Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a un hombre que protagonizó una persecución policial durante la que condujo su vehículo en sentido contrario por la M-30. El individuo accedió a un recinto privado rompiendo una barrera, todo ello sin tener permiso de conducir y dar positivo en consumo de cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto cuando un indicativo de la Policía Municipal detectó a las 8.24, en la calle Méndez Álvaro con la glorieta Abroñigal, la presencia de una persona que hablaba por teléfono mientras conducía, según informa Europa Press a partir de fuentes de este Cuerpo policial.

Al hacerle señales luminosas para que detuviera el vehículo y situarse en paralelo, el conductor del turismo emprendió la huída a gran velocidad, iniciándose así una persecución. En el intento de dejar atrás al coche policial, el hombre llevó a cabo una brusca maniobra marcha atrás y rompió la barrera de acceso para entrar en la estación mercancías de Adif de Abroñigal.

Además, al tratar de abandonar estas instalaciones privadas condujo durante un tramo en dirección contraria por el ramal de la M-30, con gran presencia de vehículos a esa hora y a gran velocidad. Igualmente, rebasó un control policial que se había establecido en la calle Embajadores.

Después de protagonizar una temeraria persecución por varias calles, el hombre abandonó el vehículo en la estación de Adif de Santa Catalina e intentó continuar la huída a pie en dirección hacia las vías del tren. En un momento dado, un agente de la Policía Municipal efectuó un disparo disuasorio al aire en una zona abierta y sin edificaciones.

Finalmente, el hombre fue interceptado por los agentes, momento en el que intentó deshacerse de los objetos que portaba. El arrestado, nacido en 1988 en Georgia, está acusado de un delito contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia. Los efectivos policiales comprobaron que carecía de permiso de conducir y se encontraba en situación irregular en España. Además, en la primera prueba indiciaria de drogas dio positivo por consumo de cocaína.

La jueza de Instancia de Ribeira ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como investigados por un delito contra la salud pública, de los tres hombres detenidos este sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Se trata del líder del clan de Os Fanchos y de otros dos varones, que fueron arrestados cuando trasladaban y ocultaban 1.410 kilos de cocaína desde un cobertizo a otra vivienda.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, recogido por Europa Press, la investigación comenzó el pasado jueves, 20 de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que dos embarcaciones introdujeron una importante partida de cocaína a través de una playa de A Pobra.

Los investigadores, que contaron con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA), tuvieron conocimiento de que el clan de Os Fanchos habría sido el encargado de las tareas relacionadas con la descarga y posterior custodia del estupefaciente.

De esta forma, centraron las pesquisas en el líder del clan, que fue señalado como una de las personas que coordinó el alijo, por lo que los agentes establecieron diferentes dispositivos.

Así las cosas, sobre las 06.55 horas del viernes los investigadores observaron cómo un vehículo llegó al domicilio del principal investigado y, minutos después, una persona salía de la vivienda portando una mochila y se introdujo en un vehículo.

Durante la madrugada del 22 de agosto, el líder del clan, acompañado de otros dos hombres, realizó varios desplazamientos desde su domicilio hasta un cobertizo situado frente a su propiedad, muy próximo a la playa O Conchido.

Los agentes observaron cómo los tres individuos comenzaban a trasladar bultos de gran peso desde el cobertizo la vivienda. Los investigadores sospecharon que podría tratarse de paquetes de cocaína debido a las características y la forma en que estaban siendo manipulados.

Fue en ese momento, cuando los agentes procedieron a la detención de los tres implicados. A continuación, los agentes realizaron registros en el domicilio del principal investigado e intervinieron un total de 1.410 kilos de cocaína, 100 gramos de heroína, dinero en efectivo y efectos de interés para la investigación.

En el marco del operativo fueron detenidos tres hombres, entre los que se encuentra el líder del clan de Os Fanchos, que pasarán a disposición judicial en la mañana de este lunes en el Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza 1, en funciones de guardia.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han intervingut sis tones de cocaïna, haixix i marihuana a les Balears al llarg del 2025, any que s'ha saldat amb més de 900 detencions i 15.000 denúncies.

Així es desprèn de l'Estadística Anual sobre Drogues referent a l'any passat elaborada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), organisme dependent del Ministeri de l'Interior.

La lluita contra el narcotràfic es va saldar el 2025 amb la detenció de 923 persones (+5,13%) i la interposició de 15.257 denúncies (+7,2%). En tots dos casos, Balears representa poc més d'un 4% del conjunt nacional.

La droga amb més quantitat aprestada va ser l'haixix, amb 4,65 tones, cosa que va suposar un increment interanual del 52,26%. Van seguir la cocaïna, amb 1,14 tones (+811,95%), i la marihuana, amb 211 quilos (+43,6%).

A aquestes quantitats se li sumen els 163 litres d'òxid nitros, més conegut com a gas del riure (+796,95%); les 133.183 unitats de metamfetamina (+868,89%); els 105 quilos d'èxtasi (+12.264,17%); les 79.113 unitats d'èxtasi (+316,67%), o els 11 quilos de ketamina (+92,38%).

També es van decomissar 8.158 unitats d'amfetamines (+573,66%); sis quilos de 2C-B (+343,14%); tres quilos de pol·len de cànnabis (+149,3%); 2.925 unitats de planes de cànnabis (+105,12%); o 8865 centímetres cúbics de GHB, també conegut com a èxtasi líquid (+62,49%).

Altres substàncies no criden l'atenció per les seves elevades quantitats, però sí per l'increment de les seves confiscacions respecte a l'any anterior. És el cas, per exemple, dels canàabics, amb cinc quilos i una pujada de l'1.368,76%; la pregabalina, amb 583 unitats i un increment del 7.187,5%; els cocaínics, amb 412 grams i un repunt de l'1.076,98%, o els al·lucinògens, amb 87 unitats i un augment del 8.600%.

Encara que en la majoria de les substàncies les xifres d'aprehensions han anat a l'alça, hi ha altres que han registrat descensos. D'heroïna es van trobar 425 grams (-36,41%), de metamfetamina en pols o roca dos quilos (-56,23%) i de crack quatre grams (-49,31%).

Dades nacionals

En el conjunt d'Espanya, sempre d'acord amb l'Estadística Anual sobre Drogues, les forces i cossos de seguretat van decomissar 370 tones de cocaïna, haixix, marihuana i heroïna al llarg de l'any passat.

