Un juzgado de Madrid ha condenado a la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y ha anulado las decisiones del congreso que en enero de 2019 volvió a dar la presidencia de la entidad a su fundador y presidente desde su creación, Manuel Pardos.

En una sentencia dictada el 9 de junio, la magistrada Elena Cortina, del Juzgado de 1ª Instancia 90 de Madrid, ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por los promotores de la candidatura “Consumidores Construyendo Futuro” (CCF), crítica con la dirección.

La jueza ha estimado íntegramente los argumentos de los demandantes al entender que Adicae incumplió su derecho a participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto y a asistir a la Asamblea General.

La sentencia impone las costas del proceso a la asociación de consumidores y declara “la nulidad de los acuerdos adoptados en el IV Congreso de Adicae Nacional celebrado durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2019”, que insta a convocar de nuevo. También deja sin efecto el acuerdo de la Comisión Electoral del congreso por el que se inadmitió la candidatura de CCF, que encabezaba el canario Antonio Brito, a la Junta Directiva y el Consejo General.

Tras la sentencia, los demandantes exigen “la dimisión fulminante” de Pardos y su equipo directivo y la convocatoria inminente de elecciones. Adicae, con la que elDiario.es contactó este martes sin obtener respuesta, tiene 20 días para recurrir.

De ese congreso, celebrado en enero de 2019 en un hotel de Alcobendas (Madrid), salió una junta directiva nacional “paritaria y rejuvenecida”, según anunció entonces Adicae. Pardos fue reelegido como presidente con el 75% de los votos. Lo hizo tras impedir, 24 horas antes de su inicio, que concurriera esa candidatura alternativa impulsada por socios, voluntarios y ex trabajadores de Adicae. Los díscolos denunciaban que la asociación había perdido “más de 100.000 socios en solo 5 años a causa de los problemas internos”.

La jueza ha anulado la decisión de la Comisión de Organización del Congreso de impedir que los socios de Adicae Comunidad Valenciana críticos con la gestión de Pardos fueran representados por los compromisarios elegidos en la Asamblea Preparatoria celebrada en diciembre de 2018.

Con esa resolución, lejos de “velar por la pureza del sistema democrático”, como afirmaba Adicae en la contestación a la demanda, la asociación “adoptó, de manera arbitraria y carente de sustento legal y estatutario, un acuerdo que lo único que pretendía, a la postre, era que los compromisarios de la ”lista alternativa“ no participaran en el Congreso Nacional”, dice la jueza.

“De mala manera”

“Anularon la asamblea porque perdieron: nosotros llevábamos más gente, les ganamos ampliamente en los compromisarios que se elegían en Valencia y Alicante, no lo podían consentir y lo anularon de mala manera”, dice Ángel Lorenzo, uno de los demandantes.

En opinión de este socio crítico, la sentencia es “otro capítulo más de la guerra en la que ya llevamos un tiempo intentando cambiar las condiciones de Adicae como asociación y sobre todo a sus responsables, que han perdido el rumbo de la asociación y se dedican a su beneplácito personal”. En su caso, ha sido expulsado en dos ocasiones de su junta directiva. “Las dos veces se lo he ganado en los juzgados”, dice Lorenzo.

La resolución señala que la exclusión de la candidatura alternativa infringió el artículo 21.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y los Estatutos de Adicae, que reconocen a los socios el derecho a “ser electores y elegibles para los cargos directivos, cumpliendo las condiciones establecidas en los presentes estatutos y en los Reglamentos de funcionamiento interno que los desarrollen”.

Al excluirse esa candidatura a 24 horas del congreso, “no se concedió la posibilidad de subsanación o presentación de documentos adicionales”, ni, “por supuesto, la posibilidad de impugnar el acuerdo”, dice la sentencia. Uno de los motivos de exclusión fue la puesta en marcha de una supuesta “campaña de denigración, injurias y calumnias” a través de un blog que calificaba el congreso de “pantomima” o “farsa”. La jueza recuerda que las demandas de protección del derecho al honor de Adicae por esas publicaciones han sido desestimadas ya por la Justicia.

Los promotores de la demanda consideran que la resolución de la jueza es “otro episodio vergonzoso del actual régimen de gobierno de Manuel Pardos, y demuestra los tejemanejes que se llevaron a cabo, en connivencia con abogados de la asociación, para tratar de mantenerse en el poder, vulnerando, como ha demostrado la sentencia, nada menos que la Ley Orgánica de Asociaciones, clave en toda organización social y democrática”.

Y aseguran que el incumplimiento de la normativa de asociaciones “podría conllevar la pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios”, ateniéndose al artículo 26 de la Ley de consumidores y usuarios. Esta norma señala que “las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislación que les resulte de aplicación perderán, en todo caso y por un período no inferior a los cinco años siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su condición de asociación de consumidores y usuarios”.

“Entre esta legislación se encuentra precisamente la ley Orgánica de Asociaciones, cuyo artículo 21.1 a) ha vulnerado Adicae según esta sentencia”, aseguran los demandantes.

“Pedimos la celebración de elecciones a Junta Directiva y Consejo de Adicae que renueve unas estructuras cuya decadencia manifiesta está provocando estas lamentables situaciones que ponen en entredicho la labor social de Adicae”, resumen.

La sentencia es un episodio más las polémicas que han acompañado en los últimos años a Adicae, fundada por Pardos en 1988 en Zaragoza como una pequeña entidad de ámbito regional regional, y a la que el todavía presidente, ya octogenario, convirtió en una de las más potentes del país.

La entidad tiene en su haber logros como haber iniciado la macrocausa de las cláusulas suelo contra más de un centenar de entidades que el Tribunal Supremo ha planteado elevar recientemente ante el Tribunal de Justicia de la UE, y por la que Adicae calcula que la banca podría tener que devolver hasta 190 millones de euros.

Pero también acumula decenas de condenas por el trato a sus trabajadores y tiene varios contenciosos judiciales con socios críticos. Desde hace meses, un juzgado de Sevilla investiga a su cúpula por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental al haber inflado supuestamente su número de socios para cobrar más de 700.000 euros en ayudas.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) obliga a la mayoría de sus empleados a acudir a sus sedes a pesar de que hace diez días anunció que había implementado el teletrabajo. La entidad también ha emplazado a muchos de sus empleados a firmar un formulario en el que declaran no querer acogerse a esta medida, según aseguran distintos trabajadores a eldiario.es. La mayoría de los dirigentes, no obstante, sí que desempeñan su labor en casa desde antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

ADICAE es una asociación de defensa de los clientes de bancos y cajas que se ha convertido en uno de los referentes en la exigencia de transparencia a las entidades financieras. La asociación, fundada hace 32 años, impulsó y ganó la macrodemanda contra las llamadas “cláusulas suelo” de los bancos después de que el Supremo decretara que eran ilegales en 2013.

En su web señalan que en 2018 recibieron una subvención de 691.801 euros del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ese mismo año la asociación obtuvo 170.384 euros de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Según grabaciones y documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la asociación ha ido comunicando individualmente a cada empleado que no podría trabajar desde su domicilio. En algunas ocasiones lo ha hecho por vía telefónica, en otras por carta requiriendo a los empleados “reintegrarse de inmediato” a sus puestos habituales alegando que “no se dan las condiciones” para permitir el teletrabajo.

Mientras la entidad obligaba a casi todos su trabajadores a volver a las oficinas, ADICAE presumía en una nota de prensa de haber implementado esta medida de protección a sus empleados. Su presidente, al mismo tiempo, intervenía en medios de comunicación recomendando quedarse en casa. La dirección de la asociación no ha querido hacer ninguna declaración a este periódico.

De los 51 trabajadores de la entidad, menos de un 25% ha podido acogerse a la opción de trabajar desde el domicilio a pesar de que las sedes de ADICAE se mantienen cerradas y que casi todo el trabajo se puede hacer desde casa. El resultado es que muchos trabajadores están obligados a acudir a las sedes para hacer reuniones telemáticas con otras delegaciones u ofrecer cursos online a los socios de la organización. 

La entidad está acostumbrada al trabajo telemático, ya que el medio centenar de empleados está repartido en 39 delegaciones en distintas provincias del país y se reúne habitualmente a través de skype o aplicaciones similares.

Confusión entre los trabajadores

El primer lunes del estado de alarma, cuando ADICAE publicaba la nota de prensa anunciando que había implementado el teletrabajo (16 de marzo), los trabajadores seguían sin saber cuáles eran las indicaciones de la entidad. Los días 11, 13 y 14 de marzo la asociación había realizado reuniones online para organizar la manera de trabajar desde casa, sin que hubiera salido ninguna directriz clara por parte de la organización sobre cómo se debía actuar. 

