De los tribunales a los despachos. El contencioso que mantiene enfrentado al Ayuntamiento de Mieres, en Asturias, con la Junta de Castilla y León por el uso de Puerto de Pinos ha dado otra vuelta de tuerca. El alcalde mierense, Manuel Ángel Álvarez, se ha reunido con el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, para pedir un apoyo explícito del Gobierno asturiano hacia el colectivo de ganaderos locales tras el varapalo que ha supuesto la última resolución judicial que impide que utilicen una zona de pastos que es propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero está ubicada en el término municipal de San Emiliano, en Babia (León).

El encuentro sirvió para que el consejero Marcelino Marcos y el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, tuvieran información de primera mano sobre la evolución de este conflicto por parte del alcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien acudió a la reunión acompañado del concejal de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez.

Búsqueda de soluciones

Marcelino Marcos ha reconocido que es “muy difícil” la posibilidad de dar ayudas directas a los ganaderos, si bien sí se ha mostrado dispuesto a estudiar las “limitadas” posibilidades que tiene el Principado para ayudar al sector ganadero mierense.

Así, el compromiso inicial va dirigido hacia la búsqueda de una solución “inmediata” para que los ganaderos puedan ubicar en torno a 1.500 cabezas de ganado en alguna superficie susceptible de aprovechamiento y se pueda mantener la actividad.

“Es un conflicto juridico”

“No es un conflicto político, es un conflicto jurídico”, ha advertido el consejero, quien ha cuestionado que se pueda pedir al Principado que se dirija a la Junta de Castilla y León para solucionar el problema.

“Si estuviéramos al revés y la razón la tuvieran los ganaderos de Mieres, ¿alguien cree que el Principado o el Ayuntamiento de Mieres iba a ceder para beneficiar a los ganaderos de León?”, se ha preguntado.

Mieres recurre el auto judicial

El alcalde de Mieres ha confirmado que desde el consistorio se ha recurrido el auto de expropiación forzosa dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu que impide a los ganaderos locales usar la zona de pastos de Puerto de Pinos y ha recordado que desde hace dos años, en cumplimiento de una sentencia dictada por el mismo juzgado, se paralizaron las concesiones de pastos.

Manuel Ángel Álvarez trasladó al consejero de Medio Rural que el ayuntamiento está cumpliendo las sentencias y actuando de buena fe en su apuesta clara por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia.

“Es sorprendente”

“El fallo de la pasada semana resulta sorprendente ya que insta al Consistorio a hacer algo sobre lo que no tiene competencia”, reconoce.

El alcalde de Mieres ha hecho hincapié en la necesidad de lograr que se imponga “el sentido común y la responsabilidad” ante la estrategia de crispación y enfrentamiento que, según expone, están impulsando algunos sectores minoritarios.

Garantizar el uso de los pastos

Manuel Ángel Álvarez ha insistido en que el equipo de gobierno seguirá trabajando para garantizar la normalidad y el uso de los pastos, conforme a la ley y los derechos legítimos como propietarios de Pinos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu dictó la semana pasada un auto de ejecución forzosa mediante el cual se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y donde se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que podría incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha destinado un total de 2.831.946,88 euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation, a fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agrícola y ganadero riojano, en el marco del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería.

A través de la primera convocatoria de ayudas se apoyaron proyectos presentados por 60 beneficiarios, con una financiación total de 1.326.226,04 euros. Posteriormente, la segunda convocatoria fue resuelta con un importe de 1.190.584,73 euros. De las 97 solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, 54 expedientes fueron subvencionados íntegramente, quedando una lista de espera de 42 solicitudes.

El cumplimiento de los objetivos de ejecución por parte del Gobierno de La Rioja permitió acceder posteriormente a fondos extraordinarios procedentes de remanentes no ejecutados por otras comunidades autónomas. En concreto, un total de 470.322,22 euros que ha hecho posible atender todas las solicitudes incluidas en la lista de espera y que cumplían los requisitos exigidos.

Entre las actuaciones financiadas destacan 113 adquisiciones de equipos de agricultura de precisión y 59 inversiones destinadas a la adaptación de equipos ya existentes. Las inversiones subvencionadas incluyen tractores, abonadoras, sistemas de autoguiado y equipos de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes de dosificación variable de última generación, que contribuyen a modernizar las explotaciones agrarias y ganaderas mediante un uso más racional, preciso y sostenible de los recursos e insumos.

En total han sido 117 los agricultores y ganaderos riojanos que finalmente se han beneficiado de estas ayudas adquiriendo hasta 172 unidades de maquinaria de precisión, tecnologías 4.0, así como inversiones en eficiencia energética y energías renovables, donde destacan los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (27 %), los tractores (23 %) y los autoguiados (20 %). 

Por tipología de inversión, entre otras, destacan 4 actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión ganadera; 67 orientadas a la reducción del uso de productos químicos, como fertilizantes y fitosanitarios; 9 destinadas a disminuir la erosión en las labores de siembra y trabajo del suelo; una relacionada con el control de trazabilidad y calidad en la recolección; y 31 enfocadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de combustible.

El Ayuntamiento de Mieres no da por perdido el largo contencioso que mantiene con León por la subida de 1.500 cabezas de ganado desde este concejo asturiano hasta el Puerto de Pinos, en la provincia leonesa, y ha anunciado que recurrirá el auto de ejecución forzosa dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo/Uviéu.

Desde el consistorio mierense recuerdan que desde hace dos años ha paralizado las concesiones de pastos, cumpliendo así una sentencia firme fechada en febrero de 2024.

El equipo de gobierno resalta que esa paralización implica que, durante estos últimos ejercicios, no se ha concedido autorización alguna para el traslado y pasto de ganados en Pinos, ni ha contado con Servicio de Guardería Rural –ni con personal propio ni mediante la contratación con medios externos— en cumplimiento de esta resolución judicial.

Actuación de buena fe

“El Ayuntamiento está actuando de buena fe y conforme a la normativa vigente, como es público y notorio”, ha señalado el Gobierno local, que muestra su perplejidad por este auto de ejecución forzosa dictado esta misma semana en la que se insta al consistorio a hacer algo sobre lo que, según advierte, no tiene competencias.

“Nos pide que hagamos cosas para las que no tenemos competencias y con un plazo de tiempo de 48 horas”, explica el equipo de Gobierno que, ante esta situación, anuncia que va a recurrir porque “creemos que se trata de un error y para que se aclaren las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha acatado todas y cada una de las sentencias judiciales”, afirman.

Polémicas “estériles”

El Ayuntamiento de Mieres lamenta que algunos sectores solo busquen “alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto en torno al Puerto Pinos”.

“La estrategia de crispación permanente es un error. Creemos que hay que optar por el camino contrario: apostar por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia y esa es la posición de Mieres”, inciden.

El equipo de gobierno insiste en que estos terrenos son propiedad municipal, tal como reconocen todas y cada una de las resoluciones judiciales, y en este contexto se trabaja en la búsqueda de una solución desde “la responsabilidad, la buena fe y de acuerdo a la normativa vigente”.

Paralización de la subida

El conflicto, que lleva años en los juzgados, se complica cada vez más a raíz de que, el pasado miércoles, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ordenase la paralización inmediata de la subida de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado vacuno procedentes del municipio mierense a los puertos de Pinos, situados en el término municipal leonés de San Emiliano, al considerar que esta actuación podría vulnerar una sentencia firme dictada en 2024.

El auto fue dictado después de que las Juntas Vecinales de Babia –Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán– y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores presentaran una solicitud ante lo que consideran un incumplimiento de esa sentencia firme.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

Una de las últimas actuaciones judiciales provino del Tribunal Supremo (TS) que el pasado mes de abril inadmitió el recurso de casación del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaró ilegal su actividad en el Puerto de Pinos.

