El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) ha recomendado a la Ertzaintza que limite informar en sus notas de prensa sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de “relevancia pública” y “esencial para contextualizar” la información, de modo que se eviten asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia. “La información difundida por las administraciones públicas influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana”, ha señalado el Ararteko en una resolución hecha pública este viernes. Otros cuerpos, como la Policía de Donostia también lo hacen.

En este sentido, el organismo dirigido por Mikel Mancisidor ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones “injustificadas” entre origen y delincuencia y, aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Se trata de un expediente de oficio publicado tras conocer que el equipo de Bingen Zupiria, del PNV, había introducido un cambio en su política de comunicación pública, al incluir en sus informaciones el origen de las personas detenidas e investigadas como, en su caso, el de las víctimas de los delitos. De hecho, en su recomendación general 7/2011, el Ararteko expresaba, en diferentes ocasiones, su preocupación acerca de la influencia que un tratamiento inadecuado de la información que se ofrece desde las instituciones podía tener en la imagen social de la población inmigrante y en su integración“. Las notas de prensa policiales deben evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen. ”Los cuerpos policiales tenían que tomar conciencia de su condición de fuente de información y elaborar sus propios códigos de conducta en esta materia“, dado que en aquel momento se entendía que facilitar de modo generalizado esa información ”no favorece la integración social de la población de origen extranjero, al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella“.

A pesar de ello, el Departamento de Seguridad remitió un informe en el que, entre otras cosas, se destacaba que eran dos las cuestiones novedosas: “Se iba a iniciar la publicación trimestral de las tablas estadísticas que recogen las infracciones penales conocidas por la Ertzaintza con indicación del origen de las personas detenidas e investigadas” y, “en las notas de prensa que diariamente facilita el departamento de prensa de la Ertzaintza –a través de la red Telegram, para los periodistas acreditados, y en la página web del departamento en el portal Irekia del Gobierno vasco- junto al tipo de infracción cometida se iban a añadir, de forma general, datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de las personas detenidas y de las víctimas, así como la existencia o no de antecedentes delictivos en el caso de las primeras”.

Para justificar la aportación de los datos, desde el Departamento argumentan que “la decisión de no ofrecer información sobre el origen de los detenidos por la Ertzaintza en las notas de prensa no ha evitado su difusión por parte de algunos medios que la han obtenido por su cuenta, sin que otros hayan podido adoptar una decisión con respecto a su publicación por carecer de ella”. “Esta tensión política e informativa, nada pacífica, ha coincidido en el tiempo con un profundo cambio sociológico y demográfico en nuestra sociedad, con un incremento de algunos tipos delictivos, precisamente los que mayor preocupación social causan, en los que la incidencia de las personas procedentes de algunos orígenes geográficos destaca por encima de su peso real en nuestra sociedad, y con un aumento de la preocupación social por la seguridad, de tal forma que en nuestra opinión corremos el grave riesgo de terminar estigmatizando a determinados colectivos, salvo que seamos capaces de contrarrestar esas sensaciones, a través de la acción institucional -incluida la policial y las políticas activas de comunicación. Pensamos que facilitar directamente a las y los periodistas y a las instituciones con las que colaboramos la información de la que disponemos es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social”, recoge el informe.

El Departamento de Seguridad insiste en que “la sociedad vasca de 2025 no es la de 2004 o 2011”. La configuración política de nuestras instituciones tampoco es la de entonces. Y la realidad del mundo de la información, donde han proliferado nuevos canales y cauces de comunicación, especialmente on line, y donde, a menudo, no es posible identificar la fuente de una información ni su veracidad, es radicalmente diferente de la de otros momentos. Tampoco existe, en nuestro ámbito, un modelo de buenas prácticas o códigos deontológicos acordados entre los medios de comunicación convencionales y los profesionales, que, a la postre, son el cauce determinante por el que llega la información que las instituciones ponemos disposición de la sociedad vasca“, insisten.

“Todas estas consideraciones han llevado a nuestro departamento a cambiar la política informativa y, entre otras consideraciones, a informar sobre el origen geográfico de todas las personas detenidas o víctimas, sean vascas, de nacionalidad española, de origen europeo, magrebí, subsahariano, latinoamericano, asiático o de cualquier otra procedencia, sin fijar nuestra atención en ninguna nacionalidad en concreto e igualándolas todas. Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesionales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi”, justifican.

Sin embargo, en su labor por proteger a los ciudadanos, el Ararteko recomienda que “la decisión de la publicación del dato de origen en las notas de prensa sobre seguridad y actuaciones policiales exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados” y que esa decisión, consecuentemente, “debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática”.

La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado una red criminal itinerante dedicada a los robos con fuerza mediante butrón, responsable de una oleada de asaltos en polígonos industriales de la provincia de Valladolid. La operación Kiaro ha permitido la detención de doce integrantes del grupo, tres de ellos enviados a prisión, mientras que otros seis permanecen huidos y son buscados en coordinación con unidades policiales de todo el territorio nacional.

La investigación se inició en enero de 2025 tras un robo en una empresa de fundición de Medina de Rioseco, donde los autores desvalijaron una nave industrial. A partir de ese hecho, se sucedieron otros robos en Villanubla, La Cistérniga y el Polígono del Brizo de Aldeamayor de San Martín, este último convertido en el principal objetivo de la banda, que llegó a cometer siete asaltos entre enero y marzo de 2026. En uno de ellos, los delincuentes realizaron tres butrones consecutivos y participaron hasta ocho personas de forma simultánea.

El grupo actuaba siempre de madrugada y contaba con un estricto reparto de funciones: logística y traslado, vigilancia perimetral y ejecución del robo. Para acceder a las naves utilizaban radiales de gasolina de gran potencia, radiales de batería y mazas pesadas, lo que les permitía abrir grandes huecos en paredes y techos para sustraer principalmente cobre, aunque también herramientas y otros materiales de valor. El metal robado era trasladado posteriormente a centros de reciclaje de Madrid y Castilla-La Mancha.

La madrugada del 25 de junio, los agentes interceptaron dos vehículos —uno de lanzadera y otro de carga— y detuvieron a cinco miembros del grupo in fraganti tras asaltar una planta fotovoltaica en Quintanilla de Trigueros. En el interior del vehículo de carga se recuperaron 1.800 kg de cableado de cobre. Tres de los detenidos ingresaron en prisión y los otros dos quedaron en libertad con medidas cautelares.

