Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, han detenido a 13 personas que formaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Ha sido desmantelado un 'macrolaboratorio' de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la localidad de Gerindote (Toledo), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

También se han realizado cuatro registros más en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, con la incautación de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y chalecos antibalas, además de intervenciones en Málaga, La Rioja y Bizkaia, en nuestro país, y en Cartagena (Colombia).

Las investigaciones de esta operación, de nombre 'Sircan', se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Hispanoamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos).

Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos. Las actuaciones policiales conjuntas descubrieron la existencia de un 'macrolaboratorio' clandestino de cocaína en un pueblo de Toledo. Estaba ubicado en un polígono industrial, integrado con otros negocios e industrias, dando una apariencia totalmente lícita.

Sin embargo, en el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias destinadas de forma específica a la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio estaba operado por expertos 'cocineros' colombianos traídos expresamente por la organización para procesar la sustancia estupefaciente. El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado.

En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, que era presentado en forma de 'ladrillos' y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Laboratorio en plena producción

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado.

Fueron intervenidas más de siete toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron nueve kilos de cocaína de una pureza próxima al 93% ya procesada y empaquetada, dispuesta para su venta.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, y constituía para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, 'MDMA', 'popers', marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de 'Paprika'.

Intervenciones en Colombia y en cinco provincias españolas

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España. En ella, se desmanteló el laboratorio en Gerindote (Toledo) y se realizaron cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización criminal.

Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos.

La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

Investigación de blanqueo

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países (EEUU, Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el resultado conseguido.

La Policía Nacional ha ofrecido consejos básicos para la prevención de diferentes estafas durante la campaña de presentación de la Declaración de la Renta 2025. Se han detectado algunas denuncias de personas a las que se les ha suplantado la identidad y que al realizar el borrador de su declaración, han observado unas ganancias económicas en juegos online que ellos no han realizado. Por lo que podría ser víctima de un delito de suplantación de identidad. En estos casos, han de llevar a cabo unos pasos concretos antes de interponer una denuncia en las dependencias policiales. 

En los últimos días se han recibido algunas denuncias, en las que las víctimas manifestaban que al comprobar los datos fiscales de este año, se habían percatado de unas ganancias de juegos online no reconocidas por ellos. Se trataba de unas ganancias obtenidas en apuestas online y debían tributar por ellas, mientras que ellos no las habrían realizado, sino que alguien habría suplantado su identidad para hacerse pasar por él y evadir el pago de esas ganancias. 

Los estafadores, suplantan las identidades para registrar a personas en casas de apuestas (tanto físicas como en Internet). Una vez que cuentan con los datos del DNI de sus víctimas, los estafadores los usan para realizar apuestas, logrando que las ganancias se dirigiesen a sus propias cuentas mientras las obligaciones fiscales recaían sobre las personas cuya identidad ha sido suplantada.

Consejos de la Policía Nacional

Si ha sido víctima de alguna suplantación de identidad debe:

- Obtener el certificado anual de movimiento de juego o también llamado ‘informe de transacciones’ del año que desee. Desde la página de Servicio PACS de la Dirección General de Ordenación del Juego (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs)

- Interponer una denuncia en la Policía Nacional, en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), que están disponibles al público 24 horas al día y todos los días de la semana.

- Reflejar en el cuerpo de la denuncia el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que le han suplantado la identidad. Manifestar en la denuncia que la realiza siguiendo el Protocolo PACS. 

Otras estafas

Existen otras estafas relacionadas con la Declaración de la Renta, como el envío de SMS (mensajes de texto) falsos (SMISHING) manifestando que la víctima tiene una cantidad de dinero de la devolución de la Renta aún sin cobrar y que debe pinchar en ese enlace para rellenar algunos datos de carácter personal y poder así cobrar la devolución; el envío de correos electrónicos (PHISHING) con algunos datos personales de las víctimas acompañados de algún enlace que les lleva a sitios web no seguros para acabar de cumplimentar otros datos de carácter personal y hacerse con las claves personales…

Consejos de prevención

-No pinche en enlaces que le lleguen a través de SMS o correos electrónicos. Inicie sesión a través de sitios oficiales y no a través de enlaces que no sabe dónde le llevan.

-No proporciones datos personales a través de sitios web ni a través de llamadas telefónicas. 

-La Agencia Tributaria nunca le va a pedir sus datos personales porque ya los tiene.

-No envíe copia de su DNI a cualquier persona, tenga precaución a la hora del envío y si lo hace, hágalo pixelando los datos que no sean necesarios. 

“No suelo entrar en consideraciones y valoraciones subjetivas. Procuro evitarlo como regla general. En este y otros procedimientos. Entiendo que no me corresponde hacerlas, sino trasladar los hechos al juez y al fiscal en fase de instrucción, salvo algunas conclusiones que se desprendan solas. También procuro tomar textos que dicen los propios investigados. Trato de aportar lo mínimo de cosecha propia”. 

El máximo responsable policial del caso Kitchen, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, ha respondido así durante el juicio a una pregunta sobre el hecho de que sus informes no contengan un apartado de conclusiones. Fraga, además, acierta al hacer las cuentas, evita exponer inferencias, no necesita un compañero que le asista en sus declaraciones judiciales, tampoco tiene que rectificar afirmaciones de sus atestados y evita recurrir a los adjetivos para magnificar la importancia de los datos que obtiene. 

