El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

Turismo de Canarias ha lanzado la campaña Orgullosamente Turisla, que busca fomentar los viajes de los residentes canarios en el archipiélago durante el periodo estival. Este turismo interno generó una facturación de 137 millones de euros en esta misma temporada el año pasado y destaca por el cuidado y respeto a la tierra.

La campaña evoluciona el concepto de Turisla, creado hace justo un año para referirse a los canarios y canarias que aman sus islas y las disfrutan viajando. En esta ocasión, se centra más en el orgullo de pertenencia y en la forma en la que la ciudadanía vive, cuida y disfruta del archipiélago, explica Turismo.

A través de perfiles y situaciones reconocibles, la campaña muestra distintas maneras de disfrutar el verano en Canarias: volver a la playa de siempre, descubrir nuevos paisajes, disfrutar de la gastronomía local, compartir tiempo en familia o explorar nuevos rincones.

Para lograr una mirada más cercana y convertir a los residentes en embajadores naturales del destino, los distintos planes se personalizan en canarios y canarias que redescubren su tierra: María, Yaiza, Jonay, Rayco, Gara y Sofía comparten sus planes favoritos en las Islas de cara al verano.

Esta iniciativa se difundirá en televisión, radio, prensa, exterior, medios digitales y redes sociales. Además, cuenta con una sección específica en el portal del destino que ofrece propuestas y contenidos vinculados a distintos tipos de experiencias en cada una de las islas.

Un segmento estratégico

El turismo interno canario constituye un segmento estratégico ya que, según Impactur Canarias, genera alrededor de 1.850 millones de euros de facturación turística al año. Estos viajeros contribuyen a distribuir el gasto entre las distintas islas, fomentando con ello el equilibrio territorial, dinamizando la economía local y repartiendo mejor los beneficios del sector por el archipiélago.

Durante el verano se registra uno de los momentos del año con mayor movilidad de residentes entre islas. En 2025, la población canaria realizó casi 737.000 desplazamientos turísticos en la época estival, de los que el 38% se produjeron dentro del archipiélago. Además, de las 7,4 millones de pernoctaciones que realizaron los residentes, la mayor parte -el 35%- tuvieron lugar en Canarias.

Estos turistas generaron una facturación de 137 millones de euros en las vacaciones de verano, con un gasto medio de 500 euros por viaje y una estancia media de 9,3 días. Además, solo un 2% contrató paquete turístico, lo que permitió una mejor distribución del gasto.

En cuanto a las actividades realizadas por los residentes durante su estancia en las Islas, destacaron el disfrute de la playa (69%), las visitas a familiares o amigos (42%), las visitas culturales (25%), las compras (24%) y el senderismo (22%).

El PSOE ha reclamado este miércoles a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), una reorientación de la política fiscal en vista de la recaudación de 2025, que asciende a 3.881 millones de euros, casi un 6% más que en 2024 y un 13% más que en 2023.

Pese a estas cifras, según ha esgrimido en comisión parlamentaria el diputado socialista Manuel Hernández, su partido no va a acusar al Gobierno de Canarias de que esté “robando” y “llenándose el bolsillo a costa de los canarios”, como hicieron CC y PP la pasada legislatura desde la oposición.

“El debate no es cuánto se recauda sino cómo”, pues ese aumento de la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria descansa fundamentalmente en los impuestos al consumo, que recaen a toda la población sin distinción de rentas, ha dicho Hernández.

Por contra, ha habido un “hundimiento” de la recaudación en sucesiones y donaciones del 35% y el 63% en los dos últimos ejercicios, 50 millones de euros menos que han ingresado las arcas públicas canarias, por una decisión en la que a CC ni PP “les tembló el pulso” ni “sacaron a pasear la excusa de la regla de gasto” como hace ahora para justificar que no se bajen los impuestos. De hecho, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones fue una de las primeras medidas por CC y el PP en cuanto llegaron al Gobierno canario en 2023. Sin embargo, aunque ambos partidos anunciaron en campaña electoral que bajarían el IGIC, tres años después siguen eludiendo esa medida.

El representante del PSOE ha subrayado que quizá el impuesto “más doloroso” es el de transmisiones patrimoniales, cuya recaudación ha aumentado un 18% en dos años, lo que ha atribuido al encarecimiento de la vivienda.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha valorado tanto el volumen de la recaudación de 2025 como “la labor” realizada por la Agencia Tributaria Canaria “en cumplimiento de sus objetivos”.

Ha replicado a las críticas socialistas esgrimiendo que el Gobierno de España, en “el gran impuesto redistributivo de la riqueza”, el IRPF, “no ha tenido a bien” deflactar la cuota estatal, como ha hecho el ejecutivo autonómico.

Asián ha indicado también que en España ha sucedido por primera vez algo que “creía que no iba a ver”: que los perceptores del salario mínimo tengan que hacer la declaración de la renta, y ha aludido asimismo al “intento” del Gobierno central de que cotizaran las prestaciones por desempleo.

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones ha negado, como aduce el PSOE, que sea una medida “para ricos”, pues la base media declarada es de 30.000 euros, y ha considerado “justa” la bonificación aprobada por el Gobierno de Canarias en tanto en cuanto las rentas del trabajo y los ahorros “ya están suficientemente gravados”.

En cuanto al aumento de la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales, ha apuntado como causa la reforma de 2021 a partir de la cual se tributa por el valor de referencia y no por el precio fijado por peritaciones de las comunidades autónomas.

Por último, Matilde Asián ha indicado que la recaudación tributaria ha aumentado en Canarias “pero menos” que el Gobierno central, que ha creado “nuevas figuras que no son imposición directa sino indirecta”, con lo que “se grava más a quienes tienen menos renta”.

“Una estafa política en toda regla”

En la misma comisión parlamentaria, Matilde Asián ha proclamado que “en modo alguno” el Gobierno autonómico se declara “insumiso” con la ley de estabilidad presupuestaria, una posibilidad a la que había apuntado la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González a la luz del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apunta a que el ejecutivo canario incumplirá la regla de gasto como mínimo hasta 2028.

Asián ha afirmado que el Gobierno de Canarias “comparte totalmente” el objetivo de las reglas fiscales y ha recriminado a la diputada de NC que omitiera en su intervención que la AIReF también pronostica que la comunidad autónoma tendrá superávit hasta 2030 y que conviene que España se adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco europeo.

La consejera ha insistido en reclamar flexibilidad en la regla de gasto y ha pedido un “diálogo franco” con la administración central, pero la conferencia sectorial apenas se ha reunido dos veces, “tarde y mal”, y los acuerdos incluidos en decretos ómnibus han decaído en el Congreso.

Esther González (NC) ha pedido a la consejera que “se baje del pedestal de la demagogia” y deje de mirar constantemente a Madrid para intentar tapar una gestión presupuestaria que es “una estafa política en toda regla”.

“¿Hasta cuándo mantendrá el discurso de la asfixia y la falta de margen presupuestario cuando dejaron en la gaveta 1.200 millones en 2024 y 1.051 en 2025? Esto no tiene otro nombre que pura incapacidad”, ha zanjado. Cabe recordar que desde que CC y el PP gobiernan se han dejado sin usar más de 3.300 millones de euros de los presupuestos, alcanzando cotas de inejecución no vistas en más de una década, y que ha habido que devolver varios cientos de millones de euros por el mismo motivo, no haberlos utilizado.

También le ha pedido a la consejera que deje de usar la atención a las personas migrantes que llegan en cayucos y pateras como “un supuesto gasto imprevisto” y le ha reprochado su “cinismo insostenible” al reclamar ahora una flexibilización de la regla de gasto cuando en 2012 “la defendió a capa y espada” en las Cortes.

