El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha intervenido en el acto institucional de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas. Allí, ha remarcado el apoyo firme de la Junta al sector vitivinícola de la región y ha adelantado que el Gobierno regional ya está ultimando las nuevas convocatorias de Vinati y de promoción del vino a terceros países.

“Desde la Consejería de Agricultura se están ultimando ya dos nuevas convocatorias para el sector: por un lado, la línea de Promoción del Vino en Terceros Países, que se publicará este mes de septiembre; y la nueva orden de ayudas Vinati, para inversiones en bodegas, se abrirá el 1 de noviembre”, ha confirmado Caballero. “Ambas son de vital importancia porque impulsan la modernización de nuestro sector y la internacionalización”, ha afirmado en un acto que ha contado con la presencia del embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk.

Tal y como ha explicado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, la de Promoción del Vino en Terceros Países, para la ejecución de programas en 2027, se trata de una línea que fomenta la búsqueda de mercados alternativos para el vino fuera de la Unión Europea. Esta convocatoria estará abierta durante un periodo de 20 días y los proyectos subvencionados se podrán ejecutar desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del próximo año.

Por otro lado, “lanzamos la nueva línea de Vinati, un programa con el que estamos impulsando la modernización y mejora de las instalaciones de transformación, infraestructuras y comercialización del sector vitivinícola”, ha señalado. Esta convocatoria estará abierta del 1 de noviembre de 2026 al 15 de enero de 2027 para la presentación de planes de inversión con una duración máxima de dos años.

Valdepeñas “vive uno de sus mejores momentos”

En su intervención, José Manuel Caballero ha remarcado el compromiso de la Junta con la ciudad. “Estamos invirtiendo en tecnología sanitaria, cumplimos con la mejora del sistema educativo y la igualdad de oportunidades, apostamos por reforzar la atención y protección social y estamos trabajando mano a mano con su alcalde, Jesús Martín, y todo su equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas para generar oportunidades en la ciudad que ya ven sus frutos”, ha señalado.

Caballero ha destacado la fortaleza económica y demográfica de Valdepeñas, asegurando que se trata de una localidad “que crece en población” y que cuenta con un tejido empresarial formado por más de 3.200 empresas. Asimismo, ha subrayado que la ciudad está generando “más empleo que nunca en toda la historia” y ha explicado que actualmente registra unas cifras de ocupación similares a las de 2008.

En este sentido, ha remarcado que “hoy hay más gente trabajando que nunca en nuestra historia, afiliada a la Seguridad Social”, destacando que este crecimiento demográfico de la ciudad de Valdepeñas va acompañado de oportunidades de desarrollo para quienes deciden establecerse en la localidad. “De manera que esa población que se incorpora y que se asienta en Valdepeñas tiene oportunidades de desarrollo y, en definitiva, de establecer una vida en condiciones con servicios públicos de calidad”, ha incidido.

Así, ha recordado importantes inversiones del Gobierno de García-Page en la ciudad como la nueva oficina EMPLEA, el importante montante en las convocatorias de apoyo al sector vinícola “desde el agricultor hasta la comercialización”, las actuaciones en la mejora de las infraestructuras educativas, la implantación este curso de la gratuidad de la escolarización de 2 a 3 años, el impulso al empleo y al desarrollo económico y empresarial, las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, a lo que se une el importante apoyo económico que el Ejecutivo autonómico con el tejido asociativo, deportivo, cultural y social de la ciudad.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha puesto en valor la identidad de Valdepeñas construida en torno a la cultura del vino unida a la potencia del sector. Finalmente, José Manuel Caballero ha reconocido el trabajo y el compromiso del alcalde, Jesús Martín, y de todo su equipo para lograr que Valdepeñas esté viviendo uno de sus mejores momentos “como una ciudad moderna, con oportunidades y una enorme calidad de vida que supone una atracción y una referencia de bienestar y desarrollo para toda la Castilla-La Mancha”.

A pocos días de que comience el curso escolar en Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page, ha anunciado que el Plan de Climatización para los centros educativos de titularidad de la Junta movilizará 23 millones de euros adicionales con los que se culmina la climatización de los centros públicos -donde en total se habrán invertido más de 70 millones de euros-.

“Aulas de calor” con hasta 30 grados

Justo ayer, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza hacía públicas dos infracciones interpuestas por la Inspección de Trabajo coincidiendo con el arranque del periodo lectivo a la Junta regional debido al calor en las aulas, donde llegaban a superarse los 30 grados -siendo 27 grados el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios-.

Este 8 de septiembre, día que arrancan las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo y en otras poblaciones castellanomanchegas las temperaturas no distan mucho de ese número.

“Estamos dispuestos a preparar también una nueva convocatoria en relación con las corporaciones locales e incluso a estudiar, junto con la educación concertada, la posibilidad de que también se puedan beneficiar de algún margen de ayudas para la climatización”, señalaba García-Page, durante la colocación de la primera piedra del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria número 4 de Illescas (Toledo) este jueves. Por otra parte, apuntaba que “con el tiempo la escuelas, los centros educativos podrán terminar siendo oasis, las incubadoras de convivencia”.

Castilla-La Mancha “con más docentes” y bajada de ratios

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha trasladado este viernes que Castilla-La Mancha iniciará este curso escolar con 876 docentes más con respecto al curso pasado, con “mejores condiciones laborales para el profesorado y una nueva bajada de ratios”.

Pastor ha destacado la bajada de ratios en 2º curso de Primaria, pero también el establecimiento de 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como nuevas medidas de apoyo y protección al alumnado y profesorado. De igual manera, ha añadido que también “habrá un refuerzo de los servicios complementarios y la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil de 2-3 años, así como un programa específico para centros con especiales características, medidas frente al abandono escolar temprano y un nuevo protocolo contra el acoso escolar”.

Las previsiones sitúan en 382.191 el número de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias que estarán escolarizados en una red integrada por 1.818 centros educativos, teniendo como novedad que se contará con cuatro nuevos centros, que son el CEE de Illescas (Toledo), es IESO Nº1 de Pioz (Guadalajara), el IES ‘Almudena Grandes’ de Ugena (Toledo) y el IESO Nº4 de Illescas (Toledo). A esto se suma la reapertura de dos secciones de colegio rural agrupado, uno en Casas de Lázaro (Albacete) y otro en Zarzuela, en la provincia de Cuenca.

Además, Castilla-La Mancha contará este curso con 34.539 docentes, 876 efectivos más que el curso pasado. De ellos, 770 corresponden al cupo ordinario y están vinculados, entre otras cuestiones, al cumplimiento del acuerdo alcanzado con ANPE, UGT y CCOO para mejorar la calidad del sistema educativo; mientras que otros 106 efectivos permitirán ampliar programas educativos vinculados al éxito educativo, la inclusión y la prevención del abandono escolar temprano.

El consejero del área ha avanzado que el Gobierno regional reforzará, igualmente, los mecanismos de protección y acompañamiento al profesorado a través de la Unidad de Atención al Profesorado y pondrá en marcha una prestación complementaria de asistencia psicológica para aquellos profesionales que hayan denunciado una agresión, reforzando los recursos destinados a su bienestar emocional y seguridad.

Además, se van a llevar a cabo 4.035 acciones formativas relacionadas con la inclusión del alumnado, convivencia en los centros y actualización de contenidos para mejorar la competencia profesional de los docentes y el aprendizaje del alumnado.

