Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

El farmacéutico gazatí Mohammed Imad, refugiado en España y afincado en Valencia, vio las imágenes en bucle. “Vi el vídeo del bombardeo del edificio donde vivía mi familia. Cayó entero. Ellos habían estado allí 10 minutos antes y pudieron evacuar. Lo vi un montón de veces y, de repente, me di cuenta de que la pareja que corría con ese monstruo desplomándose a sus espaldas eran mi cuñado y mi hermana, que llevaba en sus brazos a mi sobrina de dos meses”. “No pude dormir en tres días, desesperado. ¿Cómo podemos vivir así la vida? ¿Qué más puede pasar?”, cuenta a elDiario.es

Desde junio, Imad vive en España pendiente de la respuesta a su solicitud de asilo. La depresión por el sufrimiento de su pueblo y la impotencia de no poder sacar a su familia de la Franja lo atenazan. Imad salió de Gaza en febrero de 2024 en dirección a Egipto, donde sufrió las complicadas condiciones que impone el Gobierno a los refugiados palestinos. Un breve paso por Omán le permitió conseguir el visado con el que ha viajado a España, donde le está resultando muy difícil empezar una nueva vida.

Imad tiene una familia numerosa: sus padres, tres hermanas, un hermano adolescente, el pequeño de dos meses y un sobrino de cuatro años que perdió a su padre en uno de los ataques del Ejército israelí. Él pudo salir de Gaza en febrero de 2024, cuando tenía 26 años, ayudado por amistades que le consiguieron los 6.000 euros necesarios; cuando aún se podía.

El resto de la familia se quedó en la Franja con la esperanza de que “poco a poco” pudieran salvarse con la ayuda desde el exterior de Mohammed, que siempre había sido el sustento principal de los suyos. No ha sido posible hasta ahora. Las autoridades israelíes se hicieron con el control del paso fronterizo de Rafah con Egipto en mayo de 2024, cerrando de esa forma la única vía de escape para los gazatíes —solo aquellos que podían pagar ingentes sumas de dinero para conseguir un permiso pudieron cruzar la frontera antes de esa fecha.

¿Cómo podemos vivir así la vida? ¿Qué más puede pasar?

“Nos quedamos sin nada. Bombardearon nuestra casa al principio de este genocidio y allí quedó todo, sin posibilidad de recuperar nada. Nuestra hermosa casa se convirtió en un montón de escombros”, contaba a este periódico justo después de su salida a Egipto, donde vivió casi clandestinamente hasta que partió a Omán en marzo de 2025. En aquel país consiguió un visado de turista a España y el pasado mes de junio llegaba a Madrid, “por fin”. Explica que solicitó asilo en el aeropuerto y sus amigos en España lo estaban aguardando.

“Intento dar esperanza a mi familia”

En el año y cuatro meses que pasó en El Cairo no recibió ninguna ayuda del Gobierno de Abdelfattah Al Sisi, que desde el comienzo de la guerra en Gaza ha rechazado acoger a muchos refugiados gazatíes. Para el régimen militar egipcio es una cuestión de seguridad, pero también una postura política frente al traslado forzoso de la población de la Franja a los países vecinos —tal y como han sugerido más de una vez Israel y EEUU—. “Nosotros en Egipto somos perseguidos como migrantes ilegales, tenemos que permanecer medio escondidos y no tenemos la posibilidad de trabajar”, dice Mohamed.

Solo grupos muy reducidos de palestinos enfermos o heridos han podido cruzar Rafah rumbo a Egipto desde mayo de 2024, con el permiso de Israel para ser evacuados a otros países, como España.

“En Egipto hablaba a todas horas con mi familia, (que se encontraba a unos kilómetros, al otro lado de Rafah), como lo sigo haciendo ahora cuando hay comunicación, intentando darles esperanzas. Buscaba dinero para los gastos corrientes porque cada vez los precios son más altos”, relata. También intentó sacar a sus familiares de la Franja, sin conseguirlo.

Durante su estancia en Egipto, la depresión le quitó el apetito y el sueño. Comenzó a dar clases de árabe online, pero lo tuvo que dejar. “Mi situación psicológica no me dejaba hacer bien el trabajo”, explica. Además, está editando un libro sobre Palestina, con una primera edición en ciernes que en estos momentos está ampliando. De esta manera, y con la ayuda de las recaudaciones de fondos de sus amigos en el exterior, pudo pagar sus gastos corrientes.

Tras pasar por Madrid, Sevilla y Valencia, Imad espera ahora el momento de obtener el permiso de trabajo (los solicitantes de asilo no obtienen autorización para trabajar hasta transcurrir seis meses desde el registro de su solicitud), convalidar sus títulos académicos y encontrar un empleo en España. Pero siempre con la preocupación de ayudar a su familia, que apenas logra sobrevivir gracias a las donaciones que llegan desde distintas partes del mundo, mermadas por las comisiones que les imponen. “Prometí a mi padre que los sacaría de allí, [pero] casi dos años después no puedo hacer nada por ellos; aunque tuviera el dinero para todos no los dejan salir”, lamenta.

La esperanza de la Flotilla

Cuando se enteró de que la Global Sumud Flotilla partiría de Barcelona rumbo a Gaza, Mohammed se acercó a despedirla. Ver el apoyo de la gente y la valentía de las personas que se iban a embarcar era emocionante. Saludó y conversó con Ada Colau, con Greta Thunberg, con el organizador de La Flotilla Saif Abukeshek. Fueron dos días muy especiales para él y pudo dar un discurso desde el escenario en nombre de sus compatriotas.

“Estoy muy cansado, pero muy contento, muy satisfecho por comprobar que la población mundial no abandona a Palestina, no abandona a Gaza”, relató entonces. Por un día, durmió tranquilo.

La alegría duró poco. La semana pasada, la familia de Mohammed tuvo que volver a desplazarse. Su padre publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que la situación era crítica, que no tenían ningún sitio al que ir, tras tres días durmiendo al raso, sin techo que los resguardase de los bombardeos, los drones o los cuadricópteros.

“Ahora ya están en Nuseirat y han conseguido una tienda de campaña y un sitio donde instalarla”, cuenta. Para llegar allí tuvieron que encontrar un transporte en el que trasladar a la familia. Ya son 26 veces las que han tenido que huir de uno u otro emplazamiento, desde que tuvieron que salir literalmente corriendo de casa bajo las bombas en 2023. Trasladarse resulta prohibitivo, además. Cuesta alrededor de 500 euros solo por moverse unos kilómetros, debido a la falta de combustible. Las tiendas de campaña cuestan entre 800 y 1.000 euros.

“Han conseguido llegar a salvo”, celebra Mohammed, que insiste en que no respirará tranquilo hasta que logre reunirse con su familia. Con quien no se podrá volver a encontrar es con su novia, asesinada al inicio del genocidio junto a toda su familia, a la que ni siquiera se pudo enterrar. Sus cuerpos “se descompusieron en mitad de la calle, sin que nadie pudiera acceder a ellos”, censura. Tampoco podrá volver a abrazar a muchos de sus amigos. Sin embargo, el farmacéutico sigue mandándoles mensajes todas las noches. “Me consuela, aunque sé perfectamente que ya no están”.

Grecia ha aprobado una legislación draconiana que podría suponer penas de prisión, multas y la obligación de llevar tobilleras electrónicas para los solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada y no hayan abandonado el país en el plazo de 14 días. La medida refleja los continuos intentos del Gobierno de centroderecha de disuadir a los migrantes de entrar irregularmente en el país.

Las duras sanciones marcan el comienzo de una era sin precedentes de tolerancia cero para las personas que permanecen en el país si se les deniega la solicitud de asilo. Como país fronterizo, que durante mucho tiempo ha sido considerado la puerta de entrada a Europa, Grecia ha experimentado este año un aumento en la llegada de migrantes.

“Rendimos cuentas a los ciudadanos griegos, y los ciudadanos griegos quieren estar protegidos”, declaró ante el Parlamento el ministro de Migración, Thanos Plevris, antes de la votación. “El mensaje es claro [para los migrantes]: si su solicitud de asilo es rechazada, tienen dos opciones. O van a la cárcel o regresan a su país de origen. El Estado griego no les acepta… No son bienvenidos”.

Plevris, un derechista sin complejos cuyos posicionamientos han causado revuelo entre los miembros más moderados del Gobierno de centroderecha de Grecia, quiso remarcar que el país seguirá concediendo asilo a los solicitantes que cumplan los requisitos para recibir protección internacional.

Pero con la nueva ley, los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas y no abandonen el país en un plazo de 14 días se enfrentan a penas de prisión de entre dos y cinco años. También se endurecen las medidas disuasorias: las personas que lleguen sin la documentación adecuada serán recluidas durante 24 meses, frente a los 18 actuales, mientras que los migrantes en situación irregular que lleven siete años en Grecia perderán el derecho a regularizar su situación. Quienes sean declarados culpables de entrada ilegal serán multados con 10.000 euros.

Aumento de llegadas

Las medidas se conocen apenas dos meses después de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunciara una controvertida pausa de 90 días en las solicitudes de asilo, en medio de un aumento de las llegadas a las islas de Creta y Gavdos desde Libia. En la primera semana de julio, más de 2.000 personas lograron cruzar, lo que supone un aumento significativo en un país donde el número de migrantes ha disminuido drásticamente desde 2015, cuando más de 850.000 personas llegaron en el momento álgido de la crisis de los refugiados.

Mitsotakis ha insistido en que la suspensión tiene por objetivo enviar a las redes de tráfico ilegal un mensaje contundente de que “el paso a Grecia está cerrado”. Los grupos de derechos humanos han condenado la suspensión por considerar que es una grave violación del derecho internacional.

En el poder desde 2019, el Gobierno describe sus políticas migratorias como “duras pero justas” y niega las denuncias de devoluciones en caliente ilegales para frenar la llegada de solicitantes de asilo.

En su intervención ante el Parlamento, Plevris afirmó estar orgulloso de haber impulsado la ley, que situará a Grecia a la vanguardia de unas políticas que pocos Estados miembros de la UE han querido aplicar.

Pero este miércoles la reacción fue rotunda e inmediata, dado que los jueces intervinieron de forma inédita para criticar el carácter represivo de la legislación.

Críticas a la ley

Destacando la falta de consenso en torno a las medidas, Dimitris Kairidis, que dimitió como ministro de Migración y Asilo en 2024, declaró a The Guardian que, si bien la disuasión sigue siendo primordial, también es vital que Atenas facilite las vías legales de migración en un momento de grave escasez de mano de obra. “Grecia necesita contrarrestar la migración ilegal pero también fomentar la migración legal, para atender a las necesidades de su economía en crecimiento”, ha afirmado.

Durante su mandato, Kairidis legalizó la situación de 30.000 trabajadores migrantes no registrados que eran necesarios en los sectores de la agricultura, la construcción y el turismo.

Grecia está sumida en una crisis demográfica y la semana pasada el Ministerio de Educación se vio obligado a cerrar más de 750 escuelas por falta de alumnos.

Los activistas que defienden los derechos de los migrantes han calificado la nueva ley de racista y absurda. “Es muy contradictorio que se apruebe esta ley cuando la población de Grecia está cayendo en picado y los migrantes son la solución a la escasez de mano de obra”, ha afirmado el director del Consejo Griego para los Refugiados, Lefteris Papagiannakis.