Asián ha rememorado que la Constitución se modificó “a instancias” del PSOE, con el apoyo del PP.

Por lo demás, la consejera de Hacienda ha invitado al diputado de Vox Javier Nieto que la “alumbre” y le indique “qué gasto concreto” podría reducir sin tocar la prestación de los servicios públicos, después de que este distinguiera entre los esenciales y aquellos “orientados al clientelismo y a decirle a ciudadanos cómo tienen que pensar y actuar”.

Asián ha esgrimido que el casi 80% del presupuesto de la comunidad autónoma va para los servicios esenciales y que el resto son fondos de carácter finalista.

También ha detallado que existen varios planes de auditoría anuales de control de la eficacia y eficiencia de la gestión financiera, y que desde 2024 se puso en marcha la modalidad de supervisión continua, en la que se exploran posibilidades de reducción del gasto en el sector público.

En ese análisis se incluyen a las entidades, empresas y organismos públicos para ver si subsisten las razones que justificaron su creación, si son financieramente sostenibles, y si ese es el método más adecuado para prestar el servicio público al que están destinados.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha subrayado este miércoles en el Parlamento canario que el Gobierno regional comparte el “objetivo” de dar cumplimiento a la regla de gasto, ya que lograrlo aporta estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, que en el archipiélago están “saneadas”.

Así lo ha señalado en respuesta a pregunta formulada por la diputada de NC-BC, Esther González, durante la comisión de Presupuestos y Hacienda, en relación al último Informe de la AIReF, que alertaría de que el Gobierno de Canarias va “a incumplir la regla de gasto sistemáticamente, y como mínimo, hasta el año 2028”.

“Le pregunto si su Ejecutivo se ha declarado insumiso ante la ley de Estabilidad o lo que estamos simplemente pues es ante una manifiesta de incapacidad del Gobierno para gestionar el presupuesto de Canarias”, ha puntualizado González, que ha acusado al Ejecutivo de pulverizar “el límite de gasto”, en 2024, que era del “2,6% y que se fue al 7,6%”, creando “un agujero de 445 millones de euros”.

“En 2025, volvió a recibir, pero a más, llegando al 9,1% cuando el tope era del 3,2% (de límite de gasto), por lo que hay que sumarle 566,2 millones de desvío. Dos años, y 1.000 millones de euros que ahora tiene que ajustar en el año 26 y en el año 27”, ha añadido,

La consejera ha negado la intención del Gobierno de declarse “insumiso”, ya que el Ejecutivo comparte el objetivo perseguido por las reglas fiscales, ya que defiende que su cumplimiento “es la forma más adecuada de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas”.

En respuesta a González, ha recordado que Canarias registró superávit en 2023, 2024 y 2025, y que espera “continuarlo”. “Omite una parte muy importante del razonamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y es que Canarias estará en situación de superávit hasta 2030 en cumplimiento de la regla de gasto”.

Ha recordado, además, el carácter conveniente de que el Gobierno de España adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco normativo europeo. “La UE ya no dice que las reglas fiscales deba fijarlas cada Estado y distribuirlas como crea más oportuno, pero el Gobierno sigue repartiéndole a las comunidades autónomas cifras incumplibles para ellos reservarse la mayor parte del déficit”.

“Concretamente, se reserva el 2,5, y a las comunidades autónomas nos obliga solo a un déficit del 0,1, aunque Canarias está entre un ligero superávit o equilibrio, por lo que las cuentas públicas de Canarias están saneadas”, ha advertido la consejera regional.

El viaje del papa León XIV a España costará, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, 25 millones de euros. Se trata de una cifra muy superior a la dada por esta misma entidad a principios de abril, cuando la calculó en unos 15 millones. Dos meses más tarde, el dato ya es un 70% más elevado.

“Estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros”, ha explicado Giménez Barriocanal, en un encuentro con los medios de comunicación para explicar los aspectos económicos de la visita.

Según ha puntualizado, el 85% de este presupuesto se destinará directamente a los eventos y el resto, a los aspectos de logística, comunicación y preparación.

En cuanto a la procedencia de estos fondos, ha indicado que un 45% del presupuesto, aproximadamente, lo van a cubrir los benefactores, es decir, empresas y otras entidades como fundaciones; un 30% de recursos propios de las diócesis y de la propia Conferencia Episcopal -que a su vez proviene las aportaciones de los fieles-; un 20% de las administraciones públicas -en concreto, de los gobiernos de Canarias y Cataluña, que son los que han realizado aportaciones monetarias- y un 5%, de pequeños donativos que se están realizando por Bizum y las cuentas corrientes abiertas para la visita.

En el caso de Canarias, los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria ya han anunciado unos 500.000 euros cada uno, más lo que aportará el Gobierno regional, que anunció este lunes que pondrá otros dos millones de euros del dinero de los contribuyentes para estos actos de carácter religioso.

Sobre el retorno de la visita, Giménez Barriocanal ha explicado que estiman que genere un imapcto económico de “más de 150 millones” de euros en la economía española.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (Coalición Canaria), ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de un millón de euros para la Diócesis de Canarias (provincia de Las Palmas) y de otro millón para la Diócesis Nivariense (provincia de Santa Cruz de Tenerife) con el objetivo de ayudar a sufragar los gastos del viaje del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio, una visita que en el caso de Tenerife tendrá una duración de apenas 6 horas.

“El Ejecutivo autonómico contribuye así económicamente a la organización de los actos que Su Santidad tiene previsto desarrollar en ambas islas durante estas dos jornadas históricas”, ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De igual modo, Cabello expuso que estos dos millones de euros se suman al millón de euros que ya habían anunciado y movilizado cada uno de los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, respectivamente.

También resaltó que desde que se confirmó la visita del Papa, el Gobierno de Canarias “se puso a disposición de las diócesis para garantizar el respaldo total en lo que nos solicitaran de cara a la organización y para colaborar en todo lo necesario”.

La Diputación del Común recoge en su informe de 2025 “la oposición expresa” del actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, a que una delegación de esta institución inspeccionase sin previo aviso las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Por entonces, Goya era gerente del HUC y la inspección no anunciada, que se produjo el 22 de junio de 2025, a las 19.00 horas, “se vio obstaculizada por la oposición expresa del gerente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común”.

No obstante, mientras la jefa de día de las urgencias del HUC consultaba a sus superiores, la delegación de la Diputación del Común pudo observar parcialmente el funcionamiento del servicio y constatar, entre otras cuestiones, la existencia de camas ubicadas en los pasillos.

El informe de la Diputación del Común detalla que durante la visita se entregó al centro el formulario oficial de recogida de datos a efectos de su cumplimentación y posterior remisión.

También indica que, dado el “carácter obstruccionista de la actuación del gerente”, el mismo 22 de junio de 2025 se formuló denuncia ante la Consejería de Sanidad y ante la Secretaría General Técnica, mediante comunicación electrónica, sin que conste respuesta.

La institución de defensa de la ciudadanía canaria hace mención expresa a que el gerente del HUC fue cesado el mismo día en que la Diputada del Común se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su “conducta obstructiva”.

El 29 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nombramiento de Adasat Goya como director del Servicio Canario de la Salud en sustitución de Carlos Díaz.

En aquella primera visita no anunciada se constataron diversas “incidencias relevantes”, entre ellas la presencia de pacientes en camillas ubicadas en pasillos, incluidos pacientes de edad avanzada, algunos de ellos sin vigilancia directa.