A això se li sumen 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d'èxtasi, 679 quilos de cristall i quantitats menors d'altres drogues detectades en el mercat clandestí com a fàrmacs, anabolitzants o derivats de l'haixix.

L'informe revela una caiguda del 37% en les confiscacions de cocaïna, cosa que Interior ha vinculat al fet que “la pressió policial ha colpejat amb força les xarxes de narcotr àfic a gran escala, especialment en les rutes marítimes des de l'Atlàntic”.

L'haixix, per contra, lidera el rànquing de drogues requisades amb 257 tones, un augment del 29% respecte al 2024, però que segueix lluny dels registres del 2023 (357 tones), 2022 (318 tones) o 2021 (672 tones).

També en aquest camp el Citco ha constatat l'efecte de la pressió policial contra les màfies, que han alternat els tradicionals desembarcaments a peu a la plaça amb l'ús de camions i altres vehicles.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido seis toneladas de cocaína, hachís y marihuana en Balears a lo largo de 2025, año que se ha saldado más de 900 detenciones y 15.000 denuncias.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas referente al año pasado elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La lucha contra el narcotráfico se saldó en 2025 con la detención de 923 personas (+5,13%) y la interposición de 15.257 denuncias (+7,2%). En ambos casos, Balears representa poco más de un 4% del conjunto nacional.

La droga con más cantidad aprehendida fue el hachís, con 4,65 toneladas, lo que supuso un incremento interanual del 52,26%. Le siguieron la cocaína, con 1,14 toneladas (+811,95%), y la marihuana, con 211 kilos (+43,6%).

A estas cantidades se le suman los 163 litros de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa (+796,95%); las 133.183 unidades de metanfetamina (+868,89%); los 105 kilos de éxtasis (+12.264,17%); las 79.113 unidades de éxtasis (+316,67%), o los 11 kilos de ketamina (+92,38%).

También se decomisaron 8.158 unidades de anfetaminas (+573,66%); seis kilos de 2C-B (+343,14%); tres kilos de polen de cannabis (+149,3%); 2.925 unidades de planas de cannabis (+105,12%); o 8865 centímetros cúbicos de GHB, también conocido como éxtasis líquido (+62,49%).

Otras sustancias no llaman la atención por sus elevadas cantidades, pero si por el incremento de sus incautaciones respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, de los cannábicos, con cinco kilos y una subida del 1.368,76%; la pregabalina, con 583 unidades y un incremento del 7.187,5%; los cocaínicos, con 412 gramos y un repunte del 1.076,98%, o los alucinógenos, con 87 unidades y un aumento del 8.600%.

Aunque en la mayoría de sustancias las cifras de aprehensiones han ido al alza, hay otras que han registrado descensos. De heroína se encontraron 425 gramos (-36,41%), de metanfetamina en polvo o roca dos kilos (-56,23%) y de crack cuatro gramos (-49,31%).

Datos nacionales

En el conjunto de España, siempre de acuerdo con la Estadística Anual sobre Drogas, las fuerzas y cuerpos de seguridad decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína a lo largo del año pasado.

A ello se le suman 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, algo que Interior ha vinculado a que “la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico”.

El hachís, por contra, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, un aumento de 29% en respecto a 2024 pero que sigue lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

También en este campo el Citco ha constatado el efecto de la presión policial contra las mafias, que han alternado los tradicionales desembarcos a pie en la plaza con el uso de camiones y otros vehículos.

Las incautaciones de cocaína se dispararon un 386% en Galicia en 2025, hasta alcanzar las 9,3 toneladas. Lo que supone casi cinco veces más que el año anterior, cuando se habían intervenido 1.922 kilos.

La comunidad gallega concentró en 2025 el 12,13% del total nacional de cocaína incautada, según la Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), recogida por Europa Press.

La provincia de A Coruña concentró la mayoría de las decomisos de cocaína del pasado año, al registrar 6,4 toneladas del total. Por su parte, la de Pontevedra superó las 2,8 toneladas; en la de Lugo se intervinieron más de 10 kilos y en la de Ourense casi cinco kilos.

Junto a la cocaína, Galicia registró en 2025 un total de 181 kilos de hachís, un 29,52% más que en 2024, cuando se habían incautado 140 kilos. En el caso de la marihuana, las cantidades pasaron de 119 kilos a 142 kilos, un incremento del 19,37%.

El informe, hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior, también refleja un aumento de forma destacada de la incautación de plantas de cannabis, que alcanzó las 5.723 unidades, un 186,29% más que en 2024.

Asimismo, las intervenciones de MDMA-éxtasis ascendieron a 2.133 unidades, un 660,83% más. Otro de los incrementos más destacados corresponde a la metanfetaminas, con 2.069 unidades incautadas, un 20.590% más que el año anterior.

En sentido contrario, las incautaciones de heroína descendieron un 52,95%, hasta 13.340 gramos, mientras que las de poppers se redujeron un 58,93%, hasta 520 cc. También se redujeron las intervenciones de anfetamina un 45,83% y las de MDA bajaron un 94,53%

713 detenciones

En cuanto a la actividad policial, Galicia contabilizó 713 detenciones relacionadas con drogas en 2025, un 7,54% más que en 2024, mientras que el número de denunciados descendió un 11,85%, hasta 9.307.

La mayor parte de las detenciones se produjo en la provincia de Pontevedra (297), seguida de la de A Coruña (279), Ourense (67) y Lugo (65).

Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por un metabolito de la cocaína en un control antidopaje realizado durante el torneo ATP 250 de Mallorca. El tenista australiano, de 31 años, ha reconocido públicamente lo sucedido y ha asumido toda la responsabilidad tras estar atravesando un momento especialmente complicado de su carrera, marcada durante los últimos años por innumerables problemas físicos.

La muestra fue recogida el pasado 22 de junio durante el torneo de Mallorca, donde Kyrgios perdió en primera ronda frente a Adam Walton. Posteriormente, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) detectó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Esta sustancia está clasificada como estimulante y sustancia de abuso y se encuentra prohibida durante la competición.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le ha impuesto al australiano una suspensión provisional, que le impide competir mientras continúa el procedimiento. Kyrgios tiene derecho a recurrir esta medida, aunque de momento no lo ha hecho y por sus declaraciones parece que no lo hará. Mientras tanto, la suspensión provisional no equivale todavía a una sanción definitiva, ya que esta se sabrá cuando haya una resolución final del caso.

