La Fiscalía ha anunciado este lunes, en el primer día del juicio que se vuelve a celebrar contra la antigua cúpula de Sniace por vertidos al río Saja entre 2008 y 2010, que rebajará su petición de cárcel para los ocho acusados de 16 a 6 meses, al eliminar la continuidad del delito contra los recursos materiales y el medio ambiente que aprecia en los hechos.

Este juicio, a cargo de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, se vuelve a celebrar después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia en la que se condenó a los exconsejeros y al jefe de operaciones de esa empresa de Torrelavega, cerrada desde 2020, a tres meses y medio de cárcel, siete meses de inhabilitación y 900 euros de multa, y acordara también que se practicaran dos pruebas testificales que no se admitieron antes.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que fue el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes. También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

En las cuestiones previas, las defensas han interesado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, la prescripción de los hechos y la nulidad del proceso, al entender que la llamada a la instrucción de sus clientes se produjo tarde, lo que, en opinión de los letrados, supone “indefensión”, y también al considerar “indebida” la recusación del anterior juez.

La jueza ha señalado que se apreciarán las dilaciones indebidas muy cualificadas y ha rechazado en este momento el resto de cuestiones mencionadas, sin perjuicio de lo que pueda plantearse, en su caso, en la sentencia. Al tratarse de penas inferiores a dos años, la jueza ha dado la opción a los acusados de abandonar la sala. Cinco de ellos han salido y dos se han quedado, mientras que el octavo no había acudido por motivos médicos.

Testimonios

El primer testigo en declarar ha sido quien fuera jefe de Servicio de Prevención y Control de Contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que decidió hacer informe sobre Sniace porque la situación “ya era insostenible”. “Todos los días teníamos denuncias”, ha apuntado a preguntas del ministerio público, antes de señalar que era “muy difícil” trabajar con políticos.

También ha testificado un vecino que presentó varias denuncias por vertidos que, según ha recordado, eran líquidos “rojizos, tirando a marrón”, con un olor “fuerte” y que dejaban “turbidez” en el agua.

Ha sostenido que eran “vertidos clandestinos”, porque se producían por la noche, y ha aludido a sus efectos sobre la vida piscícola del río. “Era inexistente en el punto donde se vertían”, ha apuntado este vecino, que en una ocasión vio dos cormoranes muertos en la zona.

Penas

La pena solicitada por la Fiscalía para cada uno de los acusados, además de los séis meses de prisión, es de multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de un año.

Y pide que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la Fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena no inferior a dos años de prisión.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a 49,87 millones de euros. El juicio se celebrará durante cinco jornadas, hasta el 22 abril. 

El Juzgado de la Penal número 2 de Santander ha fijado el 13 de abril el inicio de la vista oral del juicio penal contra la antigua cúpula de Sniace, incluido todo el Consejo de Administración, por los vertidos directos al río Saja entre los años 2008 y 2010.

Este procedimiento judicial, que se prevé finalice el 24 de abril, es consecuencia de una denuncia interpuesta hace ahora 15 años por Ecologistas en Acción Cantabria por un presunto delito contra el medio ambiente, con un perjuicio económico estimado en 50 millones de euros.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Bernardo García, explica en un comunicado que la demora judicial en tratar este asunto es consecuencias de circunstancias no habituales, como varios recursos, anulación de una sentencia e incluso la jubilación de uno de los magistrados del caso.

También resalta que la complejidad técnica de los procesos ambientales, sumada a la escasez de medios especializados en la instrucción, genera lo que llama un escenario de “inercia procesal” donde los tiempos se dilatan hasta el punto de rozar la desprotección del bien común.

Recuerda que el juicio penal debe decidir, entra otras cuestiones, una reclamación de indemnización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por daños al Dominio Público Hidráulico que asciende a casi 50 millones de euros. 

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado que el Gobierno autonómico va a declarar como estratégico el proyecto que impulsa RIC Energy en los terrenos de Sniace, en Torrelavega.

Un paso que dará a petición de los promotores, quienes planean levantar en este espacio una planta de hidrógeno verde que, según indicó hace unos meses el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), comenzaría a construirse en 2027 para empezar a funcionar en marzo de 2030.

La presidenta ha dado a conocer que la iniciativa se declarará proyecto estratégico este miércoles durante la inauguración del nuevo aparcamiento en altura de Torrelavega en el Mercado Nacional de Ganados (MNG), donde ha aprovechado para reafirmar su “compromiso” con la capital del Besaya y ha enumerado los proyectos en marcha.

En materia industrial, además del impulso a la iniciativa de RIC Energy, Buruaga ha hablado del apoyo a la transición energética de Solvay o de la creación de suelo industrial para atraer empresas y a medidas como el PSIR (Plan Singular de Interés Regional) de Las Excavadas, que verá la luz en el primer trimestre de 2027 “si todo discurre según lo previsto”, además de la construcción del nuevo edificio multiusos que será la sede del PCTCAN en la capital del Besaya.

Por otro lado, también ha anunciado que en febrero comenzarán las obras de rehabilitación de las 12 viviendas de La Inmobiliaria que se destinarán a alquiler a precios asequibles, con un plazo de ejecución de ocho meses, tras adjudicarlas a Global Tektia por 1,3 millones de euros.

Además, están en fase de valoración de ofertas las otras 15 viviendas protegidas en El Zapatón por 3 millones de euros y ya se ha solicitado licencia al Ayuntamiento para poder iniciar la construcción de 42 viviendas del Valle en Sierrapando. Así, el Gobierno tiene en marcha un total de 69 viviendas sociales en el municipio.

“Tengo claro que Cantabria no puede funcionar sin Torrelavega y que esta ciudad tiene que recuperar el pulso para volver a ser uno de los grandes motores de nuestra región”, ha asegurado la presidenta, que ha trasladado su “firme convicción” y su compromiso para “culminar todo lo que hoy está en marcha en la ciudad y, por encima de todo, cumplir la palabra dada”.

La Sala Mauro Muriedas de Torrelavega comenzará la programación del 2026 con la exposición 'Obreras. Las mujeres en la Siace', que incluye más de 100 fotografías, documentos originales, postales, piezas y revistas editadas por la propia fábrica en los años 50, 60 y 70.

