Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Arnedo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, llegando a un elevado de nivel de delitos esclarecidos en el año 2025 -157 delitos esclarecidos, lo que supone un 43,13%, casi 8 puntos más que en el año anterior con 119 delitos esclarecidos, un 35.52%. En el pasado año se llegó a 23,91 infracciones penales por cada mil habitantes, apreciándose un leve repunte con respecto al 2024 cuando se registró un 22,03.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce Arpón, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 364 infracciones penales -29 más que en el año 2024-, detuvieron a 84 personas -19 más que el año anterior- y se investigaron a otras 27 -10 más que en 2024-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de uno frente a los cuatro del año 2024.

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGen, en la localidad de Arnedo hay 33 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 32 víctimas. De ellos, hay 25 con un riesgo bajo, 7 medio y 1 de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

De acuerdo al Balance de Criminalidad correspondiente al año 2025, la tasa de criminalidad se situó en 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes en La Rioja, por debajo de la media de España que fue de 50,4. De este modo, la región se mantiene con la misma tasa que al concluir el 2024 y continúa como la cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Este Balance de Criminalidad, publicado en la página web del Ministerio del Interior, recoge la evolución de las infracciones penales registradas por Policía Nacional y Guardia Civil en La Rioja.

Durante el año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en La Rioja de 12.004 infracciones penales. De acuerdo al desglose según el tipo de criminalidad, mientras que la convencional ha descendido un –5,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (año 2024: 9.627 infracciones penales conocidas; año 2025: 9.094), es significativo una vez más el fuerte incremento de la cibercriminalidad con una variación de +26,8% (año 2024: 2.312 infracciones penales cometidas en/por medio ciber; en el año 2025: 2.932).

De este modo, al igual que en los tres primeros trimestres del 2025, el aumento de la cibercriminalidad ha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma. En cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se ha registrado un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 148 en el año 2024 por 111 en el año 2025.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 44,2% frente al 42,1% al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 299, lo que supone 8 puntos más que en 2024.

Logroño y Calahorra

Este Balance de Criminalidad ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Con respecto a los datos de criminalidad registrada en la capital riojana, la tasa de criminalidad se incrementa hasta el 39,4%, cifra superior a la registrada al concluir el año 2024 (37,0%).

A lo largo del 2025, en Logroño se registró un mínimo descenso (-0,1%) de criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (4.448 delitos en 2024 y 4.445 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad ha aumentado considerablemente al concluir el año 2025 con un 36,3%: 1.142 infracciones penales cometidas en/por medio ciber en el año 2024 por 1.557 en 2025.

Por su parte, destaca que la tasa de criminalidad de Calahorra ha descendido un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja; al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, mientras que en el año 2025 queda fijada en 46,5%.

En Calahorra, si comparamos respecto al año 2024, la criminalidad convencional ha bajado un 19% (1.194 al cierre del 2024 frente a las 967 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad ha aumentado un 17,8%, 180 delitos cometidos en/por medio ciber en 2024 frente a 212 en este mismo periodo durante el presente ejercicio.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha aseverado que su Ayuntamiento, en contra del criterio de la Ertzaintza y de la Policía de Donostia, ambas bajo control del PNV, no ofrecerá datos sobre el origen de los detenidos, pese a que el presidente del PNV, Aitor Esteban, haya asegurado no estar “en absoluto” de acuerdo con esta decisión. “Soy del PNV, siempre he sido leal y sigo siendo leal. He hablado con el presidente de mi partido, he hablado con el presidente del partido en Bizkaia [por Iñigo Ansola] y está todo aclarado”, ha expresado Aburto, tras la presentación este miércoles del 'Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao' elaborado por el grupo de investigación en Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).

“No puedo olvidar que soy el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas, ni que hay un pacto de gobierno con el PSE-EE -que se opone a que se hagan públicos estos datos-, que se debe preservar porque es un valor importante. Los socios de Gobierno compartimos en este caso el criterio. Lo compartimos también en el seno del pacto de seguridad que compartimos también con Elkarrekin Bilbao y con EH Bildu”, ha aclarado el alcalde, en la misma línea que la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, también del PNV que aseguró en el pleno de finales de enero que “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”.

Según ha explicado Aburto, la representación política de su partido han hecho matizaciones y han asegurado que “hay que tener en cuenta las circunstancias políticas y sociales de cada municipio”. “En este caso, la de Bilbao es que hay un pacto por la seguridad. Por eso, cuál sea o deje de ser la opinión que pueda tener Juan María Aburto sobre un tema concreto, no es relevante. Tenemos que trabajar en política de seguridad desde una perspectiva colaborativa, y creo que es cada vez más necesario y así lo entendemos, que la política de seguridad de Bilbao sea compartida con la Justicia, con otras instituciones, con otras Policías y con la ciudadanía. Y en eso nos vamos a seguir empeñando, vamos a seguir siendo persistentes porque es mucho lo que nos jugamos”, ha concluido.

El informe presentado este miércoles por el criminólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU), César San Juan, destaca que “el caso de Bilbao ilustra de manera clara la diferencia entre seguridad real y seguridad percibida: mientras que los niveles de victimización se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, la percepción de seguridad ha descendido cerca de un punto”. Es decir, que no coinciden los datos reales con la percepción de la ciudadanía.

En gran parte esto ocurre, según detalla el informe, por culpa de los medios de comunicación. “Los datos confirman que la realidad de la delincuencia y la percepción ciudadana no evolucionan de forma paralela, sino que se influencian mutuamente a través del filtro de la comunicación. Por un lado, un aumento (o evento puntual) de delitos puede atraer la atención de los medios, generando mayor cobertura informativa y, con ello, elevando la preocupación social. Por otro lado, una ciudadanía más preocupada tiende a demandar y consumir más noticias sobre seguridad, incentivando a los medios a intensificar ese tipo de contenidos. Esta retroalimentación circular crea un bucle en el que la sensación de inseguridad puede alimentarse independientemente de cambios objetivos mínimos”, sostiene el documento.

Al plantear la pregunta “¿Es Bilbao una ciudad segura?”, el informe determina que en términos generales sí. En el estudio se compara a Bilbao con las principales metrópolis del país, como Madrid o Barcelona y sostiene que estas ciudades presentan tasas de criminalidad significativamente más elevadas, tanto en términos absolutos como relativos, debido a “factores estructurales que incluyen flujos masivos de población, actividad turística intensa, una mayor presencia de delincuencia organizada y una oferta comercial y de ocio mucho más amplia”. “En este contexto, Bilbao aparece como una ciudad considerablemente más segura: la incidencia de delitos violentos es sustancialmente inferior, la presión delictiva está menos asociada a fenómenos de macro-movilidad y la sensación de seguridad ciudadana es notablemente más elevada. Esta comparación permite situar a Bilbao en una posición destacada dentro del conjunto de las grandes áreas urbanas españolas”, recoge el documento.

Cuando se compara con otras ciudades de menor tamaño, como Zaragoza, A Coruña, Gijón o Valladolid Bilbao presenta una tasa de criminalidad total algo más elevada que la mayoría de estas ciudades, y ello se explica principalmente por su mayor dinamismo urbano y económico dentro del área metropolitana. Sin embargo, en lo que respecta a delitos graves, las diferencias prácticamente desaparecen: Bilbao mantiene niveles muy reducidos de violencia, comparables o incluso inferiores a los de estas ciudades. “Así, la mayor tasa global no refleja un entorno más peligroso en términos de integridad física, sino una mayor exposición a delitos leves propios de los centros urbanos con actividad económica sostenida”, detalla el informe.

En cuanto a las cifras aportadas, la investigación aclara que al finalizar 2024 Euskadi mostraba niveles de delitos algo superiores a los de 2019, pero con menos criminalidad violenta en espacios públicos y mucho más peso de la ciberdelincuencia que en el pasado reciente. En conjunto, el total de Bilbao bajó de 31.392 delitos (2023) a 29.388 en 2024, consolidando la tendencia descendente tras el pico de 2022. “Los delitos sexuales son aún minoría en términos cuantitativos, pero el ritmo de crecimiento y su fuerte impacto social exigen prioridad política y operativa, especialmente en prevención, atención a víctimas y persecución efectiva”, aclara el informe, que concluye que “Bilbao se mantiene en niveles moderados de criminalidad comparada, pero, no obstante, el Ayuntamiento no minimiza el problema y lo aborda como una prioridad en la ciudad”.

Además del diagnóstico, en el informe se incluyen recomendaciones orientadas a reforzar las políticas públicas municipales desde una perspectiva preventiva, comunitaria y transversal, que entiende la seguridad como un elemento clave de la cohesión social y de la calidad de vida, entre las que destacan reforzar la seguridad mediante el entorno físico y la disuasión visible; atacar las raíces sociales de la delincuencia y el incivismo; reducir el miedo y la sensación de inseguridad actuando sobre incivismos y cercanía ciudadana; adoptar una estrategia proactiva, transparente y pedagógica en materia de seguridad y consolidar un modelo de seguridad colaborativo, transversal y evaluable.

Cuando alguien llama pidiendo ayuda, el tiempo hasta que llega apoyo puede cambiarlo todo y esa espera no siempre se resuelve con un coche patrulla doblando la esquina. En Dearborn, una ciudad que limitad con Detroit en el estado Michigan, ese primer recurso ya no tiene por qué ser un agente, porque un dron puede despegar antes y colocarse sobre el lugar del aviso en cuestión de minutos.

La idea es simple en apariencia: enviar una cámara voladora como primera ayuda para que observe desde arriba y transmita imágenes al instante mientras la situación sigue abierta. Ese planteamiento altera el orden habitual de respuesta y convierte al dron en la primera línea de socorro cuando hay problemas. Para que esa intervención previa tenga sentido, hace falta un sistema capaz de salir casi al momento y mantener conexión estable con quienes coordinan la actuación.

Una localidad estadounidense apuesta por aparatos aéreos que acuden antes que los vehículos oficiales

Dearborn ha puesto en marcha un programa denominado Dron as First Responder junto al fabricante Skydio para desplegar aeronaves no tripuladas antes de que llegue la policía al lugar de un incidente, según Futurism. El ayuntamiento ha indicado en una nota que instalará estaciones desde las que estos aparatos pueden despegar y llegar al punto señalado en 2,5 minutos, con transmisión de vídeo en tiempo real.

La previsión oficial apunta a que se usarán en avisos por delitos violentos, accidentes de tráfico, desapariciones y robos en vehículos o propiedades. El plan se presenta como el primero de este tipo en el estado de Michigan y forma parte de una estrategia para recabar información previa antes de que los agentes pisen el terreno.

El sistema se apoya en una plataforma de Skydio que incluye cuadricópteros de control remoto y unas bases llamadas dock hives, que funcionan como puntos de lanzamiento automatizados. Cada una de esas estaciones puede operar con temperaturas que van desde -4 grados Fahrenheit hasta 122, un rango que se pone a prueba en los inviernos de Michigan.

