Canarias se halla a la cola en la clasificación de comunidades autónomas del país que más viviendas protegidas han terminado desde el año 2019, el ejercicio en que las Islas estrenaron legislatura, en julio, y Gobierno progresista, el apoyado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG. Tras esa etapa, la que se cerró con las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el Ejecutivo regional está bajo el control de CC y PP, con la presidencia del nacionalista Fernando Clavijo.

Con unos o con otros al mando, aunque en la pasada legislatura con el factor limitante de la covid, los resultados oficiales ahora conocidos para el archipiélago (difundidos previamente por eldiario.es), que son los publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno español (1990-junio de 2026), seguro que no superan el aprobado: están muy por debajo de eso.

Para empezar, Canarias lleva casi cuatro años seguidos, desde 2023, sin terminar un piso protegido, mientras que en la legislatura pasada, con el socialista Ángel Víctor Torres de presidente del Gobierno autonómico, solo se finalizaron 268 unidades, con 60 dentro del año 2019 (una parte de ese año fue legislatura gobernada por Fernando Clavijo) y 208 en 2022.

Por mucho que se mire a todos lados, no se encuentra nada más en las estadísticas servidas por el Ministerio. Por lo tanto, la media resultante para ese periodo de siete años y seis meses, de enero de 2019 a junio de 2026, es descorazonadora, pues solo sale un promedio por año de vivienda protegida terminada de 36 unidades.

En Canarias, la población de derecho supera los dos millones de personas, en torno a 2,2 millones; las islas recibieron en 2025 la cifra de 18,4 millones de turistas; hay una oferta elevadísima de viviendas explotadas en régimen de alquiler vacacional, y la presión de la segunda residencia también es fortísima, de manera singular por parte de la demanda extranjera (ya se dio la cifra de visitantes turísticos).

Pese a las peticiones formuladas por muy pocos ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo autonómico se ha negado por ahora a activar el sistema nacional establecido por ley para limitar el ascenso especulativo de los precios de alquiler de las viviendas en zonas calificadas como tensionadas.

A tremendo déficit de oferta en el segmento público en Canarias, se une otro registro casi igual de negativo: la dinámica de construcción tampoco ha ido mucho mejor para la vivienda privada, la de mercado libre. Este sector no termina en Canarias, como también ocurre en el resto de España, de recuperar un ritmo razonable de edificación tras la potente crisis del ladrillo en 2008.

En efecto, así es. En el primer semestre de 2026, solo se han terminado 1.574 viviendas de promoción privada y mercado libre en las islas, mientras que en 2025 se llegó a 3.152 residencias. Como contraste a estos valores, se tienen los registros más abultados del periodo 1990-2026, que son el de más 29.600 en 2008, el año del crack, y casi 28.200 en 2002. Desde 2012, no se recupera una oferta media igual o superior a los 5.000 pisos privados por año, el registro de 1994.

Está claro que Canarias no es una gran potencia regional en construcción de vivienda protegida, ni en términos absolutos ni en relativos respecto a la oferta global de primeras residencias, pero sí es verdad que los indicadores absolutos del periodo 2019-2026 poco se parecen a los de los años 1997 y 1998, que son los ejercicios anuales del periodo de análisis más abierto, de 1990 a junio de 2026, en que más hubo vivienda pública terminada, con niveles por encima de las 4.000 unidades en ambos casos.

En 2022, cuando más se terminó vivienda protegida en los últimos casi ocho años, solo se alcanzaron las 208 unidades de pisos protegidos. Todo lo demás dentro de la etapa 2019-2026 es puro desierto, sino fuera por ese dato de 2022 y las 60 viviendas de 2019. El resto representa la sequía más absoluta.

Pedro Sánchez ‘versus’ Mariano Rajoy

Desde 2023, en España se han entregado 47.000 pisos públicos protegidos. La cifra prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue de 184.000. Obvio que se ha estado muy lejos de alcanzarla, pero con Mariano Rajoy en el Gobierno español la cosa fue aún peor en su segunda legislatura, con solo 18.000 viviendas entregadas.

Un estudio del Banco de España cifra el déficit de vivienda pública en el país en 750.000 unidades, una carencia que cada año que pasa sin las soluciones adecuadas se eleva en 250.000 más. Por poner ejemplos opuestos al español, conviene citar cómo lo hacen en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública.

Además, conviene saber que en España solo el 1,5% del parque de viviendas es de titularidad pública, nivel muy por debajo de la media en los países de la OCDE, en el 7,1%, y lejísimo del 16,4% de Reino Unido y el 14% de Francia. 

España se acerca al nivel relativo de Alemania, con el 2,6%, y está por encima de Portugal, en el 1,1%.

Comisiones Obreras ha anunciado este viernes que, junto con UGT y CSIF, firmarán este lunes con el Gobierno de Canarias un acuerdo para la implantación de la carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

El sindicato considera que este acuerdo representa un “avance histórico” en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de empleados públicos que llevan cerca de veinte años esperando su aplicación.

Así lo ha plasmado en un comunicado CCOO, en el que recuerda que el derecho a la carrera profesional está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007, sin que hasta ahora se haya materializado para este colectivo.

Durante todo este tiempo, el sindicato ha participado activamente en las mesas técnicas de negociación, defendiendo una implantación que garantizara condiciones equiparables a las de otros trabajadores de la Administración autonómica.

Uno de los principales logros del acuerdo es que las cuantías económicas tendrán como referencia las establecidas para el personal del Servicio Canario de Salud. Para Comisiones Obreras, esta equiparación constituía una línea roja en las negociaciones. “No estábamos dispuestos a aceptar una carrera profesional de segunda categoría”, subraya Jenifer Jerez Hernández, coordinadora del Sector de Administración General de la FSC CCOO Canarias.

Otro aspecto fundamental es el reconocimiento extraordinario de la antigüedad acumulada. El acuerdo contempla que, con carácter excepcional y por una sola vez, cada empleado público sea encuadrado inicialmente en el tramo que le corresponda según los años de servicio reconocidos a 31 de diciembre de 2026.

El sistema establece cinco tramos, a los que se accederá inicialmente con 5, 11, 17, 23 y 28 años de antigüedad, respectivamente. De esta manera, se evita que quienes llevan décadas trabajando en la Administración tengan que comenzar su carrera profesional desde el primer nivel.

“Los empleados públicos no tenemos por qué pagar las consecuencias de que la Administración haya tardado casi veinte años en reconocer un derecho que ya teníamos”, señala Jerez Hernández.

El acuerdo prevé incorporar estas medidas a la Ley de Presupuestos de Canarias para 2027, con efectos económicos desde el 1 de enero de ese año. Su implantación retributiva será progresiva: el 25% en 2027, el 50% en 2028, el 75% en 2029 y el 100% en 2030.

El encuadramiento inicial se realizará de oficio, sin necesidad de solicitud individual, y deberá resolverse antes del 30 de junio de 2027. El primer abono está previsto para la nómina de julio, incluyendo los atrasos correspondientes desde enero.

Comisiones Obreras expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado, pero advierte de que mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de todos los compromisos y plazos establecidos, así como sobre su aprobación definitiva y aplicación efectiva.

“Este acuerdo supone un paso decisivo, pero nuestro trabajo no termina con la firma. Seguiremos negociando para mejorar la carrera profesional y el conjunto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas de Canarias”, concluye Jenifer Jerez Hernández.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha elevado al Ejecutivo central una propuesta para limitar la compra de vivienda a no residentes después de varios intentos de recuperar la medida sin que nunca haya llegado a materializarse.

Este jueves, el Gobierno regional anunció un borrador de un real decreto ley donde se recogían nueve puntos para restringir la adquisición de inmuebles en el Archipiélago. Entre ellos destaca exigir un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido o limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona.

El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario, que lleva casi más de una década arrastrando al Archipiélago, y facilitar a los canarios el acceso a una vivienda.

Sin embargo, antes de convertir la limitación de la compra de vivienda por no residentes en una de sus propuestas, Coalición Canaria ha votado varias veces en contra de iniciativas de la oposición que planteaban medidas similares. Tan solo cuatro días después del 20A, NC-BC presentó una moción que contenía una batería de disposiciones para controlar el crecimiento turístico, entre ellas una ecotasa, una moratoria y establecer límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros. El argumento de la negativa de CC se centraba en las dificultades jurídicas y en el posible choque con la normativa europea. Dos años después, en plena campaña preelectoral, lo han presentado al Gobierno central.

Clavijo rechazó limitar la compra de vivienda a no residentes tras las elecciones europeas de 2024

Unos meses más tarde, durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, el candidato de CC Carlos Alonso convirtió el límite a los nuevos habitantes en su lema. Defendió gravar las compras de vivienda por extranjeros y limitar su adquisición. Pero Clavijo volvió a descartar adoptar esas medidas por chocar frontalmente con uno de los pilares básicos de la Unión Europea: la libre circulación de capitales y la prohibición de discriminar por nacionalidad dentro de los Estados miembros. El Gobierno regional llegó incluso a encargar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de establecer esas medidas, pese a que Alonso amparaba que sí eran compatibles con la legislación europea.

La vía europea para limitar la compra de vivienda por extranjeros

Durante la legislatura, el presidente canario ha defendido que cualquier limitación debía contar con respaldo jurídico europeo. Para intentar sortear este obstáculo legal, el Ejecutivo autonómico exploró la vía de su estatus especial dentro de Europa como región ultraperiférica.