También, familiares denunciaron tiempos de espera muy prolongados, que en determinados casos superaban las 24 horas sin recibir información; saturación de áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos; obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación susceptibles de comprometer la seguridad.

Así como la imposibilidad de registrar reclamaciones en el propio servicio, al limitarse la Oficina de Atención al Usuario a la entrega de impresos sin permitir su formalización presencial.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2025, la Diputación del Común realizó otra visita sin avisar y en la comparación entre ambas se pudo constatar “una reducción visible” del número de camillas con pacientes en pasillos y la persistencia de tiempos de espera excesivos, según el testimonio coincidente de familiares.

También persistían en esa segunda visita las dificultades de acceso a información objetiva del servicio en tiempo real, riesgos u obstáculos en zonas de evacuación, y una presión asistencial sostenida en observación, tránsito y áreas relacionadas.

En una tercera visita, el 25 de noviembre de 2025, se identificaron “avances organizativos y estructurales”, como la implantación del circuito diferenciado para familiares, la consolidación de la sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico.

Asimismo, “se observó una mayor colaboración institucional por parte de la dirección médica y la gerencia” del HUC, enfatiza la Diputación del Común.

No obstante, seguía habiendo una “presencia significativa” de pacientes en camillas en los pasillos y la coexistencia de pacientes ubicados en pasillos habiendo camillas y camas disponibles sin uso, “lo que apunta a dificultades en los procesos de valoración clínica o de gestión interna del flujo asistencial”.

Relato de pacientes y familiares

En el marco de la investigación desarrollada por la Diputación del Común se han incorporado al expediente diversos testimonios de personas usuarias, como la de la hija de una paciente de 92 años diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, quien ingresó en urgencias tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico.

Permaneció varios días en una camilla y en ayunas de forma reiterada, sin que finalmente se realizara la intervención inicialmente prevista.

Otros testimonios relatan estancias prolongadas de varios días en los pasillos de urgencias, permaneciendo en sillones, sin acceso a cama ni traslado a planta durante periodos prolongados.

Estas personas describen un entorno caracterizado por hacinamiento, con pacientes ubicados muy próximos entre sí, ausencia de intimidad, iluminación constante y ventilación limitada, así como demoras en la valoración médica y explicaciones contradictorias sobre los tiempos de espera.

Refieren igualmente dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, así como problemas reiterados para el aseo personal, pese a la duración de la estancia.

Los testimonios coinciden en señalar deficiencias en las condiciones de higiene y limpieza, incluyendo incidencias en el uso de los baños, presencia de suciedad y residuos, así como situaciones que afectan a la confidencialidad de la información sanitaria, al escucharse datos clínicos en voz alta en espacios compartidos.

Dentro de estos relatos, se pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas mayores, dependientes o sin acompañamiento, describiéndose situaciones en las que otros pacientes asumían tareas básicas de apoyo, como facilitar mantas, avisar sobre el uso del baño o prestar ayuda para la movilidad, generándose una solidaridad entre pacientes que suplía, según relatan, la insuficiencia de recursos.

De forma transversal a todos los testimonios, las personas usuarias expresan un impacto emocional significativo, caracterizado por sentimientos de angustia, desesperación, humillación y pérdida de dignidad, así como una percepción compartida de que estas condiciones de permanencia prolongada en Urgencias se dan por normalizadas.

En la presentación del informe de 2025 el pasado viernes en comisión parlamentaria, la Diputada del Común, Dolores Padrón, solicitó una auditoría externa independiente sobre el funcionamiento de las urgencias del HUC, el hospital de España con más reclamaciones relacionadas con este servicio, según el Defensor del Paciente.

Asimismo, La Diputación urge a “la ejecución real, efectiva, completa y verificable” del Plan de Urgencias aprobado en 2017 (PLUSCAN), evitando que continúe operando como “un instrumento meramente programático o declarativo”.

Entre sus propuestas, sugiere el refuerzo “de manera decidida” el papel del Hospital del Norte como elemento estructural del sistema sanitario insular, garantizando su utilización efectiva como recurso preferente para la atención de patologías de baja y media complejidad.

De estibador en el puerto a director del SCS

Adasat Goya, actual director del Servicio Canario de la Salud y exgerente del HUC, es estibador portuario sin formación sanitaria y percibe un sueldo de 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene desde marzo en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma; uno de ellos, Adasat Goya.

Goya no tenía formación ni experiencia alguna en el ámbito sanitario cuando fue nombrado gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en agosto de 2023. El actual director del SCS es economista y hasta ese verano había trabajado como estibador –de 2006 a 2016– y como coordinador de una terminal de contenedores en Santa Cruz de Tenerife. Además, fue concejal de CC durante 16 años, con responsabilidades de Gobierno, en El Sauzal.

A pesar de que durante la campaña electoral había prometido profesionalizar la gestión sanitaria, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de su mismo partido, confió en él para darle las riendas de uno de los cuatro grandes hospitales del Archipiélago, el de referencia para la población del norte de Tenerife y la isla de La Palma.

Cuando Goya accedió al cargo, la retribución fija de un gerente de hospital de máxima categoría en las Islas rondaba los 68.000 euros anuales, entre el sueldo base, el complemento de destino y un complemento específico por puesto de trabajo. A esa cantidad habría que sumarle los incentivos por objetivos (unos 14.400 euros anuales en caso de que se alcanzase el 100%) y otro plus de productividad variable que retribuye a los gerentes por “el ejercicio efectivo de la actividad y funciones directivas fuera de la jornada ordinaria de trabajo durante, al menos, 40 horas dentro de cada mes natural”.

Goya solo se formó en gestión sanitaria después de acceder al cargo. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el entonces aún gerente del HUC realizó un programa de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, un título propio de la universidad privada de Villanueva dirigida a profesionales que pretendan desarrollar “habilidades de liderazgo y de gestión” en este sector.

El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases el jueves, 11 de junio, en Gran Canaria, y el día 12 en Tenerife con motivo de la visita que el Papa León XIV realizará al archipiélago, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

La medida se ha adoptado tras las reiteradas peticiones desde la Delegación del Gobierno en Canarias y la organización de la visita del pontífice para facilitar los desplazamientos de la comitiva, que provocarán múltiples restricciones en las principales vías de ambas islas.

La Dirección General de Tráfico aprobó este domingo un dispositivo especial de circulación que incluirá cortes dinámicos en las principales carreteras de Gran Canaria y Tenerife, cierres de incorporaciones, restricciones a tráfico pesado y suspensión de obras en vías afectadas los próximos 11 y 12 de junio.

El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha esgrimido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que la suspensión de las clases en las dos islas capitalinas busca facilitar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos ante “un acontecimiento histórico y extraordinario”.

El objetivo, ha ahondado, es reducir los desplazamientos y el previsible colapso circulatorio que, directa o indirectamente, afectará a las principales vías de Gran Canaria y Tenerife.

El Gobierno de Canarias ha acordado asimismo lanzar una recomendación de que el personal de la Comunidad Autónoma haga teletrabajo, que hace extensiva a las empresas y organismos públicos de ambas capitales.

Las oficinas de registro y de atención a la ciudadanía cerrarán el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife, aunque se mantendrá el acceso a través de la sede electrónica.

Asimismo, la Dirección General de Relaciones con la Justicia dispensa al personal de la administración judicial de asistir a sus puestos de trabajo en San Bartomomé, Telde, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna, salvo el personal de guardia y el necesario para expedir licencias de enterramientos.

En materia de seguridad, la Policía Canaria desplegará a unos 200 efectivos durante la visita del papa, se movilizarán 42 profesionales del centro coordinador de emergencias y el Servicio de Urgencias Canario contará con un dispositivo de más de 100 profesionales y “numerosos” recursos materiales.

