El I Plan de Igualdad de la Administración de la Junta de Extremadura (2026-2030) llega con una singularidad: es el primero que aprueba la Administración autonómica para ordenar sus políticas de igualdad dirigidas a su propio personal, 15 años después de la aprobación de la Ley de Igualdad de Extremadura. El documento ha recibido una valoración mayoritariamente favorable entre especialistas consultadas por elDiario.es Extremadura, aunque todas coinciden en una idea: su verdadero examen no empieza con la aprobación, sino con su aplicación.

Las voces consultadas reconocen que el plan presenta una estructura sólida, basada en un diagnóstico previo, incorpora una auditoría retributiva, fija objetivos y mecanismos de seguimiento y ha sido negociado con la representación sindical. Sin embargo, también identifican carencias que podrían limitar su impacto: ausencia de una memoria económica detallada desde el inicio, falta de objetivos cuantificados, indicadores centrados más en la actividad que en los resultados y escasos mecanismos para corregir desviaciones durante su ejecución.

Un paso que llega tarde, pero necesario

El pedagogo y agente de igualdad con trayectoria en formación y políticas públicas, Alfonso Pérez Cabrera, considera que la mera aprobación del documento “es una muy buena noticia”, especialmente porque llega a cubrir un vacío que se mantenía desde hace años. A su juicio, el plan aporta un marco común para coordinar las políticas de igualdad desarrolladas por las distintas consejerías y organismos de la Junta y consolida herramientas como el protocolo frente al acoso laboral.

También valora que el documento reconozca el papel desempeñado por las mujeres extremeñas en la conquista de derechos. No obstante, lamenta una ausencia que considera significativa: el texto prácticamente evita mencionar el feminismo como movimiento impulsor de esos avances.

“Resulta llamativo que no aparezca la palabra feminismo ni se haga referencia al carácter estructural del patriarcado como origen de las desigualdades”, sostiene. En cambio, observa numerosas referencias a las masculinidades igualitarias o proigualitarias, sin un tratamiento equivalente hacia la formación feminista.

Un documento técnicamente sólido

La jurista y especialista en Igualdad Amalia Marugán Rebollo realiza una valoración esencialmente técnica y considera que el documento está bien construido desde el punto de vista metodológico. Destaca que parte de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, incorpora una auditoría retributiva, recoge la percepción de la plantilla mediante encuestas, establece responsables, cronograma, indicadores y un sistema de evaluación continua.

Para Marugán, uno de sus principales aciertos reside en la coherencia interna del documento. “Existe una conexión clara entre el diagnóstico, los objetivos y las medidas previstas”, explica.

En su opinión, las 89 actuaciones responden directamente a las desigualdades detectadas durante el análisis previo: la segregación horizontal y vertical, las dificultades de promoción profesional, la conciliación, la igualdad retributiva o la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de recursos humanos.

No obstante, también apunta posibles mejoras. Entre ellas, priorizar determinadas actuaciones estratégicas y reforzar los indicadores de resultado para conocer con mayor precisión el impacto real de las medidas. Marugán insiste en que todavía es pronto para juzgar la eficacia del plan porque acaba de aprobarse. “El verdadero reto será comprobar mediante el seguimiento previsto si consigue reducir las desigualdades detectadas”, resume.

El presupuesto, la gran incógnita

La socióloga Chaty Vigo coincide en que se trata de un plan amplio y técnicamente solvente, pero cree que el principal interrogante está fuera del propio texto: cómo se financiará. A su juicio, el documento incorpora elementos poco habituales en otros planes, como la salud laboral con perspectiva de género, la comunicación no sexista o una estructura de gobernanza institucional, además de un sistema formal de seguimiento con reuniones semestrales, informes anuales y evaluaciones intermedia y final.

Sin embargo, considera que existe una debilidad importante. “No se cuantifica desde el principio cuánto costará ejecutar cada medida ni de qué partidas saldrá el dinero”, señala.

Vigo advierte además de que buena parte de los indicadores previstos miden actividad administrativa, el número de personas formadas, protocolos elaborados o reuniones celebradas, pero no permiten saber si realmente disminuyen las desigualdades.

En su opinión, el éxito del plan debería medirse en 2030 con preguntas mucho más concretas: si hay más mujeres ocupando puestos de responsabilidad, si se ha reducido la brecha salarial o si existe una distribución más equilibrada de los cuidados.

Su conclusión es clara: “Aprobar el plan es solo el punto de partida”.

Riesgo de burocratización

Precisamente esa preocupación por la eficacia práctica aparece también en otras valoraciones. Entre las cuestiones que consideran ambiguas figura la falta de mecanismos claros para exigir responsabilidades si alguna consejería incumple las medidas previstas. También cuestionan que el sistema de evaluación pueda acabar convirtiéndose en un ejercicio burocrático si las fichas de seguimiento se limitan a cumplimentarse como un trámite administrativo.

Las expertas consultadas echan igualmente en falta mecanismos ágiles para modificar el plan si alguna actuación demuestra ser ineficaz antes de que concluya el periodo 2026-2030, así como incentivos para aquellos departamentos que obtengan mejores resultados en materia de igualdad.

El mayor riesgo, resumen, es que el documento termine generando una intensa actividad administrativa —comisiones, reuniones, informes y protocolos— sin capacidad suficiente para transformar las dinámicas reales de promoción profesional, acceso a puestos de responsabilidad o igualdad retributiva.

Violencia de género: avances y ausencias

La abogada Merche Fernández Escobero considera que el plan institucionaliza la igualdad y ordena actuaciones en ámbitos fundamentales como la selección de personal, la promoción profesional, las retribuciones, la conciliación, la salud laboral, el acoso o la violencia de género. Sin embargo, entiende que podría haber sido más exigente.

Entre las cuestiones que echa en falta cita metas cuantificadas, indicadores de impacto más precisos, una auditoría retributiva más detallada y, especialmente, la ausencia de un protocolo urgente específico para situaciones de violencia de género.

