La presidenta del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Rita Beltrán Muro, y el presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules (Castellón), David García Pérez, han formalizado la firma de un acuerdo por el cual la formación riojanista se adhiere a la confederación de partidos municipalistas y regionalistas. “Esta organización, conformada por partidos locales y regionales de toda la geografía española, nace para tener voz en los parlamentos estatal y europeo, pudiendo concurrir de forma coordinada a dichos comicios”, afirma Garcia.

Esta adhesión resulta “lógica teniendo en cuenta que los riojanos participantes hasta ahora en dicha confederación se han ido incorporando al PR+Riojan@s, entre ellos Iván Herrero Sanz, secretario general, que ya formaba parte de la Ejecutiva de Municipalistas como delegado de protección de datos”.

 Beltrán ha destacado que esta acción reafirma su interés en “abrir puertas y ventanas para hacer el PR+Riojan@s un partido más fuerte en su compromiso de mejorar la vida de La Rioja y de las y los riojanos, ya que unidos a otras formaciones que tienen objetivos similares en sus territorios podemos hacer más fuerza, especialmente a la hora de conseguir fondos europeos para nuestras regiones o presentar Iniciativas legislativas Populares (ILP)”.

 La presidenta riojanista resalta que este acuerdo es muy ventajoso porque “seguimos manteniendo nuestra autonomía e independencia en todo, con nuestras siglas, con todo el poder de decisión a la hora de designar candidaturas y cargos, con nuestros propios estatutos y seguir trabajando para conseguir lo mejor para La Rioja, porque para el Partido Riojano lo primero es La Rioja y nuestra prioridad nuestra ciudadanía: los riojanos y riojanas.

Al mismo tiempo, “nos beneficiamos de la unión con otras formaciones similares que nos harán más fuertes a todos y nos darán la oportunidad de conocer cómo se trabaja en otras comunidades autónomas, beneficiando siempre a la ciudadanía”, apunta Beltrán.

Además, ha especificado que “esta combinación de fuerzas permitirá compartir recursos, herramientas, formación, asesoramiento jurídico o estrategias y, muy probablemente, animar a otras agrupaciones electorales y partidos de nuestra zona a unirse a este proyecto que solo quiere mejorar nuestra comunidad, y lo mejor para las y los riojanos”.

Esta plataforma estatal aglutina a cerca de 300 partidos independientes y locales, representando a más de 1.500 cargos públicos en todo el país. Entre ellas destacan importantes marcas como Por Ávila (lidera la alcaldía de la ciudad), Zamora Sí, ¡Vamos Palencia!, la Unión Independiente de Mazarrón, Agrupación de Electores de Agüimes, Centrats en Nules, La Línea 100x100 o Vecinos por Torrelodones. “Contar con el Partido Riojano es importante para Municipalistas porque históricamente ha representado la defensa del territorio y del municipalismo, dentro de la moderación y con propuestas sensatas. Juntos podemos conseguir que La Rioja pueda tener voz más allá de las instituciones riojanas, porque al final hay cuestiones que dependen de Madrid y Europa que afectan al día a día de los ciudadanos”, afirma García.

 Herrero ha adelantado que el sábado 17 de octubre Logroño acogerá las primeras Jornadas Municipalistas regionales de La Rioja a las que se invitará a la veintena de partidos locales e independientes de La Rioja, que tienen clara vocación municipalista.

Esta iniciativa tiene por objetivo ayudar, apoyar y formar a todos aquellos partidos locales ante cualquier cuestión que puedan plantear, así como la unión para que todos los votos sean realmente útiles y no se pierdan en próximos comicios.

El Gobierno de Asturias pagará el precio simbólico de un euro a Unicaja para adquirir el 40% de las acciones de Sedes que permanecen actualmente en manos de la entidad bancaria. El Principado cuenta con el 60% del accionariado, por lo que esta operación permitirá avanzar en la conversión de la sociedad en una empresa íntegramente pública.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha sido el encargado de hacer público el anuncio este martes durante su comparecencia en la Junta General del Principado.

Los créditos pendientes

Zapico ha explicado que es un acuerdo ya cerrado por el que la entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda de Sedes con terceros en el momento de la venta. Además, ambas partes han consensuado la reestructuración de los créditos pendientes para que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de 22 años.

El consejero respondia así a una interpelación del diputado del Grupo Popular José Agustín Cuervas-Mons sobre la situación de la empresa constructora que el pasado año estuvo al borde de la quiebra.

La continuidad de la empresa

En su intervención, Zapico ha defendido que la operación culmina el trabajo desarrollado durante la legislatura para garantizar la continuidad de la empresa, preservar el empleo y consolidar una herramienta pública al servicio de las políticas del Gobierno de Asturias.

“Siempre creí que merecía la pena hacer un esfuerzo para reflotar Sedes porque puede desempeñar un papel muy importante como instrumento auxiliar de las políticas públicas”, ha indicado el titular de Ordenación del Territorio.

Aprovechar sinergias

La compañía ya participa en actuaciones vinculadas a la vivienda pública mediante trabajos de mantenimiento y reparación para Vipasa y ha colaborado también en la construcción de siete escuelines, entre otros proyectos, según ha especificado Zapico.

El consejero ha apostado por profundizar en la coordinación entre los instrumentos públicos vinculados al suelo y la construcción para aprovechar sinergias y dar una respuesta más eficaz a los retos residenciales.

El plazo estimado

“Si contamos con herramientas públicas en materia de vivienda, de gestión de suelo residencial e industrial y de construcción, tenemos mucho avanzado para evitar futuras crisis como la que hoy estamos padeciendo”, ha añadido.

Posteriormente, ha calculado que la aprobación de este expediente por parte del Consejo de Gobierno no debería prolongarse más allá de mediados de julio.

Reflotar Sedes

A pesar de la “situación kafkiana” que vivía esta empresa, el consejero ha señalado que siempre ha considerado que merecía la pena reflotar Sedes porque puede jugar un papel importante como empresa auxiliar del gobierno en políticas de vivienda, sociales o de sanidad y que “había que hacer un esfuerzo para hacerla cien por cien pública”.

A lo largo de esta legislatura, se ha trabajado para salvarla de la difícil situación en la que se encontraba “y se ha logrado”, ha apostillado, y ha recordado que actualmente hace trabajos de mantenimiento de viviendas para Vipasa o que ha acometido ya las obras de siete escuelas infantiles de la red regional.

Formar “un gran ente”

Para Zapico, es importante contar con una constructora cien por cien pública que se sume a las sociedades que forman parte de la administración asturiana para la promoción del suelo y de viviendas que a medio plazo tienen que establecer sinergias y formar un “gran ente” que permita evitar en el futuro crisis como el que se está viviendo actualmente en el sector inmobiliario.

Cuervas-Mons: “No nos tomen por tontos”

Cuervas-Mons, sin embargo, ha puesto en duda que se vaya a materializar la compra de esta sociedad antes de que acabe la legislatura o que Unicaja vaya a irse sin reclamar nada.

“No nos tomen por tontos”, ha afirmado el diputado popular que ha preguntado para qué ha servido y en qué punto de cumplimiento se encuentra el plan de reestructuración de Sedes en el que se gastaron 80.000 euros.