Además, está articulada en cinco apartados que van de lo general a lo particular: 'Mujer, trabajadora tenías que ser'; 'La Sniace, una ciudad dentro de la ciudad', 'Ellas, trabajadoras con nombre propio'; 'El trabajo femenino, también un arte'; y 'Rostros. Las que fuimos, las que somos'.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y la comisaria de la muestra, Sara del Hoyo, han presentado este miércoles en rueda de prensa la propuesta, que abrirá sus puertas este viernes 9 de enero, a las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 1 de febrero.

Vélez ha indicado que se trata de una exposición “inédita, interesante, enriquecedora y muy de Torrelavega”, que, fruto de una “exhaustiva” investigación de Sara del Hoyo, ofrece una “mirada muy interesante” sobre el papel de las mujeres en la industria, centrándose en la fábrica Sniace.

Por su parte, la comisaria ha añadido que es “muy gráfica, amena y fácil de ver”, y ha destacado que es el inicio de un proyecto más amplio que “recupere las voces y experiencias de las mujeres que trabajaron en Sniace”.

El objetivo es que “no se quede en una exposición temporal al uso, sino que sirva para enganchar un poco a todas esas mujeres que trabajaron en Sniace y que nos quieran contar sus experiencias”. Con ese fin, hay una sección en la exposición pensada para que “esas mujeres, o quien haya trabajado, o conozca a alguien, cuenten sus experiencias y seguir construyendo memoria colectiva”, ha explicado.

Del Hoyo también ha tenido palabras de agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible esta exposición, como el Archivo Municipal de Torrelavega, el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, el Centro Documental de la Imagen de Santander, el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación Desmemoriados, entre otras instituciones.

La disputa por los despojos de Sniace no solo tiene una repercusión en la seguridad pública, sino también en la medioambiental y sanitaria. La rivalidad por hacerse con el cobre, la chatarra y cualquier material de desecho que pueda tener valor de la antigua fábrica de Torrelavega está provocando, según ha denunciado el sindicato UGT, que esté “desapareciendo” material que contiene amianto, una sustancia cancerígena que está presente en productos elaborados con fibrocemento, lo que se ha utilizado durante años para cubiertas y recubrimiento de tuberías, por ejemplo.

UGT ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Cantabria la adopción de medidas urgentes para frenar la inseguridad en el complejo fabril de Sniace por los “continuos robos de material e incidentes delictivos protagonizados por bandas organizadas”. El sindicato agradece la labor y la colaboración de la policía con los vigilantes de seguridad del recinto en proceso de desmantelamiento, pero insiste en su demanda, ya que “no se está avanzando en paralizar los diferentes hechos delictivos que vienen produciéndose”, afirma el responsable de Seguridad Privada del sindicato UGT, Juan Fernández, quien ha denunciado que se producen “robos, amenazas, incendios, utilización de armas de fuego y peleas”.

Estas bandas organizadas operan supuestamente dentro del complejo de Sniace practicando boquetes en los muros, pese a que estos son cubiertos posteriormente por los operarios encargados de la demolición de las antiguas instalaciones.

La situación, en consecuencia, se mantiene, con cuatro o cinco furgonetas todas las tardes cargando material y que hacen varios viajes al día. Para obtener los residuos, testigos presenciales han llegado a ver hasta cómo se intentaban arrancar tuberías con camiones. La presencia policial apenas disuade unos minutos, ya que rápidamente se vuelve a la actividad de desmantelamiento una vez desaparece la seguridad.

De este modo, en el vasto solar de la que fue fábrica fundamental de la comarca del Besaya se está produciendo un desmantelamiento legal, a cargo de operarios que cumplen las medidas de seguridad, y otro “irregular”, a cargo de bandas que se llevan todo lo que sea vendible.

Disputa entre bandas

Los robos de desechos de la factoría han llegado a estar a la orden del día, con disputas entre distintas bandas rivales incluidos. El caso más reciente se produjo este pasado mes de abril: un tiroteo que generó alarma en Torrelavega y que llevó al establecimiento de un operativo policial que condujo al ingreso en prisión de seis personas.

La delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, compareció públicamente para anunciar un refuerzo de la seguridad en la zona. “Comparto la preocupación en la ciudad, pero también ha de saberse que se han adoptado medidas, hay más efectivos de Policía y Guardia Civil, se han implementado refuerzos y su trabajo ha dado resultados: por el momento, el ingreso en prisión de seis personas”, dijo la representante del Estado en Cantabria el 15 de abril.

A partir de la denuncia, hay un incremento de la seguridad privada, pero no significativo. Se han incorporado dos vigilantes para velar por el normal desarrollo de los trabajos de la antigua depuradora de la fábrica.

Sniace, liquidada

La Sociedad Nacional de Industrias de Aplicación de Celulosa Española (Sniace) fue calificada en 2006 como unas de las plantas más sucias de España. Dedicada a la fabricación de dos tipos de fibra (viscosa y celulosa), llegó a emplear a 4.000 personas en sus mejores años y estuvo operativa entre 1946 y 2020. Ha fabricado también bioetanol, poliamida y sulfatos.

La liquidación de Sniace se completó en julio de 2023 con la venta a las compañías Copsesa y RIC Energy del principal lote de terrenos donde se asentaba la fábrica. Su proyecto, según anunciaron en su momento, es la construcción de una planta de hidrógeno verde y derivados.

La Junta de Gobierno Local de Torrelavega ha autorizado este lunes, a instancia de la entidad Veaco Works SL, la demolición de la caldera de Sniace por métodos convencionales. Un procedimiento que “no solo garantiza la seguridad de nuestros vecinos, sino también el respeto al medio ambiente”, según el alcalde, Javier López Estrada.

Según ha explicado López Estrada en un comunicado, el objetivo de la intervención es llevar a cabo una demolición parcial, centrada exclusivamente en la envolvente de la parte diáfana del edificio, lo que permitirá acceder, desmantelar y achatarrar la caldera “de forma segura”.

El proyecto recoge, entre otros aspectos, que la entidad promotora no tiene constancia de que la caldera contenga elementos con materiales con amianto (MCA) y además contempla las acreditaciones del contratista principal con experiencia en trabajos relacionados con MCA, las medidas a adoptar ante la presencia de cualquier elemento cuya naturaleza sea dudosa durante las inspecciones previas antes de realizar los trabajos de demolición (con previsión de realización de muestreos y análisis de muestras en laboratorio oficial para los mismos), así como el procedimiento de actuación mediante empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Inhalación de Amianto (R.E.R.A.) y con un plan de trabajo aprobado por parte de la autoridad laboral competente, en el caso de la aparición durante los trabajos de MCA.

