Este lunes abrió sus puertas en el Polígono Industrial de Ajimar, en Jinámar (Telde), Suko Canarias, el mayor centro mayorista de alimentación asiática de Gran Canaria. El nuevo establecimiento nace con el objetivo de abastecer tanto al cliente particular como al canal profesional de la hostelería, la restauración y la distribución, reforzando la oferta comercial de la isla y consolidando a Telde como uno de los principales polos empresariales y logísticos de Canarias.

La inauguración reunió a representantes institucionales, empresarios, proveedores y clientes llegados de distintos puntos del archipiélago e incluso de la Península, en un acto marcado por un ambiente festivo y actuaciones de música y bailes tradicionales de la comunidad asiática. Al evento asistieron el responsable de Suko Canarias, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, entre otras autoridades y representantes del tejido empresarial.

Más que un cash & carry, Suko Canarias apuesta por un modelo de negocio que combina la venta directa al público con el suministro a restaurantes, establecimientos de hostelería y grandes superficies. Su catálogo reúne miles de referencias de alimentación asiática importadas de distintos países, junto a una selección de productos canarios, integrando la producción local en su oferta. La amplia variedad de productos y su política de precios competitivos hicieron que las primeras compras se sucedieran desde el mismo momento de la apertura.

Mayor oferta laboral en Telde

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en el empleo. Más del 80% de la plantilla está formada por trabajadores canarios, un dato que refleja la apuesta de la empresa por generar oportunidades laborales en las islas y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Durante su intervención, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó la importancia que supone la implantación de una empresa de estas características para la ciudad. “La apertura de Suko Canarias demuestra que Telde sigue siendo un municipio atractivo para la inversión. Nuestra ubicación estratégica, junto a la capital grancanaria y con excelentes conexiones logísticas, convierte a la ciudad en un enclave privilegiado para el desarrollo empresarial”.

El regidor subrayó además que iniciativas como esta contribuyen a fortalecer el tejido económico local. “Cada nueva empresa que decide instalarse en Telde significa más empleo, más actividad económica y nuevas oportunidades para nuestros vecinos. Seguimos creciendo como ciudad y consolidándonos como uno de los principales motores económicos de Gran Canaria”.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, puso en valor el impacto que supone esta nueva implantación para el municipio. “La llegada de Suko Canarias es una excelente noticia para Telde porque genera empleo, diversifica nuestra oferta comercial y confirma que seguimos siendo un destino atractivo para quienes quieren invertir y desarrollar nuevos proyectos empresariales. Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para facilitar la implantación de iniciativas que impulsen la economía local y creen oportunidades para nuestros vecinos”.

Telde como punto estratégico comercial

Con esta nueva implantación, el Polígono Industrial de Ajimar suma un nuevo operador de relevancia, reforzando el papel de Telde como punto estratégico para la distribución y la actividad comercial en la isla. La llegada de Suko Canarias se enmarca en el constante crecimiento empresarial que vive el municipio durante los últimos años, con la incorporación de nuevas inversiones que generan empleo y dinamizan la economía local.

Además de su orientación al sector profesional, Suko Canarias abre sus puertas al público en general con una amplia oferta de productos de alimentación asiática e internacional a precios competitivos. En sus instalaciones es posible encontrar desde productos básicos y frescos hasta congelados, bebidas, salsas, especias, dulces y artículos especializados, junto a una selección de productos canarios, convirtiéndose en una nueva opción de compra para quienes buscan variedad, calidad y buenos precios en Telde.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el atraco a una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), cometido el pasado 2 de junio. La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, ha permitido identificar a los seis supuestos participantes en el asalto.

Además de los cuatro arrestados, la Policía Nacional atribuye la autoría de los hechos a otros dos hombres que actualmente permanecen en prisión por su presunta participación en otros robos de características similares cometidos con posterioridad. La investigación sigue abierta y los agentes mantienen las gestiones para localizar y detener a otro de los implicados cuya identificación ya ha sido plenamente confirmada.

Los detenidos consiguieron apoderarse de joyas valoradas en 120.000 euros

En lo que se refiere al atraco de la joyería del Centro Comercial Las Terrazas, según la investigación, un grupo de seis hombres accedió al establecimiento y, empleando violencia e intimidación, consiguieron apoderarse de numerosas joyas, valoradas en más de 120.000 euros, antes de abandonar el lugar.

Los agentes, en una investigación que reconocen “compleja”, han conseguido reconstruir el desarrollo del atraco mediante un “exhaustivo” análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia de distintos establecimientos, las inspecciones oculares practicadas en el lugar de los hechos y las declaraciones recabadas.

De esta forma, las pesquisas han permitido identificar no solo a los presuntos autores materiales del asalto, sino también a otras personas que habrían participado en la fase de planificación y preparación del robo, dando como resultado finalmente la detención de cuatro hombres.

Sobre los arrestados, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que los otros detenidos, cuya participación estaría vinculada a la fase preparatoria del robo, han quedado en libertad con la imposición de las correspondientes medidas cautelares.

De todas formas, señalan que la investigación continúa abierta y los agentes siguen realizando gestiones encaminadas a localizar y detener a otro de los presuntos implicados, cuya identificación ya ha sido plenamente establecida.

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Ciuca-PP-Coalición Canaria y Más por Telde) ha congelado indefinidamente la pretendida reincorporación de José Luis Mena a su puesto en el departamento de Urbanismo después de haber cumplido varias condenas por corrupción por delitos cometidos durante el cuatrienio negro de corrupción que tuvo su punto álgido con el caso Faycán. Mena presentó un escrito en las oficinas municipales anunciando su intención de presentarse en su puesto de trabajo el día 1 de julio, el pasado miércoles, pero de momento no lo ha podido hacer porque el grupo de gobierno no ha movido ficha.

Esto no quiere decir que se haya opuesto formalmente a esa conflictiva reincorporación sino sencillamente que ningún órgano oficial se ha pronunciado hasta el momento. “Se presentó la solicitud, pero no hay resolución”, dijo este jueves a Canarias Ahora el alcalde, Juan Antonio Peña.

Algunos responsables políticos de la Corporación, incluido su alcalde, se han pronunciado informalmente en algunas emisoras locales de la ciudad en el sentido de que esa reincorporación va a ser imposible por la existencia de un decreto oficial de 2015 que daba por sentada la pérdida de la condición de funcionario público de José Luis Mena por una de sus condenas. Ese decreto no fue recurrido, lo que significa que su contenido es inamovible.

Otras fuentes aseguran que la congelación de la reincorporación de Mena es debida a “la escandalera” que él mismo montó por haber tratado de preparar el terreno reuniéndose con líderes de la oposición y varios directores de medios en una estrategia diseñada para evitar precisamente una contestación que ahora ha sido inevitable y ha operado en su contra.

José Luis Mena Santana fue condenado a tres años y medio de cárcel por el caso Alisios y a cinco años y cuatro meses por el caso Grupo Europa. Entonces era el jefe de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, puesto que alcanzó después de haber entrado en la institución como policía local, estudiar Derecho y superar las correspondientes oposiciones.

Fue con motivo de la primera de esas sentencias, de 2014, cuando el concejal de Gobierno del Ayuntamiento firmó un decreto en el que se resolvía que Mena perdía su condición de funcionario a partir de esa condena por falsedad en documento oficial.

Todos los delitos por los que fue condenado y aquellos por los que fue juzgado pero absuelto (el caso Faycán, juzgado por el juez corrupto Salvador Alba) fueron cometidos durante el cuatrienio negro (2003-2007) de un gobierno municipal con dos de los actuales partidos en el poder: Ciuca y el Partido Popular.

Mena, que desde que recuperó la libertad regenta un despacho jurídico especializado en asuntos urbanísticos, pretendía reincorporarse ahora a su puesto en la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, donde trabajan dos de sus hermanas. El momento no es casual: está a punto de revisarse el Plan General de la ciudad y el expresidiario quiere estar en las calderas.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los Juzgados de Telde (Gran Canaria) su investigación sobre los vertidos en la costa del municipio. Estas diligencias de investigación se incoaron por el Ministerio Püblico en octubre de 2025, tras la mortandad de peces detectada por la empresa titular de la concesión de acuicultura Aquanaria S.L. y que provocó el cierre de 17 playas en el sureste de la isla.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha informado de que estas diligencias revelaron ''numerosas irregularidades'' en la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Silva, por lo que el 25 de mayo de 2026 se acordó la toma de muestras de la misma y su remisión al Instituto de Ciencias Forenses con el fin de que se realizara una pericial analítica de impacto ambiental. Así, se podría determinar si los vertidos de las mismas al mar a través del emisario 222 pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por el momento, esta pericial aún está en fase de elaboración. Cuando esté disponible, aclara la Fiscalía, se remitirán al Juzgado de Instancia de Telde (sección Instrucción), proponiendo la práctica de las diligencias que se estimen oportunas a los efectos de concretar la existencia o no de hechos con relevancia penal.