Una pelea de David contra Goliat. Las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas ven cómo su sector está diseñado para los grandes operadores, con los que es muy difícil poder competir. Para conseguirlo optan por las alianzas –por ejemplo, a través del cooperativismo– como instrumento para sumar fuerzas, más aún cuando se trata de competir en segmentos concretos, como el de la producción ecológica. “Nos tenemos que organizar como sector, para tener voz y fuerza, para que legislen teniendo en cuenta nuestras necesidades, porque todo está pensado para la producción industrial”, explica Rosario Hernández, ganadera canaria. “Eso hace que, muchas veces, te quedes fuera. Cuesta mucho salir adelante, todo está diseñado para las grandes empresas”, recalca.

Las cifras señalan que la figura del cooperativismo está en alza. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son de 2023, pero apuntan una tendencia clara. Ese ejercicio se cerró con 3.699 entidades cooperativas, con crecimientos constantes desde 2006, el primer año del que apunta datos. Y su facturación se dispara desde ese año. En 2023, el volumen de ingresos de las cooperativas alcanzó los 39.570 millones de euros, un 97% más que en ese 2006 que se toma como punto de partida.

El volumen de ventas del sector es relevante, pero también el empleo. A cierre de 2023, las cooperativas del sector primario sumaban casi 120.000 puestos de trabajo. De ellos, el 45% estaba ocupado por mujeres. “La participación de la mujer en las cooperativas sigue manteniendo un aumento sostenido en los últimos años”, señala Agricultura. A cierre de ese año, representaba casi el 30% de la base social cooperativista y “el 10,4% de la composición de los consejos rectores”, indica el Ministerio. Sin embargo, en ellos “apenas el 4,7% ostentan la presidencia y un 14,5% puestos de dirección”. También es reducida la presencia de menores de 40 años, que solo son el 9% de la base social, el 7,5% de la composición de los consejos rectores y el 4,4% de los puestos de presidencia.

Cuando una persona no puede hacer todo el trabajo

El cooperativismo y el asociacionismo se ve como una opción para ser más fuertes y que la voz se escuche más alto. Azpe García puso en marcha, en plena crisis financiera, una pequeña cooperativa apícola, que también se dedica a la educación ambiental, A Redolada. “Empecé siendo autónoma; luego, dos personas y, posteriormente, tres. Estudié biología y, en 2010 y 2011, después de meses buscando trabajo, vi que nadie me iba a contratar en lo mío y que era mejor que me dedicara a lo que quería hacer. Me gustaba el trabajo de campo, pero no me atraía la ganadería tradicional y, como mi proyecto tenía la parte de sensibilización, las abejas eran muy buenas para eso. Me formé y me lancé”. 

“El asociacionismo es básico”, argumenta. “En nuestro caso es muy necesario ser una cooperativa, porque con todos los trabajos que tenemos que hacer, una persona no llega. Son 18 horas al día, es imposible; y trabajar en grupo también te aporta más, tiene más ventajas que inconvenientes”, añade Azpe García. “Se puede ser una asociación, una agrupación, hay que buscar sinergias y mecanismos de cooperación, que no tienen por qué ser para todo el proceso. Por ejemplo, pueden hacer más fácil la comercialización”. En su caso, apunta que, en la distribución, el tamaño es menos importante, porque su canal no son los supermercados, sino el comercio local, de proximidad, los puntos de venta directa. También indica que la apicultura ecológica presenta aspectos de gran dificultad, como la ubicación de las colmenas. “Las principales fuentes de néctar en tres kilómetros a la redonda tienen que ser flores silvestres o cultivos ecológicos certificados. Eso hace muy difícil encontrar sitios”.

Belén Matilla es interventora de la cooperativa Lutega. “Somos una cooperativa un poco especial, la única que se dedica al lúpulo en Galicia”. En 2009, Matilla quiso sacar adelante la producción de esta flor indispensable para la cerveza, después de que su padre fuese el primer ingeniero que llegó a Betanzos desde León para dedicarse al lúpulo. “Constituimos una pequeña cooperativa, con Bodegas Rilo, porque los que manejan viña saben manejar el lúpulo. Ambas son plantas leñosas”, explica Matilla.

Actualmente, en un sector dominado por las grandes multinacionales, Lutega cuenta con 15 hectáreas de cultivo y con Estrella Galicia como cliente, pero no es una tarea fácil y no pueden ser más grandes. “Necesitas maquinaria específica que solo utilizas unos días al año. Nosotros optamos por ser una cooperativa en lugar de un grupo de cultivadores. Compramos maquinaria que tiene 70 años y no podemos tener más hectáreas, simplemente, porque no las podemos trabajar”. “Tal y como está la situación, yo me he podido permitir poner en riesgo 250.000 euros, pero este no es un trabajo que pueda recomendar, tienes que tener la producción comprada”, concluye.

Por su parte, la agricultora Ana Mestre trabaja en el norte de Almería. Sobre todo, hortalizas, pero también frutales y olivar. “Nosotros no tenemos tierras propias, trabajamos tierras de personas mayores o de gente que no quiere trabajar el campo. La gente lo va abandonando y las nuevas generaciones optan por cultivos menos laboriosos y que den más rentabilidad”, constata. Mestre defiende el “asociacionismo”. “Significa poder representarnos y tener voz, porque la unión hace la fuerza y de forma individual, si intentamos quejarnos, es mucho más difícil. A mí que me cogen lejos las grandes poblaciones, si el reparto de la verdura es compartido, eso facilita mucho, es mejorar tu negocio, ser más competitivos y mejorar la situación económica”. 

Y Rosario Hernández, es ganadera ecológica en un territorio como Canarias “presionado por lo urbano”. Su ganado está suelto en su terreno, pero asume que no se atreve a sacarlo a pastorear porque se ve obligada a llevarlo por la calle. Recalca que ese asociacionismo es clave en un sector como el ecológico. “Nos tenemos que organizar para que se nos vea, se nos escuche”, apunta Hernández, quien forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias.

Más ayudas y un nuevo movimiento agroecológico

El número de cooperativas crece y el sector lo ve como una solución. Y hay iniciativas para tratar de facilitar este tipo de integración. Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, llamó a acelerar el cooperativismo como vehículo para hacer frente, en mejores condiciones, a los retos de la economía global, mejorar la capacidad de negociación, acceder a nuevos mercados o invertir en mejorar las instalaciones y en proyectos de innovación, según señaló durante la asamblea anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Precisamente, hace unos meses, el Consejo de Ministros dio luz verde a una modificación de las bases regulatorias para fomentar la integración de cooperativas, para que sean más grandes y tengan carácter superautonómico. Lo ha hecho dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC), que fomenta las inversiones realizadas en este sentido, con 100 millones de euros, y que también busca reducir las cargas administrativas.

Sin embargo, al margen del sector público, también el primario busca fórmulas para acelerar las integraciones, el cooperativismo y el asociacionismo. Entre estas últimas, a principios de este año, se constituyó en Vitoria-Gasteiz el Movimiento de Productores y Productoras por la Agroecología (MPA), que suma 70 productores y productoras de más de 30 asociaciones de todo el país.

“Nos organizamos para producir, transformar y comercializar conjuntamente. La cooperación es nuestra fortaleza. Por ello, construimos alianzas con administraciones públicas y entidades sociales para relocalizar la actividad agraria y liderar la transición ecológica de los sistemas agroalimentarios”, explican en su manifiesto. “Apostamos por trabajar de forma coordinada dentro del sector de la producción ecológica y por la agroecología, compartir aprendizajes y experiencias y construir una voz colectiva fuerte y reconocible. También queremos tener voz en la elaboración de las políticas agrarias y alimentarias que nos afectan y que condicionan la viabilidad de nuestros proyectos y el futuro del sector”, concluyen.

