La cadena de supermercados Lidl y los sindicatos han firmado el nuevo convenio colectivo que garantiza, entre otros aspectos, un incremento salarial mínimo acumulado del 15% hasta 2030, con una subida consolidable del 4% en 2026 y del 3% anual entre 2027 y 2029.

Además de las mejoras salariales, el cuarto convenio colectivo de la compañía incorpora avances en materia de conciliación de la vida laboral y personal, contratación, consolidación de jornada, permisos retribuidos y beneficios sociales, según han informado las partes en diferentes comunicados.

El acuerdo actualiza distintos aspectos relacionados con la igualdad, la diversidad, la prevención de riesgos laborales y la adaptación de las relaciones laborales a los nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica. También se recoge una política retributiva para el trabajo en domingos y festivos.

Lidl ha asegurado que realizará una inversión “histórica” de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto “cualitativo” en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio. Solo en 2026 la inversión será de más de 70 millones de euros.

Lidl mantiene que el pacto hace que la empresa se sitúe “a la vanguardia del sector” gracias a un “robusto paquete de derechos y beneficios sociales para su plantilla a fin de garantizar su bienestar y facilitar la conciliación”.

Su consejero delegado para España, Claus Grande, ha añadido que la firma es la “consolidación” del compromiso con las personas, que son el “motor” que mueve a la empresa.

Con este acuerdo, “aseguramos que nuestro crecimiento vaya siempre de la mano del bienestar de nuestros colaboradores, dando seguridad económica y garantizando incrementos salariales muy importantes para los próximos cuatro años”, ha remarcado.

Por su parte, UGT ha subrayado que “uno de los aspectos más relevantes” del nuevo convenio es la mejora de las condiciones retributivas.

Ha puesto también el foco en la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación sindical “histórica” que favorecerá el relevo generacional y ofrecerá nuevas oportunidades para una transición ordenada hacia la jubilación.

Este sindicato cree, no obstante, que aún existen “importantes” retos en el ámbito del comercio y de la distribución –por ejemplo, ampliar la inclusión de cláusulas de revisión salarial en el sector–. En todo caso, ha valorado este acuerdo que supone “avances concretos” para los profesionales de Lidl.

Una nueva gran empresa entra en la nómina de grandes compañías sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de El Corte Inglés, que ha sido multada con una pequeña suma, apenas 3.000 euros, por incumplir los plazos de pago con sus proveedores.

La cadena de grandes almacenes se suma así a una lista en la que ya están otras empresas de la gran distribución, como Carrefour, Alcampo o Dia. Esa información es pública porque, desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) –que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación– desvela los nombres de quienes incumplen esta normativa, que busca las prácticas justas entre todos los eslabones del sector de la alimentación, desde agricultores a ganaderos, hasta la distribución, pasando por la industria y las cooperativas. Desde entonces, han sido multadas más de 450 empresas, por un total de casi 4 millones de euros.

La AICA publica el nombre de las empresas y el motivo genérico de los castigos, es decir, por qué se han saltado la ley, pero no da detalles concretos de cuáles han sido las infracciones, cuándo se cometieron o quién fue la contraparte perjudicada. Sí explica que la sanción corresponde a la cuantía exigida en el momento en que se convierte en firme. En el caso de El Corte Inglés, la AICA apunta que los 3.001 euros de multa se deben a un “incumplimiento de los plazos de pago”, sin dar más detalles. Esos tiempos, según perfila la legislación, obligan a abonar las facturas a los proveedores en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de hasta 60 días, cuando se trata del resto de productos de alimentación.

En el siguiente gráfico se resumen, una a una, todas las empresas sancionadas por infracciones a la Ley de la Cadena desde 2023.

En estos más de tres años de sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria ya han aparecido otros nombres de 'híper' y supermercados, aunque la gran mayoría de empresas expedientadas corresponde a la industria y al sector primario. En cuanto a esas grandes compañías, entre ellas está, por ejemplo, Dia, que ha sido multada en cinco ocasiones. La más alta, 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la de mayor cuantía, por 39.000 euros.

Además, en este segundo trimestre de 2026, en los datos que publica la AICA, figura otra multinacional, Dealz, pero que como tal ya no opera en España, porque cesó su actividad hace casi tres ejercicios. En este caso, se le ha impuesto 33.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. Dealz formaba parte del grupo Steinhoff y estaba especializada en la venta de productos de alimentación y droguería a un precio prácticamente fijo, de 1,5 euros por producto. Actualmente, la mayor parte de sus locales son de otra enseña de la misma multinacional, denominada Pepco, que está enfocada en la venta de ropa y de textil a precios económicos. 

Incremento progresivo de las multas

Otra de las características de las últimas sanciones publicadas por la AICA es que las sumas impuestas han ido aumentando, aunque sea poco a poco. Precisamente, lo bajos que son los castigos es una de las críticas del sector agricultor y ganadero, porque entiende que no son suficientemente altas para ser disuasorias.

Por ejemplo, en la primera mitad de este año, superan, en conjunto, los 1,3 millones de euros. Como comparación, en el primer ejercicio completo, 2023, la totalidad de multas rebasó por poco los 500.000 euros. 

Además, en estos tres meses se ha incrementado el número de castigos por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”. En total, figuran ocho de las 28 infracciones por este motivo acumuladas en más de tres años. Si se mira la imagen global, la mayoría de las sanciones se deben a incumplir los plazos de pago (más de 260) y, después, a no formalizar por escrito los contratos, cerca de 80.

Esta última es una de las principales quejas del sector respecto a la aplicación de la Ley de la Cadena. “No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen 'no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto' o se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”, explicaba hace unos días elDiario.es el nuevo secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

A pesar de ello, su valoración de esta ley es positiva. “Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias”. De momento, el Gobierno intentó reforzar la capacidad de la AICA, para convertirla en un organismo similar a la Agencia Tributaria, pero la votación no salió adelante en el Congreso por el rechazo del Partido Popular y de Vox y, desde entonces, no ha vuelto a plantearse ese refuerzo.

La huelga del comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña, que ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO cumple su tercera jornada con supermercados cerrados y con manifestaciones en varias localidades para dar visibilidad al conflicto. En varias tiendas había concentraciones a la hora en la que estaba prevista la apertura, como ha ocurrido con el Gadis de Concheiros o el Froiz de Praza do Toural de Santiago de Compostela. Las protestas llegan por lo que los sindicatos califican de “total paralización” de la negociación por parte de una patronal que lideran, precisamente, Gadis y Froiz.

Con la distribución y las tiendas llamadas a la huelga, esta arrancó en la jornada del domingo, pero los clientes la notaron más el lunes cuando algunas tiendas y almacenes se quedaron en mínimos, según la CIG-Servizos. El día anterior, la protesta se notó en tiendas que tenían programado abrir, com el Gadis de Melide, que tuvo que cerrar por falta de personal. La huelga se va a prolongar hasta el 24, miércoles.

La CIG considera que el seguimiento, que asegura que en las primeras dos jornadas fue incluso más elevado de lo esperado, pone de manifiesto el rechazo “unánime” de los trabajadores a la actitud de Gadis y Froiz en la negociación, recoge Europa Press. Las propuestas de la patronal, agrega la organización, son “de miseria” y “no garantizan el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, no mejoran las condiciones laborales ni permiten avanzar en los derechos sociales”. Todo ello “pese a que en los últimos años las empresas están batiendo récords de facturación y obteniendo beneficios millonarios”.

En el mismo sentido, el secretario general de la Federación de Servizos de CCOO, Iván Cordeiro, se pregunta, en una carta remitida a los medios de comunicación, por qué cuando la economía progresa “parece más difícil negociar mejoras para las personas trabajadoras”. Recuerda que, durante años, se apeló a la crisis económica, a la pandemia o a la incertidumbre para justificar que no se mejorasen los salarios o las condiciones laborales, pero razona que, si las plantillas asumieron “sacrificios” en esos momentos para preservar el empleo, los argumentos no pueden seguir siendo los mismos cuando los resultados son buenos y deben “compartir los beneficios”.

