El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo al presupuesto de 2026 por “la obligación moral y ética de desvelar el alma”, “muy fea”, de unas cuentas que tienen “un corazón de piedra” y que “se inventan problemas que no existen para ocultar los intereses que defienden”.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, González Frutos ha destacado que estas cuentas se presentan con la estrategia de “dientes, dientes, que es lo que les jode”, como dijo Isabel Pantoja, para disimular que “nacen del acuerdo de la vergüenza” con Vox y ocultar que el PP “ha metido el fascismo en las instituciones”.

El parlamentario de Unidas ha recordado al Papa León XIV, que dijo el lunes que uno “no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano”, para criticar la 'prioridad nacional' que recogen los presupuestos, “que no se conmueven con el dolor ajeno” al contemplar medidas como la eliminación de 10 millones en las ayudas a la cooperación al desarrollo, lo que ha considerado una “auténtica canallada”.

Se ha preguntado también qué entienden PP y Vox por “gasto político o chiringuitos” cuando su proyecto de presupuesto recoge una subida salarial del 9% para altos cargos y del 13% para eventuales contratados por el Gobierno, mientras el aumento es cero para partidas como la renta básica, los mínimos vitales o el complemento a las pensiones no contributivas.

González Frutos ha lamentado también el mensaje de “disciplinamiento” que recogen los presupuestos con medidas como el recorte en un 50% de las ayudas a los sindicatos, lo que ha atribuido “al sueño húmedo de la derecha de acabar con la autorganización de los trabajadores”.

Igualmente, el parlamentario de Unidas ha criticado la “política fiscal frívola y ridícula” que inspiran, nuevamente, las cuentas de 2026, con el “fanatismo ideológico” de atraer, sin éxito, a los ricos de otras regiones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha acusado a Unidas por Extremadura de presentar una enmienda a la totalidad poco trabajada, fanática y sectaria, “una auténtica pesadilla política de terror que podría titularse 'clasismo infernal' o 'apocalipsis privada'”.

A su juicio, presenta “una realidad totalmente distorsionada”, en la que se critica hasta la gratuidad de la educación cero a tres años, con argumentos inventados sobre “una fiscalidad para ricos” o que alertan de la “privatización absoluta de todos los servicios”, lo que, en su opinión, pone de relieve que este grupo “está instalado en el bloqueo y en el odio”.

Más tajante aún ha sido el diputado del PP Hipólito Pacheco, quien ha considerado trasnochada la enmienda de Unidas y ha acusado a los integrantes de esta formación de haberse quedado en hace 30.000 años, en la etapa de los cromañones, “la más oscura de la historia”.

“Soberbia académica” de Elena Manzano

En esa misma línea se ha manifestado el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo al considerar que la alternativa propuesta por el grupo liderado por Irene de Miguel es “una apelación permanente el pesimismo, al miedo y al desánimo”. A su juicio, se ve como “una amenaza lo que constituye una esperanza”, que es el gobierno de coalición entre su partido y el PP.

Pelayo Gordillo ha dejado claro que han sido los extremeños y no María Guardiola quien los ha puesto en la Junta de Extremadura, y ha defendido la 'prioridad nacional' y la bajada de impuestos, “el eje de nuestro discurso político que defendemos con orgullo” y que está contemplado en un pacto de gobierno que, según ha defendido, se va a cumplir en su totalidad.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña, que junto a José Antonio González Frutos ha criticado la “soberbia académica desmedida” con la que Elena Manzano trata a la Cámara, ha apoyado la enmienda de Unidas por Extremadura por compartir con ella su filosofía, la de un presupuesto que recoge “la imposición ideológica de la extrema derecha”, prioriza a los privilegiados, no protege los servicios sociales y debilita la democracia en la región. 

Finalmente, las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura han sido rechazada por los 40 diputados de PP y Vox. El viernes se abrirá el plazo para las enmiendas parciales y el 30 de junio se celebrará el pleno en el que se aprobarán las cuentas de 2026.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido su enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales de PP y Vox, un modelo “ideológico” que “abandona a mucha gente” en Extremadura, desde el que harán una oposición “seria, realista y constructiva” que hable “de las cosas del comer”, frente a la “polarización” de la extrema derecha.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, ha condicionado la retirada de su enmienda a que la presidenta María Guardiola “expulse” a los consejeros de Vox del gobierno y asuma una propuesta “alternativa” sustentada en “siete acuerdos”. Pero la enmienda del PSOE y la de Unidas por Extremadura no ha salido adelante por el rechazo de los 40 diputados de PP y Vox.

