La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la “custodia” de estos sufragios que plantearon los populares y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior.

En las dos resoluciones ante estas peticiones, el organismo arbitral recuerda también a PP y Vox que la Administración electoral “debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador” y les anima a cambiar la ley si consideran que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral. “Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto”, argumenta la JEC.

Además, el 'árbitro' de las elecciones explica a PP y Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan “denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad” como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados. En este punto, recuerdan los hechos ocurridos en el marco de las elecciones de Extremadura en diciembre de 2025 después de un robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en la que unos ladrones sustrajeron la caja fuerte del establecimiento con 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo.

La Guardia Civil lo consideró un acto de “delincuencia común” y la Junta Provincial de Badajoz activó un operativo especial “para asegurar que estos ciudadanos pudieran ejercer su derecho, logrando que 122 de los 124 electorales afectados pudiesen llevarlo a cabo, no siendo posible en 2 casos por hallarse estos fuera del territorio nacional”. Además, con respecto al voto por correo, la JEC insiste en que Correos “adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales”.

Con respecto a las medidas en el caso del voto CERA, la JEC explica que en el escrito de Vox “tan solo se invoca la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo de los españoles que residen dentro del territorio nacional y el voto de los electores inscritos en el CERA”. “En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2014, de 25 de septiembre, ya declaró que en este caso, ”no considera el Tribunal Constitucional infringido el derecho a la igualdad, toda vez que son distintas circunstancias de los españoles residentes y de los residentes ausentes como bien expresa la necesidad de recurrir a artificios administrativos para hacer posible la condición de vecinos de estos últimos“, argumenta.

La Junta Electoral ya anunció este jueves que daría orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

A juicio de la Junta Electoral, que atiende así parcialmente sendas denuncias presentadas por PP y SALF, en esa rueda de prensa en la Moncloa Sánchez “no se limitó a informar sobre el contenido de los reales decretos leyes aprobados, sino que introdujo manifestaciones valorativas relativas a la actuación de su Gobierno, a los partidos de la oposición y a la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. En concreto, el máximo organismo electoral se refiere a frases en las que el jefe del Ejecutivo presumió de su gestión. “Con esa forma de hacer política, y ahí están los resultados económicos, en términos de empleo y también de desigualdad, hemos sacado adelante nada más y nada menos que 33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales en esta legislatura”, dijo Sánchez.

“Y es que en 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones”, fue otra de las frases que rechaza la Junta Electoral. “Yo creo que este gobierno ha hecho mucho durante estos últimos ocho años por la vivienda”, dijo también el presidente, que añadió: “Hemos multiplicado por ocho los presupuestos. Hemos también dado a las comunidades autónomas 7.000 millones de euros para que construyan más vivienda protegida”.

Asimismo, la Junta Electoral considera que Sánchez “realizó apreciaciones críticas sobre los partidos de la oposición”. El presidente del Gobierno denunció, por ejemplo, que en el último Pleno del Congreso “no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios”. “Y ahí está el PP, ahí está por supuesto Vox, lo que pasa es que a Vox no le meto en la ecuación porque no entiendo que hagan política, es otra cosa”, añadió.

Finalmente, la Junta Electoral considera que Sánchez “vinculó las medidas anunciadas con la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. “Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda”, dijo Sánchez.

Para el organismo electoral “estas manifestaciones, consideradas en su conjunto, exceden de la exposición objetiva de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, al incorporar referencias a los logros de la acción gubernamental, valoraciones críticas sobre otras formaciones políticas y alusiones a la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia en las elecciones convocadas”. “El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el periodo electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo”, zanja.

La Junta Electoral Central ha acordado en su reunión de este jueves dar la orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, informan a elDiario.es fuentes de ese organismo. 

La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

El Supremo ratificó este lunes las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral. Y determinó que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.  

La resolución ha abierto un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo. Ante este escenario, la Junta Electoral Central ha optado por ordenar a la Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, que envíe a todos los inscritos en el CERA la documentación para poder votar. 

De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Supremo ha puesto bajo sospecha. 

Por otro lado, en la sesión de este jueves, la Junta Electoral Central ha rechazado una petición del Partido Popular de revisar el voto por correo. El órgano se ha basado en un reciente informe realizado por Correos para determinar que no hay necesidad de realizar esa revisión dado consideran que el actual sistema otorga garantías plenas sobre el proceso.

El adelanto electoral complica la aplicación de la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A la dificultad existente para que los consulados cumplieran el mandato de desglosar los 168.896 expedientes puestos en duda por el Alto Tribunal, se suma ahora otro hecho clave: la ley electoral prevé que el censo del 29N sea el que se cerró el 1 de agosto, antes del fallo que privaba del ejercicio de ese derecho a estos ciudadanos salvo que pudieran acreditar la condición de exiliados de sus antepasados. Todo ello, mientras algunos dirigentes políticos como Isabel Díaz Ayuso (PP) o Santiago Abascal (Vox) han empezado a lanzar acusaciones sin base de pucherazo electoral. 

Fuentes consultadas por elDiario.es tanto en la Junta Electoral Central como en el Supremo apuntan a que el adelanto electoral, en la práctica, puede acabar dejando en papel mojado la exclusión de los nacionalizados a través de la ley de nietos. Sostienen que el proceso electoral debe regirse por el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior al mes en que se decreta la convocatoria. Esto es, cuando no existían las medidas cautelares dictadas en septiembre. Y que tratar de aplicar la suspensión de forma retroactiva supone colisionar con la ley electoral, que es la que fija el censo aplicable.

En esa lista de electores que se utilizará en los comicios del 29N figuran, por tanto, descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad —y al derecho al voto— a través de la instrucción que presume esa condición para “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” sobre la que ha puesto el foco el Supremo. Algunas fuentes sostienen que forzar una aplicación retroactiva de la suspensión cautelar supondría “alterar el censo legalmente previsto” e ignorar la jerarquía de la ley electoral y la ponderación de los derechos en juego. 

La última palabra, no obstante, pueden tenerla los magistrados del Supremo, a quienes se dirigieron este lunes Iustitia Europa y Vox, las formaciones que llevaron en su día el asunto a los tribunales. Ambos presentaron sendos escritos en los que reclamaban al Alto Tribunal que tome medidas para “garantizar” que la suspensión cautelar del voto de estas personas sea aplicada el 29S. En concreto, pidieron “determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto” que frenó el derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo. 

También es posible que en los próximos días haya algún pronunciamiento de la Junta Electoral Central, a donde también se dirigió Vox. La formación de extrema derecha solicitó al organismo electoral que recabe un listado anonimizado de todas las personas inscritas en el censo exterior cuyo derecho a voto está suspendido.

De hecho, el partido de Santiago Abascal llegó a pedir que se suspenda el derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. Y que se les ofrezca, en todo caso, ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo en los términos previstos en la ley electoral. 

Estas reclamaciones chocan con las “dificultades” detectadas por la Dirección General de Asuntos Consulares para cumplir con el mandato del Supremo de revisar las concesiones de nacionalidad por la ley de nietos para expedir certificados a quienes acreditaron el exilio sin la presunción recogida en la citada instrucción. 

En un escrito del 18 de septiembre, este ente dependiente del Ministerio de Exteriores explicaba que ni el censo exterior ni el Registro de Matrícula Consular recogen a través de sus herramientas informáticas la vía de adquisición de la nacionalidad. Así que para cumplir el requerimiento del Supremo es imprescindible identificar y examinar manualmente 168.896 expedientes, una tarea que exige revisar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. 

De hecho, el organismo consideró que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones —La Habana (casi 30.000 expedientes), Buenos Aires y Rosario (más de 20.000 cada una), además de Ciudad de México, Caracas y Mendoza— las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año.

Entre tanto, el adelanto electoral fue aprovechado este lunes por algunos dirigentes de la derecha y la extrema derecha para lanzar acusaciones sin base sobre un hipotético pucherazo electoral. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo este lunes Ayuso después de varias preguntas sobre si cree que habrá fraude de cara al 29N. Por su parte, Santiago Abascal acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de “manipular” las elecciones y pidió que sean “libres, limpias y sin violencia”. 

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado cuestionan los “excesos” de los magistrados, que se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones para impedir votar a estos descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

La Abogacía del Estado denuncia que la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “excede los límites propios del incidente cautelar” y se pronuncia sobre la “legalidad” de una instrucción “que no ha sido impugnada en este proceso” y sobre cuya validez no se pueden pronunciar.

Se trata de la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 y que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La clave es que partido extraparlamentario Iustitia Europa y Vox no recurrieron ante el Supremo el contenido de esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba su falta de competencia para examinar su contenido.

Los jueces, sin embargo, fallaron que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener en el censo solo a quienes puedan acreditar documentalmente que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. 

En su recurso, la Abogacía del Estado defiende que el Supremo se ha excedido en sus competencias al abordar la validez de una instrucción que no ha sido recurrida y que es firme desde hace años. E insiste en que la sentencia que se dicte “podrá anular” el citado acuerdo de la Junta Electoral, pero “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada concesión de nacionalidad concedida y que no ha sido impugnada en este procedimiento.

En este sentido, recuerda que enjuiciar la validez de los títulos de concesión de la nacionalidad no es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de la jurisdicción civil.

