La comitiva judicial, acompañada por un amplio despliegue policial, ha ejecutado este jueves el desahucio de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, en Burjassot. El Sindicat d'Habitatge de València había convocado a los medios de comunicación a primera hora ante el inmueble, pero el desalojo se ha adelantado y ha sorprendido a Daniel.

El operativo, con gran presencia de unidades de la Unidad de Intervención Policial, ha cogido por sorpresa al afectado, quien se encontraba durmiendo tras apenas haber descansado unas pocas horas, según él mismo ha relatado. “Me he despertado sobre las 6 de la mañana porque he empezado a oír ruidos en la calle. Yo sí que es cierto que tengo un sueño muy ligero, pero me he despertado y bueno, pues había furgones de estos de intervención policial, o sea, antidisturbios, cortando la calle, un montón de señores”, ha explicado Daniel.

Tras lograr tranquilizarse lo suficiente para vestirse y recoger una mochila y su bicicleta, Daniel ha salido del edificio tras ser requerido para identificarse. “Me he sentido claramente acorralado, que era lo que quería evitar; por eso no quería hacer más protestas”, ha relatado el investigador valenciano, que ha sufrido un episodio de ansiedad. “Yo ya sabía que esto iba a pasar”, ha añadido, al tiempo que lamentaba: “Luego no ponen dispositivos policiales para cosas más importantes, pero para esto, como si fuese yo aquí un puñetero terrorista de Al Qaeda; vamos, me he sentido así”.

Este lanzamiento se produce semanas después de que la movilización ciudadana impulsada por el Sindicat d'Habitatge lograra aplazar cautelarmente el desahucio previsto inicialmente para finales de septiembre, gracias a la presión vecinal y el apoyo de compañeros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El investigador, que residía en régimen de alquiler desde 2009 con un contrato que contemplaba derecho a compra, se ha visto finalmente desposeído de la vivienda tras la demanda interpuesta por el fondo propietario, culminando un proceso que él mismo definía con crudeza: “Es una parte más de esta pesadilla que espero que llegue pronto a su fin”.

Agentes de la Policía Nacional actuaron en Logroño a mediados del mes de septiembre, tras ser alertados de la presencia de cuatro personas que se encontraban realizando grafitis en las inmediaciones de las vías ferroviarias, procediendo a su completa identificación, y llegando incluso a tener que cortar el tráfico ferroviario durante más de media hora. 

La Sala CIMACC-091 recibió el aviso después de que ADIF y SOS Rioja 112 comunicaran que el servicio de seguridad había localizado y retenido a cuatro personas en la zona. A la llegada de los agentes, los vigilantes de seguridad hicieron entrega de los identificados, quienes portaban 43 botes de pintura utilizados presuntamente para realizar las pintadas.

Interrupción temporal del tráfico ferroviario por seguridad

Durante la intervención policial se detectó la presencia de otros grafiteros en las proximidades, circunstancia que, debido al riesgo que supone permanecer o desplazarse por una zona ferroviaria, hizo necesario adoptar medidas adicionales seguridad. Por ello, y para la efectiva protección de las personas que se encontraban en las vías, se interrumpió temporalmente la circulación ferroviaria durante aproximadamente cuarenta minutos.

Una vez comprobada la zona y garantizadas las condiciones de seguridad, el tráfico ferroviario pudo restablecerse con normalidad. 

Los agentes comprobaron además la existencia de varias pintadas recientes, algunas de ellas todavía frescas, procediendo a realizar las correspondientes fotografías, y a documentar tanto los grafitis, como los 43 botes de pintura intervenidos.

Una conducta que puede poner vidas en riesgo

La realización de grafitis en instalaciones ferroviarias no solo puede ocasionar daños materiales, sino que también implica acceder a espacios especialmente peligrosos y puede llegar a afectar al normal funcionamiento del servicio.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no acceder a zonas ferroviarias no autorizadas y de comunicar inmediatamente a través del 091 cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de las personas o de las infraestructuras.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este lunes a un joven de 20 años por el robo de vehículos en concesionarios de Miller Bajo y que, además, está siendo investigado por la Policía Nacional por su posible relación con atracos a dos joyerías de la isla.

La actuación la llevaron a cabo agentes de la Unidad Territorial Zona Centro después de que varios comerciantes alertaran de la presencia de un individuo que merodeaba por distintos establecimientos de Miller Bajo, según ha informado el cuerpo policial.

De esta manera, los efectivos localizaron al sospechoso en las inmediaciones, pero este emprendió la huida al percatarse de la presencia policial.

No obstante, uno de los agentes lo siguió hasta un edificio de la calle Farmacéutico Manuel Blanco, donde esperó la llegada de unidades de apoyo para a proceder a su detención.

Por su parte, la investigación de la Policía Nacional trata de esclarecer si el detenido guarda relación con el atraco a una joyería del centro comercial El Mirador, ocurrido en julio, y con el asalto a otra joyería del centro comercial Las Arenas, el pasado 13 de octubre.

El sindicato Erne ha denunciado el “caos informático” en la Ertzaintza con “una semana de fallos informáticos por una migración interna de sistemas que está comprometiendo gravemente el trabajo policial”. Por ello, ha exigido “soluciones inmediatas” y “responsabilidades”. En un comunicado, Erne ha advertido de “la situación inadmisible” que están sufriendo los centros de trabajo de la Ertzaintza como consecuencia de una migración interna de sistemas informáticos que “lleva una semana provocando continuos fallos, interrupciones y caídas prolongadas” del servicio.

“Lo que debería haber sido una actuación técnica planificada se ha convertido en un auténtico caos operativo, afectando directamente a la gestión de personas detenidas, la tramitación de diligencias, el desarrollo de investigaciones y numerosas actuaciones esenciales para el trabajo policial. Es una auténtica vergüenza que una migración informática interna pueda poner en jaque el funcionamiento de toda una organización policial como la Ertzaintza”, ha subrayado, según recoge Europa Press.

El sindicato ha lamentado que los ertzainas están teniendo que afrontar esta situación “sin disponer de herramientas informáticas operativas, soportando retrasos, acumulación de trabajo y dificultades que repercuten directamente en la prestación del servicio público”. Tras subrayar que “la profesionalidad de los ertzainas no puede seguir compensando la falta de previsión y planificación tecnológica de la Administración”, ha exigido al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco “una solución inmediata y definitiva”, así como explicaciones sobre las causas de esta situación, las medidas de contingencia adoptadas y las garantías para evitar que vuelva a repetirse.

Erne ha remarcado que “una migración de sistemas debe estar perfectamente planificada y contar con alternativas que garanticen la continuidad de un servicio tan esencial como el policial”. “No se puede presumir de una policía moderna y tecnológicamente avanzada mientras sus profesionales llevan una semana sin poder trabajar con normalidad”, ha señalado el sindicato, que ha demandado “responsabilidades, soluciones urgentes y respeto al trabajo de los profesionales de la Ertzaintza”.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha rechazado los disturbios que el jueves provocaron manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— ante la convocatoria del agitador ultra Vito Quiles, y que por el momento se saldan con tres detenidos por atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Con todo, Asiron ha afeado la “provocación” de Quiles y ha asegurado que Pamplona “es una ciudad profundamente antifascista”.

