Una nueva modalidad de estafa ha sido detectada en la estación de autobuses de Logroño, en la que los autores eligen como víctimas a personas que se disponen a comprar sus billetes.

Una oferta atractiva como forma de aproximarse a la víctima

La Policía Nacional advierte sobre una modalidad de estafa que tiene como escenario lugares de tránsito de viajeros. El procedimiento comienza cuando los autores localizan a personas que se disponen a comprar sus billetes y se acercan a ellas ofreciéndoles una alternativa aparentemente más económica. La propuesta resulta suficientemente creíble para que las víctimas acepten.

En el modus operandi utilizado, el vendedor indica que la adquisición de dicha oferta ha de realizarse directamente en alguna de las máquinas expendedoras de billetes de la propia estación. De esta forma, el procedimiento aparenta ser legítimo, al desarrollarse mediante una máquina destinada a la venta de títulos de transporte.

El objetivo: conocer el PIN y hacerse con la tarjeta

Sin embargo, el interés de los autores no está realmente en la venta de ningún bono, sino que, mientras que las víctimas realizan la operación siguiendo las indicaciones recibidas, el estafador permanece suficientemente cerca como para observar el número PIN introducido durante el pago.

El siguiente paso consiste en hacerse con la tarjeta bancaria original sin que su propietario sea consciente de ello. Para evitar que la víctima descubra inmediatamente la sustracción, los autores disponen de otra tarjeta de características visuales similares.

Así, aprovechando cualquier momento de distracción, sustituyen la tarjeta de la víctima por otra perteneciente a la misma entidad bancaria, cambio que puede pasar inadvertido.

Una sustitución que retrasa la detección del fraude

Esta circunstancia proporciona a los autores un margen de tiempo para utilizar la tarjeta sustraída. Al haber observado previamente el PIN, intentan realizar diferentes operaciones o cargos hasta que el titular detecta movimientos que no reconoce.

Desconfiar de desconocidos que intervengan durante un pago

La Policía Nacional recomienda extremar las precauciones cuando una persona desconocida se aproxima ofreciendo descuentos, bonos, ayudas o cualquier ventaja económica.

Proteger el PIN, mantener siempre la tarjeta bajo control y comprobarla después de cualquier situación extraña, son medidas sencillas que pueden impedir este tipo de fraude.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La Ertzaintza continúa con la búsqueda del supuesto autor de la muerte de un taxista de 30 años en Azpeitia (Gipuzkoa), al que habría embestido con su vehículo y disparado con un arma de fuego, y ha solicitado a comercios de la localidad las imágenes de sus cámaras de seguridad. Según han señalado comerciantes de la zona, la Policía vasca ha solicitado a algunos establecimientos las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación que continúa abierta para tratar de dar con el paradero del presunto autor de los disparos.

La Policía vasca registró este pasado miércoles, sin resultado, la vivienda del sospechoso, así como otros dos inmuebles, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos. La operación, en la que participaron varias patrullas de la Policía vasca, se desplegó en el barrio azpeitiarra de Landeta. En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, llevaron a cabo la operación en la zona del polígono industrial, según recoge Europa Press.

Un gran número de agentes accedió al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y registraron la casa. Momentos antes de las tres de la tarde los agentes abandonaron el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se inspeccionó, al menos, otra vivienda de la localidad guipuzcoana.

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.

El informe que ha enviado la Policía a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basan en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

El informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, no aporta nuevos datos de los difundidos hasta la fecha y se centra en analizar las evidencias conocidas hasta ahora. Por ejemplo, las diferencias con otros procesos de entrada, el hecho de que la mayoría de las personas que accedieron a Ceuta regresaron a las pocas horas a Marruecos (no tenían “finalidad migratoria”), la necesidad de que tuvo que dar una “planificación previa”, así como una “dirección estratégica”, basada en la viralización de mensajes, activación y desactivación de redes sociales y sistemas de mensajerías, entre otros elementos.

Se trata, según el análisis policial, de “un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios”. En ello abunda, continúa el informe policial, “la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos”, el “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [marroquíes]“, así como el hecho de que ninguna mafia de la inmigración goza de ”una estructura criminal“ para abordar una acción de esas dimensiones.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior este mediodía se informa que el director de la Policía, Francisco Pardo, ha trasladado al ministro Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras incluye en sus anexos nueve “alertas” y “notas informativas” remitidas por el propio Cenif a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a la que pertenece y a las jefaturas superiores de Ceuta y Andalucía Occidental. Dos de ellas se produjeron en los días previos a la llegada masiva de migrantes.

La sentencia del Supremo

El informe alude también a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó el pasado junio que los migrantes interceptados en el alta mar no pueden ser devueltos “en caliente” y que ha sido esgrimida en los últimos días por el Gobierno por su potencial efecto llamada.