El Ministerio Fiscal explica también que Aquanaria S.L., como posible perjudicada por estos hechos, ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Telde que ha dado lugar a la apertura de unas diligencias penales.

El Ayuntamiento de Telde no tendrá que pagarle a Repsol la indemnización que la petrolera reclamaba por la clausura de una gasolinera en el barrio de Las Remudas en 2015. El consistorio emitió este martes un eufórico comunicado por haberse ahorrado 2.483.833 euros tras una sentencia del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que además condena a Repsol al pago de las costas procesales con un límite de 3.500 euros.

La sentencia es de primera instancia, lo que significa que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, extremo que no recoge el comunicado del Ayuntamiento de Telde, que sí explica que el fallo, firmado por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, no entra en el fondo del asunto, es decir, en los motivos por los que Repsol recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que se rechazan las pretensiones de la petrolera por haber presentado su recurso fuera de plazo.

Lo explica el comunicado emitido este martes por el consistorio teldense: “La magistrada concluye que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal de un año previsto para este tipo de acciones. La resolución considera que el acto que originó el eventual daño fue el decreto municipal de 4 de julio de 2014, que ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el posterior precinto ejecutado en marzo de 2015. En consecuencia, entiende que cuando Repsol formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial, el derecho ya había prescrito, por lo que confirma la legalidad de la actuación municipal y desestima íntegramente la demanda”.

Esa explicación no ha sido obstáculo para que el grupo de gobierno haya mostrado una indisimulada satisfacción por la resolución judicial, haya felicitado a la Concejalía de Asesoría Jurídica y a los Servicios Jurídicos municipales “por el trabajo desarrollado durante todo el procedimiento” y el alcalde de la ciudad se haya manifestado proclamando que “la resolución refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y acredita que el Ayuntamiento actúa conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra obligación es defender siempre el interés general y proteger los recursos públicos, y este fallo confirma que esa defensa se ha realizado con rigor y responsabilidad”, ha transmitido a través de un comunicado. 

El Ayuntamiento ha recordado este martes que “la sentencia pone fin, en primera instancia, a un procedimiento ordinario iniciado en 2024 en el que Repsol pretendía que el Ayuntamiento asumiera el coste económico derivado del cierre de una estación de servicio cuya licencia de obras y de actividad había sido anulada años antes por los tribunales al apreciarse defectos en su tramitación administrativa. Tras aquella anulación, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad, y, ante el incumplimiento de esa orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones”. 

La petrolera reclamaba ante la justicia que se declararan nulos los decretos municipales que rechazaron su reclamación de responsabilidad patrimonial y que el Ayuntamiento fuera condenado a una indemnizarla con 2,48 millones de euros, más los intereses y la actualización correspondiente, por los perjuicios que, a su entender, le ocasionó el cierre de la gasolinera y de sus instalaciones complementarias tras la anulación judicial de las licencias urbanísticas y de actividad.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Telde, desarrollaron durante la madrugada del pasado 21 de junio un operativo conjunto que culminó con la intervención de una importante cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en una finca ubicada en la zona de Montaña Las Huesas, donde se estaba celebrando una fiesta multitudinaria que, presuntamente, carecía de las autorizaciones administrativas preceptivas.

La actuación policial tuvo su origen en diversas denuncias vecinales relacionadas con la celebración reiterada de fiestas y eventos musicales en dicho emplazamiento, así como por la posible presencia de menores de edad y el consumo de alcohol y drogas durante una fiesta anunciada bajo el nombre de “Platatonic”. Como parte del dispositivo, la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde realizó labores previas de vigilancia aérea que permitieron constatar la elevada afluencia de asistentes, así como la existencia de una infraestructura organizada para el desarrollo del evento, con control de acceso, venta anticipada de entradas y distintos servicios habilitados en el interior de la finca.

Durante la inspección del recinto, en el que se encontraban aproximadamente 200 personas, los agentes localizaron ocultas en diferentes puntos numerosas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Entre los efectos intervenidos se encontraban dosis de presunto tussi, cocaína, hachís, polen de cannabis, marihuana, popper, metanfetamina y diversos comprimidos pendientes de análisis, compatibles con sustancias como éxtasis o anfetaminas.

Asimismo, los responsables de la organización fueron requeridos para aportar la documentación acreditativa de la legalidad del evento, sin que pudieran presentar autorización administrativa, licencias de actividad, pólizas de seguro, planes de seguridad ni el resto de requisitos exigibles para la celebración de este tipo de actividades, según consta en las diligencias policiales.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes ordenaron el cese inmediato de la actividad y procedieron a la suspensión del evento, iniciándose las correspondientes diligencias judiciales y administrativas para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

La investigación continúa abierta y las sustancias intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad competente para su análisis pericial y la tramitación de las actuaciones correspondientes.

A unos pocos metros de la terraza de la calle Domingo J. Navarro en la que hace unos días me tomé un café con José Luis Mena, se encontraba casualmente Guillermo Reyes, el polémico concejal de Urbanismo de los años más oscuros del Ayuntamiento de Telde, cuando estallaron escándalos como el caso Faycan (2003-2007) y gobernaban de la mano Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y el Partido Popular. Fue un mandato tenebroso, con el alcalde y casi todos sus concejales detenidos en una secuencia interminable de sucesos de los que los teldenses parecen haberse olvidado ya porque, 20 años después, ahora mismo, están los mismos partidos al frente de la Corporación. Y, por lo que parece, con muchas ganas de repetir determinadas hazañas.

Porque para lo que me quería ver José Luis Mena era para contarme que tiene la intención de reincorporarse a ese Ayuntamiento de Telde a partir del 1 de julio, una vez cumplidas sus penas de prisión y, teóricamente, rehabilitado y listo para su reinserción social. Le pregunté por los motivos de pretender volver al lugar del crimen, con los escabrosos recuerdos que debería guardar de aquellos años en aquellas oficinas municipales; con un próspero despacho de derecho urbanístico en pleno funcionamiento y con cientos de ojos posados en su cogote a ver qué es lo que piensa hacer allí.

Me dijo que, a sus 62 años, tiene derecho a jubilarse en una plaza de trabajador público, más que nada por la paga de jubilación, pero también insinuó que acude a una llamada de las fuerzas vivas de Telde, empezando por el grupo de gobierno y siguiendo por la oposición, que reclaman la presencia de alguien como él que desbloquee una gran cantidad de asuntos administrativos que no avanzan por la demostrada carencia que tiene ese Ayuntamiento -al igual que muchos otros- de personal legalmente cualificado para gestionar complejos expedientes.

Mena se sorprendió de que a pocos metros de donde hablábamos se encontrara Guillermo Reyes, a quien en cierta medida culpó de muchas de las cosas que a él le ocurrieron y que a aquel poderoso dirigente de Ciuca apenas le rozaron. Debió ser una casualidad.

La larga sombra de Guillermo Reyes

Estábamos muy cerca del Gobierno Militar de Las Palmas, donde ocurrió uno de los episodios más pintorescos de la historia política insular que fue la antesala de la operación Faycan. El fallecido Fernando Ortiz Wiott, quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contó a alguien ante ese significado edificio cómo sufrió un intento de chantaje de los prebostes urbanísticos teldenses cuando ejercía de abogado y representaba los intereses de su familia, incluidos los inmobiliarios. Y se lo contó a alguien lo suficientemente relacionado como para que se activaran los servicios españoles de inteligencia, que acabaron pidiendo al Ejército las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día.

No hizo falta la aplicación de métodos muy sofisticados para conocer lo que denunciaba quejosamente Ortiz Wiott: le habían pedido 120.000 euros por una licencia urbanística para construir unos dúplex, y tal cantidad debía satisfacerse en el despacho de una persona dedicada al mundo sindical. El asunto, que estuvo en manos de la Policía, nunca llegó a judicializarse porque la familia prefirió someterse a los designios del urbanismo teldense, ese al que ahora José Luis Mena quiere regresar.

Tendrá que ser mediante una contratación peculiar que el Ayuntamiento no quiere dar a conocer, a pesar de haberle requerido información mediante correo electrónico el pasado día 8 mediante un cuestionario. Porque funcionario no puede volver a ser, según un decreto municipal emitido el 3 de agosto de 2015 en el que se dice claramente que José Luis Mena Santana perdió su condición de funcionario a partir de una condena (tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo espacio de tiempo) por falsedad documental de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2014.

