El Gobierno de Navarra ha aprobado este martes en una sesión extraordinaria el proyecto de ley de medidas fiscales tras haber alcanzado un nuevo acuerdo con EH Bildu, formación que también apoyará los presupuestos. La reforma fiscal, que ya ha sido remitida al Parlamento foral para su tramitación de urgenica, incluye una rebaja fiscal en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28% al 25% siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos, entre los que se incluye el mantenimiento del empleo.

En materia de IRPF, los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han acordado dos cambios sustanciales. Por un lado, el aumento de la deducción por mínimos personales para rentas de hasta 32.000 euros. “Estas rentas tendrán una reducción paulatina, que se notará más en las rentas más bajas y menos en las que se van acercando a 32.000 euros. Cada contribuyente es un mundo, depende de lo que compone su declaración de la renta”, ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en una rueda de prensa para presentar el acuerdo.

Por otro, el incremento desde 14.500 euros hasta 17.000 euros el umbral de obligación de declarar por rendimientos de trabajo. Las personas que estén por debajo de los 17.000 euros no tendrán que tributar por el IRPF. Estos dos cambios beneficiarán a más de 340.000 navarros, el 70% de los contribuyentes -también tendrán incidencia en los trabajadores autónomos-, según datos del Ejecutivo foral. El consejero ha indicado que esta reforma es “una de las más ambiciosas en este impuesto en los últimos años”.

Estas medidas tendrán un impacto total de 135 millones de euros en la recaudación, de los que 114 millones corresponden al ejercicio de 2026, mientras que el resto al presupuesto de 2027. Por otro lado, como ya se anunció en el acuerdo presupuestario, se aumentarán las deducciones fiscales para complementar las pensiones anuales de viudedad y jubilación, hasta 15.400 euros, pasando de 1.035 euros mensuales a 1.100 euros.

Gravamen reducido del 25% en el Impuesto de Sociedades

La otra gran novedad de la reforma fiscal afecta al Impuesto de Sociedades. Los socios del Ejecutivo han pactado con EH Bildu un gravamen reducido del 25%, siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de expedientes por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento con la legislación sobre igualdad. Así, las empresas que ahora están tributando al 28% podrán acogerse al tipo del 25% cumpliendo estos requisitos.

La medida ha sido calificada como “valiente” por parte de Arasti, quien ha señalado que “la fiscalidad también es necesaria para corregir dinámicas o para abordar preocupaciones desde otro enfoque”. Según el consejero con esta medida se pretende “mostrar una tierra aún mucho más atractiva para la llegada de más proyectos empresariales que tengan claro, además, que su compromiso social y laboral tendrá una consecuencia fiscal más favorable”.

Por último, hay otra cuestión en este impuesto como es la implantación de una tributación mínima efectiva del 13%, 11% y 10% respectivamente, según que el contribuyente se encuentre gravado al tipo del 28%, del 23% o del 19%.

Las instituciones vascas, Gobierno vasco y las tres diputaciones, aspiran a contar en 2026 con un presupuesto “bueno” y “expansivo”, seguramente el más alto de la historia en los cuatro casos. Pero se encontrarán con un condicionante. La reforma fiscal aprobada este año por la coalición gobernante, PNV y PSE-EE, con el apoyo de Podemos dejará 335,1 millones de euros menos de disponible en 2026, además de los alrededor de 50 que ya se han dejado de ingresar este mismo 2025. Es casi el equivalente al presupuesto total anual de una cartera como la de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Este lunes, antes del 15 de octubre como marca la ley, se ha reunido en Vitoria el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que sienta al Gobierno autonómico con las diputaciones y con la asociación de municipios, Eudel, para establecer las previsiones de cierre de recaudación fiscal del ejercicio en curso y las del entrante, una suerte de techo de gasto para las cuentas de todas las instituciones. Los presentes han asumido el impacto “negativo” de la reforma fiscal en los sumatorios, aunque han destacado que la cara “positiva” es que deja más dinero “en el bolsillo” de los contribuyentes -la expresión es de la vizcaína Elixabete Etxanobe- para dar cauce a los objetivos de premiar a rentas bajas, facilitar el acceso a la vivienda o favorecer la transición verde.

El impacto, en 2025, se nota desde el 1 de julio. Se han reducido los ingresos por retenciones de IRPF al cambiar los mínimos exentos, por ejemplo. En 2026, ya con todas las medidas en vigor, Bizkaia se dejará 160 millones en el camino, Gipuzkoa 120 y Álava 55. Es una circunstancia de la que advirtieron otras fuerzas de izquierda que se opusieron al acuerdo, como EH Bildu, Sumar e IU. El PP, por el contrario, consideró que la Administración debía renunciar todavía a más recursos en vista de la buena marcha de los ingresos hacendísticos.

En cifras, la intención es que en el cierre de 2025 se hayan ingresado en las tres Haciendas forales 20.092 millones de euros. Es un 1,9% más de lo previsto y un 9,7% más en relación a 2024. Aunque, sin el efecto excepcional de las devoluciones de golpe de cuatro ejercicios a los mutualistas, la subida sería más contenida, de entorno al 5%, según estimaciones de Gipuzkoa. De cara a 2026, la base para confeccionar ahora los presupuestos, sube la previsión de recaudación a 21.130 millones de euros. Es otra subida del entorno del 5%, por encima del crecimiento nominal de la economía. Las tres Diputaciones coinciden en que el comportamiento del empleo y de otros factores es muy satisfactorio en Euskadi a pesar de las incertidumbres globales.

El 70% de ese dinero va al Gobierno vasco, que es el que más competencias ejerce. A estas aportaciones le añade otros recursos, como la deuda. En 2026 podrá presupuestar los 1.000 millones adicionales autorizados por el Parlamento y que irán a un plan industrial. El consejero de los números, Nöel d'Anjou, ha asegurado que las cuentas ya iban a ser expansivas incluso sin esa inyección, por la buena dinámica general, e incluso a pesar de la previsible caída de la entrada de los fondos europeos MRR. De hecho, ha pedido que no se hagan sumas con estos 1.000 millones porque lo que ahora podrá ser una cifra de récord y un crecimiento de gasto muy potente en un año, con toda probabilidad, será un recorte de disponible.

El Gobierno de Imanol Pradales presentará el 28 de octubre el proyecto de presupuestos, el segundo de la legislatura. Tiene garantizada su aprobación ya que PNV y PSE-EE disponen de mayoría absoluta. D'Anjou no ha dado pistas del contenido, salvo por el deseo de reforzar el capítulo de “inversiones productivas”. En el caso de Bizkaia, Etxanobe también goza de mayoría absoluta. No es la situación de sus colegas de Álava y de Gipuzkoa, en una posición de minoría que les hace depender de un tercer socio externo.

En Gipuzkoa, Eider Mendoza fue investida con los apoyos del PP, con quien también cerró las últimas cuentas. Ella ha contado que en la legislatura ha pactado también con Podemos. Ahora bien, ha reprochado que no hayan sido posibles los acuerdos de calado con EH Bildu. La coalición es la primera fuerza foral. Su “voluntad” es la de dialogar con “todos” los partidos, ha señalado a los periodistas. “EH Bildu nos ha dicho que no en diez ocasiones. Vamos a ver en la undécima”, ha ironizado.

En Álava, Ramiro González ha recordado que, sí, que no tiene mayoría absoluta, pero ha subrayado que tampoco hay ninguna alternativa más sólida a la de PNV y PSE-EE. Por ello, aboga por “acordar” pero sin estar dispuesto “a aceptar imposiciones de grupos minoritarios”. Las voces que le piden un “cambio radical” en el programa de la legislatura pueden irse descartando, ha añadido. En su caso, los vigentes presupuestos sí los cerró con EH Bildu. La coalición ha abogado por un acuerdo global, por una alianza que afecte a todas las instituciones. PNV y PSE-EE, por el momento, descartan ese formato y apelan a la autonomía y circunstancias de cada lugar.

Una de las grandes dificultades del Gobierno de coalición en esta legislatura ha sido y sigue siendo sacar adelante la reforma fiscal comprometida con la Comisión Europea. El informe de “progreso anual” que el Ejecutivo envió a Bruselas al cierre de abril reitera el objetivo de reducir “beneficios fiscales”, como el que disfruta el diésel [paga menos impuestos que la gasolina], para elevar los ingresos públicos cerca otros 1.500 millones de euros, “un 0,1% del PIB (producto interior bruto)”. 

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo hace que esta meta, de la que dependen los últimos desembolsos del Plan de Recuperación, se eleve a la categoría de reto ante las distintas posiciones de sus socios a la izquierda y a la derecha en el Congreso, a los que necesita para alcanzar mayorías suficientes.  

La equiparación (subida) de la tributación del diésel a la gasolina estaba incluida en “el paquete fiscal” que el Gobierno aprobó en 2024, pero fue rechazada en la Cámara Baja por la oposición de los diputados de Podemos, que unieron sus votos en contra a los de Junts, Vox y el Partido Popular (PP). De ese mismo paquete fiscal se cayó también la prórroga del gravamen temporal a las energéticas por sus beneficios extraordinarios, que en 2024 recaudó alrededor de 1.000 millones, en este caso con la suma de los representantes del PNV en la Cámara Baja al resto de las derechas parlamentarias.

Este paquete sí incluyó el impuesto a la banca por tres años, juntos a otras modificaciones que el mismo informe de “progreso anual” del Gobierno califica como la “etapa 1” de “la reforma fiscal” que exige el Plan de Recuperación 'Next Generation' de la Comisión Europea. Esta primera fase implica “un aumento permanente de los ingresos públicos del 0,3% del PIB”, según el documento del Ejecutivo. Es decir, unos 4.500 millones de euros.

La “etapa 2” estaría “en curso”, según prosigue el informe que España hizo llegar al Ejecutivo comunitario el 30 de abril, y se tiene que alcanzar “a más tardar en el cuarto trimestre de 2025”, logrando un “aumento permanente adicional de los ingresos del 0,1% del PIB hasta el cuarto trimestre de 2028, con un total acumulado del 0,4% del PIB”, según detalla.

“Las medidas de naturaleza tributaria adoptadas por España desde mediados de 2020, en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, imposición societaria, imposición patrimonial, fiscalidad de la salud y tributación del ahorro en la imposición sobre la renta de las personas físicas [IRPF] permiten que el sistema tributario sea más eficiente, modernizado y adaptado a las nuevas tendencias, de acuerdo con la situación económica en cada momento, y provocan un incremento de los ingresos tributarios en línea con el objetivo perseguido”, explica el informe del Gobierno. 

El Ejecutivo traslada a la Comisión Europea que la “etapa 1” de la reforma fiscal está cumplida. “Con respecto a la fase II, cabe destacar que con las medidas adicionales que se puedan adoptar en el plazo previsto el impacto total en incremento de ingresos estructurales alcanzará el 0,4% del PIB”, añade.

Esas “medidas adicionales” serían las citadas “reducciones de beneficios fiscales”, entre las que lleva sobre la mesa desde hace años quitarle la ventaja que tiene el diésel frente a la gasolina. El Ministerio de Hacienda, preguntado por elDiario.es, no lo confirma, aunque tampoco descarta que vaya a intentar nuevas modificaciones de impuestos en este 2025.

El informe del propio Ministerio que lidera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de “seguimiento de las recomendaciones formuladas en los procesos de revisión del gasto público” de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) explica que “la principal razón del diferencial de tipos [entre el diésel y la gasolina], en el momento de su establecimiento, fue de política económica y de transporte. Se trataba de proteger el sector del transporte por carretera a nivel comunitario, que se consideraba como estratégico y que era el principal usuario del gasóleo, finalidad que también estaba presente en el caso particular de nuestro país”.

“De hecho, el trato fiscal más favorable para el gasóleo no es una singularidad española”, incide el Ministerio de Hacienda. “Desde un punto de vista ambiental, las emisiones de CO2 del diésel son inferiores a las provocadas por la gasolina, aunque superiores en términos de NO2, gas con potente efecto invernadero y que provoca relevantes perjuicios para la salud”, reconoce este documento. “Inicialmente, se pensaba que, además del objetivo de política económica, las emisiones de gases efecto invernadero del diésel eran más reducidas, por lo que los objetivos de política económica no entraban en contradicción con los objetivos en política medioambiental”, prosigue.

Esta visión ha cambiado. “La política comunitaria, y la española, se dirige hoy en día hacia la reducción de la emisión de gases contaminantes, el fomento del uso de energías renovables y la eficiencia energética. Por tanto, la motivación que originó este beneficio pierde vigencia y los legisladores comunitarios han manifestado la intención de modificarlo y adecuar la imposición de los hidrocarburos a la política medioambiental”, señala el Ministerio de Hacienda.

Por último, apunta que “la evaluación [de la brecha entre el diésel y la gasolina] concluyó que sí se ha alcanzado el objetivo de fomentar el uso del diésel en las últimas décadas. No obstante, de la evaluación se desprende la necesidad de actualizar la fiscalidad de ambos combustibles de acuerdo con los nuevos estándares y objetivos de política medioambiental, especialmente al descubrirse la naturaleza más contaminante del diésel con respecto a la gasolina en términos de emisiones NO2”.

Los cálculos de Hacienda dan como resultado que “la equiparación plena entre diésel y gasolina supondría un aumento de recaudación de 2.537 millones de euros, de los cuales 1.162 millones corresponden al transporte para uso no profesional”. Mientras, según concluye, “tendría un efecto neutral desde el punto de vista de la desigualdad”.