Los sindicatos han denunciado estos días prácticas de esquirolaje como pedir a los trabajadores hacer horas extra ante la huelga o trasladar personal de otras provincias.

Por su parte, la patronal -la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña- carga contra los sindicatos por haber rechazado acudir a un procedimiento de mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais. Hubo ya ocho reuniones, señala, y llama a seguir con las conversaciones. Ofrece incrementos salariales acumulados cercanos al 10% en cuatro años, dice y sostiene que las empresas afectadas por este convenio pagan salarios superiores a “la mayoría” de sus competidores. La asociación subraya que las afectadas por esta negociación son “numerosas empresas gallegas del sector”, entre ellas pequeños comerciantes locales y las tres principales gallegas de distribución alimentaria: Gadisa, Froiz y Cuevas.

Mercadona abre su primera Tienda 9 en Gran Canaria, concretamente en Telde, calle Labrador, s/n (Polígono Industrial de Salinetas). Este nuevo supermercado ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes. La reforma, en cuya construcción han participado 40 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 52 personas, está la reorganización integral del espacio. Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos, según ha explicado la compañía, que considera que de esta forma da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo. 

Obrador Central: centralización de procesos y eficiencia

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda, ha detallado la compañía. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.  

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la Tienda 9 incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

Horarios y aparcamientos

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los clientes, añade Mercadona, la tienda incluye una zona de descanso para los clientes. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 233 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 6 de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es. 

El Gremio de Restauración ha denunciado ante el Ayuntamiento por intrusismo e incumplimiento normativo a 30 supermercados de Barcelona que permiten comer en sus instalaciones. Se trata de establecimientos, todos de la cadena de Mercadona, conocidos como 'mercaurantes' y en los que se pueden consumir platos precocinados en las mismas tiendas en los que se han comprado y que cuentan con microondas, mesas y sillas.

“Eso contraviene la ordenanza municipal de comercio alimentario que prohíbe expresamente que la zona entre las puertas de acceso y las cajas de cobro se use para ningún tipo de actividad comercial o de servicios”, ha afirmado el director del Gremio, Roger Pallarols, quien se ha referido a estos locales como “restaurantes low cost”.

Desde el Gremio aseguran que la denuncia “activa los mecanismos legales” para que estos establecimientos “desaparezcan” de Barcelona. “Las normas se deben de cumplir y los límites se han de respetar”, apuntan.

Pallarols ha asegurado, igualmente, que hay diversas voces del sector de la restauración que han criticado la aparición de estos locales y han afeado a la administración que tenga “buenas palabras para la restauración de proximidad, mientras se permite que tenga que competir con los gigantes de la distribución”.

De momento, los 30 establecimientos denunciados son de Mercadona. Pero el Gremio ya trabaja para ampliar la denuncia a otras cadenas.

50 denuncias contra panaderías

El Gremio de Restauración ya empezó la guerra contra los establecimientos que permiten consumir productos en su interior en 2024, cuando visitó medio centenar de panaderías que permitían consuir sus productos en el interior. A raíz de las quejas presentadas frente al Ayuntamiento, el consistorio ha acabado detectando 57 infracciones en 22 panaderías con degustación, todas en el distrito del Eixample, aunque Pallarols insiste en que son extrapolables a las 657 que han detectado en el conjunto de la ciudad.

Las infracciones detectadas se basan en un incumplimiento de la superficie máxima que se puede destinar a la degustación (20m2), la venta de bebidas alcohólicas o de productos de otras especialidades. “No hay ningún casi en que el cuerpo inspector visitara una de estas panaderías y lo encontrara todo en regla”, asegura el Gremio en un comunicado.

Con todo, el Gremio lamenta que, aunque estas 22 panaderías han sido expedientadas, ninguna haya sido sancionada. “El consistorio se ha limitado a requerir a los titulares de estas actividades para que enmienden las deficiencias advertidas”, ha lamentado Pallarols, que ha añadido que la misma infracción, en el caso de la restauración “comporta una multa de 1.000 euros”. Además, ha apuntado que desde el Gremio han visitado de nuevo los establecimientos y los arreglos no se habían realizado.

Por eso, han vuelto a interponer 50 denuncias contra panaderías con degustación que, aseguran, incumplen la normativa.

“Soy almeriense y soy agricultor”. Así se define Andrés Góngora (49 años). “Mis raíces, desde muy niño, están vinculadas al sector agrario, porque soy la tercera generación de productores de hortalizas”. Actualmente, Góngora se dedica a la producción ecológica, sobre todo, de tomates y, desde finales de mayo, es secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tomando el testigo de Miguel Padilla.

“Llevo participando en COAG desde que tengo uso de razón, porque mis padres ya pertenecían a la organización y yo recuerdo ir a asambleas siendo niño”, explica. Ha pasado por todos los escalones de la organización agraria, desde el nivel comarcal, hasta llegar a la Ejecutiva en 2021, y admite haber llegado al cargo “empujado” por sus compañeros. Asume que viajará más y estará menos tiempo con su familia y en su trabajo en Almería, en un momento donde el campo está pendiente de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, que apunta a un recorte presupuestario. Además, la situación bélica y la inestabilidad amenazan con nuevas subidas de precios. De ahí que reclame más transparencia a la gran distribución. 

¿Cuáles son sus objetivos como nuevo secretario general de COAG?

Uno de los objetivos es seguir fortaleciendo esta organización, que acaba de cumplir 50 años. COAG tiene una trayectoria, un legado, tenemos unos niveles de interlocución muy altos. Somos una federación de organizaciones con representación en todas las comunidades autónomas. No ha sido fácil. Tenemos que mantener esa capacidad de tomar partido. Hay otro aspecto que, como sector, tenemos que trabajar más, que es el reconocimiento social hacia nuestra agricultura y ganadería. Creo que como país, como Estado, la sociedad tiene que sentirse orgullosa. Hay avances porque el sector primario se ha desprendido del estereotipo de ser básico o anticuado, pero hay que seguir trabajando. 

También es fundamental la interlocución a todos los niveles, tanto con el Ministerio de Agricultura como con Sanidad, Transición Ecológica, con Empleo, porque somos un sector que genera muchos puestos de trabajo; o con Educación. Por ejemplo, en esta anterior etapa, hemos sacado adelante un proyecto para que en Primaria y en Secundaria se tenga un mejor concepto de la agricultura y la ganadería. 

El sector primario no suele estar en los primeros temas de la agenda política y mediática, salvo cuando hay protestas. ¿Qué tiene o debe hacer el sector para tener más presencia y más relevancia? 

Tenemos que salir de esa línea de “el sector es importante porque sale a protestar”. Debemos dar más información, que no esté vinculada a una situación de crisis, de protestas, porque a veces se nos vincula demasiado a problemas. Tenemos que explicar más, en un tono sosegado, quiénes somos, cómo gestionamos el territorio, cómo cuidamos del medio ambiente, cómo producimos alimentos. Podemos tener, no sé si más capacidad para influir en las políticas, pero sí más capacidad para influir en el día a día del ciudadano. Necesitamos que cuando una persona vaya a la compra visualice, con transparencia, que los agricultores somos el primer eslabón de lo que está comprando. No sé si eso va a llevar a cambios en la política, más en un escenario político como el actual, tan complejo. 

Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta

En este clima de confrontación, sobre todo por parte de las derechas, se viene diciendo “al campo le representamos nosotros”. ¿Cómo lo veis? Como organización agraria y como agricultor.

En esta organización tenemos sensibilidades políticas de todo tipo y jamás pedimos el carnet de afiliación política. Es algo que yo llevo muy interiorizado y que, a lo mejor, no se acaba de entender mucho desde fuera. Las organizaciones agrarias somos absolutamente independientes. 

Valoraremos las decisiones políticas en base a lo que necesita el sector agrario, independientemente de dónde vengan. Y estamos dispuestos a sentarnos, a tener esa interlocución independientemente de quién esté al frente de un Ministerio o de una Consejería. Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta. No lo podemos evitar, pero no nos gusta. Los políticos tienen que desarrollar sus apoyos al sector agrario desde sus puestos de responsabilidad, no desde los medios de comunicación. Está muy bien que hablen de nosotros, pero lo importante es que se materialice en decisiones. Hacen falta menos mensajes y más hechos.