A cambio no le colocan el calificativo de “prestigiosísimo” en determinados digitales y comparecencias como la suya de este lunes en el juicio de Kitchen no se convierten en acontecimientos mediáticos. Tampoco provoca murmullos y risas en la sala, a diferencia del momento del juicio al anterior fiscal general en que el teniente coronel Antonio Balas, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, negó realizar “investigaciones prospectivas”. Cuando Balas colgó en un informe el adjetivo de “preeminente” al papel del ex fiscal general en la filtración, Álvaro García Ortiz ya empezó a estar condenado. 

En Kitchen, Gonzalo Fraga elaboró informes a petición del juez, previa propuesta de los fiscales. Identificó como ‘El Barbas’ o ‘El Asturiano’ a Mariano Rajoy cuando el juzgado le pidió que aclarara esas numerosas alusiones entre el material incautado al comisario Villarejo. Y de acuerdo con los fiscales Anticorrupción, dejó a ellos la iniciativa de proponer diligencias. En su declaración de este lunes –sin adjetivos, ni inferencias y tampoco aproximaciones– fue enumerando y desarrollando los indicios que acorralan a los diez acusados del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. 

Fraga ha hablado de memoria durante las primeras siete horas de declaración: el martes continuará. Ha citado números de atestados, fechas de anotaciones en la agenda de Villarejo, otras de grabaciones realizadas por el comisario y ha reproducido textuales de ambas. En ocasiones, los abogados comenzaban a formularle una pregunta y se ponían a buscar, entre sus papeles, el documento al que aludían. Antes de que terminaran, el inspector jefe les adelantaba el texto por el que le querían preguntar. 

En un momento dado, la Fiscalía ha abordado la participación en Kitchen de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del Gobierno del Partido Popular. Gonzalo Fraga ha explicado que las vigilancias a la familia Bárcenas fueron realizadas por una unidad dependiente de la Comisaría General de Información y cómo descubrió que no fue la única. Fraga leyó los partes de vigilancias a la familia Bárcenas que fueron desclasificados por el Gobierno y reparó en la matrícula de uno de los vehículos policiales. “Yo conozco ese coche porque lo he utilizado. Y sé que es de la Unidad de Asuntos Internos”, ha asegurado. Y a continuación ha recitado de memoria la matrícula del coche, uno de las decenas del Cuerpo que habrá utilizado durante su carrera.

elDiario.es ha contactado en los últimos días con profesionales de tres ámbitos distintos de la investigación para preguntarles por Gonzalo Fraga. Todos han coincidido en destacar de él cualidades que este medio no va a reproducir por innecesarias: están llenas de adjetivos elogiosos. Pero una de esas personas aportó un dato: Fraga estudió y aprobó el ascenso a inspector jefe al mismo tiempo que ejercía de investigador principal del caso Villarejo y sus decenas de piezas separadas. 

Detrás de Fraga se encontraban este lunes unos perfiles de policías diferentes al suyo. Todos los miembros de la brigada política fueron recompensados con medallas pensionadas y/o destinos de más de 10.000 euros mensuales como pago por sus servicios al Partido Popular. Un caso paradigmático es el de Andrés Gómez Gordo, que ha dejado la Policía dos veces para trabajar para el PP y participó en el saqueo de dinero público de la Ciudad de la Justicia de Madrid, por lo que está condenado en primera instancia. En Kitchen, Gómez Gordo se puede permitir que le defienda el mismo despacho que representa a Julio Iglesias.

El inspector jefe Gonzalo Fraga tiene dos medallas rojas, también pensionadas. Se le concedieron en 2018 y 2021. Esta recompensa fue posible por la costumbre en la Policía de orillar la ley y premiar actuaciones destacadas sin necesidad de que el agente haya puesto en riesgo la vida, que es la condición que pone el texto legal que las regula. A Fraga se las concedieron por investigar a Villarejo y a los miembros del ‘club de los diezmileuristas' que tenían sentados este lunes tras de él, los protagonistas de la última guerra sucia (sin muertos) en España. 

La Justicia ha imputado a un concejal del PSC en Granollers por el taller dentro de las fiestas de la localidad en el que se simulaban acciones contra la policía, entre ellos lanzamiento de falsos cócteles molotov. El Juzgado de Instrucción nº 3 del Tribunal de Instancia de Granollers ha citado como investigados al edil, Martí Pujadas, y a tres miembros del colectivo de los Blaus, organizadores de la actividad.

Pujadas, que por entonces era concejal de Cultura y actualmente ocupa la cartera de Hacienda, deberá declarar el 5 de mayo por un presunto delito de injurias, según ha adelantado la Cadena Ser. Además, según la Fiscalía, también podría tratarse de un caso de provocación de desórdenes públicos agravados. 

El taller satírico Técnicas aplicadas de guerrilla urbana, que incluía tirar falsos cócteles molotov a muñecos que representaban a agentes de policía, desató la polémica en plenas fiestas de Granollers en agosto de 2024. 