Los seis implicados huidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión. Entre ellos se encuentran dos de los líderes de la organización, encargados de dirigir la actividad criminal y coordinar los desplazamientos.

La operación sigue abierta en colaboración con otras policías europeas

Debido al carácter itinerante del grupo, la operación policial sigue plenamente abierta. En estos momentos se coordinan gestiones en todo el territorio nacional y se mantiene una estrecha cooperación con otras policías europeas para localizar y detener a los otros seis implicados que completan la trama criminal y que se encuentran actualmente huidos.

La Guardia Civil destaca la colaboración del sector empresarial de Valladolid, que aportó información clave para el avance de la investigación. Se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de actividad delictiva, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias 062.

Los doce detenidos con edades comprendidas entre 20 y 47 años de edad, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y once delitos contra el patrimonio, por robos con fuerza en las cosas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto de la Cruz, en Tenerife, a un ciudadano de nacionalidad polaca sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de su país.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, las gestiones de investigación permitieron averiguar que el reclamado residía desde hacía varios años en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos.

Las autoridades judiciales polacas le atribuyen más de 50 reclamaciones por delitos de estafa y contra el patrimonio.

Además, sobre el detenido pesaba una medida cautelar acordada por el Juzgado de Güímar consistente en la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del pasaporte.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía recuerda que para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país. Y recuerda que se puede saber quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado “colabora”, “buscados”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su presunta implicación en el atraco cometido en una joyería del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, ocurrido en la tarde de este martes, 7 de julio.

El asalto fue cometido por cuatro encapuchados que irrumpieron en el establecimiento y, utilizando un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para llevarse diversas joyas. Durante el asalto, las empleadas del establecimiento lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales.

Los atracadores consiguieron huir en un vehículo robado en Ojos de Garza que posteriormente fue localizado por los policías participantes en el dispositivo desplegado tras recibir el aviso.

En el interior de dicho vehículo se encontraron efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos que, asegura la Policía, son de interés para la investigación.

Las gestiones practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur han permitido identificar y detener a uno de los presuntos implicados como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Sin embargo, la investigación continúa abierta con el fin de esclarecer completamente los hechos, recuperar los efectos sustraídos y determinar la participación del resto de personas implicadas, así como su implicación en hechos similares que han ocurrido durante los últimos meses y que han generado una alarma social, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Por su parte, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, que serán remitidas a la autoridad judicial competente.

Cuatro intentos de robo en dos meses y daños por valor de unos seis mil euros. Es lo que ha ocurrido en los establecimientos La Palmera ubicados en Avenida de Colón y Avenida Portugal en Logroño. Y es que parece que estos comercios se han convertido en el objetivo de la delincuencia. El último tuvo lugar hace unos días de madrugada en el local ubicado en la calle Avenida de Colón de Logroño, dejando el establecimiento con graves daños materiales que ascienden a 3.000 euros. Sin embargo, lejos de rendirse, su propietaria, Cristina Pascual, ha decidido utilizar el altavoz de las redes sociales no solo para denunciar la situación, sino para lanzar un mensaje de resistencia y apoyo al comercio de barrio.

“Sobre la 1:30 de la madrugada sufrimos otro intento de robo en la tienda de Avenida de Colón. Han roto el cristal, han dañado la verja, han destrozado cerraduras y no han causado importantes desperfectos”. Aun así, el equipo de La Palmera no se resiste: “seguimos aquí, trabajanado desde primera hora para ofreceros lo que más nos gusta hacer: endulzar vuestro día. Porque ni los golpes ni las dificultades puden con nostros”. Y a pesar de todos los desperfectos mandan un rotundo mensaje: “Hay algo que no pueden ni romper ni robar: nuestra ilusión”.

Y así, La Palmera continúa abriendo sus puertas cada día con total normalidad y con los mostradores llenos de dulces, tartas, pasteles y “mucho cariño” y una gratitud por el apoyo que están recibiendo: “Sois parte fundamental de esta familia”.

Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza este miércoles, en la céntrica calle Balmes de Barcelona y a plena luz del día. Otros dos en la Zona Franca con el mismo procedimiento y en menos de un mes. Y otro tiroteo, en abril, en el Poblenou, contra un hombre serbio y su hija. Cuatro crímenes prácticamente iguales en dos meses, que han puesto esta cuestión bajo el foco social y mediático y que los Mossos vinculan directamente con el narcotráfico.

A la espera de la investigación que debe esclarecer los hechos y cuando el autor del disparo mortal continúa huido, la policía catalana sigue la hipótesis de que la última ejecución forma parte de la misma guerra de bandas que está detrás de los anteriores tiroteos. Un conflicto entre clanes con origen balcánico pero relacionados con Catalunya por la proliferación, sobe todo, de grandes plantaciones de marihuana que suministran a buena parte de Europa.

Ante esta situación, el departamento de Interior del Govern reclama un aumento de las penas vinculadas al narcotráfico, concretamente a la marihuana, y también que la tenencia ilegal de armas conlleve entrar en prisión. Según ha asegurado el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eso evitaría que una persona que ya ha sido localizada con un arma de fuego quedase en libertad y pudiera cometer un delito inminente.

En concreto, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, su propuesta sería que la pena de prisión por tenencia de armas de fuego aumente de los 2 años actuales a los 5, lo que evitar que se pudiera eludir la cárcel. En el caso del cannabis, Interior plantea que el tráfico y los grandes cultivos dejen de estar en la franja baja de la pena (de 1 a 3 años) por considerarse drogas blandas, y pasen a la franja alta (de 6 a 9 años).

Según los datos ofrecidos por la policía, en 2025 se produjeron 28 heridos por disparos y ocho muertos por esta misma causa. En lo que va de 2026, los heridos son 18 y los muertos son ya seis. Unas cifras que permiten pronosticar que los muertos por armas de fuego podrían aumentar respecto al año pasado.

Interior destaca que, pese a lo anterior, los incidentes con arma de fuego han disminuido en los primeros meses de 2026 respecto al año pasado. Entonces se registraron 93 tiroteos en 2025, mientras que durante el último medio año han sido 24. Además, ha crecido el número de armas cortas.

