El Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de enero de 2026 los requisitos y las condiciones mínimas que requerían las personas beneficiarias del grado III+ de dependencia, una línea creada para los pacientes de la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Dos meses más tarde, en marzo, la Consejería de Inclusión Social anunciaba que Andalucía abría el trámite para pedir estas ayudas, y fue entonces cuando Teresa, pseudónimo, vio los cielos abiertos: por fin podía pedir la subvención para su padre, J. Con 68 años, vive postrado en la cama y conectado a un respirador que le ayuda a resistir. Sin embargo, necesita atención las 24 horas del día y, aunque su hija ha removido cielo y tierra para lograr la financiación, el plazo de tres meses máximo ha expirado sin una respuesta de la administración.

“Iniciamos el proceso para la dependencia e incapacidad desde 2021 y ya en 2024 teníamos el diagnóstico neurodegenerativo en firme”, relata Teresa desde Granada a través de una videollamada tras haber lanzado un comunicado a través de varios correos electrónicos pidiendo que se dieran eco de su caso. “Tenemos un poco de ayuda, pero todo ha sido por las reclamaciones constantes y, además, se nos niega un fisioterapeuta a domicilio cuando la ley lo contempla”, motivo por el que acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de apoyo.

La solicitud para que su padre recibiera el reconocimiento del grado III+ fue firmada el 17 de marzo, según ha constatado este medio. En el caso de J., los especialistas en neurología del Hospital Virgen del Rocío certificaron que padecía una atrofia multisistémica variante parkisoniana (AMSp), con origen en el año 2016, y en un estudio realizado en junio de este año, se indica que el paciente “se halla en situación de gravedad y gran dependencia” con síntomas propios de un estadio avanzado. “Se trata de una enfermedad neurodegenerativa grave que da lugar de manera progresiva a la alteración grave de la movilidad, disautonomía, alteración mental, problemas respiratorios, problemas del sueño, dolor y disfagia”, describe el facultativo.

En otro de los informes a los que ha podido acceder este medio, la neuróloga asevera que la intervención del fisioterapeuta “constituye un pilar crítico y necesario en el abordaje integral de la AMS”, ya que la evidencia científica demuestra “que mejora significativamente la función motora”. En función de las limitaciones de movilidad del paciente, la especialista solicita “facilitar la fisioterapia en el entorno domicilio” y, añade, “este es un derecho reconocido bajo el marco de la Ley ELA, que ampara de forma explícita a pacientes con enfermedades neurodegenerativas complejas como la AMS, garantizando así la continuidad asistencial y la dignidad en el tratamiento”.

“El día a día es traumático”

En la actualidad, J. tiene asignada 10 horas semanales, una por la mañana y otra por la tarde de lunes a viernes, y el resto lo acompaña su esposa, A., que con 65 años apenas puede hacerse cargo del paciente, tanto por la falta de fuerza para manipularlo con soltura como por la carga mental que supone ver su paulatino e imparable deterioro físico. A partir de la pandemia, A. ha desarrollado varias dolencias en el ojo que le están haciendo perder la visión, además de que está sufriendo inflamaciones tanto en las caderas como en los hombros.

Intentando adelantarse a los tiempos de la Consejería, cuya respuesta es de 496 días —por encima de los 180 establecidos por ley—, ya le está empezando a tramitar la ayuda en dependencia. Pero, quien centra ahora sus preocupaciones es su padre, una persona vital, describe su entorno, que trajaba como comercial y formó una familia junto a A. y sus dos hijos. “Desde hace 15 años veo la evolución y J. ha pasado de ser una persona súper activa, que ha trabajado más de 35 años y lo ha dado todo por su familia y entorno, a no poder salir de una habitación, a pesar de que tu cerebro quiera. El día a día es absolutamente traumático”, relata Iván, la pareja de Teresa.

“Ve cómo esto afecta a la vida de los demás”

“Hay que asearle, darle de comer, desplazarlo, cortarle todo, se cae cada diez segundos. Cualquier ser humano merece una dignidad y él no la está recibiendo del Estado ni su entorno, y es lo que más me crispa: que el Gobierno alardee de leyes aprobadas y al final no lleguen al ciudadano”, comparte. Mientras Teresa lo escucha emocionada, su marido habla del sufrimiento de J. cuando contempla a quienes lo cuidan: “Ve cómo esto afecta a la vida de los demás. Esto no deja de ser una onda expansiva... La vida de mi suegro está sentenciada, lo que nos jugamos ahora es la vida de mi suegra, el trauma emocional de mi mujer, todo lo que está generando alrededor”.

El matrimonio, que vive a unas calles, está pendiente de los cuidados que necesite J., pero las cargas familiares y laborales impiden una entrega absoluta, aunque Teresa responde al teléfono cada vez que suena. “Mi padre ya apenas puede hablar. El otro día llamó y al contestar escuché los gritos y los llantos de mi madre de fondo. Colgué y fui”. Al entrar en la casa, forcejeó con ella para impedir que saltara al vacío.

Relata otro episodio, relacionado con la administración. Le pidió a un funcionario del Servicio de Valoración de la Dependencia de Granada, en la calle Joaquín Eguaras, que revisara el expediente de su padre. Insistió y, finalmente, le pidió que esperara. Al volver, le dijo que la trabajadora que se encargaba de los trámites tenía miles de carpetas sobre su mesa. Apenas faltan unos días para que comience agosto y, mediante el verano, teme que expire de nuevo la solicitud que registró en la ventanilla electrónica, aparte de la entregada en persona. ¿La atención privada es una alternativa? “Es inviable. El presupuesto son unos 9.000 euros mensuales para cubrir el día, pero sin que recoja lo que supone contratar a un especialista. El logopeda, el fisioterapeuta, la terapia ocupacional, todo eso queda aparte”.

Más de 90 solicitudes registradas

La Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace dos años. Con el acuerdo de enero de este año, se definió que para acceder a las ayudas del grado III+ se necesita cumplir dos de tres criterios: necesitar soporte ventilatorio más de ocho horas al día, la necesidad diaria de aspiración de secreciones e inmovilidad del tren superior. Una vez expedido el certificado médico, se establece la cuantía, que tiene un mínimo garantizado de 3.200 euros y un máximo de 9.850 euros al mes.

Hasta la fecha, según las fuentes consultadas, la Agencia de Dependencia del Gobierno andaluz contabiliza un total de 92 expedientes en trámite desde que se abrió el plazo en marzo, de los que 73 corresponden a ELA y el resto a enfermedades de alta complejidad. Hasta hace unas semanas, solo había seis expedientes resueltos, unos datos para los que se ha requerido la confirmación de la Junta, aunque al cierre de esta edición no había respuesta.

Raquel Galán, trabajadora social de la Asociación ELA Andalucía, habla con este medio sobre los pros y contras de la adaptación del modelo en la comunidad. “No está yendo como esperábamos, pero están rodando, poco a poco”, indica. La organización, que tiene diálogo directo con la Agencia, intermedia para agilizar el proceso tanto para los socios como los no socios con el objetivo de que las solicitudes se registren a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia (VED) y adquieran la calificación, en morado, de “urgente”. Una de las principales trabas es la adaptación del sistema informático para gestionar los datos que requieren el grado III+, unas “complicaciones” para las que espera una pronta solución. Pero la crític va dirigida hacia el modelo adoptado para el acceso a las subvenciones.

El modelo andaluz frente al resto de autonomías

Galán pone el ejemplo de las comunidades autónomas de Asturias o Comunidad Valenciana. “Han conseguido que no se aplique el IRPF ni se tenga que aportar un copago”, indica. Andalucía calcula la cuantía económica según el coste del servicio de ayuda a domicilio o de asistente personal que se contrate y la capacidad económica de la persona, como recoge la consejería de Loles López, mientras que Cantabria ha apostado por aportar el dinero en función de la intensidad de los apoyos que requieran los pacientes con independencia de la renta.