El agitador de extrema derecha inició en la capital navarra un nuevo tour en plena precampaña electoral porque fue la ciudad en la que el año pasado tuvo que cancelar su acto ante el anuncio de una contramanifestación de GKS y otros colectivos antifascistas. En esta ocasión Vito Quiles sí que apareció en Pamplona, pero lo hizo 40 minutos tarde de la hora anunciada y acompañado de más de una decena de escoltas vestidos de negro, encapuchados y con gafas de sol.

Cuando llegó a la Plaza Yamaguchi, donde había convocado a sus simpatizantes, varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral ya habían desalojado la plaza y sus inmediaciones tras haberse iniciado los disturbios. Los manifestantes prendieron fuego a algunos contenedores y cortaron varias avenidas y lanzaron piedras y botellas de vidrio a los agentes, que cargaron con proyectiles de 'foam' y gas lacrimógeno.

El alcalde de Pamplona ha lamentado que los disturbios causaran “peligros” a la ciudadanía, pero ha criticado que estos se generasen por una “provocación” de Vito Quiles. “Esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas, esto va de provocación y de fascismo, y el fascismo no es una idea, el fascismo es precisamente la negación de las ideas, el fascismo lo que pretende es aniquilar las ideas”, ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que Vito Quiles publicó el 7 de octubre un mensaje en sus redes sociales donde llamaba “a la aniquilación de los zurdos de mierda y esto evidentemente es algo que no se puede avalar, ni en nombre de la libertad de expresión, ni en nombre absolutamente de nada”.

Asimismo, Joseba Asiron ha asegurado que el agitador ultra no eligió Pamplona por “casualidad”. “Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proyecto de convivencia entre diferentes”, ha remarcado. “Yo no creo en este tipo de casualidades, si viene a Pamplona en primer lugar -dentro de la gira de Quiles- es precisamente porque sabe que es una ciudad con una trayectoria absolutamente antifascista”, ha insistido. “Y ahora pretende continuar esta tournée de odio por otras ciudades si nadie pone remedio”, ha lamentado.

El alcalde de Pamplona se ha mostrado partidario de “hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio” y ha recordado que este jueves se celebró una manifestación en la Plaza del Castillo, donde inicialmente iba a ser el acto de Quiles, que fue, ha destacado Asiron, “un muro social, diverso y plural que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo”. “Ese es desde luego mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo”, ha concluido.

Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja quieren alertar sobre la existencia de una estafa, realizada a personas mayores, que consiste en que los estafadores se hacen pasar por trabajadores de empresas de suministro eléctrico y, con la falsa excusa de que por esa vivienda pasa un cable de alta tensión y que puede ser peligroso para las personas con ‘Bypass’, les hacen desprenderse de todas las joyas que llevan puestas, para posteriormente arrebatárselas. 

Dos casos en Logroño

En Logroño se han interpuesto dos denuncias en relación con este tipo de estafas: la primera de ellas tuvo lugar a principios del mes de septiembre, y el ‘modus operandi’ fue sencillo: una mujer llamó al timbre de la vivienda de una persona de avanzada edad y con la falsa excusa de que en esa vivienda había un cable de alta tensión suelto, le ordenó que dejase todos los objetos de metal que llevase encima, es decir todas las joyas encima de la mesa de la cocina. 

Seguidamente, la estafadora, realizó una comprobación por las demás habitaciones de la vivienda con la excusa de revisar las tomas de luz que pudiera haber. A los pocos minutos, la falsa trabajadora recibió una llamada de un supuesto compañero de trabajo para que subiera al piso de arriba, por lo que abandonó rápidamente ese domicilio. Un total de 7 joyas valoradas en más de 10.000 euros, como un reloj antiguo de gran valor, una alianza de gemas y varias pulseras. 

El segundo de los casos denunciado tuvo lugar también a principios del mes de septiembre y el ‘modus operandi’ utilizado fue similar: una mujer llamó al timbre en la vivienda de una persona de edad avanzada manifestándole que tenía que entrar en su vivienda con la excusa de pasar un cable de alta tensión por su interior. 

La supuesta trabajadora, que vestía con un chaleco amarillo y unos guantes de trabajo, le dijo que debería quitarse todas las joyas que llevaba encima para no electrocutarse con el cable de alta tensión que tenía que pasar por allí. La mujer dejó todas las joyas en la cocina y en un descuido la falsa trabajadora se las robó. Un total de 17 piezas de valor como collares de piedras preciosas, colgantes de oro amarillo y de diamantes.

Consejos de seguridad

Desde la Policía Nacional se aconseja que no se deje entrar en las viviendas a personas desconocidas. Los técnicos de cualquier empresa tienen que tener previamente concertada la visita con los propietarios. Y nunca se dejarán objetos de valor a la vista de personas extrañas. 

Es recomendable tener un listado de todos los objetos de valor que se posean en la vivienda, así como facturas y fotografías para poder identificarlos en caso de sustracción o pérdida. También conviene, si se poseen muchas joyas de valor en el domicilio, depositarlas en una caja fuerte para estar mejor aseguradas. 

La Policía Nacional ha cargado contra varios cientos de manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— y antifascistas que este jueves han acudido a la plaza de Yamaguchi de Pamplona para protestar contra la convocatoria anunciada por el agitador ultra Vito Quiles, que ha hecho acto de presencia 40 minutos tarde. Una vez la Policía ha desalojado a los manifestantes, se ha ido a los pocos minutos tras una breve arenga. Ha estado en la plaza solamente un cuarto de hora.

Los manifestantes han causado altercados volcando contenedores de basura y lanzando a los agentes de la Policía botellas de vidrio y piedras. Los incidentes se han producido justo en el exterior de un tanatorio y en el propio parque Yamaguchi. Por el momento hay tres detenidos, uno de ellos menor de edad. Se les acusa de delitos de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Ya el año pasado una convocatoria fallida de Quiles generó disturbios en Pamplona. Por ello, en esta ocasión varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral han acordonado la plaza en la que se ha celebrado el acto con un fuerte dispositivo policial. De hecho, el agitador ha criticado a la Universidad de Navarra por “desaconsejar a los estudiantes” el año pasado “no ir a los actos” que Quiles promocionaba.

Minutos antes de las 18:00 horas centenares de manifestantes de GKS han llegado a Yamaguchi con una pancarta con el mensaje 'Faxistak. Alde hemendik' ('Fascistas fuera de aquí', en euskera). Un cordón policial los ha rodeado mientras en la plaza medio centenar de seguidores de Quiles les estaba esperando. La tensión ha ido en aumento hasta que la Policía ha comenzado a cargar. El agitador se ha referido a este grupo de personas como “los del tiro en la nuca”, mientras sus simpatizantes —unas treinta personas— lo vitoreaban y clamaban cánticos como “España una, no cincuenta y una” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”. “Les gustaría abrime la cabeza”, ha comentado sobre los manifestantes contenidos por los antidisturbios.

Los manifestantes se han ido por calles aledañas a la plaza y han comenzado a volcar contenedores, así como a lanzar botellas y piedras a los agentes. No ha sido hasta que la Policía ha alejado los manifestantes cuando ha aparecido el agitador Vito Quiles, que a la salida del vehículo en el que ha llegado ha pedido a los agentes que lo “escoltasen”.