El diseño recuerda por su forma y color al ED-209 que aparecía en la película RoboCop, y cada vez que uno de estos aparatos despega, la base emite destellos luminosos que iluminan el cielo. La referencia con la película tiene sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que Detroit presentó en diciembre una estatua de unos 3,35 metros dedicada al personaje del film de 1987 dirigida por Paul Verhoeven.

Este proyecto está en otras zonas con grandes resultados

Skydio afirma en su página web que sus drons ya están activos en más de 1.000 departamentos de policía en Estados Unidos, con presencia tanto en ciudades pequeñas como Redmond, en el estado de Washington, como en grandes áreas urbanas como Los Ángeles y Cincinnati.

En Colorado, Anita Koester, jefa de la división de servicios de apoyo del Lakewood Police Department, declaró en un testimonio que “en 22 semanas hemos gestionado más de 1200 llamadas de servicio en nuestra zona de despliegue”. En esa misma intervención añadió que “hemos cerrado el 41% de esas llamadas sin necesidad de enviar agentes”.

También explicó que “ahora el 80% de las veces el dron es el primero en llegar” y que “hemos realizado 115 detenciones, 100% porque el dron estaba en el lugar y fue el componente decisivo para efectuar ese arresto”.

Las autoridades defienden que esta herramienta mejora la evaluación previa y reduce intervenciones físicas

En Dearborn, el jefe de policía Issa Shahin afirmó en un comunicado que “este programa nos permitirá evaluar situaciones casi al instante cuando alguien llama pidiendo ayuda”. En esa misma declaración aseguró que “al apoyar a nuestros agentes en tiempo real cuando se desarrollan situaciones críticas, actúa como multiplicador de fuerza y reduce el tiempo de respuesta”.

La ciudad afirma que este proyecto puede facilitar la desescalada en determinadas situaciones al ofrecer una vista previa del escenario, con la expectativa de disminuir la probabilidad de uso de la fuerza y resolver los avisos de forma segura para las personas implicadas.

Aun así, resulta difícil medir con precisión su eficacia porque, aunque los cuerpos policiales valoran positivamente el sistema, los datos de Police Scorecard sitúan a los departamentos de Dearborn junto con los de Albuquerque y St. Louis, que también han implementado este sistema de drones, entre los más costosos por habitante en el país y con resultados bajos en la tasa de uso de la fuerza durante detenciones.

El despliegue de estos dispositivos implica gasto, pero también puede reducir la presencia física de agentes en determinadas intervenciones y modificar la forma en que se gestionan los avisos en esas ciudades.

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.

Pero los datos de Barcelona, y del conjunto de Catalunya, cuentan otra historia. De hecho, con dos años consecutivos con cifras a la baja, la capital catalana tuvo en 2025 el nivel de delincuencia más bajo en una década, exceptuando el periodo del Covid. “Hemos trabajado mucho para luchar contra la multireincidencia y hoy lo podemos celebrar”, ha apuntado el alcalde socialista Jaume Collboni tras la Junta Local de Seguridad.

A pesar de tener datos equivalentes a los de 2015, cuando la seguridad era la sexta preocupación de los barceloneses, esta cuestión ahora ocupa el segundo puesto, sólo por detrás de la crisis de la vivienda.

Un 20% menos de robos con fuerza

El 85,6% de los delitos que se cometen en Barcelona (igual que en toda gran ciudad) son contra el patrimonio. En este ámbito, que baja de manera global un 7%, los hurtos descienden un 7,6%; los robos con fuerza un 19,8%; los robos y hurtos de vehículos un 6,7%; y los daños un 5,6%.

Por otro lado, los robos violentos suben un 0,5%. Estos representan el 7,6% de los delitos del total de Barcelona. En esta categoría, se han llevado a cabo 3.802 detenciones a 2.340 personas distintas. Según datos del Ayuntamiento, las detenciones han aumentado un 13,8% respecto a 2024. El perfil de autor de robos con violencia, según la Guàrdia Urbana, es de un hombre sin armas que, de un tirón, se lleva un teléfono o una cartera, casi siempre sin causar lesiones a la víctima.

Otros delitos que también suben son las estafas, los delitos contra la salud pública o la tenencia de armas blancas. Pero desde el Ayuntamiento recuerdan que el aumento de estas cifras no supone, necesariamente, que crezca la delincuencia, sino simplemente que crece el número de delitos detectados. “Este incremento no se debe asociar a un aumento de la inseguridad” porque, aseguran desde el consistorio, “son delitos que crecen cuando se incrementan los dispositivos policiales y las patrullas dirigidas”.

Un 4,8% menos de violencia de género

El Sistema Integral de Atención a las Víctimas, que da cobertura a las mujeres que han sufrido violencia de género, matrimonios forzados, mutilación genital, violencia sexual o delitos de odio y discriminación, atendió en 2025 a 4.679 mujeres, un 14% menos que el año anterior. Por otro lado, aumentaron un 2% las órdenes de protección y un 4% el seguimiento a víctimas.

En ámbito global, los datos apuntan a que los delitos relacionados con la violencia de género bajan un 4,8%. Bajan, sobre todo las amenazas, las coacciones y el maltrato habitual en el hogar. En cambio, crecen los delitos de ruptura de condena con resolución judicial. También crecen un 4,4% las denuncias -que no detenciones- por agresión sexual.

En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que la violencia sexual ha crecido un 14,7%, mientras que la violencia doméstica ha bajado en una cifra casi idéntica: un 14,6%.

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época eran unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts. La iniciativa salió adelante con el apoyo de toda la derecha y del partido cuyo líder, que se llama Pedro Sánchez, no deja de repetir que hay que frenar a Vox cueste lo que cueste. Parece que el jueves tocaba tomarse el día libre en ese empeño.

La frase en cuestión tiene que ver con las puertas de comisarías o juzgados. Cuca Gamarra lamentó en el debate que sea habitual desde hace años ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. Pilar Vallugera, de Esquerra, que optó por la abstención, se centró en la lentitud de la justicia que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”. Para la versión más entusiasta estaba Míriam Nogueras, de Junts: “Los ladrones que campan por Catalunya, roban y asustan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a los campesinos, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”.

Pasan los años y hasta las décadas y las mismas frases aparecen en la boca de los políticos. Es llamativo, porque la situación no puede ser más diferente a la que existía cuando se empezaron a utilizar esas palabras.

Nogueras estaba acompañada en el patio del Congreso por un grupo de alcaldes de Junts que han presionado durante meses para que se adoptara la medida. Afirmaban que la delincuencia estaba aumentando en sus ciudades y que sus expectativas electorales se estaban viniendo abajo por la pujanza de Aliança Catalana, el partido de la ultraderecha independentista. Incluso viajaron a Waterloo para ver a Carles Puigdemont y dar la voz de alarma.

Sílvia Orriols, líder de Aliança, ha confirmado que su partido no se presentará a las próximas elecciones generales. Tampoco lo necesita si Junts se ocupa de hacer su trabajo en el Congreso.

La reforma impone que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, aunque uno de ellos sea leve y el valor de lo sustraído sea inferior a 400 euros. Los hurtos continuados serán castigados con penas de uno a tres años a partir de tres condenas. El actual Código Penal ya aumentaba las penas por multirreincidencia si la cuantía de varios robos superaba los 400 euros.

¿Qué quiere decir que esos delincuentes “ya no saldrán”, como decía Nogueras? Todos los que apoyan los cambios aspiran a que esos presuntos ladrones entren en prisión preventiva y desaparezcan de las calles por mucho tiempo, no a causa de la duración de la pena, sino del retraso tradicional de la justicia.

En los años ochenta, el primer Gobierno de Felipe González recibió la herencia de unas prisiones abarrotadas y en condiciones materiales deplorables que estaban a punto de estallar. Existía el convencimiento generalizado de que no se trataba a los presos como seres humanos. Se calculaba que más del 90% de ellos eran preventivos a la espera de juicio. Lo que se llamó la reforma Ledesma, por el ministro de Justicia, intentaba resolver una situación explosiva poniendo en libertad a muchos de esos internos, lo que supuso un aumento de la pequeña delincuencia. El factor esencial fue la ola de robos cometidos en las grandes ciudades relacionados con el consumo de droga.

“La desigualdad y la marginación, en combinación con el paro y la crisis económica, desemboca, con la droga como hilo trágico, en unos índices de delincuencia como no se habían conocido en España”, escribe Arturo Lezcano en el libro 'Madrid, 1983'.

Frente a las falsedades que se leen en las redes sociales sobre la nostalgia de esos años ochenta en España, básicamente porque casi no había extranjeros, la realidad fue muy diferente. Y fue entonces cuando se popularizó la frase que empieza por “entra por una puerta...”.

Pasada esa época –la cárcel, las sobredosis y el sida acabaron con una generación de personas que violaban la ley por decisión propia o adicción–, la sociedad se instaló en un panorama que no ha cambiado demasiado. España es un país con un bajo nivel de criminalidad grave y con un alto porcentaje de población carcelaria, lo que es una cierta paradoja. Es uno de los países de Europa Occidental con más presos por habitante (117 por 100.000 en 2024) por detrás de Gran Bretaña (170).

Teniendo en cuenta que Feijóo ha dado pista libre a relacionar inmigración con delincuencia, no es extraño que Gamarra sacara un tema que no tenía que ver directamente con la reforma. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes”, dijo. Es un mensaje idéntico al de Vox.

El partido de Santiago Abascal votó a favor, aunque cree que la reforma es “necesaria, pero no suficiente”, dijo Juan José Aizcorbe. “Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo”. El PP y Vox están en plena competición para ver quién llama criminal con más intensidad a los inmigrantes sin papeles, sobre todo si son africanos.

A pesar de los comentarios de la derecha y la extrema derecha, el diputado socialista Francisco Aranda dijo que la norma se hace desde la óptica “progresista”, lo que es una forma bastante imaginativa de describir los cambios.

Los socios del Gobierno no vieron progresismo por ningún lado, sino todo lo contrario. “¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a robagallinas?”, se preguntó Enrique Santiago, aunque en este caso habría que hablar sobre todo de robamóviles. El portavoz de Sumar acusó al PSOE de utilizar los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, planteó que el mayor problema sigue estando en los tribunales: “Tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más”. Igual el problema no está ahí. Da igual que aumenten las penas si los juicios tardan mucho tiempo en celebrarse. Ningún juez mantendrá en prisión preventiva a una persona durante dos años si le piden uno de prisión. Ese pronóstico de Nogueras de que “ya no saldrán” es algo más que discutible.

Sobre la frase de entrar por una puerta y salir por otra, José María Mena, que fue fiscal jefe del TSJ de Catalunya durante diez años, tenía una respuesta inteligente: “No tenemos tantas puertas. Entran y salen por la misma”. La clave no es “endurecer las leyes”, decía, “basta con aplicarlas”.