En Educación propone la reducción de ratios, subida salarial para los docentes de 200 euros mensuales o la puesta en marcha de un plan de climatización de los centros educativos; y en Sanidad, un refuerzo estructural de 250 millones de euros para la Atención Primaria que permita garantizar citas médicas en menos de 48 horas.

Otros pactos pasan por Vivienda con, por ejemplo, la construcción de 1.000 viviendas destinadas a jóvenes y familias trabajadoras; Financiación Municipal, para elevar el Fondo Regional de Cooperación Municipal hasta los 76 millones de euros en 2026; e Infraestructuras, donde plantea culminar la EX-A1 y la carretera Badajoz-Olivenza.

Impulsar la contratación en origen y favorecer los procesos de regularización laboral para garantizar mano de obra en sectores estratégicos; blindar el diálogo social, recuperar la AEXCID y garantizar una inversión equivalente al 0,7 % en cooperación al desarrollo son otras de sus propuestas.

“Usted fue pionera en abrir las puertas del Gobierno a la ultraderecha y será recordada por normalizar su presencia en las instituciones. Yo aspiro a ser recordado por sacarlos de ellas”, ha apuntado el líder socialista, quien ha abogado por una Extremadura sin “división social”, libre de “odio” y “de miedo al diferente”, centrada en “resolver los problemas de la gente”.

Sánchez Cotrina ha puesto nombre a las, a su juicio, fracasadas políticas de la Junta al mencionar, entre otras personas, a “María que espera que se construya una residencia de mayores” para una plaza “empujándola a la privada”, mientras le cuida Ana, “una migrante que está en un proceso de regulación extraordinario, que levanta los servicios públicos, que cuida a nuestra gente y que sin Ana, María se muere”.

En este sentido, ha censurado la prioridad nacional del pacto para interpelar a Guardiola que eso de que “primero Extremadura” sea una verdad: “Extremadura o Vox, esa es su ecuación”, al tiempo que ha advertido de que estarán vigilantes para perseguir “todas y cada una de las decisiones de este pacto que atenten contra la ciudadanía extremeña”.

Con motivo de la visita del Papa, ha aprovechado para rescatar unas palabras del sumo pontífice, que “nadie puede arrodillarse ante Dios y, a su vez, despreciar al hermano: tiene usted (dirigiéndose a Guardiola) la oportunidad de echar de su Gobierno a los que le hacen y le obligan, se supone, a despreciar a sus hermanos”.

“Falso diálogo”

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha reprochado a Sánchez Cotrina estar instalado en el “no por sectarismo ideológico”, así como su “soberbia” con un falso mensaje de “diálogo” cuando presentó rápidamente una enmienda a la totalidad que es en realidad “la confirmación del presupuesto” con “medidas ya implantadas” por un gobierno al que respalda “el 60%” de los extremeños en las urnas.

Le ha afeado igualmente que “lo único que le interese sea ser presidente de la Junta, ocupar el sillón”, pero no haga aportaciones para mejorar la comunidad tras 40 años de gobiernos socialistas que han lastrado su desarrollo socioeconómico, con un verdadero “infierno fiscal”.

En su intervención, Manzano ha cuestionado a Sánchez Cotrina su postura respecto al calendario de cierre de la central de Almaraz, mostrándose este de acuerdo con que Almaraz “cumpla tres años más, que es lo que han pedido los empresarios”, pues no puede “obligarlos” a más; o la financiación autonómica, cuestión en la que ha dicho luchará, junto a la Junta, por “una financiación más justa”.

En el debate ha habido un rifirrafe a cuenta de la denominación 'Sánchez', pues el líder socialista ha pedido que, al igual que como se le conoce fuera del hemiciclo, se le llame también por el segundo apellido de su madre, Cotrina: “Cuando me llaman el señor Sánchez, no es mi primo el presidente del Gobierno”, ha ironizado.

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, le ha pedido que se pase “al lado bueno del apellido”, porque él no se “avergüenza” de ninguno de los suyos: “veo que usted en Sánchez se arrepiente”, y, a propósito de las palabras de León XIV, le ha sugerido que lea “los mandamientos: el sexto, no cometerás actos impuros, y el séptimo, no robarás”, pues “nos tienen abochornados con todos los escándalos del PSOE”.

Desde las filas de Vox, la portavoz Inés Checa ha criticado la postura “hipócrita” y “falsa” de Sánchez Cotrina en la defensa del mundo agrario cuando votan en Bruselas propuestas que “destrozan al campo” extremeño y cuando en sus años de gobierno “no han sido capaces de generar prosperidad”, solo “dependencia de subsidios”.