“Mitsotakis había conseguido mantenerse en el centro político. Con esta ley abiertamente racista, está intentando ampliar claramente su base electoral apelando a la extrema derecha”, ha concluido.

Traducido por Emma Reverter.

Fernández Calle ha acusado al PP de “seguir la agenda del PSOE” en este asunto y ha defendido que no se deben aceptar más traslados de este tipo a la comunidad. En su opinión, el problema no es la cifra, sino que esta política “está alimentando un efecto llamada que, a la larga, multiplicará las llegadas”.

Para Vox, estas personas “deben estar con sus familias en sus países de origen, no en programas de acogida dentro de la región”. El portavoz ha reiterado la postura de la formación liderada por Santiago Abascal, que defiende una oposición frontal a la inmigración irregular y la devolución de quienes entran sin autorización, y ha cuestionado que la mayoría de los jóvenes realmente sean menores.

Fernández Calle ha reprochado al PSOE su política de “puertas abiertas”, que, a su juicio, únicamente “incrementa el efecto llamada y dispersa el problema por todo el país en lugar de resolverlo de raíz”. Asimismo, ha acusado al PP en Extremadura de “guardar silencio y permitir esta situación, destinando recursos que deberían ir prioritariamente a los extremeños en lugar de a quienes han entrado de manera irregular”.

El portavoz también ha cuestionado las palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien pidió “equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes para garantizar una atención digna y justa” a quienes llegan. Para Vox, esta postura es “otro error más del Gobierno de Guardiola”, ya que Extremadura “tiene carencias muy importantes como para preocuparse de la acogida de estas personas”.

“Si se siguen fomentando las políticas de puertas abiertas, cada vez serán más quienes lleguen a nuestras costas y más los problemas para quienes ya viven en nuestra tierra”, ha advertido Fernández Calle.

Por último, Vox ha pedido que se prioricen los recursos en las “necesidades reales de los extremeños” y que se adopten “políticas firmes” para frenar la inmigración irregular.

En su objetivo de reformar el sistema de acogida de protección internacional, el Gobierno planea crear en un año 9.196 plazas adicionales a las ya existentes, con el objetivo de pasar a una mayor gestión de la Administración frente al actual modelo, ejecutado principalmente por ONG, según ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un informe al que ha accedido elDiario.es. La nueva cifra supone más de 3.000 plazas de los números planteados inicialmente en los planes de la modificación del sistema, que acumula años de búsqueda de espacios y polémicas con determinados gobiernos autonómicos, debe estar lista en julio de 2026.

No está siendo fácil, dicen fuentes ministeriales, encontrar y habilitar los espacios necesarios para cumplir con el compromiso de la reforma del sistema, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos de recuperación europeos. El Gobierno se comprometió a “aumentar la capacidad de acogida del sistema de acogida de solicitantes de asilo y protección internacional en los centros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en al menos 5.700 plazas con respecto a 2019”. A un año del cumplimiento del plazo, el Ministerio asegura estar “acometiendo una serie de actuaciones para alcanzar un total de 9.196 plazas adicionales disponibles”, una cifra superior a sus planes iniciales.

Para conseguirlo, además de buscar y crear nuevos espacios de acogida, la Secretaría de Migraciones realizará una serie de reformas en centros que actualmente forman parte del sistema de atención humanitaria -es decir los espacios que albergan temporalmente a las personas que llegan en patera a las costas españolas- para permitir que sus plazas puedan ser también utilizadas para atender a los solicitantes de asilo, que requieren una atención diferenciada y especializada.

Desde 2019, el Ministerio planea incrementar la participación del Estado en los procesos de acogida, pues en estos momentos la mayoría de los centros son gestionados por organizaciones no gubernamentales a través de convenios con el Ejecutivo: “Descansamos en exceso en las ONG y pensamos que deberíamos tener capacidades mayores”, dijo en 2020 el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Pero cada vez que la Secretaría de Estado de Migraciones ha echado el ojo a nuevos espacios para crear plazas propias en el marco de la reforma, el anuncio suele ir acompañado de polémica y críticas de las autoridades autonómicas correspondientes. En este sentido, el Ministerio de Inclusión no ha detallado por el momento la localización definitiva de las nuevas plazas.

Actualmente, las plazas de titularidad pública se dividen en Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), dos de los cuales se sitúan en la Comunidad de Madrid (Vallecas y Alcobendas), uno en la Comunidad Valenciana (Mislata) y un centro en Andalucía (Sevilla). Por su parte, el sistema cuenta con cuatro Centros de Recepción, Acogida y Derivación situados en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Alicante y Málaga. La capacidad de acogida de estos centros es de 989 plazas, según Migraciones.

En lo que va de año, el sistema de acogida de protección internacional ha atendido un total de 49.691 solicitantes de asilo hasta el 15 de junio. La mayoría de ellas han sido alojadas en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Además de los centros del sistema de protección internacional, el Gobierno cuenta con varios centros o campamentos creados para alojar temporalmente a las personas que llegan a España de manera irregular, a través del llamado programa de atención humanitaria. Estos centros acogen tanto a personas incluidas en dicho programa como solicitantes y beneficiarios de protección internacional aunque carecen de una atención especializada e individualizada para estos últimos, después de la modificación normativa aprobada por el Gobierno en 2019. Son, por ejemplo, los campamentos ubicados en Canarias.

El registro de solicitudes de asilo ha experimentado un importante aumento desde 2018, un fenómeno que el Ministerio de Inclusión pretende corregir tras la aprobación de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que penaliza en su proceso de regularización a los demandantes de protección que ven rechazada su solicitud. En 2023, España registró un máximo histórico de solicitudes de protección con un total de 163.220, un 37% más que en 2022, año en el que se registró un total de 118.842 solicitudes. En 2024 las solicitudes de asilo fueron un 2,5% superior con respecto a las registradas en 2023, con un total de 167.366, recoge el último informe de Inclusión. A fecha de este informe (junio de 2025), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha registrado 64.638 solicitudes. Según los datos de Interior, estas solicitudes proceden en su mayoría de personas venezolanas, colombianas y peruanas. El resto de las nacionalidades mayoritarias provienen de África Subsahariana, principalmente de Mali.

*Gráficos de Victòria Oliveres.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%.

Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se han resuelto 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja “un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa”, ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

La Policía Nacional ha sancionado con 90 días de empleo y sueldo a un agente que exigió encuentros sexuales a varios jóvenes magrebíes, uno de ellos un menor tutelado, en hoteles de Ceuta y Canarias a cambio de ayudarles con sus peticiones de asilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el castigo impuesto a este policía que llegó a ser investigado por la vía penal, pero nunca fue condenado, al entender que la investigación de Asuntos Internos reveló datos suficientes para probar que citó, al menos, a cuatro jóvenes en hoteles, exigiendo en algunos casos relaciones sexuales a cambio de ayudarles y acelerar sus peticiones de asilo en España.

El agente trabajaba en la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la división policial de Extranjería desde el verano de 2015 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta en agosto de 2021. Su misión: apoyar a sus compañeros en la tramitación de peticiones de asilo, concretamente haciendo las entrevistas a los migrantes que solicitaban esta protección tras cruzar la frontera. Unos pocos meses antes, Ceuta había sido testigo de una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur, con la entrada de más de 12.000 personas y la devolución ilegal de decenas de menores a Marruecos.

Los agentes de Asuntos Internos empezaron a seguir a su compañero después de detectar actitudes sospechosas: cuando viajaba a Canarias o a Ceuta se alojaba en hoteles distintos al resto de policías nacionales y, en uno de los casos, siempre elegía una habitación con acceso directo a la escalera de salida del edificio. Los investigadores descubrieron que los chicos entraban a su habitación, estaban allí unos tres cuartos de hora y salían de allí con cosas que no habían traído, como ropa, refrescos o incluso dinero en efectivo.

El expediente sancionador y la sentencia que lo avala reflejan su modus operandi. “Aprovechaba” sus viajes para trabajar en Ceuta y en Canarias para “entablar un contacto inicial” con los chicos en la calle. Les decía que era agente de la Policía Nacional y se ofrecía para “prestarles ayuda” en “la tramitación de las solicitudes de asilo”. Posteriormente, los “citaba” en su hotel, donde tenían lugar los encuentros. Uno de estos chicos era menor de edad en el momento de los hechos.

“Ha quedado plenamente demostrado que el inculpado mantuvo citas en su habitación de hotel con cuatro jóvenes diferentes”, dijo la Policía y confirma ahora el Tribunal Superior de Madrid. El policía, además, “facilitaba la tramitación de la solicitud de asilo a aquellos jóvenes extranjeros con los que previamente había mantenido contacto”. Los datos fueron obtenidos por la investigación de Asuntos Internos que derivaron en una causa penal en la que, según fuentes del caso, no fue condenado. Su expediente disciplinario se reactivó en 2023, después de que quedara exonerado por los tribunales.

“Tenía miedo de que me quitara el asilo”

La sentencia recoge las declaraciones de varios de estos jóvenes, entre ellos el menor de edad con el que contactó. Era un menor tutelado por la Unidad Temporal de Realojo y explicó que, al llegar a la habitación de hotel del policía, vio que estaba en calzoncillos y con el pantalón “a la altura de las rodillas”. Ofreció que él y otro joven se quedaran a dormir con ellos, tocando la pierna de uno, pero lo rechazó.

Otro joven relató que el policía, que tenía su número de móvil, le llevó al hotel con el reclamo de que tenía “unas zapatillas” para él. Al llegar, el agente estaba “en calzoncillos terminándose de vestir en el baño”. También le ofreció quedarse a dormir, algo que rechazó. Otro relató cómo entabló contacto con él: le abordó por la calle para preguntarle si había solicitado asilo y dijo que si lo había pedido él “podía ayudarlo”. Lo siguiente fueron mensajes de WhatsApp pidiendo un encuentro sexual, el mismo día en que, con el uniforme puesto, le hizo la entrevista de la solicitud de asilo.

Uno de ellos relató que estuvo hasta cuatro veces en el hotel del policía. Le recibía en ropa interior y en la habitación mantenían “encuentros íntimos de naturaleza sexual”. Al acabar, el policía le daba diez euros y bolsas con ropa además de prometerle ayuda con los trámites de asilo. El chico explicó a Asuntos Internos que lo seguía haciendo por “miedo” a que el policía “me quitara el asilo”. El joven llegó a trasladarse a Madrid y siguió recibiendo mensajes del policía hasta que le bloqueó.

Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado los argumentos con los que el policía combatía su sanción de 90 días de suspensión: que no existían pruebas suficientes contra él y que el castigo, que ya ha cumplido y tras la cual ya se ha reincorporado a su trabajo, era desproporcionado. Las pruebas recabadas por Asuntos Internos acreditan, dice el TSJM, “suficientemente los hechos”.

También consideran proporcionada la sanción de 90 días de suspensión por una falta muy grave de “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. Sus encuentros con jóvenes y un menor pidiendo encuentros íntimos a cambio de facilitar sus solicitudes de asilo, explica el Tribunal Superior de Madrid, afectó al “principio de disciplina” con un comportamiento “contrario al deber profesional con omisión grave de aspectos fundamentales de la conducta disciplinada de los miembros del Cuerpo de Policía Nacional”. Esta sentencia todavía es recurrible ante el Supremo.