Se desplegarán cuatro hospitales de campaña con puestos sanitarios avanzados, así como unidades móviles de catástrofes, vehículos de logística y ambulancias.

Asimismo, habrá un plan específico de refuerzo de personal en coordinación con los centros de salud afectados por la visita del papa.

Alfonso Cabello ha recordado que Canarias lleva semanas en situación de prealerta por la visita del papa y que, previsiblemente, se eleve a alerta a partir de este miércoles, cuando se reunirá el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca).

En esa reunión se ultimarán todas las restricciones de movilidad y otros detalles como la afección al tráfico aéreo, el vuelo de drones o la operativa náutica.

El portavoz del Gobierno de Canarias ha justificado este dispositivo “único y excepcional” en la medida en que la visita del papa “no es comparable a ningún otro evento de esta naturaleza” en la historia del archipiélago, ya que a la consideración de jefe de Estado del pontífice se suma “el foco mediático y social” que conlleva.

Ha recalcado que el ejecutivo canario pretende que la visita de León XIV se desarrollo “con todas las garantías de seguridad” para que su mensaje “llegue nítido a todo el planeta”.

Razón por la que el Consejo de Gobierno ha autorizado conceder una subvención de un millón de euros a cada una de las dos diócesis canarias para sufragar los gastos de la visita papal, cantidad que se sumará al millón que aportarán, en partes iguales, los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.

Cabello ha señalado que ésta es una de tantas subvenciones que concede al año el ejecutivo canario y que, como todas, tendrá su fiscalización y justificación posteriores.

Agenda de actos del Papa en Canarias

La agenda oficial comenzará a las 11.40 horas con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde el Santo Padre mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Durante este acto pronunciará el primero de sus discursos en territorio canario.

Posteriormente, a las 13.30 horas, León XIV se desplazará a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas el Papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de decenas de miles de fieles procedentes de todo el archipiélago.

La visita continuará el viernes, 12 de junio, en Tenerife. El Pontífice llegará a las 09.10 horas al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y 20 minutos más tarde visitará el Centro de Acogida Las Raíces para mantener un encuentro con migrantes.

A las 10.10 horas, el papa participará en un acto con entidades y organizaciones dedicadas a la integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

La agenda concluirá a las 12.15 horas con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de desplazarse nuevamente al Aeropuerto Tenerife Norte, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida a las 14.30 horas. La salida del vuelo con destino a Roma está prevista para las 15.00 horas.

La III Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales celebró este viernes en Gran Canaria una jornada formativa y de puertas abiertas centrada en la vela latina canaria de botes, una de las modalidades deportivas más representativas del patrimonio cultural y marítimo del archipiélago. La actividad, enmarcada en las actividades organizadas por el Ejecutivo dentro del Mes de Canarias, se desarrolló en las instalaciones de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y reunió a cerca de un centenar de escolares de distintos centros educativos de la isla.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Deportes Autóctonos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias permitió al alumnado conocer de cerca aspectos históricos, culturales y técnicos relacionados con la vela latina canaria, modalidad estrechamente vinculada a la historia de los barrios y al desarrollo social y deportivo de la capital grancanaria.

A lo largo de la jornada, los estudiantes participaron en distintas sesiones divulgativas en las que pudieron acercarse a la historia de la vela latina canaria, a su proceso de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y a las particularidades de los diferentes botes tradicionales que participan en competición. La actividad incluyó además visitas al bote escuela y a distintas embarcaciones históricas representativas de varios barrios de Las Palmas de Gran Canaria, así como dinámicas de iniciación adaptadas al alumnado.

La programación contó también con la participación de profesorado vinculado a programas Erasmus y con actividades de carácter teórico-práctico organizadas por la propia Federación de Vela Latina Canaria de Botes, entidad encargada del desarrollo de la jornada.

El Ministerio de Vivienda ha instado formalmente al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año en su territorio”, que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. En una carta, la ministra, Isabel Rodríguez, advierte al consejero canario Pablo Rodríguez de que, si toma aquellas medidas para las que es competente, esas 14.200 viviendas “podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”.

El pasado 21 de mayo, el Tribunal Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) que quieran publicitarse en plataformas digitales impuesto por el Gobierno de España, al entender que el Estado carece de competencia para establecer esa “exhaustiva” regulación y que, al hacerlo, invade facultades autonómicas.

La ministra le da la vuelta al fallo y le advierte al consejero canario de que su apenas un año de aplicación “ha demostrado por la vía de los hechos que la labor realizada desde su gobierno en esta materia que es de su competencia es insuficiente, cuando no inexistente”.

“No podemos ir al Parlamento Nacional o a Europa a reivindicar unas medidas muy necesarias y contundentes, si por otro lado tenemos una vía de escape que limita en gran medida su efecto”, añade Isabel Rodríguez, que alude así a la demanda del Gobierno de Canarias que Bruselas limite la compra de vivienda en las islas por parte de extranjeros no residentes si no se va a destinar a vivir en ella.

La carta al Gobierno de Canarias no es la única cursada en esta línea por Isabel Rodríguez. Su ministerio se ha dirigido por la misma vía a las demás comunidades autónomas para requerirles que tomen medidas contra el fraude de las viviendas turísticas ilegales y que asuman sus responsabilidades una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único de arrendamientos de corta duración.

En las cartas remitidas a Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, Navarra, Extremadura y País Vasco, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, les ha trasladado que acata la sentencia, “como no podría ser de otra forma”.

“La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico”, ha subrayado en los respectivos escritos.

Pide a las comunidades gobernadas por el PP tomar “el camino correcto”

En el caso de las comunidades gobernadas por el PP -en solitario, en coalición con otras formaciones o gracias a su apoyo-, les ha informado de que a partir de ahora corresponde a los gobiernos autonómicos llevar a cabo la inspección, sanción y clausura de las viviendas turísticas ilegales detectadas por el Registro de la Propiedad en este año en sus territorios.

La ministra ha indicado que cuando los derechos de la ciudadanía están “en juego”, no se puede eludir la responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos y confía en que ahora tomen el camino correcto ya que las labor que han realizado ha sido “insuficiente, cuando no inexistente.

Advierte de que van a estar “muy vigilantes”

La ministra les ha comunicado que van a estar “muy vigilantes” de que se lleven a cabo las acciones oportunas para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.

En el caso de Madrid, insiste en que la ausencia de regulación “eficaz” para alquileres turísticos y de temporada y la ausencia y omisión “deliberada” de la función inspectora y sancionadora permite a pisos turísticos operar como alquileres de temporada cuando carecen de licencia turística, especialmente en la capital.

Sin embargo, ha apuntado que otras CCAA, gobernadas por el PSOE o con el apoyo del mismo, han demostrado “estar a la altura” para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y son un “faro de inspiración”.

Les agradece su “extraordinaria valentía” por haber primado el interés de la ciudadanía a intereses privados y/o económicos “en un momento en el que se pone en tela de juicio el papel de las instituciones por parte de la extrema derecha”.

Según se desprende de las cartas, se han detectado 27.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía; 25.000 en Madrid (turísticas y de temporada); 15.000 en la Comunidad Valenciana (9.000 en la provincia de Alicante); 14.200 en Canarias; 4.500 en Galicia; 2.400 en Murcia; 1.750 en Castilla y León; 1.700 en Cantabria; 1.180 en Aragón; 380 en Extremadura o 367 en La Rioja. 

