El área de salud de Cáceres concentra en estos momentos un foco de preocupación sanitaria tras confirmarse ocho de los 12 casos de legionelosis notificados en la región durante la semana 42 de este año. Cuatro de los pacientes afectados permanecen ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara, aunque desde la administración sanitaria se precisa que presentan patologías previas de base. En el conjunto de la comunidad autónoma, el balance de esa misma semana se completa con un caso en Badajoz, otro en Coria, uno en Don Benito-Villanueva de la Serena y otro en Navalmoral de la Mata.

La difusión de estos datos se produce después de que varios profesionales sanitarios alertaran a este periódico sobre la presencia de pacientes con sospecha clínica de legionelosis en el área cacereña. Ante estas informaciones, elDiario.es Extremadura se dirigió el pasado 20 de octubre al Servicio Extremeño de Salud (SES) para indagar sobre la existencia de posibles contagios. En aquel momento, la administración argumentó que los expedientes aún no estaban validados formalmente.

Sin embargo, tras la confirmación posterior de los diagnósticos, el SES tampoco informó, pese a haber manifestado que comunicaría cualquier novedad. La trascendencia de estos contagios ha aflorado finalmente tras la actualización del boletín epidemiológico semanal de Salud Pública.

Desde la administración sanitaria subrayan que la situación actual no está catalogada como un brote epidémico, sino que se trata de una “agregación comunitaria de casos”. Esta clasificación se aplica cuando existen dos o más afectados vinculados geográficamente por su lugar de residencia o actividad, pero sin que los equipos de inspección hayan podido certificar todavía una fuente común de infección ambiental.

Para abordar este escenario, el SES mantiene activo e intensificado el Plan Especial de Vigilancia en Cáceres, un programa implantado tras los episodios de legionelosis sufridos en la ciudad en 2016, 2022 y 2023. Este dispositivo refuerza el control ambiental e incluye la revisión exhaustiva de instalaciones susceptibles de generar aerosoles, como torres de refrigeración, redes de distribución de agua o fuentes ornamentales, así como la toma de muestras y el rastreo epidemiológico. Por el momento, la Junta de Extremadura reconoce que no se ha establecido ninguna vinculación concluyente entre los afectados, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

El repunte registrado en la semana 42 sitúa la incidencia semanal de la región en 1,14 casos por cada 100.000 habitantes, con disparidades territoriales muy acusadas: el área de Cáceres alcanza una tasa de 4,28 y Coria de 2,47, ambas muy por encima de la media regional. La cifra global de 12 casos contrasta con el único contagio registrado en la misma semana del año anterior y supera la media histórica de los últimos cinco años para estas fechas (0,72 casos).

Con esta última actualización, Cáceres encabeza el acumulado anual de 2026 en Extremadura con 19 diagnósticos. Le siguen Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata con seis casos cada una, Plasencia con cinco, Mérida con cuatro, Llerena-Zafra con dos y Coria con un único positivo en lo que va de ejercicio.

La brecha entre la urgencia de los cuidados y la lentitud de la administración vuelve a dejar un balance trágico en Extremadura. Un total de 1.131 personas murieron atrapadas en la burocracia de la Ley de Dependencia durante los nueve primeros meses de 2026, según refleja el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia.

El dato más sangrante de este balance recae sobre la fase inicial del procedimiento: de la cifra total de fallecidos, 485 extremeños murieron sin haber llegado a recibir siquiera la valoración técnica de su grado de dependencia. Los 646 restantes fallecieron con el expediente ya resuelto y el derecho reconocido, pero a la espera de que se materializase la prestación o el servicio correspondiente.

Con estos registros, Extremadura se sitúa como la quinta comunidad autónoma de España con mayor número de fallecimientos en lista de espera en lo que va de año.

Un colapso administrativo que supera los plazos legales

A cierre del tercer trimestre, el 'limbo' de la dependencia en la región alcanza a 8.134 personas, quienes aguardan desde que registraron su solicitud hasta la efectividad de la ayuda. Esto supone que el 13,1% de los solicitantes extremeños permanece pendiente de algún trámite, una cifra sensiblemente superior a la media nacional, fijada en el 9,8%.

Aunque la lista de espera global se redujo un 3,4% en la comunidad entre enero y septiembre, el ritmo de tramitación regional se queda a más de cinco puntos del promedio español, donde el recorte fue del 8,3%.

La legislación estatal fija en seis meses (180 días) el plazo máximo para tramitar y resolver las solicitudes. Sin embargo, el tiempo medio de espera en Extremadura ha ascendido a 277 días, lo que representa 13 días más que a comienzos de año. Mientras el conjunto de España ha logrado acortar sus plazos de tramitación en 48 días en lo que va de 2026, en el sistema autonómico los tiempos de tramitación continúan al alza.

Lejos de las autonomías cumplidoras

Los datos del Observatorio sitúan a Extremadura lejos de las seis comunidades autónomas que logran resolver los expedientes dentro del margen legal de 180 días: Aragón (109 días de demora media), Castilla y León (120), País Vasco (130), La Rioja (130), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (169).

Esta dilatación en los trámites sigue obligando a cientos de familias extremeñas a asumir de manera privada o con recursos propios los costes y cuidados de sus familiares vulnerables, en muchos casos sin que la ayuda pública llegue a tiempo.

¿Y si reconocer una imagen en la pantalla no fuera lo mismo que comprenderla? En un ecosistema digital saturado de estímulos donde los contenidos circulan a velocidad de vértigo, detenerse a observar se ha convertido en una forma de resistencia y pensamiento crítico. Bajo esta premisa arranca ‘ERROR 422’, la nueva propuesta expositiva de la artista cacerense Beatriz Castela, que se exhibe en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres hasta el próximo 21 de noviembre.

El título de la muestra toma prestado un código del lenguaje informático: aquel que señala una petición web cuya estructura es reconocida por el sistema, pero cuyo contenido resulta imposible de procesar. Castela traslada este concepto técnico al terreno de la percepción humana para poner en duda la relación que mantenemos con el flujo constante de imágenes que consumimos a diario.

“He querido trabajar sobre cómo procesamos hoy las imágenes o cómo las entendemos en un universo tan tecnológico como al que nos estamos enfrentando”, explicaba la autora durante la presentación de la muestra. A través de la pintura, el dibujo, la escultura y diversas instalaciones, la exposición explora las fronteras entre lo intangible y lo físico, cuestionando si lo que percibimos a través de una pantalla es fruto de un automatismo algorítmico o de un trabajo manual detallado.

Un freno al consumo automático de pantallas

Durante la inauguración, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, subrayó el valor del arte como herramienta para desarticular los discursos automáticos y fomentar la reflexión en la sociedad actual: “En momentos tan complicados debemos pararnos más a observar y no solo mirar; pararnos a analizar. Esta exposición ayuda a salir de la zona de confort con preguntas sobre el mundo que nos rodea”.

El trabajo de Castela invita al espectador a confrontar la apariencia de las obras. En un diálogo entre lo efímero y lo perdurable, la creadora demuestra que la mirada contemporánea a menudo confunde la superficie con el proceso, cayendo en la trampa de dar por entendida una realidad solo por el hecho de haberla visto repetida en un dispositivo.

Trayectoria investigadora y docente

Beatriz Castela (Cáceres, 1985) es artista visual, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y docente en esta misma institución, donde investiga en el Instituto de Arte y Tecnología de la Animación (ATA). Su obra, volcada en analizar la relación entre el espectador y la virtualidad, ha formado parte de las colecciones de centros de referencia como el MEIAC de Badajoz, el Museo Vostell Malpartida o el Museo de Cáceres, además de haber sido expuesta en países como Portugal, Colombia, Cuba o Corea del Sur.

La exposición ‘ERROR 422’, impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres, permanecerá abierta al público en la Sala de Arte El Brocense (calle San Antón, 17) hasta el 21 de noviembre de 2026. La entrada es libre y gratuita.