“No podemos salir solos”, les ha pedido tras estar unos 15 minutos en la plaza. Ha acudido con una pulsera con la bandera de España. En su discurso, concurrido sobre todo por los periodistas que han ido a cubrirlo, ha mencionado lo “duro que es vivir en Pamplona” al estar llena de “etarras”. Ha dicho también que Navarra es “más española que nunca”. En todo momento ha estado protegido por hombres vestidos de negro con gafas de sol.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha denunciado ante la Policía de la capital pacense que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez, la siguió en su coche el mismo día que ella prestó declaración en la Audiencia Nacional como víctima de las maniobras de la exmilitante socialista y el autor de la presunta persecución. El exjuez, en conversación con elDiario.es indica que es “rotundamente falso” y asegura que ese día estaba a 400 kilómetros de Badajoz en compañía de su familia.

“En el trayecto del aeropueto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada”, recoge el atestado poicial, a partir del testimonio de la denunciante.

Biedma añadió a los policias que “desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento que la declarante iba a realizar ese trayecto en ese omento, temiendo que pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo”.

Sáenz de Tejada mantiene un contencioso con lo que él denomina el “lodazal” que son los cuatro juzgados de instrucción de Badajoz. A Biedma, como parte de ese grupo, le ha presentado medio centenar de denuncias, según asegura él mismo. La magistrada fue una de las encargadas de instruir el caso de violencia de género por el que fue condenado Sáenz de Tejada, pero este logró recusarla y apartarla de la causa por su relación con su ex mujer, jueza igualmente en Badajoz.

El exjuez había aludido a Biedma en sus vídeos de Youtube antes de que Leire Díez le contactara para ayudarla en su plan para apartar a la jueza del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ahora, Biedma denuncia que Sáenz de Tejada sigue mencionándola en la citada red social, “donde manifiesta que no retira ningúna de las expresiones realizdas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones sobre este tema en el Club de Debates Urbanos de Badajoz”, una página de Facebook dedicada igualmente a denunciar la supuesta corrupción judicial en la ciudad.

En su denuncia, Biedma alude a esta página, a los vídeos de Yotube y a unas supuestas “visitas al colegido donde estudian sus hijos”. Unido al presunto seguimiento en coche, Biedma dice que desconoce “el alcance que puedan derivar todo este tipo de acciones” y que “teme por su integridad física, así como por la de sus hijas y que dichas amenazas puedan consumarse”.

La denuncia de Biedma ante la Policía ha sido incoporada a la causa que sigue Pedraz en la Audiencia Nacional. El juez ha rechazado ampliar la investigación al contencioso que Sáenz de Tejada mantenía con Biedma antes de que entrara Leire Díez en la ecuación y ha rechazado tomar declaración, por ahora, a la jefa de un clan de Badajoz que asegura que el juez le propuso atentar contra la magistrada.

La Delegación del Gobierno ha cambiado la ubicación de inicio del “tour” preelectoral de Vito Quiles, 'Mafia o patria', tal y como ha comunicado el agitador a través de sus redes sociales. Según las fuentes consultadas por este periódico, la concentración se ha trasladado a la plaza Yamaguchi porque el activista ultraderechista la comunicó tarde a la Delegación del Gobierno de Navarra y en la plaza del Castillo ya había una convocatoria establecida. Según la versión de Vito Quiles, el cambio de ubicación responde a “la presencia de terroristas callejeros y grupos ultras”.

El autodenominado Movimiento Socialista de Euskal Herria, disidente de la izquierda abertzale que se describe así mismo como antifascista y socialista, convocó a comienzos de semana una movilización en la plaza del Castillo una hora y media antes de la llegada del agitador. Para que “la clase obrera” pueda “hacer frente al fascismo y el autotarismo de los estados”, la “unión del antifascismo es imprescindible”, ha clamado el Movimiento Socialista de Euskal Herria en sus redes sociales.

Según ha comunicado a este medio la Delegación del Gobierno de Navarra, al haber una concentración comunicada en la plaza del Castillo, que además ha sido “anunciada en una rueda de prensa”, la policía ha emitido un informe en el que se recomienda “mover la convocatoria de Vito Quiles a la plaza de Yamaguchi”. Desde el órgano han insistido que “técnicamente las concentraciones no se autorizan, se comunican”, puesto que “el derecho de reunión no está sujeto a autorización previa”. Pero si “colisiona con otra concentración previamente comunicada” se tiene que cambiar “la ubicación de una de ellas”.

Hasta el momento, a pesar de haber publicitado el encuentro, Vito Quiles no había comunicado a la Delegación del Gobierno de Navarra la celebración de su acto en Pamplona, por lo que se ha registrado notificado antes la contramanifestación que la manifestación del agitador.

El agitador de ultraderecha, que el pasado año convocó una concentración en la Universidad de Navarra, pero no apareció ante el riesgo de disturbios después de que grupos antifascistas y de la izquierda abertzale anunciaran una contramanifestación —y donde a media tarde se registraron importantes altercados que se saldaron con más de 30 detenidos—, ha asegurado que la concentración de este jueves “es legal y segura”. “Vamos a inundar Pamplona”, ha arengado.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino en puntos más públicos como es el caso de Pamplona.

“Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Ha sido todo muy gratuito y muy violento”. Ainhoa tiene 23 años y esta mañana estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Había decidido participar en la huelga por la educación pública, contra los recortes y ha acabado con el brazo roto en la represión de las protestas, según relata en conversación con elDiario.es.

“Me han pegado un porrazo en la pierna, otro en la mano y el último, que ha sido en el brazo, me iba a la cara. Pero como he visto que me iba a ir a la cara, me he puesto el brazo para protegerme y me ha dado una hostia tan grande que me ha abierto una herida. Me han puesto dos grapas y me han roto el cúbito del brazo”, cuenta. “Menos mal que me he puesto el brazo, porque iba a la cara”, subraya. Los incidentes han terminado con al menos cinco manifestantes detenidos y los movimientos estudiantiles hablan de seis heridos.

La joven, estudiante de la UCM, ha pasado la mañana en el hospital desde que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional han decidido cargar contra los estudiantes que protestaban frente a la Facultad de Químicas de la universidad madrileña. Ha acudido primero al Hospital Clínico San Carlos, donde ha sido escayolada tras unas pruebas médicas. Dos horas y media más tarde, al mediodía, ha sido dirigida al centro sanitario de La Paz. No ha sido hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ha sabido, tras un TAC, que no necesitaba ser operada. En elDiario.es hemos accedido al parte de lesiones.

El informe clínico realizado en Urgencias del Hospital Clínico apunta a una fractura en el cúbito (concretamente, en el olécranon, el hueso que forma la punta del codo). Antes, ha recibido dos grapas para cerrar la herida abierta causada por los porrazos de los agentes. Los profesionales también han registrado las policontusiones provocadas por los golpes y le han ordenado mantener el brazo en cabestrillo.

Ainhoa ha decidido denunciar. “Físicamente estoy dolorida, me duele bastante, me han inyectado antibiótico, pero me duele todo, el brazo... Y, emocionalmente, oscilo un poco. La gente que está conmigo me intenta animar, pero ha sido tan violento que estoy muy enfadada tanto con el Estado como con las Fuerzas [y Cuerpos de Seguridad] que han ejercido esa violencia sobre mí, ese abuso policial”.

Según relata, formaba parte de un grupo de piquetes informativos. Han pasado por la Facultad de Matemáticas y, al salir, la Policía ha cortado el paso. El Comité de huelga ha tratado de negociar con ellos y, después de que varios miembros les dijeran que había que seguir, parecía que les dejaban avanzar. “Entonces, han dicho [los agentes]: '¿qué hacéis?'”. “Que nos están diciendo que avancemos”, han respondido. “Y según ha pasado eso nos han empezado a pegar, o sea, de manera muy gratuita. Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Todo muy gratuito y muy violento”.

