Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

“Los padres de mi padre no habían estado ni del lado de las víctimas ni del lado de los verdugos. No se habían distinguido por actos de valentía, pero tampoco habían pecado por exceso de celo. Simplemente eran Mitläufer, personas 'que siguen la corriente”, nos explica la escritora y periodista franco-alemana, Géraldine Schwarz, en su libro editado en español con el título “Los amnésicos”. En esta obra imprescindible de memoria histórica del nazismo, la autora escruta el comportamiento de su familia como epítome de la inmensa mayoría del pueblo alemán que contribuyó al Holocausto mediante la acumulación de pequeñas cobardías que habían creado las condiciones necesarias para el desarrollo de “los peores crímenes de Estado organizados que la humanidad haya conocido jamás”, explica Schwarz.

Quizás sea este el ejemplo más cercano que tenemos en la historia reciente que nos demuestra la importancia del comportamiento, aparentemente inocuo, de los indiferentes y socialmente individualistas que no se comprometen con nada y se mantienen en la indiferencia porque van a lo suyo -en falaz equidistancia- sin apoyar ni a tirios ni a troyanos. 

Cuando las tropas aliadas entran victoriosas en territorio nazi y descubren las atrocidades del régimen de Hitler se produce una catarsis de incredulidad mundial ante la aparición de aquellos seres humanos convertidos en esqueletos vivientes y de los horrores que relatan. La asunción de la culpa o, cuando menos, de la responsabilidad de todo un pueblo, evidentemente cómplice silencioso o partícipe de la locura del III Reich, ha sido un proceso largo y doloroso que todavía está por concluir y que afecta a toda Europa.

Hijo bienvenido de aquel desastre humanitario y criminal es el marco de la legalidad internacional, acuerdos e instituciones vigentes, diseñadas para buscar y mantener la paz a través del diálogo y los compromisos. Es lógico que se enciendan todas las alarmas, cuando vemos que todo salta por los aires con tres peligrosos y muy poderosos protagonistas que se destacan por su desacato manifiesto al statu quo mundial como hacen Trump, Netanyahu y Putin en estos tiempos. Que no nos extrañe la desesperanza y desazón que despiertan y contagian los furibundos belicistas con sus atronadoras amenazas que retumban en todos los medios de comunicación cada mañana y aterrorizan a los internautas durante las 24 horas del día.

Hoy comprendemos muy bien la depresión que embargaba a Stefan Zweig cuando, en carta al escritor Joseph Roth, confiesa en 1933: “Me siento muy oprimido. Mi amargura por la desgracia política me atormenta como un nervio inflamado. Temo por Austria, y la caída de Austria sería también, en lo más hondo, nuestro fin”. La negra premonición del judío austríaco se vería cumplida con el peor de los escenarios poco después.

En sistemas democráticos occidentales actuales, tenemos la suerte de que la sociedad civil se expresa mediante la opinión pública, el activismo y las movilizaciones. Así ha ocurrido frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los desmanes imperialistas y autoritarios del presidente de los Estados Unidos o la respuesta cívica y crítica ante el genocidio del gobierno de Israel contra los gazatíes, tras el atroz atentado de Hamás y secuestro de israelíes, el 7 de septiembre de 2023. Sin embargo, los autócratas siempre buscan mecanismos que acallan las protestas y, para ello, cuentan con múltiples recursos como las fuerzas del orden y algunos tribunales. En este caso, la eficacia de tales instrumentos de coacción palidece ante la colosal influencia de las redes sociales, que multiplican ad infinitum el poder de medios tradicionales.

Cuando, en octubre de 2023, Israel respondió al atentado de Hamás con una nueva guerra (la segunda después de Yom Kipur en 1973), emprendió una agresión de tal magnitud contra la población civil gazatí que ha sido reiteradamente calificada como genocidio por el empleo de tácticas de exterminio contrarias al Derecho Internacional. El Tribunal Penal Internacional y la ONU denunciaron los crímenes de lesa humanidad del Ejército israelí: asesinatos de niños y bebés, desplazamientos de 2 millones de personas, destrucción de hospitales, mezquitas y cementerios… Han sido acreditadas atrocidades que el mundo ha visto en el cine y la televisión, como la hambruna a causa del uso del hambre como castigo colectivo, asesinatos de menores a sangre fría, sin olvidar el bloqueo del suministro de agua y la ayuda humanitaria. 

Personalidades del mundo de la cultura, el cine, el ecologismo y la política participaron el año pasado en una iniciativa propagandística contra la guerra, -convocada por organizaciones humanitarias- y se embarcaron en la “Global Sumud Flotilla” que, el 1 de septiembre del 2025, inició su singladura. La flotilla solidaria con el pueblo palestino concitó el apoyo de 42 países con activistas que pretendían romper el aislamiento de ayuda humanitaria a Gaza. La iniciativa tuvo una enorme repercusión y recibió una solidaridad asombrosa por cada puerto por el que pasaba desde donde se despedía y celebraba esta manifestación marítima al grito de “Gaza no estás sola”. Aunque los barcos fueron bloqueados antes de lograr su objetivo y los activistas detenidos y deportados, la flotilla constituyó el mayor éxito propagandístico y mediático de las protestas contra el genocidio.

Gracias a periodistas y cooperantes que transmitían al mundo lo que estaba ocurriendo en esa franja de Gaza, las gentes decentes de las democracias se rebelaban y denunciaban el horror y las matanzas con diversas manifestaciones y protestas. Los gobiernos empezaron a darse cuenta de que no podían permanecer por más tiempo en la equidistancia de la culposa indiferencia y surgieron nuevos gestos diplomáticos contra Israel aumentando. Se multiplicó el número de países a favor de un estado palestino en convivencia pacífica con Israel. 

El resultado de las atrocidades del gobierno de Netanyahu empezaba a volverse en su contra hundiendo en el abismo su imagen de víctima. Pero Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, acudió en su ayuda y se sacó de la manga -el pasado mes de octubre- un bonito Plan de Paz que incluía un engañoso alto el fuego. Un cese de hostilidades que no ha sido tal porque se estima que el ejército de Israel ha matado a 700 palestinos desde entonces, además de bombardear a la población civil del Líbano y seguir apoyando las ocupaciones de colonos en Cisjordania.