Para los políticos, aplicar leyes puede ser una tarea ardua, por ejemplo por problemas presupuestarios. La solución más fácil es reformar el Código Penal al que se puede estirar como un chicle hasta dejarlo irreconocible. Tendrán el titular, se abrazarán alborozados y se harán fotos, y el problema que exista en la calle seguirá siendo el mismo.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en gasolineras, comercios y viviendas, con un saldo de cuatro detenidos y más de 12.000 euros intervenidos, esclareciendo así más de un centenar de delitos cometidos en Alicante, Murcia, Granada, Albacete y Cuenca.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación incluyó dos registros en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), permitiendo recuperar aproximadamente 50 piezas de joyería y más de 30 vehículos robados que empleaban los sospechosos para cometer los delitos. Además, se encontraron algunas prendas que usaron los implicados para perpetrar los robos.

Los agentes comenzaron una investigación en el marco de la operación 'Gasfilter- Seagas', tras detectar varios robos con fuerza en estaciones de servicio de Murcia y Alicante. En la primera fase de la investigación, detectaron un patrón común entre estos atracos efectuados en el pasado mes de julio.

Los sospechosos “violentaban” durante la noche las fachadas de las gasolineras con mazos y demás herramientas, con el objetivo de acceder a su interior. Una vez sustraídas las cajas registradoras y las máquinas de tabaco, se trasladaban a “zonas aisladas” donde las vaciaban y abandonaban.

Robos en Albacete durante Nochebuena y Nochevieja

Tras las primeras pesquisas, la Benemérita intervino el teléfono de uno de los sospechosos durante un robo en Granada. Esto permitió observar un robo violento en el que, encapuchados y armados, sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera en Llano de Brujas (Murcia).

Con las imágenes, el cuerpo llegó a la conclusión de que el grupo también robaba en establecimientos de hostelería e incluso en domicilios con moradores en su interior, con el objetivo de sustraer dinero u objetos de valor con salida en el mercado negro, principalmente las joyas.

Durante los meses de septiembre y noviembre, la banda centró su actividad en Lorca y Mazarrón (Murcia), donde actuaron tanto en gasolineras como en casas de campo. Además, según señala el comunicado, “aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja” robaron dinero, joyas y dos vehículos en diferentes viviendas de tres municipios albaceteños -Cancarix, Agramón y Tobarra-.

Tras los hallazgos mencionados, los uniformados detuvieron a dos de los sospechosos en Almería donde, según lo descubierto por los agentes, se iban a mudar. En el registro del vehículo, encontraron “numerosas piezas de joyería robadas” bajo los asientos y, posteriormente, detuvieron a otros dos miembros en San Javier y Cartagena (Murcia).

Un grupo itinerante y con “amplio historial delictivo”

Con las detenciones ya realizadas, la Guardia Civil conoció que el grupo, a pesar de estar asentados en Murcia y Alicante, tenía carácter “itinerante” y que sus miembros contaban con “un amplio historial delictivo”.

Además, tapaban las matrículas de los vehículos robados con los que se transportaban y delinquían, y cambiaban “frecuentemente” de número, así como de dispositivo de teléfono.

Tras las intervenciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante, se han esclarecida más de cien robos: 50 se han cometido en Murcia, 20 en Alicante, 12 en Almería, así como una decena en Granada, siete en Albacete y tres en Cuenca.

Por todo ello, se atribuye a los detenidos “los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal”.

El 83,7% de los españoles piensa que habrá más robots que sustituyan a los trabajadores, y el 45,3% cree que faltara empleo, según los resultados de la última encuesta elaborada por el CIS sobre tendencias sociales. En una sociedad globalizada donde la tecnología conecta al mundo entero, el 79,4 % de los españoles piensa que habrá más soledad o aislamiento en la próxima década. El concepto de cercanía y los vínculos personales han cambiado, y la familia —o lo que hasta ahora se ha considerado como tal— también. Más de la mitad de los españoles cree que tendrá menos relación con su familia que ahora y el 64,4% piensa que se producirán más divorcios o separaciones en los próximos diez años. 

El 68,5% de los encuestados considera que en la próxima década nacerán menos niñas y niños en nuestro país, una realidad que se puede explicar por la caída de la natalidad, que ya es un fenómeno mundial. En España la maternidad se retrasa y bate un nuevo récord: En 2024 nacieron 318.005 bebés, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014 y cada vez hay menos madres menores de 35 años.

A pesar de que la delincuencia no crece en España, según los datos del Ministerio del Interior, a los españoles les preocupa, y mucho. Más de la mitad, el 52,7%, piensa que será mayor en la próxima década mientras tan solo el 12% considera que pueda descender. Este fenómeno social, tan complejo, apenas les inquieta como problema global, ya que ni siquiera el 1% cree que la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la falta de protección de datos y el control tecnológico sean unos de los principales problemas del mundo en la próxima década. 

El trabajo es, sin duda, una de las mayores inquietudes de los españoles. El 45,3% cree que habrá más paro o falta de trabajo que ahora. La tecnología podría ser la culpable: el 83,7% piensa que los más robots sustituirán a los trabajadores en sus empleos durante los próximos diez años, una cifra elevada ante los innegables avances tecnológicos en la gran mayoría de los sectores. 

Los españoles tampoco se olvidan del medioambiente. El 54,2% cree que habrá más deterioro medioambiental y el 67,3% considera que se producirán más desastres naturales, ocho puntos menos que hace un año cuando se produjo la DANA en Valencia, y la preocupación por los desastres naturales era del 75,6%. 

Incertidumbre por el mundo que habitaremos 

La cuestión que más preocupa a los españoles a nivel mundial son las guerras. El 12,6% cree que es uno de los principales problemas del mundo entero, y el 49,8% piensa que habrá más guerras y conflictos internacionales en los próximos diez años. Los españoles no pierden de vista las diferencias sociales, el 64,4% considera que habrá más desigualdades entre países pobres y ricos, mientras apenas el 7,3% cree que la situación vaya a mejor. 

La desconfianza hacia las instituciones es otro de los factores clave. Apenas el 15,5% cree que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga mayor eficacia en el futuro. Esta realidad se complementa con la visión sobre la Unión Europea: Solo el 30,4% de los encuestados piensa que su influencia sea mayor que ahora, una cifra muy por debajo de la que perciben sobre Estados Unidos, Japón, China o los Países Árabes.

Desde la Asociación Gitana Gao Lacho Drom, queremos expresar de manera clara, pública y frontal nuestra más profunda desaprobación ante la decisión de publicar el origen de las personas detenidas o investigadas en el marco de actuaciones policiales. Consideramos esta medida innecesaria, injustificada y peligrosamente cercana a prácticas que, a lo largo de la historia, han servido para legitimar el señalamiento, la estigmatización y la discriminación de colectivos enteros. El pueblo gitano lo sabe bien, porque lo ha sufrido en carne propia durante siglos.

La identificación del origen étnico como un dato de interés público no aporta información útil para la ciudadanía ni mejora la convivencia. Muy al contrario, introduce en el debate social una lectura étnica del delito que nada tiene que ver con la prevención, la seguridad o la transparencia democrática. La experiencia histórica demuestra que cada vez que se ha asociado procedencia y criminalidad, el resultado ha sido la consolidación de prejuicios, el miedo infundado hacia vecinos y conciudadanos, y la aparición de discursos que erosionan la cohesión social.

El pueblo gitano ha vivido persecuciones, expulsiones, normativas segregadoras y estereotipos institucionalizados por el simple hecho de existir como grupo diferenciado. Las políticas que visibilizan el origen en contextos de control penal reactivan esa memoria colectiva de agravio y sitúan nuevamente a nuestra comunidad en una posición de sospecha sistemática. Esta medida no solo es innecesaria: es una invitación directa a la desconfianza mutua y a la creación de climas hostiles que ninguna sociedad democrática debería tolerar.

Por otro lado, podríamos entender que determinados datos pueden ser útiles a nivel interno para cuerpos policiales o para organismos encargados de analizar realidades sociales y diseñar políticas basadas en evidencia. Sin embargo, esa utilidad técnica jamás justifica su exposición pública. La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura. Lo que sí provoca esta comunicación es un aumento de la sensación de amenaza, la extensión de estereotipos y el riesgo de que ciertos grupos sean percibidos como problemáticos por definición.

La ciudadanía no necesita saber el origen de una persona para comprender un suceso ni para sentirse más segura

La seguridad y la convivencia se fortalecen con políticas responsables, que protejan los derechos fundamentales y eviten alimentar visiones simplistas o discriminatorias. Por ello, como asociación gitana con décadas de trayectoria en la defensa de los derechos y la dignidad de nuestra comunidad, manifestamos nuestra rotunda oposición a esta decisión. Consideramos imprescindible detener cualquier iniciativa que pueda derivar en prácticas institucionales injustas o generadoras de estigmas.

El origen, la etnia o la procedencia no son variables que deban exponerse ante la ciudadanía como si fuesen indicadores del comportamiento de un colectivo. Hacerlo supone un retroceso en la protección de los derechos humanos y una amenaza para miles de personas que, como el pueblo gitano, han sido históricamente señaladas, marginadas y perseguidas bajo discursos similares.

Instamos al Gobierno vasco a reconsiderar esta medida y a reforzar su compromiso con una sociedad plural, inclusiva y respetuosa, donde la información pública no se utilice para justificar temores ni para reforzar prejuicios, sino para garantizar la igualdad y la convivencia en condiciones de dignidad para todas las personas.

La estación de Metro de Nueva Numancia es la puerta de entrada a San Diego. La escasa iluminación navideña, una tienda de productos latinos y una abarrotada avenida de la Albufera marcan el inicio del recorrido por este barrio madrileño, situado en el distrito de Puente de Vallecas. Girar la esquina hacia Sierra de Cameros es casi una prueba de obstáculos. La basura rebosa en los contenedores y las bolsas se agolpan alrededor de la acera, entorpeciendo el paso y desprendiendo un olor espeso que se mezcla con el de la orina, presente en muchas esquinas. Es el primer golpe de realidad para los que llegan por primera vez al barrio y el pan de cada día para quienes viven allí.

“Esto es lo normal”, explican los vecinos de la Asociación Kasko Viejo. “Y solo es el principio”, advierten. Conforme el paseo va avanzando el deterioro de las calles va en aumento y cada pocos metros hay una historia que contar: “Aquí agredieron a un vecino hace unas semanas y en este local venden droga”. No hay ni un rincón que se salve.

Los vecinos van señalando uno a uno los puntos negros del barrio, como si dibujaran un mapa del abandono en el que las ubicaciones destacadas son los portales en los que se producen “trapicheos”, los solares ocupados ilegalmente y las calles repletas de basura. Todo con mucha cautela y disminuyendo el tono de voz cuando sospechan que alguien puede estar escuchando. Lo hacen por miedo, una sensación con la que conviven diariamente.

Una vecina, que prefiere mantener su anonimato, relata cómo su hija fue increpada y escupida por una mujer drogodependiente hace unos meses. Ella, que vivía fuera de Madrid, decidió volver al barrio para no dejar a su hija sola. “Va a llegar un punto en el que no vamos a poder salir a la calle”, señala. Solo fue una agresión menor, pero otros vecinos han salido peor parados.