Otro obstáculo con el que se enfrentan las familias que han solicitado las ayudas, como la de Teresa, es que no hay suficientes empresas dedicadas a la ayuda domicilio con la formación especializada para atender a los pacientes con ELA o de alta complejidad. “Quitarle las secreciones, apoyarles en ventilación mecánica, poder darles la comida por el estómago, y no hablamos de que solo una persona esté capacitada, sino de dos o tres en función de lo que necesite la familia”, y en base a la jornada laboral y a las sustituciones que requieran los propios trabajadores.

Las necesidades de la enfermedad neurodegenerativa no solo atañe al ámbito de la dependencia, sino que da de lleno con la sanidad. Una dualidad que requiere la cooperación entre las consejerías competentes y que, en muchas ocasiones, como reitera Galán, “queda muy bonito en el papel pero no se lleva a cabo”. En referencia a la estrategia sociosanitaria de Andalucía, indican que hay dificultades con las Consejería de Salud, al igual que sucede en el resto del país, como constantan a través de la confederación estatal de la que forman parte, ConELA.

La ley de 2024 supuso un hito en España, ya que se trataba de la primera norma que se enfocaba en una enfermedad. “Tardaron un año en ponerla en marcha, después de que cada partido intentara hacerla suya”, recuerda, “el grado III+ es lo que ha salido más pronto, pero la formación sanitaria, la de los cuidadores de las empresas o la atención de fisioterapias queda pendiente”. Mientras, Teresa continúa a la espera de que llegue la ayuda para su padre y, así, se palie un poco el sufrimiento del paciente y de su familia.

Las ayudas a la mejora de la competitividad, lanzadas hace casi un año y dotadas con un millón de euros, se le atragantan al Gobierno del PP en Zaragoza. La Intervención municipal ha devuelto hasta en dos ocasiones el expediente con estas subvenciones debido al sinfín de errores detectados por el órgano de control en su tramitación. Según ha dicho este martes la coordinadora del Área de Economía, el trámite se resolvió de manera definitiva el pasado 10 de julio.

La convocatoria repartía casi un millón de euros entre autónomos y microempresas de Zaragoza, en dos líneas de ayuda: una de mejora competitiva general y otra ligada a la obligación legal de instalar caja registradora homologada y facturación electrónica. Se presentaron más de 500 solicitudes.

La primera resolución tuvo que corregirse de oficio poco después de aprobarse, por un error material en dos de sus anexos. El problema de fondo llegó cuando la Intervención General advirtió discrepancias en la imputación de gastos y en la acreditación de la cifra de negocio de los solicitantes, y obligó a repetir, solicitud por solicitud, el análisis de todas las candidaturas. Aquel parón obligó además a modificar las bases de la convocatoria para cargar el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente.

Hecha esta corrección, el Gobierno municipal firmó una nueva resolución provisional que llegó a autorizarse y a contabilizarse. Pero entonces se produjo la segunda devolución: la Intervención remitió un nuevo informe en el que exigía corregir errores de puntuación y de porcentaje de subvención en varios expedientes. Así, se computaron puntos por tener trabajadores contratados que, según la Seguridad Social, no existían, lo que además cambiaba el porcentaje de ayuda aplicable; en otros casos ocurría lo contrario. El órgano de control detectó asimismo fallos en el criterio de antigüedad de la empresa, una entidad admitida pese a superar el límite de tamaño permitido y un solicitante que cobraba sin estar dado de alta como empresario. El informe instaba, además, a revisar el criterio de reparto entre gasto corriente e inversión para garantizar uniformidad en todas las solicitudes.

“Una chapuza”

Este martes, en la comisión de Economía, el concejal del PSOE Guillermo Ortiz ha puesto el acento en el retraso acumulado y en la gravedad de los fallos. Ha considerado “sorprendente ver que en la segunda parte de 2026 se estén resolviendo” subvenciones de 2025, y ha recordado que el propio expediente reconoce que Intervención detuvo la convocatoria al ver que era “una chapuza y una trapala del Área de Economía”. Lo más llamativo, a su juicio, es que el expediente refleja una segunda devolución, advirtiendo “numerosas irregularidades de nuevo”. Ortiz ha concluido que la falta de un “criterio uniforme en el reparto” –algo que Intervención reclama– revela un problema de fondo: “Si no les llegan a pillar, estaríamos hablando de que ustedes, presuntamente, están regalando dinero público a empresarios que no son beneficiarios de las ayudas”.

En su respuesta, la coordinadora del Área de Economía, Elena de Marta, ha reconocido que “ha sido una convocatoria muy complicada, con muchos problemas, fundamentalmente derivados del elevado volumen de solicitudes que ha habido”. Ha defendido el trabajo de su servicio y del propio órgano fiscalizador y ha matizado que desde su punto de vista “no se puede considerar que haya errores de bulto”. Y ha explicado que “el servicio tramitador ha asumido todos los criterios de Intervención, y de ahí la existencia de la resolución provisional”.

De Marta ha querido subrayar que el expediente ya cuenta con una “resolución definitiva con el informe favorable de la Intervención a todos y cada uno de los solicitantes”, aprobado el pasado 10 de julio, y ha relativizado que el expediente se devolviera tras estar ya autorizado, al recordar que “las resoluciones provisionales no generan derechos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia un plan de recuperación para los afectados y afectadas en la zona del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara en el que desde el pasado jueves se está desarrollando el incendio forestal de La Mierla y que ha calcinado 26.000 hectáreas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno va abordar la elección de los encargados y la coordinación para llevar adelante los planes de recuperación que habrá que implantar en la zona después del incendio, tanto a nivel de infraestructuras como de “todo lo que necesiten los distintos municipios”.

El presidente autonómico ha cifrado el coste de extinción del incendio, hasta ahora, en casi 50 millones de euros, dejando un balance de 20.000 euros desembolsados por hectárea.

“Pero lo verdaderamente importante va a ser lo que estemos en condiciones de poner cuando hayamos podido con el incendio y haya muchas cosas que recuperar”, ha apostillado.

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez adelantaba este domingo que la Junta de Castilla-La Mancha “dada la envergadura” del incendio y pensando en las personas que viven en el entorno de más de veintena de municipios evacuados “y que lo van a perder todo”, está preparando un plan de recuperación de la zona “que permita a todos los vecinos y vecinas contar con aquellos elementos que hagan que su vida, desarrollo socioeconómico no se vea mermado”.

Añadía que han pedido “a la Administración General del Estado que nos apoye en ello y vamos a ir desgranando próximamente esas actuaciones, teniendo en cuenta que lo primero y principal es que controlemos el incendio, pero trabajando en medidas de recuperación de la zona”.

Solicitar el subsidio por desempleo podría dejar de ser sinónimo de citas imposibles, llamadas eternas o papeleo interminable en las oficinas públicas. Desde esta semana, entran en vigor nuevos métodos de identificación oficial que prometen agilizar los trámites de manera definitiva: si necesitas solicitar tu ayuda o prestación por desempleo, solo necesitas tu móvil, una nueva vía de acceso con las que podrás realizar todo el proceso de forma cómoda y con total validez legal.

La Administración se moderniza así para ponerlo más fácil, permitiendo verificar la identidad de forma rápida, segura y sin moverte de casa, ya sea a través de una pantalla o con una llamada de teléfono. Este gesto de modernización no es una decisión casual, sino un paso regulado por ley que da cobertura jurídica a lo que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando.

El marco legal de este cambio se recoge en la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de julio de 2026, y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Esta norma se apoya además en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con la Administración.

Sin embargo, esta nueva resolución va un paso más allá al regular específicamente la habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónicos y telemáticos, dándoles exactamente la misma validez y los mismos efectos jurídicos que si te presentaras físicamente en una oficina de empleo. Según detalla el propio texto del BOE, los pilares y objetivos de esta reforma son muy claros:

Con esta cobertura normativa, el SEPE no solo actualiza sus herramientas digitales (cuya sede electrónica nació en 2011), sino que abre la puerta una relación más directa, flexible y segura, adaptando la gestión de las prestaciones por desempleo a las tecnologías y necesidades de nuestro tiempo.