Clavijo intentó utilizar el Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, sufren desventajas estructurales permanentes, para argumentar que la presión inmobiliaria y la falta de suelo en las islas justificaban una excepción histórica que les permitiera vetar las compras de extranjeros.

Para que la medida canaria fuese aceptada por Europa, debía superar dos filtros legales muy complejos. El primero, el principio de proporcionalidad: Canarias tendría que demostrar jurídicamente que prohibir la compra de viviendas es la única medida adecuada para resolver la crisis habitacional y que no existen alternativas menos drásticas y restrictivas. El segundo, la no discriminación por pasaporte: las leyes europeas prohíben explícitamente vetar a un ciudadano alemán, italiano o a un español de la península solo por su origen.

Pero la falta de una fórmula que garantizara su encaje en la normativa comunitaria ha mantenido la propuesta pendiente de avances concretos durante meses, hasta del día de ayer.

Diez años de empadronamiento para comprar vivienda en Canarias

Mientras la presión social en Canarias por la crisis habitacional ha ido en aumento, Clavijo ha seguido desempolvando el tema en el ámbito europeo. A finales de septiembre de 2026, el presidente canario afirmó estar “esperanzado” tras reunirse con responsables en Europa, asegurando que se abría una “ventana de tres o cuatro meses”, coincidiendo con la presidencia irlandesa de la UE, para avanzar en la restricción.

Días después, este 15 de octubre, el Gobierno canario remitía al Ejecutivo estatal un borrador que plantea exigir diez años de empadronamiento continuado -o quince discontinuos- para comprar vivienda en las Islas y limitar a dos las viviendas que puede adquirir una persona.

La propuesta ya no se dirige exclusivamente a extranjeros, sino que utiliza el tiempo de residencia como criterio. Su aplicación dependerá de la respuesta del Gobierno central y de que supere los impedimentos jurídicos que han condicionado el debate desde el principio.

La evolución de la medida muestra cómo Clavijo ha pasado de rechazar determinadas fórmulas restrictivas a defender una nueva vía legal para limitar la compra de vivienda en Canarias.

La limitación a no residentes no soluciona la crisis de vivienda

Y aunque finalmente lo haya hecho, a semanas de las elecciones generales del 29N, diversos economistas, urbanistas y expertos en el sector inmobiliario ratifican que la propuesta no solucionaría la crisis por sí sola y es insuficiente, ya que ataca únicamente un síntoma de la demanda sin resolver los fallos estructurales del mercado canario.

El sector insiste en que la solución estructural requiere agilizar la gestión de suelo, desbloquear licencias y construir vivienda protegida (VPO).

Asimismo, la tesis principal de las plataformas ciudadanas agrupadas bajo el movimiento 'Canarias tiene un límite' recuerda que el Archipiélago cuenta con una enorme bolsa de viviendas vacías (unas 211.452, según el INE, muchas de ellas concentradas en municipios pequeños) y una proliferación descontrolada de vivienda vacacional. Además, Canarias lleva casi dos décadas con la construcción de vivienda pública prácticamente congelada, un parón estructural que se inició en 2012 tras los drásticos recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy y sus políticas de austeridad, que eliminaron la financiación estatal para vivienda protegida.

Actualmente, los expertos apuntan a que es más urgente y efectivo movilizar ese parque inmobiliario ya existente e incentivar a los pequeños propietarios a sacar sus casas al mercado de alquiler de larga duración.

El Gobierno de Canarias (CC-PP) quiere ahora poner límites a la compra de vivienda en el Archipiélago. En plena precampaña electoral, el Ejecutivo plantea trasladar al Gobierno de España una propuesta legislativa con nueve medidas para restringir la adquisición de inmuebles, entre ellas exigir un mínimo de diez años de empadronamiento en las islas. El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a quienes residen en Canarias.

El borrador contempla desde limitar el número de inmuebles que puede adquirir una misma persona hasta establecer restricciones a la compra por parte de empresas y fondos de inversión. También incluye excepciones para las viviendas heredadas y plantea que las limitaciones se mantengan durante diez años. Estas son las nueve medidas que recoge la propuesta:

1. Diez años de empadronamiento para comprar una vivienda

Uno de los principales requisitos del borrador es acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido en Canarias para poder comprar una vivienda. La propuesta también contempla la posibilidad de cumplir quince años de residencia de forma discontinua. La restricción se aplicaría tanto a ciudadanos españoles como extranjeros, de modo que el criterio determinante sería la residencia y no la nacionalidad.

2. Un máximo de dos viviendas por persona

La propuesta plantea limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona en el Archipiélago. Además, los inmuebles tendrían que estar situados en municipios diferentes. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca poner freno a la acumulación de propiedades y a las compras con fines especulativos.

3. Restricciones a las compras por parte de empresas y fondos de inversión

El borrador también pone el foco en las personas jurídicas, entre ellas las empresas y los fondos buitre que adquieren inmuebles como inversión. Según la propuesta, estas entidades no podrían comprar viviendas, salvo en los supuestos previstos para aquellas cuya actividad exclusiva sea la venta o el alquiler residencial a personas físicas. La medida pretende limitar la adquisición de casas para su explotación turística o vacacional, aunque su alcance concreto dependerá de lo que establezca finalmente el texto jurídico.

4. Las viviendas heredadas quedarían fuera de las restricciones

Las adquisiciones de viviendas por herencia, conocidas jurídicamente como transmisiones mortis causa, quedarían excluidas de los requisitos de empadronamiento planteados en el borrador. De esta forma, los herederos podrían recibir un inmueble sin tener que acreditar los diez años de residencia exigidos para las compras sujetas a la medida.

5. Las compraventas que incumplan los requisitos podrían ser nulas

La propuesta contempla declarar nulas las operaciones de compraventa que vulneren las restricciones y evitar su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se trata de una de las disposiciones que exigirían especial precisión jurídica, ya que sus efectos dependerían de la redacción definitiva de la norma y de su encaje en el ordenamiento vigente.

6. Las restricciones afectarían a viviendas nuevas y de segunda mano

El borrador no limita las medidas al mercado de segunda mano. Las restricciones también se aplicarían a las viviendas de nueva construcción, incluidas las promociones que se desarrollen en el futuro, según el alcance planteado en la propuesta. De esta manera, el plan pretende abarcar tanto las operaciones sobre inmuebles existentes como las nuevas adquisiciones.

7. Las medidas tendrían una duración de diez años

Las limitaciones se plantean como una respuesta temporal a la emergencia habitacional. El borrador propone que permanezcan en vigor durante diez años, un periodo con el que el Gobierno canario pretende aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda. La duración efectiva dependería de la aprobación y de las condiciones que establezca la norma definitiva.

8. El argumento de Canarias para encajar la medida en la normativa europea

Uno de los principales retos de la propuesta es su encaje jurídico, especialmente en relación con las reglas europeas sobre la libre circulación de capitales y el mercado interior. Para defender las restricciones, el borrador apela al criterio de residencia en lugar de a la nacionalidad y al estatus de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Este argumento forma parte de la justificación de la propuesta, pero no garantiza por sí mismo que las medidas sean compatibles con el derecho europeo. Su viabilidad dependerá del contenido definitivo de la norma y de la evaluación jurídica que corresponda.

9. Más competencias municipales sobre el turismo y la vivienda vacacional

La propuesta también contempla dar un mayor margen de actuación a los ayuntamientos. Entre las medidas planteadas figuran la posibilidad de establecer tasas turísticas para no residentes y limitar la creación de nuevas viviendas vacacionales en los barrios con mayor saturación. El objetivo es que los municipios puedan actuar sobre la presión turística en las zonas más afectadas, aunque la aplicación de estas medidas dependería de las competencias que finalmente se les atribuyan y del marco legal correspondiente.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, AHI y ASG) han aprobado este jueves el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad de profesorado con las críticas de la oposición, que teme una oportunidad perdida que puede generar frustración y cuestiona su legitimidad en época preelectoral.

La norma, que lleva tramitándose el último año, no contenta a asociaciones de madres y padres, mientras que los sindicatos, que en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

El dictamen pasará ahora al próximo pleno del Parlamento de Canarias para su debate y votación, y los grupos que quieran presentar un voto particular tienen de plazo hasta el próximo lunes para efectuar sus propuestas en este sentido.

Durante el debate del dictamen en la comisión de Educación en el Parlamento de Canarias el diputado del grupo Socialista Marcos Hernández ha criticado la forma “nada operativa y poco estética” de legislar “sobre lo ya legislado”, pues a su juicio la autoridad del profesorado ya viene regulada en la legislación estatal y autonómica.

“Al final esto es una puesta en escena que, no nos llevemos a engaño, no funciona así” si no se llena de contenido a la norma y por lo tanto puede quedar “en una oportunidad perdida” que la Consejería de Educación intentará “vender como un éxito sin ir a los problemas reales”, ha añadido Hernández.

Y “¿cómo vamos a llenar de contenido una norma si luego no ponemos los medios?”, ha cuestionado el diputado socialista, para quien el proyecto adolece de aspectos fundamentales en cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo, el reconocimiento económico a las tutorías y revertir el recorte de las pagas extraordinarias con lo que, en suma, se puede generar “más frustración que certeza”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha pedido a los grupos que apoyan al Gobierno que respalden sus enmiendas, puesto que surgen de los comparecientes a la comisión y proponen mecanismos “reales y efectivos” en este ámbito.

Hernández ha confiado en que sea una ley “de todo el Parlamento de Canarias y no sólo de CC, PP, gomeros y herreños” y ha expresado su convicción de que no sabe hasta qué punto hay legitimidad en aprobar una norma “de cinco meses de vida”, antes de las próximas elecciones autonómicas, “si no hay consenso”.