Todos estos datos llevan a la policía catalana a inferir que Barcelona está siendo escenario de una guerra de bandas, marco en el que se producen estos asesinatos. La policía investiga tanto la posible participación de profesionales o sicarios, así como si los autores de los crímenes contaban con bases en la ciudad. Los Mossos consideran que, de ser así, el objetivo prioritario es desmantelar estas estructuras.

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal especializado en el tráfico de estupefacientes en la provincia de Ciudad Real. Se trata de la tercera fase de la denominada 'operación KEIKO', en la que los agentes han detenido a los seis responsables de una organización estrictamente jerarquizada y especializada en el tráfico de heroína y cocaína en diferentes puntos de la provincia, especialmente en Ciudad Real capital.

En esta última fase de la investigación se han realizado seis registros simultáneos en las localidades de Miguelturra, Pozuelo de Calatrava y Ciudad Real, en los que se han decomisado 1.077 gramos de heroína, 718 gramos de cocaína, 42 gramos de marihuana, 35.821 euros en efectivo, tres vehículos, munición para armas de fuego, así como básculas de precisión y efectos para el procesamiento, embalaje y distribución de los estupefacientes, además de herramientas y otros objetos de procedencia ilícita.

Recibieron ingresos por Bizum que superaban los 45.000 euros

La investigación patrimonial de los máximos responsables de dicha organización los implica en delitos de blanqueo de capitales: pese a que no les constaba trabajo remunerado alguno, los agentes detectaron ingresos vía Bizum por totales superiores a los 45.000 euros, además de grandes imposiciones de efectivo que llegaban a superar los 20.000 euros y la adquisición de tres inmuebles con un valor catastral de más de 250.000 euros.

A los seis detenidos se les imputa la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, receptación y blanqueo de capitales.

Investigación desarrollada en tres fases y un total de once detenidos

En julio de 2025 la Policía Nacional emprendió la primera fase de la operación KEIKO, que se saldó con la detención de tres miembros de la organización y el desmantelamiento de cuatro puntos de venta de cocaína y heroína en la capital ciudadrealeña, que además eran utilizados como puntos de receptación de efectos sustraídos en robos y hurtos.

En esa ocasión, los registros se realizaron en la barriada de San Martín de Porres, donde se intervinieron 450 gramos de heroína, cocaína, armas y numerosos efectos sustraídos en diferentes puntos de la provincia de Ciudad Real. Este hallazgo dio lugar a una nueva investigación que permitió determinar el origen de esos efectos, procedentes en su mayoría de robos en chalets y casas de campo, motivo por el que se detuvo a otras dos personas por su implicación en los robos.

En enero de 2026 la Policía Nacional llevó a cabo una nueva fase de la operación, que permitió decomisar 93 gramos de heroína y 172 gramos de cocaína, aportando importantes datos a los investigadores, así como indicios probatorios de su implicación en delitos de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de explotación de la operación Embarcadero, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de una quinta, actualmente interna en un centro penitenciario de la provincia de Sevilla, como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, así como al tráfico de grandes cantidades de cocaína.

Con esta actuación, desarrollada por las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla y Tenerife, se da por completamente desarticulada la presunta organización criminal, incluida su cúpula directiva y la infraestructura logística que mantenía activa en Sevilla y Tenerife.

Durante esta segunda fase se han practicado cuatro entradas y registros, tres de ellas en Tenerife y una en Sevilla. En los inmuebles inspeccionados se ha intervenido documentación de interés para la investigación, numerosos dispositivos informáticos, sustancias dopantes y estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, relojes y joyas de elevado valor, además de defensas extensibles y dispositivos tipo táser.

Entre las personas detenidas se encuentra quien ejercería, según las investigaciones, como segundo responsable de la organización, lo que ha permitido neutralizar por completo la estructura de mando que aún permanecía operativa tras la primera fase de la operación. La investigación también ha permitido localizar nuevos activos patrimoniales presuntamente adquiridos con beneficios procedentes del tráfico de armas y de cocaína, que habrían sido introducidos en el circuito legal mediante un presunto delito de blanqueo de capitales.

Por este motivo, se ha procedido al bloqueo de inmuebles, cuentas bancarias y otros activos localizados, así como a la incautación de diversos vehículos vinculados a la organización.

1ª Fase operación Embarcadero

La operación Embarcadero tuvo una primera fase de explotación en noviembre de 2025, en la que fueron detenidas siete personas, de las cuales cinco fueron enviadas a prisión provisional, entre ellas el principal responsable de la estructura asentada en Sevilla. Entonces se desmanteló un taller clandestino preparado para la modificación y fabricación de armas de fuego y municiones, dotado además de un banco de pruebas insonorizado. En aquella fase fueron intervenidas más de 30 armas de fuego cortas y detonadoras transformadas para efectuar fuego real, más de 1.300 cartuchos metálicos, dinero en efectivo, joyas, relojes de lujo, máquinas de contar dinero y equipos específicos para detectar vigilancias policiales.

Las investigaciones permitieron constatar que, de forma paralela a la actividad relacionada con el tráfico de armas, la organización habría enviado semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid con destino Tenerife a través de empresas de paquetería. En conjunto, se ha acreditado el envío de más de 1.000 kilos de cocaína en menos de diez meses, que eran distribuidos rápidamente en la isla.

Para dificultar la identificación de los responsables, la organización utilizaba documentos nacionales de identidad sustraídos a terceras personas, empleando esas identidades en los envíos de la droga.

La investigación ha puesto de manifiesto que la presunta organización criminal presentaba una estructura perfectamente definida, con funciones repartidas, una marcada jerarquía interna y dos núcleos principales de dirección, uno en Sevilla y otro en Tenerife. La actividad ilícita desarrollada, tanto por la modificación y venta de armas de fuego en el mercado negro como por el tráfico de importantes cantidades de cocaína, suponía un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

Desarticulación completa de la organización criminal

Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos en esta segunda fase, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza para tres de ellos.

Con esta segunda fase, la Guardia Civil culmina la desarticulación completa de la organización criminal, así como de su infraestructura operativa, logística y patrimonial en Sevilla y Tenerife.