Además, considera que el auto impugnado excede los límites propios del incidente cautelar, pues hace un “juicio anticipado” sobre el fondo del asunto dado que impone a la Junta Electoral un comportamiento que coincide, en lo esencial, con el contenido de la pretensión de fondo de Iustitia Europa y Vox, que consistía en impedir votar a estas personas.

168.896 nacionalizados con la instrucción

Por otro lado, el recurso de la Abogacía del Estado también trata de desmontar el cálculo del tribunal, que basó la existencia de un supuesto riesgo electoral en el hecho de que desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se había incrementado en 408.262 personas. 

Así, los servicios jurídicos del Estado rebajan a 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad a través de esa presunción de exilio que recoge la instrucción para los descendientes de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

La Junta Electoral Central ha estimado el recurso presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha acordado revocar el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León que multó al entonces candidato del PP por difundir la concesión de una subvención a la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), de Soria durante la campaña electoral.

Alfonso Fernández Mañueco presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral autonómica porque entendía que había “vulnerado con indefensión los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”, dado que no se había dado un primer procedimiento administrativo en el que se declarara o no la vulneración de la normativa y la posibilidad de presentar un recurso de alzada.

La Junta Electoral Central ha ordenado la retroacción de las actuaciones al momento en que se incoó el expediente en la Junta Electoral de Castilla y León para que vuelva a iniciar los trámites “ajustado a los preceptos”.

Denuncia de Vox

Tras una primera denuncia de Vox -partido con el que ahora gobierna el PP-, la Junta Electoral de Castilla y León estableció una multa de 600 euros por una infracción electoral, una decisión que ahora revoca la Junta Electoral Central. La Junta Electoral de Castilla y León acordó incoar un expediente sancionador, pero no cuantificó la sanción si Fernández Mañueco reconocía voluntariamente su responsabilidad y realizaba el pago voluntario.

El acuerdo de la Junta Electoral Central es firme en vía administrativa, aunque es posible interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.

El recurso de Mañueco también cuestionaba que fuera él quien cometiera esos hechos denunciados, si no que se trató de un acuerdo adoptado por la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Educación, lo que no considera “suficiente” como para que se le sancione, así como irrelevante electoralmente. La Junta Electoral Central no se pronuncia sobre esta cuestión porque ha devuelto el caso a la Junta Electoral de Castilla y León.

El Tribunal Supremo ha acordado esta semana limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. Salvo que la decisión sea revocada cuando se analice el fondo del asunto, este fallo privará del ejercicio de ese derecho fundamental a los más de 300.000 descendientes de españoles que ya han accedido a la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos, salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

En el auto en el que justifican esta decisión, los jueces sostienen que hay “un peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afecte a las elecciones y se produzca un “daño irreversible”. Según los datos recogidos en esa resolución, desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se ha incrementado en 408.262 personas. La ley de nietos entró en vigor el 21 de octubre de 2022. En ese censo figuran todas las personas que tienen nacionalidad española y residen de forma permanente en el extranjero, que pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. 

El pronunciamiento del Supremo, que ha supuesto el último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces, ha puesto en el foco una instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó hace cuatro años, el 25 octubre de 2022, cuatro días después de la entrada en vigor de la ley que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. 

Esa instrucción estableció cómo debe acreditarse esa condición de nieto de exiliado que exige la norma para acceder a la nacionalidad. Y la clave es que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Fuentes gubernamentales explican que transcurridas más de ocho décadas desde el inicio de la Guerra Civil, la obtención de pruebas documentales oficiales de persecución política resultaba difícil para muchas familias. Para evitar que el derecho quedara inoperante por las barreras burocráticas, la instrucción incluyó unas pautas de interpretación y la presunción de exilio sobre la que ahora pone el foco el Supremo. 

De hecho, la instrucción de 2022 fue impugnada en los tribunales por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó paralizar cautelarmente su aplicación al entender que hacerlo suponía el riesgo de no ejecutar de forma inmediata una ley y perjudicar a los terceros beneficiarios de la nacionalidad. 

En realidad, esa instrucción que ahora está en el centro de la polémica es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la ciudadanía española como consecuencia de su salida del país por motivos políticos. Entonces también se estableció esa presunción de exilio y la norma se aplicó con normalidad.

Un texto nada novedoso y que data de hace cuatro años ha servido para que el PP y Vox alienten en las últimas semanas la conspiración del pucherazo ante las citas electorales del próximo año al extender el bulo de un supuesto incremento ilícito del censo exterior gracias a la ley de nietos. En realidad, en las últimas generales apenas votó el 10% del censo de españoles que residen de forma permanente en el exterior: 233.688 personas. Y quien salió beneficiado fue el partido de Alberto Núñez Feijóo, que le arrebató un escaño al PSOE.

El acuerdo de la Junta Electoral Central

Sin embargo, al calor de esos pronunciamientos, distintas “formaciones políticas, personas y entidades” cuestionaron el pasado julio ante la Junta Electoral Central la repercusión en el censo electoral del incremento del número de personas que han obtenido la nacionalidad en virtud de esta ley y la citada instrucción. Y solicitaron que se suspendiera el proceso de elaboración del censo de españoles residentes en el extranjero o la congelación provisional de las nuevas altas derivadas de la ley de nietos.

El organismo que hace de árbitro ante litigios electorales determinó por mayoría que excede de su competencia pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento, así como hacer valoraciones sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Sin embargo, ese acuerdo contó con el voto particular de cuatro vocales que consideraron que la Junta Electoral Central sí tiene competencia para frenar los efectos de esa norma en el censo electoral y “poner fin a un incremento formidable e irreversible en contra de lo previsto en la ley”.

Sus firmantes son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín. Sus argumentos figuran en el escrito con el que Iustitia Europa impugnó ese acuerdo de la Junta Electoral Central y que han sido asumidos por el Supremo para acordar la suspensión cautelar del derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

Iustitia Europa utilizó la existencia de este voto discrepante como argumento principal para defender que existen argumentos sólidos para aceptar la suspensión cautelar, lo que técnicamente se conoce como “apariencia de buen derecho”. Y, basándose en ese escrito argumentó que la instrucción del Ministerio de Justicia introdujo una presunción generalizada de exilio no prevista por el legislador y eliminó la exigencia de acreditar que la salida de España respondió a motivos de persecución política e ideológica.

Ese argumento es recogido por los jueces del Supremo, que sostienen que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acuerdan mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

Esto es, que deberán iniciar de nuevo el trámite en las Oficinas Consulares y aportar la acreditación de que su ascendiente fue beneficiario de las pensiones para exiliados, aportar certificaciones de la Oficina de Refugiados de la ONU de las oficinas de acogida de los estados receptores o informes de partidos, sindicatos u organizaciones vinculadas al exilio reconocidas oficialmente.

La decisión del Supremo cuenta con la opinión discrepante de la magistrada María Alicia Millán, quien considera que la decisión es “incongruente” dado que las medidas acordadas recaen sobre la instrucción cuando el objeto del recurso era el acuerdo de la Junta Electoral. Además, considera que la mayoría ha optado por anteponer un “riesgo futuro e incierto” sobre unas elecciones aún no convocadas frente al perjuicio inmediato, efectivo y grave de privar cautelarmente del derecho fundamental al voto a ciudadanos reconocidos como españoles.

Angy Galvín (Palma, 1994) és doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. L’obra, qualificada amb un excel·lent cum laude, va guanyar el I Premi de Periodisme Antonio López Hidalgo i ara ha estat publicada en format llibre amb el títol El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Es tracta d’un treball exhaustiu que analitza quinze anys de jurisprudència electoral i més de 800 notícies electorals dels telenotícies espanyols, i que estarà disponible a les facultats de Periodisme i Dret d’Espanya.

Galvín, directora d’elDiario.es a les Illes Balears i professora universitària al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un llibre que serveix de referència perquè els periodistes coneguin com els afecta la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) en el seu exercici professional: des de l’emissió de notícies sobre els partits polítics als telenotícies fins a la configuració dels debats electorals o les tertúlies polítiques.

La doctora assegura que la Llei Electoral ha quedat “completament desfasada”, ja que va ser concebuda abans de l’aparició d’Internet, i que impedeix que els periodistes siguin “lliures”. Posant com a exemple de les “perversions” de la LOREG, menciona un telenotícies de TVE en què es va haver d’emetre la resposta de Pedro Sánchez abans que la pregunta de Pablo Iglesias perquè el PSOE tenia més vots que Unidas Podemos –els anomenats “blocs electorals”–. A l’actual campanya extremeña, lamenta que la normativa permeti a María Guardiola (PP) eludir un debat electoral perquè la LOREG està centrada en “el càlcul electoralista dels partits, no en l’interès dels ciutadans”.

Per què ha fet aquesta investigació?

Neix de la meva tesi doctoral, centrada en com la Junta Electoral i la Llei Electoral condicionen la manera en què els periodistes podem informar durant les campanyes electorals. És paradoxal que, en un moment en què el periodisme hauria de servir encara més a la població, no tinguem prou eines per poder informar lliurement. La Llei Electoral és molt desconeguda, però afecta moltíssim el dia a dia i la nostra salut democràtica. Justament, els periodistes no som lliures en les campanyes electorals a l’hora d’informar sobre els partits polítics. Estem condicionats pels resultats que van obtenir les formacions a les eleccions anteriors. És a dir, si un partit polític d’una campanya a una altra desapareix mediàticament i socialment perquè no té interès, tant se val, perquè tindrà garantida la seva presència als mitjans de comunicació, sobretot als públics. I això és una anomalia democràtica.