No hay duda de que el Plan de Paz ha sido un rotundo éxito para sus promotores. El llamado alto el fuego de octubre ha conseguido lo que Israel necesitaba: el silencio internacional y el aislamiento completo de la población gazatí. Confinados en una estrecha porción del territorio, la población continúa sin alimentos, agua, ayuda humanitaria o sanitaria. Los periodistas y el personal sanitario local han sido asesinados y no está autorizada la entrada a Gaza de la prensa internacional. Ya no tenemos imágenes que desde el interior se enviaban a fotoperiodistas y corresponsales extranjeros. No sabemos qué está pasando allí dentro. 

La guerra de Trump contra Irán y el coincidente ataque de Netanyahu al Líbano terminaron por completar la maniobra. El impacto de esta nueva guerra -de tintes dramáticos por sus protagonistas y el impacto económico mundial- ha terminado por desplazar a Gaza del interés mundial. Primero, desapareció de las portadas, después de las noticias y, posteriormente, de las preocupaciones de la ciudadanía. Los poderosos han cubierto con un tupidísimo velo lo que está pasando en Gaza, donde millones de personas siguen sufriendo la tortura de una limpieza étnica que nadie parece poder impedir. 

El pasado domingo zarparon de varios puertos del Mediterráneo naves que a estas horas navegan formando una nueva otra Global Sumud Flotilla, con 3000 activistas de un centenar de países en singladura hacia Gaza. En esta ocasión, cuentan con la veteranía de Greenpeace y Open Arms para establecer un corredor humanitario de ayuda a Gaza. Esta pertinaz flotilla supone la mayor intervención civil coordinada que se ha organizado en apoyo del pueblo palestino. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Apenas ha tenido reflejo en los medios de comunicación. No hay cabida en los periódicos ni minutos de televisión para hablar de Gaza. Esta flotilla, más numerosa, mejor organizada y preparada que la anterior, ha sido despedida con indiferencia. La ciudadanía está angustiada por otra guerra, por su economía y por lo que pueda venir. Me pregunto si nos llamarán Mitläufer cuando, algún día, las tropas aliadas entren en Gaza y descubran lo que está ocurriendo allí.

El Gobierno de La Rioja ha lanzado hoy, día 16, la quinta convocatoria del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, ayudas directas dirigidas a la consolidación del trabajo autónomo en la región por un importe de 3,5 millones. Esta nueva línea de subvención permanecerá abierta hasta el próximo 14 de mayo (14:00 horas).

Las ayudas, que oscilarán entre 2.100 y 2.700 euros por solicitante dependiendo de la edad, actualiza el apoyo del Ejecutivo de Gonzalo Capellán a los profesionales autónomos que se habían dado de alta durante el ejercicio 2024 y 2025, y que no se pudieron beneficiar de las cuatro convocatorias anteriores. 

Por tanto, la convocatoria está destinada a autónomos riojanos individuales, familiares colaboradores, mutualistas y societarios, con una base liquidable en su IRPF que no supere los 60.000 euros, que no hayan cumplido previamente los requisitos de temporalidad acreditada. 

En el marco de una política que apuesta por la simplificación y agilización de trámites administrativos, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria podrán solicitar estas ayudas directas a través de un formulario electrónico incluido en la página web de la ADER (www.ader.es), sin necesidad de aportar el DNI.

En las anteriores cuatro convocatorias, se vieron beneficiados un total de 19.083 autónomos, incluyendo por primera vez a agricultores y ganaderos, y se movilizaron 42.976.100 euros para apoyar a una figura clave del tejido productivo de La Rioja. 

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha recibido este año 75 solicitudes para acogerse a las ayudas de primera explotación o de nuevos agricultores, de las cuales 48 corresponden a personas de entre 18 y 40 años. Las 27 solicitudes restantes han sido presentadas por nuevos agricultores de entre 40 y 56 años.

Esas seis de cada diez solicitudes de personas menores de 40 años, según la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, reflejan la “revitalización” del sector agrario en Cantabria con la incorporación de nuevas generaciones y la renovación de los modelos productivos.

El Ejecutivo autonómico ha recordado este miércoles en una nota de prensa que estas convocatorias consisten en subvenciones a la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores con una dotación presupuestaria de 3,7 millones de euros, para facilitar el acceso a la actividad agraria, misma cantidad que en 2025.

Susinos ha participado este miércoles en la entrega de los diplomas correspondientes a los Cursos de Incorporación a la Actividad Agraria 2026 en la sede del Centro de Investigación y Formación Agraria a 25 alumnos que han finalizado su formación en las especialidades de gestión de explotaciones hortofrutícolas, vacuno de leche y vacuno de carne.

La consejera ha asegurado que el sector agrario no solo es un motor económico “vital” para la región, sino que también es un elemento “esencial” para la conservación del territorio, la lucha contra el despoblamiento y la garantía de la soberanía alimentaria. Además, ha subrayado la importancia de que los jóvenes no solo continúen con la tradición agraria, sino que también impulsen la innovación y modernización del sector, adaptándose a las exigencias del mercado y a las necesidades del entorno.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar y fomentar la adopción de los animales de compañía en la Comunidad Autónoma para el año 2026, con una dotación total de 20.000 euros.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo reforzar el trabajo que desarrollan las asociaciones protectoras de animales en la acogida, cuidado y búsqueda de hogar para animales abandonados, así como promover la adopción y la tenencia responsable. Las entidades beneficiarias deben ser sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y que no pertenezcan al sector público, además de tener domicilio fiscal y desarrollar su actividad en La Rioja.

La convocatoria establece una ayuda de 100 euros por cada animal adoptado procedente del Centro de Acogida de Animales de La Rioja, que podrá incrementarse en 50 euros adicionales en el caso de animales de especial dificultad de adopción, como aquellos de edad avanzada, gran tamaño, con enfermedades crónicas o con discapacidades. La cuantía máxima a percibir por cada entidad beneficiaria será de 10.000 euros.

Asimismo, se financiarán con hasta 500 euros las iniciativas de promoción de la adopción y protección animal, como campañas de divulgación, jornadas técnicas o actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente su publicación en el BOR, y deberá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=25699 Las ayudas cubrirán actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de justificación establecida en la resolución de convocatoria.

