

En definitiva, las bandejas negras, rojas, blancas o amarillas forman parte de la manera en que los supermercados presentan sus alimentos frescos. Los colores pueden ayudar a separar gamas, destacar determinados productos o mantener una imagen concreta dentro de una sección, pero su significado cambia según el establecimiento. Para saber qué se está comprando, la información importante sigue estando en la etiqueta, donde se recogen los datos del alimento y las condiciones en las que se comercializa.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunió en Nueva York con su homólogo, Zohran Mamdani, y sorprendió con un anuncio llamativo e inesperado: la creación de una red de comercios asequibles. La iniciativa guarda similitudes con el proyecto de supermercados públicos en el que trabaja la Administración neoyorquina y ya ha suscitado reacciones de todo tipo en la capital catalana.

Dentro del consistorio, las formaciones de izquierdas, ERC y Comuns, ven “improvisación” y “marketing” en un anuncio en el que faltan detalles por resolver, mientras que Junts y PP lo rechazan de plano. En sintonía con la patronal de pymes Pimec, lo consideran competencia desleal para el pequeño comercio. Desde el sector de supermercados, guardan silencio y ponen en duda que la experiencia se lleve a cabo. 

En paralelo, expertos en soberanía alimentaria celebran que esta iniciativa permita debatir sobre un modelo que a día de hoy impide que todo el mundo acceda a productos frescos y saludables, con una cesta de la compra que se ha disparado un 35% en tres años. Pero advierten que la propuesta de Collboni parece centrarse en barrios desfavorecidos, cuando debería avanzarse hacia medidas para toda la ciudadanía.

Tras el anuncio, poco más se conoce sobre la apuesta del alcalde barcelonés. Su intención es impulsar en 2027 una primera tienda como plan piloto, en un barrio en crecimiento y con poca oferta como es la Marina. El local comercial se ubicará en un edificio de vivienda pública, será gestionado por una entidad social o ONG, y estará vinculado a un programa de inserción laboral y formación profesional.

La experiencia de Nueva York está más avanzada, aunque no desplegada. Cuenta ya con un presupuesto, de 70 millones de euros, y el compromiso de que los alimentos básicos en estos supermercados sean un 30% más baratos. Para lograrlo, la Administración, que adjudicará la gestión a empresas privadas, asumirá costes como el alquiler del inmueble y aplicará rebajas fiscales. 

El Ayuntamiento de Barcelona es ahora la primera administración española que asegura que probará este modelo, aunque el debate no es nuevo en el país. Partidos como Podemos lo han planteado, y Sumar llevó al Congreso una proposición no de ley, que salió adelante, para crear “infraestructuras públicas” para distribuir productos saludables y de proximidad en colaboración con los ayuntamientos. 

En la capital catalana, los Comuns han mostrado su enfado con Collboni porque propusieron una iniciativa parecida a principios de año sin recibir respuesta. Su apuesta pasa por recurrir a Mercabarna, la plataforma alimentaria mayorista de titularidad pública, y ubicar los supermercados públicos en los emplazamientos cedidos actualmente a grandes cadenas dentro de los mercados municipales de la ciudad. 

Una de las diferencias de Barcelona respecto a Nueva York, es que cuenta con una red más tupida de comercios en los barrios, incluidos 39 mercados municipales que venden producto fresco. “En Estados Unidos predominan los desiertos alimentarios, y es muy complicado encontrar producto fresco”, advierte Adrià Rodríguez, investigador del instituto IDRA y autor del estudio Entre el campo y la mesa. Las cadenas de suministro agroalimentario en Catalunya. 

Los problemas que sí identifica en Barcelona son las dificultades económicas para comprar alimentos y la “sobreabundancia” de oferta de productos poco saludables o de baja calidad. Y critica que la respuesta de Collboni sea una iniciativa puntual de carácter “asistencialista”, en un barrio desfavorecido, y no para el conjunto del municipio. “El problema de la asequibilidad lo sufren más severamente los más pobres, pero la inflación alimentaria golpea a toda la ciudad”, concluye. 

Desde el pequeño comercio, sin embargo, temen competencia “desleal” por parte de esta anunciada red de tiendas públicas. Así lo ve Mònica Gregori, responsable de Comercio de la patronal Pimec. Si Collboni quiere garantizar el acceso a determinados alimentos, propone que se subvencionen directamente a través de los comercios existentes.

Preocupación en los comercios e interés en el sector agrario

“Igual que hacen con el precio de la gasolina, con el Gobierno que utiliza la red de gasolineras, si quieren bajar el precio de las lentejas un 30% pueden compensarlo con reducciones del IVA o subvenciones temporales al tejido comercial”, arguye Gregori. 

Ana Moragues, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona (UB) y directora del Food Action and Research Observatory (FARO), defiende por contra que las administraciones intervengan en el modelo alimentario. “Tiene sentido plantear supermercados públicos, porque el derecho a la alimentación no está garantizado”, afirma.

“Hay muchas formas de intervención, desde las becas comedor hasta los mercados municipales o las ayudas al sector agrario, así que hay que poner iniciativas sobre la mesa”, señala Moragues, para aumentar el acceso a alimentos básicos. De hecho, Moragues y Rodríguez coinciden en que debería ser una oportunidad para “repensar” otras partes de la cadena, desde la producción hasta la logística. 

