De la antigua sede en la plaza de San Juan a una oficina diáfana en el edificio de El Cubillo y, ahora, a la Casa de la Juventud, el viejo mercado municipal. Dos mudanzas en menos de un mes. El traslado del personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Telde avanza a trompicones, entre el caos, la incertidumbre y el malestar de los trabajadores.  

A principios de octubre, el alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca, ahora integrado en Primero Canarias), daba la orden de desalojar la sede de San Juan. Según el regidor, el servicio de prevención y salud laboral había advertido de que estas dependencias municipales no reúnen las condiciones necesarias para la atención ciudadana. “Es un edificio antiguo que tiene que someterse a una rehabilitación, a una puesta a punto para mejorar las condiciones”, señaló a este periódico entonces. Los trabajadores precisan que esos riesgos se conocían desde hace cerca de dos años. 

La orden de traslado llegó, según el personal, de un día para otro. El viernes 2 de octubre se pidió a la plantilla que ejercía en San Juan (aproximadamente una treintena de empleados) que empezara a empaquetar. Días después llegaron los camiones de mudanza. 

De momento, las trabajadoras sociales han sido ubicadas en la planta baja de El Cubillo, en una oficina abierta que comparten con el personal administrativo. Las últimas informaciones que llegan desde la Alcaldía, no obstante, apuntan a que el registro y la atención al público serán trasladados a otras dependencias municipales, a la Casa de la Juventud.  

A la espera de una decisión definitiva, el personal está sumido en la incertidumbre y no ve con buenos ojos ninguna de las propuestas planteadas por el gobierno local. 

Sin privacidad en El Cubillo

En las dependencias de El Cubillo, el edificio que alberga las oficinas municipales desde junio de 2020, el problema es de intimidad para la atención presencial. “No hay privacidad ninguna”, señalan. No hay despachos para que las trabajadoras sociales puedan atender en las debidas condiciones a los usuarios que acuden a los servicios sociales, una población vulnerable que incluye a personas con bajos ingresos y sin red de apoyo, sin hogar o en riesgo de desahucio, víctimas de violencia machista o migrantes.  

Ahora, en esta sede se atiende solo por teléfono. El jueves cerró de manera definitiva el edificio de San Juan. Días antes, hubo quien tuvo que dividir su jornada laboral: una parte en El Cubillo con atenciones telefónicas y otra en la antigua sede con atenciones presenciales.

“Hoy por hoy, no sabemos dónde podemos atender a familias que requieren informes para casos de desahucios”, señalan los trabajadores. Cada mes llegan al servicio requerimientos judiciales por desahucios, para los que hay que citar a las personas afectadas y elaborar informes de vulnerabilidad. Los plazos pueden ser de diez días. 

Una ratio que triplica la recomendada

El personal consultado incide en que hay días donde el trasiego de atención en los servicios sociales de Telde supera los 70 usuarios, entre quienes tienen que registrar documentos y quienes han solicitado cita. El municipio tiene cerca de 105.000 habitantes empadronados (es el segundo con más población de la isla de Gran Canaria) y once trabajadoras sociales. Es decir, una ratio de más de 9.000 personas por profesional. El Consejo General de Trabajo Social de España recomienda como idónea una ratio de un trabajador social por cada 1.700 habitantes para garantizar una atención eficaz y de calidad, aunque el estándar histórico de referencia es de uno por cada 3.000.  

Según las fuentes consultadas, desde la Concejalía de Servicios Sociales (en manos del Partido Popular) se solicitó una planta entera en el edificio de El Cubillo, pero la idea de Alcaldía es otra. En la última reunión se les ha trasladado al personal que tanto el registro como la atención al público (las citas presenciales con las trabajadoras sociales) irán a la Casa de la Juventud, mientras que los empleados de administración permanecerán en El Cubillo. 

“Nos han exigido el traslado, pero no nos parece bien. No nos pueden llevar a un lugar que está en peores condiciones de las que teníamos antes”, aseguran trabajadores que advierten de que las dependencias de Juventud también son muy antiguas, tienen humedades y parte de sus instalaciones están apuntaladas. 

La sección local de UGT difundió este pasado viernes un comunicado a medios locales en el que expresaba su preocupación por el estado del inmueble y exigía una evaluación técnica de seguridad, salubridad y accesibilidad antes de cualquier traslado. Las fotografías difundidas muestran las humedades en el edificio y el apuntalamiento en un sótano. 