El cambio climático es una realidad, pero hay formaciones políticas que lo ponen en duda. En los últimos años, hemos vivido temperaturas extremas, incendios, lluvias torrenciales. ¿Se deben tomar medidas para que el campo sea más resiliente?

Desde luego que COAG no va a negar el cambio climático porque los agricultores y ganaderos lo vivimos en primera persona, somos los primeros en soportar las consecuencias. Quizá haya parte de la sociedad que no lo perciba. Hay que tomar decisiones políticas que tengan un carácter permanente, no coyuntural. A nosotros nos preocupa que en este tipo de asuntos se tomen decisiones cortoplacistas. Hay que tener una visión más a largo plazo.

Necesitamos medidas de apoyo para modernizarnos. Una explotación que incorpore tecnología puede soportar mejor condiciones adversas. Eso requiere planes de inversión para el sector, porque son tecnologías caras que no son accesibles para muchas explotaciones, sobre todo las pequeñas, que son la mayoría. Otro tema que requiere una visión a largo plazo es el agua. Este país tiene un problema de infraestructura de agua. Lo que reivindicamos es un plan hidrológico pactado con los sectores económicos, con el sector agrario, que tenga sensibilidad con las diferentes necesidades, porque evidentemente no se necesita lo mismo en Galicia que en Andalucía. Se necesitaría un pacto de Estado, aunque eso, ahora mismo... eso es un brindis al Sol. 

¿Cómo está afectando al campo la guerra en Oriente Medio? ¿Qué pasa con los fertilizantes?

Ha tenido un impacto muy fuerte. Demuestra que la rentabilidad de las explotaciones, su competitividad, está muy ligada a los insumos agrarios. Están los fertilizantes, pero también el precio del gasóleo, la alimentación animal, los plásticos agrícolas, por ejemplo. Si echamos la vista atrás, en los cinco o seis últimos años hemos ido encadenando crisis. Ahora tenemos una situación grave, sobre todo para determinados sectores, como pueden ser los cereales que tienen una dependencia muy alta de determinados fertilizantes y del gasóleo agrícola.

¿Hay alternativas o soluciones? 

Vemos con buenos ojos el paquete de ayudas, que es imprescindible, pero se queda corto. Debemos tener una visión más a medio y largo plazo. Eso lleva al concepto de soberanía alimentaria, hay que retomarlo, en cuanto a los medios de producción y en cuanto a los insumos agrarios. No se puede seguir teniendo la dependencia que tenemos, como país y como Unión Europea, a importar materias primas imprescindibles para la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en la agricultura ecológica hay un montón de gente haciendo cosas para ahorrar insumos, para usar otro tipo de fertilizantes. Hablo de economía circular, de aprovechamiento, hay mucho por hacer y por descubrir. España tiene una ganadería muy potente, que genera recursos que, bien utilizados, son fertilizantes orgánicos. No confronto la agricultura convencional con la agricultura ecológica, tienen que trabajar de la mano, pero necesitamos que la Administración financie más proyectos de investigación, por ejemplo, de recuperación de suelo, de suelos fértiles, vivos, nivelar los aportes de materia orgánica. Hay un montón de trabajo por hacer, pero se necesita más apoyo.

¿Desde el punto de vista del consumidor deberíamos acostumbrarnos a pagar más por lo que compramos? 

No tienen por qué ser productos más caros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad

Pero lo ecológico, ahora mismo, en el punto de venta es más caro.

Deberías preguntar a los que venden ecológico, porque te puedo asegurar que la diferencia en origen, entre ecológico y convencional, es mínima. A veces hablamos de unos pocos céntimos. Te pongo un ejemplo personal. Ahora mismo la sandía ecológica está rondando los 60 o 65 céntimos por kilo; la sandía convencional está en 55 o 56 céntimos. Seguramente esa diferencia, cuando llega al consumidor pasa de céntimos a euros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad. España está a la cola en consumo de productos ecológicos y es porque los canales de distribución no están haciendo bien su trabajo.

No es tan fácil encontrar una sandía ecológica en un supermercado convencional.

Es que no la encuentras. España es el país más exportador en frutas y hortalizas con mucha diferencia y, en producción ecológica, exportamos casi todo. Mi cooperativa: el 100% de lo que producimos va a Suiza. Entre Suiza y Alemania se están repartiendo casi todos los tomates ecológicos que producimos en España. Ahí nos queda un camino por recorrer como consumidores. 

En esa relación con la distribución, la patronal de Mercadona, Dia y Lidl negaba hace unos días que los supermercados “se forren” con las subidas de precios. ¿Estáis de acuerdo?

Desde el otro lado, tenemos muchas ganas de que demuestren que no se están forrando. Igual que se desgranan los costes de producción que tenemos los agricultores, sería deseable que todo ese proceso de transparencia, que nos pide el Ministerio, llegue también a la distribución, para que de verdad puedan demostrar cómo se forman los precios desde el origen o desde que le pagan a una cooperativa o a un agricultor, hasta que al final lo ponen en un supermercado. Que lo expliquen, que sean transparentes. Y nos llevaríamos seguramente bastantes sorpresas, en cómo se imputan determinados costes a un producto o a una mercancía. El Ministerio debería emplearse más en un Observatorio de costes de la cadena [alimentaria] que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, precisamente, para dar transparencia a los precios.

COAG publica el Índice de Precios en Origen y Destino, el IPOD, que iniciamos porque se escuchaba un ruido: “Los precios suben, los agricultores están contentos” y los socios de COAG nos decían: “Esto es indignante, me están pagando el brócoli a 30 céntimos y lo venden a dos euros”. Si consiguen demostrar cómo forman los precios, pues bienvenido sea. Nosotros hemos demostrado que hay unos intermediarios, sea un establecimiento, una cadena de supermercados, que encarecen los precios de forma que no está justificada. Porque si hablamos de un producto que hay que transformar, vale; pero si hablamos de una sandía, no hay nada que transformar.

La distribución menciona los costes intermedios, por ejemplo, del transporte. 

La mayoría de gente no lo sabe, pero cuando los productos salen de una cooperativa, ya están listos. La tarrina de tomates cherry, por ejemplo; el brócoli, ya sale con su plástico, con la etiqueta de los gramos. En origen ya ponemos la etiqueta de la marca de la distribución. Sale tal cual se vende. Incluso a veces el transporte corre a nuestro cargo. Te dicen que lo tienes que llevar a determinado centro logístico. Es decir, al supermercado o a la distribución se le da todo el trabajo absolutamente hecho.

Con las promociones, las campañas de la segunda unidad al 70% de descuento o un '3 unidades al precio de 2', eso se nos exigen también a los proveedores. Es decir, dicen: “Mandas tres camiones y te voy a pagar dos”. No somos contrarios a las promociones, porque a veces son necesarias para estimular el consumo, pero sí decimos que tienen que estar pactadas con el sector.

Habláis de falta de transparencia y ahí la Ley de la Cadena es una herramienta, pero habéis criticado en muchas ocasiones que se ha quedado corta, en capacidad de inspección o de sanciones.

Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Por lo tanto, la ley de la cadena la vamos a defender porque es imprescindible. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias. Creemos que la relación contractual es imprescindible. No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen “no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto” o “se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”. 

¿Y cómo hay que mejorar la Ley?

Hay que avanzar. También, en un marco europeo. No podemos olvidar que gran parte de nuestro producto se exporta; y buena parte de la relación comercial que tenemos es con cadenas que no son cadenas españolas. Y ahí hay fórmulas para hacer trampas. Hablamos de empresas que tienen su sede en Francia o en Alemania y que pueden eludir la Ley de la cadena. Por eso nosotros abogábamos por un reglamento europeo. Salió una Directiva, pero su aplicación en los diferentes Estados miembros deja bastante que desear y seguimos reclamando un reglamento europeo contra las prácticas abusivas.

La PAC cumple 40 años. ¿Qué creéis que ha aportado esta política común y cómo habría que mejorarla?

La PAC ha transformado la agricultura española, no reconocerlo es no ver la realidad, la ha transformado para mejor. Nuestra capacidad para exportar, para vender a otros países de la Unión Europea es fundamental. No son solo ayudas directas. Ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión. 