En este sentido, algunas organizaciones agrarias se han mostrado favorables a este plan piloto. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valora “positivamente” que se intente “aportar vías de comercialización alternativas a la cadena agroalimentaria”. “Somos muy activos en el establecimiento de canales cortos que acerquen la producción al consumo, eliminando de este modo intermediarios que, en ocasiones, obtienen mucha ganancia con muy poco aporte de valor a la cadena”, afirman. 

También celebra este proyecto de comercios asequibles la responsable de Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), Isabel Vilalba. “Recibimos con interés esta u otro tipo de medida de intervención de los mercados siempre que supongan un cambio real en la cadena de valor, que vayan a favor de asegurar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas y que permitan asegurar el derecho a una alimentación adecuada de la ciudadanía”. 

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) ha frenado el registro de la marca turca FiLe por su parecido con Mercadona debido a la fuerte reputación de la cadena valenciana, las similitudes entre ambos logos y la ventaja de reputación que podría obtener la turca por todo ello.

Según el documento de oposición al que ha tenido acceso EFE, el organismo europeo ha considerado que las palabras Mercadona y FiLe son diferentes, pero desde el punto de vista conceptual “ambas marcas se asociarán a la idea transmitida por los elementos figurativos de una cesta o bolsa de la compra”.

Sobre esta base, la EUIPO ha considerado que las marcas “presentan cierto grado de similitud visual y conceptual en su impresión de conjunto”.

El organismo también ha dado por acreditada la reputación de Mercadona en el mercado español, debido a su implantación e imagen de marca, un extremo que es considerado suficiente como para establecer que otra empresa con un logo o nombre parecido pueda beneficiarse de su imagen.

“El uso del signo controvertido puede dar lugar a una situación en la que los consumidores prefieran los productos del solicitante a los de otros competidores, simplemente porque la similitud —aunque tenue— entre las marcas llevaría a dichos consumidores a establecer un vínculo mental entre la solicitud controvertida y la marca anterior de gran reputación”, ha explicado la División de Oposiciones en el documento al que ha tenido acceso EFE.

Por ello, han considerado que “la imagen de marca y la fuerza comercial de la marca anterior se verían indebidamente aprovechadas por el signo controvertido, y el solicitante se beneficiaría del poder de atracción y del prestigio de la marca reputada, explotando indebidamente —sin abonar compensación económica alguna— el esfuerzo de comercialización realizado por el oponente para crear y mantener la imagen positiva y atractiva de su marca”.

La EUIPO, por tanto, ha estimado parcialmente la oposición presentada por Mercadona contra el registro en la Unión Europea de la marca FiLe, solicitada por la empresa turca Bim Birlesik Magazalar, y ha rechazado su inscripción para gran parte de los productos solicitados de las clases 28, 29, 30, 31 y 32, que incluyen comida y bebida, entre otros, aunque sí podría seguir adelante su inscripción para la comercialización de material y cebos de pesca, señuelos de caza y pesca, animales vivos y huevos fecundados para su incubación.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR, cambiará la manera de gestionar una parte de los envases de plástico en España. El funcionamiento de este sistema parte de una idea sencilla: el comprador pagará una cantidad adicional al adquirir determinados productos y podrá recuperarla después al devolver el recipiente vacío. No será un recargo definitivo sobre la compra, sino una fianza asociada al envase para favorecer que vuelva al circuito previsto para su tratamiento.

La implantación de este modelo responde al calendario establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El plazo de dos años para ponerlo en marcha en España termina el 22 de noviembre de 2026. Su aplicación llega después de que en 2023 no se alcanzaran los objetivos fijados para la recogida de envases, lo que activó la obligación de introducir un sistema que permitiera mejorar esos resultados. Entre las metas previstas está alcanzar una tasa de recogida del 90% de los envases de plástico antes del 1 de enero de 2029.

El cambio tendrá efectos tanto para consumidores como para comercios. Botellas de plástico, latas y briks de bebidas de hasta tres litros pasarán a formar parte de un circuito en el que cada recipiente tendrá un valor económico asociado. Al comprar agua, refrescos, zumos u otras bebidas, el cliente abonará al menos 10 céntimos adicionales por cada envase. Esa cantidad podrá recuperarse cuando se devuelva en los puntos habilitados, siempre que el recipiente se conserve en condiciones que permitan reconocerlo e identificarlo.

Cómo funcionará el sistema de reciclaje

El sistema, que cadenas como Mercadona ya han puesto en marcha en tiendas de Portugal, parte de un depósito económico vinculado a cada envase. El consumidor paga primero el precio de la bebida más la cantidad correspondiente al recipiente. Ese dinero queda pendiente de devolución hasta que el envase vuelva al circuito. Los modelos de depósito y retorno utilizan este mecanismo para favorecer que los recipientes regresen a los puntos de recogida. La cantidad abonada funciona como garantía y no debe superar el valor de reposición del envase en caso de pérdida.

Una vez consumida la bebida, el usuario podrá entregar el recipiente vacío en los lugares preparados para recibirlo. La devolución podrá hacerse de forma manual en establecimientos adheridos o a través de máquinas automáticas. En numerosos comercios está prevista la instalación de equipos capaces de identificar los envases mediante el código de barras y registrar su entrega. La intención es que el proceso pueda incorporarse a la compra habitual sin obligar a desplazarse hasta instalaciones alejadas o específicas para realizar cada devolución.

El reembolso llegará una vez que el envase haya sido aceptado. El funcionamiento concreto todavía puede variar, por lo que no puede asegurarse que todas las tiendas devuelvan el dinero de la misma forma. Entre las opciones planteadas se encuentran los vales para futuras compras, los descuentos aplicados en caja o el reintegro directo de la cantidad abonada. La fórmula definitiva dependerá de cómo se organice el sistema cuando empiece a funcionar, pero la base será la misma: quien devuelva el recipiente recuperará el dinero que adelantó al comprar la bebida.