Fue su primera condena, la del caso Alisios, cuando falsificó un informe técnico poniéndole una fecha anterior a su realización para incorporarlo al expediente correspondiente y poder autorizar una promoción en el barrio costero de La Garita.

Luego vino el caso Grupo Europa, donde fue condenado a cinco años y cuatro meses por recibir sobornos y falsificar documentos para facilitar a la empresa así llamada la construcción de viviendas donde no se podía.

Y, para que no faltara de nada en este historial judicial de Mena, también se sentó en el banquillo de los acusados en el macrojuicio por la pieza principal del caso Faycan, que estuvo presidido por el juez Salvador Alba, cuando ya estaba siendo investigado por una batería de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que resultó condenado a seis años y medio de prisión. Alba no pudo terminar el juicio, como era de esperar, pero emitió un voto particular que en esencia fue respetado por sus compañeros de sala excepto en lo que se refería a la responsabilidad civil del partido Popular, que finalmente se confirmó con la correspondiente condena.

En este caso, Mena fue absuelto, como todos los acusados que no se conformaron con unas condenas a propuesta de la Fiscalía.

Un clamor

Asegura Mena que su regreso es un clamor, una petición a la que se ha sumado incluso la oposición. Y me dio un nombre, el del exalcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano, de Nueva Canarias. Con él hablé a continuación para que me confirmara tal extremo. Y me lo negó.

Pero sí es cierto que este exfuncionario se ha reunido con muchísimas personas para tratar de allanar el camino a su reincorporación al Ayuntamiento de Telde. Y Paco Santiago fue una de esas personas. Según su versión, lo recibió en un sitio público, una asociación de vecinos, y fue una conversación amable, como corresponde a dos personas que se conocen desde hace muchos años y al talante conciliador que siempre ha caracterizado al exalcalde. Le animó a que hiciera lo que considerara conveniente, que ejerciera su derecho a la reinserción, pero en ningún caso le pidió que volviera a Urbanismo.

Sí reconoce Paco Santiago que el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión administrativa es actualmente un desastre, que sufre una grave paralización.

Y es a eso a lo que se aferra Mena para explicar que el grupo de gobierno acepte su vuelta a la oficina de Urbanismo, justo ahora que se avecina una revisión del planeamiento municipal, con todas las circunstancias que suelen acompañar ese procedimiento administrativo.

Preguntado si cerrará su despacho de gestiones urbanísticas si se produjera su reincorporación, Mena fue tajante: lo mantendrá abierto pero renunciará a cualquier cliente que le pida que le represente en asuntos de la ciudad de Telde.

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas un menor de 17 años grave, al colisionar dos vehículos en Telde. El accidente ocurrió en el Camino a Tara sobre las 17.24 y hasta el lugar se trasladaron bomberos y dos ambulancias, una medicalizada además de efectivos de la Policía Local.

El menor de 17 años, en el momento inicial de la asistencia presenta lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia de medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El 112 también informa de que entre los heridos hay un hombre que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el accidente había otro menor de 16 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Icot Ciudad de Telde.

También una mujer que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Icot Ciudad de Telde. Y un menor de diez años que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Centro Médico Arnao.

Efectivos de bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el personal sanitario para la extracción de uno de los afectados del interior del habitáculo.

El personal del SUC valoró y asistió a un total de cinco personas heridas, que presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a los centros sanitarios mencionados

La Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

La Policía Local de Telde (Gran Canaria) ha identificado a una hombre de 40 años y a una mujer de 27 a los que les achaca un presunto delito de abandono y maltrato animal al lanzar por la ventana de un coche una bolsa con seis cachorros para deshacerse de ellos.

Así lo ha informado el cuerpo policial este jueves, que también ha añadido que la investigación comenzó después de que un vecino localizara el pasado 14 de abril a los animales en el barrio de Ojos de Garza.

El hombre paseaba a su perro cuando escuchó llantos procedentes del arcén de la vía y al acercarse encontró una bolsa de plástico negra abandonada con seis cachorros de apenas unos días de vida envueltos en dos mantas. Tras rescatarlos, dio aviso a las autoridades.

Los agentes realizaron las pesquisas necesarias y comprobaron que un vehículo se había detenido momentáneamente en la zona y había arrojado la bolsa desde la ventanilla del conductor.

El coche fue identificado como un Renault Megane gris, cuyo titular declaró haberlo cedido a otra persona. A partir de ahí, la Policía Local de Telde logró identificar a una pareja del municipio de Ingenio como presuntos responsables.

Ambos fueron citados en dependencias policiales, donde negaron inicialmente los hechos asegurando que habían encontrado a los animales y que intentaron entregarlos en un centro de protección animal.

Sin embargo, las gestiones realizadas desmintieron esta versión, ya que el personal del centro negó que dichas personas acudieran con los perros. Además, los indicios apuntan a una posible vinculación previa de los investigados con los animales.

De igual modo, junto a los cachorros también se encontró posteriormente a su madre y otros dos perros más, todos ellos abandonados.

Los perros fueron trasladados al albergue municipal, donde recibieron atención veterinaria. A pesar de la rápida intervención, dos de ellos fallecieron esa misma noche y otro de ellos a los pocos días, debido al estado de debilidad en el que se encontraban.

Según el atestado policial, los animales fueron abandonados en una bolsa cerrada, sin ventilación, lo que supuso un grave riesgo para su vida, agravado por las condiciones ambientales y su extrema vulnerabilidad por la corta edad. De no haber sido rescatados por el ciudadano, las posibilidades de supervivencia habrían sido prácticamente nulas para todas las crías.

Con todo, la Policía Local concluye que existen indicios suficientes de un presunto delito de abandono y maltrato animal, tipificado en los artículos 340 bis y 340 ter del Código Penal.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Telde, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes. Los presuntos autores ya han pasado a disposición judicial, si bien actualmente no existe todavía una sentencia firme sobre los hechos investigados.

El Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha decidido cerrar durante cuatro partidos el campo del Teldecosta por el acoso que sufrieron tres árbitras durante un partido de segunda regional, así como suspender un mes a los ocho jugadores implicados.

En un comunicado, la Federación de Las Palmas precisa que se trata de una resolución “provisional”, mientras se completa el expediente, pero subraya que el Comité ha entendido que los hechos fueron “lo suficientemente graves” como para imponer ya medidas disciplinarias.

Los hechos ocurrieron el viernes 21 de febrero en el campo de la localidad de El Goro (Gran Canaria), en un partido entre el Teldecosta y el Arena Fulbotec correspondiente a la segunda división regional, en el que las tres árbitras acabaron encerrándose en el vestuario ante los insultos y amenazas que sufrieron por parte de varios jugadores del equipo local, según reflejaron en el acta.

El encuentro fue suspendido en el minuto 77 con 0-2 a favor del conjunto visitante, cuando un jugador del Teldecosta fue expulsado y un compañero suyo golpeó con la mano en el pecho a un rival.

Sin embargo, “dicha expulsión no pudo ser mostrada debido a que, en ese momento, en el lado opuesto de la acción, comienzan a encararse varios futbolistas de ambos equipos”, recoge el acta.

“Al ver que peligraba nuestra integridad, decidimos retirarnos rápidamente del terreno de juego, dando por suspendido temporalmente el encuentro hasta que las condiciones fueran favorables para poder reanudar el partido”, añadieron las colegiadas.

Las árbitras explicaron en el acta que varios jugadores locales intentaron entrar a sus dependencias con gritos y amenazas y que, al no tener llaves para cerrar por dentro el vestuario, tuvieron que poner un palo en la puerta hasta la llegada de la Policía Nacional.

El entrenador del equipo rival, Basilio Medina, del Arena Futboltec, que salió en su defensa, ha relatado a Efe que las árbitras pasaron tanto miedo por el episodio que habían vivido, que incluso cuando llegaron los agentes recelaban de desbloquear la puerta del vestuario donde se habían refugiado.

El Comité de Competición suspende provisionalmente durante un mes a los ocho jugadores identificados en el acta como autores de esos hechos violentos e intimidatorios contra las colegiadas, en una decisión contra la que el Teldecosta aún puede apelar.

En su comunicado, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas reitera su “compromiso con el juego limpio y el respeto en el ámbito deportivo”.

Las árbitras acosadas el pasado fin de semana durante un partido de Segunda regional en Gran Canaria estaban tan impactadas por el episodio que habían vivido y tenían “tanto miedo”, que incluso desconfiaban de abrir la puerta del vestuario donde se habían refugiado cuando llegó la Policía.