Para Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, el texto avanza en la dirección de aplicar medidas concretas y entender la convivencia como una responsabilidad compartida, con el desarrollo de un “escudo preventivo” para una norma necesaria que, ha recordado, surge por la reclamación de la comunidad educativa “y no ha sido un invento de un grupo parlamentario”.

Sonsoles Martín, del grupo Popular, ha objetado el discurso del “vaso medio vacío” de la oposición y ha precisado que el consenso significa modificar entre todos, no oponerse cuando “no se aprueba lo mío”.

Martín ha advertido de que en la comisión “se ha dejado caer algo peligroso” en cuanto a que si es legítimo aprobar ahora una ley, pues ha recordado que en Canarias no hay actualmente un periodo preelectoral y, por el contrario, se ha preguntado “si acaso es legítimo aprobar un Decreto en una Diputación Permanente que ha sido rechazado por el Congreso”.

Para el diputado del grupo Nacionalista Jonathan Martín la autoridad del profesorado y la convivencia escolar “deben reforzarse mutuamente para construir centros educativos más seguros, inclusivos y respetuosos”, y ha precisado que defender la autoridad del profesorado no significa defender una escuela más dura, sino trabajar porque sea más justa, segura y respetuosa.

Asimismo, ha explicado que el grupo Nacionalista rechazó parte de las enmiendas del PSOE y Nueva Canarias por considerar que sus contenidos deben abordarse en otras normas educativas, documentos en trámite o mediante el desarrollo reglamentario de la ley, y ha manifestado su oposición a la propuesta de Vox de eliminar la figura del coordinador de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Por su parte la diputada no adscrita Marta Gómez ha considerado que la ley es “muy necesaria” porque va a dotar al profesorado de protección jurídica, apoyo psicológico y protocolos de actuación en caso de conflicto y lograr el objetivo de que las aulas sean un entorno seguro para docentes y alumnado. 

Opinión del Consejo Escolar y los sindicatos

El Consejo Escolar elaboró ya el pasado mes de abril un informe con conclusiones sobre este proyecto señalando que para que esta ley sea realmente efectiva “debe concretarse en un plan de acciones para que constituyan una herramienta útil y eficaz que mejore el clima de convivencia y el bienestar integral del profesorado”. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar una adecuada financiación del sistema educativo, ya que hoy día se sigue sin llegar el 5% del PIB para esta área.

El Consejo consideró que la ley aún carece de de propuestas en materia de recursos en los centros educativos y que el prestigio del profesorado se protege “asegurando unas condiciones laborales dignas que incluyan una disminución de las ratios, infraestructuras seguras, accesibles y en buen estado, una formación de calidad y una estabilidad laboral, entre otras acciones orientadas a asegurar sus derechos como trabajadores y trabajadoras”. 

Mientras tanto, los sindicatos han preparado enmiendas pidiendo, entre otras cuestiones, acciones concretas y un aumento de la financiación.

Por último, las familias, a través de las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma también criticó la presunción de veracidad. “Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?”, se cuestionó. 

La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha habilitado la página web del Programa de Incorporación de Vivienda Vacía al Alquiler en Canarias para movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas y facilitar su incorporación al mercado del alquiler asequible.

Según ha informado este jueves la Consejería, la plataforma, a la que se puede acceder a través de www.vivacan.es, constituye un punto de encuentro entre las personas propietarias que desean poner sus inmuebles en alquiler y aquellas que buscan una vivienda a un precio asequible.

El servicio ofrece intermediación gratuita y acompañamiento antes, durante y después de la firma del contrato, con el objetivo de facilitar el proceso y aportar mayor seguridad a ambas partes.

El programa se desarrolla a través de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), que ha adjudicado el servicio de implantación y gestión operativa a la empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S. L.

Esta empresa ofrecerá a las personas propietarias asesoramiento sobre precios de alquiler, apoyo en la selección de inquilinos solventes, formalización del contrato, elaboración del inventario y orientación jurídica.

Por su parte, las personas interesadas en acceder a una vivienda pueden consultar las opciones disponibles, recibir asesoramiento sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y contar con apoyo en la formalización del contrato y en la resolución de posibles incidencias durante el arrendamiento.

La iniciativa incorpora también un servicio de seguimiento y mediación durante la vigencia del contrato, con el propósito de facilitar la relación entre propietarios e inquilinos y ofrecer acompañamiento ante las dificultades que puedan surgir

La web reúne la información sobre el funcionamiento del programa, los servicios dirigidos a propietarios e inquilinos y las viviendas disponibles e incluye un buscador que permite filtrar los inmuebles por isla, municipio, precio del alquiler, número de dormitorios y otras características.

El servicio cuenta con atención presencial, itinerante y telemática en las ocho islas, con el fin de facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas interesadas durante las distintas fases del procedimiento. 

Seguro de impago y ayudas a la rehabilitación

El consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha explicado este jueves en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del diputado del grupo Mixto Raúl Acosta sobre las garantías de cobro y devolución del inmueble como instrumento para incentivar a los propietarios, las medidas incluidas en la bolsa de vivienda asequible.

El consejero ha señalado que el programa pretende ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos mediante un servicio de intermediación que permita generar confianza entre ambas partes y facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles.

La bolsa tendrá presencia en las ocho islas habitadas, con atención presencial, itinerante y telemática, ha precisado Rodríguez, quien ha destacado que el servicio no se limitará a una página web o a un teléfono, sino que contará con oficinas a las que podrán acudir los ciudadanos.

Para los propietarios, el programa incluirá, además del seguro gratuito de impago durante tres años, la evaluación de la solvencia de los inquilinos, la elaboración del contrato y el inventario de la vivienda, así como asesoramiento jurídico y orientación sobre los precios del alquiler.

También se podrán gestionar ayudas para la puesta a punto o rehabilitación de los inmuebles, con el objetivo de que sean habitables y cumplan los requisitos exigibles para ofrecer una vivienda digna.

Por su parte, los inquilinos podrán acceder a viviendas en alquiler asequible, recibir asesoramiento sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos y contar con mayor seguridad en la formalización del contrato, además de un servicio de mediación ante posibles incidencias entre las partes.

Rodríguez ha informado asimismo de que la página web vivacam.es ya está operativa, aunque en una fase inicial, para facilitar que los propietarios puedan incorporarse a la bolsa sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Estudio sobre las viviendas vacías

La licitación incluye también la elaboración de un estudio pormenorizado de cada una de las islas para determinar cuántas viviendas vacías existen, cuáles son habitables y en qué condiciones se encuentran.

El consejero ha considerado que este análisis es vital para conocer la realidad del parque residencial desocupado y permitirá identificar inmuebles susceptibles de incorporarse a la bolsa de alquiler asequible.

Rodríguez ha explicado que el estudio se desarrollará de forma paralela a la puesta en marcha del programa y no será necesario esperar a sus conclusiones para comenzar a captar viviendas.

El consejero ha defendido que la movilización de vivienda vacía constituye una de las líneas de actuación del Ejecutivo autonómico para incrementar la oferta de alquiler, ante una situación en la que, según ha señalado, muchas personas no solo tienen dificultades para asumir los precios, sino que ni siquiera encuentran una vivienda disponible.

Por último, ha indicado que el programa se ha diseñado teniendo en cuenta experiencias de otras comunidades autónomas y los errores detectados en iniciativas anteriores, con el objetivo de favorecer su funcionamiento y aceptación. 

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Ingenio, en Gran Canaria, han formalizado este jueves un convenio para la construcción de 19 viviendas industrializadas en ese municipio que serán destinadas al alquiler asequible para jóvenes de entre 18 y 35 años.

La iniciativa contempla el desarrollo de un prototipo residencial, mediante un concurso de diseño coordinado por el Consejo Económico y Social de Canarias (CEICA), con un plazo de presentación de propuestas hasta el próximo 15 de noviembre.

El acuerdo incluye la puesta a disposición de una parcela municipal de 565,32 metros cuadrados, sin canon por el suelo, y la edificabilidad prevista asciende a 1.582,89 metros cuadrados, en una superficie que cederá el Ayuntamiento de Ingenio y que la empresa adjudicataria gestionará por un máximo de 75 años.

Las viviendas tendrán superficies construidas de entre 60 y 120 metros cuadrados, tendrán un plazo de construcción reducido de diez meses y serán financiadas y gestionadas por la empresa ganadora del concurso, ha explicado este jueves en rueda de prensa la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita.

El proyecto deberá incorporar los requisitos de accesibilidad y adaptación que correspondan, así como criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, calidad constructiva y viabilidad técnica, aunque también se valorarán las soluciones de construcción industrializada, incluidos sistemas híbridos que combinen elementos prefabricados en dos dimensiones con métodos tradicionales.

La fase prevista para la ejecución de las obras se extiende del 20 de marzo de 2027 al 20 de enero de 2028, con un presupuesto de ejecución material estimado en 2,53 millones de euros.

Para Zurita, este convenio de viviendas industrializadas ayuda a “solucionar el problema de la vivienda” que hay en todos los municipios de Canarias e “industrializa, moderniza e innova” en un sector de la construcción que “ya presenta síntomas de obsolescencia”.

La directora general de Industria del Gobierno canario ha puesto en valor que este modelo mixto de construcción en fábrica permitirá agilizar los plazos de obra y servirá para “desarrollar un prototipo industrial” que espera que sirva de ejemplo a otras promociones en Canarias, aunque en las islas exista el “hándicap” de tener que usar el hormigón con encofrado tradicional ante la falta de empresas que trabajen el hormigón 3D.