La evolución digital del SEPE: las dos nuevas formas de identificarte

El SEPE ya contaba en su sede electrónica con herramientas muy útiles que se pueden gestionar directamente desde el móvil. Hasta ahora, era habitual utilizar el portal para usar su simulador virtual (con el que calcular la cuantía de la prestación que te corresponde), sellar el paro o incluso descargar el certificado del IRPF para la declaración de la Renta.

Sin embargo, el gran cuello de botella siempre surgía a la hora de formalizar una solicitud oficial de subsidio, un trámite que obligaba a disponer de un certificado digital avanzado, usar el DNI electrónico o, en su defecto, conseguir una cita presencial para firmar a mano en la oficina. Con la nueva resolución de 2026, el SEPE amplía el catálogo de gestiones no presenciales para que puedas resolver prácticamente todo el proceso desde casa y sin necesidad de ser un experto en informática.

A las vías de acceso tradicionales (el certificado digital, el DNIe y el sistema Cl@ve), el SEPE incorpora dos nuevos métodos de verificación muy sencillos para que cualquier persona pueda identificarse rápidamente por teléfono o internet:

Adiós al papel: así se firma la solicitud desde casa

El verdadero salto de gigante de esta reforma es la validación legal de la “firma a distancia”. Ya no tendrás que acudir a una oficina a plasmar tu firma manuscrita; ahora el consentimiento se expresa y se registra de manera digital mediante dos canales diferenciados:

Para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano y evitar cualquier intento de suplantación de identidad, todo el proceso telefónico quedará registrado mediante grabación de voz o una diligencia formal, incorporándose al expediente de forma que se garantice la trazabilidad y la validez legal del trámite.

¿Qué gestiones se pueden hacer con este sistema?

Este modelo simplificado de identificación y firma se aplica a todo el ecosistema de protección por desempleo. Esto incluye trámites clave como:

Dado que la implantación de estas facilidades será progresiva, el SEPE irá actualizando de forma continua el listado de trámites específicos que admiten estas nuevas vías de firma directamente en su Sede Electrónica.

Esta reforma supone una excelente noticia para quienes residen en zonas rurales alejadas de las oficinas de empleo, personas mayores con dificultades de desplazamiento o cualquier trabajador que no disponga de tiempo para acudir presencialmente.

Sin embargo, para que todo funcione como un reloj, hay un requisito indispensable: debes asegurarte de que el SEPE tenga actualizados tu número de teléfono móvil y tu dirección de correo electrónico actuales. Si estos datos no coinciden con los que conservan en su base de datos, no podrás recibir los códigos de verificación indispensables para firmar tus solicitudes y se bloqueará el trámite a distancia.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega Molina, han formalizado un nuevo convenio de colaboración para la financiación, en condiciones preferentes, de iniciativas empresariales en el entorno rural.

La entidad financiera, a través de líneas de financiación específicas, pone a disposición de Recamder, sus Grupos de Acción Local y beneficiarios de iniciativas subvencionadas por los mismos, hasta 60 millones de euros para la puesta en marcha, ampliación o modernización de iniciativas empresariales en el ámbito rural de la región, según ha señalado Eurocaja Rural en una nota de prensa.

López Martín destacó que la firma de este convenio se enmarca dentro de la estrategia de apoyo permanente de la entidad fianciera al desarrollo rural, un ámbito que forma parte de la esencia y razón de ser de la cooperativa de crédito. Con una extensa implantación territorial y una firme apuesta por la inclusión financiera, la entidad continúa promoviendo alianzas con organizaciones e instituciones que persiguen mejorar la calidad de vida en los municipios rurales, como es el caso de Recamder y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El presidente de Recamder, Jesús Ortega, agradeció el esfuerzo realizado por la entidad financiera para impulsar esta iniciativa, “mejorando incluso las condiciones de convenios anteriores” lo que servirá para generar más oportunidades y acelerar la dinamización de la actividad económica en Castilla-la Mancha.

El consejero de Agricultura ha puesto de manifiesto el enorme valor que aportan los acuerdos de carácter público-privado al progreso de la región. En este caso concreto, destacó que el convenio sirve para dar solución a un verdadero problema que afecta al sector primario, como es la disposición de liquidez.

En el acto ha estado presente, también, el director general de Desarrollo Rural, Jose Juan Fernández Zarco.

Contra la exclusión financiera

Eurocaja Rural mantiene abiertas 311 oficinas en Castilla-La Mancha. Su modelo de proximidad le ha llevado a alcanzar una media de más de una oficina por cada 3 municipios de la región.

Además, aproximadamente el 30 % de su red comercial total se ubica en pueblos de menos de 2.000 habitantes, por lo que, para la entidad, la densidad demográfica de estas localidades no resulta una prioridad. Su objetivo es dar acceso a un servicio financiero completo y profesional a la mayor parte de los municipios de la región.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural la adopción de medidas extraordinarias de apoyo al sector ganadero extensivo ante la difícil situación que atraviesan las explotaciones como consecuencia de las condiciones climáticas registradas durante la presente campaña.

La escasez de precipitaciones, unida a las elevadas temperaturas y a la prolongada sequía, ha provocado que gran parte de los pastos naturales se hayan secado prematuramente, reduciendo de forma muy significativa la disponibilidad de alimento en las explotaciones ganaderas. Esta situación está obligando a numerosos ganaderos a comenzar a suplementar la alimentación de sus animales con piensos y forrajes mucho antes de lo habitual, con el consiguiente incremento de los costes de producción.

Además, la preocupación del sector es aún mayor si se tiene en cuenta que todavía resta por delante la mayor parte del periodo estival, durante el cual previsiblemente las condiciones de los pastos seguirán deteriorándose, incrementando la necesidad de alimentación suplementaria y comprometiendo la viabilidad económica de muchas explotaciones.

Por todo ello, la UAGR solicita que se habilite una línea de ayudas extraordinarias destinada a compensar los sobrecostes derivados de la alimentación del ganado, de forma similar a las ayudas concedidas en campañas anteriores con motivo de la sequía. La Unión considera que concurren nuevamente circunstancias excepcionales que justifican plenamente la puesta en marcha de este tipo de apoyo económico.

Del mismo modo, desde el sindicato se ha solicitado también que se flexibilicen los requisitos del Ecorrégimen de pastoreo, reduciendo el número mínimo de días exigidos de 120 a 60 días durante la presente campaña. Las actuales condiciones climáticas dificultan el cumplimiento del requisito sin poner en riesgo el estado de los pastos y el bienestar animal, por lo que esta medida evitaría penalizaciones injustas para las explotaciones ganaderas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el Decreto 50/2026, de 3 de julio, por el que se conceden ayudas directas por importe total de 500.000 euros a los buques pesqueros del segmento de otras artes distintas a arrastre y cerco que han sufrido pérdidas económicas por la disminución de capturas de caballa o verdel durante la costera de 2025.

La medida, en vigor desde hoy, está dirigida a 43 armadores con puerto base en Cantabria que acrediten actividad pesquera y una reducción de ingresos procedentes de esta pesquería respecto a los años anteriores.

Las ayudas se conceden de forma directa, al amparo del régimen de minimis, dada la situación excepcional que atraviesa el sector, ha señalado el Gobierno autonómico en nota de prensa.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha indicado que la “fuerte” caída de la disponibilidad de verdel “ha puesto en riesgo la viabilidad económica de parte de la flota, con repercusiones sobre el empleo, la economía local y el mantenimiento de la actividad pesquera tradicional en el litoral cántabro”.

Además, ha subrayado que la medida “se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno con el sector pesquero, sobre todo con el segmento de flota de artes fijas y menores, que sustenta a muchas familias y genera empleo tanto directa como indirectamente”.

Para agilizar su tramitación, la Consejería utilizará la información ya disponible en las administraciones competentes, reduciendo así las cargas administrativas para los beneficiarios, ha detallado el Ejecutivo.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros con el objetivo de reforzar de manera urgente la ayuda a la comunidad canaria en Venezuela. Se trata de una nueva inyección económica que irá orientada a recursos de primera necesidad para daminificados por los terremotos.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, donde ha precisado que, entre otras, se reforzará la compra de medicamentos y alimentos, que serán distribuidos por las 22 entidades canarias en Venezuela, con las que se está en “permanente contacto”.