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reiterado este viernes durante un acto celebrado en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha su petición al Gobierno de España de cumplir con el nuevo auto del Tribunal Supremo que exige medidas urgentes para garantizar la acogida de menores no acompañados que permanecen bajo tutela de Canarias, ofreciendo la colaboración de la región con una propuesta de 50 plazas siempre y cuando vaya acompañada de la financiación necesaria.

“Desde Castilla-La Mancha esta misma mañana hemos mandado una carta a la ministra pidiéndole que por favor se atienda esta necesidad como hay que hacerla”, ha comentado García, recordando que ya en febrero ofrecieron una propuesta para acoger a menores no acompañados emplazados de Canarias y dar “posibilidad de desahogo a una comunidad autónoma con la que siempre hemos trabajado de forma conjunta en los planes de contingencia”.

“Hay una crisis importante y estamos en una situación de emergencia mientras discutimos”, ha valorado la consejera de Bienestar Social, quien ha insistido en la necesidad de contar “con la financiación necesaria” para no “pervertir nuestro sistema de protección de la comunidad autónoma”.

En opinión de García “es fundamental que los traslados se hagan con la inversión que luego da la posibilidad de una estabilidad en las plazas”, y ha insistido en que “es el Gobierno de España y por supuesto Europa quien tiene que dar una respuesta a esta emergencia”.

“Desde las comunidades autónomas tenemos que ayudar y ofrecer lo que tenemos para mejorar la calidad de vida de estos chicos y chicas y contribuir a esta realidad pero necesitamos que el Gobierno y el Ministerio de Infancia tomen una decisión decidida, no una low cost con los 100 millones de euros que han dicho que tenían disponibles”, ha reseñado la consejera de Bienestar, quien ha pedido al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda que trabajen para conseguir mayor financiación.

El auto del Tribunal Supremo fue emitido este jueves y en él ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas en un plazo improrrogable de 30 días para garantizar la acogida de aproximadamente un millar de menores no acompañados que padecen una situación de hacinamiento en Canarias mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.

Se reclama más financiación también en Educación o Vivienda

Estas declaraciones se suman a las que esta mañana realizaban varios consejeros del Gobierno regional en Barcelona, donde se celebra la Conferencia de Presidentes. Se reclama más financiación al Estado en materia de Educación o Vivienda para cumplir con el desarrollo de varias leyes estatales, a la espera de una nueva financiación autonómica, sobre la que hoy también ha elevado el tono el propio presidente regional, Emiliano García-Page en la ciudad condal.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha rechazado que se pueda castigar por la vía penal la ayuda que un padre, una madre o un tutor legal puedan prestar a un menor de edad para llegar de forma irregular en territorio comunitario. Los jueces de Luxemburgo han sentado jurisprudencia sobre lo que a priori es el ejercicio obvio de la patria potestad en respuesta a un tribunal italiano que ha elevado el caso de una mujer que fue procesada por llegar al aeropuerto de Bolonia con pasaportes falsos para su hija y su sobrina (sobre la que tenía la custodia) huyendo de su expareja, y por lo que posteriormente solicitó asilo.

La mujer fue detenida y procesada por entrar en Italia de manera irregular en 2019. Dentro del procedimiento judicial, el tribunal italiano ha preguntado al TJUE si la asistencia prestada a su hija y a su sobrina para entrar en el país de manera irregular supone una infracción que pueda ser sancionada por la vía penal. La respuesta de los jueces de Luxemburgo es que no.

“El comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el de cruce de fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de países terceros que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva no está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular en el sentido del Derecho de la Unión”, señala el TJUE.

Los jueces europeos recuerdan que ese comportamiento “constituye el ejercicio por esa persona de su responsabilidad derivada de la relación familiar y de la custodia efectiva de esos menores”. Es más, señalan que interpretar la actitud en el sentido contrario supondría “una injerencia particularmente grave en el derecho fundamental al respeto de la vida familiar y en los derechos fundamentales del niño”, que están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Además, el TJUE recuerda que la mujer solicitó asilo y que, por tanto, no puede ser expuesta a sanciones penales hasta que se resuelva la petición ni por su entrada ni por el hecho de haber estado acompañada de su hija y su sobrina menores, sobre las que ejerce la custodia.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que sancione penalmente ese comportamiento. En efecto, los Estados miembros no pueden ir más allá del alcance de la infracción general de ayuda a la entrada irregular, tal y como se define en el Derecho de la Unión, incluyendo en ella comportamientos no contemplados en este, contraviniendo la Carta de los Derechos Fundamentales”, concluyen los magistrados.

El fallo se produce en un momento en el que el endurecimiento de la política migratoria en el seno de la UE es total. De hecho, recientemente los 27 han elevado la presión al impulsar una normativa en la que pretenden eliminar la' denominada 'claúsula humanitaria', que permite no sancionar penalmente a quienes presten asistencia humanitaria a los migrantes. La medida está enfocada especialmente a las ONG. Recientemente, los estados miembros eliminaron de la normativa europea la posibilidad de “no imponer sanciones” a quienes ayuden a los migrantes a entrar en un estado de la UE si tiene una finalidad humanitaria, con el rechazo de España, Alemania y Portugal.

hay países que sancionan por la vía penal la asistencia a los migrantes gracias a una legislación que se emplea fundamentalmente para perseguir a las ONG. Recientemente, la UE ha elevado aún más la presión al tratar de eliminar

Cuando Yuse Arellano llegó a Benetússer siete días antes de la DANA, se instaló junto a su familia en una habitación de un antiguo local comercial habilitado como “residencia” en un bajo. Sus 14 habitaciones estaban ocupadas, la mayoría por personas migrantes en situación administrativa irregular. Cuando el lodo empezó a engullirlo todo, doce inquilinos, incluyendo a Yuse y su familia, se encontraban en sus respectivos cuartos. Pidieron auxilio al propietario, que vive en el piso superior al local, y les permitió refugiarse en el patio. Allí, a la intemperie, pasaron los primeros días tras el desastre. 

Esta “residencia” fue la única opción habitacional que Yuse y su familia, originarios de Venezuela, podían permitirse y a la que podían acceder en ese momento al no tener tarjeta de residencia. “Si no hay contrato te piden un depósito de al menos tres meses pero, si no tienes papeles, con estas exigencias como vamos a encontrar un lugar digno donde vivir”, explica el venezolano. Si antes de la llegada de la DANA ya resultaba complicado encontrar una casa para alquilar en la Comunidad Valenciana, hoy la situación es aún más difícil, afirman los asesores de venta de las inmobiliarias de las zonas afectadas consultados por la Fundación porCausa.

Yuse y su familia pagaban 850 euros al mes por dos habitaciones de esta especie de residencia levantada en un antiguo local comercial. Compartían la cocina y baños –tres duchas y dos inodoros– con el resto de inquilinos, 28 o 30 personas según los cálculos de Yuse en ese momento. Entre ellas, había tres niños. 

La DANA golpeó con mayor intensidad a los grupos vulnerables. De las más de 300.000 personas afectadas, 60.000 eran personas migrantes, casi un 60% de ellas extracomunitarias, sin acceso a ayudas estatales. Para las personas migrantes en situación administrativa irregular, invisibles para el Estado y las Administraciones, la situación es todavía más grave. En este contexto, el Gobierno aprobó en febrero una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular afectadas por la DANA. Sin embargo, el requisito del empadronamiento exigido por la norma, puede dejar a miles de personas afectadas excluidas de esta medida, según advierten las organizaciones locales.

El empadronamiento era precisamente la mayor preocupación de Yuse a su llegada a España. Sabía que este trámite era crucial para poder conseguir regularizar su situación y la de su familia, y por eso intentó empadronarse cuánto antes. El propietario de la “residencia” no permitía a los inquilinos registrarse en el padrón y amenazaba con echar a aquellos que lo intentaran. Aunque ofrecía una opción a las personas más insistentes, padrón a cambio de 300 euros por cada trámite, algunos, como Yuse, no podían permitírselo: “En mi familia iban a ser 1200 por todos”, recuerda la mujer.

El cobro por el padrón no es anecdótico, y según organizaciones trabajando con personas migrantes en la zona, se ha convertido en una práctica habitual. A pesar de la amenaza, Yuse tenía la información necesaria y conocía sus derechos. “Se supone que uno se puede empadronar hasta en una mata”, defiende el venezolano. E intentó empadronarse en el Ayuntamiento. 

A pesar de la negativa inicial de los funcionarios del Consistorio de Benetússer, su petición de padrón se registró justo antes de la DANA. Gracias a eso, hoy Yuse y su familia han podido acogerse a la regularización extraordinaria anunciada en febrero. Muchos otros no podrán hacerlo. 

¿Cómo vuelves a la normalidad si no tienes una casa donde vivir?

“Hubo gente que no le pagó el 28, habían pasado dos semanas de la DANA y no habían vuelto, entonces sacó todas las pertenencias de estas personas y vació, limpió las habitaciones para volver a rentarlas. Esas personas que no habían vuelto era porque estaban con alguien más o quizás estaban desaparecidas o habían fallecido. Nunca se supo”, recuerda Yuse. 

A los cuatro días del desastre, las 12 personas refugiadas en el patio del nivel superior tuvieron que limpiar las habitaciones del nivel inferior para volver a vivir ahí. Si las condiciones de habitabilidad ya eran deficientes antes, tras la DANA todo empeoró: “Era imposible quitar todo el lodo y las paredes, que eran como de goma espuma, seguían soltando agua. Y en las dos paredes de cemento del local había tal humedad que a las dos semanas ya había moho”. En estas condiciones y con miedo a quedarse en la calle súbitamente si el propietario descubría que la solicitud de empadronamiento de Yuse había seguido adelante, se pusieron a buscar piso para mudarse cuánto antes. 

Según un análisis realizado por la Fundación, usando apartamentos de una habitación y un baño como grupo control, el mercado de alquiler es prácticamente inexistente. De los 60 municipios consultados (todos afectados por la DANA), 47 carecen de vivienda en alquiler, de acuerdo con la plataforma Idealista. Previo a este fenómeno climático, el mercado inmobiliario valenciano estaba principalmente orientado hacia la compra de viviendas, impulsado en parte por la creciente turistificación de la capital. Aunque algunos representantes del sector inmobiliario justifican la preferencia por la venta debido a la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, que enmendó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España. Ahora, la DANA ha agudizado aún más esta tendencia, haciendo casi inaccesible el alquiler. 

Mientras que los demás municipios afectados cuentan actualmente con una media de dos viviendas en oferta, la excepción es València, que dispone de 305. En el caso de la capital, el precio medio de alquiler es de 1.396 euros, mientras que la fianza promedio asciende a 1.300 euros. La mayoría de las viviendas que indicaron detalles sobre la duración del alquiler en València tienen una media de 5 meses de exigencia mínima, lo que evidencia una inclinación hacia el inquilino de corta duración, al contrario de las otras zonas.