Què la va portar a aprofundir en això?

Quan em vaig graduar en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig fer el meu Treball Final de Grau sobre el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), que és un consell regulador de caràcter administratiu que afecta els mitjans de comunicació a Catalunya. A partir d’aquí vaig anar topant amb notícies de la Junta Electoral Central. Per exemple, el veto a la participació d’un partit en un debat. Com a periodista, això et xoca moltíssim, així que vaig començar a investigar i vaig decidir fer el Treball Final de Màster i la tesi sobre tota aquesta temàtica. Tot i que és un tema que no està gaire tractat en l’àmbit públic, els col·legis professionals de periodistes sí que han estat molt combatius, fins al punt de presentar recursos. Els periodistes ens oposem clarament a aquesta legislació.

En els agraïments cita el mestre Antonio López Hidalgo. “Debatrem sobre titulars en una altra vida”, diu.

Antonio López Hidalgo va ser catedràtic de Periodisme a la Facultat de Sevilla i no el vaig arribar a conèixer, però vaig guanyar un premi en el seu nom. El “vaig conèixer” en els manuals típics de la carrera, però mai en persona. El Col·legi de Periodistes d’Andalusia i l’Ajuntament de Montilla em van concedir aquest premi dedicat a ell i, com que soc professora de Periodisme al CESAG i m’ocupo d’ensenyar als meus alumnes a titular, em va semblar una connexió molt bonica.

Per tant, segons la seva tesi, l’art de titular en període electoral també es veu molt condicionat.

Sens dubte. L’art de titular, com enfoques les notícies, quants minuts i segons dediques a cada partit polític, tot està extremadament regulat. Imagina’t que jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions. Una periodista de TV3 va escriure un article sobre un míting que no es va celebrar, però calia dedicar-li un cert temps perquè era el que li corresponia al partit polític en qüestió. I això genera perversions.

Jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions

Al llibre explica com, una vegada, en període electoral, una televisió va haver de posar primer la resposta i, més tard, la pregunta en qüestió…

És l’antisentit. Pablo Iglesias havia fet una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. En la pràctica, la Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes des del punt de vista de la qualitat de la informació.

Pablo Iglesias va llançar una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. La Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes

També es refereix a les “restriccions justificades a la llibertat d’expressió”.

Per exemple, que una televisió convidi a un debat electoral els partits polítics que tenen més opcions d’obtenir un nombre més elevat d’escons al Congrés, però que hagi d’excloure’n un perquè fa quatre anys no va aconseguir representació. Això ha passat amb Unidas Podemos, amb Vox i amb Ciutadans. Si els sondejos, l’opinió pública i els ciutadans t’estan informant i dient que aquest partit tindrà una àmplia representació a les eleccions que se celebraran d’aquí a dues setmanes, em sembla contraproduent que no se’l pugui convidar a un debat electoral. És una restricció injustificada a la llibertat d’expressió. També als telenotícies és una restricció que un no pugui dedicar els minuts i segons que consideri oportuns en funció de la rellevància que tingui aquell partit polític aquell dia. El pluralisme polític no hauria de justificar aquestes imposicions.

Parla de criteri.

Sí, del criteri periodístic. Els ciutadans, amb els nostres impostos, paguem perquè sigui el criteri d’un periodista, i no el d’un jurista o un polític, qui decideixi què és notícia i què no ho és.

Davant d’aquesta realitat, la JEC manipula d’alguna manera l’impacte en el vot?

No. Els partits afavorits per la legislació, no per la JEC, són els grans: PP i PSOE. És molt difícil valorar si un aspecte en concret afecta el vot. És més fàcil valorar si afecta el pluralisme mediàtic i polític. Crec que la Junta Electoral Central fa el que estableix la llei i el que els partits polítics li demanen. No en té la culpa. Fixa’t en una cosa molt curiosa: tota aquesta normativa que estudio, si els partits polítics no recorren davant la JEC, no s’ha d’aplicar. És a dir, si faig un debat electoral amb partits polítics que, segons la Llei Electoral, no haurien d’estar perquè no tenen la representació suficient, però ningú es queixa, aquest debat es pot celebrar. Quan algun partit es queixa és quan la Junta Electoral actua, però no actua d’ofici.

Està obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central és un òrgan amb un caràcter molt especial, no està dins dels tres grans poders, que ha fet durant dècades, amb molt poc personal, una feina increïble, brutal. Quin és el problema? Que la legislació i les persones que componen la JEC tenen una mentalitat i eines del segle XX, no del XXI. Per exemple, no es pot abordar la desinformació a les xarxes socials, que és fonamental, ni els membres de la Junta Electoral tenen aquesta formació. La JEC depèn, en la seva dotació econòmica, del Congrés dels Diputats. El que proposo al meu llibre és que s’incorporin experts en xarxes socials i Periodisme per afrontar els reptes actuals.

Qui forma la Junta Electoral Central?

És una barreja de cinc catedràtics en Dret o Ciències Polítiques i Sociologia i vuit magistrats del Tribunal Suprem. De fet, el president de la JEC també és membre del Suprem.

Arriben les eleccions a Extremadura i la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participat en cap debat. Interessa canviar aquest aspecte de la llei?

Doncs interessa als mitjans de comunicació i als periodistes, però no als partits polítics. Fixa’t com és de perversa, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi. La Junta Electoral considera que ha de primar més l’interès electoralista dels partits que el dret a la informació dels ciutadans. A mi em sembla una aberració completa. De fet, al llibre proposo que sigui obligatori un debat electoral als mitjans de comunicació públics i que els partits convidats hi assisteixin per obligació. Mira fins a quin punt arriba la llei: si un partit no vol anar, una televisió no pot posar el que anomenem la “cadira buida” per exemplificar la realitat i que l’espectador sàpiga que no és que no l’hagin convidat, sinó que no ha volgut participar. Tant el Tribunal Suprem com la JEC consideren que això perjudica la imatge dels partits.

Què perversa és, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi, com passa amb María Guardiola (PP) a Extremadura

En època incontrolable de bots i de la xarxa en general, com hauria d’adaptar-se la JEC perquè l’algoritme no actuï afavorint un partit o un altre?

El model francès és molt interessant perquè l’antic Consell Audiovisual, que ara s’ha remodelat, col·laborava amb el Ministeri de l’Interior. Quan parlem de desinformació a les xarxes socials, de bots, de trolls… estem entrant en un tema de seguretat nacional. És el que es coneix com a guerres híbrides: a més de la guerra offline de tota la vida, existeix una altra guerra online. Tots coneixem els intents de Rússia per desestabilitzar les democràcies occidentals. Moltes vegades són campanyes orquestrades per terceres potències estrangeres a les quals ni tan sols afecta la nostra legislació.

En campanya electoral hi hauria d’haver una major coordinació i dotació de recursos entre la JEC i el Ministeri de l’Interior per combatre aquestes altres campanyes orquestrades i organitzades a Internet. Crec que és important imposar una regulació europea a les plataformes que operen al nostre país, com Facebook, Instagram, X, etc. Durant molts anys hem confiat en l’autoregulació d’aquestes plataformes i hem vist que aquest model porta al fracàs, perquè el que busquen és que l’algoritme t’acabi enganxant i acaben primant determinades ideologies polítiques en funció de qui és el propietari d’aquesta empresa. Aquestes plataformes no són innòcues, tenen un condicionament en el feed de publicacions que estàs veient. Caldria imposar una legislació perquè les companyies comparteixin l’algoritme, completament mancat de transparència. Ni tan sols els investigadors de la Comissió Europea són capaços de conèixer com funciona.

Ha analitzat un període de catorze anys d’instruccions i acords de la JEC, entre 2011 i 2025, i milers de notícies. Hi ha alguna notícia que hagi estat, diguem-ne, el súmmum?

Crec que per salut mental he decidit oblidar la majoria d’elles… Però recordo que, durant la campanya electoral, hi havia declaracions que es repetien constantment i que es notava que els periodistes necessitaven omplir minuts per complir amb el que establia la normativa. La legislació empeny a què un periodista expliqui el mateix al matí i al vespre. Recordo declaracions com una de Pablo Casado, que criticava Pedro Sánchez per anar amb la porra a Catalunya i es volia presentar amb el pit inflat com el salvador; també el del govern Frankenstein de coalició entre PSOE i Podemos… Eren lemes que es repetien constantment i que afavorien els partits polítics perquè els seus missatges calaven molt, però per a l’espectador era insuportable, perquè el que un votant busca és conèixer les propostes d’un partit. Al final, les notícies acabaven convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell.

Al final, les notícies acaben convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell

Es pot fer i oferir informació política en període electoral sense saltar-se la JEC?

Et refereixes a la concepció que tenim fora del període electoral? Si treballes en un diari, sí. La legislació és especialment restrictiva amb els mitjans de comunicació audiovisuals i de titularitat pública, però si treballes en un mitjà de comunicació privat i escrius en premsa en paper o digital tens una llibertat brutal per poder treballar. Tradicionalment, s’ha fet això perquè l’espai radioelèctric és públic i està sotmès a una legislació més intensa que els diaris. Sempre hi ha hagut aquesta concepció per part del legislador, no només en campanya electoral, sinó en general. La llei de premsa a Espanya és franquista, ratificada per Manuel Fraga; imagina’t si és antiga. La pregunta és si et pots informar bé en un telenotícies. Jo crec que no, independentment que sigui públic o privat, especialment públic, acaben sent espais de pura propaganda política, sense desmerèixer els companys. Al cap i a la fi, cal complir amb la legislació i fas el que pots amb el que et deixen.