38.338 usuarios de comedor y 162.889 beneficiarios del banco de libros

En la relación a las becas comedor, estas llegarán a 15.051 beneficiarios para 454 comedores, ocho más que el curso pasado, que darán servicio a 38.338 usuarios, a lo que se sumarán 216 aulas matinales para atender a 6.152 alumnos de la región.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 162.889 beneficiarios de la iniciativa del banco de libros, que si se suman a los que reciben otro tipo de ayudas relacionadas con ello hace que 186.944 alumnos y alumnas tengan un “importante ahorro” en el inicio del curso escolar, tal y como ha dicho Amador Pastor.

En cuanto al transporte escolar, este curso 2026-2027 Castilla-La Mancha contará con 1.013 rutas de transporte, con 470 acompañantes, y de las cuales 22 son de nueva creación para garantizar la gratuidad del transporte de los alumnos de Bachillerato en zonas rurales.

249 escuelas rurales abiertas y gratuidad de la etapa 2-3 años

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor la apuesta por las zonas rurales en las que, este curso, 249 municipios contarán con escuela rural, 73 de ellos con menos de 11 alumnos.

El programa +Escuela CLM ha garantizado la gratuidad de la etapa de 2-3 años, llegando ya a todos los municipios de Castilla-La Mancha que lo hayan solicitado y alcanzando más de 12.200 plazas en 379 escuelas infantiles.

2.766 docentes de la red de apoyo a la inclusión educativa

En relación con la inclusión educativa, se va a contar con 2.766 docentes dentro de esa red de apoyo, a la que se suman 1.153 profesionales no docentes, por lo que el personal especifico dedicado a la inclusión será de 3.919 profesionales, a los que hay que añadir los efectivos docentes del plan de refuerzo de la lectura, del plan de refuerzo de la competencia matemática PROA+ y la estrategia de inclusión educativa.

321 millones de euros ejecutándose en obras

Amador Pastor ha avanzado que Castilla-La Mancha está invirtiendo 321 millones de euros en obras en centros educativos, de los que 68,5 millones son de obras que ya están siendo ejecutadas, entre las que se encuentran las de la 2ª fase del CEIP nº34 de Albacete, las de la 2ª fase del IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o las del colegio de Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca.

Además, “se ha realizado una inversión histórica”, de más de 12 millones de euros, en 656 actuaciones para obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM), que se unen a los 36 millones de euros que ya se han destinado a climatizar los centros educativos, con ayudas a 219 ayuntamientos y en IES o escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Robótica, aulas flexibles y apuesta por la FP

Por su parte, el asesoramiento en robótica llegará a 1.072 centros educativos, habrá 410 aulas flexibles y una nueva convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa, tal y como ha avanzado el consejero del área.

En lo relativo a la Formación Profesional, este próximo curso se contarán con 56.438 plazas, de las cuales 10.148 serán a distancia, y habrá un total de 1.009 ciclos formativos, además de consolidar 14 programas específicos de FP y 86 ciclos formativos bilingües.

Para finalizar, Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con menor coste de inicio de curso para las familias, tal y como recoge la encuesta de la OCU, y ha mostrado su agradecimiento al personal docente, al personal laboral, a los equipos directivos, a las organizaciones sindicales, a las empresas, ayuntamientos, AMPAs y personal de administración por su contribución al correcto funcionamiento del curso escolar.

Este comienzo de curso ha sido especialmente complicado para los centros de Educación Infantil de La Rioja. El motivo, la tardanza en el pago, por parte del Gobierno de La Rioja, de la última cuota del Bono Infantil. Una falta de liquidez que ha dificultado enormemente el pago de las nóminas del personal y de los alquileres de los locales. Las gerentes de varias escuelas infantiles de La Rioja se han puesto en contacto con este medio para denunciar públicamente la tardanza por lo que ha supuesto para el funcionamiento interno de los centros.

El Bono Infantil es un programa de ayudas públicas del Gobierno de La Rioja destinado a financiar la escolarización del alumnado de cero a tres años en el primer ciclo de Educación Infantil. Unas ayudas que cuyo objetivo es “garantizar la gratuidad de la enseñanza no obligatoria en esta etapa inicial y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, argumenta el Gobierno de La Rioja cada vez que se refiere a estas ayudas.

Los beneficiarios, tal y como recoge la página web del Gobierno regional, son niños y niñas de cero a tres años empadronados en La Rioja y matriculados en escuelas infantiles municipales o centros docentes privados autoizados por la Consejería de Educación. En cuanto a las coberturas y cuantías subvencionadas, el Bono Infantil cubre el coste mensual, de septiembre a junio, mediante dos modalidades: sin comedor (hasta 286 euros por alumno) y con comedor (hasta 385 euros por alumno). Y el mecanismo de abono, recoge igualmente la web del Gobierno de La Rioja, es un sistema de subvención directa en el que la administración abona el importe al centro/escuela infantil donde esté matriculado el menor, previa justificación. Y es aquí donde ha surgido el problema y el retraso. En el curso 2025-2026, unas 3.500 familias en La Rioja se han beneficiado del Bono Infantil.

“Hay centros que han andado muy mal para pagar las nóminas de agosto”

A principio de curso (septiembre-octubre), cuentan las afectadas, el Ejecutivo regional abona el 40 por ciento del total del bono, “la única cantidad que el Ejecutivo regional anticipa”. Su cuantía varía porque lo marca el número de menores matriculados en el centro. El 60 por ciento restante se paga en tres veces, febrero, mayo y junio. Y es este último pago, el de junio, el que se ha retrasado dos meses y se ha abonado a principios de septiembre. Un tiempo “excesivo” que ha dificultado enormemente la gestión de las escuelas infantiles. “Yo llevo sin cobrar mi sueldo desde mayo” cuenta una de las afectadas. Y es que este retraso en el abono del bono infantil de junio ha obligado a muchos centros a aplazar el pago de las nóminas de sus trabajadores y de los alquileres. “En mi caso, hemos tenido que pedir un préstamo para poder hacer frente a todas las nóminas y al resto de pagos”, confiesa otra de las afectadas que reconoce que en sus más de dos décadas de experiencia en el sector, “nunca había vivido un inicio de curso sin liquidez y con dificultades para cubrir gastos tan básicos como los alquileres y las nóminas”. Y es que las cantidades adeudadas, solo del mes de junio, oscilan entre una horquilla de entre 40.000 y 80.000 euros, dependiendo del centro y del número de alumnado matriculado. “En mi caso, un pequeño colchón me ha permitido estar un tiempo sufriendo. Pero nunca antes habían apurado tanto como hasta ahora hasta el 2 de septiembre. Sé que hay centros que han andado muy muy mal para poder pagar las nóminas de agosto”, cuenta una tercera afectada.

Y es que con esta fórmula de pago, las escuelas de Educación Infantil sienten que actúan como “financieras del Gobierno de La Rioja y de las propias familias” porque los tres pagos del 20 por ciento “se realizan una vez que ya han pasado los meses. Es decir, los centros tenemos que adelantar el dinero del comedor de los niños y niñas, del personal que atiene a esos niños (nóminas y seguridad social), luz , agua, calefacción, material... actuamos como financieras de la Comunidad Autónoma y de las familias y esto para pequeñas y medianas empresas, que es lo que somos, es costosísimo porque estamos hablando de mucho dinero”.