También recoge las medidas a adoptar en el caso de que durante los trabajos de demolición se detecten otros residuos o materiales peligrosos distintos de los MCA, como aceites industriales contaminados, productos químicos, etcétera, que deberán ser retirados y almacenados debidamente identificados así como etiquetados de acuerdo con la legislación vigente y gestionados a través de los correspondientes gestores autorizados de residuos.

Asimismo, establece que las obras se efectuarán “reduciendo al mínimo las molestias a transeúntes y vecinos”. En este sentido, se prohíbe arrojar en cualquier clase de obra los escombros directamente a la vía pública, a patios comunes o propios, o a espacios próximos a fincas colindantes desde lo alto, así como emplear canales y toldos en las fachadas.

Además, los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán en vehículos dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto. Y una vez realizado el derribo, se deberá proceder al desescombro, limpieza y vallado del solar resultante.

El alcalde ha valorado que el Ayuntamiento ha dado “un paso importante hacia el futuro industrial” de la ciudad. “Este proyecto representa un avance en la recuperación de un espacio emblemático para nuestra industria, alineado con el compromiso de modernizar nuestras infraestructuras y crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la región”, ha concluido López Estrada.

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha censurado que “el PP desatiende los intereses de Cantabria al dejar pasar los plazos” para reclamar, vía judicial, los más de 37 millones de euros de multa que adeudaba Sniace a la comunidad autónoma por la emisión de gases contaminantes en el año 2020.

Así se ha manifestado Zuloaga en declaraciones a los medios, acompañado por el secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca y otros concejales socialistas del municipio.

El líder de los socialistas cántabros ha enfatizado que es “intolerable que el Gobierno de Buruaga deje de lado los intereses de los cántabros”, lo que a su juicio hace “continuamente”, y en esta ocasión los de Torrelavega. Porque en su opinión, que la presidenta regional, la popular María José Sáenz de Buruaga, “no recurra esta sentencia judicial es desatender los intereses de Cantabria”.

Zuloaga ha asegurado que los socialistas son “conscientes de la situación que vive Sniace” y que “ganar una sentencia no significaría cobrar esa sanción, pero desistir de recurrir es dejar de lado los intereses de Cantabria”, ha reiterado.

Por ello, ha anunciado que los socialistas presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno regional se comprometa a trabajar y a defender los intereses de la región en todos los procesos judiciales, llevándolos a término, “para que cada una de las sanciones que plantean las instituciones se conviertan en recursos públicos para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad”.

La PNL recuerda que en 2020, Sniace no entregó la cuantificación de sus derechos de emisión de ese año, que debían haber sido iguales a los de 2019, lo que derivó en una multa del Gobierno de Cantabria por 37,2 millones de euros a la que la empresa debería haber hecho frente.

El texto indica que si bien existe una estimación parcial por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vía judicial seguía abierta para el Gobierno a fin de que la empresa pagase la multa; una vía a la que ha renunciado al no interponer un recurso contra esta estimación parcial, renunciando así a cualquier cobro de dicha multa.

“Una decisión que no genera ningún tipo de beneficio a la Comunidad Autónoma de Cantabria sino, más bien, todo lo contrario: la renuncia a un ingreso público por unos derechos de contaminación que nos han afectado a todos”, señala la iniciativa.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en unificación de doctrina en la que confirma que el Fondo Garantía Salarial (FOGASA) debe calcular las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Sniace en base al salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020 y no de 2013, lo que supone incrementarlas en un 47%.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que Fogasa debe hacer el cálculo tomando como referencia el momento en el que la administración concursal de Sniace emitió el certificado de deuda, una vez iniciada la fase de liquidación, en 2020, y no cuando la empresa comunicó el despido de los trabajadores en 2013.

Así, se espera que este criterio se aplique ahora a las casi 70 demandas de los trabajadores que están pendientes de ser resueltas en los Juzgados de lo Social de Santander, a la espera de que el Supremo se pronunciara.

En este fallo, el Supremo ha desestimado un recurso de casación que presentó el Fogasa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de marzo de 2022, que apuntaba en el mismo sentido a calcular la indemnización en base al salario mínimo de 2020.

“Debemos descartar la pretensión del Fogasa de que se aplique el módulo del 2013 por ser el correspondiente a la fecha de la extinción de la relación laboral, puesto que en la presente litis la extinción del contrato de trabajo es anterior a la declaración del concurso de la empresa”, recoge la sentencia, que ha sido difundida por USO ya que da la razón al sindicato en sus pretensiones.

En marzo del año pasado el TS ya había condenado al Fogasa a abonar a una trabajadora de Sniace 6.186 euros, pero en aquella ocasión el tribunal casacional inadmitió el recurso presentado por el Fondo Garantía Salarial al no encontrar contradicción con la sentencia de contraste aportada por el organismo recurrente.

Para USO, en esta ocasión lo relevante es que la Sala de lo Social ha entrado al fondo del asunto y “el fallo rotundo no deja dudas” e incluso condena en costas al FOGASA (1.500 euros), que estuvo apoyado en su tesis por la Fiscalía.

“La sentencia, que crea jurisprudencia, despeja cualquier duda y deja claro el derecho del cobro de las indemnizaciones a través del Fogasa en un proceso concursal. Ello cobra especial relevancia en estos últimos años donde el incremento del SMI, utilizado como referencia para calcular la indemnización, ha experimentado variaciones sustanciales”, ha celebrado el sindicato, añadiendo que los trabajadores que han presentado demandas cobrarán el monto total de su indemnización 11 años más tarde de haber sido despedidos.

Además, el sindicato destaca que el Alto Tribunal ha dado por válido el fallo del TSJ de Cantabria en contra del criterio del de Madrid, que había sentenciado en sentido contrario.

Según ha apuntado en un comunicado, en el caso Sniace supondrá que un trabajador despedido, con la antigüedad suficiente, pase de cobrar 18.282 euros a 26.937 euros de indemnización.