La modificación presupuestaria permitirá, asimismo, incrementar el número de beneficiarios de tarjetas de alimentos en Venezuela, que se elevará de los 6.291 actuales a los más de 8.000 beneficiarios. Lo mismo ocurrirá con las tarjetas de medicamentos, que elevará su presupuesto para pasar de los 4.033 a los 6.000 beneficiarios.

Además, el Gobierno de Canarias ampliará hasta diciembre la cobertura de seguros médicos a canarios y descendientes residentes en Venezuela a través de la Fundación España Salud.

Balance de la ayuda prestada

Con el inicio de la emergencia, el Gobierno de Canarias activó un dispositivo de seguimiento y respuesta en Venezuela para evaluar daños, identificar necesidades y canalizar recursos de atención urgente.

A partir de ese análisis inicial, se activaron consultorios médicos de emergencia en las entidades canarias que desarrollan este programa en nueve estados de Venezuela, con el objetivo de atender necesidades sanitarias básicas y recabar información directa sobre la situación de los canarios, descendientes y familias afectadas.

Posteriormente, y tras constatar que La Guaira y Caracas concentraban una parte importante de las afecciones, se reforzó el dispositivo en estas zonas. En Caracas se mantuvieron los consultorios médicos de emergencia, mientras que en el resto de estados se recuperaron las franjas habituales de atención según demanda.

Atención a afectados

En La Guaira, el Gobierno canario ha activado un consultorio médico de urgencia en la Unión Canaria de Venezuela, en Macuto, junto a una oficina de apoyo de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, operativa de 8:00 a 17:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a las familias afectadas.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela también ha habilitado un número de teléfono específico para atender consultas, canalizar solicitudes y orientar a las personas afectadas. Hasta el momento, las oficinas descentralizadas han registrado 70 llamadas y 30 asistencias presenciales, centradas principalmente en información consular y consultas relacionadas con la situación de emergencia.

Por su parte, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha atendido 61 llamadas vinculadas a trámites consulares, solicitudes de asistencia urgente de alimentos y medicamentos, información sobre posibles ayudas a la reconstrucción y consultas sobre la convocatoria de tarjetas de alimentos y medicamentos.

Reparto de alimentos y medicamentos

En paralelo, el Gobierno de Canarias inició el reparto de las primeras ayudas de emergencia en La Guaira y Caracas gracias a las donaciones canalizadas por particulares y empresas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que se ha establecido como centro de acopio y distribución. En esta primera intervención se distribuyeron 150 bolsas de alimentos e hidratación en La Guaira y 30 en Caracas.

También se continúa trabajando con las entidades canarias y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para ampliar la entrega de alimentos de emergencia, articular el reparto de medicamentos específicos y estudiar la incorporación de nuevos servicios en La Guaira en función de la evolución de las necesidades.

Según informa el Ejecutivo regional, la Dirección General de Emigración mantiene reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y el Consulado General de España para actualizar la información, evaluar la evolución de la emergencia y ajustar el plan de respuesta de los próximos meses.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, que está dotada con 10,5 millones de euros.

Esta convocatoria, según ha informado la Consejería canaria de Universidades, incorpora mejoras dirigidas a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, así como se adelanta en el calendario, permitiendo a los estudiantes conocer con mayor antelación las ayudas disponibles para el próximo curso.

En cuanto a las principales novedades está la incorporación, por primera vez, de las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos al sistema autonómico de becas.

Además la convocatoria incrementa hasta los 3.000 euros la ayuda de residencia, mantiene la segunda oportunidad para quienes reorientan su itinerario académico, contempla ayudas por excelencia y revisa los umbrales de renta y patrimonio para facilitar el acceso a un mayor número de estudiantes.

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores “responde al compromiso de reconocer plenamente” estos estudios dentro del sistema público de becas y de ofrecer a su alumnado las “mismas oportunidades de apoyo que al resto de quienes cursan educación superior en Canarias”.

La convocatoria también mantiene ayudas para matrícula, residencia, transporte y discapacidad con el fin de responder a las diferentes necesidades del estudiantado y favorecer que las circunstancias económicas no condicionen la continuidad de su formación.

“Hemos vuelto a adelantar la convocatoria porque queremos que el estudiantado pueda conocer con mayor antelación las ayudas a las que puede optar y planificar el próximo curso con más seguridad. Seguimos mejorando una convocatoria que evoluciona para responder a las necesidades reales de quienes estudian en Canarias”, apostilló.

El calendario de la convocatoria de becas, subraya, ha pasado de publicarse en septiembre en 2023 a agosto en 2025 y en julio de 2026, lo que permite reforzar la planificación del procedimiento y ofrecer una mayor previsibilidad al estudiantado.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOC. La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha presentado hoy, día 3, tras su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la convocatoria de ayudas para que las entidades locales de La Rioja de hasta 20.000 habitantes puedan ampliar y mejorar infraestructuras eléctricas, puntos de recarga y proyectos de energías renovables de autoconsumo.

Dotada de 500.000 euros, esta convocatoria en concurrencia competitiva busca contribuir a los objetivos de ahorro energético y descarbonización de las Directivas UE 2018/844 y 2023/1791, en alineación con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Riojano de Energía y Clima (PRIEC).

“Queremos que los ayuntamientos reduzcan su consumo de energía no renovable y su coste energético, impulsando la transición energética local”, ha explicado Lázaro. Para ello, ha detallado, son tres las actuaciones subvencionables: “las nuevas instalaciones renovables para autoconsumo, que puede generar la energía solar fotovoltaica y eólica, solar térmica, biomasa y biogas o de aerotermia; la mejora de infraestructura eléctrica de suministro a instalaciones de transición energética; y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos”.

La intensidad de las ayudas, que no podrán superar los 40.000 euros conjuntos por entidad, es del 90 % en localidades con menos de 1.000 habitantes y de un 85 % en aquellas poblaciones que superen esta cifra poblacional.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir de mañana, día 4, y será necesaria una solicitud diferente por cada tecnología solicitada.

Los expedientes se presentan a través de la oficina electrónica en el siguiente enlace:

https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=25830

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) considera improcedentes las ayudas que el Ayuntamiento de Tudela, gobernado por UPN, concedió en 2023 al equipo de fútbol CD Tudelano, cuyo expresidente Ramón Lázaro está imputado por varios delitos, entre ellos el fraude en subvenciones. La OANA, tras una denuncia interpuesta por Contigo Tudela (Podemos, IU y Batzarre) también “recomienda” al consistorio de Tudela reclamar al equipo de fútbol el reintegro de los 13.970,12 euros que le fueron concedidos en la subvención de ese año.

En una resolución fechada el 30 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico, Anticorrupción considera que el Ayuntamiento liderado por Alejandro Toquero no debió concederle la ayuda al equipo de fútbol en 2023 “por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases reguladoras de las mismas, al no encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Junta Municipal de Aguas de Tudela”. La denuncia, que también afectaba a la convocatoria del año 2022, ha sido desestimada para ese año al considerar que en ese ejercicio el equipo “se encontraba al corriente de pago” y, por tanto, “no contravenía las bases que regulaban la convocatoria”.

El CD Tudelano contrajo en el año 2002 una importante deuda con la Junta Municipal de Aguas. En agosto de 2014 el club y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda en cuotas anuales de 7.482 euros que el Tudelano debe pagar cada mes de enero. En 2022 el montante total de la deuda ascendía a los 74.897,80 euros. Tanto ese año como en el 2023 el equipo no pagó su cuota de la deuda, lo que en la práctica le imposibilitaba presentarse a convocatorias de subvenciones municipales, tal y como recogen las bases de las mismas. Pero ello no impidió que el CD Tudelano recibiera 22.263,25 euros en subvenciones públicas durante el mismo periodo de tiempo.