Para que pueda ser identificado, será necesario conservar el envase en un estado reconocible. La información recopilada señala que no deberá entregarse aplastado y que el etiquetado tendrá que permanecer visible, ya que ambos elementos facilitan su validación. El consumidor, por tanto, no tendrá únicamente que separar el residuo, sino también guardarlo hasta el momento de devolverlo. Una vez aceptado, el recipiente continuará por el circuito previsto para su recogida y el usuario recuperará la fianza correspondiente a esa unidad.

Qué cambia para consumidores y comercios

La principal diferencia respecto al sistema actual estará tanto en el momento de la compra como después de consumir la bebida. Hasta ahora, muchos de estos envases se depositan directamente en los contenedores correspondientes. Con el SDDR, determinados formatos tendrán que conservarse si se quiere recuperar el dinero adelantado. El cambio introduce así una relación económica directa entre el comprador y el recipiente, ya que tirarlo o no devolverlo supondrá perder la cantidad pagada previamente.

Los establecimientos tendrán un papel importante dentro del nuevo modelo. Supermercados y otros comercios incluidos en el sistema deberán ofrecer puntos de devolución, ya sea mediante atención personal o con máquinas específicas. Esto supondrá incorporar la recepción de recipientes vacíos a la actividad habitual de los establecimientos. En otros países europeos donde ya funciona este sistema, devolver los envases al hacer la compra forma parte de la rutina, y ese es el modelo que se pretende trasladar al mercado español.

La medida también ampliará los tipos de envases incluidos en este circuito. No afectará solamente a las botellas de plástico, sino también a latas y briks de bebidas de hasta tres litros. En todos los casos, el consumidor adelantará una cantidad al comprar el producto y podrá recuperarla posteriormente. El sistema convierte de esta forma la devolución en una parte más del proceso de compra, en lugar de dejar toda la gestión en la separación posterior del residuo.

El SDDR deberá estar operativo antes de que finalice el plazo previsto en noviembre de 2026. A partir de ese momento, la gestión de estos envases incluirá una fianza asociada al recipiente desde su compra hasta que sea devuelto. El objetivo es aumentar las tasas de recogida y acercarlas al 90% fijado para 2029. Para los consumidores, el funcionamiento será sencillo: abonar el depósito, conservar el envase vacío, llevarlo hasta un punto habilitado y recuperar posteriormente la cantidad correspondiente.

Aterriza en Canarias el Plan Renove de electrodomésticos, aprobado por el Gobierno regional a finales de 2025. Con él, miles de familias ya pueden beneficiarse desde el 15 de septiembre de descuentos de hasta 450 euros para renovar sus aparatos eléctricos antiguos y sustituirlos por otros de mayor eficiencia energetica, con menor consumo y menos emisiones.

El programa, perteneciente al Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros que serán repartidos entre las dos provincias del Archipiélago, con 800.000 para cada una. De esa cantidad, Tenerife contará con 712.800 euros, La Palma con 62.400, La Gomera con 16.800 euros y El Hierro con 8.000 euros. Por su parte, en la provincia de Las Palmas corresponden 600.000 euros a Gran Canaria, 88.000 a Fuerteventura y 112.000 a Lanzarote.

Para acogerse a esta ayuda, que se entregará en forma de bono de entre 70 y 450 euros, es necesario inscribirse antes de comprar el electrodoméstico en la plataforma creada para realizar los trámites, que estará disponible a mediados de septiembre: gestion.planrenovecanarias.es. En ella se incluyen frigoríficos, lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción de determinadas marcas; y se permitirá hacer una renovación de hasta cinco electrodomésticos por persona durante el periodo de ejecución. Eso sí, será indispensable entregar un aparato antiguo para acogerse al programa.

¿Quién puede solicitar el Plan Renove de electrodomésticos en Canarias?

El programa establece una diferencia entre los compradores generales y las personas en situación de vulnerabilidad. Los primeros podrán recibir una ayuda de hasta 250 euros, mientras que quienes acrediten una situación de vulnerabilidad podrán acceder a hasta 450 euros. La cuantía final dependerá tanto del tipo de electrodoméstico adquirido como de su nivel de eficiencia energética.

Además, el acceso al bono será diferente en función del perfil del beneficiario. Los compradores generales podrán obtenerlo de forma automática una vez completada la solicitud. En cambio, las personas en situación de vulnerabilidad deberán acreditar previamente su condición para poder acceder a la ayuda de mayor cuantía.

Para demostrar este último caso será suficiente con presentar uno de los tres documentos establecidos. Puede aportarse un certificado de vulnerabilidad emitido por una entidad local que colabore con los servicios sociales de un ayuntamiento, una factura del bono social eléctrico con una antigüedad de tres meses o bien la resolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una vez aportado uno de esos documentos, los equipos técnicos de Femete y Femepa validarán la situación y emitirán el bono en caso de que sea apto.

¿Dónde comprar los electrodomésticos del Plan Renove en Canarias?

La compra deberá realizarse en una de las tiendas adheridas al Plan Renove, condición indispensable para poder beneficiarse del programa. La plataforma habilitada permite consultar, de forma sencilla y accesible, el listado de comercios participantes, sin necesidad de registrarse previamente. Además, los establecimientos adheridos estarán identificados mediante un distintivo oficial del programa, visible tanto en el escaparate como en la zona de caja, facilitando así que los consumidores puedan reconocer físicamente los puntos de venta autorizados y realizar su compra con todas las garantías.