La denuncia pública ha sido el último recurso porque el Gobierno de La Rioja es conocedor del retraso y del malestar de estas profesionales. A través de escritos y llamadas han trasladado los responsables de la Administración también sus preocupaciones y la respuesta obtenida no les ha convencido. “Desde Consejería me explicaron que había centros que no habían aportado toda la documentación o la habían presentado mal y esas subsanaciones es lo que ha retrasado todo el proceso” explica una de las afectadas que recuerda que “durante julio y agosto no hay bono infantil y que las escuelas únicamente están abiertas si hay niños matriculados”. “Entiendo que la administración tenga que revisar la documentación y realizar las comprobaciones necesarias, lo que no es comprensible es que este proceso provoque una situación económica tan grave para los centros que sí hemos cumplido”. “No es justo que quienes cumplimos con nuestras obligaciones y presentemos todo en tiempo y forma”, insisten. “La respuesta siempre es la misma. Da igual el retraso, la culpa siempre es de los centros”, apostillan.

Desde los centros de Educación Infantil también plantean posibles soluciones para que esta situación no se vuelva a repetir: “Que se pague lo presupuestado inicialmente y ya se ajustará en el siguiente pago cualquier modificación”. “Establecer un calendario claro de presentación, revisión y subsanación de la documentación de manera que todos los trámites puedan realizarse con tiempo suficiente y los pagos lleguen también a tiempo”, sugiere otra afectada. Aunque desde la Consejería de Educación ya les han trasladado “que no van a hacer ingresos parciales porque tienen que ser generales, lo que genera problemas gravísimos para las que cumplimos fielmente todos los cursos y todos los meses”, apunta una tercera afectada.

Rioja2 también se ha puesto en contacto con el Gobierno de La Rioja para conocer los motivos de este retraso y, lo más importante, saber la fecha prevista del abono. “Por distintos motivos de gestión, ha habido un retraso en el último pago de la subvención del Bono Infantil, pero nos consta que le pago se va a realizar ya, de manera inmediata”. A pesar de insistir para conocer los motivos del retraso, la respuesta siguió siendo la misma: “El retraso se ha debido a temas de gestión, de forma inminente se realizará el pago”.

Al día siguiente de formular la pregunta en la Consejería de Educación para la realización esta información (1 de septiembre), las escuelas infantiles recibieron el abono del bono infantil correspondiente a junio de este año.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo con motivo del inicio del curso escolar destinada a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar los gastos de la vuelta a las aulas. El Consistorio distribuirá tarjetas de ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar, una iniciativa posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol.

La planificación prevista permitirá distribuir estas tarjetas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento y, en concreto, mediante la entidad Bancoteide, encargada de canalizar su reparto.

Estas ayudas se financian a través de las tarjetas adicionales contempladas en el convenio firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El acuerdo establece una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que podrá destinarse, entre otros fines, a la adquisición de material escolar.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol refuerza los recursos municipales destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta colaboración, la Fundación aporta tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la entidad, que pueden destinarse a diferentes necesidades sociales, entre ellas la adquisición de material escolar.

Acogida temprana desde el primer día de clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio.

Para garantizar la prestación de este servicio, el Consistorio realiza una inversión de 420.000 euros, reforzando así una medida especialmente importante para muchas familias en el inicio del curso escolar.

Más de un millón de euros en mejoras en los colegios

La vuelta a las aulas llega también después de un verano en el que el Ayuntamiento ha realizado diferentes las actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio. En lo que va de año, el Consistorio, a través del área de Obras e Infraestructuras, ha destinado más de un millón de euros a obras dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros educativos.

Durante los meses de verano se han ejecutado actuaciones en diferentes colegios de Santa Cruz, aprovechando el periodo de menor actividad lectiva. Los trabajos han incluido la renovación de ventanas, la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la reforma de baños, la instalación y renovación de pérgolas, trabajos de pintura, la mejora de vallados y otras actuaciones de conservación.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor; la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca; la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños en los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han desarrollado trabajos de pintura, impermeabilización y rehabilitación en otros centros del municipio, así como actuaciones para mejorar los espacios exteriores y las zonas comunes.

A esta inversión en obras se suma el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza anualmente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios públicos de Santa Cruz. El Consistorio destina cerca de cuatro millones de euros cada año a servicios vinculados a los centros educativos, entre los que se encuentran el mantenimiento, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.

Las personas con enfermedades raras de Castilla-La Mancha y sus familias podrán acceder a ayudas de 1.500 euros por persona beneficiaria con un máximo de 3.000 euros por unidad familiar.

La convocatoria, que publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), está destinada a la atención a personas con enfermedades raras y sus familias para el desarrollo de actividades, prestación de servicios y adquisición de material en la región durante el año 2026. En total, la cuantía destinada a esta convocatoria es de 300.000 euros.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas tanto las personas que, en la fecha de presentación de su solicitud, tengan diagnosticada una enfermedad rara y acrediten esta condición como las aquellas sobre las que exista sospecha de padecer una enfermedad rara y se encuentren en espera de diagnóstico. La sospecha deberá estar fundamentada en el informe médico previsto.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde este miércoles, día 2 de septiembre, hasta el 31 de octubre de 2026.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las principales prestaciones económicas dirigidas a los hogares con menos recursos. Su funcionamiento combina una serie de requisitos de acceso, una cuantía adaptada a cada caso y un sistema de pagos mensuales que puede variar según el momento en el que se reconoce la ayuda y la entidad bancaria en la que esté domiciliada.

Con la llegada de septiembre, una de las dudas habituales entre quienes ya tienen reconocido el IMV es saber cuándo recibirán la próxima mensualidad. Aunque existe un calendario general, algunos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero antes que otros, por lo que no todos los beneficiarios ven reflejado el pago en su cuenta el mismo día.

A estas diferencias se añade la situación de quienes empiezan a cobrar la prestación por primera vez. En estos casos, el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales, dependiendo del momento en el que se haya aprobado la solicitud y de cuándo quede incorporada al ciclo de abonos correspondiente.

Quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital y cómo se determina la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y está dirigido a personas y familias que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su objetivo es garantizar una base económica mínima a los hogares con menos recursos, aunque la cantidad concedida no es la misma en todos los casos y depende de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Pueden acceder tanto personas que viven solas como unidades de convivencia formadas por varios miembros. Para recibirlo es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos disponibles, el patrimonio, la composición del hogar y la residencia. Como norma general, también se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el año anterior, salvo en los casos que la normativa contempla como excepción.

Para calcular la cuantía se tiene en cuenta la diferencia entre los recursos del hogar y la renta garantizada que corresponda según sus características. Algunos perfiles, como los hogares con menores, las familias monoparentales o aquellos en los que hay personas con discapacidad, pueden tener derecho a complementos adicionales. La prestación se mantiene mientras sigan cumpliéndose las condiciones exigidas, por lo que cualquier cambio en la situación económica, familiar o de residencia debe comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de septiembre

La fecha en la que se recibe el Ingreso Mínimo Vital puede cambiar de una entidad bancaria a otra, ya que algunas adelantan el pago respecto al calendario ordinario. Por este motivo, los beneficiarios no siempre reciben la mensualidad en la misma jornada, aunque se trate de la misma prestación.

Banco Santander sitúa el pago del IMV entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. CaixaBank, por su parte, tendría como referencia el jueves 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual y realizaría el ingreso el viernes 25. En el caso de Unicaja, el funcionamiento suele ser distinto. Esta entidad acostumbra a abonar el IMV el último día hábil del mes, que en septiembre de 2026 corresponde al miércoles 30.

Estas fechas pueden variar en función de la gestión interna de cada banco y del procesamiento de los pagos. Por eso, que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no significa necesariamente que exista algún problema con la prestación.