En términos generales, define el documento como “un plan bien orientado”, aunque insiste en que su eficacia dependerá de la concreción de las medidas, los recursos disponibles y la capacidad real de seguimiento durante los próximos cuatro años.

En este sentido, Pérez Cabrera, por su parte, sí valora positivamente el capítulo dedicado a la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género, al considerar que consolida medidas de apoyo ya existentes y refuerza la protección integral tanto en el ámbito laboral como en la esfera personal.

Más dudas

La especialista en políticas de igualdad y evaluación, Ana Santos, también plantea varias dudas técnicas sobre la formulación y evaluación del Plan, especialmente en lo relativo a la coherencia entre objetivos, indicadores y medidas. Señala que, aunque el diseño parece prever una primera fase de definición de criterios seguida de una medición continuada de indicadores, algunos —como el porcentaje de tribunales con composición equilibrada o el número de designaciones revisadas— sugieren más bien la necesidad de auditorías específicas sobre procesos concretos, lo que introduce ambigüedad metodológica si no se explicita. Esta falta de cierre en la definición de las medidas, advierte, puede dar lugar a interpretaciones dispares en su aplicación. Asimismo, cuestiona que en el área retributiva las medidas se limiten en gran medida al cumplimiento formal del Real Decreto 902/2020, algo frecuente pero llamativo dada la complejidad de las auditorías salariales, de las que cabría esperar propuestas más sustantivas. Por último, muestra incomodidad ante el enfoque de ciertas acciones en el área de selección, como la promoción de la incorporación de hombres en ámbitos feminizados con indicadores específicos desde el segundo año, mientras que medidas análogas para corregir la infrarrepresentación femenina se posponen, lo que introduce un desequilibrio difícil de justificar en la lógica global del plan.

Pese a los matices, existe un elemento sobre el que prácticamente todas las personas consultadas coinciden: el valor del consenso alcanzado durante su elaboración. El diálogo con las organizaciones sindicales, la existencia de un diagnóstico previo y la planificación de un sistema de seguimiento ofrecen, en opinión de las expertas, una base más sólida que la de otros planes que se limitan a formular declaraciones de intenciones.

Ahora bien, todas introducen la misma advertencia. La calidad técnica del documento no garantiza por sí sola su éxito. Será la ejecución, el presupuesto disponible, la voluntad política y la evaluación periódica de los resultados los que determinen si este primer Plan de Igualdad logra modificar las desigualdades detectadas o acaba convirtiéndose en un documento bien elaborado, pero con escasa incidencia sobre la realidad cotidiana de las más de decenas de miles de personas que trabajan en la Administración de la Junta de Extremadura.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes el dictamen del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026. En la sesión, la mayoría parlamentaria que forman PP y Vox ha hecho valer sus votos para incorporar las 36 enmiendas parciales presentadas conjuntamente por ambos grupos (29 del PP y 7 de Vox) y rechazar en bloque las 622 iniciativas registradas por los partidos de la oposición.

De este modo, las 328 enmiendas formuladas por el grupo socialista y las 294 presentadas por Unidas por Extremadura llegarán “vivas” al pleno fijado para los días 29 y 30 de julio, donde se procederá a la votación definitiva y aprobación final de las cuentas autonómicas de este año, que ascienden a la cifra récord de 8.854 millones de euros.

Tras la reunión de la comisión, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha valorado que las enmiendas aceptadas mueven 41 millones de euros y confirman que el Ejecutivo de coalición “funciona” y ofrece estabilidad a la comunidad. Pacheco ha recriminado a la oposición su “discurso de confrontación”, aunque no ha descartado estudiar sus propuestas antes de la cita plenaria, al tiempo que ha subrayado que la baja cifra de enmiendas presentadas por PSOE y Unidas demuestra “implícitamente” que son los mejores presupuestos de la historia regional.

Por su parte, desde Vox han resaltado en un comunicado que sus enmiendas aprobadas están centradas en reforzar los seguros agrarios, fomentar el relevo generacional en el campo, respaldar políticas de apoyo a la familia y favorecer la inserción laboral de los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de la Junta.

La oposición habla de “Juan Palomo”

En el lado de la oposición, la portavoz y diputada socialista Blanca Martín ha apelado a la “reflexión” del bloque de gobierno para que estudien con rigor sus propuestas antes del pleno del 29 y 30 de julio, pudiendo aprobarse de forma directa o mediante transaccionales, y ha criticado a los socios de la Junta por “faltar al respeto al Parlamento” y dedicarse a hacer “oposición a la oposición”.

Desde Unidas por Extremadura, el parlamentario José Antonio González Frutos ha criticado la falta de diálogo con un expresivo “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. González Frutos ha advertido además de contradicciones internas tras aprobarse enmiendas con efectos contrarios sobre la financiación de los grupos ecologistas entre las consejerías de Agricultura (Vox) e Industria (PP), y ha calificado como síntoma de un “futuro divorcio” la decisión del PP de retirar a última hora su enmienda para flexibilizar la Ley de Hacienda en caso de presupuestos prorrogados.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha culminado la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía interpuestos por varias comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, después de haber rechazado también el que presentó la Junta de Extremadura. Así lo ha comunicado el Constitucional en una nota de prensa en la que confirma el 'no' al recurso de inconstitucionalidad de Extremadura por los mismos motivos que lo hizo con el resto.

Al igual que el resto de sentencias sobre la medida de gracia, ha contado con el voto particular de los magistrados del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. De este modo, quedan resueltos definitivamente los 16 recursos de inconstitucionalidad promovidos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los grupos 'populares' del Congreso y Senado y Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García-Page, así como las cuestiones de constitucionalidad interpuestas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las salas de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, informa Europa Press.

Fue hace poco más de un año cuando el órgano de garantías avaló con los seis votos a favor de la mayoría progresista la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1 de octubre de 2017, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en la Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la “autoamnistía”.

En Domenico Scarlatti validaron la amnistía porque “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subrayando que “su porqué es jurídicamente indiferente”, dado que toda ley obedece a “criterios de oportunidad política”, centrándose únicamente en si existen circunstancias excepcionales que la justifiquen para afirmar que no es un “capricho” porque busca “mayor paz ciudadana”.