Ana Zurita ha avanzado que este convenio se repetirá en Canarias y ha adelantado la próxima firma con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a la vez que ha aprovechado para lanzar un llamamiento al resto de municipios para sumarse a la iniciativa.

La alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, ha asegurado que la crisis de vivienda obliga a “buscar diferentes fórmulas para que el derecho a la vivienda la vivienda” se cumpla y dar un techo a las familias, a través de un modelo que “ahorra los procesos de construcción y los peligros de la obra tradicional”.

“Salen diecinueve viviendas y diecinueve oportunidades para las familias. Con la necesidad que tenemos en el municipio, diecinueve viviendas son bienvenidas, pero buscaremos suelo municipal para que sean muchísimas más”, ha expresado. 

El Gobierno de Canarias (CC-PP) ha elevado al Gobierno de España una propuesta de real decreto ley para que se prohíba comprar una vivienda en las islas a toda persona, sea española o extranjera, que no acredite diez años de empadronamiento en su territorio (o 15, si es discontinuo).

Esta propuesta legislativa, a la que ha tenido acceso EFE, establece también que un mismo ciudadano solo podrá comprar dos viviendas en Canarias -y siempre que estén en municipios diferentes-, al tiempo que dispone que las personas jurídicas (empresas o sociedades de inversión) únicamente podrán adquirir viviendas en las islas si su fin social es venderlas o alquilarlas a personas físicas.

El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha enviado este borrador de Ley para garantizar el acceso a la vivienda a los residentes en Canarias como parte de las condiciones que Coalición Canaria pactó con el PSOE a cambio de dar su apoyo al primero de los llamados decretos Maricarmen, el que ha puesto límite a los desahucios de personas vulnerables. 

CC votó a favor del primer decreto y en contra del segundo. Ambos decayeron en el Congreso por los votos en contra del PP, Vox y Junts, pero el Gobierno pretende que sean aprobados definitivamente en la Diputación Permanente.

Pese a ser un problema que lleva años tratándose en las administraciones canarias (con incluso dos comisiones parlamentarias sobre reto demográfico) es ahora, a mes y medio de unas elecciones y con las cortes disueltas, cuando el Gobierno de Clavijo traslada el asunto al Gobierno central.

Esta misma semana, el presidente regional insistió en que se debe actuar sobre “oferta y demanda” salvo que se quiera implantar un “sistema comunista dictatorial”, e incidió en las dificultades que tiene Canarias ante un crecimiento de la población en más de 500.000 personas en 25 años y, además, de forma “desigual”, con 48 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.

Hay que recordar que Coalición Canaria ha votado en el Parlamento regional en diversas ocasiones en contra de propuestas realizadas por otros grupos parlamentarios para limitar o controlar el acceso a la vivienda por parte de extranjeros, y que el propio Clavijo descartó cualquier medida encaminada a gravar con impuestos la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, como había propuesto su compañero de partido Carlos Alonso cuando se postuló a las elecciones europeas. Alonso también propuso un gravamen a los nuevos residentes, pero Clavijo descartó, solo 24 horas después de los comicios, todas estas medidas tras aquellas elecciones, en las que CC no sacó ningún escaño en Bruselas.

Nueva propuesta

Durante esta legislatura, Clavijo ha trasladado a la Comisión Europea el intento de que se autorice a Canarias a fijar algún tipo de límite a la compra de viviendas, puesto que las estadísticas muestran que un tercio de las que cambian de propietario van a parar a manos de ciudadanos extranjeros y buena parte de ellas acaban en el negocio del alquiler vacacional.

Sin embargo, su planteamiento inicial chocaba con los tratados comunitarios, que garantizan el libre movimiento de personas y capitales en la UE y prohíben hacer distinciones por nacionalidades.

Esta propuesta legislativa intenta salvar ese escollo de dos maneras: no se apoya en la nacionalidad, sino en un hecho objetivo como es la residencia, acreditada mediante empadronamiento, e invoca el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza a las regiones ultraperiféricas el derecho a tener un trato singular en la aplicación de las normas comunitarias.

Lo explica así la exposición de motivos: “El régimen de garantía de acceso que establece esta norma es la vía más adecuada para la consecución de los fines perseguidos, sin que incurra en discriminación por nacionalidad, puesto que cualquiera que resida en las islas podrá acogerse a este mecanismo, pudiendo, entre tanto, vivir en ellas en régimen de alquiler o cualquier otra modalidad de ocupación temporal de vivienda”.

“A su vez, la limitación a un máximo de dos viviendas pretende evitar que la condición de residente se convierta en una ventaja sin justificación respecto del objetivo de garantizar que estas personas puedan a acceder a una vivienda, digna y adecuada; superada esa cifra, la garantía resulta inaplicable”, añade.

Gentrificación y alquiler turístico

¿Por qué propone el Gobierno canario estas medidas? El Ejecutivo de Clavijo recuerda que Canarias, por su propia condición insular, tiene territorio de “reducida superficie” y con “fragilidad de su biodiversidad”, circunstancias ambas que “determinan un uso limitado del espacio insular”, lo que impacta sobre el acceso a la vivienda.

Y al mismo tiempo, advierte, sufre “el fenómeno de gentrificación que viene produciendo la adquisición de viviendas para fines distintos del uso como residencia habitual por parte de personas físicas y empresas con domicilio en otros lugares, con desplazamiento de las personas que sí residen en las islas y haciendo muy gravoso o, incluso, impidiéndoles la compra de las viviendas que necesitan”.

“Esta realidad hace necesario adoptar medidas que garanticen el acceso de los residentes a las viviendas existentes y a las que se construyan”, argumenta la exposición de motivos.

El texto que se propone para limitar la compra a los no residentes es taxativo e incluye, incluso, garantías reforzadas. Si sale adelante, cualquier compra de vivienda en Canarias por quien no acredite el tiempo de residencia exigido “será nula de pleno derecho” y no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Lo mismo se establece para las empresas: será nula de pleno derecho toda compra de vivienda que haga una empresa jurídica si en su objeto social no está venderla o alquilarla a personas físicas.

Eso sí, quedan exceptuadas de estas limitaciones y prohibiciones las transmisiones 'mortis causa'; es decir, las herencias.

Armas para los ayuntamientos

El Ejecutivo canario plantea al Consejo de Ministros una segunda reforma legal, esta vez de la Ley de Bases de Régimen Local, para dar armas a los ayuntamientos con los que intervenir en el problema de la escasez de la vivienda en su territorio.

En primer lugar, plantea que los ayuntamientos puedan comprar o alquilar viviendas en su territorio a ciudadanos de países ajenos a la UE que no hayan residido un mínimo de dos años en su municipio (categoría que incluye, por ejemplo, a los ciudadanos del Reino Unido, el principal emisor de turistas a Canarias).

También propone que se habilite a los consistorios para crear tasas al turismo, que graven “pernoctaciones, hospedaje o estancias en alojamientos turísticos a las personas no residentes”.

Finalmente, sugiere que se autorice a los ayuntamientos a prohibir el alquiler vacacional en determinadas zonas de su municipio. 

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos de CC y el PP, la ausencia del portavoz del Grupo Mixto Raúl Acosta y la abstención de ASG tramitar la proposición de ley del Grupo Socialista que abogaba por compatibilizar la residencia con el uso turístico en el archipiélago, dando así una solución a los más de 70.000 residentes en zonas turísticas del archipiélago.

La norma, defendida por PSOE, NC-bc y Vox y que contaba con informe contrario del Gobierno regional, reconocía como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.

Igualmente, redefinía conceptos como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros de Canarias.

Esta propuesta venía a eliminar la imposición de multas a los propietarios de apartamentos ubicados en zonas que, años después de ser adquiridos por los propietarios, fueron declaradas turísticas. Los legítimos dueños de dichos apartamentos o bien residen en ellos o los usan como segundas residencias, y se negaban a cederlos a terceros para su explotación turística, motivo por el cual fueron sancionados por el Gobierno canario. Dichas viviendas tenían un uso residencial cuando fueron adquiridas, pero esto cambió, sin su consentimiento, con la Ley Turística canaria, que impuso el uso turístico.

En el debate de toma en consideración, Gustavo Santana (PSOE) se ha anticipado a los argumentos de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias para recalcar que hoy “no se aprueba nada”, o que su iniciativa “no hay por donde cogerla” cuando la exposición de motivos recoge “extractos de sus propias normas... se critican a ustedes mismos”.

Ha cuestionado que la ordenanza que tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana “no resuelve el problema” que existe en otras zonas donde conviven residentes y turistas como Valle Gran Rey, Puerto de la Cruz, Arona o Teguise.

Respecto al decreto “filtrado a los medios” en el que trabaja la Consejería de Turismo, ha asegurado que rezuma la “mentalidad feudalista del PP”, y ha preguntado a los diputados de CC si la comparten.

Santana ha insistido en que tomar en consideración esta iniciativa “solo es empezar a discutir” sobre “la única alternativa para generar consenso” entre todas las partes implicadas.

Socorro Beato (CC) ha admitido la “preocupación” por resolver el problema pero no ha obviado la “complejidad” de los edificios turísticos en Canarias, subrayando que no se puede legislar “ignorando” las consecuencias que pueden tener.

“No podemos dar seguridad jurídica a unos propietarios generando nuevas incertidumbres en otros”, ha destacado.