Acumulación de infracciones en un vehículo en Calahorra. Ha sucedido esta semana. Dos agentes de la Policía Local observaron un vehículo, mientras patrullaban, que circulabacon las lunas delanteras tintadas. Comenzaron a perseguirle para darle el alto y denunciarle administrativamente cuando vieron que elcoche se paraba y el conductor y el copiloto intercambiaban sus posiciones.

La Policía dio el alto al vehículo y comprobó que la persona que conducía era menor de edad y, por tanto, no poseía permiso de conducir, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido el permiso. También se informó a su madre de lo sucedido.

Además, el copiloto del vehículo, y titular del mismo, también está siendo investigado como cooperador necesario.

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas que conformaban un grupo criminal especializado en el robo violento mediante alunizajes de madrugada en comercios y atracos con machetes en joyerías y viviendas de la isla de Tenerife, especialmente en zonas turísticas del sur.

Operaban principalmente de madrugada, utilizando coches robados a empresas de alquiler de vehículos. Llegaron a sustraer más de 20 coches que estampaban contra los comercios que robaban. Para dificultar su identificación utilizaban pasamontañas, máscaras, cambios continuos de vestimenta y placas de matrícula falsas.

Las 10 personas detenidas eran jóvenes de entre 18 y 25 años. Tras su detención por la Guardia Civil, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres principales acusados.

Al menos 35 delitos

El grupo criminal cometía todo tipo de delitos contra el patrimonio. Desde robo con fuerza en farmacias, cafeterías, restaurantes o gasolineras mediante alunizajes, hasta robos con violencia en joyerías o viviendas valiéndose de machetes, cuchillos de grandes dimensiones y bates de béisbol. También estaban especializados en el robo masivo de vehículos de empresas de alquiler o hurtos en comercios mediante engaños y distracciones.

Los daños materiales ocasionados por los alunizajes y destrozos en los robos supera los 60.000 euros. El valor de las piezas de oro sustraídas en joyerías asciende a 38.600 euros, mientras que los efectos y bienes robados en comercios alcanzan los 30.000 euros.

A los acusados se les atribuyen al menos 35 hechos delictivos en una docena de municipios de la isla de Tenerife: Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Güímar, Candelaria, Fasnia, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.

La investigación ha culminado con la realización de tres registros domiciliarios simultáneos en Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna. En ellos se intervinieron vehículos sustraídos; herramientas utilizadas para los robos como mazas, patas de cabra, cizallas, destornilladores, alicates, martillos y punzones, machetes y cuchillos; material que utilizaban para ocultarse como pasamontañas, guantes, máscaras, chalecos o gorras; placas de matrícula falsas y muchas de las joyas de oro sustraídas.

La operación, de nombre Enjambre, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Tenerife junto a distintas unidades de la Compañía Playa de las Américas. También se ha contado con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias y el Servicio Cinológico.

Agentes de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa, tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo.

Las pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido habría llegado incluso a perjudicar económicamente a personas de su entorno más cercano, estafando presuntamente a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta del término municipal de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública. Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

Debido a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba el domicilio, limitando al máximo sus desplazamientos y extremando las medidas para evitar dejar cualquier tipo de rastro.

Los agentes consideran que esta forma de actuar respondía a una estrategia deliberada para reducir al máximo tanto su huella física como digital mientras permanecía oculto.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, procediéndose a su ingreso en prisión y poniendo fin a su evasión de la acción judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Santa Cruz de Tenerife y a otra en Barcelona por su presunta vinculación con grupos transnacionales de crimen organizado de origen italiano que se relacionan con el uso de documentos de identidad falsos.

Las detenciones se han practicado en base a Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por la Fiscalía italiana, además de una Orden Europea de Investigación, todas ellas tramitadas en coordinación y bajo el impulso de la Policía Nacional.

La investigación se inició gracias al marco de colaboración creado entre la Comisaria General de Información y el Punto Atenas -oficina de verificación documental de la Comisaría General de Extranjería Fronteras-, centrada en la monitorización, análisis y neutralización del uso masivo y sistemático de documentos falsos por parte de estos grupos de matriz criminal y con potencialidad desestabilizadora de la seguridad interior.

La operación ha contado con la colaboración de cuerpos de seguridad italianos -SCO-Polizia di Stato y el ROS-del Arma de Carabineri-, así como agentes especializados en la Localización de Fugitivos y Crimen Organizado de Policía Judicial, recoge una nota de la Policía Nacional.

Tras la detección de estos grupos, la Policía Nacional internacionalizó el proceso comunicando a las autoridades policiales italianas la presencia de estas personas en España, quienes verificaron que a los investigados les constaban requerimientos judiciales activos en el país transalpino, iniciándose un complejo proceso de coordinación policial y judicial, donde la labor de EUROJUST resultó determinante.

Durante el desarrollo de la investigación se evidenció cómo los ahora detenidos hacían uso reiterado de documentación falsa como elemento base de su actividad criminal en España.

Esta práctica, común en el modus operandi de muchas organizaciones criminales activas en nuestro país, supone una brecha de seguridad para el Estado ya que afecta a la fe pública y al control fronterizo.

Esta dinámica facilita actividades ilícitas de alto impacto y permite a los delincuentes actuar con impunidad.

Las detenciones se produjeron de manera simultánea en Tenerife y Barcelona y todos los investigados son de origen italiano.

Además, los agentes practicaron, en virtud de una Orden Europea de Investigación, un registro domiciliario en una finca de grandes dimensiones de uno de los detenidos ubicada en San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Del registro del interior de la vivienda principal y de los aledaños de la finca se destaca el hallazgo de varias armas de fuego y abundante munición.

También se intervino una báscula de precisión, diversas cantidades de sustancias estupefacientes (éxtasis, MDMA; aceite de hachís, cocaína y marihuana), 605 euros en billetes, documentación falsa, placas de matrícula italianas y multitud de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de almacenamiento).

En relación con la detención practicada en Barcelona la Policía Nacional destaca la incautación de documentación falsa al ciudadano italiano sobre el que pesaba la Orden Europea de Detención y Entrega.

Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de los partidos judiciales correspondientes de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona para su posterior puesta a disposición de la Audiencia Nacional a fin de iniciar los trámites correspondientes para sus entregas.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha desarrollado esta investigación en el ámbito de las Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI) que engloban las amenazas híbridas, criminalidad proxy y aquellas organizaciones con capacidad de penetrar en los tejidos político, económico, social, tecnológico, ecológico y social.