“Queremos un sitio digno”

Los trabajadores no discuten la necesidad de abandonar el edificio antiguo. Según explican, había goteras cada vez que llovía, un riesgo acreditado de incendio con el archivo almacenado en el sótano y no había mantenimiento ninguno ni aire acondicionado para combatir las altas temperaturas. “No es que no nos queramos ir, es que queremos ir a un sitio digno”, sostiene el personal, que recuerda que el gobierno municipal ha tenido cerca de dos años para encontrar una solución definitiva. 

A ello se le suma, según las mismas fuentes internas, que no se están cubriendo bajas de trabajadoras sociales ni de personal administrativo. “Servicios sociales tiene unas características que no tiene ningún departamento del ayuntamiento por el tipo de trabajo y el tipo de población. Hay que velar por el secreto profesional y la Ley de Protección de Datos. El derecho del ciudadano a ser atendido en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación está reconocido en la Ley de Servicios sociales aplicable en cada comunidad autónoma (en Canarias, a través de la Ley 16/2019)”, concluyen.  

En una conversación con este periódico al inicio del traslado de los servicios sociales, el alcalde, Juan Antonio Peña, señalaba que cuando el edificio de San Juan se rehabilite se decidirá si los servicios sociales regresan a esta sede o no y garantizaba que se crearán espacios de atención ciudadana que velen por la seguridad y la intimidad de las personas. 

El PP de Gran Canaria ha presentado a Iván Sánchez como su candidato a la Alcaldía de Telde (Gran Canaria) para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según ha informado el partido, se trata de una apuesta con la que la formación quiere reforzar su proyecto político en el municipio, consolidar el trabajo desarrollado durante esta legislatura y ofrecer a los vecinos “un gobierno sólido, preparado y con capacidad para resolver los problemas que condicionan el futuro de la ciudad”.

Al respecto, el presidente insular del PP, Carlos Sánchez, ha destacado que Iván Sánchez representa “la capacidad de trabajo, el rigor y la experiencia que necesita Telde para afrontar una nueva etapa política”.

“Es una persona que conoce el Ayuntamiento desde dentro, que ha demostrado su compromiso con el municipio y que tiene la preparación necesaria para dar un paso adelante y liderar un proyecto ambicioso para la ciudad”, apuntó.

Por su parte, Iván Sánchez, actual concejal de Gobierno de Infraestructuras y Vivienda y consejero delegado de Fomentas, afronta esta nueva responsabilidad con el aval del trabajo desarrollado durante el mandato municipal y con el objetivo de convertir esa experiencia en la base de un proyecto de ciudad a largo plazo.

Entre las principales actuaciones impulsadas desde su área destaca el plan de asfaltado y repavimentación viaria, con intervenciones en numerosos barrios y nuevas fases previstas para seguir mejorando el estado de las calles.

A ello se suman proyectos de renovación de espacios públicos, mejoras en el litoral y actuaciones destinadas a facilitar la movilidad, reforzar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de los residentes.

El candidato popular ha defendido que la gestión municipal debe traducirse en resultados concretos y responder a las demandas cotidianas de los ciudadanos y ha considerado que el trabajo realizado durante estos años debe servir de punto de partida para abordar los retos que todavía tiene por delante Telde.

“Me siento honrado de encabezar el proyecto del Partido Popular en Telde. Asumo esta responsabilidad como un reconocimiento al trabajo realizado durante estos tres años, pero, sobre todo, como un compromiso con lo que todavía tenemos que hacer. Tenemos experiencia, conocemos las necesidades del municipio y sabemos que hay asuntos que no pueden seguir esperando”, ha señalado.

Con todo, de cara al próximo mandato, ha situado entre sus principales prioridades la aprobación del Plan General de Ordenación, el impulso de nuevas oportunidades de vivienda y el refuerzo de los recursos humanos y técnicos del Ayuntamiento para mejorar la capacidad de respuesta de la Administración.

La organización ecologista Greenpeace ha exigido el desmantelamiento inmediato de las jaulas para cría de lubinas situadas frente a la playa de Melenara, en Gran Canaria, y frenar nuevos proyectos de acuicultura en la isla como el que se tramita en las costas de La Aldea, por su impacto ambiental. Asegura que un activista le ha proporcionado imágenes grabadas este mes en el puerto de Taliarte que “muestran grandes cantidades de peces muertos hacinados en contenedores para su gestión”, procedentes de granjas de acuicultura fondeadas frente a la costa de Melenara.