“La transición ecológica tiene que ser justa”

Este último factor es que pone en alerta a los aliados del PSOE a su izquierda. También a su socio de Gobierno, Sumar, que pide que la subida de la tributación del diésel se acompañe de un plan de ayudas (un MOVES específico) para las familias que quieran o que tenga que cambiar sus vehículos de diésel por otros modelos 'verdes'. “La transición ecológica tiene que ser justa”, defienden desde la formación que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por su parte, en diciembre de 2024, los diputados de Podemos ligaron sus votos en contra de la subida de la tributación del diésel a que saliera adelante el impuesto a las grandes energéticas.

“Es simplemente inaceptable que el Gobierno plantee una subida del impuesto especial de hidrocarburos mientras que no avanza en la aprobación del impuesto permanente a las empresas energéticas”, criticaron desde Podemos. En su opinión, esto supone “cargar” el coste de la transición ecológica sobre “los hombros de la gente”, mientras se van “de rositas” Repsol, Naturgy, Cepsa, Endesa o Iberdrola, que son las “principales responsables de la contaminación que causa la emergencia climática”.

Desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 que trajo consigo recortes en los servicios públicos, congelación de salarios y pensiones, paro y una reforma laboral que dejó completamente desprotegidos a las y los trabajadores, se han ido sucediendo una serie de crisis económicas que han impactado también en la sociedad vasca. Crisis económicas que han llegado sin dejar tiempo a que la gente pudiera recuperarse. Crisis derivadas de la pandemia de la COVID-19, de la guerra en Ucrania, que no son otra cosa que el reflejo de un sistema capitalista en descomposición que ha dejado temblando a las familias y a la clase trabajadora y que amenaza con llevarselas por delante.

El resultado del funcionamiento diario de este sistema voraz ha sido un crecimiento sin precedentes de la brecha de las desigualdades sociales. En un extremo de la brecha están quienes han aprovechado las sucesivas crisis como una oportunidad de lucro, incrementando su riqueza, sus ganancias y patrimonios, y al otro lado está la clase trabajadora que ha quedado empobrecida y que arrastra casi dos décadas de pérdida de poder adquisitivo. Sin olvidar, que fruto también del sistema debemos afrontar otros problemas que ha generado, como la dificultad de acceso a una vivienda digna a un precio asequible y la crisis climática.

Ante este escenario, Podemos Euskadi ha abordado la negociación de la revisión fiscal como una oportunidad para brindar un balón de oxígeno a la mayoría social vasca tras el azote de las sucesivas crisis económicas, convencidas de que era posible mejorar la calidad de vida de todas las personas y al mismo tiempo afrontar los grandes retos que como territorio tenemos por delante. Y, afortunadamente, así ha sido.

El acuerdo en el marco de la revisión fiscal supondrá un alivio para la clase trabajadora, concretamente para las rentas medias y bajas, supondrá un desahogo para los autónomos, micro y pequeñas empresas, mejorará el acceso a la vivienda digna a un precio asequible y, por contra, las rentas altas y los beneficios de las grandes empresas contribuirán más al sostenimiento de los servicios públicos. Tras la aprobación de esta revisión fiscal, el 50% de la población vasca verá mejorada su situación.

En este sentido, y entrando ya en una mayor profundidad en el análisis de las medidas, podemos decir que la clase trabajadora con salarios más bajos, en concreto las 342.500 personas que en Euskadi tienen salarios inferiores a 20.000 euros brutos anuales, no sufrirá retención por IRPF. Esta medida afectará especialmente a las mujeres, personas jóvenes y familias monomarentales, a quienes permitirá contar en su día a día con más recursos económicos. Son 138,5 millones a disposición de la clase trabajadora.

La ciudadanía vasca contará con más apoyos dirigidos a mejorar la conciliación laboral y familiar, con apoyos económicos por contratación de personal para el cuidado de menores o de personas con dependencia o discapacidad, con medidas que impulsan tanto la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras un parón dedicado al cuidado de sus criaturas, como otras medidas que empujan a los hombres a asumir y responsabilizarse de los cuidados.

Asimismo, apoyamos al tejido económico más vulnerable, a las y los autónomos y a las micro y pequeñas empresas. 76.300 autónomos y 31.300 micro y pequeñas empresas, van a ver mejorada su situación, ya que se posibilita que aquellas que tienen unos rendimientos más bajos puedan descontarse un porcentaje mayor de gasto. De tal manera que ponemos a disposición de 107.600 personas o empresas 52,5 millones que les van a suponer un desahogo importante.

Por otro lado, mejoramos el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible a través de diferentes medidas; en primer lugar las personas que viven de alquiler y que tienen salarios brutos inferiores a 20.000 euros al año van a poder recuperar hasta 2.800 euros de los pagos que realizan por el alquiler de su vivienda al presentar su declaración de la renta. En segundo lugar, direccionamos el precio del mercado del alquiler, dado que favorecemos a los propietarios que pongan la vivienda a un precio asequible de referencia, y, por el contrario, perjudicamos con más impuestos a aquellos que no lo hagan. En tercer lugar, impulsamos la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, penalizando hasta en un 150% el pago del IBI de la vivienda vacía, al mismo tiempo que mejoramos el tratamiento fiscal para animar a que se rehabiliten las viviendas vacías para que salgan al mercado del alquiler. En cuarto lugar, penalizamos subiendo los impuestos a los grandes tenedores y a quienes ejercen una actividad económica y especulativa con la vivienda.

Asimismo, se introducen medidas para impulsar la transición energética tanto de las empresas y autónomos como de los hogares.

Y tal y como señalábamos al inicio, las rentas altas contribuirán en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos, ya que, entre otras cuestiones, no podrán acceder a las deducciones por compra o alquiler de vivienda, dejando esta opción exclusivamente para rentas bajas y medias, lo que provoca un incremento de la recaudación de 18 millones de euros.

Igual efecto traerá la modificación de los tipos de las mal llamadas rentas del ahorro, que se aplicarán a las rentas procedentes de acciones, bonos, inmuebles o participaciones en sociedades, que se recogen en forma de intereses, dividendos, plusvalías o rentas inmobiliarias que pasarán de tributar un máximo de un 25% a un 28%. Una medida que incrementará la recaudación en 10 millones.

Igualmente, establecemos una limitación a las exenciones a las EPSV que se rescatan en forma de capital con lo que recuperamos 3 millones más de euros.

Y, para terminar, incrementamos los tipos en el impuesto de sociedades; por un lado, para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, pasando del 24 al 28%. Y estableciendo un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 19% para aquellas empresas que no estén comprometidas con Euskadi y no mantengan o creen empleo o no realicen inversiones orientadas al sostenimiento y arraigo de la empresa en el territorio.

En definitiva, un acuerdo en materia fiscal centrado en mejorar el bienestar de la mayoría social vasca, que trae novedades importantes importantes, como el acceso de las rentas más bajas sin obligación de declarar al sistema de deducciones, en este caso al de la deducción por alquiler. Un acuerdo que propone soluciones al problema de acceso a una vivienda, a la conciliación familiar y laboral y que impulsa la transición energética del tejido productivo y de los hogares.

IU y Podemos han consumado su ruptura en el ámbito foral. Aunque los primeros ya concurrieron con Sumar en las autonómicas vascas de 2024, en las que los morados quedaron fuera del Parlamento Vasco, a nivel municipal y en las Juntas Generales seguía existiendo la marca Elkarrekin, que aglutina igualmente a Berdeak Equo y Alianza Verde. Sin embargo, la decisión de Podemos de pactar con los Gobiernos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa de PNV y PSE-EE una revisión fiscal sin sus socios ha levantado polvareda. Como ya adelantó este periódico, en la única Cámara donde IU tiene escaño, su procurador ha votado en contra de lo pactado por sus socios de coalición y así lo hará en los trámites que queden. José Damián García Moreno ha denunciado la falta de “lealtad” y de “respeto” de Podemos.

“Hemos conocido la negociación y su resultado a través de la prensa”, se ha quejado García Moreno a la luz de las medidas acordadas entre sus socios y PNV y PSE-EE, que entre otros puntos han elevado el mínimo exento de tributar desde los 14.000 euros a los 20.000 euros. En la explicación de su voto, el representante de IU ha llegado a decir que mientras Podemos negociaba con PNV y PSE-EE plantearon una propuesta para mejorar los ingresos en Euskadi en 1.300 millones que ya han podido debatir con partidos como EH Bildu o con sindicatos como ELA y CCOO. “Pero todavía seguimos esperando reunirnos con Podemos”, ha lamentado.

“Nuestra organización no ha sido partícipe del acuerdo del retoque fiscal”, ha insistido García Moreno, que ve “de derechas” y “un maquillaje” el resultado obtenido por Podemos. Su líder en Euskadi llegó a usar la expresión de que los cambios permitirán “dejar dinero en los bolsillos” de los contribuyentes y el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, remarcó que ese comentario no es precisamente de izquierdas. “Esta negociación pertenece exclusivamente a Podemos y no a los tres grupos junteros que compartimos en las Juntas Generales de Bizkaia, de Gipuzkoa y de Álava. [...] No ha habido ni lealtad, ni transparencia, ni seriedad ni respeto tampoco”, ha agregado.

En cuanto a los contenidos, IU sostiene que no se equiparan las rentas del capital y los beneficios empresariales a las rentas del trabajo y que no se actúa sobre los grandes patrimonios o las energéticas. “Frente a una propuesta de derechas, IU mostramos nuestra disposición a una reforma fiscal de calado desde las izquierdas, que sirva para garantizar servicios”, ha zanjado. “Hoy me ha tocado afrontar una situación difícil”, ha señalado García Moreno después del pleno de Juntas Generales, donde acumula ya su tercera legislatura, dos de ellas en coalición con Podemos.

De su lado, el portavoz de Podemos, David Rodríguez Llinares, ha lamentado que no se afronte una “reforma fiscal integral” en Euskadi pero ha indicado que toca “bajar de la atalaya a la plaza” y “dialogar con el diferente” para “poco a poco” ir arañando mejoras. Ha recordado que el modelo vigente lo pactaron PNV y PSE-EE con el PP y ha sugerido que las fuerzas de izquierda que se oponen quieren perpetuar ese marco. Rodríguez Llinares ha desgranado los hitos del acuerdo y las enmiendas introducidas por su partido a la propuesta original de los Gobiernos forales. “Se mire como se mire, todo esto es progresista y es buena”, ha zanjado.

Fuentes del partido morado indican que “el acuerdo al proyecto de revisión fiscal es de Podemos”, exclusivamente. “Como ya dijo el coordinador general, Richar Vaquero, en la rueda de prensa para dar cuenta del apoyo al proyecto al ser interpelado por la postura de IU, cada partido tenemos personalidad propia y, en nuestro caso, hemos dado un paso hacia adelante y dado sí a la revisión fiscal porque con nuestras medidas introducidas hemos logrado girar el proyecto a la izquierda, beneficiando a las rentas bajas, apoyando al tejido productivo más vulnerable y recaudando más de las empresas que obtienen grandes beneficios y de las rentas del capital”, explican desde Podemos.

El hecho diferencial vasco se caracteriza por un modelo territorial medieval cuyas competenciales forales entorpecen la toma de decisiones conjuntas, hasta para lograr unificar las tarifas del transporte público. En ese complejo contexto se ha impulsado una limitada revisión tributaria, condicionada por el obstáculo añadido que de la coalición PNV-PSE-EE no controla las juntas generales de las tres diputaciones. Por tanto, necesitaban el apoyo de otro partido, tarea que tras incesantes titubeos ha recaído sobre Podemos, fuerza minoritaria cuya alternativa en materia de fiscalidad es mucho más avanzada.  

Las reacciones al acuerdo han sido dispares. Mientras Andoni Ortuzar, todavía presidente del PNV, lo celebró luciendo una corbata morada, la presidenta de la patronal vasca Confebask lo considera un castigo a los empresarios. Entre los titulares catastrofistas destacan 'Expansión': “Castigo fiscal en Euskadi a las rentas altas y las grandes empresas” y 'El Correo': “Podemos impone sus exigencias a PNV y PSE-EE para girar a la izquierda su reforma fiscal”. Todo eso unido a mensajes de odio a Podemos.

El bloque del no

Titular de 'Deia' del 5 de marzo: “Bildu y PP usan la revisión fiscal para hacer oposición al PNV y la llevan al precipicio”. Ambos partidos han pasado de expresar voluntad de negociar a desautorizar el contenido de la reforma, aunque sólo EH Bildu presenta enmienda a la totalidad.    

El PP apoyó la reforma fiscal del 2017, lo cual significa que no suponía ningún avance significativo, pues el PP, como Vox, quiere reducir impuestos para favorecer la privatización de los servicios públicos. En esta ocasión el PSE-EE, puede que a causa de las discrepancias entre el PP y el PSOE a nivel estatal, vetó la presencia del PP en la negociación.  

El caso de EH Bildu resulta contradictorio. En Madrid apoya al gobierno del PSOE, en Euskadi rechaza implicarse, después de haber intentado formar un gobierno soberanista con el PNV. A nivel estatal EH Bildu apoya la exención de tributar para el IRPF cobrando el SMI. En Euskadi sin reforma fiscal la cantidad exenta del IRPF habría quedado en los 14.000 euros vigentes, muy por debajo de los 20.000 que establece el acuerdo final. En el País Vasco perciben el SMI 61.000 personas. En sentido contrario, EH Bildu aprueba la desgravación de las EPSV de empleo, un privilegio que beneficia a 1.300.000 personas. 

La postura del sindicato ELA es la más extrema, llegando a declarar que es una oportunidad perdida y exigiendo dar marcha atrás. Si ELA actuase de la misma manera en la negociación colectiva no llegaría a ningún acuerdo. La decisión de firmar un convenio no se basa en el todo o nada, sino en el logro de mejoras que no impliquen retrocesos. Si ELA decidiese intervenir en las instituciones políticas con ese negacionismo, destacaría como elemento antisistema.  