Según el documento policial, no fue esa resolución en sí sino su “manipulación” lo que sirvió para potenciar las entradas ya que se tradujo a un “lenguaje viral”: “Si entras nadando, no pueden devolverte”. A juicio de la Policía, esto dotó a la convocatoria de una falsa “base creíble” revestida de autoridad y seguridad jurídica, lo que animó a cruzar a nado a más personas.

La Policía tampoco considera “casual” que la entrada masiva se produjera el 30 de julio, durante la Festividad del Día del Trono, que es un día no laborable en Marruecos. En las redes sociales se viralizó de forma masiva el mensaje de que, al estar las Fuerzas de Seguridad marroquíes integradas en el dispositivo de seguridad para proteger a la familia real, la frontera de Ceuta había quedado desprotegida.

Además, el informe considera que el hecho de que esa fiesta se celebrara en la residencia real de M’diq, situada a poco más de 20 kilómetros de Ceuta, fue interpretado como una suerte de “consentimiento tácito” o mensaje de legitimación por parte de las autoridades marroquíes para permitir el paso.

El director de la Policía, Francisco Pardo, ha informado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que la jueza de la Audiencia Nacional “dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido” del informe que la magistada les había encargado y que, por tanto, él no tuvo conocimiento del mismo.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior, el departamento añade que la jueza María Tardón “ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe” este mismo miércoles, después de que El Español avanzara su contenido.

“Solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”, precisa Interior.

La nota también alude a un informe publicado y que tendría fecha del 29 de julio, el día antes de la afluencia masiva de inmigrantes. Respecto al mismo, Pardo ha asegurado al ministro que “se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuiría a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta, “tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes”.

Page se ha referido así al hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

“Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó” y “si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran”, ha apuntado García-Page.

A su juicio, todo lo publicado sobre esta cuestión “es relevante”: Hasta que “no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, francamente no podremos darle arreglo”.

Francisco Pardo, de Bono a Grande-Marlaska

Se da la circunstancia de que el director general de la Policía, Francisco Pardo, es albaceteño y ha realizado buena parte de su trayectoria política en Castilla-La Mancha.

Antes de su desembarco en el Gobierno central, rue asesor y jefe de Gabinete de la Consejería de Agricultura y director general de Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla-La Mancha, con José Bono de presidente.

Entre 1999 y 2004 también fue director de Gabinete, secretario general, y consejero de la Presidencia de Castilla-La Mancha. En 2004, Pardo fue nombrado secretario de Estado de Defensa, convirtiéndose en el número dos de Bono cuando fue ministro de esta cartera.

Se mantuvo en ese cargo hasta 2007, año en el que fue elegido diputado autonómico y, posteriormente, presidente en las Cortes de Castilla-La Mancha. En 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, Grande-Marlaska lo nombró director general de la Policía.

El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.

“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.

Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro por ejercer “una presión ilegal” y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.

De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.

¿Qué dice la ley?

La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.

Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.

Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.

Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.

La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

Las operaciones de compraventa y alquiler entre particulares a través de Internet se han convertido en una práctica habitual. Precisamente esa normalidad es aprovechada por los estafadores para contactar con personas que han publicado un anuncio y generar una situación aparentemente legítima.

Dos casos recientes, muestran diferentes formas de actuar, que comparten un elemento fundamental: la víctima espera recibir dinero y el estafador utiliza esa circunstancia para conseguir que autorice una operación económica o realice previamente un ingreso.

Una solicitud de Bizum que parecía un ingreso

En el primero de los casos, una persona había anunciado en una página de compraventa una plaza de garaje. Tras la publicación del anuncio, recibió la llamada de una persona que se mostró interesada y, después de hablar sobre las condiciones, ambas partes llegaron a un acuerdo.

El supuesto arrendatario indicó que realizaría un primer pago de 200 euros. Poco después, en la aplicación bancaria de la víctima apareció una operación pendiente de aceptación. Convencida de que se trataba del dinero que debía recibir, la aceptó. Sin embargo, ello supuso el envío de la cantidad indicada, además dos pagos más que el estafador le solicitó.

Este procedimiento es conocido habitualmente como ‘Bizum inverso’, el cual aprovecha la confusión entre recibir un Bizum y recibir una solicitud de dinero.

Un falso comprador y un correo que imitaba a una conocida web de compraventa

El segundo caso comenzó con la publicación de una motocicleta en dicha web. Una persona se interesó por el vehículo y contactó con el vendedor, trasladando posteriormente la conversación a Whatsapp para continuar con la supuesta compraventa.

Tras alcanzar un acuerdo, el vendedor recibió un correo electrónico que aparentemente procedía del sitio web oficial. En él se indicaba que el comprador ya había realizado el pago de la motocicleta y que el dinero se encontraba pendiente de ser transferido pero que, para ello, se solicitaba el abono de unos supuestos gastos de envío.

Este tipo de comunicaciones pueden utilizar logotipos, colores, nombres comerciales o formatos similares a los empleados por empresas conocidas, para llevar al engaño a la víctima.