Ante la falta de concreción y tras instaurarse el estado de alarma el sábado 14 de marzo, el lunes siguiente muchos optaron por trabajar desde su domicilio. Esa misma tarde (16 de marzo) se celebró otra reunión en la que estaban todos los empleados, el presidente Manuel Pardos y el resto del equipo directivo de ADICAE.

De las grabaciones de ese encuentro se desprende que la dirección se negaba a concretar a los empleados si podían quedarse en casa para después ir comunicando individualmente a cada uno que su petición de teletrabajo era rechazada.

“Se aprovechan de que estamos muy incomunicados entre los trabajadores y no nos dejan hablar entre sedes”, explica uno de los trabajadores consultados. Según el manual del empleado de ADICAE, revisado por eldiario.es, tanto las conversaciones por Skype como por chat con el personal de otras sedes están prohibidas.

La entidad incluso emplazaba a sus trabajadores a atender a los socios que acudieran a las sedes de ADICAE, a pesar de que tras instaurarse el estado de alarma estas oficinas debían permanecer cerradas. 

“Lo que está claro es que las sedes, si puede ser, no tienen porqué estar siempre vacías eh”, les dice Jordi Tarruella, vicepresidente de la organización. “Que yo sepa no está prohibido ir a trabajar”, añade.

En un momento de la reunión un empleado le dice al presidente que atender a los socios en las oficinas es ilegal y que incluso podría acarrear consecuencias para los empleados de la asociación. “Te has vuelto abogado”, le responde con sarcasmo Manuel Pardos, el presidente, a este trabajador. “Tienes algo de estudios de abogado, pero de aficionado, de secano”, le espeta. 

Los trabajadores insistían en dos cosas durante la reunión. Por un lado explicaban a la dirección que lo tenían todo preparado para poder trabajar desde casa. Por otro, pedían concreción a la entidad sobre si el día siguiente tenían que ir a trabajar o no. La respuesta de ADICAE era totalmente inconcreta y el presidente echaba balones fuera. 

“En principio no ha cambiado la situación del viernes” les dice, a pesar de que el día siguiente se decretó el estado de alarma en el país. “Lo discutimos mañana”, responde el presidente en una ocasión. Días después de esa reunión, el 80% de los empleados recibió una notificación en la que se le negaba la solicitud de teletrabajar.

Una entidad polémica

Entre 2014 y 2018, ADICAE acumuló hasta 22 condenas por el trato a sus trabajadores. La conflictividad laboral ha ido en aumento durante los últimos años en la entidad, que ha sido condenada por despidos nulos e improcedentes, por imponer cambios de jornada y por vejaciones a sus empleados. 

Durante este periodo, la asociación fue condenada a indemnizar a distintos empleados con un total de 231.273 euros, a lo que se suman otros 6.650 en costas procesales de estos asuntos.

Una de esas condenas fue en 2017, cuando tuvo que indemnizar con 5.000 euros a un trabajador de Valencia al que el presidente llamó “cínico”, “mindundi” y le dijo tener “cara de mormón”, entre otros insultos.

A estas condenas hay que sumarle un total de 25 intervenciones de la Inspección de Trabajo, cerradas con requerimientos en la mayoría de los casos aunque también con dos sanciones que suman otros 2.400 euros. 

Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros fundada en Zaragoza hace treinta años, y que en los últimos se ha convertido en uno de los referentes en la exigencia de transparencia a las entidades financieras, con episodios como la victoria judicial en la reclamación de las cláusulas suelo, está dando mucho trabajo a los magistrados de la jurisdicción social: acumula en menos de cinco años, desde 2014, un total de 22 condenas por las condiciones laborales de sus trabajadores.

En ese periodo, la asociación ha sido condenada a indemnizar a distintos empleados con un total de 231.273 euros por no respetar sus derechos laborales, a lo que se suman otros 5.650 en costas de esos procesos judiciales, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

A estas condenas se les suman un total de 25 intervenciones de la Inspección de Trabajo, cerradas con requerimientos en la mayoría de los casos aunque también con dos sanciones que suman otros 2.400 euros y que se encuentran recurridas. Este bloque de incidentes incluye episodios como la obligación de formalizar un contrato indefinido con una empleada de Toledo que había sido ocupada con uno de servicio y obra de manera fraudulenta.

La mayoría de las condenas que acumula Adicae en la jurisdicción laboral, algunas “repetidas” por darse en el juzgado de lo Social y en el correspondiente Tribunal Superior tras ser recurridas, se refieren a despidos declarados nulos o improcedentes, al impago de nóminas y a la modificación de las condiciones de trabajo de sus empleados.

Un portavoz oficial de Adicae, que también ha ganado varios pleitos laborales en los últimos años (en 2018, cuatro), rechazó valorar las sentencias. La entidad tiene una plantilla fija de medio centenar de empleados, a los que se suman otros tantos temporales, principalmente en la segunda mitad del año, lo que hace que en la última década hayan pasado unos 500 trabajadores por sus sedes.

Insultos a un trabajador

Aunque no solo hay episodios de ese tipo. La entidad fue condenada a indemnizar con 5.000 euros a un empleado de Valencia al que, tras rechazar injustificadamente sus peticiones de modificar su jornada para poder atender a sus hijos, uno de los directivos dirigió expresiones como “sinvergüenza”, “cínico”, “desleal”, “espabilao” y “absurdo mindundis”. El juzgado también obligó a Adicae a retocar su jornada.

La condena fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia.

La tramitación como baja voluntaria de la comunicación en la que una trabajadora de Cáceres se acogía al derecho a rescindir el contrato por considerar dañina una modificación de las condiciones de trabajo, en concreto un cambio de horario con el que se había mostrado disconforme, acabó costándole una indemnización por despido de casi 3.000 euros. “La existencia de perjuicios no puede aquí considerarse irracional o ilógica”, sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La conflictividad laboral ha aumentado en los últimos años en Adicae, entidad que también fue objeto de una sanción por parte de la Inspección de Trabajo por haber negado el acceso a documentación laboral a uno de los delegados sindicales de Zaragoza.

La defensa de Bankia en el juicio sobre la salida a Bolsa busca hacer una limpia en las 26 acusaciones particulares que están presentes en la causa. El abogado, Joaquín Burkhalter, ha asegurado que existe una “reinante confusión” entre las acusaciónes y ha solicitado a la sala que dirima quiénes están realmente “legitimados” a participar en las acusaciones.

En concreto, Burkhalter ha solicitado a las partes que presenten la justificación de los requisitos para participar: haber comprado acciones durante la salida a Bolsa y no haber acudido a la solución extrajudicial de recompra de acciones por parte de Bankia. En este sentido, ha cifrado que únicamente 205 personas físicas y jurídicas se encuentran en esta situación.

El letrado ha llegado a asegurar que “ante la situación de indefinición” pretende “ayudar a la sala” a deshacer la “reinante confusión”. Para ello, requiere a las partes que presenten justificante de compra de las acciones y los poderes que tienen los distintos abogados para estar presentes.

Bankia se encuentra imputada como persona jurídica en la causa debido a las acusaciones vertidas por la acusación particular y la popular. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado dejaron fuera tanto a BFA como a Bankia de la causa. La compañía ha asegurado que a aquellos que están legitimados les vuelve a ofrecer el pago de la indemnización a cuenta de la fianza de 12 millones presentada por la entidad en el presente juicio. “No alcanza los 2 millones de euros”, asegura.

El abogado de Bankia ha solicitado que quienes no cumplan con los requisitos sean “expulsados” de la causa. En concreto, ha criticado el caso de Adicae. Según el letrado la asociación dice representar a 1.400 personas para quien pide 800 millones de euros de indemnización. Sin embargo, defiende que “30 personas estarían legitimadas”. “Resulta imprescindible que se aclare a quién representan”, ha subrayado.

Además, el letrado ha asegurado que se produce un proceso de “indefensión” y de “vulneración de derechos” por la forma en que se han desarrollado los escritos de acusación. Al igual que han hecho otras defensas durante las dos primeras jornadas del juicio en la Audiencia Nacional, Bankia ha criticado que no se concretan las causas para estar acusados en el proceso.

En línea con otros abogados, Bankia busca de este modo reducir las acusaciones presentes en el caso al asegurar que existe “confusión sobre la legitimación” de algunas de estas partes. Para ello, se está abogando en repetidas ocasiones por solicitar la aplicación de la doctrina Botín. El anuncio de la Fiscalía en la primera jornada de que se reservaba el derecho a aumentar la acusación incluyendo falsedad de cuentas a la estafa a inversores, puede complicar esta vía.

También ha participado el abogado defensor de BFA, la matriz de Bankia. El letrado ha asegurado que “hay nulidad del auto de acusación” y ha solicitado que se está produciendo una “vulneración de derechos”. “Si no se me atribuye un hecho concreto no puedo defenderme”, ha añadido criticando la supuesta inconcreción de las acusaciones particulares y populares. Además, ha defendido que la contabilidad de la sociedad cumplía con las exigencias de la ley, “según ha señalado la Fiscalía”.