Entre los establecimientos adheridos figuran reconocidas cadenas como MediaMarkt, Worten, Conforama, Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés, con presencia en diferentes zonas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. A esta oferta se suma una amplia representación del comercio canario, con negocios especializados en electrodomésticos, mobiliario y equipamiento para el hogar.

Listado de tiendas adheridas al Plan Renove en Canarias

Entre los establecimientos que aparecen en el listado de comercios asociados se encuentran:

Tenerife

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

La Palma

La Gomera

El Hierro

Cómo solicitar el Plan Renove de electrodomésticos en Canarias

La solicitud se realizará a través de la plataforma a partir del 15 de septiembre. El usuario podrá acceder con certificado digital o mediante un sistema de identificación basado en correo electrónico y SMS.

Una vez finalizado el proceso, se generará un código de cupón que llegará al correo electrónico del solicitante y quedará asimismo disponible en la plataforma. En el caso de las personas vulnerables, este paso se producirá después de que los equipos técnicos hayan validado la documentación aportada.

Las frutas y las verduras y los alimentos propios de la temporada estival encabezan el descenso de precios que el Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha ha registrado durante el mes de julio.

Según ha informado la Junta por nota de prensa, el avance de las campañas de recolección vuelve a trasladarse a los precios, con descensos especialmente significativos en algunos de los productos frescos de mayor consumo durante el verano.

Plátano, uva y calabacín, entre las mayores bajadas

En frutas y verduras, el plátano canario registra la mayor bajada, con un descenso del 13,3%, seguido de la uva verde sin semilla (-12,9%) y el calabacín (-11,9%). También disminuyen los precios del limón (-5,3%) y la cebolla amarilla (-4,1%). En sentido contrario, las mayores subidas corresponden a la pera conferencia (+7,9%) y las judías verdes (+6,6%), mientras que el tomate de ensalada se encarece cerca de un 5 %.

El informe vuelve a poner de manifiesto, además, la importancia de comparar precios entre establecimientos. Productos como la naranja o la manzana, pese a mantener precios medios muy similares a los del mes anterior, presentan importantes diferencias entre supermercados, llegando en algunos casos prácticamente a duplicarse el precio dependiendo del establecimiento elegido.

En las carnes se produce un cambio respecto a la tendencia observada el mes anterior. Salvo los cuartos traseros de pollo, que bajan un 1,4 %, predominan los incrementos moderados. Destacan especialmente la costilla de cerdo (+4,7%) y el jamón cocido (+3,5%). Precisamente la costilla de cerdo y los cuartos traseros de pollo siguen siendo algunos de los productos con mayores diferencias de precio entre establecimientos.

Los pescados ofrecen, por el contrario, una evolución más favorable para el consumidor. El salmón vuelve a reducir su precio un 7,8% y acumula ya tres meses consecutivos de descensos. Las sardinas también se abaratan algo más de un 3%, mientras que el boquerón, caracterizado por importantes oscilaciones mensuales relacionadas con la temporada y las capturas, aumenta ligeramente su precio.

En el grupo de otros alimentos predomina igualmente la estabilidad. La principal excepción es el aceite de girasol de marca de distribuidor, cuyo precio aumenta un 5,7%, mientras que los pistachos registran la mayor bajada, cercana al 3%. El aceite de oliva vuelve a mostrar una evolución favorable, con descensos tanto en las marcas de fabricante como en las de distribuidor.

Especialmente significativo es el comportamiento de los productos propios del verano. En el segundo mes de seguimiento de esta categoría, todos los productos analizados reducen sus precios coincidiendo con el avance de la temporada de recolección. El melón piel de sapo registra una bajada superior al 30%, mientras que el melocotón amarillo y la sandía rallada descienden más de un 10%.

Los productos del hogar mantienen, por su parte, una elevada estabilidad. El principal descenso corresponde al gel de ducha (-3,2%), que continúa siendo, además, uno de los productos con mayores diferencias entre establecimientos.

36 supermercados analizados

El estudio se realiza en 36 supermercados distribuidos entre las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina y mantiene una cesta básica de referencia de 61 productos. El seguimiento continuado permite conocer no solo la evolución mensual de los precios, sino también las diferencias existentes entre establecimientos y detectar posibles tendencias que puedan afectar a la cesta de la compra de los hogares castellanomanchegos.

En conjunto, los datos de julio prolongan el comportamiento favorable observado en el mes anterior, con bajadas generalizadas en numerosos productos y un efecto especialmente positivo de la entrada en temporada de frutas y hortalizas.

El Observatorio, impulsado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades y elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y la Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta' de la Universidad de Castilla-La Mancha; en colaboración con CAVE-CLM, continuará analizando en los próximos meses la evolución de la cesta básica y prestando especial atención a aquellos productos que puedan verse afectados por factores externos y por la situación de los mercados internacionales.

Personal del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña ha secundado este lunes una nueva jornada de paro –tras las registradas el sábado, día 15, y el domingo, día 16– en demanda de mejoras salariales y laborales.

Según informa Europa Press, ha sido con movilización en la ciudad herculina donde más de mil personas, según los convocantes, recorrieron la ciudad en una protesta desde el mercado de San Agustín hasta la plaza de Lugo.