También debe comprobarse cuidadosamente la dirección desde la que ha sido enviado y, especialmente, desconfiar cuando se solicita realizar un pago para poder recibir posteriormente dinero.

Mantener las operaciones dentro de las plataformas

En las compraventas entre particulares resulta recomendable mantener las conversaciones y operaciones de pago dentro de los sistemas oficiales proporcionados por las propias plataformas, las cuales disponen de respaldo legal para actuar contra estafas. Trasladarlas a canales externos, facilita que los delincuentes envíen enlaces, justificantes o comunicaciones falsas.

Recibir dinero no es lo mismo que aceptar una solicitud de dinero

La urgencia en la operación, la insistencia del supuesto comprador o explicaciones como que existe un problema con el pago deben considerarse señales de alerta. La mejor protección comienza por comprobar qué operación se está autorizando, mantener conversaciones dentro de las plataformas oficiales y desconfiar de cualquier petición de dinero previa.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Marlaska ha remitido la misiva a Pardo, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por El Español.

“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, señala Marlaska en la misiva.

A su juicio, “se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”.

“Ello al margen”, añade la carta, “de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.

“Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”, concluye.

El Gobierno pide no hacer “conjeturas” antes de conocer los detalles del informe

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer “conjeturas” sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', Torres ha subrayado que por ahora no se sabe “si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía”. Así pues, ha incidido, “si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa”.

Preguntado sobre si de confirmarse que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que “hablar ahora de ello es hacer conjeturas”. “Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe”, ha añadido.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado “lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro”, apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

Agentes de la Policía Nacional han rescatado con vida a una joven de 25 años que había sido denunciada como desaparecida en el Macizo de Anaga, en Tenerife. La mujer fue localizada en un barranco, entre la maleza y en una zona de difícil acceso, después de varias horas de búsqueda.

La desaparición fue denunciada por un familiar el pasado jueves 20 de agosto en dependencias de la Policía Nacional. Desde el primer momento, los agentes especializados calificaron el caso como una “desaparición inquietante”, al existir circunstancias que podían poner en grave riesgo la integridad de la joven, según ha informado el cuerpo policial.

Una búsqueda marcada por la niebla y la complicada orografía

Tras la denuncia, se activaron los protocolos previamente establecidos para este tipo de casos, por lo que en coordinación con la Sala del 112 se pudo determinar que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga, aunque no se disponía de información precisa sobre su ubicación exacta ni sobre su estado de salud, motivo por el cual, además de efectivos de la Policía Nacional se desplazó al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

La búsqueda se inició en una zona cercana al túnel de acceso a Taganana y en la zona de 'El Bailadero', donde la orografía escarpada del terreno, la niebla característica de la zona y la falta de luz dificultaron considerablemente el dispositivo.

Una vez descartadas diferentes ubicaciones, los agentes se centraron en un barranco y fue entonces cuando pudieron escuchar la voz de la joven entre la maleza, logrando localizarla y llegar hasta ella junto a los sanitarios para hacerle una primera valoración.

A pesar de las dificultades existentes para desplazarse por la pendiente, dado el delicado estado de salud de la joven, se optó por salir del barranco hasta la carretera por medios propios y no esperar a ayuda especializada en rescate.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar y una vez estabilizada, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su atención médica.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre pillado robando el móvil a una persona mayor en el centro de Logroño. Una mujer que había sido testigo de lo ocurrido requirió a una patrulla. Según manifestó a los agentes, había observado cómo una persona que vestía gorra y portaba una mochila, se había aproximado al hombre mientras este se encontraba utilizando su teléfono, y se hacía con el terminal. Tras la sustracción, el presunto autor abandonó rápidamente el lugar y emprendió la huida a pie. Es en ese momento cuando la mujer alertó a los agentes aportando la descripción de esta persona.

Con la información facilitada, los agentes se dirigieron inmediatamente hacia la zona indicada para tratar de localizar al sospechoso. Al acceder a la calle, observaron a cierta distancia a una persona que corría y cuyas características coincidían con la anterior descripción.

Los policías iniciaron una persecución y cuando le dieron el alto, mientras continuaba corriendo, el individuo arrojó un teléfono móvil debajo del vehículo policial que se encontraba ahí estacionado, circunstancia que fue advertida por los agentes.

Una vez interceptado, se procedió a su identificación y a realizar las comprobaciones necesarias para determinar la procedencia del terminal. Poco después, se personó también en el lugar la mujer que había alertado a la patrulla, quien reconoció, sin ningún género de dudas, al hombre, como la persona que había visto apoderarse del teléfono.

La actuación no terminó únicamente con la detención y recuperación del teléfono. Al comprobar que la víctima no conocía la ciudad, otra dotación policial se hizo cargo de él y lo trasladó hasta Comisaría para que pudiera interponer la correspondiente denuncia.