El proyecto 'Ópera Joven' de la Diputación de Badajoz inicia un nuevo capítulo en su trayectoria de impulso a la lírica, la formación artística y el talento de la región. La institución provincial se encuentra en la fase final del proceso de adjudicación para contratar la producción integral de La verbena de la Paloma, cuya representación está prevista para marzo de 2027 y que vendrá precedida por un completo programa de actividades divulgativas que arrancará a finales de este 2026.

La licitación, lanzada por un importe de 284.592 euros, cubre de forma integral todos los aspectos del montaje: desde los espacios de ensayo, el elenco de solistas y músicos, hasta la escenografía, el vestuario, la caracterización y la dirección técnica. En el proceso de adjudicación se vuelve a apreciar un creciente interés de las empresas del sector cultural extremeño, reforzando la vertebración de la industria creativa local.

Una 'Verbena' con sello pacense y mirada actual

La icónica obra con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega se incorpora al repertorio del programa para tender un puente entre el género clásico y las nuevas generaciones de intérpretes. Para llevarla a escena, la producción prevé un elenco de entre 20 y 25 artistas y una plantilla orquestal conformada por entre 35 y 40 egresados de los conservatorios dependientes del Área de Identidad Cultural de la Diputación de Badajoz, junto al Coro de Cámara de Extremadura.

Los ensayos se desarrollarán en la Sala Off Cultura y la escenografía apostará por una seña de identidad propia: recreará un entorno inspirado en el casco antiguo de Badajoz, integrando el paisaje urbano de la capital pacense en la estética visual de la función.

En la parte técnica y artística se mantendrá la colaboración con profesionales veteranos de la iniciativa, como la directora escénica Cristina D. Silveira. Desde la Diputación destacan que esta continuidad fortalece el tejido profesional local y aprovecha el conocimiento acumulado en las ediciones anteriores.

Una trayectoria consolidada desde 2019

Desde su estreno en noviembre de 2019 con L’elisir d’amore, Ópera Joven ha evolucionado tras superar el parón de la pandemia en 2020. Títulos como El gato con botas (2021), Gianni Schicchi (2022) o La paz perpetua (2023) sentaron las bases de un formato que en 2024 alcanzó su mayor cota de extensión al llevar dos grandes producciones (Carmen y Amahl y los visitantes nocturnos) a 14 localidades extremeñas.

Más allá del fuste escénico, la vertiente pedagógica sigue siendo el eje diferencial del proyecto. De cara al tramo final de 2026, la programación recuperará las charlas musicológicas, conferencias-concierto, viajes didácticos y pases generales abiertos a estudiantes de conservatorio.

Asimismo, la producción implicará a alumnado de formación profesional y bachillerato artístico en tareas prácticas de caracterización, peluquería o diseño escénico, visibilizando las distintas salidas laborales de las artes vivas.

A esta red formativa se suma el programa Ópera Rural, coordinado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y financiado por la institución provincial, orientado a descentralizar la oferta cultural y llevar la música lírica a las zonas rurales.

El modelo organizativo de Ópera Joven, que aúna proyección escénica, formación y arraigo territorial, fue ideado en sus primeras etapas por David Azagra desde la coordinación de conservatorios y la Oficina de Artes Escénicas. En la actualidad, la dirección del proyecto está al frente de Miguel Calderón, quien asume el reto de consolidar el programa y dar continuidad a una red en la que participan músicos, conservatorios, centros educativos y municipios de toda la provincia.

Que esta campaña electoral va a ser despiadada y va a estar plagada de insultos, descalificaciones, bulos y desinformación es algo más que evidente. Si en esta legislatura hemos normalizado el insulto, acuérdense del «me gusta la fruta» y de los cánticos que la muchachada ultra dedica al presidente del Gobierno como si de un himno de fútbol se tratara, no quiero ni imaginar hasta dónde podemos llegar en campaña electoral.

Esta semana, sin ir más lejos, una servidora ha sido víctima y protagonista de un vídeo del PP extremeño que la señora Guardiola ha tenido la gentileza de compartir. En él se manipulaban mis palabras para hacer creer que insultaba a la presidenta e incluso que la menospreciaba por maquillarse. Esto último tiene su gracia, porque parece que quien escribe no se acicala cada mañana antes de salir de casa.

Qué piel más fina tienen algunas. Ese mismo día tuvimos que escuchar a un diputado del PP decir que las diputadas del PSOE están “calladas como puertas”. No sé ustedes, pero yo esa frase hecha me la sé con otro final. Ahí tienen la doble vara de medir y el grado de degradación al que está llegando el PP, mientras a mí me acusan de insultar con un vídeo manipulado, ellos insultan sin ningún rubor y a pleno pulmón.

Pero no quería escribir hoy sobre la zafiedad ni sobre el lodazal de bulos en el que se está convirtiendo la política. Porque creo que la señora Guardiola difundió ese vídeo para realmente tapar y no contestar a la pregunta que le estaba haciendo con una denuncia muy concreta. 

Le pregunté si las pensiones extremeñas están garantizadas con el sistema actual. Su respuesta fue salirse por peteneras. Y no es una cuestión sobre la que se pueda responder con evasivas, especialmente después de que algunos de sus compañeros de filas hayan cuestionado el sistema y de que sus explicaciones hayan dejado la sensación de que el PP tiene un plan que prefiere no desvelar antes de las elecciones por miedo a que le pase factura en las urnas.

Quienes sí hablan abiertamente de lo que quieren son sus compañeros de pupitre, los señores de Vox, que reconocen sin pudor su intención de privatizar las pensiones y ponen como ejemplo sistemas como el suizo. El problema es que no somos Suiza. Ni nuestros salarios ni nuestra capacidad de ahorro se parecen a los de ese país. Y mucho menos los de una comunidad como Extremadura, que se encuentra entre las que tienen los salarios más bajos.

No escucharán a ningún diputado o diputada de Vox en Extremadura reconocer que un modelo basado en la capitalización individual puede dejar desprotegidas a miles de personas que no han podido ahorrar lo suficiente durante su vida laboral. En una tierra con salarios bajos y empleos precarios, eso supone condenar a muchas personas a la pobreza en la última etapa de sus vidas. Pero reconocer que las decisiones políticas pueden ser injustas con nuestro territorio no parece estar muy de moda.

Quizá por eso ha tenido tan buena acogida la rueda de prensa en la que las portavoces de Unidas por Extremadura explicamos por qué no habrá una papeleta de unidad en nuestra comunidad. Pero esa es otra historia y dará para otro artículo.

Volvamos a lo importante. Mi denuncia a la señora Guardiola era muy concreta: la Junta tiene competencias para mejorar las pensiones no contributivas más bajas mediante un complemento autonómico y ese complemento es hoy una auténtica miseria. Ante la subida de los precios de la cesta de la compra y de los carburantes, la gran respuesta de la presidenta para ayudar a quienes menos cobran ha sido subirlo cinco euros al año. Sí, han leído bien, cinco euros al año. Un céntimo y pico al día.

A mí me parece indigno y humillante. Y todavía más cuando sabemos que alrededor del 80% de quienes perciben estas pensiones son mujeres.

Ahí está la verdadera cuestión. La señora Guardiola habla mucho de feminismo y le encanta engalanarse para acudir a actos donde se premia a mujeres que han conseguido romper techos de cristal. Pero se olvida sistemáticamente de las que siguen atrapadas en los suelos pegajosos de la precariedad y la pobreza.

Lo vemos en sectores profundamente feminizados, como las técnicas de educación infantil o las limpiadoras de los hospitales y centros públicos. Y lo vemos también en las mujeres mayores que sobreviven con pensiones no contributivas. Mujeres que han trabajado dentro y fuera de sus hogares, que han sostenido familias y comunidades y que hoy tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.