La Policía resalta que dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encuentra el Punto Atenas, que actúa como call center para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

En caso positivo, los agentes realizarán en un informe técnico con firma digital, que se adjuntará a lo actuado.

De este modo se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular, así como con cualquier ilícito penal.

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Arnedo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, llegando a un elevado de nivel de delitos esclarecidos en el año 2025 -157 delitos esclarecidos, lo que supone un 43,13%, casi 8 puntos más que en el año anterior con 119 delitos esclarecidos, un 35.52%. En el pasado año se llegó a 23,91 infracciones penales por cada mil habitantes, apreciándose un leve repunte con respecto al 2024 cuando se registró un 22,03.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce Arpón, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 364 infracciones penales -29 más que en el año 2024-, detuvieron a 84 personas -19 más que el año anterior- y se investigaron a otras 27 -10 más que en 2024-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de uno frente a los cuatro del año 2024.

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGen, en la localidad de Arnedo hay 33 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 32 víctimas. De ellos, hay 25 con un riesgo bajo, 7 medio y 1 de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

De acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al año 2025, la tasa de criminalidad se situó en 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes en La Rioja, por debajo de la media de España que fue de 50,4. De este modo, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el 2024 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

Durante el año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 12.004 infracciones penales. De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, mientras que la convencional ha descendido un –5,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (año 2024: 9.627 infracciones penales conocidas; año 2025: 9.094), es significativo una vez más el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +26,8% (año 2024: 2.312 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; en el año 2025: 2.932).

De este modo, al igual que en los tres primeros trimestres del 2025, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma. En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 148 en el año 2024 por 111 en el año 2025.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 44,2% frente al 42,1% al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 299, lo que supone 8 puntos más que en 2024.

Logroño y Calahorra

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se incrementa hasta el 39,4%, cifra superior a la registrada al concluir el año 2024 (37,0%).

A lo largo del 2025, en Logroño se registró un mínimo descenso (-0,1%) de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (4.448 delitos en 2024 y 4.445 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente al concluir el año 2025 con un 36,3%: 1.142 infracciones penales cometidas en/por medio ciber en el año 2024 por 1.557 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, mientras que en el año 2025 queda fijada en 46,5%.

En Calahorra, si comparamos respecto al año 2024, la criminalidad convencional ha bajado un 19% (1.194 al cierre del 2024 frente a las 967 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 17,8%, 180 delitos cometidos en/por medio ciber en 2024 frente a 212 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha aseverado que su Ayuntamiento, en contra del criterio de la Ertzaintza y de la Policía de Donostia, ambas bajo control del PNV, no ofrecerá datos sobre el origen de los detenidos, pese a que el presidente del PNV, Aitor Esteban, haya asegurado no estar “en absoluto” de acuerdo con esta decisión. “Soy del PNV, siempre he sido leal y sigo siendo leal. He hablado con el presidente de mi partido, he hablado con el presidente del partido en Bizkaia [por Iñigo Ansola] y está todo aclarado”, ha expresado Aburto, tras la presentación este miércoles del 'Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao' elaborado por el grupo de investigación en Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).

“No puedo olvidar que soy el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas, ni que hay un pacto de gobierno con el PSE-EE -que se opone a que se hagan públicos estos datos-, que se debe preservar porque es un valor importante. Los socios de Gobierno compartimos en este caso el criterio. Lo compartimos también en el seno del pacto de seguridad que compartimos también con Elkarrekin Bilbao y con EH Bildu”, ha aclarado el alcalde, en la misma línea que la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, también del PNV que aseguró en el pleno de finales de enero que “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”.

Según ha explicado Aburto, la representación política de su partido han hecho matizaciones y han asegurado que “hay que tener en cuenta las circunstancias políticas y sociales de cada municipio”. “En este caso, la de Bilbao es que hay un pacto por la seguridad. Por eso, cuál sea o deje de ser la opinión que pueda tener Juan María Aburto sobre un tema concreto, no es relevante. Tenemos que trabajar en política de seguridad desde una perspectiva colaborativa, y creo que es cada vez más necesario y así lo entendemos, que la política de seguridad de Bilbao sea compartida con la Justicia, con otras instituciones, con otras Policías y con la ciudadanía. Y en eso nos vamos a seguir empeñando, vamos a seguir siendo persistentes porque es mucho lo que nos jugamos”, ha concluido.

El informe presentado este miércoles por el criminólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU), César San Juan, destaca que “el caso de Bilbao ilustra de manera clara la diferencia entre seguridad real y seguridad percibida: mientras que los niveles de victimización se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, la percepción de seguridad ha descendido cerca de un punto”. Es decir, que no coinciden los datos reales con la percepción de la ciudadanía.

En gran parte esto ocurre, según detalla el informe, por culpa de los medios de comunicación. “Los datos confirman que la realidad de la delincuencia y la percepción ciudadana no evolucionan de forma paralela, sino que se influencian mutuamente a través del filtro de la comunicación. Por un lado, un aumento (o evento puntual) de delitos puede atraer la atención de los medios, generando mayor cobertura informativa y, con ello, elevando la preocupación social. Por otro lado, una ciudadanía más preocupada tiende a demandar y consumir más noticias sobre seguridad, incentivando a los medios a intensificar ese tipo de contenidos. Esta retroalimentación circular crea un bucle en el que la sensación de inseguridad puede alimentarse independientemente de cambios objetivos mínimos”, sostiene el documento.

Al plantear la pregunta “¿Es Bilbao una ciudad segura?”, el informe determina que en términos generales sí. En el estudio se compara a Bilbao con las principales metrópolis del país, como Madrid o Barcelona y sostiene que estas ciudades presentan tasas de criminalidad significativamente más elevadas, tanto en términos absolutos como relativos, debido a “factores estructurales que incluyen flujos masivos de población, actividad turística intensa, una mayor presencia de delincuencia organizada y una oferta comercial y de ocio mucho más amplia”. “En este contexto, Bilbao aparece como una ciudad considerablemente más segura: la incidencia de delitos violentos es sustancialmente inferior, la presión delictiva está menos asociada a fenómenos de macro-movilidad y la sensación de seguridad ciudadana es notablemente más elevada. Esta comparación permite situar a Bilbao en una posición destacada dentro del conjunto de las grandes áreas urbanas españolas”, recoge el documento.