La actuación pone de manifiesto la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier hecho delictivo del podamos ser víctima o testigo. La colaboración entre ciudadanía y Policía Nacional constituye una herramienta esencial para prevenir y esclarecer hechos delictivos.

Consejos de la Policía Nacional

Especialmente en zonas concurridas, o mientras se utiliza el teléfono en vía pública, es recomendable prestar atención al entorno y mantener las pertenencias personales siempre bajo control.

En caso de ser víctima de un hurto de nuestro terminal móvil, es de gran utilidad para la posterior investigación y posible localización del mismo, aportar en la denuncia el número IMEI de nuestro teléfono, el cual se puede obtener previamente pulsando *#06#, en ajustes, o en la caja en la que venía el teléfono cuando lo compramos.

El informe de Europol que alertaba del incremento de robos en los museos de Europa a principios de esta semana llegó al Museo de Villena (MUVI) un día después de que robaran el Tesoro de Villena, según se desprende del listado de correos electrónicos al que ha tenido acceso EFE este domingo y que han confirmado fuentes de la Conselleria de Cultura.

El pasado lunes, Europol advirtió de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas y antigüedades por su valor y facilidad para colocarlas en el mercado ilegal.

La agencia de coordinación policial europea avisó en un informe publicado el pasado 24 de agosto de una transformación tanto de las tácticas como de los objetivos de los atracos en los museos, tradicionalmente una práctica no violenta de delincuencia organizada.

Fuentes de la Conselleria de Cultura valenciana han señalado a EFE que tienen un listado en el que aparecen tres correos electrónicos con el asunto 'Información Europol', que llegaron desde el Servicio de Museos de la Generalitat al buzón del MUVI entre las 14:00 y las 14:05 horas del 28 de agosto, un día después del robo del Tesoro.

Del mismo modo, han apuntado que el Ministerio de Cultura compartió la alerta de Europol el viernes a las 13:18 horas y han confirmado que ese Ministerio pidió a todas las comunidades autónomas hacer llegar dicho informe a todos sus museos, momento en el que procedieron a enviarlo.

Hasta ese momento, la Generalitat no tenía constancia de la alerta de Europol, según las mismas fuentes.

Robos más violentos y a por metales preciosos

El informe de Europol, al que ha tenido acceso EFE, alerta de que los robos en museos son cada vez “más agresivos, con un cambio hacia métodos violentos y contundentes”, lo que, según el organismo europeo de cooperación policial, podría indicar “la participación de nuevas redes criminales”.

El escrito apunta también a la elección de los objetos robados, como el oro, ante la facilidad para fundirlo sin dejar rastro, o las piedras preciosas de la joyería, ante “una fuerte demanda en el mercado criminal y la facilidad de reventa ilícita”.

“Ambos tipos de artículos resultan atractivos para las redes criminales debido a su visibilidad, accesibilidad y la percepción de que las medidas de seguridad de los museos son menos rigurosas que las de las joyerías”, indica el informe.

Por otro lado, Europol también explica en su comunicación que, entre los objetos buscados por las bandas, podrían estar asimismo los de porcelana china antigua, ya que “es probable que se vendan fácilmente en el mercado del arte”.

En cuanto al perfil de las bandas, el organismo europeo habla de personas reclutadas a través de redes sociales, sin contactos previos, solo para el robo que están preparando, “dispuestos a usar la violencia”, y que los grupos están activos en otros mercados criminales, sacando provecho de los robos a museos “únicamente por su potencial de lucro”.

Agentes de la Ertzaintza han sido atacados este pasado sábado de madrugada por unos jóvenes que les han lanzado objetos al grito de “zipaios”. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que ha informado del ataque, ha condenado esta nueva agresión ertzainas, a quienes ha mostrado su solidaridad. Los hechos han ocurrido a las 05.35 horas en Getxo, cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos. Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como “zipaios”, “hijos de puta” y “asquerosos”.

La Ertzaintza está investigando los hechos para tratar de localizar e identificar a los agresores. En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha expresado su “solidaridad y apoyo” a los ertzainas agredidos, y condenado esta nueva agresión contra agentes “que trabajan por garantizar la seguridad de las y los ciudadanos”. Además, ha reiterado que este tipo de hechos “atentan contra la convivencia y las bases sobre las que se construye”.

El sindicato Esan ha exigido “medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes” para proteger a los ertzainas de los ataques que están siendo objeto. En un comunicado, la central sindical ha afirmado que “agredir a un ertzaina no puede salir gratis”. “Otra vez dos ertzainas agredidos. ¿Cuántos más hacen falta?”, ha preguntado.

Esan ha asegurado que están “hartos de contar agresiones y de ver cómo la violencia contra los ertzainas se convierte en una noticia más”. “Se acabó normalizar lo inaceptable”, ha afirmado. Por ello, exige “medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes que protejan de verdad a los agentes y garanticen consecuencias reales para sus agresores”. “Quien agrede a un ertzaina tiene que saber que no sale gratis”, ha subrayado. Tras apuntar que “los ertzainas salen a la calle a proteger a los demás”, se ha preguntado “quién protege a los ertzainas”.