Así lo advirtió la Intervención Municipal en un informe fechado el 21 de marzo de 2023 en el que expone que, pese a que el CD Tudelano no ha pagado las cuotas aplazadas de la deuda en los ejercicios de 2022 y 2023, el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato que tenía firmado con el equipo desde 2014 para el fraccionamiento de la deuda, ni le ha exigido la totalidad del importe adeudado. “Nada de eso se ha hecho e incluso se le han concedido tres subvenciones por actividades deportivas”, añade. Así, recoge que la Tesorería del Consistorio ha “compensado” los créditos que había a favor del Tudelano por las tres subvenciones, que ascendieron a 8.293,13 euros, con las cuotas del pago de la deuda de los años 2022 y 2023, que sumaban 14.965,76 euros. La deuda del CD Tudelano de esos años quedó así reducida a los 6.672,63 euros.

En noviembre de 2023 la Intervención Municipal volvió a advertir con un informe de reparo que el CD Tudelano no podía “recibir una subvención de 10.360,04 euros por el fomento del deporte base, y otra de 3.610,08 euros por el fomento del deporte de categorías superiores” por no estar al corriente “en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Con todo, el Ayuntamiento, liderado por Alejandro Toquero, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre de 2023, levantó el reparo y le concedió las ayudas.

Estas ayudas se concedieron durante la presidencia de Ramón Lázaro en el CD Tudelano. Lázaro fue detenido hace unas semanas y está imputado por varios delitos. Está acusado de liderar una organización criminal para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello, según el juez, habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

Otra subvención a un equipo de Ramón Lázaro

En la comparecencia en la que han dado a conocer la resolución de la OANA, el equipo municipal de Contigo Tudela también ha denunciado que el Gobierno de Toquero haya resuelto favorablemente un recurso interpuesto por el Ribera Navarra de fútbol sala, del que también era propietario Lázaro, para que le devolvieran 10.000 de un contrato de patrocinio que había firmado con el Ayuntamiento y que había sido tumbado por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

El TAN había anulado este contrato porque se había firmado el 7 de mayo de 2024 para la promoción de la ciudad de Tudela y de sus Fiestas de la Verdura, cuando estas fiestas ya se había celebrado en abril. El Ribera Navarra presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial que fue resuelta favorablemente por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Tudela el pasado 26 de mayo, pocos días antes de que Ramón Lázaro fuese detenido.

El Gobierno vasco ha ampliado las ayudas de 200 euros mensuales por hijo hasta los 4 años, uno más que hasta ahora. El decreto que las regula ya ha entrado en vigor, por lo que se pueden solicitar desde este jueves. Las familias monoparentales y las numerosas a partir del tercer hijo optan también a otra ayuda, esta de 100 euros por mes, desde los 4 años y hasta cumplir los 7.

Hasta ahora, había ayudas hasta los 3 años. Con la ampliación, se puede cobrar hasta el mes anterior del cuarto cumpleaños. Sin embargo, avisa el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, para solicitar la ampliación, hay que esperar a que termine la primera, porque, de lo contrario, se denegará. Una vez concluida aquella, hay que solicitar la ampliación en menos de seis meses, para que se reconozcan todos.

Estas son algunas de las claves de esta ampliación:

Cuantía de la ayuda y tramos

Hay dos tramos diferenciados: 200 euros mensuales de los 0 a los 4 años y 100 euros de los 4 a los 7, aunque en este segundo caso solo cuando se trata de una familia monoparental o el hijo ya es, por lo menos, el tercero.

La primera ayuda (una ampliación de una actual que llegaba hasta los 3 años) se puede cobrar hasta el mes anterior al del cuarto cumpleaños del hijo. Por tanto, si una hija, por ejemplo, ha cumplido 4 años en enero de 2026 o antes, ya no corresponde esa ampliación. Para los casos de adopción y tutela (incluidos los casos de gestación subrogada), se puede cobrar durante cuatro años desde que se inscribe al niño en el Registro Civil. En los casos de delegación de guarda, los cuatro años cuentan desde la resolución administrativa.

En el caso de las familias monoparentales, esnecesario que estén registradas en el censo del Gobierno vasco. Se puede cumplimentar este trámite a partir de este enlace. No se incluyen, aclara el Gobierno vasco, las familias “en situación de monoparentalidad”.

El Gobierno vasco incluye una lista de ejemplos variopintos en su web.

Cómo presentar la solicitud

La solicitud se puede presentar a través de Internet, si se cuentan con claves electrónicas (como la BakQ), en el formulario que se enlaza aquí. Si se prefiere hacer de forma presencial, es necesario solicitar cita previa en las oficinas de atención ciudadana Zuzenean. Para más información, se puede llamar a los números de teléfono 012 y 945 01 80 00. Está disponible, asimismo, la dirección de correo electrónico umeak@euskadi.eus.

El Gobierno vasco subraya que hay que hacer una solicitud por cada uno de los hijos por los que se quiere conseguir la ayuda. Existe la excepción de los partos o las adopciones múltiples (con gemelos, por ejemplo), en cuyo caso basta con una única solicitud para todos los hijos del mismo nacimiento.

Hasta ahora, existía una ayuda hasta los 3 años. Para conseguir ampliar esta ayuda hasta los 4, habrá que presentar una solicitud de ampliación. Hay que hacerlo, eso sí, el mes siguiente a la finalización de la anterior, porque, de lo contrario, se denegará. “No se amplía de oficio. En todos los casos será necesario presentar una nueva solicitud. La ampliación de la ayuda no se aplicará automáticamente”, recalca el Gobierno vasco.

Cuándo presentar la solicitud

La solicitud se puede presentar ya, desde este jueves, en que ha entrado en vigor el decreto que regula las ayudas. Se reconocen efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Para conseguir que se reconozcan esos efectos retroactivos, es necesario presentar la solicitud antes de que concluya el año.

Recuerda el Gobierno vasco que, en el caso de que se esté cobrando la anterior ayuda que llega hasta los 3 años y se quiera ampliar, hay que esperar a que finalice y luego solicitar la nueva. Pone el siguiente ejemplo para una hija nacida el 15 de noviembre de 2022: recibe la ayuda de los 0 a los 3 años hasta octubre de 2025 y luego le corresponde la ampliación desde enero hasta octubre de 2026.

El Gobierno de Canarias activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira, Venezuela, para atender a los canarios y sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

El Gobierno de Canarias informa de que el horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas.

La consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La nota del Gobierno de Canarias indica que la puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

Además en el plan diseñado por el Gobierno de Canarias está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, ha afirmado que la consulta médica en La Guaira permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más afectadas por el terremoto no solo desde el punto de vista sanitario, sino también para ofrecer acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades.

Téllez ha destacado la labor imprescindible que están realizando las entidades canarias en Venezuela y las oficinas descentralizadas, que son los ojos, las manos y la voz de Canarias sobre el terreno“.

Según explicó, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela se ha convertido en el centro logístico de referencia para coordinar la recepción, organización y distribución de las ayudas.

Además el Gobierno de Canarias agradece la solidaridad de las empresas, entidades y particulares que han colaborado para hacer posible esta primera distribución de ayuda de emergencia.

La nota añade que el Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.

Com se sol dir habitualment, en política les casualitats no existeixen i qualsevol moviment, per anecdòtic que puga semblar, té una explicació. Amb tot, és interpretable el motiu pel qual el grup popular a les Corts Valencianes ha maniobrat perquè el Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca puga disposar de 20 milions d'euros per a repartir a dit en forma d'ajudes per a millorar instal·lacions esportives entre ajuntaments, precisament enguany i l'any que ve, quan tindran lloc les eleccions autonòmiques i municipals.

En concret, els comptes autonòmics presentats recentment inclouen una partida de l'esmentada quantia per a dotar de fons el Pla de Modernització d'Infraestructures Municipals 2026-2027, “orientat a la millora, reforma, ampliació i adequació d'instal·lacions esportives municipals existents”. La modalitat de concessió descrita en la línia pressupostària és “per concurrència competitiva”. Això implica que les subvencions s'atorguen mitjançant la comparació i l'avaluació de totes les sol·licituds presentades i dels projectes que obtenen més puntuació segons criteris objectius establerts prèviament.