El camarero de un bar ubicado en la avenida de la Albufera, sufrió un atraco al volver una noche a casa. Mientras caminaba por Sierra de Cameros, dos individuos se abalanzaron sobre él, lo tiraron al suelo y le golpearon repetidas veces. “Si no llega a ser por un coche que apareció y tocó el claxon, no sé qué hubiera pasado”, asegura. La violencia, al igual que el miedo, están presentes constantemente en San Diego. Los vecinos cuentan que también se han llegado a producir apuñalamientos y se han encontrado machetes bajo contenedores.

Toda esta violencia es solo la capa superficial de un problema más profundo: la presencia creciente de consumo y tráfico de drogas. El bulevar de Peña Gorbea se ha convertido en el epicentro visible del deterioro. “Es imposible pasar sin ver algo”, afirma una vecina. Aquí se mezclan consumidores que llegan de otros puntos de Madrid, personas sin hogar que pernoctan en la calle y un gran volumen de traficantes. La caída del clan familiar que controlaba el tráfico de drogas en el barrio ha multiplicado el trapicheo por todas partes. “Aquí vende droga hasta mi vecino”, señalan. Lo hacen en la calle, a plena luz del día y hasta con niños delante.

Cámaras y vigilancia policial

Fuentes municipales explican a Somos Madrid que la presencia de personas con adicciones tanto en la vía pública como en inmuebles del barrio usurpados de manera ilegal “genera un trabajo extraordinario para los servicios municipales”. En este sentido, recuerdan que las competencias principales en materia de seguridad ciudadana recaen en la Policía Nacional, aunque la Policía Municipal también está presente. “En coordinación con Policía Nacional ha llevado a cabo desde septiembre de 2024 distintas operaciones para desmantelar narcopisos en el distrito y, concretamente, en el barrio de San Diego. También, ha establecido patrullajes a pie en la avenida de Monte Igueldo a petición de comerciantes de la zona y se mantienen activos puestos fijos en el bulevar de Peña Gorbea”, señalan.

Desde el Ayuntamiento de la capital instan a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid a que destine más recursos en la zona y al Gobierno central a que permita al Consistorio contar con más policías municipales. Por su parte, han incrementado la seguridad en la zona con la instalación, durante el anterior mandato, de un sistema de videovigilancia dotado con 25 cámaras. Los vecinos confirman la presencia policial en algunos de los puntos más conflictivos del barrio, pero consideran que la actuación, en general, es escasa. “Nos dicen que son insolventes y no hacen nada”, cuentan.

La droga influye directamente en la sensación de inseguridad que atraviesa el barrio. Muchos drogodependientes hacen lo que sea por conseguir dinero y los efectos derivados del consumo generan agresividad. Por esta razón, los vecinos denuncian que se encuentran indefensos cuando tienen que enfrentarse a alguna situación que conlleva dirigirse a alguien bajo los efectos de la droga. “Muchas mañanas te encuentras gente durmiendo en el portal y no te atreves a despertarles para que te dejen salir por miedo a una mala reacción”, cuenta una vecina.

Todo esto también impacta directamente en el estado de las calles del barrio. Los solares abandonados se han convertido en un almacén para personas sin hogar, que recolectan muebles, colchones y otros objetos que encuentran para ocupar estos espacios. La acumulación trae consigo la aparición de plagas como ratas o cucarachas e incluso ha habido algún que otro pequeño incendio.

Desde el Consistorio aseguran que “actúan con mucha regularidad en la zona”, tanto en cuestión de recogida de residuos, retirada de enseres y en materia de seguridad. Además, durante las visitas a la zona llevan a cabo “un trabajo de concienciación y sensibilización del cuidado del espacio con estas personas”. Sin embargo, los vecinos observan un “claro deterioro” del barrio.

El olor de las calles es otro elemento característico. “Hacen sus necesidades en portales, contenedores o entre los coches”, señalan los vecinos. En algunos puntos del barrio la mezcla entre la basura y la orina hacen casi insoportable transitar por allí.

Los establecimientos 24 horas con marcado carácter de licorería tampoco ayudan. Estos locales desempeñan un papel crucial en la vida -y el desorden- del barrio. Abiertos permanentemente, venden alcohol sin descanso y se han convertido en puntos de reunión que atraen discusiones, peleas y ruido hasta altas horas de la madrugada. Los más conflictivos se encuentran en la avenida de la Albufera, la calle Doctor Fernando Primo de Rivera y el bulevar.

Para las familias, vivir en este barrio se ha convertido en una experiencia marcada por la preocupación constante. La inseguridad condiciona rutinas básicas. Acompañar a los niños al colegio, permitirles jugar en la calle o incluso hacer vida social al aire libre ha dejado de ser algo cotidiano para convertirse en un ejercicio de vigilancia permanente.

“Ya han pasado cosas y aquí nadie hace nada”, advierte una vecina. Hace unas semanas una menor fue abordada por un individuo mientras regresaba del colegio, un incidente que solo pudo evitarse gracias a la rápida intervención de un vecino. Aunque no llegó a perpetrarse, la consternación en el vecindario es más que evidente. Según relatan desde la AV Kasko Viejo, casos como este refuerzan la idea de que el barrio “ha dejado de ser un entorno seguro en el que criar a una familia”.

Los vecinos lamentan que la Junta se encuentre “ajena” a toda esta realidad y haya vuelto a instalar el tradicional mercadillo navideño y un nacimiento iluminado en pleno bulevar, epicentro de la droga en el barrio. “Para qué ponen el belén si ya hay camellos todo el año”, ironizan.

La intervención del Consistorio con drogodependientes se produce a través del Programa de Mediación Comunitaria del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, desarrollado por la Asociación Proyecto Hogar. Según detallan, lo hacen de forma semanal “ante el aumento de personas con problemas asociados al consumo de sustancias”. Cuentan que algunas se encuentran en tratamiento en el Centro Municipal de Adicciones (CAD) de Vallecas, mientras que otras no aceptan iniciar ningún tratamiento.

Algunas de estas personas son también personas sin hogar. Para abordar estos casos indican desde el Ayuntamiento que llevan a cabo una labor de coordinación continuada con el Equipo de Calle 5 y el Programa Istmo del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Asimismo, se coordinan con los profesionales de los centros de Servicios Sociales del distrito. “Esta intervención socioeducativa incluye acciones de contacto, asesoramiento, apoyo, acompañamientos y derivación con relación al consumo de sustancias y las situaciones de exclusión social en las que se encuentran, analizando sus demandas y marcando unos objetivos consensuados de trabajo”, describen.

Los residentes del barrio no son los únicos que sufren esta situación. Muchos negocios también se han visto afectados por el abandono institucional. En este paseo hay dos paradas significativas, una en la copistería de José Luis y otra en una tienda de reparación de televisores. Las historias de ambos explican bien cuál es el punto en el que se encuentran los comerciantes de San Diego.

José Luis vive y trabaja allí, pero no sabe si pronto tendrá que vender su casa. Todas las noches escucha peleas debajo de su ventana que no le deja descansar. No recuerda lo que es dormir con tranquilidad. “Me estoy viendo obligado a irme”, cuenta. No quiere abandonar el que ha sido su barrio durante años, pero se niega a seguir aguantando esta situación. Ha intentado poner en conocimiento del Ayuntamiento de la capital esta situación, pero ha sido ignorado. “Si Almeida tuviera la basura que tengo yo en la puerta, otro gallo cantaría”, comenta resignado.

Los dos hermanos que regentan la tienda de televisores han ido un paso más allá y se han decidido por cerrar su negocio y abandonar su actual vivienda. “No queremos trabajar rodeados de violencia, ni que nuestros clientes tengan miedo de venir”, explican. Desde su escaparate, con vistas privilegiadas al bulevar, observan cada día escenas de todo tipo. “Este verano vimos como mantenían relaciones sexuales enfrente, incluso han defecado en nuestra puerta. Es insoportable”, cuentan. Ellos, como otros muchos ya han hecho estos meses atrás, abandonan el barco: “Nos vamos a quedar sin los comercios de toda la vida y mientras tanto solo abren tiendas 24 horas que lo que hacen es seguir ampliando el malestar del barrio con la venta indiscriminada de alcohol”.

Los datos que explican el deterioro

San Diego, con más de 40.000 residentes, es el segundo barrio más poblado de Puente de Vallecas y uno de los más densos. Casi uno de cada tres residentes es extranjero y el barrio ocupa el segundo puesto de Madrid en porcentaje de población nacida fuera de España. América Latina es la principal procedencia de la inmigración, seguida de África y Asia. Además, es el barrio con más menores de 15 años del distrito, por lo que un importante porcentaje de los empadronados son niños.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el barrio figura entre los más vulnerables de la ciudad, solo le supera San Cristóbal, en el distrito de Villaverde. Los ingresos son bajos, hay un alto nivel de desempleo y una gran concentración de familias con menores en situación de pobreza. La renta per cápita ronda los 9.000 euros y uno de cada cuatro menores vive en hogares con ingresos inferiores a 5.000 euros al año. Sus manzanas se encuentran entre las más pobres de la ciudad, según el mapa de rentas del año 2025 publicado por elDiario.es hace unas semanas.

El paro en Puente de Vallecas, donde San Diego se inserta, es el distrito con mayor número de parados de la ciudad. En la actualidad registra más de 16.000 personas sin trabajo, casi el 12% del total de la capital, de las que la mayoría son desempleadas.

Las mujeres no son únicamente el grupo más castigado por el desempleo, también se encuentran amenazadas por la violencia que sufren. Más de 250 mujeres del distrito están registradas en el sistema Viogén. Además, según cuentan los vecinos, se han detectado numerosos casos de sumisión química en discotecas y las agresiones a prostitutas son bastante frecuentes.

“Es evidente el estado de deterioro del barrio”, señalan los vecinos. Aunque las cifras no son alentadoras, desde Kasko Viejo destacan la importancia que tienen las personas que habitan San Diego a la hora luchar contra esta situación. Cuentan con un tejido asociativo importante, aunque cada vez más pequeño, y un sentimiento de unión que se esfuerzan por reforzar.

San Diego es un espejo de la cara más dura de la capital. En todo este entramado apuntan al Ayuntamiento de la ciudad como principal culpable de lo que sufren. Consideran que Ángel Niño, concejal presidente de Puente de Vallecas, no se ha interesado en todos estos años al frente del distrito en conocer su estado ni las preocupaciones de los vecinos. “Ni se le ha visto, ni se le espera”, remarcan. Luis Sánchez, vocal de la AV Kasko Viejo, resume este sentimiento colectivo: “Nos han dejado solos, nos han abandonado”.