Por ello, USO ha “lamentado profundamente” que esta sentencia no pueda alcanzar al resto de trabajadores de Sniace, más de 500 afectados, “a causa de un erróneo asesoramiento sindical y jurídico y que tiene como consecuencia que estos trabajadores dejen de percibir más de 2 millones de euros”.

La empresa cántabra Copsesa y su socia RIC Energy han obtenido en subasta las dos principales parcelas de Sniace, por lo que se despeja una de los principales escollos para el desarrollo de un proyecto de energía basado en el hidrógeno verde y derivados. El precio de la operación asciende a 6,7 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, aunque el valor de las dos fincas es notablemente superior.

'Besaya H2' inicialmente tendría una capacidad de generar 500 megawatios. Los promotores tienen previsión de gastarse 750 millones de euros y crear al menos 250 puestos de trabajo. La inversión de la empresa tiene en cuenta también el alto coste de descontaminación de los terrenos en los que ha desarrollado una actividad fabril química durante décadas.

Sniace ha sacado a subasta sus terrenos en Torrelavega, un total de 13 parcelas valoradas en 32,8 millones, entre ellas la finca matriz en la que se encuentra la antigua planta de cogeneración y otras que albergan las antiguas viviendas de los trabajadores.

La subasta de todas las fincas industriales de Sniace que quedaban por vender en Torrelavega supone el último paso de la química antes de completar su liquidación, después de que el año pasado sacase a la venta otros dos terrenos.

“Desde el Ayuntamiento estamos francamente satisfechos puesto que el proyecto industrial en el que habíamos trabajado junto a Copsesa y una empresa especializada en energía renovable y nuevas tecnologías va para adelante con la adquisición de las dos parcelas principales que forman el perímetro productivo de Sniace. Es una buenísima noticia para la ciudad de Torrelavega que este proyecto siga dando pasos para hacerse una realidad en los próximo años”, ha valorado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

El anuncio es la confirmación de unos trabajos que se remontan al anterior Gobierno regional PRC-PSOE. Ya en mayo, el exconsejero de Industria, Javier López Marcano, había señalado a Copsesa y RIC Energy, empresa global especializada en proyectos de renovables, como firmes candidatas a desarrollar una planta de hidrógeno verde y derivados en Cantabria, a ubicar en los terrenos de Sniace, en Torrelavega, que generaría 250 empleos en una primera fase.

El proyecto se desarrollará en varias fases y el inicio de la construcción de la planta está previsto para 2025, con intención de que pueda estar operativa en 2027. Actualmente se está trabajando ya en la fase de ingeniería del proyecto y los promotores ya tendrían financiación y también cliente final, según Europa Press.

La sección sindical de UGT en Sniace ha pedido una reunión al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para aclarar si es viable o no la reapertura de la fábrica torrelaveguense, tal y como plantean los accionistas minoritarios.

En un comunicado, el sindicato puntualiza que “ni que decir tiene” que los trabajadores de Sniace son los “primeros interesados” en esa reapertura, pero “lo único” que pide es que se estudie cómo llevarla a cabo con “más compromiso e implicación” del Gobierno regional y con soluciones que “se expliquen y detallen, más allá de declaraciones en los medios de comunicación”.

UGT, que recuerda que “aún está pendiente” una reunión del presidente del Gobierno regional y el comité de empresa para responder a distintas peticiones de los sindicatos, critica además las “diferentes versiones” que se están dando sobre las opciones de reapertura de la fábrica porque “a nosotros se nos hicieron unos planteamientos y ahora se ponen encima de la mesa otros y en la dirección contraria de que es posible”, dice.

En este sentido, recuerda que en la última reunión con el Gobierno de Cantabria “se dijo de manera expresa” que el Ejecutivo “no podía perdonar la deuda de Sniace, pero sí aplazarla” y que, por imperativos legales, no podía avalar más del 30% de la deuda del concurso de acreedores que se pretendía renegociar.

Para el sindicato, “no se entiende que se nos dijera que sin la famosa mochila Sniace no tenía viabilidad, cuando después se han oído declaraciones del presidente de Cantabria en los medios de comunicación, apoyando el proyecto de reapertura de la fábrica y sin que se haya hecho todavía el más mínimo esfuerzo por realizar un estudio para comprobar si es posible y viable”.

Por todo ello, UGT en Sniace considera que “ya es hora de pasar de las palabras a los hechos”, por lo que reclama al Gobierno de Cantabria que “se involucre”, a través de sus técnicos y de la Consejería de Industria, para realizar ese estudio, que según dice deberá aclarar, entre otras cosas, “los pasos a dar para salvar los problemas legales en una empresa que no tiene dirección ni Consejo de Administración y que está en manos de administradores concursales y el juez de lo mercantil”.

Además, según UGT el estudio también deberá responder a la pregunta de cuánto dinero sería necesario para poner en marcha la fábrica, “dadas las distintas versiones que ha habido al respecto”, y “cuál es la situación actual de los mercados en precios, demanda y otros factores y en qué medida podrían afectar a la reapertura”.

La Corporación del Ayuntamiento de Torrelavega debatirá este martes, 10 de febrero, en dos plenos extraordinarios, la situación de Sniace tras su cierre, los presupuestos para 2020 y las nuevas liberaciones de tres concejales del PP, ACpT y Torrelavega Sí.

En primer lugar, se celebrará a las 11.00 horas un Pleno promovido por el PP con el único punto en el orden del día de la 'Situación de la industria en Torrelavega con especial referencia a Sniace', en el que se abordarán las propuestas de los 'populares' incluidas en la solicitud de la sesión.

A continuación, tendrá lugar a las 13.00 horas otro Pleno con los temas de las comisiones informativas de Cultura y de Hacienda, entre ellos, el Presupuesto municipal para este año y la modificación del acuerdo de establecimiento de cargos municipales con dedicación exclusiva y parcial.

En concreto, este último punto supone la votación de tres nuevas liberaciones a las que la comisión de Hacienda ya dio luz verde, dos dedicaciones parciales al 50% para los concejales de ACpT, Iván Martínez, y de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante; y una dedicación exclusiva para uno de los ediles del PP.

En la comisión, las tres contaron con el voto diferenciado de los socios del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), ya que los regionalistas las apoyaron y los socialistas las rechazaron.