Además de estudiante, pertenece al colectivo UCM x la pública y se ha graduado recientemente en Educación Primaria. Ahora cursa el Máster de Estudios LGTBIQ+. Sus reivindicaciones en esta huelga de carácter indefinido y que abarca a todas las etapas son, principalmente, con los recortes que sufre la universidad pública. “Nos encontramos en la universidad con que hay muchas aulas sin profesores, infraestructuras rotas que no se arreglan. El año pasado hubo una gotera en una aula que no arreglaron: cada vez que llovía se liaba. En resumen, [protesto] por la educación pública, y específicamente nosotras por la universidad, porque no se puede más contra los recortes de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso”.

La consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas de “altercados contra la autoridad”, las ha justificado y ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”. Martín, por su parte, se ha limitado a asegurar que la respuesta de los agentes ha de ser “siempre proporcionada” y ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia”. “Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos”, ha afirmado, y ha pedido adoptar las “medidas inmediatas que sean pertinentes”. El rector de la Complutense ha condenado las cargas y ha querido “dejar constancia” de que no ha “solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”.

Preguntada Ainhoa acerca de si participará en la marcha del miércoles a las 18.00 y en las sucesivas jornadas de huelga, declara a este medio: “Voy a seguir con las protestas. Esta tarde iré a la manifestación y seguiré luchando, porque esto es lo que quieren: amedrentarnos y quitarnos de la lucha, pero no. Mientras tenga fuerzas y pueda, a mí me van a tener luchando ahí”. Y concluye: “A pesar de que a mí me haya pasado lo que me ha pasado, animo a toda la gente que pueda a que nos apoye en la lucha, que la educación es un derecho y nos lo quieren quitar”.

Un hombre ha sido detenido en Pamplona como presunto autor de una violción a su expareja y por amenazas con arma blanca.

Según ha informado la Policía Municipal, después de que una mujer denunciase haber sufrido una violación en un municipio del barrio de San Juan, agentes de este cuerpo y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos y lo arrestaron como presunto autor de la agresión sexual y también por amenazas con un arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra y el detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial.

El agitador de extrema derecha Vito Quiles ha anunciado a través de sus redes sociales que este jueves comenzará una segunda gira de charlas como la que organizó el año pasado. Lo hará con una convocatoria en la Plaza del Castillo de Pamplona para la que no ha solicitado autorización a la Delegación del Gobierno, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. En paralelo, varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas ha convocado en el mismo lugar una concentración para “conformar un nuevo muro de contención antifascista”.

La elección de Pamplona como la primera parada de su nuevo tour no parece casual. Fue en la capital navarra donde el agitador ultra tuvo que cancelar a última hora su acto el año pasado por la convocatoria de protestas anunciada por colectivos antifascistas y de la izquierda abertzale. Pese a que finalmente Vito Quiles no dio su charla en la Universidad de Navarra, del Opus Dei y que no le había autorizado la convocatoria, ese día se registraron importantes disturbios en la ciudad y más de una treintena de personas fueron detenidas.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino que, en el caso de Pamplona por ejemplo, ha elegido la céntrica Plaza del Castillo.

Desde la Delegación del Gobierno confirman a este periódico que por el momento Quiles no ha solicitado la pertinente autorización para la celebración de su acto en Pamplona y que ya ha anunciado a través de sus redes sociales. Dado los plazos, de hacerlo ahora debería solicitarla por vía de urgencia. Por esta vía, el plazo mínimo son 24 horas y se tendría que justificar la urgencia.

En paralelo, varios colectivos, así como sindicatos y movimientos juveniles, han anunciado una convocatoria el jueves en la Plaza del Castillo a las 17:30 horas (media hora antes de la convocatoria de Quiles) “contra el fascismo”. “En estos momentos estamos viviendo una ola reaccionaria que busca, por una parte, recortar en derechos poniendo en el punto de mira los sectores más precarizados y, por otra parte, incidir en la operación nacional de Euskal Herria, con el objetivo de oprimir a las clases populares tanto social como nacionalmente. En este contexto es importante desnormalizar la presencia de personajes que legitiman y refuerzas estas ideas”, señalan en un comunicado.

Así, hacen un llamamiento “a toda la sociedad” de la Comarca de Pamplona para que “se movilice” el jueves 15 de octubre para levantar “un muro de contención llenando la Plaza del Castillo de antifascismo”.

Les había despertado un despliegue policial sin precedentes. Decenas de furgones policiales, incluso un tanque blindado de la Policía Nacional, irrumpieron en la playa donde dormían desde su llegada a Ceuta a nado a finales de julio. Tras sacarles de sus tiendas y colocarles en grupos rodeados de agentes, tres intérpretes con chalecos de la ONG Engloba comenzaron a tranquilizarles. “Decían que eran de una asociación. Nos juraban que, si nos subíamos en los autobuses, nos iban a llevar a un campamento del Gobierno”, explica Taha, un joven marroquí conocido como uno de los peluqueros del ya simbólico asentamiento del Trampolín. “Es el mayor engaño de mi vida”, añade el chico, que nunca llegó al lugar prometido, sino a Marruecos. 

Taha tiene 21 años y llevaba 65 días en Ceuta. Antes de dormir en una cabaña en la playa del Trampolín, malvivió en distintos puntos de la ciudad, hasta en las rocas próximas al faro. Ha pasado hambre, sed y denuncia haber sido agredido por militares españoles. Si aguantó tanto era, cuenta, porque no quería volver a Marruecos. Por eso se enfada, alza la voz incrédulo y se lleva las manos a la cabeza cuando escucha la versión del Gobierno sobre su regreso a su país: “Están diciendo en todas partes que fue voluntario. Lo he visto en El Faro de Ceuta. Lo está diciendo la Policía. No es verdad. Nos echaron. Nos dijeron que no había otra opción”, dice por videollamada, con un tono de indignación notable, desde la ciudad próxima a Tánger donde vive. 

Tras el rápido desalojo de la playa del Trampolín, justo una semana antes de la visita de los reyes de España a Ceuta, el Ministerio del Interior ha asegurado que buena parte de las personas que allí malvivían desde hace dos meses decidieron volver voluntariamente. Según detallan, después de trasladarles en autobuses a una puerta que conecta la aduana con las naves del Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una especie de comisaría donde identifican y hacen el triaje a los migrantes), se les daba a elegir entre filiarse o irse a Marruecos. El Gobierno asegura que la mayoría optó por regresar a su país para evitar poner sus huellas en la base de datos de España y acabar igualmente expulsados con una supuesta sanción que conlleva su prohibición de entrada a la UE en cinco años (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan). 

Si bien los migrantes desalojados de la playa de Benítez sí confirmaban que se había llevado este procedimiento, denunciaban presiones y haber recibido información falsa por parte de policía que les hizo decantarse “bajo presión” por regresar a Marruecos. Pero, los migrantes desalojados del Trampolín van más allá. Una decena de marroquíes retornados con los que ha hablado elDiario.es no hablan de “presión” en la toma de una decisión como los de Benítez, sino que asegura que fueron engañados y que la Policía los devolvió de manera forzosa. 