Esa primera sentencia, de 205 páginas, rechazó que la amnistía requiera una “habilitación expresa” de la Carta Magna, indicando que “el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición”. “De otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático”, avisó.

Tras ello, se detuvo en el análisis de si esta amnistía en particular respeta la Constitución, respondiendo con ello al alegato 'popular' de que se trata en realidad de una “autoamnistía” proscrita. “Por principio”, enfatizó, “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”.

Apostilla, además, que la “autoamnistía” es “propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes”.

El aval de la justicia europea

Las consecutivas resoluciones sobre la ley de amnistía han recogido los argumentos de la primera, rechazando todos y cada uno de los recursos interpuestos. Precisamente, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, destacó el martes en la entrega de la memoria anual del órgano de garantías al rey “el esfuerzo y la labor” en relación con las 20 sentencias dictadas a lo largo del 2025 y del 2026 sobre la ley de amnistía.

Conde-Pumpido remarcó “la dedicación de la institución para resolver los numerosos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo razonable”, esto es, “menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad de los mismos”.

Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, el Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. Comenzará ese día con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull. El resto, presentados por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, se señalarán “en los plenos sucesivos”.

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) ha advertido este viernes de los cambios que se han producido en las compras online fuera de la Unión Europea con la entrada en vigor del nuevo arancel de tres euros para productos de hasta 150 euros de precios.

Desde el 1 de julio de 2026 las compras por internet de productos enviados desde países como China, EEUU o Reino Unido están sujetas a este coste aduanero temporal, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Hasta ahora, los paquetes de bajo valor -menos de 150 euros- no pagaban derechos de aduana, pero esta exención ha sido eliminada por la Unión Europea para garantizar una competencia justa y mejorar la seguridad de los productos. Se aplicará, en principio, hasta el 1 de julio de 2028, fecha en la entrarán en vigor los derechos de aduana ordinarios.

Solo en 2025 llegaron a la UE cerca de 5.900 millones de artículos desde terceros países sin pagar derechos de aduana y más del 60 por ciento de los productos revisados en inspecciones (juguetes, cosméticos, electrónica, complementos alimenticios, etc.) presentaban problemas de seguridad o incumplían la normativa comunitaria.

Aunque la Comisión Europea (CE) señala que el arancel no es una tasa dirigida directamente a las personas consumidoras, la realidad es que puede repercutir en el precio final de la compra o generar costes adicionales antes de recibir el paquete, ha precisado el INCOEX.

La nueva tarifa afectará a las compras realizadas por internet cuando los productos se envíen desde un país fuera de la Unión Europea, tengan un valor inferior a 150 euros y no se encuentren ya almacenados dentro del territorio comunitario.

El factor clave no es la página web donde se realiza la compra, sino el origen real del envío. Así, un comercio puede mostrar precios en euros, tener una versión en español o incluso utilizar un dominio '.es', pero si el pedido se envía desde países como China, Reino Unido o Estados Unidos, podría estar sujeto a este nuevo recargo.

El INCOEX ha aclarado que es fundamental entender que este importe se calcula por cada categoría de artículo y no por el paquete completo. Por ejemplo, si se compra un paquete con cinco camisetas iguales, el arancel será de tres euros, pero si contiene una camiseta y un reloj -dos categorías distintas-, el coste será de seis euros.

Es decir, ha aclarado, se consideran dos tipos distintos de mercancía y se generan dos cargos de tres euros.

Por ello, un pedido pequeño compuesto por varios productos diferentes puede resultar proporcionalmente más caro que otro con varias unidades del mismo artículo. Si la plataforma o el vendedor lo incluyen al realizar la compra, no será necesario abonar ninguna cantidad extra cuando llegue el pedido. En cambio, si estos no gestionan el trámite, será la empresa de transporte la que reclame los tres euros, junto con el IVA correspondiente y posibles gastos de gestión, antes de efectuar la entrega.

Las autoridades aduaneras no contactarían directamente con los compradores para solicitar este pago, ya que cualquier gestión se realizaría a través del vendedor o de la empresa encargada del transporte.

Según el INCOEX, la devolución de un artículo no implica por norma general el reembolso de la tarifa aduanera pagada al importarlo. Solo podrá recuperarse ese importe si se demuestra que el producto era defectuoso o que no se correspondía con lo comprado.

En cambio, el IVA seguirá pudiendo devolverse conforme a los procedimientos habituales establecidos por la normativa vigente.

El INCOEX ha hecho una serie de recomendaciones básicas a todos los extremeños antes de comprar cualquier producto, como comprobar desde donde se envía, no fijarse únicamente en el idioma de la web o moneda, revisar si el precio incluye todos los costes, incluidos los de gestión, prestar atención a la forma de devolución y condiciones de la misma, así como verificar la seguridad del producto, si cuenta con el marcado CE y las etiquetas de seguridad.

Igualmente, antes de finalizar la compra online recomienda verificar el país de envío, si incluye IVA, aranceles u otros gastos para evitar sorpresas posteriores.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado este viernes a la presidenta de la JUnta, María Guardiola, de dar “datos falsos” sobre los resultados de las pruebas realizadas a menores inmigrantes no acompañados para determinar su edad, ya que esa información la tiene el Ministerio Fiscal.

En la sesión plenaria del pasado 18 de junio en la Asamblea de Extremadura, Guardiola precisó que de las 329 pruebas de edad que se habían realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, indicando que “260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores”.

De Miguel ha dado a conocer la respuesta por escrito que le ha dado el SES a su pregunta parlamentaria sobre los resultados de estas pruebas desde 2023. En el texto, la administración sanitaria señala que “la determinación de la edad corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no a los profesionales del SES”. Por lo tanto, ha concluido que Guardiola, al no tener esa información sobre los resultados, “se ha subido al carro de la ultraderecha de apuntar con el dedo a los menores no acompañados”, a quienes ha definido como las personas más vulnerables de Extremadura.