La portavoz de Greenpace en Canarias, Irene Sánchez, alerta de que “vuelve a ocurrir un episodio de mortalidad masiva de peces” como el que ya sufrió hace meses ese mismo enclave de la costa del municipio de Telde, en una situación que cree “insostenible”.

Por ello, reclama “el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información”.

“Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por un modelo alimentario sostenible”, opina.

Greenpace aboga, además, por frenar nuevos proyectos acuícolas como el presentado por una empresa para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de La Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales.

Los ecologistas aducen que “el modelo de producción acuícola actual es un negocio que puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas”, debido a que “el aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes”.

A su juicio, que ocurran ese tipo de episodios “no es un hecho excepcional en la acuicultura”, ya que “hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar solo dos ejemplos”.

La organización afirma que la situación se agrava en el caso de Gran Canaria porque se han instalado jaulas “a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias”, y en La Aldea “la concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación”. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha investigado a tres personas como autores de un supuesto delito contra la Seguridad Colectiva por el incendio forestal que se declaró el pasado 14 de septiembre en las proximidades de la localidad de Cazadores, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

La Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil ha explicado que el incendio, que se mantuvo activo durante tres días, afecto a más de once hectáreas de masa forestal que se encuentran parcialmente incluidas en la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

Además, en el momento del inicio, Gran Canaria se encontraba en situación de prealerta por incendios forestales decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, decretándose media hora más tarde la situación de alerta.

La Guardia Civil ha resaltado que la colaboración de los vecinos, la inspección ocular, la investigación realizada por los agentes del SEPRONA y el informe preliminar realizado por la BIFF para determinar las posibles causas y el punto en el que se inicia el fuego, sitúan como probable área de inicio del incendio una zona anexa a dos bidones de gran tamaño en los que se estaban realizando trabajos de soldadura y corte.

Por su parte, en la inspección ocular se pudieron localizar las herramientas empleadas en los trabajos, las cuales se encontraban ocultas en las proximidades del lugar de los hechos.

La Benemérita ha destacado la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia desplegados y que hicieron que no se registraran daños personales, ni afectara a animales ni a bienes materiales, si bien de manera preventiva varios vecinos fueron evacuados, y hubo cortes de carreteras para facilitar los trabajos de extinción.

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Telde y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por unas obras que, según asegura, se están realizando en el entorno de las antiguas cuarterías situadas al este de Marpequeña.

La organización ha pedido que se realice una inspección urbanística sobre el terreno para comprobar qué actuaciones se están llevando a cabo, desde cuándo, con qué finalidad y si cuentan con los permisos necesarios.

Qué ha detectado Turcón

Turcón ha acompañado la denuncia con fotografías y la ubicación de la zona. Según el colectivo, en el lugar se pueden observar nuevos cerramientos con muros y vallas metálicas, además de otras actuaciones constructivas en el interior de las antiguas cuarterías.

Por ello, los ecologistas quieren que el Ayuntamiento determine qué tipo de obras se están ejecutando, cuál es su alcance y si se ajustan al planeamiento urbanístico de Telde. También solicitan comprobar si existe una licencia urbanística, una declaración responsable, una comunicación previa o cualquier otra autorización necesaria.

Además, Turcón pide conocer si el Ayuntamiento ha abierto anteriormente algún expediente relacionado con las antiguas cuarterías o con las parcelas afectadas.

La organización reclama que la inspección se haga “con rapidez”, ya que, según advierte, algunas de las actuaciones podrían continuar mientras no se produzca la comprobación administrativa y modificar el estado actual de los terrenos.

Una denuncia basada en la normativa urbanística

La denuncia se basa, entre otros aspectos, en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Turcón recuerda que esta norma permite a cualquier persona o colectivo denunciar posibles incumplimientos de la legalidad urbanística y exigir que se compruebe si las actuaciones realizadas cuentan con los permisos correspondientes.

El colectivo defiende que la inspección permitirá aclarar qué se está haciendo en la zona y si las obras cumplen la normativa urbanística. También reclama transparencia por parte de las administraciones responsables.

Finalmente la ciencia junto a las pruebas, y no las hipótesis, van arrojando transparencia a lo sucedido en la costa de Telde, con la muerte de miles de lubinas de Aquanaria.