En este sentido, el Ejecutivo regional continúa impulsando medidas que promueven una gestión responsable de los animales de compañía y fomentan la implicación de la sociedad en su protección, contribuyendo a mejorar las tasas de adopción y a garantizar una atención adecuada a los animales abandonados.

Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás. 

Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.  

Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas

A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.  

Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios. 

Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.  

Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.

El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria. 

La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha presentado el nuevo paquete de ayudas en materia deportiva convocadas por el Gobierno de La Rioja y publicadas el 13 de abril en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Las nueve líneas movilizan en conjunto más de 1,6 millones de euros y están dirigidas a ayuntamientos, entidades locales, entidades deportivas, asociaciones y diferentes estamentos del deporte riojano con el objetivo de reforzar la práctica deportiva, la formación, promover hábitos de vida saludable y consolidar el sistema deportivo en todo el territorio. 

“El deporte es salud, cohesión y también oportunidades. Con estas convocatorias queremos que los ayuntamientos puedan mantener sus instalaciones y equipamiento, que los clubes y las entidades deportivas sigan dinamizando nuestros municipios y que los deportistas riojanos encuentren respaldo para desarrollar su talento, así como que jueces y técnicos puedan seguir formándose”, ha afirmado Azcona, quien ha subrayado que el Ejecutivo regional mantiene una política deportiva integral que abarca desde el deporte base hasta el de alto rendimiento.

A estas convocatorias, se sumarán en las próximas semanas siete líneas más que atenderán, en este caso, a ligas regulares, Juegos Deportivos, federaciones deportivas, técnicos municipales, igualdad de género y material para deporte adaptado. De esta forma, a lo largo del presente año, el Gobierno de La Rioja impulsará el deporte en la región con un volumen de ayudas superior a los 3,7 millones de euros.

De esta manera, como ha destacado Azcona, “el Ejecutivo regional sigue apostando de forma firme y notable por el deporte riojano con un destacado aumento de las becas para deportistas riojanos con proyección en el deporte de alto rendimiento, duplicando las ayudas en formación desde el inicio de la legislatura e incrementando la cuantía para la participación de los deportistas y equipos en las pruebas deportivas de carácter nacional e internacional gracias al gran estado de forma en el que se encuentra el deporte de nuestra región. Además, de la notable y sostenida subida de las convocatorias que apoyan entidades locales para el mantenimiento y el equipamiento”. 

Instalaciones municipales más cuidadas y mejor equipadas

El bloque de apoyo a las entidades locales incluye 250.000 euros para que los ayuntamientos ejecuten obras de reparación, conservación y mantenimiento en instalaciones deportivas de su titularidad, así como actuaciones necesarias para garantizar su seguridad y correcto uso.

A esta línea se suman 118.000 euros destinados a la adquisición de equipamiento inventariable, tanto deportivo como complementario, con el fin de modernizar y actualizar los recursos materiales de las instalaciones municipales.

El respaldo al ámbito local se completa con 31.000 euros para la organización de actividades deportivas de tiempo libre promovidas por entidades locales.

Más promoción y dinamización del deporte riojano

El tejido deportivo riojano cuenta también con 80.000 euros para que las entidades deportivas desarrollen actividades deportivas de tiempo libre entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y con 28.000 euros destinados a asociaciones riojanas de utilidad pública e interés social que continúen promoviendo la práctica deportiva entre la sociedad riojana.

Asimismo, se ha convocado la línea de ayudas, por un importe de 230.000 euros, para la organización de pruebas deportivas de carácter nacional e internacional en La Rioja, orientada a respaldar a las entidades que participan en competiciones de carácter nacional e internacional y contribuyen a la proyección exterior de la Comunidad.

Impulso al talento deportivo y a la formación

El paquete de ayudas incluye además 13.000 euros para deportistas riojanos con discapacidad y 145.000 euros para deportistas con proyección en el ámbito del rendimiento, con el fin de acompañar su progresión competitiva.

A ello se suman 62.000 euros para la formación de técnicos, jueces o gestores deportivos, reforzando la cualificación del sistema deportivo autonómico y garantizando una mejora formativa de la que se beneficiarán los deportistas riojanos.

Los plazos de presentación de solicitudes comienzan a computar desde el 14 de abril. En este sentido, las ayudas dirigidas a deportistas y formación disponen de 30 días hábiles, mientras que las destinadas a ayuntamientos, entidades deportivas y asociaciones cuentan con un plazo de dos meses. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede del Gobierno de La Rioja.

Un anticipo del 50% para dar mayor liquidez a los clubes

A estas nueve líneas publicadas en el BOR se sumarán siete convocatorias de las cuales dos, por su elevada cuantía, ya se ha autorizado y aprobado el gasto por el Consejo de Gobierno. La convocatoria 2025-2026 de ayudas a las federaciones deportivas riojanas incrementa su dotación hasta los 1.145.000 euros, consolidando el respaldo estructural a sus programas y competiciones oficiales.

Por su parte, el Ejecutivo regional destinará 1.075.000 euros a apoyar a entidades deportivas riojanas que compiten en ligas regulares oficiales de carácter nacional y en pruebas de ámbito nacional e internacional. Esta convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, introduce como novedad un anticipo del 50% de la subvención concedida con el fin de dotar de mayor liquidez a los clubes y facilitar el inicio de la temporada deportiva en mejores condiciones de estabilidad financiera.

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy, día 14, el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de la ADER para este año 2026, que destinará 45.150.000 euros a la convocatoria de las diferentes líneas de ayuda previstas para emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas de La Rioja.

El PES integra las ayudas incluidas en el Plan para la Competitividad del Comercio Minorista (700.000 euros) o las destinadas a las nuevas empresas de base tecnológica (2 millones), cuyas convocatorias serán publicadas mañana, o las dirigidas a los trabajadores autónomos (3,5 millones), a la adquisición de vehículos (1 millón), así como todas las destinadas a fortalecer la competitividad industrial, la financiación, el emprendimiento o la innovación en esta comunidad autónoma, queirán siendo publicadas durante las próximas semanas.

