La primera vez que Joaquín vio a España conquistar un Mundial, sus dos hijos gemelos tenían apenas cinco años. “Eran muy pequeñitos”, recuerda. Por aquel entonces, en 2010, pensó que era muy probable que aquello jamás se repitiese. Pero sucedió. En su casa, sin embargo, la final del pasado domingo se vivió con pesar. “Apenas lo celebramos. Fue una pena”. Unos días antes, la noche del martes 14 de julio, uno de sus hijos sufrió una brutal agresión policial mientras celebraba el triunfo de España ante Francia en las semis. Fue en los alrededores de la plaza de Colón, donde estaba instalada una de las pantallas gigantes para seguir el partido en las calles de Madrid. Fruto de esa actuación del agente, el joven de 21 años ha perdido un testículo.

“Estamos buscando testigos y más vídeos. Fue un hombre de algo más de 1,80, con complexión fuerte y barba. Es importante destacarlo para encontrar al autor y que algo así no se repita”, recalca en su conversación con Somos Madrid. Lo hace después de narrar con indignación todo lo acontecido esta última semana, aunque “más relajado y más tranquilo” que en sus primeras intervenciones televisivas sobre el tema. “Me pilló en Italia, lejos de casa. Cuando le pasan cosas así a los tuyos y no estás cerca la intranquilidad y el dolor son todavía mayores”, explica. Ya de regreso a Madrid y con su hijo fuera de peligro más allá de la extirpación, ha podido serenarse, aunque no su ímpetu por “hacer Justicia”.

“No entiendo que la policía se líe a porrazos de una forma salvaje. Los médicos nos dijeron que cuando se recibe un golpe de este tipo suele provocar un dolor intenso, pero para que llegar al estado de necrosis que obligó a quitárselo es muy inhabitual. Tuvo que ser un golpe tremendo”, cuenta Joaquín. A raíz del ataque, buscó otras actuaciones cuestionables de esa misma noche y concluye que es “tremendo” ver “cómo apalean gente en el suelo”. Jóvenes, adultos, personas mayores y niños que “simplemente celebraban el pase a la final del Mundial, que solo dejaban ver su alegría sin romper nada hasta que llegó la Policía”.

En imágenes de la celebración en torno a Colón puede verse cómo algunos aficionados toman las calles de alrededor y ocupan parte de la calzada, aunque un vídeo de la agresión muestra que el joven se encontraba en un paso de cebra (eso sí con el semáforo en verde para coches y el paso prohibido a viandantes). Estampas no muy distintas a las que poblaron todos los puntos de España esa noche y la de la victoria en la final, donde la mayoría de vehículos se sumaban al jolgorio haciendo sonar sus cláxones o sacando banderas por las ventanillas.

Joaquín cuestiona además que la agresión a su hijo, previa a las cargas policiales, incumple los protocolos en este tipo de actuaciones: “Cuando das un porrazo puede pasar cualquier cosa, pero se supone que los policías están entrenados para no dar en ciertas partes como la cara o las zonas íntimas. No entiendo por qué pasó lo que pasó y se incumplieron las normas más básicas”. Destaca que, según muestra el vídeo que ha podido ver, el propio agente da la vuelta a su hijo antes de golpearle en los testículos en lugar de la zona trasera.

Una violencia excesiva y descontrolado que ha motivado la rápida puesta a disposición del caso en los tribunales. “Presentamos la denuncia el viernes pasado y la primera cautelar del juez ha sido intervenir esas imágenes y las de las cámaras”. Además de la querella criminal, han iniciado un procedimiento civil para una indemnización. “Lo importante es localizar a la persona que ha hecho esto y que no pueda volver a hacerlo. Es un tipo que denigra al cuerpo y no debería llevar ese uniforme. La Policía no está para corromper el orden público y perturbar una celebración”.

Un policía sin identificar, ni siquiera el cuerpo al que pertenece

La grabación de una persona cercana al suceso no permite esclarecer el cuerpo al que pertenece el agente, según apunta Joaquín. Espera que las de las cámaras de la zona, que el magistrado ya ha solicitado, puedan esclarecer este punto e identificar al agente en concreto. Por el momento, tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno han negado que forme parte de los cuerpos que dependen de cada administración: la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional, respectivamente. Aunque en el primer caso, la negativa no es tajante.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, aseguraba el pasado miércoles desde Cibeles que el Gobierno municipal no tienen “ningún tipo de confirmación de que haya ningún Policía Municipal implicado”. A renglón seguido, la concejala apostilló que abrirán “la correspondiente investigación en el caso de que llegase la denuncia que se ha presentado en los juzgados”.

Más claro fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que descartó que se trate de un profesional del cuerpo estatal en una entrevista para el programa Mañaneros 360 de RTVE: “No se trataría de una actuación de la Policía Nacional, aunque hay que dejar avanzar la investigación. Las imágenes parecen inaceptables y hay que adoptar las medidas necesarias”. En conversación con este periódico, Joaquín agradece a Martín el “gesto humano” y haber sido la única autoridad que se ha puesto en contacto con la familia después de lo ocurrido: “Hubiera agradecido que también lo hicieran desde el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid”.

Joaquín denuncia burlas en redes sociales

“En una casa esto no es poco, por mucho que pueda parecerlo y hasta haya gente que se ha burlado en redes. Mi madre, su abuela, estuvo llorando toda la noche en la que ocurrió”, subraya este padre coraje en busca de reparación. Aunque pueda parecer lo de menos, lamenta también no haber podido disfrutar de unos días tan especiales para todos: “No vivimos la final como el resto. Estábamos encantados con la victoria, claro, pero teníamos una desgracia vinculada además a la propia selección. Aunque indirectamente, claro, ellos son los menos culpables”.

Un equipo que ha conseguido, dice, “la comunión de todo un país”. Y esa unión que se saldó sin apenas destrozos, recuerda: “El día de la semifinal no hubo ni un detenido en Madrid”. Porque aquella noche lo que se quebró, al menos durante unos días (pero qué días), fue la ilusión de una familia: “Nos rompieron la alegría”, concluye Joaquín.

El gobierno de Granadilla de Abona (CC, Vox y uno de los dos ediles electos del PP tras la censura al PSOE de marzo de 2025) cerró en septiembre de 2025 la investigación interna abierta por un supuesto caso de acoso sexual y laboral del jefe de la Policía Local a una agente del cuerpo, al considerar que no había pruebas contra él. Sin embargo, dos meses después un juzgado de este municipio del sur de Tenerife incoó unas diligencias que aún permanecen abiertas. Esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el Ayuntamiento haya decidido contar con este mando policial en una mesa de coordinación contra la violencia de género celebrada este miércoles.