Son ellas las que quedan fuera de ese feminismo de escaparate. Las mismas a las que una presidenta que se proclama feminista ofrece cinco euros más al año mientras abre de par en par las puertas del Gobierno a quienes llevan el machismo por bandera. Las mismas mujeres a las que se falta al respeto desde su propio partido, con diputados que se permiten gritar a otras representantes públicas que están “calladas como puertas”.

Como ven, la hipocresía no entiende de límites, se manipulan mis palabras para fingir una ofensa mientras se toleran insultos reales, se presume de feminismo mientras se condena a las mujeres más vulnerables a seguir viviendo en la precariedad y se evita responder a preguntas incómodas mientras se intenta que la polémica ocupe todo el espacio.

Si ya teníamos mentiras, cinismo, hipocresía y zafiedad, no sé qué nos deparará esta campaña electoral. Lo que sí parece claro es que el nivel no va a subir.

Y mientras unos se dedican a fabricar vídeos y a repartir insultos, hay mujeres en Extremadura que tienen que decidir si este mes pueden llenar la nevera o pagar la factura de la luz. A ellas no se las ayuda con propaganda, ni con cinco euros al año, ni con discursos de feminismo de escaparate.

A esas mujeres es a quienes debería responder la señora Guardiola. Y no con un vídeo, sino con hechos.

Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la comunidad autonómica registraron un fuerte repunte de la actividad penal durante el segundo trimestre del año. Según los datos oficiales del informe trimestral elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las denuncias por violencia machista en Extremadura se dispararon un 27,9% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un total de 1.019 procedimientos iniciados.

El balance judicial revela que los órganos judiciales extremeños atendieron en este periodo a un total de 834 mujeres víctimas de violencia de género, lo que representa un incremento del 11,3% respecto a las 750 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Del conjunto de víctimas registradas en la región, 748 tenían nacionalidad española y 67 eran ciudadanas extranjeras, sin que se haya contabilizado ninguna víctima menor de edad en este tramo del año. La tasa autonómica se sitúa en 15,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, un indicador que, pese a subir ocho décimas respecto al año pasado, se mantiene por debajo de la media nacional, fijada en 20 víctimas.

A pesar del notable incremento en las denuncias tramitadas, el informe refleja una preocupante caída en las medidas cautelares de protección. Las secciones judiciales con competencia en violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia de la región registraron un total de 164 solicitudes de órdenes de protección, cifra que supone un desplome del 26% en comparación con el segundo trimestre de 2025. De esas solicitudes presentadas por las víctimas o por la Fiscalía, los jueces acordaron finalmente 58 órdenes, lo que equivale al 64,6% de las peticiones analizadas.

El análisis de la actividad procesal muestra asimismo un marcado aumento en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar contra su agresor. Un total de 67 víctimas decidieron no prestar declaración ante el juez, más del triple de las 21 que recurrieron a este derecho en el mismo trimestre del año pasado. En el ámbito penal, los juzgados dictaron 231 sentencias en la región, de las cuales 220 resultaron condenatorias (un 95,2% de efectividad punitiva) y 11 fueron absolutorias, mientras que la sección de menores de los Tribunales de Instancia enjuició a un único menor por delitos machistas, frente a los ocho juzgados un año antes.

A nivel estatal, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación ante el incremento generalizado de los casos en toda España, donde las denuncias han crecido cerca de un 10%. Rojo ha hecho un llamamiento directo a todas las administraciones públicas y formaciones políticas para evitar retrocesos, reforzar los recursos humanos y materiales en la administración de justicia y mantener la alerta social en el entorno familiar, laboral y educativo para denunciar a tiempo y salvar vidas.

La alquería hurdana de Mesegal, perteneciente al municipio cacereño de Pinofranqueado, se convertirá el próximo 31 de octubre en el epicentro de la etnografía extremeña con la celebración conjunta de la Chicharrona y la Carvochá. Se trata de dos curiosos y antiquísimos rituales vinculados históricamente al inicio de las matanzas caseras y al culto a las ánimas, los cuales han sido rescatados y unificados para preservar el patrimonio cultural inmaterial de la comarca de Las Hurdes.

Originalmente, la festividad de la Chicharrona se conmemoraba en torno al día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre, mientras que la Carvochá, el tradicional asado comunal de castañas, ha permanecido ligada a la víspera de Todos los Santos. Hace unos años, la comunidad local decidió fusionar ambas costumbres a iniciativa del investigador y coordinador de la Corrobra Folklórica y Etnográfica Estampas Jurdanas, Félix Barroso, logrando consolidar una jornada festiva que vuelve a convocar este sábado a vecinos y visitantes en Mesegal, según ha destacado el Ayuntamiento de Pinofranqueado.

El trasfondo de esta celebración hunde sus raíces en la mitología popular hurdana, que atribuye a la Chicharrona la figura legendaria de una mujer de larga cabellera rubia ataviada exclusivamente con pieles de cabra. Según la tradición oral, este personaje bajaba desde los cumbres montañosas hasta los caseríos para otorgar a los vecinos la licencia simbólica con la que comenzar la matanza del cerdo, coincidiendo con la llegada de los primeros vientos fríos y secos de la temporada.

En los relatos antiguos, la juventud salía a las afueras de las alquerías a primera hora de la mañana para recibir a la Chicharrona entre muestras de alborozo. La jornada transcurría entre hogueras donde se asaban chorizos, patatas, higos pasos y las primeras castañas del otoño. La devoción popular por esta figura ha quedado plasmada en versos tradicionales que se entonan durante los festejos, entre los que destaca la copla que proclama que “de entre la nieve branca abaja la Chicharrona; licencia trae pa matar el cebón y la cebona”.

Fieles a la indumentaria y costumbres de sus antepasados, los hombres acudirán a la cita ataviados con sus sombreros, chalecos y chambras portando instrumentos tradicionales, mientras que las mujeres lucirán los pañuelos de cabeza y mantones al hombro para recorrer las calles de Mesegal en el habitual pasacalle festivo.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha salido al paso de los rechazos en bloque anunciados por la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado de “enmiendas a la desesperada” las peticiones de devolución registradas esta semana por el PSOE y Unidas por Extremadura, asegurando que el proyecto elaborado por el Ejecutivo de María Guardiola permite a la ciudadanía “pagar menos y recibir más” a través de un modelo fiscal expansivo y social.

Ante las duras críticas vertidas por la izquierda, que tildó las cuentas de “propaganda, fracaso y subordinación a los poderosos”, la formación popular defiende que el proyecto presupuestario demuestra que “se pueden bajar los impuestos a todos los extremeños y fortalecer los servicios públicos”. Según Sánchez Juliá, el documento para 2027 consolida un esquema basado en el crecimiento económico, la justicia fiscal y el blindaje de la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, lo que a su juicio deja a las formaciones de la oposición totalmente “en fuera de juego” y carentes de un proyecto alternativo real para la región.

En el plano tributario, la portavocía del PP ha subrayado que Extremadura cuenta en la actualidad con el tramo autonómico del IRPF “más bajo de toda España”, reivindicando las deducciones fijadas para jóvenes, familias y acceso a la vivienda, así como los beneficios fiscales específicos para personas afectadas por la talidomida y la polio. Sánchez Juliá ha aseverado que “por primera vez, Extremadura cuenta con un gobierno que utiliza la política fiscal como una herramienta de justicia social”, al tiempo que ha cuestionado si la oposición tilda también de “inútiles o propaganda” las medidas orientadas al colectivo de autónomos y a la ampliación de coberturas públicas.

El portavoz parlamentario ha cargado de forma específica contra los escritos presentados por ambos grupos progresistas de cara al pleno de la próxima semana. Sobre la enmienda del PSOE, Sánchez Juliá la ha tildado de “prácticamente un corta y pega” de la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas al presupuesto del ejercicio anterior, mientras que ha afeado a Unidas por Extremadura estar instalada en una dinámica “del no por el no” frente a cualquier proyecto de desarrollo.