No obstant això, entre les esmenes presentades pels diferents grups de les Corts Valencianes als pressupostos, el PP n'ha registrat una perquè el sistema de repartiment d'aquests 20 milions d'euros es faça per “concessió directa”, una modalitat més ràpida i àgil, però també més discrecional.

D'altra banda, els populars també han proposat, mitjançant esmenes, eliminar la referència al Centre Raimon d'Activitats Culturals d'una subvenció d'1,2 milions d'euros a l'Ajuntament de Xàtiva per a la rehabilitació del Reial Monestir de Santa Clara, on s'ubica.

El projecte de pressupostos de la Generalitat inclou aquesta ajuda directa, segons recull textualment, per al “finançament de les obres de rehabilitació del Reial Monestir de Santa Clara per a la creació del Centre Raimon d'Activitats Culturals”. Posteriorment, el grup popular ha presentat diverses esmenes per a eliminar la referència al Centre Raimon. El portaveu dels populars, Fernando Pastor, va presentar aquest dimecres un escrit a la Mesa de les Corts per a retirar-ne una que incloïa una cosa poc habitual en aquest tipus de documents: la justificació de l'esmena.

Segons aquesta justificació, es demana la retirada de la referència al Centre Raimon amb el següent argument: “La modificació té per objecte vincular el finançament autonòmic a les obres de rehabilitació del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva i al seu destí general com a espai cultural, sense condicionar ni assumir l'ús concret que l'Ajuntament de Xàtiva vulga donar a l'immoble una vegada rehabilitat. D'aquesta manera, la Generalitat manté el seu suport a la rehabilitació patrimonial i cultural de l'immoble, però es desvincula expressament de la creació del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) com a destí específic de l'actuació.”

El mateix Consell va obrir un front amb l'Ajuntament de Xàtiva a compte d'aquest centre cultural en tractar de desvincular-se del projecte. La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat va notificar el passat mes d'abril l'inici del procediment d'extinció del conveni que havia de finançar les obres amb més de 3 milions d'euros. Lluny d'oferir una alternativa de finançament, l'Executiu autonòmic va anar un pas més enllà en exigir el reintegrament immediat de 399.265,56 euros ja abonats, als quals pretén sumar interessos de demora. Aquesta reclamació es va produir malgrat que l'Ajuntament ja havia executat aquests fons en la redacció d'un projecte integral a càrrec dels arquitectes Ramón Esteve i Carlos Campos.

Aquest conflicte explica la maniobra per a tractar d'esborrar de l'ajuda d'1,2 milions d'euros consignada en el pressupost de la Generalitat la vinculació amb el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

Como se suele decir habitualmente, en política las casualidades no existen y cualquier movimiento, por anecdótico que pueda parecer, tiene una explicación. A partir de ahí, es interpretable el motivo por el cual el grupo popular en las Corts Valencianes ha maniobrado para que el Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca pueda disponer de 20 millones de euros para repartir a dedo en forma de ayudas para mejorar instalaciones deportivas entre ayuntamientos, precisamente entre este año y el que viene, cuando tendrán lugar las elecciones autonómicas y municipales.

En concreto, las cuentas autonómicas recientemente presentadas incluyen una partida de la mencionada cuantía para dotar de fondos al Plan de Modernización de Infraestructuras Municipales 2026-2027 “orientado a la mejora, reforma, ampliación y adecuación de instalaciones deportivas municipales existentes”. El modo de concesión descrito en la línea presupuestaria es “por concurrencia competitiva”. Esto implica que las subvenciones se otorgan mediante la comparación y evaluación de todas las solicitudes presentadas a los proyectos que obtienen mayor puntuación según criterios objetivos establecidos previamente.

Sin embargo, dentro de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de las Corts Valencianes a los presupuestos, el PP ha presentado una alegación para que el sistema de reparto de estos 20 millones de euros se haga por “concesión directa”, una modalidad más rápida y ágil, pero también más discrecional.

Por otra parte, los populares han propuesto también vía enmiendas borrar la referencia al Centro Raimon de Actividades Culturales de una subvención de 1,2 millones al Ayuntamiento de Xàtiva para la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara, en el que se ubica.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat presentado incluye la mencionada ayuda directa, según recoge textualmente, para “financiación de las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara para la creación del Centro Raimon de Actividades Culturales”. Posteriormente, el grupo popular ha presentado varias enmiendas para eliminar la referencia al Centro Raimon. El portavoz de los populares, Fernando Pastor, presentó este miércoles un escrito a la mesa de las Corts para retirar una de ellas que incluía algo poco habitual en este tipo de documentos como es la justificación de la enmienda.

Según esta justificación, se pide la retirada de la referencia al Centro Raimon con el siguiente argumento: “La modificación tiene por objeto vincular la financiación autonómica a las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva y a su destino general como espacio cultural, sin condicionar ni asumir el uso concreto que el Ayuntamiento de Xàtiva quiera dar al inmueble una vez rehabilitado. De este modo, la Generalitat mantiene su apoyo a la rehabilitación patrimonial y cultural del inmueble, pero se desvincula expresamente de la creación del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC) como destino específico de la actuación”.

El propio Consell abrió un frente con el Ayuntamiento de Xàtiva a cuenta de este centro cultural al tratar de desvincularse del proyecto. La Dirección General de Administración Local de la Generalitat notificó el pasado mes de abril el inicio del procedimiento de extinción del convenio que debía financiar las obras con más de 3 millones de euros. Lejos de ofrecer una alternativa de financiación, el Ejecutivo autonómico fue un paso más allá al exigir el reintegro inmediato de 399.265,56 euros ya abonados, a los que pretende sumar intereses de demora. Esta reclamación se produjo a pesar de que el Ayuntamiento ya había ejecutado esos fondos en la redacción de un proyecto integral a cargo de los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos.

Este conflicto explica la maniobra para tratar de borrar de la ayuda de 1,2 millones de euros consignada en el presupuesto de la Generalitat la vinculación con el Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC).

“La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad,  propone la inclusión de la línea de subvención de concesión directa (...) por un importe de 7.131.791,01 euros, para poder tramitar las citadas ayudas”.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles esta resolución para habilitar los fondos necesarios para abonar las ayudas al alquiler a 3.000 familias que se quedaron fuera de la convocatoria del pasado año por falta de fondos públicos a pesar de cumplir los requisitos.

Según la publicación en el DOGV, “para su financiación, y con el fin de atender las necesidades expuestas, se propone la transferencia de disponibilidades existentes en el capítulo II del programa presupuestario 'Gastos diversos' por un importe de 5.631.791,01 euros, y en la línea de subvención de concurrencia competitiva 'Ayudas al alquiler de vivienda. Plan estatal acceso a la vivienda 2022-2025', del capítulo IV, por un importe de 1.500.000 euros ya que dichos créditos están en situación de disponible, y no están afectos a compromisos pendientes, ni vinculados a financiación condicionada”.

En consecuencia, se autoriza un incremento de crédito de 7.131.791,01 euros para la concesión directa “para el pago de ayudas a las personas desestimadas por agotamiento de crédito en la convocatoria de Ayudas al Alquiler 2025”.

El pasado 28 de mayo, la Vicepresidenta Primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, avanzó la aprobación inminente de esta modificación presupuestaria para hacer frente al pago de estas ayudas “para llegar al 100% de beneficiarios por segundo año consecutivo”, comentó.

El pasado 18 de diciembre se aprobó la concesión de ayudas para el pago de alquiler por importe de 23,7 millones de euros de los cuales 18,3 millones fueron a cargo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 5,3 millones a cargo de la Generalitat, para atender las ayudas correspondientes a 9.762 solicitudes.

Sin embargo, la misma resolución desestimó “2.969 solicitudes de las personas o unidades de convivencia debido al agotamiento de la financiación con que está dotada la línea presupuestaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025 para atender este programa de ayudas”. Por este motivo, la Generalitat habilita ahora esta nueva línea de 7,1 millones mediante fondos propios para cubrir a estas familias.