En la segunda jornada también ha participado la defensa del único directivo de Bankia imputado, Sergio Durá, quien ha criticado que en la mayoría de los escritos de acusación “ni siquiera se le cita”. “El escrito debe dejar claro los delitos y la documentación que así lo prueben”, defiende. Durá es el interventor general de Bankia, entró tras la salida a Bolsa y se encargó de las cuentas de 2011 y su posterior reformulación.

“Agáchate nena y chupa”. De esta forma ha respondido el vicesecretario general de ADICAE, Antonio Pulido, a una respuesta en Twitter con una información que denuncia que la organización en defensa de los abusos de la banca acumula “más de 15 sentencias por abusos a sus trabajadores”.

Ante las críticas por lo vulgar y machista de la respuesta, Pulido ha decidido borrar el tuit, al que él mismo se había contestado defendiendo que “es mariconismo, nena”.

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“Un escándalo” y un “fiasco incomprensible”. Son las primeras reacciones de las asociaciones de consumidores Facua y Adicae tras la decisión anunciada este viernes por el Tribunal Supremo de convocar un Pleno de 31 miembros para confirmar o anular la jurisprudencia recogida en la sentencia, conocida el jueves, en la que el Alto Tribunal corrigió su propia doctrina al dictaminar que son los bancos los que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

En un comunicado, Facua ha recordado que el Supremo determinó en 2013 que no se podía recuperar lo defraudado con la cláusula suelo por “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”, pero que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) fue quien finalmente dictó una resolución que protegía a los consumidores.

“Ahora, el Tribunal Supremo pretende hacer uso de un argumento similar al que fue rechazado por el tribunal europeo. La asociación no entiende que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que previamente había resuelto con una sentencia firme”, ha señalado Facua en un comunicado. “Esto es un escándalo y huele muy mal”, ha lamentado en la nota el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Por su parte, el Comité de Dirección de ADICAE Servicios Jurídicos y la Junta Directiva Nacional de esta asociación, “reunidos de urgencia ante el fiasco incomprensible de los cambios de criterio del Tribunal Supremo español”, ha convocado una rueda de prensa para esta tarde “frente el abandono por parte del Supremo de la protección de los consumidores, dictada tan claramente ya por las Directivas Europeas, y cuyas arbitrariedades ha corregido la Unión Europea”.

La asociación ha asegurado en dicha convocatoria que la nota de prensa del Tribunal Supremo es “una irresponsabilidad” y ha defendido que la sentencia es “firme” y continúa siendo una “victoria” para los consumidores. En esta línea, la organización ha argumentado que “mantiene sus actuaciones, entre ellas la presentación de 60 demandas colectivas, y realizará una campaña informativa contra los engaños de la banca”.

Reclamar ya

Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), se sigue animando a los ciudadanos que firmaron préstamos hipotecarios en la segunda quincena de septiembre de 2014 a reclamar ya ante la Hacienda autonómica correspondiente la devolución del pago del AJD, dado que los ejercicios fiscales prescriben transcurridos cuatro años y el plazo de prescripción comienza a contarse a los 30 días hábiles siguientes a la firma del documento público.

A pesar de la “sorpresa” del giro del Supremo, el REAF recomienda que mientras no se aclare definitivamente el sujeto pasivo que debe de satisfacer el tributo, aquellos prestatarios para los que el período de prescripción pueda cumplirse de manera inminente soliciten la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.

Por el contrario, al resto de posibles afectados, les recomienda que esperen a la solución definitiva.

En un primer comunicado remitido esta mañana, el REAF aclaraba que desde mediados de septiembre de 2014 en adelante, los ejercicios fiscales aún no prescritos, se podía reclamar a Hacienda la devolución de dicho impuesto.

“Si no ha transcurrido el periodo de prescripción, tienen derecho a solicitar el ingreso indebidamente efectuado, en este caso, a la correspondiente administración tributaria autonómica”, afirmaban desde el REAF, que ahora vuelve a ratificarse en esta idea a través de un segundo comunicado, tras conocer que el Supremo deja en el aire la decisión de ayer.

Para reclamar, deberán dirigirse a la Hacienda autonómica correspondiente (el AJD es un tributo cedido a las comunidades) para solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, junto con un escrito exponiendo la cuestión y adjuntando la escritura del préstamos y la carta de pago del impuesto.

Asimismo, el REAF aclara que si la autoliquidación se presentó después del plazo establecido, los cuatro años se contarán desde la fecha en la que se hizo dicha presentación ante Hacienda, y añaden que si se comprobó el impuesto y se presentó un recurso o reclamación contra la liquidación administrativa, habrá que hacer ver al órgano administrativo o al correspondiente tribunal que debe de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por otro lado, el REAF asegura que esto nada tiene que ver con una reclamación de gastos hipotecarios a la entidad bancaria prestamista, como puede suceder en el caso de gastos indebidamente repercutidos al cliente, como los de gestoría o notaría.

Sin embargo, la sentencia del Supremo, precisan los asesores fiscales, trata sobre la relación entre el cliente del banco y la administración tributaria que, con posterioridad, podrá exigirle luego el tributo a la entidad bancaria.

“Consumidores críticos, responsables y solidarios”. Es el lema de la asociación de consumidores Adicae, conocida por su lucha contra los abusos a los consumidores que en los últimos tiempos se ha centrado en las cláusulas suelo, y que, sin embargo, parece estar muy lejos de las prácticas internas que sufren sus trabajadores.

La organización acumula al menos 15 sentencias por abusos laborales: los fallos constatan sanciones injustas, incluso por no saludar a su presidente, despidos disciplinarios declarados improcedentes o reconocimiento de categorías por debajo de las tareas realizadas.

Actualmente, Adicae –que cuenta con unos 60 trabajadores– tiene pendiente otros 12 juicios en toda España por causas similares. La asociación no ha querido hacer declaraciones sobre este tema. El año pasado Adicae recibió 993.961 euros de subvenciones públicas.

Luis (nombre ficticio) es uno de los afectados por las prácticas laborales de Adicae. Empleado en la asociación durante varios años, y con un grado de discapacidad del 45%, ganó las cuatro demandas que interpuso. La empresa le retiró unilateralmente un plus económico que había negociado por traslado. Cuando se quejó, Adicae le envió una carta comunicándole que su puesto volvía a trasladarse geográficamente y que tenía que volver a Madrid. 

Unos amigos iniciaron una petición en Change para pedir a la asociación que sus políticas laborales “respetaran la dignidad de sus trabajadores”. Adicae interpuso entonces contra él una querella criminal por injurias y le comunicó un despido disciplinario. Luis llevó estas prácticas a juicio y los tribunales le dieron la razón: anuló la movilidad geográfica, la sanción interpuesta por la asociación, le reconoció una categoría laboral muy superior a la que Adicae le estaba aplicando y declaró que su despido fue improcedente. La querella fue retirada. 

“Su política laboral es nefasta, reparten sufrimiento, hacen comentarios misóginos... Si son capaces de sancionar por no saludar al presidente, imagínate”, dice Luis, que estuvo de baja, afectado por lo que estaba sucediéndole. 

Sanción por no saludar

La sanción a la que se refiere la interpuso Adicae a un trabajador que no respondió a un saludo del presidente, Manuel Pardos. Después de que se produjera el episodio la asociación le envió una misiva. “El día 8 de octubre de 2014 sobre aproximadamente las 14 horas, cuando el presidente (...) se dirigía a su despacho (...) paso usted por el pasillo justo a la altura del despacho de éste y de la secretaria general. Como hace cualquier persona, el presidente le saluda e incluso pregunta qué tal en voz alta, tanto es así que le oye la propia secretaria general. En ese momento, en vez de contestar y responder al saludo con normalidad, usted baja la cabeza y sigue adelante sin decir una sola palabra”, decía la carta, que le comunicaba una falta grave consistente en suspensión de empleo y sueldo durante un día.

Sin embargo, un juez revocó la sanción porque entendía que el gesto no constituía ofensa ni maltrato, y condenaba a Adicae a pagar el salario dejado de percibir durante ese día.

Alberto (nombre ficticio) es otro de los trabajadores de Adicae que denuncia sus prácticas internas y al que han penalizado por quejarse, por ejemplo, cambiándole de despacho o criticando su trabajo “pero sin decirme qué está mal ni nada concreto que quieran cambiar”. “Hay una política de menosprecio al trabajador. Gritos de la dirección, videoconferencias donde se insulta y falta al respeto... Al que ha intentado defender sus derechos se le ha cosido a sanciones por motivos arbitrarios”.