Para nosotros es fundamental que las ayudas de la PAC estén vinculadas a la producción. Ahora también se habla de que se quieren desvincular las ayudas de las hectáreas. Para nosotros lo más importante es que el presupuesto de la PAC se mantenga. España no puede permitir que se reduzca el presupuesto de la PAC, porque es imprescindible. 

La PAC no puede perder recursos, tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y ayudar a combatir procesos como la desertificación

Pero también se habla de reducirlo a nivel europeo y compensarlo con parches nacionales.

Rechazamos los parches nacionales porque generan una distorsión, por cómo va a interpretar cada Estado miembro su apoyo, a qué agricultura o a qué ganadería. Por lo tanto, nosotros abogamos por el mantenimiento de una PAC construida desde una concepción europea. Lo decimos claro: la PAC no puede perder recursos y tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y tiene que ayudar a combatir procesos como la desertificación y fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Una de las leyes que quedan pendientes es la de la agricultura familiar. ¿Os preocupa el relevo generacional? ¿Y cómo se puede aumentar la presencia de mujeres en la agricultura y en la ganadería?

El otro día vi un dato, que es de Almería, pero es significativo: en el proceso de incorporación de jóvenes se ha equiparado la proporción de hombres y de mujeres. Es un dato muy concreto, pero es positivo. Hay jóvenes que quieren formar parte de este sector porque ven que es más moderno, que no tiene una percepción peyorativa, pero necesita cambios. Se vincula demasiado el hecho de incorporarse al sector a una ayuda inicial. Eso no es suficiente. Cualquier persona que quiera entrar en este sector necesita estabilidad, certidumbre. Esa es la clave. Todos queremos pensar a largo plazo, que te puedes dedicar a esto, a vivir de ello, a poder estar con tu pareja, a vivir de forma estable, con una renta adecuada. Como hablábamos antes, se necesita una política de Estado. 

También tiene que llevar aparejado un plan para que nuestros pueblos sean sitios en los que apetezca vivir. Se puede tener esa concepción idílica de vivir en el medio rural, pero luego la realidad también es muy dura, que el pueblo está muy bien para ir un domingo por la mañana, pero un martes por la tarde es bastante duro. Quien entra en este sector quiere un proyecto de vida, una red de apoyo a esos jóvenes, en esos ámbitos, que en el pueblo haya médicos, colegios, servicios adecuados. Se tiene que trabajar mucho en eso.

La Despensa Supermercados ha renovado su convenio anual de colaboración con el Banco de Alimentos de Ciudad Real y ha realizado una donación extraordinaria de 1.000 litros de aceite para contribuir a paliar la creciente necesidad de productos básicos entre las familias atendidas por esta entidad social.

La entrega se llevó a cabo en la mañana del martes 9 de junio en la sede del Banco de Alimentos de Ciudad Real, en un acto institucional en el que participaron el presidente de la entidad, Juan José Serrano, y, en representación de La Despensa Supermercados, David García Lázaro, director de Calidad, y Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.

Con esta acción, la compañía reafirma su compromiso con la responsabilidad social corporativa, una línea estratégica que desarrolla a través de iniciativas como La Despensa Solidaria y La Despensa Saludable, orientadas a promover el bienestar social y apoyar a los colectivos más vulnerables.

Durante el encuentro, Luis Aznal destacó la importancia de mantener una colaboración estable con las organizaciones sociales del entorno: «Queremos seguir fortaleciendo los lazos de colaboración con entidades que trabajan cada día para ayudar a quienes más lo necesitan. Formar parte de este esfuerzo colectivo es una responsabilidad que asumimos con convicción y compromiso».

La donación responde a la necesidad urgente de alimentos esenciales, especialmente aceite, uno de los productos más demandados por las familias beneficiarias del Banco de Alimentos. Desde el comité de Responsabilidad Social Corporativa de La Despensa Supermercados subrayan que «apoyar a las entidades sociales no es solo una opción, sino un compromiso firme y sostenido para contribuir a una sociedad más justa, solidaria y sostenible».

Gracias a este convenio de colaboración, ambas organizaciones mantienen una relación estable que permite la realización periódica de entregas de productos alimentarios destinados a las personas en situación de vulnerabilidad.

Con iniciativas como esta, La Despensa Supermercados consolida su papel como empresa comprometida con el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde desarrolla su actividad.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado una sanción de 30.000 euros a la cadena de supermercados Mercadona por la “incorrecta” denominación y etiquetado de un tipo de pan especial, comercializado bajo su marca propia. El Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy no ha señalado de qué empresa de distribución de trata, pero la organización de consumidores Facua ha indicado que responde a una denuncia que presentó “por información engañosa en sus tortillas de avena 51% y la obliga a responsabilizarse de sus productos de marca blanca”. Y la cadena presidida por Juan Roig ha confirmado a elDiario.es que no comparte la resolución y está valorando recurrirla.

El Ministerio de Consumo ha explicado este viernes que consolida así el criterio de responsabilizar a la empresa distribuidora de la información que se facilite en los productos comercializados bajo su marca blanca, aun cuando no intervenga en el proceso de fabricación o envasado del producto.

Con esta sanción, indica, se concluye el expediente que puso en marcha la Dirección General de Consumo y que tuvo su origen en una denuncia de la asociación Facua-Consumidores en Acción presentada en 2024 ante el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Según ha precisado el Ministerio en un comunicado, la cadena de supermercados ha sido multada con 10.000 euros por la incorrecta denominación de un pan especial, en relación con el porcentaje de harina integral que incluía; con otros 10.000 euros por no incluir los datos de contacto de la empresa en cuyo nombre se comercializa el producto, y con 10.000 euros más por llevar a engaño al consumidor sobre su cantidad real de cereal integral.

Además, la resolución del expediente incluye una sanción accesoria que exige al infractor la rectificación de los incumplimientos identificados en la resolución que pone fin al procedimiento.

A partir de este punto, la empresa sancionada puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de dos meses desde la recepción de la resolución.

Mercadona estudia el recurso

La cadena de supermercados valenciana deja abierta la puerta a recurrir esta multa. “No compartimos la resolución y estamos valorando recurrirla”, explican fuentes de la compañía.

“El producto contiene la información obligatoria para el consumidor, tanto sobre su composición e ingredientes como sobre el responsable del producto que consta debidamente identificado, conforme a la normativa aplicable”, añaden. “Nuestros Proveedores, trabajan para que todos los productos ofrezcan a los clientes una información clara, completa y veraz”.

Panes especiales

En relación al producto por el que se ha sancionado a esta cadena de supermercados, Consumo recuerda que los panes especiales con forma de tortilla deben llevar la denominación “tortilla de (seguido por el nombre del cereal o cereales)”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.9 del Real Decreto 308/2019, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan.

Por esta razón, y a diferencia del pan común, el Ministerio subraya que la denominación de una tortilla no se puede incluir referenciada exclusivamente a uno de los tipos de cereal que contenga el producto, independientemente de que los cereales utilizados sean integrales o refinados, debiéndose aludir a todos lo cereales incluidos en la elaboración del producto si son más de uno.

En el caso concreto del producto sancionado, en su denominación se aludía exclusivamente a un tipo de harina integral utilizada para su elaboración, indicando el porcentaje que suponía esta harina sobre el total de harinas procedentes del cereal utilizado.

Consumo explica que esta práctica, aunque es correcta en relación con el pan común, no es válida en relación con los panes especiales. “La base de esta diferenciación normativa radica en que un consumidor no puede inferir el resto de ingredientes presentes en el producto en ausencia de alusión a los mismos, como sí ocurriría en el pan común, por cuanto para la elaboración de los panes especiales se permite la inclusión de diferentes materias primas (harinas tratadas, leche, huevos, frutas, etc.), que no se permiten para el pan común”, explica.

Por otro lado, Consumo recuerda también que en el etiquetado de los productos alimentarios se debe incluir el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria responsable de la información alimentaria del producto.