A raíz de la denuncia de varios sindicatos policiales, la Fiscalía de Menores abrió diligencias preprocesales al considerar el taller como “una actividad que presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal”.

En un principio, el juez archivó la causa de forma provisional, pero la Fiscalía recurrió recurrió la decisión y pidió que se investigara al concejal y a los tres miembros de la organización Blaus. Como resultado de ese recurso, la Audiencia de Barcelona acordó reabrir la causa y practicar las pruebas solicitadas por el ministerio público.

Fuentes municipales consultadas por la ACN recuerdan que, cuando estalló la polémica por el taller, la alcaldesa Alba Barnusell ya expuso que “se trataba de un acto desafortunado y aislado”. “Esta postura sigue siendo la misma”, recalcan las mismas fuentes, que añaden que el concejal “dará todas las explicaciones pertinentes” el día que debe declarar ante el juez.

Al mismo tiempo, desde el consistorio señalan que el modelo de la Fiesta Mayor de Granollers “debe entenderse desde su singularidad y personalidad”. Recuerdan que la rivalidad entre los colectivos Blancs y Blaus se remonta a 1983, con un modelo que “se ha consolidado y cuenta con el cariño de la gente de la ciudad que la hace posible”.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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El juez que investiga al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual a una subordinada ha acordado que se realice una valoración médica de los posibles daños psiquiátricos que pudo sufrir la inspectora que presentó la querella.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que el titular de la Plaza 8 de la Sección de la Violencia sobre la Mujer, David Mamán, acuerda librar oficio al Punto Violeta situado en el Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid para que remita el informe psicosocial elaborado con motivo de la asistencia realizada a la víctima por la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica.

Asimismo, acuerda que se solicite a la Clínica Salud Día de Rivas Centro que el médico psiquiatra que atendió a la querellante remita al juzgado el informe sobre la atención y tratamiento realizado a la misma. Y todo esto como paso previo a decidir si acuerda la citación de ambos profesionales para que declaren en la causa.

Cabe recordar que la representación legal de la presunta víctima, dirigida por el letrado Jorge Piedrafita, imputa al ex jefe policial delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. En la querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hacía un prolijo relato de los hechos. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada.

El pasado 18 de marzo ambos declararon ante el juez y fue entonces cuando la subordinada ratificó los hechos relatados en la querella. El propio exDAO en declaraciones a los medios a la salida de esa comparecencia negó los hechos y lamentó que le habían destrozado “la vida personal, familiar y profesional”.

Ante el juez, el comisario trató de defender que la agente había puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y definió a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le había tendido una trampa. También afirmó que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

La Policía Nacional ha evitado que un varón de Ciudad Real acabase con la vida de su perro, al que se disponía a ahorcar, según detallan los Cuerpos de Seguridad. Al verse sorprendido por los agentes, huyó por los tejados y patios de las viviendas colindantes, por lo que se le imputa también un delito de allanamiento de morada y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Esta actuación de la Policía Nacional se inició cuando los agentes recibieron una llamada a través del teléfono 091 en la que una persona manifestaba haber recibido un vídeo de un conocido suyo en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello en la que se veía una “clara intención de ahorcarlo”.

A la par, se recibió la llamada de otro ciudadano que estaba paseando por la misma zona y escuchó a un varón “vociferando amenazas de muerte”.

Según la Policía, ante la “gravedad y urgencia” de la situación y los agentes se personaron en el lugar de los hechos, tratando de que el morador de la vivienda abriese la puerta de manera voluntaria. Al hacer caso omiso, finalmente los policías entraron por la fuerza en la vivienda, donde encontraron a un can de raza pequeña, completamente aturdido.

Al verse sorprendido, el dueño del animal emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes. Tras una persecución por cubiertas y tejados fue interceptado y detenido por la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia/desobediencia a agentes de la autoridad.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

Cinco años después de que comenzara su desmantelamiento definitivo y tras un intento fallido en 2023, la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife volverá a las calles. Al menos eso es lo que pretende el alcalde, José Manuel Bermúdez, que ha firmado una instrucción para que este cuerpo de refuerzo esté plenamente operativo antes de que finalice 2026, es decir, a seis meses de las elecciones municipales.

La decisión responde, según ha informado el consistorio, a una “demanda social creciente”: el aumento de la percepción de inseguridad en barrios de la periferia y el incremento de pequeños delitos, según su versión. 

Bermúdez justifica la recuperación de la unidad alegando carencia de recursos estatales (Policía Nacional) en el municipio. “No podemos permanecer indiferentes ante los vecinos que piden más presencia policial”, ha señalado el regidor, quien considera que los motivos legales que llevaron a su suspensión en 2021 por resoluciones judiciales han sido “removidos”.

Los sindicatos son muy críticos con esta visión, sobre todo si se tiene en cuenta cuál está siendo la respuesta de los jefes ante ese mismo panorama que sirve de excusa al alcalde: “No nos mandan a los barrios, no hay protocolo, organización, no hay respuesta al incremento de población y a la mayor presencia de turistas”, dicen. Si hubiera tanta urgencia en atender la demanda vecinal, “no esperarían a diciembre”. Lo que realmente ocurre, sostienen, es que “quieren esperar a tener furgones y uniformes lustrosos para hacer la presentación pública del cuerpo antes de que empiece el año electoral”. 