Para Patrizia Schlosser, todo comenzó con una llamada de un colega pidiendo disculpas. “Lo siento, pero me he encontrado esto. ¿Sabes de qué va?”. Le envió un enlace que la llevó a un sitio web llamado Mr DeepFakes. Allí encontró imágenes falsas de sí misma, desnuda, en cuclillas, encadenada, practicando actos sexuales con varios animales. Estaban etiquetadas como “Patrizia Schlosser, puta FUNK (sic)”.

“Eran muy explícitas, muy humillantes”, recuerda Schlosser, periodista alemana de Norddeutscher Rundfunk (NDR) y Funk. “Además, estaban muy mal hechas, lo que me facilitó distanciarme y decirme a mí misma que estaba claro que eran falsas. Pero era muy inquietante imaginar que alguien en algún lugar se hubiese pasado horas en Internet buscando fotos mías y montando todo esto”, añade.

La web era nueva para Schlosser, a pesar de sus investigaciones previas de gran calado sobre la industria del porno. “Nunca había oído hablar de Mr DeepFakes, un sitio porno dedicado íntegramente a vídeos y fotos falsos. Me sorprendió lo grande que era, con tantos vídeos de todas las famosas que puedas conocer”.

La primera reacción de Schlosser al verse entre ellos fue ignorarlos. “Intenté apartarlo de mi mente, lo que en realidad era una estrategia para no enfrentarme a ello”, afirma. “Pero es extraño cómo funciona el cerebro. Sabes que es falso, pero sigues viéndolo. No eres tú, pero también eres tú. Ahí estás, con un perro y una cadena. Te sientes violada, pero también confundida. En algún momento, decidí: 'No. Estoy enfadada. No quiero que esas imágenes se difundan”.

En algún momento, decidí: 'No. Estoy enfadada. No quiero que esas imágenes se difundan'

Patrizia Schlosser — periodista alemana que sufrió un 'deepfake'

El documental posterior de Schlosser para el programa STRG_F de la NDR logró que se eliminaran las imágenes. También localizó al joven que las había creado y publicado, e incluso visitó su casa y habló con su madre. (El autor no salió de su habitación). Sin embargo, Schlosser no pudo identificar al susodicho “Mr DeepFakes”, o a quienquiera que estuviera detrás de la web, a pesar de contar con la ayuda de Bellingcat, un colectivo de periodismo de investigación online.

Ross Higgins, de Bellingcat, formaba parte del equipo. “Mi experiencia es en la investigación del blanqueo de capitales”, afirma. “Analicé la estructura del sitio web y vi que utilizaba los mismos proveedores de servicios de Internet (ISP) que los delincuentes organizados más serios”. Los ISP sugerían vínculos con el grupo mercenario ruso Wagner y con personas mencionadas en los Papeles de Panamá. Entre los anuncios que incluía había algunos de aplicaciones propiedad de empresas tecnológicas chinas, lo que permitía al Gobierno de China acceder a todos los datos de los clientes. “Supuse que todo esto era demasiado sofisticado para ser un sitio web de aficionados”, afirma Higgins.

Resultó ser exactamente eso.

La zona cero de la pornografía ultrafalsa

La historia de Mr DeepFakes, la web de pornografía deepfake no consentida más grande y notoria del mundo, es en realidad la historia de la propia pornografía con IA: se cree que el término lo acuñó su creador. Considerado la “zona cero” de la pornografía generada por IA, sus páginas, que han sido vistas más de 2.000 millones de veces, han mostrado a innumerables famosas, políticas, princesas europeas, esposas e hijas de presidentes estadounidenses siendo secuestradas, torturadas, afeitadas, atadas, mutiladas, violadas y estranguladas.

Sin embargo, todo este contenido (que llevaría más de 200 días ver) era solo el “escaparate” del sitio. Su verdadero corazón, su “sala de máquinas”, era su foro. Aquí, cualquiera que quisiera crear deepfakes de alguien que conociese (una novia, hermana, compañera de clase o colega) podía encontrar a alguien dispuesto a hacerlos por encargo por el precio adecuado.

También era un “campo de entrenamiento”, un centro técnico donde los “aficionados” se enseñaban unos a otros, compartían consejos, publicaban artículos académicos y “resolvían problemas”. (Un problema recurrente era cómo hacer deepfakes sin un buen “conjunto de datos”. Esto significa que cuando intentas hacer un deepfake de alguien de quien no tienes muchas fotos; es decir, no una celebridad, sino quizá alguien que conoces y de quien has hecho capturas de pantalla en las redes sociales, por ejemplo).

Sin esa web, no creo que el problema hubiese explotado de la forma en que lo hizo

Sophie Compton — cineasta y activista

La cineasta y activista Sophie Compton pasó muchas horas supervisando Mr DeepFakes mientras investigaba para el galardonado documental de 2023 Another Body. “Echando la vista atrás, creo que ese sitio web desempeñó un papel fundamental en la proliferación de los deepfakes en general”, afirma. “Creo de verdad que existe un mundo en el que esa web no se creó, no se permitió su creación o se cerró rápidamente, y el porno deepfake solo es una pequeña parte del problema que tenemos hoy en día. Sin ese sitio, no creo que hubiera explotado de la forma en que lo hizo”.

La realidad que imagina Compton era totalmente factible. Los orígenes de Mr Deepfakes se remontan a 2017-2018, cuando el porno con IA empezaba a desarrollarse en redes sociales como Reddit. Un usuario anónimo de Reddit y “pionero” del porno con IA que se hacía llamar “deepfakes” concedió una primera entrevista a Vice sobre su potencial. Sin embargo, poco después, a principios de 2018, Reddit prohibió el porno deepfake en su sitio web. “Tenemos capturas de pantalla de sus foros de mensajes de aquella época y la comunidad deepfake, que era pequeña, se asustó y abandonó el barco”, dice Compton.

Fue entonces cuando se creó Mr DeepFakes, con el nombre de dominio inicial dpfks.com. El administrador tenía el mismo nombre de usuario, dpfks, y era la persona que anunciaba que se buscaban voluntarios para trabajar como moderadores y publicaba las normas y directrices, así como vídeos deepfake y una guía detallada sobre el uso del software para este tipo de porno.

“Pura misoginia”

“Lo más deprimente de leer los mensajes y ver el origen es darse cuenta de lo fácil que hubiese sido para los gobiernos ponerle freno”, dice Compton. “Quienes lo hacían no creían que se les fuera a permitir actuar con total libertad. Decían: '¡Vienen a por nosotros!, '¡nunca nos van a dejar hacer esto!'. Pero continuaban sin ningún problema y se envalentonaban cada vez más. La COVID contribuyó a la explosión, ya que todo el mundo dejó de moderar los contenidos. El resultado fue violento: era completamente degradante para las personas. Las famosas que eran realmente populares solían ser muy jóvenes: Emma Watson, Billie Eilish, Millie Bobby Brown”, enumera. (Greta Thunberg es otro ejemplo).

¿Quién estaba detrás de todo esto? De vez en cuando, Mr DeepFakes concedía entrevistas anónimas. En un documental de la BBC de 2022, Deepfake Porn: Could You Be Next? (Porno 'deepfake': ¿podrías ser tú la siguiente?), el “propietario” y desarrollador web“ del sitio, bajo el seudónimo ”Deepfakes“, argumentaba que no era necesario el consentimiento de las mujeres, ya que se trataba de ”una fantasía“ que no era ”real“.

¿El dinero era el único móvil? Mr DeepFakes publicaba anuncios y tenía una suscripción premium que se pagaba en criptomonedas: en 2020, un foro mencionó que ganaba entre 4.000 y 7.000 dólares (3.400 y 6.000 euros) al mes. “Había un aspecto comercial”, dice Higgins. “Era un negocio secundario, pero era más que eso. Le dio notoriedad”.

Tuvimos que cambiar el lenguaje para nuestro informe en línea porque no queríamos que fuera provocador, pero esto es pura misoginia. Puro odio

Ross Higgins — investigador de Bellingcat

En un momento dado, la web “publicó 6.000 fotos de la cara de la política estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez para que la gente pudiera hacer pornografía deepfake con ella”, dice Higgins. “Es una locura. [Había] todos estos archivos de youtubers y políticos. Lo que esto dice es que, si eres mujer en este mundo, solo puedes llegar hasta cierto punto, porque si te atreves a dar la cara, si tienes la osadía de hacer algo públicamente, puedes esperar que tu imagen sea utilizada de la forma más degradante posible para obtener beneficios personales”.

“Lo que más me impactó fue el lenguaje con el que se hablaba de las mujeres”, continúa. “Tuvimos que cambiarlo para nuestro informe online porque no queríamos que fuera provocador, pero esto es pura misoginia. Puro odio”, asegura.

Los investigadores creyeron haber dado con Mr DeepFakes en abril y enviaron correos electrónicos al sospechoso. Mr DeepFakes cerró el 4 de mayo. Un aviso en su página de inicio culpaba a la “pérdida de datos” causada por la retirada de un “proveedor de servicios crucial”. “No volveremos a abrir”, continuaba. “Cualquier sitio web que afirme lo contrario es falso. Este dominio acabará caducando y no nos hacemos responsables de su uso futuro. Este mensaje se eliminará en aproximadamente una semana”, terminaba.

Algo ya muy arraigado

Mr DeepFakes ha desaparecido, pero según Compton, podría haber ocurrido mucho antes. “Todas las señales estaban ahí”, afirma. En abril de 2024, cuando el Gobierno de Reino Unido anunció sus planes de penalizar la creación y el intercambio de material de abuso sexual deepfake, Mr DeepFakes respondió bloqueando inmediatamente el acceso a los usuarios del país. (Los planes se archivaron posteriormente cuando se convocaron las elecciones de 2024). “Esto demostró que Mr DeepFakes obviamente no estaba tan dedicado a la causa como para que los gobiernos no pudieran hacer nada”, afirma Compton. “Si gestionar el sitio web se convertía en una molestia y un riesgo tan grande, no les iba a seguir mereciendo la pena”, razona.

Pero el porno deepfake se ha extendido tanto y se ha vuelto algo tan habitual que ya no necesita una gran ‘base de operaciones’. Según Compton, “las cosas que esos tipos se enorgullecían de haber aprendido a hacer, y de enseñar a otros, están ya tan arraigadas que cualquiera puede acceder a ellas con solo pulsar un botón en una aplicación”.

Y para los que necesitan algo más sofisticado, los autodenominados expertos que antes rondaban por el foro de Mr Deepfakes están ahí fuera promocionando sus servicios como creadores. Patrizia Schlosser lo sabe con certeza. “Como parte de mi investigación, me infiltré y me puse en contacto con algunas de las personas del foro para pedirles el deepfake de una exnovia”, dijo. “La respuesta que me dieron fue ‘sí, claro’; a menudo se dice que el sitio solo era sobre famosos, pero eso no era cierto”.

Después de que cerrara Mr DeepFakes, Schlosser recibió un correo electrónico automatizado de uno de ellos. Esto es lo que decía: “Si quieres que te hagamos algo, házmelo saber. Mr DeepFakes ha cerrado, pero por supuesto, seguimos trabajando”.