“Si María, a la que usted ha hecho referencia aquí, se muere en la espera, que no le quepa duda que es porque el PSOE roba a manos llenas a todos los españoles para gastárselo en prostitución, en cocaína y en chiringuitazos”, ha aseverado Checa, quien ha defendido el principio de 'prioridad nacional', que los recursos de los extremeños “se quedan con los extremeños”, y no para “el empoderamiento de la mujer en Mali”.

La enmienda a la totalidad del PSOE ha contado con el único apoyo de Unidas por Extremadura ya que, según la diputada Nerea Fernández, son unos presupuestos “antisociales”, que “descapitalizan la administración pública para justificar futuras privatizaciones por falta de eficiencia”, con una hoja de ruta: avanzar hacia los “recortes”, la “segregación”, y “en contra de los más vulnerables”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres.

La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional, que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo.

La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”.

Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

“Un fraude de ley en toda regla”

El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado.

Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”.

La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”.

En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”.

Una polémica de casi 20 años

Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño', objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción.

El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas, estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir.

Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

Cuando llega la temporada de cerezas, es habitual escuchar que cualquier fruto sin rabito es una picota. Sin embargo, esa idea no es del todo correcta. Aunque la ausencia de pedúnculo es una de sus características más conocidas, la realidad es que no todas las cerezas que se venden sin él pueden considerarse auténticas picotas. Detrás de este producto existe una Denominación de Origen que protege unas variedades concretas cultivadas en una zona muy determinada del norte de Extremadura.

La propia Picota del Jerte se ha convertido en uno de los productos agrícolas más reconocibles de España. Su fama está ligada al Valle del Jerte, donde millones de cerezos transforman el paisaje cada primavera. Sin embargo, el prestigio alcanzado por este fruto también ha generado cierta confusión entre los consumidores, que muchas veces identifican como picota cualquier cereza a la que se le ha retirado el rabito.

Picotas del Jerte no son cereza cualquiera

Una picota no es simplemente una cereza sin rabito. Lo que diferencia a las auténticas picotas no es que alguien les quite el pedúnculo después de recolectarlas, sino que este se desprende de forma natural del fruto durante la recogida. Esa característica es una consecuencia de la propia variedad y constituye uno de los rasgos que permiten distinguirlas de otras cerezas. 

Además, la Denominación de Origen no protege cualquier cereza “desrabada”. Según la normativa de la DOP Cereza del Jerte, únicamente cuatro variedades tradicionales pueden comercializarse como Picota del Jerte: Ambrunés, Pico Negro, Pico Limón Negro y Pico Colorado. Todas ellas son variedades autóctonas vinculadas históricamente al Valle del Jerte y a zonas próximas de montaña. 

Por este motivo, una cereza sin rabo procedente de otra región o perteneciente a otra variedad no puede considerarse una auténtica picota, aunque visualmente pueda parecerse. La ausencia del pedúnculo es necesaria, pero no suficiente. También importa el origen, la variedad y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la denominación protegida. 

Las cuatro variedades protegidas de la cereza del Jerte

La más conocida de todas es probablemente la variedad Ambrunés, considerada por muchos productores como la reina de las picotas. Es la más cultivada dentro de la zona protegida y destaca por su sabor especialmente dulce y por su gran resistencia durante la maduración. Junto a ella aparecen Pico Negro, de tonalidades más oscuras; Pico Limón Negro, una de las variedades más antiguas conservadas en el valle; y Pico Colorado, caracterizada por un color más claro y una recolección más tardía. 

La cereza del Jerte protegida por la denominación incluye además una quinta variedad llamada Navalinda, pero existe una diferencia importante respecto a las anteriores. A diferencia de las auténticas picotas, esta cereza sí conserva el rabito cuando se recolecta. Por ello puede estar amparada por la DOP Cereza del Jerte, pero no comercializarse como Picota del Jerte. 

La importancia de este fruto para la economía extremeña es enorme. El Valle del Jerte lleva décadas asociado al cultivo de cerezas y a la producción de algunas de las variedades más apreciadas de Europa. De hecho, la propia DOP destaca que la auténtica Picota del Jerte es exclusiva de este territorio y que sus características están estrechamente ligadas a las condiciones climáticas, la altitud y las técnicas tradicionales de cultivo desarrolladas durante generaciones. 

El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.

Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.

De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.

Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trataba de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.

Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.

El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.

Aval a los contratos administrativos

No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.

El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.

Durante décadas, Extremadura ha sido presentada como una tierra rica en recursos y pobre en capacidad de decisión. Una región a la que desde fuera se le reconoce poco por aquello que aporta y menos por lo que recibe. Por eso no resulta extraño que desde el Club Senior de Extremadura se haya popularizado una idea que cada vez resuena con más fuerza, la de las sucesivas colonizaciones energéticas que ha sufrido nuestra tierra.