Por su parte, el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha mostrado su condena “absoluta” a la agresión y ha pedido a todos los partidos políticos “un apoyo firme” a la Ertzaintza y un debate “serio” sobre los ataques a agentes de la autoridad. El representante sindical ha declarado a Europa Press que, mientras los agentes “trabajan para que no se delinca, para ayudar a la gente y para mantener la seguridad ciudadana, que al final es el objetivo de las patrullas de paisano”, se produce “un señalamiento continuo” a la Ertzaintza.

En este sentido, ha considerado que los ataques son consecuencia de la “criminalización por la izquierda abertzale” a la Policía vasca, aunque ahora quiera “colocarse en la vía democrática y la carrera política para llegar a Ajuria Enea”. Por ello, ha preguntado quién va a poner ahora “freno” a esto que se ha generado “durante años, diciendo que la Ertzaintza es malísima, no les defienden ni representan y hay que ir contra ellos”.

Sergio Gómez de Segura ha dicho que ahora hay jóvenes adolescentes “que no han conocido a ETA” pero que se han inoculado “del odio enquistado en esa parte de esa sociedad, y que sigue aflorando día tras día”. “Nosotros defendemos a todo el mundo. Y aunque haya quiénes no quieren que estemos en las fiestas y en los pueblos, seguiremos yendo y estando porque es nuestro deber defender a la gente”, ha añadido.

El líder de ErNE espera que, una vez reanudada la actividad en el Parlamento Vasco, haya “un apoyo firme” de los diferentes grupos políticos y un debate “sobre todos estos problemas, incluido el delito de atentado y el principio de autoridad, porque tienen en sus manos poder hacer cambios”. “Queremos una discusión seria, real, a nivel no solo judicial y legislativo, sino también a nivel educacional”, ha concluido.

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja mantienen una vigilancia constante sobre el uso de drones, habiendo llevado a cabo varias intervenciones en lo que llevamos de mes.

Una de estas intervenciones, tuvo lugar en uno de los acontecimientos más especiales del mes de agosto: el eclipse, que congregó a numerosos ciudadanos para presenciar este fenómeno. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del centro penitenciario de Logroño, donde los agentes actuantes procedieron a la inhibición de este vuelo, no solo porque se encontraba muy cercano a las instalaciones del centro penitenciario, sino también porque carecía de los permisos obligatorios.

Tipos de sanciones

La cuantía de las sanciones que se impondrán por las infracciones cometidas variará según la gravedad de la infracción y de la persona que comete la misma, siendo así, la cuantía de las sanciones, se resumen de la siguiente forma:

Si además la conducta constituye un delito, se actuará conforme al Código Penal.

Unidad Aérea de la Policía Nacional

Se trata de una unidad cuya función principal es la seguridad del espacio aéreo. Cuenta con sistemas de detección e inhibidores para detectar vuelos ilegales o sin el permiso correspondiente. Además, son de gran utilidad en labores humanitarias de búsqueda de personas desaparecidas en condiciones desfavorables, gracias a su cámara térmica y por su fácil acceso a zonas difíciles.

Requisitos para volar un dron

Cabe recordar que el vuelo de UAS (dron), está sujeto a la normativa vigente, por lo que, como en otras ocasiones, se recuerda que hay que informarse de qué restricciones tiene la zona de vuelo sobre la cual se quiere volar y realizar los trámites necesarios para poder realizar la operación de vuelo en ellas.

Asimismo, la localidad de Logroño y una gran zona de La Rioja, están dentro de una Zona restringida de vuelo. Más concretamente, en la ciudad de Logroño, confluyen tanto esa zona restringida como otras zonas geográficas de UAS con sus diferentes requisitos, por lo que se recuerda que en zona urbana hay que comunicar el vuelo al Ministerio del Interior.

Desmintiendo la creencia generalizada, de que las aeronaves NO tripuladas de menos de 250 gr. están exentas de la normativa aeronáutica, cabe recordar, que dichas aeronaves NO tripuladas siguen teniendo que cumplir lo referente a la normativa.

La Policia Nacional ha acusat set manifestants de participar en els disturbis ocorreguts després de la protesta contra la massificació turística que el passat 26 de juliol va reunir desenes de milers de persones a Palma.

És el principal resultat de l'informe elaborat per la Prefectura Superior de Policia de les Balears arran de les càrregues policials que es van produir aquell dia, que es van saldar amb diversos ferits i almenys un detingut.

La investigació, segons ha avançat el diari 'Última Hora' i han confirmat a Europa Press fonts properes al cas, ha estat remesa a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, als qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per la seva banda, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, atès que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Hauran de ser els responsables policials de dita província qui determinin si els seus agents van fer un ús proporcionat de la força. Diverses persones, entre elles un fotoperiodista que estava documentant la manifestació, van resultar ferides com conseqüència de les càrregues policials.