CC urge a Turismo a mover ficha

La diputada nacionalista ha instado al Gobierno a que intensifique los trabajos y presente “cuanto antes” una propuesta legislativa después de “tantos años de incertidumbre” si bien ha afeado también al PSOE que se presente como “mero espectador” cuando ha tenido responsabilidades de gobierno.

Ha comentado que, según ella, rechazar la tramitación de la nueva ley no supone “dar la espalda a los residentes ni cuestionar sus legítimas reivindicaciones” pero ha defendido una solución “más amplia, más rigurosa y capaz de entender a las distintas realidades que existen en los complejos turísticos de Canarias”.

David Morales (PP) ha criticado que el PSOE haya puesto “en la diana” a los afectados “y los ha sentenciado civil y constitucionalmente”, recordando que votó a favor del principio de sustitución del propietario.

Ha comentado que la ley es “cortoplacista” buscando rédito electoral a través de la “manipulación social” y frente a ello ha defendido “honestidad, transparencia y rigor técnico y jurídico” gracias a los “avances” normativos desarrollados por la Consejería de Turismo.

Entre ellos ha destacado que “se pone fin para siempre” al derecho a expropiación y a las inspecciones de oficio y se incluye “posibilidad de conversión de complejos del uso turístico al residencial, blindaje de la actividad regulada y ordenada del alquiler vacacional”.

Derechos supeditados a los intereses de los explotadores turísticos

Esther González (NC-bc) ha compartido la “angustia” de las personas que viven en zonas turísticas y ahora se “imponen condiciones” que no existían cuando compraron las viviendas.

“Es difícil entender cómo puede un Gobierno cambiar las reglas de esta manera y desahuciar a miles de propietarios de sus casas”, ha explicado.

Ha criticado que los derechos de las personas queden supeditados a los intereses de los granes operadores turísticos e indicado que las casas de canarios “no son habitaciones de hotel”.

“Sus propietarios no tienen por qué renunciar a sus derechos para que otros hagan negocios en ellos”, ha afirmado.

“El Gobierno no ha hecho nada”

Paula Jover (Vox) ha reprochado al Gobierno su “rechazo virulento” a las iniciativas tramitadas en el Parlamento para proteger a los 70.000 afectados mientras no se hace la “renovación” urbanística de las islas y ha coincidido con PSOE y NC-bc en criticar el incumplimiento electoral de Fernando Clavijo.

“El Gobierno de Canarias no ha hecho nada”, ha señalado, incidiendo en que CC ha cometido una “traición” a los afectados, al igual que el PP, que no ha defendido la propiedad privada y proyecta un “modelo” que “enfrenta a turistas con residentes”.

Jover ha dado por “agotada” la legislatura en turismo y vivienda y ha instado a los diputados a desmarcarse del poder ejecutivo y admitir la tramitación.

Jesús Ramos (ASG) ha pedido “intentar hasta el final” la elaboración de una ley que dé respuesta a los afectados con consenso porque están en un “sinvivir y con procesos de ansiedad”, y entiende que la propuesta del PSOE podría ser un “punto de partida” para empezar a trabajar. “Estamos abiertos al diálogo y al trabajo”, ha explicado.

Ha dicho que “no se puede alargar en el tiempo” la solución a la residencialización turística porque los propietarios “siguen en la misma situación” doce años después.

“Busquemos un diputado de cada uno de los grupos y sentémonos y redactemos una ley, ayudémonos de quien tengamos que ayudarnos y busquemos una solución a estas personas que están desesperadas y creo que no es justo que sigan así en el tiempo”, ha comentado

El Parlamento de Canarias prosigue su sesión plenaria con el debate de, entre otras cuestiones, sendas mociones sobre la aplicación del complemento de vivienda dentro de la ley de la renta canaria de ciudadanía y las listas de espera sanitarias. 

Una representación de afectados de todas las islas de la Ley Turística canaria se desplazará este miércoles al Parlamento de Canarias para ser testigo en directo de la posible admisión a trámite de la proposición de ley propuesta por el PSOE.

Dicha propuesta, según la Plataforma, “trae la devolución de la seguridad jurídica y la confianza legítima a los ciudadanos pues respeta el título constitutivo y los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades”. Se trata, añade, de “viviendas de personas a las que se les había despojado de sus derechos con la Ley 2/2013 y sobre todo con la reciente Ley de alquiler vacacional aprobada el pasado diciembre”.

La Plataforma carga contra dicha Ley de alquiler vacacional porque, supuestamente, defendía el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero que “en las áreas híbridas del litoral lo que ha hecho es usurparlas, provocando que el registrador de la propiedad cambie los asientos y la publicidad registral con la que compramos nuestras casas, lo que nos lleva a tener que entregar nuestras viviendas al uso turístico, es decir, la TURISTIFICACIÓN de nuestros hogares promovida por Normativas aprobadas por nuestros gobernantes que pretenden que nuestros complejos los rija la Ley Turística y no la Propiedad Horizontal con la que habíamos nacido”. 

La PALT pide que esta Proposición de Ley sea el comienzo de un proceso de consenso, no el final de un debate que “todavía necesita a toda la sociedad canaria”. 

Por esta razón, la PALT, ha dirigido a toda la Cámara una petición de admisión, al igual que un “numerosísimo” número de propietarios, que se han dirigido a los diputados este fin de semana. 

Admitir la PL significa, en opinión de la Plataforma, permitir que la iniciativa pueda debatirse, estudiarse y mejorarse durante su tramitación parlamentaria. “Significa abrir una puerta para que se incorporen propuestas, se corrijan deficiencias y se alcancen acuerdos que hoy todavía no existen”, indica. 

La organización añade que no debe actuar por “afinidad ni por rechazo” a un determinado partido político, y recuerda que su obligación es defender los derechos de los propietarios y valorar las iniciativas legislativas por su capacidad para contribuir a resolver los problemas que les afectan. 

“Llevamos años defendiendo que los apartamentos y bungalows adquiridos legítimamente por sus propietarios no pueden quedar sometidos a interpretaciones que desconozcan su naturaleza jurídica, las circunstancias de su adquisición o los derechos que les corresponden. Es imprescindible diferenciar los establecimientos turísticos de los complejos inmobiliarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como distinguir entre quienes deciden voluntariamente desarrollar una actividad turística y quienes desean disfrutar de su propiedad como vivienda”, recalca la organización. 

La existencia de una actividad turística no debería servir, por sí sola, para convertir a todos los propietarios de un complejo en participantes obligatorios de esa actividad, ni para atribuir al explotador facultades sobre propiedades ajenas, subraya. 

“Necesitamos seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y una regulación que concilie la actividad turística con los derechos de quienes son propietarios de sus viviendas”. Por ello, añade, la futura ley no debe ser patrimonio de un solo partido, ya que una cuestión de esta “trascendencia” no debería resolverse exclusivamente desde las posiciones del Gobierno de turno, ni quedar condicionada por los intereses de una sola formación política.

Por ello, la PALT considera necesario que todos los grupos parlamentarios, tanto los que sostienen actualmente al Gobierno, como los que se encuentran en la oposición, tengan la oportunidad de participar en la elaboración de una norma consensuada. 

También deben escucharse las aportaciones de los propietarios afectados, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, las administraciones locales y el conjunto de la sociedad canaria. Por eso, concluye, “sería razonable abrir la puerta a una iniciativa que puede servir para iniciar el debate que Canarias necesita”. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el “cambio de tendencia” del mercado de la vivienda impulsado en esta legislatura en Canarias con la construcción de 4.000 viviendas públicas, 7.500 visados de obra nueva en 2026 y el liderazgo en España, según datos del Banco de España, algo que el PSOE le ha reprochado por apropiarse de la gestión del Pacto de las Flores, es decir, la legislatura anterior.

En respuesta a preguntas de NC-bc, PSOE y Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento, Clavijo ha tildado de “peculiar” que la izquierda centre sus críticas en la viviendas tras ocho años de Gobierno socialista en España y cuatro en Canarias, subrayando que el Pacto de las Flores construyó “cero” viviendas. Cabe señalar que esta es la segunda legislatura de Clavijo como presidente, y que durante la primera no construyó ninguna vivienda pública y ahora, las que se están terminando son las que se iniciaron durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, que retomó la construcción de vivienda pública tras una década sin ningún proyecto.

NC-BC: “Toca elegir bando”

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha espetado a Clavijo que “toca elegir bando” entre los “especuladores” o la gente que no tiene acceso a la vivienda pues “se hartó y salió a la calle” con un estallido social que empezó en la Puerta del Sol y ha recorrido toda España.

Ha reprochado a CC que haya votado a favor de un decreto estatal en el que “no creen” y ahora, ante este nuevo contexto, han iniciado el procedimiento para declarar la zona tensionada en Las Palmas de Gran Canaria que “han negado” durante dos años.

Ha comentado también que las acciones del Gobierno regional en materia de vivienda están “dirigidas” por la patronal inmobiliaria o se realizan en connivencia, poniendo como ejemplo un decreto aprobado “de espaldas” al Parlamento y a las corporaciones locales o el uso de la RIC para impulsar “pura especulación” con la vivienda.

Así, ha lamentado que el cuatripartito haya dicho “no” a todas las propuestas de su grupo y ahora le ha “tendido la mano” a que se permita la tramitación de la proposición de ley de vivienda asequible.

“Antepone el negocio inmobiliario al derecho a la vivienda”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado a Clavijo de anteponer el negocio inmobiliario al derecho a la vivienda durante sus 38 meses de gobierno, y ha denunciado que, pese a la declaración de la emergencia habitacional, el Ejecutivo autonómico no ha dado una respuesta suficiente a una crisis que sitúa como el principal problema de la ciudadanía y uno de los mayores factores de desigualdad social.