Fuentes de CGT denuncian que siete días después de constituir la sección sindical del sindicato en Adicae en Zaragoza, la asociación envió una carta de traslado a Madrid a la persona que lideró el proceso. Explican, además, que el trabajador se encuentra de baja por ansiedad y que tiene en marcha tres juicios contra la asociación, uno por la impugnación del traslado y otros dos por dos faltas que le interpusieron “por motivos nimios”, como que no gustó su redacción para un trabajo.

En abril del año pasado se celebraron elecciones sindicales en el centro de Zaragoza en las que salió elegido un delegado de personal de CCOO. “Las sentencias son los casos más elocuentes de lo que lleva pasando desde hace años. Hay mucha reticencia a cumplir con los derechos de los trabajadores”, dice el delegado, Paco Sanz. Como ejemplo, Sanz menciona que de los 15 trabajadores que componían el censo electoral de los comicios sindicales, cinco han sido trasladados. Varios de esos traslados están en los tribunales.

La Inspección de Trabajo, explica Sanz, ha requerido a la empresa que cumpla con varios puntos, como el cumplimiento de horas extra, las compensaciones o las categorías. “Desde la reunión con la inspección parece que hay una reacción de la empresa para encauzar la situación”, dice. 

Entre 2011 y 2016, se recogen al menos 15 sentencias falladas contra la asociación en materia laboral. En total, la asociación tuvo que abonar un total de 67.320 euros por estos fallos.

Las subvenciones públicas

Se da la circunstancia que Adicae es una de las asociaciones de usuarios que más dinero han recibido en forma de subvenciones. En 2016, Adicae recibió subvenciones de la Agencia Española de Consumo (Aecosan) dependiente del Ministerio de Sanidad por un valor total de 993.961 euros. Esta cifra se desglosa en varios conceptos: por un lado, por el fomento de la actividad asociativa, bajo este paraguas se conceden 340.383 euros, así como por diferentes campañas puntuales que han realizado como Nuevo mercado hipotecario las claves para entender el mercado 2.0 u otro programa enfocado a la educación financiera para los colectivos más desprotegidos. El ministerio no ha entrado a valorar esta situación tras las preguntas de este medio.

En el listado de este año, las restantes asociaciones se sitúan en la horquilla de entre los 130.000 y los 360.000 euros. Así, la siguiente asociación de consumidores que aparece en este documento es Asgeco (Asociación General de Consumidores) con 361.738 euros, en tercer lugar Facua que recibió una cantidad casi cuatro veces menor que Adicae, 258.304 euros, y le sigue CECU con 197.183 euros. En el listado no aparece la OCU, quizá la organización de consumidores más conocida.

La cifra del ejercicio pasado supone un incremento del 20% sobre estas mismas ayudas públicas recibidas en 2015 por Adicae cuando recibió 820.597 euros. Si se observa el monto total de las subvenciones el crecimiento es del 4% hasta los 2.4190.786, por lo que la cantidad que recibe Adicae representa un 41% de la cifra total.

Las subvenciones a las asociaciones de consumo ya fueron polémicas en el pasado con el caso de Ausbanc. La asociación, cuyo presidente Luis Pineda acabó detenido por presuntas extorsiones a banco, recibió subvenciones por el Instituto Nacional de Consumo (antiguo organio previo a la Aecosan) y otros órganos públicos, que están siendo investigados por la justicia.

Castilla-La Mancha participa en la Gran Asamblea Estatal de cláusulas suelos que celebrará Adicae este lunes, día 16 de enero, desde las 18.00 horas. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros organizará en Toledo una asamblea informativa de las 34 que tendrán lugar en toda España, que se realizarán de forma simultánea y conectadas entre sí. El encuentro tendrá lugar en la Calle Mendigorría, número 8.

Se prevé que unas 10.000 personas “engañadas por la banca asistirán en todo el país” asistan a estos actos, donde dirigentes y abogados de Adicae atenderán en cada ciudad las cuestiones de los ciudadanos. Estos encuentros estarán coordinados desde Madrid por el presidente de Adicae , Manuel Pardos

El objetivo de esta macroasamblea será responder a las dudas que están generando las negociaciones “secretas” del Gobierno con la banca; avanzar a los asistentes las alternativas de solución de Adicae y consumidores, “despreciados por el ministro De Guindos”, alternativas que la asociación planteará a los grupos parlamentarios; y coordinar a los afectados en las actuaciones colectivas de movilización que sean necesarias.

Se estima que en Castilla-La Mancha podría haber aproximadamente unas 100.000 familias que aún pagan la cláusula, cifra que podría duplicarse teniendo en cuenta a todos los que tendrían derecho a recuperar lo pagado por este abuso bancario, como aquellos que ya hayan terminado de pagar la hipoteca, vendieron la vivienda o fueron desahuciados.

Al margen de la controvertida sentencia europea sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, que ha obligado al Gobierno central a preparar un decreto para su aplicación en España, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha realizado ahora un llamamiento a los consumidores en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 sobre todas las cláusulas “abusivas” de las hipotecas. Este colectivo va a impulsar reclamaciones colectivas extrajudicial contra estos gastos y ha pedido a los afectados que se sumen a las misma y que, de momento, no recurran a la vía judicial.

Según Iván Llorente, técnico de Consumo de Adicae en Castilla-La Mancha, los términos de la sentencia del Supremo de hace un año no son suficientes para sentar jurisprudencia al respecto y además hay muchas cuestiones que no deja claras, como las cuantías que deben devolverse a los titulares de la hipoteca. “Sí clarifica que el usuario no debe pagar gastos de registro ni de notaría, pero hay otros conceptos que están por definir”, ha argumentado.

Por ello, ha recomendado “prudencia” a la hora de llevar este tema a los tribunales, ya que puede que los procesos no sean efectivos y los consumidores no solo pierdan, sino que además tengan que pagar las costas judiciales. Así, la línea que seguirá esta asociación en los próximos meses será iniciar esas reclamaciones, que se remitirán ante los servicios de atención al cliente de las entidades financieras y ante el Banco de España.

Mientras lleva a cabo estas acciones en todo el país, la asociación confía en que sucesivas acciones judiciales llevadas a cabo por despachos de abogados sirvan para clarificar qué cláusulas abusivas pueden reclamarse. Desde Adicae además recuerdan que estas reclamaciones pueden llevarse a cabo hasta el año 2019, por lo que hay tiempo para su resolución.

Llorente ha explicado que estas cláusulas aparecen sobre todo a partir del año 2000, y que los importes que deberían devolverse desde entonces rondan entre los 3.000 o 4.000 euros de media en las hipotecas de 200.000 euros. Estos importes se corresponden mayoritariamente con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que los bancos han impuesto a los usuarios, y que aún no está determinado si debe devolverse o no.

En cuanto al caso concreto de las cláusulas suelo, Adicae está a la espera del decreto que apruebe el Gobierno central para la aplicación de la sentencia europea. “Cuando se apruebe, lo evaluaremos y lo apoyaremos si nos parece correcto. De lo contrario, continuaremos con las demandas extrajudiciales o judiciales como siempre hemos hecho”, ha concluido la asociación, insistiendo en que estos acontecimientos vienen a confirmar la “falta de transparencia, rigor y control” en las hipotecas con las que se ha dejado actuar durante años a las entidades bancarias.

La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros ADICAE calcula que hay unas 500.000 personas afectadas por las cláusulas suelo en la Comunitat Valenciana que, tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), podrán reclamar a los bancos con los que contrataron su hipoteca la devolución de todo el dinero “cobrado de más”, estimado en unos 6.000 euros de media por persona.

Así lo ha manifestado la secretaria general de Adicae en la Comunitat Valenciana, Lorena García, en rueda de prensa tras conocerse el fallo del TUE que ha dictaminado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, tras rechazar que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser “incompleta e insuficiente”.

El Tribunal Supremo consideró abusivas estas cláusulas al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijó en la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de 2013, la retroactividad máxima para que su nulidad sólo tuviera efectos de cara a futuro.

Ahora, la justicia europea reconoce la “retroactividad total”, sin limitaciones, ha explicado García, quien ha valorado el fallo como “una victoria de los consumidores” y “un tirón de orejas” para la banca española y ha animado a todos aquellos que todavía no han reclamado su dinero a sumarse a las demandas colectivas de Adicae.

Las cláusulas suelo fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar, lo que ha impedido a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, -principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España-, cuando “empezó a bajar en 2009”, ha recordado.

“Un piquito o un picazo”

García ha comparecido en rueda de prensa junto a la abogada de Adicae, Silvia Huerta, la tesorera de Adicae CV, y dos afectadas, la vocal del Consejo de Adicae Mari Carmen Galiana y la tesorera Merche Mullor. Esta última ha asegurado que la decisión del TUE ha sido algo “muy parecido al anuncio de la Lotería”, les ha tocado “un piquito o incluso un picazo”, según el caso, ha puntualizado.