El mismo alcalde, los mismos fantasmas

No es la primera vez que el alcalde Bermúdez intenta poner en pie este cuerpo policial presuntamente de élite. El alcalde, que ha gobernado la ciudad durante la mayor parte de las últimas dos décadas (con el paréntesis del mandato de Patricia Hernández entre 2019 y 2020), defendió siempre la Unipol hasta que siete sentencias firmes obligaron a su disolución.

Bermúdez dice que los obstáculos legales se han removido, cosa que no opinan los sindicatos. Jesús Illada, del Csif, recuerda que hasta 2021 la Unipol funcionó como grupo especializado mediante unas plazas con mayor remuneración en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para compensar las condiciones y la exclusividad exigida por el empleo. Además, los agentes que la integraban superaban pruebas físicas específicas. La unidad desapareció después de que el consistorio se negara a acatar las siete sentencias firmes que le obligaban a adscribir de forma definitiva a los agentes a sus puestos en lugar de mantenerlos en una comisión de servicio de carácter temporal.

La escasez de plantilla es la mayor grieta a la que se enfrenta ahora este nuevo plan. El sindicato CSIF ha sido tajante: la plantilla está “en cuadro”. Según sus estimaciones, la Policía Local de Santa Cruz tiene un déficit de 158 efectivos. 

Aunque en febrero de 2026 se incorporaron 38 nuevos agentes, los sindicatos advierten de que crear una unidad especializada a estas alturas supone “desvestir un santo para vestir a otro”. Todos los agentes que sean adscritos a la Unipol dejarán de prestar servicio en otras áreas de responsabilidad de este cuerpo policial, lo que se traducirá en mayor carga para los demás y, consecuentemente, peor servicio a la ciudadanía.

Ni coches ni uniformes

La situación material no es mucho mejor. Las denuncias sindicales apuntan a un parque móvil “desolador” y a una falta de suministros básica que raya en lo inverosímil. Jesús Illada, del CSIF, asegura que de los 24 coches que nos quedan, sólo hay siete u ocho operativos.

Además, los agentes aseguran que desde 2021 no reciben ropa nueva, y han ironizado diciendo que pronto tendrán que patrullar “en tenis” en lugar de con botas reglamentarias. En cuanto al presupuesto, aseguran que no existe una partida específica que garantice la formación y peligrosidad de los agentes de la Unipol, por lo que concluyen que se trata de una operación de “marketing político”.

“Vestir a agentes de negro y subirlos a un furgón no crea una unidad de élite si no hay detrás una base legal, formación técnica y, sobre todo, medios materiales dignos”, sostienen los portavoces sindicales.

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 99 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (60), por consumo de alcohol en la calle (20), por causar molestias o vociferar en la vía pública (12), por ruidos en domicilios (5), por realizar actos que provocan suciedad en la calle (1) y por perturbar la seguridad ciudadana (1).

Además de estas 99 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (3 por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y el resto por desobediencia a agentes de la autoridad).

A esto hay que añadir 15 denuncias más en materia de seguridad vial, 7 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal (VMP).

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el “racismo” y la “violencia policial” que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el “racismo policial”.

Mbaye afirma haber sido víctima de una “redada racista” cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

“Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar”, ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como “Marlaska, dimisión”, en alusión al ministro del Interior, y “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un “error de protocolo” ni un “hecho aislado”, sino “una manifestación brutal de racismo institucional”.

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”.

“No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado”, han apuntado.

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha negado este viernes que la polémica actuación policial que el jueves acabó con la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye fuera racista. “No, y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria”, ha explicado Martín en conversación con este diario. “Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, ha añadido.

Mbaye fue arrestado en su barrio este jueves por la tarde durante una operación policial en la que también fueron detenidas otras seis personas. Mbaye salió de madrugada de la comisaría y denunció una actuación de “racismo puro y duro” y una persecución “en contra de las personas racializadas”. El vídeo del momento, publicado por El Salto, muestra un despliegue violento y cómo las vecinas ruegan a los agentes que “paren”, que son “vecinos” y recuerdan que “hay niños”. “No puede respirar”, insisten varias veces sobre un hombre al que retienen contra el suelo.

Martín, cuyo departamento ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, asegura que, a su juicio, “hay dos máximas indiscutibles: colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada”. “Si se apreciara que alguna actuación puntual pudiera haberse apartado de los protocolos establecidos, por supuesto, serán los mecanismos internos y los cauces legalmente previstos los que permitan esclarecer exactamente qué ocurrió y, en su caso, actuar en consecuencia”, ha añadido.

“Desde esta Delegación del Gobierno y desde la Policía Nacional seguiremos trabajando para garantizar la plena adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, siempre con respeto escrupuloso a los derechos y deberes de la ciudadanía propios de un Estado social y democrático de derecho”, ha remachado.