En el incidente, medió para proteger a las colegiadas e intentar calmar los ánimos de los jugadores del Teldecosta el entrenador del equipo visitante, el CD Arena Futboltec, Basilio Medina, que este martes ha relatado a Efe cómo ocurrió todo.

El partido, del grupo 2 de la Segunda Regional masculina de Gran Canaria, se jugaba el viernes pasado en el campo de fútbol de El Goro, en el municipio de Telde. En el minuto 77, con 0-2 a favor del equipo de Medina, la colegiada principal decidió parar el juego tras propinar un jugador del Teldecosta una patada en plancha en el pecho a un rival, detalla el entrenador visitante.

“La colegiada intenta sacar tarjeta roja, pero justo se vira a su derecha y observa que hay una trifulca a su lado entre jugadores del Teldecosta y el Arena Futboltec, que es donde comienza todo”, recuerda Basilio Medina.

En vista de la situación, las árbitras toman la decisión de marcharse a vestuarios durante cinco minutos y, tras salir de nuevo al campo, “ven que la trifulca sigue su curso”, por lo que deciden suspender el partido y encerrarse en los vestuarios.

Medina narra que, acto seguido, varios jugadores del Teldecosta “intentan forcejear con la puerta” y tratan de abrirla a golpes, al tiempo que gritan insultos como “zorra” o “puta”: “No es nada que nos estemos inventando, está reflejado en el acta”, remarca este testigo.

Con sus jugadores ya en vestuarios y al “sentir golpes e insultos que iban a mayores”, Basilio Medina y el encargado de material de su equipo, José Manuel Herrera, decidieron acercarse a la puerta del vestuario de las colegiadas para ponerse “a su disposición”.

“El momento fue muy intenso. Por miedo pensaban que éramos del otro equipo hasta que le reitere que éramos el cuerpo técnico del Arena Futboltec y que habíamos llamado a la Policía. Aun así, ellas ya tenían un palo detrás de la puerta y habían conseguido bloquear el acceso. Nuestra única intención era que no les hicieran daño”, resume Medina.

El técnico del CD Arena Futboltec afirma que no escuchó amenazas ni pensó en recibir alguna agresión hacia su persona tras acudir en rescate de las árbitras, porque estaban “enfocados en intentar protegerlas”, aunque agradece que finalmente “no ocurriera nada”.

Comenta que las colegiadas “tenían tanto miedo” que desconfiaron incluso a la llegada de la Policía, a los diez minutos del comienzo del incidente. De hecho, tuvieron que identificarse para que la puerta del vestuario se abriera.

Basilio Medina relata que a la llegada de la Policía Nacional al campo de fútbol no quedaba ningún futbolista del Teldecosta en el terreno de juego ni sus alrededores. “El acta refleja todo y aquí nadie se ha inventado nada”, enfatiza.

“Es una pena estar hablando de un intento de agresión a tres colegiadas. Parece que está a la orden del día y que lo asumimos con normalidad, pero no puede ser porque llegará algún día que todo vaya a mayores. No podemos estar semana tras semana pensando que cada vez que vayamos a jugar van a ocurrir asuntos así”, lamenta el técnico.

Medina espera que las colegiadas “estén bien”, tengan la motivación necesaria para dirigir su próximo partido y “no piensen en dejar el fútbol”, a la vez que critica que el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas “no pusiera ningún informador en la grada”. 

Las tres árbitras del partido de fútbol regional de Gran Canaria entre el CD Teldecosta y el CD Arena Futboltec tuvieron que encerrarse en su vestuario antes de terminar el choque, amenazadas por varios jugadores locales, según relata este lunes el diario Marca.

El encuentro, del grupo 2 de la Segunda Regional masculina, fue suspendido en el minuto 77 con 0-2 a favor del conjunto visitante después de que las tres colegiadas sufriesen un acto de violencia extrema.

Las árbitras explicaron en el acta que varios jugadores locales intentaron entrar a sus dependencias con gritos y amenazas, y al no tener llaves para cerrar por dentro el vestuario, tuvieron que poner un palo en la puerta hasta la llegada de la Policía Nacional.

Todo se desencadenó en el minuto 77, cuando un jugador local fue expulsado y un compañero suyo golpeó con su mano el pecho de un rival. Sin embargo, “dicha expulsión no pudo ser mostrada debido a que en ese momento, en el lado opuesto de la acción, comienzan a encararse varios futbolistas de ambos equipos”, recoge el acta.

“Al ver que peligraba nuestra integridad, decidimos retirarnos rápidamente del terreno de juego, dando por suspendido temporalmente el encuentro hasta que las condiciones fueran favorables para poder reanudar el partido”, añadieron las colegiadas.

A los cinco minutos, el trío arbitral volvió al campo, pero comprobó que la situación había empeorado, con unas veinte personas sobre el terreno de juego, además de ver cómo se iniciaba una trifulca entre jugadores de ambos equipos e incluso aficionados.

Las colegiadas lograron identificar a varios de los agresores por sus dorsales, reflejándolo en el acta, y llamaron a la Policía Nacional, que se presentó a los diez minutos.

Además, contaron con la ayuda del entrenador y el utillero del equipo visitante, quienes las protegieron hasta que llegó la Policía, pero en ese momento ya no quedaba ningún jugador del equipo local, ni tampoco los aficionados que habían participado en la trifulca.

Nueva Canarias - Bloque Canarista ha querido aclarar este martes que la crítica al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, de Ciuca, sobre el pago de 100.000 euros al primer líder del partido, Guillermo Reyes, sin llevar esta cuestión al pleno municipial, no se dirige a cuestionar una decisión jurídica, sino a señalar una estrategia política que consideran “inmoral y fruto de lo peor de la política”.

Según explicó la formación, ese gasto era reclamado por el propio Reyes en concepto de pago por su defensa ante los tribunales desde 2017, cuando el pago de estos gastos procesales fueron desestimados, con informes negativos, en varias ocasiones por la asesoría jurídica municipal. “La situación ha tomado un giro inesperado ahora que Ciuca se encuentra al frente del gobierno municipal”, afirman, que tras la presentación de un recurso contencioso administrativo sobre este asunto, el secretario del Ayuntamiento concluyó que se deberían incluir en un expediente plenario de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

Ahora, Nueva Canarias pide al regidor de la segunda ciudad de Gran Canaria que “en vez de escudarse en una resolución judicial, tendría que responder a la ciudadanía sobre varias cuestiones, entre ellas ¿Por qué no se llevaron las facturas a reconocimiento extrajudicial de crédito al pleno?, ”tal como indicaban los informes jurídicos, o ¿porqué se opto por un procedimiento diferente al que se aplicó con las facturas de los otros ediles incluidos en el mismo expediente? La formación también se pregunta el por qué, teniendo los informes listos para las facturas del presidente de Ciuca, estos fueron anulados sin razón técnica –jurídica y excluidos del orden del día del pleno.

Además, Nueva Canarias no entiende “por qué no informó a la ciudadanía de la resolución jurídica después de asumirla en la junta de gobierno de 24 de octubre”, y cuestiona si “es moral que la designación de la defensa de los intereses municipales y de la estrategia judicial de la misma la dirija un concejal de Ciuca en un procedimiento que tiene como contraparte al presidente de su partido”.

Por último, NC-BC lanza una pregunta a la defensa de Reyes y consejero del Cabildo de Gran Canaria y militante de Ciuca, si pedirá el pago de las costas judiciales.

Para el grupo político es “evidente” que la estrategia “opaca” de Ciuca, bajo la dirección de Guillermo Reyes, y con el “beneplácito” del alcalde Juan Antonio Peña, se centra en buscar una vía paralela que garantice el cobro de los casi 100.000€ que reclamaba y “despistar con insultos y descalificaciones”.

Sin embargo, Nueva Canarias subraya que esta táctica ha llevado a la prolongación “innecesaria” del contencioso administrativo y a decisiones que “no benefician a los intereses municipales sino a sus intereses particulares”. “De haberse llevado las facturas al pleno se hubiese paralizado el contencioso y el ayuntamiento se hubiera ahorrado gastos jurídicos”, sentencian.

Por tanto, insisten en que “lo sucedido marca una diferencia clara entre los/as que vienen a la institución a servir y los/as que vienen a servirse y lamentamos que la ciudad de Telde siga sufriendo las consecuencias de lo peor de la política: la judicialización de la vida pública, el amedrentamiento del adversario político, la política del miedo. Estas son las señas de identidad de Ciuca, de la que no se conoce ninguna aportación real al avance y bienestar de la ciudad y sus habitantes”, critican.