En este contexto, el planteamiento trianual de este plan estratégico (163,5 millones de euros para el periodo 2025-2027) supone una novedad que facilita los ritmos de ejecución de cada línea, consolidando la simplificación y la agilizaciónadministrativa.  

Asimismo, gracias a la figura de la presolicitud, la ADER permite a los potenciales beneficiarios manifestar anticipadamente su intención de acceder a las ayudas con efecto incentivador, sin perjuicio de la posterior presentación de la solicitud formal una vez publicada la correspondiente convocatoria. Así, garantizando el cumplimiento del efecto incentivador, se consigue evitar la paralización de inversiones estratégicas, favoreciendo la planificación empresarial.

Este PES está financiado con fondos propios de la ADER, que ésta recibe de la Comunidad Autónoma a través de transferencias nominativas; mientras que el0,35% aproximadamente se financia a través de fondos FEDER y el 2,26% con fondos PRTR.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este lunes que su Gobierno trabaja en un plan de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, que va a movilizar al menos 40 millones de euros y que se va a aprobar “muy pronto”. “Pueden y deben estar tranquilos porque tenemos ya sobre la mesa en estos momentos más de 61 millones de euros”, ha ahondado Sáenz de Buruaga.

Buruaga ha respondido así en el pleno del Parlamento de Cantabria a una pregunta del portavoz socialista, Mario Iglesias, quien la ha acusado de no haber puesto en marcha “ni una sola medida” para ayudar a empresas y ciudadanos a afrontar los efectos de esa guerra, mientras que ha reivindicado la “determinación” el Gobierno de España para poner aprobar 80 medidas que suman 5.000 millones de euros.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha tachado el plan de medidas del Ejecutivo central de “insuficiente” y ha criticado que esos recursos económicos están financiados por las comunidades autónomas en un “yo invito y tú pagas”. “Cantabria ha empezado a responder ya con 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio, es decir, 7,2 millones de euros al mes”, ha sentenciado. 

Y ha incidido en que su Gobierno trabaja, al margen de ese dinero, en un plan “listo para ser activado” y en el instrumento para activarlo que es, ha añadido, el presupuesto de Cantabria, que entrará en vigor el 1 de mayo.

Según ha avanzado, ese plan contempla un primer paquete de medidas estructuradas en diferentes ejes, con medidas de vigilancia, asistencia y coordinación, con medidas de liquidez y financiación para empresas y autónomos e implementará acciones para reducir el impacto derivado del aumento de los costes energéticos.

Asimismo, pondrá en marcha otras medidas encaminadas a proteger el comercio minorista, reforzar la exportación y la promoción, y mejorar la vigilancia, la asistencia y la coordinación con los diferentes colectivos implicados.

Buruaga ha pedido a los socialistas “coherencia”, porque “cuadra muy mal pedir ayudas a otros que no han demandado en sus propias filas cuando la era Sánchez deja más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018”, ha concluido. 

Iglesias ha replicado a la presidenta que el proyecto de presupuestos de Cantabria no contempla “una sola medida” para hacer frente a los efectos de la guerra y ha dicho que, entre las enmiendas que los socialistas van a presentar al documento mañana, martes, pedirán introducir deducciones fiscales para empresas y familias.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento regional la puesta en marcha de un paquete de medidas económicas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis derivada de la guerra. Capellán ha avanzado que estas iniciativas actuarán de forma “complementaria” a las del Gobierno central, a las que ha calificado de “insuficientes y decepcionantes”, alineándose así con las críticas vertidas por la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y el sector del transporte.

Ha apuntado que existe una guerra en contra del derecho internacional con consecuencias globales, como el incremento del coste de la energía y de los hidrocarburos, “sobre los que el Estado recauda el 40% vía impuesto”, ha recordado. Un conflicto que afecta, en cadena, a todos los sectores y en última instancia a los ciudadanos y ante el que “la competencia y la responsabilidad es del Gobierno de España”, ha enfatizado. A este respecto, el Ejecutivo regional comparte con los representantes de distintos actores y sectores económicos la valoración sobre estas medidas estatales adoptadas hasta el momento: “son críticas, por insuficientes y decepcionantes”. 

En el ámbito regional, “se analiza sector a sector y tomaremos medidas rigurosas, efectivas y que complementen las del Estado, en la medida de nuestras competencias, para ayudar a la economía regional”, ha señalado. A este respecto, ha avanzado que próximamente las consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente; y la de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo presentarán sendos paquetes de medidas específicos para los sectores productivos de nuestra región.

A su vez, ha recordado la deuda vigente de 18 millones de euros que desde hace años el Estado mantiene con esta comunidad motivada por la falta de aprobación de los Presupuestos del Estado, que impiden la transferencia a la Comunidad de las compensaciones económicas por la extracción de gas natural en terrenos de Sotés y Hornos de Moncalvillo. Una cantidad importante que se podría destinar a sufragar estas medidas.

Escudo fiscal ante la inflación

Gonzalo Capellán ha recordado que, al margen de las propuestas que se pueden adoptar, ya están en vigor en esta región otras como la prórroga del bono térmico o las deducciones fiscales para ayudar a afrontar los intereses en el pago de las hipotecas. Medidas importantes que se suman a la deflactación del IRPF, escudo fiscal impulsado por esta Comunidad de manera pionera en España, para proteger a todos los contribuyentes riojanos del incremento de la inflación por encima del 3%. En paralelo a estas medidas, el presidente ha avanzado que la futura Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de La Rioja para 2027 incluirá una medida de ahorro fiscal para proteger a hogares y empresas ante el aumento del coste energético por la subida de la luz y el gas.

En otro momento de su intervención y en respuesta a una pregunta sobre la inversión en tecnología, el presidente ha subrayado que supone “una apuesta y prioridad estratégica para el SERIS, ya que ayuda a la capacidad de atención asistencial”. En este sentido, ha recordado que ahora se cumple tres años del primer uso de la plataforma de cirugía robótica Da Vinci en el Hospital Universitario San Pedro, con casi un millar de operaciones y cinco servicios implicados con resultados extraordinarios. “Una vez vista la demanda y los resultados, el Gobierno de La Rioja inicia la tramitación para la adquisición de un segundo aparato de cirugía robótica similar que permita ampliar la cartera de servicios y especialidades, así como el número de pacientes beneficiados. Una medida para que la sanidad riojana siga prestando la mejor atención posible, con calidad y eficiencia”.