Estas nuevas jornadas de paro –que afectan a supermercados y centros logísticos– se producen después de que en las dos últimas reuniones de la mesa de negociación por el convenio colectivo no se produjesen avances, según expusieron tanto sindicatos como patronal.

CIG, CCOO, UGT y USO convocan estas jornadas de huelga para exigir mejoras. En este sentido, apuntan que el empresariado “se niega a aplicar ni la más mínima cantidad para la antigüedad y ofrece una reducción de la jornada raquítica”. También sostienen que no hay una propuesta que permita garantizar “salarios dignos ni una recuperaicón real del poder adquisitivo”.

“Con lo que ofrecen las mismas empresas, las plantillas de A Coruña no llegarían a alcanzar las condiciones existentes ahora en Pontevedra hasta el año 2029”, ha asegurado Juan Zas, secretario de Acción Sindical de CCOO Servizos Galicia.

El dirigente sindical ha destacado, por otra parte, el “alto” seguimiento en las jornadas de huelga y ha subrayado que hay áreas de los supermercados como charcutería o carnicería “casi sin atender” pese a que denunciado el uso de trabajadores eventuales.

En la misma línea, Roberto Pérez, de la CIG, ha subrayado el “desabastecimiento de tiendas desde hace dos meses”. Por otra parte, ha denunciado el “bloqueo total de la negociación por parte de la patronal” con avances “prácticamente inexistentes”.

En este contexto, ha avanzado que continuarán las protestas si no hay avances en la negociación. Entre las principales reivindicaciones, ha planteado “garantizar la revalorziación de los salarios por encima del IPC”. Al hilo de ello, ha insistido en que hay personal “que lleva más de 30 años cobrando 1.100 euros”. “Lo que hay encima de la mesa es insuficiente”, ha recalcado.

“Incidencia limitada” para la patronal

Para la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC), la jornada de huelga de este lunes ha tenido una “incidencia limitada” ya que, según asegura, “la gran mayoría de los supermercados han permanecido abiertos y los centros logísticos han continuado funcionando y manteniendo el abastecimiento, pese a contar con menos personal durante la jornada”.

En un comunicado, ASAC ha lamentado “incidentes puntuales y comportamientos intimidatorios” en algunos puntos de venta y “agradece especialmente el compromiso de los trabajadores que han contribuido a mantener la actividad, el abastecimiento y el servicio”.

La patronal considera “difícil de entender” que “tras meses de negociación se hable de un ”bloqueo total“ por parte de las empresas y de avances ”prácticamente inexistentes“. Insiste en que ha ”mejorado sucesivamente“ su propuesta hasta plantear una subida salarial del 4% en 2026 y de más del 12% en cuatro años, ”además de importantes mejoras laborales y sociales“.

O dereito á folga, o dereito á baixa por enfermidade non caeron do ceo como o maná no deserto no relato bíblico, son conquistas duramente gañadas. Non se pode admitir a pretensión de reducir a duración das baixas laborais, incluso con incentivos ás médicas e médicos. E nas sociedades democráticas recoñécese o dereito a suspender a actividade laboral para reivindicar melloras, así no artigo 28 da Constitución española.

As traballadoras, que son maioría, e traballadores da alimentación da provincia da Coruña van á folga por terceira vez –despois dos paros en San Xoán e xullo– os días 15, 16 e 17 de agosto, convocados por todos os sindicatos con representación no sector, CCOO, CIG, UGT, USO. Non se trata dun capricho, ninguén vai á folga por capricho, senón de reclamar salarios dignos, redución de xornada, plus para o persoal que traballa os domingos e que recibe, seica, cinco euros por toda compensación. Gañan uns 1.100 euros co que non é doado chegar a fin de mes, e as melloras ás que aspiran son tamén laborais, para permitir a conciliación. Piden as que xa teñen na provincia de Pontevedra, mais non na Coruña, onde os supermercados nas vilas de Baio, Betanzos, Carballo, Carral, Cee, Melide, Negreira, Noia ou Padrón –talvez me deixe algunha– abren todos os domingos.

Os sindicatos alegan a posición inmobilista da patronal do comercio de alimentación, liderada por Gadis e Froiz. Gadisa presentou en xullo unha demanda contra os catro sindicatos e oito sindicalistas, solicitando un millón douscentos mil euros polos prexuízos na folga de San Xoán. Nas folgas prodúcense danos económicos, non hai dúbida. O camiño para evitalas é a negociación, se non progresa a folga é a principal ferramenta que posúen as traballadoras. As mobilizacións veñen de atrás e foron totalmente pacíficas. O despregue policial foi extraordinario, malia non haber incidentes.

En tempos de desregulación cómpre resistir, defender o dereito constitucional á folga, o dereito á conciliación, ás baixas por enfermidade, nalgún caso doenzas causadas polas condicións laborais. Retroceder ao século XIX, perder dereitos, non pode ser unha opción. Grazas ás traballadoras da alimentación por defender os dereitos de todas.

Dos grandes multinacionales se suman al listado de empresas sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria, la norma que persigue lograr unas prácticas justas entre el sector primario —agricultores y ganaderos—, los fabricantes y las empresas de distribución. Además, por primera vez en más de tres años, se ha multado a un gigante ligado a la restauración y a la comida rápida. En concreto, los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— reflejan multas a McDonald's y a la cadena de supermercados de origen estadounidense Costco.

Al mismo tiempo, en este tercer trimestre de 2026, ha vuelto a ser castigada Dia, que se convierte en la enseña de distribución que acumula más sanciones; y entra Primaprix, una cadena de tiendas especializada en el segmento 'low cost', que comercializa productos que están en liquidación de stock, bien porque haya cambiado el tipo de envase o por ser excedentarios.