La primera colonización energética llegó con las grandes presas hidroeléctricas. Bajo el relato del progreso y el interés general, miles de hectáreas quedaron inundadas y numerosos territorios transformados para producir una energía que, en gran medida, alimentó el desarrollo industrial de otros lugares. Extremadura aportó territorio y recursos mientras que el valor añadido y la industrialización se quedaron fuera. Ya saben aquello que cantaba Extremaduro en Extremaydura, “Tenemos el agua al cuello, con tanto puto pantano”...

La segunda colonización fue la nuclear, la central de Almaraz simboliza esa etapa, junto a aquel intento frustrado que fue Valdecaballeros. De nuevo, la lógica fue similar, asumir los riesgos y las servidumbres de una infraestructura estratégica cuyos beneficios principales no revertían proporcionalmente en nuestro territorio. De nuevo, lo peor para nosotros mientras que las eléctricas se beneficiaban con una bonita alfombra roja. 

La tercera colonización energética ha venido de la mano del despliegue masivo de plantas fotovoltaicas. Nadie discute la necesidad de avanzar hacia energías renovables ni la urgencia de combatir el cambio climático. Pero una cosa es la transición ecológica y otra muy distinta reproducir esquemas extractivos bajo una nueva etiqueta verde. Grandes extensiones de dehesa y tierras agrícolas fértiles han sido ocupadas por instalaciones destinadas a generar y exportar energía, mientras Extremadura sigue teniendo dificultades estructurales para generar industria asociada, empleo estable y tejido económico propio.

Y ahora parece abrirse una cuarta fase con la expansión de las plantas de biogás.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es el biogás. La tecnología del biogás, bien diseñada y adecuadamente planificada, puede formar parte de una economía circular inteligente. Convertir residuos en recursos, cerrar ciclos materiales y reducir emisiones son objetivos legítimos y necesarios.

La cuestión es otra y es que la preocupación creciente en numerosos municipios extremeños tiene que ver con el modelo de implantación que se está promoviendo. No hablamos de pequeñas instalaciones vinculadas al territorio y a la gestión local de residuos, sino de grandes proyectos industriales cuya dimensión y necesidades generan preguntas todavía sin respuesta suficiente.

¿Qué residuos alimentarán realmente estas plantas? ¿Procederán del entorno cercano o requerirán importar enormes volúmenes desde otros territorios? ¿Qué incentivos pueden generar para ampliar modelos intensivos de ganadería o atraer nuevas actividades altamente contaminantes? ¿Quién obtiene el beneficio económico y quién asume los costes ambientales y sociales?

Estas preguntas no son abstractas, se las hacen ya las plataformas ciudadanas que se están formando en municipios como La Coronada, Oliva de Plasencia, Granja de Torrehermosa, Miajadas o Almendralejo. No están rechazando necesariamente una tecnología, están reclamando planificación, transparencia, evaluación rigurosa y capacidad de decidir sobre el futuro de sus pueblos.

En algunos casos, además, se denuncian cuestiones concretas de ubicación. En Oliva de Plasencia, por ejemplo, se ha señalado que el emplazamiento previsto coincide con la dirección de los vientos predominantes hacia el núcleo urbano, alimentando la preocupación por posibles molestias provocadas por los olores y sus efectos sobre la calidad de vida.

La cuestión de fondo es si Extremadura quiere seguir siendo una tierra de sacrificio o convertirse en protagonista de su propio modelo de desarrollo.

La transición energética será justa o no será. Y para que sea justa no basta con cambiar una tecnología por otra, hay que cambiar quién decide, quién se beneficia y quién asume los impactos.

Extremadura necesita energía limpia pero también necesita soberanía económica, planificación territorial, industria asociada, empleo digno y respeto por quienes viven en el territorio.

Porque si el resultado de cada transición es ocupar más suelo, importar más residuos y exportar más beneficios, entonces quizá no estemos construyendo un nuevo modelo. Quizá solo estemos perfeccionando el viejo.

El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado la puesta en marcha del Instituto del Mestizaje 'Extremestiza', una nueva entidad con la que pretende convertir a la región “en referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa”. El anuncio se ha producido en Medellín (Badajoz), localidad natal de Hernán Cortés, durante un acto institucional al que ha sido invitado el compositor Nacho Cano.

Con el lema 'Extremadura, corazón del mestizaje', Guardiola ha defendido de forma tajante que la historia “tiene que estar fuera del debate ideológico” y ha rechazado que el pasado se convierta en “un ajuste de cuentas”, argumentando que cada época histórica tiene, inevitablemente, “sus grandezas y sus contradicciones”.