El propio jugador decidió hacer público lo sucedido a través de sus redes sociales. “Quería que lo supierais directamente de mí. Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello”, explicó.

“Estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”

Kyrgios también ha pedido disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y personas de su entorno, haciendo especial referencia a los menores que puedan verlo como un referente. “Soy consciente del ejemplo que esto transmite y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, ha reconocido el australiano.

El positivo llega después de unos años muy complicados para Kyrgios debido a sus problemas físicos. Las lesiones de rodilla y muñeca han condicionado su carrera y reducido considerablemente su presencia en el circuito. Esta temporada únicamente ha podido disputar cuatro partidos individuales y el australiano ha explicado que esta situación le ha pasado “una factura enorme, tanto física como mentalmente”.

El que llegó a ser número 13 del mundo también ha admitido que empieza a asumir la posibilidad de encontrarse cerca del final de su etapa como profesional. “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”, ha señalado.

“Nada de esto justifica lo que hice”

Pese a explicar y detallar los problemas personales por los que está atravesando, Kyrgios ha querido dejar claro que estos problemas no sirven para justificar ni disculpar el positivo. “Siempre he dicho que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más duras a las que me he enfrentado”, ha afirmado antes de reconocer que en determinados momentos se había sentido “impotente y solo”. Inmediatamente después ha sido muy tajante: “Nada de esto justifica lo que hice”.

Más allá de no poder jugar mientras esté suspendido, el australiano ha anunciado además que se alejará durante los próximos 28 días de las redes sociales y de la vida pública para centrarse en su recuperación y tratar de reconducir su situación. “Esto me ha servido como una llamada de atención”, ha explicado el tenista, que ha aprovechado también para pedir respeto sobre su privacidad y la de su familia durante este periodo complicado de su vida. Kyrgios ha cerrado su mensaje con una disculpa y una promesa sobre su futuro inmediato: “Lo siento. Trabajaré en lo necesario y volveré mejor”.

Un policía nacional ha sido objeto de dos sanciones graves después de ser identificado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria al lado de un grupo de personas que estaban consumiendo cocaína en la vía pública, sin que lo impidiera y usando su carnet profesional para la preparación de la droga.

El policía recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que está destinado en la capital española, que acaba de ratificar las medidas impuestas por la Dirección General de la Policía en las que se le quiere suspender de empleo y sueldo durante cinco meses y veinte días.

Los hechos tuvieron lugar cuando fue localizado por un dispositivo policial junto a otras tres personas aunque el sancionado niega el relato y sostiene que se había apartado del grupo a una distancia “considerable” para atender una llamada telefónica.

También aseguró que nunca fue consciente de que los demás estuvieran consumiendo sustancias estupefacientes y menos que para ello utilizaran su identificación.

Los cinco policías que actuaron entonces apoyaron esta versión y aseguraron que estaba alejado, que no lo vieron drogarse pero que al preguntar de quién era la cocaína uno de ellos dejó entrever que pertenecía al policía.

“No sé por qué me tengo que comer este marrón, esta droga no es mía. Es de un cobarde que es quien debería hacerse cargo”, dijo el identificado mientras miraba al recurrente.

Este último justificó que estuvieran usando su carné porque se lo había mostrado a un amigo suyo que estaba en el grupo para que apreciara su deterioro y que luego lo olvidó mientras atendía una llamada pero que nunca supo que lo estaban usando para preparar las rayas.

En su escrito señala que además de no acreditarse los hechos, las sanciones carecen de proporcionalidad, ya que la resolución habría ido más allá de lo declarado por los propios agentes.

El Abogado del Estado se opuso al recurso al alegar su “escasa verosimilitud, constantes incongruencias y cambios de versión”, por parte del agente y del conocido.

Para esta parte no resulta verosímil decir que el sancionado no se percató de que a apenas 50 centímetros varias personas con las que poco antes había compartido vehículo, estaban consumiendo drogas y de hecho cree que al ver el dispositivo policial cogió el teléfono y se apartó.

Añade que carecería de relevancia que no se le interviniera sustancia alguna o que no se le viera consumiendo, ya que la sanción se impuso por estar al lado de personas que lo hacían sin intervenir y haber facilitado su carné para la preparación de la misma

La Policía Nacional ha localizado a la bebé de siete días que fue sustraída este jueves del Hospital Francesc de Borja de Gandia (Valencia), en el que se encontraba ingresada tras haber dado positivo por consumo de cocaína, y ha detenido a sus padres, que al parecer trataron de evitar que Servicios Sociales se hiciese cargo de la menor.

El responsable directo de la sustracción de la menor fue el padre, un hombre de nacionalidad argelina que ha sido detenido, según han informado este viernes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Tanto el padre como la madre de la bebé sabían que los Servicios Sociales se iban a hacer cargo de su hija, tras haber dado la menor positivo por consumo de cocaína en unas analíticas.

La Policía Nacional retuvo primero a la madre en el mismo hospital y posteriormente la detuvo.

A última hora de la tarde de este jueves también se detuvo al padre, que había dejado a la menor al cuidado de unos familiares en Gandia, y posteriormente se localizó a la menor, que ha sido ingresada de nuevo en el hospital.

Además de la detención de los progenitores, se ha producido una tercera, la de la hija de la madre, de unos 20 años de edad, que al parecer habría colaborado en este operativo para ocultar a la recién nacida de la acción de los servicios sociales.

Toda la investigación y posterior localización de la bebé ha corrido a cargo de agentes del grupo de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Gandia.

Efectivos de Policía Nacional buscan desde este jueves por la mañana a una bebé de pocos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia y sospechan que el padre de la recién nacida ha podido llevársela, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando los padres del menor -ella de nacionalidad española y él argelina- han ido a visitarle al centro hospitalario donde, según ha podido saber Europa Press, la niña, de pocos días, estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat Valenciana -en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres- tiene asumida desde este mismo jueves por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.