No és injust per als ciutadans?

De fet, el motiu que em porta a estudiar això és que considero que és una llei molt desconeguda i que els ciutadans no som conscients que els partits polítics legislen perquè els espais d’informació política siguin propaganda política. Quan, a més, els partits ja tenen aquests espais de propaganda gratuïta en els mitjans de comunicació públics, tenen els seus espots, però saben que no són tan eficients com la informació periodística. El legislador, en aquest cas, hauria de pensar en l’interès del ciutadà. Justament, a principis d’aquest any, el Govern va aprovar un avantprojecte de reforma de la Llei Electoral que obligava a celebrar un debat obligatori i a certes qüestions sobre les enquestes. És un bon pas, encara que petit, però em sembla interessant que s’estigui imposant una legislació que va en contra de l’interès electoralista. Espero que aquest sigui un primer pas perquè després s’afronti una reforma integral de la llei electoral.

A qui beneficia que les coses es quedin com estan?

Els partits petits sempre han intentat canviar la Llei Electoral, no només pel que fa als mitjans de comunicació, sinó també per les circumscripcions electorals, que els afecta especialment. Espero que serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d’estar d’acord en una llei que els beneficia. Qui legisla en contra seva? Si som realistes, és molt difícil que facin un canvi. Després de l’aparició de Podemos i Ciutadans, i després Vox, ja no vam veure un sistema bipartidista clàssic. La legislació està concebuda en un període de temps que va sorgir amb Felipe González i s’acusava TVE de dedicar molt de temps als socialistes. Era l’Espanya del PP i del PSOE i, si de cas, d’Esquerra Unida. Aquesta Espanya, senzillament, ja no existeix.

Espero que el llibre serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d'estar d’acord en una llei [l’electoral] que els beneficia

Quin consell donaria a les persones que estan llegint aquesta entrevista per informar-se en períodes electorals?

Els donaria el mateix consell tant en període electoral com fora d’ell: que es nodreixin de diverses fonts informatives. És necessari que no només llegeixin un diari, vegin una televisió o escoltin una ràdio. Cal nodrir-se del nombre més gran de mitjans de comunicació possible, perquè així és com un acaba configurant una opinió i dipositant el seu vot de la millor manera possible.

Tanmateix, solem buscar mitjans afins a la nostra forma de pensar.

És possible, i força saludable, llegir elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No només és possible, sinó que és necessari. El més saludable democràticament és nodrir-se de mitjans de comunicació diferents.

També dedica el llibre a la seva família: “Per demostrar-me que les persones humils també tenim dret a complir els nostres somnis”. Per què diu això?

Soc filla d’un electricista i d’una mestressa de casa; hem viscut de manera força humil. Sempre he estudiat en centres públics i amb beques. Vaig poder fer la tesi perquè treballava a jornada completa a elDiario.es i ja podia mantenir-me sola. Em sembla important recalcar que les persones que sempre hem estat classe obrera tinguem l’oportunitat de complir els nostres somnis.

Quins són?

Un molt humil: ser periodista i fer un periodisme en què crec. Vaig entrar com a becària a elDiario.es, segueixo aquí, he acabat obtenint un doctorat en Periodisme i soc professora universitària. Per a mi, aquest és el meu somni, independentment que ara tingui un càrrec directiu. Els meus pares van fer molts esforços econòmics perquè pogués estudiar a Barcelona i es van privar d’aspectes fins i tot bàsics. Per a les persones que hem tingut dificultats econòmiques per avançar, poder ensenyar a les noves generacions de manera honesta és el millor somni, un dels majors plaers que t’ofereix la vida. Que una persona amb recursos econòmics limitats pugui ser doctora és la reivindicació més gran que es pot fer de l’educació pública.

Angy Galvín (Palma, 1994) es doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis, calificada con un sobresaliente cum laude, se alzó con el I Premio de Periodismo Antonio López Hidalgo y ahora ha sido publicada bajo el título El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Un trabajo exhaustivo que analiza 15 años de jurisprudencia electoral y más de 800 noticias electorales de los telediarios españoles, y que estará disponible en las facultades de Periodismo y Derecho de España.

Galvín, directora de elDiario.es en las Illes Balears y profesora universitaria en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un libro que sirve de referencia para que los periodistas conozcan cómo les afecta la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) en su desempeño profesional: desde la emisión de noticias sobre los partidos políticos en los telediarios hasta la configuración de los debates electorales o las tertulias políticas.

La doctora asegura que la Ley Electoral ha quedado “completamente desfasada”, ya que fue concebida antes de la aparición de Internet, y que impide a los periodistas ser “libres”. Pone, como ejemplo de las “perversiones” de la LOREG, un telediario de TVE en el que se tuvo que emitir la respuesta de Pedro Sánchez antes que la pregunta Pablo Iglesias porque el PSOE tenía más votos que Unidas Podemos –los llamados “bloques electorales”–. En la actual campaña extremeña, lamenta que la normativa permita a María Guardiola (PP) eludir un debate electoral porque la LOREG está centrada en “el cálculo electoralista de los partidos, no en el interés de los ciudadanos”.

¿Por qué ha hecho esta investigación?

Nace de mi tesis doctoral, centrada en cómo la Junta Electoral y la Ley Electoral condicionan la manera en la que los periodistas podemos informar en las campañas electorales. Es paradójico que, en un momento en el que el periodismo tiene que servir aún más a la población, no tengamos las herramientas suficientes para poder informar libremente. La Ley Electoral es muy desconocida, pero afecta muchísimo al día a día y a nuestra salud democrática. Justamente, los periodistas no somos libres en las campañas electorales a la hora de informar sobre los partidos políticos. Estamos condicionados por los resultados que obtuvieron las formaciones en las anteriores elecciones. Es decir, si un partido político de una campaña a otra desaparece mediática y socialmente porque no tiene interés, da igual, porque va a tener garantizada su presencia en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos. Y eso es una anomalía democrática.

¿Qué le llevó a profundizar en ello?

Cuando me gradué de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona, hice mi Trabajo Final de Grado sobre el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), que es un consejo regulador de carácter administrativo que afecta a los medios de comunicación en Catalunya. A partir de ahí fui dando con noticias de la Junta Electoral Central. Por ejemplo, el veto de la participación de un partido en un debate. Siendo periodista esto te choca muchísimo, así que comencé a investigar y decidí hacer el Trabajo Fin de Máster y la tesis sobre toda esta temática. Aunque es un tema que no está muy tratado en el ámbito público, los colegios profesionales de periodistas sí han sido muy combativos, hasta el punto de interponer recursos. Los periodistas nos oponemos claramente a esta legislación.

En los agradecimientos cita al maestro Antonio López Hidalgo. “Debatiremos sobre titulares en otra vida”, dice.

Antonio López Hidalgo fue un catedrático de Periodismo de la Facultad de Sevilla y no lo llegué a conocer, pero gané un premio en su nombre. Lo 'conocí' en los manuales típicos de la carrera, pero nunca en persona. El Colegio de Periodistas de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla me dieron este premio dedicado a él y, como soy profesora de Periodismo en el CESAG y me dedico a enseñar a titular a mis alumnos, me pareció una conexión muy bonita.

Entonces, según su tesis, el arte de titular en período electoral se ve también muy condicionado.

Sin duda. El arte de titular, cómo enfocas las noticias, cuántos minutos y segundos dedicas a cada partido político, todo está extremadamente tasado. Tú imagínate que yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones. Una periodista de TV3 escribió un artículo sobre un mitin que no se celebró, pero había que dedicarle equis tiempo porque era lo que le correspondía al partido político en cuestión. Y eso genera perversiones.

Yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones

En el libro cuenta cómo una vez, en período electoral, una televisión tuvo que poner primero la respuesta y, más tarde, la pregunta en cuestión…

Es el anti sentido. Pablo Iglesias había lanzado una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. En la práctica, la Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones desde el punto de vista de la calidad de la información.

Pablo Iglesias lanzó una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. La Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones

También se refiere a “restricciones justificadas a la libertad de expresión”.

Por ejemplo, que una televisión invite a un debate electoral a los partidos políticos que tienen más opciones de conseguir un mayor número de escaños en el Congreso, pero que tenga que excluir a uno de ellos porque hace cuatro años no consiguió representación. Esto ha pasado con Unidas Podemos, con Vox y con Ciudadanos. Si los sondeos, la opinión pública y los ciudadanos te están informando y diciendo que ese partido va a tener una amplia representación en las elecciones que se van a celebrar en dos semanas, me parece contraproducente que no se le pueda invitar a un debate electoral. Es una restricción injustificada a la libertad de expresión. También en los telediarios es una restricción que uno no pueda dedicar los minutos y segundos que considere oportunos en función de la relevancia que tenga ese partido político ese día. El pluralismo político no debería justificar estas imposiciones.

Habla de criterio.

Sí, del criterio periodístico. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagamos para que sea el criterio de un periodista, y no el de un jurista o un político, quien decide qué es noticia y qué no lo es.

Ante esta realidad, ¿la JEC manipula de alguna manera el impacto en el voto? 