La presencia del jefe de la Policía Local junto al alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha sorprendido y dolido sobremanera a la denunciante, según remarca su entorno, que agrega que la agente quiere volver al trabajo (permanece de baja), pero los turnos no se organizan de forma que se garantice que no coincidirá con su jefe en una etapa en la que, según denuncia la oposición, faltan agentes por bajas o plazas insuficientes, con los lógicos perjuicios para un servicio adecuado en un municipio de grandes dimensiones. En Granadilla hay unos 65.000 habitantes, el aeropuerto Tenerife Sur, núcleos costeros como El Médano o Los Abrigos, grandes concentraciones urbanas como las de San Isidro y un puerto industrial, aunque con una actividad mucho menor de la prometida en su día.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona resaltó este miércoles en redes como Facebook que había celebrado “la Mesa de Coordinación Policial del Protocolo VioGén, convocada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife”. En esa reunión participaron “representantes de la Guardia Civil, del IASS, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y del propio Ayuntamiento, junto a la Policía Local, para analizar la situación en el municipio y hacer seguimiento del funcionamiento del Protocolo VioGén 2”. Además, se subrayó que citas como esta “permiten que todas las administraciones trabajen coordinadas con un único objetivo: proteger a las víctimas y seguir mejorando la respuesta ante la violencia de género en Granadilla de Abona”.

El gobierno local ya indicó el pasado mayo a este periódico que espera a que se resuelva el proceso judicial para pronunciarse y, al igual que este jueves, declinó responder sobre el caso o sobre la decisión de que el jefe policial participara en la mesa sobre violencia de género.

Declaraciones y testimonios

El juzgado de esta localidad ya tomó declaración al policía denunciado por presunto abuso sexual y laboral el pasado 26 de marzo, así como a diversos testigos. Lo hizo después de que, en septiembre de 2025, el consistorio cerrase su indagación interna al aplicarse el protocolo tras las primeras quejas de esta policía, que se encuentra en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que dice sufrir poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura de CC, un edil del PP (la otra siguió fiel al pacto con el PSOE, por lo que se le mantuvo el expediente) y Vox contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa. Tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar este proceso dentro del ayuntamiento al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes, siempre según la versión del gobierno local.

Por el contrario, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió una causa, que sigue en ese momento procesal. La policía argumenta que los supuestos abusos se cometieron durante años en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. La agente lamenta que el proceso abierto por el consistorio se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, algo que continúa produciéndose, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Supuestos abusos durante “diez años”

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha dado desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otros efectos, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia. Por supuesto, la versión dada por el jefe durante la investigación interna y en su declaración es totalmente contraria.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia e investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género, en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.

Según traslada a Canarias Ahora, esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que sigue apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”. Y eso que ha querido reincorporarse, pero sin que le garanticen que no coincidirá en algún turno con el jefe al que ha denunciado.

A su juicio, y como en otros casos similares, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que es “compatible” que la Policía Nacional pueda ejercer sus funciones en la jefatura de Via Laietana de Barcelona con recuperar ese espacio para la memoria democrática. “La actual Policía Nacional que ocupa este espacio es una policía democrática”, ha defendido en la sesión de control en el Parlament.

De este modo ha respondido a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que le ha pedido a Illa que “pare el despropósito” y hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladar a la Policía Nacional a otro espacio, tal como reclaman las entidades de represaliados por el franquismo.

El pasado 17 de julio, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. Pero en la misma disposición se recoge que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, lo que indignó a las víctimas de las represalias.

Illa ha defendido que cuando el PSOE ha gobernado en España se han dado “pasos decisivos” en materia de memoria democrática. Y ha añadido que está “totalmente de acuerdo” con que la jefatura de Via Laietana sea un espacio de memoria.

Por su parte, Albiach ha recordado que desde hace mucho tiempo su grupo pide que el edificio Via Laietana 43, donde se perpetraron torturas durante el franquismo y los primeros años de la democracia, sea un “espacio de memoria de manera integral” y ha recibido con “sorpresa” que el Gobierno considere que hacerlo sea compatible con la presencia de la policía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el atraco a una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), cometido el pasado 2 de junio. La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, ha permitido identificar a los seis supuestos participantes en el asalto.

Además de los cuatro arrestados, la Policía Nacional atribuye la autoría de los hechos a otros dos hombres que actualmente permanecen en prisión por su presunta participación en otros robos de características similares cometidos con posterioridad. La investigación sigue abierta y los agentes mantienen las gestiones para localizar y detener a otro de los implicados cuya identificación ya ha sido plenamente confirmada.

Los detenidos consiguieron apoderarse de joyas valoradas en 120.000 euros

En lo que se refiere al atraco de la joyería del Centro Comercial Las Terrazas, según la investigación, un grupo de seis hombres accedió al establecimiento y, empleando violencia e intimidación, consiguieron apoderarse de numerosas joyas, valoradas en más de 120.000 euros, antes de abandonar el lugar.

Los agentes, en una investigación que reconocen “compleja”, han conseguido reconstruir el desarrollo del atraco mediante un “exhaustivo” análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia de distintos establecimientos, las inspecciones oculares practicadas en el lugar de los hechos y las declaraciones recabadas.

De esta forma, las pesquisas han permitido identificar no solo a los presuntos autores materiales del asalto, sino también a otras personas que habrían participado en la fase de planificación y preparación del robo, dando como resultado finalmente la detención de cuatro hombres.

Sobre los arrestados, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que los otros detenidos, cuya participación estaría vinculada a la fase preparatoria del robo, han quedado en libertad con la imposición de las correspondientes medidas cautelares.

De todas formas, señalan que la investigación continúa abierta y los agentes siguen realizando gestiones encaminadas a localizar y detener a otro de los presuntos implicados, cuya identificación ya ha sido plenamente establecida.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

La clasificación de la selección española de fútbol para la final del Mundial ha dejado una resaca inesperada en el Ayuntamiento de Calahorra. Lo que en las calles se vivió como una movilización festiva y de carácter espontáneo se ha trasladado ahora a los despachos en forma de polémica. Jesús María García, diputado socialista en el Parlamento de La Rioja, denunciaba públicamente a tavés de su bolg que el equipo de Gobierno del Partido Popular, a través de la Jefatura de la Policía Local, está utilizando la red de cámaras de seguridad ciudadana para identificar y sancionar de oficio a los ciudadanos y vehículos que participaron en los festejos de la pasada noche del martes.

García señala que se están revisando exhaustivamente las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia urbana con el fin de tramitar multas por presuntas infracciones de tráfico o de las ordenanzas locales. Según apunta el diputado socialista, el Consistorio no solo estaría recurriendo al sistema público de grabación de imágenes, sino que también se habrían solicitado archivos gráficos, tanto publicados como descartados, a diversos medios de comunicación de la localidad para tratar de ampliar el volumen de identificaciones de oficio. Así lo ha confirmado el medio local 'La Brújula de Calahorra' al asegurar que se le han requerido fotografías “por ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Esta polémica ha sido plenamente corroborada en las últimas horas por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF). A través de un duro comunicado oficial, la organización sindical ha expresado su absoluto respaldo al turno nocturno de agentes que prestó servicio durante la noche de las celebraciones, destacando que su intervención priorizó con criterio profesional la seguridad colectiva y la convivencia por encima del afán sancionador, logrando que una concentración de miles de personas discurriera sin incidentes de gravedad.