“Frente a la Extremadura del crecimiento, de la justicia económica, de la justicia social y de la justicia fiscal que ofrece María Guardiola, encontramos a una oposición que lo único que ofrece es un portazo a todos los extremeños”, ha dicho Sánchez Juliá.

El choque de modelos se resolverá el próximo miércoles 28 de octubre en el pleno de la Asamblea regional, donde PP y Vox harán valer su mayoría absoluta para rechazar ambas enmiendas a la totalidad y continuar con la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas.

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2027. La formación autonómica considera que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de María Guardiola suponen una senda de «propaganda y fracaso» sustentada en un ideario “neoliberal” mediante medidas tributarias que, según denuncian, “no resuelven ni de lejos” los problemas estructurales de la región en materia de vivienda, empleo y servicios sociales.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha tachado de “insulto” la decisión del Ejecutivo regional de “regalar” unos 28 millones de euros en beneficios fiscales a las compañías eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz. El parlamentario ha recordado que estas multinacionales ganan miles de millones de euros al año mientras aportan “una milésima parte de sus beneficios” en Extremadura, calificando la política fiscal de la Junta como una clara “subordinación a los poderosos”.

Desde la formación señalan que los que consideran los cuartos presupuestos de la derecha en el actual ciclo político presentan un crecimiento “insuficiente” al situarse por debajo de la subida interanual del IPC. Asimismo, sostienen que la mayor disponibilidad de fondos no responde a un impacto positivo de las políticas públicas autonómicas, sino a las mayores entregas a cuenta estatales, la llegada de transferencias de la Unión Europea y el recurso al endeudamiento público.

En su desglose por partidas, González Frutos ha ironizado sobre el grado de compromiso del Gobierno regional con el acceso a la vivienda —catalogado por el grupo como el principal problema social de la ciudadanía— al consignar un raquítico aumento del 0,8% en sus fondos específicos, algo que “indica lo que le preocupa este problema al Gobierno”. De igual forma, el grupo ha criticado que, pese al incremento global del 3,2% en la consejería de Sanidad, la inversión en atención primaria crece “únicamente” un 1,8%, manteniéndose aún “lejos” del compromiso del 25% del gasto sanitario total reivindicado por los profesionales del sector.

El grupo parlamentario ha censurado además lo que considera “un mensaje autoritario y disciplinario” tras aplicar un recorte del 48,6% en la financiación destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura. Según González Frutos, este tijeretazo traslada el aviso de que “aquel que no sea afín y un poco crítico ya sabe el futuro que tiene”, dando continuidad a las reducciones presupuestarias ya aplicadas en ejercicios anteriores sobre las subvenciones a organizaciones sindicales y a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Unidas por Extremadura formaliza su rechazo global proponiendo en su escrito una batería alternativa de diez ejes de actuación centrados en la reforma fiscal progresiva, el blindaje de la sanidad y la educación pública, el apoyo a pymes, autónomos y el campo, la equiparación salarial del personal público, el refuerzo de la atención a la dependencia y la protección social, y una adecuada financiación municipal. El diputado ha sentenciado que las cuentas del Ejecutivo regional no se pueden arreglar con enmiendas parciales porque «no están a la altura de los dolores de nuestra tierra».

El debate plenario de las dos enmiendas a la totalidad registradas contra los presupuestos de 2027 —presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE— tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre en la Asamblea regional, donde los partidos que sustentan al Gobierno, PP y Vox, harán valer su mayoría absoluta para superar el primer trámite parlamentario.

PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.

El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés

Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.

Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.

La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.

Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”

El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.

Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.

“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.

El Ayuntamiento de Plasencia llevará al pleno municipal del próximo mes de noviembre una moción de rechazo al proyecto de la macroplanta de biometano planificada en el término municipal. La decisión se ha formalizado tras el compromiso alcanzado por el alcalde, David Dóniga, durante una reunión mantenida con representantes de la plataforma ciudadana constituida contra la instalación de esta infraestructura.

En el transcurso del encuentro, el colectivo vecinal trasladó al regidor una batería de alegaciones y diversa documentación técnica referente a acuerdos y decisiones preventivas adoptadas por otros ayuntamientos y comunidades autónomas. La plataforma asegura haber registrado ya más de 2.500 firmas de apoyo junto con sus alegaciones, elevando a cerca de 10.000 el número de personas que respaldan formalmente el rechazo al proyecto en el entorno local.

Durante la reunión también se planteó la necesidad urgente de redactar un plan estratégico de biometano para Extremadura y aplicar una moratoria cautelar sobre la tramitación de este tipo de instalaciones industriales en tanto en cuanto no exista dicho marco regulador. En este sentido, el colectivo reclama que la planificación regional cuente con la participación directa de ayuntamientos, plataformas ciudadanas, sectores profesionales, grupos de acción local y actividades económicas clave para la zona, como el sector turístico.

Desde la plataforma aclararon que su postura no es de oposición frontal a la tecnología de las energías renovables ni al aprovechamiento de residuos, diferenciando el modelo a escala del industrial. El colectivo subraya que no se opone a pequeñas plantas de biogás orientadas al consumo local o ubicadas en las inmediaciones de los puntos de generación de residuos, pero rechaza de forma tajante la proliferación de macroinstalaciones levantadas en zonas sin suficiente materia prima cercana, próximas a núcleos urbanos y sin una ordenación específica previa por parte de la Junta de Extremadura.

De forma paralela, la entidad ha solicitado una reunión formal con la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, a quien ha remitido una carta formalizando sus demandas de ordenación y suspensión temporal de licencias. El colectivo ha denunciado públicamente que continúa a la espera de respuesta sobre las alegaciones registradas formalmente ante el Ejecutivo regional desde la segunda quincena del pasado mes de julio.

Para reforzar la respuesta social en el entorno rural, la plataforma de Plasencia ha anunciado la articulación de una alianza estratégica con otros tres colectivos ciudadanos del norte de la provincia procedentes de Oliva de Plasencia, Carcaboso y la comarca de Ambroz-Trasierra. La alianza permitirá coordinar iniciativas y acciones conjuntas para frenar la proliferación de macroproyectos de biogás proyectados en la zona.

Cáceres pone el broche este viernes a una formación pionera y de alta demanda orientada a impulsar la participación de la mujer en un sector tradicionalmente masculinizado como es la construcción. Un grupo de 18 participantes ha concluido el curso presencial de construcción de bóvedas de ladrillo, una iniciativa desarrollada a lo largo de esta semana, que busca rescatar un valioso legado artesanal para aplicarlo a la edificación contemporánea dentro de la Eurorregión EUROACE.

El gran interés suscitado por la convocatoria se tradujo en más de ochenta solicitudes para las dieciséis plazas iniciales, lo que obligó a la organización a ampliar el cupo final hasta las dieciocho alumnas.

Las sesiones presenciales se han prolongado durante 30 horas repartidas en cinco días entre el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación y la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. La enseñanza ha combinado el rigor teórico con una intensa carga práctica en la que las alumnas han trabajado directamente al aire libre, levantando arcos y estructuras en miniatura de tipo gausa con unos 140 ladrillos, reproduciendo los saberes empleados históricamente por los maestros albañiles de Extremadura y Portugal.

El programa ha estado dirigido por expertos y formadores como Máximo Portal, Manuel Fortea y José Carlos Salcedo, e incluyó visitas guiadas a distintos edificios patrimoniales de Cáceres para examinar sobre el terreno ejemplos reales de esta arquitectura popular, además de jornadas abiertas a la participación ciudadana.

Entre las asistentes figuran perfiles muy diversos que reflejan el atractivo transversal de la iniciativa, desde profesionales de la albañilería con empresa propia enfocada en la rehabilitación rural hasta arquitectas procedentes de otros países.

Desde la organización, impulsada por la fundadora de la empresa de impacto social Ella Construye, Laura Vaquero, se subraya la necesidad de dotar a las mujeres de competencias prácticas que rara vez se enseñan en las aulas convencionales, contribuyendo a recortar la brecha de género en un ámbito donde apenas un uno por ciento de los profesionales dedicados a la albañilería son mujeres.