En este sentido, ha cuestionado que el Gobierno de CC y PP continúe anunciando medidas, foros y decretos sin acreditar resultados acordes con la magnitud del problema. “Después de 38 meses de Gobierno, la pregunta es muy sencilla: ¿dónde están los resultados?”, ha planteado Franquis, quien ha recordado que durante este periodo han continuado las subidas de los precios del alquiler y de compraventa, mientras el Ejecutivo se ha negado a limitar las rentas.

También ha criticado la falta de transparencia sobre la actuación de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario canario.

El portavoz socialista ha puesto el foco en la situación de la juventud, cuya tasa de emancipación ha descendido hasta el 14,1%, según los datos citados en su intervención, el peor registro de la serie histórica.

Además ha rechazado que el Gobierno canario confunda los anuncios de nuevas promociones con una respuesta efectiva a la emergencia habitacional. “Yo no le he preguntado por sus medidas, sino por sus resultados”, ha insistido, al defender que aumentar la construcción es necesario, pero no suficiente si no se garantiza una oferta estable de viviendas asequibles.

En esta línea, ha destacado que, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), durante estos tres años se han iniciado 10.300 viviendas en Canarias, de las que únicamente 379 son viviendas protegidas, frente a lo que destacó que durante el Pacto de las Flores se iniciaron 12.000 viviendas.

El portavoz socialista ha utilizado estas cifras para cuestionar la capacidad de la política del Ejecutivo autonómico para ampliar el parque público y facilitar el acceso a un hogar a quienes no pueden asumir los precios del mercado. “Ampliar el parque público es lo que garantiza viviendas asequibles y permanentes para quienes no pueden pagar los precios del mercado», ha defendido.

Franquis ha acusado al Gobierno de actuar como “medianero de los intereses privados” en lugar de priorizar el interés general, en línea con la consigna ¡El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria! que, según ha recordado, se ha escuchado en las movilizaciones ciudadanas por la vivienda.

Por último, el diputado socialista ha cuestionado la negativa del Ejecutivo autonómico a crear un registro de grandes tenedores de vivienda. Franquis ha señalado que los grandes propietarios concentran más de 104.000 viviendas en Canarias, y ha reclamado información pública que permita conocer quién acumula estos inmuebles y evaluar su posible influencia en el mercado.

Mercado del alquiler

Clavijo se ha mostrado gratamente sorprendido con el “tono” de la intervención del portavoz de Vox, Nicasio Galván, que ha preguntado sin éxito sobre el número de viviendas que el Gobierno regional ha sacado al mercado de alquiler, y ha reclamado el cambio en la ley estatal de vivienda para poder aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

En esa línea ha señalado que Visocan tiene unas 20.000 viviendas en alquiler y se han bajado impuestos, especialmente para la población joven, y ante las críticas del PSOE les han planteado si van a “arrimar el hombro” para aprobar aspectos pendientes de la agenda canaria o van a “boicotear” los acuerdos.

Galván (Vox) ha comentado que para combatir la crisis de vivienda “lo primero es construir vivienda” que pasa por reducir trabas burocráticas, liberalizar suelo e invertir “muchos recursos” en vivienda pública, al tiempo que cree que hay un “gran recorrido” para rebajar impuestos pues suponen el 30% del coste total.

Ha dicho que “atacar a la propiedad privada no es el camino”.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha proclamado este martes que el ejecutivo canario se ratifica en su rechazo al proyecto del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, pese a figurar en la estrategia de movilidad sostenible e inteligente.

A instancias de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, el consejero ha subrayado en el pleno del Parlamento que la postura del Gobierno autonómico “sigue siendo la misma” que trasladó en 2020 y 2021, y es que está en contra de este proyecto.

Respecto a la incoherencia detectada por Nueva Canarias, que ha denunciado un intento de “resucitar a un muerto con nocturnidad y alevosía”, a través de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente, ha explicado que aunque el Gobierno tenga “una alternativa preferente” ha de aportar todas las posibles aunque sea para “descartar” a la mayoría de estas.

Eso es precisamente lo que se hace en esta estrategia: estudiar todas las alternativas para mejorar la conectividad entre Tenerife y las llamadas islas verdes, y una de ellas es el puerto de Fonsalía porque “sigue en algunos documentos oficiales” como, por ejemplo, el Plan insular de Tenerife.

Con lo cual, ha abundado el consejero, “es normal que los redactores de la estrategia hayan cogido como una alternativa, aunque sea para descartarla, el puerto de Fonsalía”, y ha garantizado que cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno no será la opción elegida.

Carmen Hernández (NC) ha celebrado la aclaración del consejero aunque ha considerado “ilógico” recoger esta alternativa, que supondría “un atentado medioambiental”, en la estrategia de movilidad.

La diputada de NC ha abogado por no impulsar “más muelles vacíos” sino adaptar las infraestructuras existentes, como “la obra faraónica” del puerto de Granadilla o mejorar los accesos por carretera al de Los Cristianos. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha avanzado este martes que ya ha entablado contactos con las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente para pulsar la “voluntad” de que se pueda aprobar el decreto que incluya la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago.

“Si se quiere se va a poder llevar”, ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del pleno del Parlamento en la que ha comentado que su Ejecutivo ha redactado un decreto-ley y se lo ha trasladado al Gobierno central dado que hay que intervenir también en la oferta y en las islas, y un tercio de las compras de inmuebles recaen en población extranjera.

Pese a ser un problema que lleva años tratándose en las administraciones canarias (con incluso dos comisiones parlamentarias sobre reto demográfico) es ahora, a mes y medio de unas elecciones y con las cortes disueltas, cuando el Gobierno de Clavijo traslada el asunto al Gobierno central.

El presidente ha insistido en que se debe actuar sobre “oferta y demanda” salvo que se quiera implantar un “sistema comunista dictatorial”, y ha incidido en las dificultades que tiene Canarias ante un crecimiento de la población en más de 500.000 personas en 25 años y, además, de forma “desigual”, con 48 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha comentado que Canarias “no puede seguir creciendo de forma infinita” porque los recursos naturales y el suelo son limitados la “paciencia” de los canarios “tampoco es infinita”.

Hay que recordar que Coalición Canaria ha votado en el Parlamento regional en diversas ocasiones en contra de propuestas realizadas por otros grupos parlamentarios para limitar o controlar el acceso a la vivienda por parte de extranjeros, y que el propio Clavijo descartó cualquier medida encaminada a gravar con impuestos la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, como había propuesto su compañero de partido Carlos Alonso cuando se postuló a las elecciones europeas. Alonso tambien propuso un gravamen a los nuevos residentes, pero Clavijo descartó, solo 24 horas después de los comicios, todas estas medidas tras aquellas elecciones, en las que CC no sacó ningún escaño en Bruselas.

La eterna promesa: limitar la compra de viviendas

Una de las medidas más demandadas durante las protestas de los últimos años contra el modelo de desarrollo de las Islas, basado en el turismo de masas, fue la limitación de la compra de viviendas a extranjeros no residentes. Era abril de 2024. Poco después, el presidente regional recogió esa demanda y la incorporó a su discurso durante un pleno en el Parlamento de Canarias celebrado en mayo de ese año. “Es el momento” de negociar con la Unión Europea la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de los extranjeros en Canarias, afirmó.

La pregunta sobre el tema la hizo su propio partido, como ahora, y, en su respuesta, Clavijo anunció que su Gobierno ya había encargado los estudios jurídicos pertinentes para poder explicar su propuesta a la nueva Comisión Europea que surgiera de inminentes comicios (que se celebraron poco después). De esos estudios jurídicos no hay aún ninguna noticia.

Ese anuncio se hizo dos semanas después de que todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno de Clavijo (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votasen en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros.

Casi un año más tarde, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria celebrado en el mes de marzo de 2025 Clavijo repitió el anuncio, como si fuera algo nuevo. Hay que poner “sobre la mesa la necesidad de que se establezcan límites en la adquisición de viviendas por parte de no residentes, al igual que ya se hace en algunas islas europeas”, señaló.

Pero quien quiera medidas, que mire a Bruselas, vino a decir. Ahora traslada el asunto a la Diputación Permanente previo paso por el Gobierno central, que está ya en tiempo de descuento antes de las elecciones de noviembre.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Canarias a varias preguntas sobre una política de vivienda y las medidas para limitar la compra de inmuebles por parte de no residentes.

La convocatoria sobrevenida de elecciones generales el 29 de noviembre no ha cogido con el paso cambiado a Fernando Clavijo. Hace meses que ha logrado encaminar algunas de las soluciones que su partido, Coalición Canaria, ha decidido aplicar para combatir el natural desgaste de más de tres décadas de ejercicio de poder y el ascenso de otras fuerzas políticas que puedan laminar su respaldo electoral. Desde que lidera CC, Clavijo ha visto cómo el proyecto se ha estancado y ha empezado a retroceder, por lo que él y su equipo saben que esa tendencia es imparable y que hay que adoptar algunas medidas atípicas para invertirla porque no se pueden permitir otro cuatrienio en la oposición como el que sufrieron con el Pacto de las Flores. Al fin y al cabo, CC es un partido creado desde el poder y sin poder corre el peligro cierto de desintegrarse.

Tres décadas de historia parece un plazo suficiente para renovar el proyecto nacionalista, para abandonar viejos discursos heredados del insularismo original ensolerado al calor del tardofranquismo de la UCD a la que pertenecían sus más señeros fundadores, a los que hay que reconocerles la ocurrencia del invento y que haya terminado calando entre la ciudadanía que Coalición Canaria es un partido nacionalista. Y progresista. 