En conjunto, la AICA ha publicado cerca de una treintena de multas correspondientes al actual periodo comprendido entre junio y septiembre, por un importe total de más de 604.000 euros. Con este dato, la suma total de castigos en algo más de tres años —desde que se publican los nombres de quienes se saltan la normativa— supera los 4,5 millones de euros.

En el siguiente gráfico se reflejan las empresas que se han saltado la Ley de la Cadena, una a una, desde principios de 2023.

Resistencia a las investigaciones y saltarse los plazos

Entrando al detalle de las sanciones, hay que recordar que la Agencia de Información y Control Alimentarios hace públicos los nombres de las empresas y los motivos que han provocado los castigos, pero no da detalles sobre cuáles son las infracciones concretas, cuándo se cometieron, a quién se ha perjudicado o si son procedimientos que han ido repitiéndose en el tiempo, porque esto último hace que las multas impuestas vayan incrementando su cuantía económica.

Lo que sí indica la AICA es que las cifras que publica corresponden a la “cuantía pecuniaria exigida en el momento en el que la sanción haya devenido firme”.

En este trimestre, la sociedad Restaurantes McDonald's ha sido multada por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración” por un importe de 13.800,6 euros. Mientras, Costco lo ha sido por incumplimiento de los plazos de pago. En su caso, con 9.900,6 euros. Este último es el mismo motivo que Primaprix, pero esta cadena, por casi el doble, 17.880 euros, según la información del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

¿A qué se refiere la AICA con incumplir los plazos de pago? La legislación marca que las empresas del sector alimentario paguen las facturas que adeudan a sus proveedores en un tiempo máximo de 30 días cuando se trata de alimentos frescos; y 60 días en el caso del resto de productos.

En cuanto a la cadena de supermercados Dia, en este trimestre, se le ha sancionado por dos motivos. Por un lado, por incumplir los plazos de pago (con más de 169.400 euros). Por otro, por “la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”, con más 32.400 euros. La enseña amplía a siete el número de infracciones en algo más de tres años. De esta forma, Dia es la cadena de distribución con más incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, por un importe total de más de 310.000 euros, según los datos publicados por la AICA.

Junto a ella, en estos años, también se ha multado a otras grandes compañías de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo. También a multinacionales del sector agroalimentario, como Nestlé y Schweppes o cooperativas aceiteras, como Dcoop y Coosur.

Cubrir los costes de producción

En estos más de tres años se han publicado casi 490 infracciones. La mayoría de ellas, por uno de los aspectos mencionados, el incumplimiento de los plazos de pago. Por detrás, con más de 80 sanciones, la no formalización por escrito de los contratos. También, la resistencia y obstrucción a las investigaciones. Esta última causa ya ha motivado 35 multas. En cambio, solo ha habido dos por la conocida venta a pérdida —vender por debajo de lo que cuesta producir— que formalmente se denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”.

Esta baja presencia de sanciones por venta a pérdida es una de las críticas más señaladas por el sector primario, que reclama reforzar la legislación. “No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen 'no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto' o se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”, explicó en una entrevista con elDiario.es el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

El Gobierno intentó hace casi dos años reforzar la capacidad de la AICA, para convertirla en un organismo similar a la Agencia Tributaria, pero la votación no salió adelante en el Congreso por el rechazo del Partido Popular y Vox y, desde entonces, no ha vuelto a plantearse ese refuerzo. Ahora, meses después, hay gobiernos regionales presididos por el PP que reclaman reforzar la Ley de la Cadena. A principios de agosto, la conselleira do Medio Rural de la Xunta de Galicia, María José Gómez, instó al Gobierno a actuar “de forma contundente” para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y se garantice a los productores cubrir sus costes de producción.

Personal del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña volverá a la huelga este sábado, día 15 -festivo, pero día de apertura autorizada-; el domingo 16 de agosto y el lunes, día 17, en un contexto de movilizaciones previas en demanda de mejoras salariales y laborales.

En un comunicado, la CIG denuncia “inmovilismo” por parte de la patronal, que está encabezada en la provincia por Gadis y Froiz, en la mesa de negociación, tras no haber un acercamiento de posturas en la última reunión con mediación del AGA, del Consello Galego de Relacións Laborais.

También sitúa esta nueva convocatoria en una respuesta “al bloqueo en el que la patronal del sector tiene la negociación del convenio colectivo” mientras que por parte de las empresas se responsabiliza a la parte sindical de la falta de acercamiento, informa Europa Press.

Estas nuevas jornadas de paro, que afectan a supermercados y centros logísticos, se producen después de dos últimas reuniones en la mesa de negociación celebradas el pasado viernes y el lunes, en las que no se produjo ningún tipo de avance, remarcan.

Durante las jornadas de huelga, convocadas por los cuatro sindicatos con representación en la mesa -CIG, CCOO; UGT y USO- están previstos piquetes informativos. Además, el lunes, día 17, habrá una manifestación en la ciudad herculina, que saldrá a las 12.00 horas del mercado de San Agustín y terminará en la plaza de Lugo.

Regresa al municipio de San Bartolomé en Lanzarote una de las citas más esperadas este verano, Lanzarote Local Market by HiperDino, que congregará desde este viernes 14 de agosto y hasta el domingo 16 y desde el viernes 21 y hasta el 23 de agosto, a cerca de una treintena de productores locales de la Isla.