“Se trata de una medida extraordinaria que permite, como se hizo por primera vez en 2024 y, por tanto, por segunda vez desde que se tienen registros, otorgar la prestación al 100% de las personas que solicitaron las ayudas en la convocatoria de 2025 y cumplían los requisitos necesarios, al sumar a los 9.762 beneficiarios iniciales, 2.969 familias más que no habían sido incorporadas en la primera resolución por agotamiento de crédito”, dijo Camarero.

La vicepresidenta valenciana recordó que el Gobierno del Botánic “nunca llegó a pagar a todos los ciudadanos que tenían derecho a la ayuda al alquiler, llegando a dejar, en plena pandemia, en 2020, a más de 3.500 familias sin ayudas, lo mismo que sucedió en 2022 cuando dejaron fuera a 2.500 familias que cumplían los requisitos”.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución con la relación de ayudas concedidas para inversiones a bordo de buques pesqueros en 2026, por un importe total de 1.500.000 euros.

Convocadas en octubre de 2025 y resueltas en junio de este año, están cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA 2021-2027) y en un 30% por el Gobierno regional, con una contribución pública que puede alcanzar hasta el 75% de los gastos subvencionables.

En total, 46 beneficiarios -entre armadores, empresas y profesionales del sector- recibirán estas ayudas destinadas a mejorar la seguridad, habitabilidad y eficiencia de sus embarcaciones, así como a reducir el impacto ambiental de la actividad pesquera.

La inversión global asciende a 2.749.524 euros, que permitirá impulsar actuaciones como la modernización de equipos y artes de pesca, la mejora energética de los buques, la adopción de sistemas de propulsión más sostenibles, la reducción de emisiones y el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, incluidos los descartes y la recogida de residuos en el mar.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la relevancia de estas ayudas, que son “clave para garantizar el futuro” de la flota pesquera, al hacerla “más segura, más eficiente y, sobre todo, más sostenible”.

“La modernización de los buques no solo mejora las condiciones de trabajo de nuestros pescadores, sino que también refuerza la competitividad del sector en un contexto cada vez más exigente desde el punto de vista ambiental”, ha subrayado.

En esta línea, Susinos ha incidido en que estas inversiones contribuyen directamente a la protección del medio marino y al aprovechamiento responsable de los recursos, en línea con los objetivos europeos y autonómicos de sostenibilidad.

Censo de pescadores de angulas

Por otro lado, la Consejería, a través de la Dirección General de Pesca y Alimentación, ha publicado la actualización del censo de pescadores de angula de Cantabria.

La lista actualizada incluye un total de 19 pescadores autorizados, consolidando así un modelo de explotación responsable que equilibra la actividad tradicional con la conservación del recurso.

Esta resolución se enmarca en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de pesca en aguas interiores, recogidas en el Estatuto de Autonomía, y responde al cumplimiento de la normativa regional, estatal y europea orientada a garantizar una gestión sostenible de los recursos marinos, en particular de la anguila europea, una especie sujeta a medidas específicas de protección y recuperación.

La revisión del censo se realiza conforme a la Orden que regula las condiciones de acceso y permanencia en esta actividad, incorporando las bajas por el incumplimiento de los requisitos en las últimas campañas.

Cinco días después de los terremotos que han sacudido Venezuela, la angustia se vive también a miles de kilómetros de distancia. La comunidad venezolana residente en Castilla-La Mancha sigue con preocupación las labores de rescate, mientras trata de localizar a familiares y amigos y organiza iniciativas solidarias para hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.

“La comunidad venezolana aquí está bastante afectada por todo lo que ha acontecido en los últimos días”, explica Luis Alfredo Sequera, presidente de Planeta Migrante en Guadalajara. Desde que se produjo la tragedia, la asociación se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo para los alrededor de 2.500 venezolanos que residen en la provincia, muchos de ellos con familiares afectados directamente por la catástrofe.

La principal preocupación, explica, son las familias de quienes todavía no tienen noticias de sus seres queridos. La mayoría de quienes acuden a la asociación -más de 70 personas en estos días- buscan información sobre familiares desaparecidos o afectados. También colabora con Cruz Roja para prestar atención psicológica a algunas de estas personas.

Sequera asegura que la situación sobre el terreno sigue siendo crítica y considera insuficiente la respuesta de las autoridades venezolanas.

“La situación está fuerte porque el gobierno no ha llegado con la ayuda necesaria. Hay muchos edificios y estructuras que todavía no han sido tocadas cuando realmente hay mucha gente que está debajo de los escombros”, afirma. Asimismo, sostiene que “hay muchas más personas bajo los escombros y desaparecidas de lo que muestran las cifras oficiales”.

Una preocupación compartida por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recuerdan que “las autoridades han divulgado una información limitada que no está corroborada, por eso exigimos una divulgación pronta, creíble, periódica, sobre el alcance de los daños, el número de víctimas reales, las rutas de atención y el plan de contingencia. Es decir, expresamos y queremos transparencia”.

Su presidente, Erick Figueroa, también alerta de las dificultades para acceder a información independiente. “Estamos preocupadas por el acceso a esta información porque la libertad de prensa y de expresión ha sido severamente restringida durante años por una censura estatal. Recordemos que en Venezuela la red social X está prohibida, está bloqueada y la criminalización de los periodistas es constante”.

Pese a ello, destacan la respuesta solidaria que está generando la catástrofe. “Estamos sorprendidos por la capacidad de resiliencia y de solidaridad tanto del pueblo español como de los venezolanos, porque son capaces, ante una crisis como la que está ocurriendo, de ponerse en pie y expresar solidaridad tanto aquí como allí”, añade Figueroa.

Ayuda desde Castilla-La Mancha

De esa respuesta del pueblo venezolano es buen ejemplo Planeta Migrante. La asociación que preside Luis Alfredo Sequera puso en marcha esta pasado fin de semana una campaña de recogida de material de primera necesidad en Guadalajara.

La asociación ha logrado reunir 557 cajas de productos de primera necesidad, que ya han sido entregadas a una fundación encargada de hacerlas llegar a Venezuela siguiendo un protocolo de distribución entre las personas más afectadas. Y repetirán el fin de semana próximo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

“Este fin de semana nosotros vamos a estar otra vez, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para seguir con este trabajo”.

La entidad explica que lo más necesario en este momento son medicamentos, comida no perecedera, pañales y artículos de higiene. Pide que no se lleve ropa ni agua, debido a limitaciones en el peso para el transporte.

La carga emocional también pesa sobre quienes permanecen en España. “Estamos afectados, consternados de la situación, tristes, desconsolados. Hay personas que han perdido toda su familia completa y así, o sea, la preocupación es bastante”, concluye Sequera.

Desde Accem, ONG que trabaja con refugiados e inmigrantes, explican que buena parte de la comunidad venezolana residente en Castilla-La Mancha está preocupada por el futuro. “Si el futuro era un poco incierto, ahora ya ellos mismos no viven con un futuro, es donde el caos y la situación de anarquía cada día tiene más fuerza”, Braulio Carlés, responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha.

“Aquí hay familias, matrimonios con hijos, que hacen su vida más o menos normal, pero allí tienen hermanos, padres... y no saben cómo están. Y cuando saben cómo están, pues saben que la situación es preocupante desde el punto de vista económico y sanitario”.

Carlés también se muestra preocupado por las dificultades que tienen estos venezolanos residentes en Castilla-La Mancha para contactar con sus familiares en el país sudamericano.

“Lo normal es que no hayan conseguido contactar. Y quien lo ha conseguido, diariamente intentan hablar con ellos, saber cómo están, cómo se encuentran, cómo han pasado la noche”.

En Valdepeñas, el alcalde Jesús Martín ha anunciado que el consistorio prepara la aportación de una ayuda económica para hacer frente a esta catástrofe porque “los que hemos sufrido la ira de los elementos, como es Valdepeñas con las inundaciones, sabemos que el dolor está instalado hoy en Venezuela, pero la tragedia se alarga en el tiempo”.