“Nos traicionaron. Mienten. No nos preguntaron, lo juro. Qué vergüenza. Son unos monstruos mentirosos”, dice Jacob con indignación, otro de los chicos marroquíes retornados el pasado domingo tras su desalojo de la playa del Trampolín. “No nos permitieron hablar. Nos dijeron que había una nueva ley y que solo los niños podrían quedarse”, afirma el joven. La afirmación de que una nueva ley (inexistente) que dice que solo se pueden quedar los menores es repetida en varios de los testimonios recabados por este medio. 

“Había tres personas con chalecos blancos que nos decían, nos juraban, que nos iban a llevar a un campamento”, cuenta Teha. “Hasta que nos metieron en el autobús no nos dimos cuenta de que eso no iba a ningún campamento, que íbamos a aduanas”. Al igual que otra decena de personas contactadas por elDiario.es afirma que no conocieron el destino del autobús hasta que llegaron a la frontera y que, una vez allí, no tuvieron posibilidad de decidir si querían regresar a Marruecos.

El autobús se detuvo en la entrada a las naves del Tarajal, cuentan los migrantes consultados. Allí, según Teha, dos agentes de la Policía Nacional que hablaban dariya les comunicaron que “ninguno” se quedaría en Ceuta. “Nos dijeron que lo sentían mucho, pero que no se iba a quedar ninguno, que nos teníamos que ir”, explica el marroquí. 

Taha quería pedir asilo y asegura que así se lo trasladó a los agentes. Según defiende, ha tenido problemas en Marruecos y quería solicitar protección. “Les dije que tenía pruebas de que lo estaba pasando mal en Marruecos, que quería asilo. Pero dijeron que no había asilo. Decían que Ceuta se tenía que quedar limpia porque venían los Reyes y que iban a echarnos a todos. Que daba igual, que no se podía quedar nadie”. 

Después de esos minutos en los que los migrantes bajan del autobús en grupos de cinco, otros policías los acompañan a la valla con Marruecos. Atraviesan la aduana y son dirigidos al área comprendida en la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí caminaron hasta la puerta ubicada en la misma alambrada. Este medio ha preguntado que, por qué en ese momento no trataron de resistirse o huir. “Había muchísimos militares alrededor, había policías. Habíamos visto a un hombre que, cuando nos avisó de que estaban echando a todos por la frontera, le agarraron, se lo llevaron y le pegaron muy fuerte. Con eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a escapar?”, detalla. 

Taha se refiere a un momento del desalojo que quedó grabado por distintos medios de comunicación. Durante las 21 horas de operativo, los mensajes trasladados por los intérpretes de Engloba habían logrado mantener calmados a los migrantes que, sentados, esperaban su supuesta acogida en los campamentos oficiales. Pero, de repente, uno de los marroquíes que aguardaba en la playa recibió una llamada, cuenta el marroquí.

“Un amigo que había estado con nosotros en el Trampolín, al que ya se lo habían llevado a la frontera en el autobús le llamó y le dijo: ‘Es mentira, nos han tirado, nos han echado’”, recuerda el marroquí. Quien recibió la llamada empezó a avisar al resto del grupo. El mensaje comenzó a extenderse entre los demás. Según el relato de Taha, los traductores se dieron cuenta y avisaron a la Policía. El joven que había dado el aviso fue apartado del grupo.

“Entraron, lo cogieron, lo arrastraron y se lo llevaron detrás de un bloque. Le estaban dando golpes. Solo escuchábamos sus gritos. Solo por avisarnos de que no íbamos a ningún campamento, de que les habían echado”, continúa. Este medio, y otros tantos, grabó un momento que coincide con lo descrito por Taha. Aunque los periodistas presentes no podían escuchar lo que se decían, dado que el cordón policial estaba muy alejado, las imágenes captan un momento en que decenas de migrantes que hasta el momento se habían mantenido tranquilos comienzan a rebelarse, a levantarse. Algunos incluso logran escaparse del cordón policial. Posteriormente, uno de ellos es retenido por dos antidisturbios, y lo colocan detrás de uno de los furgones. 

“Teniendo eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a huir? Sabíamos que podían hacernos eso o algo peor”, se pregunta Teha, ya en su casa de Marruecos. Allí llegó más de 24 horas después de cruzar la frontera. Los gendarmes marroquíes, asegura, le mandaron al sur del país, a Beni Melal, pese a que vive cerca de Tánger. “Al menos yo tenía algo de dinero y pude pagarme el transporte de vuelta”, explica mientras muestra el billete de autobús a la cámara. “Otros amigos aún siguen allí tirados pidiendo dinero para volver a sus ciudades”.

Además de Taha, elDiario.es ha hablado con una decena más de migrantes cuyo relato coincide. Muchos no se conocen entre sí y, sin embargo, describen el mismo modus operandi. Este medio ha decidido destacar el de Taha al ser el testimonio recogido con más detalle, tras una hora y media de entrevista. A continuación, añadimos lo trasladado por otros de los jóvenes que denuncian haber sido devueltos tras su desalojo del Trampolín:

Hassan

Hassan, natural de Casablanca, estuvo dos meses y una semana en el asentamiento de El Trampolín antes de ser desalojado el primer día de la operación policial. Recuerda que la intervención de la Policía Nacional se produjo de madrugada, mientras dormían. “Pensábamos que era como a los otros que los habían juntado y se los llevaron a las carpas”, explica, en referencia al traslado de otras personas a las tiendas instaladas en el Puerto. Antes del traslado, varias personas, identificadas con el chaleco de Engloba, se acercaron a ellos para tranquilizarlos. “Nos dijeron: ‘mirad, estad tranquilos. Os van a llevar a poner huellas y os van a traer a las carpas. Ya os tienen preparadas las tiendas’. Nosotros ahí nos tranquilizamos”. Sin embargo, la situación cambió cuando llegaron los agentes. “Vinieron con esas furgonetas, entraron a las tiendas y empezaron a pegar a la gente. Al que no quería salir, le pegaban. La verdad es que nos maltrataron mucho”.

Hassan asegura que fueron trasladados con la promesa de que les tomarían las huellas. “Cuando llegamos a la frontera, un traductor nos dijo: ‘Perdonadnos mucho por estos meses que habéis pasado aquí de sufrimiento, de hambre’. Luego nos dijo que nos iban a sacar a Marruecos”. Afirma que ni él ni otros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar su situación personal. “Nosotros queríamos hablar de lo que tenemos, de las solicitudes de asilo, porque hay gente que tiene motivos para tramitar el asilo, pero no nos escucharon”. También sostiene que el intérprete no trasladaba fielmente lo que ellos intentaban comunicar: “La persona que traducía no estaba diciendo a la policía lo que nosotros le estábamos diciendo, le decía otra cosa diferente”.

Tras la devolución, relata que al llegar a la aduana marroquí les retiraron sus pertenencias. “Nos quitaron nuestro dinero, todo lo que habíamos sacado con nosotros de Ceuta nos lo quitaron. A algunos les quitaron el teléfono, no a todos”. Hassan explica que había salido de Marruecos con la esperanza de construir una vida mejor. “Teníamos la intención de trabajar allí y buscar una vida nueva, una vida digna, para ayudar a nuestros padres”. Y concluye: “Esperamos, ojalá, que podamos volver. Nosotros queríamos trabajar para España y ser una esperanza en su prosperidad”.