La presidenta ha centrado parte de su intervención en reivindicar la figura de Hernán Cortés, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”, ha aseverado Guardiola, quien ha apostado por proteger el patrimonio compartido surgido de aquel “viaje de ida y vuelta” entre ambas orillas del Atlántico.

El nuevo instituto, según los planes avanzados por la Junta, buscará promover intercambios académicos, reforzar la proyección exterior de Extremadura y abrir nuevos nichos de crecimiento y cooperación con Iberoamérica. “En tiempos de batallitas y polarización, Extremadura propone una identidad abierta”, ha zanjado la presidenta.

Nacho Cano y Ayuso

Nacho Cano ha apoyado el anuncio de Guardiola y ha defendido la figura de Hernán Cortés. “México existe porque está Cortés”, ha afimado el músico, que ha criticado la narrativa que, desde su punto de vista, ha “demonizado” al conquistador extremeño tras la independencia del país azteca.

Sin embargo, Cano ha ido un paso más allá. El compositor ha aprovechado para reclamar públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que “pida perdón” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el trato recibido durante su reciente visita institucional a tierras mexicanas.

Un patrimonio sin “prejuicios”

En el acto también han intervenido cargos institucionales de la región. El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha reivindicado su municipio como “un símbolo” y el punto de partida de un patrimonio que pertenece “tanto a España como a América”. Mateos ha pedido estudiar a las grandes figuras de la época “en toda su complejidad, sin prejuicios”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recordado los nombres de aquellos extremeños —como el propio Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro o Inés Suárez— que cruzaron el océano “con el afán de ampliar los horizontes de su tiempo”. Para Naharro, el mestizaje resultante es “la prueba de que las culturas pueden encontrarse y construir algo nuevo y grande”.

La creación del centro académico se engloba dentro de la estrategia global 'Extremestiza', la marca con la que la Junta de Extremadura pretende relanzar y liderar las relaciones culturales, educativas, económicas y humanas con la comunidad iberoamericana.

Ese será el nombre también de una asignatura optativa que comenzará a impartirse el próximo curso, a pesar de las protestas de sindicatos y docentes.

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.

PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, todas las acusaciones populares a excepción de Manos Limpias, han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El pseudosindicato ultra mantiene la petición de tres años de cárcel para el músico.

El PP ha presentado una calificación independiente a la que se ha adherido la letrada de Vox y la asociación Liberum. Esta acusación sostiene que, aunque el delito específico de aceptación de nombramiento ilegal haya prescrito, como estableció la Audiencia al inicio de la vista oral, los hechos no, por lo que lo han calificado ahora como prevaricación. Además de prisión, reclaman una multa por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación de 20 años. La solicitud de pena de Hazte Oír ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, las mismas acusaciones también han aumentado de tres a cuatro años la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación. En el caso de Manos Limpias, ha reducido de tres a un año y medio la pena de prisión al retirar el delito de prevaricación en relación con la contratación del amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, aunque ha advertido que no descarta volver a solicitar cargos.

Para Carrero piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre nueve y 10 años por considerarlo autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de “subversión absoluta” y de “anormalidad intolerable”.

De hecho, la Fiscalía ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público ya se opuso al auto de procedimiento al considerar que se basaba en “hipótesis” y “conjeturas”.

El tribunal ha aceptado las conclusiones definitivas de las acusaciones populares al apreciar que no suponen una modificación sustancial de los hechos y la sesión se ha suspendido hasta el lunes a las 9.30 horas.

La declaración de Sánchez en fase de instrucción

No ha sido la única petición de las acusaciones tenida en cuenta por los magistrados. El tribunal ha aceptado visionar en la sala la declaración de David Sánchez en la fase de instrucción tras percibir el letrado de Manos Limpias “contradicciones” y por entender que su defensa no ha preguntado por varias cuestiones al haber respondido solo a las cuestiones planteadas por su letrado. A la petición del pseudosindicato se han unido el resto de acusaciones.

El abogado de David Sánchez se ha opuesto por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos (por la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal), y que la “analogía” entre las declaraciones en fase de instrucción y en la vista oral nunca puede perjudicar al reo, según el Derecho Penal.

Las contradicciones han estado relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo, aunque los funcionarios que han testificado como testigos han asegurado que no gozaba de ella, y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal ha expuesto que era una denominación y no un espacio físico.

En su declaración de este jueves en la Audiencia Provincial, Sánchez ha defendido que la Oficina de Artes Escénicas es una categoría administrativa y que no hay un edificio público ni una ventanilla.

