El inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, en prisión acusado de integrar una importante organización de narcotráfico, ha descrito este martes en sede judicial una “práctica sistemática” en la unidad de élite de la lucha antidroga para falsear ante los tribunales el origen de las informaciones que les permiten incautar toneladas de cocaína. Sánchez Gil, al que los investigadores encontraron más de 20 millones de euros escondidos en su domicilio, ha explicado que él mismo participó en esas prácticas que permiten blanquear el origen irregular de las operaciones.

“La mayoría de las informaciones que supuestamente se comunican desde la DEA (estadounidense), la SOCA, NCA (ambas agencias británicas)... son falsas. Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes”, ha dicho el inspector jefe en su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Naciona, informan fuentes jurídicas. Sánchez Gil ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde ingresó tras su arresto en noviembre de 2024.

La comercialización entre narcotraficantes de sistemas encriptados de telefonía ofreció en los últimos años un sistema de comunicaciones a salvo de las Fuerzas de Seguridad. Diferentes versiones se han ido sucediendo hasta que servicios de Información extranjeros han logrado penetrar en sus servidores y encontrar el mayor volumen de información sobre el tráfico de drogas de la historia. Sin embargo, la utilización de esa información ofrece serios problemas legales a la Policía española que, según Sánchez Gil, no ha tenido problema en ocultar el verdadero origen de la información y falsear los atestados que se presentan ante los jueces.

El inspector jefe Sánchez Gil era un valioso aliado de los narcotraficantes. El jefe de la UDEF abría investigaciones inexistentes en las bases de datos policiales introduciendo los números de determinados contenedores que iban a entrar en el puerto ocultando droga en su interior. El policía registraba esas matrículas de contenedores como si fuera parte de una de sus investigaciones. Si otro policía introducía la misma matrícula del contenedor porque lo estaba investigando realmente, la coincidencia le saltaba a Sánchez Gil, que alertaba a los narcos.

Un ejemplo es la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Algeciras en mayo de 2001, una operación en la que se vio envuelto el propio Sánchez Gil, que intentaba que el contenedor con cocaína entrara en España sin ser descubierto. Ante el juez Francisco de Jorge, el inspector jefe Sánchez Gil ha explicado que ese alijo fue incautado gracias a la aparición de información en el sistema de encriptación Anom, uno de los infiltrados por los servicios de Información. Sin embargo, y siempre según su relato, los mandos de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) lo ocultaron, atribuyéndolo en sus informes al aviso de un servicio policial extranjero.

Este método, el de la colaboración entre países, resulta ser falso en muchos casos, según ha explicado Sánchez Gil. En el caso del contenedor de 2001, la Policía española habría contado con la colaboración de la Diran, la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La información de la Policía española, ha dicho ante el juez el acusado, es “autocreada”. “Se llama a un enlace [de la Policía española en el extranjero], se le da el texto y se le pide que alguien del país en cuestión te la firme. Los escritos los confeccionó la Brigada [de la Udyco] y la información no la dio la Diran”, ha dicho Sánchez Gil, según las fuentes presentes en la declaración.

En el momento de su detención, en noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Antes había participado en la lucha policial contra el narcotráfico en la Udyco. Al ser preguntado por su defensa por qué conoce el modo en que se falsean presuntamente las informaciones, Sánchez Gil ha respondido que se trata de “una práctica habitual y sistemática” de la Brigada Central de Estupefacientes. “Yo mismo lo he hecho como jefe de grupo”, ha asegurado.

Entre las maniobras de la Brigada Central estarían mantener las investigaciones obtenidas a través de los sistemas telefónicos encriptados “en secreto absoluto. Para ello se ocultaría la investigación al juez y no se incluiría en las bases de datos de cooperación policial. En una fase posterior se atribuiría a las incautaciones de droga determinada información que en realidad se habría conseguido a través de las interceptaciones en plataformas como Sky FCC. El inspector jefe ha llegado a decir que se han ocultado a los jueces ”mensajes relevantes“, según las fuentes consultadas.

Óscar Sánchez Gil ha declarado que él mismo fue objeto como investigado de las prácticas irregulares en las que incurrió siendo investigador. La Policía habría llegado a ubicar al número uno de la organización a la que presuntamente pertenecía el policía con uno de estos métodos. Fue una información procedente de Sky FCC, otro de los sistemas de telefonía encriptados y desarticulados, el que habría arrojado la posible relación de Alejandro Salgado, conocido como el 'Tigre', con una trama que estaba siendo investigada. “Prefirieron ocultar el origen de los datos y simularon un informe”, ha dicho Sánchez Gil. La maniobra fue ocultada por la Udyco a la Fiscalía Antidroga y al juzgado, según el policía. Sánchez Gil ha mencionado en su declaración a los principales mandos de la unidad antidroga de la Policía.

Sánchez Gil ha denunciado que los investigadores le vinculan con un alias de la plataforma, “Aduana”, y ha añadido que si se estudian detalladamente las conversaciones incorporadas a la causa aparece “una trama de corrupcon policial completamente distinta” y que es ajena a la que se le imputa.

Menciones a guardias civiles corruptos en chats encriptados

El policía acusado de narcotráfico ha contado que, mientras el éstuvo en Antidroga, “se ocultó sistemáticamente” toda la información que llegaba de los teléfonos encriptados que pudiera afectar a confidentes y colaboradores de la Policía. También ha dicho que su afirmación se puede comprobar comparando unos informes de la investigación y otros posteriores donde la Policía ya ha dejado de proteger a determinados confidentes.

Entre las personas protegidas por la Policía figurarían otros miembros de las Fuerzas de Seguridad que, como Sánchez Gil, pertenecen o colaboran con organizaciones de narcotráfico, según su exposición. “Hay policías de la Brigada de Madrid, de la Udyco y muchas alusiones a guardias civiles del puerto. También de Vigilancia Aduanera”, ha asegurado Sánchez Gil.

El inspector jefe ha dicho que en la propia documentación de chats encriptados que consta en la causa judicial contra él hay referencias a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Sánchez Gil ha denunciado que esa información no ha sido analizada y no ha sido incorporada por los investigadores en sus informes al juez.

El ex jefe de la UDEF de Madrid ha señalado que entre ella aparecen menciones expresas de los presuntos narcotraficantes al teniente coronel David Oliva, antiguo jefe de Ocon Sur, el desaparecido dispositivo especial de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho. Oliva es investigado en un juzgado de Valdemoro por revelación de secretos y cohecho, al intentar acceder a la investigación que Asuntos Internos llevaba contra él por su supuesta relación con un grupo de narcos.

Además, el inspector jefe ha denunciado vulneración de sus derechos durante la investigación. Sería el caso de la infiltración de un 'troyano' en su teléfono pese a que la autorización judicial no aludía a ese terminal concreto. Sánchez Gil ha trasladado al juez que no se le han facilitado los informes concmpletos de sus escuchas ni el contenido íntegro del material incautado en sus dispositivos.

Hugo Chiquero, quien firmó en 2016 dos declaraciones responsabilizando a Miguel Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína venezolana en un pub de Malasaña, ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional que no recuerda nada de sus confidencias a la Policía, según fuentes presentes en la comparecencia. Chiquero ha dicho no recordar los hechos que denunció y a duras penas ha reconocido que acudió a la Policía, aunque tampoco ha acertado a ofrecer ningún detalle de su colaboración.