Para Cuervas-Mons, Sedes “sigue siendo, por desgracia, una empresa kafkiana”, al igual que, en su opinión, es kafkiana la situación del consejero si se siente orgulloso de su gestión y de cómo va la compañía en los últimos tres años.

El título es una frase con la triple repetición de un infinitivo que yo le escuché hace años al entrenador de fútbol Luis Aragonés para definir la manera de afrontar un partido. La entendí como que en el fútbol lo único que vale es ganar.

Me temo que la expresión le sirve a mucha gente y en diferentes ámbitos: la política, los negocios y las relaciones personales. Entiendo que la frase es motivadora porque coloca una meta para orientar el comportamiento dejando en segundo plano cualquier cuestión que pueda despistar del logro del objetivo principal.

Si la analizamos ligeramente observamos un desprecio por cuestiones que tienen que ver con el buen juego, el ambiente de trabajo, la cohesión del equipo, la táctica, la consistencia estratégica o la conexión con una afición que también disfruta del buen fútbol, del fair play o del propio espectáculo y no solo del resultado y de ganar a toda costa, de cualquier manera.

En el deporte se compite y cualquier competición tiene un ganador y un trofeo. Suele haber un ganador que recibe todos los reconocimientos y elogios y uno o varios perdedores que en el mejor de los casos reciben indiferencia y en ocasiones humillación y desprecio.

El deporte en el mundo actual refleja y marca en buena parte una simbología de la vida moderna, funciona como en otros periodos históricos lo hacían hegemónicamente las religiones o las manifestaciones de la cultura, que eran reflejos de la manera de vivir y, al mismo tiempo, marcaban los patrones sociales de la conducta.

Parece que ganar unas elecciones o un mero debate televisado se ha convertido en el fin último de la política

Las competiciones deportivas son un juego, un divertimento y un espectáculo, por ello no me preocupa tanto el elogio del ganador en el deporte, como la obsesión por ganar que se emplea en la competición política. Parece que ganar unas elecciones o un mero debate televisado se ha convertido en el fin último de la política.

Es obvio que en los sistemas democráticos para poder llevar a cabo las políticas que propone un partido es necesario tener el respaldo de la ciudadanía y ganar las elecciones. Sin embargo, observo una inversión de términos y a veces de prioridades: lo que debería ser un medio se convierte en un fin en sí mismo. Y lo peor de esto es que pervierte las estrategias electorales, también el lenguaje y en ocasiones las propias políticas que se plantean.

La política democrática parte de la ideología o de las ideas que pretenden cambiar la vida de la gente, conquistar mejoras o, por el contrario, conservar situaciones y costumbres establecidas. Esto, junto con las cuestiones en torno a la libertad versus seguridad, los nuevos derechos personales frente a los valores tradicionales o los posicionamientos ante la disyuntiva igualdad/privilegios, marcan buena parte de las diferencias políticas actuales.

El fin de los partidos en buena lógica debería ser tratar de convencer, hacer pedagogía social y trabajar por llevar a cabo sus políticas, sin renunciar ni a su ideología ni a sus valores éticos. El problema es que los partidos políticos condicionan su actividad para llegar con su discurso a la manera de pensar que le atribuyen a una mayoría del electorado, a veces con formas cosméticas y con comportamientos que no se corresponden con su ideología.

La corrupción requiere un capítulo aparte. Aunque es transversal a los partidos y a las organizaciones, debe ser inaceptable allí donde se produzca y es necesario detectarla, investigarla y sancionarla con rigor; pero debemos evitar que, sin ocultarla, esta se convierta en un espectáculo que alimenta el morbo mediático y se utilice como el instrumento más eficaz para la destrucción del adversario político, dejando de lado la confrontación o el diálogo en torno a las políticas que se hacen o se pretenden hacer y que son en realidad lo que más le afecta a la gente.

Soy consciente de que puede parecer ingenuo pensar que el resultado electoral no es lo más importante para un partido político, pero me parece un fraude defender políticas impropias para ganar elecciones. Aunque en realidad este enmascaramiento se produce más sobre las artes de la manipulación política y las formas y estrategias de la comunicación y del marketing, especialmente, mediante la batalla mediática y las redes sociales, que al final son los instrumentos que están resultando más eficaces para configurar la opinión pública.

Soy consciente de que puede parecer ingenuo pensar que el resultado electoral no es lo más importante para un partido político, pero me parece un fraude defender políticas impropias para ganar elecciones

Se sabe que los programas electorales y las propuestas programáticas no generan emociones y apenas son leídas, y por eso el partido se juega sobre los asuntos que generan polémica y con las descalificaciones más o menos ingeniosas o demoledoras hacia los adversarios.

No debería ser humillante perder unas elecciones, porque solo significa que una mayoría de personas no comparte las propuestas políticas planteadas. Ganar unas elecciones es un instrumento necesario para llevar a cabo políticas transformadoras, progresistas, reformistas, moderadas, conservadoras o reaccionarias; pero cuando ganar se convierte en el fin principal lo importante es saber lo que piensa el electorado para decirle lo que quiere oír y contar con los apoyos mediáticos y de los líderes de opinión más influyentes. Esto es tan evidente que todos damos por hecho que siempre sucede así e incluso admitimos que en esto consiste la política: en ganar, ganar y ganar.

Los partidos políticos con representación parlamentaria en Asturias han demostrado este jueves que cuando sus representantes tienen interés en dialogar es más fácil sacar adelante una ley que permita reducir las trabas administrativas y mejorar al sector afectado. Y es lo que ha ocurrido con la nueva Ley de Cooperativas aprobada esta mañana en el parlamento asturiano con un amplio consenso parlamentario. La norma ha salido adelante con 41 votos a favor y cuatro abstenciones.

Actualmente, hay 169 cooperativas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El volumen anual de negocio que genera este sector ronda los 380 millones, según los datos facilitados por el Gobierno de Asturias.

Modernizar el marco jurídico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado esta nueva ley que se caracteriza por modernizar de forma integral el marco jurídico de la economía social e impulsa el emprendimiento colectivo.

El texto sustituye a la ley vigente desde 2010 y es fruto de la negociación dentro de un proceso de diálogo institucional y social.

Cuando la política se toma en serio su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas

Borja Sánchez — Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

El valor político del consenso

Borja Sánchez ha destacado el amplio consenso parlamentario escenificado esta mañana en el parlamento asturiano.

Para el consejero, este consenso tiene un enorme valor político y práctico: “cuando la política se toma en serio -ha asegurado- su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas”.

Los cinco ejes principales

La nueva norma, estructurada en 185 artículos, configura un marco más ágil para el tejido productivo asturiano a través de cinco ejes principales: facilidades para emprender, flexibilidad económica, simplificación de la gestión, digitalización total y nuevas realidades.

Facilidades para emprender: reduce a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, lo que evita que pequeños proyectos queden descartados.

Flexibilidad económica: mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero permite iniciar la actividad con un desembolso inicial del 25% y aportar el resto en un plazo de cuatro años.

Simplificación de la gestión: adapta las obligaciones al tamaño real de la empresa. El consejo rector solo será obligatorio a partir de diez personas socias y la figura de la intervención pasa a ser opcional en las cooperativas más pequeñas.