El periodista Toby Muse (Chichester, Reino Unido, 50 años) frecuentó casi todos los eslabones de los cárteles colombianos durante más de 15 años. Estuvo en las fiestas interminables en las que sicarios y narcos, puestos hasta las cejas, presumían de su poder y dinero. Entró en los laboratorios controlados por la guerrilla en los que la hoja de coca se convertía en polvo. Se emborrachó con incontables asesinos y temió por su vida en más de una ocasión. 

El resultado fue Kilo: el mundo secreto de los cárteles de la cocaína (Capitán Swing, 2026), una celebrada y trepidante investigación sobre los personajes y la idiosincrasia del narco, explicada siguiendo el rastro de un kilo de cocaína desde la selva hasta que sale de un puerto sudamericano rumbo a una ciudad europea.

El periodista atendió el pasado mayo desde Bogotá a elDiario.es a través de una videoconferencia. La conversación ha sido editada y recortada para facilitar su lectura.

¿Cómo consiguió un acceso tan profundo a este submundo?

Todo empezó en el ambiente de las fiestas, algo enorme en esa cultura. Tenía un amigo metido en el circuito de fiestas de los cárteles, donde los narcos presumen de todo: la novia actriz, el coche...

¿Iba a esas fiestas?

Sí. Mi periodismo es de inmersión, es parte del trabajo. Hay dilemas éticos, claro, pero en el fondo mi ética es no mentir y conseguir la historia, sin que sufra gente inocente. Nadie acabó en la cárcel por participar en mi libro. Así que si me emborracho con gente de los cárteles, no le veo el problema.

Yo tampoco.

Si llego con mi libreta, un narco no me va a contar nada. Esas fiestas duraban dos o tres días, una locura total: bebías ron y cerveza, luego te subías al coche de alguien que conducía a toda velocidad esnifando “tusi” y pensabas: “Así es como mi madre se va a enterar de que he muerto”. Menuda forma de palmarla para un corresponsal extranjero... nada de Siria ni Afganistán, simplemente una estupidez. Pero era la forma de verlos en su hábitat, y también era emocionante: quería escribir un libro de aventuras.

Quince años rodeado de esta gente no son pocos.

Hubo que ganarse su confianza. Al principio me presentaban a un sicario de 17 años, totalmente prescindible para ellos. Con el tiempo fui ganando acceso hasta codearme, entrevistar, comer y cenar con los capos. Fue un proceso que duró años. Y siempre había alguien que no se fiaba y me lanzaba miradas asesinas.

¿Temió por su vida?

En Colombia, cuando algo se tuerce, sucede muy rápido y muy a fondo. Una noche en la zona de cultivos de coca de Catatumbo, bebíamos cervezas en medio de la nada con agricultores, recolectores, guerrilleros... De repente uno dijo: “Estoy harto de este puto gringo. Lo voy a matar”. No puedes hacer nada: son las nueve de la noche, está todo oscuro. Agachas la cabeza y piensas: “Que no me mate”. No hay segundo paracaídas. Solo tienes tus instintos y esperas que todo salga bien.

¿De dónde sale la idea de contar el narco siguiendo el rastro de un kilo de cocaína?

Quería mostrar a toda esa gente distinta que participa en la cadena, con esa imagen del kilo pasando de mano en mano. Quería enseñar la locura de los cárteles: todo el mundo ha perdido la cabeza. Hay brujas, sicarios que rezan a sus propias vírgenes, gente que se vuelve majara encerrada en submarinos que trasladan alijos. Escribí el libro en presente para transmitir que esto está pasando hoy, pasó ayer y pasará mañana.

Es lo que usted llama “el torbellino de violencia y codicia” del narco. ¿Cómo lo ha llevado a nivel personal?

Ha habido momentos de todo. En Colombia, cada familia ha sufrido algún acto de violencia. Es omnipresente y, desgraciadamente, se ha normalizado. Tienes amigos que mueren por las razones más absurdas. Cultivar amistades en ese submundo tiene un precio: sabes que la mayoría van a morir. Es una vida al límite y, a veces, viviendo al límite, te caes.

Había leído muchas metáforas sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, pero me pareció interesante la que describe en el libro: es como andar en una bici estática, se hace mucho esfuerzo pero nada se mueve.

Es del presidente [de Colombia, Gustavo Petro], pero es que es cierta. Los grandes interesados en que continúe la guerra son los agentes de la DEA y los narcos. Los demás estamos atrapados en medio. A mayor riesgo, mayor recompensa: este negocio les viene como anillo al dedo. Muchos pasan diez o veinte años acumulando dinero a base de arriesgarse y, al llegar a los cuarenta o cincuenta, quieren negociar, salir, conservar su dinero, cumplir poco o nada de cárcel a cambio de colaborar.

El ritmo de vida que refleja el libro parece inasumible durante mucho tiempo.

Todo el mundo se arrepiente de haberse metido en la cocaína, pero cuando se dan cuenta ya es tarde: están atrapados. Y, volviendo a la guerra contra las drogas, estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer. Todo el mundo sabe que ha fracasado, pero no sabemos qué viene después. Vivimos en un círculo vicioso y violento que no tiene fin.

¿No cree que ya es tarde para despenalizar las drogas? A veces da la sensación de que el monstruo del narco se ha hecho demasiado grande para acabar con él.

Yo no tengo la solución, solo soy periodista: voy a un sitio, vuelvo y digo que lo que estamos haciendo no funciona. Muchos académicos dicen que la legalización es la solución. Puede ser, no digo que no. Pero ningún sitio está preparado, porque la ciudadanía no lo apoya.

Pero cada vez hay más gente consciente de que la guerra contra las drogas ha fracasado…

Tienes razón, pero me sorprendería que en España una mayoría quisiera legalizar la cocaína para que cualquier joven de 18 años pudiera comprarla en una farmacia. Puede que no sea mala idea, pero nadie ha hecho el trabajo político para que ocurra. Mira cuánto ha durado en Estados Unidos el proceso con la marihuana: casi cincuenta años.

La persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria

¿Qué se necesita?

Que alguien dé el paso y diga “yo seré el primero”. Dime un actor que diga “cuánto me gusta la cocaína”. O un cantante que diga “la heroína me ha ido de maravilla”. Nadie lo dice. Y está bien, pero ¿cómo esperamos que empiece la conversación si nadie da el primer paso?

El libro trata de alejar de la academia el debate sobre las drogas. ¿Por qué?