“Una novela de ciencia ficción”. Así ha calificado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el señalamiento sin pruebas del mando de la UCO Antonio Balas, quien en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial le atribuyó la decisión de crear la plaza de trabajo para adjudicársela al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Gallardo, que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del músico, ha asegurado que “absolutamente nunca” ha participado en “cuestiones de personal” y ha negado que diese la orden de crear el puesto o decidiese quién debía ocuparlo. El también exlíder del PSOE extremeño ha recordado que en las primarias del PSOE que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, que coincidió durante el proceso de selección de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, él apoyó a la política andaluza, que no mantenía una “relación fluida” con Pedro Sánchez y que desconocía entonces que tuviera hermanos.

Gallardo ha explicado que su gabinete le comunicó que el hermano del ex secretario general (Pedro Sánchez dimitió en el comité federal del 1 de octubre de 2016 y aún no se habían celebrado las primarias) era uno de los candidatos a la plaza y sus palabras fueron: “Que gane el mejor”.

La decisión, en octubre de 2016

La decisión de crear la plaza en la Diputación de Badajoz se tomó en octubre de 2016 en una reunión del Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente, ha explicado Miguel Ángel Gallardo, una afirmación que los testigos de días anteriores han confirmado. Según el expresidente, la propuesta de ese puesto y de otros partió del área de Cultura, pero recibió el visto bueno en esa reunión, por lo que fue una decisión “política” de la que él ha asumido toda la responsabilidad. En esa reunión de Valdivia también se aprobó la creación de otros puestos directivos.

Sobre su primera impresión de que las demandas de personal de Cultura eran demasiadas, como aparece en uno de los correos intervenidos por la UCO, Gallardo ha explicado que valoró de la misma forma las peticiones de otras áreas de la institución provincial, pero que esos correos no han sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

En cuanto al cambio de la denominación de la plaza de David Sánchez, que en 2022 pasó de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo ha asegurado que tampoco tuvo participación alguna ni la conoció previamente, pues no tuvo repercusión económica. “Entiendo que las acusaciones políticas, perdón populares, saquen sus deducciones, pero era una cuestión eminentemente técnica”. El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, le ha llamado la atención por el uso de ese término.

Además, ha subrayado que la Diputación decidió crear la plaza como alta dirección y libre designación, en lugar de funcionario, porque es una demanda histórica que la Junta de Extremadura se haga cargo de los conservatorios y si eso llegara a suceder, será más fácil amortizarla. “Si mañana no se cuenta con esta competencia, no habrá que reubicar a nadie, pues la plaza tiene carácter directivo”, ha añadido.

El expresidente de la Diputación de Badajoz ha respondido solo a las preguntas de su defensa, como ha hecho David Sánchez, que ha negado haber influido en la contratación de su amigo, Luis Carrero, y ha afirmado que no intervino en el cambio de nombre de su propio puesto en 2022, que pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, aunque eso no supuso cambio en las funciones ni en la retribución.

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doraemon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

Los agentes de la UCO que participaron en la investigación de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz han insistido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que fue adjudicada al músico, estaba amañada, a pesar de que varios testigos lo han desmentido.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación, ha afirmado que de su lectura se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política” porque “al final el tema de Personal debe corresponder a unas estrategias políticas”. “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo”, el expresidente de la corporación provincial y ex secretario general del PSOE de Extremadura.

La UCO “entiende y considera evidente”, a raíz de los correos, que la decisión de crear la plaza a finales de 2016 no nació en el área de Cultura, sino en Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura de forma directa. Pero en el juicio han indicado que Recursos Humanos “es transversal a toda la Diputación y gestiona las necesidades de Personal”. De ahí que los agentes hayan deducido que se trata de una decisión política “de un nivel superior” y hayan señalado directamente a Gallardo.

La decisión de crear la plaza se tomó en octubre de 2016. El 10 de ese mes se reunió el Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente en el que se justificaba la creación del puesto. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se celebró el 1 de octubre.

Sin embargo, al teniente coronel Balas le “llamó la atención” la “urgencia” en la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, que no estaba “alineada” con las necesidades del área de Cultura, y el tiempo que se tardó en “dotarla”, por lo que “parece que estaba predeterminada”. Los funcionarios y peritos que han declarado el lunes y martes en el juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal” y “habitual”, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La plaza de libre designación que finalmente ocupó David Sánchez se incorporó en los presupuestos de 2017, pero el proceso de selección no se activó hasta el 19 de mayo, con la publicación de las bases. El PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, y que finalizó con la victoria de este. En ese proceso, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza.

Una vez concluida la prueba testifical, el jueves se iniciará la declaración de los 11 acusados. El primero será Miguel Ángel Gallardo y a continuación será el turno de David Sánchez. Después lo harán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

Una de las testigos clave de la acusación en el juicio que se celebra por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, que aspiró en 2017 a la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez, ha afirmado que, en su opinión, no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección. A pesar de ello, no presentó denuncia ni queja formal.