Por otro lado, el Pleno debatirá los Presupuestos, que tuvieron en la comisión el visto bueno PRC, PSOE y PP, y la abstención de los demás grupos de la Corporación, ACPT, Torrelavega Sí y Ciudadanos.

Las cuentas ascienden a 51 millones de euros, contemplan 1,6 millones de euros en inversiones nuevas y 13,6 millones en inversiones de financiación afectada. Además, no contemplan recurrir a financiación externa.

El orden del día de esta segunda sesión plenaria incluye otros dos puntos relativos a la adjudicación del contrato de prestación de servicios de 'Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Torrelavega', y a una subvención directa de carácter excepcional solicitada por la asociación Vegarte 3 para el proyecto cultural 'Escuela de artes Eduardo L. Pisano'.

El consejo de administración de Sniace ha retrasado la formulación de las cuentas anuales relativas al último ejercicio fiscal como consecuencia de la situación en la que se encuentra desde que, a principios de febrero, solicitase la apertura del periodo de liquidación de la sociedad.

La compañía todavía está pendiente de recibir el auto de apertura de esta fase de liquidación, lo que supondrá la sustitución de la actual administración por la concursal, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por ello, Sniace esperará a que esta nueva administración concursal revise las cuentas del año pasado para proceder a la publicación de las mismas.

La compañía anunció el pasado 13 de febrero el cese de su actividad, alegando la “imposibilidad” de hacer frente a los compromisos derivados del concurso de acreedores aprobado tras su salida de la situación de concurso en 2015.

La decisión se produjo un día después de que Cogen suspendiese, cinco años antes de los previsto, el contrato de arrendamiento y gestión de su fábrica de Torrelavega, en Cantabria; que los integrantes del comité de empresa se encerrasen casi seis horas en las oficinas de la empresa para reclamar el pago de la última nómina, que aún no ha sido abonada; y tras la suspensión por parte del regulador de su cotización en Bolsa.

“El comité ha sido el último en enterarse de la liquidación”, “no sabemos hasta cuándo vamos a tener que venir a trabajar”, “no son claros a la hora de decir lo que pasa”. Estos son testimonios de algunos de los trabajadores de Sniace que se han concentrado este lunes en la fábrica descontentos por la falta de comunicación por parte de la empresa respecto a su situación.

Sumidos casi en la resignación y con la sensación de que la historia se repite una y otra vez, los empleados han querido mostrar su enfado por el escenario de incertidumbre que están viviendo. “Nos enteramos por la prensa”, señalan en conversación con eldiario.es sobre lo que va acaeciendo desde que la fábrica anunció su cierre hace casi 15 días.

Algunos no confían en que se dé una buena salida y otros aún mantienen la esperanza de que llegue un inversor. No obstante, todos coinciden en que la situación de la industria en Cantabria es muy delicada y que el cierre de Sniace abocaría a sus trabajadores, muchos de ellos jóvenes y de mediana a edad, al paro con muchas dificultades para encontrar otro empleo.

“Es imposible que las personas que nos quedemos sin trabajo podamos seguir trabajando en Torrelavega”, lamenta Pablo, trabajador de 42 años, quien reconoce que si la empresa vuelve a cerrar en este momento no pueden esperar otros tres años como la otra vez.

“Aquí nadie dice la verdad ni al médico. Aunque esto volviese a abrir a mí se me quitan las ganas de volver”, cuenta Pepe (42 años) obrero que ha vivido hasta tres movilizaciones de la fábrica. “A veces me da la sensación de que hay gente que está deseando que cerremos. Dicen que Sniace es un pozo sin fondo al que siempre están metiendo dinero”, señala, recalcando que trata de “afrontar la situación día a día”. “Llegas a casa, tienes a los hijos y no puedes trasladar los problemas”, afirma.

Por su parte, María, miembro del comité de empresa, lamenta que no se hayan vuelto a reunir con la empresa desde que les anunciaran la liquidación y considera que se deberían haber barajado otras opciones, como haber adelantado el ERTE inicialmente previsto.

El comité de empresa ha promovido esta concentración de 6.00 a 18.00 horas para pedir explicaciones por la salida de más camiones de producción de lo habitual. “Queremos saber si es un pedido nuevo, si ya estaba pagado, si ese dinero va a servir para pagar nuestras nóminas...”, subraya esta trabajadora, que asegura que se realizarán concentraciones de manera periódica y que aumentarán a medida que la producción de la fábrica disminuya hasta que pare por completo.

Sniace, propietaria de los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire, ha desistido de la vía judicial y se someterá a la valoración que realice el Jurado de Expropiación para que el Ayuntamiento de Torrelavega compre y tenga en propiedad dicha instalación.

La decisión de la empresa, de la que ha informado el alcalde, Javier López Estrada (PRC), supone un cambio de estrategia dado que se produce después de que se rechazase el recurso de apelación de Torrelavega contra la orden de desahucio de los terrenos promovida por Sniace. Cuando parecía cerrada la vía expropiatoria y todo abocaba a una negociación entre empresa y Ayuntamiento, esta decide someterse al dictamen del Jurado de Expropiación.

López Estrada ha informado este viernes de la decisión de la compañía de desistir del recurso contencioso administrativo presentado el 15 de octubre de 2018 contra el Ayuntamiento de Torrelavega por el acuerdo plenario de inicio del expediente de expropiación forzosa del complejo Oscar Freire y El Patatal.

El alcalde de Torrelavega ha mostrado su satisfacción por esta decisión que da luz verde a que el Jurado de Expropiación determine la valoración “justa” que el Ayuntamiento deberá abonar a Sniace por dichos terrenos, que “los torrelaveguenses van a poder seguir disfrutando”, ha apostillado.

Según ha indicado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha comunicado al Ayuntamiento la decisión de Sniace de “desistir” del recurso contencioso-administrativo presentado el 15 de octubre de 2018 frente al acuerdo plenario del 27 de febrero de 2018 por el que se aprobó definitivamente el expediente de expropiación forzosa de las parcelas que ocupan el complejo Óscar

Freire y El Patatal.

El Ayuntamiento de Torrelavega lleva invertidos hasta el momento cerca de cuatro millones de euros en dotar las instalaciones deportivas, por las que pasan miles de personas mensualmente y son uno de los principales recursos deportivos del municipio. 