El 'soplón' ha comparecido como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. En la causa está imputado el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios miembros de la brigada política del PP.

En las notas que el comisario José Luis Olivera envió a la Fiscalía Antidroga, con el objetivo de investigar a Miguel Urbán y a Podemos, aparecía una declaración de Chiquero en la que el confidente escribía a bolígrafo en los márgenes que alguien había dejado alguien previamente entre frases impresas. Chiquero ha dicho que no acertaba a ver si era su letra cuando el abogado de Podemos ha pedido que se le mostrase aunque sí ha reconocido su firma al pie.

En esa declaración, el testigo aseguraba que Miguel Urbán entró a finales de 2015 en el pub en el que él supuestamente trabajaba, el Nueva Visión de Malasaña, y que junto con el dueño subieron al piso superior y vendió a un tercero 40 kilos de cocaína. Con las ganancias habría invitado a los presentes en el bar mientras esparcía cocaína en la barra para que esnifaran todos y gritaba que la operación era para financiar a Podemos, según Chiquero.

Con ese disparatado testimonio, Olivera, que estos días se sienta en el banquillo de la operación Kitchen, impulsó una operación contra Miguel Urbán, fundador de Podemos, que pretendía llegar a las cuentas del partido durante los meses en los que la formación aspiraba a alcanzar el Gobierno en coalición con el PSOE, en 2016. En esa época, Urbán era eurodiputado de Podemos. Chiquero también le acusó de trapichear con droga por las esquinas de Malasaña.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, ha preguntado a Hugo Chiquero sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó. Él ha respondido que no se acordaba. Lo que sí recordaba es que la Fiscalía Antidroga no le coaccionó cuando fue allí a ratificar su testimonio ante la Policía.

González Mota también le ha preguntado a Chiquero si ha tenido problemas con la justicia, a lo que ha respondido que no. También ha negado que cobrara por aquella colaboración. Chiquero ha dicho que ningún policía se ha puesto en contacto con él antes de su declaración. El testigo ha comparecido por videconferencia desde Toledo.

La representación del PSOE, que ejerce la acusación popular, ha requerido a Chiquero por si sabía si Miguel Urbán era “alto o bajo” y si tenía pelo o era calvo. El testigo ha contestado negativamente: no recordaba nada de eso. En su nota informativa, Olivera trasladaba a la Fiscalía que Urbán era amigo del 'soplón' y que este llevaba una foto de él en la cartera en la que también aparecía el dueño del Nueva Visión.

El montaje de la cocaína contra Miguel Urbán es una línea de investigación dentro de la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez Santiago Pedraz investiga el caso obligado por la Sala de lo Penal, que corrigió su decisión de archivar las actuaciones en este sentido.

Por ahora han prestado declaración tanto el perjudicado, Miguel Urbán, como Olivera y dos de sus subordinados, que intentaron enmarcar en la normalidad su actuación por la trascendencia de los hechos denunciados por Chiquero. “Era perfectamente creíble”, llegó a afirmar ante el juez Miguel Ángel Barrado, comisario jubilado que pasó décadas en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora, Pedraz se ha negado a imputar al cerebro del montaje, José Luis Olivera.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el ingreso en prisión provisional de los 23 detenidos en la interceptación del barco Arconian al sur de Canarias que transportaba el mayor alijo de cocaína intervenido hasta la fecha: más 30 toneladas.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el magistrado ha adoptado esta decisión tras el pase a disposición judicial de los 23 detenidos en una operación realizada por la Guardia Civil en torno a un carguero con bandera de las Islas Comores.

El barco fue interceptado frente a las costas del Sahara Occidental, tras haber partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia.

Por su parte, fuentes próximas a la investigación han precisado que la carga interceptada supera las 30 toneladas, aunque no han querido concretar el peso exacto.

A los arrestados se les investiga por delitos de tráfico de drogas y organización criminal

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trató de deshacerse de dos paquetes de cocaína circulando a gran velocidad con un patinete eléctrico en Carabanchel, mientras era perseguido por una patrulla de agentes. Ocurrió el pasado 10 de abril en este distrito de Madrid, y ahora le acusan de un posible delito contra la salud pública.

Ese día, varios policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se percataron de que un hombre circulaba a velocidad excesiva con su patinete y ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. En un comunicado emitido por el cuerpo se explica que este hombre también ignoró las indicaciones previas que emitieron las autoridades.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Ciudad Real ha interceptado un vehículo en la A-4, que circulaba sentido Madrid y que llevaba una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Un perro del servicio cinológico marcó el escondite

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest.

La carga será enviada a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

Un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular en Sevilla a una organización criminal que se dedicaba a la distribución y venta de droga. La investigación se ha saldado con 17 detenidos y 3.370 kilos de hachís, 288 kilos de cocaína y seis armas de guerra incautadas. La banda contaba con “guarderías” y “buzones” en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz para guardar y distribuir las sustancias. 

La operación “Itálica 153 Legs/Avant”, como ha sido llamada por las autoridades, tenía su sede principal en la provincia de Sevilla, si bien contaba con puntos para esconder la droga, conocidos coloquialmente como “guarderías”, y otros puntos de entregas o “buzones” en el resto de provincias de Andalucía occidental. En un principio, Guardia Civil y Policía Nacional mantenían investigaciones abiertas en paralelo pero, tras la unificación, se permitió conocer a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos. 

Su modus operandi destacaba por el uso de vehículos en funciones de lanzadera, que tenía como objetivo detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. La gran movilidad e itinerancia de los narcotraficantes, hizo que los investigadores se vieran obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los “narcoviajes”, lo que permitió la interceptación simultánea de los detenidos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla. 

Como consecuencia se ha desarticulado la banda y se han detenido a 17 personas, de los cuales a 12 se les ha decretado el ingreso en prisión provisional. Por otro lado, se han incautado un total de 3.370 kilos de hachís y de 288 de cocaína y se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles “Skorpion” con silenciadores y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición. 

Entre el total de la droga incautada durante la investigación, destaca la intervención de 500 kilos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos en Burgos. Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026. 

El operativo ha sido desarrollado y ejecutado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Sevilla, la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Costa del Sol de Málaga y el GRECO de Cádiz, perteneciente a la Brigada Central de Policía Judicial de Policía Nacional. 

Un bebé de dos años permanece ingresado en el Hospital Grande Covián de Arriondas sometido a diversas pruebas médicas y toxicológicas ante los indicios de una posible ingesta de cocaína. Los servicios sociales permanecen a cargo del menor, mientras continúan las labores de investigación de la Policía Judicial de Llanes para tratar de esclarecer los hechos.

Un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha confirmado este jueves a eldiario.es asturias la apertura de esta investigación policial que se ha puesto en marcha una vez que el centro hospitalario comunicó este caso.

El padre del pequeño se personó en el centro sanitario ayer, miércoles, con el bebé. Según los datos que transmitió el hospital a la Guardia Civil, pidió a los facultativos que realizaran una prueba toxicológica a su hijo.

La investigación

La primera prueba de aproximación o indiciaria dio positivo en cocaína y ahora se está a la espera de una analítica.