Todo apunta al emisario 222 y vertidos sin descontaminar, pero lo lamentable es cómo se ha intentado señalar sin pruebas y demonizar a una empresa que lleva más de 30 años ejerciendo su actividad empresarial con profesionalidad y creando empleo en Canarias como responsable de lo sucedido.

Estas declaraciones sesgadas, sin pruebas, en varios medios originaron un movimiento de rechazo en una parte de la ciudadanía y de una parte del movimiento ecologista en contra de la acuicultura.

Se podrá estar a favor o en contra de la acuicultura, pero lo cierto es que es la manera de producir peces y alimentar a una gran parte de la población mundial, pero cumpliendo rigurosamente con lo que marca la ley, en lugares delimitados y con una gran supervisión. 

Canarias podría desarrollar, su soberanía alimentaria en este sector y para ello las administraciones competentes han de cumplir y ser muy rigurosas con los vertidos al mar sin descontaminar, pues no sólo es materia orgánica, también hablamos de metales pesados y elementos químicos, que pueden dañar a las personas y a los ecosistemas marinos y su biodiversidad. 

Parece que nadie se hizo la gran pregunta de los posibles contaminantes químicos que se estaban vertiendo por el emisario 222, teniendo un polígono industrial, una edari, un puerto con descargas de combustibles y otras infraestructuras hidráulicas… ¿y el peligro es una empresa de acuicultura?

Toda una bomba de relojería en el entorno que, junto a las calmas chichas de octubre, originó la tormenta perfecta, pues las corrientes no se llevaron mar adentro los vertidos sin descontaminar para ser diluido con el batir de las corrientes.

Antiguamente, los mineros utilizaban un pájaro canario para bajar a las minas y poder detectar así si el aire era respirable. Utilizando un símil, podríamos decir que las lubinas de Aquanaria hicieron la función del pájaro canario y murieron con las branquias quemadas sin poder respirar y todo apunta a un vertido químico. 

Nuestras administraciones ya no pueden ocultar el problema de los vertidos en todas las islas. Según el último censo registrado por el Gobierno de Canarias se contabilizan 403 puntos de vertidos de tierra al mar en el archipiélago. Pero si nos vamos al estado administrativo, del total, autorizados solo hay 112 puntos puntos, 75 en trámite de autorización y 216 puntos sin autorización.

Volviendo al emisario 222, no es solo algo aislado, los vertidos llevan produciéndose desde 2017 y la responsabilidad de lo que se depura y se vierte por el emisario es del Ayuntamiento de Telde y de Aguas de Telde.

Estos son hechos muy graves porque estamos hablando de salud pública, de contaminación marina, daño ambiental y un grave perjuicio a la actividad empresarial de una empresa, que todo apunta que han sido víctimas y no verdugos.

Un emisario municipal de Telde (Gran Canaria) lleva casi diez años expulsando aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas que no reciben el tratamiento de depuración adecuado, trasladando al mar cargas contaminantes elevadas cerca de jaulas marinas y zonas de baño, según documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia.

Se trata del emisario 222, que cuenta con licencia desde 2007. La autorización solo permite evacuar aguas residuales urbanas procedentes de la planta depuradora de Ojos de Garza. Sin embargo, el Gobierno de Canarias detectó en 2017 que por él también se estaban evacuando las aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, tratadas en la depuradora de Silva, una instalación en la que la Fiscalía ha hallado recientemente “numerosas irregularidades”.

El expediente del emisario analizado por este periódico, con más de 300 documentos, recoge una medición realizada en 2019 que cifró en 46.252 habitantes-equivalentes (h-e) la carga contaminante que llegaba a la depuradora de Silva, frente a los 4.583 h-e para los que fue diseñada. Es decir, la carga superaba en más de diez veces la capacidad de la planta. En otro análisis, realizado en 2023, el dato se situó en 11.437 h-e.

La depuradora recibe el flujo de dos polígonos en los que se concentran empresas vinculadas a la elaboración de productos alimenticios, carpinterías, almacenes de diversa índole, compañías de pintura y de plástico, así como gasolineras, industrias de almacenamiento de combustible y vidrieras. Pero no fue diseñada para tratar la enorme cantidad de residuos que generan esas actividades, según recoge literalmente un informe de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias del año 2024.