Del mismo modo, en cuanto al gasto sanitario, el jefe del Ejecutivo ha destacado “los 27,45 millones de euros que ha pagado este Gobierno en 2024 por la asistencia a todos los riojanos fuera de la región durante los últimos 10 años, desde 2014, cantidad que se suma a todo lo invertido en esta Legislatura en la sanidad pública”. A este respecto, ha recordado que “si en 2023 el gasto sanitario era de 1.809 euros por riojano, hoy esa cantidad alcanza los 2.071 euros, por encima de la media nacional”. 

Por otro lado, en cuanto a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, Capellán ha señalado que “se cumple la Ley y se aplica el Real Decreto del Gobierno de España que obliga a las administraciones a atender a cualquier persona con independencia de su situación”.

Los alumnos que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden solicitar, hasta el próximo 18 de mayo, la beca para el curso 2026-27. Las ayudas cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas, según cálculos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

No todo el mundo puede solicitar las becas MEC 2026-27. Solo aquellos estudiantes que no superen una determinada renta o patrimonio familiar y que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico, además de matricularse en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria. 

Si el alumno cumple con estos tres requisitos, deberá iniciar un proceso de solicitud de la beca a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de ahí, el departamento encabezado por Milagros Tolón evaluará cada solicitud y la resolverá, detallando la cuantía que finalmente se le ha asignado. 

Sin embargo, si el alumno no está de acuerdo con la resolución de su beca o con las cuantías que se le han asignado, puede presentar una reclamación dentro de los plazos establecidos. El ministerio distingue tres: alegaciones, recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.

Plazos para presentar una reclamación de la beca 

En el caso de las alegaciones, estas se hacen respecto a la resolución provisional de la beca. Se deben presentar en diez días hábiles (sin contar sábados, domingos ni festivos), desde el día siguiente a la fecha en que la que se consulta o descarga la notificación. Sin embargo, a veces, el ministerio da otro plazo diferente en la propia notificación, con lo que recomienda fijarse en esta. 

Por otra parte, está el recurso de reposición, que se hace respecto a la resolución definitiva de las becas de ayuda al estudio. Se puede presentar y se tiene de plazo un mes. La vía: la cumplimentación del documento y la presentación del mismo en la Unidad de Becas correspondiente. 

Por último, la última reclamación posible pasa por la imposición de un recurso contencioso-administrativo. Este está disponible siempre y cuando el recurso de reposición haya sido resuelto previamente. Además, se trata de un procedimiento judicial sometido a ciertas formalidades y costes. El plazo: dos meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva. 

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos para llegar a todos aquellos que se quedaron fuera de la última convocatoria.

Capellán ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la valoración del presidente riojano de la política de apoyo a los autónomos.

El presidente riojano ha anunciado que la semana que viene se publicará una nueva convocatoria, de 3,5 millones de euros destinada “todos los autónomos de La Rioja que no cumplían los requisitos, dado que se requería un año ejerciendo la actividad de autónomo”.

Capellán ha entendido que “todo autónomo que en La Rioja decide emprender una actividad tiene que tener la confianza y la seguridad de que el Gobierno de La Rioja le va a apoyar”.

La ayuda equivaldrá, para menores de treinta años, “a un año entero de tarifa”. “Cero euros para animar y favorecer el inicio de la actividad”, ha dicho señalando que, por lo tanto, son “2.700 euros en una convocatoria única”.

Una convocatoria, ha insistido, que “va a incluir a todos los autónomos, a los societarios, a los colaboradores, a los mutualistas; ahora ya todos recogidos en una sola orden”.

Se destinará a todos los autónomos y será de 2.700 si es menor de treinta años, o mayor de sesenta; y de y 2.100 para el resto. “Los autónomos tendrán siempre en esta comunidad el apoyo del Gobierno del Partido Popular”, ha afirmado.

El Gobierno de La Rioja destinará 500.000 euros en 2026 para afianzar el pequeño comercio en municipios con menos de 300 habitantes. Según el INE, la población del 65,5 por ciento de los municipios riojanos (114 de los 174) es inferior a 300 habitantes. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Estas subvenciones están destinadas a apoyar al pequeño comercio en municipios, núcleos de población separados del municipio principal o entidades locales menores de La Rioja cuya población sea de 300 o menos habitantes.

El objetivo de estas ayudas, cuya convocatoria será publicada en próximas semanas, radica en el mantenimiento de pequeños locales en los que se lleven a cabo actividades comerciales o actividades de venta ambulante en camiones-tienda, que presten servicios en dichas localidades. Por un lado, se subvenciona el desarrollo de la actividad comercial, y por otro, los gastos de inversión destinados a la mejora o rehabilitación del inmueble o medio de transporte para venta ambulante, en el que se lleve a cabo la actividad comercial.

Para el cálculo de la cuantía fija, se asignará a cada una de las solicitudes una puntuación en función de varios factores, como son el número de habitantes del municipio, primando aquellas localidades con un censo más reducido; los comercios con productos de proximidad (o kilómetro cero) y su contribución a la economía social; el número de comercios abiertos al público; y de la generación de empleo en el sector femenino.

En febrero de este año, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral introdujo algunos cambios en el borrador de la orden de estas ayudas, como el requisito del domicilio fiscal en La Rioja, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a 30 días hábiles y la ampliación del número de códigos CNAE subvencionables hasta en veintitrés más, teniendo en cuenta a perfiles productores y no exclusivamente comercializadores. Estas modificaciones permitirán mejorar la eficacia de las ayudas, reducir las exclusiones por motivos formales y ampliar el impacto territorial en la región. En la convocatoria de 2025, fueron admitidas 35 solicitudes en esta línea y se concedieron subvenciones a dieciocho beneficiarios por un importe total de 87.673,16 euros. 