Qué ocurre con el primer cobro del Ingreso Mínimo Vital

Quienes empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital pueden encontrarse con unos plazos distintos a los de las personas que ya cobran la prestación de forma habitual. La fecha del primer pago depende del momento en el que se resuelva favorablemente la solicitud y de cuándo se incorpore al procedimiento de abonos correspondiente.

Si la aprobación llega cuando el mes ya está en marcha, es posible que el ingreso no se haga efectivo hasta la siguiente nómina. Esta situación puede producirse especialmente cuando la resolución llega cerca del cierre del periodo de tramitación, ya que el expediente debe quedar incluido en el proceso administrativo antes de que se ordene la transferencia.

Ese intervalo entre la concesión y la llegada del dinero a la cuenta no significa que se pierdan las cantidades reconocidas. El primer pago puede incluir los importes que correspondan desde la fecha en la que la prestación empieza a tener efectos económicos, según figure en la resolución recibida por el beneficiario.

A partir de ese primer abono, el IMV pasa a seguir su funcionamiento mensual habitual siempre que continúen cumpliéndose los requisitos. Desde entonces, el ingreso se ajusta al calendario ordinario de la prestación y, cuando corresponda, a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria en la que esté domiciliado el pago.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que su departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos de Inteligencia Artificial. De esos 180 millones, 2.003.528,36 han ido a parar a 6 proyectos empresariales de La Rioja.

Lo ha hecho durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales este Gobierno”, ha dicho el ministro que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos FEDER que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque “igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA”. “La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo”, ha explicado.

Durante su intervención ante el foro de AMETIC, el ministro ha afirmado que “la transformación digital española es una historia de éxito compartido” y ha señalado que “la IA es un capítulo estrella en esta historia” gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la colaboración público-privada.

López ha repasado los “principales hitos y progresos” de esta transformación, como ser el primer país europeo en constituir una Agencia de Supervisión de la IA (la AESIA); ser el quinto mercado europeo en inversión privada en startups de IA; ser el sexto del mundo en adopción de IA generativa; o ser el séptimo del mundo en progreso de la IA, según la Universidad de Stanford.

“España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible”, ha aseverado el ministro, quien cree que ya “no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA” y que “el Gobierno lo tiene clarísimo”. “Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía”.

“España está logrando esa buena IA”, ha destacado antes de recordar la importante inversión llevada a cabo por el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de IA, lanzada en 2020 y reforzada en el 2024, y que ha contado con una financiación de más de 1.500 millones de euros.

Un impulso financiero que ha permitido desarrollar medidas, recursos y proyectos como la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA; la prohibición en Europa de los 'deepfakes' sexuales; la coalición internacional de protección de los menores en la ONU promovida por este Gobierno; inundar de cátedras de IA, Ciberseguridad y Chip las universidades del país; impulsar titulaciones de FP en IA; crear modelos de lenguaje abierto y soberano como ALIA; invertir en empresas españolas punteras como Multiverse, Sherpa AI, Submer, SENSIA o Universal DX; o ayudar a pymes y autónomos en la digitalización a través de los programas Kit Digital y Kit Consulting.

En su discurso, el ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que España sea, no sólo líder, sino “referente” y que eso “significa adelantarnos a los acontecimientos”. Por ello, ha explicado, el Ejecutivo está impulsando la definición del modelo de centros de datos a través de un Real Decreto para regular sus requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos”.

López ha afirmado que se trata de “una iniciativa coherente y pertinente”. “Es el momento de decidir si queremos una burbuja digital o una infraestructura seria, soberana y sostenible”, ha agregado antes de recordar que países como EEUU o Países Bajos ya han aplicado medidas para regular estas instalaciones. “Esto no es una moratoria a los centros de datos, es ordenar nuestro modelo. Todos los proyectos son bienvenidos, pero con orden y de calidad. El desarrollo ordenado no es un freno, sino un sello de distinción para la economía digital española”, ha aseverado para añadir que “España da un giro hacia los centros de datos verdes” y que esto será un acierto.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que su departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos de Inteligencia Artificial.

De esos 180 millones, 6.848.077,85 euros han ido a parar a 18 proyectos empresariales de Castilla-La Mancha, dentro de un total de 91 a nivel nacional.

El anuncio lo ha hecho durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

“Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales este Gobierno”, ha dicho el ministro que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

El 70% de los proyectos seleccionados son pymes

Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos FEDER que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque “igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA”. “La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo”, ha explicado.

“La transformación digital española, una historia de éxito”

Durante su intervención ante el foro de AMETIC, el ministro ha afirmado que “la transformación digital española es una historia de éxito compartido” y ha señalado que “la IA es un capítulo estrella en esta historia” gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la colaboración público-privada.

López ha repasado los “principales hitos y progresos” de esta transformación, como ser el primer país europeo en constituir una Agencia de Supervisión de la IA (la AESIA); ser el quinto mercado europeo en inversión privada en startups de IA; ser el sexto del mundo en adopción de IA generativa; o ser el séptimo del mundo en progreso de la IA, según la Universidad de Stanford.

“España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible”, ha aseverado el ministro, quien cree que ya “no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA” y que “el Gobierno lo tiene clarísimo”. “Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía”. “España está logrando esa buena IA”, ha destacado antes de recordar la importante inversión llevada a cabo por el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de IA, lanzada en 2020 y reforzada en el 2024, y que ha contado con una financiación de más de 1.500 millones de euros.

Un impulso financiero que ha permitido desarrollar medidas, recursos y proyectos como la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA; la prohibición en Europa de los ‘deepfakes’ sexuales; la coalición internacional de protección de los menores en la ONU promovida por este Gobierno; inundar de cátedras de IA, Ciberseguridad y Chip las universidades del país; impulsar titulaciones de FP en IA; crear modelos de lenguaje abierto y soberano como ALIA; invertir en empresas españolas punteras como Multiverse, Sherpa AI, Submer, SENSIA o Universal DX; o ayudar a pymes y autónomos en la digitalización a través de los programas Kit Digital y Kit Consulting.

En su discurso, el ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que España sea, no sólo líder, sino “referente” y que eso “significa adelantarnos a los acontecimientos”. Por ello, ha explicado, el Ejecutivo está impulsando la definición del modelo de centros de datos a través de un Real Decreto para regular sus requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos”.

López ha afirmado que se trata de “una iniciativa coherente y pertinente”. “Es el momento de decidir si queremos una burbuja digital o una infraestructura seria, soberana y sostenible”, ha agregado antes de recordar que países como EEUU o Países Bajos ya han aplicado medidas para regular estas instalaciones. “Esto no es una moratoria a los centros de datos, es ordenar nuestro modelo. Todos los proyectos son bienvenidos, pero con orden y de calidad. El desarrollo ordenado no es un freno, sino un sello de distinción para la economía digital española”, ha aseverado para añadir que “España da un giro hacia los centros de datos verdes” y que esto será un acierto.

El Gobierno aprobará este martes una inyección extraordinaria de 21,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos de Melilla y Ceuta, como parte de la respuesta del Ejecutivo a los efectos económicos provocados por la crisis migratoria en esta última ciudad autónoma.

Esta es solo una pieza más de las ayudas a las que el Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de esta semana. El Ministerio de Hacienda ha preparado un Real Decreto para articular esta concesión “excepcional” por razones de interés público, social, económico y humanitario con el objetivo de reforzar la actividad de las plantas desalinizadoras –fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua dulce en ambas localidades– y también servicios clave como la limpieza, lucha contra el contra el fraude o la regulación del tráfico de personas y vehículos.