El sindicato ha ido un paso más allá al denunciar de forma explícita que, lejos de recibir un reconocimiento por su gestión de una situación excepcional, los agentes de servicio han sido objeto de severas críticas por parte de la Jefatura de la Policía Local. El motivo del reproche interno, según el SRPF, es precisamente no haber formulado denuncias in situ contra peatones o conductores durante el transcurso de los festejos multitudinarios.

Frente a la estrategia de fiscalización “a toro pasado”, el SRPF recuerda que la labor de los cuerpos de seguridad en contextos de masas debe guiarse siempre por los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Desde la perspectiva sindical, la decisión de no imponer multas en medio de una aglomeración festiva responde al sentido común y al criterio técnico de los policías de calle, cuyo objetivo prioritario en esos momentos de vulnerabilidad del espacio público debe ser evitar alteraciones del orden y garantizar la seguridad colectiva.

El cruce de reproches y la tensión en la plantilla policial se produce, además, a las puertas de que se dispute la final del campeonato el próximo domingo. Ante este escenario de fiscalización interna, el sindicato policial ya ha mostrado su apoyo preventivo a los profesionales que deberán velar por la seguridad en el próximo dispositivo de fin de semana, confiando en que puedan trabajar con el mismo rigor profesional, blindando los derechos de la ciudadanía frente a cualquier intento de instrumentalizar los sistemas de videovigilancia pública con fines puramente punitivos

Rioja2 ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Calahorra para conocer la naturaleza de esta decisión sancionadora pero no hemos obtenido respuesta.

La familia de Kerman Villate, un joven al que un portero golpeó y mató a la entrada de la discoteca Mítika de Vitoria, ha encontrado hasta 22 precedentes de agresiones cometidas por porteros de la plantilla del local, que van desde 2022 hasta dos meses antes de la vigesimotercera, acaecida en febrero de 2025 y que fue la mortal. La familia apunta que en seis de ellos —más de los que tenía recabados en febrero, cuando se cumplía un año de la muerte— el autor directo de las agresiones habría sido la misma persona implicada en el fallecimiento de Villate, que también habría participado en otras dos junto con el responsable de esos trabajadores.

Han recabado información detallada a partir de atestados de la Ertzaintza y de la Policía local, así como de la sentencia de un procedimiento civil y a través de un testimonio recogido de forma directa. Lamentan, en cualquier caso, que en manos de la Policía local, y por tanto del Ayuntamiento, obran más datos que permitirían efectuar un “análisis del conjunto de las agresiones verificadas”.

El primer precedente se remonta a febrero de 2022, tres años antes de la muerte de Villate, con una agresión que se saldó con una sentencia que imponía una multa de 10.000 euros a la empresa que gestionaba Mítika. Unos meses después, en octubre, la Ertzaintza recogía en un atestado que a una persona se le habían propinado “patadas y puñetazos”, que la dejaron “desorientada y sangrando por la boca”, lo que requirió de un traslado al hospital. Apenas dos semanas después, a comienzos de noviembre, un portero de Mítika habría cometido otra agresión. “La víctima es noqueada y como consecuencia del ataque pasó una noche en el hospital en observación”, recoge la familia de un testimonio directo.

En diciembre, apunta la familia apoyándose en otro atestado confeccionado por la Ertzaintza, “un cliente del local presentaba un corte profundo debajo de la nariz, requiriendo traslado en ambulancia al hospital de Txagorritxu”. Como corroboró otro cliente presente en la discoteca, un portero sacó a la víctima del local y la agredió ya fuera. Hay otro atestado datado dos meses después, en febrero de 2023, con un cliente expulsado del local mediante “empujones y tortazos”. En abril, el agresor de Villate, señala la familia, “fue denunciado ante la Policía local por atacar por detrás a un cliente, que cayó al suelo perdiendo la conciencia”. Esta agresión es la única de las recogidas que se produjo en otro local de la ciudad. En el juicio quedó absuelto con una sentencia en la que la magistrada apuntaba que la versión del denunciante ofrecía “dudas”, dado que no se había podido determinar “si fue el acusado quien le propinó el golpe”.

Este hombre volvió a estar implicado, según relata el informe, en una agresión de marzo de 2024. Se interpuso ante la Ertzaintza una denuncia “por empujar y tirar al denunciante al suelo para golpearle posteriormente en la oreja”. En el atestado, señala la familia, se recoge que “le propinó un empujón tirando al denunciante al suelo” y que después, al volverse a poner en pie, “sin mediar palabra le propinó un golpe con la mano en la oreja izquierda”. Menos de un mes después, una persona denunció a este mismo portero ante la Policía local por haberle impedido el acceso por la ropa que llevaba, considerando que la medida era discriminatoria. Esta persona, apunta el informe, se vio atacada “sorpresivamente por el agresor de Kerman en la misma zona opaca a la videovigilancia”. En el atestado se recoge que “le dio un buen tortazo, dejándole un ojo morado, heridas dentro de la boca y comenzando a sangrar de la nariz”.

Todavía en abril, el día de San Prudencio, otra persona denunció que había sufrido una agresión en el interior del local al volver a acceder para recuperar una cazadora que se había dejado olvidada. “La agresión es colectiva y dos de los agresores de Kerman participan en la misma (el responsable de porteros y el agresor directo), siendo grabados por la videovigilancia”, indica la familia. Una semana después, el 4 de mayo, según un atestado de la Ertzaintza, “una persona es agredida de forma sorpresiva por estos mismos porteros”, apunta el informe. “A consecuencia del ataque el ciudadano perdió la conciencia y estuvo ingresado una noche en el hospital en observación. Al parecer uno de los porteros de la discoteca, tras intentar entrar de nuevo en el local, le golpeó causándole una pérdida de conocimiento”, abunda.

Varios meses más tarde, en noviembre, la Ertzaintza confeccionó un atestado después de que un portero empujara a dos clientes a la entrada de Mítika. Una de las víctimas presentaba heridas tanto en la nariz como en la ceja. Un mes más tarde, en diciembre, en otro atestado de la Policía vasca se recoge el testimonio de un testigo que, según la familia, relató que “entre varios porteros estaban sacando de malas formas a empujones a dos clientes, resultando uno de ellos herido en la pierna izquierda”. Es la última agresión de la que la familia tiene constancia antes de la muerte de Villate, acaecida en febrero de 2025.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

La Secretaria de Organización del PSOE, Emilia Fernández, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alfaro, Yolanda Tarragona, han analizado la situación por la que atraviesa el municipio después de que la policía judicial registrara las dependencias del consistorio alfareño el pasado 21 de mayo. Tarragona ha asegurado que “desde ese momento, y ante un hecho de enorme gravedad, venimos reclamando la máxima transparencia”.

Tarragona ha dicho que desde el Grupo Socialista se han solicitado “explicaciones claras al Equipo de Gobierno con el fin de conocer el alcance real de la investigación abierta, y nos hemos encontrado siempre con lo mismo, con un muro de silencio”. La portavoz socialista ha asegurado que la alcaldesa Yolanda Preciado “se escuda en que todo esto está bajo secreto de sumario, y es cierto”.