“La ciudadanía de Telde se merece un gobierno que actúe con transparencia y responsabilidad, no uno que utilice maniobras engañosas para proteger intereses personales y partidistas”, concluyen.

La hasta ahora presidenta del PP de Telde, Sonia Cáceres, ha dimitido de su cargo este lunes aludiendo a discrepancias con su partido. “Mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del Partido Popular”, ha resumido en una carta que ya ha entregado a los dirigentes del partido.

Sonia Cáceres ha confirmado a este periódico la dimisión, aunque ha añadido que no hará declaraciones al respecto. Se remite a la misiva que ha entregado en su partido.

La noticia fue adelantada por Telde Actualidad, que recoge que Cáceres incluye en su carta que prefiere “dimitir, antes de perjudicar a mi partido y a sus simpatizantes y afiliados, puesto que siempre he querido un Partido Popular fuerte y unido” y en la que asegura que asumió “la enorme responsabilidad” de presidir el PP durante la IX Asamblea Local que tuvo lugar en octubre de 2021, con la idea de trabajar por y para el municipio.

“Esta decisión ha sido tomada desde la calma y la reflexión, pero no por ello ha sido menos dolorosa, ya que he tenido muy presente todo el apoyo y cariño de los simpatizantes y militantes del Partido Popular de Telde, apoyo y cariño que me han transmitido durante toda mi presidencia”, añade en dicha carta recogida por este medio.

La pasada semana, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos y vicealcalde de Telde disparó sin querer contra el Gobierno de Canarias, del que su partido forma parte, al acusar de “oscurantista, mentiroso, inmovilista e imprevisor” al Gobierno de España por la utilización temporal de una nave industrial para alojar provisionalmente a personas migrantes llegadas a las Islas en las últimas semanas.

Ramos registró un duro escrito en el Senado acusando al Gobierno que no era, porque las viejas instalaciones de Vanyera, en la zona industrial de Salinetas, en Telde, han sido alquiladas y habilitadas para el alojamiento de menores inmigrantes por el Gobierno de Canarias.

La enésima crisis en el pacto de Telde

El PP forma parte del pacto de Telde que arrebató la alcaldía a Nueva Canarias en las pasadas elecciones. Conforma gobierno con Ciuca, el partido que ostenta la alcaldía, Más por Telde y un concejal que se presentó por Coalición Canaria pero que se ha mantenido en el Gobierno tras la expulsión del que era líder de este partido en el municipio, Héctor Suárez.

La pasada semana además el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, decretaba el cese de la concejala Pilar Mesa (Coalición Canaria), hasta ahora responsable de las áreas de Alumbrado, Sanidad y Consumo. Peña defiende su decisión en un comunicado y los justifica por la “inactividad” en la gestión de la edil al frente de las concejalías que ostentaba, que considera “servicios esenciales” para la ciudad.

Pilar Mesa, por su parte, ha acusado al alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca), de “faltar a la verdad”. En un comunicado, afirmó que el alcalde le retiró todo el personal que tenía a su cargo de las competencias de sus concejalías, como hizo con su compañero de CC, Héctor Suárez, al que destituyó también el pasado mes de septiembre.

Los nombramientos han sido el detonante de la crisis del reciente pacto de Telde (un cuatripartito que desplazó del poder a Nueva Canarias). Hace dos semanas, el alcalde del cuarto municipio de Canarias, Juan Antonio Peña (Ciuca), cesaba de sus competencias al portavoz de Coalición Canaria, Héctor Suárez, que propició la contratación de un miembro de su partido, Jonay López, en una empresa privada adjudicataria del servicio de limpieza municipal. Su expulsión es hoy día “irrevocable” para los miembros del pacto (formado también por PP y Más por Telde) y hace tambalear la subsistencia en ese gobierno de la agrupación más fuerte de este partido en Gran Canaria, donde ha gobernado en los últimos años (en Mogán, CC tiene como aliada a la alcaldesa pero no se encuentra en sus filas, sino en Ciuca). En las pasadas elecciones sí que creció en Santa Bartolomé de Tirajana (donde obtuvo siete concejales) y se mantiene en Firgas.

No obstante, el nombramiento por parte del PP de un nuevo gerente para una empresa municipal también ha generado polémica este martes, aunque el movimiento cumple con los estatutos de dicha entidad. 

Héctor Suárez sigue defendiendo el nombramiento de Jonay López e insiste en que detrás de esta jugada se encuentra el interés de algunos “grupos políticos” para “colocarse en concejalías que no habían negociado en el pacto de Gobierno”. “Hay algún grupo político que tiene demasiado interés en las concejalías en las que nosotros estábamos desarrollando nuestra actividad y además esos intereses a lo mejor están muy alejados de nuestra hoja de ruta que era el interés general, la transparencia, el compromiso y la lealtad”, asegura. 

El concejal, que ahora se encuentra sin competencias, afirma que su compañera de partido Pilar Mesa se mantiene en el cargo de concejala de Alumbrado Público, Sanidad y Saneamiento hasta que el partido decida y que, mientras tanto, la formación ha abierto expediente informativo al otro edil que concurrió a las elecciones con las siglas CC-Juntos por Telde, Juan Martel, que tiene una semana para explicar por qué decidió asumir nuevas responsabilidades en diferentes áreas de gobierno sin acordarse por el grupo municipal. 

Suárez insiste en que, al margen de su expulsión, la decisión de que su partido siga en el pacto de Gobierno compete únicamente al grupo municipal y no a CC de Gran Canaria o al partido regional. Indica que tiene total autonomía y que el grupo dilucidará en los próximos días qué ocurrirá. Tanto Ciuca como PP subrayan que no tienen problema con Coalición Canaria sino con esa acción de Héctor Suárez por la que fue cesado de sus competencias. 

Juan Antonio Peña remarca que hay un total de quince concejales que componen el Gobierno municipal y que tienen mayoría para seguir adelante con el pacto. Sobre Héctor Suárez afirma que “el municipio ha pasado página sin olvidar y no hay vuelta de hoja. La decisión fue tomada firme, contundente y más que reflexionada y pensada”, resume. “La mesa del pacto se sigue reuniendo a diario y hay una concejala de CC a la que no hemos cesado”, añade el concejal Sergio Ramos (PP). Recuerda que su partido gobierna precisamente con Coalición Canaria en el ámbito regional, “y nos sentimos orgullosos”.  “Por tanto, no tenemos nada que ocultar ni nada en contra de CC y se trata de un caso puntual de Héctor Suárez”, destaca. 

El nombramiento en Fomentas 

Telde ha vuelto a ser objeto de polémica esta semana con otro nombramiento. El Ayuntamiento anunciaba este lunes el cese como director de la empresa municipal de vivienda y suelo, Fomentas, a Carmelo Ramírez Rodríguez “por pérdida de confianza”. Fue nombrado en 2015 por la entonces alcaldesa Carmen Hernández (NC) ya que este cargo estaba externalizado y se consideró que se ahorrarían costes con el nombramiento. La propuesta fue sometida a votación en el Consejo de Administración de la Junta General y se aprobó por mayoría de cinco votos a favor. El PP defiende ahora que su propuesta de nombrar al alto funcionario y ex concejal Máximo Bautista García como nuevo gerente se llevará a cabo por el mismo proceso: se votará y podrán participar también miembros de la oposición. 

La destitución y este nuevo nombramiento ha generado revuelo. Hector Suárez afeaba este miércoles que por una cuestión “idéntica” él fue cesado. Asegura que el puesto que luego ocupó Jonay González estaba “vacante” y que no se despidió a ninguna persona. También remarca que sí que había comunicado esta decisión al alcalde.

Suárez ya había resaltado hacía unos días que no tiene “ninguna empresa” y que éstas “pueden contratar a quienes consideren de forma libre y voluntaria”. También había considerado que la decisión que se tomó respecto a él responden a una “caza de brujas”.

Nueva Canarias ha reprochado también este martes en un comunicado que el despido del gerente de la empresa pública de vivienda y suelo “para colocar en su lugar a un ex consejero insular y concejal de Guía del Partido Popular”, una medida que, afirman, pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de la empresa. Desde el partido afirman que Ramírez es “junto al gobierno anterior el responsable de sacar a esta empresa pública de la concursal y de estar al borde de la quiebra”. Además, añade que “ha recibido varios premios nacionales por su gestión, como el galardón a la mejor Actuación en el ámbito de la Regeneración Urbana Integrada con el que se reconoce la calidad y la contribución a la cohesión social en la rehabilitación que se está realizando en Jinámar”.