El propósito central de este itinerario formativo reside en recuperar y preservar el conocimiento de la bóveda tabicada para evitar su desaparición, ofreciendo nuevas vías para la conservación patrimonial y la descarbonización del sector. Tal como señalan desde el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, entidad que coordina el proyecto, el uso de técnicas tradicionales con yeso de fraguado rápido y materiales locales reduce notablemente la huella de carbono embebida frente a los forjados convencionales de hormigón, aunando sostenibilidad y eficiencia energética.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades del proyecto transfronterizo FEENERT, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y del Convenio EDEA CICE, y ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y PYMECON.

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cáceres a un hombre de 44 años tras protagonizar una peligrosa huida por la autovía A-5 en la que embistió de forma violenta a dos vehículos oficiales del cuerpo y a otro turismo particular. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre, jornada en la que el arrestado acababa de abandonar las dependencias judiciales de la capital cacereña. Había acudido a los juzgados por su presunta implicación inicial en el hurto de un vehículo en la ciudad, pero, tras las medidas judiciales acordadas, presuntamente optó por sustraer otro turismo que se encontraba aparcado en la vía pública.

En cuanto la Guardia Civil tuvo constancia de este segundo robo, la Central 062 activó un dispositivo de coordinación para localizar e interceptar tanto el automóvil como a su conductor, transmitiendo toda la información en tiempo real a las distintas patrullas en servicio. Lejos de acatar las órdenes de alto de los agentes, el sospechoso aceleró la marcha e inició una huida caracterizada por una conducción calificada de extremadamente peligrosa. En el tramo final de la persecución, el conductor no dudó en embestir directamente a los dos coches patrulla y al vehículo particular, provocando importantes daños materiales, aunque sin dejar daños personales.

Gracias al seguimiento coordinado a través de varias vías de comunicación y al cierre operativo establecido por los agentes, el turismo fue interceptado de manera definitiva a la altura del municipio cacereño de Almaraz, concretamente en la autovía A-5 en sentido Madrid. La intervención policial puso fin a una huida que supuso un riesgo muy elevado tanto para la seguridad vial como para el resto de usuarios.

Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria y desobediencia grave a agentes de la autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que puedan derivarse de los daños ocasionados durante su escapada.

El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente en el municipio de Navalmoral de la Mata para la continuación de las diligencias oportunas.

Cuando las luces se apagan en el Teatro López de Ayala y la orquesta interpreta los primeros compases, el público asiste al desenlace de una historia que comenzó muchos meses antes. Detrás de cada función hay ensayos, talleres, viajes, escenografías que se levantan pieza a pieza y decenas de profesionales trabajando lejos de los focos. También hay escolares que han conocido la ópera en sus aulas antes de escucharla sobre un escenario, estudiantes que descubren oficios vinculados a las artes escénicas y autobuses que parten desde pequeñas localidades extremeñas rumbo al Teatro Real de Madrid. Porque lo que sucede cuando se abre el telón no es únicamente una representación lírica: es el resultado visible de un proyecto que acaba de cerrar una etapa decisiva y se prepara para comenzar otra.

Detrás de cada función de Ópera Joven hay mucho más que un espectáculo. Hay una iniciativa cultural que ha demostrado que la ópera no pertenece a las grandes ciudades ni a las élites culturales, sino que puede formar parte de la vida cotidiana de cualquier territorio. Ahora, tras consolidar una estructura propia de producción, formación y mediación cultural, el programa encara una nueva fase marcada por la continuidad de un modelo que ha logrado acercar la lírica a miles de extremeños.

Se quería demostrar que la ópera no está reservada a las clases eruditas, ni porque sea difícil ni porque quienes viven en el entorno rural tengan menos capacidad para producirla o comprenderla. Esa convicción, que acompañó el nacimiento del programa, resume mejor que ninguna otra el sentido de una iniciativa que acabaría transformando el panorama lírico extremeño. Y en pocos lugares esa idea parecía tan improbable como en Extremadura.

Durante décadas, la ópera fue percibida como una manifestación artística distante. Asociada a grandes capitales, a teatros históricos y a públicos especializados, parecía vivir en un universo paralelo al de las pequeñas ciudades y los pueblos. Cuando nació Ópera Joven, Extremadura carecía de una programación operística estable, de una estructura de producción propia y de una tradición continuada de formación de públicos. La iniciativa llegó para crear un ecosistema que nunca existió.

Precisamente contra esa convicción nació en 2019 Ópera Joven, impulsado por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. No para importar espectáculos de manera puntual ni para programar una sucesión de funciones aisladas, sino para construir desde cero una red de producción artística, formación y participación cultural. Una red que hoy afronta una nueva etapa tras haber demostrado que era posible producir ópera desde Extremadura.

La ópera como derecho cultural

La historia de Ópera Joven es también la historia de una pregunta incómoda: ¿por qué determinadas expresiones artísticas siguen considerándose patrimonio de unos pocos?

La iniciativa nació precisamente para combatir esa frontera invisible. Quería demostrar que la dificultad atribuida a la ópera tiene más que ver con la falta de oportunidades para conocerla que con una supuesta incapacidad de los públicos para comprenderla. Que el entorno rural no posee menos sensibilidad ni menos capacidad de creación que los grandes centros urbanos. Y que un vecino de cualquier localidad pacense puede emocionarse ante una aria de Donizetti o una partitura de Bizet exactamente igual que un espectador de Milán, Madrid o Viena.

Ese planteamiento ha atravesado todas las ediciones del programa. Porque Ópera Joven nunca se limitó a representar títulos. Su objetivo fue construir una relación duradera entre la ciudadanía y la cultura. De ahí que sus funciones formen parte de una estrategia más amplia donde conviven la creación artística, la mediación educativa y la cohesión territorial.

Cuando la lírica echó raíces

La primera piedra de esa aventura se colocó en 2019 con L'elisir d'amore, la célebre comedia romántica de Gaetano Donizetti. Aquella producción inaugural era toda una declaración de principios. No se trataba de contratar un montaje ya terminado, sino de levantar una producción propia desde Extremadura. La obra reunió a intérpretes de prestigio como Berna Perles, Guillén Munguía, Alberto Martínez, Ricardo Llamas y Nuria García, acompañados por la Orquesta Sem Fronteiras, el Coro de Cámara de Extremadura y la Banda de Música de Montijo.

La respuesta del público confirmó que existía un espacio para la lírica que llevaba demasiado tiempo esperando ser ocupado. Los estrenos en Badajoz registraron una acogida extraordinaria y dejaron una sensación que se repetiría en los años siguientes: la ópera no era un cuerpo extraño en Extremadura. Simplemente, había estado ausente hasta ese momento.

Aquella primera producción sembró una semilla cuyo crecimiento nadie podía prever entonces.

Crear espectadores antes que consumidores

Uno de los mayores aciertos de Ópera Joven ha sido comprender que un proyecto cultural de largo recorrido no puede depender únicamente de la programación artística. Necesita formar públicos. Por eso, desde sus inicios, la vertiente pedagógica ha ocupado un lugar central. Talleres, encuentros, actividades divulgativas, conferencias-concierto y acciones de mediación han acercado la lírica a miles de estudiantes extremeños. La ópera entró así en las aulas mucho antes de llegar a los escenarios.

El alumnado pudo conocer cómo funciona una producción, acercarse a los intérpretes, descubrir el lenguaje de la escena y comprender una disciplina que durante mucho tiempo había permanecido fuera de los circuitos educativos habituales.

Algunos de esos jóvenes asistieron después a representaciones en directo. Otros viajaron al Teatro Real de Madrid en actividades organizadas por el proyecto, una experiencia que para muchos supuso no solo el descubrimiento de la ópera, sino también el acceso por primera vez a uno de los grandes templos culturales europeos. La formación de espectadores dejó de ser un objetivo secundario para convertirse en una auténtica política cultural.