Pero nosotros “estamos demandando explicaciones políticas”. Lo que no dice la alcaldesa, ha añadido Tarragona, es que “según hemos podido saber los concejales socialistas, estas diligencias penales están abiertas desde el año pasado, desde 2025”. Y es evidente que “el Ministerio Fiscal, al detectar posibles irregularidades con posible alcance penal, ha remitido todo a los Juzgados de Calahorra y ha pedido la incoación de diligencias”.

Yolanda Tarragona ha dicho que el silencio de la alcaldesa y de su Equipo de Gobierno “es inaceptable, porque gobernar también significa rendir cuentas”. Por eso piden “que se responda a preguntas como los motivos por los que la policía judicial registró el Ayuntamiento, qué buscaban, o si Yolanda Preciado ha tomado alguna medida al respecto”.

Por su parte, la Secretaria de Organización del PSOE ha aseverado que con el fin de conocer de primera mano que está pasando en el Ayuntamiento de Alfaro, el Grupo Municipal Socialista “se va a personar en estas diligencias previas y recabar la información que la alcaldesa se niega a facilitar”. Emilia Fernández ha recordado que el hecho de que la policía judicial entre en un Ayuntamiento “es algo muy poco habitual, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas no es una opción, es una absoluta obligación”. Y si el Equipo de Gobierno con su alcaldesa a la cabeza no lo hace, “debemos dar un paso al frente para conocer qué está sucediendo con este caso”.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

Efectivos de Policía Nacional buscan desde este jueves por la mañana a una bebé de pocos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia y sospechan que el padre de la recién nacida ha podido llevársela, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando los padres del menor -ella de nacionalidad española y él argelina- han ido a visitarle al centro hospitalario donde, según ha podido saber Europa Press, la niña, de pocos días, estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat Valenciana -en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres- tiene asumida desde este mismo jueves por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.

El juez titular del Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, David Maman Benchimol, que investiga al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO), el comisario principal José Ángel González, por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración, ha emitido una nueva resolución en la que indica que los hechos “revisten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual” y, por tanto, deben ser juzgados en su momento por la Audiencia Provincial de Madrid. Así, acuerda incoar un sumario -abrir formalmente un expediente judicial- “para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables”.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, data del pasado 11 de junio y en el mismo el juez acuerda recabar la hoja histórico penal del DAO y dar traslado tanto a la Fiscalía como a las partes personadas para que en cinco días soliciten todos aquellos medios de prueba o diligencias que consideren oportunos.

Fuentes de la representación legal de la presunta víctima explican que el instructor adopta la decisión tras la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular consistentes en la incorporación de la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la subordinada así como de audios adicionales que demostrarían que el DAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante.

Adelantan que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de la acusación de sustentar el relato de la víctima, con pruebas que ponen en evidencia objetiva las mentiras del investigado. Sin ir más lejos, el abogado Jorge Piedrafita aportó el pasado 7 de mayo una segunda grabación realizada por la víctima que contendría la conversación telefónica que el exDAO y ella mantuvieron tras el episodio de la presunta agresión sexual. Para la acusación particular, en ese nuevo audio queda claro que fue a iniciativa del mando policial que ambos subieran a su domicilio. “No sé porque te he subido a mi casa”, recoge la grabación.

Explica el escrito por el que entregaba ese nuevo audio que una de las controversias tras declarar el investigado y la víctima ante el juez era de quien había partido la iniciativa de subir a la vivienda oficial del director adjunto operativo. “La víctima señaló que fue el investigado quien le dijo que tenía que subir a la misma en contraposición al investigado que dijo que él se iba sin decirle que subiera y que posteriormente subió la víctima por propia voluntad porque siempre subía”, recoge.

Por su parte, en un escrito de la defensa del exDAO, al que ha tenido acceso elDiario.es, se solicita la conclusión del sumario sin el procesamiento del mando policial. Entiende que la querella “no ha quedado corroborada por la grabación de audio aportada” por la víctima, que el testimonio de la subordinada “no reúne los requisitos jurisprudenciales exigidos” y que ni esa grabación ni “las contradicciones en las que incurre la querellante impiden sostener la continuación del presente procedimiento”.

“No existen indicios racionales de criminalidad suficientes que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a José Ángel González”, recalca, para incidir en que la grabación aportada por no permite sostener una reconstrucción literal de los hechos de la forma que se describe en la querella, pues lo que refleja “es una conversación de celos, reproches de afectividad, donde aparecen besos, referencias sexuales y una dinámica que impide afirmar que se haya cometido una agresión sexual”.

En concreto, el escrito incluye frases que formarían parte de esa grabación subrepticia. Así recoge que en un momento dado ella habría señalado: “No porque acabo follando contigo, porque es que me conozco ¿sabes? (...) porque me excitas, (...) te voy a besar pero no va a haber más”. Suma a esto que en los minutos posteriores a la supuesta agresión sexual, ella se despidió del exDAO “con un beso y con la expresión 'Nos vemos el domingo'. ”Fue la propia querellante quien llamó a mi mandante a los 20 minutos de abandonar el domicilio, e incluso el propio 21 de mayo“, recalca.

La querella de la subordinada

En la querella de la mujer se explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025.

La mujer explica que el comisario González la requirió telefónicamente a las 14:15 horas para que abandonara su puesto de trabajo ese día, en la comisaría de Coslada (Madrid), y acudiera a verle a un restaurante donde el DAO estaba comiendo con otro mando, que trabaja en su equipo. El director operativo indicó que la mujer fuera en un vehículo del Cuerpo, camuflado, del que se precisa color, marca, modelo y matrícula.

La mujer se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado, según la querella, González ordenó a su ayudante que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio, la vivienda oficial del DAO en Madrid. Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el comisario González sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella.

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”.

Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante, por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión. La mujer ha aportado audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella.

Una vez logró zafarse de González, añade, la mujer se marchó del lugar en el vehículo camuflado, lo aparcó en comisaría y se dirigió a su domicilio. Allí asegura que sufrió “una crisis de ansiedad severa”. Ya en ese momento comenzó a recibir llamadas y mensajes del comisario, especifica.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

La mujer ha puesto a disposición del juzgado los mensajes del director adjunto operativo de la Policía y el propio terminal telefónico. La agente asegura que también recibió llamadas de González desde los teléfonos oficiales de la Dirección Adjunta Operativa.

El 22 de mayo, la denunciante accedió a hablar con González en una conversación en la que el hombre negó los hechos y tras despreciar la relación pasada, habría añadido: “Ven a verme a ver qué te puedo dar”, en relación con un destino en la Policía.

En la querella se recoge cómo otro comisario, que trabaja junto al DAO y que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía. El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral.

Los temarios de pruebas de acceso para ser policía local en Castilla-La Mancha incorporarán cuestiones sobre la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es una de las novedades que incorpora un decreto de la Consejería de Administraciones Públicas mediante la que se modifica el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales en esta comunidad autónoma.