El borrador del documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, justifica la concesión por la dificultad de ambas ciudades, por su situación geográfica, de acceder a recursos hídricos y también porque las dos presentan niveles de desigualdad superiores a la media, menos posibilidades de desarrollo industrial y mayores costes para el transporte de viajeros y mercancías, entre otros.

El Ejecutivo no menciona la grave crisis fronteriza que ha tensionado Ceuta, tras la entrada de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en la ciudad, pero reconoce que su “singular situación geográfica” supone una “intensa presión migratoria y comercial” que favorece la aparición de “prácticas fraudulentas en las importaciones de mercancías”.

En concreto, la subvención extraordinaria cubrirá los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras en ambas ciudades. Para Ceuta, además, habilitará financiación extra para la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías.

En el caso de Melilla, las actuaciones que podrán ser subvencionadas están relacionadas con los servicios sociales, convenios con asociaciones para la prestación de servicios asistenciales, sanitarias o de prevención; y políticas en materia de educación.

En concreto, Ceuta recibirá 7,1 millones, por 10,3 millones para Melilla dentro de este pack.

Según detalla el texto preparado por el departamento de Arcadi España, ambas ciudades dispondrán de quince días para presentar las solicitudes para el uso de la subvención. La Secretaría de Estado de Hacienda tendrá un plazo de un mes para resolver las peticiones. Las subvenciones tendrán que ejecutarse sí o sí en el año 2026.

ERTE y bonificaciones

Además, el Consejo de Ministros también aprobará un refuerzo de los ERTE para ambas ciudades, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. En concreto, para aquellos expedientes por fuerza mayor se elevará el ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas hasta el 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al 100% y también el derecho al paro para los trabajadores afectados por la crisis migratoria y social.

Asimismo, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras.

En total, el Gobierno aprobará un Real Decreto-Ley con ayudas de 168 millones de euros que, como ha destacado el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, equivale al 8% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta.

Asaja Castilla-La Mancha ha criticado las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños ocasionados por el conejo de monte en los cultivos agrícolas, publicadas este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por su “deficiente calidad técnica” y por considerar que la medida “llega tarde y se queda claramente corta ante la magnitud del problema que están sufriendo los agricultores de la región”.

La organización agraria recuerda que estas ayudas fueron anunciadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible en el mes de marzo, por lo que han transcurrido varios meses hasta la publicación de las bases reguladoras. Para Asaja Castilla-La Mancha, este retraso evidencia que “la Consejería no ha hecho los deberes con la rapidez y la dimensión que exigía un problema que lleva tiempo golpeando a las explotaciones agrarias”, según ha informado Asaja en nota de prensa.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha destacado que la presión ejercida por la organización agraria está consiguiendo que se produzcan avances, pero advierte de que “todavía queda mucho por hacer”. “Estamos en el camino y estamos consiguiendo que se den pasos, y eso hay que reconocerlo. Pero no podemos conformarnos con una solución que ya se aplicó hace años y que no funcionó. Y, además, seguimos dejando al agricultor que pague de su bolsillo una parte importante de un problema que no ha generado. La respuesta tiene que ser mucho más ambiciosa y estar a la altura de la gravedad del problema”, ha manifestado.

“Insuficientes”

Estas ayudas establecen una intensidad del 70% de los gastos subvencionables, con un límite de inversión de 14.500 euros. Para Asaja Castilla-La Mancha, este porcentaje es “insuficiente”. La organización agraria había reclamado que se incrementaran las partidas presupuestarias destinadas a estas ayudas con el objetivo de elevar la intensidad hasta cubrir el 100% de la inversión necesaria, tanto en los sistemas de protección para cultivos leñosos como en las mallas para cultivos herbáceos.

“Estamos hablando de inversiones que el agricultor tiene que realizar para proteger sus cultivos frente a unos daños provocados por una situación que no ha generado él”, señala Fresneda.

De hecho, la organización agraria ha advertido “reiteradamente” de que el mayor problema se concentra en las vías de comunicación y en los cauces de ríos y arroyos, donde se localizan numerosas zonas de refugio y proliferación del conejo. Por ello, la organización agraria considera “prioritario” que las administraciones competentes, incluidas ADIF, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las confederaciones hidrográficas, actúen sobre sus respectivas infraestructuras, instalando un vallado perimetral técnico y de alta resistencia en las vías de comunicación, no solo en las autovías autonómicas, sino también en las autovías y carreteras nacionales, así como en humedales, lagunas y, especialmente, en las ZEPA.

Además, Asaja Castilla-La Mancha critica asimismo que las bases establezcan que únicamente serán subvencionables las actuaciones realizadas después del levantamiento del acta de no inicio. La organización agraria había solicitado que las ayudas tuvieran carácter retroactivo para las inversiones realizadas durante este año, precisamente para evitar que quedaran fuera aquellos agricultores que, ante la gravedad de los daños, se habían visto obligados a adoptar medidas de protección antes de que la administración publicara las bases.

La organización agraria también considera necesario revisar el ámbito territorial de aplicación de las medidas, ya que todavía existen municipios afectados por los daños del conejo que no están incluidos en las comarcas declaradas de emergencia cinegética. Asaja Castilla-La Mancha señala expresamente los casos de Hita y Molina de Aragón, en Guadalajara, y Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, entre los municipios que deben ser tenidos en cuenta.

Hasta seis meses para resolver solicitudes

Igualmente, la organización agraria ha criticado el plazo de hasta seis meses para resolver las solicitudes, así como que se excluyan las parcelas con usos Sigpac de pasto permanente con arbolado, pasto arbustivo y pastizal, impidiendo actuar sobre zonas donde se concentran muchos de los refugios del conejo.

También considera que la autorización previa para eliminar majanos añade más burocracia y dilata una solución que debería ser inmediata, además de que deja sin concretar algunos aspectos esenciales de los vallados.

“Estamos ante unas bases reguladoras de escasa calidad técnica. Se han publicado unas ayudas que probablemente el agricultor no llegue ni a cobrar”, advierte Fresneda.

Por estos motivos, Asaja Castilla-La Mancha considera que la publicación de estas bases no modifica la necesidad de seguir reivindicando una solución de mayor alcance y mantiene la convocatoria de manifestación prevista para el 6 de octubre en Toledo.

Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de que seguirá trabajando para que se pongan en marcha “todas las medidas necesarias” para abordar de forma integral el problema del conejo, tal y como trasladó en la Mesa Regional del Conejo, donde presentó un paquete de 18 propuestas que incluye la puesta en marcha de nuevos métodos de control, el refuerzo de las ayudas económicas y el blindaje y mantenimiento de las infraestructuras que actualmente actúan como focos de proliferación, con el objetivo de reducir las pérdidas que está sufriendo el sector agrario.

Asimismo, mantiene abiertos los trámites ante la Fiscalía para conseguir una respuesta que permita garantizar una cobertura real de los daños a través de los seguros agrarios, al tiempo que no descarta acudir a la justicia ordinaria para exigir, en su caso, la depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder y se abra una investigación o se practiquen las diligencias necesarias para determinar la realidad y el alcance de una situación que la organización viene denunciando desde hace más de dos décadas.