La exdirectiva de la empresa Sniace deberá responder en pleno ante la justicia por un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de los vertidos contaminantes que la fábrica ubicada en Torrelavega realizó entre los años 2008 y 2010 en el río Saja. Todo el Consejo de Administración de la compañía en aquella época, incluido su presidente, Blas Mezquita, se sentará en el banquillo y tendrá que afrontar un juicio oral para el que está pendiente de fijar fecha.

Según ha adelantado la Cadena SER este lunes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Cantabria estimara los recursos de apelación interpuestos por el fiscal y Ecologistas en Acción contra una resolución judicial previa, de marzo de 2016, dictada en el marco de esta causa y que eximía de responsabilidad a los directivos de la papelera.

Así, con este nuevo auto consultado por eldiario.es, continúa el procedimiento iniciado en su día contra la dirección de Sniace, integrada además de por Blas Mezquita y los cántabros Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa, por los igualmente consejeros Julio García, Víctor Manuel Guzmán, Juan Hernández y Antonio Temes, además del director de Operaciones del grupo, Francisco González Payno.

Ahora, la Fiscalía y la acusación particular reclaman una pena de 16 meses de cárcel y una multa de 6.000 euros para cada uno de los ocho directivos imputados en el caso, mientras que la Abogacía del Estado solicita además una indemnización de 50 millones de euros, a abonar de forma conjunta entre todos los imputados o, de forma subsidiaria, por la empresa Sniace como responsable de esos vertidos.

Ecologistas en Acción, que llevó a los tribunales los vertidos que se produjeron entre 2008 y 2010, confía en que “se haga justicia aunque sea diez años tarde”. Los hechos fueron denunciados inicialmente por los vecinos de Duález, que vienen advirtiendo desde hace años que “sufren de forma directa y cotidiana esta y otras irregularidades en el funcionamiento de dicha industria”.

Y es que los vertidos al cauce del Saja se habían producido sin la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte y los mismos presentaban elevados niveles de distintas sustancias contaminantes, entre ellas, metales pesados, que “contravenían la normativa protectora del medio ambiente”, ya que “resultan nocivos para el ecosistema fluvial y pueden acarrear riesgos en la salud de las personas”.

La defensa del Consejo de Administración de Sniace se había basado en el desconocimiento de los hechos por parte de sus integrantes, que alegaban que “ninguno se encargaba específicamente de cuestiones medioambientales en esos años”. Esgrimían así que eran decisiones adoptadas por los “técnicos”, ajenas a ellos, derivando de este modo cualquier responsabilidad en el director de Operaciones.

Sin embargo, en esas fechas la Confederación había impuesto a Sniace una sanción por falta “muy grave” -con multa de 600.000 euros e indemnización de 500.000- por unos hechos similares. Pese a todo, los vertidos continuaron “sin que el Consejo de Administración de Sniace hiciera nada al respecto” y sin que los mismos estuvieran amparados por la Autorización Ambiental Integrada.

El aumento de capital de 32,6 millones de euros aprobado por la junta general de accionistas el pasado mes de mayo para seguir acometiendo inversiones ha concluido con solo el 75% de las nuevas acciones suscritas.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación ha sido “incompleta”, al suscribirse 244,9 millones de acciones de los 325,9 títulos inicialmente previstos.

Esto supone el 75% del total, es decir unos 24,5 millones de euros de los 32,6 millones propuestos por la compañía. En los próximos días, Sniace procederá a la escritura pública del aumento y a la tramitación de la inscripción en el registro mercantil de la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

En concreto, en el periodo de suscripción preferente se ha suscrito el 32,2% de las acciones ofrecidas inicialmente; en el de asignación de acciones adicionales el 4,78%; y en el periodo de asignación discrecional un 38,1%.

De esta forma, en el aumento de capital, tras todas las fases de asignación contempladas, se han quedado sin suscribir 80,9 millones de acciones, representativas del 24,8% de las acciones ofrecidas al principio del proceso.

La operación contempla que las acciones nuevas se emitan con un valor nominal de 0,10 euros sin prima de emisión, de forma que se aumente el capital en una acción nueva por cada dos antiguas, correspondiendo un derecho de suscripción preferente por cada acción existente de la sociedad.

Los fondos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán en su mayor parte a inversiones para la mejora de la producción de fibra, así como al desarrollo de nuevos productos y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.

De la ampliación de capital de 30,1 millones que se llevó a cabo el año pasado, 14,7 millones se destinaron a inversiones, 5,2 millones a atender la deuda concursal y 10,2 millones para circulante y fondo de maniobra.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha perdido la vía de expropiación para mantener sus instalaciones deportivas del complejo Óscar Freire tras rechazarse el recurso de apelación contra la orden de desahucio promovida por Snice, propietaria de los terrenos. Dado que no cabe nuevo recurso, el juzgado que resolvió en primera instancia dictará una fecha para ejecutar el desahucio, que también afecta a una sede de Amica (Padre Coll), según ha informado Iván Martínez, portavoz de ACPT en el Consistorio.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha invertido hasta el momento cerca de cuatro millones de euros en dotar las instalaciones deportivas, por las que pasan miles de personas mensualmente y son uno de los principales recursos deportivos del municipio. La única vía que queda abierta para evitar el desmantelamiento es iniciar un proceso negociador con Sniace por el cual el Ayuntamiento pudiera seguir manteniendo el complejo a cambio de desarrollar el aprovechamiento comercial de los terrenos no productivos de la empresa, explica Martínez. Dicho aprovechamiento no supera el 20% de dichos terrenos, según se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente la pasada legislatura.

El primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha confirmado que hay una línea de diálogo abierta con Sniace, sin entrar en el fondo de las conversaciones, aunque el concejal de Obras se muestra seguro de que no se tenga que cumplir la sentencia de desalojo del complejo deportivo Óscar Freire. “La postura municipal es hablar con Sniace”, ha dicho. “Independientemente de esa sentencia, el Ayuntamiento no ha dejado de hablar con Sniace”, por lo que “ha habido contactos y los va a seguir habiendo (...). Esperamos que no lo haga (por la ejecución del desahucio) y esperamos que fruto de esta diálogo, fruto del buen entendimiento que en este momento hay con Sniace, los alumnos y las personas que practican deporte lo puedan seguir haciendo”.