Cuando se compara con otras ciudades de menor tamaño, como Zaragoza, A Coruña, Gijón o Valladolid Bilbao presenta una tasa de criminalidad total algo más elevada que la mayoría de estas ciudades, y ello se explica principalmente por su mayor dinamismo urbano y económico dentro del área metropolitana. Sin embargo, en lo que respecta a delitos graves, las diferencias prácticamente desaparecen: Bilbao mantiene niveles muy reducidos de violencia, comparables o incluso inferiores a los de estas ciudades. “Así, la mayor tasa global no refleja un entorno más peligroso en términos de integridad física, sino una mayor exposición a delitos leves propios de los centros urbanos con actividad económica sostenida”, detalla el informe.

En cuanto a las cifras aportadas, la investigación aclara que al finalizar 2024 Euskadi mostraba niveles de delitos algo superiores a los de 2019, pero con menos criminalidad violenta en espacios públicos y mucho más peso de la ciberdelincuencia que en el pasado reciente. En conjunto, el total de Bilbao bajó de 31.392 delitos (2023) a 29.388 en 2024, consolidando la tendencia descendente tras el pico de 2022. “Los delitos sexuales son aún minoría en términos cuantitativos, pero el ritmo de crecimiento y su fuerte impacto social exigen prioridad política y operativa, especialmente en prevención, atención a víctimas y persecución efectiva”, aclara el informe, que concluye que “Bilbao se mantiene en niveles moderados de criminalidad comparada, pero, no obstante, el Ayuntamiento no minimiza el problema y lo aborda como una prioridad en la ciudad”.

Además del diagnóstico, en el informe se incluyen recomendaciones orientadas a reforzar las políticas públicas municipales desde una perspectiva preventiva, comunitaria y transversal, que entiende la seguridad como un elemento clave de la cohesión social y de la calidad de vida, entre las que destacan reforzar la seguridad mediante el entorno físico y la disuasión visible; atacar las raíces sociales de la delincuencia y el incivismo; reducir el miedo y la sensación de inseguridad actuando sobre incivismos y cercanía ciudadana; adoptar una estrategia proactiva, transparente y pedagógica en materia de seguridad y consolidar un modelo de seguridad colaborativo, transversal y evaluable.

Cuando alguien llama pidiendo ayuda, el tiempo hasta que llega apoyo puede cambiarlo todo y esa espera no siempre se resuelve con un coche patrulla doblando la esquina. En Dearborn, una ciudad que limitad con Detroit en el estado Michigan, ese primer recurso ya no tiene por qué ser un agente, porque un dron puede despegar antes y colocarse sobre el lugar del aviso en cuestión de minutos.

La idea es simple en apariencia: enviar una cámara voladora como primera ayuda para que observe desde arriba y transmita imágenes al instante mientras la situación sigue abierta. Ese planteamiento altera el orden habitual de respuesta y convierte al dron en la primera línea de socorro cuando hay problemas. Para que esa intervención previa tenga sentido, hace falta un sistema capaz de salir casi al momento y mantener conexión estable con quienes coordinan la actuación.

Una localidad estadounidense apuesta por aparatos aéreos que acuden antes que los vehículos oficiales

Dearborn ha puesto en marcha un programa denominado Dron as First Responder junto al fabricante Skydio para desplegar aeronaves no tripuladas antes de que llegue la policía al lugar de un incidente, según Futurism. El ayuntamiento ha indicado en una nota que instalará estaciones desde las que estos aparatos pueden despegar y llegar al punto señalado en 2,5 minutos, con transmisión de vídeo en tiempo real.

La previsión oficial apunta a que se usarán en avisos por delitos violentos, accidentes de tráfico, desapariciones y robos en vehículos o propiedades. El plan se presenta como el primero de este tipo en el estado de Michigan y forma parte de una estrategia para recabar información previa antes de que los agentes pisen el terreno.

El sistema se apoya en una plataforma de Skydio que incluye cuadricópteros de control remoto y unas bases llamadas dock hives, que funcionan como puntos de lanzamiento automatizados. Cada una de esas estaciones puede operar con temperaturas que van desde -4 grados Fahrenheit hasta 122, un rango que se pone a prueba en los inviernos de Michigan.

El diseño recuerda por su forma y color al ED-209 que aparecía en la película RoboCop, y cada vez que uno de estos aparatos despega, la base emite destellos luminosos que iluminan el cielo. La referencia con la película tiene sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que Detroit presentó en diciembre una estatua de unos 3,35 metros dedicada al personaje del film de 1987 dirigida por Paul Verhoeven.

Este proyecto está en otras zonas con grandes resultados

Skydio afirma en su página web que sus drons ya están activos en más de 1.000 departamentos de policía en Estados Unidos, con presencia tanto en ciudades pequeñas como Redmond, en el estado de Washington, como en grandes áreas urbanas como Los Ángeles y Cincinnati.

En Colorado, Anita Koester, jefa de la división de servicios de apoyo del Lakewood Police Department, declaró en un testimonio que “en 22 semanas hemos gestionado más de 1200 llamadas de servicio en nuestra zona de despliegue”. En esa misma intervención añadió que “hemos cerrado el 41% de esas llamadas sin necesidad de enviar agentes”.

También explicó que “ahora el 80% de las veces el dron es el primero en llegar” y que “hemos realizado 115 detenciones, 100% porque el dron estaba en el lugar y fue el componente decisivo para efectuar ese arresto”.

Las autoridades defienden que esta herramienta mejora la evaluación previa y reduce intervenciones físicas

En Dearborn, el jefe de policía Issa Shahin afirmó en un comunicado que “este programa nos permitirá evaluar situaciones casi al instante cuando alguien llama pidiendo ayuda”. En esa misma declaración aseguró que “al apoyar a nuestros agentes en tiempo real cuando se desarrollan situaciones críticas, actúa como multiplicador de fuerza y reduce el tiempo de respuesta”.