Karim (nombre ficticio)

Karim (nombre ficticio para proteger su identidad) natural de El Jadida, fue otra de las personas desalojadas de El Trampolín durante el primer día del operativo. Relata que la intervención policial fue un momento de gran tensión. Según explica, los agentes rodearon completamente la playa mientras varias personas identificadas con chalecos de una asociación, les aseguraban que serían trasladados para verificar su identidad y posteriormente llevados a las tiendas de campaña habilitadas por las autoridades. “Pensamos que era una buena noticia”, recuerda. Sin embargo, afirma que una vez subidos a los autobuses y trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que “hay un acuerdo entre España y Marruecos. Los mayores os vais todos fuera, solo se quedan los menores”, asegura. “No había huellas ni ningún otro trámite. Directo a Marruecos”, insiste.

El joven sostiene que nunca tuvo la oportunidad de solicitar protección internacional ni de exponer su situación personal. “No, nunca. No nos dieron ninguna oportunidad”, afirma al ser preguntado por este medio por la posibilidad de pedir asilo. También rechaza la idea de que el retorno se produjera de forma voluntaria. “Nosotros no volvimos por nuestra propia voluntad”, insiste, señalando que durante toda la operación se sintieron obligados a obedecer las órdenes policiales porque estaban rodeados y no tenían posibilidad de marcharse. Según su relato, hasta el momento de llegar a la frontera apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir.

Antes de instalarse en El Trampolín, Karim había pasado semanas durmiendo en la montaña y, posteriormente, en distintos puntos de Ceuta, tras no conseguir plaza en el campamento del Puerto pese a intentarlo. Explica que su objetivo al salir de Marruecos era encontrar trabajo y ayudar económicamente a su familia. “Solo quería vivir dignamente y pensar en el futuro”, señala. También lamenta que, a su juicio, el comportamiento de una minoría de personas terminara condicionando la percepción sobre el conjunto de los migrantes. “Que expulsen al que causa problemas, pero no a todos”, afirma. “Yo solo quería trabajar, ayudar a mi familia y construir una vida mejor”.

Rafik

Rafik, natural de Tetuán relata que tras ser trasladados en autobús fueron conducidos hasta las instalaciones situadas junto a la aduana, donde los iban bajando en grupos de cinco. Allí, asegura, varias traductoras les comunicaron que Ceuta estaba “llena” y que no tenían ninguna posibilidad de permanecer en la ciudad. “Nos dijeron que no había asilo ni nada, que nos fuéramos”, explica. En varios vídeos grabados durante el trayecto y publicados en sus redes sociales mostró el traslado en autobús hasta la frontera y su posterior llegada a Marruecos, insistiendo en que la devolución se produjo sin ningún trámite previo: “Ni huella ni nada”.

Rafik sostiene que él y otros compañeros intentaron manifestar su voluntad de solicitar asilo, pero que no fueron escuchados. “Les dijimos que queríamos pedir asilo y nos echaron directamente por la puerta de la aduana”, afirma. También asegura que uno de sus amigos expresó la misma intención y que, según su versión, fue golpeado por los agentes antes de ser expulsado junto al resto. “Te juro que no nos dejaron hablar”, lamenta. La experiencia le dejó una profunda sensación de desamparo. “Nos ahuyentaron como perros salvajes”, resume.

Bilal

Según el relato de Bilal, de Kenitra cuando intentó plantear la posibilidad de solicitar asilo no recibió ninguna respuesta ni oportunidad de formalizar la petición. “No me dieron la opción de quedarme cuando les pregunté por el asilo. Ni firmé nada”, asegura. Explica que, una vez trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que serían entregados a las autoridades marroquíes. “No hubo opción de tramitar el asilo, no me dieron la opción de hablar”, afirma. 

También recuerda que les advirtieron de que quienes estuvieran o quisieran ir al campamento serían devueltos a Marruecos y no podrían volver a entrar en Europa durante cinco años. Tras la expulsión, fue trasladado hasta Beni Mellal. Según su testimonio, el procedimiento en el lado español de la frontera fue muy rápido: “Tardamos cinco minutos en hacer todos los trámites”.

Mohammed

Mohammed, originario de Tetuán, compartía tienda de campaña con Bilal y ofrece un relato similar. Asegura que, mientras permanecían en El Trampolín, varias personas que se identificaron como responsables de los campamentos informales de acogida actuaron como traductores y les garantizaron que serían trasladados a esas instalaciones. “Nos dijeron que iríamos al campamento y nos lo confirmaron jurándolo, pero fue un engaño”, sostiene. 

Según explica, una vez en la zona fronteriza les comunicaron que debían regresar a Marruecos y les recomendaron intentar acceder a España por vías legales en el futuro. “Solo nos dijeron que lo sentían y que teníamos que buscar una manera legal para entrar en España, como una visa o similares”, recuerda. Afirma que trató de explicar su situación y mencionar la posibilidad de solicitar asilo, pero que no fue escuchado. “Me sacaron directamente a Marruecos”, concluye.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los exconsellers de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon y al resto de la antigua cúpula catalana de salud acusada de discriminar a policías y guardias civiles de la vacunación contra el COVID-19 en 2021.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal concluye que “falta la prueba de una voluntad de discriminar” a los cuerpos estatales en la vacunación durante la pandemia.

El juicio dirimía si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 era un delito de prevaricación.

Así lo sostenían los sindicatos policiales que ejercían la acusación popular, quienes pedían hasta 15 años de inhabilitación a los acusados. El juicio desinfló tanto las tesis acusatorias que la Fiscalía terminó retirando los cargos.

El tribunal rechaza las tesis de las acusaciones. En cambio, respalda la actuación de la conselleria de Salud que suspendió la vacunación de policías y guardias y otros funcionarios al “reputarse justificada por razones sanitarias”: se trató de la decisión de vacunar por grupos de edad que se hizo con la vacuna de AztraZeneca tras detectarse algunos efectos secundarios en este modelo.

Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que se produjo “una notoria diferencia en el porcentaje de vacunaciones” entre el colectivo de mossos d'esquadra y los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, que se resolvió tras obligar la sección de lo contencioso del TSJC a la Generalitat a vacunar a los cuerpos estatales.

Sin embargo, el tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel del Amo, advierte de que en este retraso en la vacunación “incidió de forma relevante tanto la exigencia de un sistema de vacunación ad hoc” por parte de Policía Nacional y Guardia Civil “con las dificultades de gestión que ello exigía”.

En suma, la decisión de la cúpula de Salud “no puede reputarse arbitraria e injusta”, zanja el tribunal.

La acusación a la excúpula de la conselleria de Salud se desinfló a medida que se iban celebrando las sesiones del juicio. Ningún testigo señaló que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendieran, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos cerraron filas y mantuvieron que sus decisiones se basaron en criterios sanitarios.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacaron que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España con el objetivo de esclarecer la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en Valencia. A través de su secretaria general y diputada, Ione Belarra, la formación ha reclamado al Ministerio del Interior la identificación exacta de la autoridad política o policial responsable de dar la orden directa de cargar contra las personas concentradas.

En la iniciativa parlamentaria, la formación morada exige detalles precisos sobre el volumen de material antidisturbios empleado en el operativo. En concreto, el escrito solicita conocer el número de pelotas de goma disparadas, así como la cantidad de botes o dispositivos de gas lacrimógeno o irritante utilizados durante la intervención. El grupo parlamentario considera imprescindible determinar las causas y las responsabilidades orgánicas de un despliegue que tilda de “desproporcionado” frente a una movilización de carácter pacífico.