“Asaja Castilla-La Mancha está en el camino y estamos consiguiendo cosas porque llevamos años insistiendo y poniendo este problema encima de la mesa. Pero no vamos a vender como una solución definitiva algo que no lo es. El agricultor necesita una respuesta completa, y mientras no la tengamos, seguiremos reivindicando, seguiremos con los trámites ante Fiscalía y nos manifestaremos el 6 de octubre en Toledo”, ha concluido Fresneda.

Septiembre arranca con cambios en los precios de los carburantes. La rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos se eleva a 20 céntimos por litro en el caso de gasóleo (diésel) desde este 1 de septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para ese mes, según ha confirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La decisión llega después de que el precio del gasóleo se haya incrementado un 15,7 % en el mes de julio, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que sirven de referencia para la reactivación de algunas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno.

La subida se sitúa por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto ley de medidas para contener el impacto de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto entre Estados Unidos e Irán que está lejos de resolverse. De hecho, en las últimas horas, ambos países han vuelto a intercambiar ataques y las posibilidades de una paz duradera no se vislumbran, pese a las promesas de Donald Trump.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recuerdan que el decreto ley aprobado tiene “un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso”. Y ese vuelve a ser el caso.

Descuentos de carburantes en septiembre

El gasóleo, también conocido como diésel, tendrá un descuento de veinte céntimos por litro este mes de septiembre, una ayuda que intenta compensar la subida en los precios por el conflicto en Oriente Próximo. En cambio, no habrá cambios ni mayores descuentos en el caso de la gasolina.

Los usuarios solo se beneficiarán de un descuento de cinco céntimos por litro, lo previsto inicialmente porque este combustible solo se encareció un 7,3 %, muy por debajo del umbral del 15 % fijado en el decreto del ejecutivo.

Reactivación de las medidas

El ministerio dirigido por Carlos Cuerpo insiste en que tanto el primer plan de respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación “están cumpliendo su objetivo principal: ”Amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares“. El departamento defiende que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses, por lo que ”el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán“.

Castilla-La Mancha destinará dos millones de euros para dar ayudas que protejan los cultivos de los daños ocasionados por los conejos. Las subvenciones cubrirán el 70% de los gastos que hagan los agricultores para instalar medidas de protección con un límite de solicitud de 14.500 euros, subvencionándose hasta 10.150 euros de este importe.

Tal y como publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los agricultores que se quieran acoger a estas ayudas tendrán un plazo de un mes para presentar sus solicitudes desde este martes en el plazo de un mes. Además, se dará un anticipo automático del 50% de lo solicitado sin avales para facilitar el inicio y la prontitud de las obras.

Las ayudas se podrán destinar para tres tipos de obras de prevención: instalación de vallas con malla para conejos, protectores individuales y quitar majanos.

Las subvenciones pueden ser solicitadas por los dueños de terrenos agrícolas (personas, empresas o comunidades de bienes) que tengan sus tierras dadas de alta en el Registro de Explotaciones de la región y estén al día con sus impuestos.

Una vez concedida, tendrán entre 6 y 12 meses para hacer las obras y justificarlas con sus facturas y recibos de pago.

18 medidas

El viceconsejero ha manifestado que estas ayudas son uno de los compromisos que estableció el Ejecutivo autonómico en la Mesa Regional del Conejo que consta de 18 medidas estratégicas técnicas y de coordinación con una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros y que nació “como un espacio estable de diálogo, seguimiento y coordinación interadministrativa que consideramos imprescindible para abordar con rigor y consenso un problema que ha alcanzado una dimensión extraordinaria en nuestra región”.

Entre las medidas ya puestas en marcha ha destacado que los Equipos de Control de Fauna (ECOFA) están actuando sobre el terreno en zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de conejos puede suponer un riesgo.

Además, se ha reforzado la capacidad operativa de los agentes medioambientales, a los que se ha dotado de medios extraordinarios para la caza nocturna, se ha autorizado el uso excepcional de trampas, la caza con hurón o el aprovechamiento de la carne de los conejos capturados, siempre bajo supervisión y con todas las garantías legales y de bienestar animal.

Estas actuaciones se suman a la declaración de emergencia cinegética en Castilla-La Mancha que este año se ha ampliado hasta alcanzar 364 municipios, lo que supone el 42,8 por ciento del territorio regional.

“Estamos al lado de los agricultores y ganaderos y por eso estamos actuando desde la sostenibilidad y el equilibrio ambiental en diferentes ámbitos para mitigar los daños reiterados que la sobrepoblación de conejos está provocando en el medio rural siempre”, ha afirmado el vicesonsejero.

El Gobierno de Cantabria destina 240.000 euros en ayudas para facilitar a los jóvenes de la región la obtención del carné de conducir. La convocatoria permitirá sufragar con hasta 200 euros los gastos de licencias y permisos y está dirigida a empadronados en la comunidad de entre 16 y 30 años en el momento de obtener el carné. Lo deberán haber obtenido en una autoescuela de la región entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de este año, ambos incluidos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se convoca esta línea de subvenciones, pues disponer del carné puede mejorar sus oportunidades de trabajo.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, contempla hasta 200 euros por beneficiario hasta agotar el presupuesto disponible. Cada solicitante podrá presentar una única petición para una de las licencias o permisos contemplados en la convocatoria.

Entre los mismos figuran el A2 y A para motocicletas, así como el B, para conducir automóviles de hasta 3.500 kilos y otros vehículos contemplados en la normativa. También podrán acogerse los permisos B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E, vinculados a la conducción de vehículos de mayor tonelaje y al transporte de mercancías o pasajeros. Asimismo, se incluye la licencia LCM, destinada a la conducción de vehículos para personas con movilidad reducida.

La convocatoria contempla las edades mínimas establecidas legalmente para cada carné y las particularidades previstas para determinados permisos profesionales cuando el solicitante dispone del correspondiente Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC. Se realizará preferentemente de forma telemática, aunque también podrán utilizarse las demás vías previstas en la legislación administrativa.

Entre la documentación a aportar figura la factura acreditativa del coste económico satisfecho por la obtención de la licencia o permiso, emitida por una autoescuela de Cantabria, así como el correspondiente justificante de pago.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, el criterio de otorgamiento será la prelación temporal de la presentación de la solicitud completa y conforme, hasta agotar el crédito presupuestario. En caso de empate, se resolverá a favor del solicitante de menor edad y, si persistiera el mismo, mediante sorteo.

El plazo máximo para resolver el procedimiento por parte de la Dirección General de Juventud será de seis meses a contar desde el fin del plazo de presentación de solicitudes.

La información y el modelo de solicitud estarán disponibles a través de la citada dirección general, el portal institucional del Gobierno de Cantabria, el servicio de Atención a la Ciudadanía 012 y la página web de Jovenmania.

Facilitar oportunidades

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha destacado la importancia de estas ayudas para facilitar a los jóvenes el acceso al permiso de conducir porque, en su opinión, “es también facilitarles oportunidades de formación, empleo y autonomía personal”.

Según ha destacado en un comunicado, esta convocatoria “pretende contribuir a reducir una barrera económica que puede dificultar el acceso de los jóvenes a una cualificación que, en muchos casos, resulta esencial para su incorporación al mercado laboral”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación a invertir un presupuesto total de 480.000 euros para bonificar el precio del billete a los titulares del carné de transportes para estudiantes y universitarios durante el próximo curso 2026-2027. Esta cuantía representa un incremento del 14,3 por ciento con respecto a la cantidad consignada en el último periodo lectivo, cuando se destinaron un total de 420.000 euros a este concepto.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo riojano ha incrementado en un 140 por ciento el presupuesto invertido para rebajar la tarifa a dicho colectivo. De este modo, el Gobierno regional sigue reforzando su política de reducción tarifaria con el doble objetivo de favorecer el ahorro de las familias riojanas y promover el uso del transporte público para avanzar hacia una movilidad cada vez más sostenible, fomentando a su vez una vida saludable entre la población riojana, y especialmente, los más jóvenes.