Digitalización total: consolida la sede electrónica y la página web corporativa como herramientas plenas para la comunicación y la publicidad.

Nuevas realidades: incorpora de forma expresa las cooperativas de industrias culturales y creativas junto con las de impulso empresarial y las de desarrollo local, fundamentales para fijar población y servicios en el medio rural.

Un sector estratégico para Asturias

El consejero ha incidido en que el cooperativismo no es un sector marginal, sino “emprendimiento colectivo en estado puro”.

“Esta fórmula de propiedad compartida y gestión democrática resulta esencial para el Principado como motor de arraigo territorial”, ha subrayado.

La nueva norma incorpora medidas que eran demandadas por el sector para facilitar la creación de nuevas entidades, reducir cargas burocráticas y adaptar la legislación a la realidad económica y social actual.

La valoración de ASATA

La agrupación de empresas de economía social de Asturias ASATA considera positiva la modernización normativa, que reduce burocracia, facilita la creación de cooperativas y reconoce nuevas fórmulas empresariales, aunque advierte de que su impacto dependerá de cómo se aplique y de los recursos que se destinen a su desarrollo.

Para la agrupación, la nueva ley supone un paso adelante para reforzar la competitividad de las cooperativas asturianas, mejorar su seguridad jurídica y eliminar obstáculos administrativos que, en muchas ocasiones, dificultaban la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario de estas empresas de economía social.

La escucha activa

ASATA valora también que durante la tramitación de la norma se hayan tenido en cuenta propuestas y enmiendas trasladadas por la agrupación, en el marco del diálogo con el sector. A juicio de la entidad, “esta incorporación confirma la importancia de que las políticas públicas vinculadas a la economía social se construyan escuchando a quienes trabajan diariamente con las cooperativas y conocen sus necesidades reales”.

Su presidente, Ruperto Iglesias, está convencido de que esta es una ley “positiva, modernizadora y necesaria, que recoge avances importantes para el cooperativismo asturiano”.

Medidas en “la buena dirección”

Bajo su prisma, reducir burocracia, facilitar la constitución de cooperativas con dos personas socias, flexibilizar el desembolso del capital social y adaptar la organización interna de las entidades a su tamaño real son medidas que “van en la buena dirección”.

Entre los aspectos más relevantes de la norma, ASATA destaca la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo de dos personas socias, una medida que, según expone, puede facilitar el nacimiento de nuevos proyectos y evitar que algunas entidades entren en causa de disolución por la reducción de integrantes.

Menos trabas burocráticas

La entidad también valora positivamente que se mantenga el capital social mínimo en 3.000 euros, permitiendo que pueda desembolsarse de forma aplazada, con una aportación inicial mínima del 25%.

“Esta ley quita trabas y eso es importante. Para muchas iniciativas pequeñas, especialmente en el ámbito profesional, rural o de emprendimiento joven, los requisitos formales podían convertirse en una barrera de entrada. La posibilidad de crear cooperativas más pequeñas y flexibles puede abrir nuevas oportunidades para emprender colectivamente en Asturias”, afirma su presidente.

Otras actuaciones acertadas

La agrupación también considera acertada la simplificación de determinadas obligaciones administrativas, como que el consejo rector solo sea obligatorio en cooperativas con diez o más personas socias, permitiendo a las de menor tamaño optar por uno o dos administradores.

Del mismo modo, valora la eliminación del informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales, la posibilidad de realizar determinados procesos de disolución, liquidación y extinción de forma simultánea, y la supresión de publicaciones obligatorias en prensa en algunos supuestos.

Más recursos

No obstante, advierte de que la aprobación de la ley no puede ser entendida como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa que exigirá compromiso político, recursos técnicos y capacidad de gestión por parte del Gobierno asturiano.

En este sentido, la agrupación agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han respaldado la nueva norma y valora especialmente el amplio consenso alcanzado en torno a una ley relevante para el futuro del cooperativismo asturiano.

El reconocimiento al cooperativismo

Para ASATA, este acuerdo evidencia que la economía social debe ocupar un espacio compartido en la agenda pública, por encima de diferencias partidistas, y que el cooperativismo cuenta con un reconocimiento creciente como herramienta útil para generar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo económico equilibrado.

“Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley -añade- no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan”.

Ruperto Iglesias cree que el Gobierno ha dado un paso importante y el consenso parlamentario alcanzado refuerza el valor de esta norma.

“Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social”, incide.

Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan. Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social

Ruperto Iglesias — Presidente de ASATA

Generar empleo estable

La nueva ley también incorpora figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local que ASATA considera especialmente relevantes para generar empleo estable, fijar población, dinamizar el territorio y dar respuesta a nuevas formas de actividad económica desde los principios de la economía social.

“Las cooperativas de impulso empresarial y las de desarrollo local pueden ser herramientas muy útiles si se despliegan bien”, manifiesta el presidente de la agrupación.

De ideas a proyectos viables

ASATA estima que Asturias necesita fórmulas que ayuden a transformar ideas en proyectos viables, especialmente en los territorios donde el emprendimiento individual tiene más dificultades y donde la cooperación puede marcar la diferencia.

La agrupación valora igualmente que la norma refuerce el uso de la página web corporativa como instrumento de publicidad, comunicación y participación, así como su utilidad para favorecer reuniones y encuentros telemáticos.

Políticas activas

Para la organización, esta adaptación a las herramientas digitales es imprescindible para modernizar el funcionamiento cooperativo y facilitar la participación de las personas socias.

La entidad recuerda, además, que las cooperativas son empresas democráticas, arraigadas en el territorio y comprometidas con la creación de empleo estable y con una distribución más equilibrada de la riqueza. Por ello, insiste en que la nueva ley debe ir acompañada de políticas activas de fomento del cooperativismo, formación, asesoramiento especializado, financiación adaptada y presencia de la economía social en las estrategias de desarrollo económico del Principado.

Convertir el acuerdo en resultados

“La ley abre una oportunidad. Agradecemos el apoyo de los grupos que la han hecho posible y el amplio consenso alcanzado, pero ahora hay que convertir ese acuerdo en resultados: más cooperativas, menos burocracia real, más empleo estable y más economía social en Asturias”, corrobora Ruperto Iglesias.

ASATA se compromete a colaborar con lealtad institucional, pero al mismo tiempo anuncia que va a ser exigente para que esta norma no se quede “en una buena intención legislativa”.

Los trabajadores de la Mina Miura de Ibias, en el occidente asturiano, han recurrido a todo tipo de acciones para tratar de conseguir que el empresario Fernando Martínez Blanco les abone las 13 nóminas que les adeuda y obtener garantías de futuro para la actividad minera.

A principios de este mes iniciaron un encierro en la explotación de carbón, a 300 metros de profundidad y, una vez finalizado, realizaron una marcha desde las instalaciones ubicadas en Tormaleo hasta la capital asturiana, donde se entrevistaron con los representantes de los grupos políticos en la Junta General del Principado. Este miércoles se han desplazado a Madrid para trasladar sus reivindicaciones a los diputados y diputadas del Congreso.