Sostenibilidad del medio rural

El compromiso con la sostenibilidad del medio rural exige adoptar medidas que garanticen las mejores condiciones de vida posibles para las personas con independencia del tamaño del municipio donde residen. En este sentido, recientes estudios avalan la función social de los pequeños comercios y de la venta ambulante, considerándolos entidades de economía social y solidaria.

La Economía Social comprende, tal y como se desprende de la definición recogida en el artículo 2 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, un conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos, de acuerdo con unos principios que configuran la primacía de las personas sobre el capital y que evidencian un modelo de empresas que no se caracteriza por el tamaño o por el sector de actividad, sino por el respeto a valores comunes, y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad.

En este contexto normativo, fue aprobada la Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, como marco normativo común de aplicación al conjunto de entidades que forman parte de la economía social y solidaria en nuestra comunidad autónoma, así como determinar las acciones de fomento e impulso a favor de estas entidades, potenciando su presencia, crecimiento e influencia en todos los campos de la acción social, económica y empresarial.

Por La Rioja solicita al Gobierno regional que acelere la concesión de ayudas para la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos para que éstas se puedan incorporar antes del verano. La formación regionalista pide que se acelere la aprobación y publicación de la orden de ayudas para la contratación de desempleados en los ayuntamientos riojanos. “A 8 de abril aún no han sido publicadas las bases, ”o que supone un grave problema para muchos consistorios a la hora de organizar sus estructuras laborales de cara al verano“. Y denuncian que ”un año más el Gobierno de La Rioja retrasa la concesión de unas ayudas que benefician a personas desempleadas y entidades locales“.

El año pasado, la orden se publicó en febrero, la cuantía 4,35 millones de euros a la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios en municipios. Así se ha acordadó en el Consejo de Gobierno del 18 de febrero en el que se explició que la finalidad de estos programas de inserción laboral es fomentar la empleabilidad y favorecer la adquisición de experiencia y competencias profesionales a personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.

Los regionalistas señalan que no se han publicado las bases y que tampoco ha pasado por Consejo de Gobienro la dotación presupuestaria lo que “implica que los ayuntamientos no podrán incorporar personal antes del verano, ya que desde el Ejecutivo regional deben resolver, aprobar o denegar las peticiones que presentan los ayuntamientos riojanos”. Y recueran que “este personal es básico en el medio rural para cubrir necesidades como limpieza, atención social, servicios culturales, turísticos o reparación de averías en las infraestructuras públicas o mantenimiento de las mismas”. 

Por esta razón consideran que la publicación de la orden de ayudas debe realizarse inmediatamente “de forma rápida, ágil, y con una dotación económica justa y suficiente, que cubra realmente las necesidades de los pueblos riojanos”. Y califican esta tardanza de “un nuevo ejemplo de abandono de los pueblos de La Rioja cuando el Ejecutivo riojano dispone de los mayores recursos económicos de la historia por el aumento de la recaudación impositiva tanto del gobierno regional como del central”.

La formación regionalista subraya que en años anteriores han sido casi 400 personas contratadas y 300 proyectos avalados, “lo que pone de relieve el interés de las entidades locales riojanas en este programa de ayudas, que supone que muchos pueblos del entorno rural puedan prestar servicios básicos o no cuenten con ellos, al no tener capacidad para financiarlos”.

Lo pidieron en el Parlamento de La Rioja y ahora también en el Ayuntamiento de Logroño. Los socialistas exigen el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales. Y en concreto, reclaman a Escobar voluntad política para aplicar medidas que hagan frente a la paralización del Gobierno regional.

Así, el PSOE propondrá a Escobar en el pleno de esta semana iniciar los trámites para la incorporación de la condición de familia monoparental en el sistema de tarifas del transporte urbano municipal. En este sentido, el grupo municipal pedirá realizar, en el plazo máximo de seis meses, un análisis integral de los ámbitos de competencia municipal en los que resulte posible incorporar medidas específicas de apoyo a las familias monoparentales, en coherencia con los principios y objetivos establecidos en la Ley 3/2023 para incorporarlos allá donde no existan de manera progresiva.

Y es que consideran “incomprensible” que más de tres años después de su aprobación, la Ley de Familias Monoparentales siga sin desarrollarse reglamentariamente impidiendo así que se traduzca en derechos reales. Una Ley, recuerdan, “que fue aprobada por un Gobierno progresista y que fue convalidada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja en el año 2023”. Critican al Gobierno de Capellán porque “tiene competencias suficientes para actuar y no quedarse con los brazos cruzados”.

Y el equipo de Gobierno en Logroño, añaden, “no pude permanecer en una posición de espera indefinida. Cuando hay margen de actuación lo que se pone a prueba es la voluntad política. Y más cuando la falta de aplicación de la Ley tiene un claro impacto en términos de desigualdad de género, ya que el 80 por ciento de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres”.

L’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va començar el curs polític el mes de setembre passat amb aires renovats i convençut que havia sortejat els moments més delicats sobre el seu futur després de la seua desaparició en els pitjors moments de la dana que va deixar 230 morts el 29 d’octubre de 2024.

Així doncs, va iniciar una operació per a tractar d’aplacar les crítiques i millorar la seva imatge, especialment en la zona zero de la riuada, consistent a adjudicar noves ajudes directes per duplicat, és a dir, injeccions econòmiques per als afectats en conceptes que ja havien sigut objecte d’indemnització. En aquest sentit, el 2 de setembre va anunciar un paquet de 350 milions d’euros per a famílies, autònoms, afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i per pèrdua de vehicles.

Gairebé al mateix temps, el Consell va aprovar una modificació pressupostària per a ampliar la despesa en campanyes de publicitat, una modificació que no es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tal com és preceptiu. Des del PSPV van detectar l’alteració en els comptes autonòmics i van sol·licitar còpia de les modificacions de crèdit que no s’havien publicat.

De la documentació obtinguda es desprén que en les mateixes dates en què es van anunciar les ajudes, en concret el 16 de setembre, es va autoritzar una modificació de crèdit per a gastar 700.000 euros addicionals a “cobrir les necessitats de campanyes de difusió publicitària de la Generalitat i de difusió d’informació d’interés general per a la ciutadania i les diverses necessitats que es preveuen fins a la finalització de l’exercici”.