No. Los partidos favorecidos por la legislación, no por la JEC, son los grandes: PP y PSOE. Es muy difícil valorar si un aspecto en concreto afecta al voto. Es más fácil valorar si afecta al pluralismo mediático y político. Creo que la Junta Electoral Central hace lo que la ley establece y lo que los partidos políticos le piden. No es la culpable. Fíjate en una cosa muy curiosa: toda esta normativa que estudio, si los partidos políticos no recurren ante la JEC, no tiene que aplicarse. Es decir, si hago un debate electoral con partidos políticos que, según la Ley Electoral, no tendrían que estar porque no tienen la representación suficiente pero nadie se queja, ese debate se puede celebrar. Cuando algún partido se queja es cuando la Junta Electoral actúa, pero no actúa de oficio.

¿Está obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central es un órgano con un carácter muy especial, no está dentro de los tres grandes poderes, que ha hecho durante décadas, con poquísimo personal, un trabajo increíble, brutal. ¿Cuál es el problema? Que la legislación y las personas que componen la JEC tienen una mentalidad y herramientas de siglo XX, no del XXI. Por ejemplo, no se puede abordar la desinformación en redes sociales, que es fundamental, ni los miembros de la Junta Electoral tienen esa formación. La JEC depende, en su dotación económica, del Congreso de los Diputados. Lo que propongo en mi libro es que se incorporen a expertos en redes sociales y Periodismo para afrontar los retos actuales.

¿Quién forma la Junta Electoral Central?

Es una mezcla entre cinco catedráticos en Derecho o Ciencias Políticas y Sociología y ocho magistrados del Tribunal Supremo. De hecho, el presidente de la JEC también es miembro del Supremo.

Llegan las elecciones en Extremadura y la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participado en ningún debate. ¿Interesa cambiar este aspecto de la ley?

Pues interesa a los medios de comunicación y a los periodistas, pero no a los partidos políticos. Fíjate qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates. La Junta Electoral considera que debe primar más el interés electoralista de los partidos que el derecho a la información de los ciudadanos. A mí me parece una completa aberración. De hecho, en el libro propongo que sea obligatorio un debate electoral en los medios de comunicación públicos y que los partidos invitados a asistir vayan por obligación. Mira hasta dónde llega la ley que, si un partido no quiere ir, una televisión no puede poner lo que llamamos la 'silla vacía' para ejemplificar la realidad y que el espectador sepa que no es que no le hayan invitado, sino que no ha querido participar. Tanto el Tribunal Supremo como la JEC consideran que eso perjudica la imagen de los partidos.

Qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates, como sucede con María Guardiola (PP) en Extremadura

En época incontrolable de bots y de la red en general, ¿cómo debería adecuarse la JEC para que el algoritmo no actúe favoreciendo a uno o a otro?

El modelo francés es muy interesante porque el antiguo Consejo Audiovisual, que ahora se ha remodelado, colaboraba con el Ministerio del Interior. Cuando hablamos de desinformación en redes sociales, de bots, de trolls... estamos entrando en un tema de seguridad nacional. Es lo que se conoce como guerras híbridas, además de la guerra offline de toda la vida, existe otra guerra online. Por todos son conocidos los intentos de Rusia para desestabilizar a las democracias occidentales. Muchas veces son campañas orquestadas por parte de terceras potencias extranjeras a las cuales ni siquiera afecta nuestra legislación.

En campaña electoral tendría que haber una mayor coordinación y dotación de recursos entre la JEC y el Ministerio del Interior para luchar contra esas otras campañas orquestadas y organizadas en internet. Creo que es importante imponer una regulación europea a las plataformas que operan en nuestro país como Facebook, Instagram, X, etc. Durante muchos años hemos confiado en la autorregulación de estas plataformas y hemos visto que ese modelo lleva al fracaso porque lo que buscan es que el algoritmo te acabe enganchando y acaban primando determinadas ideologías políticas en función de quién es el dueño de esa empresa. Esas plataformas no son inocuas, tienen un condicionamiento en el feed de publicaciones que estás viendo. Habría que imponer una legislación para que las compañías compartan el algoritmo, completamente falto de transparencia. Ni siquiera los investigadores de la Comisión Europea son capaces de conocer cómo funciona.

Ha analizado un período de 14 años de instrucciones y acuerdos de la JEC, entre 2011 y 2025, y miles de noticias. ¿Hay alguna noticia que haya sido, digamos, el colmo?

Creo que por salud mental he decidido olvidar la mayoría de ellas… Pero me acuerdo de que, durante la campaña electoral, había declaraciones que se repetían constantemente y que se notaba que los periodistas necesitaban rellenar minutos para cumplir con lo establecido por la normativa. La legislación empuja a que un periodista cuente lo mismo por la mañana y por la noche. Me acuerdo de declaraciones como una de Pablo Casado, que criticaba a Pedro Sánchez por ir con la porra en Catalunya y se quería presentar con el pecho henchido como el salvador; también lo de gobierno Frankenstein de coalición entre PSOE y Podemos… Eran lemas que se repetían constantemente y que a los partidos políticos les favorece porque sus mensajes calan mucho, pero eso para el espectador es infumable porque lo que un votante busca es saber las propuestas de un partido. Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro.

Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro

¿Se puede hacer y ofrecer información política en período electoral sin saltarnos a la JEC?

¿Te refieres a la concepción que tenemos fuera del período electoral? Si trabajas en un periódico, sí. La legislación es especialmente restrictiva con los medios de comunicación audiovisuales y de titularidad pública, pero si trabajas en un medio de comunicación privado y escribes en prensa en papel o digital tienes una libertad brutal para poder trabajar. Tradicionalmente se ha hecho esto porque el espacio radioeléctrico es público y está sometido a una legislación más intensa que en los periódicos. Siempre ha habido esa concepción por parte del legislador, no sólo en campaña electoral, sino en general. La ley de prensa en España es franquista, ratificada por Manuel Fraga, imagínate si es antigua. La pregunta es si te puedes informar bien en un telediario. Yo creo que no, independientemente de que sea público o privado, especialmente público, acaban siendo espacios de pura propaganda política, sin desmerecer a los compañeros. Al fin y al cabo, hay que cumplir con la legislación y haces lo que puedes con lo que te dejan.

¿No es injusto para los ciudadanos?

De hecho, el motivo que me nace para estudiar esto es que considero que es una ley muy desconocida y que los ciudadanos no somos conscientes de que los partidos políticos legislan para que los espacios de información política sean propaganda política. Cuando, además, los partidos ya tienen esos espacios de propaganda gratuita en los medios de comunicación públicos, tienen sus spots, pero saben que no son tan eficientes como la información periodística. El legislador, en este caso, debería pensar en el interés del ciudadano. Justamente, a principios de este año, el Gobierno aprobó un anteproyecto de reforma de la Ley Electoral que obligaba a celebrar un debate obligatorio y a ciertas cuestiones sobre las encuestas. Es un buen paso, aunque pequeño, pero me parece interesante que se esté imponiendo legislación que va en contra del interés electoralista. Espero que ese sea un primer paso para que después se acometa una reforma integral de la ley electoral.

¿A quién beneficia que las cosas se queden como están?

Los pequeños partidos siempre han intentado cambiar la Ley Electoral, no sólo por los medios de comunicación, sino por las circunscripciones electorales, que les afecta especialmente. Espero que sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley que les beneficia. ¿Quién legisla en su contra? Si somos realistas, es muy difícil que vayan a hacer un cambio. Tras la aparición de Podemos y Ciudadanos, y después Vox, ya no vimos un sistema bipartidista clásico. La legislación está concebida en un período de tiempo que surgió con Felipe González y se acusaba a TVE de dedicar mucho tiempo a los socialistas. Era la España de PP y PSOE y, si acaso, Izquierda Unida. Esa España, sencillamente, ya no existe.

Espero que el libro sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley [la electoral] que les beneficia

¿Qué consejo daría a las personas que están leyendo esta entrevista para informarse en períodos electorales?

Les daría el mismo consejo tanto en período electoral como fuera de él: que se nutran de varias fuentes informativas. Es necesario que no sólo lean un periódico, vean una televisión o escuchen una radio. Hay que nutrirse del mayor número de medios de comunicación posibles porque así es como uno acaba configurando una opinión y depositando su voto de la mejor manera posible.

Sin embargo, solemos buscar medios afines a nuestra forma de pensar.

Es posible, y es bastante sano, leer elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No sólo es posible, es que es necesario. Lo más sano democráticamente es nutrirse de medios de comunicación distintos.

También dedica el libro a tu familia: “Por demostrarme que las personas humildes también tenemos derecho a cumplir nuestros sueños”. ¿Por qué dice eso?

Soy hija de un electricista y de una ama de casa, hemos vivido de forma bastante humilde. He estudiado siempre en la pública y con becas. Pude hacer la tesis porque estaba trabajando en elDiario.es a jornada completa y ya podía mantenerme sola. Me parece importante recalcar que las personas que siempre hemos sido clase obrera tengamos la oportunidad de cumplir nuestros sueños.

¿Cuáles son?

Uno muy humilde: ser periodista y hacer un periodismo en el que creo. Entré como becaria en elDiario.es, sigo aquí, he acabado teniendo un doctorado en Periodismo y soy profesora universitaria. Para mí, ese es mi sueño, independientemente de que ahora tenga un puesto directivo. Mis padres hicieron muchísimos esfuerzos económicos para que pudiera estudiar en Barcelona y se quitaron de aspectos incluso básicos. Para las personas que hemos tenido dificultades económicas para avanzar, poder enseñar a las nuevas generaciones de manera honesta es el mejor sueño, uno de los mayores placeres que te ofrece la vida. Que una persona con recursos económicos justos pueda ser doctora es la mayor reivindicación que se puede hacer de la educación pública. 