Los mineros se reunieron con representantes de Podemos, Sumar, PSOE y EH Bildu, a los que agradecieron su apoyo y a los que hicieron partícipes de sus peticiones para que les ayuden en su deseo de que el Gobierno actúe para retirar la concesión de la explotación a la empresa Carbones La Vega.

La viabilidad de la mina

Están convencidos de que la Mina Miura es rentable y viable, pero condicionan su vida laboral a un cambio de propietario, dada la escasa fiabilidad que les ofrece el actual.

Creación de una mesa de seguimiento

El encuentro en el Congreso de los Diputados ha servido para que los mineros regresen a Asturias con el compromiso de los politicos de estos partidos de izquierdas de que presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que recogerá sus reivindicaciones.

Los políticos se convertirán así en el altavoz de las peticiones de los mineros que, entre otras, solicitan que se active la Inspección de Trabajo y la creación de una mesa de seguimiento.

Apoyo al sector

La Federación Socialista de Asturias ha emitido un comunicado donde muestra explícitamente su apoyo al sector y a los mineros de Mina Miura en la defensa de sus derechos.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista asistieron a la reunión el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón, la portavoz de Trabajo, Elisa Garrido, y los diputados socialistas por Asturias Roberto García Morís y Mercedes Otero.

Asamblea Valsequillera se ha desmarcado este martes de la Mesa de Unidad Nacionalista promovida por Primero Canarias que tuvo ayer uno de sus hitos más destacados con la serie de reuniones que se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria con varias fuerzas políticas locales y con los máximos responsables de Coalición Canaria.

Ante las informaciones que situaban a Asamblea Valsequillera en ese espacio que lideran Tedoroso Sosa y Óscar Hernández, la formación informa que no estuvo presente en la reunión y que no ha otorgado, “en ningún momento, su apoyo político a la iniciativa electoral promovida por Primero Canarias”.

En el comunicado de convocatoria de la reunión celebrada este lunes aparecía Asamblea Valsequillera como una de las formaciones con las que se iba a reunir la cúpula de Primero Canarias. En concreto, iba a ser la primera de las reuniones, a las 10 de la mañana.

Asamblea Valsequillera, con más de treinta años de historia, ha recordado en este comunicado que “siempre ha defendido que el nacionalismo progresista debe contar con una presencia fuerte, unida y cohesionada, tanto en el archipiélago como en los espacios de decisión en Madrid, para defender con garantías los derechos de Canarias”.

Respecto a la génesis de los nuevos movimientos de confluencia, es decir, la ruptura en Nueva Canarias-Bloque Canarista, y “sin entrar a valorar las causas”, Asamblea Valsequillera “ve con preocupación el escenario actual y considera que la ruptura del espacio nacionalista progresista camina en la dirección opuesta a lo que Canarias necesita, máxime en el contexto político actual, y choca directamente con el posicionamiento fundacional y la trayectoria histórica del partido”.

Tras agradecer “institucionalmente” la invitación a Primero Canarias, Asamblea Valsequillera se reafirma en su autonomía, “refrendada por el XIII Congreso ”Juntos hacemos Pueblo“ celebrado este sábado, y manteniendo su compromiso con los intereses de los vecinos y vecinas de Valsequillo y la defensa del nacionalismo progresista en Canarias”.

El secretario general de Nuevas Generaciones Cuenca, Daniel García Rebollo, ha anunciado su dimisión tras denunciar la “ausencia de participación, falta de democracia interna” y la no convocatoria, en ocho años, de un congreso provincial en la organización juvenil del PP.

En una carta que ha compartido en redes sociales, el que también fuera alcalde de Arguisuelas ha comentado que esta decisión “es la consecuencia de un tiempo prudencial de reflexión, de paciencia y de compromiso con una organización que un día representó algo mucho más grande de lo que hoy parece ser”.

En su opinión, “Nuevas Generaciones nació para ser la voz de los jóvenes dentro de nuestro proyecto político. Para ser laboratorio de ideas, escuela de liderazgo, espacio de participación, debate y libertad. Para canalizar esa rebeldía sana que acompaña a la juventud y que en todos los partidos es necesaria”.

Sin embargo, considera que esa esencia “se ha ido apagando”. García Rebollo denuncia que desde el año 2018, Nuevas Generaciones de Cuenca, presididas por el diputado nacional y alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, no celebra un congreso provincial.

“Ocho años sin que los jóvenes puedan decidir, elegir, debatir o marcar el rumbo de su propia organización. Ocho años de silencio orgánico, de ausencia de participación y de una agonía lenta provocada por la dejadez y la falta de voluntad política para reactivar un proyecto que debería estar vivo y fuerte”, lamenta.

Una situación que se repite en el PP provincial, donde en noviembre del pasado año se constituyó Junta Gestora para dirigir el partido de forma provisional durante seis meses tras la salida de Benjamín Prieto, con protestas de los militantes, y donde todavía no se ha celebrado ese Congreso Provincial.

“No es una organización decorativa”

El ya exsecretario apunta que “una organización juvenil no puede sobrevivir sin voz, sin ideas y sin democracia interna” y que Nuevas Generaciones “no puede ser una estructura pensada únicamente para pegar carteles, rellenar listas o ejercer de staff silencioso al servicio de otros”.

Tampoco cree que Nuevas Generaciones tenga que ser “una organización decorativa”, sino una “una cantera de pensamiento”. “Lo que hoy veo, tristemente, es una organización agonizando por la dejadez, privada de pulso, de participación y de horizonte. Y por coherencia con lo que siempre he defendido, no puedo seguir formando parte de ello desde la responsabilidad orgánica que hoy ostento”, lamenta.

“En estos meses, en Cuenca se ha hablado de la hora de los valientes. Y creo profundamente que la valentía no consiste solo en resistir, sino también en dar un paso al frente cuando el silencio ya no es una opción. Mi dimisión no es una renuncia a las ideas en las que creo, sino una denuncia política y moral ante una situación que no puede seguir normalizando, porque Cuenca merece organizaciones vivas”, explica el que era el número dos de la organización juvenil del PP.

“Me marcho con la conciencia tranquila de haber defendido siempre aquello en lo que creí: participación, libertad, renovación y compromiso. Y lo hago convencido de que, antes o después, llegará también para Nuevas Generaciones de Cuenca esa hora en la que los jóvenes vuelvan a decidir por sí mismos”, concluye su misiva.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el ayuntamiento de la capital asturiana ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) a dar marcha atrás en su intención de adquirir chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security, filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio en Gaza.

Esta empresa de seguridad es representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar y el consistorio ovetense, a través de la mesa de contratación, le adjudicó el pasado martes el contrato para la adquisición de chalecos antibalas para equipar a la plantilla de la Policía Local.

La vulneración

Los concejales de IU, Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez, consideran que el ayuntamiento debe recular y anular ese contrato por vulnerar la normativa estatal que afecta al embargo de material de defensa procedente de Israel.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, advierte de que el consistorio “debe cumplir el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que no solo establece el embargo de armas, sino que también prohíbe la compra de material de defensa o de doble uso”.

En esta categoría se incluyen los chalecos antibalas 'made in Israel', tal y como figuran en la página web de la empresa.