I això que els pressupostos de la Generalitat per al 2025 presentats el març del 2025 reflectien unes partides pròximes a 15 milions d’euros en l’Àrea de Promoció Institucional i Comunicació, les encarregades de coordinar la publicitat que s’atorga als mitjans i a les associacions relacionades amb aquest àmbit. En aquests mateixos comptes, Mazón va incrementar en un 33% la partida de subvenció presidencial per a regar associacions festives i culturals a dit, fins a 4 milions d’euros.

A més, l’endemà d’anunciar-se les ajudes, el PP va llançar una ambiciosa campanya de propaganda tant en les seues xarxes socials com des dels seus càrrecs en les localitats afectades per la riuada amb l’objectiu com a mínim poc estètic que quedara ben clar que les ajudes venien de la Generalitat. Així doncs, el perfil de la xarxa social X del PP valencià es va afanyar a llançar diferents missatges amb cadascuna de les ajudes: “El Consell de Carlos Mazón amplia ajudes per pèrdua de vehicle”, en deia un.

També regidors i càrrecs del partit de poblacions afectades per la dana van remetre el missatge següent via WhatsApp a què va tindre accés elDiario.es: “Acaba la declaració institucional del president Carlos Mazón, en què ha anunciat 350 milions d’euros més en noves ajudes sense burocràcia. Els qui hagen rebut 6.000 euros d’ajudes a primeres necessitats ara rebran 3.000 euros més. Qui va rebre 2.000 euros pel cotxe en rebrà més, sense necessitat de comprar un vehicle ni pagar impostos. Els que van cobrar el complement de 360 euros per ERTO rebran 360 euros més. I tot això, SENSE NECESSITAT DE DEMANAR L’AJUDA”, en al·lusió a la frase manipulada de Pedro Sánchez sobre la petició de recursos.

Malgrat totes aquestes maniobres, Mazón es va veure obligat a dimitir poc després de l’aniversari de la tragèdia acorralat per les noves mentides sobre el seu parador revelades pels mitjans de comunicació, entre els quals elDiario.es, que va avançar la seua arribada al Palau de la Generalitat prop de les 20.00 i no després del seu dinar en El Ventorro, com havia sostingut, i per les protestes de les víctimes en el funeral d’estat.

Crítiques del PSPV

La portaveu de Transparència del PSPV-PSOE en les Corts, Mercedes Caballero, ha denunciat que Presidència de la Generalitat “va incomplir la llei en una operació de llavada d’imatge de l’expresident Carlos Mazón, en amagar una modificació de crèdit que va servir per a injectar, al començament de setembre del 2025, 700.000 euros a campanyes de publicitat”. “És vergonyós descobrir l’opacitat amb què el Consell del PP dilapida els diners de tots els valencians per a campanyes d’autobombo amb la finalitat de defensar l’indefensable, com va ser la terrible i irresponsable gestió de la dana feta per Mazón, el president més nefast i nociu per als valencians en la història de la Generalitat”.

Tal com va explicar Caballero, “és molt reprovable que Presidència, que està obligada per llei a publicar, com la resta de les conselleries, totes les seues modificacions de crèdit en el Diari Oficial, amagara als valencians aquest canvi en els comptes per a incrementar en 700.000 euros la despesa en campanyes de publicitat”. “Estem davant un ús pervers i partidista dels recursos públics amb la finalitat de llavar políticament la imatge de Mazón, que va tornar del parèntesi de les vacances l’estiu del 2025 amb anuncis grandiloqüents d’ajudes duplicades per als afectats de la dana, simplement per a intentar ‘comprar’ la voluntat d’aquells a qui tant de mal va fer en la terrible sobretaula d’El Ventorro, quan va dimitir de les seues responsabilitats en el pitjor dia per als valencians”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, inició el curso político el pasado mes de septiembre con aires renovados y convencido de que había sorteado los momentos más delicados sobre su futuro después de su desaparición en los peores momentos de la dana que dejó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Así, inició una operación para tratar de aplacar las críticas y mejorar su imagen, especialmente en la zona cero de la riada, consistente en adjudicar nuevas ayudas directas por duplicado, es decir, inyecciones económicas para los afectados en conceptos que ya habían sido objeto de indemnización. En este sentido, el 2 de septiembre anunció un paquete de 350 millones de euros para familias, autónomos, afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y por pérdida de vehículos.

Prácticamente al mismo tiempo, el Consell aprobó una modificación presupuestaria para ampliar el gasto en campañas de publicidad, una modificación que no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tal y como es preceptivo. Desde el PSPV detectaron la alteración en las cuentas autonómicas y solicitaron copia de las modificaciones de crédito que no se habían publicado.

De la documentación obtenida se desprende que en las mismas fechas en las que se anunciaron las ayudas, en concreto el 16 de septiembre, se autorizó una modificación de crédito para gastar 700.000 euros adicionales en “cubrir las necesidades de campañas de difusión publicitaria de la Generalitat y de difusión de información de interés general para la ciudadanía y las diversas necesidades que se prevén hasta la finalización del ejercicio”.

Y eso que los presupuestos de la Generalitat para 2025 presentados en marzo de 2025 reflejaban unas partidas cercanas a 15 millones de euros en el área de Promoción Institucional y Comunicación, las encargadas de coordinar la publicidad que se otorga a los medios y asociaciones relacionadas con este ámbito. En esas mismas cuentas, Mazón incrementó en un 33% la partida de subvención presidencial para regar a asociaciones festivas y culturales a dedo, hasta los 4 millones de euros.

Además, al día siguiente de anunciarse las ayudas el PP lanzó una ambiciosa campaña de propaganda tanto en sus redes sociales como desde sus cargos en las localidades afectadas por la riada con el objetivo cuanto menos poco estético de que quedara bien clara que las ayudas venían de la Generalitat. Así, el perfil de la red social X del PP valenciano se apresuró a lanzar distintos mensajes con cada una de las ayudas: “El Consell de Carlos Mazón amplía ayudas por pérdida de vehículo”, decía uno de ellos.