El carné de transporte de estudiantes permite reducir el coste del billete a 50 céntimos por viaje realizado, independientemente del origen o destino del mismo, siempre que se trate de desplazamientos con origen y destino en la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin establecerse limitaciones por trayectos o días determinados. Un total de 1.580 alumnos se han beneficiado de las ventajas que ofrece este carné durante el curso 2025-2026, 55 más que en el anterior.

Esta reducción tarifaria se aplicará desde el 7 de septiembre de 2026 hasta el 9 de julio de 2027. El plazo de solicitud del carné de estudiantes se extenderá desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, hasta el 13 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios de este carné

Pueden obtener este carné los alumnos de enseñanza universitaria, Ciclos Formativos Grado Medio y Superior, Bachillerato, Conservatorios Profesionales de Música, Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros de Educación Especial, Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la Consejería competente en materia de educación, Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica y Programas de Atención a la Diversidad de la Consejería competente en materia de educación.

Todas las condiciones para la obtención de este título aparecen reguladas en la Orden 2/2009, de 29 de septiembre, por la que se determina el procedimiento para la obtención del carné de transporte a los estudiantes y se establecen las bases para la concesión de subvenciones como compensación a las reducciones tarifarias que se establecen a los mismos.

El Gobierno de Canarias ha incorporado a 3.988 nuevos beneficiarios a los programas de ayudas de alimentación y medicamentos destinados a la población canaria y sus descendientes residentes en Venezuela, tras los terremotos que afectaron al país el pasado mes de junio.

Un mes después de los seísmos, la Viceconsejería de Acción Exterior publicó una resolución con la selección de 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos y 5.711 de las tarjetas de medicamentos, ampliando así la cobertura inicialmente prevista para atender también las necesidades de las personas más afectadas por la emergencia.

Durante su visita a Venezuela, el director general de Emigración, José Téllez, acompañado por la delegada del Gobierno en el país, Dayana Morales, ha hecho entrega de 3.213 nuevas tarjetas de alimentos y 2.543 de medicamentos a un total de 2.760 personas residentes en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, Mérida, Guárico, Barinas, Portuguesa y La Guaira.

Nuevas tarjetas de alimentos y medicamentos para Caracas y Anzoátegui

La distribución continuará próximamente con la entrega de nuevas tarjetas a 1.228 beneficiarios de Caracas y Anzoátegui.

Téllez ha señalado que su visita era necesaria para “trasladar el afecto y la ayuda del Gobierno de Canarias” en los “duros momentos” que atraviesan Venezuela y la comunidad canaria residente en el país.

El director general aprovechará además su estancia para conocer de primera mano la situación de las entidades canarias y estudiar un plan de ayudas dirigido especialmente a aquellos centros e infraestructuras que desarrollan programas sociales, consultorios médicos o centros de día.

La convocatoria de estas ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió 8.539 solicitudes desde su apertura el pasado mes de febrero.

Inicialmente, el programa contemplaba 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, pero estas cifras fueron ampliadas posteriormente por el Gobierno de Canarias como parte del refuerzo de su respuesta a la emergencia provocada por los terremotos.

Con esta ampliación, la cobertura de los programas destinados a los canarios y sus descendientes en Venezuela aumenta un 44,7 % respecto a 2025.

Para financiar estas medidas, el Ejecutivo autonómico ha elevado hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos. De esta cantidad, 812.322 euros corresponden al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

El objetivo del Gobierno de Canarias es extender la cobertura a todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y reforzar el apoyo a la comunidad canaria en Venezuela ante la situación de emergencia generada por los seísmos.

El Gobierno de Cantabria ha convocado, por un importe de 1,1 millones de euros, las ayudas de minimis en el marco del Plan Regional de Desarrollo de la Carne, con el objetivo de reforzar la rentabilidad en las explotaciones ganaderas y apoyar la producción de carne en la comunidad autónoma.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que se trata de un plan anual trabajado con el sector, que inicialmente estaba dotado con 500.000 euros en el presupuesto de 2026, y que se ha visto incrementado con otros 600.000 euros más, por lo que el total del plan será de 1,1 millones.

La ayuda será de 100 euros por animal elegible nacido en Cantabria y sacrificado durante 2025. Además, los animales comercializados bajo el sello de calidad IGP Carne de Cantabria recibirán una prima adicional del 60%.

Entre los animales susceptibles de acogerse a estas ayudas figuran los bovinos de razas cárnicas y sus cruces, con edades comprendidas entre los 8 y los 16 meses; las hembras de aptitud láctea de al menos cuatro años que cumplan los requisitos de clasificación de sus canales; y los equinos de razas cárnicas y sus cruces, con edades de entre 12 y 20 meses.

Las explotaciones deberán contar con un mínimo de cinco animales elegibles y la ayuda máxima por beneficiario será de 9.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir de mañana, miércoles.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha destacado que esta medida “busca apoyar a los ganaderos ante el aumento de los costes de producción, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reforzar la producción local, contribuyendo al mismo tiempo al mantenimiento de la actividad económica y la población en el medio rural”.

“El Gobierno de la presidenta Buruaga siempre va a acompañar al sector primario de Cantabria, porque es un sector estratégico para nuestra comunidad, y lo demostramos día a día con hechos, no con palabrería”, ha dicho la consejera.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado, en sesión extraordinaria, un programa de apoyo técnico para actuaciones en los municipios afectados por los incendios forestales de La Mierla y de Selas.

Esta nueva medida de apoyo a los pueblos que sufrieron las consecuencias de ambos incendios en las comarcas de la Sierra Norte y de Molina de Aragón, respectivamente, y se traducirá en la contratación de un arquitecto técnico dedicado específicamente a los proyectos de reparación de los daños que los fuegos y las labores de extinción ocasionaron en dichas localidades.

La reparación de daños en los pueblos afectados por los incendios “es uno de los compromisos asumidos por la Diputación de Guadalajara dentro del plan de reconstrucción que lidera y coordina la Vicepresidencia Primera del Gobierno de Castilla-La Mancha”, trasladan desde la institución.

El profesional que va a contratar la Diputación para realizar esta labor estará adscrito al servicio de Centros Comarcales de la Diputación, de forma que esta tarea excepcional no recaiga sobre el personal técnico actual del servicio, dedicado a atender las demandas ordinarias de los municipios dentro del área geográfica a la que están asignados.

La duración inicialmente prevista de este programa temporal de apoyo técnico para actuaciones en los municipios afectados por los incendios de La Mierla y de Selas es de un año, prorrogable por un año más en caso de ser necesario.

La asociación de apicultores de Gran Canaria (ApiGranca) ha criticado este miércoles que, según asegura, la mitad de los fondos destinados al sector por parte del Gobierno de Canarias se ha quedado sin movilizar, y que las ayudas a los medicamentos no llegarán a cinco de las islas del archipiélago.

A través de un comunicado, ApiGranca ha indicado que esta convocatoria de ayudas, anunciada este pasado martes, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, solo alcanza a la mitad del sector apícola de las islas, y que, de 170.000 euros que aproximadamente tenía a su disposición Canarias, solo se utilizan 85.482 euros.