Al carecer de representación para negociar, Sumar intenta tener protagonismo desde el Parlamento Vasco, presentando una proposición no de ley que insta al Gobierno a utilizar la Ley de armonización fiscal con enfoque de país. Sumar lo tenía difícil para cuestionar el resultado de la reforma, dado que las medidas acordadas con Podemos son más progresistas que la fiscalidad estatal.         

Un acuerdo con imperativo social

Si Podemos se hubiese atrincherado en su programa fiscal para rechazar el acuerdo, como EH Bildu, el resultado habría sido similar a la “socialización del sufrimiento” promovida en otra época por la Izquierda Abertzale. El mérito de Podemos se basa, más que en lograr mejorar la reforma fiscal del PNV-PSE-EE, en asumirla por imperativo social o ético, evitando que la gente más vulnerable se viese privada de esas mejoras que, incluso siendo escasas, en condiciones de precariedad extrema resultan vitales para sobrevivir. 

La dirección de Podemos Euskadi ha tenido un gesto de responsabilidad y de solidaridad que no cabe confundir con el electoralismo. Los sectores sociales más débiles son abstencionistas, o lo que es peor, votan contra sus propios intereses, favoreciendo a las derechas reaccionarias. Por el contrario, puede que el electorado radical e incluso militantes de Podemos, consideren que esa decisión es una concesión al gatopardismo del PNV-PSE-EE: introducir pequeños cambios para que en lo fundamental todo siga igual. 

Hay otros elementos a destacar en la comprometida decisión de apoyar una reforma fiscal tan limitada. A nivel estatal las relaciones de Podemos con el PSOE y PNV son tensas. Puede que en el equipo de Ione Belarra no agrade ese acuerdo que en Euskadi legitima y refuerza a tales partidos. Sin embargo, pese a los rumores difundidos en la prensa local, no hay indicios de desautorización, lo cual evidencia que Podemos Euskadi ejerce el derecho a decidir en su ámbito territorial, conforme corresponde a un partido con estructura federal.

No obstante, la conducta de la dirección de Podemos Euskadi ha dejado un cabo suelto: si tenía sentido no aplicar el resultado de la consulta dirigida a la militancia, porque la participación había sido escasa y las opiniones a favor y en contra eran igualadas, la firma del acuerdo definitivo requería una nueva consulta y hacerla extensiva a las personas inscritas como simpatizantes.  

Requisitos de una fiscalidad redistributiva 

Estado de bienestar, reparto de la riqueza, son conceptos asociados a una izquierda transformadora hoy en declive. Aunque la prensa afín al modelo económico neoliberal interprete que, con las ventajas logradas por Podemos, la reforma fiscal vasca se escora a la izquierda, la realidad es bien distinta. Sin modificar la estructura del sistema fiscal, más que reforma es revisión. Y tan insuficiente que no cumple los requisitos mínimos para poder considerarla redistributiva. En consecuencia, constituye el fracaso de una izquierda que aspira a ser la alternativa al modelo socioeconómico vigente.   

La corrección fiscal aprobada por PNV-PSE-EE con el apoyo de Podemos, es un tímido paso hacia una fiscalidad progresiva, equitativa y eficiente. Para que la fiscalidad deje de ser discriminatoria y avance hacia la justicia social, debería incluir medidas esenciales de la propuesta inicial de Podemos: Evitar que la mayor parte de la carga fiscal recaiga sobre la clase trabajadora, añadiendo tramos superiores al IRPF, impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. Aumentar la recaudación en el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas. Unificar las bases imponibles del ahorro y del trabajo. Eliminar las bonificaciones a la compra de viviendas y suprimir los beneficios fiscales de las EPSV.

Los socios del Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Iu y Batzarre, y EH Bildu han rechazado este jueves en el Parlamento foral una proposición de ley presentada por UPN para que el rendimiento por los alquileres quede exento de tributación. En concreto, los regionalistas planteaban modificar la ley foral del IRPF con el objetivo de incrementar hasta el límite del 100% la exención fiscal por rendimientos obtenidos de rentas de alquiler de vivienda. La propuesta ha contado únicamente con los votos a favor de UPN y Vox y la abstención del PP.

En la exposición de motivos los regionalistas argumentaban que se trataba de una modificación fiscal “en similares términos” a la anunciada por el Gobierno central para el régimen común que es de competencia estatal. Así, UPN veía “conveniente” modificar el texto refundido de la ley foral del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el sentido de “incrementar la exención fiscal hasta el límite del 100% de los rendimientos de los arrendamientos urbanos cuando el objeto del arrendamiento sea el destino de la vivienda a residencia habitual para aquellos contratos inscritos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda regulado en el artículo 90 de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo de derecho a la vivienda en Navarra”.

Desde UPN han acusado a Chivite y a los socialistas de “volver a seguir los dictados de [EH] Bildu y de sus socios de Gobierno” al rechazar la proposición. “Para Chivite, antes es obtener a cualquier precio el salvoconducto para mantenerse en el poder, que cualquier principio, valor o sentido de la coherencia”, ha señalado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin. Según el regionalista, si se aprobase la ley planteada a nivel nacional “solo podrían beneficiarse los contribuyentes del régimen común”, de forma que los navarros “se situarían en peor condición fiscal”.

Desde el PSN ha criticado que los regionalistas hayan presentado la medida fiscal como la “panacea absoluta” cuando carece de “algún estudio riguroso” que la respalde. “Esto no es una propuesta seria ni un debate riguroso sobre vivienda. Esto es, simple y llanamente, populismo fiscal barato”, le ha reprochado el parlamentario Kevin Lucero a UPN.

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha advertido de que establecer deducciones “sin ningún tipo de criterios solo servirá para que los beneficios de los especuladores sean mayores” y, además, con “el dinero de todos los navarros”. Desde Geroa Bai la han calificado de “excesiva”, mientras que Contigo/Zurekin ha considerado que la propuesta es “imprudente”.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación ha demostrado ser “una fuerza política imprescindible para mejorar la vida de la gente” con el acuerdo para la revisión fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi. Aunque ha admitido que no es la reforma que “Podemos Euskadi habría hecho en solitario”, ha subrayado que se ha “girado a la izquierda” el proyecto de PNV y PSE-EE.

Según ha informado Podemos Euskadi, Vaquero ha agradecido, en su intervención en esta reunión, tanto a la Ejecutiva como al Consejo Ciudadano Euskadi su “trabajo, compromiso y determinación”, sin el que “no habría sido posible” el acuerdo de revisión fiscal anunciado este jueves entre su formación y el PNV y el PSE-EE. El coordinador de Podemos Euskadi ha reivindicado a su partido como “una fuerza transformadora” que ha demostrado, “con hechos y no solo con palabras”, que es “imprescindible para mejorar la vida de la gente” al lograr un acuerdo en materia fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi.

Podemos era decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Así, Vaquero ha subrayado que este acuerdo, tras “una negociación intensa”, beneficiará a más de un millón de personas, “casi el 50% de la población vasca”, según recoge Europa Press. Para Vaquero el pacto alcanzado “marca un antes y un después” ya que Euskadi “tiene hoy un sistema fiscal más justo, más progresivo y más solidario”. Así, ha destacado que, con la puesta en marcha de la revisión fiscal, “las rentas por debajo de 20.000 euros, y que no pagarán IRPF, pueden recibir hasta un 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler”, lo que supone “un alivio real para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad”. “Por primera vez en la historia, quienes menos tienen recibirán apoyo directo de la Hacienda foral. Es un paso enorme hacia una sociedad más equitativa”, ha manifestado.

También ha resaltado los “pasos decisivos” en materia de vivienda, ya que se ha podido “desbloquear” el envío de datos al Ministerio de Vivienda para fijar los Índices de Precios de Referencia y regular los precios del alquiler en Euskadi. Vaquero ha reconocido que, pese a las 27 medidas que se han introducido en el proyecto de revisión fiscal mediante este acuerdo, “no es el que habría hecho Podemos Euskadi en solitario”. En todo caso, ha remarcado que sí se ha logrado “girar el proyecto fiscal a la izquierda. ”Hemos conseguido que paguen más quienes más tienen, que las grandes empresas y las entidades financieras aporten lo que les corresponde, y que las rentas más bajas reciban un apoyo real“, ha manifestado.

La formación ha reunido este sábado en Bilbao su Consejo Ciudadano Autonómico, su primer encuentro con la nueva Ejecutiva, que integran Leticia Jiménez (Organización), Luis Miguel Lapeña (secretaría Política), Xabier Marrero (Emergencia Climática y Modelo Productivo), Gustavo Angulo (Acción Institucional), Ana Viñals (Municipalismos), Joseba Andoni Fernández (Sociedad Civil), Inés Unzaga (Comunicación) y Thania Pazos (Feminismos). Además, cuentan con un grupo asesor compuesto por David Rodríguez y Eneritz de Madariaga, portavoces en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, respectivamente.

Su cordinador general considera que el acuerdo fiscal pone de manifiesto que Podemos Euskadi es “determinante”. Según ha reivindicado es “la fuerza que impulsa los cambios necesarios para que Euskadi avance con justicia e igualdad” y seguirá haciéndolo. “Seguiremos defendiendo los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de quienes más dificultades tienen, de quienes necesitan una política que les escuche y que responda con soluciones reales”, ha afirmado. Además, se ha comprometido a “seguir trabajando sin descanso para que Euskadi sea un ejemplo de justicia social, de igualdad y de progreso”. “Porque para eso nacimos y para eso seguimos aquí: para cambiar las cosas y para demostrar que otra política es posible”, ha indicado.

Dura y contundente. La presidenta de la patronal vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha rechazado de plano la reforma fiscal que el PNV y PSE-EE han pactado con Podemos. No ha salvado más que un punto -los incentivos a la descarbonización- y no ha tenido dudas al afirmar que se trata de un “castigo” a los empresarios y que la nueva fiscalidad tendrá consecuencias -y malas- en la competitividad de las empresas. “Es una decisión política y no se están midiendo las consecuencias económicas”. “Habrá que reflexionar si es el camino acertado para mantener el bienestar social”, ha señalado.

Tamara Yagüe ha aprovechado una entrevista en Radio Euskadi para cargar con dureza contra la reforma en la que ha considerado que se muestran contradicciones por parte del Gobierno vasco, porque se habla de conseguir empresas cada vez más grandes y fuertes y luego se las penaliza con impuestos. Pero además, ha puesto en duda que sea una forma de garantizar los servicios públicos. “Habrá que reflexionar si realmente este es el camino acertado para mantener el bienestar social de Euskadi. La vaca no da más leche”, ha dicho, recordando que el bienestar “normalmente viene de la recaudación privada y esa recaudación viene de las empresas”.

Ha puntualizado que desde Confebask “no se discute” el hecho de que “se proteja a los vulnerables y a las rentas bajas”, pero sí que “se tenga que penalizar a las empresas para hacer esas protecciones”. En este sentido, ha criticado que pese a que la patronal vasca había planteado una quincena de medidas “alineadas para conseguir un crecimiento económico y regional, enfocadas a la competitividad”, que no suponía “recaudar menos, sino recaudar mejor”, sólo se les ha “hecho caso en una”, la de las deducciones fiscales para la descarbonización. En el resto ha considerado Yagüe que mayoritariamente se ha ido “en contra” de lo reclamado por Confebask “no sabemos con qué objetivo”.

En este sentido, ha criticado que por ejemplo, el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, en vez de reducirlo del 17% al 15%, como “el Estado y la mayoría de las economías europeas”, se aumenta “en determinadas ocasiones” al 19% y para grandes empresas con beneficios extraordinarios “se modifica del 24 al 28%”. “Ya no es pagar proporcionalmente más, que ya vas a pagar proporcionalmente más si ganas, es que ahora va a ser un impuesto progresivo para las empresas. Esto desde luego no contribuye ni a la competitividad de nuestras empresas ni a la atracción de proyectos tractores”, ha indicado.

Si la patronal ha sido muy dura con la reforma, no menos dura ha sido la postura de sindicatos como ELA. Para la central que dirige Mitxel Lakuntza, el acuerdo no hace más que consolidar “el injusto sistema fiscal actual”. Considera que supondrá una disminución de la recaudación y no ofrece medidas efectivas para hacer frente al “trato privilegiado que tienen las empresas”. Desde el sindicato han insistido en que “ nuestro sistema fiscal recauda poco, lo hace de forma injusta y es permisivo con el fraude fiscal, y el acuerdo de reforma no revierte ninguna de estas cuestiones”, han subrayado.

Reconoce que hay “pequeños avances” en el acuerdo, pero considera ELA que “no se puede hablar de una reforma fiscal, y mucho menos de un acuerdo que haga frente a la injusticia fiscal”. En ese sentido, tacha de “incomprensible” que una organización como Podemos convalide una revisión de estas características. “Además, cabe recordar que los impuestos se utilizan para pagar los servicios públicos, y que un partido considerado de izquierdas no debería permitir un acuerdo que provoque una merma en la recaudación y, en consecuencia, un perjuicio en el gasto social”, afirma. En este sentido, considera que es “una oportunidad perdida y exige dar marcha atrás” para abrir “un debate real con la participación social y sindical que permita aumentar la recaudación, haciendo que las empresas paguen al menos un 25% de sus beneficios, eliminar el trato privilegiado de las rentas de capital frente a las del trabajo y aumentar el control público contra el fraude fiscal”.