Asimismo, De Miguel ha tildado de “otra mentira” las afirmaciones del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, sobre que iba a hacer pruebas de edad. La diputada ha reiterado que el consejero no tiene competencia para ello y que “sería una ilegalidad”, puesto que las pruebas las debe realizar el Instituto de Medicina Legal a instancias del Ministerio Fiscal.

Desamparo de menores

Por otro lado, la portavoz ha criticado el “espectáculo dantesco” dado este jueves por el director general de la Consejería de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, al denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores unos “hechos graves de violencia, disturbios e intimidación al personal” en el Centro de Acogida de Menores no Acompañados de Caminomorisco (Cáceres). Según De Miguel, el director general ha descubierto de repente “el día a día” de estos centros, que es que los menores se escapan.

En este contexto, la diputada ha señalado “alto y claro” que las competencias de proteger a los menores desamparados, independientemente de su origen, corresponden al consejero Fernández Calle, y ha advertido de que en el momento en que haya un menor desamparado que no esté bajo la protección de la consejería, Unidas por Extremadura lo denunciará por la vía penal. De Miguel ha concluido afirmando que se está engañando a todos y que acoger a 300 menores en la región es como “un campamento de verano” y no supone un problema para Extremadura, reprochando al Gobierno regional que esté “enredado en este sainete” únicamente para “alimentar su relato y alimentar su discurso racista”.

La catedrática de derecho internacional privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx) Mercedes Sabido ha anunciado su intención de concurrir a las próximas elecciones al Rectorado de esta institución, previstas para el último trimestre del año. Lo hará con un proyecto “centrado en las personas, en menos burocracia, en un mayor apoyo a la investigación y en una gestión basada en datos y transparencia”, según ha informado este viernes en una nota.

Bajo el lema 'Un nuevo impulso para la UEx', su candidatura plantea “una alternativa al actual equipo rectoral basada en el diálogo, la participación y una gestión más ágil y transparente”.

La candidata ha destacado que la UEx cuenta con un enorme potencial humano, de gestión, docente e investigador, y ha subrayado que su compromiso es crear las condiciones “upara que ese potencial se desarrolle plenamente y generar una nueva dinámica volcada en el fortalecimiento de la UEx como servicio público extremeño de educación universitaria”. A su juicio, el cambio en la UEx “es imprescindible para romper ciertas inercias consolidadas”, de ahí que presente este proyecto.

Un proyecto que cuenta con diversos ejes, como 'Una universidad conectada con Extremadura', basado en reforzar la coordinación entre centros, campus y servicios, y una presencia más activa de la UEx en el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad autónoma, consolidando su posición como eje vertebrador de su desarrollo territorial.

Por su parte, el eje 'Menos burocracia' centra los esfuerzos en la calidad y en la mejora continua de la UEx “para simplificar los procesos internos que dificultan el día a día del personal docente, técnico y de administración y estudiantado”, y avanzar con un gobierno participativo y dialogante hacia una gestión más digital, coordinada y cercana.

Con 'Más apoyo a la investigación y a la transferencia del conocimiento' reforzará el acompañamiento administrativo en este ámbito y con 'Gestión basada en datos' buscará sustentar las decisiones estratégicas en indicadores públicos y conocidos de antemano por la comunidad universitaria, para poder evaluar resultados y rendir cuentas.

Mercedes Sabido cuenta con más de 25 años de experiencia docente e investigadora en la Universidad de Extremadura y su trayectoria en gestión universitaria incluye los cargos de vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho y de directora del Departamento de Derecho Privado, responsabilidad que ejerce en la actualidad.

Los Mossos y la Policía Nacional han detenido en Villanueva de la Serena (Badajoz) a un peligroso fugitivo huido de una prisión de Tarragona que acumulaba más de 150 detenciones y sobre el que pesaban 12 requisitorias judiciales por delitos como agresión sexual, violencia de género o robo con violencia.

El preso huido se ocultaba en una vivienda situada en una finca agrícola de Villanueva de la Serena protegido por su entorno familiar, y ha sido detenido en una gasolinera próxima, han informado este viernes los Mossos d'Esquadra en un comunicado. Durante su arresto el pasado 1 de julio, el hombre opuso una fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes.

El hombre, que el pasado mes de febrero se fugó de la cárcel donde estaba recluido desde 2018, tenía 12 requisitorias judiciales vigentes por numerosos delitos graves como agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y por violencia de género.

Después de que el preso no reingresara en la prisión, agentes del Grupo de Búsqueda activa de fugitivos (GRAF) de los Mossos d'Esquadra iniciaron la investigación.

Las primeras indagaciones policiales trataron de determinar la posibilidad de que el fugitivo estuviese escondido en la zona de Badajoz, donde viven familiares, por lo que se creó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.

Gracias a esta investigación conjunta, la policía pudo acreditar que la madre y el hermano del preso huido residían en un inmueble recientemente comprado en Villanueva de la Serena, donde se ocultaba este peligroso delincuente.

Tras localizar a un hombre que coincidía con las características físicas del fugitivo, la policía estableció un dispositivo para su plena identificación.

El pasado 1 de julio, cuando abandonó la finca en un vehículo, fue interceptado y detenido por la policía.

La Policía Local de Los Santos de Maiomona (Badajoz) ha puesto a disposición judicial a dos conductores de patinetes eléctricos como presuntos delitos contra la seguridad vial y uno de los cuales circulaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora tras haber sido manipulado el motor.

Los hechos se produjeron durante una campaña especial de control desarrollada entre el 13 y el 19 de julio, que se centró en atajar las conductas de riesgo al volante y en regular el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos.

En el caso del patinete manipulado, la Policía Local considera que suponen un hecho “de gravísimo riesgo tanto para el propio usuario como para el resto de peatones y conductores de la localidad”.

En el marco de estos mismos controles preventivos, la Policía Local ha procedido a la intervención y retirada de la circulación de varios VMP adicionales.

Las causas de estas inmovilizaciones se han debido a que los conductores carecían de la documentación legalmente exigida para circular por la vía pública.