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado incoar expediente sancionador contra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por vulnerar presuntamente la neutralidad institucional exigida durante el periodo electoral. En una resolución fechada el 4 de diciembre, el organismo estima dos recursos presentados por el PSOE y revoca las decisiones de la Junta Electoral de Extremadura, que había archivado las denuncias. El acuerdo es firme en vía administrativa e insta a retirar de las plataformas institucionales todo el contenido relacionado con los hechos.

El primero de los expedientes se refiere a la entrevista que Guardiola concedió a la Cadena COPE el 29 de octubre, apenas un día después de publicarse el decreto de disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria electoral. La JEC considera que la presidenta, entrevistada en calidad institucional y en el marco de un acto promocional de la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031, mezcló mensajes informativos con críticas a la oposición y alusiones a logros de su Gobierno.

Según el organismo, estas manifestaciones “pudieron vulnerar” el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos difundir logros o mensajes electoralistas durante el periodo electoral. Entre los fragmentos analizados, la resolución recoge críticas expresas al PSOE y referencias a datos de empleo, exportaciones, dependencia y listas de espera para respaldar la gestión del Ejecutivo autonómico, además de valoraciones que, a juicio de la JEC, equivalen a una solicitud indirecta de voto.

El segundo expediente deriva de la visita institucional realizada por Guardiola y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, a las obras del regadío de Monterrubio de la Serena el 20 de noviembre. La actividad fue comunicada desde la página oficial de la Junta e incluía la convocatoria a los medios de comunicación.

La JEC concluye que la visita no puede considerarse técnica, como alegó el Gobierno autonómico, puesto que se difundió ampliamente mediante notas, fotografías y vídeos en los canales institucionales. Además, la presidenta aprovechó la comparecencia para subrayar las bondades del proyecto y para realizar nuevas críticas al candidato del PSOE en Extremadura, lo que, según el organismo electoral, evidencia un uso de recursos públicos con fines electoralistas. La resolución recuerda que el artículo 50.3 de la LOREG prohíbe cualquier acto de inauguración o promoción de obras públicas durante el periodo electoral, independientemente de su denominación.

La Junta Electoral Central subraya en su acuerdo que la neutralidad institucional es un principio constitucional vinculado a la igualdad en el ejercicio del voto y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige a los poderes públicos evitar cualquier intervención que pueda interferir en la libertad de los electores. El organismo insiste en que la libertad de expresión de los cargos públicos no ampara el uso de recursos institucionales para difundir mensajes partidistas.

Tras la resolución, la Junta de Extremadura está obligada a retirar de sus páginas web y redes sociales todo el contenido relativo a la entrevista y a la visita. Los expedientes sancionadores serán instruidos por las Juntas Electorales Provinciales correspondientes. Contra la decisión de la JEC solo cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado incoar un expediente sancionador contra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El organismo arbitral considera que ambas dirigentes utilizaron una visita institucional a las obras de abastecimiento de agua en el Jerte para realizar una campaña de logros prohibida durante el periodo electoral.

La resolución, fechada este jueves, estima el recurso presentado por el PSOE y revoca el acuerdo previo de la Junta Electoral de Extremadura, que el pasado 18 de noviembre había archivado la denuncia al no apreciar infracción. Sin embargo, la JEC ha corregido este criterio, señalando que existen indicios suficientes de que se vulneraron los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG, que prohíben actos de inauguración y alusiones a las realizaciones obtenidos por los poderes públicos desde la convocatoria de elecciones.

Una visita “técnica” con tintes electoralistas

Los hechos se remontan al pasado 10 de noviembre de 2025, cuando Guardiola y Morán visitaron las obras de la balsa de abastecimiento del municipio de Jerte. Aunque la defensa de la Junta de Extremadura alegó que se trataba de una “visita técnica” de emergencia y de interés general , la JEC desmonta este argumento al constatar que se convocó a los medios de comunicación y se difundió el acto ampliamente en los perfiles institucionales y redes sociales de la Administración regional.

El organismo central subraya que las declaraciones de la presidenta extremeña durante el acto no se limitaron a informar, sino que tuvieron una clara connotación valorativa. Guardiola destacó “el ritmo muy bueno” de la ejecución, presupuestada en 3,7 millones, y enfatizó las “obras de emergencia” realizadas por su Ejecutivo para garantizar el agua tras los incendios, unas manifestaciones que la JEC interpreta como una venta de logros políticos.

En sus alegaciones, las denunciadas argumentaron que en la fecha de la visita ninguna de las dos era oficialmente candidata del Partido Popular. La JEC ha desestimado tajantemente esta defensa, recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que la prohibición de la LOREG afecta a los “poderes públicos” y a sus titulares, independientemente de si concurren o no en las listas electorales.

Consecuencias inmediatas

El acuerdo, que es firme en vía administrativa, ordena tres medidas inmediatas. Por un lado, la Junta de Extremadura debe eliminar de sus canales oficiales toda referencia, nota de prensa, vídeo o fotografía relativa a la visita. Además, se insta a la presidenta y a la consejera a abstenerse en el futuro de realizar actuaciones similares que quiebren la neutralidad.

Por último, se remite el caso a la Junta Electoral Provincial de Cáceres para que proceda a la apertura del expediente sancionador por vulneración del deber de neutralidad política consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución.

Recurso ante el Supremo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, recurrirán ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) relativa a la visita institucional que realizaron el pasado 10 de noviembre a las obras de emergencia de abastecimiento de agua en Jerte (Cáceres), al considerar que no se vulneró la Ley Orgánica Electoral (LOREG).

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha recordado que estos mismos hechos ya habían sido analizados por la Junta Electoral de Extremadura, que “desestimó la denuncia presentada por el PSOE y concluyó que las declaraciones de la presidenta se limitaron a explicar actuaciones de interés general, sin contenido electoralista”.

“Asimismo, el órgano autonómico dejó claro que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, no realizó declaración alguna durante la visita, por lo que no pudo infringir la normativa electoral”, ha señalado.

A juicio el Gobierno extremeño, “la resolución de la JEC contradice ese análisis previo y no tiene en cuenta el carácter técnico y de emergencia de las obras visitadas, cuyo contenido informativo se dirigía exclusivamente a explicar actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua tras los incendios sufridos en la zona”. En el recurso contencioso-administrativo defenderá que “la actuación fue plenamente respetuosa con la neutralidad institucional y con la Ley Electoral”.

Más de trece meses después de las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024, que el PP ganó con mayoría absoluta, el litigio judicial por el plan de cobertura informativa de los medios públicos gallegos ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que obligó a ampliar la duración de los bloques políticos, tumbando la intención de la Corporación de reducir su duración en un 40% con respecto a la anterior convocatoria. La CRTVG, que reivindica haber acatado en todo momento aquella orden, justifica su recurso ante el Supremo en la necesidad de “aclarar para futuras ocasiones la doctrina al respecto de los tiempos de cobertura”.

Los medios públicos gallegos dieron un perfil bajo a la campaña desde el mismo día de su convocatoria, cuando tardaron más de una hora en informar sobre ella. Después, llegó la presentación del plan de cobertura en el que el tiempo del bloque electoral en el informativo caía de los 370 segundos de 2020 hasta los 260, algo que la CRTVG justificaba por el menor número de fuerzas significativas en concurrencia. También eliminaba los debates provinciales en una cita en la que Democracia Ourensana, aupada tras sus resultados en las municipales, aspiraba a ser llave de gobierno.

A dos días del arranque de la campaña, la Junta Electoral de Galicia —refrendada después por la JEC— aceptaba parcialmente un recurso del BNG y ordenaba recuperar los tiempos de cobertura de la anterior cita con las urnas. No sucedió lo mismo con los debates, ya que los consideraba una decisión “que corresponde al medio, no a la Administración Electoral”. Ahora, el alto tribunal convierte aquella decisión en firme e impone las costas a la Corporación gallega de medios de comunicación.

“No es que se reproche a la CRTVG un sesgo informativo, sino que no haya tenido en cuenta la trascendencia de la difusión de mensajes políticos en un tiempo intenso, especial y transitorio, como es el electoral, en el que —como dice el BNG— se acentúa una de las razones de existir de los medios de comunicación de titularidad pública: contribuir a la formación de la opinión pública”, esgrime la sentencia. “Por tanto, la CRTVG no hizo una adecuada integración del principio de 'garantía del pluralismo político y social' en tiempo electoral, en cuanto a su fomento”.

“Al justificar el Plan impugnado, la CRTVG lo vincula a la disminución global del tiempo de sus espacios informativos, luego a una razón referida a la programación, en definitiva, a lo que se refiere como sus 'formatos informativos”. Para el magistrado, sin embargo, “esa razón se aparta de lo que justifica el mandato del legislador para la ordenación informativa en tiempo electoral, por razón del fin que lo justifica y todo en relación, además, a la razón de crearse medios de titularidad pública”.

La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Luz Martínez Alarcón, ha sido elegida como la nueva vocal de la Junta Electoral Central. Su elección fue efectuada por la Mesa del Congreso de los Diputados por el PSOE.