El veto a Israel

Llamazares ha defendido que la legislación estatal “respalda un posicionamiento internacional de defensa de los derechos humanos, de veto al estado sionista de Israel y la condena absoluta ante el genocidio de Gaza y de la población palestina”.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/ Uviéu ha resaltado que “desde ningún punto de vista humanitario, se puede consentir su financiación con dinero público”.

La reversión del contrato

Llamares ha exigido al gobierno local la reversión del contrato y ha anunciado que, en el caso de que no se anule la adjudicación, impulsará “todas las medidas políticas y jurídicas” a su alcance para tratar de revertirla.

A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La 'fiscalización'

El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.

La organización 'Civio' fiscalizó la adjudicación de este contrato y denunció públicamente la intención del gobierno local de llevar adelante la compra de los chalecos antibalas.

Sus integrantes aseguraron a eldiario.es Asturias que el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

“Primero lo nuestro”, “Primero nuestra gente”, “Primero lo de aquí”. Municipalistas, Primero Canarias, el nuevo partido político que lideran el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el de Agüimes, Óscar Hernández, se ha echado a la calle en Las Palmas de Gran Canaria mediante el uso de soportes de mobiliario urbano en las marquesinas de las Guaguas Municipales, la empresa pública municipal que hasta ahora presidía José Eduardo Ramírez, concejal transfugado de Nueva Canarias a ese nuevo partido y, por lo tanto, apartado de responsabilidades del gobierno que preside Carolina Darias.

Además de esa casual circunstancia, ya están dando que hablar en las oficinas municipales de la ciudad los lemas escogidos para el lanzamiento de la imagen de Teodoro Sosa y de esa formación. En base a ese mismo concepto “Primero”, los términos que completan los eslóganes “lo nuestro”, “lo de aquí”, “nuestra gente”... van en la misma línea que los utilizados por Fernando Clavijo y diversos dirigentes de Coalición Canaria en su aún caliente confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis del Hondius por un brote de hantavirus.

Son consignas generalmente empleadas por partidos nacionalistas pero también muy similares a la que está imponiendo Vox en los gobiernos regionales que está pactando con el Partido Popular (PP): la prioridad nacional, que básicamente significa que primero han de ir los españoles y luego todos los demás habitantes del país en el acceso a derechos sociales y de otra índole.

La campaña iniciada esta semana puede apreciarse en diversos rincones de la capital grancanaria con la imagen del también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, en actitudes propias de un mitin político con esos mensajes y el nombre del partido sobreimpresos: Municipalistas. Primero Canarias.

Pese a las restricciones que impone la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (LOREG), este tipo de campañas publicitarias están permitidas porque en ellas no se pide el voto. Se reivindica una idea o un principio ideológico del partido fuera de los periodos legales de campaña electoral, que son los únicos en los que está permitido dirigirse al cuerpo electoral para pedir el voto.

El partido, formado por un amplio grupo de personas escindidas de Nueva Canarias, aún no ha dado a conocer quiénes encabezarán las distintas candidaturas a las elecciones locales de 2027, pero está aceptado que Teodoro Sosa al menos encabezará la lista al Cabildo de Gran Canaria.

Desde hace meses, Primero Canarias mantiene visitas de marcado carácter electoralista por distintos barrios de la capital y pueblos del interior, siempre con la presencia de Sosa.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.

El monumento de exaltación franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas', que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón, no será suprimido “mientras Foro Asturias siga gobernando” en la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz y responsable de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Con esta decisión, el equipo de gobierno local no piensa acatar la resolución dictada el pasado martes por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, por la que se concede un plazo de cuatro meses a la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, para la eliminación de este memorial, inaugurado en 1958, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Foro: “la historia no hay que eliminarla”

Foro Asturias no tendrá en cuenta la última decisión del Gobierno asturiano en base al argumento de que la fachada del Colegio de la Inmaculada goza de protección y retirar el conjunto escultórico conmemorativo del bando sublevado durante la Guerra Civil requerirá de licencia municipal.

“La historia no hay que eliminarla, hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha refrendado el portavoz forista.

Collado: “No es sectarismo”

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, ha defendido la retirada del monumento y ha rechazado las acusaciones de sectarismo que han vertido contra esta resolución del Principado desde las filas de Foro Asturias, PP y Vox.

“No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley. La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La advertencia de Zapico

La Consejería de Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, no ha tardado en responder públicamente. Este jueves ha advertido al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

El cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es “una obligación legal para todas las administraciones públicas”, añade a la vez que advierte de que “ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.

Desde la consejería inciden en que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.

Una ley aprobada por el Parlamento

Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente.

“Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería.

El Principado estará “vigilante”

El Principado indica, además, que “se mantendrá vigilante” para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.

El Gobierno asturiano advierte expresamente en la resolución dictada esta semana de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

El Catálogo Urbanístico

El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial “no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.

“El Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente”, recalca el Principado.

“El propio catálogo establece que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada”, corrobora.

El compromiso del Ejecutivo

La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.

El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista “conforme a la legalidad democrática vigente”.

La protección

A la inamovible postura del gobierno local -que conforman Foro Asturias y Partido Popular (PP)- se suma la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo que se está planteando la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, y a la que el Principado ha instado a retirar el símbolo franquista que es habitualmente un punto de encuentro para concentraciones y manifestaciones de simpatizantes de la extrema derecha que generalmente acaban cantando el 'Cara al sol', brazo en alto.

Foro Asturias pone el acento en que ese nivel de protección recogido en el Catálogo Urbanístico Municipal no permite modificar la fachada, su composición, estructura, dimensiones, ni la disposición de sus huecos y, por tanto, deben mantenerse materiales, formas y acabados.

Un manifiesto para la retirada

La retirada del monumento, conocido popularmente como el de 'los jesuitas', ha contado con un amplio respaldo de organizaciones políticas, sindicales, culturales, asociaciones de vecinos y activistas de movimientos alineados en la izquierda en contra de la exaltación de los símbolos franquistas.

Un total de 116 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad asturiana suscribieron, el pasado mes de abril, un manifiesto, entre los que figuran historiadores, politólogos, médicos, docentes, artistas y pensionistas que recuerdan que esta escultura “no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas. No es un lugar histórico neutro, sino un monolito de exaltación de una dictadura”.

Foro Asturias no está solo en esta cruzada administrativa que ha emprendido contra el Gobierno asturiano y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), cuyo presidente Rafael Velasco, es el principal promotor de la iniciativa para su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.

El apoyo del PP y Vox

En la negativa del gobierno local a retirar este símbolo le apoyan su socio de coalición -el PP- y Vox. El partido de ultraderecha incluso ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido.

La diputada de Vox en la Junta General del Principado y portavoz en Gijón/Xixón, Sara A. Rouco, ha señalado que esta actuación “enseña la peor cara del sectarismo comunista” y responde a “una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión”. Unas acusaciones que han sido desmentidas desde el Gobierno asturiano.

Posibles recursos

Entre tanto, la resolución del consejero pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada por el consejero este pasado martes.

Partido Popular (PP) y Foro Asturias respaldan la propuesta incluida en el dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que murieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025, donde considera como responsables políticos a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, así como al exviceconsejero Isaac Pola durante la etapa de gobierno del presidente socialista Adrián Barbón.