Cuando lo escribí, los académicos dominaban ese debate y yo quería arrebatarles la conversación. Aprender sobre la cocaína a través de ellos es como aprender sobre el sexo en un libro de biología: está ahí, pero eso no es el sexo. La cocaína es lujuria, es asesinato, es traición. Son las emociones humanas más oscuras, pero muy humanas al fin y al cabo. Tiene un corazón oscuro, pero tiene corazón.

Visitando las zonas de cultivo de coca constató la gran oportunidad perdida del proceso de paz de 2016 con las FARC: el Gobierno no llenó el vacío dejado por la guerrilla y eso dio espacio a las milicias del narco y a los cárteles para quedarse con las tierras de cultivo. ¿Qué podría haber pasado si se hubieran hecho las cosas bien?

El fracaso de ese proceso es una de las grandes tragedias de mi vida. En 2016 volvíamos de una plantación de coca en Antioquia, una zona marcada por guerrilla, paramilitares y masacres. Dos viejos del lugar conducían la camioneta y hablaban entre ellos: “¿Te acuerdas? Ahí dejaban los cuerpos”. Antes, cuando mataban a alguien, lo dejaban en la carretera y quien pasaba debía avisar a las familias. Entonces uno dijo: “Llevo dos años sin ver un cuerpo”. Y el otro: “Yo tampoco”.

Fue un espejismo que duró muy poco, apenas dos o tres años.

Eso es lo que Colombia podría haber sido. Una paz real que nunca habían conocido, durante dos o tres años. Había tanto optimismo... Todo era posible con ese país tan hermoso, con todos sus recursos y su gente talentosa: literatura, cine, música. Se sentía que empezaba una Colombia nueva. Pero la ventana se cerró de golpe.

La situación parece haber vuelto al punto de partida...

Colombia tuvo la oportunidad de hacer algo distinto, pero no pudo soltar las viejas costumbres. La coca siguió. Ahora tenemos unas elecciones presidenciales que pueden ser las más violentas en veinte años. La base de todo es la pobreza, el poder político, la desigualdad, pero la droga sigue siendo determinante: la mayoría de estos grupos se financian de una u otra forma a través del narcotráfico.

En el libro habla de los raspachines, quienes cultivan y deshojan las plantas de coca, y los pescadores, el eslabón más débil y reemplazable de la cadena. ¿Qué responsabilidad tiene alguien que este fin de semana compre cocaína en Barcelona o París sobre la miseria de estas personas?

Es una buena pregunta. Colombia produce cocaína porque los países ricos la consumen: ese es el motor de todo. Pero ¿por qué es un mundo tan violento? Porque hay un mercado negro. Al Capone se convirtió en quién era por la prohibición de la ley seca: era un matón callejero que se convirtió en gánster. Es la prohibición la que crea estos monstruos. Así que la persona que compra cocaína para tomarla en Barcelona no es responsable de la violencia de esta industria. Si acaso, es responsable de no presionar a los políticos para que busquen una solución distinta.

Los perjudicados, en todo caso, son siempre los mismos.

Tenemos que exigir a nuestros políticos una solución mejor, que no cargue todos los problemas sobre países como México, Colombia o Ecuador diciéndoles “buena suerte, apañaos”. No podemos seguir haciéndoles esto. Es totalmente inmoral.

En Europa nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados.

El libro habla de Róterdam como centro neurálgico del narco en Europa, pero también asegura que estos grupos podrían corromper instituciones incluso en Madrid o Barcelona, como han hecho en América Latina.

No creo que lleguemos a los niveles de Ecuador, del Cali de los ochenta o el Medellín de los noventa, pero nos espera una oleada de violencia para la que no estamos preparados. El dinero de la cocaína tiene un poder enorme para corromper a policías, jueces y fiscales, especialmente en las aduanas.

En Barcelona y Catalunya la violencia vinculada al tráfico de drogas no deja de aumentar...

Me preocupa una fractura de la sociedad europea. Veo en esa fragmentación una oportunidad de ganar dinero. Y temo que ya sea demasiado tarde, porque la cocaína ha vivido un boom durante años. Las mafias locales de Londres, España o Portugal llevan tiempo ganando una fortuna, y la han reinvertido en la organización: mejores armas, mejores sicarios, más reclutas.

La guerra aún no ha empezado, pero siempre llega, porque no puedes tener cuatro mafias en Róterdam para siempre. No me extrañaría que viéramos asesinatos graves en Europa que nos hagan decir: “Vaya, no sabíamos lo poderosos que eran”. Vamos por mal camino.

Esta nueva generación de narcos que describe, más discreta, ¿es más peligrosa que la anterior, más extravagante y visible?

Sí, porque son mucho más difíciles de detectar. La nueva generación es invisible. Viven en Barcelona, Nueva York, Miami, y nunca llegan a tocar un gramo. Al ser más difíciles de detectar, son mejores canalizando el dinero hacia la economía legal. Eso es algo que tenemos que resolver antes de que sea tarde: si el blanqueo de capitales se convierte en un factor relevante en Países Bajos, Londres o Barcelona, los políticos locales pueden llegar a preguntarse si de verdad quieren perseguir a esas organizaciones y hundir sus economías.

Un tema interesante que recorre su texto es la particular relación con la muerte que tienen los narcos.

En un momento dado le pregunté a un amigo que había vivido de cerca toda la guerra entre cárteles: “¿Tú podrías haber hecho algo así?”. Me dijo que no, jamás, y comparó a los sicarios con una tostadora rota: “Esta gente nace con algo que les falta. Son defectuosos. Les falta una pieza que los haría plenamente humanos”. Y creo que es verdad.

Pero usted, de alguna manera, intenta comprender qué y quién hay detrás de tanta violencia.

Porque quería escribir algo interesante. Mi trabajo no es señalar y decir “esto es muy malo”: eso es aburrido. Quería intentar comprender, y me encontré dedicando demasiado tiempo a explicar a los sicarios.

¿Le generó contradicciones?

En algún momento tienes que trazar una línea y decir: lo que haces es inexcusable, el mundo es peor porque tú estás en él, eres un enemigo de la sociedad. Lo que entendí es que el criminal siempre busca echarle la culpa a otro. Pocos dicen “lo hice yo, soy el responsable”. Siempre hay una lista de culpables, excepto ellos mismos.

Encima muchos aseguran ser creyentes.