También concejales y cargos del partido de poblaciones afectadas por la dana remitieron el siguiente mensaje vía WhatsApp al que tuvo acceso elDiario.es: “Acaba la declaración institucional del presidente Carlos Mazón donde ha anunciado otros 350 millones de euros en nuevas ayudas sin burocracia. Quienes hayan recibido 6000 euros de ayudas primeras necesidad ahora recibirán 3000 euros más. Quien recibió 2000 euros por el coche recibirá otros tantos, sin necesidad de comprar un vehículo ni pagar impuestos. Quienes cobraron el complemento de 360 euros por ERTE recibirá otros 360 euros. Y todo ello, SIN NECESIDAD DE PEDIR LA AYUDA”, en alusión a la frase manipulada de Pedro Sánchez sobre la petición de recursos.

Pese a todas estas maniobras, Mazón se vio obligado a dimitir poco después del aniversario de la tragedia acorralado por las nuevas mentiras sobre su paradero reveladas por los medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, que avanzó su llegada al Palau de la Generalitat cerca de las 20h y no tras su comida en El Ventorro, como había sostenido, y por las protestas de las víctimas en el funeral de Estado.

Críticas del PSPV

La portavoz de Transparencia del PSPV-PSOE en las Corts, Mercedes Caballero, ha denunciado que Presidencia de la Generalitat “incumplió la ley en una operación de lavado de imagen del expresidente Carlos Mazón, al esconder una modificación de crédito que sirvió para inyectar, a principios de septiembre de 2025, 700.000 euros a campañas de publicidad”. “Es vergonzoso descubrir la opacidad con la que el Consell del PP dilapida el dinero de todos los valencianos para campañas de autobombo con el fin de defender lo indefendible, como fue la terrible e irresponsable gestión de la Dana realizada por Mazón, el presidente más nefasto y dañino para los valencianos en la historia de la Generalitat”.

Tal como explicó Caballero, “es muy reprobable que Presidencia, que está obligada por ley a publicar como el resto de consellerias todas sus modificaciones de crédito en el Diario Oficial, escondiera a los valencianos este cambio en las cuentas para incrementar en 700.000 euros el gasto en campañas de publicidad”. “Estamos ante un uso perverso y partidista del los recursos públicos con el fin de lavar políticamente la imagen de Mazón, que volvió del paréntesis de las vacaciones en el verano de 2025 con anuncios grandilocuentes de ayudas duplicadas para los afectados de la Dana, simplemente para intentar 'comprar' la voluntad de aquellos a los que tanto daño hizo en la terrible sobremesa del Ventorro, cuando dimitió de sus responsabilidades en el peor día para los valencianos”.

Las entidades del tercer sector en La Rioja pueden optar desde hoy, 2 de abril, a las subvenciones destinadas a programas de interés general dirigidos a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF para el año 2026, con la que el Ejecutivo autonómico da continuidad al compromiso de destinar 2,64 millones de euros a apoyar proyectos sociales impulsados por entidades del tercer sector, reforzando así la red de atención a las personas más vulnerables.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, publicó ayer, día 1, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria de subvenciones que permitirán financiar programas en ámbitos como la inclusión social, la atención a personas mayores, personas con discapacidad, infancia y familias en situación de vulnerabilidad, así como iniciativas de prevención y promoción de la autonomía personal.

Con la publicación de esta convocatoria el Gobierno de La Rioja da un paso más para que los recursos lleguen cuanto antes a las entidades sociales que trabajan cada día sobre el terreno. Además, con esta convocatoria se mantiene una apuesta firme por fortalecer el tercer sector como aliado clave para construir una sociedad más justa, cohesionada y solidaria. En este sentido, cabe recordar que estas ayudas no solo financian proyectos, sino que permiten sostener una red de apoyo imprescindible para miles de riojanos, garantizando atención cercana y adaptada a cada realidad.

La convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, establece los requisitos, criterios de valoración y plazos para la presentación de solicitudes, consolidando un modelo de colaboración público-social orientado a dar respuesta a las necesidades sociales actuales. 

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y con el impulso de políticas sociales eficaces, poniendo en valor el papel fundamental de las entidades sociales en la mejora de la calidad de vida de las personas.

El Gobierno de La Rioja destina casi dos millones de euros para financiar la prestación de obras y servicios en las localidades de hasta 300 habitantes. Una partida que desde el Ejecutivo regional calculan que ha aumentado un 94 por ciento a lo largo de esta legislatura y con la que favorecern la “suficiencia financiera de los pequeños municipios, entidades menores y núcleos de población separados del principal”.

La cuantía máxima por beneficiario oscilará entre los 11.565 para entidades menores y los 8.500 euros para los núcleos separados y las solicitudes podrán presentarse desde mañana y hasta el 15 de octubre

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha convocado este 1 de abril las ayudas destinadas a financiar inversiones vinculadas directamente a la prestación de servicios en los pequeños municipios, entidades locales menores y núcleos de población separados del municipio principal correspondientes al ejercicio 2026. 

Esta convocatoria, que aparece publicadaen el Boletín Oficial de La Rioja mediante resolución de la Consejería, tiene el objetivo de contribuir a la suficiencia financiera de las Entidades Locales, mediante la cooperación a la financiación de las obras y servicios de competencia municipal. La misma, cuenta con un presupuesto total de 1.945.760 euros, lo que supone un incremento del 94 por ciento desde el inicio de la legislatura.

La cuantía total máxima de la subvención será de 1.330.000 euros para pequeños municipios, y de 46.260 euros para entidades locales menores, por lo que el importe máximo que puede percibir cada beneficiario en este caso es 11.565 euros; así como de 569.500 euros para los núcleos de población separados del principal, por lo que el importe máximo que puede percibir cada núcleo es de 8.500 euros.

En todos los casos deberá tratarse de inversiones realizadas total o parcialmente entre el 1 de enero de este año y la fecha en que se presente la solicitud, y cuyas facturas se hayan emitido en fechas comprendidas dentro de dicho período.

Se admitirán como inversión subvencionable los gastos por contratos de servicios de redacción de proyectos técnicos o de dirección de obra, conforme a los requisitos que se establecen en la convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes se prolongará desde mañana jueves día 2, hasta el día 15 de octubre de 2026, ambos incluidos. Serán beneficiarios los entes locales cuya población de derecho, a 1 de enero de 2025, con arreglo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, no supere los trescientos habitantes.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.