En consecuencia, la empresa responsable es aquella “con cuyo nombre o razón social se comercialice el alimento”. Por ello, en el caso de productos comercializados bajo la marca del distribuidor (marca blanca), la empresa responsable de la información del producto es la dueña de la marca bajo la que se comercializa el producto y no el fabricante, que no interviene en la comercialización, sostiene Consumo.

Otras de las infracciones de esta cadena de supermercados que ha sido sancionada se fundamenta en que el etiquetado del producto solo incluía los datos de contacto de la empresa fabricante del producto, pero no de la empresa en cuyo nombre se comercializaba, esto es, el propio distribuidor.

Para Consumo, la presentación del producto que ha motivado la sanción supone “un acto de engaño” al consumidor medio ya que, a través de las imágenes incluidas en el envase, éste puede interpretar que el cereal integral representado en el envase ha sido el único cereal utilizado para la producción de la harina que contiene este tipo de pan, cuando en realidad para su elaboración también se han utilizado otro tipo de harinas refinadas.

El grupo Uvesco, propietario de los supermercados BM y Super Amara, abrirá 100 nuevas tiendas en los próximos cuatro años, crecerá del orden de un 7% anual, contratará alrededor de 1.000 personas y realizará inversiones de 200 millones de euros dentro del plan estratégico planteado por la empresa hasta 2029, el primero tras la compra de la compañía al fondo PAI Partners por parte de accionariado vasco capitaneado por el CEO de la entidad, Ángel Jareño. La compra se culminó el pasado mes de febrero después de que se firmara el contrato de compra al fondo PAI Partners el pasado 23 de diciembre, por 700 millones de euros. Junto a Jareño han participado en la compra las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

Jareño, que ha comparecido junto a la presidenta no ejecutiva, María José Aduriz, para dar cuenta de los resultados de la empresa, ha resaltado que se inicia “un nuevo camino con estabilidad en el accionado y con una clara visión estratégica a largo plazo”. “Han entrado diferentes inversores liderados por nosotros y han entrado para ayudarnos en un proyecto que no tiene fecha de caducidad. Es un proyecto a largo plazo. Nuestros inversores no han entrado aquí para entrar y salir y empujar la empresa a obtener unos resultados en el corto plazo espectaculares, no es ese su objetivo”, ha señalado el CEO de la compañía, marcando diferencias entre la estabilidad que da el accionariado actual frente al control por parte de un fondo. “Avanzamos en esta nueva etapa con confianza”, ha señalado, porque “la nueva situación nos permite reforzar un modelo que ha demostrado su fortaleza”, ha insistido.

Jareño ha explicado que el 50% de las nuevas tiendas que se abran durante la vigencia de este plan estratégico serán propias -el resto franquiciadas- y la mitad de ellas estarán en el centro de la península y el resto en la zona norte. 19 de esas tiendas propias se abrirán este mismo año, seis en Madrid -zona en la que siguen en expansión-, dos en Cantabria, una en Navarra y otra en Bizkaia.

En cuanto a los resultados del año pasado -todavía sin formalizarse la venta- se ha cerrado el año con unas ventas de 1.270 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. Ha abierto 13 nuevas tiendas, ocho tiendas propias y cinco franquicias, y la reapertura de una tienda reformada. En concreto, abrió una en Navarra (Mutilva), dos nuevas tiendas y una reapertura en Bizkaia (Lemoa, Mungia y Santurtzi) y cinco en la Comunidad de Madrid (Las Rozas, dos en el centro de Madrid, Torrejón de Ardoz y Valdemorillo). A ello se suman cinco franquicias en localidades de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Cantabria. Con estas aperturas ha creado 209 nuevos puestos de trabajo y ha realizado 40,6 millones de inversiones durante el pasado ejercicio, según sus propios datos.

Uvesco quiere mantener su apuesta por el producto fresco, que supone el 43% de sus ventas, para lo que han realizado compras por valor de 263 millones de euros y una red de alianzas con más de 490 proveedores locales, aseguran. La compañía cuenta actualmente con 347 supermercados y una plantilla de 7.500 personas.

Mercadona ha detallado sus datos en Castilla-La Mancha, destacando su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, y que persigue que “todos los eslabones de la cadena salgan ganando”.

En el caso de esta comunidad autónoma, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 580 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 2.770 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus ‘jefes’ (como internamente denomina a los clientes), figuran las 45.000 toneladas de sandías adquiridas a agricultores de la comunidad, lo que supone un incremento del 47 por ciento respecto a la campaña anterior; las 35.000 toneladas de melones, las 25.000 toneladas de cebollas, las 13.000 toneladas de champiñones y las 4.000 toneladas de calabazas, cifras todas ellas que reflejan además su “apuesta decidida” por el sector agroalimentario castellanomanchego.

Destaca asimismo que la su inversión también ha sido una constante en 2025, ya que alcanzó los 19 millones de euros, que han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección 'Listo para Comer'.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto dos supermercados (que han supuesto el cierre de otros cuatro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 72 supermercados, 61 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y 57 tenían la sección 'Listo para Comer'.

En términos de empleo, dispone de una plantilla compuesta por más de 3.850 personas. Y remarca que ha sido “pionera” en la adopción de iniciativas para “consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad”. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos.

Destaca asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 726 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 46 entidades sociales con las que colabora diariamente en Castilla La Mancha, lo que equivale a más de 12.090 carros de la compra.

En barrios como el Eixample, el Born o la Barceloneta, donde el turismo ha conquistado las calles de Barcelona, las plantas bajas de los edificios se han convertido en una concatenación de comercios dedicados al visitante: en los últimos años han proliferado cafeterías y bares con los menús en inglés, consignas de equipajes, lavanderías o, los que más preocupan a la administración: las tiendas de souvenirs y los supermercados 24h.

El Ayuntamiento lleva años intentando regular estos negocios mediante normativas urbanas y planes de uso para evitar una situación que califican de “insostenible”. En algunas manzanas se pueden llegar a concentrar hasta cuatro de estas tiendas. En Barcelona hay unos 1.300 comercios que, por ley, pueden operar las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa cifra supone el 16% del total de tiendas de venta de alimentos en la ciudad.

El consistorio considera que estos negocios han “saturado” diversos barrios y, por eso, ha anunciado que prohíbe abrir nuevos comercios de este tipo durante un año. Ahora bien, poner coto a estos supermercados no es tan fácil como podría parecer porque para abrir las 24h no hace falta pedir una licencia específica, sino simplemente tener un local con menos de 300 m² y comunicarlo debidamente al consistorio.

Hasta 2022, la Generalitat sólo permitía operar ininterrumpidamente a los conocidos técnicamente como ‘autoservicios’ (locales de menos de 150 m²), pero el Tribunal Constitucional dictó que Catalunya se debía equiparar a la normativa española, que amplía el límite hasta los ‘superservicios’ (locales de hasta 300 m²).

Esto significa que cualquier tienda dedicada a la venta de alimentos que cumpla con este tope de superficie y que sea regentada por una pequeña empresa puede abrir las 24h. Aunque no significa que lo haga. De hecho, todas las pescaderías, carnicerías, verdulerías, colmados y tiendas de barrio en general cumplen esas medidas (cualquier local que sea mayor es considerado ya ‘supermercado’) y, por tanto podrían abrir las horas que quisieran siempre que cumplieran con la legislación laboral. El siguiente mapa muestra una estimación de los locales comerciales que pueden abrir 24h en la ciudad según el último censo disponible de 2024 del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona. Los datos reflejan los establecimientos dedicados al comercio al por menor, servicio de alimentación y autoservicio, en él no figuran supermercados de grandes superficies.

Pero, según muestran los datos, a los únicos negocios a los que les resulta rentable aprovechar esta ventaja horaria son aquellos dedicados al turismo o al ocio nocturno y que, por tanto, no cuentan con producto fresco ni de una calidad destacable.

Con todo, la moratoria aprobada también afectará a las licencias para la apertura de nuevos comercios locales, aunque no tengan pensado tener un horario ininterrumpido porque, por el momento, la normativa no permite acotar más.

Desde el consistorio apuntan a que esta es una medida temporal, necesaria para “frenar la proliferación de los súpers 24h de los últimos años”. Durante el año en el que esté en vigencia la moratoria, la administración se ha emplazado a elaborar una regulación específica más acotada y que sea efectiva para “proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar el monocultivo”.