El regidor municipal ha manifestado que “obviamente las vidas perdidas no se recuperarán, pero si que se podrán recuperar no pocos bienes destruidos de familias que se han quedado literalmente en la calle” y ha avanzado que se habilitará una partida de 6.000 euros que se harán llegar a través de Cáritas.

También ha querido trasladar su pésame “a los 169 venezolanos que residen y están empadronados en nuestra ciudad, algunos muy necesarios porque trabajan en la sanidad pública, y a la comunidad venezolana en general mostrar nuestra solidaridad ante una tragedia que extiende el dolor en un país ya castigado por su situación socioeconómica y política”.

Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su solidaridad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado ya el fallecimiento de 17 ciudadanos españoles, mientras que otras 138 personas continúan desaparecidas o sin que se haya podido establecer contacto con ellas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado este lunes que el Ejecutivo continúa trabajando en la identificación de todos los españoles afectados antes de determinar su distribución por comunidades autónomas, por lo que todavía no existe información sobre posibles castellanomanchegos entre las víctimas, heridos o desaparecidos.

La solidaridad también se ha dejado sentir en la región. Numerosos ayuntamientos castellanomanchegos han guardado este lunes un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, mientras que el Arzobispado de Toledo ha trasladado su cercanía al pueblo venezolano y a todas las personas que viven estos días marcados por el miedo y el dolor.

Cómo colaborar

Las organizaciones humanitarias recuerdan que, en esta fase de la emergencia, la forma más eficaz de ayudar son las donaciones económicas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) recomienda priorizar las aportaciones monetarias frente al envío de material, ya que permiten responder con mayor rapidez a las necesidades que van surgiendo sobre el terreno y evitan problemas logísticos.

La agencia aconseja canalizar la ayuda a través de organizaciones especializadas como Cáritas, Cruz Roja Española, Acción contra el Hambre, UNICEF España, Save the Children, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón o World Vision.

Mientras avanzan lentamente las labores de búsqueda, miles de personas continúan sin hogar y con dificultades para acceder a agua potable, alimentos y atención sanitaria. “Aunque el terremoto ocurrió hace unos días, la emergencia continúa y se intensificará a medida que logra acceder a más zonas afectadas. Hoy vemos a familias organizando su vida en carpas y refugios improvisados, donde el acceso a agua segura y condiciones básicas de higiene es fundamental para proteger su salud y su dignidad”, explica Dunia de Barnola, directora de Acción contra el Hambre en Venezuela.

UNICEF estima, además, que 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas, donde será necesario reforzar de forma urgente la protección infantil, la reunificación familiar, el apoyo psicosocial, el acceso a agua potable y la creación de espacios seguros para la infancia.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha publicado este lunes la convocatoria de ayudas al desplazamiento de estudiantes universitarios correspondiente al curso académico actual, cuya cuantía ha incrementado en 300.000 euros hasta llegar al millón.

Así lo ha informado el departamento regional, que ha destacado el adelanto de la convocatoria como “fruto del trabajo desarrollado por la Consejería para continuar mejorando la gestión de las principales líneas de apoyo al estudiantado universitario”.

La dotación inicial de la convocatoria asciende hasta el millón de euros, si bien el crédito tiene carácter ampliable, por lo que se podrá ver incrementado en función de la disponibilidad presupuestaria para atender las necesidades de esta línea de ayudas.

Con ella, se busca “sufragar parcialmente los gastos de desplazamiento del alumnado residente en Canarias que ha debido cursar estudios oficiales de grado o máster fuera de su isla de residencia, así como de quienes participan en programas de movilidad SICUE o Erasmus+”, siempre dentro de los requisitos de la convocatoria, precisa Universidades.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha resaltado el incremento de la dotación y el adelanto de la convocatoria, puesto que buscan “seguir reforzando una línea de ayudas que resulta esencial para muchos estudiantes universitarios de Canarias y continuar mejorando la gestión de unos procedimientos que tienen una incidencia directa en su día a día”.

Y ha añadido que cada una de las mejoras que impulsa su departamento “responde al compromiso de ofrecer una respuesta cada vez más útil, más eficaz y más cercana al estudiantado”, sobre todo porque “amplían sus oportunidades”.

Las cuantías oscilan entre los 120 y los 240 euros para los desplazamientos entre islas, en función del origen y el destino, y alcanzan los 360 euros para quienes hayan cursado estudios en universidades públicas del resto del territorio español o participado en programas de movilidad Erasmus+.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este lunes , 29 de junio, la Resolución 271/2026 de concesión de la ayuda correspondiente a la convocatoria pública 2026 de cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que beneficiará a 505 viticultores que recibirán 2.335.537,72 euros para actuar en una superficie de más de mil hectáreas.

De este modo, el Gobierno de La Rioja atenderá todas las solicitudes admisibles y realizadas por viticultores profesionales, titulares de viñedos inscritos en la DOCa Rioja de menos de 35 años y de variedad tempranillo, que tenían prioridad en la convocatoria. Además, también recibirán ayuda de los fondos FEAGA los 33 agricultores que se han comprometido a realizar el arranque, y suman 65 hectáreas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente recibió 619 solicitudes para realizar la cosecha en verde en 1.602 hectáreas. Al término del proceso de concesión, solo 33 solicitantes no tendrán ayuda para ninguna de sus parcelas, ninguno de ellos profesional agrario.

El plazo para solicitar el pago de la ayuda y llevar a cabo las operaciones será del 1 al 15 de julio. Los beneficiarios deberán comunicar la ejecución de la cosecha en verde dentro de ese mismo plazo, acto que se considerará como la solicitud de pago de la ayuda. Como en años anteriores, el Ejecutivo riojano cumplirá con los requisitos de la Intervención Sectorial del Vino comprobando que se ha realizado correctamente la cosecha en verde y el estado vegetativo en el cien por cien de las parcelas.

Más de 26 millones de euros para la cosecha en verde

La gestión de la medida de cosecha en verde en La Rioja ha permitido apoyar a 1.740 viticultores con 14 millones de euros en actuaciones realizadas en 3.604 hectáreas durante 2024, y a otros 1.037 solicitantes se beneficiaron de ayudas por importe de 12,2 millones para 3.400 hectáreas en 2025. 

Con el objetivo de compensar los problemas de comercialización y pérdida de renta de las explotaciones vitícolas, el Gobierno de La Rioja realizó un esfuerzo financiero con fondos propios en los dos últimos ejercicios presupuestarios para habilitar una línea de ayuda dotada con 4,5 millones cada año, que permitió atender las solicitudes de 285 viticultores con una superficie conjunta de 1.200 hectáreas en 2024, y 764 para 1.184 hectáreas el año pasado.

Por otro lado, gracias a la obligatoriedad establecida de firmar contratos a precios acordes con ese objetivo de la rentabilidad, la medida de destilación benefició a 5.054 agricultores que recibieron ayudas por importe de 15 millones de euros en 2023, una cantidad que se incrementó a los 16 millones, que llegaron a 7.050 viticultores en el año 2024. 

Las medidas puestas en marcha para apoyar al sector vitivinícola han contribuido a reestablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de vino, con el objetivo de paliar la situación de crisis de mercado. Cuando se iniciaron estas actuaciones, la ratio entre existencias y ventas se situaba en 3,8. Gracias al esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional, y unido a unas cosechas de menor producción, este indicador se encuentra actualmente en niveles cercanos al 3.

El Gobierno de La Rioja mantendrá su compromiso de apoyo a los viticultores riojanos, trabajando para devolver la rentabilidad al sector y desarrollando todas las iniciativas que estén a su alcance y que hayan sido acordadas por el propio sector. En este sentido, durante el próximo 2027 habilitará fondos propios para financiar la regulación de masa vegetal voluntaria. Para ello, la Consejería de Agricultura espera contar con la colaboración del resto de administraciones para completar la aportación con fondos por parte del Ministerio de Agricultura y de la ISV.