La intervención se sostiene conjuntamente con fondos de la Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas, y, en el caso concreto de España, se articula a través del Plan Estratégico de la PAC, con unos fondos que se distribuyen entre las comunidades, señala.

Así, ha precisado ApiGranca, en 2026, la Conferencia Sectorial de Agricultura realizó ese reparto teniendo en cuenta, entre otros criterios, el número de colmenas registradas en cada territorio, asignando a Canarias un montante de unos 170.000 euros, si bien la resolución definitiva de las ayudas se queda únicamente en esos 85.482,90 euros.

“No faltaban fondos: quedaron fondos sin utilizar y apicultores sin ayuda”, ha lamentado el colectivo.

Este hecho -asegura- ha provocado que la mitad de las explotaciones apícolas de las islas queden igualmente fuera: según Agricultura, estas ayudas llegarían a 666 de ellas, con 16.466 colmenas en total.

Pero desde ApiGranca destacan que Canarias cuenta actualmente con 1.315 explotaciones apícolas y hasta 31.884 colmenas, por lo que prácticamente la mitad se han quedado fuera de la convocatoria lanzada por la Consejería.

En otro orden de cosas, desde la asociación también han censurado que las ayudas a los medicamentos veterinarios, fundamentalmente destinados al control de la varroosis, solo llegarán a Gran Canaria y Tenerife, dejando al resto de islas fuera.

“Algunas asociaciones de estas islas reciben cantidades para asistencia técnica o seguros, pero ninguna de las cinco islas no capitalinas accede a la financiación destinada a medicamentos”, ha dicho ApiGranca, quien ha agregado que, a su juicio, “resulta difícil conciliar este resultado con el carácter regional de una intervención destinada a mejorar la sanidad y la viabilidad de la apicultura canaria”.

Es por todo ello que insta al Gobierno canario a revisar esta convocatoria de ayudas y, de cara al próximo año, le exige actuar en dos frentes: reclamar ante el Ministerio un reparto más equitativo y revisar las condiciones de la convocatoria autonómica para que los fondos asignados puedan llegar al mayor número posible de explotaciones.

El portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha propuesto condicionar la concesión de determinadas ayudas sociales a inmigrantes a que estos “demuestren su capacidad de integración” en la sociedad catalana.

Así lo ha dicho en una entrevista con EFE, en la que ha querido diferenciarse de las “propuestas populistas e incendiarias de la extrema derecha” que plantean la expulsión de personas migrantes.

“Buscan incendiar, diciendo simplemente: 'Todos los inmigrantes, fuera'. Esta no es la solución. Si tuviésemos una tasa de natalidad de dos hijos y pico por mujer fértil podríamos mantener la población con los que somos en este momento. Pero la realidad catalana es que tenemos un hijo por mujer fértil”, ha argumentado.

Por lo tanto, “sí que necesitamos inmigración”, ha remarcado.

Vergés es partidario de un inmigración regulada “en origen”, que llegue con todos los papeles en regla y que “pueda acceder a unos trabajos que realmente necesitamos cubrir, en un marco productivo de valor añadido, y no a unos trabajos de sueldos bajos que nos hacen entrar en un círculo vicioso que nos lleva a la decadencia”.

La propuesta de Junts en este terreno, según Vergés, es “realista”. “Inmigración, la que necesitamos, pero que venga aquí con toda la intención y la demostración de integrarse en el marco de derechos y deberes”, ha afirmado.

Para el portavoz parlamentario de Junts, hay que garantizar a cualquier persona migrante “los derechos más básicos”, de manera que “si un niño está enfermo hay que curarlo”, pero en cambio las prestaciones relacionadas con el acceso a la vivienda u otras ayudas sociales “deben ser un premio” por los “deberes” cumplidos.

“Si la persona recién llegada no demuestra esta voluntad y capacidad de integración, estas prestaciones no deben estar a su alcance”, ha subrayado.

“Confrontar” a Aliança Catalana

Vergés defiende “confrontar” con argumentos a Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, que según las últimas encuestas ya superaría a Junts en unas elecciones catalanas.

“Personalmente, creo que salir a confrontarlos, teniendo como tenemos nosotros las ideas claras y las carpetas bien trabajadas, es una buena opción”, ha opinado.

El auge de la extrema derecha en buena medida se explica, a su juicio, porque “los partidos tradicionales seguramente no han hecho suficiente énfasis en temas como la inmigración o la inseguridad”.

Según Vergés, Aliança “se aprovecha de determinados temas que preocupan a la gente”, pero “no aportan soluciones realistas”, por lo que Junts debe “explicar” qué piensa sobre estos asuntos.

“De esta manera, la gente verá que nos hacemos cargo de estas cuestiones con soluciones, y no para incendiar”, ha alegado.

Después de la polémica desatada por la contratación por la vía de urgencia de una hija de Orriols en Ripoll como policía local, Vergés ha denunciado que a Aliança “se le perdonan errores o determinadas actitudes que a nosotros probablemente nos provocarían dimisiones inmediatas”.

Excluir a Catalunya del reparto de menores de Ceuta

Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta, ha advertido al Gobierno español de que Junts está “frontalmente en contra” de que Catalunya acoja a algunos de ellos.

“No se puede seguir haciendo venir a menores no acompañados a Catalunya, cuando tenemos todos los centros de acogida saturados. Esto sería una irresponsabilidad”, ha alertado.

Vergés ha recalcado que “Catalunya siempre ha acogido a muchos más menores no acompañados que otras comunidades autónomas”, por lo que ahora son estas otras comunidades “las que deben recibir a estos menores” de Ceuta.

El Gobierno de Canarias ha concedido 85.482,90 euros en ayudas al sector apícola destinadas a mejorar la producción y comercialización de los productos de la apicultura en las islas, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha publicado la resolución definitiva de estas subvenciones para los apicultores de Canarias, que están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las ayudas benefician a 666 explotaciones apícolas

En esta convocatoria han resultado beneficiarias cuatro entidades del sector apícola de Canarias, cuyos fondos permitirán financiar diferentes actuaciones destinadas a mejorar la actividad y la competitividad de las explotaciones.

En concreto, las subvenciones podrán destinarse a gastos relacionados con la asistencia técnica, la adquisición de medicamentos para las abejas y el pago de seguros vinculados a la actividad apícola, entre otras actuaciones contempladas en la convocatoria.

En conjunto, las ayudas alcanzan a 666 explotaciones apícolas de Canarias, que reúnen un total de 16.466 colmenas.

Apoyo a la producción y comercialización de productos apícolas

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha destacado la importancia estratégica de la apicultura para Canarias, tanto por su aportación económica como por su papel en la conservación del medio ambiente.

Quintero ha señalado que la apicultura contribuye a la biodiversidad y a la conservación de los ecosistemas, además de generar valor añadido a través de sus producciones.

Según el consejero, estas ayudas buscan impulsar actuaciones que permitan mejorar la competitividad del sector apícola y garantizar la viabilidad de las explotaciones en las islas.

Plazos para ejecutar y justificar las ayudas

Las entidades beneficiarias deberán haber ejecutado las actuaciones consideradas subvencionables dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Asimismo, deberán presentar la justificación de las actuaciones realizadas antes del 1 de octubre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria de ayudas a la apicultura en Canarias.

Estas subvenciones forman parte de las medidas de apoyo del PEPAC destinadas al sector apícola, con el objetivo de favorecer la mejora de la producción, la comercialización y la competitividad de los productos de la apicultura en Canarias.