Ante las críticas, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha afirmado que “el eje” de la revisión fiscal que PNV y PSE-EE han acordado con Podemos Euskadi es hacer frente a los retos de futuro que tiene Euskadi y no “girar a izquierda o derecha”, el argumentado empleado tanto por morados como por socialistas.

Entrevistado en Euskadi Irratia, D'Anjou ha señalado que “la referencia no debe ser girar a izquierda o derecha, porque en general es una revisión cuyo eje debe ser afrontar los retos que tenemos por delante. Es decir, se han introducido algunas medidas para hacer frente al problema de la vivienda, y poner soluciones a la vivienda no es ni de izquierdas ni de derechas. Tomar medidas por la transición verde no es ni de derechas ni de izquierdas. Es una revisión muy equilibrada”, ha destacado.

Podemos ha informado de que ha acordado con PNV y PSE-EE la “revisión fiscal” en Euskadi. Se felicita de haber “girado a la izquierda” el documento inicial de nacionalistas y socialistas, que implicaba una reducción de la recaudación de unos 200 millones de euros sumados los efectos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Han pactado 27 medidas, incluida la subida a 20.000 euros del mínimo exento para tributar o puntos relativos a vivienda e igualdad de género. Estiman que el 50% de la población se verá beneficiada, más de un millón de contribuyentes. No habrá consulta a las bases para que opinen sobre los términos acordados.

Se trata del segundo preacuerdo entre estas formaciones en dos semanas. El primero naufragó en medio de la polémica política ya que se sometió a consulta de las bases y aunque ese proceso se calificó como vinculante y ganó el 'sí' -por la mínima, 46% a 43%- la dirección en Euskadi decidió que los datos no eran “concluyentes” para una decisión de ese calado. “Sabemos que la forma en que tomamos las decisiones no ha sido bien acogida y entendida. Pero no quiero perder la oportunidad de poner en valor a la militancia”, ha justificado el nuevo líder del partido en Euskadi, Richar Vaquero, que ha comparecido en Vitoria.

¿Por qué no hay ahora una consulta? “Ha habido mejoras significativas [respecto a la propuesta anterior] y en base a los tiempos, hemos tirado de los órganos más representativos. Hemos preguntado a la ejecutiva y al consejo ciudadano, compuesto por personas electas y círculos”, ha explicado Vaquero a los periodistas.

Podemos es decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Otro matiz: se trata, además, de una decisión exclusiva de Podemos, la formación principal de la coalición Elkarrekin, que es la que se presentó a las elecciones forales en 2023. IU, otra de las patas de una alianza en la que también estaba en su día Berdeak Equo, ya se ha opuesto abiertamente y, de hecho, no ha participado en las conversaciones. Sin embargo, en Gipuzkoa los dos escaños son de la formación morada y en Álava dos de los tres los controla Podemos. Podemos asegura que tiene “identidad propia” para justificar que haya negociado de modo individual y no como coalición.

El partido entiende que “no es la reforma fiscal” que Podemos haría por sí mismo y que habría sido “más fácil” quedarse en una posición “cómoda” del 'no' desde la izquierda. Pero “como el bienestar de la gente es la prioridad”, han peleado por “girar a la izquierda” el modelo inicial de PNV y PSE-EE. Por ejemplo, las rentas bajas podrán recibir “hasta 2.800 euros” por vez primera en la historia de su Hacienda. Vaquero ha usado la expresión de “dejar en el bolsillo” de la ciudadanía dinero al explicar que 342.000 contribuyentes se beneficiarán de una reducción fiscal estimada en 138 millones de euros.

A la vez, “las rentas más altas no podrán acceder a deducciones por vivienda, lo que permitirá recuperar 18 millones de euros”, se ha indicado. Esto no tiene carácter retroactivo porque “jurídicamente no se sostiene” cambiar las condiciones de quienes ya acceden ahora a ellas. Como añadido, han explicado que se ha acordado que como máximo en abril se cerrarán los índices de precios de referencia necesarios para completar la aplicación de la limitación de precios en las zonas de vivienda tensionada. También existe un compromiso político para aplicar en el ámbito foral el impuesto a las entidades financieras.

Podemos ha justificado el viraje en que han logrado “cambios” relevantes, sobre todo en la tributación de las rentas altas, la normativa de vivienda y la aplicación del impuesto a la banca. Señala también que hay una “brecha” porque los los contribuyentes con rentas más bajas, unos 8.000, van a poder acceder a ayudas fiscales al alquiler incluso sin estar obligadas a realizar la declaración del IRPF. “Vamos a conseguir ponerlo en marcha”, se han felicitado en Podemos.

Ortuzar critica a PP y EH Bildu

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, vestido con una corbata de color morado, ha saludado el acuerdo. “A EH Bildu y PP el tiro les ha salido por la culata: han antepuesto sus intereses particulares y se han desentendido de los de la ciudadanía. Han quedado retratados solos y juntos por el 'no', como tantas otras veces”, ha criticado el dirigente nacionalista, que probablemente ha cerrado con esta reforma fiscal su último gran acuerdo tras doce años en el cargo que se terminan este mes de marzo.

“En tiempos de incertidumbre como los que vivimos, hemos creído necesario actualizar la fiscalidad, protegiendo a las rentas más bajas y dando seguridad a las rentas medias de nuestra sociedad. Proteger a quienes más lo necesitan, las clases medias y trabajadoras, abordando igualmente mejoras en problemas básicos como el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en régimen de alquiler; en el apoyo a la conciliación con el cuidado de menores y personas dependientes; en la igualdad efectiva de género, fomentando el emprendimiento femenino; o en el impulso a la transición verde en el horizonte de crisis climática. Y todo ello sin incidir negativamente en la recaudación, elemento clave para el sostenimiento de los servicios públicos”, ha explicado igualmente el PNV.

Y ha añadido Ortuzar: “Sacar adelante esta propuesta de manera armonizada nos obligaba a llegar a acuerdos con otras formaciones políticas de cara a permitir que tanto en Araba como en Gipuzkoa se alcanzara la mayoría parlamentaria que lo hiciera viable, estando garantizada en Bizkaia. Y por eso presentamos la opción que defendíamos PNV y PSE-EE al conjunto del arco representativo. Tras una serie de contactos, dos formaciones políticas se desmarcaron del acuerdo, el PP y EH Bildu. Solo Podemos se avino a profundizar en el contenido de la propuesta,poniendo sobre la mesa sus principales inquietudes y alternativas. [...] Esto es política con mayúsculas. Negociar y Acordar. En beneficio de la gente”.

Andueza, satisfecho con la mirada a la izquierda

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado su “satisfacción” por el acuerdo y también por que mire a la izquierda y no a la derecha. “Celebro que vaya a salir adelante en la dirección progresista. Era viable la apuesta por un entendimiento que no suponga una merma de recursos para educación, sanidad o cuidados”, ha señalado en el Parlamento Vasco, aludiendo a que no habrá recorte de recursos tras la aprobación en las tres Juntas Generales de las respectivas normas fiscales. Andueza entiende que “miles” de contribuyentes vulnerables se verán beneficiados por los cambios, las “clases medias y trabajadoras”.

Después de agradecer el trabajo y la “voluntad” de Podemos, también ha criticado Andueza “a los que han preferido quedarse en el no”, en referencia a PP y EH Bildu. “Tendrán que explicar por qué van a oponerse a cambios que favorecen a una mejor progresividad”, ha manifestado. También ha manejado la cifra de que un millón de contribuyentes va a salir beneficiado. “Desde luego, estamos muy satisfechos. Es un día para celebrar”, ha apuntado.

Y ha agregado: “Muy probablemente el PNV se habría sentido más cómodo en una reforma con el PP. La concurrencia del PSE-EE ha sido determinante para evitar que el PP pudiera llegar a ningún tipo de acuerdo. No sólo hemos condicionado la negociación, sino que la hemos redireccionado y orientado. Me siento orgulloso del papel, relevancia y liderazo del PSE-EE en esta cuestión”.

EH Bildu, tirando de ironía, ha señalado que Podemos consideró hace no tanto al PNV como “cachorrito de Repsol” y de las grandes fortunas en materia fiscal y que ahora “va al rescate de quien iba al rescate de los poderosos”. El dirigente Unai Urruzuno ha señalado que “sorprende” igualmente que si el pacto es “infinitamente” mejor que la propuesta inicial de los partidos del Gobierno Podemos no la lleve a sus bases para que la refrenden. Ha sugerido que en el partido hay “miedo” a un portazo. La coalición estima que la recaudación no mejorará con estas medidas y duda que se pueda sostener a futuro la “calidad” de los servicios públicos con un “compendio” de deducción y sin medidas “de fondo”.

La sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco ha tenido un marcado componente económico. En verdad, las últimas semanas en la agenda del lehendakari, Imanol Pradales, lo están teniendo también. Pradales tiene tres objetivos, según ha explicado. Los dos primeros guardan relación con la propuesta de condonar deuda a otras comunidades de régimen general y que no beneficia a las de régimen foral, como la vasca. Y la tercera, ya anunciada esta semana, es la gran apuesta económica de esta fase de la legislatura.

¿Qué quiere el lehendakari? Uno, lograr que el Estado “flexibilice” el límite de deuda de Euskadi parar lograr recursos adicionales. Dos, garantizar que a partir de 2027, cuando expira el actual marco de regulación del Concierto Económico, la mejora de la posición de otras autonomías no sea un bumeran y empeore la de Euskadi. Y, tres, modificar los presupuestos autonómicos de 2025 para habilitar los 1.000 millones anunciados a comienzos de esta semana para impulsar, con entidades financieras privadas, hasta 4.000 millones de inversiones.

Pradales ha explicado que ya ha iniciado “conversaciones” con el Estado al hilo de la condonación de deuda a las comunidades autónomas de régimen común para que eso no perjudique a las de régimen foral. A falta de ese premio, aspira lograr al menos que se “flexibilice” el límite de deuda para Euskadi de modo que lleguen “recursos extraordinarios” para afrontar la “incierta situación” geopolítica y económica mundial.

Es el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, el comisionado para entablar ya esas negociaciones con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según ha indicado Pradales. El lehendakari ha explicado que el sistema de Concierto Económico se fundamenta en abonar un Cupo consistente en el 6,24% de las cargas y servicios que asume el Estado. Y eso implica también pagar una proporción de la deuda y de sus intereses. Como la deuda de las autonomías la asumirá el Estado, si sube su carga debería subir también el 6,24% de la aportación de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el 1,6% de Navarra, la otra comunidad foral. “La cuenta a pagar sería mayor”, ha dicho Pradales, y Euskadi no puede aceptar eso. Toca “neutralizar” esos posibles “efectos negativos” cuando el acuerdo quinquenal vigente expire en 2027 porque Euskadi siempre ha operado con “rigor” y “solvencia” y sin posibilidad de acceder nunca al denominado FLA.

Pradales ha realizado este análisis en respuesta a una pregunta del PP. Javier de Andrés ha asegurado que Euskadi sale “triplemente perjudicada” del plan de condonación de deuda. Por un lado, no ha recibido “nada” del FLA que ahora se perdona; por otro lado, el sistema de Concierto Económico le obligará a pagar más al Estado si recibe traspasada la deuda de las comunidades de régimen común -la mayoría del dinero procedente de las del PP-; y, finalmente, esta carga para el Estado reducirá su músculo inversor y caerá el dinero para proyectos como la 'Y vasca' de alta velocidad.

De Andrés acusa a Pradales y al PNV de “callar” ante Sánchez en este tema como lo hacen ante la “corrupción” socialista y al “falso feminismo” de Sánchez y sus socios. “Son socialistas consortes”, ha repetido el dirigente del PP, que ha recordado que el PSE-EE ha puesto al PNV la condición de no negociar con la derecha la reforma fiscal que se tramita en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pradales ha replicado que el PNV no pone vetos y ha invitado al PP vasco a que logre que en Madrid el PP sea también un aliado del régimen foral y no un obstáculo, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Esperamos la ayuda de su partido. Aquí y en Madrid”, ha arrojado el lehendakari.

Sobre el debate fiscal y político en que Euskadi lleva sumida una semana después de que Podemos diera marcha atrás al entendimiento inicial con PNV y PSE-EE, ha sido IU, que lidera la coalición Sumar, quien ha llevado el debate al Parlamento Vasco. Son las Cámaras forales, las Juntas Generales, las que tienen la competencia. IU es socia de Podemos aún en el ámbito local y se opuso al acercamiento de los morados con nacionalistas y socialistas. Jon Hernández, el parlamentario de IU y de Sumar, ha cuestionado el modelo fiscal vasco y la propuesta de ajuste sobre la mesa y ha señalado que “ha fracasado estrepitosamente” la negociación. Sostiene que Euskadi está sumida en una “incertidumbre fiscal”.

Pradales ha replicado inicialmente que sería deseable “respetar la arquitectura institucional”. Hernández ha replicado que pedir “liderazgo” al lehendakari -que asume el 70% del gasto de lo que se recauda en las Haciendas forales- no es cuestionar las competencias de las diputaciones. Después, el lehendakari sí se ha metido de lleno en el debate. “Estamos a tiempo. Res-pon-sa-bi-li-dad”, les ha demandado a EH Bildu, al PP y a un Podemos que ya no tiene representación en la Cámara para la que hablaba.

La ronda de Otxandiano

En EH Bildu, su líder, Pello Otxandiano, ha renunciado a su 'cara a cara' con el lehendakari para que la portavoz en Igualdad de la formación, Oihana Etxebarrieta, hiciera su análisis previo al 8M y pidiera al Gobierno pasar de las palabras a los hechos y revertir la privatización. Sin embargo, Otxandiano ha comparecido antes ante los medios de comunicación y ha anunciado que abrirá su propia ronda de reuniones con sindicatos, empresarios y otros agentes económicos para recabar aportaciones ante el “nuevo ciclo económico que se abre”.