Un gato para abrir las puertas

Tras la pandemia, el programa regresó en 2021 con una decisión inteligente y profundamente coherente con su filosofía: El gato con botas, de Xavier Montsalvatge.

La elección hablaba por sí sola. Frente a la imagen solemne y distante que suele acompañar a la ópera, la propuesta apostaba por la fantasía, el humor y la accesibilidad. Dirigida musicalmente por Enrico Pagano y escénicamente por Cristina Silveira, la producción reunió a Yeraldín León, Gabriel Alonso, Tiago Matos, Mar Morán y Manuel Torrado en una propuesta especialmente pensada para conectar con familias y públicos jóvenes. Aquella apuesta confirmó que la renovación generacional era posible. No había que rebajar la exigencia artística para atraer nuevos espectadores. Bastaba con ofrecerles una puerta de entrada.

Una provincia como escenario

Sin embargo, la auténtica singularidad de Ópera Joven no reside únicamente en los espectáculos producidos, sino en su vocación itinerante. Mientras gran parte de la actividad cultural continúa concentrándose en las capitales, el programa asumió la provincia como espacio natural de exhibición y llevó la lírica a municipios donde jamás había existido una programación operística estable. Así, la ópera abandonó los circuitos tradicionales para instalarse en teatros municipales, auditorios y espacios culturales repartidos por toda la geografía pacense. En cierto modo, la provincia entera se convirtió en escenario. Era la cultura la que viajaba hasta los espectadores, guiada por una convicción sencilla, la de que el acceso a la excelencia artística no debe depender del código postal.

Cruzar la Raya

Ese compromiso territorial encontró una expresión especialmente significativa con Gianni Schicchi, la brillante comedia de Puccini inspirada en la Divina Comedia. La producción recorrió diversas localidades extremeñas antes de cruzar la frontera y llegar a Portalegre, fortaleciendo los vínculos culturales de la Raya. La imagen resumía perfectamente el espíritu del proyecto: una ópera creada en Extremadura viajando hasta Portugal para encontrarse con nuevos públicos.

Más allá del valor artístico del espectáculo, había un mensaje implícito. La cultura podía actuar como un espacio compartido entre territorios históricamente unidos por una geografía común.

El valor de arriesgar

Quizá la prueba más evidente de la madurez alcanzada por Ópera Joven llegó cuando decidió mirar no hacia el repertorio heredado, sino hacia la creación viva. En 2023 produjo el estreno absoluto de La Paz Perpetua, una ópera de cámara con música de José Río-Pareja y libreto de Juan Mayorga, una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea española. La elección no era menor. Encargar y estrenar una nueva obra con la firma de Mayorga significaba situar a Extremadura en un espacio poco frecuentado por los circuitos de producción lírica periféricos: el de los territorios que no solo programan ópera, sino que contribuyen a crearla. Esta vez no se trataba de acercar al público una gran obra del pasado, sino de participar en el nacimiento de una nueva obra destinada a formar parte del presente de la lírica.

La obra, dirigida musicalmente por Jordi Francés y escénicamente por Susana Gómez, reunió al Ensemble Sonido Extremo y a solistas como Isabella Gaudí, Christian Gil-Borrelli, Juan Noval-Moro, Toni Marsol y Cristian Díaz. No era una apuesta sencilla. Programar una obra contemporánea implica asumir incertidumbres artísticas, económicas y de recepción. Precisamente por eso resultó tan importante. Porque demostraba que el proyecto ya no aspiraba únicamente a divulgar el repertorio histórico, sino también a formar parte activa del presente de la creación operística.

Una escuela detrás del telón

Toda trayectoria tiene un momento simbólico que permite medir el camino recorrido. Para Ópera Joven ese momento llegó con Carmen. La obra de Bizet supone uno de los mayores desafíos para cualquier compañía. Afrontarla exige recursos humanos, capacidad organizativa y una madurez artística considerable.

La producción dirigida por Pedro Luis López Bellot y Mauricio Sotelo-Romero asumió ese reto desde una estética contemporánea que reflexionaba sobre la libertad, el poder y la posición de la mujer en la sociedad. Al frente del reparto brilló la mezzosoprano ucraniana Olga Syniakova junto a Eduardo Pomares, Alejandro Von Büren, Irene González, Mar Morán, Laura Orueta y Luis Renas Pereira.

Pero, una vez más, lo más revelador sucedía también fuera del escenario.

Alumnos de sastrería, peluquería y caracterización participaron en la producción, incorporándose a un proceso profesional que convirtió la ópera en un espacio de formación y aprendizaje.

La función se transformaba así en algo más que una representación. Era también una escuela.

El efecto multiplicador

Hay otro legado menos visible que las críticas o los aplausos, pero quizás más importante: cuando Ópera Joven comenzó su andadura, la actividad lírica en Extremadura era escasa y dispersa. Cinco años después, la presencia de iniciativas relacionadas con la ópera, la mediación cultural y la formación de nuevos públicos resulta mucho más habitual.

La iniciativa ha actuado como catalizador. Ha generado interés, ha abierto caminos y ha contribuido a que la lírica forme parte de la conversación cultural de la región. Su influencia ya no se mide únicamente en las producciones estrenadas, sino en todo aquello que ha ayudado a poner en movimiento.

Una revolución cultural en voz baja

Durante décadas, la pregunta parecía ser si la ópera tenía cabida en Extremadura. Cinco años después, la cuestión ha cambiado por completo. Las producciones han recorrido la provincia, los teatros se han llenado, miles de estudiantes han descubierto el género a través de las aulas y centenares de jóvenes han conocido desde dentro los oficios que hacen posible un espectáculo lírico. Lo que comenzó como una apuesta cultural se ha convertido en algo más amplio: una demostración de que la excelencia artística no depende de la proximidad a una gran capital, sino de la voluntad de construir proyectos sólidos y sostenidos en el tiempo.

El verdadero legado de Ópera Joven no se mide únicamente en producciones, representaciones o escenarios conquistados. Está también en los públicos que ha contribuido a formar, en los jóvenes que han descubierto nuevas vocaciones y en los municipios que han encontrado en la lírica una forma más de participar en la vida cultural. En ese recorrido, Extremadura ha dejado de ser solo un lugar al que llegan espectáculos para convertirse en un territorio capaz de crearlos, producirlos y proyectarlos.

La próxima producción, La verbena de la Paloma, abre un nuevo capítulo en esa historia. No se trata solo de dar continuidad a un proyecto, sino de seguir ampliando las posibilidades de la ópera desde el territorio, con la ambición artística y la vocación pública que han marcado su trayectoria. Porque el mayor logro de Ópera Joven quizá sea haber demostrado que la distancia respecto a los grandes centros culturales no tiene por qué convertirse en una barrera. Y que, cuando existen voluntad, recursos y continuidad, la cultura no solo llega a los territorios: también puede nacer en ellos.

El voto conjunto de PP y Vox ha tumbado las tres propuestas de impulso presentadas por la oposición de Unidas y PSOE en el pleno de este jueves, dirigidas a impulsar la vivienda, el olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña y el primer ciclo de Educación Infantil.

En materia de vivienda, el PSOE ha reclamado a la Junta de Extremadura que impulse la firma antes de finalizar el año 2026 de un Pacto de Región en esta materia, que trascienda los ciclos electorales, con la participación de los grupos parlamentarios, ayuntamientos y diputaciones, agentes sociales y económicos, organizaciones del sector, Universidad de Extremadura, asociaciones juveniles y de consumidores, entidades sociales y tercer sector.

Elaborar un Mapa Regional de Necesidades de Vivienda, presentar un Decreto-ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda antes de acabar el año, impulsar un Plan Regional de Construcción y Rehabilitación de Vivienda Asequible y movilizar suelo público con el mismo fin son otras de las medidas de la propuesta de impulso socialista, que asimismo plantea la presentación anual ante la Asamblea de Extremadura de un balance público del cumplimiento del pacto y de las políticas de vivienda.