La vivienda en Canarias

En las islas el precio de la vivienda se ha disparado y hace ya meses que superó los máximos marcados durante la burbuja inmobiliaria, eso, en una región con los segundos sueldos más bajos del país. Las capitales canarias, además, registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler en el caso de Las Palmas de Gran Canaria; y el 64,6% frente a un 35,4% en Santa Cruz de Tenerife.

Según datos del Catastro en Canarias, el grupo de propietarios que más ha crecido en las Islas es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.

Por otro lado, las viviendas vacacionales también se ha disparado en los últimos años, especialmente después de la COVID, saliendo del mercado inmobiliario para destinarse a fines turísticos.

Cabe señalar que el Gobierno de Canarias no aplica la Ley Estatal de Vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y, con ello, limitar el precio de los alquileres, entre otras cosas.

La mesa de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias durante la pandemia de COVID-19 ha acordado este jueves remitir a los grupos parlamentarios el informe de la ponencia, ya aprobado, y abrir el periodo de enmiendas.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, una vez los grupos políticos reciben ese informe cuentan con diez días para presentar enmiendas, con un plazo que vence el 11 de junio.

Una vez presentadas las enmiendas, si las hubiere, se volverá a reunir la mesa el próximo 12 de junio para calificarlas y, una vez hecho el trámite, convocar una nueva reunión de la comisión de investigación.

Tras ese trámite, y sin que se prevea que haya más prórrogas, una vez que el informe de la ponencia sea público, el documento entrará en su fase final, su remisión al pleno de la Cámara, algo que se espera que ocurra a finales de junio o a lo largo del mes de julio.

El pasado mes de marzo, la comisión había vuelto a prorrogar el plazo para elaborar el informe, en la que había sido el cuarto aplazamiento de ese tipo, que se hizo, según relataron a EFE las mismas fuentes, con el objetivo de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para la elaboración del dictamen y analizar las propuestas de resolución.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó en 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la venta de coches, un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.

Rayco González está imputado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez.

La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.

Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

Canarias solo es capaz de terminar y poner en uso (con lo que de verdad se logra amplía la oferta habitacional en las islas), al menos por ahora, una (el 13,2%) de cada diez viviendas previstas (el 100%) en el planeamiento urbano (nuevas de iniciativas privada y pública), según se desprende de los resultados obtenidos a partir del análisis de una muestra de sectores de desarrollo residencial definida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objeto de realizar el estudio Sectores residenciales de España (2025), publicado este mes de marzo.

En el archipiélago, se estudian al detalle 38 sectores de desarrollo urbanístico pertenecientes a 17 de los 88 municipios existentes en las islas, y esos son casi todos los más poblados en las dos provincias canarias. Los dos requisitos concretados para establecer esa elección han sido el número previsto de viviendas igual o superior a las 1.000 unidades (en el planeamiento aprobado) y el grado de edificación inferior al 70%.

Es justo lo que ocurre con ocho municipios de la provincia de Las Palmas (Antigua, Arrecife, La Oliva, Pájara, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Yaiza) y con nueve de Santa Cruz de Tenerife (Adeje, Arona, Candelaria, Granadilla de Abona, La Orotava, El Paso, Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife).

Tal y como se cita en el reseñado trabajo técnico, que depura 1.069 sectores de desarrollo residencial en 400 municipios del país (con 38 en Canarias dentro de las 17 localidades ya mencionadas), la capacidad de construir viviendas en España, según el planeamiento aprobado y la muestra identificada de sectores, era en 2025 de 2,4 millones de unidades, con solo el 9% realizadas y el 91% pendientes de construirse (2,2 millones de viviendas). La velocidad de ejecución de los desarrollos residenciales previstos supera la media de 15 años a escala nacional.

En el archipiélago canario, en cambio, esa misma variable alcanza las 67.301 viviendas previstas, de las que 58.464 no se han terminado o están pendientes de finalizarse, bien porque no se han construido, porque están en esta fase pero aún no ha habido entrega o porque son simplemente urbanizaciones fantasma (las iniciadas, frenadas y/o abandonadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económico-financiera de 2008).

Esas viviendas, actualmente no consolidadas, son, por lo tanto, las que no han entrado en el mercado en las islas y con ello se impide elevar la ya de por sí muy reducida oferta habitacional de primera residencia nueva. Aquella relación supone que Canarias solo consigue ofertar, siempre según el identificado estudio del Ministerio, el 13,2% de las viviendas previstas en el planeamiento; esto es, las que se podrían edificar atendiendo al suelo con ese uso aprobado, siempre según la muestra de análisis elegida en las islas. Ese paupérrimo registro se consigue, sin duda, por la combinación de varios factores.

Canarias, con dos provincias, 88 municipios, una población de derecho de 2,2 millones de personas (más de 18 millones de turistas atendidos en todo 2025) y 1,1 millones de viviendas según su censo oficial de 2021, ofrece comportamientos casi calcados en sus dos territorios administrativos principales.

En efecto, así mismo es. En Las Palmas de Gran Canaria, con ocho municipios a examen, el resultado que aporta el mencionado estudio es del 87,7% de viviendas pendientes de construir; o sea, 35.305 unidades de una posible oferta de 40.255 viviendas, que son las totales previstas según el planeamiento en los sectores de desarrollo residencial analizados en esos términos municipales. De aquí resulta que solo se ha concluido el 12,3% de las viviendas posibles, algo más de una por cada diez, menos incluso que el promedio relativo que se da para Canarias (13,2%).

En Santa Cruz de Tenerife, se puede decir que hay más de lo mismo: las viviendas previstas son menos, 27.045, y las no terminadas alcanzan las 23.159, con el 85,6% de las posibles aún pendientes de edificar, según el planeamiento, en este caso, de los nueve municipios tinerfeños en la muestra. En la provincia occidental, se consigue ofertar el 14,4% del potencial de construcción de viviendas, lo que no alcanza ni el 1,5 de cada 10 potenciales.

Hay que señalar que el estudio Sectores residenciales en España (2025), publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es un “documento estratégico que analiza la situación y evolución de los principales ámbitos de desarrollo urbanístico residencial, para lo que parte de los datos recogidos en el Sistema de Información Urbana (SIU)”. El fin de este trabajo técnico es “ofrecer una visión clara sobre la ubicación de las principales bolsas de suelo disponibles en el país para la construcción de nuevas viviendas”.

El propio Ministerio recalca que, para determinar el grado de evolución de las áreas de desarrollo que son objeto de este estudio, se analiza el nivel de urbanización a través de trabajos de fotointerpretación de imágenes satelitales y ortofotografías más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA). Luego, se define el grado de edificación utilizando la información procedente de la cartografía catastral, según los criterios de la Dirección General del Catastro.

Principales conclusiones a escala país

Atendiendo a lo descifrado para el conjunto de los sectores de desarrollo residencial de la muestra nacional (1.069), la base de este estudio, en el documento del Ministerio se concluye lo siguiente:

-Se analizan 1.069 sectores residenciales en 400 municipios de las 17 comunidades autónomas, con capacidad país para más de 2,4 millones de viviendas, lo que evidencia una cobertura territorial muy amplia y pone de manifiesto un gran potencial de desarrollo.

-La mayoría de los sectores presentan un grado de edificación inferior al 30%, lo que indica que aún queda por materializar una parte significativa de las previsiones del planeamiento, especialmente en municipios donde la potencialidad de viviendas supera el parque actual.

-El 25,8% de los sectores dispone actualmente de suelo urbanizado apto para edificar, con cerca de 489.000 viviendas pendientes, mientras que el 74,2% restante de los sectores carece de condiciones para iniciar la edificación, lo que limita la respuesta inmediata a la demanda.