La “proliferación” de los supermercados 24h

Aunque cualquier local pequeño pueda abrir las 24 horas del día, este horario se reserva casi en exclusiva a estos pequeños supermercados que se encuentran principalmente en zonas turísticas o de alta afluencia de locales de ocio nocturno. Según datos a los que ha tenido acceso elDiario.es, sólo tres de los 10 distritos de Barcelona concentran la mitad de estos comercios: el Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí.

Estas zonas son también las que concentran más inspecciones por parte del Ayuntamiento, que lleva años poniendo el foco en estos locales. Desde 2023 se han llevado a cabo 14 campañas, en las que se han revisado 230 locales. En total, se han detectado más de 3.500 infracciones.

Casi la mitad de las faltas detectadas tienen que ver con la actividad realizada. En este cajón en el que se engloban muchas infracciones está, por ejemplo, saltarse la normativa que prohíbe vender alcohol a menores o entre las 22h y las 7h. Otras de las más recurrentes están relacionadas con la alteración del paisaje urbano con la instalación de cartelería no autorizada, el no cumplimiento de la normativa antiincendios o la vulneración de los derechos laborales.

En total, las inspecciones se han zanjado con el precinto provisional de 87 locales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por valor de 440.180 euros.

Una moratoria que suma

La regulación impulsada por el Ayuntamiento se suma a normativas particulares aplicadas en los distritos más “problemáticos” de Barcelona: Ciutat Vella y Sant Martí, en los que desde 2024 y 2025 respectivamente ya estaba prohibida la apertura de nuevos locales de este tipo. “Los datos recogidos nos demuestran que este modelo funciona y se debe extender al resto de Barcelona para evitar que se concentren en otras zonas”, ha apuntado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Esta decisión es consecuencia de un debate que viene de largo y que se ha dado entre varios actores. De hecho, la regulación de estos supermercados 24h ya fue una exigencia de los Comuns durante la negociación de las ordenanzas fiscales de este ejercicio. En ERC también se atribuyen parte de esta decisión municipal, pero advierten al consistorio que “un año no soluciona nada”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido este miércoles la apertura de nuevas tiendas alimentarias y supermercados 24 horas. La suspensión de licencias, que durará un año a la espera de elaborar una nueva normativa comercial, persigue evitar la “saturación” de estos establecimientos en diversos barrios de la ciudad, según el consistorio. 

La moratoria de nuevas aperturas afecta a lo que técnicamente se conoce como establecimientos alimentarios de autoservicio –entre 60 y 150 m²–, superservicio –de 150 a 400 m²– y superservicio con venta de producto cárnico –250 a 400 m²–. Se trata en realidad de los pequeños supermercados de alimentos que han proliferado en la ciudad, que suelen abrir hasta la noche y en domingo. 

Actualmente son 1.300 los locales que cumplen con esta tipología. “El nuevo planeamiento permitirá proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y monocultivo en determinadas zonas”, destaca el consistorio. 

En su comunicado, el consistorio insiste en que la implantación “generalizada” de estas tiendas ha conllevado en algunos casos problemas de convivencia con los vecinos, especialmente en zonas turísticas. Por eso ya existen regulaciones restrictivas en algunos distritos concretos de la ciudad, como Ciutat Vella o Sant Martí.

El Gobierno municipal de Jaume Collboni ha puesto el punto de mira en estos locales desde el inicio del mandato. Ha llevado a cabo 14 campañas inspectoras en 230 establecimientos y ha denunciado que acumulan numerosos incumplimientos de normativa: infracciones por salud pública, gestión de residuos o de condiciones laborales. 

En estos macro operativos de inspección participan técnicos municipales de inspección, salud pública, trabajo, o hacienda. También intervienen Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, estos últimos de Extranjería, ya que la mayoría de locales son regentados por migrantes. 

Además de las grandes inspecciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en estos locales 2.880 revisiones ordinarias este mandato, que han derivado en 87 precintos y 253 sanciones.

La Despensa Supermercados, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', ha llevado a cabo una iniciativa destinada a llevar “sonrisas, ilusión y momentos de diversión” a los niños ingresados en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Toledo.

Durante la mañana de este viernes 15 de mayo, y bajo el proyecto 'Clowns para Sanidad', la jornada ha contado con la participación de SaniClown, asociación especializada en intervenciones artísticas en entornos hospitalarios.

Sus profesionales han compartido juegos, humor y actividades con los menores hospitalizados y sus familias, contribuyendo a generar un ambiente más cercano y positivo dentro del hospital.

“Humanizar” la estancia hospitalaria

Desde la compañía, representada en la visita por Luis Aznal, director de comunicación y responsabilidad social corporativa, destacan la importancia de apoyar proyectos que “humanicen la estancia hospitalaria” y ayuden a mejorar el estado anímico tanto de los pacientes como de sus familias y del personal sanitario.

La iniciativa forma parte de las acciones solidarias que La Despensa Supermercados desarrolla a lo largo del año dentro de su programa de responsabilidad social corporativa 'La Despensa Solidaria'.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido este lunes a las personas con alergia al pescado de la presencia del mismo en varios lotes del complemento alimenticio 'NDL Pro-Health Articulations', pese a no estar incluido en su etiquetado.

Según señala la empresa elaboradora en su página web, NDL Pro-Health Articulations es un complemento formulado a partir de nutrientes como el colágeno tipo 2, ácido hialurónico, extracto de cúrcuma longa, el manganeso, el cobre, la vitamina C y Lipinova R , fuente de ácidos grasos Omega-3. Está formulado a partir de nutrientes que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al mantenimiento del tejido conectivo en condiciones normales.

La información, notificada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, detalla que están implicados en la alerta todos los lotes de 'NDL Pro-Health Articulations', de la marca NDL Pro-Health y en envase de 30 cápsulas, que no incluyan el pescado en su etiquetado.

La distribución inicial ha sido a Andalucía, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con alergia al pescado que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, “no comporta ningún riesgo”.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización..

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) apercibe a la Xunta y multa con 200.000 euros a la cadena de distribución Gadisa por el tratamiento de datos de usuarios sin su consentimiento, según informa Facua-Consumidores en Acción, que presentó denuncia por este caso.

En un comunicado, que recoge Europa Press, Facua indica que la Agencia de Protección de Datos ha desestimado el recurso que la empresa presentó contra la resolución que la sancionaba por haber tratado los datos de beneficiarios de un programa de ayudas de la administración sin su consentimiento, algo de lo que había informado elDiario.es.

La asociación denunció en enero de 2025 a esta empresa, propietaria de los supermercados e hipermercados Gadis, Claudio e Ifa Cash, tras conocer que estaba mandando a los hogares de los beneficiarios del programa Carné familiar --con el que pueden obtener beneficios económicos-- cheques regalo con un porcentaje de descuento calculado según las compras efectuadas. “Los datos de estos usuarios los habría obtenido mediante su cesión por parte de la Xunta de Galicia, y todo ello sin haber recabado previamente el consentimiento de los afectados para hacerlo. Además, Gadisa habría incorporado esos mismos datos a sus ficheros sin autorización para ello”, censura Facua.

Ahora, la AEPD ha confirmado que Gadisa cometió una infracción del artículo 26 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obliga a que, cuando exista una corresponsabilidad en el tratamiento de datos personales -como en este caso entre la empresa y la Xunta de Galicia-, deben determinarse “de modo transparente y de mutuo acuerdo” sus responsabilidades respectivas. Acuerdo que, según señala la Agencia, no quedó acreditado en este caso.

Gadisa ha reaccionado asegurando que los beneficiarios del programa Carné familiar que recibieron cheques para utilizar en Gadis participaron “de forma voluntaria en el mismo” y se identificaron “expresamente” en cada compra, tanto en la tienda física como en la online para poder tener acceso a esas recompensas. “En ningún caso existió una utilización de datos ajena a la finalidad del programa, ni una cesión de datos personales”, afirma la empresa, que informa de que ha recurrido ante la Audiencia Nacional la resolución de la AEPD “por tratarse de una discrepancia de interpretación jurídica”.