En el ámbito agrario, los socialistas han reclamado una línea específica de ayudas directas al olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña como compensación por la pérdida de rentabilidad y por los servicios ecosistémicos que presta, con un importe mínimo de 300 euros por hectárea, calculado según la metodología de costes evitados desarrollada por la Universidad de Extremadura.

También han pedido elaborar y publicar un nuevo estudio oficial de costes, con la participación de las organizaciones agrarias, de cooperativas agroalimentarias y de la UEx, que sirva de referencia para las inspecciones y para la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, siguiendo el modelo de Castilla y León para la uva, además de impulsar la creación de una Indicación Geográfica Protegida para la aceituna de mesa Manzanilla Cacereña y la aprobación de un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña.

Por su parte, Unidas ha defendido la modificación de la normativa autonómica reguladora del primer ciclo de Educación Infantil para establecer los ratios máximos que demandan las Técnicas de Educación Infantil: de 0 a 1 año una ratio de uno a cuatro, de 1 a 2 años de uno a seis, y de 2 a 3 años de uno a nueve. Además, ha reclamado a la Junta de Extremadura que establezca que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas a efectos del cálculo de ratio en este primer ciclo, con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios y la atención individualizada, así como elaborar y presentar ante la Asamblea de Extremadura, en el plazo de seis meses, un Plan de Implantación Progresiva de las nuevas ratios, con prioridad para los tramos de menor edad por ser los de mayor impacto en el desarrollo infantil.

Tanto PSOE como Unidas han respaldado de forma recíproca estas dos últimas propuestas, con la abstención de Unidas en la de vivienda, pero la mayoría conjunta de voto de PP y Vox las ha tumbado de forma definitiva en la Cámara regional.

Comienzan a ser excepcionales los plenos de la Asamblea de Extremadura que se desarrollan con normalidad. La sesión de este jueves ha vivido de nuevo momentos de bronca y de máxima tensión dialéctica que recuerdan al “me gusta la fruta” de Isabel Díaz Ayuso.

El detonante se ha producido durante el debate de una propuesta de pronunciamiento de Vox relativa a la seguridad y a la situación de los jóvenes en Ceuta. Durante su intervención, el diputado del PP, Hipólito Pacheco, ha arremetido contra el movimiento feminista y los partidos de la bancada de la izquierda al aludir a supuestas agresiones sexuales atribuidas a “invasores” en una tienda de campaña en Ceuta. Pacheco ha criticado lo que considera una respuesta tibia por parte de las formaciones progresistas.

“La mujer violada en una tienda de campaña en Ceuta... Las feministas de izquierda han escuchado ese audio, ¿han dicho algo las feministas de izquierda de la violación de esa mujer en una tienda de campaña por los invasores? No han dicho nada. Ustedes están calladas como puertas, igual que ante el catálogo de prostitutas de Ábalos, calladas como puertas las feministas de izquierda ante las violaciones en Ceuta”, ha dicho. Una expresión que en ese contexto recuerda a otra reconocida por la RAE: “callados como putas”.

El PSOE exige la retirada de las palabras

Ante estas afirmaciones, la portavoz del grupo socialista, Isabel Gil Rosiña, ha solicitado amparo a la Presidencia de la Asamblea para que revisara el reglamento y comprobara el contenido exacto de las declaraciones del diputado del PP.

“Señor vicepresidente (en funciones de presidente), en nombre del Partido Socialista le agradezco que, atendiendo a la aplicación del reglamento de la Cámara, no cele la palabra, porque tenemos una gran responsabilidad los 65 hombres y mujeres que aquí nos sentamos”, ha solicitado Gil Rosiña, que ha denunciado también que los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, vulneran de forma sistemática el respeto a los adversarios políticos.

“El señor que acaba de bajarse de la tribuna ha dicho a las mujeres de esta bancada, a las mujeres socialistas, no sé si al resto de mujeres, que estamos calladas como puertas, y esto es como lo que me gusta la fruta, como las putas de Ábalos. Solicito, señor presidente, atendiendo al reglamento de la Cámara, como si se tiene que parar esta sesión plenaria, para comprobar que se ha dicho eso y se ha retirado y pedido disculpas el diputado. ¿A dónde vamos a llegar, señor vicepresidente?”.

El PP justifica la intervención

Ante la petición de los socialistas de frenar el plenario para constatar el exabrupto y exigir una rectificación, la bancada del PP ha salido en defensa de su compañero de filas. El portavoz del grupo, José Ángel Sánchez Juliá, ha argumentado que a los socialistas solo “les duele que les digan las verdades”.

Por su parte, Hipólito Pachecho ha asegurado que con sus palabras no quería decir lo que el PSOE le acusa.

El Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, FestCineQueer, alcanzará su 29ª edición del 6 al 15 de noviembre con un marcado compromiso por la descentralización y la defensa de la cultura libre. La cita extenderá su programación a 22 municipios de la región para celebrar la pluralidad a través del séptimo arte, llevando proyecciones y coloquios a localidades como Hornachos, Casas de Don Pedro o Hervás.

Durante la presentación del certamen, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, ha subrayado que el festival “defiende la pluralidad cultural” en un contexto social donde la libertad creativa se ve amenazada. En clara alusión a los recientes vetos a películas por presunto “adoctrinamiento ideológico” en las ayudas al cine en Castilla y León, Gil Aparicio ha aseverado que “no se puede coartar ni la libertad de expresión ni la libertad artística de cualquier creador a la hora de hacer una película”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha destacado el reto que supone llevar la cultura diversa a los distintos puntos de una geografía tan extensa como la extremeña, recordando que “aún falta mucho camino por recorrer en este desafío por la descentralización”.

Sello extremeño, juventud y proyección internacional

La sección de largometrajes contará con diez títulos (siete de ficción y tres documentales), entre los que destacan dos obras con acento regional centradas en la identidad y la memoria LGTBIQ+: 'Este cuerpo mío', codirigido y coprotagonizado por la actriz pacense Carolina Yuste, y 'Lo que hacíamos en las sombras', de la cineasta emeritense Sara Moralo, que acogerá su estreno nacional en el certamen.

En el apartado educativo, el festival refuerza su trabajo con las nuevas generaciones alcanzando a más de 2.000 alumnos y alumnas de 35 centros educativos de toda la comunidad mediante una programación adaptada a la sensibilización en las aulas.

El concurso de cortometrajes continuará siendo uno de los grandes motores del FestCineQueer. De las 151 obras presentadas de países como Brasil, Argentina, Francia, China o México, la organización ha seleccionado 21 trabajos para la Sección Oficial. Las producciones optarán a los galardones que se entregarán en la gala de clausura, fijada para el 14 de noviembre en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz.

La 29ª edición completará su oferta audiovisual con un abanico de actividades paralelas que entrelazan las artes escénicas, la moda y el debate sobre las masculinidades. Entre las propuestas formativas destaca la puesta en marcha de un Laboratorio Drag, un espacio participativo donde los asistentes crearán un personaje y trasladarán su narrativa al lenguaje cinematográfico mediante el rodaje y la edición de escenas.

El sistema educativo público de Extremadura inicia un proceso de transformación planificado a cuatro años vista. El Plan Horizonte+, suscrito entre el Ejecutivo autonómico y las organizaciones sindicales PIDE, CSIF, ANPE y UGT, establece un calendario integral que aborda tanto la evolución retributiva del profesorado como las necesidades organizativas de los centros educativos de la comunidad hasta 2030.

El acuerdo reúne una batería de 37 compromisos diseñados para dotar de mayor estabilidad a las plantillas, reconocer el trabajo docente en el aula y reforzar los recursos de la enseñanza pública. En este sentido, la titular de Educación, Sandra Valencia, asegura que se trata de “un plan de mínimos” y que la consejería “seguirá trabajando junto a las organizaciones sindicales firmantes para ampliar las mejoras alcanzadas”, algunas de las cuales responden a demandas históricas del sector como el pago de tutorías, la eliminación de permanencias en exclusivas o el sexto sexenio.