-Predomina la localización en municipios del interior, aunque la actividad edificatoria es más intensa en zonas costeras y provincias del litoral mediterráneo, donde se observa mayor dinamismo en los desarrollos.

-Más del 60% de las viviendas pendientes se concentra en municipios con más de 50.000 habitantes. Destacan Madrid, Orihuela, Zaragoza, Dos Hermanas y Málaga, lo que refleja una fuerte presión urbanística en áreas metropolitanas y turísticas.

-La densidad media del conjunto de sectores analizados es de 28,6 viviendas por hectárea. No obstante, en los sectores urbanizados se registran valores que pueden llegar a superar las 100 viviendas por hectárea, mostrando un patrón más compacto en fases avanzadas del desarrollo.

-El análisis revela una brecha significativa entre planeamiento y ejecución: el 64,4% de los sectores no ha iniciado la urbanización, mientras que solo el 9,6% se encuentra en fase avanzada de edificación.

-Casi la mitad de los municipios sin suelo urbanizado disponible tiene menos de 20.000 habitantes, lo que en ocasiones puede ser indicativo de una baja demanda que podría retrasar la activación de estos desarrollos a corto plazo.

-Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de las viviendas pendientes en sectores urbanizados, con lo que acaparan en buena medida el potencial de expansión residencial.

-La evolución temporal muestra menor actividad edificatoria entre 2010 y 2015, seguida de una reactivación desde 2016 y una estabilización tras la pandemia, lo que condiciona la velocidad de ejecución de los desarrollos previstos, que de media superan los 15 años.

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos en contra de CC, PP, ASG y AHI (partidos del Gobierno regional) una iniciativa de NC, con aportaciones del PSOE, que solicitaba un refuerzo de recursos y una mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias habían presentado unas enmiendas en las que proponían seguir avanzando en la línea de refuerzo del personal, la reducción de los tiempos de espera y de la burocracia que, han defendido, se inició en la presente legislatura. Como NC no aceptó las enmiendas, han votado en contra.

El texto rechazado (el presentado por NC) proponía el incremento progresivo de la dotación presupuestaria para la atención del alumnado NEAE, garantizando “recursos estables y no condicionados a convocatorias extraordinarias”.

También, aumentar las plantillas de profesorado especialista, especialmente en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa, reduciendo ratios y asegurando presencia suficiente en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Del mismo modo que solicitaba garantizar la presencia de auxiliares o personal de apoyo durante toda la jornada escolar y en todas las aulas, incluyendo comedor, transporte y actividades complementarias.

Carmen Hernández (NC) ha esgrimido que esta proposición no de ley “nace de las aulas canarias” y es reflejo de “la dura realidad” que enfrentan alumnos, familiares y docentes, que están “desbordados”, con lo que ha exhortado a sus señorías a “pasar de las palabras a las realidades”.

Marcos Hernández (PSOE) ha hecho hincapié en que lo que se plantea con esta iniciativa es “la inclusión real, no de la apariencia”, y ha recordado que el 14 de junio hay convocada una manifestación en varias islas para reclamar “un derecho”.

Yonathan Martín (CC) ha dicho compartir el diagnóstico, no las soluciones planteadas, y ha añadido que muchas de ellas se contemplan en la Ley de diversidad que en breve llegará a la Cámara regional.

Tanto el diputado nacionalista como Sonsoles Martín (PP) han tirado de cifras de aumento presupuestario, reducción de ratios y contratación de personal para justificar sus enmiendas y le han recalcado a la diputada de NC que “con la inclusión no se hace política”, algo en lo que también ha coincidido Javier Nieto (Vox).

Asimismo, han dicho que están a favor de las manifestaciones del 14 de junio.

Jesús Ramos (ASG) ha llamado a la unidad en un asunto en el que se debe “ir de la mano” con los alumnos NEAE y sus familias. 

El Parlamento de Canarias continúa con su sesión ordinaria del pleno, a la que asiste el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. 

La III Semana Canaria de Deportes Tradicionales celebró este lunes en Lanzarote una jornada de vela latina canaria de barquillos dirigida a escolares del municipio de Arrecife. La actividad se desarrolló en el Centro Insular de Deportes Náuticos, en Playa del Cable, y contó con la participación de cerca de ochenta estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Zerolo, de la capital lanzaroteña.

La iniciativa, enmarcada en los actos por el Mes de Canarias e impulsada por la Dirección General de Deportes Autóctonos, que coordina Lorena Hernández, permitió al alumnado conocer de cerca una de las modalidades náuticas más representativas del patrimonio deportivo tradicional del archipiélago mediante talleres prácticos y actividades divulgativas adaptadas a escolares.

La actividad estuvo centrada en la vela latina canaria de barquillos, modalidad tradicional con una importante tradición en Lanzarote. La jornada se desarrolló en dos turnos y estuvo coordinada por técnicos especializados vinculados a la vela latina canaria de barquillos, quienes introdujeron a los participantes en aspectos básicos relacionados con la navegación y las características de estas embarcaciones tradicionales.

La actividad dio continuidad a la experiencia desarrollada el año anterior en el marco del mismo evento, cuando alumnado de Lanzarote y La Graciosa participó en una iniciativa similar centrada en el conocimiento y difusión de los barquillos de vela latina canaria. Con esta nueva edición, la programación refuerza su apuesta por acercar los deportes autóctonos a las nuevas generaciones y fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y deportivo de Canarias desde edades tempranas.

El Mes de Canarias incluye más de 110 actividades en todas las Islas, bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias. La iniciativa de ampliar la celebración del Día de Canarias a todo un mes s una invitación a reconocer, compartir y preservar aquello que nos une como pueblo. A lo largo de varias semanas, se creará un espacio para acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón e, incluso, más allá de nuestro territorio.

Toda la programación está disponible en el portal web del Gobierno de Canarias, así como en las redes sociales de la Presidencia del Gobierno y de las distintas áreas responsables de la organización de cada actividad, donde se actualiza diariamente la información.

Los XLIII Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar celebraron este fin de semana en Fuerteventura las finales autonómicas de bádminton en categoría sub-17, una cita que reunió en el Polideportivo Insular de Puerto del Rosario a jóvenes deportistas de todo el archipiélago y que volvió a poner de manifiesto el crecimiento de esta disciplina en el ámbito escolar con una competición marcada por la convivencia y el alto nivel deportivo, en la que Tenerife se proclamó campeona tras completar un pleno de victorias y revalidar así el título autonómico.

Organizados por el Gobierno de Canarias, estos campeonatos continúan consolidándose como uno de los principales programas de promoción del deporte base y de los hábitos de vida saludables entre la juventud canaria.

El combinado tinerfeño cerró el campeonato con cuatro victorias en cuatro encuentros, mientras que Lanzarote finalizó en segunda posición después de sumar tres triunfos y una derrota. Fuerteventura concluyó tercera con un balance de dos victorias y dos derrotas.

Por su parte, la selección de Islas Verdes, integrada por representantes de La Palma, El Hierro y La Gomera, terminó en cuarta posición con una victoria y tres derrotas, mientras que Gran Canaria cerró la clasificación.

La competición reunió a un total de treinta deportistas y diez entrenadores de las siete islas bajo el lema Pasión, Esfuerzo y Compañerismo, reflejando el carácter educativo y social que acompaña a los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar.

Cada selección estuvo formada por seis deportistas —tres masculinos y tres femeninos— además de dos técnicos responsables de cada equipo. La competición se desarrolló mediante un sistema de liguilla compuesto por cinco rondas de partidos, tres disputadas durante la jornada del sábado y dos celebradas el domingo, que terminaron definiendo la clasificación final del campeonato.