Por su parte, Galiana ha lamentado que el Supremo se escudara en la posible “quiebra macroeconómica de los bancos” si admitía la nulidad de las cláusulas suelo más allá de 2013. “¿Y la quiebra de las economías familiares? ¿Eso no cuenta?”, se ha preguntado.

La abogada de Adicae, Silvia Huerta ha confiado en que ahora los bancos sean “coherentes” y apliquen la sentencia europea con celeridad, anticipándose incluso a la posibilidad de recibir miles de demandas, puesto que ello implicaría además tener que pagar las costas de los juicios que se derivaran, ha advertido.

¿Quiénes pueden reclamar?

La secretaria general de Adicae en la Comunitat ha explicado que no solo los que estén pagando actualmente su hipoteca pueden reclamar, sino que también los que ya han acabado de pagar su hipoteca, los que han sido desahuciados o incluso lo que hayan acordado una dación en pago.

A todos ellos, ha animado a reclamar “el dinero que es suyo”, de lo contrario se lo va a quedar la banca, ha advertido. En este sentido, ha destacado que la decisión del TUE demuestra que “la movilización sirve” aunque “no hay que bajar la guardia”, ha puntualizado.

Así, ha invitado a los afectados a informarse en Adicae sobre su situación. De hecho, aquellos que ya hayan firmado un acuerdo con su banco o hayan aceptado la solución de una demanda presentada de manera individual son los que más “difícil” pueden tener reclamar el dinero, ha avisado la abogada de Adicae.

La asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, Adicae, ha estimado en alrededor de 80.000 las personas afectadas por cláusulas suelos en Euskadi y les ha animado a reclamar las cantidades de más que se les ha cobrado tras la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que les reconoce el derecho a la devolución de esas cuantías.

El responsable de la asociación en Euskadi David Solís ha afirmado que es una “gran noticia” para Adicae, pero, “en general, para todos los consumidores” porque es “una muestra de que si nos organizamos y el consumidor se moviliza puede conseguir cosas frente a la gran banca”.

La cláusula suelo ha sido uno de los caballos de batalla en los últimos tres años entre los bancos y los ciudadanos con préstamo hipotecario. Básicamente, por mucho que el euríbor baje, los contratos que tienen esa cláusula no ven disminuir la cantidad a pagar ya que tienen un tope: el cliente nunca puede pagar un interés inferior a entre un 2,75 y 4,75%. Sin embargo, en los últimos años el euríbor se ha desplomado a niveles históricos tras la inyección de liquidez que ha realizado el Banco Central Europeo. Esta espectacular baja del euríbor no ha hecho sino agravar la situación de los préstamos con cláusula suelo, ya que los afectados no han podido beneficiarse de esta bonanza cuando las economías domésticas peor lo están pasando. En España, alrededor de 2,5 millones de hipotecas tienen suelo.

Toque de atención a la banca

“Al final, lo que ha venido a decir Europa es que la interpretación que hizo en su momento el Tribunal Supremo en 2013 de devolución de las cantidades solo desde la fecha de la sentencia va en contra de la normativa comunitaria de los derechos que protegen al consumidor en el ámbito europeo”, ha añadido. A su juicio, es un “toque de atención importantísimo”.

Al aplicar el TJUE la retroactividad de la nulidad de dichas cláusulas a la fecha de su contratación, los bancos deberán devolver a sus clientes una media de 2.000 euros anuales desde 2009-2010, años en los que el Euribor comenzó a bajar con fuerza, perjudicando a los hipotecados mediante dicha fórmula de revisión. La sentencia del Tribunal europeo por si sola no obliga a los bancos a ejecutar las devoluciones de oficio, sino que tendrán que ser los afectados los que, de forma individual o colectiva, reclamen la devolución correspondiente a las entidades bancarias.

La asociación ya ha planteado muchas demandas por este tema y plantearán “nuevas demandas colectivas o agrupadas”. Solís ha señalado que “lo interesante” sería que las entidades financieras “dieran un paso adelante y de forma voluntaria procedan a la devolución de las cantidades”.

“Nosotros estamos abiertos a negociaciones, pero, si no hay otra opción, se optaría por la vía judicial”, ha señalado el representante de Adicae Euskadi, quien ha precisado que lo que puede suponer de ahorro a una familia la eliminación de esta cláusula puede ser de media unos 3.000 o 4.000 euros.

La sentencia del Tribunal Supremo corrigiendo a la Audiencia de Bizkaia y condenando al BBVA a devolver el importe de las aportaciones subordinadas de Eroski a un cliente ha abierto una nueva senda de esperanza a los afectados. La importancia de esta sentencia reside en dos cuestiones: por una parte zanja el debate sobre cuándo caduca el plazo del afectado para reclamar y, por otro lado, obliga al banco a acreditar documentalmente que ha informado a los clientes sobre los riesgos y las características del producto. Es decir, coloca la carga de la prueba en el banco. Ya no bastará, como ocurre ahora, con que los bancos aleguen que informaron a los clientes de palabra, sino que deben presentar los documentos donde conste la firma del afectado y las características del producto vendido, advirtiendo de que es de alto riesgo y a perpetuidad. El BBVA ha declinado opinar sobre el fallo.

Gabriel Torres Amann, abogado bilbaíno que ha llevado cientos de demandas de afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodomésticos, recalca que la sentencia del Supremo, que es la primera vez que se pronuncia sobre las aportaciones de Eroski, “hace daño a la Audiencia de Bizkaia”. “La sección quinta de la Audiencia juega habitualmente con fuegoy en la cuestión de la caducidad ha tratado de mantener su criterio. Hasta ahora los bancos se aferraban a que en el caso de la caudidad las subordinadas funcionaban como las preferentes, en las que la emisora y la comercializadora son las mismas, como el caso de Bankia. En ese caso el plazo desde que se cierra el contrato hasta que se puede reclamar es de cuatro años. Pero las subordinadas no funcionan igual: la emisora es Eroski o Fagor Electrodomésticos y la comercializadora el banco”.

En su resolución, el Ttribunal Supremo indica que el momento en el que el afectado decide reclamar no puede quedar fijado “antes de que el cliente haya podido tener conocimiento” de lo que está pasando. En el caso fallado por el Supremo, el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por error vicio en el consentimiento no podía computarse, como entendió la Audiencia Provincial, desde el contrato de adquisición de las aportaciones financieras subordinadas del año 2004 ni tampoco desde la compra de las otras aportaciones financieras subordinadas del año 2007, sino desde que su titular “conoció la circunstancia sobre la que versa el error vicio que invoca como motivo de anulación”.

En este caso, la situación de crisis económica de Eroski que le llevó al cese en el pago de los cupones correspondientes al 31 de enero de 2013, fue la que reveló al demandante cuáles eran las características del producto financiero adquirido y los “riesgos” que había asumido. “Fue entonces cuando se dirigió al banco para reclamar información sobre lo que estaba ocurriendo, cuando se percató de lo que había adquirido”, añade el Supremo. En definitiva, “no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento”.

Acreditar la información

Desde Adicae (Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros, recalcan que la sentencia del Supremo es una “buena noticia”, que cierra la puerta al argumento de la caducidad y que facilitará que el resto de fallos que aguardan en el Supremo siga la misma vía. “Los bancos no se cansan de recurrir, pero el Supremo es el final del camino”.

Por otra parte, Torres Amann se felicita del otro argumento esgrimido por el Supremo, el de que es el banco el que tiene que acreditar que ha informado debidamente al cliente. “Al final se convierte en la palabra del banco contra la del afectado porque no pueden aportar ningún documento que pruebe que le informaron debidamente, de que era un producto de alto riesgo y de carácter perpetuo. ¿Cuántos clientes con esa información suscriben aportaciones subordinadas?”.

Según la sentencia, corresponde al BBVA “la carga de acreditar el cumplimiento de los deberes de información” y asegura que, aunque afirme que cumplió con dichos deberes, “lo cierto es que no ha acreditado que con carácter previo a que el demandante hubiera dado las dos órdenes de compra, se le hubiera informado sobre estas características del producto”.

El Supremo desbarata así el fallo de la Audiencia de Bizkaia y da la razón al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao, que en su fallo inicial remarcó que su cliente no fue informado sobre los riesgos concretos del producto que adquiría. Y concluyó que había existido error en la adquisición de las aportaciones financieras que, además de ser relevante y sustancial, “resultaba excusable”.

José Antonio Urrutia, portavoz de la Asociación Bizkaiko Minduak, de afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodmésticos, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo mantiene viva la llama de los afectados por la venta de las aportaciones subordinadas. “Todos los bancos recurren los fallos de los juzgados de Primera Instancia y de las Audiencias al Supremo. Tal vez ahora se den cuenta de que esa vía se ha cerrado”, confía.