Los resultados finales se conocerán previsiblemente mañana viernes, según han indicado las mismas fuentes.

La Guardia Civil se puso en contacto con los servicios sociales para que se hicieran cargo del menor mientras se aclaran las circunstancias en las que presuntamente, si todas las pruebas lo corroboran, el menor pudo haber ingerido la droga.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, han detenido a 13 personas que formaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Ha sido desmantelado un 'macrolaboratorio' de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la localidad de Gerindote (Toledo), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

También se han realizado cuatro registros más en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, con la incautación de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y chalecos antibalas, además de intervenciones en Málaga, La Rioja y Bizkaia, en nuestro país, y en Cartagena (Colombia).

Las investigaciones de esta operación, de nombre 'Sircan', se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Hispanoamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos).

Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos. Las actuaciones policiales conjuntas descubrieron la existencia de un 'macrolaboratorio' clandestino de cocaína en un pueblo de Toledo. Estaba ubicado en un polígono industrial, integrado con otros negocios e industrias, dando una apariencia totalmente lícita.

Sin embargo, en el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias destinadas de forma específica a la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio estaba operado por expertos 'cocineros' colombianos traídos expresamente por la organización para procesar la sustancia estupefaciente. El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado.

En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, que era presentado en forma de 'ladrillos' y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Laboratorio en plena producción

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado.

Fueron intervenidas más de siete toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron nueve kilos de cocaína de una pureza próxima al 93% ya procesada y empaquetada, dispuesta para su venta.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, y constituía para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, 'MDMA', 'popers', marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de 'Paprika'.

Intervenciones en Colombia y en cinco provincias españolas

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España. En ella, se desmanteló el laboratorio en Gerindote (Toledo) y se realizaron cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización criminal.

Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos.

La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

Investigación de blanqueo

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países (EEUU, Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el resultado conseguido.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido con unas 300 dosis de una mezcla de ketamina y MDMA, conocida como ‘tusi’ o ‘cocaína rosa’, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

La actuación se produjo en la madrugada del pasado 13 de abril, en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por los agentes en una de las principales vías de acceso al municipio.

Durante el operativo, los agentes observaron a un individuo que descendía de forma apresurada de un vehículo, lo que levantó sus sospechas y motivó su identificación. Se trataba de un varón con domicilio en la Comunidad de Madrid, “que manifestó estar desplazándose desde dicha región”, según ha informado la Guardia Civil.

En el transcurso de la identificación, los agentes detectaron que ocultaba un envoltorio con una sustancia en polvo de color rosa, que el propio hombre reconoció como una mezcla de MDMA y ketamina. Posteriormente, en un registro más exhaustivo, localizaron otros envoltorios similares ocultos en su ropa interior.

En total, los agentes intervinieron nueve bolsitas de aproximadamente un gramo cada una y otra con unos 10 gramos adicionales, sumando más de 20 gramos de sustancia, equivalentes a unas 300 dosis.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la pena de diez años de prisión y una multa de 125 millones de euros a cada uno de los quince tripulantes de una embarcación que en 2024 fue trasladada al puerto de la Luz y de Las Palmas con 3,5 toneladas de cocaína.

Ante la Sala de Apelación los procesados alegaron falta de competencia de las autoridades españolas y que por lo tanto la detención había sido ilegal, nulidad del abordaje y de la entrada y registro por no existir autorización de las autoridades panameñas, país al que decían que pertenecía el barco.

En caso de que no ser absueltos pedían una rebaja de las condenas y que se sustituyeran por la expulsión, tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y que el capitán había sido coaccionado para participar en la operación mediante un atentado en el colegio en el que trabajaba su esposa.

La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar la autorización de entrada y registro y de intervención del barco basándose en las leyes internacionales, en las que se mantiene la necesidad de que todos los países participen en la lucha contra el tráfico de drogas.

También se rechaza el argumento de las dilaciones indebidas pero se abre la puerta a que, cuando se lleve a cabo la ejecución de las sentencias, los acusados puedan ser expulsados o cumplir las penas en sus países de origen, decisión que por ahora se considera “prematura”.

La agencia antidroga estadounidense DEA detectó un barco llamado “Atalaya” con bandera de Panamá que, en noviembre de 2024, se encontraba navegando en dirección a España con entre 3 y 4 toneladas de cocaína, por lo que dio aviso a las autoridades españolas cuando estaba cerca de Canarias.

Tras pedir permiso a Panamá para abordarlo, se informó de que en aquellos momentos la embarcación ya no tenía bandera panameña pese a reclamar las autoridades de este país que los tripulantes y embarcación fueran puestos a su disposición.

El 12 de noviembre se procedió a su abordaje por parte de la policía, que encontró 100 fardos unidos mediante cuerdas, plomos y redes, sistema que suele usarse para arrojarlos al mar.

Al ser sometido uno de los tripulantes a una prueba de detección de drogas dio positivo en cocaína, por lo que se procedió a detener a los quince miembros de la tripulación al considerar que todos ellos eran conscientes de la carga que llevaban y su ilegalidad, y se trasladó el buque al puerto de Las Palmas.

En este punto se comprobó que el peso total sumaba 3,5 toneladas de cocaína con una pureza del 84 %, por lo que tendría un valor de 124 millones si se hubiese distribuido por kilogramos y 245 millones si se hubiese hecho por gramos.

La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas, pero sí suben rápido, hay una cierta preocupación entre quienes trabajan en la prevención de daños por el auge que se está detectando en el uso de esta droga, en Europa en general y en España en particular: su consumo ha crecido en Barcelona un 184% desde que se empezó a medir, en 2022.

Lo dicen los últimos datos de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), publicados este miércoles y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, que revela las últimas tendencias en el consumo de drogas en el continente a partir del análisis de aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. De España se han medido datos en Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Santiago y València en 2025. Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), ha decidido salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

En el siguiente mapa puedes consultar los últimos datos de la concentración de seis sustancias (cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina, metanfetaminas y MDMA) medida en las aguas residuales en cada una de las ciudades que han participado.

De un primer vistazo el estudio depara pocas sorpresas, evalúan los expertos: el consumo de cocaína en el continente está en niveles récord siguiendo la tendencia que traía, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, y España destaca entre los países más consumidores con cuatro ciudades en el top 15; la ketamina crece un 41% con carácter global y el éxtasis parece estar perdiendo popularidad, sustituido por otras drogas sintéticas que suelen tener una vida efímera, según el análisis de EUDA. El cannabis, la droga más consumida, ha caído ligeramente, pese a (o gracias a) que se ha regulado de alguna manera en varios países.

“Lo que vemos a través de distintos indicadores es que hay gente que no está dejando de consumir cocaína”, analiza Luis Sordo, médico epidemiólogo e investigador en el departamento de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), respecto de las cifras récord de la droga por excelencia. “Entran a consumir cocaína a una determinada edad, en un momento concreto de la vida por la razón que sea (por ejemplo, salir por la noche), pero luego algunos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no lo dejan. Mi sensación es que hay más personas que no tienen hijos y al mismo tiempo ha habido un cambio y hay gente no siente que con 40, 45 o 50 años tenga que retirarse de nada”, elabora. Y siguen consumiendo.