Un varón de 53 años ha fallecido ahogado este jueves en la piscina municipal de la localidad cacereña de Alcántara, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 horas y al lugar fueron enviados efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), entre ellos un helicóptero.

En declaraciones a Canal Extremadura Radio, la alcaldesa, Mónica Grados Caro, ha explicado que el fallecido era un usuario de una asociación que trabaja con personas con discapacidad y realizaba ejercicios acuáticos y que los efectivos intentaron reanimarle sin éxito.

Tres individuos han sido detenidos por agredir supuestamente al alcalde de Zahínos (Badajoz), Gregorio Gallego, del PP, y a dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio cuando intentaron mediar en un enfrentamiento entre varias personas ocurrido en la localidad pacense de Oliva de la Frontera el pasado lunes, 19 de julio. La Guardia Civil ha informado este jueves de que los detenidos son vecinos de Oliva de la Frontera.

El alcalde tuvo que ser atendido en el centro de salud y posteriormente en el hospital Universitario de Badajoz, según la Guardia Civil. Fuentes del PP han explicado a EFE que el regidor “se vio involucrado al intermediar para tratar de disolver una disputa donde varias personas estaban agrediendo a otra con discapacidad en Oliva de la Frontera, donde disfrutaba de un evento familiar”. El primer edil recibió el alta a las pocas horas, según su partido.

En el caso de los agentes, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha explicado en una nota que los heridos son el sargento comandante de puesto de la zona y un agente. El episodio se desencadenó cuando uno de los agentes observó a una pareja agrediendo violentamente a un ciudadano en la vía pública, y al identificarse como guardia civil e intentar frenar el ataque, los presuntos agresores sacaron un arma blanca de grandes dimensiones con la que atacaron directamente al agente, La situación “escaló afectando incluso a familiares del agente” y requirió la presencia de patrullas.

Tras la llegada del sargento comandante de puesto para intervenir en el conflicto, los agresores “arremetieron también contra él, para proferirle graves amenazas de muerte y provocar forcejeos y agresiones físicas”. Como consecuencia del altercado, los guardias civiles sufrieron diversas lesiones de consideración que necesitaron de asistencia médica, por las que están todavía de baja en el servicio.

“La denuncia ya ha sido interpuesta, y se han solicitado medidas cautelares de alejamiento ante el temor a nuevas represalias”, ha señalado Jucil, que ha explicado que este “grave suceso no es un caso aislado, sino un reflejo más de la violencia e inseguridad a la que se enfrentan a diario los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso cuando se encuentran fuera de servicio o al acudir en auxilio de la ciudadanía”.

La asociación ha puesto de manifiesto a su vez “la incomprensible negativa institucional a reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo”. A pesar “de las continuas exigencias y del evidente peligro intrínseco a sus funciones”, este reconocimiento “sigue sin llegar”, manteniendo a los agentes “en una situación de desprotección y desigualdad con respecto a otros cuerpos de seguridad”, ha afirmado. No obstante, “no se dará ni un paso atrás en esta lucha”, ha advertido.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves una inversión superior a los 33 millones de euros para crear cinco polígonos industriales y tres parques empresariales durante la presente legislatura.

Guardiola ha realizado este anuncio durante una visita a las obras de urbanización del polígono industrial de Don Benito, donde el Ejecutivo autonómico invertirá, a través de Extremadura Avante, 7,2 millones de euros.

La presidenta extremeña ha considerado esta actuación un ejemplo del “cambio de rumbo” de la política económica de su Gobierno y ha comparado las inversiones realizadas en suelo industrial durante las últimas legislaturas. Según ha señalado, entre 2015 y 2023 se destinó alrededor de un millón de euros al desarrollo de suelo industrial, mientras que el actual Ejecutivo ha invertido más de 12 millones durante sus dos primeros años de mandato.

Guardiola ha defendido que las pymes y los autónomos son quienes crean riqueza y empleo en la comunidad y ha resumido la estrategia de la Junta en “menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión”.

También ha destacado los avances en la digitalización de la Administración autonómica, que, según ha indicado, ha pasado de ofrecer telemáticamente el 45% de sus trámites al 91%, un porcentaje situado por encima de la media europea. En este sentido, ha avanzado que la Junta trabaja en una ley de simplificación administrativa que reduzca el papeleo y priorice la declaración responsable para facilitar la actividad de las empresas.

La presidenta ha recordado asimismo que la última convocatoria de incentivos autonómicos concedió más de 68 millones de euros a pymes extremeñas, unas ayudas que permitieron movilizar una inversión de 222 millones.

Guardiola ha asegurado que la confianza empresarial ha aumentado un 9% desde la llegada de su Gobierno y ha resaltado que Extremadura cuenta con más de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Respecto al polígono industrial de Don Benito, ha explicado que los proyectos de desarrollo de suelo industrial promovidos por la Junta parten con un compromiso previo de venta de, al menos, el 60 % de las parcelas.

Ha añadido que existe una importante demanda empresarial en la zona y ha confiado en que el nuevo espacio industrial alcance una elevada ocupación.

Prevención de incendios

Por otra parte, preguntada por la propuesta del PSOE de realizar inversiones extraordinarias para reducir la masa forestal próxima a pequeños municipios, Guardiola ha defendido que su Gobierno está realizando la mayor inversión de la historia de Extremadura en prevención de incendios. Ha citado el primer Plan Forestal de Extremadura, dotado con más de 210 millones de euros, y ha señalado que más de 310 municipios cuentan ya con sus planes periurbanos aprobados.

La presidenta ha asegurado que todas las propuestas serán “bienvenidas”, aunque ha subrayado la necesidad de contar con unos presupuestos autonómicos aprobados para destinar recursos a la prevención y extinción de incendios y mejorar las condiciones de los bomberos forestales.

Guardiola ha insistido en que las cuentas regionales son la herramienta esencial para atraer empresas, crear puestos de trabajo y facilitar que los jóvenes puedan permanecer en Extremadura.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Puebla de Alcocer como presunto autor de trece robos en viviendas y otros cuatro en vehículos, de los que habría sustraído unos 7.500 euros, numerosas joyas y diferentes objetos de valor, aprovechando que sus propietarios no estaban en ellas, ya que les había estado vigilando.