El Tribunal Supremo ha corregido a la Audiencia de Bizkaia y ha condenado al BBVA a devolver los 182.000 euros invertidos por un cliente en aportaciones financieras subordinadas de Eroski. Se trata del primer fallo del Supremo revocando una acción de la Audiencia vizcaína en relación a una subordinada de Eroski. Según la sentencia a la que ha tenido acceso El País, el Supremo confirma que corresponde al BBVA la carga de acreditar el cumplimiento de los deberes de información del banco hacia el cliente y subraya que no se hizo. Además, rechaza los argumentos del BBVA que definió al inversor como alguien capacitado porque no era su único producto financiero. Por otra parte, no acepta el argumento de la Audiencia de que el afectado había superado el plazo para reclamar, que según la Audiencia es de cuatro años desde el momento en el que se consuma el contrato.

El Supremo desbarata el fallo previo de la Audiencia de Bizkaia y da la razón al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao, que en su fallo inicial remarcó que su cliente no fue informado sobre los riesgos concretos del producto que adquiría. Y concluyó que había existido error en la adquisición de las aportaciones financieras que, además de ser relevante y sustancial, “resultaba excusable”..

Frente a esos argumentos, la Audiencia falló que había caducado la acción para reclamar, que es de cuatro años desde que el cliente consuma el contrato. El Supremo rechaza ese argumento y asegura que la interpretación más acorde con el espíritu y literalida de la Ley es aquella que sostiene que aun tratándose la orden de compra de un mandato o comisión mercantil, el inicio del cómputo del plazo de caducidad no se inicia desde el momento de su ejecución sino desde el momento en el que el ordenante tiene conocimiento del error padecido “como consecuencia de la deficiente o insuficiente información facilitada por la entidad financiera” que oferta el producto.

Afectados

En definitiva, el Supremo recalca que “no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento”.

José Antonio Urrutia, portavoz de la Asociación Bizkaiko Minduak, de afecyados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodmésticos,asegura que la sentencia del Tribunal Supremo es “muuy importante” porque abre el camino a todas los que tiene el Supremo en lista de espera. “Era de preveer una sentencia de este tipo. Llueve sobre mojado porque los de la Sección Quinta de la Audiencia de Bizkaia antes también habían sido corregidos con la interpretación de la caducidad”.

Banco Santander se enfrenta este miércoles a la primera demanda colectiva por el caso de Valores Santander; una emisión de 7.000 millones de euros en obligaciones convertibles que la entidad emitió en 2007 y que provocó pérdidas superiores al 50% a los 129.000 clientes que las suscribieron, cuando en 2012 afrontaron la conversión obligatoria de sus títulos en acciones del banco.

Por primera vez desde entonces, los afectados, representados por la asociación de consumidores Adicae, han conseguido llevar a juicio una demanda colectiva, que se atenderá en un Juzgado de lo Mercantil de Cantabria este miércoles. Eso significa que la asociación, además de pedir la devolución de los ahorros defraudados a los personados en esta demanda, ha solicitado los efectos extensivos de la resolución para todos los posibles afectados.

Es decir, en caso de que el juez falle en favor de los clientes de Banco Santander, ese criterio se aplicaría a los 129.000 clientes afectados, en línea con lo ocurrido la semana pasada con la sentencia de las cláusulas suelo también interpuesta por esta misma asociación, cuyo resultado favorable a los afectados se conoció la semana pasada. En el caso más extremo, Banco Santander podría tener que devolver los 7.000 millones de euros emitidos a través de este producto financiero.

Más de tres años esperando al juicio

Más de tres años esperando al juicioAdicae presentó por primera vez esta demanda el 25 de enero de 2013 agrupando casos de 72 afectados. Entonces, el Banco de Santander pidió al juez que no aceptase una demanda conjunta alegando que la situación era muy diferente para cada uno de los afectados. En línea con la tendencia jurídica de aquellos años, el juez estimó la demanda del banco y no permitió a la asociación continuar con el proceso conjunto.

Las demandas colectivas que son muy habituales en Estados Unidos para defender a los consumidores apenas existían en España hasta hace tres años. Desde entonces la situación judicial ha cambiado mucho. La variedad de abusos financieros y la amplitud de damnificados por ellos han convencido a muchos jueces de la efectividad de estas demandas colectivas. Entre otras cosas, estas suponen un ahorro de costes tanto para los demandantes, que comparten gastos de abogados y procuradores, como para el sistema judicial que se ahorra la celebración de múltiples juicios muy similares en forma y resultado. No hay más que ver lo ocurrido con las preferentes o las cláusulas suelo.

En base a este criterio, Adicae recurrió una decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Cantabria con el argumento de que “dejaba sin sentido y efecto la justicia colectiva prevista en nuestra legislación”, explican desde la asociación. El recurso no se admitió hasta marzo de 2015 y la Audiencia Provincial autorizó el juicio conjunto que ha vuelto de nuevo al juzgado mercantil original.

Este retraso ha provocado que buena parte de los 72 afectados que concurrieron conjuntamente en 2013 hayan optado durante estos años por reclamar sus derechos de forma individual, pero un grupo de 20 ha permanecido unido para concurrir al juicio.

“Un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad”

“Un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad”Adicae asegura que “los valores convertibles del Santander cumplían con las condiciones para considerarse como un producto tóxico, de alto riesgo y complejidad, algo que fue advertido ya por la propia CNMV y que derivó en dos multas del organismo regulador”.

En esta demanda, la asociación de consumidores pide que se enjuicien las cláusulas y la publicidad por si fuera engañosa del contrato. Desde la asociación denuncian que “la entidad diseñó una agresiva campaña de comercialización que se inició incluso antes de registrar el folleto informativo en la CNMV, vaciando así de contenido la función del organismo supervisor y violando lo establecido por la Ley del Mercado de Valores.”

El banco fue multado por la CNMV en febrero de 2014 con casi 17 millones de euros por “vender a sus clientes un producto complejo sin ofrecerles la información necesaria sobre los riesgos”. Fuentes cercanas al caso aseguran que finalmente la entidad ha sido eximida de parte de esa multa tras un recurso judicial.

Entre las principales líneas argumentales que sostiene esta demanda colectiva está esa mala comercialización realizada por Banco Santander. Una de las abogadas personadas en este caso, Gisela Bernáldez, asegura que entre las pruebas para rebatir los argumentos del banco han aportado “certificados de registro de órdenes que facilitó la propia entidad a algunos clientes, en los que consta una orden de compra con fecha de 10 septiembre, a pesar de que la CNMV no lo aprobó hasta el día 19 de ese mes”.

Según Bernáldez, estos documentos los entregó la entidad a petición de los abogados cuando comenzaron los primeros juicios de Valores Santander. “En los primeros casos no tenían problemas en aportar esa documentación, pero cuando vieron que servían para convencer a los jueces de las irregularidades del proceso de venta se negaron a volver a darlos”, comenta Bernáldez.

El caso que debe juzgar el Juzgado de lo Mercantil de Santander incluye entre la documentación probatoria esos certificados. La entidad siempre ha argumentado que esos contratos lo que recogían eran reservas y no órdenes, aunque no siempre han conseguido convencer a los jueces con este argumento como ya se ha contado en eldiario.es. “Este documento prueba con claridad que estaban comercializando el producto antes de que la CNMV lo aprobara. Se pueden comprobar la correlación de los números de las órdenes de compra”, insiste Bernáldez.

En Aragón, según los datos proporcionados por ADICAE, hay casi 20.000 familias que tienen secuestrados 218 millones de euros en fraudes de ahorro. Son víctimas de casos como los de Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza y las preferentes o la salida a bolsa de Bankia.

Las cifras demuestran la magnitud de las operaciones: 4.525 afectados por el fraude de Fórum Filatélico, que no han recuperado más de 48 millones de euros. En el caso de Afinsa, la cifra es de 3.192 familias afectadas y 32,4 millones de euros por recuperar. Respecto a las participaciones preferentes, alrededor de 4.000 familias aragonesas siguen esperando que la banca les devuelva unos 100 millones de euros. Y otras 7.500 familias esperan la devolución de 37,5 millones de euros captados en la salida a Bolsa de Bankia, el último gran fraude al ahorro popular.

Ante la lentitud judicial y la inacción institucional para garantizar la tutela judicial efectiva, apuntan desde ADICAE, la asociación ha organizado, en 17 ciudades españolas, diversas movilizaciones de afectados. En Zaragoza, tendrá lugar mañana, miércoles 30 de marzo, frente al Banco de España, en la plaza homónima. El lema elegido es ‘Contra los fraudes al ahorro y por un sistema financiero justo y transparente’.

Entienden en ADICAE que los grupos parlamentarios tienen la doble responsabilidad de hacer cumplir los acuerdos del Congreso -como la solución aprobada por unanimidad en 2013 para las víctimas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza- y de materializar su compromiso de que en esta nueva etapa política la defensa de los derechos de los ciudadanos y el fin de los fraudes sería una de sus prioridades. Por ello, ADICAE reclamará que cualquier pacto de Gobierno incluya el compromiso de una solución justa, colectiva e inmediata para los afectados por los fraudes al ahorro.