Sobre la fiscalidad, Otxandiano se ha mostrado sorprendido de que el PNV siga abriendo la puerta a negociar al tiempo con PP y EH Bildu. “Estamos totalmente abiertos al debate: hemos presentado propuestas y estamos dispuestos a debatirlas. Hay que tener voluntad para negociar. Rigor, seriedad y cultura democrática. Si no tienes mayoría, tienes que negociar. Esto no puede ser un ajuste fiscal, tenemos que abordar el debate como una reforma fiscal. Y PP y EH Bildu son partidos antagónicos. ¿Con quién quieren negociar? ¿Da igual? ¿Su propuesta es perfectamente válida para ambos?”, se ha preguntado Otxandiano.

Los partidos políticos vascos siguen discutiendo sobre la reforma fiscal después de que se conociera que Podemos, finalmente, no desea pactar los cambios tributarios planteados por PNV y PSE-EE en sus actuales términos. Los nacionalistas han anunciado para este jueves una comparecencia de las tres diputadas forales de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz de Bizkaia, Itziar Agirre de Gipuzkoa e Itziar Gonzalo de Álava, y los socialistas creen que aún hay margen para el acuerdo. El bipartito solamente tiene la mayoría suficiente en Bizkaia y en Gipuzkoa y Álava precisa de un tercer socio.

Este viernes, PNV y PSE-EE habían acercado posturas con Podemos. Por ejemplo, estaban de acuerdo en elevar de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para tributar el IRPF. Esta formación celebró una consulta entre sus bases para ratificar esa alianza en una materia. Ganó el 'sí' por un 46% frente a un 43% de 'noes'. Pero ante la baja participación, la dirección morada dio por “no concluyente” el resultado y dejó claro que “ahora mismo” no va a dar ese paso de pactar con nacionalistas y socialistas si no hay cambios en las medidas.

El PNV, a falta del pronunciamiento institucional de las tres diputadas competentes en la materia, ha defendido que ese “acuerdo fiscal” planteado a Podemos es la “posición definitiva”. Cree que Podemos ha respondido así por vértigo, por “cuestiones internas”. Insiste también en que la nueva fiscalidad “protege” a los más necesitados y que no merma de modo relevante la recaudación, “clave” para el “sostenimiento” de unos servicios públicos de calidad. “Hacer política con mayúsculas es negociar y acordar en beneficio de la gente”, opinan el partido aún dirigido por Andoni Ortuzar.

Sin relación con este asunto, este miércoles había programada una reunión de Podemos con el PSE-EE. Era el arranque de una ronda que Eneko Andueza ha puesto en marcha por su reciente reelección como secretario general. Andueza ha pedido a Podemos que “reconsidere” su “portazo” o, al menos, que precise qué “variaciones” habría que “incorporar” para cerrar un acuerdo definitivo. Sostiene que las bases cerradas con PNV y con Podemos tenían una clara impronta “progresista” y que han de ser la “base” para seguir tratando de sacar adelante las tres normas forales que recogen los cambios fiscales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Richar Vaquero, el nuevo líder de Podemos en Euskadi, ha garantizado que el suyo es un partido “serio”. Y también “valiente”. “Nosotros hicimos una consulta a las bases sobre esa propuesta y las bases dijeron que no, pero no nos hemos levantado de la mesa”, ha sido su lectura sobre los últimos acontecimientos. Ha señalado que se “replantearán” el 'no' si hay una “modificación estructural” de las medidas. Podemos no solamente mira a la cantidad exenta sino al tratamiento de las EPSV o a “mejorar” las condiciones para las rentas más bajas o para acceder al mercado de la vivienda. Podemos no tiene escaños en el Parlamento pero sí es decisivo en las Juntas Generales. Eso sí, forma parte de una coalición más amplia, Elkarrekin. El otro socio, IU, ya ha dicho que se opone claramente a negociar con PNV y PSE-EE.

Entretanto, EH Bildu sigue observando la jugada con interés. Ha pedido “rigor” y “seriedad” a todas las partes y ha constatado que es imprescindible negociar cuando no existen mayorías, como es el caso de Álava y de Gipuzkoa, donde además la formación abertzale es la primera fuerza. La portavoz, Nerea Kortajarena, ha criticado que el PNV plantee un “ultimátum” cuando hay margen para reconducir la negociación por otras vías. “Llegados a este punto, uno no sabe si hay alguien al volante”, ha ironizado.

El PP ha lanzado también, por boca de Javier de Andrés, que “hay una alternativa a este acuerdo del PNV con grupos de izquierda”. Ofrece unas propuestas “interesantes” para devolver poder adquisitivo a las “clases medias” frente a la “doctrina socialista que impera en Euskadi”, ha señalado en una rueda de prensa en Bilbao.

PNV y PSE-EE, el bipartito que controla las principales instituciones vascas, acordaron en 2017 una reforma fiscal con el PP. Es el modelo vigente, aunque obviamente ha ido parcheándose con deflactaciones, medidas extraordinarias durante la pandemia y nuevas concertaciones que han ido surgiendo. Su revisión es un asunto largamente discutido en la Euskadi política. Se prometió, de hecho, para 2020, pero nunca llegó por la crisis derivada de la COVID-19. En 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania en el horizonte, se barruntaba que sería después de las elecciones forales, con las Juntas Generales con competencias plenas en materia tributaria ya renovadas. Así, finalmente, en 2024 llegaron unos ajustes compartidos por nacionalistas y socialistas que se tienen que tramitar ahora, en 2025. Pero solamente en Bizkaia tienen mayoría para aprobarlos tal cual. En Álava y en Gipuzkoa precisan de un tercer socio. Y en esa búsqueda es donde emergió Podemos. Fuera del Parlamento Vasco desde el pasado año, sigue teniendo escaños que pueden ser decisivos en las Cámaras forales y buscó su cuota de protagonismo e influencia perdidos. Sin embargo, tras haber cerrado este viernes un preacuerdo con PNV y PSE-EE y haber logrado de sus bases un apoyo mayoritario por la mínima al pacto en una consulta realizada de urgencia este fin de semana, la formación ahora dirigida por Richar Vaquero ha decidido no firmar con nacionalistas y socialistas y dejar la reforma en el aire.

Podemos, que en realidad todavía forma parte de una coalición en el ámbito foral y municipal con fuerzas como IU y Equo, nunca llegó a anunciar públicamente que tenía un acuerdo con PNV y PSE-EE, aunque este periódico ha constatado con esos dos partidos que así era. Al menos, existía una formulación “muy avanzada”, admiten en la formación aludida. La principal negociadora, Eneritz de Madariaga, juntera en Bizkaia, planteó que había habido un acercamiento pero que quedaban “escollos”. Otra fuente también destacaba que quedaban asuntos “importantes” por resolver. Pero después se conoció que PNV y PSE-EE se autoenmendaban la propuesta original y que en algunos puntos coincidía claramente con las exigencias de la formación morada. Por ejemplo, se vio al cerrar en 20.000 euros el volumen de ingresos exento de realizar la declaración del IRPF. Ese dato también puso de relieve que el debate fiscal en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa sigue otras coordenadas que el de España. Aquí, ahora, el SMI tributa, ya que esa barrera es de 14.000 euros. En España es justo a la inversa, ahora no entra dentro de las tablas del IRPF y ahora se pretende que sí lo haga.

Según las fuentes consultadas, la dirección de Podemos dio el visto bueno al acuerdo. Y eso que a comienzos de año Podemos y el PNV mantuvieron una agria polémica en el Congreso de los Diputados a cuenta de la fiscalidad. Ione Belarra, líder de la formación, acusó a los nacionalistas de ser “cachorritos” de Repsol, la petrolera dirigida por el expresidente del Euzkadi Buru Batzar Josu Jon Imaz. Expuso con vehemencia que representan modelos opuestos en lo social y en lo económico y recibió también duras respuestas de Aitor Esteban, que ahora sustituirá a Andoni Ortuzar.

No tenía, en cambio, el plácet de toda la coalición Elkarrekin en su conjunto. IU se opone claramente a estos cambios fiscales. “Desde el máximo respeto a los debates y decisiones que cada una de las otras fuerzas del espacio Elkarrekin pueda tener, Ezker Anitza IU rechaza la supuesta reforma fiscal planteada por PNV y PSE-EE en las tres haciendas vascas porque no sirve para afrontar las necesidades del presente y del futuro de Euskadi, reduce la capacidad de recaudación y además profundiza en las desigualdades. Lamentablemente los cambios propuestos en los últimos días no mejoran este maquillaje fiscal”, señalan desde esta formación citando claramente lo acordado por Podemos.

Sin embargo, Podemos es el socio mayoritario de esa confluencia y tiene el peso suficiente para actuar por sí mismo. En Álava y en Gipuzkoa, el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene 24 escaños. En el primer caso, Elkarrekin tiene tres representantes, dos de Podemos y uno de IU. En el segundo, los dos son de Podemos. En Bizkaia, aunque allí PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, los dos escaños son de Podemos, ocupados precisamente por el secretario general, Vaquero, y por la negociadora principal, De Madariaga.

La consulta interna de Podemos fue escasamente publicitada. Se celebró el fin de semana. El lunes ya estaban los resultados pero su publicación se pospuso durante horas en las que se sucedieron las reuniones. Eso alimentó rumores de posibles impugnaciones. El partido insistía ese día en que no había constancia de nada de eso. ¿Qué dijeron las bases? Con una participación muy baja, inferior al 25%, el 46% apoyaba el pacto fiscal con PNV y PSE-EE y el 43% se oponía. No ha trascendido el resultado concreto definitivo, pero algunas fuentes aluden a apenas dos o tres votos de diferencia. La dirección lo ha tomado como un “empate técnico”, un resultado no concluyente para un asunto tan trascendental. Al fin y al cabo, en 2020, toda una dirección cayó tras un acuerdo presupuestario con el PNV de Iñigo Urkullu frente a un sector que defendía con claridad ser alternativa a la “derecha vasca”. Ahora bien, Vaquero llegó al cargo hace pocas semanas precisamente tras una consulta interna en la que obtuvo un 46% de los apoyos. Es más, su rival, Miren Echeveste, logró incluso un 44%, todavía más reñido.

“La ejecutiva ha dicho que sí, las bases han dicho que sí y ¿ahora la dirección dice que no? Esto no es serio”, protesta un alto dirigente del PNV sobre la situación generada. El diputado general de Álava, Ramiro González, se ha expresado en términos muy parecidos. La diputada vizcaína Itxaso Berrojalbiz ha sido una parte muy relevante de las conversaciones. En Gipuzkoa, la portavoz Irune Berasaluze ha señalado que la propuesta “tiene unas medidas importantes e interesantes para muchos ciudadanos del territorio y no se puede perder esta oportunidad”.

Desde Podemos quisieron matizar que aprecian que “ahora mismo” no hay base para un acuerdo fiscal con PNV y PSE-EE, dando a entender que podrían replanteárselo en caso de mejoras. “¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Negociamos con ellos?”, lanza desde las filas socialistas, sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Begoña Gil y el propio Eneko Andueza han comandado las conversaciones y, de hecho, se reúnen este miércoles con Podemos por otro motivo, la ronda de contactos abierta por el secretario general tras su reciente reelección. Dan por hecho que saldrá el asunto, pero entienden que no hay motivos para confiar que la dirección pueda garantizar que nada sea refrendado por sus bases en este momento.

El PNV insiste en que abre la puerta a “todos” los partidos para negociar y sacar adelante la reforma fiscal. Sin embargo, el PSE-EE ya les ha dicho que no quiere al PP en la ecuación. Compara a los 'populares' vascos con Isabel Díaz Ayuso. ¿Y EH Bildu? La coalición se ha alejado con una enmienda de totalidad, aunque técnicamente tampoco cierra la puerta al entendimiento. Pero, discursivamente, las posiciones parecen muy alejadas y la formación observa con sumo interés los movimientos en torno a Podemos. Pello Otxandiano, en Euskadi Irratia, ha criticado que no se plantee la reforma como algo estructural pensado para dar “suficiencia” a las arcas públicas de cara a los cambios demográficos y sociales que se avecinan, tales como pagar la Sanidad de calidad del futuro. En su momento, se indicó que los cambios propuestos no solamente no mejoran los ingresos sino que los reducirán en unos 230 millones de euros. EH Bildu lleva semanas sin dialogar sobre fiscalidad con el bipartito, según ha admitido Otxandiano.

El PP también se deja querer, aunque su portavoz, Laura Garrido, no ha perdido la ocasión para criticar los “tumbos” de nacionalistas y socialistas. A su juicio, estos partidos solamente quieren el trofeo de aprobar la reforma sin pensar en el con quién. Y “el modelo del PP es radicalmente opuesto al de [EH] Bildu y al de Podemos, claro”, ha constatado en una rueda de prensa sobre otro asunto pero en que ha dedicado 11 de los 17 minutos a este tema. “Parece que Podemos les ha dicho que no. Esto no es ni serio ni riguroso. No está a la altura de las circunstancias”, ha reseñado Garrido, que ha dicho por dos veces -erróneamente- que el actual modelo fiscal gana en 7.000 millones de ingreso cada año y que es momento de bajar la presión fiscal porque limita el poder adquisitivo de los contribuyentes. Con el PP hubo reuniones “esporádicas” sobre el asunto pero, como en el caso de EH Bildu, hace tiempo que no las hay ya.