La leve renovación del discurso y de algunas caras ha venido acompañada de una nueva estrategia de confluencia con partidos que puedan suplir las carencias allí donde se detectan. Bajo el paraguas de “confluencia nacionalista” o “confluencia soberanista”, CC destá abriendo brechas en los partidos más directamente concernidos en su espacio o en alternativas a la gobernabilidad de Canarias.

En el primer caso, el de la confluencia nacionalista, que no es la primera vez que se intenta, CC ha conseguido hacerle un siete a Nueva Canarias en su núcleo mismo alentando de todas las maneras que se alientan estas cosas en política la creación de un partido que remede a los de Román Rodríguez con el que hacer a continuación una alianza electoral.

Gran Canaria es uno de los agujeros negros de Coalición Canaria. Una de esas plazas donde hace tiempo que están encendidas todas las alarmas, donde han flaqueado las fuerzas de tal manera que ya van cuatro legislaturas autonómicas con tan solo un diputado en esa circunscripción, en la que se eligen nada menos que quince.

En Gran Canaria, CC ha intentado de todo, desde coaligarse con Unidos por Gran Canaria, el partido de los Bravo de Laguna, que no puede pasar precisamente ni por nacionalista ni por progresista, con quien concurrió en 2019, hasta atraerse a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que tampoco es lo más progre de la huerta y con la que el idilio duró apenas unos meses 

Así que había que seguir intentándolo. 

De ese modo fue como dieron con Municipalistas Primero Canarias, que surge al calor de la ruptura interna de esa bestia parda de CC, Nueva Canarias, ruptura que es convenientemente canalizada aprovechando los egos y la ambición del poder siempre tan presentes en la política.

Pero llegado el primer rubicón, el de las elecciones generales del 29-N, ya han surgido las primeras tiranteces. La cabeza visible de Primero Canarias, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, ha sido inmediatamente catapultado al puesto número uno de la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Pero no ha sido catapultado por su partido sino por Fernando Clavijo, que, sin que nadie se lo pidiera, se lanzó públicamente a elogiar la figura de Sosa como si estuviera todo acordado entre ambas fuerzas políticas.

Cierto es que ya estaba decidido concurrir juntos, que esa es la filosofía y el propósito por el que se crea una marca blanca, pero sin que estuviera formalmente decidido el cabeza de cartel, el presidente del Gobierno da el paso y genera la primera crisis. 

No hay una sola encuesta, salvo que Perfiles le haya hecho una específica a Clavijo, que otorgue un diputado seguro a la confluencia CC-Prica en la provincia de Las Palmas. Teodoro Sosa es muy conocido en Gran Canaria, pero no tiene predicamento alguno en las otras dos islas de la provincia, Lanzarote y Fuerteventura.

Así las cosas, lanzarlo a darse un talegazo en el primer intento de la alianza electoral parecería bastante arriesgado si no fuera porque en realidad está todo bien medido.

Está en el manual de Coalición Canaria poner a los enemigos en su sitio. Y a los amigos también. Mandar a Teodoro Sosa a las elecciones generales tiene dos objetivos. Si se diera el milagro y saliera elegido diputado por Las Palmas, impresionante resultado y la confirmación de que la fórmula funciona. Pero a su vez, costaría mucho a Prica imponerlo también de número uno al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de mayo de 2027 dada la necesidad de alimentar tantas bocas hambrientas. Pero en el caso de que fracasara en su intento, en función del tamaño del patinazo, quedaría debilitada su figura como valor electoral, lo que también habría de ser aprovechado por su querido y dilecto socio.

Porque lo que pretende CC no es ocupar plaza de diputado o diputada por Las Palmas, que sabe que es un imposible. Lo que pretende es que María Fernández sea respaldada por Primero Canarias al Cabildo de Gran Canaria. Al fin y al cabo, ya tienen la candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, en la figura del majorero Marcial Morales, y algo hay que dejarle a los pobres de CC.

Ante esta pirueta de Clavijo, los de Teodoro Sosa se han revuelto provocando la primera tirantez en la marca blanca. Quieren madurar mejor el nombre de la persona que vaya al Congreso por Las Palmas. Y la reacción de CC ha sido convocar este mismo lunes, Día de la Hispanidad, para este mismo martes a su Consejo Político Insular de Gran Canaria “para abordar el escenario político ante la convocatoria de elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre”, según la convocatoria enviada a la prensa. Como si no hubiera pasado nada, como si Clavijo no hubiera dado ya el pistoletazo de salida ungiendo a Teodoro Sosa como el candidato.

Drago cumple con su cometido

Mientras, del lado de la alternativa soberanista, Drago Canarias ya ha hecho pública su posición ante las elecciones generales del 29-N. Irá en solitario tras haber desechado la oferta del frente amplio, que en Canarias se promovió mucho antes que en el resto del país de la mano precisamente de Nueva Canarias. Los de Alberto Rodríguez no quieren saber nada de confluir con las demás izquierdas (Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Sí se Puede…) porque no las considera de pura raza y porque ir junto a ellas no contribuiría al encargo que tiene encomendado desde la casa madre del soberanismo: que la izquierda no sume para que Coalición Canaria con el PP puedan seguir gobernando.

Ya resulta incluso patético el esfuerzo del clavijismo por promocionar al líder de Drago Canarias en Televisión Canaria. Es el único “analista” (así lo presentan) que tiene silla fija en el programa de debate político de la cadena, La Retranca, donde la semana pasada estuvo acompañado por otra analista sin medio de comunicación, Melisa Rodríguez, que llegara a ser dirigente nacional de Ciudadanos cuando ese partido -otro invento para otra causa- ocupó espacios políticos de mucha influencia. Completaban el plantel tres periodistas, estos sí: uno de la Cope, el otro de la cadena Ser (la cadena Ser que no falle nunca) y un tercero de Libertad Digital, el digital de Jiménez Losantos, para que no faltara de nada.

Esa fórmula tan sectaria no termina de cuajar porque el programa, que presenta Mayer Trujillo, no tiene apenas audiencia. La semana pasada solo alcanzó un 2% de media.

Hablando de Televisión Canaria. Otra de las sonadas jugadas de Clavijo de la semana pasada fue promover a la condición de candidato al Senado nada menos que a su viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el director general de RTVC en la sombra. Cabello y Clavijo saben que esa plaza en el Senado es imposible, lo que conduce automáticamente a abonar la tesis de que alguien está pensando en promocionar a este viceconsejero a otros menesteres, para lo cual habría que darlo a conocer más de lo que ya es conocido, incluso en el resto de España, porque fue el interlocutor más conciliador en aquella famosa crisis del hantavirus, la de las ratas abandonando el barco y contagiándonos a todos de manera fulminante.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reconocido este viernes que no se van a acometer “enormes inversiones” en materia hidráulica, aunque ha defendido los proyectos en marcha para mejorar la depuración y reutilizar agua en el sector agrícola.

Cabe señalar que Canarias tiene más de 403 puntos de vertidos al mar, de los que mas de la mitad carecen de autorización. Por este motivo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó en 2025 a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. Concretamente, la sentencia se refería al incorrecto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife.

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las actuaciones para reducir las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento y los resultados cuantificables obtenidos durante esta legislatura, Miranda ha explicado que el Gobierno se ha centrado inicialmente en garantizar el suministro para consumo humano y afrontar la emergencia hídrica en determinadas islas, especialmente las orientales.

El consejero ha señalado que el Ejecutivo también trabaja para mejorar la capacidad y la eficiencia de las depuradoras, con el objetivo de evitar que el agua tratada se vierta al mar a través de los emisarios y aprovecharla para el sector primario.

Como ejemplo, ha citado la licitación de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, así como proyectos previstos en Tenerife y Lanzarote para aumentar la capacidad de depuración y favorecer la reutilización del agua.

Miranda ha destacado que en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote ya se utiliza agua depurada para el riego agrícola, mientras que otras islas mantienen carencias en las infraestructuras necesarias para regenerar y aprovechar este recurso.

En el caso de Fuerteventura, ha señalado que existen proyectos de balsas y depósitos para facilitar el uso agrícola del agua regenerada, una iniciativa que, a su juicio, puede dar un impulso al sector primario.

El consejero ha reconocido que no puede ofrecer “grandes noticias” en materia de inversiones, pero ha asegurado que el Gobierno está trabajando en proyectos que permitirán mejorar la depuración y regeneración del agua y sentar las bases para su aprovechamiento futuro.

Miranda ha defendido que existe una mayor conciencia entre los consejos insulares y los ayuntamientos sobre la necesidad de aprovechar el agua depurada y evitar vertidos al mar, especialmente cuando podría destinarse a usos agrícolas.

El Gobierno de Canarias no puede enviar actualmente contenedores de alimentos y medicamentos a la comunidad canaria en Cuba debido a un “bloqueo total” y busca nuevas vías para mantener la ayuda, según ha explicado el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo.

Perestelo ha señalado, en respuesta en comisión parlamentaria al diputado de Coalición Canaria (CC) José Manuel Bermúdez, que la situación para hacer llegar recursos a Cuba es ahora “muy compleja y más complicada que hace un mes”. Las dificultades afectan tanto al pueblo cubano como a la comunidad canaria residente en la isla, compuesta por unas 70.000 personas.

El Ejecutivo autonómico encuentra obstáculos para adquirir alimentos y medicamentos, trasladarlos hasta La Habana y retirar los contenedores del puerto para distribuir posteriormente su contenido entre las personas que necesitan asistencia.