El grupo parlamentario popular y el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares -que propone, al igual que IU, que el Principado asuma su responsabilidad patrimonial por este siniestro- respaldan, asimismo, la responsabilidad de los funcionarios del Servicio de Minas del Principado con matices en la redacción del texto para garantizar su encaje jurídico.

Alegaciones del PP

El PP ha registrado diez aportaciones al dictamen inicial de la comisión parlamentaria, una para pedir que se creen dos grupos diferentes de responsabilidad, uno vinculado a los altos cargos y otros para los puestos administrativos para que haya una “mejor definición” y un “mejor encaje con la doctrina constitucional”, ha señalado el diputado Rafael Alonso.

Los populares excluyen al presidente del Principado, Adrián Barbón, de este listado de responsables políticos al considerar que “no es el momento”, al igual que al alcalde de Degaña, Óscar Áncares, dado que excede del ámbito competencial al que se circunscribe la comisión.

Otras de sus alegaciones tiene como objetivo que se detallen cuestiones relacionadas con la transmisión de los derechos mineros y las solvencias económicas y técnicas y pedir que se incluya una referencia a la “participación” del Idepa en las subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa a Combayl y Blue Solving.

Los 'apellidos mineros' de Barbón

El PP también ha introducido alegaciones sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para pedir que se revisen aquellos que están vinculados con la extracción de carbón.

Según ha denunciado el parlamentario Luis Venta, al PSOE, con su gestión de este asunto, “se le caen las vocales de sus siglas, a Barbón se le caen sus apellidos mineros y al Gobierno se le rompen las costuras”.

Las ayudas a los familiares

En relación a las ayudas a los familiares, los populares han señalado que la idea del Gobierno de enmarcarlas en el ámbito de la siniestralidad laboral es una “vía de escape para no asumir responsabilidades políticas” y consideran que la asunción de la responsabilidad patrimonial “es una vía más dentro de las que existen” para satisfacer a las familias.

Alegaciones de Foro

Por su parte, Pumares ha dicho que comparte “plenamente” las responsabilidades que plantea el dictamen provisional si bien ha presentado una alegación para delimitar correctamente las de los funcionarios de Minas conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre comisiones de investigación.

Entre sus siete alegaciones, Pumares ha defendido, además, que el Principado admita la existencia de una responsabilidad patrimonial, dado que así sería “más fácil canalizar” las ayudas a los afectados, y que se concrete la responsabilidad política de Barbón en el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera tras el decreto de 2019.

El diputado de Foro ha insistido en sus aportaciones en que el siniestro “no se habría producido” sin la “arquitectura jurídica impulsada” por el Principado “que buscaba esquivar la legislación restrictiva sobre la extracción de carbón”.

Diferencias entre PSOE e IU

El grupo parlamentario del PSOE no ha registrado alegaciones al texto al considerar que no se puede corregir con aportaciones “puntuales” un documento “con errores estructurales de base” y que “reconoce responsabilidades políticas que en, ningún momento, se fundamentan en argumentos sólidos”.

“No fundamenta sus conclusiones con profundidad ni un análisis detallado”, ha dicho la portavoz, Dolores Carcedo, quien ha avanzado que si el documento se mantiene con estas conclusiones su partido votará en contra.

El acuerdo de investidura

Carcedo ha admitido que el PSOE “no comparte ni el fondo ni la forma” de los planteamientos de IU en relación a este asunto en el que cuentan con diferencias, si bien ha insistido en que ambos partidos están centrados en desarrollar el acuerdo de investidura.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas ha defendido que las ayudas planteadas por el Principado a los fallecidos por accidentes laborales se tramiten con un proyecto de ley e incluyan al herido en el siniestro de Cerredo de 2022, tras apuntar que estas subvenciones no eximen al Principado de su “responsabilidad patrimonial” en el accidente. 

El área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu está bajo sospecha por los posibles 'tejemanejes' que apuntan al Servicio de Licencias. El primer teniente de alcalde, Mario Arias -que recientemente fue elegido presidente del Partido Popular (PP) de la capital asturiana-, ha defendido la actitud “impecable” del gobierno local en contraposición a lo que califica como una “intoxicación” que proviene de las filas del PSOE y de Vox.

Los concejales socialistas aseguran que el equipo de gobierno “no hizo nada” ante una denuncia interna por irregularidades que se puso en su conocimiento, en diciembre de 2025. El partido ultraderechista responde a los populares que “la confidencialidad protege al denunciante; el silencio solo protege al PP”. Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo aboga por una investigación que refuerce la credibilidad en las instituciones.

El cese del asesor

La resolución hecha pública por el propio ayuntamiento, el pasado 15 de abril, por la que se procedía al cese del arquitecto Ignacio Morales Zapata como asesor de Alcaldía, se convirtió en la espita que hizo salir a la superficie todas las quejas que 'sotto voce' se decían de posibles actuaciones irregulares en el área urbanística: que si se recomendaba un despacho concreto para que las licencias se tramitaran más rápido, que si los expedientes se miraban más detenidamente, que si esta situación ya venía de lejos...

Así, toda una serie de comentarios que no se traducían en denuncias oficiales hasta que se tuvo conocimiento de que, en diciembre de 2025, a través de un canal interno municipal se ponían ya sobre el papel estas controvertidas actuaciones.

Una investigación interna

Una denuncia que dio pie a los grupos municipales de la oposición para exigir la apertura de una investigación para bucear qué había de verdad en esos hechos denunciados y una explicación clara del equipo de gobierno local que cuenta con mayoría absoluta del PP.

El primer teniente de alcalde de Oviedo y responsable de la Concejalía de Personal y Contratación, Mario Arias, fue el encargado de comparecer ante la Comisión de Economía e Interior, solicitada a instancias de los ediles socialistas para aclarar estos extremos.

El pasado miércoles se reunió la comisión y cada grupo municipal puso las cartas sobre la mesa: el PP consideró que su actuación había sido diligente y la oposición salió aún peor de cómo entró al considerar que no se había aclarado nada.

Mayor 'cabreo'

Su argumentación no solo no satisfizo a los miembros de la oposición, sino que incluso les dejó más 'cabreados' porque el primer teniente de alcalde le dio la vuelta a la tortilla al acusar a PSOE y Vox de hacer un manejo “insensato” de información reservada, tras haber divulgado “datos sensibles” y nombres de personas afectadas, “ignorando deliberadamente su derecho a la presunción de inocencia y al honor”.

Fuentes municipales ya pusieron de manifiesto que el incumplimiento del deber de sigilo y la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato son consideradas infracciones muy graves que pueden conllevar multas de hasta 300.000 euros.

La confidencialidad

El equipo de gobierno, que lidera el alcalde Alfredo Canteli, mantiene que estos dos grupos de la oposición “han pretendido acceder a información del Sistema Interno de Información (canal de denuncias), a pesar de haber demostrado una falta de rigor absoluta en el tratamiento de los datos a los que ya han tenido acceso”.

Y todo ello, a pesar de que los portavoces ya habían recibido advertencias, según fuentes municipales, por parte del secretario general del Pleno y del titular de la Asesoría Jurídica Municipal sobre “el estricto deber de reserva y la confidencialidad de la información a la que acceden”.