Más atención está atrayendo la ketamina desde hace un tiempo, en auge actualmente en una tendencia que los expertos habían localizado y las grandes cifras de este estudio refrendan. “Se está poniendo de moda en ambientes recreativos”, explica Mireia Ventura, directora del Área Internacional de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), especializada en el trabajo de calle con consumidores. “Aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”, añade su colega Claudio Vidal, director del programa Energy Control de ABD.

El mayor estudio comparativo

Este el mayor informe comparativo de su tipo, que realiza la red científica europea SCORE en colaboración con laboratorios locales como IDEA-CSIC, la Universidad de Granada o la Universidad de Santiago de Compostela, y mide el consumo, por localidades, de cinco drogas estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como el cannabis. Los análisis no buscan la droga directamente en el agua, sino los metabolitos que produce y expele el cuerpo tras consumir para evitar contaminación en los datos si, por ejemplo, alguien tira una gran cantidad de drogas al váter.

Hay quien duda de la fiabilidad de analizar aguas residuales en busca de drogas porque es un indicador sin matices, sin explicar quién consume, cuándo o por qué, pero los científicos defienden la validez del método y explican que la alternativa son las encuestas, que tampoco son 100% fiables, y por eso se cruzan datos para obtener un panorama completo.

“La metodología está admitida a nivel internacional”, explica Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica en la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha participado durante años en el análisis de las muestras de Tarragona. “Las limitaciones del método son que no te da ninguna información sobre quién o cómo la consume, los perfiles o la pureza de la sustancia”.

“Sí que es un método fiable”, asegura Tito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. “Las muestras se toman cada diez minutos durante 24 horas para al final del día tener una muestra que sea representativa de toda la jornada, porque el caudal del agua residual varía mucho y el perfil de la gente que va al baño cambia durante el día. Así se hace durante una semana entera”.

Aun así, hay ciudades que se han salido de este tipo de estudios. El caso paradigmático quizá sea Tarragona, señalada hace años como la segunda ciudad de Europa en la que más cocaína se consume, que ha decidido dejar de aparecer porque cada año la ponía en el foco de manera injusta, cree el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el estudio tiene “debilidades” que “sitúan a Tarragona en un ranking incorrecto”. Específicamente, dicen las fuentes que los resultados del estudio a nivel europeo no son comparables y que “la realidad de la ciudad no está adecuadamente representada” porque la planta de tratamiento también atiende a otros municipios vecinos.

Cuatro ciudades en el top 15 del consumo de cocaína

Excluido el cannabis, la cocaína es la reina del consumo de drogas. De las 88 ciudades europeas con datos tanto de 2024 como de 2025, un total de 63 registraron un aumento en su uso. Su radio de acción se está expandiendo, explican desde EUDA: tradicionalmente, los niveles más altos de consumo se encuentran en Europa occidental y meridional, y los nuevos datos confirman esta tendencia, pero ya se pueden encontrar rastros de cocaína —y en muchos casos en aumento— también en ciudades de Europa del Este.

En España, Lleida aparece como la tercera ciudad europea donde más rastro había en las aguas residuales y Granada la quinta. Santiago y Barcelona también están cómodamente, y con datos récord de concentración, en el top 15 europeo, que lidera Middlesbrough (Reino Unido) y donde asoman en puestos altos localidades como Ámsterdam o Amberes. Ciudades, estas últimas, que tienen algo en común: son todas portuarias y sirven como puntos de entrada importantes para la cocaína desde América Latina hacia Europa.

“La cocaína no está socialmente penalizada, no hay sensación de peligro”, explica su popularidad el doctor Sordo, de la UCM. “Somos un país mucho más nocturno que otros y todo lo que signifique prolongar el día encuentra un aliado. El aumento en el consumo va ligado también a la cultura de la fiesta, los bares, y finalmente, y esto es importante para el análisis en aguas residuales, el turismo”, sostiene.

Más allá de los rastros en aguas residuales, otros datos a partir de encuestas demuestran que los datos de España no son casualidad. Somos el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas.

Desde ABD insisten en un factor que puede estar influyendo en la subida detectada: la droga que se mueve es cada vez más pura, un argumento que repiten varios expertos. Se puede aventurar teorías sobre por qué sube la pureza —hay una cierta coincidencia en que se debe a que el mercado está saturado y cortar la droga ha dejado de ser necesario—, pero no deja de ser una realidad. “Quizá no es necesario que consuman más personas o más cantidad y van a salir igualmente niveles más altos”, desliza Ventura.

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo también en señalar el factor turismo como una pata importante de la situación. “España es un país de turismo, mucha gente viene a salir de fiesta. Ya no solo hay consumos de los locales, también hay que tener en cuenta este turismo, que además está todo el año”, reflexiona Ventura. Y luego están las circunstancias propias de la droga, que se mantiene inalterable a lo largo de los años: “Es quizá el único producto que se ha abaratado. Sigue siendo el mismo precio que antes y la pureza ha aumentado, lo que significa que ha bajado de precio. Es una sustancia más accesible”, explica la experta.

Ketamina, el problema que viene

A esos ambientes de ocio también ha llegado la ketamina, que sube en 47 de las 68 ciudades analizadas que tienen datos tanto esta edición como la anterior. “Se está poniendo mucho de moda en ambientes recreativos”, sostiene Ventura. “En principio se encontraba en espacios más alternativos, como fiestas rave (fiestas, normalmente al aire libre, con música electrónica y de larga duración), pero actualmente está muy esparcida en otros ambientes más mainstream”, explica la experta.

“La indicación más clara que ofrecen los datos de aguas residuales de que la ketamina se consume tanto de forma recreativa como médica es que las cantidades detectadas son más altas los fines de semana. Esto es similar a lo que se observa con otras drogas que se consumen en contextos recreativos, como la cocaína y el MDMA”, añade Andrew Cunningham, analista de la EUDA a preguntas de la Urban Journalism Network, que dirigió un reciente estudio de investigación sobre el consumo y el mercado de la ketamina.

En Barcelona conocen el fenómeno. La ciudad aparece entre las más consumidoras de esta droga desde que se busca en las aguas residuales, y cada vez hay más rastro: ha pasado de 29,4 mg por cada mil habitantes a 83,7 en 2025, casi el triple.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene usos en humanos y veterinaria, pero “por debajo de las dosis que producen anestesias produce un rango de efectos, que van desde los parecidos al alcohol hasta ligeros toques psicodélicos que aumentan según se aumenta la dosis y se puede entrar un viaje psicodélico importante”, cuenta Vidal, de Energy Control.

Con esta droga “se da una circunstancia quizá un poco particular”, continúa. “Por una parte tenemos cada vez mayor presencia de consumo de ketamina y por otra del tusi”, mal llamada cocaína rosa porque tiene ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína, y la aparición de este producto ha hecho que aumente el número de personas que consume ketamina sin saberlo“, explica.

Tanto uno como otra advierten de que puede haber un problema con esta droga. “El uso de ketamina es un problema del que oiremos hablar. En centroeuropa (Bélgica, Holanda, Reino Unido) hay problemas serios ya porque puede generar adicción y una tolerancia alta, por lo que rápidamente necesitas más. Y la concentración de ketamina es cada vez más grande, lo que quiere decir que está aumentando la tolerancia”, sostiene Ventura.