La investigación, desarrollada dentro de la operación “Martes Foina”, comenzó tras detectarse varios robos cometidos desde el pasado verano en este municipio pacense con un mismo procedimiento.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el sospechoso vigilaba previamente las salidas de sus vecinos para asegurarse de que las viviendas se encontraban vacías y acceder posteriormente a ellas mediante escalo.

En los domicilios se apoderó presuntamente de dinero y joyas, entre ellas pendientes, pulseras, cordones, anillos y gargantillas. También está acusado de acceder a cuatro vehículos estacionados en la vía pública después de fracturar sus ventanillas para sustraer los objetos de valor que había en su interior.

Las pesquisas y pruebas periciales permitieron identificar al supuesto responsable, un vecino de Puebla de Alcocer que contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

El hombre fue detenido el pasado sábado como presunto autor de los diecisiete robos investigados. Las diligencias y el arrestado fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura “máxima transparencia” y explicaciones inmediatas ante lo que consideran un posible trato de favor en la Consejería de Educación. La denuncia surge a raíz de la información publicada en exclusiva por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que beneficia a la hermana del secretario general de ese departamento, José Pedro Catalán (PP).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, la subida de categoría y sueldo para la plaza que ocupa la familiar directa del 'número dos' de la consejería se produce, además, en un contexto marcado por los recortes de recursos en el ámbito rural.

En este sentido, Garlito ha señalado la contradicción del Ejecutivo autonómico tras las recientes declaraciones de la recién elegida presidenta del PP de Cáceres y consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien “se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares”. “Parece que no sabían lo que estaba sucediendo en la propia Consejería de Educación”, ha afeado.

Mismas competencias, distinto nivel salarial

En concreto, la denuncia se centra en los cambios aplicados sobre dos jefaturas de servicio del departamento educativo. Con la nueva RPT, una de las jefaturas —ocupada por la hermana del secretario general— pasa de un nivel 28 a un nivel 29, incrementando así su retribución. Por el contrario, otra jefatura de servicio de la misma área sufre una rebaja del nivel 29 al 28.

Desde el PSOE critican que no existe “ninguna justificación técnica ni de competencias” para este movimiento: A mismas competencias, a una jefatura se le resta nivel y a la otra se la beneficia. Queremos saber si hay trato de favor y exigimos las explicaciones pertinentes. No dudamos de la legalidad, pero exigimos transparencia sobre este proceso“, ha remarcado la portavoz socialista.

Garlito ha contrapuesto la disponibilidad presupuestaria para estos incrementos retributivos en los servicios centrales de Mérida con la política de ajustes aplicada en los municipios rurales. El mismo Diario Oficial de Extremadura (DOE) que hacía pública la modificación de la RPT recogía también la amortización de dos plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque.

“Resulta enormemente llamativo que se hable de optimizar recursos para justificar recortes en servicios básicos del mundo rural mientras hay recursos para subir sueldos en la Consejería”, ha criticado Garlito, subrayando el impacto que la pérdida de este personal tiene sobre los niños y familias usuarias de este centro educativo.

Por otro lado, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los diputados del PP de Extremadura en el Congreso para que apoyen la senda de déficit y el techo de gasto que se vota este jueves en la Cámara Baja. Recuerdan que este marco financiero contempla la condonación de más de 1.700 millones de euros para Extremadura, un “momento vital” en el que piden situar las necesidades de la región por encima de los intereses de partido.

Por su parte, el PP ha defendido la modificación de la RPT de la Consejería de Educación y ha reprochado al PSOE que hable de “trato de favor” a un familiar de un alto cargo de dicho departamento cuando “acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez”.

El PP defiende la subida salarial

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, la modificación de la RPT “se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos”. “Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición”, ha explicado Sánchez Juliá.

Asimismo, ha destacado que esta modificación permite que, “por primera vez” los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales para que “también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación”.

Finalmente, el portavoz del GPP ha criticado que el PSOE quiera “enturbiar la política extremeña” y ha señalado que los socialistas “todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez” porque lo único que buscan es “generar una cortina de humo”.

El Club Deportivo Badajoz lucirá la bandera de España en su equipación oficial durante la próxima temporada 2026-2027. La decisión se ha tomado tras una votación organizada por la propia entidad en la red social X que ha rozado el 91% de apoyos a favor del 'sí'. Sin embargo, más allá del cambio en la indumentaria, lo que ha encendido el debate en las últimas horas es el tono marcadamente político y las ironías que la cuenta oficial del club ha dedicado a formaciones de izquierda y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al anunciar los resultados.

El episodio es el desenlace de una cadena de publicaciones que comenzó el pasado 14 de julio, cuando la cuenta del club, presidido por Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como 'Colate', celebró el pase de la selección española a la final del Mundial: “Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España”. El uso del lema falangista desató una oleada de críticas en la plataforma por sus connotaciones históricas vinculadas a la dictadura en una ciudad donde la represión franquista fue especialmente sangrienta con hechos conocidos como la Matanza de Badajoz, de la que este agosto se cumplirán 90 años y en la que murieron asesinadas entre 1.800 y 4.000 pacenses, dependiendo de las fuentes.

Entre las reacciones destacó la de Izquierda Unida Extremadura, que exigió la retirada del mensaje y disculpas públicas por la ofensa a las víctimas de la represión franquista en la capital pacense. La entidad deportiva, lejos de retractarse, respondió tirando de sarcasmo e invitando a los integrantes del partido a pasar por oficina para abonarse al club.

Con el triunfo final de la selección española, el CD Badajoz, que juega en Segunda Federación, volvió a la carga comparando al futbolista extremeño Pedro Porro con los conquistadores de la región y planteó formalmente la encuesta para la camiseta. Tras cerrar la votación con 90,8% de votos afirmativos y un 9,2% de negativos, la comunicación institucional cerró el proceso con un dardo directo a la oposición: “Esperamos que la izquierda, por escueto que haya sido el margen, acepte el resultado y no queme nada, que hace mucho calor ya”, rematando con la frase “ganamos los buenos”.