“Empecé a buscar piso como loca. Visitar y visitar. Yo visité sin exagerar más de 50 inmuebles. En todos lados, en Benetússer, en Paiporta, Burjassot, en Valencia centro”, cuenta Yuse. Encontraron un piso que encajaba en sus necesidades en Burjassot, pero el aval que les pedían era inasumible para esta familia: ingresos de 3.500 euros. Continuaron la búsqueda y encontraron un piso en Paiporta. Este inmueble, afectado por la DANA y sin ascensor operativo desde entonces, costaba 950 euros y exigía el pago de un depósito de tres meses. Gracias al apoyo económico de una amiga, Yuse y su familia pudieron hacer frente al pago. Además de la ayuda económica, también han necesitado el apoyo de otra persona que les ha cedido alguna documentación con la que no contaban, pero que les exigían para arrendar el piso. 

El mayor efecto en la comunidad migrante

La situación actual de oferta de vivienda en la Comunidad Valenciana es un fenómeno con causas multifactoriales. Sin embargo, la DANA no solo ha aumentado la presión sobre los precios, sino que ha generado una competencia feroz, afectando a los residentes y peor aún a la comunidad migrante que enfrentan retos adicionales. “Las pocas viviendas que nos llegan para alquiler duran menos de 24 horas disponibles”, mantuvo una de las agentes inmobiliarias entrevistadas. 

Las ayudas públicas destinadas a paliar los efectos de la DANA en materia de vivienda han resultado, en la práctica, inaccesibles para una parte importante de la población afectada: las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. A través de una petición de información que formuló la Fundación porCausa, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que remite a los programas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aclara que no se han establecido ayudas directas para la compra de viviendas y que el plazo para solicitar ayudas para reparación o reconstrucción expiró el pasado 6 de febrero. 

Uno de los principales impedimentos señalados por las organizaciones sociales es que las pocas ayudas disponibles para los daños en las viviendas tienen al empadronamiento como condición de acceso, incluso en casos de emergencia. En este marco, cabe considerar que muchos migrantes no tienen el padrón por motivos diversos como alquilar habitaciones en lugar de apartamentos, vivir en viviendas sobreocupadas sin contrato formal, o haber sido desplazados por la propia DANA, lo que interrumpe o impide la continuidad del empadronamiento. En otros casos, la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar a personas sin contrato de alquiler termina excluyéndolas del sistema de protección pública. 

Esta exclusión administrativa tiene efectos directos: sin padrón, no hay acceso a ayudas, ni posibilidad de demostrar oficialmente que se ha perdido una vivienda o que se necesita una nueva. En este contexto, Yuse sabe que es afortunada y que su situación actual, pese a las dificultades, es excepcional. Recuerda una frase que le dijeron cuando buscaba casa: “En todas las situaciones donde hay necesidad grande también hay oportunidad”.

“Claro, oportunidad para el que se quiera aprovechar de tu desesperación”, matiza Yuse.

Un grupo de 19 jóvenes venezolanos, dos de ellos menores de edad, han pedido asilo en dependencias de la Policía Nacional en Barcelona, según ha avanzado El País. Pertenecen todos a un mismo equipo de béisbol, el Team Guevara, y han viajado a España para participar en torneos europeos.

El grupo viajó a Madrid y de allí a Barcelona, donde el lunes pidieron asilo en comisaría “por una cuestión política”. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que entrevistarán a los jóvenes durante los próximos días para determinar los motivos de la petición de asilo y determinar si las circunstancias que sostienen son ciertas.

El equipo, que participa en la Liga senior latinoamericana Sub-23, se habría presentado en comisaría sin el entrenador, que sí les acompañó hasta España. A la espera de ver resuelto su caso, los jóvenes han sido derivados a Servicios Sociales, mientras que los dos menores de edad han están en manos de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), en tanto que menores de edad no acompañados.

Te cuento la última barbaridad de Trump, por si no te has enterado: Estados Unidos construirá centros de deportación en terceros países, y enviará allí a las personas migrantes que estén en situación irregular o vean rechazada su petición de asilo. “Centros de retorno” donde Trump encerrará a las personas migrantes mientras decide a qué país devolverlos definitivamente. Además, facilitará en suelo norteamericano la detención de migrantes, que podrán ser recluidos en cárceles; y sancionará a quienes no colaboren en su propia deportación: desde la retirada de prestaciones y permisos de trabajo, hasta la imposición de multas, pasando por la incautación de sus documentos de viaje y la prohibición de volver a entrar en territorio norteamericano por más de diez años.

¿Qué te parece? Pues ahora vuelve a leer el párrafo anterior, y donde dice “Trump”, pon “Von der Leyen”; y donde dice “Estados Unidos” sustituye por “Unión Europea”. Sí, es Europa, nuestra Europa y no la América de Trump, quien ha decidido subcontratar centros de deportación en el extranjero. Pero he pensado que trumpizando la noticia tal vez nos indignaría un poco más. Que estamos todo el día escandalizándonos por el giro ultraderechista en Estados Unidos, y apenas vemos lo que tenemos encima. Eso sí, a diferencia de Trump, aquí le añadimos una coletilla típicamente europea: los terceros países que reciban migrantes deberán “respetar las normas y principios internacionales de derechos humanos”. La misma coletilla que ya añadíamos al subcontratar las fronteras exteriores europeas, sin que ello haya impedido violaciones de derechos.

Hace dos días estábamos criticando el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo por su endurecimiento y, sin que haya llegado a entrar en vigor, ya le han dado un par de vueltas de tuerca más. Para ser justos, he dicho Von der Leyen, cuando en realidad ella es solo una mandada: son 17 países miembros los que hace meses reclamaron “un cambio de paradigma” y “soluciones innovadoras” en materia migratoria, siguiendo el camino iniciado por la italiana Meloni. Nuestro gobierno es de los pocos que se opone con claridad, hay que reconocérselo.

Entre el rearme militar y la política migratoria, se nos está quedando una Europa bonita. Los que ya tenemos una edad nos acordamos de lo ilusionante que era hace décadas el proyecto europeo, y cómo representaba los más altos valores de democracia, justicia y derechos humanos. Europa eran las libertades que aquí no teníamos aseguradas, y significaba también prosperidad, paz entre países históricamente enfrentados, viajar sin fronteras, y Erasmus, Interrail y todo lo que quieras añadir a tu nostalgia europeísta.

Con los años, la ilusionante Unión Europea se fue volviendo áspera, fría y neoliberal. La crisis financiera de hace quince años contribuyó mucho a desencantarnos, cuando los países “frugales” impusieron la austeridad al sur europeo, España incluida. Y ahora la (ultra)derechización progresiva de cada vez más gobiernos europeos, y de las propias instituciones y órganos comunitarios, nos están dejando una Europa que cuesta reconocer. Igual deberíamos cambiarle el himno, que sigue siendo la Novena de Beethoven, el emocionante “himno a la alegría”, y buscar alguna marcha militar.

Los solicitantes de asilo que se alojaron en el Bibby Stockholm, la prisión-flotante para migrantes de Reino Unido, se quejan de haber tenido el mismo sueño de forma recurrente. Mientras dormían en las estrechas literas de la barcaza de alojamiento, soñaban que desaparecían del Reino Unido en plena noche, que el Ministerio del Interior soltaba amarras y dejaba la barcaza a la deriva, en mar abierto, rumbo a Ruanda.

El sueño no es sorprendente. En 2023 y 2024, los dos planes más destacados del gobierno conservador para “detener las pateras” que cruzaban el Canal de la Mancha eran la barcaza de alojamiento y un plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Ambas políticas tenían un objetivo disuasorio e hicieron correr ríos de tinta. Y ambas han fracasado.

Pero, mientras que los vuelos a Ruanda se quedaron en papel mojado, debido a una serie de recursos legales y el fin del gobierno conservador, el plan de alojar a solicitantes de asilo en el Bibby Stockholm sí llegó a implementarse. Los primeros solicitantes de asilo subieron a la barcaza el 7 de agosto de 2023 y el último grupo lo hizo el 26 de noviembre de 2024. Una de las primeras medidas del gobierno laborista entrante tras ser elegido en julio fue anunciar la terminación del contrato con los propietarios de la barcaza y eliminar, por completo y de forma inmediata, el plan de deportaciones a Ruanda.

La llegada de la barcaza al puerto de Portland, en Dorset, fue recibida con consternación tanto por los lugareños que se solidarizaron con los solicitantes de asilo como por los que los rechazaban. Durante año y medio estuvo atracado en el puerto; un símbolo, según sus detractores, de todo lo que está mal en la política de asilo del gobierno. Hasta finales de noviembre, albergaba a unos 500 hombres que esperaban la respuesta a sus solicitudes de asilo. Esta semana, por fin, se trasladará, sin pena ni gloria, a otro lugar y con otro propósito, fuera del Reino Unido.

Durante el tiempo que la prisión-flotante se utilizó como alojamiento para solicitantes de asilo, estuvo rodeada de polémica. Hubo numerosos casos de problemas de salud mental entre los hombres alojados en la barcaza, incluido el presunto suicidio de un joven; el descubrimiento de bacterias potencialmente mortales en el suministro de agua; preocupaciones sobre la seguridad contra incendios; comida en mal estado; chinches e inundaciones. También salieron a la luz relatos que mostraban que, a pesar de su derecho a salir de la gigantesca estructura de tres pisos durante el día, los solicitantes de asilo sentían que estaban retenidos en condiciones similares a las de una cárcel.

Los planes de alojar a solicitantes de asilo en la barcaza se hicieron públicos el 29 de marzo de 2023, cuando el entonces ministro de Inmigración, Robert Jenrick, compareció ante el Parlamento y anunció que el Gobierno estaba estudiando esta forma de alojamiento. El anuncio fue recibido con consternación. Al anunciar la medida, Jenrick afirmó que era necesario “insuflar disuasión a todo nuestro sistema”. Fue la primera vez en su historia que el Reino Unido utilizó una barcaza para alojar a solicitantes de asilo. En la primavera de 2022 se había utilizado un viejo crucero con el mismo fin en los Países Bajos, pero se enfrentó a un brote de fiebre tifoidea, con 72 casos confirmados. La enfermedad se atribuyó a aguas residuales sin tratar.

El 9 de mayo de 2023, el Bibby Stockholm, utilizado anteriormente para alojar a trabajadores del sector del petróleo y el gas, llegó al Reino Unido procedente de Italia. En Falmouth se acometieron las obras de acondicionamiento para convertir la mayoría de los 222 pequeños camarotes individuales en espacios para dos personas.

Unos meses más tarde, el buque llegó a Portland y el Ministerio del Interior organizó una visita para los medios de comunicación, que captaron con sus cámaras el hacinamiento de los camarotes, la estrechez de los pasillos y el carácter carcelario de la gigantesca estructura. El Ministerio del Interior duplicó la capacidad simplemente instalando literas. Cada una de las cabinas azules tenía una pequeña ducha y un retrete, un escritorio de madera sencillo, una silla, un armario y literas con armazón de hierro que, según los solicitantes de asilo, emitían chirridos agudos cada vez que uno de ellos se daba la vuelta en los delgados colchones.