La ciudad afirma que este proyecto puede facilitar la desescalada en determinadas situaciones al ofrecer una vista previa del escenario, con la expectativa de disminuir la probabilidad de uso de la fuerza y resolver los avisos de forma segura para las personas implicadas.

Aun así, resulta difícil medir con precisión su eficacia porque, aunque los cuerpos policiales valoran positivamente el sistema, los datos de Police Scorecard sitúan a los departamentos de Dearborn junto con los de Albuquerque y St. Louis, que también han implementado este sistema de drones, entre los más costosos por habitante en el país y con resultados bajos en la tasa de uso de la fuerza durante detenciones.

El despliegue de estos dispositivos implica gasto, pero también puede reducir la presencia física de agentes en determinadas intervenciones y modificar la forma en que se gestionan los avisos en esas ciudades.

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.

Pero los datos de Barcelona, y del conjunto de Catalunya, cuentan otra historia. De hecho, con dos años consecutivos con cifras a la baja, la capital catalana tuvo en 2025 el nivel de delincuencia más bajo en una década, exceptuando el periodo del Covid. “Hemos trabajado mucho para luchar contra la multireincidencia y hoy lo podemos celebrar”, ha apuntado el alcalde socialista Jaume Collboni tras la Junta Local de Seguridad.

A pesar de tener datos equivalentes a los de 2015, cuando la seguridad era la sexta preocupación de los barceloneses, esta cuestión ahora ocupa el segundo puesto, sólo por detrás de la crisis de la vivienda.

Un 20% menos de robos con fuerza

El 85,6% de los delitos que se cometen en Barcelona (igual que en toda gran ciudad) son contra el patrimonio. En este ámbito, que baja de manera global un 7%, los hurtos descienden un 7,6%; los robos con fuerza un 19,8%; los robos y hurtos de vehículos un 6,7%; y los daños un 5,6%.

Por otro lado, los robos violentos suben un 0,5%. Estos representan el 7,6% de los delitos del total de Barcelona. En esta categoría, se han llevado a cabo 3.802 detenciones a 2.340 personas distintas. Según datos del Ayuntamiento, las detenciones han aumentado un 13,8% respecto a 2024. El perfil de autor de robos con violencia, según la Guàrdia Urbana, es de un hombre sin armas que, de un tirón, se lleva un teléfono o una cartera, casi siempre sin causar lesiones a la víctima.

Otros delitos que también suben son las estafas, los delitos contra la salud pública o la tenencia de armas blancas. Pero desde el Ayuntamiento recuerdan que el aumento de estas cifras no supone, necesariamente, que crezca la delincuencia, sino simplemente que crece el número de delitos detectados. “Este incremento no se debe asociar a un aumento de la inseguridad” porque, aseguran desde el consistorio, “son delitos que crecen cuando se incrementan los dispositivos policiales y las patrullas dirigidas”.

Un 4,8% menos de violencia de género

El Sistema Integral de Atención a las Víctimas, que da cobertura a las mujeres que han sufrido violencia de género, matrimonios forzados, mutilación genital, violencia sexual o delitos de odio y discriminación, atendió en 2025 a 4.679 mujeres, un 14% menos que el año anterior. Por otro lado, aumentaron un 2% las órdenes de protección y un 4% el seguimiento a víctimas.

En ámbito global, los datos apuntan a que los delitos relacionados con la violencia de género bajan un 4,8%. Bajan, sobre todo las amenazas, las coacciones y el maltrato habitual en el hogar. En cambio, crecen los delitos de ruptura de condena con resolución judicial. También crecen un 4,4% las denuncias -que no detenciones- por agresión sexual.

En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que la violencia sexual ha crecido un 14,7%, mientras que la violencia doméstica ha bajado en una cifra casi idéntica: un 14,6%.

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época eran unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts. La iniciativa salió adelante con el apoyo de toda la derecha y del partido cuyo líder, que se llama Pedro Sánchez, no deja de repetir que hay que frenar a Vox cueste lo que cueste. Parece que el jueves tocaba tomarse el día libre en ese empeño.

La frase en cuestión tiene que ver con las puertas de comisarías o juzgados. Cuca Gamarra lamentó en el debate que sea habitual desde hace años ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. Pilar Vallugera, de Esquerra, que optó por la abstención, se centró en la lentitud de la justicia que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”. Para la versión más entusiasta estaba Míriam Nogueras, de Junts: “Los ladrones que campan por Catalunya, roban y asustan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a los campesinos, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”.

Pasan los años y hasta las décadas y las mismas frases aparecen en la boca de los políticos. Es llamativo, porque la situación no puede ser más diferente a la que existía cuando se empezaron a utilizar esas palabras.

Nogueras estaba acompañada en el patio del Congreso por un grupo de alcaldes de Junts que han presionado durante meses para que se adoptara la medida. Afirmaban que la delincuencia estaba aumentando en sus ciudades y que sus expectativas electorales se estaban viniendo abajo por la pujanza de Aliança Catalana, el partido de la ultraderecha independentista. Incluso viajaron a Waterloo para ver a Carles Puigdemont y dar la voz de alarma.

Sílvia Orriols, líder de Aliança, ha confirmado que su partido no se presentará a las próximas elecciones generales. Tampoco lo necesita si Junts se ocupa de hacer su trabajo en el Congreso.

La reforma impone que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, aunque uno de ellos sea leve y el valor de lo sustraído sea inferior a 400 euros. Los hurtos continuados serán castigados con penas de uno a tres años a partir de tres condenas. El actual Código Penal ya aumentaba las penas por multirreincidencia si la cuantía de varios robos superaba los 400 euros.

¿Qué quiere decir que esos delincuentes “ya no saldrán”, como decía Nogueras? Todos los que apoyan los cambios aspiran a que esos presuntos ladrones entren en prisión preventiva y desaparezcan de las calles por mucho tiempo, no a causa de la duración de la pena, sino del retraso tradicional de la justicia.

En los años ochenta, el primer Gobierno de Felipe González recibió la herencia de unas prisiones abarrotadas y en condiciones materiales deplorables que estaban a punto de estallar. Existía el convencimiento generalizado de que no se trataba a los presos como seres humanos. Se calculaba que más del 90% de ellos eran preventivos a la espera de juicio. Lo que se llamó la reforma Ledesma, por el ministro de Justicia, intentaba resolver una situación explosiva poniendo en libertad a muchos de esos internos, lo que supuso un aumento de la pequeña delincuencia. El factor esencial fue la ola de robos cometidos en las grandes ciudades relacionados con el consumo de droga.