Las diferencias de ambos nombramientos

Ciuca y PP insisten en que el cese se debe a una “pérdida de confianza” y que los estatutos de esa entidad recogen que pueden designar a un nuevo profesional al frente de la misma. Peña indica que la principal diferencia con respecto a CC es que este cambio ha sido puesto en conocimiento “por todos los socios de Gobierno y por todos los miembros de Gobierno; no ha sido algo oculto”, apunta. El alcalde, sin embargo, reprocha que el anterior nombramiento lo conoció por terceros. “No se informó de la contratación” aunque de todos modos no la hubiese compartido, recalca.

“Los cambios y los nombramientos van a ser siempre a favor del bienestar de la ciudadanía . No puedo decirte que no va a haber más o que será el ultimo porque no puedo visualizar el futuro”, añade Peña.

Ramos sostiene que comparar un caso con el otro supone no conocer el funcionamiento de un ayuntamiento por dentro. “Lo que ha hecho CC es colocar a gente en empresas privadas que tienen contratas en el ayuntamiento y que colocan gente de su partido dentro y otra cosa es que los estatutos de la empresa pública Fomentas permita al consejero delegado y al alcalde convocar un Consejo de Administración para el nombramiento del nuevo gerente, que además los propios estatutos recogen que sea una persona de confianza”, resume.

Sobre Máximo Bautista indica que es un alto funcionario y “una persona que la ciudad de Telde puede estar muy orgullosa por la experiencia que tiene y la formación para dirigir una empresa pública como Fomentas”. Por ello, añade que le resulta “impresionante” que la oposición diga que se debe elegir por libre concurrencia al gerente.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña (Ciuca), ha anunciado este viernes el cese de las competencias asumidas el pasado mes de junio por el concejal Héctor Suárez (Coalición Canaria), que se ha enterado de la noticia pocos minutos antes de emitirse un comunicado por parte del regidor del municipio. Peña sostiene que se trata de una decisión “meditada y contundente”, entendiendo que las actuaciones y decisiones del edil “no corresponden con la lealtad y compromiso adquirido en el pacto actual”.

El gobierno municipal de Telde está compuesto por Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), que obtuvo siete concejales; Partido Popular (PP), con cuatro; Juntos Por Telde (Coalición Canaria - Coalición de Centro Democrático), que logró tres y Más Por Telde (MxT), con dos escaños. Ese pacto logró arrebatar la Alcaldía a Carmen Hernández (Nueva Canarias) que había cumplido con el objetivo de liquidar la deuda millonaria del municipio, una de las ciudades más importantes de Canarias, con 102.424 habitantes.

Peña resalta en un comunicado que “se apuesta por un cambio real de formas, prácticas y manera de actuar y que un gobierno comprometido no puede tambalear ante consideraciones que no repercuten en el bienestar de la ciudadanía”.

Además, lamenta haberse enterado por terceras personas de actuaciones que considera que “son de gobierno” y que “forman parte de la línea de actuación del equipo municipal”. “Ante cualquier situación irregular, la Alcaldía y los miembros de la Corporación van a actuar con contundencia”, añade. Subraya que “la ciudadanía eligió un cambio con expectativas muy altas y no podemos permitirnos ninguna actuación que se aleje de estos fundamentos”. 

El alcalde ha solicitado a la gestora del servicio de limpieza viaria y a la de dependencias municipales las copias de los últimos contratos realizados desde mayo hasta la actualidad, así como el cese de Jonay López, exconcejal del Ayuntamiento, contratado en los últimos días por la empresa a petición de Héctor Suárez. 

Peña asegura que cuenta con el apoyo de los concejales restantes y de sus líderes, como son Sergio Ramos (PP) y Juan Francisco Artiles (MxT) y, además, expresa que mantendrá el compromiso con Coalición Canaria y el resto de sus concejales.

Juan Martel (que se presentó a las elecciones junto a Coalición Canaria con la alianza Juntos por Telde) asume el cargo de concejal de Gobierno del área de Territorios y las delegaciones de Cultura y Servicios Municipales. Por su parte, Pilar Mesa mantiene Alumbrado Público, Sanidad y Consumo. Así, Ciuca se hace con el control de Aguas y Urbanismo, y el Partido Popular ostenta la delegación del servicio de Limpieza. Por su parte, Juan Francisco Artiles pasa a ser Segundo Teniente de Alcalde. 

El alcalde insiste en que ha decretado el cese del personal eventual vinculado al concejal Héctor Suárez y está pendiente de la propuesta de CC para los nuevos nombramientos.

Pese a que Suárez concurrió en las pasadas elecciones como cabeza de lista de Juntos por Telde y en la pasada legislatura fue alcalde del municipio durante los dos primeros años de mandato, Coalición Canaria se distanció de él durante la campaña electoral. En una ocasión, el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acudió al municipio en plena campaña y no estuvo acompañado de Suárez, pero no fue la única muestra de tensión entre ambos en el último año.

El ciclón post-tropical Hermine ha ocasionado en Telde fuertes escorrentías que llegan hasta las playas, el hundimiento de una carretera, cortes de luz y caída de muros y cascotes, entre otras incidencias.  

Es el balance que realiza el Ayuntamiento de Telde, que ha establecido el punto de coordinación del Plan de Emergencias Municipal en las instalaciones de la Policía Local, lugar al que llegan prácticamente en directo imágenes de los diferentes puntos donde se encuentran agentes de este cuerpo de seguridad atendiendo a las incidencias producidas por las fuertes lluvias.  

Según informa el consistorio en un comunicado, la alcaldesa, Carmen Hernández, está coordinando este dispositivo junto a los ediles de Seguridad y Servicios Municipales, Agustín Arencibia y Eloy Santana, el jefe de la Policía Local, Félix Ramos, el jefe de Protección Civil, Yeray Martel, y el director del contrato de Limpieza, Atilano Trujillo, con quienes ha realizado un recorrido por el municipio para evaluar sobre el terreno los efectos de esta tormenta tropical.  

La mayor parte de las incidencias que se han registrado en Telde han consistido en la entrada de agua en viviendas, cortes del suministro de la luz, principalmente en la costa, problemas eléctricos en torreones de luz (en Caserones y el barranco La Rocha). En ese sentido, la alcaldesa de Telde ha solicitado a Endesa mayor celeridad para resolver estos problemas.  

También se han producido escorrentías por los cauces de los barrancos que han llegado a las playas, especialmente Melenara, y la erosión de la lluvia ha ocasionado el hundimiento de un tramo de la calle Eolo, en La Higuera Canaria, que ha quedado cerrada al tráfico y ha sido señalizada por el área de Servicios Municipales. 

Desprendimiento de un muro en Cuatro Puertas y el rescate de un caballo

Por otro lado, se produjo un desprendimiento de un muro de 500 metros situado antes del a rotonda de Cuatro Puertas, que fue atendido por la Policía Local y personal del servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo grancanario y otro en la calle La Virgen, en Lomo Magullo; caídas de cascotes en fachadas de inmuebles (uno de ellos afectó a un vehículo aparcado en la vía); la rotura de una tubería y una alcantarilla en la rotonda del Ancla, en la calle Margarita de La Garita; y la inundación de la base de ambulancias de Las Huesas.  

El personal municipal acudió también a Callejón del Castillo para ayudar en las labores de rescate de un caballo que había quedado enterrado parcialmente en el barro, mientras que los voluntarios de Protección Civil procedieron en la noche de este sábado a retirar las ramas de los árboles que había caído en la calle Fernando Sagaseta, en Jinámar.  

En otro orden, la Concejalía de Servicios Sociales recuerda que el Centro de Atención Psicosocial y el Centro para Personas Mayores de San Gregorio permanecerá este lunes cerrado y su apertura estará sujeta a la finalización de las alertas decretadas por el Gobierno de Canarias y la Aemet.  

El Ayuntamiento de Telde insiste en la importancia de la autoprotección para evitar riesgos. Así, recuerda a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios, que desalojen las azoteas y balcones de elementos que puedan ocasionar inundaciones o puedan ser arrastrados por el viento y que limpien los sumideros. 

En Telde, el cuarto municipio más poblado de Canarias (cerca de 103.000 habitantes), hay quien se echa las manos a la cabeza cada vez que salta el tema de la corrupción. Primero, la reacción llega en forma de alarma. Después, muecas con la boca. Y por último, mirada al cielo en forma de súplica. La malversación de fondos públicos, las comisiones ilegales o el fraude son delitos ampliamente conocidos en cualquier punto de España. Pero, cuando se producen en el barrio en el que resides, la recepción es otra. No solo evocan rabia y enojo, también indignación. Especialmente impotencia. Porque los vecinos saben que quienes más van a sufrir las consecuencias del robo de dinero de las arcas municipales son ellos.