Martínez Alarcón, además de ejercer su profesión en el campus de Albacete de la UCLM, entre 2022 y 2023 se desempeñó como asesora de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia. En su trayectoria ha estado vinculada a la defensa de la igualdad de género, destacando su obra 'Cuota electoral de mujeres y Derecho Constitucional' por la que recibió en 2006 el Premio Nacional de Investigación Mujer y Constitución 'Clara Campoamor'. Desde que defendió su tesis doctoral 'La independencia judicial' en 2001 acumula tres sexenios de investigación.

Además, María Luz Martínez Alarcón ha estado vinculada a asuntos como el Estado de Derecho y el poder judicial, el Derecho Constitucional y la Globalización o la protección de los derechos y las libertades, centradas en el principio de igualdad de género.

La nueva Junta Electoral Central ha sido renovada tras un año de mandato caducado y ha contado con la elección de María Luz Martínez Alarcón y Francisco Javier García Roca a proposición del PSOE; Javier Tajadura Tejada y Carlos Vidal Prado, por parte del PP; y María de Alba Nogueira López a criterio de Sumar.

Cabe destacar que de los trece vocales que componen la JEC, ocho son desginados por sorteo entre los magistrados del Tribunal Supremo y los otros cinco son catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología a propuesta de los diferentes grupos políticos de la Cámara Baja.

La JEC es un órgano permanente en la Administración electoral, cuya principal función es garantizar los principios de igualdad, la transparencia y la objetividad del proceso electoral, para el buen funcionamiento del Estado democrático.

El Boletín Oficial del Estado de este miércoles 5 de febrero recoge dos cambios en instrucciones emitidas por la Junta Electoral Central que modifican las reglas para sustituir a los representantes locales que dejen el cargo, pero también que cambian las circunstancias que permiten a la ciudadanía excusarse de participar en una mesa electoral por cuidado de los menores, como adelantó este miércoles Eva Belmonte, de Civio.

En una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central saliente, fechada el pasado 30 de enero, se han incluido dos modificaciones en las causas que permiten a una persona adulta excusarse de formar parte de una mesa electoral.

Si hasta este momento los padres o madres de menores de 14 años podían ausentarse de esta obligación constitucional, si el otro progenitor no pudiera encargarse de cuidarles durante este tiempo y siempre que se acreditase que no había ni abuelas/os ni hijas/os mayores que pudieran hacerse cargo de ellos, ahora se introducen cambios destinados a facilitar la excusa a las familias.

En primer lugar, la nueva instrucción incluye de forma explícita a las familias monoparentales, lo que eliminará las pocas dudas que quedaban sobre la aplicación de la normativa en estos casos.

En segundo lugar, se elimina la parte en la que se incluía la obligación de acreditar la imposibilidad de otros familiares de hacerse cargo del cuidado del menor o menores. Esto, en la práctica, eliminará la necesidad de justificar que los abuelos o los hermanos del menor no están disponibles para cuidarle.

A partir de la próxima convocatoria electoral, por lo tanto, podrán excusar su presencia como presidente/a o vocal de mesa todas aquellas personas que tengan menores de 14 años a su cargo y que sean familia monoparental o, en el caso de no serlo, justifiquen que el otro progenitor no pueda hacerse cargo. Eso sí, aunque este tipo de excepciones se aplican casi siempre de forma automática, la instrucción continúa aclarando que se evaluará cada petición “atendiendo a las circunstancias de cada caso”.

La decisión de la Junta Electoral llega después de que en abril de 2024 una mujer, madre de una bebé de 18 meses, tuviera que acudir a la mesa electoral durante las elecciones autonómicas vascas con su hija, ya que la Junta había rechazado su petición por familia monoparental.

A través de las redes sociales, desde su entorno se impulsó una campaña de recogida de firmas para denunciar que se produjeran estas situaciones porque, aseguraban, “la conciliación familiar y la presencia en mesa electoral es una misión imposible”. Esas firmas cristalizaron en una petición formal a la JEC por parte de la Asociación 'Madres solteras por elección' que reclamaba que se incluyera esta excepción.

La Junta Electoral ha notificado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que deberá abonar una multa de 960 euros, si la paga de forma voluntaria, por considerar que vulneró la Ley Electoral al participar en un acto institucional y atribuirse logros durante la campaña electoral previa a las europeas del pasado 9 de junio.

La resolución consultada por EFE, que también establece una sanción igual para el director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta, plantea que en esa visita Mañueco incumplió el deber de neutralidad y lo establecido en el artículo 50.2 de la Loreg, además de utilizar de forma “partidista” la web institucional, en referencia a lo comunicado sobre la visita a la empresa 53Biologics, realizada el 29 de mayo pasado.

El artículo aludido en la resolución establece que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

Este tipo de infracciones de la normativa electoral pueden ser sancionadas con multas de entre 300 y 1.200 euros, aunque los aludidos pueden presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de esta resolución, que es firme en la vía administrativa, pero podría ser recurrida en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Otra opción es que ambos reconozcan su responsabilidad en los hechos y asuman el pago voluntario de la multa, con lo que conseguirían una reducción conjunta en su importe, hasta bajarlo a los 720 euros.

El alcalde de Valladolid, también sancionado

La Junta Electoral también ha dictado otra resolución, en este caso sobre el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), para reconocer que un expediente anterior fue incorrectamente tramitado al no notificarle correctamente su situación, pero seguidamente incoa un nuevo expediente sancionador sobre los mismos hechos, en concreto por su tuit publicado en la jornada de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en el que incluyó etiquetas utilizadas por su partido en esa campaña.

En concreto, utilizó las etiquetas #TuVotoEsLaRespuesta y #VotaPP, lo que entiende la Junta Electoral que puede constituir una infracción electoral sancionada con multas de entre 300 y 1.200 euros.

Cabe apuntar que en las alegaciones derivadas de la denuncia inicial del PSOE, Jesús Julio Carnero explicó que los hechos relatados se referían a su perfil “personal como persona física y no como alcalde” y que la publicación la realizó el responsable de Prensa de Alcaldía. La resolución no estimo las excusas presentadas.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha pronunciado este lunes sobre la multa de 300 euros por incumplir la Ley Electoral y destacar logros de la legislatura durante la campaña de los pasados comicios europeos: “He dado orden de no recurrirla, la acato pero no la comparto”.

El pasado junio, la Junta Electoral Provincial (JEP) de Cáceres confirmaba el “uso electoralista”, tras la denuncia del PSOE local que recurrió la decisión contraria de la Junta Electoral de Zona (JEZ), de los anuncios de inversiones con cargo al remanente y de las mejoras en la plaza de toros, ante el regreso de los festejos en la feria, por parte de Mateos en la campaña electoral del 9-J.

A preguntas de los medios tras la rueda de prensa de presentación de La Noche del Patrimonio en los soportales del consistorio, Mateos ha insistido en que “no hicimos nada que fuese ilegal; simplemente, en el periodo electoral y preelectoral lo que hicimos fue seguir trabajando por esta ciudad”.

Según Mateos, se dio publicidad a una serie de medidas “que eran importantes para Cáceres, como la posibilidad de amortizar la deuda que tenía este Ayuntamiento con entidades financieras”. También sostiene Mateos que se dio publicidad al “éxito” que había supuesto la vuelta de los festejos taurinos a la ciudad de Cáceres en la pasada feria “porque era un dato objetivo”.

Mateos ha subrayado que “no había un uso electoral” y que, además, “así lo entendió la JEZ en primera instancia, no así la JEP”. Así, ha destacado que, “en ningún caso se trató de interferir en el proceso electoral”, sino “simplemente ser transparente en la gestión municipal y no paralizar la gestión del Ayuntamiento porque hubiese elecciones europeas”.

Y ha insistido en que “si las juntas electorales consideran que en periodos electorales las administraciones hay que pararlas, pues que lo digan cuando se convoquen las elecciones y todos paramos con las consecuencias que eso tiene para una ciudad como Cáceres y el resto”.

Por último, se ha referido a que la denuncia fue “una pataleta del PSOE” por un “mal resultado de las elecciones europeas en Cáceres y en Extremadura; allá cada cual con sus decisiones”, ha concluido. 

La Junta Electoral Central ha estimado un recurso presentado por el PSOE contra una resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid y ha instado a ésta a abrir expediente sancionador contra el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, por la publicación de varios mensajes en las redes sociales en la jornada de reflexión de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, con 'hashtags' en los que se pedía el voto para el Partido Popular.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que la Junta Provincial había desestimado la denuncia inicial del PSOE contra Carnero por los mensajes publicados en sus perfiles de redes sociales de 'X' y Facebook.

Los socialistas interpusieron recurso ante la Junta Electoral Central dado que interpretaban que el perfil particular del alcalde en la red 'X' había publicado mensajes con eslóganes de campaña del PP, lo que resultaría contrario a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

La JEC estima que las expresiones incluidas en los mensajes “carecen de un grado de ofensividad como para poder ser consideradas delito”, pero sí que entiende que “pueden constituir una infracción presunta de lo dispuesto en la LOREG”.

Por ello, ha estimado el recurso del PSOE, ha revocado el acuerdo de la Junta Electoral Provincial y ha instado a ésta a que incoe el correspondiente expediente sancionador a Carnero por presunta infracción de la LOREG.

El acuerdo es firme en vía administrativa aunque contra él cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un plazo de dos meses desde la publicación.

Cabe apuntar que en las alegaciones derivadas de la denuncia inicial del PSOE, Jesús Julio Carnero explicó que los hechos relatados se referían a su perfil “personal como persona física y no como alcalde” y que la publicación la realizó el responsable de Prensa de Alcaldía.