Más allá del aspecto competitivo, la cita volvió a fomentar valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia entre jóvenes deportistas de todas las islas, reforzando el papel del deporte base como herramienta educativa y de cohesión social en el archipiélago.

La competición contó con la colaboración de la Federación Canaria de Bádminton y del Cabildo de Fuerteventura, en una nueva cita que consolida el crecimiento de este deporte en Canarias en la etapa escolar.

Los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar continuarán los próximos 6 y 7 de junio con las finales autonómicas de balonmano en pista en el municipio de Arrecife, en Lanzarote. Además, la lucha canaria tomará protagonismo desde el 5 de junio en Puerto de la Cruz, mientras que el fin de semana del 13 de junio se celebrará una nueva jornada dedicada a distintas modalidades de deportes acuáticos en Puerto del Rosario.

El Observatorio Canario de la Vivienda ha publicado un análisis sobre la disponibilidad de suelo urbano consolidado según el cual Canarias dispone de capacidad suficiente para construir en torno a 125.000 viviendas, una cifra que supera ampliamente el déficit acumulado en los últimos años.

El estudio del Observatorio, que impulsa la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), está basado en el tratamiento y análisis de datos urbanísticos y catastrales mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica.

En el análisis se identifican más de 41.800 parcelas calificadas como suelo urbano consolidado con potencial residencial, lo que confirma que el planeamiento vigente ofrece margen suficiente para incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de reclasificar nuevo suelo.

Sin embargo, el informe subraya que el principal problema del mercado residencial en Canarias no es la falta de suelo, sino la dificultad para transformarlo en vivienda efectiva.

El análisis pone de manifiesto que, aunque el ritmo de construcción de vivienda se ha acelerado desde 2023, sigue siendo estructuralmente bajo si se compara con los años anteriores a la crisis financiera, a pesar de que la demanda actual no deja de crecer.

Entre los factores que explican esta situación, el informe señala la complejidad de la normativa urbanística, las limitaciones en la capacidad de gestión administrativa y el incremento sostenido de los costes de construcción, que dificultan la viabilidad y ejecución de nuevos desarrollos residenciales.

En este contexto, herramientas normativas recientes como el Decreto-ley para la agilización de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas; así como la incorporación de entidades urbanísticas de colaboración, orientadas a agilizar las funciones de control e intervención urbanística, pueden resultar decisivas para desbloquear estos procesos y acelerar la llegada de vivienda al mercado, indica el Observatorio.

Esta capacidad edificatoria se concentra principalmente en Tenerife y Gran Canaria, aunque el análisis incorpora datos pormenorizados para todo el archipiélago, con lo que permite conocer el potencial residencial de cada territorio y ofrece una radiografía útil para la toma de decisiones.

Además, el estudio distingue entre tipologías de vivienda en función del tamaño de las parcelas disponibles y estima que se podrían construir más de 114.000 viviendas en régimen plurifamiliar y cerca de 11.000 unifamiliares.

Cabe señalar que en Canarias hay unas 200.000 viviendas vacías, de las que el Gobierno regional solo ha logrado recuperar para el mercado una de ellas, y que las dos capitales canarias concentran el mayor número de acumuladores de pisos de todo el país.

Canarias entregará al papa León XIV un regalo nacido de la memoria y las manos de varias generaciones de mujeres que han hecho del calado una de las expresiones más reconocibles de la identidad artesanal del Archipiélago. Se trata de varias piezas elaboradas por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, ACVI, dependiente de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, y que fueron encargadas por Presidencia del Gobierno.

El regalo institucional está compuesto por un mantel de altar y un alba elaborados con el sello de los Calados de Ingenio. A estas dos piezas se suma una estola personalizada, donada por la propia Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, en la que figura la inscripción realizada a mano “SS Papa” y “León XIV”.

La pieza principal, el mantel de altar, mide 3,25 metros de largo por 2,45 metros de ancho, y está confeccionado en tela blanca de hilo de alta calidad y trabajado con distintos tipos de calado tradicional. En él predominan los calados conocidos como “de las tres hebras”, flores, caracol y caracol zurcido de pico, una técnica de enorme complejidad que hunde sus raíces en casi 200 años de historia.

El mantel incorpora, además, símbolos cargados de significado. Junto a la cruz, emblema distintivo de la Iglesia, las caladoras han incluido dos referencias a la identidad canaria: una pintadera circular y otra triangular, realizadas con calados denominados tachón y zurcido. De esta forma, la pieza enlaza la espiritualidad del regalo con la memoria histórica y cultural del Archipiélago.

A este mantel se suma un alba destinada al uso del Papa, para la que se han empleado los calados conocidos como aironado y puerta iglesia. La estola, donada por ACVI, completa el conjunto con una inscripción personalizada y varios tipos de calado, entre ellos rehilo, estrellita y zurcido.

La elaboración de las tres piezas ha supuesto alrededor de 1.400 horas de trabajo, desarrolladas en tiempo récord desde el pasado mes de marzo por ocho artesanas caladoras. El proceso ha incluido la preparación de la tela, el sacado de hebras, el marcado, la colocación en el telar de madera y la ejecución minuciosa del calado, un trabajo de precisión que exige conocimiento, destreza y una profunda vinculación con la tradición.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió este lunes las obras encargadas. En el encuentro participaron también el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, el Obispo Auxiliar, Cristóbal Déniz, y por parte de la Asociación, su presidenta, Isabel Hernández, el vicepresidente, David Castellano, así como, Obdulia Artiles, Aday Segura, Candela Martín, Ignacia Martín, Rita Sánchez, Adela Hernández, Isabel Hernández, Pino Ramírez, Francisca Sánchez y Esperanza Pérez.

La secretaria de ACVI, Obdulia Artiles, apuntó que “se tratan de prendas de incalculable valor porque es un símbolo de la artesanía canaria y en el caso del municipio de Ingenio una de las máximas señas de identidad del pueblo”. De la misma forma, subrayó que en este trabajo “trasciende y se da visibilidad a un arte centenario que ha llegado hasta hoy en parte por esas escuelas de artesanía que aún se conservan hoy en el municipio de la mano de Coros y Danzas”.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, calificó el trabajo realizado por las artesanas de Ingenio como “una obra de arte, una joya por las horas que conlleva, el cariño y la dedicación que lleva ese paño de altar”. Asimismo, confirmó que el mantel se utilizará en la misa que ofrecerá el Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria en “un altar del que va a estar pendiente el mundo entero, que verá esta joya de Ingenio y que servirá para reconocer el trabajo de estas mujeres y el cariño del pueblo de Ingenio”.

Las guardianas de un oficio que forma parte de la memoria de Ingenio

La Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, bajo el paraguas de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, es una entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a promover, conservar y divulgar las tradiciones culturales, con especial atención a la artesanía textil del calado. Su labor ha sido clave para mantener viva una actividad que durante décadas fue una fuente esencial de ingresos en una economía agraria y que estuvo protagonizada mayoritariamente por mujeres.

En la Villa de Ingenio, el calado sigue siendo una de las especialidades artesanales más relevantes. Frente a la llegada de productos imitadores de bajo coste, la asociación ha trabajado durante años para revitalizar esta tradición, acercarla a nuevas generaciones y demostrar su capacidad para dialogar con la creación contemporánea.

Desde el año 2000, el Desfile de Moda Calada ha contribuido a proyectar esta artesanía más allá de sus usos tradicionales, incorporándola a prendas para bodas, comuniones y bautizos, líneas de baño, ropa masculina, accesorios, abanicos o bolsos, en colaboración con creadores de moda. Esa evolución ha permitido mostrar que el calado no es solo memoria, sino también creatividad, innovación y futuro.