Reconocimiento de la función docente y el entorno rural

Para responder a estos retos, el Plan Horizonte+ sitúa en el centro de sus prioridades el reconocimiento de tareas clave dentro de la dinámica escolar, más allá de la tabla salarial básica. Entre las principales novedades se encuentra la retribución progresiva del trabajo de tutoría entre 2028 y 2029 en las distintas etapas educativas, además del reconocimiento de un sexto sexenio para el personal docente que cumpla los requisitos de antigüedad y formación.

El acuerdo introduce también mejoras para las tareas directivas y organizativas, elevando los apoyos y ajustando las cargas de los equipos directivos de los centros. En Formación Profesional, el texto recoge incentivos y reconocimiento para la coordinación de la FP Dual, la gestión de proyectos internacionales Erasmus+ y la preparación del alumnado para las competiciones Skills.

Asimismo, se plantea la revisión de los complementos por desplazamientos y manutención, atendiendo especialmente a las necesidades operativas del profesorado que ejerce en el medio rural.

Bolsas de trabajo, atención a la diversidad e infraestructuras

Junto al respaldo a la labor docente, el plan despliega un pilar de actuaciones orientadas a la estabilidad operativa y la modernización de los centros. En el ámbito organizativo y de gestión de personal, una de las medidas de mayor impacto práctico es la apertura permanente de las listas extraordinarias de sustituciones, destinada a agilizar la cobertura de bajas. Paralelamente, se regularizarán puestos estructurales para convertirlos en plantilla orgánica fija y se actualizarán las normas del profesorado interino.

En este marco, la atención a la diversidad se sitúa como una línea de actuación transversal. Durante el periodo de vigencia del acuerdo, se reforzará la dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, incrementando el apoyo directo tanto al alumnado como a los equipos docentes.

Por último, la planificación abarca la actualización técnica y material de la red educativa. Se incluyen actuaciones periódicas en los edificios escolares para garantizar la seguridad, la eficiencia energética y el confort térmico, junto a la renovación paulatina de los equipos informáticos del profesorado, la evolución de la plataforma digital Rayuela y la tramitación de una futura Ley Regional de Educación.

Evolución retributiva y cláusulas de revisión

Toda esta reorganización operativa y pedagógica viene acompañada de un compromiso económico marco. En el terreno financiero, el plan proyecta una mejora acumulada de 210 euros brutos al mes en 14 pagas para el final de la década, tomando como referencia la situación previa a enero de 2026. Esta cifra supone un incremento de 2.940 euros brutos anuales al término del periodo, al margen de las revalorizaciones generales que puedan aplicarse al conjunto de los trabajadores del sector público.

El despliegue salarial se articula en varias fases. Tras la incorporación de los primeros 80 euros brutos mensuales aplicados desde el 1 de enero de 2026, la programación establece una subida de 40 euros adicionales en 2027 y tramos sucesivos de 30 euros anuales en 2028, 2029 y 2030.

A ello se suma una cláusula de seguimiento fijada para 2028, en la que la Administración y los sindicatos analizarán la posición retributiva del profesorado extremeño respecto al resto de comunidades autónomas.

A juicio del portavoz de los sindicatos firmantes, Juan Manuel Jiménez, el pacto convierte a Extremadura en la segunda comunidad autónoma en incorporar una cláusula de revisión salarial a su legislación, por lo que se trata “del mejor acuerdo posible”. Jiménez ha subrayado, además, que Extremadura será la primera comunidad autónoma en reconocer el sexto sexenio para el profesorado.

La investigación judicial por la muerte del joven cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado mes de junio descuartizado en varias bolsas de plástico en Badajoz entra en su recta decisiva. La práctica de la autopsia definitiva y el análisis de un teléfono móvil, entre otras diligencias técnicas, cerrarán la fase de instrucción, previsiblemente antes de que concluya el año.

Las bolsas con los restos mortales fueron localizadas en un paraje situado entre el barrio del Tulio y la barriada de Llera, después de que el único detenido por los hechos facilitara la ubicación exacta de las mismas. El sospechoso, responsable de una tienda ubicada en el barrio de Suerte de Saavedra, fue detenido por la Policía Nacional y confesó posteriormente el episodio en su declaración ante el juez, un suceso que en principio estaría relacionado con una deuda económica.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que el Juzgado de Instrucción número 2 ultima las pruebas técnicas pendientes, centradas principalmente en el cotejo de un teléfono móvil perteneciente al entorno de la víctima que aún está por analizar. Asimismo, se considera fundamental conocer los resultados definitivos del informe forense de la autopsia, ya que este documento permitirá determinar con precisión el lugar del impacto mortal que acabó con la vida del joven.

En el plano testifical, la causa no prevé la incorporación de más declaraciones tras haberse escuchado en los últimos días los testimonios de familiares y conocidos. Además, la instrucción no incluirá finalmente una reconstrucción del crimen. Aunque la acusación había solicitado esta prueba, el auto judicial la ha desestimado por completo al considerarla “innecesaria” para el desarrollo de la investigación.

El debate presupuestario en la Asamblea de Extremadura ha vivido este jueves un nuevo enfrentamiento a cuenta del reparto territorial de las inversiones previstas en las cuentas para 2027. Mientras la Junta ha defendido la equidad y el equilibrio de las cuentas, el PSOE ha acusado al Gobierno regional de incurrir en un supuesto “doping electoral” por beneficiar mayoritariamente a los ayuntamientos gobernados por el PP.

Durante la sesión de control, la diputada socialista María Curiel ha arremetido contra el desglose territorial del proyecto presupuestario, señalando que “el 80% de los proyectos se van a desarrollar en pueblos cuyo alcalde o alcaldesa es del PP”, a pesar de que el partido “solo gobierna en el 37% de los municipios”. Curiel ha ironizado con que, si destinar más de 22 millones de euros “a dedo” para que los alcaldes populares “empiecen a hacer campaña electoral” no es “doping electoral, poco les falta”.

La parlamentaria del PSOE ha ilustrado su denuncia con datos concretos de las cuentas, destacando que de las 110 viviendas protegidas del Plan Habita gestionadas a través de Urvipexsa, 100 se concentran en Cáceres. Asimismo, ha señalado que 23 nuevas ayudas nominativas de Cultura por valor de 2,5 millones de euros se dirigen íntegramente a consistorios del PP, al igual que las ayudas de patrimonio (560.000 euros), el 93% de las de deporte (53 de 57 ayudas por 5,5 millones) y casi la totalidad de los fondos de turismo (un 98,9% frente al 1% destinado a una localidad socialista).

“Los presupuestos de Extremadura no pueden elaborarse desde la sede del Partido Popular en Cáceres, se tienen que elaborar en Mérida desde la sede de la Consejería de Hacienda”, ha zanjado Curiel, recordando además varias sanciones previas a la presidenta autonómica por saltarse la ley electoral.

Hacienda defiende la cohesión

Por su parte, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido que en los presupuestos de 2027 “hay equilibrio, igualdad, justicia y cohesión territorial”.

Manzano ha asegurado que su gobierno “no pone chincheta”, sino que utiliza “pegamento” para unir a toda la población, trabajando “cada día para el más de millón de habitantes, los 388 municipios, las 23 entidades locales menores y 55 pedanías”. En esta línea, ha recalcado que para el PP todos los ciudadanos son iguales al margen de su voto, y ha puesto como ejemplo la inversión de 200.000 euros destinada a reformar el centro de salud de Salorino, municipio gobernado por el líder del PSOE extremeño— para corregir las carencias que arrastraba desde hace años.

Finalmente, la consejera ha querido desviar el foco hacia el ámbito estatal criticando la “nula política igualitaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que de los 21.000 millones de euros adicionales del nuevo sistema de financiación autonómica, “Extremadura no percibe nada, cero euros”.