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

El sector ovino nacional celebra este viernes en la Institución Ferial de Ciudad Real una de sus principales citas anuales con motivo de la XXIII Lonja Nacional de Ovino, un encuentro que reúne a profesionales de toda España vinculados a la producción, comercialización y análisis del mercado ovino.

La cita congrega a productores, comercializadores, veterinarios, representantes de la administración, cebaderos, laboratorios y empresas relacionadas con el sector, convirtiéndose en un espacio de análisis, intercambio de experiencias y networking profesional.

La XXIII Lonja Nacional de Ovino está organizada por junto a la Cámara de Comercio de Ciudad Real y combina ponencias técnicas, análisis de mercado y espacios de encuentro profesional, incluyendo la celebración de la Mesa Nacional de Precios del Ovino y una comida de clausura entre los asistentes.

Un evento al que han asistido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el viceconsejero de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio; y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Francisco Cañizares ha destacado la importancia de este evento para la ciudad y para un sector “clave para esta tierra y también para el conjunto del país”, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, Cañizares ha señalado que “es un placer acompañar hoy a la Lonja Nacional de Ovino, que suma ya más de dos décadas de celebraciones y que supone un referente evidente para uno de los sectores más importantes de nuestra tierra”.

El alcalde ha mostrado además su satisfacción por la celebración de este encuentro en Ciudad Real, asegurando que “recibir hoy aquí a profesionales de toda España vinculados al ovino es una enorme satisfacción”. En este sentido, ha deseado que la jornada “sea productiva y positiva para todos los participantes”.

Cañizares también ha puesto en valor el vínculo histórico del ovino con Castilla-La Mancha y especialmente con La Mancha. “Esta tierra se identifica claramente con el ovino y con una carne fantástica que forma parte de nuestra identidad y de nuestra economía”, ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha agradecido a la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen (AELMO) y a la Cámara de Comercio de Ciudad Real la elección de la capital para acoger esta edición de la Lonja Nacional. “Muchísimas gracias por la decisión de traer a Ciudad Real este importante evento, que esperamos que se desarrolle con mucho éxito”, ha concluido.

Un punto de encuentro

Por su parte, José Manuel Martín Aparicio ha puesto en valor que Ciudad Real acoja hoy la XXIII Lonja Nacional del Ovino, un “punto de encuentro” entre ganaderos y comercializadores, “primer eslabón de la cadena de comercialización y lugar de intercambio de información” sobre el mercado, los precios y la situación del sector, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, el viceconsejero ha destacado que “el sector ganadero en Castilla-La Mancha es un pilar esencial del sector agroalimentario regional”, recordando que representa el 25% del conjunto del sector agrario y aporta alrededor del 4% al PIB regional.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con más de 10.000 explotaciones ganaderas, de las cuales 3.555 corresponden al sector ovino, con un censo de 1.748.386 cabezas, lo que sitúa a esta cabaña ganadera entre las más importantes de España. “La ganadería es una actividad clave para fijar población en el medio rural, generar empleo y contribuir a la sostenibilidad de nuestros pueblos”, ha subrayado Martín Aparicio.

El viceconsejero ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector, una apuesta que se materializa en medidas como el adelanto de las ayudas de la PAC, el apoyo al relevo generacional, las ayudas al bienestar y sanidad animal o el impulso a la ganadería extensiva.

Respecto a la situación sanitaria, el viceconsejero ha insistido en la necesidad de vacunar frente a la lengua azul. “Estamos en un momento crítico porque acaba de comenzar el periodo de mayor actividad del vector y la única fórmula eficaz para frenar la enfermedad es la vacunación masiva”.

Martín Aparicio ha mostrado su preocupación por los bajos niveles actuales de vacunación y ha hecho un llamamiento al conjunto del sector para inmunizar cuanto antes a las explotaciones. “Todas las explotaciones deberían vacunar”, ha dicho.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional defendió la obligatoriedad de la vacuna en distintos foros técnicos y en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), aunque finalmente la vacunación pasó a ser voluntaria. “Ante esta situación, lo que tenemos que hacer es recomendar y animar a todos los ganaderos a vacunar para proteger nuestra cabaña ganadera”.

Economía, sostenibilidad y consevación

Mientras, Miguel Ángel Valverde ha agradecido al presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen, José Luis Esteban, que se haya elegido Ciudad Real como sede de esta edición, en la que se va a debatir sobre un sector tan importante para la economía y el tejido social de la provincia, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

En este sentido, ha destacado que “el sector ovino tiene una dimensión estratégica para nuestra tierra”. “La provincia de Ciudad Real cuenta con entre 800.000 y 850.000 cabezas de ganado ovino, más de la mitad de las existentes en toda Castilla-La Mancha, lo que da una idea de la relevancia que esta actividad tiene no solo a nivel regional, sino también nacional”, ha señalado.

El presidente de la Diputación ha recordado, además, que Ciudad Real cuenta con más de 30.000 explotaciones agrarias, muchas de ellas vinculadas a la ganadería, en torno a 2.000, y ha subrayado el peso económico del sector agroganadero en la provincia. La actividad agraria y ganadera representa en torno al 11% del Producto Interior Bruto provincial, mientras que la industria agroalimentaria alcanza aproximadamente el 18%.

Valverde ha incidido especialmente en la importancia de la ganadería en comarcas como el Valle de Alcudia, Almadén o los Estados del Duque, donde constituye una actividad “preferente” para mantener la población y generar oportunidades económicas en zonas afectadas por la despoblación. Por ello “la ganadería no solo es economía, también es sostenibilidad, conservación del medio natural, de ecosistemas y prevención de incendios forestales”. “Estamos hablando de una actividad imprescindible para el equilibrio territorial y ambiental de nuestra provincia”.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Cientos de personas convocadas por las organizaciones agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, Alianza UPA-Coag) se han manifestado este miércoles por las calles del centro del Valladolid para pedir ayudas directas y evitar la “ruina del sector agrícola y ganadero” de la Comunidad.

“El campo de Castilla y León va a perder este año 300 millones de euros”, ha cifrado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones a los periodistas en una marcha que han encabezado cuatro tractores y en la que se han coreado lemas contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dujo ha advertido de que “si las cosas no cambian” habrá más movilizaciones -esta es la tercera desde marzo- y ha asegurado que la Comunidad cuenta con 1,6 millones de hectáreas sembradas, un 20 % menos que el año anterior y que, pese a ello, el beneficio será de un 40 % menos.

“Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo, porque Castilla y León pasará de ser el granero de España a ser un desierto en España”, ha denunciado, antes de criticar que este año los profesionales del sector van a tener que poner el dinero de la PAC.

Entre las causas de la falta de rentabilidad, ha señalado “la subida vergonzosa” de los carburantes y los fertilizantes por la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Estados Unidos e Irán, por eso ha pedido a las administraciones europea, nacional y autonómica potenciar la producción, ayudas directas y políticas de apoyo al conjunto de la agricultura y la ganadería.

Una situación “desesperada”

En su marcha, que ha comenzado en la plaza de Zorrilla en el centro de Valladolid los manifestantes han portado banderas de sus respectivas organizaciones agrarias y se han coreado lemas como “Planas, tapón, coge el azadón” y “Von der Leyen, dimisión”.