Los solicitantes de asilo que fueron enviados a la barcaza eran en su mayoría personas especialmente vulnerables, muchas de las cuales no sabían nadar y tenían fobia al agua tras haber estado a punto de ahogarse en su travesía por uno o varios mares hasta el Reino Unido. Se les dio a elegir entre ir a la barcaza o quedarse sin hogar. Uno de los solicitantes de asilo con los que ha hablado The Guardian pensó que no le asignarían el Bibby Stockholm porque corría el rumor de que sólo se alojarían allí los solicitantes que hubieran llegado al Reino Unido en una embarcación pequeña. “No es mi caso”, pensó. “Pero recibí una carta en la que me comunicaban que me habían asignado este alojamiento”, explica.

“Era una auténtica cárcel”

Otro explica que su abogado le dijo que si no accedía a alojarse en la barcaza, esto podía tener un impacto negativo en su solicitud de asilo. Cuando vio el Bibby Stockholm por primera vez, se horrorizó. “Nadie quería alojarse en la barcaza, pero no teníamos otra opción”.

Muchas de las personas a las que se trasladó a la barcaza padecían trastornos físicos y mentales, entre ellos estrés postraumático, problemas renales y discapacidades, incluida la ceguera. La organización benéfica Care4Calais documentó estas afecciones en un grupo de 56 personas. Algunos recurrieron la decisión y consiguieron evitar el traslado. Los solicitantes de asilo que sí tuvieron que alojarse en la barcaza quedaron conmocionados por las condiciones. “Cuando llegamos, lo que vi me dejó completamente perplejo”, explica uno de los solicitantes de asilo a The Guardian. “Pensé que me iba a dar un infarto. Era una auténtica cárcel. No te puedes imaginar lo altos que eran los muros”. Otro dice que ser enviado a la barcaza había destruido su esperanza en el futuro.

Muchos hombres lloraron y tuvieron ataques de pánico durante su estancia en la barcaza. El primer desastre se produjo el primer día. Al embarcar los solicitantes de asilo, se confirmó que había restos de legionela en el suministro de agua. Esta bacteria, que se propaga a través de gotas minúsculas de aerosol, puede causar una rara forma de neumonía. Los que habían aceptado a regañadientes embarcar fueron los últimos en enterarse de la presencia de la bacteria, y muchos sólo lo supieron por las noticias de última hora. Tuvieron que buscar la palabra legionela en Google para entender qué estaba pasando.

Entre bastidores se desencadenó una actividad frenética, con la esperanza de que las autoridades resolvieran el problema de la legionela sin que se enteraran los medios de comunicación. Pero no fue así. Los relatos difieren sobre quién en el gobierno dijo qué y cuándo, pero al final de la semana la historia estaba en la portada de los periódicos y a los 39 solicitantes de asilo que habían sido trasladados se les asignó otro alojamiento. La experiencia les aterrorizó, y las imágenes de los solicitantes de asilo abandonando la barcaza con sus maletas tras sólo cuatro días y medio fueron un desastre para la imagen del gobierno.

Tras ser evacuados a hoteles y conocerse el alcance del problema de la legionela, uno de los solicitantes de asilo declaró: “La confianza se ha roto por completo”. El exsecretario para el Brexit, David Davis, calificó el incidente de “incompetencia pasmosa”.

El incidente marcó la pauta de una serie de percances y tragedias. El gobierno conservador estaba desesperado por meter a muchos solicitantes de asilo en la estrecha barcaza a tiempo para la Small Boats Week (Semana de los Barcos Pequeños, un plan de siete días del gobierno conservador para mostrar sus avances en frenar la llegada de embarcaciones pequeñas que cruzaran el Canal de la Mancha), que comenzaba el 7 de agosto de 2023. Con ello se pretendía dar un impulso estival a un gobierno de capa caída.

El gobierno esperaba que las condiciones espartanas del barco no sólo contribuyeran a disuadir a aquellos que quisieran cruzar el Canal, sino también a poner fin a las acusaciones de algunos votantes y sectores de los medios de comunicación de que el gobierno estaba permitiendo a los solicitantes de asilo vivir en hoteles de lujo. No ayudó que tres días más tarde, a mitad de semana, 756 personas cruzaran el Canal en lanchas neumáticas, la cifra semanal más alta en lo que iba de año. Dos días después, al menos seis personas murieron al intentar cruzar el canal. 

La crueldad no funcionó, y poco después de que se solucionara el problema de la legionela y los solicitantes de asilo regresaran a la barcaza, se produjo la siguiente tragedia. El 12 de diciembre de 2023, un joven albanés llamado Leonard Farruku fue hallado muerto, encerrado en el baño de su camarote compartido. Todo indica que se suicidó. Personas que lo conocían desde antes de ser trasladado a la barcaza afirman que mientras estuvo alojado en un hotel gestionado por el Ministerio del Interior ya tenía problemas de salud mental y que posteriormente fue trasladado a la barcaza en contra de su voluntad. Se abrirá una investigación sobre su muerte.

Ataques de pánico y desolación

La familia de Farruku ha culpado al gobierno y ha pedido una investigación independiente. Su hermana, Jola Dushku, de 33 años, ha indicado que la familia considera que “el gobierno británico debe ser considerado responsable de la muerte de Leonard. Nuestro deseo es conocer la verdad sobre lo que le ocurrió y asegurarnos de que no le ocurra lo mismo a otros solicitantes de asilo”. “La forma de hacerlo es que el gobierno lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre su muerte”, indica.

Los solicitantes de asilo a bordo estaban desolados y temían que las opresivas condiciones los empujaban a quitarse la vida. Un solicitante de asilo que fue trasladado a la barcaza en abril de 2024 —y al que ahora se le ha concedido permiso para permanecer en el Reino Unido— explica que “muchos hombres lloraron y sufrieron ataques de pánico durante su estancia a bordo de la barcaza. Nos hicieron sentir como ganado. Antes era una persona alegre y sociable. Pero la experiencia me destrozó. No se puede salir indemne de ese lugar”.

Muchos manifestaron su preocupación por las malas condiciones: tener que pasar por un control de seguridad tipo escáner de aeropuerto cada vez que salían de la barcaza y volvían a ella; largas colas para recibir comidas a menudo incomestibles, que con frecuencia consistían en pequeñas porciones de pollo y arroz poco hechos; y una sensación generalizada de aburrimiento e inercia.

Chinces y comida en mal estado

Dos mujeres que trabajaron en la barcaza de alojamiento, Levana Coker y Bella Basstone, han hablado públicamente de condiciones a bordo. Ambas afirman haber sido testigos de un agudo deterioro de la salud mental de muchos de los hombres y señalan que las autoridades ignoraron la mayoría de las quejas sobre las condiciones de vida. Muchos testimonios afirman que los hombres eran tratados “como ganado” y tenían que soportar comida en mal estado, chinches e inundaciones en los camarotes.

The Guardian accedió a las capturas de pantalla de conversaciones en un grupo de WhatsApp para solicitantes de asilo y personal. Un solicitante de asilo escribió sobre la comida: “El pescado estaba tan crudo que podía hablar”. Otro dijo: “No existía la privacidad. La experiencia va más allá de lo imaginable. El sonido de las conversaciones se oía en otros camarotes. Mi único medio de comunicación con el mundo era mi teléfono móvil, que también se estaba muriendo... En resumen, era una cárcel para no delincuentes. Todavía tengo la persistente sensación de ser menos. Nunca me había sentido así antes de venir al Reino Unido”.

Los que fueron trasladados a la barcaza desarrollaron diferentes mecanismos de adaptación, siendo el más popular pasar el menor tiempo posible a bordo. Un solicitante de asilo somalí llamado Salah es el protagonista de un documental de Al Jazeera recién estrenado, sobre cómo su pasión por correr largas distancias le ayudó a sobrevivir. En el documental describe su experiencia en la barcaza: “Parece una prisión. No podemos salir después de las 10... Sólo entramos o salimos por seguridad. No se nos permite trabajar. Sentí mucho estrés”.

Racismo y discurso del odio

Los solicitantes de asilo que se alojaron en la barcaza también tuvieron que enfrentarse a las protestas racistas de algunos lugareños, reforzadas por las visitas de destacadas personalidades de la extrema derecha. “El odio ha radicalizado a nuestra comunidad”, afirma un activista antirracista local que siguió de cerca las protestas de extrema derecha y las publicaciones en las redes sociales. “Algunos miembros de la extrema derecha han utilizado terminología nazi como 'infrahumanos', 'alimañas' y 'ratas del Canal' en sus mensajes de Facebook relativos a los solicitantes de asilo que se alojaban en la barcaza”.

Pero muchos otros dieron un paso al frente para acoger a los solicitantes de asilo, y planearon un meditado y útil programa de apoyo. Laney White, del Grupo de Amistad Global de Portland, afirma que las reacciones de la comunidad han sido diversas. Algunas zonas de Portland se encuentran entre las más desfavorecidas del Reino Unido y algunos culpan a los solicitantes de asilo de sus problemas. Se trata de una comunidad con una elevada tasa de desempleo y altos índices de pobreza, que con anterioridad a la llegada de la barcaza ya se había alzado en armas para exigir una mayor inversión para el hospital local.

Sin embargo, White añade que los lugareños mostraron mucha compasión y amabilidad y ayudaron a impartir clases de inglés, arte y música y a organizar excursiones. Se organizaron recogidas de basura comunitarias y, para los solicitantes de asilo interesados en cultivar productos, se creó una “despensa comunitaria” en un huerto, con excedentes gratuitos.

“Estar en la barcaza fue una experiencia horrible para los solicitantes de asilo”, dice White. “Pero afrontaron estas circunstancias excepcionales de forma excepcional, demostrando una gran humildad y resistencia”.

Señala que la comunidad sigue dividida por la experiencia de que el Ministerio del Interior haya metido la barcaza en sus vidas, algo que nadie quería. Ni el Ministerio del Interior ni los contratistas de la barcaza respondieron a las preguntas de The Guardian sobre si se evaluó el impacto que podía tener sobre la población local la decisión de trasladar a un grupo de solicitantes de asilo, en su mayoría personas de color, a esta zona pobre y predominantemente blanca del país.

Tras la accidentada experiencia del Bibby Stockholm, el Ministerio del Interior ha vuelto a alojar a los solicitantes de asilo en hoteles y viviendas compartidas. Aunque terminar con el uso de hoteles para solicitantes de asilo fue una de las promesas electorales del Partido Laborista, en la actualidad más de 30.000 solicitantes se alojan en más de 250 hoteles de todo el Reino Unido.

Varios cientos de solicitantes de asilo permanecen en otro centro de alojamiento masivo para solicitantes de asilo, el centro de Wethersfield. Situado en el condado inglés de Essex, se trata de una antigua base de las Fuerzas aéreas. Las condiciones son pésimas y el lugar es sombrío y remoto, lo que ha hecho que reciba el apodo de “stalag” [campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial]. Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo han pedido su cierre. 

Mientras el Bibby Stockholm se prepara para abandonar Portland, los solicitantes de asilo que se vieron obligados a pasar meses a bordo de la barcaza afirman que todavía les quedan las secuelas de la experiencia. Uno de ellos, que ha conseguido el permiso de residencia, afirma: “Fue un experimento fallido del gobierno. Nos trataron como si fuéramos menos que humanos. Por ahora, no puedo acercarme a un barco. Aunque he encontrado un trabajo y un lugar donde vivir, no consigo quitarme de la cabeza la experiencia vivida en la barcaza. Es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida”. 