“Puede acarrear importantes problemas, sobre todo dos: el desarrollo de una dependencia con un patrón de consumo muy intensivo y la pérdida de control”, advierte Vidal. “En concreto, la aparición de problemas urinarios, porque la ketamina en su paso por el cuerpo va produciendo inflamación al eliminarse. Esto hace que aparezcan síntomas parecidos a la cistitis, que muchas personas pueden no relacionar con el consumo de ketamina, incluso profesionales sanitarios. Está bien documentado y puede ser bastante grave”, señala.

Anfetaminas, metanfetaminas y 'chemsex'

En España, los expertos también señalan el aumento en el uso de anfetaminas y metanfetaminas. “Lo raro es que no hubiera pasado antes porque son baratas y fáciles de producir”, apunta Fernando Caudevilla, médico familiar y experto en drogas. Este doctor explica que estas drogas se asocian al chemsex (sesiones largas de sexo con drogas), “y probablemente sea cierto, pero no es la única causa [del aumento]. Se va a seguir expandiendo y no veo motivos por los que vaya a ir a menos, aunque es cierto que cuando hay buenos mercados de droga la situación suele no cambiar mucho. Si a Galicia sigue entrando bien la cocaína la gente no se va a buscar anfetamina”, opina.

Sordo incide en que “en Barcelona hace tiempo que están preocupados con este aumento”, y ofrece un dato: entre 2020 y 2023 prácticamente se ha duplicado los ingresos para tratamiento, pasando de 580 a 1.085 en ese periodo. El especialista explica además que es habitual que cuando hay más disponibilidad de alguna droga, como está sucediendo con las anfetaminas, “se ofrece como producto. Pasó en EEUU con la crisis de adicción a los medicamentos. Cuando la gente dejó de poder comprarlos y apareció la heroína como producto alternativo, se empezó a ofrecer más”.

De Brístol a Praga

En Europa cada país lidia con sus propios problemas. Si España destaca en cocaína, Reino Unido lo hace en ketamina y la anfetamina es habitual en los países nórdicos y en República Checa y Eslovaquia en su forma de cristal.

Brístol (Reino Unido) es de largo la ciudad europea con más concentración de ketamina en sus aguas residuales. “Bristol es conocida por ser un centro de distribución de ketamina, así como una ciudad con una intensa economía nocturna. Es la ciudad con mayor consumo de ketamina del mundo”, sostiene Josh Torrance, criminólogo afincado en la ciudad. En conjunto en Reino Unido el número de adultos que inician tratamiento por problemas con la ketamina se ha más que triplicado desde 2021.

La ciudad checa de České Budějovice ha desbancado a otra ciudad checa, Ústí nad Labem, como la número uno en consumo de metanfetamina entre todas las ciudades europeas analizadas, con un aumento del 29% respecto al año anterior. El dominio checo con esta droga no tiene fisuras: ciudades checas ocupan los cinco primeros puestos del ranking de metanfetamina, incluida la capital, Praga, donde todas las sustancias medidas aumentaron respecto al año previo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en la localidad malagueña de Marbella, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Nave industrial en Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

Un análisis de las aguas residuales en Madrid confirma que la cocaína y el cannabis siguen siendo las drogas ilegales más consumidas, pero ahora advierten de nuevos peligros. El Ayuntamiento acaba de hacer público un estudio para el que se han tomado muestras del alcantarillado y examinado las sustancias químicas que prevalecen desde el año 2023, cuando comenzaron a recopilar estos datos. Las conclusiones, anunciadas esta mañana por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, no solo apuntan a un abuso de estupefacientes: el peligro también se señala en dirección a algunos medicamenos, como la ketamina o las benzodiacepinas.

“Analizar las aguas residuales es una herramienta innovadora para estimar el consumo de drogas en las grandes ciudades”, ha asegurado Sanz en una visita al laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud acompañada del concejal de Hortaleza, David Pérez, y el gerente del organismo municipal a cargo del estudio y las muestras, Antonio Prieto. La investigación, desarrollada en colaboración con la Universidad Complutense, ha observado durante casi dos años los metabolitos de distintas drogas, unos compuestos que aparecen tras el consumo de sustancias y su eliminación posterior dentro el organismo.

Algo permite estimar los niveles de uso en la población de forma indirecta, sin depender únicamente de encuestas o declaraciones personales que puedan no coincidir con la realidad. Los resultados, que también se publicarán en el portal oficial de Madrid Salud, sitúan a la cocaína y el cannabis como las sustancias con mayor presencia en aguas residuales madrileñas. Se han estudiado 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, algunos medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas.

En total, se identificaron hasta seis sustancias ilegales en las muestras, obtenidas entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado: cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis) y ketamina.En el resto de compuestos analizados se detectan niveles menores, aunque el estudio confirma su presencia en distintos momentos del año. Además, el estudio detectó restos de algunos fármacos con “potencial de abuso”, y entre ellos no solo se encontraba la ketamina.

Ansiolíticos, sedantes u otras sustancias con receta médica

También se advirtió de la presencia de determinadas benzodiacepinas con “potencial de abuso” como el lorazepam o lormetazepam, dos sustancias utilizadas habitualmente como ansiolíticos o sedantes que cada vez se extienden más entre la población. Sobre las drogas ilegales el análisis también permite observar patrones de consumo asociados al ocio. Mientras que el cannabis mantiene niveles relativamente estables a lo largo de la semana, los metabolitos de MDMA aumentan de forma notable durante los fines de semana, un comportamiento que los investigadores vinculan al consumo en contextos de ocio nocturno.

En datos absolutos, para el cannabis se detectaron 77,2 miligramos diarios en aguas residuales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), pero delante de otras ciudades como Santiago (54,3) o París (53,9). En cuanto a la cocaína, de las ciudades europeas con las que se han comparado los datos, Madrid es la segunda con menos consumo, con 369 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, superando sólo a Ámsterdam.

Por encima se sitúan Lisboa, Roma, Oporto y Milán. Los resultados del estudio sitúan a Madrid en niveles comparables a los de otras grandes ciudades europeas que participan en este tipo de programas de vigilancia epidemiológica. El Ayuntamiento considera que esta información puede servir para mejorar las políticas públicas de prevención y reducción de riesgos, así como para orientar campañas de salud pública dirigidas a los grupos con mayor exposición al consumo.

En este caso, el método para identificar las sustancias con más presencia es relativamente sencillo: después de su consumo, el organismo la elimina a través de la orina y su rastro termina llegando al alcantarillado urbano, primero, y a las estaciones depuradoras de aguas residuales después. Para esta investigación, desde Madrid Salud detallan haber recogido casi 400 muestras representativas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados, con las que intentan justificar aquella operación. El pasado 27 de enero, un comisario de la Policía Nacional aseguró ante el juez Santiago Pedraz que la historia de un eurodiputado de Podemos en ese momento, Miguel Urbán, trasladando a pulso 40 kilos de cocaína a un pub de Malasaña, vendiendo la droga y celebrándolo a voces mientras invitaba a desconocidos a cocaína, fue “perfectamente creíble”.

elDiario.es ha tenido acceso a la declaración del comisario jubilado Miguel Ángel Barrado, un histórico de las unidades contra el narcotráfico de la Policía que en el momento de los hechos estaba destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). De ese organismo, que no tiene funciones operativas, salieron las notas policiales que obligaron a la Fiscalía Antidroga a abrir unas diligencias de investigación secretas sobre el supuesto narcotraficante Miguel Urbán. Barrado supervisó esas notas, según declaró su entonces jefe, el comisario que las firmó, José Luis Olivera. A raíz de la declaración de Olivera, Miguel Ángel Barrado fue citado como testigo.