Según el texto, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el nuevo decreto establece como obligatorio incluir este tema en los programas de acceso a todas las categorías de los cuerpos de la Policía Local, que convocan los ayuntamientos.

En realidad, la modificación se realiza para adaptar el reglamento a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Este contenido se integrará dentro de la “parte especial” del temario, junto a otras materias como igualdad de género, derecho penal, y tráfico y seguridad vial. Además, la obligatoriedad de estudiar esta materia afectará a los procesos selectivos de todos los rangos: policía, oficial, inspector, subinspector, intendente y superintendente.

El objetivo de esta medida, según indica el decreto, es mejorar la regulación actual y asegurar que los futuros agentes cuenten con la formación necesaria en materia de derechos y no discriminación.

Se elimina la prueba de idiomas

La nueva regulación incorpora además otras novedades, como la eliminación definitiva de la prueba de idiomas en los procesos selectivos. En una modificación anterior de 2022, esta prueba ya había pasado a ser voluntaria para los ayuntamientos que convocaran plazas de policía local y no eliminatoria para las personas aspirantes.

Ahora, se ha constatado que las convocatorias efectuadas desde dicha modificación han dejado de incluir la prueba, lo que ha llevado a su supresión formal en el reglamento actual. El objetivo es “simplificar los procedimientos de selección”, eliminando trámites que “no se consideran imprescindibles” para valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes.

También se elimina la entrevista personal como parte de la prueba psicotécnica en los procesos de acceso, de manera que este examen sea “lo más objetivo posible”.

Cómo será la prueba psicotécnica

De esta forma, la prueba psicotécnica se compondrá exclusivamente de dos test: uno de inteligencia general y aptitudes, y otro de personalidad y capacidades. No obstante, este examen sigue manteniendo su carácter obligatorio y eliminatorio.

Finalmente, la reforma del Reglamento incorpora cambios específicos en lo relativo a la uniformidad, principalmente centrados en la identificación y el uso de emblemas. Por ejemplo, incorpora la homogeneización de la placa que exhiben los agentes para que sea similar a la de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única diferencia será el emblema del municipio, que también debe figurar obligatoriamente en el brazo izquierdo del uniforme.

Los cambios en el Reglamento entrarán en vigor a los veinte días desde su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un plazo para que los ayuntamientos y se adapten a las nuevas normativas antes de que sean de aplicación obligatoria.

Al mes de ingreso, Iván Izard decidió que no entraría en la terapia grupal hasta que le dejaran hablar con su mujer, con la que no se había podido comunicar en todo ese tiempo. “Entraron cuatro personas de fuera, que se supone que eran pacientes rehabilitados”, recuerda, “y empezaron a amenazarme”: “Que tenía que entrar al grupo, que habían hablado a mi mujer y ella decía que no quería saber nada de mí, que sabían dónde vivía ella y la iban a proteger…”, “que era un yonqui de mierda, que mi hijo iba a acabar siendo un adicto como yo”. Esta dinámica de insultos y vejaciones era la norma en el centro, donde en muchas ocasiones, según relatan expacientes a este periódico, el personal de Zeus participaba e incitaba a los usuarios a unirse. La Policía Nacional ha investigado durante meses las actividades de centro, ubicado en Tarragona y dirigido por Luis Pérez.

Este periódico ha tenido acceso a los testimonios de nueve expacientes de Zeus, que relatan terapias grupales en las cuales los terapeutas se dedicaban a mermar su autoestima y crear una sensación de aislamiento: “Desde el segundo o tercer día en terapia recibía insultos de ‘yonqui’, ‘tu familia no te va a abrir la puerta’, ‘nadie te va a creer’... Te anulaban como persona”, recuerda David Alonso, que estuvo ingresado de abril a agosto de 2023. Se trataba de una dinámica, asegura, a la que animaban al resto a sumarse: “Eran terapias en las que uno soltaba su malestar y decía lo que sentía. Los primeros en darte caña eran los terapeutas y luego iban los pacientes”. En su caso, Alonso cuenta que este maltrato le llevó a pensar en quitarse la vida. 

Iván Izard, paciente hasta el pasado agosto, había acordado con su mujer antes de ingresar que solo se quedaría un mes en el centro. A medida que pasaban los días y veía lo que realmente ocurría a su alrededor, empezó a cuestionar el tratamiento. “Ahí se intensificó todo”, recuerda. “Me quitaron toda la ropa y me dejaron una sola muda, me pusieron piedras en los pies, me pusieron a recoger mierda de caballo, me pusieron fuera en una silla ocho horas sin hacer nada, sin poder moverme y acabé quemándome la cara, me tuve que poner crema antiquemaduras”, relata. También recuerda cómo rapaban el pelo y las cejas a otros pacientes. Mientras, le contaban a su pareja que él no conseguía “renunciar” a la droga y le ofrecían un préstamo para costear seis meses más de ingreso. 

Izard no era el único que sufría estos maltratos. Los testimonios hablan de las “pautas”, es decir, los castigos que se imponían a los pacientes que incumplían las normas. Caminar con piedras en los pies, lanzarse a la piscina con ropa en invierno o la llamada ‘pauta del silencio’, que consistía en no poder hablar con nadie —ni que otros te dirijan la palabra— hasta nuevo aviso, pudiendo prolongarse durante semanas. “Yo he visto a gente pasar la noche en la calle, fuera del centro —otro de los castigos comunes—, ellos me contaban que tenían que dormir en el primer coche abierto que encontraban”, añade Alonso. Afirma que estos malos tratos podían darse por faltas leves, como “si te encontraban una motita de polvo en la habitación”.

Varios expacientes recuerdan el aspecto de humillación en algunos de los castigos. Uno de ellos, L.P.P., que prefiere no revelar su identidad, asegura conocer casos en los que el personal de Zeus mandaba que los pacientes se vistieran de formas “ridículas” en salidas grupales al cine, como con “pijama de color rosa y collar de perlas” o con la ropa del revés. 

“Tienen que estar con la baba colgando”

Los malos tratos venían de órdenes explícitas de uno de los psicólogos del centro, que a su vez recibía las direcciones de Luis Pérez, el director del centro, según lo que cuenta Sergi De Mingo, extrabajador de Zeus: “Hoy revienta a este, para que saque el bicho”, “hay que desmontarlos”, “derrumbarlos”, eran algunas de las instrucciones que él mismo recibía. Otra de las indicaciones, asegura, era sobremedicar a los pacientes recién ingresados. Según él, el director les decía: “Tienen que estar con la baba colgando”.

Algunos de los pacientes entran a Zeus atraídos precisamente por el relato de Luis Pérez. Muchos le conocieron a través de entrevistas que ha concedido en grandes medios de comunicación contando su historia de superación como exadicto. Además, cuenta con más de 159.000 seguidores en TikTok y más de 37.000 suscriptores en su canal de YouTube, ‘Adicciones al Descubierto’, donde se presenta como “exadicto recuperado y terapeuta especialista en Adicciones y Neurociencias”. 