A aquest procediment judicial que previsiblement arrencarà un cop enviat l'informe policial se li podria sumar l'impulsat per un grup de manifestants, que ja han expressat la seva intenció de presentar una demanda col·lectiva.

Una “massa hostil” va envoltar els agents

L'atestat que ja està en mans del jutge amplia el que ja va transcendir setmanes enrere, en el qual la Policia Nacional donava compte de llançament d'objectes, agressions a agents i atacs a turistes després de la marxa, cosa que va justificar les càrregues en els voltants de Ses Voltes i a l'avinguda Antoni Maura.

Els agents han recopilat vídeos en els quals es veu un grup reduït que va emprar la violència al final de la marxa contra la massificació, llançant objectes com ampolles, llaunes i pedres, propinant puntades de peu i empentes als agents i, fins i tot, arremetent contra turistes que eren a la zona.

La manifestació, segons l'informe, va transcórrer amb total normalitat durant tot el recorregut fins a Ses Voltes. Va ser en aquest punt quan els agents van advertir la persona responsable de la protesta que els 25.000 participants no cabien en aquesta ubicació per a la lectura del manifest i que se'ls va convidar a fer-ho a l'exterior.

Davant la negativa i la insistència d'accedir al recinte inicialment previst, es va acordar establir tres filtres policials per a una entrada gradual. No obstant això, la promotora de la marxa va afirmar per megafonia que la policia estava impedint l'accés.

L'ambient va començar aleshores a crispar-se i la tensió va escalar amb les primeres empentes als agents, que es van veure “embolicats” en la petita passarel·la --flanquejada per la muralla i les roques del llac-- que uneix l'avinguda Antoni Maura i Ses Voltes, cosa que va obligar a la petició de reforços.

L'informe parla d'una “massa hostil” que va envoltar completament els agents i els va empènyer cap a l'avinguda Antoni Maura on, segons es veu en els vídeos que ha recopilat el cos, un grup reduït de violents i amb la cara oculta l'empreu contra els policies llançant-los ampolles, llaunes, pedres, arremetent amb el pal d'una bandera i, fins i tot, increpant els turistes que es trobaven als voltants, cosa que va obligar a ordenar les càrregues.

La delegació no fa valoracions

Un dia després de la manifestació, fa ara un mes, el delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, va demanar esclarir els motius d'unes càrregues policials que va considerar “violentes i desmesurades”.

“Es van produir actuacions violentes d'alguns membres del dispositiu, que van emprar la força física contra persones que aparentment no suposaven una amenaça ni per a la seva seguretat ni per a la d'altres persones”, va dir Rodríguez en una roda de premsa.

Fonts de la Delegació del Govern consultades per aquesta agència de notícies han dit que ni qüestionen ni valoren el contingut de l'informe policial ara remès al jutge.

“Intenten culpar els manifestants”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organitzadors de la manifestació contra la massifiació turística que el 26 de juliol passat va recórrer els carrers de Palma, han considerat que la Policia Nacional pretén culpar-los de l'“actuació violenta dels seus agents”.

“El que interpretem d'aquestes imputacions és que la policia culpa els manifestants de la seva actuació violenta. Els casos de violència policial, els disturbis, es van produir per la presència d'antidisturbis i no pels manifestants pacífics”, ha defensat el portaveu de l'entitat, Dani Comas, en declaracions a Europa Press.

La Policia Nacional, segons han confirmat fonts pròximes al cas, ja ha remès el seu informe a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, a qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per part seva, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, ja que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Per a Comas, “portar la investigació a València és una manera més d'intentar endarrerir tot el procés perquè puguin quedar impunes”. “És un procés poc transparent, de moment”, ha lamentat.

Els organitzadors de la manifestació segueixen amb els tràmits necessaris per presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.

La Policía Nacional ha acusado a siete manifestantes de participar en los disturbios ocurridos tras la protesta contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.

Es el principal resultado del informe elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Balears a raíz de las cargas policiales que se produjeron aquel día, que se saldaron con varios heridos y al menos un detenido.

La investigación, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Deberán ser los responsables policiales de dicha provincia quienes determinen si sus agentes hicieron un uso proporcionado de la fuerza. Varias personas, entre ellos un fotoperiodista que estaba documentando la manifestación, resultaron heridas como consecuencia de las cargas policiales.

A este procedimiento judicial que previsiblemente arrancará una vez enviado el informe policial se le podría sumar el impulsado por un grupo de manifestantes, quienes ya han expresado su intención de presentar una demanda colectiva.

Una “masa hostil” rodeó a los agentes

El atestado que ya está en manos del juez amplía el que ya trascendió semanas atrás, en el que la Policía Nacional daba cuenta de lanzamiento de objetos, agresiones a agentes y ataques a turistas tras la marcha, lo que justificó las cargas en las inmediaciones de Ses Voltes y en la avenida Antoni Maura.