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín (UCCL) ha advertido de que la situación “es absolutamente desesperada”, ya que los fertilizantes han subido un 40 % y el gasóleo agrícola más de un 60 %, lo que supone para una explotación media unos costes de 40.000 euros más respecto al año anterior.

Además de pedir que la Junta de Castilla y León al menos complemente las ayudas del Gobierno, que ha cifrado para la Comunidad en unos 100 millones de euros, ha reclamado una ley contra la especulación y un acuerdo a lo largo de toda la cadena de valor para que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de los precios de producción.

“No podemos permitirnos desmantelar el sector primario por una crisis coyuntural: al final la guerra se pasará y volveremos a las andadas, pero en el camino no podemos dejar que se caigan miles de explotaciones”, ha aseverado.

Piden a la Junta medidas de apoyo

Por otra parte, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, y el secretario general de UPA, Aurelio González, han coincidido en que las ayudas ofrecidas por el Gobierno son insuficientes, aunque también han pedido a la Junta de Castilla y León, en funciones desde las elecciones del 15 de marzo, que tome medidas ante el abandono del sector y que complemente las subvenciones del Ministerio.

Rivera ha advertido de que la mala situación del campo “es un problema de estado” y ha lamentado que no se hayan impuesto aranceles para proteger a los productos europeos pese a que el sector primario haya vivido tres años malos.

En su trayecto, encabezado por un tractor con banderas de cada organización agraria y tras una pancarta bajo el lema 'De cabeza a la ruina', los representantes de las organizaciones agrarias han registrado sus demandas en la Delegación del Gobierno en Castilla y León y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.

Aproximadamente unos 89.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos en Castilla y La Mancha se beneficiarán de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. La reducción de la base imponible se estima en 63 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado esta orden que recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025, según ha señalado el MAPA en un comunicado.

Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Buscador

La Coordinadora de Agricultores y ganaderos ha desarrollado un buscador en las que agricultores y ganaderos pueden buscar por sector (olivar, viñedo, cereales, aguacate, arroz, ganadería…) o directamente por municipio. 

En Castilla-La Mancha los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

- Apicultura de 0,26 a 0,13

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal:

-            Cereales en 27 municipios (17 Toledo y 10 Guadalajara)

-            Cereales Cebada en 25 municipios (7 Cuenca y 18 Guadalajara)

-            Cereales: Trigo en 4 municipios de Guadalajara

-            Frutos no cítricos: Albaricoque y melocotón en 4 municipios de Albacete

-            Frutos secos: Almendra en 19 municipios (4 Albacete, 3 Cuenca y 12 Toledo)

-            Frutos secos: Avellana en 6 municipios de Toledo

-            Frutos secos: Pistacho en 14 municipios (4 Albacete y 10 Toledo)

-            Leguminosas en 7 municipios de Toledo

-            Leguminosas: Guisantes grano en 1 municipio de Guadalajara

-            Leguminosas: Lentejas en 5 municipios de Cuenca

-            Leguminosas: Yeros en 7 municipios de Guadalajara

-            Ovino y caprino de carne en 4 municipios de Toledo (igual que la reducción nacional del

30%

-            Productos del olivo en 2 municipios de Cuenca

-            Uva para vino con D.O. en 20 municipios (11 Albacete, 1 Cuidad Real y 8 Cuenca)

-            Uva para vino sin D.O. en 31 municipios (11 Albacete, 8 Cuenca, 1 Ciudad Real y 11 Toledo)

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

Mientras los colectivos sociales y vecinales siguen movilizándose contra la implantación de cinco macrogranjas avícolas en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), en las inmediaciones del valle del río Mesa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado luz verde ambiental para la instalación de una de ellas.

Concretamente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se otorga autorización ambiental integrada para la explotación avícola de selección para 55.000 gallinas reproductoras del proyecto denominado ‘Los Lebrones’, cuyo titular es la empresa Aviagen, S.A.U.

En el texto, la Administración regional detalla que esta explotación avícola, que se distribuirá en cuatro naves, se sitúa a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Maranchón y que no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

No obstante, establece una serie de condicionantes para su explotación, entre las que destaca minimizar el uso hídrico y optimizar las aguas residuales: obliga a que todas vayan a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. “No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua”, destaca la Dirección General de Calidad Ambiental.

Emisiones de polvos y olores

En cuanto a posibles emisiones de polvo, para cada alojamiento de gallinas, el titular de la instalación debe utilizar “camas frescas”, así como separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos, y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones de olores, establece la necesidad de mantener los animales y las superficies secos, reducir la superficie de emisión del estiércol (uso de rejillas de plástico o metal, canales con una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior, así como disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.

También añade que se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen conforme a la economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, “será preferible la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética”.

En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos “se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente”.

Rechazo social

Las cinco macrogranjas proyectadas en este término municipal cuentan desde hace tiempo con el rechazo de las organizaciones ecologistas y de vecinos y vecinas.

Recientemente, el Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de otra de ellas, la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel. Además, este colectivo también ha alertado de que estas instalaciones coinciden con el hábitat de una de las últimas poblaciones de la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción.

El Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) ha hecho balance de la actividad que ha desarrollado en el 2025 durante la reunión de Consejo de Dirección que ha presidido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, junto a su director, José Luis Tenorio.

En la sesión se han destacado alguno de las actividades más importantes de este centro que fija sus empeño en impulsar la investigación y ponerla al servicio del territorio, la rentabilidad de las explotaciones y el relevo generacional.

El consejero ha explicado que esta es la orientación con la que viene trabajando en los últimos años para impulsar la formación como ejercicio de transferencia de conocimiento, para enfocar los proyectos de investigación como respuesta a las necesidades del territorio y del relevo generacional, y para estabilizar la plantilla del personal técnico e investigador.

Comenzando por la plantilla del personal técnico e investigador, el año pasado se centró en la consolidación de los más de 200 profesionales que suman los centros dependientes del IRIAF.

Recorriendo la actividad centro por centro, el consejero ha explicado que el año 2025 ha estado marcado por un avance significativo en la actividad científico-técnica del IRIAF, con la consolidación de líneas estratégicas de investigación, la captación de nuevos fondos y el refuerzo de sus infraestructuras.

Formación e innovación

En formación, el año pasado el IRIAF llevaron a cabo 146 cursos y jornadas en los que se abordaron cuestiones de diversa temática en los ámbitos agrario, ganadero, forestal y de desarrollo rural en los que participaron 3.544 alumnos y alumnas. Cabe decir que, una importante actividad, las jornadas de puertas abiertas en Albaladejito, en Cuenca, se celebrarán el 27 de mayo con la participación de cerca de mil personas y 38 empresas para transferir los resultados de los campos de experimentación realizados durante estos dos últimos años con el objetivo de “facilitarle la elección de los cultivos que quieran implantar”.

Por lo que respecta a la investigación, en 2025 el IRIAF desarrolló 49 proyectos financiados con fondos europeos, nacionales, regionales y recursos propios. Entre los objetivos están la aplicación de la digitalización y técnicas basadas en el uso de drones y satélites para monitorizar la presencia de enfermedades y plagas o mejorar el manejo del cultivo de pistacho y olivo.

Entre los avances de estos proyectos, en relación con el sector ganadero cabe citar los resultados obtenidos en el Plan de Mejora de la Raza Ovina Manchega junto con AGRAMA que ha permitido incrementar la producción leche hasta 250 litros /oveja y año como media.