De Frutos ha explicado a través de videoconferencia que, tras conocer la resolución de la comisión de valoración para la selección de la plaza de coordinación de los conservatorios pacenses, comprobó que Sánchez pasó la criba por “su buena trayectoria, experiencia” y por haber contestado “muy bien” a las preguntas. Pero a ella no se le formularon preguntas y se limitó a presentar su proyecto, que consistió en un “esquema a dos caras”. La entrevista duró unos 15 minutos, al igual que la de un candidato anterior y que la de Nerses Avakimyam, otro de los aspirantes que en la jornada del lunes aseguró que no vio atisbos de irregularidad.

La testigo ha afirmado que se enteró de la oferta de empleo por un mensaje de teléfono que le envió el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, quien pocos días antes de la entrevista en la Diputación le dijo que el puesto estaba dado de antemano al hermano del presidente del Gobierno. Este extremo ha sido desmentido por Suárez en los medios de comunicación, pero la música ha insistido en su versión.

La defensa de David Sánchez ha preguntado por qué no denunció si sintió que no hubo igualdad de oportunidades o se unió a los otros candidatos para hacerlo. “En primer lugar, porque no los conocía. En segundo decidí no hacerlo porque pensé que era algo demasiado elevado y, en tercer lugar, porque no me iba la vida en ello, yo tenía mi trabajo”, ha respondido.

La fiscal también ha cuestionado a De Frutos sobre ello, ya que la testigo envió una carta al Ministerio Público en febrero de 2025, siete años después del proceso de selección al que se presentó. En este escrito describió sentirse discriminada y no obtuvo respuesta, pero la fiscal le ha recordado que lo que remitió no fue una denuncia.

'Ópera Joven' estaba “en expansión, fue creciendo”

Este martes también ha declarado Ángel Seco López, técnico de formación del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, encargado de gestionar los expedientes de los programas de cultura y deporte, como el de Ópera Joven, que lideraba David Sánchez. El músico afirmó en la instrucción que trabajaba “todos los días” con Seco y aunque este ha desmentido esa expresión literal, el técnico ha explicado que se veían “a demanda” y en función de las necesidades, como pasa con “todos los directos y coordinadores de programas de cultura”.

En este caso concreto, Seco ha añadido que Sánchez “estaba muy pendiente [del programa Ópera Joven] y muy identificado” y ha asegurado que la iniciativa de acercar la lírica y la ópera al público en general “estaba en expansión y fue creciendo” hasta el punto de que se decidió que había que estructurar “mejor” el programa para darle “más empaque estratégico” y consolidarlo. “De una ópera se pasó a realizar actos paralelos, didácticos, de difusión... y evolucionó a una ópera general al año y otra infantil y familiar” e incluso se realizaron actos en Portugal.

Sin embargo, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa Ópera Joven, pero ha asegurado que no ha tenido “ni contacto no relación” con esa oficina. Paradójicamente, el técnico de la institución provincial continuó llevando la gestión de expedientes y tramitaciones, como es el caso de 'Carmen', la última representación que se licitó con David Sánchez al frente.

La segunda sesión de declaraciones en la Audiencia de Badajoz ha estado protagonizada por funcionarios de la Diputación y políticos que participaron en la contratación del músico, el cambio de denominación del puesto y el fichaje en comisión de servicio de Luis María Carrero, amigo de Sánchez. Todos, a igual que los funcionarios y peritos que testificaron en la jornada del lunes, han defendido la legalidad de los procedimientos que se llevaron a cabo y que son “ordinarios” y “habituales” en la institución.

Los funcionarios han explicado también que el nuevo nombre del puesto no supuso que desapareciera la incompatibilidad del cargo, a pesar de que en la ficha desapareció la 'I' para ese y otros dos puestos de alta dirección que se tramitaron en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2023. La que fuera directora de Recursos Humanos en la Diputación hasta el año pasado, Cristina Correa, ha explicado que más allá de que figurara marcada o no la “I” en la ficha, el régimen de incompatibilidad se mantuvo al tratarse puestos de alta dirección y atendiendo a la legislación.