Las preguntas de Podemos abarcan igualmente la atención a las personas perjudicadas durante los altercados. La iniciativa reclama el balance total de ciudadanos heridos a consecuencia del impacto de las cargas y del empleo de gases, al tiempo que cuestiona si el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han establecido contacto con los afectados. Asimismo, la iniciativa consulta si la totalidad de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) portaba el número de identificación visible en su uniforme, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

La formación exige al Ejecutivo central la apertura inmediata de una investigación interna que permita depurar responsabilidades y garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación de la ciudadanía. La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha mostrado su rechazo al operativo policial desplegado en los aledaños del Palau de les Arts: “La policía del Gobierno del PSOE ha cargado desproporcionadamente contra ciudadanos pacíficos que reclamamos poder acceder a una vivienda digna, mientras que los verdaderos peligrosos son los rentistas que hoy estaban en el congreso inmobiliario organizado por Albert Rivera”.

Pérez ha concluido su valoración con un llamamiento a mantener la presión social en las calles frente al problema de la vivienda en el territorio valenciano y en el conjunto del Estado. “Esta violencia no nos va a frenar. La gente está harta de la especulación y vamos a parar el país con una huelga general para que se acabe el negocio de la vivienda”, ha aseverado la dirigente.

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche a dos hombres por saltarse el cordón policial que protege la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La detención se produjo durante un piquete nocturno en la acampada instalada en la Puerta del Sol, alrededor de las 22.00 horas, después de la cacerolada convocada frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles.

El incidente se produjo cuando los dos hombres rebasaron el dispositivo de seguridad y los agentes les requirieron para que regresaran. Según una publicación en redes sociales de la Coordinadora Juvenil Socialista de Madrid, los policías golpearon y detuvieron a los manifestantes y los introdujeron en el edificio de la Presidencia, “para que no veamos lo que ocurre”, sostiene la organización.

En los vídeos difundidos por la Coordinadora se observa cómo varios agentes introducen por la fuerza en el edificio a los dos hombres, de 32 y 58 años. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han confirmado a este periódico la detención de ambos, aunque no han aportado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo ni sobre su situación posterior.

Por su parte, fuentes policiales señalan que fueron los manifestantes quienes agredieron a los agentes durante el incidente y que varios policías sufrieron lesiones leves y alguna contusión. Según estas mismas fuentes, los dos hombres fueron detenidos ante la posibilidad de que hubieran cometido un delito de atentado contra agente de la autoridad. Confirman además que se trataban de dos hombres, uno español y otro de origen colombiano.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid asegura desconocer los detalles del incidente y las circunstancias concretas en las que se produjeron las detenciones.

La familia Akkouh empieza a ver la luz al final de un túnel que comenzó a las 23.10 horas del 17 de junio del 2025 en Torrejón de Ardoz. En ese instante, su tío, hermano e hijo Abderrahim murió asfixiado por el estrangulamiento realizado por un policía municipal de Madrid fuera de servicio ayudado por un compañero jubilado del mismo cuerpo. Tras un proceso que se ha alargado más de un año y que mantiene todavía en vilo a los allegados de Abderrahim, la jueza de Instrucción del Tribunal número 4 de Torrejón ha procesado a ambos agentes, para los que la defensa de la acusación pedirá una pena de asesinato y el ingreso en prisión de los dos policías al menos durante 20 años. Por otro lado, el escrito apunta al Ayuntamiento de la capital como responsable civil subsidiario.

En el auto judicial que firma Marta Gala, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada da por válida la versión ofrecida por los agentes sobre el inicio de los hechos. Ellos defienden que Abderrahim y otra persona les abordaron a la salida de un bar y que robaron el móvil a J. J. T. C., el policía que acabaría matando a Abderrahim unos metros más allá. Le realizó la técnica conocida como mataleón, “colocándole en posición decúbito prono, apoyando su peso, con la zona superior de su cuerpo, sobre la espalda y rodeándole con el brazo del cuello”, recoge el auto.

El escrito también señala que este agente fue “auxiliado” en esa inmovilización por el otro investigado, ahora también procesado, que responde a las siglas de P. A. P. C. y que es un agente de la Policía Municipal de Madrid retirado. Este policía, que pasó de testigo a investigado en la causa el pasado mayo, sujetó a Abderrahim por las piernas y evitó que los testigos presentes pudieran socorrerle.

Las diversas autopsias realizadas al cuerpo de Abderrahim coinciden en señalar que se trató de una “muerte violenta por homicidio”. El informe definitivo explicita que la causa inmediata de la muerte fue la “anoxia”, es decir, la falta de oxígeno en el cuerpo, y menciona una “asfixia mecánica” como causa fundamental que la produjo. Por ello, la jueza ha dispuesto el procesamiento para J. J. T. C. y P. A. P. C. al estimarse suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Contra el criterio fiscal

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, tilda de “importante” este auto de procesamiento que entra en contradicción con lo que la Fiscalía pidió en la vistilla celebrada el pasado 21 de septiembre. En aquel momento, el Ministerio Público solo dirigió la imputación contra J. J. T. C. Según relataron a la magistrada, a su entender “no pudo apercibirse de la presión ejercida” por su compañero, dado que “en todo momento le manifestó que no empleaba mucha fuerza”.

Varios testigos grabaron la intervención de los dos procesados. En esas imágenes, se ve cómo P. A. P. C. interactúa con ellos cuando le interpelan y advierten de que están matando a Abderrahim. “Uno de los testigos le intentó socorrer y lo que se encontró por parte de esta persona es que le pegó un puñetazo en la cara. Luego, este hombre se cayó y se dio con un bolardo, y lo primero que dijo es que una turba furiosa le agredió. Gracias a la valentía de los vecinos sabemos que mintió”, se explaya el defensor de la familia Akkouh. Más tarde, con el cadáver ya inerte al lado, P. A. P. C. gritó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recoge un vídeo publicado por elDiario.es.

El letrado de los Akkouh enfatiza que el procesamiento de ambos agentes “era algo que iba a caer por su propio peso”, en referencia a los diferentes vídeos de los hechos, el testimonio de los testigos y el resultado de la autopsia. “Nunca entenderemos la postura que defendió la Fiscalía”, reitera el abogado, quien recuerda que P. A. P. C. se acogió a su derecho a no declarar durante la fase de instrucción. “No tiene sentido archivar el procedimiento contra un investigado que no declara, que es lo que quería el Ministerio Público”, se queja el mismo Vaquero.

Por otro lado, en aquella vistilla todas las partes estuvieron de acuerdo en que el Ayuntamiento de Madrid fuera partícipe del proceso judicial como posible responsable civil subsidiario. La magistrada así lo aprueba en este nuevo auto. Según explica Vaquero, esto significa que, “pese a que la instrucción se ha realizado teniendo en cuenta que J. J. T. C. estaba fuera de servicio, hay razones para pensar que se prevaleció de su condición de policía en la intervención”. De esta forma, el Consistorio capitolino podría tener que hacer frente a la indemnización que la familia Akkouh percibiría por la muerte de Abderrahim en caso de condena de uno de sus agentes policiales.

Un juicio más allá de la autopsia

La defensa de ambos policías tiene tres días para recurrir el auto, si así lo deciden. “Nosotros entendemos que lo harán. Después de que sea firme, el siguiente paso será realizar la acusación”, comenta Vaquero. En este sentido, el abogado de la familia Akkouh defenderá el mismo tipo penal que reivindica desde el inicio del proceso: asesinato para ambos procesados, lo que se podría llegar a traducirse en una condena de prisión superior a los 20 años.