En el ámbito vitivinícola, se están desarrollando proyectos para diversificar los productos derivados de la uva, junto con la Universidad de Castilla-La mancha y financiación de INNOCAM, para la obtención de bebidas de bajo contenido alcohólico para promover la sostenibilidad de la industria enóloga y de la fruta (mezcla de mosto con naranja y manzana). También hay que subrayar que de las 14 variedades ampliadas para incrementar el Potencial Vitícola de Castilla-La Mancha, seis se han recuperado gracias a las investigaciones del IVICAM-IRIAF. Estas variedades son la Benedicto, Blanca de Tollo, Jarrosuelto, Montonera del Casar, Mizancho y Moscatel Serrano.

En materia de sanidad animal y apicultura, Julián Martínez Lizán ha destacado que el IRIAF participa en proyectos pioneros como el desarrollo de la primera vacuna de la historia para proteger a las abejas contra la loque americana, una bacteria devastadora o los nuevos estudios de tratamiento contra la varroa en los que se está trabajando.

“En cualquier caso, son muchas las inquietudes que mueven al IRIAF buscando rentabilidad, compromiso en la eficiencia y sobre todo garantizando la viabilidad de las explotaciones algo en lo que el Gobierno regional está plenamente comprometido”, según el consejero.

Sin ciencia aplicada, no hay relevo

Todo este proceso investigador tiene también como objetivo dar respuesta a uno de los mayores retos del sector, el relevo generacional. El consejero ha incidido en que el relevo generacional no se puede basar solo en ayudas económicas, sino en asegurar la viabilidad de las explotaciones. En este sentido, la investigación aplicada permite reducir riesgos, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad, algo esencial para que los jóvenes apuesten por el campo.

Por esta razón, las investigaciones del IRIAF están orientadas a convertir la sostenibilidad en menores costes, mayor eficiencia en el uso de recursos y mejor adaptación al cambio climático, contribuyendo a un modelo productivo más resiliente y competitivo. Algunos ejemplos al respecto son que los investigadores del IRIAF pueden proporcionar soluciones para que las abejas sobrevivan a veranos extremos de temperatura; el estudio del comportamiento de 24 variedades de uva y cinco patrones ante diferentes situaciones de estrés térmico y estrés hídrico o la valorización de la cascara de pistacho como biofertilizante.

Cabe recordar que recientemente, en el IRIAF se ha celebrado una ‘Jornada sobre el Relevo Generacional Agrario post 2027’, que ha dado continuidad a la labor iniciada por Castilla-La Mancha como impulsora del Dictamen sobre Relevo Generacional en la Agricultura en el seno de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones y al Foro de Diálogo Local de Valdepeñas del pasado febrero.

Refuerzo científico, infraestructuras y proyección internacional

El Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA) de Marchamalo ha participado en iniciativas europeas para avanzar en la generación de conocimiento aplicado, favoreciendo el acceso a redes científicas de alto nivel.

Por su parte, el Centro de Investigación Agroganadera de El Chaparrillo (CIAG), en Ciudad Real, ha reforzado su actividad investigadora mediante la obtención de nuevos proyectos para ampliar su capacidad de generación de resultados en áreas clave como los cultivos leñosos.

El Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA), de Valdepeñas, ha llevado a cabo actuaciones dirigidas a la optimización de las condiciones de bienestar animal, incorporando mejoras en instalaciones que permiten el desarrollo de ensayos bajo estándares más exigentes desde el punto de vista zootécnico.

Asimismo, el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) ha impulsado el proyecto PEELSTACHIO, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que representa un enfoque multidisciplinar orientado a la valorización de subproductos agroindustriales.

Desde la perspectiva estructural, la adquisición de las instalaciones de la finca de Albaladejito en Cuenca destinadas a la actividad del CIAF, junto con la formalización del arrendamiento de superficies experimentales, supone un avance decisivo en la estabilidad operativa y en la planificación a medio y largo plazo de los ensayos agronómicos.

Este fortalecimiento se complementa con actuaciones como el acondicionamiento de espacios para la transferencia y divulgación en la Estación Vitícola de Alcázar de San Juan (EVE), o el inicio de la ampliación de infraestructuras en el Centro del CLAMBER. Por último, el Centro de Investigación del Dehesón del Encinar ha reforzado su papel como nodo de transferencia en sistemas agrosilvopastoriles mediante la mejora de instalaciones y la puesta en marcha de un Centro de interpretación.

 El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025. Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre. En La Rioja la reducción de la base imponible se estima en 17 millones de euros y beneficia a los aproximadamente 10.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano. 

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5. 

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional. 

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC). 

En La Rioja los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

- Apicultura de 0,26 a 0,13

Solicitudes a nivel municipal

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos:

- Cereales: en 6 municipios

- Frutos no cítricos: Albaricoque en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Melocotón en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Nectarina en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Cereza en 48 municipios

- Frutos no cítricos: Pera en 123 municipios

- Frutos secos: Almendra en 58 municipios

- Productos hortícolas: Pimiento y Tomate en 94 municipios

- Productos hortícolas: Judías verdes en 19 municipios

- Uva para vino con D.O. en 115 municipios

El Gobierno regional ha reivindicado, durante la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma, a Castilla-La Mancha como “una región orgullosamente agrícola y, sobre todo, rural”, que tiene grandes productos para ofrecer.

Así lo ha señalado el  consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la 37ª Edición de la gala de galardones, que ha presidido el Jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, en un acto celebrado en Quintanar del Rey (Cuenca), según ha informado la Junta por nota de prensa.

Julián Martínez ha dado la enhorabuena a los premiados con unos galardones que se otorgan en base a unas catas realizadas a ciegas, con una evaluación técnica especializada que garantiza el rigor del proceso, en las que este año han participado 125 empresas y se han analizado 477 muestras, lo que supone un incremento de más del 30% en el número de participantes y la duplicación de muestras respecto al año anterior.

“Un dato que pone de relevancia la importancia que le da el sector a estos premios, que a nosotros nos enorgullece poder seguir ofreciendo.

Los premiados son “el faro, la guía del resto de empresas que tienen el objetivo de ganar en la próxima edición de Campo y Alma”, ha dicho Martínez Lizán.

Julián Martínez Lizán recordaba en la gala que este certamen se creó en 1990 y desde entonces tiene como objetivo reconocer a los mejores productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, vinculados a las 41 figuras de calidad diferenciada de la región, todas ellas integradas en 'Campo y Alma', “marca conocida y reconocida por parte de los consumidores y que pone en valor a los productos y que son una perfecta tarjeta de presentación”.

Premiados

En su intervención, el consejero ha mencionado expresamente todos los alimentos reconocidos hoy: vino, queso manchego, aceite de oliva virgen extra, miel de La Alcarria, azafrán de La Mancha, nueces de Nerpio, berenjenas de Almagro, melón de La Mancha, ajo morado de Las Pedroñeras, cebolla de La Mancha, cordero manchego, pan de cruz de Ciudad Real y mazapán de Toledo, además del jamón serrano, amparado por una Especialidad Tradicional Garantizada.

También ha citado las dos empresas que se reconocen, la Mejor Empresa de Producción Ecológica y la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza.

“Todos ellos son productos que reflejan la variedad, la fortaleza, el dinamismo y la capacidad que tiene el sector para afrontar los retos que tenemos en nuestro territorio”, ha dicho el consejero, que ha añadido, que, en conjunto, la industria agroalimentaria se ha convertido en el sector más importante de la economía de la región, al aportar el 17% del PIB, más de un tercio de las exportaciones y un tejido productivo formado por 2.100 empresas.

El titular de Agricultura también ha alabado el enorme esfuerzo que ha realizado en los últimos años el conjunto del sector: empresas, cooperativas, bodegas y productores, para mejorar su competitividad invirtiendo en maquinaria nueva, en reestructuración, en nuevas instalaciones, en sostenibilidad, en mejora de procesos, en tecnología e innovación, en comercialización e internacionalización y en búsqueda de nuevas producciones que den respuesta al cambio climático.