Además, se habían eliminado ya los mensajes y se alegaba que el mismo día de la votación perfiles de políticos del PSOE como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, o la candidata a las elecciones europeas Iratxe García incluían también mensajes como “salgamos a votar por Europa, por el futuro y por el progreso” o “#VotaconlaZurda”.

No obstante, la resolución considera que ni esta circunstancia ni la retirada inmediata de las expresiones publicadas en la cuenta de Carnero son argumentos suficientes “como para no proceder a la apertura de expediente sancionador, ya que será entonces cuando deberá procederse a su valoración”.

Vuelve el embrollo legal por el (no) acatamiento de los líderes independentistas huidos de la justicia. En este caso, el protagonista es Toni Comín, el único eurodiputado electo de Junts en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. A pesar de que la justicia europea falló en 2019 que los eurodiputados lo son, con todas las garantías para su inmunidad, desde que se proclaman los resultados, la Junta Electoral Central ha dejado vacante el escaño del parlamentario independentista, que no ha acudido este lunes a acatar la Carta Magna.

“No se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución exigido por el artículo 224.2 de la LOREG”, señala la resolución del organismo que se encarga de velar por la neutralidad de los procesos electorales. Ese artículo de la ley electoral establece que los diputados electos para el Parlamento Europeo tienen un plazo de cinco días desde que son proclamados para acatar la Constitución.

“Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”, agrega el texto legal en el que se basa la Junta Electoral, que también se refiere a las sentencias del Tribunal Supremo dictadas al respecto en 2020.

“La Junta Electoral Central considera que, en tanto se mantenga en vigor el artículo 224.2 de la LOREG y ningún tribunal nacional o de la Unión Europea ponga en cuestión su vigencia, la Administración electoral española tiene el deber de seguir aplicándolo”, establece la resolución.

La pelota en el tejado de la Eurocámara

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció en 2019 que los eurodiputados lo son, con todas sus prerrogativas, desde el momento en el que son elegidos. Lo hizo en una sentencia relativa al caso de Oriol Junqueras que, en aquella ocasión, al igual que Carles Puigdemont y Toni Comín no fueron aceptados como parlamentarios en el arranque de la legislatura por no figurar en el listado de eurodiputados acreditados por las instituciones nacionales. Junqueras estaba en prisión y no pudo hacer los trámites administrativos y el expresidente y el exconseller vivían en Bruselas desde hacía dos años y sobre ellos pesaba en España una orden de detención.

Puigdemont y Comín estuvieron en el limbo parlamentario hasta enero de 2020, cuando pudieron sentarse en el Hemiciclo de Estrasburgo tras la sentencia del TJUE. El que fuera presidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, les reconoció entonces como eurodiputados de pleno derecho. Siete meses después de las elecciones europeas de 2019, los dos dirigentes de Junts ocuparon sus asientos en la Eurocámara por primera vez.

La pelota está, por tanto, de nuevo en el tejado del Parlamento Europeo, que tendrá que decidir si sigue la jurisprudencia del TJUE o si se rige por la documentación que aportan las autoridades españolas, como ocurrió inicialmente en 2019. Esa decisión corresponderá a la presidenta, Roberta Metsola, una vez que reciba el listado incompleto de eurodiputados españoles. No obstante, fuentes parlamentarias evitan por ahora pronunciarse sobre qué ocurrirá dado que aún no ha terminado el plazo legal para que se produzcan los acatamientos y las autoridades españolas no han enviado la documentación.

Comín se ha mostrado convencido de que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ignorará la posición de las autoridades españolas. “Hay jurisprudencia europea que explica que la promesa de la Constitución es irrelevante”, ha dicho en declaraciones a los periodistas a los que ha convocado en el Parlamento Europeo, aunque ha advertido de que sólo iba a contestar a preguntas relativas sobre su situación parlamentaria. “Nos vemos en Estrasburgo”, ha agregado en referencia al Pleno de composición del Parlamento Europeo el próximo 16 de julio.

“Si se espera a la sentencia del TJUE [ha dicho sobre la posibilidad de que Metsola aguarde a la sentencia sobre las actas de Puigdemont y Comín] se enfrenta a perder la demanda que voy a presentar”, ha avisado.

ERC recurre la decisión

ERC, cuya eurodiputada Diana Riba ha prometido la Constitución en el acto de este lunes, ha presentado un recurso contra la decisión de la Junta Electoral en el que pide que “el acto de acatamiento no sea requisito imprescindible para expedir la credencial de los diputados electos al Parlamento Europeo”. Entre los argumentos que esgrimen los republicanos está la sentencia relativa al caso de Junqueras así como la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

“Será el Parlamento Europeo el que verificará las credenciales, vinculando estas a los resultados oficialmente proclamados por los estados miembros, dirimiendo sobre las controversias que pudieran ocasionarse. Así pues, vincular la expedición de la credencial a un acto formal y no a la voluntad de los electores expresada en las urnas, supone una adulteración de los resultados electorales y una vulneración tanto del sufragio pasivo de la persona ya elegida, como del sufragio activo al impedir a los electores que su representante pueda ejercer como electa”, recoge ERC en el escrito.

Los jueces de Luxemburgo tienen sobre la mesa otra causa similar respecto a la decisión de la Eurocámara de dejar inicialmente a Puigdemont y Comín sin escaño por no haber acatado la Constitución. En línea con la sentencia de Junqueras, el abogado general de la UE dictaminó en abril que fue una decisión errónea y que el reconocimiento de los eurodiputados se produce en el momento en el que se proclaman los resultados.

“El presidente del Parlamento Europeo, por una parte, puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados. Por el contrario, su presidente optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados”, señala el abogado general cuya opinión no es vinculante para los jueces del TJUE, aunque suele coincidir en la mayoría de ocasiones.

La Junta Electoral Central (JEC) estimado el recurso interpuesto por el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Valladolid por una denuncia del PSOE respecto a la utilización partidista de la web institucional así como de la campaña de logros en la visita institucional del presidente Alfonso Fernández Mañueco a la empresa 53biologics en Boecillo (Valladolid), por lo que ha declarado nulo el expediente sancionador interpuesto.

Este decisión se debe, según ha informado la JEC en un comunicado recogido por Europa Press, a que la Junta Electoral Provincial debía haber dado audiencia previa a las autoridades denunciadas antes de adoptar la resolución impugnada.

En dicha resolución se ordenó la retirada de los contenidos denunciados en los medios de comunicación institucionales y perfiles de redes sociales, requerir a la Junta de Catilla y León para que se abstuviese de realizar visitas institucionales o campaña de logros, así como la iniciación de expediente sancionador.

En el recurso presentado por la Administración autonómica se ha solicitado la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada por “vulneración de los derechos fundamentales y por haber prescindido absolutamente del procedimiento establecido, solicitando la retroacción de actuaciones al momento procedimental oportuno”.

Examinado el expediente, la Junta Electoral Central ha señalado que procede la estimación del recurso por haberse adoptado esa resolución sin haber dado audiencia previa a las autoridades denunciadas, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 47.1 a) y e), así como del artículo 53.1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que resulta de aplicación conforme a lo establecido en el artículo 120 de la LOREG.

Al no haberlo hecho incurrió en las causas de nulidad de pleno derecho incluidas en los apartados a) y e) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Por ello, procede la estimación del recurso y la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, debiendo retrotraerse las actuaciones a efectos de poder dar audiencia previa a las autoridades afectadas.

“Venta de logros” con “fines electoralistas”

La Junta Electoral de Valladolid abrió un expediente sancionador contra el Gobierno autonómico y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por la reiteración apreciada en las últimas campañas electorales a la hora de realizar actos institucionales en los que hacía “venta de logros” con “fines electoralistas”.

En concreto, se refiere a una reclamación planteada por el PSOE a raíz del acto institucional protagonizado por Mañueco el pasado 29 de mayo, cuando visitó las instalaciones de una empresa en Boecillo (Valladolid), donde anunció que su gobierno podría en marcha próximamente una estrategia de retención y atracción de talento dotada con más de 300 millones de euros.

La Junta Electoral ordenó la retirada de todos los contenidos vinculados a esa intervención de Mañueco de la web del Ejecutivo autonómico y sus redes sociales, al entender que contravienen la normativa electoral.

En su resolución requieren al presidente para que “se abstenga de utilizar las visitas institucionales, atención a medios de comunicación y otras actividades financiadas con dinero público, para realizar venta de logros y con fines electoralistas”.

El PSOE solicitaba también que la Junta Electoral abriera un expediente sancionador a Mañueco y su gobierno autonómico al apreciar reiteración en los últimos procesos electorales, lo que ha sido atendido por los magistrados que integran este órgano jurisdiccional electoral.

En concreto, el documento se remite a acciones similares realizadas en 2023, cuando se desarrollaron en Castilla y León las campañas electorales municipales de mayo y las generales de julio.

Para tomar esta decisión, la Junta Electoral también remarca la “especial relevancia” del acto protagonizado por Mañueco y que este fuera replicado en la noticia publicada en los medios de comunicación en ese mismo 29 de mayo y el día posterior.

La Junta Electoral pide al Gobierno autonómico que identifique al cargo responsable de la web y redes sociales institucionales de la Junta para que pueda plantear ante esta misma instancia las alegaciones que estime oportunas para su defensa.