La cadena de supermercados 100% canaria vuelve una edición más a apostar por los productos de la tierra, y lo hace con este novedoso formato, que ya en su 1ª edición celebrada el pasado mes de abril, contó con una elevada participación tanto de público como de productores de la Isla. Lanzarote Local Market by HiperDino se celebrará nuevamente en los exteriores de su tienda en San Bartolomé en Lanzarote, (Aeropuerto km4, en Playa Honda), y lo hará en el siguiente horario, de 11:00 horas a 18:00 horas.

Para HiperDino, “este nuevo formato de cita comercial, pone en valor la excelente calidad y variedad de productos locales que nuestras tiendas ofrecen en nuestros lineales, y además sumamos, gastronomía y artesanía. HiperDino realza con esta acción comercial el valor de los productores locales, y lo hace con este evento que se está consolidando en el circuito de citas indispensables en este municipio lanzaroteño”, ha indicado, Antonio Verá, Coordinador de Operaciones en Lanzarote y Fuerteventura de HiperDino.

Entre las marcas y los productores que participarán se encuentran: las mermeladas, salsas y los mojos de “Bernardo´s”; los elaborados con sal de Janubio de “Salinas de Janubio”; la especialidad única de la batata de Lanzarote; dulces y pasteles de la “Pastelería Arjery”; pan y dulces también de Mi Niña Café“; cerveza artesanal de Lanzarote ”2 Cabras“; licores de la destilería ”Einar“ o elaborados de gofio de ”La Molina de Lanzarote“.

En artesanía destacan entre otros la presencia de varias firmas que repiten como “El Mundo de Faa”; “Estow Studio”, del artesano Felip Martin que trabaja en madera natural tanto accesorios como instrumentos musicales incorporando materiales naturales de Lanzarote; de “Lili´s Candles” que elabora velas aromáticas cargadas de aromas y esencias naturales y los accesorios de “Volcano Macramé”.

Se incorporan en esta edición “La Magia de Selma” que ofrecerá productos de artesanía inspirados en las hadas y duendes y “Rosa María Jiménez” con piezas de bordado elaboradas a mano. También contaremos con la marca local de moda y complementos para mascotas “Bonded”. Las exquisiteces de la tierra estarán garantizadas y se podrán saborear gracias a la participación de los food truck “Noi Coffe” que contará con una variedad de selección de cafés, dulces y salados; de “El Callao Burguer”, de “Balava y las exquisiteces de la pizzería ”La Sonrisa“.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.

El Juzgado de lo Social de Logroño ha vuelto a condenar a Supermercados Lupa por un nuevo intento de rebajar las condiciones laborales de sus trabajadores, en esta ocasión a la jefa de sección de uno de sus establecimientos en Logroño.

Tal y como informa la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja y queda probado en la sentencia firme publicada el pasado 27 de julio, la trabajadora venía ostentando la categoría profesional de “jefa de sección” desde su entrada en la empresa, en 2004, percibiendo por ello, dentro de sus retribuciones, un plus de responsabilidad. Sin embargo, en enero de 2025 la empresa decide de forma unilateral rebajar la categoría profesional de esta trabajadora a “dependienta”, pasando a percibir la cantidad que corresponde a esta otra categoría y eliminando dicho plus de responsabilidad.

Ante tal circunstancia, la trabajadora interpuso demanda contra Lupa a través de UGT La Rioja, entendiendo que se trataba de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo; mientras, la empresa argumentaba que este cambio respondía a una reclasificación profesional de la trabajadora tras la entrada en vigor del vigente convenio de Comercio de La Rioja, al considerar que sus funciones no correspondían con la categoría de jefa de sección, sino de dependiente.

UGT ve esta estrategia como “un nuevo intento de Lupa por mermar más aún las condiciones laborales de su plantilla” con el que, una vez más, no está de acuerdo el Juzgado de lo Social, quien ha considerado que sí existe una injustificada modificación sustancial de las condiciones de trabajo, declarando nulo este cambio de forma tajante: “ninguna duda cabe, -dice la sentencia-, de que el cambio de categoría profesional (…) supone una extralimitación de la facultad que compete a la empresa, afectando a un elemento esencial y nuclear de la prestación laboral”. “No nos encontramos ante un cambio irrelevante o intrascendente”, añade la sentencia, que advierte por otro lado, que “queda igualmente acreditado que las funciones desempeñadas pueden encajar perfectamente en la definición prevista en el convenio para la categoría de jefe de sección”, conviene.

Cabe destacar que, tras verse obligada a reponer a la trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo, con los salarios correspondientes a jefa de sección, incluido el cobro del plus de responsabilidad, Lupa trató de ahorrarse el pago de dicho plus alegando que esta cantidad se daba por compensada con la subida salarial del nuevo convenio colectivo de Comercio; “una nueva argucia de Lupa que también ha rechazado de plano el tribunal al entender que se trata de un complemento personal no previsto en el convenio de aplicación y que percibe la trabajadora por las características de su puesto, por lo que no guarda la debida homogeneidad o analogía con la subida salarial” y por lo tanto “no es susceptible de absorción ni compensación”.

“Una maniobra más de Supermercados Lupa que ha frenado la justicia y que forma parte de la política de desprecio total a la normativa laboral que mantiene esta empresa”, según denuncia FeSMC UGT. La Federación advierte de que Lupa continúa acumulando sentencias desfavorables en su intento constante por rebajar las condiciones de trabajo de su plantilla. “Todo ello sin mantener el más mínimo respeto a la normativa legal y al propio sistema de relaciones laborales, como ya quedó ampliamente demostrado a principios de año con el cierre unilateral y sin previo aviso de uno de sus establecimientos en Vara de Rey”.