Durante la comparecencia del policía, el abogado de Podemos le preguntó si antes de poner una información en conocimiento de la Fiscalía no establecían algún tipo de “filtro”, habida cuenta de lo inverosímil del relato sobre Urbán. “No, pero le puedo decir que era perfectamente creíble”, contestó. Pedraz intentó que el comisario no se prodigara en su explicación, pero ante la insistencia del letrado y el ofrecimiento del testigo, el juez dejó que continuara. “Mire usted, el inspector jefe originario de esta información, el primero, que no está aquí, es un funcionario altamente cualificado en el tratamiento de fuentes y captación de las mismas. Es un funcionario que ha hecho muchísimos servicios por este procedimiento en la Comisaría General. Lo que me viniera de él era altamente creíble. Luego, el contenido de la información, pues sí, perfectamente creíble”, afirmó el comisario.

Según este experto comisario, que Urbán compatibilizara su labor de eurodiputado con el menudeo de droga por las esquinas de Malasaña, como afirmó Hugo Ch., el confidente, era verosímil porque el mando policial al que se lo había contado el soplón tenía mucha experiencia. Cuando otra abogada le vuelve a preguntar por el hecho de que Urbán traficara con droga, Barrado remata: “Mire, yo me he tirado 25 años en la Brigada Central de Estupefacientes y sé lo que hace la droga. La droga lo contamina todo”.

El juez Pedraz acaba de negarse a imputar a José Luis Olivera, el entonces director del CITCO y artífice del montaje contra Urbán y Podemos. Pedraz considera que el testimonio del confidente justifica por sí solo la investigación secreta Urbán, a la que los agentes incorporaron una “nota de inteligencia” anónima sobre blanqueo de capitales en Podemos cuya autoría apunta al comisario Villarejo.

En el mismo auto en el que rechaza la imputación de Olivera, Pedraz abre la puerta a investigar a Villarejo y ni siquiera contesta a la solicitud de imputación de Miguel Ángel Barrado y de otro miembro del CITCO que también declaró como testigo el 27 de enero. Ese otro policía es el inspector jefe Federico Millán Maricalva. Él es el redactor de las notas que el CITCO envió sobre Urbán a la Fiscalía Antidroga, supervisadas por Barrado y enviadas por Olivera.

El testimonio de Millán Maricalva consistió en asegurar que a él le llega la información del confidente por un compañero de la Comisaría General de Policía Judicial, con el que había coincidido en el pasado. Ese mando –el funcionario “altamente cualificado”, según lo describe Barrado– decidió que el CITCO era el lugar indicado para enviar el testimonio de su colaborador. No hay explicación de por qué no investigó él las confidencias de su chivato, por qué no lo remitió a una unidad antidroga o por qué no lo hicieron sus superiores de acuerdo a los procedimientos reglados.

El inspector jefe Millán Maricalva presentó un relato en la Audiencia Nacional según el cual él mismo llegó a viajar a una reunión con el confidente a Talavera de la Reina (Toledo), pero solo en funciones de “observador”. Se quedó, dijo, en una mesa distinta del bar donde se produjo la reunión entre varios miembros de la Comisaría Judicial de Policía Judicial y Hugo Ch, el chivato. Ante la incredulidad de la acusación popular, el inspector jefe reconoció que habló con él un momento. La breve conversación, añadió, versó sobre “auriculares” [vídeo de la declaración a continuación]“.

Desde que arrancó la causa de la guerra sucia a Podemos se han sucedido en el juzgado de Pedraz continuas contradicciones entre los distintos policías que han sido llamados a declarar. El pasado 27 de enero se produjo una más. El tercer testigo fue un mando de la Policía antidroga, jefe del agente que está imputado por rastrear a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al “círculo más próximo” de Miguel Urbán, investigado por tráfico de drogas.

Este inspector jefe negó que diera instrucciones a su subordinado de rastrear a Iglesias y justificó que lo hiciera dentro de la praxis policial. El inspector jefe aseguró que el CITCO, el órgano desde el que salió hacia la Fiscalía el montaje contra Urbán, no trabaja con “fuentes”. La afirmación choca frontalmente con la que realizó el que fuera su director, José Luis Olivera, por el momento testigo en la causa de la guerra sucia a Podemos y que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Olivera intentó justificar su actuación asegurando que el CITCO contaba con “multitud de fuentes”. La Fiscalía Antidroga terminó por archivar la investigación porque no había un solo indicio de delito, antes de que los policías lograran su objetivo de dar el salto de sus pesquisas hasta Podemos, por entonces aspirante a integrar el Gobierno de la Nación.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia tras el macrojuicio por la partida de casi 4 toneladas de cocaína del buque MV Karar, abordado en abril de 2020, y ha condenado a un total de 13 años de prisión al arousano Juan Carlos Santórum, considerado líder del grupo que iba a recibir ese cargamento.

En su resolución, recogida por Europa Press, el tribunal condena también a 9 años y medio de cárcel (10 años y 9 meses en el caso de un acusado reincidente) a las personas del entorno de Santórum que colaboraron en esa operación de narcotráfico. Igualmente, se impone la pena de 7 años de cárcel a un empresario constructor naval, y de 6 años de cárcel para los tripulantes del MV Karar, incluido un gallego, con la atenuante de confesión tardía.

Por otra parte, la Audiencia condena a otros dos procesados, un ciudadano colombiano y un exfuncionario de Aduanas, a penas de 8 y 7 años y medio de prisión por tráfico de drogas. Además, al segundo le impone una pena adicional de 4 años de cárcel por blanqueo, y su mujer ha sido también condenada por este delito, a dos años prisión.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

El presidente venezolano Nicolás Maduro se enfrenta a un proceso penal incierto en el que los fiscales de Nueva York le acusan de hacer de Venezuela un narco-estado con un flujo constante de sobornos y corrupción para permitir el tráfico incontrolado de cocaína a Estados Unidos. El pliego de cargos, de 25 folios, recoge una amalgama de acusaciones contra Maduro, su esposa, su hijo y varios altos cargos de su Gobierno por supuestas relaciones con grupos criminales como el cártel de Sinaloa o incluso con las ya extintas FARC colombianas. En su primera comparecencia ante los tribunales, Maduro se ha declarado inocente: “Soy presidente de Venezuela y estoy aquí secuestrado”, ha dicho.

El escrito de acusación cuenta con un viejo conocido de los tribunales españoles: Hugo 'El Pollo' Carvajal, antiguo general venezolano que estuvo preso varios años en España evitando la extradición y que fue juzgado hace medio año en Estados Unidos. El pliego de cargos está firmado por Jay Clayton, que ejerce como fiscal neoyorquino desde hace menos de un año y que en el pasado ya ha ostentado cargos de confianza con Donald Trump: fue su presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en sus siglas en inglés) durante su primer mandato. Un nombramiento efectuado directamente por el presidente. Clayton ya estuvo a los mandos de la causa contra el 'Pollo' Carvajal que todavía está pendiente de una sentencia y una condena concretas pero que está directamente relacionada con el asalto a Caracas y el secuestro de Maduro.