La estrategia en redes de la entidad ha provocado disparidad de opiniones entre la afición blanquinegra: mientras un sector celebra las publicaciones en el perfil oficial, otra parte de los seguidores lamenta la politización de la imagen del club y recuerda que la reglamentación de las peñas aboga por mantener un perfil puramente informativo y respetuoso con la pluralidad de su masa social.

El Grupo de Acción Social y Sindical, del que forman parte diferentes colegios oficiales, asociaciones profesionales y sindicatos, ha expresado su deseo, ante la próxima resolución de las Medallas de Extremadura, de que “no se olvide y quede relegado” el galardón para trabajadora social Belén Cortés, asesinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

Recuerdan que Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional digna de mención y representaba los valores de la región, además de que su galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento “a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos”.

“Esperamos desde este grupo que la compañera tenga el galardón y homenaje que merece”, señalan.

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que en el caso de Extremadura alcanza los 1.718 millones, lo que supone reducir la deuda un 32% respecto al cierre de 2023.

El Gobierno recuerda que el proyecto ya fue rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP, como también se rechazó que Extremadura cuente con un margen presupuestario de 128 millones.

Además, señala que le permitirá a Extremadura un ahorro en el pago de intereses de 49 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Como explicó aquel día la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Andalucía, con 18.791 millones de euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguida de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644).

Entre las 15 comunidades de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que tendrían capacidad de reforzar los servicios públicos, según ha repetido el Gobierno desde entonces.

Unos argumentos que no han convencido a las comunidades gobernadas por el PP, a pesar de que la mayor parte de la quita -siete de cada diez euros- les beneficiaría a ellas, puesto que la consideran una “trampa” que en realidad penaliza a los territorios que menos deben.

La medida sí es respaldada por las comunidades gobernadas por el PSOE, incluido el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page, enfrentado al Gobierno de Sánchez por la propuesta de financiación autonómica, pero que en este caso si entiende cumplidas sus expectativas.

Pese a mantener algunas reticencias, JxCat permitirá que se tramite el proyecto en el Congreso e intentará, en la tramitación parlamentaria, “introducir mejoras” para elevar el porcentaje de condonación a Cataluña, según ha explicado el secretario general de esta formación, Jordi Turull.

El Debate sobre la Orientación Política General de la Comunidad, conocido como el Debate del Estado de la Región, no se celebrará en Extremadura los años en los que haya elecciones autonómicas ni en aquellos en los que se produzca la investidura de la Presidencia de la Junta. Así lo ha fijado el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, a través de una resolución dictada para adaptar el Reglamento de la Cámara a situaciones no previstas explícitamente, como el reciente adelanto electoral.

Con este fallo, respaldado por un informe del cuerpo jurídico del Parlamento regional, el presidente de la Cámara confirma que no habrá debate este 2026. La decisión será trasladada a la Junta de Portavoces fijada para el próximo lunes, 27 de julio.

La resolución aclara de forma expresa que esta cita parlamentaria de calado quedará en suspenso bajo dos supuestos: durante el año natural en el que se celebren elecciones a la Asamblea (ya sea por agotamiento de la legislatura o por convocatoria anticipada) y durante el año natural en que tenga lugar la investidura de la Presidencia de la Junta cuando esta se materialice en un ejercicio distinto al de los comicios.

Naharro ha explicado ante los medios que la norma actual “no estaba pensada para adelantos electorales”, advirtiendo un “vacío” normativo que provocó que en 2025 se incumpliera de facto el Reglamento al coincidir la cita de debate con las urnas. La tesis jurídica fijada ahora determina que el periodo normativo de excepción no debe computar desde el día de la votación, sino desde el momento de la investidura. Dado que María Guardiola asumió formalmente el cargo a finales de abril, el texto concluye que un Ejecutivo recién constituido no ha contado con margen de tiempo suficiente para desarrollar políticas objeto de fiscalización.

La oposición acusa a Guardiola de “huir de la rendición de cuentas”

La formalización de esta decisión ha encendido el debate político entre los grupos de la Cámara. Desde las filas de la oposición se insiste en que el veto al debate obedece a una estrategia para evitar el desgaste del Ejecutivo regional.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que, si bien respetan el informe jurídico emitido por los letrados, la suspensión rebasa la esfera legal para instalarse en la “voluntad política”. Para la dirigente socialista, la decisión evidencia la falta de disposición al diálogo del Gabinete de Guardiola y ha defendido que el debate podría haberse pospuesto a septiembre para no perder la cita anual.

Más contundente se ha mostrado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha acusado a la presidenta de la Junta de “hurtar” la rendición de cuentas en sede parlamentaria para evitar salir “mal parada” tras seis meses de “parálisis” política provocados por su “capricho” de adelantar las elecciones. De Miguel ha rechazado las justificaciones técnicas y ha propuesto como alternativa trasladar la sesión al mes de octubre.

PP y Vox ven la crítica “estéril” y defienden que el control al Gobierno es diario

Por su parte, los partidos que sostienen la gobernabilidad han cerrado filas en torno a la interpretación jurídica del presidente de la Asamblea.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha llamado a la oposición a acatar el dictamen de los letrados ante una “situación excepcional”. Sánchez Juliá ha argumentado que el parlamentarismo extremeño no se encuentra paralizado, recordando que Guardiola se ha sometido de forma continuada al control de la Cámara mediante tres debates de investidura, la tramitación de dos presupuestos y las sesiones ordinarias de control.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha tildado la polémica de “debate estéril” utilizado por los socialistas como “triquiñuela” partidista. A su juicio, no resulta procedente someter a examen a un Gabinete que acumula apenas semanas de rodaje operativo.