Traducción de Francisco de Zárate

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco miembros de la banda latina de los 'Trinitarios', uno de ellos menor, por su presunta participación en una agresión que se produjo el 25 de octubre de 2024 a un menor en Ciudad Lineal, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado. Una de estas detenciones se ha producido en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares.

El ataque se produjo cuando el menor salía de su casa para verse con un amigo y se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP).

La víctima recibió numerosos puñetazos y patadas y en el intento de huida cayó al suelo, donde comenzaron a propinarle machetazos que le produjeron lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

Tras un año de investigación, el pasado 22 de octubre se procedió a la detención de cinco varones, cuatro mayores de edad y un menor, como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, contra la intimidad, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La víctima fue escogida a azar

La víctima, menor de edad y sin relación con grupos violentos, fue escogida al azar por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival.

Estas incursiones premeditadas en territorio rival para llevar a cabo una acción de agresión grupal, es lo que se conoce en el argot propio de bandas como 'caída', siendo un fin en sí misma, sin necesidad de otra motivación ni desencadenante previo.

Las acciones de este tipo van dirigidas, unas veces al control del territorio y la pretensión de dominio sobre los grupos rivales, y otras en respuesta a actos similares padecidos, muchas veces sin un objetivo claro y definido como es el caso.

Interrogaron al menor sobre su pertenencia al grupo rival y le exigieron que realizara los símbolos ofensivos hacia los DDP, negando rotundamente su relación con este grupo violento, ignorando qué gestos debía realizar.

Como no creyeron su respuesta, le obligaron, bajo coacción, a entregarles de su teléfono y violando su intimidad, accedieron a sus redes sociales para comprobar su contenido, que a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó de inmediato la agresión con patadas, puñetazos y con dos machetes que portaban ocultos entre sus ropas, causándole lesiones graves en abdomen, rodilla izquierda y brazo y pie derechos.

Un año de investigación

Las pesquisas comenzaron en el mes de octubre del año 2024, después de producirse la agresión. Tras un año, el día 22 de octubre se llevó a cabo un operativo especial por parte de la Brigada Provincial de Información, en coordinación con la Fiscalía especializada en este tipo de grupos organizados.

La intervención culminó con la detención de cinco varones, tres en la ciudad de Madrid, otra en la localidad de Torrejón de Ardoz, y el quinto integrante del grupo en Azuqueca de Henares (Guadalajara), como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, contra la intimidad, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Los detenidos, cuatro mayores y un menor de edad, están todos vinculados con los Trinitarios en el distrito de Usera. Tras su paso a disposición judicial, se acordó el ingreso en prisión de los cuatro mayores de edad, quedando en libertad el menor con medidas cautelares.

Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), principal líder de Los Choneros, según anunció el Gobierno ecuatoriano.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó que 'Pipo' fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España -en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la organización criminal desde España-.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

El presidente ecuatoriano hizo el anuncio de la captura al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo.

“Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló Noboa.

“Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española”, añadió.

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de 'Pipo' fue posible “gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos”.

“Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos”, apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Fingió su muerte

Por su parte, Reimberg, que se encuentra actualmente en España, detalló que “Chavarría es responsable de al menos 400 muertes”.

“Este individuo —para quien 'Fito' no es más que un aprendiz— fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela, y después se registra y obtiene pasaporte colombiano, con el cual viaja en el 2022 a España para evadir la ley y trasladar su base de operaciones a Europa”, señaló el ministro.

Desde España, de acuerdo al ministro, 'Pipo' “dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”.

Reimberg también declaró al canal TC Televisión que 'Pipo' residía habitualmente en Dubai y que viajaba con frecuencia a España, se alojaba los hoteles más lujosos con el dinero procedente del narcotráfico y de la minería ilegal, y se había realizado hasta siete cirugías estéticas para cambiar su rostro y no ser reconocido.

Narcotráfico y minería ilegal

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020, causante de la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país.

La banda liderada por 'Pipo' buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el cártel de Sinaloa.

Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo a las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía. 

Más policía en la calle y más juicios implican más presos en las cárceles. La Generalitat de Catalunya se prepara para afrontar las consecuencias del aumento de la actividad policial y judicial derivada de haber puesto como prioridad política la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

Sin llegar los niveles de hace quince años, cuando las prisiones catalanas llegaron a rebasar los 10.000 internos, la Generalitat sí ha detectado un aumento progresivo de la población penitenciaria. En junio de 2025, los centros sumaban 9.098 reclusos. La previsión es que vayan a más.

El aumento de plantilla tanto en Mossos d'Esquadra como en policías locales se ha traducido en más resolución de casos y más detenciones. Unido al incremento de población general y al objetivo político del Govern de lucha contra la multirreincidencia y de una respuesta judicial más rápida, se ha traducido un incremento de la población penitenciaria en Catalunya, la única comunidad, junto a Euskadi, con la transferencia en prisiones transferida.

“La respuesta que como sociedad damos a la delincuencia tiene repercusiones en la seguridad y la cohesión social”, ha explicado en un encuentro con periodistas el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que ha abogado por un sistema penitenciario “presidido por la mejora de la seguridad interior y la convivencia, así como la mejora de la atención a la población interna”.

El perfil de los nuevos internos es, mayoritariamente, el de un hombre, adulto y en régimen ordinario. Para afrontar este aumento, el Govern construirá en esta legislatura (que finaliza en 2028) dos nuevos módulos en la cárcel de Mas d'Enric de Tarragona, lo que permitirá aumentar las plazas en 256.

Los centros penitenciarios catalanes, ha remarcado Espadaler, “no están saturados”, y lo que busca precisamente el plan del Govern es anticiparse a ese peligro de saturación en caso de que la población penitenciaria crezca todavía más.

La apuesta es por la construcción de nuevos módulos como en Mas d'Enric para que la convivencia en las cárceles se mantenga. “La alternativa de poner a más internos por celda no nos la planteamos porque no daremos pasos atrás en la dignidad que merecen los internos”, ha apostillado Espadaler.

Además, el Govern impulsará reformas este otoño en centros penitenciarios como Brians-1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y Ponent, en Lleida. A final de 2026 se espera poder poner en marcha el nuevo centro penitenciario para internos en tercer grado y semilibertad de la Zona Franca de Barcelona.

Para mejorar la seguridad en el interior de las cárceles, el Govern equipará a todos los centros esta legislatura con escáneres corporales, menos invasivos que los registros corporales y que permiten detectar el intento de entrada de drogas o teléfonos móviles.

También se instalarán en todas las cárceles sistemas de inhibiciones de drones para impedir la intrusión de drogas en los centros, así como telefónicos para impedir las llamadas no permitidas de internos con el exterior que, en ocasiones, se realizan con móviles entrados a escondidas.

El Govern también construirá un nuevo centro para la formación continuada de los funcionarios de prisiones al lado del centro de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona). La inversión total para las mejoras tecnológicas será de 7,3 millones de euros, mientras que el centro de formación pentenciaria tendrá un coste de 12,6 millones de euros.

“Tenemos que pasar de una seguridad física del siglo XX a una integral del siglo XXI, con mayor componente tecnológico”, ha reivindicado Espadaler, que ha explicado el plan de legislatura a la prensa junto a la secretaria general del departamento, Maite Casado, y la secretaria de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, Elena Pérez.

Si tuviera que juzgarse únicamente por lo que se ve en las redes sociales, España estaría viviendo una crisis de seguridad sin precedentes y el epicentro de esa espiral de crimen sería sin duda Barcelona, donde aparecen localizados (en ocasiones falsamente) la mayoría de los vídeos virales de delincuencia callejera. Estos mensajes suelen llevar implícito un señalamiento a la población migrante como autora de este tipo de hechos. Pero los datos reales de la policía desmienten uno por uno estos prejuicios.

La ciudad de Barcelona es, según los datos, un ejemplo de lo contrario que trata de sostener la propaganda de la extrema derecha. Durante la última década, la capital catalana ha recibido una enorme cantidad de población nacida fuera de España, pese a lo que la mayoría de los delitos se han mantenido a raya y, desde la pandemia, incluso se han reducido.

En el gráfico anterior se han utilizado los datos de la provincia para poder aproximarse a la realidad del Área Metropolitana de Barcelona.

En concreto, según las cifras oficiales del INE y del Ministerio del Interior, la población migrante creció un 65% en Barcelona desde el año 2016, mientras que la tasa de criminalidad sin incluir ciberdelitos solo aumentó un 4%. Es más, en el periodo en el que llegaban más personas nacidas fuera, justo después de la pandemia de los años 2020 y 2021, la cifra de crímenes se reducía cerca de un punto y medio, si se excluyen los ciberdelitos, en auge en todas las métricas.

Barcelona puede ser un caso emblemático, pero no una excepción. El pronunciado crecimiento de la inmigración de los últimos años no ha correlacionado con mayor delincuencia por mucho que se abra el foco. La vinculación no funciona a nivel general de España, donde la población extranjera ha crecido un 49% desde 2016, mientras que los crímenes no electrónicos siguen prácticamente igual que entonces. Y tampoco correlaciona a nivel de Catalunya, donde la inmigración creció un 59% y los delitos suben un ligero 5%.

“No existe una correlación directa y demostrada en datos que diga que inmigración es igual a delito. Esto es algo que sabemos desde hace tiempo. Otra cosa es que exista cierta especialización de los delitos según nacionalidad, sobre todo debido a las mafias”, explica Sonia Andolz, profesora de la Universitat de Barcelona experta en seguridad y exdirectora general en el Departamento de Interior.

Tal y como explica Andolz, los datos oficiales rompen año tras año el discurso que trata de identificar la inmigración con un aumento de la delincuencia, que en Catalunya enarbolan tanto Vox como Aliança Catalana.

Ambos partidos de extrema derecha, aunque separados por la adscripción nacional compiten por un voto similar: el xenófobo. Por eso en el último año tanto Ignacio Garriga (VOX) como Sílvia Orriols (AC) han centrado sus esfuerzos en el Parlament en señalar a las comunidades migrantes como el origen de diversos males, entre ellos un aumento de la criminalidad que las estadísticas reales nunca han respaldado.

Barcelona reduce más la mayoría de delitos

La estadística de delitos del primer semestre, publicada hace unos días por el Ministerio del Interior, ha sido especialmente positiva para Barcelona donde, pese a ser una ciudad que siempre tiene una tasa más alta que la media, la caída de la mayoría de delitos ha sido más pronunciada que en el conjunto de Catalunya y también de España.

Tomando como referencia el año 2023, el primero después de la gran caída de la criminalidad de la pandemia, Barcelona ha reducido los hurtos, los robos con violencia, los robos en viviendas e incluso han bajado ligeramente los homicidios. Sin embargo, hay tres grupos de delitos que siguen al alza: todos los relacionados con la libertad sexual, los que tienen que ver con el tráfico de drogas y también el ciberdelito, muy especialmente la estafa digital, un delito que ha vivido un verdadero apogeo en los últimos años.