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI.

Así que, si de verdad queremos garantizar el derecho a la alimentación durante las próximas décadas, necesitamos una política industrial capaz de transformar la producción agraria, una infraestructura pública que permita distribuir esa nueva producción, mecanismos que orienten la demanda hacia alimentos saludables y sostenibles y, finalmente, instrumentos que aseguren que todas las familias puedan acceder a ellos. Pensar cualquiera de estas piezas de forma aislada conduce inevitablemente a frustraciones.

La cuestión central de todo este análisis es cómo construir un sistema alimentario capaz de alimentar a toda la población dentro de los límites ecológicos del planeta. Por eso digo que no basta con abaratar la comida. De manera bastante más compleja, se trata de garantizar que siga existiendo, que pueda producirse de forma sostenible y que nadie quede excluido de ella. Sólo entonces podremos hablar, con propiedad, de un auténtico derecho a la alimentación.

La cadena de tiendas 100% canaria, HiperDino consolida su sección de Mascotas, dentro del sector de la alimentación en el Archipiélago con la mayor variedad de marcas y referencias/productos en alimentación, en donde el mayor porcentaje de ventas se corresponde al de comida para gatos con un 56%; seguido del de perro con un 40%.

Así, la sección de mascotas “Mundo Animal”, ha aumentado en un 12% el volumen de productos que ofrece al cliente en el último año. “Nuestra cadena de supermercados ofrece la mayor variedad de referencias de alimentación tanto húmeda como seca para los hogares con mascotas, facilitando su cuidado y, además, teniendo muy presente que es posible dispensarles una alimentación sana y cuidada a precios asequibles”, ha señalado el responsable de la sección, Javier García.

En la actualidad HiperDino ofrece más de una veintena de marcas de referencia en el sector de la alimentación de mascotas, todas ellas, de una elevada calidad en cuanto a sus ingredientes. Durante este año, además, se mantiene al alza la venta de alimentos para gatos, la cual ha crecido en un 12%, hasta representar el 56% del total de ventas en esa sección. Dentro de esta tipología de alimentación, la húmeda es la que ha registrado un mayor aumento con un incremento de ventas del 18%, y todo ello, gracias a la amplia variedad de productos con precios descuento y a la calidad de los mismos, que garantizan ingredientes óptimos para la salud del gato, consistente en porcentajes adecuados de proteína; carne y verduras. Entre las principales marcas de comidas para gatos de las trece con las que cuenta, destacan: Ultima, Brekkies y Friskies.

En cuanto a la alimentación para perros, ésta representa un total del 40% de las ventas. Entre las marcas más vendidas de alimentación para perros destacan Friskies, Cesar, Frolic y Ultima, entre las doce diferentes que se ofrecen en las tiendas HiperDino. También tanto para perros como para gatos, HiperDino ofrece la marca de alimentos natural, Dibaq Moments, con distintas variedades de productos, con hasta un 95% de proteínas de origen natural.

Otro tipo de alimentación que ha crecido en ventas es la de pájaros, peces y roedores que representa un 4%. También, llama la atención el aumento de ventas de los accesorios para mascotas que crece un 53%.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.

El Tribunal de Instancia, Sección de lo Social, de Logroño ha dado la razón a una trabajadora de SEMARK AC GROUP, S.A. (Supermercado Lupa), asistida por el servicio jurídico de CCOO, en la demanda presentada por modificación sustancial de condiciones de trabajo que la empresa le impuso al suprimir el plus de “quebranto de moneda” que venía percibiendo desde el inicio de su relación laboral en 2015.

La Sentencia nº190/2026, dictada el 27 de julio de 2026, declara nula la decisión empresarial y reconoce el derecho de la trabajadora a ser repuesta en sus condiciones laborales anteriores, condenando además a la empresa a abonar todas las cantidades dejadas de percibir desde que se eliminó este concepto retributivo. La sentencia es firme y no cabe recurso.

La trabajadora, con categoría profesional de cajera, venía percibiendo un plus de “quebranto de moneda”, un plus reconocido en el Convenio Colectivo de comercio de La Rioja para quienes tienen como función del cobro de ventas. A partir de enero de 2025, la empresa dejó de abonarle este complemento y, posteriormente, llegó incluso a descontarle de nómina las cantidades ya percibidas por dicho concepto durante 2024.

La supresión de este complemento, se detectó gracias a la labor constante de revisión de nóminas que realizan las delegadas de CCOO en la empresa (especialmente intensificada tras la publicación del nuevo Convenio Colectivo de comercio de La Rioja el 27 de febrero de 2025) de este modo, se detectó la irregularidad y pudo iniciarse la reclamación.

La empresa alegaba que la trabajadora realizaba otras funciones además del cobro en caja y que, por tanto, no tenía derecho al plus. Sin embargo, la prueba practicada en el juicio (incluido el testimonio de una delegada de personal de CCOO en la empresa y del responsable de relaciones laborales de la propia empresa) acreditó que la trabajadora únicamente realiza labores de reposición cuando no hay clientes que atender, sin desempeñar ninguna otra función fuera de caja.

Ante esta sentencia, CCOO resalta que la sentencia sienta un precedente: “las empresas no pueden modificar unilateralmente el sistema de remuneración sin respetar los trámites y las causas que exige la ley”