Un esfuerzo que evidencia el compromiso “por seguir garantizando ese futuro que será el que nos haga seguir creciendo con nuestros productos”.

En ese sentido, el consejero ha enumerado algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, entre los que ha citado la futura PAC, la geopolítica y también el agua, “precisamente en estos momentos de planificación hidrológica para el cuarto periodo, en los que es fundamental garantizar un elemento vital para el desarrollo agropecuario de nuestro territorio”.

En esta línea, Martínez Lizán ha garantizado la continuidad en el trabajo y en el impulso a las políticas públicas que viene desarrollando el Gobierno autonómico con líneas de apoyo como FOCAL, VINATÏ o la promoción, que permite seguir avanzando en modernización, valor añadido para industrias y agricultores y apertura de mercados.

Pastonatur se trata de una nueva iniciativa que une a 12 entidades de España, Francia y Portugal para transformar la percepción y la gestión de la ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos. Con una duración prevista de cuatro años, el proyecto busca equilibrar la conservación ambiental con la rentabilidad económica de las explotaciones.

Frente a la creencia común de que la declaración de un espacio protegido supone una restricción para la actividad humana, Pastonatur propone un modelo de conservación dinámica. Este enfoque utiliza la ganadería regenerativa como un motor para mejorar la salud de los suelos y fomentar la biodiversidad en ecosistemas tradicionales como la dehesa.

Desde la Universidad de Extremadura, investigadores del Centro Universitario de Plasencia y el Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) aportan su amplia experiencia en la gestión de sistemas agroforestales. Especializado en el entorno de la dehesa extremeña, el grupo de trabajo también coordina la temática de biodiversidad de todo el proyecto y lidera las acciones de mitigación del cambio climático en España.

Tal y como explica Lourdes López Díaz, investigadora del Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal: «Existe una desconfianza histórica del ganadero hacia los espacios protegidos, pero queremos demostrar que una ganadería extensiva bien gestionada no es una amenaza, sino el principal aliado de estos ecosistemas. En el caso de la dehesa, el pastoreo es lo que mantiene el equilibrio del bosque mediterráneo; sin él, perderíamos no solo biodiversidad, sino también un sistema socioeconómico fundamental para nuestra región».

Acciones piloto y transferencia al mercado

El proyecto se encuentra actualmente definiendo las metodologías para medir los efectos del pastoreo regenerativo en 16 explotaciones seleccionadas en los tres países. En Extremadura, las pruebas se realizarán en dos dehesas ubicadas en zonas de especial protección para las aves: la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, y la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas.

Además, el proyecto no se limita al planteamiento teórico, sino que aborda toda la cadena de valor mediante cuatro actividades piloto. En primer lugar, se evaluarán los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico del pastoreo extensivo. De esta manera se comparará los beneficios ambientales y económicos del pastoreo regenerativo frente a métodos convencionales.

Como segunda propuesta, se creará un estándar común de certificación que contempla instaurar un sello de calidad para que el consumidor identifique los productos (carne y leche) procedentes de estas prácticas.

Además, como punto clave se contempla la gestión comercial y distribución de los productos. Por eso, la tercera actividad busca optimizar los canales de venta, favoreciendo la distribución en “canales cortos” de venta como hospitales, colegios y tiendas locales.

Por último, se intentará incentivar la presencia y conocimiento del producto en el sector gastronómico mediante la colaboración con 30 restaurantes. El objetivo es que el consumidor comprenda el valor ambiental de lo que está degustando y esté dispuesto a pagar un precio justo que repercuta en el ganadero.

Como señala la investigadora Lourdes López, el objetivo final es que la conservación sea vista como una oportunidad económica: «Una explotación bajo el modelo de conservación dinámica mejora la calidad de su suelo y su producción a largo plazo, resultando más resiliente y competitiva que los modelos intensivos».

Pastonatur está coordinado por la Fundación Andanatura y cuenta con socios de primer nivel como la Junta de Andalucía, la Universidad de Évora y la Cámara de Agricultura de Ariège, entre otros. En Extremadura, apoyan el proyecto entidades representativas del sector, como la Junta de Extremadura y diversas asociaciones ganaderas.

La Consejería de Agricultura ha informado a los ganaderos de la suspensión de la gratuidad de la vacuna contra la lengua azul ante la falta de estocaje, un anuncio que ha puesto en alerta al campo extremeño, que, según UPA-UCE, llevan un mes sin poder vacunar contra la enfermedad por falta de viales, por lo que ha reclamado a la Junta que garantice “cuanto antes” este suministro porque hay que inmunizar “con urgencia” antes de que suban las temperaturas.

“La Junta tiene que atender la necesidad de vacunación de los ganaderos porque el momento de vacunar es ahora”, ha subrayado este viernes el secretario general de la organización agraria, Óscar Llanos, en una visita al Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Llanos ha explicado que Extremadura cuenta con cuatro serotipos de lengua azul y ha recordado que entre la vacunación y su efecto en los animales transcurre un tiempo, por lo que el objetivo es evitar que los ganaderos tengan graves problemas cuando llegue el calor. Según ha informado UPA-UCE, hay serotipos que tienen una mortalidad muy alta, sobre todo en el ovino, por lo que no se quiere “que los ganaderos sufran graves pérdidas por no haber tenido las vacunas a tiempo”.

Con respecto a la situación que vive la ganadería, la organización ha lamentado que la climatología ha sido negativa para el sector ganadero porque las lluvias torrenciales del invierno dañaron la montanera y, después, la falta de precipitaciones y las altas temperaturas han “cortado” la primavera y secado los pastos antes de tiempo.

Campaña apícola perdida

La apicultura, por su parte, da por perdida la cosecha de primavera porque “muchos apicultores no han recolectado ni un kilo de miel y otros no han llegado al 10 por ciento de la producción habitual”, mientras que los costes de producción, sobre todo el gasoil, han aumentado considerablemente, ha advertido la responsable de Ganadería de UPA-UCE, Jamaica Risco.

Risco ha criticado que el sector apícola sigue sin recibir ningún tipo de apoyo ni del Gobierno central, ya que quedó excluido de las ayudas por la guerra de Oriente Medio, ni de la Junta, “que sigue sin poner ayudas encima de la mesa tal y como hizo Andalucía”.

UPA-UCE ha advertido además de que ya están entrando en el país las primeras mieles procedentes de terceros países por el acuerdo de Mercosur “con arancel cero”, lo que deja al sector apícola “en peligro de extinción”.

Por otra parte, ha lamentado que Extremadura sigue a la espera de que el Ministerio de Agricultura incluya, entre los beneficiarios de las ayudas, a los municipios afectados por las borrascas de este invierno que se habían quedado fuera de los dos listados publicados hasta el momento. 

“La Junta da la espalda al campo”

Por su parte, la portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista, Blanca Martín, ha denunciado la decisión de la Junta de suspender la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul, una decisión que, a juicio de los socialistas, “supone dar la espalda al campo extremeño en uno de los momentos más delicados para el sector”.

Martín ha criticado que la primera gran decisión adoptada por el nuevo consejero de Agricultura de Vox, Juan José García, haya sido “retirar el apoyo a los ganaderos y dejarles solos ante un problema sanitario que afecta directamente a sus explotaciones y a su economía”.

La portavoz socialista ha señalado que la Junta ha comunicado por correo electrónico que “hasta nuevo aviso” no habrá vacunas gratuitas disponibles para ningún serotipo de lengua azul y que, a partir de ahora, serán los propios ganaderos quienes tengan que adquirir las dosis “por los canales habituales de comercialización”.