Depurar responsabilidades

Mario Arias hizo igualmente un “llamamiento a la responsabilidad para dejar trabajar a los empleados públicos” e indicó que los funcionarios debían estar ajenos “a las disputas partidistas”.

El edil ha señalado que, “incluso cuando ha sido necesario depurar responsabilidades, se ha actuado con diligencia y respetando los procedimientos legales”.

Mario Arias también ha desvinculado de esta polémica al alcalde, Alfredo Canteli, del que ha recalcado que ha garantizado que, “de existir cualquier otro tipo de responsabilidad que depurar, el consistorio llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar la legalidad y la transparencia”.

La respuesta del PSOE

No opina lo mismo el concejal socialista Jorge García Monsalve que ha puntualizado que la comparecencia de Arias se hizo a petición de su grupo municipal tras los correos recibidos “denunciando irregularidades en Urbanismo, pero también en Contratación o Seguridad Ciudadana”.

García Monsalve avanzó a la prensa que el propio teniente de alcalde “reconoció haber recibido en diciembre de 2025 un correo en el que supuestamente un grupo de funcionarios denunciaba presiones en el ejercicio de su trabajo por parte de un alto cargo de Urbanismo y, lo que es más grave, reconoció que no hizo absolutamente nada”.

“Estamos hablando -continuó- de que el responsable de Personal y Contratación (por Mario Arias) recibe una denuncia de empleados públicos sobre presiones en su trabajo y no actúa en consecuencia”.

Petición de nuevas comparecencias

García Monsalve ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista solicitará nuevas comparecencias para esclarecer lo ocurrido, especialmente en relación con el área de Licencias.

Unas presuntas presiones, según ha detallado García Monsalve, que “se situaban en el área de Urbanismo, concretamente en Licencias, y estaban orientadas a la tramitación de expedientes en un determinado sentido”.

No obstante, ha recalcado que desde el PSOE no se señalarán nombres: “nosotros no vamos a dar ningún nombre, pero sí hablamos de hechos y de responsabilidades políticas”, añadió.

Los recelos

Asimismo, el edil ha cuestionado la falta de transparencia sobre una posible investigación interna: “el concejal aludió a una supuesta investigación en la concejalía de Licencias, pero no dio ningún dato sobre su desarrollo, su resultado ni si derivó en alguna responsabilidad”, prosiguió.

García Monsalve también ha puesto en duda, además, que se hiciese uso del canal de denuncias internas del Ayuntamiento en este caso: “no tenemos constancia de que la denuncia de diciembre de 2025 se haya tramitado por el canal correspondiente. Se lo preguntamos y no supo o no quiso responder”.

La misma ley

El edil socialista recordó que la ley era la misma en diciembre de 2025 que ahora, por lo que “no hay justificación para no haber actuado”.

“La gravedad de los hechos exige la máxima transparencia y depuración de responsabilidades. Nosotros no vamos a especular -ha aseverado- pero sí constatamos una coincidencia cronológica entre las denuncias y determinados acontecimientos posteriores. Lo que exigimos es información, transparencia y que se llegue hasta el final”.

Vox denuncia amenazas

Por su parte, Vox ha afirmado que el consistorio “ha optado por rechazar” una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias y “sustituir las explicaciones por amenazas, en un nuevo intento de cerrar en falso un asunto de extrema gravedad que exige transparencia, garantías e información clara a los ovetenses”.

Tras votar en contra de la comisión de investigación planteada por Vox, el gobierno “ha decidido responder no dando explicaciones sobre por qué se niega a permitir el control político sobre lo ocurrido, sino recurriendo a advertencias, sanciones y acusaciones contra la oposición para desviar el foco”.

Vox, cuya portavoz en el Ayuntamiento ovetense es la concejala Sonsoles Peralta, ha insistido en que la confidencialidad del canal interno protege al informante y la reserva del procedimiento, pero “no impide exigir responsabilidades políticas, fiscalizar la actuación del equipo de gobierno ni pedir explicaciones”. 

La valoración de IU

IU-Convocatoria por Oviedo también se ha pronunciado sobre la polémica en el área de Urbanismo y especialmente sobre la apertura de un procedimiento de investigación.

Su valoración ya se producía al día siguiente de que se celebrara la Junta de Portavoces celebrada en el Ayuntamiento, el 16 de abril, apenas un día después de la resolución firmada por el alcalde con el cese del ya exasesor.

En esa ocasión, aseguraba que era un paso fundamental para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones: “frente a cualquier situación que genere preocupación social, es imprescindible actuar con contundencia, responsabilidad y transparencia, reforzando la credibilidad pública en el correcto funcionamiento institucional”, añadía.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo, el concejal Alejandro Suárez confiaba “plenamente” en el trabajo de los servicios municipales, así como en que esta investigación se desarrollase con la máxima transparencia, garantías y celeridad, permitiendo conocer con claridad los hechos y, en su caso, depurando todas las responsabilidades que correspondan.

La ejemplaridad

“Consideramos que el inicio de este procedimiento es el camino correcto y necesario ante unos hechos de especial sensibilidad, tal y como se ha conocido en los últimos días. Entendemos que las instituciones deben actuar con rigor desde el primer momento, activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido”, exponía.

“Las instituciones democráticas deben estar a la altura de estas circunstancias, respondiendo ágilmente con mecanismos eficaces y ejemplaridad, no solo en este caso, sino ante cualquier otro de características similares”, manifestaba IU-Convocatoria por Oviedo.

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas para permitir que las actuaciones musicales de pequeño formato puedan programarse de manera más simple.

La proposición de ley ha sido presentada de forma conjunta por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares y ha contado con la abstención de Vox, que ha presentado varias enmiendas al texto, todas ellas rechazadas.

Una declaración responsable

En virtud de estos cambios, los responsables de los espectáculos públicos y actividades recreativas en directo que por su formato puedan ser considerados de “escasa incidencia o entidad en relación con la protección del orden público, la seguridad, la salud pública y el medio ambiente” deberán presentar a partir de ahora una declaración responsable al Ayuntamiento correspondiente con, al menos, 48 horas de antelación.

La proposición, tramitada por el procedimiento de lectura única, el más rápido que permite el reglamento del parlamento asturiano, tiene como objetivo dar “respuesta a la demanda” de los colectivos, con todas las “garantías jurídicas”, ha defendido el diputado del PSOE Ricardo Fernández.

Un impulso a la vida cultural

El parlamentario del PP José Luis Costillas ha subrayado que la modificación impulsará la vida cultural de Asturias, dado que contribuirá a “abrir las puertas a jóvenes artistas que necesitan oportunidades” y al negocio de los pequeños negocios.

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha destacado que la aprobación de la proposición “da respuesta a una demanda histórica, justa y necesaria de los músicos asturianos”, que, hasta ahora, “se estrellaban contra un auténtico muro administrativo”.

Nuevas oportunidades

Tomé ha asegurado que estos cambios “abrirán oportunidades” a los músicos y creadores de las artes escénicas y ayudarán a “dignidad el sector”, mientras que Pumares ha hecho hincapié en que la modificación no rebaja garantías y permite que los trámites sean “más ágiles, proporcionados y razonables”.

Vox ha presentado tres enmiendas al texto, todas rechazadas, puesto que será un “caramelo envenenado para los hosteleros” y supone extrapolar a Asturias el “modelo de fracaso” impulsado en Gijón/Xixón. 