Hasta 3.000 euros en menos de 24 horas, a devolver en el plazo que quieras y sin hacer preguntas. Bajo anzuelos como este, somos bombardeados con anuncios que asocian la obtención de un crédito a la felicidad inmediata que da tener la cantidad deseada en tu cuenta bancaria. El objetivo no es otro que las personas necesitadas de dinero rápido que buscan afrontar un gasto o ganar flexibilidad para afrontar otros pagos, sorteando las trabas y preguntas a las que someten las entidades financieras. 

En este contexto, entre 800 y 1.000 empresas de crédito rápido despliegan sus métodos de captación a través de la publicidad tanto en los medios de comunicación como en Internet, centrando la atención en la facilidad para obtener el dinero y minimizándola todo lo posible sobre las condiciones, pasando por delante de nosotros en décimas de segundo u ocultándolas en el laberinto de pantallas en la que convierten sus páginas web. 

Son en estas condiciones abusivas de las que no se informa adecuadamente a propósito en las que se ha basado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) para lanzar 'El descrédito', un documental dirigido por Víctor Moreno (nominado a un Goya por 'Edificio España') y que pone el foco en las trampas y la evidente falta de regulación en el mercado del crédito rápido, especialmente por parte de entidades no financieras.

Conjugando testimonios directos de personas que han sufrido los abusos y la visión de multitud de expertos relacionados de algún modo con el mundo del crédito, el documental retrata un mundo cuyo gran problema salta a la vista desde los primeros compases: la ausencia de leyes que pongan límite a estas actividades. 

Aunque a lo largo del formato también se denuncian abusos en algunas tarjetas de crédito y préstamos personales concedidos por la banca, son las entidades no financieras de crédito rápido, muchas de ellas asentadas en paraísos fiscales, las que centran la atención. No solo por las cláusulas abusivas. La presión y amenazas a la que someten a sus clientes son en ocasiones el mayor motivo de queja por parte de los usuarios. 

Un caso paradigmático en el documental es el de un joven estudiante sin ningún tipo de ingresos al que le concedieron un crédito de 300 euros, por el que tras no poder pagar la deuda inicialmente, sus padres tuvieron que abonar más de 1.700 como solución a la presión que tenían encima. 

Manuel Prados, presidente de ADICAE, considera que “gracias a este documental se van a poner los problemas en su contexto. Logrará despertar la conciencia de la gente sobre lo que es el crédito, porque muchos no lo saben”. La cinta, que será distribuida gratuitamente a organizaciones sociales y de consumidores, “tiene que hacer frente a la opinión de los gobiernos y empresas que impulsan todas las formas de crédito, que no ha alcanzado niveles significativos, como método para superar la crisis”, añade Prados.

La Audiencia de Bizkaia ha revocado la sentencia del juez Marcos Bermúdez por la que se condenaba al BBV -y se exoneraba de toda responsabilidad a Eroski- en el primer caso de una demanda colectiva en el País Vasco por las aportaciones subordinadas. La sentencia de primera instancia beneficiaba a 68 clientes que se habían visto atrapados por la deuda perpetua emitida por el banco y comercializada por Eroski.

Ahora, la Audiencia vizcaína, ségun el fallo y sin entrar en el fondo del asunto, resuelve que el juez Marcos Bermúdez se pronunció sobre algo que no era de su competencia: la anulación por vicio en el consentimiento, una materia civil y no mercantil. El fallo de la Audiencia vizcaína carga las costas contra los demandantes, Adicae, que pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El juez Marcos Bermúdez, en la demanda colectiva contra Eroski y el BBVA por las aportaciones subordinadas de la cooperativa vasca, resolvió condenar a la entidad financiera que colocó el producto financiero, mientras que exoneró de toda responsabilidad en la causa a Eroski. El juez consideró en su sentencia que había que anular todos los contratos suscritos por los demandantes con el BBVA, pero obliga a los ahorradores a reintegrar los intereses cobrados durante estos años. La sentencia, de 14 páginas. Adicae, promotora de la demanda colectiva, la primera que se resolvió en Euskadi, señaló entonces que la sentencia era “la luz para muchos consumidores que pueden ver que su dinero es recuperado a través de demandas”.

El magistrado Bermúdez considera en los fundamentos de derecho de su resolución que el BBVA comercializó “de forma defectuosa este producto complejo de inversión a clientes minoristas sin informarles de forma clara y comprensible del riesgo que corrían de perder todo o parte del capital invertido”. Ni hubo contratos en los que aparecían con claridad las condiciones de lo que suscribían, ni la información vervbal dada por los gestores del banco y los directores de sucursales fue la adecuada, según el juez, que recuerda en numerosas ocasiones en la resolución el carácter “complejo” del producto comercializado por el banco. La consecuencia más inmediata de esa nulidad era que el BBVA debía devolver “los importes entregados y recibidos, actualizados con los intereses legales correspondientes”.

El juez absuelvió a Eroski al entender que no ha quedado acreditado en el juicio “que hubiese llevado a cabo una campaña publicitaria ilícita, para conseguir la venta del producto de forma fraudulenta”. “En modo alguno puede afirmarse que el folleto contenga publicidad” engañosa, añadía Bermúdez en su resolución. “Se trata de una publicidad que presenta verazmente el producto, y en ningún lugar se dice que se trate de un depósito a plazo fijo, como afirma la asociación demandante”, concluye.

La entidad financiera no ha conseguido desactivar la acción colectiva de ADICAE contra la venta "indebida y fraudulenta" de aportaciones subordinadas de Fagor.

El juez Bermúdez ha considerado que no es preciso que los 35 demandantes agrupados con ADICAE en esta acción judicial demanden uno por uno, ya que todos los casos son idénticos.

La entidad podría ser condenada, sólo en esta demanda, a devolver alrededor de 525.000 euros más el interés legal del dinero.

Ni Laboral Kutxa ni Fagor han conseguido desactivar la acción colectiva de ADICAE contra la venta “indebida y fraudulenta” de Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor efectuada por la entidad financiera. Tras la vista previa en el juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao de una de las demandas interpuestas por ADICAE por este fraude, el juez Bermúdez ha considerado que no es preciso que los 35 demandantes agrupados con ADICAE en esta acción judicial demanden uno por uno, ya que todos los casos son idénticos y la colocación del producto se efectuó de la misma forma en una actuación masiva.

Independientemente de que cada afectado tuviese unos estudios distintos o hubiese contratado otros productos, el juez considera que hay nexo común entre los afectados. Por ello aplica el artículo 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que indica que “podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos”.

ADICAE exige la nulidad de los contratos y la devolución de los aproximadamente 15.000 euros que cada afectado tiene actualmente 'secuestrados' por Caja Laboral, por lo que la entidad podría ser condenada, sólo en esta demanda, a devolver alrededor de 525.000 euros más el interés legal del dinero.

Devolución de 15.000 euros 'secuestrados' a cada afectado

En la actualidad 2.050 familias han decidido apostar por la vía judicial y la reivindicación a pie de calle junto a ADICAE en el caso de las Aportaciones Financieras Subordinadas de Eroski y Fagor. Así, actualmente existen doce demandas que avanzan en los juzgados. Las entidades denunciadas por ADICAE por el 'caso Eroski' son BBK -2 demandas-, BBVA -3 demandas, una de ella ganada en Primera Instancia y pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial-, CaixaBank y Laboral Kutxa. Y, por el 'caso Fagor', se han presentado demandas frente a Banco Santander, Banco de Vasconia, BBK, Laboral Kutxa y CaixaBank.

Según ADICAE se confirma una vez más “el carácter masivo del fraude de las preferentes vascas” y el enfoque colectivo que requiere ser aplicado frente al interesado emplazamiento a demandas individuales en el que insiste la banca. ADICAE insiste en la necesidad de que las entidades implicadas se abran al diálogo para una solución seria.

La polémica por las preferentes puede tener un efecto permanente: lograr consumidores más vigilantes. Para la asociación de consumidores Adicae, “engaños masivos” como el de las aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos y Eroski no se hubieran logrado sin la confianza de los afectados y afectadas en las entidades financieras y en dos cooperativas que son “de la tierra”. Precisamente por la importancia de estas empresas, el integrante de la Junta Directiva y responsable de Comunicación de Adicae, Fernando Herrero, insiste en que desde diversos intereses se está vendiendo la imagen de que el tema está solucionado. Y no es así, insiste. La asociación agrupa en la actualidad a 2.050 personas en Euskadi y Navarra afectadas por esta problemática. En cualquier caso, se ha llegado a calcular que este tema afecta a unas 40.000 personas.

¿Una movilización por este tema ayuda a otras personas a denunciar?