Ante esta situación, el PSOE de Extremadura ha preguntado a la Junta si tiene previsto comprar nuevas vacunas para que vuelvan a ser gratuitas y exige al consejero que explique con claridad cuáles son sus planes para afrontar la campaña de lengua azul y qué medidas piensa poner en marcha para proteger al sector ganadero extremeño.

Blanca Martín ha recordado, además, que el pasado año la Junta de Extremadura ya protagonizó “una lamentable gestión” de la campaña de lengua azul, con problemas de desabastecimiento en los peores momentos y una absoluta falta de previsión. “El nuevo consejero de Vox recibe una pésima herencia de la anterior consejera, Mercedes Morán, y tiene por delante una tarea titánica que será muy difícil de levantar”, ha afirmado. A la vez que recuerda que la propia Morán advertía hace solo un año de la importancia de vacunar al ganado en los meses de abril y mayo.

Para el PSOE, esta nueva decisión vuelve a demostrar que el Gobierno de Guardiola “abandona al campo extremeño, da la espalda al sector ganadero y carece de planificación ante los graves problemas que atraviesan las explotaciones”.

Los socialistas también consideran “una falta de respeto” que una decisión de tal gravedad se haya comunicado únicamente por correo electrónico a los profesionales del sector, especialmente cuando comienzan precisamente los meses de mayor actividad del virus de la lengua azul.

Por último, Blanca Martín ha reiterado que el PSOE de Extremadura “siempre estará del lado de los ganaderos” y ha reclamado a la Junta que recupere las medidas que existían durante los gobiernos socialistas: vacunas gratuitas y también gratuidad en su aplicación, garantizando un coste cero para los ganaderos extremeños.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha avanzado este jueves en el pleno del Parlamento de La Rioja, la puesta en marcha de una ayuda directa de mil euros para agricultores y ganaderos “sin trámites” para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Capellán ha abierto la sesión en la Cámara riojana respondiendo a las preguntas de los diputados, entre ellas, la que le ha realizado la portavoz 'popular', Cristina Maiso, en relación a la situación económica global en el actual contexto geopolítico. El jefe del Ejecutivo, que ha asegurado preocuparse por los efectos que puede tener en la economía riojana, se ha centrado en los efectos que tiene en agricultores y ganaderos, sobre todo, por el precio de los fertilizantes a causa de su necesario paso por el estrecho de Ormuz. “Todos sabemos, ya, que en el estrecho de Ormuz se comercializa el 35 por ciento de todos los fertilizantes del mundo”, ha relatado Capellán.

El presidente ha querido puntualizar que estos efectos también están siendo visibles en un sector que no tiene en cuenta el Gobierno central, como son los cultivadores de champiñón. Ha adelantado que mañana, viernes 8 de mayo, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, detallará un paquete de medidas con seis líneas de acción que alcanzarán los cinco millones de euros.

Un paquete, ha indicado, nacido del análisis realizado por el Gobierno de La Rioja tras conocer las “insuficientes” medidas del Gobierno central y en el “marco” de la Unión Europea, del que ha querido avanzar, ya hoy, una medida. “Todo agricultor y todo ganadero profesional de La Rioja”, ha indicado, “va a tener una línea de ayuda directa” y “que va a garantizar un mínimo de mil euros” para cada beneficiario.

Se hará, ha detallado, “de una manera, además, ágil, directa y rápida” y, “aprovechando la simplificación administrativa, sin trámites”. A partir de ahí, ha añadido, “en un segundo pago posterior y una vez presentados justificantes de sobrecostes en combustible y en fertilizantes” se aumentarán las ayudas hasta alcanzar un total de cinco millones de euros de inversión.

“Quienes consideramos que el desarrollo empresarial y económico es la base que sustenta el progreso social y el estado del bienestar”, ha relatado Capellán, “nos preocupamos por esas coyunturas que están más allá de nuestras competencias y capacidades con preocupación e incertidumbre, deseando que llegue un clima de estabilidad”.

Para Capellán, “hay un sector que ya se ha evidenciado que está en una situación muy crítica” y es “el sector agrario”, porque “viene de años con una pérdida de rentabilidad hasta límites que ponen en jaque la viabilidad y el futuro de explotaciones”.

El paquete de medidas que mañana detallará Manzanos, ha avanzado, tendrá seis líneas de acción que irán “desde medidas e incentivos fiscales” hasta tasas y pasando por liquidez “que necesitan muchas explotaciones agrarias que llevan años en pérdidas”.

Los premios Gran Selección Campo y alma que cada año entrega el Gobierno de Castilla-La Mancha a los mejores productos agroalimentarios de la región crecen de año en año y así en esta edición han llegado a un récord de empresas participantes y de muestras presentadas.

Así lo ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno donde ha dado una relación de los premiados de esta 37ª edición se celebrarán el miércoles, 13 de mayo, en Quintanar del Rey (Cuenca).

En cuanto a las empresas participantes, este año han participado 125 y se han analizado 477 muestras, lo que supone un incremento de más del 30 por ciento en el número de participantes y prácticamente el doble de muestras respecto al año anterior.   “Por tanto, esta convocatoria ha resultado todo un éxito por el aumento que se ha producido respecto al año anterior”, ha dicho Martínez Lizán.

El consejero ha explicado que este concurso se desarrolla mediante un sistema de cata a ciegas, que mayoritariamente se realizan en la sede del IRIAF en Tomelloso, si bien, también se realizan catas en sedes específicas para productos como el cordero manchego, que tiene lugar en la Fundación Consejo Regulador IGP Cordero Manchego; la miel que se celebra en el Centro Agrario de Marchamalo; o el aceite de oliva virgen extra en el panel organoléptico en la sede de la DOP Montes de Toledo.

En la edición de 2026 se concederán en total 22 galardones, de los que 19 son Premios Gran Selección Campo y Alma, a los que se suman el reconocimiento al mejor Jamón Serrano y dos distinciones a las mejores empresas de producción ecológica y de manipulación y elaboración de carne de caza de Castilla-La Mancha.

Como novedad, los premios Selección Plata y Selección Bronce se amplían a todos los productos, cuando hasta ahora solo se otorgaban en los de vino, queso, aceite de oliva y jamón serrano, reforzando así el alcance y la visibilidad del certamen.

Martínez Lizán, quien ha destacado que “son los más antiguos que concede el Ejecutivo regional ya que datan de 1990” y una cita ya consolidada dentro del calendario institucional y agroalimentario de la región.

Desde su creación en 1990, los Premios Gran Selección Campo y Alma tienen como objetivo reconocer los mejores productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha amparados por las 41 figuras de calidad diferenciada, (32 Denominaciones de Origen y nueve Indicaciones Geográficas Protegidas) que hay en la región y que están integradas en la marca de calidad Campo y Alma, una marca de garantía que se ha consolidado como una enseña cada vez más conocida y reconocida, con 214 empresas registradas.

Desde los vinos, amparados por las 24 denominaciones de origen reconocidas en la región y por la IGP Vino de la Tierra de Castilla, y el queso manchego, hasta el aceite de oliva virgen extra, la miel de La Alcarria, el azafrán de La Mancha, las nueces de Nerpio, la berenjena de Almagro, el melón de La Mancha, el ajo morado de Las Pedroñeras, la cebolla de La Mancha, el cordero manchego, el pan de cruz de Ciudad Real o el mazapán de Toledo, “todos ellos conforman un catálogo que refleja la riqueza, diversidad y excelencia del sector agroalimentario de Castilla‑La Mancha”, ha dicho el consejero.

El jamón serrano, amparado por la figura de calidad Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), cuenta también con un reconocimiento por lo que se le concede el Premio Gran Selección.