En su página web, destacan dos premios otorgados a Zeus: el Galardón internacional como Centro de Referencia Europeo en el Tratamiento de las Adicciones de los European Awards of Medicine, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas, y el Galardón al Centro Referente Nacional en Tratamiento y Recuperación de Adicciones en España de los Premios Bienestar y Calidad de Vida de La Razón. Algunos expacientes destacan el papel de estos reconocimientos como uno de los factores que les hicieron confiar en el centro. Sin embargo, ambos están lejos de tener el mismo nivel de validez científica que un premio otorgado por una sociedad médica o institución de investigación. 

Un mínimo de casi 5.000 euros por un mes de ingreso

Un mes de tratamiento en Zeus cuesta desde unos 4.800 euros por una habitación compartida, hasta más de 11.000 euros por la más cara, según figura en su página web. Estos precios desorbitados llevaron a David Alonso a vender su furgoneta por recomendación del centro para poder costear su estancia: “Vengo de una familia obrera y para mí pagar casi 29.000 euros me ha hecho mucho daño. A día de hoy estoy muy endeudado y si hubiera sido por ellos lo estaría aún más”. 

Sergi De Mingo, extrabajador, siente haber sido tratado como un comercial, en vez de un terapeuta, del que se esperaba que presionara económicamente al entorno de los pacientes: “La orden es nunca decir a las familias que el paciente está bien”, afirma. Cuenta que tenían que “averiguar el poder económico” de las familias: “Si vive de alquiler, de propiedad, si tiene empresas…”. Todo para saber hasta cuándo podían mantener al paciente ingresado. 

“Si su hijo no se queda un mes más, el mes que viene tendrá que pagarle el entierro”

Este último relata un episodio en el que uno de los psicólogos le “enseñó” cómo tenía que hacerlo: “Como no sabes presionar a las familias, ponte a mi lado que voy a llamar a la madre de un paciente”, le dijo. El extrabajador escuchó la conversación entre la madre y el psicólogo, en la que este le preguntaba: “¿Usted no puede pedir un préstamo? ¿No puede hipotecar su casa?” y continuaba: “Si su hijo no se queda un mes más, el mes que viene tendrá que pagarle el entierro y eso le saldrá más caro”. 

La instrumentalización de los familiares era un elemento clave para manipular a los pacientes. Este diario ha tenido acceso a uno de los mensajes mandados por uno de los terapeutas a la mujer de Izard. En él, le pide que grabe un audio de su hijo de siete años diciéndole a su padre: “Papá, te quiero y te quiero volver a ver, pero te quiero volver a ver bien”, palabras que le dicta el terapeuta. El personal del centro reprodujo este audio delante de Izard y el resto de pacientes que se encontraban en medio de una terapia grupal. 

Según le explicaron a su mujer, el objetivo era hacer que se quedara en el centro en un momento en el que ya expresaba su intención de irse: “Le ponemos este audio y le destroza, se derrumba, en el mejor de los sentidos”, decía el terapeuta. Aquello fue la gota que colmó el vaso: “Exploté”, recuerda el expaciente. Otros testimonios cuentan historias similares a las de Iván, indicando que este era un método generalizado en las terapias de Zeus. 

Además, los expacientes señalan al centro por aislarles de sus familias. L. P. P. afirma que solo habló con su familia “una vez, al mes de estar ingresado y estando coaccionado, porque tenía a dos personas detrás vigilando”. Según el relato de otros expacientes, la costumbre era que todas las visitas o videollamadas con familiares se hicieran de ese modo, con el personal presente en la sala. 

“He estado en otros centros y lo que he visto ahí no lo he visto en mi vida”, denuncia. Él estuvo ingresado casi tres meses, hasta marzo del año pasado. Además del maltrato psicológico que él mismo sufrió, recuerda una ocasión en la que dos pacientes habían tenido un “roce sexual”, algo que vulneraba las normas del tratamiento. En terapia grupal, uno de los trabajadores animó al resto de pacientes a atacar verbalmente a la mujer por infringir las reglas “diciéndole lo puta que es”.

El infierno de intentar salir de Zeus 

El día que Iván se negó a participar en las terapias hasta que pudiese hablar con su mujer, asegura que le cerraron con llave en el cuarto donde estaba, hasta que entró uno de los terapeutas, con su mujer al teléfono, diciéndole que su marido “había intentado agredir” a unos pacientes rehabilitados y que “estaba en un brote psicótico”, algo que él niega. Recuerda, en medio de la desesperación y estrés de la situación, pedir: “Diles que me den mi DNI y por favor no pagues otro mes más”. 

Finalmente, la pareja de Iván pidió que le sacaran del centro. Cuando salió, sin documentación y sin su dinero —que nunca le devolvieron— mientras caminaba hacia la estación de tren más cercana, se dio cuenta de que tampoco tenía su teléfono móvil. Se dio la vuelta, timbró y golpeó la puerta del centro hasta que la abrieron. Uno de los pacientes rehabilitados que había acudido para intentar impedir que se marchara, se lo devolvió dándole un “puñetazo en el pecho”, cuenta. Según Iván, le dijo: “Que te largues de aquí, que las consecuencias van a ser peores. Tenemos todos tus datos y no sabes lo que podemos hacer”. 

Pero las amenazas no acabaron allí. El pasado mes de enero, la mujer de Izard recibió una llamada de un número oculto. Según asegura su marido, que acudió a comisaría para dejar constancia de esta llamada “amenazadora”, un hombre le pidió que borrara la reseña que había dejado Iván en la página del centro “o se atuviera a consecuencias legales y de otros tipos”. 

David Alonso describe una situación “desesperada” por la que llegó a escapar del centro saltando la valla: “Fui a pie hasta la policía de Ulldecona”, a tres kilómetros y medio de Zeus. Asegura que durante este camino uno de los terapeutas del centro le persiguió en coche mientras él corría. “Llegué a la policía de Ulldecona y les dije que me estaban reteniendo en contra de mi voluntad. Al día siguiente vino mi expareja a recogerme”. Sin embargo, el expaciente no pudo poner una denuncia en ese momento porque toda su documentación, incluso su DNI, estaba custodiada por el centro.

Óscar Pino, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y coordinador del Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias de L’Hospitalet, subraya que las prácticas descritas por los expacientes “rozan más el maltrato que una intervención terapéutica”. “Las terapias grupales son un tipo de intervención psicoterapéutica y no se puede hacer lo que a uno se le ocurra ese día”, explica. En este sentido, es tajante: “No puedes maltratar y perder las formas independientemente de que se hayan equivocado, recaído”. Pino enmarca estas situaciones en un contexto de falta de control institucional, y señala que en el ámbito de las adicciones existe “muy poca regulación”, lo que ha propiciado que “haya centros que ni siquiera son sanitarios y se dedican a la desintoxicación”.

La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad (RedUNE), ha acompañado a muchos de los expacientes en este proceso desde que algunos testimonios les alertaron de lo que sucedía. Hace unos meses, publicaron un texto en su portal en el que denunciaban el maltrato a pacientes en Zeus. El pasado febrero, según su presidente, Juantxo Domínguez, se vieron obligados a borrarlo ante la advertencia de un abogado del centro.