Declaración de la UCO

Este miércoles concluirán las declaraciones de los testigos (hay 42 en la causa) con los nueve agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el procedimiento de instrucción. El jueves y el viernes será el turno de los acusados. El tribunal ha fijado para el lunes y martes los informes finales, con lo que juicio quedaría visto para sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde el jueves el presunto amaño en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, una tesis que sufrió un evidente frenazo en la jornada del lunes con la declaración de los directores de los conservatorios pacenses, así como la acusación de que no acudía a su puesto de trabajo. Más bien al contrario, los testigos de las dos primeras jornadas han asegurado que era un profesional “preparado y muy implicado” en su desempeño profesional. También se juzga la presunta contratación fraudulenta de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para ocupar en comisión de servicio la Jefatura de Sección Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Además, del músico, se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve altos cargos de la corporación provincial vinculados a los socialistas. Las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox, piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) incorporará 431 nuevas camas, 10 quirófanos y 182 consultas externas, dentro de una actuación que movilizará casi 220 millones de euros y que supone, según la presidenta de la Junta, María Guardiola, la mayor inversión sanitaria realizada hasta la fecha en Extremadura.

Guardiola ha presentado este lunes el proyecto y ha defendido que esta actuación “no es solo una diferencia de tamaño, estamos hablando de una diferencia de ambición: es la diferencia de construir o añadir un edificio más o construir un verdadero hospital de referencia para Extremadura”.

La presidenta regional ha subrayado que la ampliación multiplica la superficie prevista inicialmente, pasando de los 35.000 metros cuadrados contemplados en el proyecto original a cerca de 97.000 metros cuadrados, lo que supone triplicar la inversión inicialmente prevista.

La segunda fase incluirá además una base mixta de emergencias preparada para ambulancias medicalizadas y helicópteros sanitarios, así como una residencia para familiares conectada directamente con el complejo hospitalario para facilitar el acompañamiento de pacientes ingresados. Una vez completada la actuación, el complejo hospitalario contará con un total de 711 camas, 25 quirófanos y 283 consultas externas, consolidándose como uno de los principales centros sanitarios de la región.

Guardiola ha enmarcado esta inversión dentro del compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento de la sanidad pública y ha recordado que la Junta prevé movilizar 500 millones de euros en sanidad y atención a la dependencia durante la legislatura. Además, ha valorado la incorporación al Servicio Extremeño de Salud (SES) de más de mil profesionales adicionales y la reducción de las listas de espera quirúrgica registrada en 2025.

“Extremadura no se resigna a tener servicios de segunda y trabajamos para que eso no ocurra”, ha afirmado la presidenta, quien ha añadido que el objetivo es consolidar un hospital de referencia para la región diseñado con la participación de los profesionales sanitarios.

En el acto de presentación, celebrado en el HUC, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha destacado que el inicio de las obras supone “un paso decisivo para seguir construyendo una ciudad ambiciosa, moderna y preparada para ofrecer los mejores servicios a sus ciudadanos”.

Mateos ha añadido que “Cáceres va a contar con un hospital referente en nuestro país. Eso es tener las prioridades claras y entender que la sanidad debe estar en los primeros puestos del listado de tareas”, en referencia al impacto del proyecto en la ciudad. 

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.

El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y el Museo Arqueológico, ambos en Badajoz, y el Museo de Cáceres ofrecerán alternativas para la conciliación durante el verano con actividades educativas y lúdicas dirigidas a los más pequeños que incluirán propuestas de naturaleza, talleres y campamentos. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en horario de mañana

La reciente adjudicación de un contrato para el programa didáctico para 2026 y 2027 por más de 80.000 euros llevará a estos museos de la Junta de Extremadura a convertirse en generadores de conocimiento, pensamiento crítico y convivencia durante el verano.

Así, el MEIAC, el Museo Arqueológico y el Museo de Cáceres funcionarán como centros dinámicos que, durante el periodo estival, faciliten la conciliación familiar y se transformen en espacios de aprendizaje y disfrute comunitario. En concreto, el MEIAC ofrecerá una serie de propuestas sensoriales y críticas, dirigidas a niños de 8 a 12 años, sobre la naturaleza, la luz y el movimiento, explorando la obra gráfica de Juan Barjola, el imaginario de Los Carpinteros, la performance de Joana Rosa y la luz negra de Eva Lootz.

Por su parte, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ofrecerá un recorrido por la prehistoria, época tartésica, romana, visigoda y medieval, incluyendo un taller de arquitectura pop-up y la recreación de un yacimiento arqueológico para menores de seis a doce años.

El Museo de Cáceres ha programado un campamento para fomentar la interacción directa con el patrimonio histórico del propio museo mediante actividades educativas y participativas, dirigidas a niños ocho a doce años.

Otros museos financiados por la Junta de Extremadura, que están bajo la dirección de fundaciones o consorcios, como son el Helga de Alvear, el Etnográfico 'González Santana' de Olivenza, el de las Ciencias del Vino de Almendralejo y el Vostell-Malpartida de Malpartida de Cáceres, cuentan también con sus programas de actividades aprobados en los diferentes patronatos y consejos rectores.