Es difícil encontrar a un ciudadano teldense que no reitere lo mismo: las calles, el asfaltado, el mantenimiento de parques y jardines, la cultura, el movimiento asociativo. Todo ha pegado un retroceso en estos últimos años por la falta de servicios. El ayuntamiento aprobó un plan de ajuste en 2012 “durísimo”, según catalogaron algunas formaciones políticas, para revertir una deuda que estaba alcanzando cifras astronómicas. Hubo varias causas detrás, todas ellas vinculadas al lado más sombrío de la política. Y fue esa concatenación de catastróficas desdichas, unidas a las más globales como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, la que ha provocado que muchos sientan que Telde vive en una espiral de crisis permanente.

La buena noticia es que empieza a haber luz al final del túnel y que cada vez hay menos telarañas en la caja fuerte del consistorio. La deuda viva ha pasado de situarse en los 133 millones de euros en 2013 a los 2,21 millones a finales de 2021, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El grupo de gobierno que aterrizó en el ayuntamiento en 2015, liderado por Carmen Hernández (Nueva Canarias), que a día de hoy sigue siendo la alcaldesa del municipio, se marcó el objetivo de sanear las cuentas antes de acometer grandes cambios en la localidad, propósito que ha cumplido con creces y mucho antes de lo esperado. Pero a cambio, Telde sufre una parálisis palpable en todos sus distritos por la obstinación de sufragar lo que adeudaba en el menor tiempo posible. Un dato: en 2020, uno de cada tres euros se destinó al pago de la deuda, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Los sindicatos de la administración, que denuncian falta de personal en todos los departamentos, se preguntan por qué no se prorrateó durante más tiempo la amortización de dicha obligación económica. “De nada ha servido que se haya hecho en pocos años porque nosotros, como trabajadores y ciudadanos, no hemos visto mejoras”, apuntan. El consistorio recuerda que lo hizo así porque el plan de recorte se lo ordenaba. Todo lo que sobraba iba a parar al mismo cajón. “No podía arreglar una calle, no podía abrir escuelas infantiles, no podía contratar más personal… Nada”, añade Carmen Hernández.

Al final, se ha formado un cóctel explosivo de merma de las infraestructuras y los cuidados en una región conocida por su alta presión fiscal. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en Telde es el segundo más alto de toda Canarias, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IMVT) en la región lidera la clasificación en el Archipiélago y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) más de lo mismo. Pero la deuda ya se ha finiquitado casi al completo. La mayoría de políticos, vecinos y agentes sociales consultados por esta redacción coinciden en señalar que la recuperación está despegando.

“En esta nueva etapa, la gente está reconociendo que hemos dicho la verdad. Que cuando yo les decía que hasta que no pagásemos la deuda no podíamos invertir en la ciudad, pero que desde que cumpliésemos ese objetivo empezaríamos a hacerlo, no era mentira”, afirma Hernández. “Estamos intentando recuperar los servicios básicos y públicos. Ya hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda bastante por hacer”, agrega Héctor Suárez (Coalición Canaria), primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno de Territorio.

Los empresarios de la localidad secundan los aires de optimismo. “Se está empezando a trabajar ya en el servicio. Ahora mismo se acaba de terminar de asfaltar toda la zona comercial, cuando hasta entonces lo único que se hacía era parchear y parchear”, indica Mónica Muñoz, presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde. “Telde reúne las condiciones para ser un motor económico de Gran Canaria”, sentencia Ángel Medina, presidente del grupo Cencosu-Spar y de la entidad de conservación del parque empresarial de El Goro (Goroeco).

El camino al pozo de la corrupción

Hace poco más de 20 años, Telde era una ciudad que estaba creciendo como pocas en Canarias. Colectivos sociales recuerdan al municipio como la “envidia” de la comunidad por haber sido capaz de dotar de obras públicas a prácticamente todos los barrios y por haber protagonizado destacadas reivindicaciones sociales. “Si hacía falta, la población se sentaba en el centro de la carretera hasta que la administración le resolviera una demanda”, subraya José Luis, miembro de la Asociación de Vecinos Bentejuí, de Lomo Cementerio.

Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo la corrupción nubló el crecimiento económico de la comarca. La legislatura de 2003-2007 estuvo marcada por el llamado caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en la que quedó demostrado que varios miembros del consistorio, liderado por aquel entonces por el Partido Popular (PP) y la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar (AFV-Ciuca), organizaron un “sistema de obtención ilícita de fondos”, como así puntualiza la sentencia del caso, “con la falsa excusa de financiar al Partido Popular de Telde utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la corporación local”.

Los condenados, entre otras conductas ilegales, llegaron a acuerdos con empresas que pretendían ser adjudicatarias de contratos de obras, servicios o suministros con el Ayuntamiento de Telde, exigiéndoles el cobro de comisiones a cambio de ser favorecidas en la adjudicación de los procedimientos. También se confeccionaron facturas falsas destinadas a ser presentadas al cobro en el consistorio para compensar a los empresarios de las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaron a alcanzar el 20% del presupuesto de ejecución de la obra.

El caso Faycán, así como otras piezas de la trama como el caso Grupo Europa, llevaron a Telde a ganarse la fama de ser un municipio donde reina la ley de la selva. Algunos de sus vecinos confiesan haber mantenido contacto con residentes que preferían no decir dónde vivían por vergüenza ajena. “Que si todos éramos unos corruptos, nos comentaban… Era un sentimiento de tristeza muy grande”, admite Marta Hera, del Patronato de Fiestas de la Concepción y la Caña Dulce. El movimiento colectivo también perdió fuerza por las “presiones” que se intentaron hacer sobre las asociaciones, añade Leo Hernández, de la Asociación de Vecinos Meclasa.

Junto a la corrupción, Telde sufrió cambios de gobierno constante y poca estabilidad política que derivaron en planes de urbanismo desfasados y obras faraónicas abandonadas. En el casco del núcleo urbano, sobresale el mamotreto del Palacio de la Cultura, una edificación nunca terminada que ha supuesto un despilfarro de 14 millones de euros, según un estudio reciente de la Asociación de Geógrafos Españoles.

En 2015, cuando Carmen Hernández (Nueva Canarias) se hizo con la alcaldía del ayuntamiento, encargó una auditoría económica que detallara hasta qué punto se había resquebrajado la salud económica del consistorio. Lo que encontró fue una deuda total de 191 millones de euros, de los que 33 corresponden a expropiaciones por sentencias firmes y 44 a facturas sin consignación presupuestaria generadas durante el mandato anterior (2011-2015), que lideró el PP, primero con Ciuca y Coalición Canaria y, posteriormente, solo con los nacionalistas.

“Telde podría ser un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la gestión pública”, remacha Hernández. “El ayuntamiento ha sido condenado en materia de expropiación por más de 34 millones de euros, que ha ascendido al final a los 50 millones con intereses, porque no se personó en los juzgados a defender ese asunto”, pone la alcaldesa como ejemplo de la “mala política” que desempeñó la corporación.

Primero la deuda; luego todo lo demás

El plan de ajustes que aprobó Telde en 2012 le obligó a reservar para la deuda importantes sumas de dinero que no podían ser destinadas a mejorar los servicios públicos. Hubo recortes. Muchos. “Se desmanteló la cultura, se cerraron las escuelas infantiles, se recortó en recogida de residuos, parques y jardines… Se puso en la calle a más de 100 funcionarios”, relata Hernández.

En 2015, la deuda con los bancos ascendía a 101,8 millones de euros. En 2021, ese dato ha caído a los 2,21 millones. Entre los municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, solo Alicante y Benalmádena presentan una rebaja similar en ese espacio de tiempo. “En el primer mandato [de 2015 a 2019] nos dedicamos a ordenar, a crear una estructura base, a poner los cimientos de la recuperación social y económica”, continúa la alcaldesa.

El problema es que esos “cimientos” están un poco más agrietados que antes. En 2010, Telde destinó 44,3 millones de euros a los servicios públicos y básicos, mientras que en 2020 dedicó alrededor de 12 millones menos (31,9). El primer teniente de alcalde, Héctor Suárez, reconoce que se está haciendo un “gran esfuerzo”, pero que los resultados no se logran de la noche a la mañana.