Traducción de Emma Reverter

Primero abrió la puerta, luego mostró su apoyo en una 'cumbre paralela' y ahora Ursula von der Leyen confirma que la Comisión Europea está trabajando ya en los polémicos centros de deportación de migrantes fuera de la UE como los que la ultraderechista Giorgia Melonia ha creado en Albania. La justicia italiana ha frenado esas aspiraciones del Gobierno italiano, cuestionadas también por las organizaciones de derechos humanos. Pero la presión de los países europeos para copiar esa iniciativa se ha ido multiplicando y Von der Leyen, que inicialmente sostenía que no tenían encaje legal, analiza ya las fórmulas.

“Hemos profundizado en nuestro análisis de formas innovadoras de luchar contra la inmigración ilegal”, dice Von der Leyen usando el eufemismo que viene siendo habitual en el endurecimiento de la política migratoria. “Se están celebrando debates con los estados miembros, incluso en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la semana pasada, sobre el desarrollo del concepto de centros de retorno en terceros países. Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros. Tenemos que examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras de dichos centros respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el principio de no devolución”, señala en una carta remitida a los líderes de los 27 antes de la reunión del Consejo Europeo de este jueves.

En su examen en la Eurocámara, el nuevo comisario de Interior, el austríaco Magnus Brunner, mostró una “actitud receptiva a nuevas ideas” en referencia a los denominados centros de retorno de migrantes, pero los limitó a las personas a las que ya se ha denegado el derecho al asilo a la UE y planteó que la gestión se realizara de acuerdo a organizaciones internacionales, como Acnur.

En el experimento de Meloni, a esos centros en Albania se enviaba a migrantes que habían sido rescatados en el mar, poniendo en entredicho las normas del asilo. Cuando los primeros migrantes fueron deportados a esos centros, la justicia italiana dio el primer varapalo a Meloni y consideró que las detenciones eran ilegales. La primera ministra ultraderechista intentó blindar esos centros con un decreto que ha acabado en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tendrá la última palabra. Entre tanto, ha hecho volver a los funcionarios que había destinado en los centros, cuya construcción supuso 65 millones de euros y tenían previstos 120 millones para la gestión anual.

La Comisión Europea abrió la puerta a impulsar centros de ese tipo a raíz de la ofensiva lanzada por 15 países, con gobiernos de distintos colores políticos. Pero no es el único endurecimiento de la política migratoria que planea Bruselas. En la misiva, Von der Leyen se compromete a poner sobre la mesa una nueva legislación sobre retornos de personas sin papeles antes de la próxima reunión de líderes prevista para mediados de marzo. Entre las ideas que sobrevuelan la elaboración de esa directiva está la posibilidad de sancionar a los migrantes que no colaboren en su repatriación.

“El objetivo es simplificar, agilizar y hacer más eficaz el proceso de retorno, para equipararlo al del proceso de asilo simplificado del Pacto [de Migración y Asilo que se acordó el año pasado y que se implementará en 2026]. La nueva legislación abordará los derechos y obligaciones de los retornados, incentivando su cooperación y dejando claras las consecuencias de la falta de cooperación”, advierte Von der Leyen, que reconoce en el texto que este año se han duplicado los regresos de subsaharianos respecto a 2023 y se han cuadruplicado respecto a 2021.

A pesar del endurecimiento generalizado de las posiciones anti-inmigración, que coinciden con el auge de las fuerzas de extrema derecha en el continente, la propia Von der Leyen reconoce que las llegadas se han reducido notablemente en prácticamente todas las rutas y presume de los polémicos acuerdos alcanzados con terceros países, como Túnez o Marruecos, para frenar las salidas hacia Europa.

“La Comisión ha prestado especial atención a las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico, dado el continuo aumento de las llegadas irregulares. Con Senegal, hemos subrayamos la cooperación en materia de migración como un interés clave de la UE, con una financiación de 30 millones de euros para apoyar la gestión de las fronteras y la migración y la lucha contra el contrabando. Se están haciendo progresos significativos con Mauritania, donde se han contratado todos los componentes del paquete de medidas que anuncié en febrero y se ha efectuado el primer pago del programa de apoyo presupuestario de 100 millones de euros. Con Marruecos mantenemos una estrecha cooperación en materia de migración, respaldada por un programa de apoyo presupuestario de 152 millones de euros que se completará a principios del próximo año”, resume la alemana.

Von der Leyen estaba este martes precisamente en Turquía, uno de esos países con los que la UE tiene acuerdos, pese a que cuestiona su tratamiento de los derechos humanos y denuncia su autoritarismo. En una comparecencia junto al presidente, Recep Tayyip Erdogan, Von der Leyen ha puesto en valor la asociación en materia comercial y ha recordado que Turquía es un “socio clave” en el control de la migración en el Mediterráneo.

El viaje, al que en esta ocasión ha ido Von der Leyen en solitario tras el incidente machista de 2021 cuando el Gobierno turco sólo reservó un asiento para el entonces presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se organizó tras la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria. La presidenta de la Comisión Europea ha cifrado en 10.000 millones de euros la asistencia que la UE ha prestado a Turquía desde 2011 para apoyar a los refugiados y la acogida y ha anunciado 1.000 millones extra para educación y sanidad.

La Policía Nacional de La Rioja ha alertado de la comisión de una estafa consistente en la venta de citas para la Brigada Provincial de Extranjería mediante el bloqueo del sistema a través de diferentes aplicaciones informáticas para luego venderlas a los interesados. El precio oscila entre los 50 y 70 euros y en ocasiones, a pesar de tratarse de un trámite gratuito. En ocasiones, cuando las personas acuden a su cita, comprueban que esta no existe, a pesar de haberla pagado. 

Los delincuentes bloquean el sistema online de citas necesario para llevar a cabo ciertos trámites burocráticos en la Brigada de Extranjería. Entonces, el usuario cuando va a obtener una cita para realizar estos trámites no puede, puesto que se han bloqueado todas las citas a través de un ‘bot’ informático.

Así, posteriormente y ante la necesidad de obtener estas citas por los diferentes usuarios, los delincuentes las venden a través de plataformas de mensajería instantánea y las cobran. El precio oscila entre los 50 y los 90 euros, a pesar de ser un trámite gratuito. 

Realizan este bloqueo de citas a través de un robot o ‘bot informático’ que de manera automática bloquea todas las citas disponibles en la página oficial para los trámites de extranjería. Las acapara en su totalidad para luego poder venderlas a los usuarios. En muchas ocasiones, cuando llegan el día y la hora de la supuesta cita, se percatan de que esta es inexistente. Es ahí cuando se dan cuenta de que han sido víctimas de una estafa y proceden a interponer una denuncia por los hechos ocurridos.

Más de un centenar de víctimas en toda España

Las víctimas, suelen tener el mismo perfil: persona extranjera con la necesidad de realizar distintos trámites de extranjería, como solicitar la protección internacional, la toma de huellas para el NIE (Número de Identidad de Extranjero) o solicitar certificados de ciudadano de la Unión Europea. Que ante la imposibilidad de obtener cita de manera gratuita y por sus medios, acuden a estos perfiles para que les faciliten los trámites por un precio, a pesar de tratarse de un servicio gratuito. 

Los delincuentes acaparaban las citas de todas las provincias de España para posteriormente venderlas a personas inmigrantes de todo el país. Al hacerlo de manera telemática y recibir el pago a través de una transferencia bancaria hay víctimas por todo el territorio español. 

A últimos del mes de septiembre se llevó a cabo la detención de dos personas en la provincia de Valencia por bloquear las citas de Extranjería y posteriormente venderlas a los usuarios que lo necesitaban, pues no tenían otros medios de obtener estas citas. Por su presunta participación en los delitos de daños informáticos y estafa.

Fruto del registro se han intervenido más de 7.200 euros en metálico, numerosos dispositivos electrónicos y documentos detallados de las citas. Si bien la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. 

La rapidez de la ofensiva que ha llevado a la caída de Bashar Al Asad en Siria solo es comparable con la velocidad con la que varios países europeos han pasado de celebrar el derrocamiento del régimen a empezar a cerrar las puertas a los sirios. Pasados los primeros temores de que los acontecimientos causaran un aumento de las llegadas hacia Europa, en las 48 horas siguientes a la caída de Damasco, se han producido anuncios en cadena de varias capitales europeas que, ante el nuevo escenario, han decidido congelar el proceso de solicitudes de asilo de los ciudadanos sirios. Primeros fueron Alemania, Bélgica y Austria, a los que en pocas horas se sumaron Francia, Italia, Grecia, Holanda, Suecia, Croacia, Finlandia, Dinamarca y –fuera de la UE– Reino Unido, Noruega, Suiza. Austria ha ido incluso más allá, con la preparación de un programa de “deportación y repatriación”.

Ha sido de facto la primera respuesta diplomática con efecto práctico que los países europeos han tomado ante el cambio de régimen en un país destruido por casi 14 años de guerra civil y cuando sobre el futuro de Siria se cierne una gran incertidumbre. Una respuesta que sorprende por su rapidez, pero no por la sustancia: no es sino el reflejo condicionado de un continente donde restringir el derecho de asilo y reforzar el control de las fronteras en términos securitarios se han convertido desde hace años en la prioridad de una agenda en la que cada vez pesan más los argumentos de la extrema derecha.

No es un caso que, entre los estados que primeros anunciaron este lunes la decisión, esté Alemania, que celebra elecciones en dos meses con los ultras de la AfD disparados en las encuestas. “Cualquiera en Alemania que celebre 'Siria libre' evidentemente ya no tiene motivos para huir. Deberían volver a Siria inmediatamente”, escribió este lunes en X Alice Weidel, candidata a canciller de AfD. En las mismas horas, el exministro de Sanidad Jens Spahn, alto cargo de la CDU, dijo en una entrevista: “Como primer paso, yo diría que hagamos una oferta. Qué tal si el gobierno alemán dice: para cualquiera que quiera volver a Siria, fletaremos aviones para él y le daremos un pago inicial de 1.000 euros”.

Alemania es el país que acoge al 60% de los 1,2 milllones de refugiados sirios que viven actualmente en la UE, en su mayoría llegados durante la llamada ‘crisis de los refugiados’ de 2015. Europa, bajo la batuta de la entonces canciller alemana Angela Merkel, pasó en pocos meses del “refugees welcome” y de la conmoción por la imagen del pequeño Alan Kurdi –el niño sirio de origen kurdo cuyo cuerpo fue encontrado en una playa de Bodrum, después del naufragio de la embarcación que le debería haber llevado a Grecia junto a su familia– a firmar un acuerdo con Turquía que permitiera cerrar la “ruta de los Balcanes”, como efectivamente ocurrió a principio de marzo de 2016.