“Nos guste o no”. Así ha lamentado el senador del PP Severiano Cuesta que la actual legislación española no permite ilegalizar a la coalición vasca EH Bildu, tal y como ha reclamado este miércoles Vox en la Cámara Alta. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en una moción de los ultras para sacar del juego político a los 'abertzales', aunque han asegurado que no es algo que decida el PP, sino los tribunales.

Vox ha defendido este miércoles una moción (un texto meramente declarativo y sin vinculación legal) que considera que la actividad de EH Bildu “vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada”.

El partido de Abascal se ha acogido a la ley de partidos, aprobada con José María Aznar en el Gobierno y ETA activa, y que permitió en su día la ilegalización de Herri Batasuna y las diferentes marcas con las que se intentó reconstruir el partido ligado a la organización terrorista. El motivo fue, precisamente, el “apoyo o justificación” a esa violencia.

Vox planteaba que EH Bildu “no puede disociarse de la trayectoria de ETA”, organización terrorista que no existe desde 2011. Para el partido ultra existe una relación por la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda o que su coordinador general sea Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por “enaltecimiento” del terrorismo.

La ley de partidos permite que el Congreso o el Senado insten al Gobierno a promover “la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista”. Y eso ha reclamado, sin éxito, este miércoles ante el Pleno.

Pactan revisar la política penitenciaria

La respuesta del PP ha sido ponerse de perfil. Ni a favor ni en contra, más allá de los límites legales que ha reconocido el senador Cuesta, quien, de hecho, ha apelado a la “frustración” que podría generar en la sociedad instar la ilegalización de EH Bildu solo para que el Tribunal Supremo o el Constitucional la tumben, como ya ocurrió hace tres lustros.

Tal y como ha recordado Cuesta, en 2011 y en 2012 se instaron las ilegalizaciones de EH Bildu y de Sortu (el principal partido de la coalición). Ambas iniciativas fueron tumbadas por el tribunal de garantías. Y hoy los “criterios no se cumplen”, ha asumido el senador.

“Nos gusten o no, no se cumplen”, ha lamentado, para añadir que “los españoles necesitan certezas, no brindis al sol”.

“Una cosa es la postura política y otra muy distinta la viabilidad legal”, ha apuntado, para plantear que eso “no implica que no se puedan tomar medidas para que los terroristas de ETA no campen a sus anchas en nuestras calles y sean tratados como héroes, se esclarezcan los asesinatos por ellos cometidos, se respete la dignidad de las víctimas, se eviten homenajes a los asesinos y se persiga la violencia callejera”.

Porque PP y Vox sí han coincidido en otro punto del orden del día en el Pleno del Senado: poner en marcha una ponencia de estudio dentro de la Comisión de Interior para revisar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que ha permitido que algunos presos de ETA puedan salir a la calle durante el día a realizar determinadas labores y en circunstancias muy concretas.

Para el PP, la aplicación de este artículo supone la concesión “encubierta” de semilibertades a estos reclusos. Así, el Senado ha aprobado una moción que, con el apoyo de Vox y UPN, pide revisar el reglamento porque “desde que el País Vasco asumió estas competencias” se han producido “salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas”.

La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario es una decisión del Gobierno vasco de acuerdo a las autoridades carcelarias, pero pasa también el filtro de la Audiencia Nacional. El tribunal madrileño solo ha tumbado dos de las decenas aprobadas.

Tellado pidió ilegalizar a los independentistas

No es la primera vez aue el PP coquetea con la ilegalización de partidos tras el final de ETA.

En enero de 2024, el entonces portavoz y hoy secretario general, Miguel Tellado, presentó una iniciativa legislativa que proponía la disolución de las organizaciones o personas jurídicas por promover consultas o referéndums de autodeterminación.

Así se recogía en una enmienda del PP a la ley de amnistía que, entonces, se debatía en el Congreso. La idea suponía, en la práctica, la ilegalización de partidos políticos como ERC, Junts, EH Bildu, el BNG o incluso el PNV.

Tellado tuvo que enmendarse a sí mismo un día después, y el PP al final renunció a su propuesta.

Un mes después, diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron que Feijóo había negociado con Junts su investidura tras las elecciones de 2023.

Según revelaron en febrero de 2024 fuentes cualificadas de la dirección, el PP estudió la amnistía, aunque la descartó, y sí planteó a los negociadores la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior , y fallida, declaración de independencia.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido este miércoles de la existencia de “errores graves” en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, elaborado por su presidenta, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y ha abogado por eliminarlos en la redacción definitiva del texto que se apruebe.

Según Sánchez, el borrador, que atribuye responsabilidades políticas a cuatro exconsejeros de Industria del PSOE así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas, peca de una “redacción arbitraria” en cuestiones como la relativa a la actuación del extinto Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) que, ha subrayado, no ostentó competencias materiales sobre la autorización o el control de la actividad minera más allá de la evaluación técnica, económica o procedimental de los proyectos empresariales.

Los cuestionamientos del consejero

Pese a que el borrador del dictamen reconoce este extremo, ha indicado el consejero, a la vez “responsabiliza” al Idepa por su gestión en relación con la actividad minera, un error que se suma, a su juicio, al que supone señalar directamente a funcionarios del Principado por su labor en ese ámbito.

Sánchez ha recordado que la Junta General del Principado ya fue reconvenida por el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria del Gestor de Infraestructuras (GITPA) en el dictamen de una comisión de investigación sobre dicho organismo.

Asumir las once recomendaciones

Para el consejero, a nivel personal y tras hacerse cargo de la competencias en materia de minería con posterioridad al accidente, su responsabilidad pasa por asumir las once recomendaciones que plantea el informe elaborado por la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que están realizando junto al Instituto de Transición Justo sobre la explotación de carbón que se venía realizando en Asturias y su posible colisión con la ley de cambio climático y el plan de cierre de la minería no rentable.

Sánchez se ha expresado así en su respuesta ante el pleno del parlamento asturiano a una pregunta sobre si ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Zarréu formulada por el diputado del PP Rafael Alonso, que ha advertido de que el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado” al rechazar por el momento que tenga que haber ceses entre los cargos públicos involucrados.

PP: “Aquí no dimite nadie”

“Con todo lo que pasó y con seis fallecidos -cinco el accidente de 2025 y uno en el registrado en 2022- aquí no dimite nadie. Eso es lo que se pregunta la opinión pública”, ha subrayado Alonso tras recordarle al PSOE que su socio de gobierno, Izquierda Unida, exige también que se asuman ya responsabilidades.

Así, ha cuestionado que se pueda seguir hablado como hace el Ejecutivo de gobierno “de unidad progresista” dadas las discrepancias en su seno, a la vez que ha cuestionado si se puede calificar de “progresista” el hecho de no asumir responsabilidades políticas por parte de un gabinete que muestra su “nerviosismo” al cambiar de opinión en 48 horas sobre la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas.

“A ustedes se les va a hacer largo porque este asunto no termina ni mañana ni pasado mañana y, mientras tanto, todos los asturianos esperamos que se haga realidad el caiga quien caiga del señor Barbóon”, ha advertido.