Horas antes, Mbaye consideraba “obvio” que la detención que le realizó el jueves la Policía en una polémica actuación de fuerza fue por su “color de piel”. “Y lo hacen a diario. Paran a la gente de forma discriminada en el metro o en la calle por su color de piel”, ha remarcado, en una entrevista en TVE. “La Policía siempre tiene una excusa para detenerme”, ha lamentado Mbayé, que ha vinculado esta actuación policial con el hecho de que él vaya a ser uno de los candidatos de Podemos a las próximas elecciones europeas.

“Están intentando a toda costa que me condenen pero no van a tener ninguna prueba”, ha remarcado. El exparlamentario ha asegurado no estar bien por lo ocurrido y ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se sitúe “del lado del antirracismo”.

La Policía Nacional de la Comisaría de Lugo ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, delito de amenazas y detención ilegal, por explotar a un trabajador extranjero en una zona rural de la provincia. Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba en situación irregular y muy precaria, por lo que aceptó trabajar para el investigado sin contrato. Este individuo le había prometido que le proporcionaría vivienda, comida y un sueldo en efectivo, a cambio de que trabajase para él. Sin embargo, lo alojó en un habitación de una vivienda en un pueblo del rural lucense, casi en ruinas, sin ventanas, con humedades y goteras, viviendo en condiciones infrahumanas y facilitándole solo comida precocinada.

La víctima trabajaba de sol a sol, unas 15 horas diarias y sin apenas cobrar. De hecho, estuvo trabajando en estas condiciones unos 8 meses, y cobró en total unos 2.000 euros. Además, el trabajador denunció episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte del empleador. En uno de esos episodios, el trabajador huyó pero el detenido dio con él y lo obligó a regresar a su puesto de trabajo, bajo un clima de miedo y amenazas, y lo retuvo allí contra su voluntad.

La víctima volvió a escaparse y logró llegar a la ciudad de Lugo, donde se presentó en dependencias judiciales para denunciar lo ocurrido. Allí fue asistido por los agentes y trasladado a un centro médico, donde se certificaron las lesiones que presentaba, compatibles con los hechos que había relatado; y se contactó con servicios sociales para darle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado este viernes la “brutalidad policial” que sufrió el exdiputado madrileño de la formación Serigne Mbaye al ser detenido el jueves junto a otras seis personas por la Policía Nacional, un arresto que Fernández ha calificado de “redada racista”. Unas horas después de la puesta en libertad de Mbayé, detenido —según la Delegación del Gobierno— por negarse a identificarse ante un control policial que investigaba el robo de un coche, Fernández ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el “máximo responsable” de este tipo de comportamientos las fuerzas de seguridad.

“No vivimos en una democracia normal y plena cuando a diario se producen redadas racistas basadas en un perfil étnico, así como episodios de violencia de brutalidad policial como los que ayer sufrió nuestro compañero Serigne Mbaye”, ha criticado Fernández, que ha asegurado que este tipo de operaciones son “algo demasiado habitual” en España. “Hay vídeos que muestran a policías con la rodilla en la cabeza de nuestro compañero Serigne Mbaye, y que también muestran a policías con porras y causando lesiones a vecinos de Madrid, y eso es extremadamente grave”, ha insistido el dirigente de Podemos, que comparó estas prácticas con las del ICE estadounidense, “la policía nazi de Trump”.

Fernández, asimismo, ha anunciado que Podemos presentará varias iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre la detención de Mbaye y otras seis personas. En primer lugar, la formación morada ha registrado “una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, para que se depuren las responsabilidades pertinentes”, y en segundo lugar el partido registrará este viernes por la mañana “una proposición no de ley pidiendo una investigación que sea verdaderamente independiente” y para exigir “que se implementen los mecanismos necesarios para que en este país las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico”.

“Después de lo que sucedió ayer tienen que caer los responsables de esa brutalidad policial” y de la cual, “evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior”, ha criticado Fernández, que ha recordado que “hace muchísimo tiempo que Podemos viene exigiendo a Marlaska un giro radical en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Continuaremos exigiéndoselo, y esperemos que de una vez por todas en España, en el siglo XXI, dejemos de tener que observar a personas racializadas y migrantes que son hostigadas, perseguidas y detenidas simplemente por el color de su piel”, porque “es una absoluta vergüenza que esto suceda con un Gobierno que se dice progresista”, ha espetado.

Fernández, asimismo, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez no aprovechara los cambios en el Ejecutivo de este jueves para relevar a Marlaska y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El presidente ha desaprovechado una oportunidad para sacar del Ejecutivo a dos personas que son claramente de derechas” y que, “en el caso de Marlaska, permite redadas racistas y que se ejerza la brutalidad en determinadas ocasiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha zanjado.

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

La acción se celebrará en el Parque Gloria Fuertes entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la jornada, las personas asistentes podrán informarse sobre esta realidad, participar en distintas actividades de sensibilización y sumarse a iniciativas en defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La organización advierte de que el racismo continúa presente en la sociedad no solo a través de actitudes individuales, sino también mediante dinámicas institucionales que condicionan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la educación, la sanidad o la libertad de circulación. Entre estas prácticas, subraya las identificaciones policiales basadas en criterios raciales o étnicos, señaladas por entidades sociales y de derechos humanos por su impacto en la dignidad, la salud y la confianza de las personas afectadas.