Además, si la estadística de Barcelona se compara delito por delito con las medias de España y de Catalunya, la ciudad reduce más los crímenes convencionales, algunos de los que el imaginario xenófobo suele relacionar con la inmigración, como los hurtos o los robos en viviendas. Por otro lado, Barcelona sí destaca en el crecimiento de delitos como las violaciones o los temas relacionados con la droga.

“Catalunya tiene un problema con el cultivo del cannabis. Dicho esto, últimamente se han puesto muchos recursos en la persecución de las drogas. En el Aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, se está decomisando un porcentaje más alto de droga, porque hay más recursos, lo cual no quiere decir que esté pasando más droga”, explica Andolz.

La experta también explica el aumento general de las actuaciones contra la libertad sexual por el mayor conocimiento y concienciación de las propias víctimas potenciales sobre qué situaciones son constitutivas de delito. “Y también la formación de profesionales de ciertos sectores, por ejemplo en ocio nocturno, donde se ha hecho mucho trabajo para que haya un reconocimiento desde momentos muy iniciales de qué es una agresión sexual y cómo actuar”, explica.

La criminalidad se concreta en la España turística

Uno de los datos que se mantiene férreo en cada actualización de la estadística trimestral de delitos que ofrece el Ministerio del Interior es la concentración de la tasa criminal en zonas muy concretas que, junto a la mayoría de grandes ciudades, corresponden sobre todo al arco mediterráneo. Una zona marcada por el turismo y las actividades económicas más ligadas al ocio y los servicios.

Además, la tasa criminal se calcula en función de la población empadronada, pero los delitos no se cometen en proporción de la población residente sino del conjunto de personas que acaban realizando actividades en una zona.

La capital catalana cumple varios de los anteriores requisitos: es una de las grandes urbes del país y también una de las grandes receptoras de turismo. Por esta razón suele aparecer entre los primeros puestos en tasa de criminalidad.

Sin embargo, en el registro de este primer semestre de 2025 Barcelona, con 4.929 delitos por cada 100.000 habitantes, ha sido superada por Torrevieja (Alicante), con 5.083. Sant Adrià del Besòs (Barcelona) con 5.087 también figura alta en el ránking, pero ninguna supera a El Prat, que registra 8.603, lógicamente vinculados a la existencia del Aeropuerto, que solo en el primer semestre del año recibió 22 millones de pasajeros.

En el año 2005, España vivía los estertores del boom inmobiliario, los móviles eran para llamar, no había llegado Facebook, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y sonaba Amaral en todas las radios. Entonces, España tenía, según los datos oficiales de población continua del INE, 44 millones de personas, de las cuales, 3,7 millones eran de nacionalidad extranjera (el 8,5%). Ese mismo año, la tasa de criminalidad era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes.

Los mismos datos de las mismas fuentes desmienten que España sea hoy un país más peligroso, más inseguro y, mucho menos, que eso tuviera que ver con la llegada de migrantes. En 2025 hay el doble de residentes con nacionalidad extranjera (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia.

Sin embargo, el número de condenas entre personas de nacionalidad extranjera es mayor de lo que les correspondería por peso poblacional (14,2% son extranjeros y son el 28% de condenados, según las estadísticas de 2023, con especial relevancia de los nacidos en América, África y seguidos de cerca por europeos de la UE). Entonces, ¿sí que delinquen más?

Los expertos consultados coinciden en que no tiene que ver con ser migrantes. Por una parte, los datos de condenas son un indicador, pero son parciales porque dan poca información detallada. En cualquier caso, “no es el origen, son las condiciones materiales”, explica Andrea Ruiz, doctora en Antropología y directora de la Fundación Begirune del País Vasco, dedicada a políticas sociales y migraciones. “De hecho, de manera general los estudios demuestran que es al contrario”. En el caso de migraciones económicas, “las familias seleccionan en el país de origen al miembro más apto, al que tenga más posibilidades de adaptarse y conseguir trabajo. En general, quienes migran quieren quedarse y obtener la ciudadanía, no les interesa delinquir porque saben que pueden ser expulsados, no tiene sentido, suelen ser personas más respetuosas con la ley, a tenor de la conclusión de estudios recientes”.

El mantra de los delitos sexuales

Al discriminar por delitos, la media es alta en “delitos contra el patrimonio”, entre los que hay robos y hurtos, donde el 70% de las infracciones fueron cometidas por ciudadanos nacidos en España y el resto fueron cometidas por extranjeros, lo que incluye también ciudadanos de países de la UE o EEUU. Sin embargo, en violencia de género o delitos sexuales –otro de los mantras que agitan los ultras es el de “la seguridad de nuestras mujeres”– hay una evidente mayoría de españoles entre los condenados (por ejemplo, en delitos sexuales, 406 condenados frente a 94, según el INE).

“Claro que hay delincuentes extranjeros, pero la variable nacionalidad que se recoge en las estadísticas es equívoca”, explica Javier Guardiola, profesor de Derecho Penal y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Criminología en la Universitat de València, que profundiza en que esos datos incluyen “desde un español que vive fuera y comete un delito aquí, a un extranjero que lleva aquí viviendo 20 años”. O al extranjero que ha venido en avión con droga y, al ser detenido en Barajas, cuenta en la estadística como extranjero que comete un delito España, pero que no vive aquí, especifica Andrea Ruiz, que apunta que además los datos no especifican los reincidentes.

Esa sobrerrepresentación se basa además en varios factores, según esta experta: “Hay un factor edad, porque entre migrantes la media de edad es más joven [y es la franja de mayor violencia]. Además, tienen más tasa de riesgo de pobreza. También los paran más en controles y registros –un latino tiene 3,5 veces más de probabilidad de que le paren, un negro tiene seis veces de probabilidades más y un gitano, 10–”. Ruiz señala también a algunos medios de comunicación que siempre que hablan de migración es en términos negativos y el “imaginario” creado en series y televisión, que contribuye a la idea de que los extranjeros (de algunas razas y nacionalidades concretas) son más peligrosos.

'Ideas zombis' resistentes a los datos

Es lo que Rubén Rumbaut llama “ideas zombis”, como recoge la experta Elisa García España en un artículo sobre la vinculación inmigrante/delincuente: “Estas ideas permanecen vivas de forma persistente en el imaginario popular. Son inmortales y resistentes a cualquier dato objetivo que las contradiga”. Una de esas ideas es que no se hace nada con quien delinque o, incluso que se les dan pagas, como dice Vox. Solo en 2024, el Ministerio de Interior expulsó a 3.031 extranjeros por diferentes motivos de seguridad nacional (más de 8 expulsiones de media al día). Además, el artículo 89 del Código Penal contempla sustituir penas de más de un año por la expulsión de la persona extranjera, incluida la que tiene permiso de residencia, algo que pasa constantemente en el sistema judicial español.

“Se hacen vinculaciones con los extranjeros como delincuentes, pero ¿qué pasa con los extranjeros como víctimas? Nunca se cruza esa idea”, expone Ruiz. Según el CIS de julio, los españoles consideran la inmigración el quinto de los “problemas” que les afectan, por detrás de asuntos económicos, vivienda, sanidad y paro. La sobreexposición por el caso de Torre Pacheco o por la agresión a migrantes los últimos días en Madrid tras una denuncia por violación, los llamamientos ultras y la validación del argumento racista podría hacer subir esta percepción en el próximo barómetro, apuntan los sociólogos.

Respecto a los ataques racistas, los últimos datos disponibles del informe de delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior, supone también una alerta: subieron un 21% respecto al año anterior. Entre ellos, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 856 hechos, fueron los más numerosos y representaron el 41,8% de total de las denuncias.

Lo de Torre Pacheco, Madrid y otros muchos casos “es algo que tiene que ver más con la raza que con la migración”, apunta el periodista antirracista Moha Gerehou. “Se genera una sospecha eterna y se apunta a negros, marroquíes... No es contra población inglesa o francesa. Suele haber una vinculación racial”, explica. El periodista también pone el foco en el peso que han tenido los medios de comunicación: “Cuando el que comete un delito es migrante se pone en el titular o en la noticia. Cuando es un blanco español no se hace referencia. Y ahora ya está pasando que en los medios progresistas especifican que no es migrante, y esto entra en el juego”.

Miedo de ser migrante

El polvorín de Torre Pacheco es un ejemplo claro y hay ataques raciales a negocios y vecinos de allí aunque el agresor del hombre de 70 años, el caso con el que se inició la espiral de violencia, no era de la localidad y ya está detenido. “La primera consecuencia es el miedo, porque el ataque es algo muy aleatorio. Atacaron un kebab, que puede estar regentado por un marroquí o un turco o un español. Nos hace sentir que no estamos a salvo en ningún contexto y eso es muy intimidatorio. La gente piensa que pueden ir al colegio de sus hijos, a su trabajo, como está pasando con las redadas en Estados Unidos. También se percibe indefensión porque no se ve contundencia por parte de las autoridades, no se lo toman todo lo en serio que deberían”, percibe Gerehou.

“Los delitos de odio cuestan de probar porque muchas veces su comisión o difusión es a través de redes, donde hay anonimato, las empresas están fuera de España y no siempre colaboran. Por otra parte, necesitan un componente subjetivo, hay que probar que se incita al odio o que se hace para humillar”, explica Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio en la Comunitat Valenciana. También desmiente un mito: “Vemos acciones organizadas como en Torre Pacheco, pero la regla general es que los autores de delitos de odio son personas 'normales' con todas las comillas, que no pertenecen a ningún grupo, que piensan esto y se ven legitimados por las redes o declaraciones de políticos”.

“La imagen del migrante delincuente es fácil de vender, es la alienidad, pero no se compadece con la realidad”, dice el experto en derecho y criminología Javier Guardiola. Solo hay que mirar alrededor un día cualquiera o fijarse en otros ejemplos igual de reales, pero totalmente positivos, como las cuadrillas de marroquíes que hicieron posible, trabajando hasta en Navidad, resolver el colapso de la red pública de alcantarillado tras la dana de València. Es el mismo colectivo general al que hoy, grupos de ultraderecha quieren “dar caza” y que ha puesto en alerta a policías y guardias civiles en la localidad de Murcia.

La delincuencia es un fenómeno complejo, cambiante, poco perfilado y cuyas estadísticas engloban desde asesinatos a una lesión, tráfico de drogas, prevaricación o ciberestafas (el delito que más está creciendo), explican los expertos, por eso es arriesgado sacar conclusiones. “Simplemente, el binomio extranjería/delincuencia no es real”. Aun así, partidos como Vox coquetean con la idea, como también Isabel Díaz Ayuso con su bulo de Alcalá en 2024, los independentistas de Aliança Catalana o el propio Feijóo, que especificó hace unos meses sobre la inmigración que la gente tiene derecho a vivir “con seguridad”, contraponiendo dos ideas que, a tenor de los datos de criminalidad y población extranjera en España, no son contrapuestas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que “la criminalidad se ha incrementado” a medida que ha crecido “la inmigración ilegal”. “España necesita abrir un tiempo nuevo en lo que a política migratoria se refiere”, ha asegurado, para acusar al Gobierno de “descontrol migratorio”. Feijóo ha vuelto a prometer que “la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho” mientras ha acusado a Vox de “exacerbar los ánimos” de los españoles con sus declaraciones.