Las acusaciones arrancan con una “introducción” en la que la Fiscalía apunta no solo al narcotráfico sino a todo el sistema político venezolano: desde el “gobierno ilegítimo” de Nicolás Maduro hasta la “cultura de la corrupción” que extiende a México, Guatemala y Honduras. En un momento en que el propio Donald Trump, además de anunciar cambios de gobierno y en la gestión del petróleo de Venezuela, ha apuntado a otros países.

A partir de ahí, el fiscal explica que Venezuela lleva 25 años siendo un narco-estado, con Maduro, su familia y sus colaboradores cobrando sobornos a cambio de facilitar el paso de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos aprovechando su posición “geográficamente valiosa”. En la mayor parte de los casos, Clayton no explica qué pruebas maneja para reforzar sus afirmaciones con las que apunta a más de 25 años de corrupción sistémica ligada al narcotráfico ofreciendo un “paso seguro” a la droga hasta Estados Unidos a razón de 250 toneladas de cocaína al año.

Las acusaciones arrancan cuando Maduro era ministro de Exteriores con Hugo Chávez e incluyen desde vender “pasaportes diplomáticos” a narcos a ordenar secuestros y asesinatos a otros traficantes de drogas que le debían dinero a él o a su mujer, la cual supuestamente también aceptó sobornos de estos narcos. Diosdado Cabello, según estas acusaciones, ordenó a los militares venezolanos que protegieran cargamentos de droga el hijo de Maduro también usó efectivos militares para cargar droga en un avión.

Las acusaciones concretas se mezclan con las genéricas de dar carta blanca a los narcos para que llevaran la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, previo pago de unos sobornos que habrían permitido a Maduro y los suyos perpetuarse en un poder que, según Trump, mantiene de todas maneras gracias a la manipulación electoral desde Caracas.

El documento fiscal del que tendrá que defenderse Maduro apunta a cuatro organizaciones a las que EEUU señala desde hace años. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también colombiano, los cárteles mexicanos de droga de Sinaloa y los Zetas y, finalmente, la organización criminal venezolana del Tren de Aragua. Una combinación que, según la Fiscalía de Nueva York, controlaba desde la distribución hasta el transporte de la droga que llegaba a EEUU con la ayuda del ejecutivo venezolano. Con el añadido de las armas, apuntando a Venezuela como suministrador de armamento a las FARC y al ELN.

El 'Pollo' Carvajal

La Fiscalía expone, por un lado, hechos sobradamente conocidos –como la actividad criminal de los cárteles o la relación entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico– con algunas acusaciones concretas con un nombre detrás: Hugo Armando Carvajal Barrios. Un viejo conocido de los tribunales españoles, este antiguo jefe de los servicios venezolanos de inteligencia apodado como 'El Pollo' pasó varios años en Madrid, primero escondido y luego encarcelado, antes de ser entregado a Estados Unidos.

Carvajal fue reclamado por Estados Unidos por primera vez en 2011, acusado de tener lazos con el narcotráfico. Pasó varios años en paradero desconocido hasta que fue detenido en Madrid en abril de 2019, oculto con un pasaporte falso, usando el nombre de “Adolfo Mouriño Olsen” y escondido en un piso de unos familiares en la capital española. Y era reclamado por unos cargos similares incluso idénticos en algunos pasajes a los que ahora pesan sobre Maduro.

Esas acusaciones, que datan de hace 15 años, ya hablaban del 'cartel de los Soles' (una organización cuya existencia es cuestionada por diferentes expertos) y cómo buscaba “inundar” Estados Unidos con cocaína, colaborando con las FARC y expulsando a los investigadores antidroga de EEUU de Venezuela. El pliego de cargos que ahora pesa sobre Maduro contiene un episodio clonado: el transporte de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela hasta México en un jet DC-9.

La Audiencia Nacional española pasó varios años jugando al escondite con Carvajal desde su detención en 2019 en Madrid. Primero rechazó su extradición a EEUU porque los fiscales de Nueva York habían sido demasiado genéricos y no habían especificado qué acusación concreta pesaba sobre él. “No se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” habría cometido Carvajal.

Los jueces españoles terminaron por dar luz verde a la extradición pocas semanas después pero no pudieron ejecutarla hasta cuatro años más tarde por el atasco de maniobras dilatorias del exmando venezolano. Desde unos recursos que llegaron hasta los tribunales europeos hasta alegaciones de tener datos sobre cualquier hipotético caso de corrupción. El juez Manuel García Castellón llegó a pedir que no fuera entregado después de usar su testimonio para investigar a Juan Carlos Monedero. Vox llegó a proponer que declarase en el fallido 'caso Neurona' contra Podemos.

Toda esa supuesta colaboración no era, para los jueces españoles, sino un intento de retrasar su entrega a Estados Unidos. Pero la entrega se ejecutó en julio de 2023. Dos años después, el pasado verano, las autoridades de Estados Unidos celebraban que había confesado: cargos sobre cómo Venezuela era, en la práctica, un narco-estado desde 1999. Las acusaciones que llevaban activas desde 2011 y que ahora también se presentan contra Maduro pero con la confesión de Hugo 'el Pollo' Carvajal como sustento.

Una confesión pendiente de sentencia: el juez Alvin K. Hellerstein, el mismo que analizará el caso de Maduro, todavía tiene que dictar sentencia y ha retrasado su decisión varias veces en los últimos meses. Carvajal se enfrenta a pasar el resto de sus días entre rejas. Cargos muy similares a los que afronta ahora el presidente venezolano.

¿En qué estaban pensando los marineros cuando decidieron embarcarse en un viaje del que temían no sobrevivir? ¿Cómo se despidieron de sus seres queridos antes de partir? ¿Qué les llevó a aceptar una misión así? Para la Policía brasileña, las respuestas a esas preguntas siguen siendo tan desconocidas como la identidad de los marineros.

De lo único que están seguros los investigadores es del propósito de la nave: un ‘narcosubmarino’ con aspecto de mazmorra que, según ellos, estaba a pocos días de comenzar una odisea infernal de tres semanas cruzando el Atlántico con cientos de kilos de cocaína para Europa.

“Podrías pagarme todo el dinero que quisieras y te confieso que no me metería en una travesía tan delirante”, dice Fernando Casarin, el jefe de la Policía Federal de Brasil al mando de las fuerzas especiales que en mayo capturaron al narcosubmarino antes de salir del Amazonas.

“Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo”, agrega Casarin, cuya jurisdicción abarca el extenso estado de Pará, en norte del país, donde el submarino fue encontrado en un astillero clandestino de la isla de Marajó.

Beneficios gigantescos

En realidad, los narcosubmarinos son semisumergibles artesanales donde solo la cabina sobresale de la superficie. Los capos colombianos comenzaron a utilizarlos en la década de los 80 para transportar cocaína de contrabando por el Caribe hacia México y Estados Unidos.

En los últimos tiempos, los jefes del crimen se han vuelto mucho más ambiciosos fabricando naves de fibra de vidrio capaces de transportar cantidades enormes de cocaína a miles de kilómetros de distancia hasta las costas de Portugal y España.