Jesús Nieto, abogado de los policías, precisa que el auto de la magistrada no recoge los argumentos por los que procesa a sus defendidos. Sostiene que “el informe forense desmiente la participación de forma expresa de P. A. P. C.” en la muerte de Abderrahim, y recalca que así lo entienden las dos forenses que firman el informe y el fiscal.

Ante dicho extremo, Vaquero ilustra con un ejemplo por qué lo que se valorará en el juicio es la participación delictiva de los sujetos y no únicamente el informe forense de la autopsia. “Si a mí alguien me sujeta por la espalda y me mete cinco puñaladas, el informe dirá que me han matado las puñaladas, pero habrá dos autores de una acción de asesinato con alevosía”, ejemplifica. Por ello, en el futuro juicio oral prevalecerá una perspectiva meramente jurídica, y no solo médica. “No solo existe un autor, hay también condiciones de autores mediales o cooperadores necesarios que se penan exactamente igual que la autoría”, agrega.

Por su parte, los allegados de Abderrahim se han mostrado contentos ante esta noticia tras “la deriva emocional brutal en la que les dejó el informe de la Fiscalía en el que pedían exculpar a uno de los policías”, en palabras de Vaquero. Siguen expectantes del señalamiento del juicio, que se celebrará con un jurado popular. “Quieren y desean que la justicia llegue a tiempo, porque si no, no es justicia”, concluye su abogado.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita 5,5 años de prisión y una multa de 10.700 euros para un hombre acusado de enviarse a sí mismo un paquete con casi medio kilo de hachís y cocaína a través de una empresa de paquetería, con el objetivo de recogerlo posteriormente y vender la droga.

Según el escrito de acusación, el procesado acudió a una empresa de transportes y envió un paquete a unos apartamentos de San Sebastián de La Gomera, donde tenía previsto recogerlo. En el interior del envío había 491 gramos de hachís y 14,5 gramos de cocaína.

La droga estaba distribuida en diez tabletas de hachís, con un 13% de pureza, y una bolsa de cocaína con una riqueza del 98%.

Sin embargo, el plan no salió como esperaba. Tras la llegada del paquete a los apartamentos, la Policía Judicial retiró las sustancias estupefacientes y llevó a cabo una entrega controlada en la empresa de paquetería. De este modo, los agentes esperaron a que el acusado acudiera a recoger el envío.

La Fiscalía sostiene que el acusado tenía previsto destinar la droga a la venta a terceras personas. Según la acusación, las sustancias intervenidas tendrían un valor de 3.540 euros en el mercado ilícito, cantidad que sirve de referencia para calcular la multa solicitada, fijada en el triple de ese valor: 10.700 euros.

El acusado cuenta además con una condena previa de un año de prisión por el mismo delito, circunstancia que también figura en el procedimiento.

El juicio se celebrará el 6 de octubre en San Sebastián de La Gomera, hasta donde se desplazará la Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los turnos ordinarios con un solo polícía en Lardero continúan. Y ante la inacción del Ayuntamiento de la localidad, UGT La Rioja ha pedido la intervención del Gobierno de La Rioja “ante el grave riesgo laboral y la desprotección que sufren los agentes”. La formación sindical alerta del peligro que entraña que un solo policía tenga que afrontar en solitario servicios de seguridad ciudadana que pueden implicar situaciones de riesgo y especialmente por la noche. Y ha trasladado la queja por escrito a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja y ala Inspección de Trabajo porque recuerdan que “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

UGT La Rioja recuerda que desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Lardero viene recurriendo de forma continuada a decretos de Alcaldía para obligar a los agentes a realizar servicios extraordinarios, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal. Sin embargo, “esta fórmula no ha solucionado el déficit de efectivos y la situación ha llegado al extremo de que varias semanas se han cubierto turnos completos con un único policía, una situación especialmente preocupante cuando se produce durante las noches”

Una semana con un solo polícía por las noches

La gravedad de la situación quedó especialmente patente durante la semana del 14 al 20 de septiembre, en la que el turno de noche estuvo cubierto por un solo agente. Durante esa semana, cuentan desde la formación sindical, el policía tuvo que afrontar en solitario dos intervenciones que evidencian los riesgos de mantener este tipo de servicios. En una de ellas, recibió un aviso urgente de SOS Rioja por la presencia de un varón bajo los efectos de las drogas y armado con un cuchillo, mientras varios familiares permanecían encerrados en una habitación. 

Dos días después, el mismo agente tuvo que acudir nuevamente solo y con carácter urgente en apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, que había solicitado asistencia ante una pelea entre varias personas. Estos hechos demuestran que “un servicio policial no puede organizarse sobre la premisa de que un único agente debe afrontar en solitario cualquier incidencia que se produzca durante su turno. Un único agente no puede garantizar simultáneamente la vigilancia y patrulla del municipio, atender las dependencias policiales y responder a varios requerimientos ciudadanos que puedan producirse al mismo tiempo”.

Y además alertan de que cuando el único policía disponible está atendiendo una emergencia, la localidad queda temporalmente sin capacidad de respuesta de la Policía Local ante otra incidencia que pueda producirse de forma simultánea. Por ello, UGT considera necesario que el Ayuntamiento garantice una organización del servicio que permita disponer de los efectivos suficientes y de las condiciones de seguridad necesarias.

Para UGT, esta situación responde a un problema estructural de falta de efectivos y no a una circunstancia puntual porque recuerdan que existe una plaza vacante de Policía Local incluida en la plantilla presupuestaria. “El Ayuntamiento rechazó el nombramiento de un policía interino procedente de la bolsa de empleo tras el último proceso de oposición y tampoco incluyó posteriormente esa plaza en la convocatoria de empleo público que se encuentra actualmente en marcha”.

UGT señala además que la situación se ha deteriorado tras la entrada en funcionamiento de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Con la nueva RPT se eliminó el complemento de disponibilidad de los agentes sin que se estableciera una alternativa que permitiera garantizar las necesidades de disponibilidad del servicio.

La consecuencia ha sido el recurso continuado a decretos de Alcaldía que obligan a los agentes a trabajar durante sus días libres, mientras continúan produciéndose turnos completos cubiertos por un solo policía. UGT considera que esta situación está generando un importante desgaste en la plantilla.

Por ello, UGT Servicios Públicos reclama a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja que intervenga, dentro de sus competencias, ante la situación que atraviesa la Policía Local de Lardero y que requieran al Ayuntamiento la adopción de medidas para evitar los turnos ordinarios unipersonales.

Además, UGT pide también a los grupos políticos del Ayuntamiento de Lardero que exijan la convocatoria urgente de una comisión informativa de personal para analizar la falta de efectivos, la plaza vacante no cubierta y las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio.

Por último, UGT reclama a la Inspección de Trabajo que investigue las condiciones de seguridad y salud laboral de los agentes y determine si la organización actual del servicio garantiza una protección adecuada frente a los riesgos derivados de su trabajo. La seguridad de los agentes y de la ciudadanía no puede quedar condicionada a que un único policía tenga que afrontar en solitario situaciones potencialmente peligrosas y reclama al Ayuntamiento de Lardero que deje de recurrir a soluciones provisionales y aborde de manera urgente el déficit estructural de efectivos.