ACPT es muy crítico con el equipo de gobierno municipal y en concreto con su actual alcalde, Javier López Estrada, a quien acusa de no haber desarrollado el mandato del pleno de la Corporación (febrero de 2018) para agilizar los trámites de expropiación cuando era concejal de Obras.

“El Ayuntamiento de Torrelavega interpuso este recurso para ganar el tiempo suficiente para poder acometer la expropiación en tiempo y forma”, asegura Martínez. “Pero el responsable político de esta operación, Javier López Estrada, entonces concejal de Obras y hoy alcalde de la ciudad, no ha mostrado ningún tipo de diligencia ni interés por llevar a cabo este acuerdo plenario de expropiación de febrero de 2018”.

ACPT considera que el alcalde de la ciudad es más partidario de desarrollar la vía negociadora con Sniace para el desarrollo de suelo de uso terciario que explorar la vía expropiatoria “como si de un consejero más de la misma se tratase, en vez de un portavoz de la voluntad del pleno del Ayuntamiento”, apostilló Martínez.

La ocupación por el Ayuntamiento de los terrenos del Óscar Freire deriva de los acuerdos alcanzados en 1999 por los que la empresa compensaba de este modo la deuda que mantenía. Concluido el convenio, la cesión entró en un limbo, que concluyó cuando Sniace pidió el desalojo. Dado el carácter de equipamiento público que tienen las instalaciones, el Ayuntamiento optó por la vía expropiatoria, como así lo mandató el plenario. Transcurrido el tiempo, esta vía ha quedado sin desarrollarse y se abre un proceso paralelo: por un lado el juzgado dictará fecha para el desalojo mientras a nivel político puede llegarse a un acuerdo con la empresa promotora del mismo.

La sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, de 19 de junio de 2019, aparte de desestimar íntegramente el recurso, impone las costas procesales al Ayuntamiento de Torrelavega. La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega que había declarado resuelto el contrato de arrendamiento entre Sniace y el Ayuntamiento de los terrenos correspondientes al polideportivo Óscar Freire y el edificio de escuelas de la plaza San Gil, por expiración del plazo contractual, y ordenó en consecuencia el desahucio de los mismos, informa ACPT.

“Está en estos momentos en grave peligro la continuidad de poder seguir utilizando el complejo Oscar Freire como una zona deportiva pública. Tenemos que tener en cuenta que este entorno es usado por más de un millar de niños y niñas semanalmente. Si el proceso de expropiación no se hubiese paralizado políticamente, en contra de lo manifestado por el Pleno, en estos momentos ya hubiese finalizado y estos terrenos serian de propiedad municipal”, ha concluido Iván Martínez.

El consejo de administración de Sniace propondrá a la junta general de accionistas una ampliación de capital de 32,6 millones de euros, con el fin de acometer las inversiones incluidas en su plan estratégico, según ha informado la compañía.

El objetivo principal de la operación es “impulsar el desarrollo de nuevos productos de mayor valor añadido, así como realizar inversiones en el proceso productivo de celulosa 'dissolving', que permitirá aumentar la capacidad de producción de la compañía al mismo tiempo que reduce los costes”.

Asimismo, Sniace pretende emplear este capital en el reforzamiento de su estructura financiera y dotarse de los recursos necesarios para afrontar a corto plazo el desarrollo urbanístico de la zona en la que se encuentran sus instalaciones en Torrelavega, tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento.

La operación, que se someterá a aprobación en la próxima junta general de accionistas del 27 de mayo, se realizará mediante aportaciones dinerarias y ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente.

Los accionistas de referencia de la compañía, Sabino García Vallina y Félix Revuelta Fernández, han manifestado “su compromiso con Sniace y su firme apuesta” por este nuevo aumento de capital, con la intención de suscribir, si fuera necesario, un importe mayor al que les correspondería respecto de su participación actual en el capital.

En la junta también se someterá a votación la ratificación o nombramiento de Francisco Javier Figaredo Alvargonzalez como consejero independiente, por el plazo estatutario de cuatro años y se fijará el número de consejeros dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos de la sociedad.

El secretario general del PSC-PSOE y candidato autonómico del partido, Pablo Zuloaga, ha asegurado que Torrelavega y la comarca del Besaya estarán presentes en la agenda del Ejecutivo central durante la próxima legislatura si Pedro Sánchez vuelve a ser nombrado presidente del Gobierno tras las elecciones generales.

Así lo ha dicho Zuloaga en declaraciones a la prensa previas a una visita a Sniace, que ha realizado acompañado por los candidatos socialistas por Cantabria al Congreso y al Senado, Luis Santos Clemente e Isabel Fernández, respectivamente; y por el secretario general del partido en Torrelavega, Bernardo Bustillo.

El candidato autonómico ha insistido en que el PSOE “ha demostrado siempre que sus Gobiernos tienen a Torrelavega y la comarca en su hoja de ruta” y ha recordado que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hizo “la primera parada” en la ciudad cuando visitó Cantabria, mientras que otros “nunca” venían.

Además, ha manifestado que los socialistas están demostrando su compromiso con la reindustrialización en Torrelavega, en este caso el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, a través del impulso de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que para Zuloaga es la “mejor” y “única” herramienta para “dar certidumbre” al desarrollo de una ciudad. “Eso es algo que hacen los alcaldes del partido socialista y que no hacen otros”, ha sentenciado.

En cuanto a Sniace, ha puesto en valor los “esfuerzos” del Partido Socialista, a través de la Consejería de Medio Ambiente, para que la empresa haya podido volver a la actividad a lo largo de esta legislatura y ha recordado que Cuando Cruz Viadero tomó posesión como alcalde, la empresa estaba cerrada “porque el PP y el Gobierno de Cantabria le había dado la espalda”, ha criticado.

Así, ha dicho que el encuentro de hoy con la dirección y el comité de empresa de Sniace servirá para conocer “de primera mano” sus necesidades y para trasladar el mensaje de Sánchez, que durante 10 meses “ha demostrado con hechos que se puede apoyar también a la industria madura”.

En esta línea, ha ensalzado que el Plan Reindus, “criticado por muchos en Cantabria”, ha supuesto que “más de 10 millones” de euros hayan llegado a la comunidad para financiar proyectos industriales. “Cuando el PP en sus Presupuestos Generales del Estado fijaba una casilla específica para el Besaya, no llegaba nada”, ha lamentado.