En este contexto, Amnistía Internacional recuerda la necesidad de definir y prohibir de forma clara y expresa la identificación por perfil racial en el artículo 16 de la conocida como Ley Mordaza, incorporando la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Pese a su prohibición en la legislación española, la organización alerta de que estas prácticas siguen siendo una realidad preocupante. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas de forma permanente en España. Sin embargo, solo un 4% de quienes sufren discriminación llega a denunciar, lo que sitúa al país entre los de menor nivel de denuncia dentro de la Unión Europea.

La encuesta de esta agencia europea también apunta a una pérdida de confianza en las instituciones públicas, incluida la policía, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. Esta desconfianza, advierten, podría estar directamente relacionada con la infradenuncia existente.

“La comunidad gitana, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo son objeto del racismo estructural y la xenofobia. Urge tomar medidas para combatir y prevenir los comportamientos racistas y xenófobos, facilitando la denuncia y exigiendo responsabilidad a quienes sean culpables de estas actitudes”, subraya la organización.

Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento a la ciudadanía a implicarse activamente en la construcción de una sociedad “más justa, inclusiva y libre de discriminación”. La organización, presente en más de 150 países, sitúa la lucha contra el racismo como una de sus líneas prioritarias de acción.

Ocho agentes encubiertos fueron activados en secreto por la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional en la investigación de la 'operación Spider' contra una presunta trama de narcotráfico en el Puerto de València. De los ocho agentes (cuyos nombres en clave eran Junco, Edimburgo, Boiro, Estrella, Haza, Rata, Orca e Iveco) los dos últimos mantuvieron una relación intensa con la presunta trama y trataron de ganarse la confianza de los presuntos narcos. Sus identidades reales (mediante el número de carnet profesional) quedaron asociadas a sus respectivos nombres en código en un sobre cerrado y sellado, custodiado “en lugar seguro” de la Fiscalía.

La fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, autorizó la actuación de los ocho agentes encubiertos iniciales (luego se sumó el noveno), con la condición de testigos protegidos, para escalar puestos en la presunta organización criminal. Lo hizo en marzo de 2024, después de que los investigadores de la Udyco detectaran, mediante canales de inteligencia policial y “fuentes propias”, que un individuo que responde al nombre de Eider Ancizar E. B. se dedicaba a planificar la introducción de una gran cantidad de cocaína en el Puerto de València, según los informes policiales que constan en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Orca e Iveco, supuestos camioneros dispuestos a extraer contendedores con cocaína, entraron en contacto con Daniel S. A., quien trabajaba a las “órdenes directas” de Manuel F. M. y, por encima de éste último, de los supuestos capos Iván T. R., Borja M. R. y Víctor Manuel M. J., según indican los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional.

Aunque fueron descubiertos por los narcos tras varios meses infiltrados en la supuesta red, el papel de los agentes fue “determinante” para el éxito de las pesquisas, en el marco de las cuales se incautaron un total de tres toneladas y media de coca. La Policía asegura en sus informes que los motivos por los que se destapó la infiltración le eran “desconocidos”.

En sus primeros contactos, Daniel S. A. informó al agente encubierto Orca de que trabajaba con dos organizaciones diferentes en el Puerto, ambas usuarias del sistema del 'gancho ciego' (droga escondida en contenedores con envíos legales). El presunto narco describió con pelos y señales la operativa. El camionero accedía con dos individuos escondidos en un doble fondo del habitáculo de las literas: el notario, que comprueba y da fe de que todo funciona correctamente, y la “araña”, que rescata la cocaína.

Dos o tres envíos mensuales con un transitaria “untada”

Daniel S. A. reconoció que la trama, que manejaba entre dos y tres envíos al mes, disponía de una empresa transitaria “untada”.

Las citas entre los agentes encubiertos y los presuntos narcos fueron vigiladas discretamente por los agentes de la Udyco, a pesar de las medidas de seguridad que usaban los investigados. La red instó al agente Orca a usar la aplicación Zangui, supuestamente segura, y a darse de alta en una cooperativa de transporte y conseguir una cabeza tractora.

El jefe de tráfico de una de las cooperativas que les propusieron a Orca e Iveco, situada en Beniparrell, ya fue detenido en una operación anterior por proporcionar órdenes de transporte “viciadas” para recuperar alijos de coca en el Puerto.

Mucha “faena” y “fiesta todos los meses”

Cada extracción se pagaba con unos 70.000 euros. Les prometieron mucha “faena” y “fiesta todos los meses”, en referencia a las descargas de cocaína. El precio del kilo de coca en València sale a unos 17.000 euros, según la Udyco.

Orca, hábilmente, consiguió que la red fichara también al agente Iveco para extraer los contenedores contaminados. La presunta organización criminal nunca actuaba con trabajos inferiores a los 250 kilos de coca, al no ser rentable operar por debajo de ese umbral.

El agente encubierto Orca sostenía que vivía en Barcelona y Daniel S. A. le propuso dedicarse a extracciones también en el Puerto de la ciudad condal, donde conocía a “gente muy fuerte”. El investigado también le confesó que trabajaba con otro grupo de albaneses dedicados al tráfico de marihuana que buscaba naves y terrenos vallados de alquiler para el cultivo de la hierba.