Así las cosas, formalmente la puerta sigue abierta a los acuerdos en Álava y en Gipuzkoa, más que nada porque los plazos no están agotados. “Hay tiempo hasta que el procedimiento llegue a las tres Juntas Generales para que todos los partidos políticos se posicionen”, defiende el PNV. En Bizkaia se sobrentiende que se acomodará a lo acordado en los otros territorios para evitar una desarmonización. En el caso de Podemos, sus representantes aún no tienen instrucciones precisas para actuar cuando se tengan que votar las medidas acordadas con PNV y PSE-EE. En el argumentario del PNV empieza a florecer ya la idea de que las familias y los jóvenes van a salir perjudicados sin un acuerdo. Otras voces, de su lado, no verían con malos ojos una retirada a tiempo y reiniciar el proceso para evitar la imagen de la falta de capacidad para los consensos y una posible derrota en Gipuzkoa y Álava.

La reforma fiscal en Euskadi sigue en el aire. Podemos había alcanzado un principio de acuerdo con estas fuerzas, que no tienen mayoría en Gipuzkoa y en Álava, pero la consulta a las bases de este partido no ha sido “concluyente”, según su dirección. Ha ganado el 'sí' con un 46% frente al 43% pero la escasa diferencia, que ninguna opción alcance el 50% y la premura en que se ha celebrado la votación han llevado al partido de Richar Vaquero a estimar que “ahora mismo” no pueden votar un tema de tanto calado con esas premisas. Podemos y PNV, hace pocas semanas, se habían enfrentado precisamente en el congreso por este tema. Además, IU, que sigue siendo socia de Podemos en Álava, no compartía este acercamiento.

En un comunicado, el partido ha indicado que “el Consejo de Coordinación de Podemos Euskadi se ha reunido esta tarde para valorar los resultados de la consulta y ha determinado que el resultado de la misma no es concluyente, dado que no hay una mayoría suficiente y además ha habido una baja participación, por debajo del 25%, que Podemos Euskadi achaca a la premura a la hora de realizar la consulta”. “Todo esto hace que el diferencial de votos entre el ‘sí’ y el ‘no’ sea mínimo. De este modo, a la vista de este empate prácticamente técnico y la baja participación en la consulta, y teniendo en cuenta la trascendencia de esta cuestión, ya que está en juego que Euskadi pueda tener una fiscalidad que realmente beneficie a la ciudadanía vasca que más lo necesita, el Consejo de Coordinación de Podemos Euskadi entiende que ahora mismo no se puede llegar a un acuerdo en base a la propuesta de PNV y PSE-EE”, alegan.

Este viernes, PNV y PSE-EE habían matizado su propuesta de reforma fiscal inicial con autoenmiendas en Álava y en Gipuzkoa, los territorios donde precisan de un acuerdo con un tercer socio para sacarla adelante. Entre los cambios a los que accederían está subir aún más el mínimo exento de tributación a 20.000 euros. La propuesta inicial era de 19.000 y actualmente la barrera son 14.000. Esto indica que el debate se ubica en coordenadas totalmente alejadas de las de la Hacienda estatal ya que ahora sí tributa el SMI, a diferencia de en el resto de España, y se persigue que no lo haga, también contrariamente a lo que se plantea desde el Gobierno central.

¿Qué significado político tiene este cambio? El bipartito afrontaba dividido el debate. El PSE-EE no quiere un acuerdo con el PP, al que acusa de imitar a Isabel Díaz Ayuso en fiscalidad, mientras que el PNV quería dialogar con “todos”. EH Bildu ha ido a la enmienda de totalidad y, aunque formalmente está dispuesto a dialogar, es muy crítico con lo que no ve como una reforma de calado. En cambio, hay un tercer actor que no está en el Parlamento Vasco pero que sí mantiene representación foral, Podemos. En Álava y en Gipuzkoa podrían ser decisivos sus votos. Y Podemos, cabeza de la coalición Elkarrekin, había lanzado precisamente los 20.000 euros exentos como cifra de referencia.

Tanto en Álava como en Gipuzkoa, el Gobierno foral correspondiente de PNV y PSE-EE tiene 24 de 51 escaños en las Juntas Generales. La coalición Elkarrekin tiene tres y dos escaños, respectivamente, suficientes para garantizar la aprobación de la normativa. En el caso de Álava, podría ser así incluso sin el concurso de la parte de IU de la coalición, que tiene un procurador de los tres y que ahora políticamente está dentro de Sumar. En Gipuzkoa toda la representación es de Podemos.

PNV y PSE-EE han matizado su propuesta de reforma fiscal inicial con autoenmiendas en Álava y en Gipuzkoa, los territorios donde precisan de un acuerdo con un tercer socio para sacarla adelante. Entre los cambios a los que accederían está subir aún más el mínimo exento de tributación a 20.000 euros. La propuesta inicial era de 19.000 y actualmente la barrera son 14.000. Esto indica que el debate se ubica en coordenadas totalmente alejadas de las de la Hacienda estatal ya que ahora sí tributa el SMI, a diferencia de en el resto de España, y se persigue que no lo haga, también contrariamente a lo que se plantea desde el Gobierno central.

¿Qué significado político tiene este cambio? El bipartito afrontaba dividido el debate. El PSE-EE no quiere un acuerdo con el PP, al que acusa de imitar a Isabel Díaz Ayuso en fiscalidad, mientras que el PNV quería dialogar con “todos”. EH Bildu ha ido a la enmienda de totalidad y, aunque formalmente está dispuesto a dialogar, es muy crítico con lo que no ve como una reforma de calado. En cambio, hay un tercer actor que no está en el Parlamento Vasco pero que sí mantiene representación foral, Podemos. En Álava y en Gipuzkoa podrían ser decisivos sus votos. Y Podemos, cabeza de la coalición Elkarrekin, había lanzado precisamente los 20.000 euros exentos como cifra de referencia.

“Seguimos trabajando y negociando con responsabilidad y por responsabilidad con la sociedad vasca. Éste es el motivo fundamental por el que no hemos presentado una enmienda a la totalidad. Esperamos que PNV y PSE-EE sean también responsables y den pasos valientes para acordar la fiscalidad que espera la ciudadanía”, ha manifestado la portavoz del partido morado, Eneritz de Madariaga, que es juntera en Bizkaia. Porque -y esto es algo que nacionalistas y socialistas desean también- se espera que el acuerdo se haga extensivo también al territorio donde no es matemáticamente necesario dado que se quiere evitar la desarmonización.

“Las conversaciones siguen abiertas. Han estado yendo por muy buen camino”, ha admitido De Madariaga ante los periodistas sobre el posible acuerdo con PNV y PSE-EE. Quedan “escollos” -básicamente muchas más peticiones que de momento desde el bipartito no han atendido- pero también otros actores políticos sugieren ya esta fórmula como la más probable. El PP, por ejemplo, quería ir a 22.000 euros exentos. Los 'populares' habían visto visos de acercamiento con el PNV pero ahora creen que harán una “sumisión al PSOE”, al que están “plegados”, en boca de Iñaki Oyarzábal. Dan por hecho que habrá un acuerdo mirando a la izquierda y no a la derecha. La actual reforma en vigor es de 2017 y se hizo con PNV, PSE-EE y PP.

Otros ajustes que ya aceptan PNV y PSE-EE, según informa Europa Press, son que igualmente estarán exentos los “rendimientos brutos del capital y ganancias patrimoniales” que no superen conjuntamente los 1.600 euros anuales. Se primará a los hombres que quieren conciliar con deducciones adicionales y, al revés, a las mujeres que se reincorporen al mercado laboral tras haberse ido por motivos familiares. Hay también algunos ajustes en materia de tributación de vivienda. Por ejemplo, se baja de 85.000 a 80.000 el tope de renta para beneficiarse de las deducciones por compra.

Tanto en Álava como en Gipuzkoa, el Gobierno foral correspondiente de PNV y PSE-EE tiene 24 de 51 escaños en las Juntas Generales. La coalición Elkarrekin tiene tres y dos escaños, respectivamente, suficientes para garantizar la aprobación de la normativa. En el caso de Álava, podría ser así incluso sin el concurso de la parte de IU de la coalición, que tiene un procurador de los tres y que ahora políticamente está dentro de Sumar. En Gipuzkoa toda la representación es de Podemos.

PNV y PSE-EE continúan exhibiendo sus diferencias en torno a la reforma fiscal que han de acometer las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Los socios de coalición solamente tienen mayoría en Bizkaia y precisan de un tercer aliado en los otros dos Parlamentos forales. Este jueves, antes del arranque del pleno en el Parlamento Vasco, el líder socialista Eneko Andueza ha vuelto a recalcar que el PP no puede ser una opción en este momento, aunque el PNV lo considere factible. Instantes después, el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi, ha insistido en euskera y en castellano en que la “voluntad” del PNV es “clara” y pasa por negociar “con todos”, también con los 'populares'.

PNV y PSE-EE han planteado una revisión del modelo fiscal vigente en Euskadi, que data de 2017 y que, precisamente, fue cerrado por estos partidos y el PP en el marco de una negociación presupuestaria. EH Bildu ha formulado ya una enmienda de totalidad y criticado el planteamiento acordado por los socios. Buscan más ambición en los cambios y también una aproximación con el modelo fiscal del otro territorio fiscal, Navarra. El PP, de su lado, ha lanzado una batería de enmiendas que van en la línea de rebajar la presión fiscal de modo general.

Hay un quinto en discordia, Podemos. Este partido ya no tiene escaños en el Parlamento Vasco pero sí representación suficiente en Gipuzkoa y Álava como para garantizar su aprobación. “Llevamos todo el tiempo diciendo que nuestra disposición es total para tratar de llegar a un acuerdo para que Euskadi tenga la fiscalidad que se merece. Está habiendo negociaciones a nivel político e institucional. En algunas cosas se está avanzando y en otras hay más dificultades”, explican fuentes de esta formación, ahora liderada por Richar Vaquero. La formación, que lidera una coalición llamada Elkarrekin a nivel foral y municipal, no va a presentar enmienda de totalidad y pide “responsabilidad” y “valentía” a PNV y PSE-EE.

Andueza, en sus declaraciones a los medios de comunicación, ha valorado el anuncio de EH Bildu de ir a la enmienda de totalidad y entiende que está pensada para “hacer daño” al bipartito. A la vez, ha avisado al PNV de que el PP no puede ser una alternativa. “Euskadi necesita servicios públicos fuertes y todo lo que ha propuesto el PP nos lleva a un debilitamiento de los servicios públicos, a una Euskadi en mayor desigualidad. Si no cambian su planteamiento, con el PP no tenemos nada que hacer”, ha manifestado Andueza con rotundidad.

Díez Antxustegi ha insistido en el axioma de que lo importante es el 'qué' y no el 'quién'. “Hay que negociar sobre contenidos y negociar con todos los grupos”, ha señalado. Y ha lanzado al aire la pregunta de quién se puede oponer a que queden exentas las rentas de menos de 19.000 euros -ahora son 14.000- o a deducciones para vivienda, familias o descarbonización. “Negociar con todos, la voluntad es clara”, ha insistido sobre los comentarios del PSE-EE.

El asunto tiene contexto. Es claro el precedente de 2017, con PNV y PSE-EE pactando el modelo fiscal con el PP, aunque entonces Andueza no era el líder en Euskadi. Secretario general desde 2021 y reelegido hace solamente unos días, siempre ha sido muy exigente con su socio del PNV y no ha dudado en hacer advertencias públicas sobre temas como la ley de Educación, las políticas de Vivienda o incluso asuntos internos del Gobierno cuando ha considerado que tenía que hacerlo. De hecho, Andueza quiso no entrar como vicelehendakari de Imanol Pradales para poder preservar ese espacio de libertad.

Sin embargo, hace solamente unos meses PNV y PSE-EE aprobaron los presupuestos de Gipuzkoa con el PP. La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, también fue investida con el apoyo de esta formación. En asuntos sectoriales, también ha habido acuerdos puntuales entre el bipartito y los 'populares'. Hace solamente unos días, en el propio Parlamento, el lehendakari ya lanzó este mensaje a Javier de Andrés, presidente de los 'populares' vascos: “Les seguimos esperando a usted y al PP para que arrime el hombro, para hacer país. Tienen la puerta del Gobierno abierta. La mía también. Le estamos esperando”.

En cuanto a la reforma fiscal, las partes entienden aún que hay “margen” para sacarla adelante. La propia EH Bildu abrió la puerta a dialogar a pesar de sus enmiendas de totalidad. “A partir de ahora veremos lo que pasa”, coinciden en todos los partidos.

De Madrid a Vitoria hay 353 kilómetros. Y todavía más, 452, hasta Donostia. La restitución al PNV del edificio que adquirió mediante testaferros en París en 1936 motivó una muy dura campaña del PP y a que se interpretara que los puentes entre ambas formaciones estaban completamente rotos. Eso orilla que el PNV jamás va a alentar a Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez mientras depende de los socialistas en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en la mayoría de ayuntamientos. Y que, en Euskadi, nacionalistas y 'populares' no son socios, ni mucho menos, pero que viven una realidad que es algo más matizada aunque el PP vasco actuara con la misma virulencia que Génova en el asunto del palacio de Marceau y llegara a sugerir “financiación irregular” de los nacionalistas.

“No vamos a dejar de hablar con el PNV ni con nadie”, garantiza una fuente con altas responsabilidades en el PP vasco, aunque asume que “el PNV no va a cambiar de voto” en Madrid porque “aquí necesita” a los socialistas para tener estabilidad institucional y más con un EH Bildu con peso creciente. “Esto no va de que a [Miguel] Tellado se le vea más o menos grosero o de que Feijóo se haya quitado las gafas. El PSOE necesita al PNV y el PNV necesita al PSOE. Y eso no va a cambiar. Da igual lo que haga el PP. Al PNV no la va a dar un ataque de ética”, agregan estas voces.