Le pregunté a un sicario cómo rezaba a la Virgen cuando lo que hacía contradecía claramente la Biblia. Me dijo que la culpa era de Dios: “Si Dios no quisiera que lo hiciera, me detendría”. Un chaval de veintisiete años de los barrios de Medellín convertido en el ejecutor sagrado de Dios. Todo el mundo ha perdido la cabeza.

Resulta duro leer hasta qué punto hay chavales de 14 años cometiendo asesinatos por órdenes de los cárteles.

La primera vez que matan siempre son adolescentes, porque son lo más prescindible que existe. Un chaval de catorce años de un barrio marginal de Medellín es lo más desechable del mundo. Si lo hace, bien; si no, no importa.

¿Qué le contaron los sicarios sobre el acto de matar?

Siempre hablan de los vómitos, el estrés, el horror, cierta culpa la primera vez. Pero todos siguen. Luego la muerte se normaliza y se convierte en su trabajo.

Esa normalización de la muerte e impunidad que denuncia el libro…

A un grupo de sicarios se le llama “la oficina”, y todas las ciudades importantes de Colombia tienen la suya. Si tú y yo somos socios en Londres y discutimos, nos demandamos en los tribunales. En Colombia, a veces es: “Tengo un problema, llamo a la oficina”. Esa es la terrible influencia que los cárteles y la cocaína han tenido en muchas sociedades de Latinoamérica. Su relación con la muerte es laboral. Y eso es todo.

El inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, en prisión acusado de integrar una importante organización de narcotráfico, ha descrito este martes en sede judicial una “práctica sistemática” en la unidad de élite de la lucha antidroga para falsear ante los tribunales el origen de las informaciones que les permiten incautar toneladas de cocaína. Sánchez Gil, al que los investigadores encontraron más de 20 millones de euros escondidos en su domicilio, ha explicado que él mismo participó en esas prácticas que permiten blanquear el origen irregular de las operaciones.

“La mayoría de las informaciones que supuestamente se comunican desde la DEA (estadounidense), la SOCA, NCA (ambas agencias británicas)... son falsas. Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes”, ha dicho el inspector jefe en su declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Naciona, informan fuentes jurídicas. Sánchez Gil ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde ingresó tras su arresto en noviembre de 2024.

La comercialización entre narcotraficantes de sistemas encriptados de telefonía ofreció en los últimos años un sistema de comunicaciones a salvo de las Fuerzas de Seguridad. Diferentes versiones se han ido sucediendo hasta que servicios de Información extranjeros han logrado penetrar en sus servidores y encontrar el mayor volumen de información sobre el tráfico de drogas de la historia. Sin embargo, la utilización de esa información ofrece serios problemas legales a la Policía española que, según Sánchez Gil, no ha tenido problema en ocultar el verdadero origen de la información y falsear los atestados que se presentan ante los jueces.

El inspector jefe Sánchez Gil era un valioso aliado de los narcotraficantes. El jefe de la UDEF abría investigaciones inexistentes en las bases de datos policiales introduciendo los números de determinados contenedores que iban a entrar en el puerto ocultando droga en su interior. El policía registraba esas matrículas de contenedores como si fuera parte de una de sus investigaciones. Si otro policía introducía la misma matrícula del contenedor porque lo estaba investigando realmente, la coincidencia le saltaba a Sánchez Gil, que alertaba a los narcos.

Un ejemplo es la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Algeciras en mayo de 2001, una operación en la que se vio envuelto el propio Sánchez Gil, que intentaba que el contenedor con cocaína entrara en España sin ser descubierto. Ante el juez Francisco de Jorge, el inspector jefe Sánchez Gil ha explicado que ese alijo fue incautado gracias a la aparición de información en el sistema de encriptación Anom, uno de los infiltrados por los servicios de Información. Sin embargo, y siempre según su relato, los mandos de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) lo ocultaron, atribuyéndolo en sus informes al aviso de un servicio policial extranjero.

Este método, el de la colaboración entre países, resulta ser falso en muchos casos, según ha explicado Sánchez Gil. En el caso del contenedor de 2001, la Policía española habría contado con la colaboración de la Diran, la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La información de la Policía española, ha dicho ante el juez el acusado, es “autocreada”. “Se llama a un enlace [de la Policía española en el extranjero], se le da el texto y se le pide que alguien del país en cuestión te la firme. Los escritos los confeccionó la Brigada [de la Udyco] y la información no la dio la Diran”, ha dicho Sánchez Gil, según las fuentes presentes en la declaración.

En el momento de su detención, en noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Antes había participado en la lucha policial contra el narcotráfico en la Udyco. Al ser preguntado por su defensa por qué conoce el modo en que se falsean presuntamente las informaciones, Sánchez Gil ha respondido que se trata de “una práctica habitual y sistemática” de la Brigada Central de Estupefacientes. “Yo mismo lo he hecho como jefe de grupo”, ha asegurado.

Entre las maniobras de la Brigada Central estarían mantener las investigaciones obtenidas a través de los sistemas telefónicos encriptados “en secreto absoluto. Para ello se ocultaría la investigación al juez y no se incluiría en las bases de datos de cooperación policial. En una fase posterior se atribuiría a las incautaciones de droga determinada información que en realidad se habría conseguido a través de las interceptaciones en plataformas como Sky FCC. El inspector jefe ha llegado a decir que se han ocultado a los jueces ”mensajes relevantes“, según las fuentes consultadas.

Óscar Sánchez Gil ha declarado que él mismo fue objeto como investigado de las prácticas irregulares en las que incurrió siendo investigador. La Policía habría llegado a ubicar al número uno de la organización a la que presuntamente pertenecía el policía con uno de estos métodos. Fue una información procedente de Sky FCC, otro de los sistemas de telefonía encriptados y desarticulados, el que habría arrojado la posible relación de Alejandro Salgado, conocido como el 'Tigre', con una trama que estaba siendo investigada. “Prefirieron ocultar el origen de los datos y simularon un informe”, ha dicho Sánchez Gil. La maniobra fue ocultada por la Udyco a la Fiscalía Antidroga y al juzgado, según el policía. Sánchez Gil ha mencionado en su declaración a los principales mandos de la unidad antidroga de la Policía.