La movilización, sobre todo, ayuda a reivindicar que este tema no está resuelto. Ha habido maniobras por parte de diversas entidades, incluso del Gobierno de Euskadi, para intentar desactivar este tema, para que se perciba como un problema solucionado, para dar esa falsa sensación. Están anteponiendo en este caso unos intereses que no son los de los consumidores.

¿Qué se gana con ello?

Que vaya pasando el tiempo.

¿Qué opciones tienen en la actualidad las personas afectadas por estas preferentes?

Hay dos vías, que son complementarias: por un lado, salir a la calle y movilizarse de otras formas para hacer visible el problema, que sigue vivo. Y por otro, emprender una acción judicial colectiva [Adicae ha presentado un total de ocho demandas colectivas, una de ellas en el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao recurrida porque les daba la razón, y son tantas por referirse cada una a una entidad financiera].

Sin embargo, para los afectados y afectadas puede resultar mejor presentar demandas individuales porque tienen la sensación de que pelean por su caso y más de cerca.

Las propias entidades financieras se han empeñado en que sea así, en intentar que los afectados vayan uno por uno a los juzgados. Se dice que era gente mayor, que no sabía bien lo que firmaba, que un caso no se parece a otro… Este es un enfoque envenenado porque en este caso ha habido gente mayor y no tan mayor, gente más y menos culta, pero está claro que ha sido determinante que se trataba de un engaño masivo.

¿La demanda colectiva no retrasa que se llegue a una solución?

No es cierto que sea más complicada. Además, los afectados se sienten arropados al ver que forman parte de un grupo, que no solo ellos han sido engañados. Pero el bombardeo de que con una demanda colectiva el asunto se complica es constante.

¿Por qué?

Las entidades implicadas ganan con ello porque saben que habrá gente que no presente una demanda individual. Y luego también hay firmas de abogados interesadas en estas demandas individuales, porque las colectivas solo las podemos presentar entidades como las organizaciones de consumidores.

Consumidores Irache, que representa a 70 afectados en Navarra, afirmó que ha logrado llegar a acuerdos con entidades financieras como el BBVA y Caja Laboral. ¿La negociación, sin llegar a los tribunales, es viable?

Nosotros también hemos hablado con las entidades, y con el Gobierno vasco porque entendemos que en un problema así no puedes conformarte con que te den largas. Pero creemos que esas conversaciones son compatibles con la denuncia. Al final, está claro que si resuelven el problema, no tienes por qué seguir hasta un juicio.

¿Cree que el personal de las entidades financieras era consciente de los productos que estaba colocando?

Algunos serían más conscientes, otros no, otros lo desconocían… Tenemos constancia de que ha habido trabajadores que vendieron el producto a sus familias. Pero hablamos de un sistema casi piramidal, que vendía la imagen de que el dinero era recuperable cuando no era así: las preferentes que dejaba alguien porque necesitaba el dinero se las colocaban a otro señor, y así la bola se hacía más grande. Muchos trabajadores pensarían simplemente que esto era lo que tocaba, vender este producto, pero los que está claro que sí sabían lo que emitían eran Fagor Electrodomésticos y Eroski.

En Euskadi y Navarra son dos firmas de referencia, que se sienten como propias.

El factor de la confianza fue clave, tanto en la entidad financiera de la que los afectados se fiaban casi a ciegas, como en estas dos cooperativas, muy conocidas y tan apegadas al territorio. De hecho, son usadas como emblema muy a menudo, y eso ha sido vital. Fagor Electrodomésticos y Eroski eran conscientes de que estaban en una situación privilegiada, y eso permitió que se vendieran aportaciones financieras subordinadas en masa.

Una de las críticas habituales es que a los ahorradores les pudo el interés por multiplicar sus beneficios.

Siempre que ha habido fraudes al ahorro, la primera reacción de determinados sectores es que eso les ha pasado por avariciosos, porque nadie vende duros a cuatro pesetas. Pero hay que recordar que esto no ocurría en un chiringuito ni era el tocomocho, sino que ocurría en entidades financieras.

Entre las preferentes, las tarjetas black… ¿uno puede acudir tranquilo a una entidad financiera?black

Cualquier lector debería responder a esa pregunta. Está claro que el clima de desconfianza se ha apoderado de nuestras relaciones con las entidades financieras, pero bienvenido sea. Porque ha habido un abuso de confianza para consumar todo tipo de engaños. Ahora empieza a haber operaciones de marketing para intentar resolver estos problemas y, mientras, creemos que se está trabajando en volver a diseñar productos que, de nuevo, acabarán siendo tóxicos.

Esos productos tóxicos, por tanto, ¿son cíclicos?

La idea, básicamente, es que esta situación ya pasará. Por eso lo que esperamos en Adicae es que, de esto, surja un nuevo consumidor, más atento, más crítico y sí, más desconfiado.

“Dar el paso de denunciar no es fácil. Tienes que prácticamente desnudarte ante un Tribunal”. José Antonio Urrutia es uno de los afectados por el caso de las preferentes de Fagor y Eroski y, en su caso, ejerce de portavoz de la asociación Kalketuak, que agrupa a unos 700 afectados en Bizkaia. No obstante, se calcula que el caso puede afectar a más de 40.000 personas y, de ellas, según unos cálculos prácticamente proporcionales, unas 2.000 en Navarra. Pese al elevado número de afectados, su perfil, de personas más bien mayores y cansadas de la falta de respaldo de las instituciones, ha complicado las movilizaciones en Euskadi y, especialmente, en Navarra. El pasado viernes, la asociación de consumidores Irache anunció que representa a 70 afectados y afectadas por participaciones de estas empresas. Una punta del iceberg que, ahora, por fin, empieza a conocerse. Hasta ahora, pocos han querido anunciar una lucha que, según un afectado, es como la de David contra Goliat.

A comienzos de año, cuando se fraguaba en la Comunidad Foral una asociación de afectados y afectadas, había unas 200 personas interesadas en asociarse. Una de ellas, que en su día compró preferentes de Eroski, cuenta que tiró la toalla por las tensiones entre quienes querían denunciar y quienes no, entre los que animaban a los demás a movilizarse y otros que preferían no contar ante los medios de comunicación que les habían estafado. Porque, según este afectado, “es eso, una estafa”. “Yo acudí a mi banco porque me lo dijo el director, me propuso un producto interesante, me dijo que podría retirar el dinero, pero cuando lo necesité en 2010 vi que no era posible y que aquí pasaba algo”. Ahora, en febrero, afronta el juicio.

Su caso es similar al de los denunciados por Consumidores Irache. Se trata, según precisaron desde la asociación a través de un comunicado, de personas que “invirtieron miles de euros (han hablado de entre 3.000 y 30.000) en aportaciones financieras subordinadas de Fagor y Eroski a través de sus bancos”. Es decir, en productos muy complejos de entender para quienes, al final, depositaban en ellos sus ahorros, algo que en algunos casos hacían ante la promesa de que el producto tenía una “alta y segura rentabilidad”. El problema es que los clientes desconocían que se trataba de un producto a perpetuidad y que, al retirar la inversión, corrían el riesgo de perder parte del capital hasta cumplirse, explican desde Irache, el vencimiento del producto. “Y, en todo caso, la amortización anticipada de la inversión es potestad del emisor”, detallan.

Por el momento, desde la asociación se contacta con los bancos para intentar llegar a acuerdos (estos, según precisan desde la asociación, se han logrado sobre todo con BBVA y Caja Laboral) antes de emprender la vía judicial. En el caso de la asociación de usuarios de bancos, Adicae, apuntan que ha habido varios cientos consultas en Navarra por este tema. El responsable de la entidad en Navarra, Arkaitz Fernández, cree que muchos daban el paso de invertir por el hecho de que las firmas, Fagor y Eroski, eran cercanas, casi “cotidianas”. Ahora la mayoría se ven abocados a denunciar.

Un coste “que no debería ser elevado”

Urrutia, por su parte, anima a los afectados en Navarra a dar este paso, porque el coste económico “no debería ser elevado” si finalmente, como está ocurriendo en muchos casos en Euskadi, se ganan los juicios y las costas las debe abonar el banco. En esos supuestos, quien denuncia debe costear “unos 300 euros de las tasas judiciales”.

Sin embargo, ya sea por la edad o por la sensación de que la batalla está perdida, muchos no lo hacen. En Euskadi ya se ha denunciado la falta de apoyo del Instituto Vasco de Consumo y, dentro de los propios colectivos de afectados, ha habido tensiones sobre si denunciar o no que han dividido las asociaciones. En Navarra, por su parte, apenas se conocen movilizaciones en comparación con la CAV. Pero desde las asociaciones implicadas en este tema insisten: contar el caso invita a otros a hacerlo. Y, por mera estadística, en Navarra hay cientos de personas implicadas en esta lucha, según dicen los afectados, “contra los Gigantes”.