El trabajo de las caladoras de Ingenio ha estado presente en otros encargos institucionales de especial relevancia, como el mantel regalado por el Gobierno de Canarias a la Infanta Elena con motivo de su boda, corbatas destinadas a distintas personalidades o el juego de cuna entregado por el Ayuntamiento de Ingenio a la Princesa Leonor.

El viceconsejero de Presidencia recordó también a las artesanas que transmitieron este legado a las generaciones actuales, entre ellas Francisca González Rodríguez, Aurora Cruz Vega y María Luisa Artiles Ramírez, Premio Nacional de Artesanía en 1970. “Cada puntada de este trabajo lleva detrás una historia colectiva. Lleva nombres, familias, barrios, maestras y aprendizas. Lleva una forma de entender Canarias desde el cuidado, la belleza y la dignidad de lo hecho a mano”, expresó.

Con este regalo, Presidencia del Gobierno de Canarias quiere trasladar al Papa León XIV una muestra del patrimonio cultural vivo de las Islas y, al mismo tiempo, rendir homenaje a quienes lo conservan. Un gesto institucional que une el valor simbólico de la visita con el reconocimiento a una tradición artesanal que forma parte de la memoria emotiva y cultural del Archipiélago.

“Este regalo no se mide solo en horas de trabajo, sino en lo que representa”, concluyó Cabello. “Representa a una Canarias orgullosa de sus raíces, agradecida a quienes las mantienen vivas y convencida de que su patrimonio cultural tiene valor universal. Canarias se presentará ante Su Santidad con una obra hecha desde la emoción, desde la excelencia artesanal y desde el alma de nuestro pueblo”.

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que modifica la regulación de la autorización del teletrabajo, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto. De esta forma, el Gobierno avanza en la actualización de la norma actual (Decreto 74/2023) con el objetivo de adoptar medidas que faciliten la adecuada implantación del teletrabajo, garantizando la mejora de su eficacia y el avance en la cultura de la dirección por objetivos.

El proyecto del nuevo decreto hace referencia a la experiencia adquirida en los dos últimos años de aplicación de esta norma, así como las disfuncionalidades advertidas por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos en sus informes anuales de evaluación del despliegue de esta modalidad de prestación de los servicios. También, se adapta a la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las dos principales afectaciones que realiza la Ley 2/2025 se refieren a la obligación de que las relaciones de puestos de trabajo contengan un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, así como al sentido del silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

La persona responsable de la unidad elaborará el plan personal de trabajo de las personas cuyas solicitudes vayan a ser informadas favorablemente. En este sentido se regula que, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, la persona titular del centro directivo al que se encuentre adscrita la persona solicitante resolverá expresamente, autorizando o denegando, de manera motivada y que a falta de resolución expresa, el sentido del silencio será negativo.

Se exige también tener los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación vinculados con el uso diario de las plataformas y aplicaciones corporativas para el desempeño de su actividad profesional.

También, disponer de un lugar desde donde teletrabajar, con conexión a internet, adaptado a las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y tener autorizada e instalada la correspondiente licencia de alguna de las aplicaciones de telefonía y conectividad corporativas, o, en su caso, aprobada por el órgano competente, o disponer de teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias

Por otro lado, se contempla haber prestado, de manera ininterrumpida, servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un periodo mínimo de un año, y haber ocupado el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes, desempeñadas con las mismas herramientas y funcionalidades, en el mismo centro directivo, por el periodo mínimo de tres meses, de manera consecutiva, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso y única diputada nacional del partido, Cristina Valido, ha dado por finiquitada la actual legislatura presidida por Pedro Sánchez y ha defendido que “lo lógico” sería convocar elecciones este año para hacer “borrón y cuenta nueva” en 2027 y empezar a trabajar con un nuevo gobierno.

“El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno”, ha asegurado la portavoz parlamentaria en una entrevista en Radio Club Tenerife, que ha recogido Europa Press, tras los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra o la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan, según ella, cumplir compromisos con Canarias.

Cuestionada por el aviso del PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, ha indicado que “sería irresponsable” continuar la legislatura en 2027, Valido ha recordado que el partido vasco “en este momento no se plantea una moción de censura porque no le gusta la alternativa”. “Pero tiene que ser sensato en sus declaraciones”, ha señalado la dirigente de Coalición Canaria, que ha cuestionado asimismo que el Ejecutivo de coalición pueda mantenerse el año que viene ante la falta de apoyo parlamentario.

Valido ha reconocido que no hay conversaciones ni negociación con el Gobierno, si bien apoyará en el Congreso “lo que es importante para la ciudadanía y Canarias”, reprochando no obstante que el Estado adeuda “1.200 millones de transferencias corrientes” que viene provocada “por la falta de presupuestos por tercer año consecutivo”. “Es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí y creo que la gente tiene derecho a pronunciarse”, ha reivindicado.

Cuestión de confianza

Dicho esto, Valido ha defendido que Sánchez presente una cuestión de confianza, tal y como reclamó Coalición Canaria en el Consejo Político Nacional (CPN) que celebró en Santa Cruz de Tenerife. “Nunca fue tan necesario como ahora. La cuestión de confianza está perfectamente estipulada y existe precisamente para situaciones en la que el Gobierno no tiene los apoyos necesarios”, ha explicado.

La portavoz parlamentaria ha comentado además que el PP, su socio de gobierno en Canarias, no le ha hablado de la “posibilidad” de presentar una moción de censura porque entiende que “no tienen los números” y, por tanto, “no la negocia”.

“Todo va a depender de Sánchez, de lo que él quiera hacer, de si quiera convocar o no, porque el PP no se plantea presentar una moción de censura”, ha recordado Valido, que ha vuelto a pedir como necesidad la cuestión de confianza. “Y si no se tiene, convocar elecciones. Eso es lo que dice nuestro sistema democrático y las reglas que nos hemos dado”, ha apostillado, a la vez que la ha lamentado que, según ella, el presidente del Gobierno vea al Congreso “prescindible” y quiera mantenerse en el poder “a cualquier precio el mayor tiempo posible”.

El Gobierno canario (CC y PP) insta a Sánchez a una cuestión de confianza

En la misma línea se ha expresado horas después el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (CC), tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según Cabello, Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza o “dar un paso a un lado” si su Ejecutivo es incapaz de reunir los apoyos necesarios para sacar adelante los asuntos “vitales” del Estado y, en particular, los que afectan a las islas.

El portavoz ha añadido que Canarias seguirá “hasta el último minuto” intentando que sus asuntos estén en la agenda legislativa, tras ser preguntado por si confían en que se apruebe en lo que queda de legislatura el llamado Decreto Canarias.

Cabello ha señalado que, si la legislatura “va a entrar en una deriva” en la que el Gobierno de España no logra aprobar iniciativas clave, “se lo tendrán que hacer mirar”.

“Si el Gobierno de España es incapaz de articular los apoyos suficientes para continuar gestionando los asuntos vitales para los ciudadanos, el presidente Pedro Sánchez se debería plantear dar un paso a un lado o someterse a una cuestión de confianza”, ha agregado.

El portavoz canario ha puesto como ejemplo el debate sobre la Ley de Costas, una norma cuya modificación considera necesaria para afrontar retos estructurales tanto del conjunto del Estado como de Canarias.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno central opte por cambios a través de un reglamento, evitando su tramitación en el Congreso de los Diputados.

“Esa no es la forma, la puerta de atrás no es la forma de dar respuesta a los retos estructurales que tiene el conjunto del Estado Español y la comunidad autónoma de Canarias”, ha aseverado.