Turquía y la “crisis de los refugiados”

Ankara se convirtió entonces, a cambio de 6.000 millones de euros (a los que se añadieron otros 3.000 en 2023) en el guardián del flanco del Mediterráneo oriental y en el primer estado de acogida de los sirios, con 3,2 millones de residentes, a menudo en situación de gran precariedad, con dificultad para estudiar o encontrar trabajo en un país donde el rechazo hacia ellos crecía en paralelo a la crisis económica. Por eso, en Turquía tampoco se ha disimulado en las últimas horas el deseo de un rápido retorno de los sirios a su país. Para los cientos de personas que han empezado a cruzar la frontera es un viaje solo de ida, ya que tienen que renunciar al permiso de residencia y al estatus de refugiado.

Y es un retorno lleno de incógnitas, por la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el cambio de régimen, pero también por las enormes carencias materiales de un país destruido por la guerra y sumido en una gravísima crisis económica, y con un 90 por ciento de la población que depende de la ayuda humanitaria. Ante la postura adoptada por varios países, incluso la Comisión Europea, mostró este lunes cierta prudencia. “La actual situación es de gran esperanza, pero también de gran incertidumbre. Dependerá de cada persona o de cada familia decidir lo que desean hacer. No obstante, por el momento, mantenemos, en línea con ACNUR, que no se dan las condiciones para un retorno seguro, voluntario y digno a Siria”, señaló el portavoz de la Comisión Anouar El Anouni.

Todo esto ocurre mientras en la UE se debate sobre la definición de “país seguro”, que determinará el futuro del derecho de asilo en el continente, con la Comisión que prepara una propuesta para que haya una única lista europea. Un debate que volvió a primer plano también después de que un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE contribuyera a tumbar en la práctica el plan del Gobierno italiano de Giorgia Meloni de enviar migrantes a Albania.

Desde Acnur repiten que es todavía pronto para evaluar la situación. “Dadas las circunstancias rápidamente cambiantes en Siria y el alto nivel de incertidumbre sobre los desarrollos en el futuro a corto y medio plazo, es fundamental que los ciudadanos sirios que se vean obligados a huir de la violencia y la persecución tengan derecho para acceder al territorio y a solicitar asilo”, dice Rosa Otero, portavoz de la agencia en España. “Los solicitantes de asilo sirios que están esperando una decisión sobre sus solicitudes deben seguir gozando de los mismos derechos que todos los demás solicitantes de asilo, incluyendo en términos de condiciones de acogida. Ningún solicitante de asilo debe ser devuelto por la fuerza, ya que esto violaría la obligación de no devolución de los Estados. ACNUR sigue instando a todos los Estados a garantizar el acceso al territorio, el asilo y la protección para las personas que buscan seguridad”, añade.

La preocupación de las ONG

Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han instado a los países europeos a dar marcha atrás. “[Ursula] Von der Leyen y Kaja Kallas deberían instar a los Estados miembros de la UE a recuperar el sentido común: es absolutamente prematuro suspender la solicitud de asilo para los refugiados sirios”, escribió en X Philippe Dam, director de HRW para la UE. Y Amnistía Internacional ha instado a “revocar inmediatamente las decisiones de suspender las solicitudes de asilo de las personas sirias y rechazar los llamamientos para devolverlas o restringir la reunificación familiar”. “La situación en Siria es extremadamente volátil. Cinco décadas de brutalidad y represión no pueden deshacerse de la noche a la mañana, pero los Gobiernos europeos no han perdido tiempo, suspendiendo las solicitudes de asilo de los sirios”, ha lamentado Eve Geddie, directora de AI para la Oficina de Instituciones Europeas.

“Estos acontecimientos plantean cuestiones urgentes sobre si los Estados están actuando de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de refugiados y derechos humanos, en particular el principio de no devolución”, ha declarado este martes Michael O'Flaherty, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo multilateral que vela por la promoción de la democracia y de los derechos humanos. “Según el principio de no devolución, ninguna persona debe ser devuelta a una situación en la que corra un riesgo real de sufrir daños. Sobre esta base, las condiciones rápidamente cambiantes sobre el terreno en Siria exigen decisiones cuidadosas y basadas en pruebas”, ha añadido, recordando que las personas cuyas solicitudes de asilo han sido congeladas no pueden quedar en un limbo indefinido y deben tener acceso a unas condiciones de acogida dignas.

La nueva alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, no se ha pronunciado sobre los anuncios hechos por los miembros de la UE. Lo que sí ha enfatizado –informa Irene Castro– es la necesidad de que el nuevo régimen evite una nueva guerra civil, la radicalización y garantice el respeto a las minorías. “No queremos ver una nueva ola de refugiados de grupos diferentes de Siria. Es en el interés de todos los países de la región, incluyendo a la UE”, ha explicado Kallas sobre la necesidad de proteger a las minorías en una comparecencia en el Parlamento Europeo en el que el asunto de los refugiados fue una de las preguntas recurrentes de los eurodiputados.

El asunto se abordará en una reunión de ministros de Exteriores el próximo lunes. Pero de las palabras de Kallas también se desprende, de nuevo, cuál es la prioridad de Europa: que no lleguen más aquí.

La policía de fronteras croata está quemando ropa, teléfonos móviles y pasaportes de solicitantes de asilo que consiguen llegar al país desde Bosnia, según denuncia la organización humanitaria No Name Kitchen (NKK). Un informe de NNK, al que ha tenido acceso The Guardian, con fotografías de las pertenencias quemadas, junto con testimonios de agresiones sexuales y palizas propinadas por la policía, recoge las últimas supuestas pruebas de la brutalidad contra las personas que intentan cruzar las fronteras de la Unión Europea.

NNK es un movimiento independiente con presencia en zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo, donde proporciona ayuda humanitaria a personas que sufren devoluciones violentas y otras formas de abuso.

Cada día, miles de personas procedentes del sur de Asia, Oriente Medio y el norte de África y, cada vez más, China, intentan cruzar los Balcanes con el objetivo de entrar en la UE. Las instalaciones para acogerlos son escasas, y estas personas se ven obligadas a pasar la mayor parte del duro viaje en campamentos improvisados o estaciones de tren. La policía fronteriza croata detiene a muchas de ellas y las registra. Hay testimonios de que a algunos les roban y los obligan con violencia a dar marcha atrás y regresar a Bosnia, donde miles de solicitantes de asilo se pueden quedar en la intemperie a temperaturas a menudo bajo cero.

Estas devoluciones constituyen una clara violación del derecho internacional, que establece que los solicitantes de asilo tienen que tener la posibilidad de presentar su solicitud una vez que se encuentran dentro de las fronteras de un país. NNK ha detallado la ubicación de ocho grandes “pilas de quema” en las que agentes de la policía croata presuntamente incineraron los efectos personales de las personas y los documentos que necesitan para solicitar asilo una vez que llegan a la UE.

Según los activistas, algunos teléfonos móviles quemados podrían contener pruebas de los abusos cometidos por la policía croata, ya que los solicitantes de asilo consiguieron tomar fotografías y hacer videos de estas acciones.

NNK tenía conocimiento de estas pilas de quema, ya que algunas personas expulsadas de Croacia a las que habían ayudado las habían descrito, pero hasta ahora no había podido verificar estos relatos. Los activistas viajaron a la frontera entre Bosnia y Croacia a finales de 2023 y principios de 2024 para recabar pruebas de los montones quemados mencionados en los testimonios.

La organización identificó los lugares en zonas conocidas por las devoluciones y pudo documentar la destrucción de documentos de identidad, bolsas con pertenencias, cientos de teléfonos, zapatos, gafas, documentos oficiales, baterías portátiles, dinero y otros objetos cotidianos. Las imágenes recabadas coinciden con los relatos de las personas expulsadas.

También recabó testimonios que denuncian violencia por parte de la policía de fronteras. En diciembre de 2023, una mujer marroquí de 23 años, embarazada, dijo que había sido agredida sexualmente por agentes croatas antes de que los guardias quemaran sus pertenencias, junto con las de otros miembros de su grupo. La mujer, que viajaba con su esposo, otra mujer y tres niños, dijo que un guardia fronterizo la sometió a un cacheo invasivo al desnudo, que incluyó el interior de sus genitales, y la amenazó con violarla. El cacheo “fue lo peor que me ha pasado”, dijo la mujer: “Hubiera preferido que me pegara a que me registrara de esa manera”.

Según el relato de la mujer, después de que los guardias dejaran marchar al grupo, que dio media vuelta en dirección a Bosnia, los agentes quemaron los objetos que les habían confiscado.

Según otro testimonio, de noviembre de 2023, un grupo de cuatro hombres marroquíes fueron presuntamente golpeados por agentes de policía que luego quemaron sus pertenencias.

Según este testimonio, la policía obligó a los hombres a caminar descalzos sobre las cenizas calientes, amenazándoles con porras. Los activistas de NNK afirman que el hombre marroquí con el que hablaron sufrió quemaduras en las plantas de los pies.

Croacia niega los abusos

A pesar de los testimonios de trabajadores humanitarios y periodistas, Croacia niega sistemáticamente haber expulsado a solicitantes de asilo a Bosnia o utilizado la violencia contra ellos. Recientemente, NNK presentó sus pruebas a la relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards.

Un portavoz del Ministerio del Interior croata ha afirmado que el gobierno tiene una “política de tolerancia cero ante cualquier posible actividad ilegal cometida por su personal” y que cuenta con un mecanismo independiente para supervisar la conducta de la policía. En cuanto a los testimonios de la mujer embarazada y del grupo de cuatro hombres marroquíes, el portavoz ha señalado que “es totalmente inconcebible que se produzca un incidente así sin que se denuncie inmediatamente a la policía”.

El portavoz señala que a menudo son los traficantes de personas los responsables de la violencia y los robos en la frontera, y que la policía ha documentado “muchos casos de denuncias inventadas”.

“En cuanto a las afirmaciones de que la policía croata está quemando artículos que ha confiscado a los migrantes, nos gustaría señalar que, para evitar ser devueltos a Croacia como solicitantes de protección internacional, los migrantes a veces destruyen documentos y abandonan sus pertenencias personales cuando intentan cruzar ilegalmente la frontera”, indica el portavoz.

En 2019, la entonces presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarović, pareció reconocer estas devoluciones en una entrevista con la cadena de televisión suiza SFR. Aunque lo había desmentido durante meses, en ese viaje a Suiza reconoció que la policía había usado la fuerza, pero negó que las devoluciones fueran ilegales.

En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la policía croata era responsable de la muerte de una niña afgana de seis años, Madina Hussiny, que junto con su familia se vio obligada a regresar a Serbia cruzando las vías del tren. Murió arrollada por un tren.

Traducción de Emma Reverter

Lo que antes era impensable en la UE, va tomando forma. Si hace unos años se rechazaba rotundamente la posibilidad de crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, cada vez más líderes presionan en esa dirección a raíz de que la ultraderechista Giorgia Meloni diera el paso de impulsarlos en Albania, a pesar del rechazo de la justicia italiana. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta de par en par al plantear explorar “vías de avance en lo que respecta a la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE”. El candidato a comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha cogido el guante de la propuesta, que rechazan desde los liberales hasta la izquierda pasando por socialdemócratas y verdes, aunque la ha limitado a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido denegada.

“Entiendo que el concepto del hub de retorno sólo vale para las personas a las que se haya rechazado su solicitud de asilo”, ha dicho Brunner durante el examen al que los aspirantes a comisarios se someten en la Eurocámara y en el que necesita el apoyo de dos tercios de los coordinadores de los grupos para que su nombramiento salga adelante en las dos primeras votaciones y mayoría simple (más síes que noes) en una hipotética segunda votación.