Varios vecinos manifiestan sentirse “abandonados” y los sindicatos se acuerdan de las “colas interminables, las citas previas que se eternizan o la tardanza para emitir un simple certificado de empadronamiento”. Según datos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, Telde solo cuenta con 10 trabajadores sociales, mientras que San Cristóbal de La Laguna (21), Santa Cruz de Tenerife (24) y Las Palmas de Gran Canaria (38), los otros tres municipios con más de 100.000 habitantes en Canarias, le superan en número.

Aun así, la alcaldesa se muestra ilusionada y presume de gestión: “Hemos abierto las escuelas infantiles que se cerraron, hemos arreglado parques infantiles, hemos hecho un nuevo ayuntamiento, hemos rehabilitado unas mil viviendas en Jinámar… La gente está viendo con hechos, no con palabras, que este gobierno cumple”. Mientras, colectivos y agentes sociales consultados matizan que ahora, con unas cuentas saneadas, es cuando le toca al ayuntamiento trasladar todo el esfuerzo que ha invertido en pagar la deuda en impulsar el desarrollo del municipio. “Llevamos cerca de 20 años en crisis. Ahora les toca sacarnos de esta”, concluyen. 

Arqueólogos han descendido este lunes a las profundidades de la Sima de Jinámar, el tubo volcánico a donde fueron arrojadas víctimas del franquismo. Unos trabajos respaldados por el Cabildo de Gran Canaria que ha defendido que el objetivo es realizar una primera valoración arqueológica y patrimonial del enclave y determinar, entre otras cuestiones, si hay presencia de restos humanos en superficie que pudieran pertenecer a represaliadas y represaliados políticos, quienes fueron ejecutados y arrojados al fondo de esta chimenea volcánica durante la Guerra Civil por las fuerzas sublevadas. 

El propósito de esta prospección es realizar un recorrido exhaustivo por el interior de la sima, para tratar de delimitar las zonas en las que cabe la posibilidad de que existan restos humanos, de cara a plantear futuros sondeos arqueológicos que permitan su recuperación. Así lo puntualizó el arqueólogo e inspector del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, Javier Velasco, quien indicó que “se trata de la primera vez que se realiza una intervención dirigida fundamentalmente a la planificación de un trabajo de recuperación”, al que se pretende dar una dimensión divulgativa ya que, como apuntó, “además de la reparación y de hacer justicia, tiene como objetivo dar contenido a una parte de nuestra historia que no está escrita, con el ánimo de evitar que se repitan las circunstancias que dieron lugar a este enclave de la memoria traumática como es la Sima de Jinámar”.

El presidente de la Corporación insular, Antonio Morales estuvo presente en el inicio de la intervención junto a los consejeros de Presidencia y Patrimonio, Teodoro Sosa, y de Seguridad y Emergencia, Pedro Justo Brito y recordó que el Cabildo trabaja en este proyecto “histórico y trascendental” desde finales de 2020, a través del Servicio de Patrimonio Histórico. Asimismo, estuvo presente en el acto Pino Sosa, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, acompañada por varias personas que no quisieron perderse el momento del inicio de las labores que permitirán restaurar la Sima de Jinámar y extraer los cuerpos de personas asesinadas en dicho lugar.

“Desde el Cabildo de Gran Canaria entendemos que es un momento de compromiso y de romper con el silencio, y que deben hacerlo las instituciones democráticas, para reparar el daño causado”, subrayó Morales. “Este olvido responde muchas veces a desidia, a cobardía, a revanchismos ideológicos, pero creemos que, de la mano de las asociaciones de memoria histórica, debemos ponernos al lado de las personas que sufrieron el daño causado por la Guerra Civil. No podemos olvidar que reparar ese daño y en esa misma línea se encuentra el acuerdo aprobado por el Pleno del Cabildo de trabajar en esos siete enclaves de la Isla especialmente significativos y referencias de la memoria de Gran Canaria”, concluyó.

Asimismo, puntualizó que, si bien hay testimonios orales sobre la existencia de restos humanos en diferentes zonas del lugar, aún no hay certeza de su localización exacta. Lo mismo sucede con los restos de un mínimo de cinco personas custodiados en El Museo Canario, que fueron recogidos en varios momentos y supuestamente en distintos puntos de la sima. Sin embargo, el diseño de una campaña de intervención arqueológica requiere datos fidedignos, contrastables y hallados sobre el terreno.

Para la realización de esta prospección, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha proporcionado la cobertura técnica y de seguridad tanto en el descenso como en los trabajos que lleven a cabo en el interior de la sima dos inspectores de Patrimonio Histórico. 

Ismael Mejías, cabo Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, explicó que el trabajo de los nueve bomberos que participan en el dispositivo consiste en facilitar una formación previa específica a los científicos, así como en instalar los elementos necesarios para apoyarlos y garantizar su seguridad durante la intervención. “Hemos realizado un soporte técnico, tanto para trabajos en espacios confinados como para los de acceso con cuerda”, señaló. “Para ello, hemos instalado el anclaje y una cuerda doble, para que los técnicos están anclados a dos sistemas, el de trabajo y el de seguridad, y una vez que estén dentro, procederemos a la colocación de las líneas de anclaje que necesiten, para facilitarles el posicionamiento de forma segura en el interior”.

Según explicó, a las dificultades que ya entraña le propio terreno, hay que sumar las que implican la basura arrojada al interior de la zona durante años. Una circunstancia que justifica otro de los propósitos que se persigue con esta actuación: valorar la posibilidad de una limpieza del interior del enclave, con el ánimo de dignificar este lugar de la memoria.

Una vez concluida la inspección y valorados los resultados provisionales, comenzará a diseñarse una intervención arqueológica que previsiblemente se podría desarrollar antes de finalizar este año. En paralelo, y con el ánimo de seguir recabando información y ofrecer la máxima transparencia, se convocará una reunión con las asociaciones memorialistas de Gran Canaria en la que se expondrán los datos disponibles y las acciones que pueden ponerse en marcha.

Asimismo, también se ha previsto que antes de fin de año se mejora la señalética informativa de la Sima de Jinámar y de otros espacios de la memoria traumática de la Isla, como el Pozo de Tenoya y el Pozo del Llano de las Brujas.

La Sima de Jinámar fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico en 1996 y quedó amparada en la máxima figura de protección que contempla la legislación sectorial en materia de Patrimonio Histórico. La zona sirvió como lugar para el asesinato extrajudicial y ocultamiento de un número sin determinar de personas durante la represión que siguió al intento de golpe de estado y la sublevación militar del 18 de julio de 1936, y que básicamente tuvo como objetivos a dirigentes sindicales y afiliados de las organizaciones populares republicanas.

Hasta el momento, el Cabildo de Gran Canaria ha asumido el cierre que rodea el acceso a la sima y la instalación en un panel informativo en el que se informa de su naturaleza histórica del sitio. Además, ha sido incluida dentro del plan de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y sitios etnográficos de Gran Canaria, lo que supone una visita al mes de seguimiento y limpieza. Igualmente, y a petición de una se las asociaciones de memoria histórica de la Isla, la Corporación ha colaborado con la selección de muestras óseas procedentes de la sima depositadas en el Museo Canario.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde informa que ha distribuido entre el 20 de marzo y el 26 de junio un total de 763.526 euros entre 4.340 personas, a través de la Prestación Extraordinaria, para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables durante la crisis de la Covid-19.

En un comunicado, el concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, explica que durante este periodo se han beneficiado de esta iniciativa municipal 1.587 familias, que han recibido una media de 481,11 euros. Y se han tramitado un total de 1.667 solicitudes, de las cuales se han resuelto de forma favorable el 95,20%.

Ojeda ha destacado el esfuerzo que han realizado el personal de Servicios Sociales y del departamento económico, cuya plantilla ha sido reforzada para poder dar una respuesta ágil, para facilitar estas ayudas.

“En el mismo periodo de 2019 se concedieron 202 ayudas en concepto de alimentos, ascendiendo a un importe de 32.415 euros, por lo que ha habido un incremento de un 686% en cuanto al número de prestaciones concedidas para alimentos y un incremento del 2.255% en cuanto al importe concedido”. En todo 2019 se concedieron 915 ayudas en concepto de alimentos, por un total de 143.127 euros.

En cuanto a los perfiles, en el 77,40% de los casos, el titular de la solicitud es una mujer y el tamaño medio de la unidad familiar es de dos personas (24,07%). Cada día hábil se resolvieron 25 solicitudes y la cuantía total de las ayudas otorgadas fue de 11.395,91 euros.

Además, Ojeda ha recordado que el apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria ha sido vital para poder atender las peticiones de las personas del municipio que peor lo están pasando durante esta pandemia.