Feijóo ha reunido este lunes a su Comité de Dirección en un hotel de Aranjuez (Madrid) para preparar el inicio del curso político. En declaraciones a los medios, el líder del PP ha sostenido que “todos los países de la UE se están replanteando sus medidas en materia de inmigración” y que “solo hay un gobierno que niega que el descontrol migratorio sea un problema”, en referencia al de Pedro Sánchez.

“Negar el problema no está evitando que miles de personas pierdan su vida en las costas españolas”, ha asegurado. “Pero negar el problema en sí está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes acuden a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes”, ha planteado.

“España es una nación abierta, construida por millones de personas, algunos de ellos migrantes. Pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia, ni puede ser instaurar y obligar a ideas, a medidas y a leyes distintas de las ideas, las medidas y las leyes que imperan en nuestro país”, ha dicho.

“Las fronteras no van a ser moneda de cambio, las fronteras serán defendidas, la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho”, ha zanjado.

En el XXI Congreso Nacional del pasado mes de julio el PP ya aprobó en su ponencia política eliminar el empadronamiento para los migrantes, así como el acceso a “prestaciones no contributivas”, una forma burocrática de llamar al ingreso mínimo vital. La encargada de redactar el documento fue la nueva vicesecretaria ideológica de Feijóo, Alma Ezcurra, quien prepara un nuevo texto centrado expresamente en la inmigración.

Feijóo redobla así en el arranque del curso su apuesta por asumir el discurso ultra de Vox y vincular delincuencia con inmigración. Ya lo hizo en el pasado, especialmente durante las campañas de las elecciones catalanas y europeas de 2024. Entonces, relacionó directamente las ocupaciones de viviendas con la llegada de personas migrantes, así como el aumento de los delitos.

Pese a que los datos oficiales lo desmienten, Feijóo ha dicho que“la inseguridad se ha incrementado”, así como “la ocupación ilegal” y que se comete “un delito cada tres minutos”. Las tres frases iban referidas a Catalunya.

El líder del PP defiende que España debía copiar el modelo italiano y griego de política migratoria. La semana pasada, Feijóo volvió a ponerlas de ejemplo frente a España, pese a que Italia ha registrado el doble de llegadas en lo que va de 2025.

Pese a sus afirmaciones, Feijóo ha querido marcar distancia con Vox. El partido de Santiago Abascal ha aprovechado la gestión de los incendios forestales que han hecho las comunidades autónomas del PP este verano para redoblar sus ataques contra sus supuestos aliados e igualarlos con el PSOE. Según Vox, España arde “por culpa del bipartidismo”.

Feijóo ha prometido hacer “políticas para la mayoría” para “el Estado” y “no para exacerbar los ánimos de una parte”. Y ha lanzado una predicción a cuenta de las encuestas que sitúan a los ultras en el 15% de estimación de voto: “Muchos votantes de Vox en el momento de la urna decidirán coger una papeleta azul y no la verde”.

Sin pacto de Estado por los incendios

Feijóo ha reiterado también su oposición al pacto de Estado planteado por Pedro Sánchez como respuesta a los incendios forestales que han arrasado más de 400.000 hectáreas este verano. El líder del PP ya lo despreció cuando lo anunció el presidente del Gobierno, y ha vuelto a hacerlo este lunes, después de que Sánchez haya concretado su intención de crear una Agencia Estatal de Protección Civil.

“Decir que se quiere un pacto de Estado en el año 25, después de haberlo dicho en el año 22 y después de crear una vicepresidencia en el año 18 para desarrollarlo, comprenderá usted que no tiene ninguna credibilidad”, ha dicho Feijóo, quien ha insistido: “Este Gobierno no tiene credibilidad para hacer pactos de Estado porque lo único que ha hecho es romper los pactos de Estado en política de defensa o en política exterior”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington y que pone a la Policía de la capital bajo control federal. Trump quiere aplicar a Washington DC el mismo libreto que empleó en Los Ángeles: dibujar una ciudad decadente, marcada por el caos y el crimen, para así poder justificar el despliegue de la Guardia Nacional.

“La tasa de homicidios en Washington es hoy más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que suelen considerarse de los peores del mundo”, ha afirmado falsamente el presidente en una rueda de prensa desde la Casa Blanca este lunes. Según datos del departamento de policía de DC, en 2024 hubo 112 homicidios. En Bogotá, solo de enero a septiembre de 2024, hubo 863, según datos del Concejo de Bogotá.

Debido a la condición administrativa particular que tiene el Distrito de Columbia, la movilización de la Guardia Nacional es potestad del presidente. El republicano también ha anunciado que pone la policía local bajo control federal. Para hacerlo, hizo uso de la sección 740 de la District of Columbia Home Rule Act, la norma que lo habilita para tomar esta decisión. “Tendréis más policía, y estaréis tan felices porque estaréis seguros cuando caminéis por la calle, veréis policías o veréis agentes del FBI”, ha dicho.

“Nuestra capital ha sido ocupada por bandas violentas y criminales sanguinarios, grupos errantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no permitiremos que esto pase más”, defendió Trump, aunque las estadísticas dicen lo contrario. El crimen violento ha disminuido un 26% en la ciudad en comparación con esta misma época de 2024, según datos de la policía de Washington. Asimismo, los homicidios han bajado un 12%.

“El proceso empieza ahora”, ha anunciado el presidente. “Será algo increíble de ver. Y creo que muchos de vosotros habéis dicho que sería algo bonito de hacer, ¿verdad? Iremos retirando todos los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques, nuestros preciosos parques”, ha asegurado.

Trump ha amenazado a otras ciudades santuario como Washington, con tomar medidas similares a las se toman ahora en la capital y que se aplicaron en su momento en Los Ángeles. “Enseguida vamos a mirar Nueva York”, ha dicho Trump. “Y si es necesario, también vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre”.

Los términos 'ciudad santuario' y 'estado santuario' se utilizan para referirse a los lugares de Estados Unidos donde las policías locales no tienen permitido cooperar con las federales, lo que los hace más seguros para las personas indocumentadas. Nueva York, Chicago, DC y Los Ángeles, además de ser bastiones demócratas —a los cuales ve como enemigos— también son un freno a su campaña de deportaciones masivas debido a que garantizan más derechos para las personas sin papeles.

Durante los últimos días, la administración ya ha desplegado agentes del FBI en las calles durante los turnos nocturnos de la policía local para ayudar a prevenir robos de vehículos con violencia y otros delitos, según informan las autoridades. Está previsto que a las 10 horas dé una rueda de prensa para informar sobre las medidas de seguridad adicionales con los siguientes pasos de los agentes federales en Washington, según ha anunciado en un mensaje en Truth Social.

Horas antes de su comparecencia, había escrito: “¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”.

Mientras, el ejército estadounidense se prepara para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., adelantó un funcionario del Departamento de Defensa citado por The New York Times.

Trump ya se había quejado en la campaña electoral de la supuesta decadencia de la capital y la retrataba como un lugar plagado por el crimen y la inseguridad. Una de sus promesas electorales era devolver el supuesto esplendor perdido a DC y hacer una “limpieza” de las calles. Este domingo, el presidente Trump comparó la mano dura aplicada en la frontera con México —donde al inicio de su mandato desplegó a militares para frenar los cruces fronterizos— con sus planes para Washington. El presidente dijo que desalojaría “inmediatamente a la población sin hogar de la ciudad y tomaría medidas rápidas contra el crimen”.

Al presidente estadounidense le molesta incluso ver señales de pobreza en la capital cuando juega al golf, pero pese a su empeño en hacer un retrato oscuro y sórdido de la capital, lo cierto es que el crimen violento ha disminuido. La alcaldesa de Washington, Muriel E. Bowser, ha salido a condenar esta descripción y señala que el crimen ha disminuido en los últimos dos años, tras un fuerte aumento posterior a la pandemia en 2023.

La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ha detenido al presunto autor de una sustracción de una mochila por el método del “Tirón”, a su víctima mientras esperaba el autobús y por la espalda. Además había sido autor de la sustracción de un patinete eléctrico candado en un aparcabicis de un centro comercial de Logroño en el mes de abril.

Robo por el método del “Tirón”

El presunto autor circulando en un patinete eléctrico se acercó por la espalda a su víctima, un trabajador de la ONCE que se encontraba esperando el autobús, y le agarró de la mochila que portaba en la mano, y de un fuerte tirón se la sustrajo, cayendo al suelo la víctima por el tirón causándole lesiones de carácter leve. En la mochila portaba numerosos billetes de la ONCE y 1173 euros en efectivo, entre otros efectos. Tras lo que el presunto autor abandonó el lugar en el patinete.

Poco después el autor abandonaba la mochila en un contenedor de basura con numerosos cupones de la ONCE para sorteos de diferentes días, no sin antes apoderarse del dinero en efectivo.

La colaboración ciudadana, ha sido fundamental en el esclarecimiento de este hecho, aportando información relevante a los agentes del grupo de investigación de la Policía Nacional, que ha permitido la localización y detención del autor.

Además en el mes de abril la misma persona había sustraído un patinete eléctrico en un centro comercial de Logroño, que se encontraba aparcado y candado en un aparcabicis. El grupo de investigación tras realizar las diligencias para su esclarecimiento le ha identificado como el presunto autor también de este hurto.

El modus operandi del hurto del patinete

El modus operandi que utilizó el presunto autor para la sustracción del patinete consistía en desplazarse al centro comercial conduciendo un patinete y aparcarlo en el aparcabicis, junto a otro, agachándose para candarlo, momento en el que aprovechaba para manipular el candado del patinete que se encontraba a lado, después se iba con su propio patinete, para volver después a sustraer el patinete que previamente había manipulado.

Al presunto autor de unos treinta años se le imputan un robo con violencia y un hurto.

¿Qué hacer?

La Policía Nacional, recuerda la importancia de interponer denuncia en caso de ser víctima de un hecho delictivo, en cualquier Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano ODAC de la Policía Nacional, que atiende 24 horas al día todos los días del año.

Se aconseja siempre tener disponibles y guardar, los datos de los objetos de valor, como números de serie, que puedan facilitar su identificación plena. En el caso de teléfonos móviles el número de IMEI que identifica al terminal.

Si está siendo víctima de un delito, está disponible el teléfono 091 CIMACC, que atiende personalmente las llamadas 24 horas al día los 365 días del año. O puede también hacer uso de la aplicación Alertcops, que comunica inmediatamente con la misma sala 091 CIMACC, y facilita la comunicación de cualquier hecho delictivo, disponible para Android e IOS.