“Un centro de esta índole tiene que ser gestionado por organizaciones internacionales”, ha agregado el político austríaco, que se ha referido a la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU o a Acnur. Brunner ha puesto así algunos límites a esos centros de detención fuera de la UE en comparación con los impulsados por Meloni, que los ideó para llevar a Albania a las personas rescatadas en el mar y que no lleguen a pisar suelo europeo.

En todo caso, Brunner se ha mostrado abierto a estudiar todas las alternativas. “Tengo una actitud receptiva a nuevas ideas”, ha defendido ante la comisión de Libertades civiles, Justicia e Interior en la que socialdemócratas, liberales y la izquierda le han preguntado por esos centros de deportación. De hecho, esa afirmación la ha hecho en su respuesta a la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que ha advertido de que “seguir los pasos de Meloni para ”encerrar a solicitantes de asilo“ supondría ”ensanchar el agujero negro que existe para las personas migrantes y refugiadas“.

“Maquillar países seguros, practicar detenciones y expulsiones sumarias, y abandonar a los migrantes en el desierto incumple nuestra Carta de Derechos Fundamentales”, ha recordado Galán después de que el candidato hubiera dicho que los centros “tendrían que basarse en normas humanas adecuadas”. El aspirante a responsable de Interior y Migración en la Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones que el cumplimiento de los derechos humanos es “innegociable” y ha apostado por que se “esclarezcan” los casos en los que ha habido “abusos”, como por ejemplo por parte de Frontex.

A pesar de los límites que ha defendido Brunner, su aproximación al fenómeno migratorio sigue la estela del endurecimiento por el que ha apostado la Unión Europea en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz del auge de la extrema derecha, que ha aprovechado la audiencia para vertir proclamas xenóbofas e islamófobas.

“Necesitamos para poder gestionar la migración un enfoque que sea justo pero que sea decidido. Esto significa poder decidir quién permanece en la UE y quién tiene que marcharse. Tenemos que decidir en qué condiciones llega a alguien a Europa. Tenemos que decidir nosotros y no los traficantes. Los que no tengan permiso de residencia tienen que volver”, ha defendido el austríaco.

También se ha comprometido a impulsar “procesos de devolución más rápidos y sencillos” en el marco de la revisión de la directiva de retornos en la que muchos gobiernos aspiran a que la Comisión Europea introduzca la posibilidad de crear centros de deportación de refugiados. Igualmente, ha abogado por imponer “obligaciones de cooperación claras para las personas que tienen que volver a sus países”. 17 países europeos suscribieron recientemente un documento en el que abogaban por sancionar la no cooperación en los retornos.

Los jueces del Tribunal de Roma no han convalidado la detención de las 12 personas retenidas desde el miércoles en los centros de identificación y repatriación de migrantes construidos por Italia en Albania. Es un primer gran varapalo judicial para el plan del Gobierno de Giorgia Meloni, justo mientras la Unión Europea se abre a replicar este modelo, con el aval de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. Las dos instalaciones, abiertas esta semana tras cinco meses de retrasos y millones de euros en contratos sin licitación, podrían quedar nuevamente vacías en las próximas horas, estampa de un ensayo que ha terminado en fracaso.

En la decisión del Tribunal ha pesado una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europa según la cual un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Y el concepto de “país seguro” es central en la actuación del protocolo operativo firmado por Italia y Albania hace un año para la apertura de los centros: allí solo deberían ser enviados hombres adultos procedentes de países considerados seguros.

La sentencia de la Corte de Justicia de la UE del pasado 4 de octubre eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés. Los 16 migrantes llevados en un primer momento a Albania —cuatro de ellos fueron devueltos a Italia pocas horas después de su desembarco en Albania, dos por ser menores y dos por ser considerados “vulnerables”— eran egipcios y bangladesíes.

“La negativa a validar las detenciones en las instalaciones albanesas equiparadas a las zonas fronterizas o de tránsito italianas se debe a la imposibilidad de reconocer como 'países seguros' a los Estados de origen de las personas detenidas, con la consecuencia de la inaplicabilidad del procedimiento de frontera y, como prevé el protocolo, del traslado fuera del territorio albanés de los migrantes, que tienen por tanto derecho a ser conducidos a Italia”, ha explicado en un comunicado Luciana Sangiovanni, la presidenta de la sección 13 del Tribunal de Roma que ha decidido no avalar la detención de este primer grupo de migrantes en los centros. Es decir, que los migrantes tienen que ser trasladados a Italia.

Centros de migrantes construidos por Italia en Albania

Sarajevo

BOSNIA Y

HERZEGOVINA

SERBIA

MONTENEGRO

Pristina

KOSOVO

Podgorica

Gjader

Skopie

Shengjin

MACEDONIA

DEL NORTE

Tirana

Bari

ITALIA

ALBANIA

Nápoles

Lecce

GRECIA

N

50 km

Centros de migrantes construidos

por Italia en Albania

Sarajevo

BOSNIA Y

HERZEGOVINA

SERBIA

MONTENEGRO

Pristina

KOSOVO

Podgorica

Gjader

Shengjin

MACEDONIA

DEL NORTE

Tirana

Bari

ALBANIA

ITALIA

Lecce

GRECIA

N

50 km

Uno de los puntos claves del acuerdo entre Italia y Albania, como ha repetido en más de una ocasión el primer ministro albanés Edi Rama, era que, bajo ninguna circunstancia, los migrantes pudieran salir de los centros, considerados por Albania como enclaves de jurisdicción italiana.

Un controvertido procedimiento 'exprés'

Una vez que lleguen a Italia, los migrantes tendrán 14 días para recurrir el rechazo de su solicitud de asilo decidido ayer, con una rapidez inédita, por la comisión encargada de estudiar su petición. A los migrantes llevados a Albania se aplicaba el llamado “procedimiento acelerado de frontera”, que reduce a 28 días el tiempo para la primera evaluación de la solicitud y recorta hasta siete el plazo para presentar recurso. Según el fallo del Tribunal de Roma, sin embargo, este procedimiento no se puede aplicar a los 12 migrantes retenidos, cuya demanda de asilo deberá seguir ahora el procedimiento ordinario, que prevé 14 días para recurrir el primer rechazo.

Otro procedimiento 'exprés' sobre el que se apoyaba el plan de Italia era hacer una primera selección rápida de los migrantes inmediatamente después de su rescate en aguas del Mediterráneo por parte de las autoridades italianas. Fue precisamente esta selección la que falló en este primer traslado, después de que el miércoles se descubriera que cuatro de los 16 migrantes trasladados a Albania en un buque de la marina italiana —en un viaje que costó unos 250.000 euros— no tenían que haber llegado nunca allí.

“Desmontar todo y pedir disculpas”

“Ahora, tenéis que desmontar todo, dar marcha atrás y pedir disculpas a los italianos”, ha comentado la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. “¡Qué vergüenza! ¡Vaya modelo! El acuerdo alcanzado con Albania es un acuerdo fuera de la ley, un acuerdo que viola el derecho internacional. Todo el mecanismo no se sostiene. Son 800 millones de euros tirados a la basura que podrían haberse utilizado para sanidad”, ha añadido la secretaria general del principal partido de la oposición. El PD, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Alienza Verdes e Izquierda han pedido que la UE que abra un procedimiento de infracción por considerar “ilegales” las medidas del acuerdo Italia-Albania.

Una petición que han causado la primera reacción de Meloni, que este viernes ha viajado a Líbano y que, en sus redes sociales, ha comentado en la red social X: “Pd, M5S y AVS han presentado una pregunta a la Comisión Europea para saber si piensa abrir un procedimiento de infracción contra Italia por el acuerdo sobre flujos migratorios con Albania. Han entendido bien: algunos partidos italianos instan de hecho a Europa a sancionar a su propia nación y a sus propios ciudadanos, con el único objetivo de golpear políticamente a este gobierno. Una vergüenza que no puede pasar desapercibida”. Más tarde ha contestado así a una pregunta de los periodistas en la capital libanesa: “Encontraré una solución también a este problema. He convocado el Consejo de Ministros para el lunes para resolver este problema porque tengo la intención de seguir adelante. Los italianos me han pedido que detenga la inmigración ilegal y haré todo lo que esté en mi mano para detener la inmigración ilegal masiva”. Tras tachar la decisión de los jueces de “prejuiciosa”, ha añadido: “No creo que sea competencia de los jueces definir qué países son seguros y cuáles no. Es competencia del Gobierno, así que creo que el gobierno tiene que aclarar mejor qué se entiende por 'países seguros'”.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha comentado el fallo del Tribunal de Roma con un ataque a los jueces: “Dejemos que los jueces pro inmigrantes se presenten a las elecciones, pero que sepan que no nos dejaremos intimidar”. Salvini se encontraba este viernes en Palermo para el alegato final de su defensa en el juicio que le ve imputado por haber bloqueado durante 20 días en 2019 el desembarco de 147 inmigrantes salvados en el Mediterráneo central por la ONG española Open Arms. El fiscal ha pedido para él una condena de seis años de cárcel.

La Comisión Europea deducirá 200 millones de euros de los futuros pagos previstos a Hungría desde los fondos comunitarios por la negativa del ultraderechis Viktor Orbán a pagar la multa que le impuso la justicia europea por boicotear el derecho al asilo en la crisis de refugiados de 2015 y 2016. La fecha límite para que Hungría pagara esa sanción vencía este martes 17 de septiembre, pero el dinero no ha llegado. Bruselas, además, pondrá en marcha el mecanismo para cumplir con la sanción de un millón de euros por cada día que incumple la sentencia.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) impuso ese castigo por la negativa de Hungría a aplicar la sentencia que condenó al país en 2020 por el incumplimiento de las normas comunitarias a la protección de los refugiados. En concreto, en la crisis de refugiados sirios, Hungría limitó el acceso a la protección internacional de las personas refugiadas, internó de forma irregular a los solicitantes y vulneró su derecho a permanecer en territorio húngaro a la espera de que se resolvieran las peticiones.

“El Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de protección internacional, al derecho de los solicitantes de dicha protección a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular”, concluyeron los jueces de Luxemburgo.

A partir de ahí comenzaron los trámites administrativos que corresponden a la Comisión Europea con un intercambio epistolar para solicitar los pagos. Pero Hungría se ha negado. “El plazo de 15 días expiró ayer. Eso significa que la Comisión, de acuerdo con las normas aplicables, pasa al procedimiento de compensación. Lo que vamos a hacer ahora es deducir los 200 millones de euros de los próximos pagos del presupuesto de la UE a Hungría”, ha explicado un portavoz comunitario.

En paralelo, la Comisión Europea puso en marcha el procedimiento para determinar si Hungría solventó legalmente el boicot al derecho al asilo. El plazo que tenía Budapest para responder a Bruselas terminó el pasado 13 de septiembre sin respuesta. En consecuencia, la Comisión Europea ha reclamado la primera solicitud de pago de 93 millones de euros, correspondientes a los 93 días que han pasado desde la sentencia del TJUE y en los que se presupone que Hungría no ha remediado la situación.