Según Casarin, los gigantescos beneficios que genera el tráfico de la cocaína explican cómo es posible que los delincuentes sudamericanos sigan utilizando submarinos a pesar de los riesgos. En la frontera de Brasil con Colombia, principal productor mundial de cocaína, el kilo de esta droga se vende a un precio que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares (entre 850 y 1.700 euros). En Europa, donde el consumo está en auge, esa misma cantidad se puede vender por unos 60.000 dólares (unos 51.100 euros). Un submarino que se las arregle para dejar cinco o seis toneladas de droga de contrabando en Europa podría generar a sus propietarios entre 200 y 250 millones de dólares (entre 170 y 213 millones de euros). “Las ganancias son astronómicas”, dice Casarin.

Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo

Fernando Casarin — Jefe de la Policía Federal de Brasil

Javier Romero, periodista español y uno de los principales cronistas de la industria de los narcosubmarinos, sospecha que los capos sudamericanos inauguraron a finales de los años 90 la ruta transatlántica. Pero la policía no confirmó su existencia hasta 2019, cuando interceptaron el primer artefacto de este tipo frente a la Península Ibérica, después de que sus tres ocupantes soportaran una pesadilla de 27 días desde su punto de partida en la Amazonía brasileña.

Según Romero, que escribe en La Voz de Galicia, el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses de manera notable, con “un repunte de la actividad” en el verano, cuando el número de alertas de narcosubmarinos que llegaban a la Policía Nacional pasó de una cada tres meses a más de cinco avisos por mes.

A mediados de septiembre, la Policía española detuvo a tres sospechosos de origen colombiano y se incautó de 3.500 kilos de cocaína que habían sido entregados en la costa gallega, aunque el narcosubmarino no estaba a la vista.

Una nave claustrofóbica

Tres meses después de la captura del narcosubmarino brasileño en Marajó, el periódico The Guardian ha podido acceder a la nave de 18 metros de eslora.

Entrar en su estrecha sala de control por la diminuta escotilla es una experiencia claustrofóbica y escalofriante, incluso estando en tierra firme. El espacio de descanso está compuesto por dos estrechas literas de madera a ambos lados del puente de mando. Un parabrisas de plástico era la única ventana al mundo de los marineros mientras avanzaban entre las olas para llegar a Europa a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Osvaldo Scalezi, que dirige la división antidroga de la Policía Federal brasileña, explica que el mayor riesgo de viajar en un narcosubmarino es asfixiarse, y no ahogarse en el mar, como asume la mayor parte de la gente. “Hay un motor muy potente ahí dentro y los tubos de escape están fabricados de forma muy rudimentaria; no hay nada que impida que los gases de combustión se filtren en el barco y los maten a todos por asfixia”, dice.

En la proa de madera, donde habrían almacenado las drogas, están las únicas comodidades de las que habría disfrutado la tripulación durante su travesía transatlántica de 6.000 kilómetros: un depósito de agua potable de 700 litros, un congelador y un aire acondicionado portátil para aliviar el calor en este sofocante aparato, similar a un invernadero.

Imagínese pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total

Javier Romero — Periodista en La Voz de Galicia

Mientras observa el casco de madera y fibra de vidrio, Casarin compara la temeraria expedición del narcosubmarino con la de los astronautas estadounidenses que protagonizaron el primer alunizaje en nuestro satélite natural en 1969. “Es algo de ese nivel”, dice: “Es una vida loca de piratas”.

Una industria global

De color azul y sin nombre, la nave de Marajó fue descubierta dos meses después de que en marzo se capturara un semisumergible casi idéntico cerca de las Azores. En esa operación conjunta participaron autoridades portuguesas, españolas, estadounidenses y británicas. Además de seis toneladas de cocaína, transportaba a cinco hombres, tres de los cuales eran brasileños de la región de Pará.

Según Casarin, la detención de esos tres brasileños refuerza la idea de que Pará y el estado vecino de Amapá se están convirtiendo en “un centro de construcción de este tipo de naves”. En opinión de Romero, las remotas selvas y manglares de la región son el lugar ideal para ocultar los “astilleros clandestinos” que construyen los narcosubmarinos.

Pero Pará no es ni mucho menos el único lugar de Sudamérica donde se fabrican estas naves y Europa tampoco es el destino más lejano.

Henry Shuldiner, investigador de Insight Crime y autor de un informe reciente sobre los narcosubmarinos, recuerda en una conversación con The Guardian cómo a finales de 2024 la policía colombiana interceptó un semisumergible cruzando el Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, una travesía que como mínimo lleva el doble de tiempo que la de Europa. En enero de 2025, dice Shuldiner, apareció un narcosubmarino hundido en las costas de Sierra Leona, lo que reforzó su creencia de que la industria de los narcosubmarinos se está extendiendo por el mundo.

Los narcosubmarinos generan miles de millones en ganancias, pero poco de ese dinero llega a los marineros que los pilotan a través del Atlántico. Casarin estima que los marineros brasileños ganan entre 30.000 y 50.000 reales (entre 4.800 y 8.000 euros) por un viaje de este tipo. Según Romero, autor del libro sobre narcosubmarinos Operación Marea Negra, a los marineros ecuatorianos del primer barco incautado en Europa les ofrecieron unos 15.000 dólares (unos 12.800 euros).

“El narcotráfico es una industria de explotación, siempre lo ha sido”, dice Romero, que llama “ataúdes propulsados por hélices” a las destartaladas embarcaciones. “Imagina pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El comisario jubilado José Luis Olivera, artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Olivera ha descargado la responsabilidad de la investigación sobre el entonces europarlamentario de Podemos en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración, Olivera ha identificado a los dos subordinados, un comisario principal y un inspector jefe, y ha dicho que él ni siquiera sabía quien era Miguel Urbán y que tuvo que mirarlo “en Wikipedia”.

El 21 de enero de 2016, José Luis Olivera firmó en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tenía como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Pese a lo inaudito del relato, con ese informe la Fiscalía Antidroga abriría una investigación que se prolongaría tres meses y que incluiría un rastreo completo de Urbán y la implicación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la unidad antidroga de la Policía.

Olivera ha declarado este lunes en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre investigaciones ilegales a miembros de Podemos. El comisario, ya jubilado, ha dicho que los confidentes que adornan el relato no eran suyos y ha descargado toda la responsabilidad en sus subordinados. De una nota que incluyó en la información que él mismo envió a la Fiscalía Antidroga, y que apuntaba a una supuesta actividad de blanqueo de capitales en Podemos según fuentes anónimas, Olivera ha dicho que es probable que le llegara de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el órgano de dirección del Cuerpo donde se fraguó la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

José Luis Olivera también ha mencionado al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ha dicho que es “probable” que abordara el asunto de Urbán, como el resto de temas que afectaban a Podemos. Martínez esta imputado en la pieza de la guerra sucia contra Podemos, cuyas principales maniobras tuvieron lugar en el primer semestre de 2016, después del resultado récord de la formación en los comicios de diciembre de 2015 y ante el temor del PP y el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy de que pudieran alcanzar el Gobierno en las elecciones de junio siguiente.

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del pub Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación. 

El policía que buscó en una base de datos a Pablo Iglesias con la excusa de la investigación a Miguel Urbán también está imputado en la causa.