Sánchez Gil ha denunciado que los investigadores le vinculan con un alias de la plataforma, “Aduana”, y ha añadido que si se estudian detalladamente las conversaciones incorporadas a la causa aparece “una trama de corrupcon policial completamente distinta” y que es ajena a la que se le imputa.

Menciones a guardias civiles corruptos en chats encriptados

El policía acusado de narcotráfico ha contado que, mientras el éstuvo en Antidroga, “se ocultó sistemáticamente” toda la información que llegaba de los teléfonos encriptados que pudiera afectar a confidentes y colaboradores de la Policía. También ha dicho que su afirmación se puede comprobar comparando unos informes de la investigación y otros posteriores donde la Policía ya ha dejado de proteger a determinados confidentes.

Entre las personas protegidas por la Policía figurarían otros miembros de las Fuerzas de Seguridad que, como Sánchez Gil, pertenecen o colaboran con organizaciones de narcotráfico, según su exposición. “Hay policías de la Brigada de Madrid, de la Udyco y muchas alusiones a guardias civiles del puerto. También de Vigilancia Aduanera”, ha asegurado Sánchez Gil.

El inspector jefe ha dicho que en la propia documentación de chats encriptados que consta en la causa judicial contra él hay referencias a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Sánchez Gil ha denunciado que esa información no ha sido analizada y no ha sido incorporada por los investigadores en sus informes al juez.

El ex jefe de la UDEF de Madrid ha señalado que entre ella aparecen menciones expresas de los presuntos narcotraficantes al teniente coronel David Oliva, antiguo jefe de Ocon Sur, el desaparecido dispositivo especial de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho. Oliva es investigado en un juzgado de Valdemoro por revelación de secretos y cohecho, al intentar acceder a la investigación que Asuntos Internos llevaba contra él por su supuesta relación con un grupo de narcos.

Además, el inspector jefe ha denunciado vulneración de sus derechos durante la investigación. Sería el caso de la infiltración de un 'troyano' en su teléfono pese a que la autorización judicial no aludía a ese terminal concreto. Sánchez Gil ha trasladado al juez que no se le han facilitado los informes concmpletos de sus escuchas ni el contenido íntegro del material incautado en sus dispositivos.

Hugo Chiquero, quien firmó en 2016 dos declaraciones responsabilizando a Miguel Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína venezolana en un pub de Malasaña, ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional que no recuerda nada de sus confidencias a la Policía, según fuentes presentes en la comparecencia. Chiquero ha dicho no recordar los hechos que denunció y a duras penas ha reconocido que acudió a la Policía, aunque tampoco ha acertado a ofrecer ningún detalle de su colaboración.

El 'soplón' ha comparecido como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. En la causa está imputado el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios miembros de la brigada política del PP.

En las notas que el comisario José Luis Olivera envió a la Fiscalía Antidroga, con el objetivo de investigar a Miguel Urbán y a Podemos, aparecía una declaración de Chiquero en la que el confidente escribía a bolígrafo en los márgenes que alguien había dejado alguien previamente entre frases impresas. Chiquero ha dicho que no acertaba a ver si era su letra cuando el abogado de Podemos ha pedido que se le mostrase aunque sí ha reconocido su firma al pie.

En esa declaración, el testigo aseguraba que Miguel Urbán entró a finales de 2015 en el pub en el que él supuestamente trabajaba, el Nueva Visión de Malasaña, y que junto con el dueño subieron al piso superior y vendió a un tercero 40 kilos de cocaína. Con las ganancias habría invitado a los presentes en el bar mientras esparcía cocaína en la barra para que esnifaran todos y gritaba que la operación era para financiar a Podemos, según Chiquero.

Con ese disparatado testimonio, Olivera, que estos días se sienta en el banquillo de la operación Kitchen, impulsó una operación contra Miguel Urbán, fundador de Podemos, que pretendía llegar a las cuentas del partido durante los meses en los que la formación aspiraba a alcanzar el Gobierno en coalición con el PSOE, en 2016. En esa época, Urbán era eurodiputado de Podemos. Chiquero también le acusó de trapichear con droga por las esquinas de Malasaña.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, ha preguntado a Hugo Chiquero sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó. Él ha respondido que no se acordaba. Lo que sí recordaba es que la Fiscalía Antidroga no le coaccionó cuando fue allí a ratificar su testimonio ante la Policía.

González Mota también le ha preguntado a Chiquero si ha tenido problemas con la justicia, a lo que ha respondido que no. También ha negado que cobrara por aquella colaboración. Chiquero ha dicho que ningún policía se ha puesto en contacto con él antes de su declaración. El testigo ha comparecido por videconferencia desde Toledo.

La representación del PSOE, que ejerce la acusación popular, ha requerido a Chiquero por si sabía si Miguel Urbán era “alto o bajo” y si tenía pelo o era calvo. El testigo ha contestado negativamente: no recordaba nada de eso. En su nota informativa, Olivera trasladaba a la Fiscalía que Urbán era amigo del 'soplón' y que este llevaba una foto de él en la cartera en la que también aparecía el dueño del Nueva Visión.

El montaje de la cocaína contra Miguel Urbán es una línea de investigación dentro de la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez Santiago Pedraz investiga el caso obligado por la Sala de lo Penal, que corrigió su decisión de archivar las actuaciones en este sentido.

Por ahora han prestado declaración tanto el perjudicado, Miguel Urbán, como Olivera y dos de sus subordinados, que intentaron enmarcar en la normalidad su actuación por la trascendencia de los hechos denunciados por Chiquero. “Era perfectamente creíble”, llegó a afirmar ante el juez Miguel Ángel Barrado, comisario jubilado que pasó décadas en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora, Pedraz se ha negado a imputar al cerebro del montaje, José Luis Olivera.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el ingreso en prisión provisional de los 23 detenidos en la interceptación del barco Arconian al sur de Canarias que transportaba el mayor alijo de cocaína intervenido hasta la fecha: más 30 toneladas.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el magistrado ha adoptado esta decisión tras el pase a disposición judicial de los 23 detenidos en una operación realizada por la Guardia Civil en torno a un carguero con bandera de las Islas Comores.

El barco fue interceptado frente a las costas del Sahara Occidental, tras haber partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia.

Por su parte, fuentes próximas a la investigación han precisado que la carga interceptada supera las 30 toneladas, aunque no han querido concretar el peso exacto.