“La relación personal es buena”, señala una fuente del otro lado, del PNV. Hace un par de meses, el presidente nacionalista, Andoni Ortuzar, recibió al líder del PP vasco, Javier de Andrés. Se reunieron en el marco de una ronda de contactos discreta que mantienen abierta los 'jeltzales' con el ánimo de explorar una posible reforma del Estatuto. De Andrés se ha sentado también con el lehendakari, Imanol Pradales. Y está participando en foros como la mesa diseñada por el Ejecutivo para mejorar Osakidetza, no siendo precisamente la voz más beligerante.

Desde las filas peneuvistas, eso sí, recalcan que “De Andrés y su gente hacen determinadas declaraciones” y “lo ponen difícil” para explorar entendimientos. “Creo que están perdidos. Quieren encontrar un espacio propio y llevarse los votos del PNV. Pero no sé si con estas estrategias se llevan el voto moderado y de centro [en Euskadi]”, abundan.

¿Cuál es la situación real en las instituciones vascas? En Gipuzkoa, por ejemplo, el PP es el socio presupuestario actual de la Diputación de PNV y PSE-EE. Mikel Lezama, que ya propició en 2023 la investidura de Eider Mendoza, quien perdió las elecciones forales frente a EH Bildu, llegó a cerrar con ellos un plan para “integrar” a los migrantes porque el “supremacismo” y el “nacionalismo” en estos asuntos empiezan a dar “miedo” dentro de los puntos para el apoyo de las cuentas de 2025. “Contento por haber podido alcanzar un acuerdo en Gipuzkoa”, se felicitó Lezama en Radio Euskadi. Siempre se ha interpretado que el de Gipuzkoa es el PNV más soberanista.

En Euskadi, De Andrés critica con mucha dureza al Gobierno de Imanol Pradales. El nuevo líder del PP ha renovado el grupo parlamentario y se ha rodeado de cuatro incorporaciones que se están significando por asaetear a los consejeros de PNV y PSE-EE, Álvaro Gotxi, Ainhoa Domaica, Ana Morales y Santiago López Céspedes. Esta misma semana, Gotxi ha expresado en una rueda de prensa que el responsable de Industria, Mikel Jauregi, precisa de un cartel de neón de “cinco metros” para enterarse de los problemas en las empresas vascas, en alusión a una supuesta reacción tardía en la crisis de Guardian en Llodio. No son las primeras críticas vehementes a Jauregi por parte de Gotxi.

Sólo en lo que va de año, el PP ha registrado un centenar de iniciativas en la Cámara, las mismas que EH Bildu, que tiene veinte escaños más, y veinte veces más que Vox, por ejemplo. Además de la Industria, el equipo de De Andrés critica sin paliativos al PNV y al PSE-EE en la gestión de la Ertzaintza, en materia de Prisiones o en asuntos relacionados con la contratación y los altos cargos, así como la RGI.

Sin embargo, al tiempo, los puentes no están rotos. El Ejecutivo, por ejemplo, accedió a acordar con los 'populares', a pesar de tener mayoría absoluta, una resolución para dotar a la Ertzaintza de una plantilla de 8.000 efectivos. Al margen de los presupuestos, en los que el PP mantuvo negociaciones con PNV y PSE-EE aunque al final se opuso a ellos, el Parlamento ha aprobado tres leyes en esta legislatura. En las tres, el Gobierno ha contado con el concurso del PP. Son una para disolver el colegio de agentes de aduanas de Bilbao –un mero trámite–, la reforma 'exprés' de la ley de cooperativas para beneficiar a firmas vascas afectadas por las consecuencias económicas de las inundaciones en Valencia y, particularmente, una inyección económica de 67 millones para la concertada, el estreno legislativo de Pradales que hasta contó con el voto positivo de Vox.

En Vitoria, en 2023, también ganó EH Bildu. La alcaldesa es del PSE-EE porque, además del PNV, recibió los votos del PP. Maider Etxebarria ha encontrado en la coalición abertzale su aliado presupuestario, pero también ha alcanzado algunos acuerdos con los 'populares', por ejemplo en lo tocante a la renovación de la flota de autobuses urbanos de la capital.

Ahora, la Euskadi política debate sobre la propuesta de 'reforma' fiscal planteada por PNV y PSE-EE en las tres Juntas Generales, que son las que tienen competencias tributarias. El bipartito solamente tiene mayoría absoluta en Bizkaia, de modo que precisa de socios externos en Álava y en Gipuzkoa. Y toca negociar. Arnaldo Otegi ya ha parecido dar la orden de que la coalición abertzale no entrará a cambios cosméticos. El líder del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, en cambio, ha tendido la mano al entendimiento para hacer modificaciones aunque siempre que se encaminen hacia postulados de su formación. Preguntado expresamente si la política sobre el edificio del PNV en Marceau iba a condicionar esas conversaciones, Oyarzabal dijo que no. “Queremos influir”, confirman en la sala de máquinas del PP vasco. El modelo fiscal vigente se pactó con el PP de Alfonso Alonso en 2017.

EAJ PNV y Junts han confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto a las energéticas. Los socios de las derechas nacionalistas del Gobierno de coalición se unen al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. El Congreso ha rechazado el real decreto-ley que contenía esta medida fiscal con 183 votos en contra, frente a 165 a favor y la abstención de José Luis Ábalos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la Cámara Baja que la prórroga del impuesto a las grandes energéticas era “un compromiso político”. Aunque ha admitido que “la realidad del arco parlamentario de esta legislatura es compleja”, y ha advertido que “existen posicionamientos políticos respecto a intereses”, en este caso, los de grandes empresas.

“Cada uno tendrá que responder de su voto, pero no hay justificación para que se imponga el interés partidista frente al interés de la mayoría”, ha enfatizado María Jesús Montero. “La fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que cada grupo aspira. El nuestro es que quienes más ganan más tienen que contribuir al sostenimiento del sistema social y el estado de bienestar”, ha incidido, y ha recordado que la contribución fiscal [el peso de la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales respecto al PIB] en España está “entre tres o cuatro puntos por debajo de la media de la eurozona”.

En otras palabras, nuestro país tiene margen de hasta 45.000 millones para elevar los ingresos del Estado y ponerse a la altura de los socios comunitarios. Los impuestos son la principal palanca con la que cuenta el Estado para redistribuir los beneficios históricos que han conseguido sectores oligopolísticos como la banca o la energía en los últimos años. Ambos han aprovechado sus posiciones dominantes en la crisis de inflación para elevar sus márgenes y aumentar sus ganancias. También se han aprovechado de ayudas públicas como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, de las bajadas de impuestos o de las subidas de los tipos de interés del BCE. Con la intención de gravar estos beneficios “extraordinarios” el Gobierno de coalición diseñó los gravámenes temporales sobre estas empresas en 2022.

Las dos figuras fueron prorrogadas a finales de 2024. El impuesto a la banca, que recaudó 1.500 millones el año pasado, por tres años más, dentro de una Ley que aprobó por el Congreso y que incluyó el grueso de la “reforma fiscal” a la que se había comprometido el Ejecutivo. En cambio, los socios de derechas del Gobierno, PNV y Junts, se alinearon con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Naturgy o Endesa y sacaron el impuesto a las energéticas de la reforma fiscal. Este gravamen recaudó algo menos que el de la banca en 2024, unos 1.000 millones. 

En el último Consejo de Ministros de 2024, el Gobierno lo prorrogó mediante un real decreto-ley para cumplir con sus socios a la izquierda, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Una prórroga ‘in extremis’ ante la que mantuvieron su oposición PNV y Junts. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, llegó a calificar este decreto de “purito paripé”. 

En este tributo se introducía una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según detalló Hacienda.

“Beneficios obscenos”

Esta “adaptación”, según la ha descrito la ministra de Hacienda este miércoles, no ha sido suficiente para convencer a las derechas. “Las grandes empresas energéticas llevan años forrándose a costa de las familias”, ha lamentado la portavoz de Podemos, Ione Belarra. “Los beneficios de las empresas se han disparado en la crisis de inflación. Beneficios extraordinarios, dicen. Yo digo beneficios obscenos”, ha remarcado José Manuel Lago Peñas, parlamentario de Sumar.

“Beneficios récord para las energéticas, y pérdidas inasumibles para los trabajadores de nuestro país. Esta desigualdad es pura violencia económica”, ha incidido Ione Belarra. “Este Gobierno se comprometió con Podemos a que habría impuesto a las energéticas, pero la traición no es solo a nosotros, es a todos los que les votaron”, ha dicho. “Nuestro partido no se va a asentar a negociar los Presupuestos hasta que no haya impuesto a las energéticas”, ha amenazado.

“Señora Belarra, sabía perfectamente que este impuesto no iba a salir adelante”, ha comentado Idoia Sagastizabal, parlamentaria de EAJ PNV. “Pero usted necesita relato”, ha proseguido. Por otra parte, cambiando de interlocutor a EH Bildu, ha señalado que “no podemos apoyar estas figuras que no se pueden concertar [en el régime fora del Euskadi]”.

Lo cierto es que el real decreto-ley recogía que “el Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. Oskar Matute, de EH Bildu, ha respondido que “no hacemos políticas al servicio del CEO de Repsol, sabemos bien a quien representamos. Ha venido a ensalzar la figura del PNV por encima de los intereses del país, para EH Bildu por encima está el país y luego el partido”.

El Gobierno de coalición cerró este lunes, en último Consejo de Ministros del año, la “reforma fiscal” que lleva semanas negociando, apurando los tiempos en cada ocasión en un pulso agónico con sus socios parlamentarios a la izquierda y a la derecha. El consenso general, entre los expertos y las formaciones políticas, es que la “reforma” pretendida se ha quedado en “paquete”. Finalmente, tras los cambios aprobados este lunes, incluye compromisos como el impuesto a la banca —pero solo por tres años— y como la prórroga a las energéticas en 2025 —pero por un real decreto-ley que a priori no apoyarían ni PNV, ni Junts, ni Podemos en el Congreso [finalmente, el real decreto-ley con esta medida fue rechazado en la Cámara Baja el 22 de enero de 2025]—, junto a otras medidas. Mientras, el Ejecutivo ha pospuesto la subida de la tributación del diésel para igualarlo a la gasolina.

“Es importante reconocer que este Gobierno, como hacen los buenos equipos, compite al máximo nivel desde el minuto uno hasta el minuto 90. Nosotros no damos un balón por perdido. Nosotros salimos a ganar, cada partido. Porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y no es si gana un partido político u otro, nos estamos jugando los derechos de la gente. Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del parlamento, pero salimos a ganar”, argumentó este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que hizo balance de año.

Esa filosofía expuesta por Sánchez explica bien las negociaciones del “paquete fiscal”, que todavía coleará el próximo año. Según los cálculos del Banco de España, el conjunto de medidas adoptadas elevará en 4.500 millones de euros la recaudación de la Agencia Tributaria en 2025. Pero este aumento se reducirá a 3.000 millones en 2026 y 2027, principalmente por “la rebaja progresiva a las pequeñas empresas”. Esta estimación del regulador financiero tiene en cuenta el gravamen temporal en 2025, aunque el Gobierno no ha logrado retirar la incertidumbre sobre él, ya que, al prorrogarlo con un real decreto-ley tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

La reforma fiscal es una reivindicación histórica de los expertos y, también, un compromiso con la Comisión Europea, incluido entre los hitos del Plan de Recuperación. Concretamente, debe ser aprobada en Bruselas para desbloquear el quinto desembolso. Por otro lado, la reforma es esencial para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, que obligan a limitar el gasto público y a reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). El objetivo es reducirlo al 3% del PIB en 2025. Y el gran reto es no comprometer la capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes que exigen un nuevo esfuerzo en el gasto público; como las medidas aprobadas en respuesta a la DANA que afectó a varias provincias españolas a finales de octubre.

El impuesto a las energéticas

El Ministerio de Hacienda informó este lunes que la prórroga del gravamen a las energéticas lo “tendrán que satisfacer en el ejercicio 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos”. En este tributo se introduce una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según explica Hacienda.

Este era el requisito exigido por Junts y PNV —alineados con Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa o Cepsa— inicialmente, que, según el Banco de España, limita “significativamente” la recaudación, que espera “menor que la anticipada [en 2023 fue de cerca de 1.000 millones]”. “Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas, en la medida que se mantiene el tributo en 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, aseguró Pedro Sánchez este lunes.

Uno de los socios a la izquierda del Gobierno, EH Bildu, confirmó que el decreto incluye una disposición para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra. “Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco”, celebraron los 'abertzales' tras dar a conocer la medida. Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación considera que “no existe ninguna razón válida” para que el PNV se oponga a la medida, por lo que ha instado a los nacionalistas a “abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto”. “No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales”, advirtió EH Bildu.

Unas horas antes, este mismo lunes, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, había señalado que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es “purito paripé de Podemos” para “hablar otra vez sobre lo mismo”, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez “sabe que no va a salir”. Mientras, Podemos aseguró que tampoco apoyará el nuevo real decreto-ley precisamente por ser temporal.

Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024. “Un impuesto permanente está motivado principalmente por las posiciones de poder monopolístico, en sectores estratégicos donde el poder de los grandes oligopolios detrae rentas de la ciudadanía de manera estructural y compromete el bienestar de la mayoría”, explica la Plataforma por la Justicia Fiscal, que incluye a sindicatos, a asociaciones de consumidores, ecologistas y a otras organizaciones que luchan contra la desigualdad.