“En estos momentos no podemos enviar ni un contenedor de alimentos”, ha afirmado Perestelo, quien ha descrito la situación como un “bloqueo total”.

A las dificultades logísticas se suma la decisión del banco que hasta ahora canalizaba las transferencias del Gobierno de Canarias a entidades cubanas de dejar de realizar estas operaciones. Esta circunstancia complica aún más el envío de ayuda económica y material a la isla.

Tras numerosas negociaciones, el Gobierno de Canarias había conseguido hacer llegar a un banco en Cuba ayudas de 200 euros destinadas a personas en situación de necesidad que las habían solicitado a través de la Dirección General de Emigración del Ejecutivo autonómico.

Ante esta situación, la directora general de Relaciones Exteriores, Miossoty Paradelo, mantiene contactos con entidades bancarias, empresas de transporte y operadores que pueden intervenir en la llegada y distribución de los suministros. Durante esta semana también se han realizado gestiones relacionadas con las transferencias y la retirada de contenedores del puerto.

Perestelo ha subrayado la necesidad de encontrar nuevas vías que permitan mantener la solidaridad de Canarias con Cuba y garantizar la continuidad de la ayuda destinada a las personas que la necesitan.

El Gobierno de Canarias ha movilizado más de 1,2 millones de euros en proyectos de cooperación con Cuba durante 2025 y 2026. Estos fondos han permitido trasladar contenedores de alimentos y medicamentos para su distribución entre la población.

El viceconsejero ha matizado que estas actuaciones de cooperación atienden las necesidades del pueblo cubano y también benefician a la comunidad canaria residente en la isla.

Pérdida de servicios

La situación también ha afectado a recursos y actividades dirigidos específicamente a los canarios en Cuba. Perestelo ha lamentado la pérdida de servicios como un consultorio médico, un centro de día y distintas iniciativas destinadas a personas mayores, debido al debilitamiento de asociaciones que han ido desapareciendo tras la ausencia de los directivos que las impulsaban.

El Gobierno de Canarias desarrolla estas actuaciones en contacto permanente con la Embajada y el Consulado General de España, tanto en Cuba como en Venezuela, donde también residen emigrantes canarios en situación de necesidad.

Perestelo ha señalado que la primera responsabilidad de atender a estos ciudadanos españoles corresponde al Estado, mientras que el Gobierno de Canarias mantiene una política complementaria de apoyo a través de sus actuaciones de cooperación y asistencia.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido de que la continuación del procedimiento para declarar la capital como zona de mercado residencial tensionado será, según ella, “una medida contraproducente”.

En su opinión, lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, esta incitativa, que permite poner límites a los precios de los alquileres, “puede reducir todavía más la oferta disponible de alquiler”.

Así lo ha indicado la popular en un comunicado después de que el Instituto Canario de la Vivienda haya anunciado que el expediente para la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada continuará su tramitación y saldrá próximamente a información pública, tras las reiteradas peticiones de la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), administración que impulsa la declaración, pero que depende en última instancia del Gobierno canario (CC y PP).

“Siempre hemos sido claros. La ley es la ley y las administraciones deben tramitar y resolver los procedimientos conforme a ella, pero eso no significa que tengamos que compartir una medida que consideramos equivocada y cuyos efectos pueden terminar siendo justamente los contrarios de los que se anuncian”, dijo Delgado, sin aportar ninguna base para fundamentar su afirmación.

Para la portavoz, “el principal problema que tiene actualmente Las Palmas de Gran Canaria es la enorme dificultad para encontrar una vivienda disponible a un precio asumible, y ante un problema de falta de oferta, la respuesta no puede consistir en introducir cada vez más restricciones, obligaciones e incertidumbre sobre quienes pueden poner una vivienda en alquiler”.

Además, comentó que la consecuencia previsible es que habrá propietarios que opten por retirar sus viviendas del alquiler residencial, mantenerlas vacías o directamente venderlas. “Y cada vivienda que desaparece del mercado del alquiler supone una oportunidad menos para una familia, un joven o cualquier persona que esté buscando dónde vivir”, matizó.

En este sentido, recordó que el último Censo de Población y Viviendas contabiliza 24.822 viviendas vacías en Las Palmas de Gran Canaria, aproximadamente el 14% del parque residencial de la ciudad.

La portavoz del PP consideró “especialmente preocupante” que la tramitación de la zona tensionada coincida además con la decisión del Gobierno de España de volver a aprobar los dos decretos de vivienda que habían sido rechazados días antes por el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que la petición por parte del Ayuntamiento se realizó hace ya dos años, pero el Gobierno regional no ha movido ficha hasta este mes de octubre.

“Estamos entrando en un escenario especialmente peligroso para el mercado de la vivienda. A la declaración de zona tensionada que impulsa Carolina Darias se suma un Gobierno de España que, después de que el poder legislativo rechazara sus decretos, vuelve a aprobar prácticamente las mismas medidas para intentar sacarlas adelante a través de la Diputación Permanente”, expuso.

Por último Delgado consideró que esta actuación supone “forzar políticamente el mecanismo del decreto ley después de que el Congreso haya expresado claramente su rechazo” y genera “un nuevo episodio de inseguridad jurídica en un mercado que precisamente necesita estabilidad y normas previsibles”.

El fundador del Centro de la Familia, Raimundo Moreno, ha exigido este martes en el Parlamento de Canarias el desarrollo de un pacto por la infancia y contra la pobreza infantil a diez años que incluya, entre otras medidas, el aumento de la inversión, la creación de centros de día para mejorar la conciliación familiar e implantar una tasa turística de un euro cuyos fondos se inviertan en la atención a la infancia de las islas.

En una comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil en el Parlamento de Canarias Moreno no ha obviado que hace falta “mucho dinero” para corregir el rumbo y cohesionar la aplicación de las políticas públicas, pues, en su opinión, están disgregadas.

“Hace mucho tiempo que tenemos muchas familias pobres y eso da lugar a que haya muchos niños pobres, y a eso se ha añadido el que nos han venido muchos niños sin familia que también son niños pobres, con lo cual ha aumentado exponencialmente la pobreza infantil. Esto es una realidad, entonces no podemos mirar a otro lado”, ha comentado.

Ha animado a la Cámara a “no poner paños calientes” y ser “radical” en la toma de medidas ya que, por ejemplo, la nueva ley canaria sobre la infancia y la familia no incluye “nada especial” y mantiene el “estigma” de la declaración de riesgo, un concepto que ya considera caduco. “Hay que cambiar el sistema, no se puede plantear siempre lo mismo”, ha explicado.

“Una pena” de colegios

Ha dicho también que los colegios en las islas son una “pena y una lástima” que “deprimen” solo con verlos y aboga por crear espacios más abiertos, más convivenciales y más en contacto con la naturaleza.

“La mayoría de los colegios son mamotretos de hormigón donde metemos a los niños en un rectángulo para que vean a un señor que les enseña cosas y así no se puede crecer en salud y así te deprimes”, ha señalado.

En esa línea ha afirmado que el horario escolar “no es el adecuado” y debería abrirse a turnos de mañana y tarde para que las familias puedan conciliar pues muchos menores pasan las tardes solos, con pantallas, y encima en un “casucho”.

Además ha pedido “cambiar” los planes educativos para “educar más en contacto con la naturaleza”, una modalidad que se ha ido perdiendo por el riesgo de incendios forestales y la práctica casi generalizada de que los campamentos se realizan en las mismas instalaciones de los centros educativos.

Ahí ha introducido la propuesta de los centros de día, vinculados a los ayuntamientos, para que los niños “puedan estudiar” y también complementar su jornada con actividades de ocio o de alimentación, con equipos profesionales y objetivos marcados.

“Hagamos prevención, si no, estaremos siempre poniendo remedios de bomberos y eso no arregla Canarias ni la pobreza”, ha afirmado, subrayando que tienen que ser centro “organizados, serios, no cualquier chiringuito”.

Buscar viviendas “debajo de las piedras”

En cuanto a la vivienda ha comentado que hacen falta “ya” con un plan de construcción y un comisionado especial de la vivienda que “busque viviendas debajo de las piedras” porque lo que se hace ahora es un “paño caliente”. “El problema no es una broma, el problema es que se nos va a caer encima y nos va a aplastar”, ha agregado.

Méndez ha alertado también del “silencioso veneno” que supone el consumo de drogas entre los jóvenes, al igual que el de las pantallas, y ha puesto como ejemplo el caso de la isla de El Hierro, donde están “alucinados” con el consumo de droga.

“La droga funciona como el que vende papas fritas”, ha indicado, por lo que ha pedido extremar los controles en los ferries.

Ha cargado también contra el alquiler vacacional, que ha sacado 42.000 viviendas del mercado residencial y para hacer frente al turismo que “desborda” las islas y exige “mejores” carreteras y servicios, ha propuesto una tasa turística de un euro por pernoctación que daría una recaudación anual de 180 millones de euros y que podrían reinvertirse en políticas de apoyo a las familias.

En el caso concreto de la inmigración ha apuntado que lo primero que hacen las familias al llegar a Canarias es “buscarse la vida” y los niños se quedan “solos en casa” y “llegan deprimidos, llegan con autolesiones, llegan con intentos de suicidio”.

“Están solos en casa todo el día porque sus padres están buscándose la vida para poderlos alimentar, para poder pagar el alquiler que han conseguido allí de mala manera y poder salir adelante. Entonces, todo esto tiene una solución. Dinero, conciliación y poner los remedios”, ha comentado.