 La Agencia ya había resuelto otro procedimiento sancionador contra la Xunta de Galicia en el que confirmaba la misma vulneración del Reglamento General de Protección de Datos, aunque en ese casó se zanjó sin multa económica.

Una ley cargada de buenas intenciones, pero insuficiente para que el sector agrícola y ganadero tenga la certeza de que existe un mercado con precios justos para los productores. Desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publica los nombres de las empresas que se han saltado las exigencias que marca la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, más de 400 sanciones, por un importe global que supera los 3,3 millones de euros.

Todas esas multas responden a la conocida, simplemente, como Ley de la Cadena. Con ella se buscó poner fin a las discrepancias entre agricultores, ganaderos, empresas de alimentación y distribuidores, las empresas de 'híper' y supermercados. Para los primeros, el texto ha sido esencial y ha marcado un antes y un después, para que se haga público quién se salta normas.

Sin embargo, el sector primario entiende que la ley ha resultado ser insuficiente, porque no se investigan y castigan todas las malas prácticas y, además, las multas no son disuasorias. Señalan, por ejemplo, que el número de sanciones por pagar a los agricultores y ganaderos menos de lo que les cuesta producir –por debajo de coste– es mínimo. En concreto, solo dos de las más de 400 sanciones se deben a la conocida como 'venta a pérdida', que esta ley denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”. 

“El mercado libre no funciona”, dice a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. “Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías. La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”.

“Hay que reforzar la Ley de la Cadena, para que haya precios justos”, recalca. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal. Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad”, incide Cano.

Hay que recordar que, dentro de los acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y el sector primario para frenar las protestas del campo de hace dos años, se pactó el refuerzo de la AICA, para aumentar su presupuesto y sus capacidades de inspección. Pero tanto PP como Vox votaron en el Congreso de los Diputados en contra de ese refuerzo.

Más de tres años de multas

El análisis de las multas publicadas, hasta el momento, por la AICA señala que, en algo más de tres años, se han comunicado más de 430 sanciones y estas pueden arrastrar años a sus espaldas, porque solo se comunican aquellas que son completamente firmes, por vía judicial o administrativa. Además, hay que tener en cuenta que solo se publica la razón social de la empresa que se ha saltado las normas de la Ley de la Cadena, el motivo de esa sanción –pero sin entrar en ningún tipo de detalle– y el importe. Y, sobre este último, tampoco se concreta si ha habido algún tipo de reincidencia.

En total, las más de 430 multas publicadas en estos tres años y tres meses suman más de 3,32 millones de euros, tal y como se desglosa en el siguiente gráfico.

La gran mayoría –cerca de 250– han sido por incumplir los plazos de pago. Se trata de otra de las quejas más habituales entre el sector primario, que apunta que los intermediarios de esa cadena agroalimentaria no siempre pagan a tiempo. En concreto, los plazos legales marcan que las facturas tienen que abonarse en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de 60 días, en el resto de productos. El segundo motivo que más sanciones ha concentrado es la falta de formalización de los contratos por escrito, con más de 70 expedientes resueltos.

En cuanto a las cuantías, las más altas se han concentrado en el último trimestre publicado, el primero de 2026. Una, por importe de 267.000 euros. Otra, por más de 148.000. La primera, por saltarse los plazos de pago. La segunda, por no formalizar los contratos por escrito. Ambos casos corresponden a Albafruits Cooperativa Valenciana. 

Hay productos donde, específicamente, el sector primario ha solicitado más actuaciones. Por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado en las últimas semanas a la AICA que persiga de oficio los abusos de la industria láctea, porque los actuales precios a la baja “abocan a firmar nuevos contratos que violan la Ley de Cadena”.

“Un puñado de compradores de leche concentra cada vez más poder sobre la rentabilidad y la supervivencia del sector ganadero español”, asegura Charo Arredondo, responsable del sector lácteo de COAG. “Miles de contratos van a cerrarse en las próximas semanas y la industria debe saber que las ganaderas y ganaderos de leche estamos dispuestos a resistir frente a sus abusos”, añade.

Pocas sanciones a la distribución

Además, la mayor parte de las sanciones corresponde a empresas de la industria alimentaria, las intermediarias. En cambio, es escasa la presencia de cadenas de distribución, de supermercados. En este segmento, la más alta ha sido para Dia, con 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. En total, esta cadena ha sido multada en cinco ocasiones. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la más alta por 39.000 euros. 

Precisamente, la patronal que agrupa a cadenas como Mercadona, Lidl, Dia o Aldi, ha presentado un análisis sobre la cadena de valor agroalimentaria, donde niega que haya “márgenes abusivos”. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) indica que ha estudiado “20 eslabones diferentes” de la cadena “en cinco cadenas representativas (aceite de oliva, leche, pollo, limón y patata)” que, asegura, “demuestran de forma concluyente la inexistencia de márgenes abusivos en cualquier eslabón”.

“Los resultados muestran márgenes negativos en cuatro eslabones; nulos, en ocho; y moderados en los ocho restantes, todos plenamente justificados por costes reales, riesgos asumidos e inversiones realizadas. Esta validación empírica contradice frontalmente las percepciones generadas por enfoques simplistas sobre intermediarios especulativos o márgenes excesivos”, indica el informe.

Cita, por ejemplo, el aceite de oliva, “sector frecuentemente criticado por las diferencias de precio observadas”. “La transformación en almazara incluye procesos técnicamente complejos de molturación, extracción, filtrado y almacenamiento que requieren inversiones significativas”. Ahí pone el ejemplo –con datos de 2020 y 2021 actualizados a 2024– de precios en origen de 2,35 euros, mientras en el punto de venta ascienden a 7,5 euros, con un “margen comercial” para la distribución, apunta, del 12%; y para la industria intermediaria, de entre el 6,7% y el 10,7%.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas como Mercadona, Dia, Lidl, Aldi o Coviran, entre otras, niega que las empresas del sector “se forren” con las subidas de precios que se producen, sobre todo, en crisis internacionales, como la actual en Oriente Medio. “Es muy poco rigurosa la apreciación de que los supermercados se forran”, ha asegurado el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, en la presentación de un estudio sobre la formación de precios en la cadena agroalimentaria. “Uno va cada día a comprar para comer y no va cada día a comprar cartuchos para la impresora, eso es menos noticia y los precios también han subido”, ha asegurado.

Duran i Lleida ha mencionado la “demagogia que a veces se utiliza, para no explicar cómo es la formación de precios” y que “hay mensajes intencionados o no, que apuntan malas prácticas”. “Hay que poner de relieve la competencia, que cerca de casa tengamos cinco o seis”, establecimientos de distribución alimentaria, ha señalado.

Ante la guerra en Irán, “queremos dar tranquilidad” y un mensaje de “compromiso, en mayúsculas”. “La cadena ha demostrado su eficacia, cómo en situaciones muy difíciles”, como en la pandemia, “toda la cadena dio una respuesta eficaz”.

“Hay madurez en la cadena, todos debemos ser conscientes de que cualquier demagogia perjudica a todos los integrantes de la cadena, queremos aportar tranquilidad”, ha indicado el presidente de Asedas.

Correlación de precios

En ese mismo acto, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, también ha descartado que los supermercados “se forren”. “Rotundamente, no. Ni los supermercados, ni el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Somos líderes mundiales y eso hace que los españoles tengan la producción muy cerca y garantizada”, ha indicado.

“Tenemos una industria transformadora que es exportadora y la distribución alimentaria es tremendamente eficiente. Tenemos más de 400 empresas que suponen más del 50% del gasto de los españoles en alimentación, a eso se suma que uno de cada tres euros que destinamos a comer se gastan en la restauración”. ha argumentado Medina.

“Cuando se analiza la cadena y se ven tres o cuatro campañas”, seguidas “se ve que hay una correlación entre los precios en origen y en destino”, ha explicado Medina.

Por su parte, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide, al presentar el análisis de la cadena de valor agroalimentaria, ha señalado que “está pasando de nuevo lo mismo, por la subida de precios, la sociedad busca culpables. Son análisis simplistas”.