Reto de descarbonización

Así, ha hecho hincapié en que la industria juega un papel “verdaderamente alto” en la agenda del PSOE y ha señalado que las empresas tienen que afrontar el mismo reto que las instituciones, el proceso de descarbonización.

Zuloaga ha indicado que tienen que afrontar ese “reto” no como un problema, sino como una “oportunidad” para crear empleo y riqueza y para preservar el medio ambiente, y ha apostado por hacerlo “de la mano” la parte privada y la institucional.

Tal y como ha dicho, en Torreavega hay empresas que ya están haciendo esa transición, como Sniace, que ya no trabaja con carbón, y Solvay, que tiene un proyecto “muy importante” de descarbonización.

Formación Profesional en Cantabria

Antes de la visita a la fábrica, los candidatos han estado en el instituto El Zapatón, donde según Zuloaga, la Consejería de Educación -al mando del socialista Francisco Fernández Mañanes- ha hecho un “esfuerzo” invirtiendo cuatro millones de euros para desarrollar un proyecto “que haga desaparecer los barracones en los que el PP metió a los alumnos” del centro, una situación “terrible que se viene arrastrando desde hace siete años”.

El candidato a la Presidencia ha destacado la apuesta del partido por la Formación Profesional como una herramienta para los jóvenes que se quieres formar y quieren desarrollar su proyecto de vida en Cantabria, y ha asegurado que los profesores le han trasladado el “alto grado” de inserción laboral de los alumnos de FP en la región, en especial los del ciclo medio y superior de robótica de este centro, que tienen espacio en empresas de Torrelavega, la Comarca y Campoo.

El presidente ejecutivo y consejero delegado de Sniace, Blas Mezquita Sáez, ha dimitido del Consejo de Administración de la compañía química “por motivos personales”, acordándose por unanimidad designar a la expresidenta de CEOE-Cepyme en Cantabria Gema Díaz Real nueva presidenta del consejo.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejero con la categoría de 'Otros Externos' Antonio Temes Hernández también ha dimitido de su cargo en el consejo de administración por los mismos motivos.

Estas dimisiones se producen apenas tres semanas después de que la Audiencia Provincial de Cantabria imputase al consejo de administración de la empresa, incluido Blas Mezquita, por la posible comisión de un delito medioambiental por vertidos contaminantes al río Saja entre 2008 y 2010.

En un auto de la Sección Tercera de la Audiencia, fechado el pasado mes de diciembre y difundido a principios de enero, la sala estimaba los recursos de apelación interpuestos por el fiscal y Ecologistas en Acción contra una resolución judicial previa, de marzo de 2016, del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega, dictada en el marco de esta causa y que eximía de responsabilidad a los directivos de la papelera.

Con este auto, que no admitía recurso alguno, continúa el procedimiento iniciado en su día contra la dirección de Sniace, integrada además de por Blas Mezquita y los cántabros Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa, por los igualmente consejeros Julio García, Víctor Manuel Guzmán, Juan Hernández y Antonio Temes.

Así, el consejo de administración queda integrado ahora por Gema Díaz Real, presidenta y consejera independiente; José Mª Castellano Ríos, como consejero dominical; Sabino García Vallina, como consejero dominical; Miguel Gómez de Liaño Botella, en 'Otros Externos'; Ignacio Bayón Mariné, como consejero independiente; Alfonso Barón Bastarreche, como secretario no consejero; y Marta Gil de Biedma Rodríguez-Salmones, como vicesecretaria no consejera.

Auto de la Audiencia

En el auto difundido en enero, la sala también desestimó el recurso interpuesto por el director de Operaciones del Grupo, Francisco González Payno, con lo que se mantiene imputado -los magistrados creen que no tenía autonomía para obrar por sí solo al margen del Consejo de Administración- por el supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Y es que los vertidos al cauce del Saja se habían producido sin la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico) y los mismos presentaban elevados niveles de distintas sustancias contaminantes, entre ellas metales pesados, que contravenían la normativa protectora del medio ambiente, ya que resultan nocivos para el ecosistema fluvial y pueden acarrear riesgos en la salud de las personas.

En este sentido, los integrantes de la Sección Tercera de la AP destacaban los informes periciales de la CHC, del Instituto Nacional de Toxicología y los encargados por el Ministerio Fiscal.

La defensa del Consejo de Administración de Sniace se había basado en el desconocimiento de los hechos por parte de sus integrantes, que alegaban que “ninguno” se encargaba “específicamente” de cuestiones medioambientales en esos años, entre 2008 y 2010.

Esgrimían así que eran decisiones adoptadas por los “técnicos” ajenas a ellos, derivando de este modo cualquier responsabilidad en el director de operaciones.

Pero la sala considera que “existen indicios que apunta a la posible responsabilidad de los consejeros de Sniace y, desde luego, de su presidente”, Blas Mezquita, en la emisión de vertidos contaminantes al Saja, que ya se habían producido con anterioridad.

De hecho, en el mismo periodo en cuestión se tramitó un procedimiento penal contra Gómez de Liaño, exconsejero ejecutivo de Sniace, que fue condenado en abril de 2010 por delito medioambiental, por vertidos previos similares.

Además, en esas fechas la CHN había impuesto a Sniace una sanción por falta “muy grave” -con multa de 600.000 euros e indemnización de 500.000-.

Pese a todo, los mismos continuaron “sin que el Consejo de Administración de Sniace hiciera nada al respecto” y sin que los mismos estuvieran amparados por la Autorización Ambiental Integrada.

Esta norma establecía que las aguas procedentes del proceso industrial debían verterse a la Ría de San Martín a través de un colector de industriales que “no estaba en funcionamiento” en el momento de los hechos, sino que la conexión se produjo en abril de 2010.

Para finalizar, los magistrados de la Audiencia cántabra apuntaban que si se tiene en cuenta que los recursos en la vía contencioso-administrativa los interpuso Sniace, “mal podían los integrantes de su Consejo de Administración ignorar lo que estaban recurriendo”.

Tras este auto de la Audiencia Provincial, el siguiente paso es la apertura de juicio oral contra todos los imputados.