Las notas sobre la infiltración elaboradas por la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional también reseñan los recelos de la presunta trama con el fichaje de Orca. Manuel F. M., uno de los supuestos capos, advirtió en un mensaje en Zangui a Daniel S. A.: “Hay que chequearlo bien, que nos follan a todos. Dónde vive, de parte de quién viene, familia, todo eso, quién responde por él”.

El presunto narco insistía: “No podemos dar margen al error. Llegado el día de la fiesta, no puede echarse atrás. (...) Pregúntale cuándo hizo la fiesta, con quién trabajó y para quién. Hay que confirmar todo eso. Si lo corroboramos y el hombre está limpio, va a tener faena la que quiera”.

Manuel F. M. sería uno de los investigados que, a la postre, descubriría la infiltración, lo cual “demuestra la magnitud y los tentáculos de esta organización”, cuyos integrantes controlaban “en gran parte la mayoría” de las operaciones de narcotráfico en el Puerto de València, según indican los informes policiales.

Los “Reyes del Asfalto”

Una vez introducidos en la presunta red, Orca e Iveco entraron en contacto con José Francisco B. R. y con el portuario Luis Israel A. L., quienes les confesaron que tenían “bajo control” el sistema de videovigilancia de la terminal MSC del Puerto y una empresa transitaria que facilitaba la entrada y salida de camiones para extraer la coca “con total seguridad”.

Los investigados instruyeron a los que creían camioneros con ganas de hacerse de oro para que, antes del primer trabajo, realizaran previamente varios transportes legales “para no levantar sospechas” y que quedara constancia en las bases de datos del Puerto de que trabajaban allí con asiduidad. La información sobre los futuros transportes de coca les llegaba mediante un grupo de Telegram bautizado como “Reyes del Asfalto”.

Los infiltrados asistieron a varias reuniones en cafeterías de la Universitat Politècnica de València y en cementerios como el general de València o el del Cabanyal, entre otros camposantos.

Gruistas “chivatos” con “muy buena visión”

El gruista Luis Israel A. L. incluso confeccionó un “plano detallado” con un esquema de las calles del Puerto para que la presencia de Orca e Iveco no levantara sospechas y se desplazaran sin problemas en el interior de la gigantesca infraestructura, una ciudad en sí misma.

El trabajador portuario también advirtió a sus interlocutores de que en su gremio había “muchos” gruistas “chivatos”, con operarios que cuentan con “muy buena visión” y “pueden alertar a la autoridad portuaria si se percatan de alguna anomalía”.

José Francisco B. R. se convirtió en el “conseguidor” y el “nexo de unión” entre Luis Israel A. L., los agentes encubiertos y Carlos L. R. y Francisco José N. T., cuya función consistía en dar “apariencia de legalidad” y conseguir órdenes de servicio para que los transportistas accedieran al Puerto, según los informes policiales que constan en el sumario.

Algunos de los mensajes intercambiados con los agentes encubiertos denotan la papel del portuario Luis Israel A. L.: “Hermanos. Tenéis que veniros ya. La semana que viene es la primera fiesta. Y no podemos fallar”.

La transitaria Lematrans

Los policías encubiertos, poco a poco, fueron familiarizándose con las interioridades de la presunta trama de narcotráfico y descubrieron que la transitaria que usaba era la empresa Lematrans, filial de Noatum.

Para los investigadores de la Udyco fue de “gran interés” la “aparición en escena” de dos responsables de la mercantil (Antonio B. F y Marcial R. N.), que ostentaban un “papel primordial para los fines ilícitos de la organización criminal”, al conseguir las órdenes de transporte que permitían al camionero acceder a la terminal portuaria y al contendor “preñado”, previamente ubicado por un clasificador o gruista del Puerto.

“Lo primero es la seguridad”

Antonio B. F., jefe de tráfico de la empresa, remitió a Orca el 18 de abril de 2024 una orden de carga para retirar un contenedor del Puerto, aunque la operación (ejecutada siempre con un “teléfono móvil seguro”) se abortó finalmente al detectar la presunta red que el container iba a ser sometido a revisión.

Carlos L. R. había recibido la víspera de la fecha fijada para la extracción una fotografía “donde figuraban varios contenedores marítimos que iban a ser sometidos a revisión”, entre ellos el que iban a extraer, con media tonelada de coca. “Ha sido una pena, pero ante todo lo primero es la seguridad”, dijo uno de los presuntos narcos.

Los investigados, según explicaron, sabían que cuando la Policía tiene la certeza de que un contenedor está cargado con cocaína, “vuelve a ponerlo en tránsito, pero sometido a vigilancia, a modo de 'cebo', de tal forma que cuando el araña y el notario se dispongan a sacar la droga del mismo, procede a su detención”.

José Francisco B. R. también aludió en alguna conversación con Iveco a un envío de coca pilotado por una “persona muy importante” de València que era amigo suyo desde la infancia y que apenas sufría caídas en sus envíos de droga.