En total, 14 productos que representan “la diversidad y la riqueza agroalimentaria de Castilla-La Mancha” y que garantizan al consumidor el origen y la máxima calidad de estos alimentos.

Premios de la 37ª edición

En la categoría de vinos, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor vino blanco ha sido para Almarina Blanco, elaborado por Dehesa El Carrascal, S.L. (Albacete); el mejor vino rosado ha sido Olé Rosé, de Tevatova (Alcalá del Júcar, Albacete).

En tintos, el galardón a las añadas 2025 y 2024 ha sido para Cueva del Chamán Garnacha Tintorera, de Santa Cruz de Alpera (Alpera, Albacete), y el premio a las añadas anteriores a 2024 para Valterrae, del Grupo de Bodegas Vinartis (Valdepeñas, Ciudad Real).

El mejor vino espumoso ha recaído en Lienzo Airén Brut Nature, de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara (Tomelloso, Ciudad Real), mientras que el Premio al mejor vino Airén, que ha recaído en Símbolo Airén, de Bodegas Símbolo (Campo de Criptana, Ciudad Real).

En el apartado de Queso Manchego, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor queso semicurado ha sido para Montescusa, de Quesos Lominchar (Corral de Almaguer, Toledo), mientras que el galardón al mejor queso curado ha recaído en Quesos de Hualdo, de Quesos de Hualdo (El Carpio de Tajo, Toledo).

El Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra se ha concedido a Dehesa El Molinillo. Reserva de Familia Ecológico, de Nortia Agricultura (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real).

En Miel de La Alcarria, el reconocimiento ha sido para Miel de Torronteras Multifloral, de La Aldea de Torronteras (Escamilla, Guadalajara).

Y el Premio al mejor Azafrán de La Mancha ha recaído en La Rosera, de Bealar (Motilla del Palancar, Cuenca).

Entrando ya en el galardón para las Nueces de Nerpio, ha sido para Valle del Taibilla, de Agrícola y Forestal de Nerpio Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Nerpio, Albacete).

El correspondiente a la Berenjena de Almagro ha sido para Antonio, de Conservas Manchegas Antonio (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real).

Y el Premio al mejor Melón de La Mancha ha sido para Tomil, de Santiago Apóstol de Tomelloso Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Tomelloso, Ciudad Real).

Asimismo, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Ajo Morado de Las Pedroñeras ha recaído en Ajosanto, de San Isidro El Santo Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Las Pedroñeras, Cuenca).

El Premio Campo y Alma a la mejor Cebolla de La Mancha ha sido para TJ Agricultura, de TJ Agricultura, S.L. (Villanueva de la Jara, Cuenca).

Y el Premio al mejor Cordero Manchego ha recaído en Manchacor, de Manchacor, S.L. (Lezuza, Albacete).

En Pan de Cruz de Ciudad Real, el galardón ha sido para Pan de Cruz Orejón, de Beamud Ortega, S.L. (Panadería Orejón) (Campo de Criptana, Ciudad Real).

Y el Premio Gran selección Campo y Alma 2026 al mejor Mazapán de Toledo es para San Telesforo, de San Telesforo S.L. (Toledo).

Por último, el Premio Gran Selección 2026 al mejor Jamón Serrano, amparado por la Especialidad Tradicional Garantizada, ha sido para El Chato (Reserva), de Jamones El Chato, S.A. (Torrijos, Toledo).

Concurso a las mejores empresas de Castilla-La Mancha 2026

Junto los Premios Gran Selección Campo y Alma, se entregarán los galardones correspondientes a las mejores empresas de Castilla-La Mancha en las modalidades de Producción ecológica y de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza, cuyo objetivo es reconocer la labor de empresas del sector agroalimentario que desarrollan su actividad principalmente en el medio rural y que actúan como motores de desarrollo económico y territorial.

En esta edición de 2026, en la modalidad de mejor Empresa de Producción Ecológica, el reconocimiento ha recaído en el Grupo Montes Norte, cooperativa de segundo grado con sede en Malagón (Ciudad Real), que agrupa a más de 7.500 socios y está presente en una treintena de municipios. Con una trayectoria centenaria, representa “un modelo de integración y fortaleza del tejido agroalimentario en el medio rural y es un referente por su apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la diversificación productiva”, no en vano tiene una actividad que incluye aceite de oliva virgen extra, vino, frutos secos y productos innovadores como cosméticos naturales derivados del aceite, combinando dimensión, innovación y arraigo territorial.

En cuanto al Premio a la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza de Castilla-La Mancha 2026 es para Embutidos Naranjo S.L. de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Embutidos Naranjo es una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria, gestionada por la tercera generación, especializada en productos elaborados a partir de carne de caza como ciervo y jabalí. “Un ejemplo de tradición, calidad y adaptación a nuevas demandas dentro del sector agroalimentario regional”, según el responsable regional.

Para finalizar, Julián Martínez Lizán ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados y ha subrayado que, aunque “ellos son los reconocidos, hay calidad para que muchísimas más empresas pudieran haber tenido este reconocimiento”; asimismo, ha indicado que estos premios son una “reseña importantísima del gran reconocimiento, catalogación y valoración que se realiza de todos ellos como se viene demostrando habitualmente así como por la trascendencia que tiene en la venta y en las exportaciones de todas estas producciones”, y ha concluido asegurando que sirven de ejemplo y guía al resto de empresas de Castilla-La Mancha para participar en próximas ediciones y conseguir los reconocimientos que tanta valoración están teniendo por parte de la industria agroalimentaria de la región“.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), ha avanzado que el Gobierno de Cantabria trabaja en un proyecto piloto de relevo generacional para ganaderos.

Así lo ha adelantado este domingo en una entrevista en RNE, donde ha afirmado que la Consejería quiere ofrecer una mejora de la pensión de jubilación a los criadores que no tienen a quien cederle sus explotaciones, de forma que pasen a manos de jóvenes que quieran incorporarse al sector primario.

El Ejecutivo autonómico observa que hay “muchos ganaderos que, cuando se jubilan, ni los hijos ni los nietos quieren continuar con la explotación porque han visto las condiciones tan duras que han tenido sus padres o sus abuelos”. Por ello, quieren facilitar el acceso al sector a jóvenes que se quieren incorporar, pero que lo tienen “muy complicado porque no tienen terrenos, explotación ganadera y demás”.

De esta forma, Desarrollo Rural pretende que el ganadero que se jubile mejore su pensión y que el joven “pueda incorporarse de manera inmediata” con explotación y terrenos “y que pueda comenzar su actividad desde el primer momento”.

Situación del lobo

Por otro lado, la titular de Ganadería ha avanzado que a lo largo del mes de mayo se publicará el nuevo cupo de lobos a extraer dentro del nuevo Plan de Gestión del Lobo, que entró en funcionamiento en marzo.

Desde entonces, el Ejecutivo está “reformulando” los cálculos de los lobos extraídos con el anterior cupo y de población actual. En base a ello,están elaborando el nuevo cupo que se hará público “a lo largo de este mes de mayo”, según ha aclarado la consejera. Además, ha recalcado que la comunidad autónoma tiene “un problema de sobrepoblación de lobos, repartidos por todo el territorio”.

“No se van a ver los efectos de las extracciones a corto plazo; lo iremos viendo a medio y a largo plazo porque el cupo que tenemos marcado no nos permite disminuir los lobos sino nos permite mantenernos en los niveles que teníamos anteriormente”, ha puntualizado. En esta línea, ha augurado que “vamos a ver que sí se empieza a ver ya un punto de inflexión”, pero ha admitido que no puede asegurar que vaya a dejar de haber ataques de lobos.