“La desigualdad y la marginación, en combinación con el paro y la crisis económica, desemboca, con la droga como hilo trágico, en unos índices de delincuencia como no se habían conocido en España”, escribe Arturo Lezcano en el libro 'Madrid, 1983'.

Frente a las falsedades que se leen en las redes sociales sobre la nostalgia de esos años ochenta en España, básicamente porque casi no había extranjeros, la realidad fue muy diferente. Y fue entonces cuando se popularizó la frase que empieza por “entra por una puerta...”.

Pasada esa época –la cárcel, las sobredosis y el sida acabaron con una generación de personas que violaban la ley por decisión propia o adicción–, la sociedad se instaló en un panorama que no ha cambiado demasiado. España es un país con un bajo nivel de criminalidad grave y con un alto porcentaje de población carcelaria, lo que es una cierta paradoja. Es uno de los países de Europa Occidental con más presos por habitante (117 por 100.000 en 2024) por detrás de Gran Bretaña (170).

Teniendo en cuenta que Feijóo ha dado pista libre a relacionar inmigración con delincuencia, no es extraño que Gamarra sacara un tema que no tenía que ver directamente con la reforma. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes”, dijo. Es un mensaje idéntico al de Vox.

El partido de Santiago Abascal votó a favor, aunque cree que la reforma es “necesaria, pero no suficiente”, dijo Juan José Aizcorbe. “Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo”. El PP y Vox están en plena competición para ver quién llama criminal con más intensidad a los inmigrantes sin papeles, sobre todo si son africanos.

A pesar de los comentarios de la derecha y la extrema derecha, el diputado socialista Francisco Aranda dijo que la norma se hace desde la óptica “progresista”, lo que es una forma bastante imaginativa de describir los cambios.

Los socios del Gobierno no vieron progresismo por ningún lado, sino todo lo contrario. “¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a robagallinas?”, se preguntó Enrique Santiago, aunque en este caso habría que hablar sobre todo de robamóviles. El portavoz de Sumar acusó al PSOE de utilizar los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, planteó que el mayor problema sigue estando en los tribunales: “Tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más”. Igual el problema no está ahí. Da igual que aumenten las penas si los juicios tardan mucho tiempo en celebrarse. Ningún juez mantendrá en prisión preventiva a una persona durante dos años si le piden uno de prisión. Ese pronóstico de Nogueras de que “ya no saldrán” es algo más que discutible.

Sobre la frase de entrar por una puerta y salir por otra, José María Mena, que fue fiscal jefe del TSJ de Catalunya durante diez años, tenía una respuesta inteligente: “No tenemos tantas puertas. Entran y salen por la misma”. La clave no es “endurecer las leyes”, decía, “basta con aplicarlas”.

Para los políticos, aplicar leyes puede ser una tarea ardua, por ejemplo por problemas presupuestarios. La solución más fácil es reformar el Código Penal al que se puede estirar como un chicle hasta dejarlo irreconocible. Tendrán el titular, se abrazarán alborozados y se harán fotos, y el problema que exista en la calle seguirá siendo el mismo.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en gasolineras, comercios y viviendas, con un saldo de cuatro detenidos y más de 12.000 euros intervenidos, esclareciendo así más de un centenar de delitos cometidos en Alicante, Murcia, Granada, Albacete y Cuenca.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación incluyó dos registros en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), permitiendo recuperar aproximadamente 50 piezas de joyería y más de 30 vehículos robados que empleaban los sospechosos para cometer los delitos. Además, se encontraron algunas prendas que usaron los implicados para perpetrar los robos.

Los agentes comenzaron una investigación en el marco de la operación 'Gasfilter- Seagas', tras detectar varios robos con fuerza en estaciones de servicio de Murcia y Alicante. En la primera fase de la investigación, detectaron un patrón común entre estos atracos efectuados en el pasado mes de julio.

Los sospechosos “violentaban” durante la noche las fachadas de las gasolineras con mazos y demás herramientas, con el objetivo de acceder a su interior. Una vez sustraídas las cajas registradoras y las máquinas de tabaco, se trasladaban a “zonas aisladas” donde las vaciaban y abandonaban.

Robos en Albacete durante Nochebuena y Nochevieja

Tras las primeras pesquisas, la Benemérita intervino el teléfono de uno de los sospechosos durante un robo en Granada. Esto permitió observar un robo violento en el que, encapuchados y armados, sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera en Llano de Brujas (Murcia).

Con las imágenes, el cuerpo llegó a la conclusión de que el grupo también robaba en establecimientos de hostelería e incluso en domicilios con moradores en su interior, con el objetivo de sustraer dinero u objetos de valor con salida en el mercado negro, principalmente las joyas.

Durante los meses de septiembre y noviembre, la banda centró su actividad en Lorca y Mazarrón (Murcia), donde actuaron tanto en gasolineras como en casas de campo. Además, según señala el comunicado, “aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja” robaron dinero, joyas y dos vehículos en diferentes viviendas de tres municipios albaceteños -Cancarix, Agramón y Tobarra-.

Tras los hallazgos mencionados, los uniformados detuvieron a dos de los sospechosos en Almería donde, según lo descubierto por los agentes, se iban a mudar. En el registro del vehículo, encontraron “numerosas piezas de joyería robadas” bajo los asientos y, posteriormente, detuvieron a otros dos miembros en San Javier y Cartagena (Murcia).

Un grupo itinerante y con “amplio historial delictivo”

Con las detenciones ya realizadas, la Guardia Civil conoció que el grupo, a pesar de estar asentados en Murcia y Alicante, tenía carácter “itinerante” y que sus miembros contaban con “un amplio historial delictivo”.

Además, tapaban las matrículas de los vehículos robados con los que se transportaban y delinquían, y cambiaban “frecuentemente” de número, así como de dispositivo de teléfono.

Tras las intervenciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante, se han esclarecida más de cien robos: 50 se han cometido en Murcia, 20 en Alicante, 12 en Almería, así como una decena en Granada, siete en Albacete y tres en Cuenca.

Por todo ello, se atribuye a los detenidos “los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal”.