Los agentes han recopilado videos en los que se ve a un grupo reducido que empleó la violencia al final de la marcha contra la masificación arrojando objetos como botellas, latas y piedras, propinando patadas y empujones a los agentes e, incluso, arremetiendo a turistas que estaban en la zona.

La manifestación, según el informe, transcurrió con total normalidad durante todo el recorrido hasta Ses Voltes. Fue en este punto cuando los agentes advirtieron a la persona responsable de la protesta que los 25.000 participantes no cabían en esta ubicación para la lectura del manifiesto y que se les invitó a hacerlo en el exterior.

Ante la negativa y la insistencia de acceder al recinto inicialmente previsto, se acordó establecer tres filtros policiales para una entrada paulatina. Sin embargo, la promotora de la marcha afirmó por megafonía que la policía estaba impidiendo el acceso.

El ambiente comenzó entonces a crisparse y la tensión escaló con los primeros empujones a los agentes, que se vieron “embolsados” en la pequeña pasarela --flanqueada por la muralla y las rocas del lago-- que une la avenida Antoni Maura y Ses Voltes, lo que obligó a la petición de refuerzos.

El informe habla de una “masa hostil” que rodeó completamente a los agentes y los empujó hacia la avenida Antoni Maura donde, según se ve en los vídeos que ha recopilado el cuerpo, un grupo reducido de violentos y con la cara oculta la emprende contra los policías lanzándoles botellas, latas, piedras, arremetiendo con el palo de una bandera e, incluso, increpando a los turistas que se encontraban en las inmediaciones, lo que obligó a ordenar las cargas.

La delegación no hace valoraciones

Un día después de la manifestación, hace ahora un mes, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, pidió esclarecer los motivos de unas cargas policiales que consideró “violentas y desmedidas”.

“Se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo, que emplearon la fuerza física contra personas que aparentemente no suponían una amenaza ni para su seguridad ni para la de otras personas”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por esta agencia de noticias han dicho que ni cuestionan ni valoran el contenido del informe policial ahora remitido al juez.

“Intentan culpar a los manifestantes”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organizadores de la manifestación contra la masificiación turística que el pasado 26 de julio recorrió las calles de Palma, han considerado que la Policía Nacional pretende culparles de la “actuación violenta de sus agentes”.

“Lo que interpretamos de estas imputaciones es que la Policía culpa a los manifestantes de su actuación violenta. Los casos de violencia policial, los disturbios, se proujeron por la presencia de antidisturbios y no por los manfiestantes pacíficos”, ha defendido el portavoz de la entidad, Dani Comas, en declaraciones a Europa Press.

La Policía Nacional, según han confirmado fuentes próximas al caso, ya ha remitido su informe a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Para Comas, “llevar la investigación a Valencia es una manera más de intentar atrasar todo el proceso para que puedan quedar impunes”. “Es un proceos poco transparente, de momento”, ha lamentado.

Los organizadores de la manifestación siguen con los trámites necesarios para poder presentar una demanda colectiva contra la actuación policial.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestó el pasado sábado en el barrio de La Salud a un hombre de 76 años por reiteradas amenazas de muerte a su mujer en los últimos meses.

Una patrulla se personó en el domicilio familiar alertada de un episodio de “alta agresividad” por parte del arrestado, quien profería amenazas de muerte a su mujer, que presentaba un cuadro de ansiedad, detallan este jueves fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La mujer, de 75 años, refirió que lleva dos meses encerrándose en su habitación para dormir ante las continuas amenazas de muerte, y que el detenido le obliga a realizar todas las tareas domésticas e incluso que le limita el acceso a su dinero.

Durante la actuación policial se personó uno de los hijos de la pareja, quien detalló que la agresividad y proliferación de amenazas de muerte hacia su madre se han incrementado de manera notable en las últimas semanas.

Además, señaló que tanto él como sus hermanos temen que su padre cumpla dichas amenazas y acabe con la vida de su madre.

A la vista de los hechos se procedió a la detención de J.Y.H., su traslado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales antes de pasar a disposición de la autoridad judicial.

La Jefatura Superior de la Rioja ha recibido una denuncia por parte de la Inspección de Servicios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que da parte de la detección de varios títulos oficiales falsificados del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes a raíz de una inspección realizada sobre el personal contratado por las empresas dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad.

En consecuencia, Policía Judicial inició una investigación y contactó con las residencias en las que se verificó que existían trabajadoras que aportaban esta titulación falsa, comprobando que dos de ellas todavía continuaban en activo. Las trabajadoras alegaron que este título fue obtenido a través de una web que actualmente se encuentra fuera de servicio, previo pago.

Posible perjuicio para las residencias implicadas

La obtención del este certificado no supone un requisito previo para trabajar, sino que es posible realizar dicho trabajo firmando una declaración responsable en la que la persona se compromete a obtener dicho título en un plazo de tiempo.