Las denuncias de los extrabajadores 

Sergi De Mingo fue terapeuta de Zeus durante casi cuatro meses. Después de despedirle, el centro le denunció, acusándole de incumplir la cláusula de no competencia que firmó y que le prohibía “trabajar para otra persona física, jurídica o comunidad de bienes cuya actividad pueda suponer competencia” para la empresa, según figura en su contrato al que ha accedido este periódico. Sin embargo, De Mingo asegura que nunca cobró la compensación económica que se prometía con dicha cláusula. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el pasado mes de febrero, el Juzgado de Lo Social nº1 de Tortosa, le dio la razón, desestimando la demanda del centro Zeus. 

Jennifer Silvestre es otra de las trabajadoras, en este caso encargada de labores administrativas y admisiones de pacientes. Pidió la baja laboral por cuestiones de salud mental y asegura haber sido sobrecargada de trabajo y haber sufrido amenazas por parte del director: “Me amenazó de muerte cuando le pedí que me pagara las horas extra, me decía que me había cavado mi propia tumba, se puso como un loco”, añade. Tras denunciar al centro y pasar por una mediación, el centro le dio el despido improcedente.

“Luis me hacía mentir a la policía”

“Luis me hacía mentir a la policía, me decía: ‘Si preguntan, aquí solo alquilamos habitaciones a pacientes que hayan estado en Ulldecona’”, recuerda la trabajadora. Y es que, aunque el centro Zeus, ubicado en Ulldecona, figura en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad, la marca Zeus tiene otro centro que publicitan como una versión más lujosa del primero: Zeus Corona, en Amposta. Este no aparece en el registro, y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat ya ha abierto un expediente para investigar al respecto. 

Ante preguntas de este diario, la empresa defiende que “los dos centros constituyen dos órganos diferenciados de ingreso sanitario, pero integrados dentro de una misma estructura asistencial y organizativa”. Añaden que “ambos funcionan bajo una única organización, con una dirección común, los mismos protocolos asistenciales y un único modelo de funcionamiento” por lo que “la actividad se encuentra amparada por un único registro sanitario” y aseguran que “la autoridad sanitaria tiene conocimiento de la situación”.

Además, la trabajadora y dos expacientes, Iván Izard y Mario (nombre ficticio) apuntan que el centro derivaba a pacientes que querían ingresar en su clínica a otros centros. Según relatan, cuando llamaron a Zeus para ingresar en sus instalaciones, les dijeron que “había mucha lista de espera” y les derivaron a un centro psiquiátrico en Lleida por entonces perteneciente a Mentalia, la división especializada en salud mental en España del grupo sanitario privado Domus Vi. Ambos coincidieron en su estancia en aquella clínica durante aproximadamente un mes, y después, en Zeus. 

Silvestre asegura que tenían este tipo de acuerdos con múltiples empresas: Sus superiores le mandaban “buscar psicólogos, especialistas en adicciones o incluso clínicas de adicciones privadas o públicas que quisieran colaborar con el centro en caso de que tuviésemos las habitaciones llenas o que ellos no tuviesen más espacio en las suyas”.

A preguntas de elDiario.es, la clínica ha reconocido la existencia de una denuncia, de la que ha tenido noticias “a través de la Policía Nacional, la cual está instruyendo el expediente de acuerdo con los procedimientos que legalmente están previstos”. Desde Zeus indican que la empresa: “defenderá la legalidad de su proceder y, sobre todo, el fin, el método, con el objetivo de que nuestros pacientes se rehabiliten y eviten recaídas que provoquen la vuelta al mundo, no querido, de las adicciones”. Añaden que continúan “con su actividad habitual sin incidencia”.

La muerte del joven Ander S.T. en el hospital de Cruces tras haber sido reducido dos días antes por la Policía de Santurtzi y reducido con una 'taser', arma de descargas eléctricas, tendrá una triple investigación. Al análisis interno del Ayuntamiento y al dictamen de la comisión de control y transparencia se sumará la investigación judicial. La familia lo llevará a los tribunales, según ha informado EiTB.

Según han manifestado, el fallecimiento “se podía haber evitado” y creen que pudo tener que ver la actuación policial. Según denuncian, permaneció detenido más de una hora al sol durante una jornada en la que se registraron más de 40 grados, siempre según EiTB.

Este fin de semana ya hubo una movilización de ciudadanía, colectivos sociales y allegados de la víctima contra la “violencia policial”. “Cuatro municipales mataron a un joven haciendo uso del táser y de las porras”, se denunció. “Últimamente, en nombre de la seguridad, la Policía pasa por encima de los derechos de las personas de manera violenta”, añadió una portavoz.

La Policía Nacional tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que ha vinculado esa decisión a sus “denuncias masivas” contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio Quiles ha comunicado este miércoles en la red social 'X' que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, ha acordado su detención. Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la Policía ha recibido esa orden aunque por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle en su lugar de trabajo.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, ha expresado Quiles en su perfil.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a la agencia EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento. Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las mismas fuentes han precisado que el agitador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secreto y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra el derecho de los trabajadores que pesaba sobre la exconsellera de Salud Alba Vergés y la cúpula de su departamento durante la pandemia, el único que podía comportar penas de prisión, en el juicio contra ellos por retrasar presuntamente la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Vergés (ERC) y su equipo, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon (Junts), solo afrontarán de ahora en adelante las penas de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, del que les acusa la Fiscalía, que pide inhabilitarlos durante doce años, y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya petición de inhabilitación asciende a quince años.

Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia han estimado así la petición de las defensas, quienes han argumentado la ilegitimidad de un delito incluido en la causa solo por la acusación popular de los sindicatos policiales y no por la Fiscalía, en un juicio que ha empezado este martes y que está previsto que finalice el próximo 15 de julio.

Los abogados de los exintegrantes de la cúpula de Salud han recordado que, según la doctrina Botín, no se puede continuar un procedimiento penal cuando quien sostiene la acusación es exclusivamente la acusación popular, a la vez que han detallado que, si bien la doctrina Atutxa permite hacerlo en caso de que el delito afecte a una mayoría, en este pleito no se da esta circunstancia.

“El delito contra el derecho de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y sobre este delito no están legitimadas las acusaciones populares”, ha asegurado en las cuestiones previas del juicio la penalista Olga Tubau, que defiende a Argimon, entonces director general del Institut Català de la Salut (ICS).

La decisión del tribunal también ha beneficiado al exsecretario General del Departamento de Salud Marc Ramentol, y al exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, acusados por la Fiscalía junto a Vergés y Argimon de haber acordado “paralizar” en marzo de 2021 el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles, “discriminando” a dichos agentes frente a los Mossos d’Esquadra.

La asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol, que pedían tres años de prisión para cada uno de ellos, acusan además al entonces responsable de Servicios del Departamento de Salud, Francesc Xavier Rodríguez. Su abogada, Míriam Company, ha cuestionado la falta de legitimidad de las acusaciones populares para formular acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores, dado que Fiscalía no acusaba por este delito. El tribunal ha aceptado la “falta de legitimación” que ha alegado sobre las acusaciones populares y ha dejado fuera este delito.

De hecho, la letrada –que comparte la defensa con los abogados Mariano Bergés, representante de la exconsellera Vergés, Josep Riba, de Comella, y Carles Martínez, de Ramentol– ha pedido la expulsión de Jupol y Jucil como acusaciones populares por no comparecer correctamente en la fase de instrucción. El tribunal, sin embargo, lo ha rechazado.

Los abogados de los sindicatos, por su parte, han asegurado que su acusación está “perfectamente legitimada” y han recordado que, además, sus representados fueron los “iniciadores” de este proceso judicial, que continuará mañana con la declaración de los primeros testigos.

Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo en la causa por la guerra sucia contra el partido al inspector jefe Manuel Morocho, el policía que investigó los casos Gürtel y la caja B del PP y que fue desterrado al nido de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Durante el juicio de Kitchen, Morocho relató episodios que vivió en primera persona sobre las maniobras contra Podemos y de las que no se conocía hasta ahora un testimonio tan directo. Al policía, según contó, le intentaron implicar en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), sobre la supuesta financiación de Podemos a cargo de Irán y Venezuela que luego despreciaron los tribunales.

El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.

Las consecuencias por mantenerse firme en la investigación al PP fueron presiones de toda su cadena de mando. Uno de los investigados en Kitchen, José Luis Olivera —artífice también del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán— le ofreció un destino ampliamente remunerado en Lisboa. El director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que también se sienta en el banquillo de Kitchen, puso a su elección cualquier embajada, los destinos más preciados. Ante la negativa del investigador a dejar el caso, Pino optó por una estrategia distinta: le desbordaría de trabajo sumando a la investigación judicial al PP un destino en la Dirección Adjunta Operativa, donde se fraguaron todas las maniobras contra la oposición.

Podemos ejerce la acusación popular en el juicio de Kitchen. En el turno de sus preguntas al testigo, el abogado de la formación le preguntó por su destino en la DAO. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho da un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reacciona y reorienta el interrogatorio rápidamente. Pregunta por el informe PISA y el inspector jefe asegura que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pide que analice el contenido del dosier.

La pata mediática

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Podemos alega en su escrito que el informe PISA fue el origen de una operación policial a la que la UDEF bautizó como 'Venus' y que consta como una de las líneas de investigación de la causa que sigue el juzgado de Pedraz. La representación legal del partido pide al juez que oficie a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que tome declaración a Morocho e intente determinar quién es el autor del informe PISA y todas las maniobras que rodearon a la elaboración y posterior difusión del dosier.

El Berrozi Berezi Taldea de la Ertzaintza, la unidad especializada en intervenciones de alto riesgo, está de aniversario: cumple 40 años. “El Gobierno vasco contactó con fuerzas especiales del Reino Unido para formar al primer cuerpo encargado de prestar esa protección. Instructores del Special Air Service (SAS) británico analizaron las necesidades existentes y recomendaron la adquisición de los terrenos del pueblo abandonado de Berrozi, en el municipio alavés de Bernedo. Su ubicación, discreta y cercana al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, así como la posibilidad de realizar prácticas con munición real en esos terrenos, lo convertían en un enclave idóneo para la preparación de la nueva unidad”, ha explicado la Ertzaintza en una nota.

“Desde su creación, el BBT fue concebido para intervenir en situaciones de especial complejidad y prestar apoyo especializado a otras unidades de la Ertzaintza. En una primera etapa, entre 1986 y los años previos a 2000, su actividad se centró principalmente en el apoyo a las unidades de investigación en operaciones dirigidas a la desarticulación de comandos de la organización terrorista ETA. A partir del año 2000, la unidad comenzó a asumir también otro tipo de servicios vinculados a investigaciones sobre tráfico de drogas, grupos criminales organizados y otros ámbitos de la delincuencia grave. Asimismo, fue movilizada en apoyo de las patrullas de Protección Ciudadana en incidentes como atrincheramientos o situaciones que requerían la neutralización de personas en crisis”, explica la Ertzaintza.

Y ¿en la actualidad? Subraya la Ertzaintza que es “una unidad altamente especializada, con una amplia experiencia operativa, medios materiales de última generación, tecnología avanzada y una estrecha colaboración con otros grupos de intervención estatales e internacionales”.

Se recogen a continuación imágenes recientes e históricas.

La Policía Nacional continúa reforzando su compromiso con la inclusión y la seguridad de los colectivos más vulnerables en La Rioja. Con este objetivo, el delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior impartió en la tarde de ayer una jornada formativa dirigida específicamente a personas sordas y con discapacidad auditiva de la región.

La actividad contó con la participación de 16 asistentes, quienes pudieron resolver dudas y conocer de primera mano el funcionamiento de AlertCops, la aplicación móvil oficial de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior que engloba a Policía Nacional y Guardia Civil. 

Desde la Jefatura el subinspector Vila destacó que “La seguridad inclusiva no consiste en tratar a todos por igual, sino en dar a cada persona el recurso específico que necesita. En la Policía Nacional trabajamos cada día para que ningún ciudadano se sienta aislado o vulnerable ante el delito por culpa de una barrera de comunicación”, señalando que esta app es un recurso vital para la comunidad sorda, ya que permite alertar de un delito, chatear con la sala de control o enviar fotos y geolocalización en tiempo real sin necesidad de realizar una llamada de voz.

Atención presencial adaptada en La Rioja

Más allá de las herramientas digitales de emergencia, la sesión se centró en explicar los recursos de accesibilidad que la Policía Nacional tiene implantados en las comisarías riojanas para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de realizar trámites como la renovación del DNI o interponer una denuncia en nuestras Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano:

Esta jornada se engloba dentro del plan estratégico de Participación Ciudadana de La Rioja, que trabaja de forma permanente con asociaciones y colectivos vulnerables de la comunidad (mayores, menores y personas con diversidad funcional) a través de charlas de prevención y sensibilización.

Con iniciativas como esta, la Jefatura Superior riojana reafirma su modelo de seguridad cercana, adaptando sus recursos humanos y tecnológicos para que ningún ciudadano encuentre obstáculos a la hora de solicitar protección policial.

ALERTCOPS

Cabe destacar que AlertCops no es una herramienta de uso exclusivo para la comunidad sorda, sino una aplicación universal diseñada para la protección de toda la ciudadanía en su día a día. Por este motivo, desde la Policía Nacional se invita a todos los riojanos a instalar esta app gratuita en sus dispositivos móviles. 

Su presencia se convierte en un recurso preventivo de gran utilidad para cualquier persona, que complementa al 091 ya sea para denunciar de forma discreta, realizar trayectos más seguros gracias a la geolocalización o solicitar el auxilio inmediato ante una emergencia, consolidándose como un canal indispensable para avanzar hacia una sociedad más protegida y conectada.