El investigado trató de fichar a los dos agentes encubiertos, que no eran naturales de València (y, por tanto, no eran conocidos en la ciudad ni en el mundillo), para que trabajaran “en exclusividad” para él, excluyendo a otras organizaciones criminales. Incluso si la Policía intervenía en alguna extracción, “todos” cobrarían “igualmente el dinero acordado”.

Un “histórico conocido” de la Udyco en la “ruta africana”

En las vigilancias también apareció un viejo conocido de la Udyco, el transportista Julián L. R., investigado anteriormente por otras operaciones de 'gancho ciego'.

El 16 de abril de 2024, dos días antes de la operación fallida, Carlos L. R. (después de tomar medidas de seguridad en la conducción de su Audi, como dar varias vueltas seguidas en rotondas sin destino concreto) se reunió con el aparcamiento del Leroy Merlin de Massanassa con el “histórico conocido” de la Udyco Julián L. R., que apareció conduciendo su camión.

Uno de los agentes que los vigilaba consiguió acercarse mínimamente a los supuestos narcos con la excusa de sacar uno de los carros de la compra que el establecimiento ofrece en su aparcamiento y escuchó que Julián L. R. manifestaba textualmente: “A finales de esta semana, llega el primer contenedor preñado para vosotros”. Carlos L. R. respondió: “Estaremos preparados”.

Los agentes encubiertos también consiguieron información sobre una “importante” operación de transporte de cocaína, vinculada a Julián L. R., con un barco pesquero en la “ruta africana”. Iveco y el agente Edimburgo, fueron autorizados a operar en territorio portugués (en el Algarve), con apoyo de agentes lusos, para una reunión sobre la operación.

El Plan de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas y locales de ocio, que dirige la Delegación del Gobierno en La Rioja en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), concluyó el año pasado con 32 detenidos en la comunidad autónoma y la desactivación de un punto de venta de droga.El objetivo del Plan, vigente desde 2006, es disminuir el riesgo que representa la amenaza del tráfico minorista y consumo ilícito de drogas entre la juventud en los lugares de mayor asistencia ciudadana para disfrutar de sus momentos de ocio.

Las FCSE trabajan permanentemente todo el año en La Rioja para luchar contra consumo y tráfico de drogas, aunque dentro del Plan se prevén cuatro fases de intensificación que suelen coincidir con Carnavales, Semana Santa, verano y Navidad, periodos, todos ellos, con mayor concentración de personas y eventos.

En concreto, durante el desarrollo de las acciones policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se interpusieron 350 denuncias por posesión o consumo de drogas y se llevaron a cabo 250 decomisos. Asimismo, como consecuencia del intenso trabajo de vigilancia que realizan Policía Nacional y Guardia Civil, se inspeccionaron 99 establecimientos y, solamente en una de las inspecciones hubo que denunciar al titular del establecimiento, lo que demuestra que la persistencia en el control mejora los resultados.

En cuanto a las drogas incautadas en La Rioja durante el desarrollo de este Plan en 2025, a diferencia de otros años, en los que la aprehensión más común era la marihuana y el hachís, el speed fue la primera sustancia más incautada, gracias a una operación concreta que se llevó a cabo en Navidad.

Plan de erradicación del consumo de drogas en centros y entornos educativos

Por otro lado, Guardia Civil y Policía Nacional también actúan a través del Plan de erradicación del consumo de drogas en centros y entornos educativos, cuyo objetivo primordial es disminuir el riesgo que representa la amenaza de dicho tráfico minorista y consumo ilícito de drogas entre los jóvenes en las zonas educativas.

De acuerdo a los datos obtenidos durante 2025, un año más se comprueba que el tráfico de drogas no es un problema significativo en el entorno escolar en La Rioja. El trabajo de vigilancia de la FCSE fue muy intenso con 79 centros educativos inspeccionados, a los que hay que sumar los 60 establecimientos del entorno, y 1.235 identificaciones llevadas a cabo durante el año pasado.

En cuanto a las drogas incautadas, en 2025 se continúa con la fuerte reducción de los años anteriores en incautación de marihuana (18 gramos), incluso mientras se mantienen cifras elevadas de centros educativos y del entorno inspeccionados y de servicios realizados. Respecto a la resina de hachís, en La Rioja se pueden considerar no alarmantes los 25 gramos incautados.

Por otro lado, sí es reseñable que una actuación en Logroño permitió la interceptación de un alijo de speed de 226 gramos, que ha supuesto más de lo incautado en todas las fases de los 19 años anteriores del Plan. Fuera de esa actuación, hubieran sido solo 2 gramos incautados, en línea con los datos de los últimos años, y puede considerarse prácticamente que esta sustancia es residual en el entorno escolar.

Por último, la cocaína no es una droga que circule demasiado en el entorno escolar y su incautación se mantiene en valores mínimos, con un total de 4 gramos.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la Policía Nacional mantiene abierta desde la mañana de este martes la denominada operación 'Bonalt' contra cultivos ilegales de marihuana en el Polígono Sur de Sevilla.

Según ha indicado en un audio remitido a Europa Press, unos 100 agentes del cuerpo están participando en la operación, que “aún está abierta”.

Por el momento, se han practicado cuatro registros domiciliarios y no hay constancia de personas detenidas.