A los arrestados se les investiga por delitos de tráfico de drogas y organización criminal

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trató de deshacerse de dos paquetes de cocaína circulando a gran velocidad con un patinete eléctrico en Carabanchel, mientras era perseguido por una patrulla de agentes. Ocurrió el pasado 10 de abril en este distrito de Madrid, y ahora le acusan de un posible delito contra la salud pública.

Ese día, varios policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se percataron de que un hombre circulaba a velocidad excesiva con su patinete y ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. En un comunicado emitido por el cuerpo se explica que este hombre también ignoró las indicaciones previas que emitieron las autoridades.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Ciudad Real ha interceptado un vehículo en la A-4, que circulaba sentido Madrid y que llevaba una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Un perro del servicio cinológico marcó el escondite

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest.

La carga será enviada a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

Un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular en Sevilla a una organización criminal que se dedicaba a la distribución y venta de droga. La investigación se ha saldado con 17 detenidos y 3.370 kilos de hachís, 288 kilos de cocaína y seis armas de guerra incautadas. La banda contaba con “guarderías” y “buzones” en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz para guardar y distribuir las sustancias. 

La operación “Itálica 153 Legs/Avant”, como ha sido llamada por las autoridades, tenía su sede principal en la provincia de Sevilla, si bien contaba con puntos para esconder la droga, conocidos coloquialmente como “guarderías”, y otros puntos de entregas o “buzones” en el resto de provincias de Andalucía occidental. En un principio, Guardia Civil y Policía Nacional mantenían investigaciones abiertas en paralelo pero, tras la unificación, se permitió conocer a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos. 

Su modus operandi destacaba por el uso de vehículos en funciones de lanzadera, que tenía como objetivo detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. La gran movilidad e itinerancia de los narcotraficantes, hizo que los investigadores se vieran obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los “narcoviajes”, lo que permitió la interceptación simultánea de los detenidos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla. 

Como consecuencia se ha desarticulado la banda y se han detenido a 17 personas, de los cuales a 12 se les ha decretado el ingreso en prisión provisional. Por otro lado, se han incautado un total de 3.370 kilos de hachís y de 288 de cocaína y se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles “Skorpion” con silenciadores y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición. 

Entre el total de la droga incautada durante la investigación, destaca la intervención de 500 kilos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos en Burgos. Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026. 

El operativo ha sido desarrollado y ejecutado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Sevilla, la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Costa del Sol de Málaga y el GRECO de Cádiz, perteneciente a la Brigada Central de Policía Judicial de Policía Nacional. 

Un bebé de dos años permanece ingresado en el Hospital Grande Covián de Arriondas sometido a diversas pruebas médicas y toxicológicas ante los indicios de una posible ingesta de cocaína. Los servicios sociales permanecen a cargo del menor, mientras continúan las labores de investigación de la Policía Judicial de Llanes para tratar de esclarecer los hechos.

Un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha confirmado este jueves a eldiario.es asturias la apertura de esta investigación policial que se ha puesto en marcha una vez que el centro hospitalario comunicó este caso.

El padre del pequeño se personó en el centro sanitario ayer, miércoles, con el bebé. Según los datos que transmitió el hospital a la Guardia Civil, pidió a los facultativos que realizaran una prueba toxicológica a su hijo.

La investigación

La primera prueba de aproximación o indiciaria dio positivo en cocaína y ahora se está a la espera de una analítica.

Los resultados finales se conocerán previsiblemente mañana viernes, según han indicado las mismas fuentes.

La Guardia Civil se puso en contacto con los servicios sociales para que se hicieran cargo del menor mientras se aclaran las circunstancias en las que presuntamente, si todas las pruebas lo corroboran, el menor pudo haber ingerido la droga.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, han detenido a 13 personas que formaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Ha sido desmantelado un 'macrolaboratorio' de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la localidad de Gerindote (Toledo), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

También se han realizado cuatro registros más en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, con la incautación de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y chalecos antibalas, además de intervenciones en Málaga, La Rioja y Bizkaia, en nuestro país, y en Cartagena (Colombia).

Las investigaciones de esta operación, de nombre 'Sircan', se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Hispanoamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos).

Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos. Las actuaciones policiales conjuntas descubrieron la existencia de un 'macrolaboratorio' clandestino de cocaína en un pueblo de Toledo. Estaba ubicado en un polígono industrial, integrado con otros negocios e industrias, dando una apariencia totalmente lícita.

Sin embargo, en el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias destinadas de forma específica a la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio estaba operado por expertos 'cocineros' colombianos traídos expresamente por la organización para procesar la sustancia estupefaciente. El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado.

En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, que era presentado en forma de 'ladrillos' y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Laboratorio en plena producción

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado.

Fueron intervenidas más de siete toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron nueve kilos de cocaína de una pureza próxima al 93% ya procesada y empaquetada, dispuesta para su venta.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, y constituía para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, 'MDMA', 'popers', marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de 'Paprika'.

Intervenciones en Colombia y en cinco provincias españolas

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España. En ella, se desmanteló el laboratorio en Gerindote (Toledo) y se realizaron cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización criminal.

Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos.

La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

Investigación de blanqueo

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países (EEUU, Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el resultado conseguido.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido con unas 300 dosis de una mezcla de ketamina y MDMA, conocida como ‘tusi’ o ‘cocaína rosa’, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

La actuación se produjo en la madrugada del pasado 13 de abril, en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por los agentes en una de las principales vías de acceso al municipio.

Durante el operativo, los agentes observaron a un individuo que descendía de forma apresurada de un vehículo, lo que levantó sus sospechas y motivó su identificación. Se trataba de un varón con domicilio en la Comunidad de Madrid, “que manifestó estar desplazándose desde dicha región”, según ha informado la Guardia Civil.

En el transcurso de la identificación, los agentes detectaron que ocultaba un envoltorio con una sustancia en polvo de color rosa, que el propio hombre reconoció como una mezcla de MDMA y ketamina. Posteriormente, en un registro más exhaustivo, localizaron otros envoltorios similares ocultos en su ropa interior.

En total, los agentes intervinieron nueve bolsitas de aproximadamente un gramo cada una y otra con unos 10 gramos adicionales, sumando más de 20 gramos de sustancia, equivalentes a unas 300 dosis.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.