Como ejemplo del “simplismo analítico”, ha señalado “el aguacate”. “Sale del agricultor a 0,60 euros y se vende a 2,50 euros”. “Es un simplismo decir que ha sido el que vende el que ha subido el producto. Esto es economía, pero también es una labor. Hay una cadena de eficiencia económica y social. Hay eslabones de la cadena que son muy importantes”, ha resumido.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña, en colaboración con Policía Local de la localidad, ha detenido a cinco personas, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y diversos delitos de hurto en las localidades de Seseña y Esquivias en la provincia de Toledo y en la localidad madrileña de Torres de Alameda.

Las investigaciones se iniciaron tras el aumento de delitos contra el patrimonio y hurtos al descuido cometidos entre los meses de febrero y marzo en farmacias y supermercados de estas localidades. Tras el análisis de los datos, los investigadores dieron comienzo a la denominada operación 'Higia 36', comprobando como los hurtos se cometían siguiendo el mismo modus operandi.

Los presuntos autores actuaban de manera organizada, mientras unos distraían la atención de los empleados, otros aprovechaban para hurtar de las estanterías los productos de mayor valor.

El pasado 16 de abril se procedió a la detención de cinco personas afincadas en Seseña, a las que se les atribuye un delito de pertenencia a organización criminal y 10 delitos de hurto al descuido. Todos los detenidos contaban con antecedentes previos por hechos similares. Gracias a la rápida investigación realizada por los agentes responsables los bienes sustraídos solo alcanzaron el valor de 2.000 euros.

El plan Ceres 2.0. centrado en la Sagra

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de la Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos, ha informado la Guardia Civil.

La Operación Ceres 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.

El comité de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados ha acordado incluir por un año más a la ONG 'Socorro de los Pobres', conocida popularmente como la 'ONG de Cipriano', en su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

La compañía castellanomanchega, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', sigue incrementando su compromiso con las personas más vulnerables, siendo conscientes “de las necesidades del entorno y actuando con responsabilidad social y solidaridad”.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG, y en representación de La Despensa Supermercados, de David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.                                                    

Un año más los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en la ciudad de Toledo.

Además, la compañía castellanomanchega, con sede en Toledo, vuelve a incluir en el acuerdo la entrega mensual de un vale de compra para para que la ONG pueda adquirir los alimentos más demandados por las familias.

El compromiso y la entrega de los voluntariados

Reyes Calvo expresó su “profunda gratitud” a La Despensa Supermercados por la renovación del acuerdo y todas las donaciones recibidas que, debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad de recibir estas donaciones.

Por su parte, David García Lázaro destacó la loable labor que lleva a cabo esta ONG y el compromiso y entrega de todos sus voluntarios, algo que nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas.

Cipriano González fue el fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Falleció el 11 de abril de 2024 a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Marti­n, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) en la que están integradas empresas como Mercadona, Lidl o Dia, vuelve a criticar el “absentismo”. Hay que recordar que, en los últimos meses, el aumento de las bajas por enfermedad de trabajadores, ha incrementado el número de estudios y análisis que deslizan una supuesta voluntariedad de los trabajadores a la hora de ausentarse de su puesto.

Este martes, Asedas ha calculado que coste de las bajas laborales por contingencias comunes en la distribución alimentaria alcanzó 1.180 millones de euros en 2025, según recoge Europa Press. Lo recoge en un Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025) presentado por la propia Asedas y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En concreto, de esta cifra, el coste de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas alcanzó los 656 millones de euros (56% del total) y el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones de euros (un 44% del total). Así, el incremento interanual fue de un 13% respecto a 2024 y de un 155% respecto a 2018.

En este contexto, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha calificado de “grave” y “serio” este problema, que en los últimos años en la distribución alimentaria ha alcanzado unas “dimensiones importantes”. “Nos hace pensar que es un grave problema social al que nos enfrentamos. En los últimos años se ha disparado y se ha convertido en un fenómeno anormal”, ha advertido.

García Magarzo ha advertido de que el absentismo, al que ha calificado como “pandemia silenciosa”, es un fenómeno “dañino” para el modelo de negocio de los supermercados. “No somos de los sectores más perjudicados, pero estamos gravemente afectados y como sociedad no nos lo podemos permitir. Trabajamos para que los empleados recuperen su salud cuanto antes y que dispongan de los mejores medios para hacerlo, pero cuando adquiere tintes de anormalidad, hay que atajarlo”, ha subrayado.

En 2025, para la población protegida por las mutuas, las bajas por enfermedades o accidentes no laborales en el sector de la distribución alimentaria sumaron 386.687, un 9% más respecto al 2024 y un alza del 67% respecto a 2018. De estos trabajadores, el 6% concentró el 49% de las bajas.

Estas cifras representan dos puntos porcentuales más que el total de la población general protegida por las mutuas, que, con 6,3 millones de procesos de bajas, experimentó un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 58% respecto a 2018.

Además, el informe revela que las patologías traumatológicas registradas para la población protegida por las mutuas en el entorno no laboral de la distribución alimentaria es un campo con posibilidades de mejora. Así, el análisis apunta a que este tipo de dolencias tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los Servicios Públicos de Salud, mientras que las mismas duraron de media 45 días cuando fueron tratadas por las mutuas.

“Los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes”, ha asegurado el director gerente de Amat, Pedro Pablo Sanz, que ha precisado que se podrían ahorrar 212 millones de euros en la distribución alimentaria y más de 3.500 millones de euros en España.

El análisis señala que entre la escalada de las bajas y su duración destaca el 'laberinto burocrático' existente para su gestión, la falta de médicos en atención primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el incremento de las listas de espera en la Sanidad Pública, entre otras causas.

Respecto a los días en los que se concentran más bajas, el informe revela que los lunes concentran el 22%, seguidos por los viernes (16%), mientras que los fines de semana suman el 10% de las mismas para la población protegida por las mutuas. El tramo de edad de 16 a 35 años fue el que mayor incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las mutuas tuvo en el ejercicio 2025, con 50,66 procesos al mes.

García Magarzo ha mostrado su preocupación por la diferencia de edades entre los que se dan las bajas, donde se ha consolidado entre los más jóvenes. “Las personas más jóvenes tienen más bajas que los de más edad y todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude. El nuestro es un sector joven y nos preocupa que año tras año se dan estas circunstancias, que se ha consolidado”, ha reconocido.

Así, este indicador se ha elevado un 152% en este tramo de edad desde el ejercicio 2018, mientras que para los trabajadores con más de 55 años ha descendido un 32%, situándose en 25,85 procesos al mes.

Los procesos finalizados registran una mayor duración en los mayores de 55 años, alcanzando una media de 97 días (un 0,34% más que en 2024 y un 32% más sobre 2018). Este indicador desciende en relación con la edad; así, los trabajadores entre 36 y 55 años registran una media de 56 días de baja y los más jóvenes de 24 días.

Aboga por incorporar a las mutuas

Por su parte, el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reconocido que las cifras de absentismo en el sector son “preocupantes”. “Estamos ante un gran problema, sea la etiqueta que sea, hay que solucionarlo, porque las cifras no bajan y se agrava la situación. Hablamos de una realidad que existe y que tiene dos partes distintas, el del jeta y el profesional del absentismo y el que tiene otro tipo de solución, por eso necesitamos la colaboración de todos para encontrar una solución”, ha reiterado.

En este contexto, Duran i Lleida ha abogado por “incorporar a las mutuas” y que se activen convenios entre las comunidades autónomas y mutuas para paliar el impacto del absentismo. “Pedimos al Gobierno que profundice para encontrar soluciones, porque es un problema social, ya que el que cumple con sus obligaciones se da cuenta que en su entorno se encuentra con colegas que no acuden a su puesto de trabajo”, ha indicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha avanzado que el “fraude hay que combatirlo”, pero ha señalado que se trata de un “problema complejo que exige una respuesta en el ámbito sanitario, por lo que es imprescindible una mayor implicación de los servicios públicos de salud”.

Así, ha vuelto a reiterar el “compromiso” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para lograr la mayor “colaboración” entre las mutuas y las comunidades autónomas.