La subida al diésel

Hasta el último minuto, como reseñó Pedro Sánchez, el Gobierno intentó añadir en el real decreto-ley con medidas fiscales del último Consejo de Ministros del año la subida a la tributación del diésel para equipararla a la gasolina. Esta es otra de las medidas que se quedó fuera del paquete el Congreso aprobó en noviembre, y que encuentra una oposición férrea del PNV, pero también de Podemos. En este caso, la Comisión Europea exige eliminar la bonificación fiscal de la que disfruta el diésel. El aumento de recaudación pública sería de unos 1.500 millones.

El impuesto a la banca

En noviembre, el Gobierno sí consiguió una mayoría en el Congreso —de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG, Junts, PNV y Podemos— para aprobar el impuesto a la banca, eso sí de 2025 a 2027. En 2024, el gravamen temporal a las entidades financieras recaudó cerca de 1.500 millones de euros. Este gravamen se creó por los récords de beneficios del sector, tanto en 2022 como en 2023, gracias a las subidas de los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE).

Este 2024, pese a los recortes del 'precio' oficial del dinero en la eurozona desde mitad de año, los tipos de interés estarán de media en máximos o muy cerca del nivel promedio de 2023, apoyando otro ejercicio extraordinario para los bancos, mientras muchas familias se han visto ahogadas por sus hipotecas a tipo de interés variable.

El nuevo impuesto bancario que “grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España”, según detalla el Ministerio de Hacienda. El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable. La recaudación obtenida se distribuirá a las Comunidades Autónomas. “El objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta”, defienden desde el departamento que lidera la vicepresidenta Montero.

Deducciones por reformar la vivienda y por comprar coches eléctricos

Entre las nuevas medidas, destaca que el Consejo de Ministros aprobó este lunes la prórroga de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas de uso habitual. “Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras”, defiende el Ministerio de Hacienda.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

En el impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país.

Medidas para los autónomos

Por otra parte, el “decreto fiscal” de este final de año también incluye la prórroga durante 2025 de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. “Con esta medida se muestra el compromiso del Gobierno con los autónomos”, dicen desde Hacienda. Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.

Rebaja en el IRPF para las rentas más bajas

De nuevo en materia de IRPF, “y para beneficiar a las rentas más bajas”, el Gobierno eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta. Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).

Se retrasa el impuesto a los vapeadores

La norma aprobada también contempla retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos (los vapeadores) y otros productos relacionados con el tabaco. “De esta manera se concede un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva”, prosiguen desde Hacienda.

El paquete de noviembre

Además del impuesto a la banca, el “paquete” aprobado en noviembre en el Congreso comprende, en primer término, la transposición de la directiva europea que pone un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales en toda la UE y en otros países de la OCDE. En segundo, una subida de dos puntos al tipo de IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros. También, la citada bajada de impuestos a pymes y micropymes. Además, se suman unas modificaciones para “atajar el fraude de los hidrocarburos”. Junto a la resolución de los problemas generados por “la fallida reforma fiscal” de Cristóbal Montoro (el ministro de Hacienda del Ejecutivo de Mariano Rajoy).

Asimismo, se prorrogó dos años más el límite del 50% para compensar bases imponibles negativas de los grupos que componen una multinacional, pudiendo integrar las cantidades no computadas en los diez ejercicios siguientes. Se excluye de la aplicación de esta medida a fundaciones que formen parte de las sociedades fiscales.

El Gobierno ha decidido prorrogar el gravamen temporal a las energéticas por real decreto-ley al no tener los apoyos parlamentarios suficientes para convertirlo en un impuesto permanente. El Ejecutivo de coalición ha dado una patada hacia adelante en el Consejo de Ministros de este lunes, pero no ha logrado convencer ni a sus socios a la izquierda ni a la derecha. PNV y Junts siguen alineados con los intereses de Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy y vienen avisando de que no apoyaran un nuevo tributo a los beneficios de este sector oligopolístico. Podemos ha asegurado que tampoco respaldará el decreto porque incumple el pacto que alcanzaron con el PSOE para hacer permanente el gravamen.

“Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas, en la medida que se mantiene el tributo en 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, ha aseguro el presidente Pedro Sánchez, en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año. Este mismo lunes, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es “purito paripé de Podemos” para “hablar otra vez sobre lo mismo”, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez “sabe que no va a salir”. Por su parte, la coportavoz de la formación 'morada', Isa Serra, ha negado igualmente su apoyo a la nueva prórroga temporal.

El impuesto a las energéticas ha sido la gran batalla fiscal entre los socios a izquierda y derecha del Gobierno de coalición desde que el Congreso lograra en noviembre una mayoría para sacar adelante un “paquete fiscal” que sí incluía el tributo a la banca, junto a otras medidas tributarias como el suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales. Este paquete quedó ligado al compromiso del Ejecutivo con Podemos, ERC, Bildu y BNG para prorrogar también el de las energéticas antes de que acabara el año, cuando caduca el gravamen temporal que se diseñó en 2022.

En estas últimas semanas, el Gobierno ha sido incapaz de arrancar el diseño un proyecto de ley y finalmente da una patada hacia delante con el real decreto-ley de este lunes. Esta prórroga incorpora bonificaciones por inversiones 'verdes' de las empresas energéticas, según pedían PNV y Junts. Con esta condición, recientemente, el Banco de España calculó que tendría una recaudación significativamente menor que la anticipada en septiembre [en 2023 fue de cerca de 1.000 millones].

Serra ha trasladado también su rechazo a la subida del impuesto al diésel, otra medida que se cayó del “paquete” fiscal de noviembre y que el Ejecutivo ha estado negociando hasta el último minuto, según ha podido saber elDiario.es, pero que ha vuelto a ser pospuesta. La portavoz de Podemos considera que esta medida no tiene una lógica progresiva y carga a las clases trabajadoras las consecuencias del cambio climático cuando debería recaer en las grandes multinacionales. “Es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diésel y las que más contaminan y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos”, ha criticado.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, el Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos vigentes en 2024, en cumplimiento de la Constitución Española. “Este Gobierno sigue trabajando para elaborar y preparar unas nuevas cuentas públcias, cuya aprobación sigue siendo una prioridad. Hasta que eso se produzca, es necesario adoptar los criterios esta prórroga”, explica el Ministerio de Hacienda.

Descuentos en el transporte público

Tras el último Consejo de Ministros del año, Sánchez también ha anunciado la prórroga de los descuentos para los usuarios del transporte público. En este caso, se trata de una medida pactada por Podemos, que permitirá mantener los descuentos, tal y como están, durante seis meses más, hasta que finalice el mes de junio. El Gobierno había barajado la opción de dar continuidad a estos descuentos, que se pusieron en marcha hace dos años con el despegue de la inflación, pero solo para algunos colectivos, como usuarios habituales, jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad.

El presidente del Gobierno ha destacado la positiva evolución del transporte público, con repuntes del 13%, y confirmado esa prórroga de los descuentos hasta junio. Después, van a ser seguidos “de un amplio paquete de descuentos para viajeros y viajeras”. Hasta entonces, se mantienen como están. Es decir, seguirá seis meses más la gratuidad, para viajeros recurrentes, de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia y de las líneas de autobús competencia del Estado, así como las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano e interurbano. Hay que recordar que el Gobierno subvenciona, en este caso, una rebaja del 30%, siempre que comunidades autónomas y ayuntamientos se comprometan a complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de esos servicios de transporte.

A partir de julio, el Ministerio de Transportes apunta que habrá un abono único de Cercanías y Rodalies por hasta 20 euros al mes para todas las zonas y los núcleos de España, transporte gratuito para menores de 15 años, descuentos de entre el 50% y el 70% en abonos para jóvenes y rebajas del 40% en títulos multiviaje. Además, para el conjunto de 2025, Transportes recoge un descuento del 50% en los abonos Avant, abonos gratuitos para los Cercanías de Asturias y Cantabria, transporte público gratis en Baleares y Canarias y una rebaja del 50% en los abonos recurrentes de los sistemas de préstamo de bicicletas públicas.

Al igual que los descuentos del transporte, también se pactó con Podemos la prórroga de un año a la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que, en este caso, se activó en el escudo social activado con la pandemia. Por otro lado, Sánchez ha reconocido que la vivienda es una prioridad para el Ejecutivo de cara a 2025.

Prórroga a la prohibición de cortar luz, gas y agua

También, respecto a las personas en situación de vulnerabilidad, el Consejo de Ministros también ha dado continuidad a la prohibición de interrumpir sus suministros básicos de agua luz y gas, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad. En concreto, a partir del 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el 35%. Mientras, los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026. Del mismo modo, se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025 el descuento del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y se prolonga el programa Moves III, de apoyo para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga, hasta el próximo 30 de junio.

Más medidas fiscales

Este lunes, el Consejo de Ministros ha aprobado, por real decreto, medidas para ampliar la vigencia temporal de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas de uso habitual. “Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras”, defiende el Ministerio de Hacienda.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

En el impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país.

Por otra parte, el “decreto fiscal” también incluye la prórroga un año más, durante 2025, de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. “Con esta medida se muestra el compromiso del Gobierno con los autónomos”, dicen desde Hacienda. Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.

De nuevo en materia de IRPF, “y para beneficiar a las rentas más bajas”, el Gobierno eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta. Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).

La norma aprobada también contempla retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. “De esta manera se concede un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva”, prosiguen desde Hacienda.

Crecimiento económico

En su discurso, tras el Consejo de Ministros de este lunes, Pedro Sánchez ha destacado que “España triplica el crecimiento económico de la UE, y superando sistemáticamente las previsiones de todos los organismos”. El presidente del Gobierno ha recordado que 'The Economist' ha elegido a nuestro país como la mejor economía del mundo en 2024, “en un contexto geopolítico incierto”.

“Es muy relevante poner en valor la constatación del semanario 'The Economist”, ha añadido, porque, según opina, se está consiguiendo “modernizando el tejido productivo, creando empleo y siendo fiscalmente responsables”. De hecho, Sánchez ha adelantado que España reducirá el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) al objetivo del 3% en 2025.

Entre las razones que explican la fortaleza de la economía, el presidente del Gobierno ha enumerado que España se ha convertido en la principal economía exportadora de la UE y es el primer Estado miembro en la ejecución del Plan de Recuperación. “El buen desempeño de la macroeconomía está ayudando a mejorar la vida de la gente, lo que se ve en la recuperación del poder adquisitivo y en el incremento del consumo”, según ha continuado.

“Otro factor es el incremento de la actividad exportadora, siempre hemos sido más importadores que exportadores, pero ha aumentado un 40%. En 2024 vamos a ser la primera economía exportadora de Europa, por encima de Alemania, es un cambio productivo y de modelo de crecimiento. Las empresas tienen cada vez más negocio y prestigio en el extranjero”, ha comentado.

“También lo está la confianza de los inversores. Hoy recibimos inversión extranjera directa 16% mayor que la previa a la pandemia, destino de apuestas estrategias para el sector del automóvil, más de 4.000 millones de Stellantis junto a CATL para la construcción de una fábrica de baterías en Zaragoza, donde la industria del automóvil no tenía la presencia que merecía”, ha proseguido.

“España ha sabido crear en el último año 400.000 puestos de trabajo, hasta alcanzar el mayor número de personas trabajando en nuestro país. Estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos, para ponerlo en perspectiva”, ha explicado Sánchez. “Con todas las dificultades que tenemos aún, pensamos especialmente en la vivienda, en una tasa de paro demasiado alta y en la productividad, los jóvenes y las mujeres se están beneficiando del crecimiento económico”, ha detallado.

El presidente ha hecho hincapié también en la reducción de la brecha de género y la tasa de paro femenina a sus mínimos históricos. Sánchez ha asegurado que España ha alcanzado los diez millones de mujeres afiliadas a la seguridad social, con una mayor presencia de mujeres en sectores históricamente masculinos y en puestos de responsabilidad. “La brecha de género en nuestro país es tres veces menor que cuando los progresistas llegamos al gobierno en el año 2018”, ha expresado. La tasa de desempleo masculina también se ha reducido en un 3,1% desde la llegada del PSOE al Gobierno, según los datos que ha comunicado el presidente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Subida de las pensiones

El Gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros para confirmar también la subida general de las pensiones del 2,8% en 2025, según la inflación media del año anterior. Mientras, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%.

La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros). 

Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%.

Ayudas al sector del motor

Otra confirmación de este último Consejo de Ministros del año ha sido el acuerdo por el que se declara la activación del Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, según se explica en esta información y a propuesta de los ministerios de Trabajo y Economía Social, de Economía, Comercio y Empresa y de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones.

Protección de sectores estratégicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo lunes “la prórroga del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España”. Esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, “manteniendo así la protección de sectores estratégicos y de interés nacional, que afecten a la seguridad, salud y orden público”.

Se trata de una decisión complementaria “al real decreto de Inversiones extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones”, ha aclarado el Ministerio de Economía. “Con esta prórroga, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y estabilidad de sectores estratégicos de la economía nacional en el actual contexto geopolítico. Esta medida busca también asegurar un entorno competitivo y equilibrado que favorezca el desarrollo económico sostenible”, concluye.

Renovación de cargos en la CNMC

Además, el Consejo de Ministros ha propuesto la designación de cinco consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cuyo mandato estaba vencido. A propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se remitirá al Congreso de los Diputados la designación como vicepresidente a Ángel García Castillejo, y de María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga Nieva, como consejeros.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley por el que se reforma el reglamento de la CNMC para ampliar sus competencias tras ser el organismo designado como coordinador de servicios digitales en el “Plan de acción por la democracia”.