Por parte de la Junta de Extremadura, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado en desacuerdo con los reproches de la oposición, enfatizando que la fiscalización al Gobierno autonómico se produce “cada día, semana y mes”. Fernández Calle ha calificado de “lógico” que se prescinda de este pleno extraordinario tras solo dos meses de andadura, aunque ha matizado que, de haberse convocado finalmente, el Ejecutivo habría acudido “encantado”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha exigido este miércoles a la Consejería de Educación y Formación Profesional transparencia y explicaciones documentadas tras la información publicada por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha permitido elevar la categoría laboral y retributiva de la hermana del secretario general de Educación, José Pedro Catalán (PP), el 'número dos' del departamento.

El sindicato ha anunciado que reclamará formalmente toda la documentación que justifique la decisión adoptada en la Orden de 6 de julio de 2026 (publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 9 de julio). Aunque señalan que no prejuzgan la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional del personal afectado, advierten de que la coincidencia entre la mejora de un puesto y “el parentesco directo con uno de los máximos responsables de la consejería genera dudas razonables que la Administración debe aclarar de manera inmediata”.

Desde CCOO consideran “insuficiente” la justificación trasladada hasta ahora por la Consejería de Educación, basada en la voluntad de equilibrar la importancia de los distintos servicios. Según el análisis del sindicato, el resultado de la orden sigue manteniendo dos niveles salariales diferentes, dado que la Jefatura de Servicio de Innovación asciende al mismo tiempo que la de Inclusión y Atención a la Diversidad desciende.

Asimismo, destacan la contradicción de reservar en exclusiva uno de los puestos al subgrupo A1 cuando la justificación ofrecida por la Administración era facilitar el acceso a miembros del cuerpo de maestros, pertenecientes al subgrupo A2.

“Las relaciones de puestos de trabajo deben responder exclusivamente a necesidades organizativas y a criterios objetivos. No pueden convertirse en instrumentos para adoptar decisiones singulares o aparentemente diseñadas en función de las personas que ocupan temporalmente los puestos”, remarca la organización sindical en su escrito.

Exigencia de informes y abstención

En su requerimiento formal, CCOO solicitará conocer los criterios técnicos, organizativos y económicos utilizados para adoptar la modificación, qué órgano la promovió y qué informes avalan el cambio. De igual forma, el sindicato ha puesto el foco en la actuación del propio 'número dos' de la consejería, solicitando información sobre la intervención del secretario general de Educación en la tramitación del expediente y la existencia de mecanismos de abstención, incompatibilidad o supervisión que garanticen la imparcialidad del proceso.

La Federación de Enseñanza ha avanzado que analizará el conjunto de la orden, que incluye también modificaciones y amortizaciones de personal laboral en servicios educativos, y pedirá abordar la cuestión en las mesas de negociación correspondientes, reservándose la posibilidad de emprender acciones sindicales, administrativas o jurídicas una vez examinado el expediente completo.

“Cuando una decisión puede generar una percepción de trato de favor, no basta con asegurar que existen razones organizativas: es imprescindible acreditarlas con transparencia, documentación y explicaciones públicas convincentes”, concluyen desde la organización.

Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos leves tras lanzarse al río Ruecas, a su paso por Rena (Badajoz), para rescatar a un menor que había sido arrastrado por la fuerte corriente y había quedado atrapado entre ramas y zarzales.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, cuando el joven fue desplazado unos 30 metros río abajo y quedó sujeto a unas ramas en una zona de difícil acceso desde tierra, según han indicado desde la Guardia Civil este miércoles.

Alertados por sus gritos de auxilio, los agentes se quitaron parte del uniforme, recogieron una cuerda del vehículo oficial y se introdujeron en el agua para alcanzar al menor.

Durante el rescate tuvieron que avanzar a contracorriente y utilizar un árbol sumergido como punto de apoyo, mientras perdían el equilibrio en varias ocasiones debido a la fuerza del agua.

Los guardias civiles consiguieron asegurar al joven y mantenerlo fuera de peligro hasta la llegada de los bomberos y de los servicios sanitarios. El menor pudo regresar con su familia, mientras que los dos agentes fueron atendidos por heridas de carácter leve sufridas durante la intervención.

Tras este suceso, se ha recordado la importancia de extremar la precaución en ríos y pantanos, bañarse únicamente en zonas autorizadas y mantener a los menores bajo supervisión permanente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que aclare un problema con el abono de los complementos salariales de los trabajadores de la residencia asistida El Cuartillo, en Cáceres, tal y como ha adelantado elDiario.es Extremadura, y si esto afecta al resto de residencias públicas. A su juicio, esto se suma a las denuncias de la plantilla de El Cuartillo por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, “especialmente” durante los meses de verano.

La portavoz de Dependencia y Mayores del Grupo Socialista, Judit Olivares, ha reclamado que la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez, aproveche su comparecencia este miércoles en comisión parlamentaria para ofrecer “una explicación clara” sobre lo que está ocurriendo. Según remarca el PSOE, los trabajadores podrían dejar de percibir en su próxima nómina los complementos correspondientes por trabajo nocturno, festivos, domingos o movilidad funcional debido, presuntamente, a un problema en la plataforma que gestiona los recursos humanos.

Olivares ha advertido de que se trata de una situación “muy grave”, ya que, ha apuntado, afecta a uno de los derechos fundamentales de cualquier trabajador, es decir, al cobro íntegro de su salario al finalizar el mes. Además, ha señalado que el impacto será “especialmente importante” para las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, cuyos ingresos dependen “en buena medida” de estos complementos para completar sus nóminas.

La portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare si esta incidencia afecta únicamente a los cerca de 200 trabajadores de la residencia El Cuartillo o si, por el contrario, puede extenderse al resto de residencias públicas dependientes del SEPAD. Queremos saber qué está pasando en el SEPAD y en el gobierno de Guardiola. Si estamos ante un problema administrativo, de planificación o incluso de falta de recursos, lo que no puede ocurrir es que los empleados públicos sean quienes paguen las consecuencias de la mala gestión“, ha señalado.

Olivares ha dicho que la directora gerente del SEPAD debe ofrecer explicaciones tanto a los trabajadores afectados como al conjunto de la sociedad extremeña y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación “de forma inmediata”, ha concluido.