Sin embargo, la aportación de un certificado falsificado no solo podría implicar un perjuicio en la calidad del servicio de las residencias en las que estas trabajadoras se encontraban en activo, sino que también podrían incurrir en una posible infracción administrativa aquellas empresas que cuentan con trabajadores que no han obtenido la titulación requerida en el plazo determinado.

Tras examinar minuciosamente los certificados, se comprueba que los tres presentaban los mismos signos de falsificación.

Practicadas todas las diligencias e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, se recabaron datos que permitieron comprobar que las tres trabajadoras eran conscientes de la falsedad de los documentos y de su voluntad fraudulenta de hacer uso de los respectivos certificados.

Detrás de un documento aparentemente válido puede esconderse un fraude; verificar, comunicar cualquier sospecha y colaborar con la Policía es esencial para evitar que la falsedad se convierta en una puerta de acceso al empleo.

El Museo de Villena (MUVI) ha sufrido durante la madrugada de este jueves el robo del conjunto original del Tesoro de Villena, considerado uno de los hallazgos de orfebrería prehistórica más importantes del Mediterráneo occidental. Según publica la Cadena SER, los asaltantes accedieron al inmueble tras arrancar uno de los ventanales laterales y perpetraron la sustracción de las piezas históricas con extrema rapidez. Las fuerzas de seguridad investigan si una falsa alarma registrada minutos antes en el polideportivo municipal sirvió de señuelo para desviar a las patrullas policiales de la zona.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a una acción minuciosamente planificada por parte de una banda especializada en el expolio de patrimonio histórico, sin descartar que la operación responda a un encargo de coleccionismo privado. La policía analiza además la posible conexión de este asalto con otros robos recientes cometidos en espacios museísticos. La incursión ha permitido a los autores apoderarse del material auténtico, protegido hasta la inauguración de la nueva sede del MUVI, momento en el que el ayuntamiento retiró la réplica exhibida durante décadas para exponer las piezas reales.

Los autores del robo se han llevado gran parte de las piezas que formaban parte de esta colección del Museo de Villena (MUVI) en cuestión de minutos en torno a las 5:20 horas de esta madrugada, lo que ha provocado que saltaran las alarmas del complejo, ha informado el alcalde de este municipio alicantino, Fulgencio Cerdán.

El regidor, en una rueda de prensa donde se ha mostrado visiblemente afectado por el robo, ha explicado que minutos antes habían saltado también las alarmas del polideportivo, un suceso que puede tener relación con el asalto al museo aunque todavía no está confirmado. Cerdán ha detallado que tan solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como otra pieza, que “se les ha caído” a los ladrones.

66 piezas de oro, plata, hierro y ámbar

El botín sustraído comprende el conjunto áureo descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler en una rambla del término municipal. La colección robada consta de 66 piezas elaboradas en oro, plata, hierro y ámbar, con un peso total cercano a los diez kilogramos y fechadas en torno al año 1.000 antes de nuestra era. Entre los objetos destacan 11 cuencos de oro, 28 brazaletes, botellas de plata y diversos remates ornamentales de la Edad del Bronce.

La comunidad científica equipara la relevancia del Tesoro de Villena con las tumbas reales de Micenas en Grecia, por lo que la pérdida del conjunto acarrea un perjuicio incalculable para el patrimonio arqueológico español. La investigación policial se mantiene abierta en varios frentes para dar con el paradero de los objetos y esclarecer la autoría de un robo que ha consternado a la comarca del Alto Vinalopó.

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de venta de drogas en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, tras varios meses de investigación. El operativo se ha saldado con la detención del morador de la vivienda, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, que ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial.

El registro del inmueble permitió a los agentes localizar 3,85 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y 162 gramos de marihuana, además de 23.915 euros en efectivo. En la vivienda también fueron intervenidos un vehículo, un arma de fuego, dos dispositivos inmovilizadores electrónicos tipo táser, un bate de béisbol y un pasamontañas.

La investigación comenzó después de que la Policía tuviera conocimiento de la existencia de un punto activo de venta de cocaína y hachís en Zárate. Durante varios meses, los agentes realizaron distintas pesquisas que permitieron determinar que el ahora detenido utilizaba su propio domicilio para almacenar y distribuir las sustancias estupefacientes.

Según la investigación, eran numerosos los consumidores que acudían hasta la vivienda para adquirir droga. La ubicación del inmueble había despertado además especial preocupación entre los investigadores al encontrarse en un entorno próximo a centros educativos, sanitarios y deportivos, así como a otros espacios frecuentados habitualmente por menores y familias.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro del domicilio. El resultado fue la incautación de importantes cantidades de distintas sustancias estupefacientes, junto con el dinero y los objetos intervenidos.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Sistemas Especiales y la Unidad de Guías Caninos.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, tras finalizar las diligencias policiales, pasó a disposición de la autoridad judicial. El juez decretó finalmente su ingreso en prisión preventiva.