El tratamiento de la planta solo logra reducir un 15% la DQO (demanda química de oxígeno) del agua que recibe de los colectores. En cambio, aumenta un 36% la concentración de DBO5 (demanda biológica de oxígeno a los cinco días) y un 12,6% la de los sólidos en suspensión. El primer parámetro supera el límite de emisión permitido en un 1.484%; el segundo, en un 4.000%, y el tercero, en un 1.483%.

Contado así, parece una cuestión muy técnica. Pero expertos consultados explican que el vertido prolongado de aguas con elevadas cargas contaminantes de este tipo degrada el ecosistema litoral y reduce su capacidad de recuperación, además de favorecer la aparición de enfermedades asociadas a determinados patógenos.

“Afectas al ecosistema, lo cambias. Porque puede haber problemas de oxígeno, de contaminación fecal e incluso de componentes metálicos. Puede haber 20.000 cosas. Porque eso, dicho de otra manera, es un punto negro”, resume Jaime Sadhwani, catedrático del Área de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La planta emplea un tratamiento físico-químico que añade reactivos para agrupar las partículas de suciedad y hacer que aumenten de tamaño, de modo que puedan separarse del agua mediante rejas, desarenadores y tanques de decantación. Pero de esa manera solo retiene los residuos sólidos y otras partículas en suspensión. No elimina aquello que puede estar disuelto en el agua, explica Julio Muñiz, profesor jubilado de Química Ambiental y experto en depuración de aguas residuales.

Para eso haría falta lo que se conoce como tratamiento secundario o biológico, en el que las bacterias degradan la materia orgánica presente en el agua. En depuradoras con una carga de entrada de 10.000 h-e, este tipo de tratamiento es obligatorio. La de Silva no lo tiene.

“Cuando estás constantemente echando agua con una carga tóxica importante, te cargas los ecosistemas. Porque estás arrastrando una cantidad de productos químicos que son, entre otras cosas, los causantes de que estemos acabando con los sebadales de todas las Islas… Todos los fondos están esquilmados”, añade Muñiz.

El Ayuntamiento de Telde, gobernado por Juan Antonio Peña (CIUCA), no ha respondido a un cuestionario de nueve preguntas enviado por Canarias Ahora. En su lugar, se ha limitado a señalar que “ordena la confidencialidad del expediente y sus actuaciones al respecto, manteniendo el respeto a las acciones de investigación” y añade que “ha mostrado su reiterada colaboración con la misma”. El Gobierno de Canarias tampoco ha respondido a otras preguntas planteadas por esta redacción.

Los informes anuales de seguimiento del emisario muestran que parámetros como el pH, la salinidad o los nitratos cumplen por lo general con los estándares de calidad. Sin embargo, las muestras de sedimentos sí detectan acumulaciones elevadas de metales pesados. Las mediciones de DQO y DBO5 se realizan en el efluente de la depuradora de Ojos de Garza, que cumple con los límites, sin tener en cuenta el de Silva ni la mezcla final.

El caudal horario, por otra parte, sí supera en varias ocasiones (y hasta duplica) el límite exigido de 22,92 metros cúbicos por hora (m3/h).

Un conducto señalado

El emisario 222 está ubicado frente al muelle de Salinetas, a unos 446 metros del puerto. Es uno de los 403 puntos de vertido de tierra al mar registrados en Canarias y uno de los 187 que cuentan con autorización para su funcionamiento.

Hace poco menos de un año saltó a la palestra por la crisis de contaminación marina que se produjo en la costa de Telde tras la muerte de 2.500 toneladas de lubinas de acuicultura de la empresa Aquanaria, que explota dos piscifactorías en el municipio.

La compañía denunció que la aparición de un aparente vertido tóxico procedente de ese emisario coincidió con la mortandad masiva de sus peces. La boca del vertido se encuentra a menos de medio kilómetro de la piscifactoría donde estalló la crisis, la denominada Melenara II, y a poco más de 1,2 kilómetros de la segunda, llamada Origen, donde también murieron ejemplares.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas investigó los hechos y remitió a principios de julio sus pesquisas a los juzgados de Telde. El Ministerio Público no confirmó ni descartó ninguna de las hipótesis sobre cómo se había desencadenado el desastre ambiental. Tan solo informó que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva, cuyas aguas residuales, procedentes de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, se vierten al mar a través del emisario 222.

La Fiscalía añadió que está a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos pueden ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Esa investigación ha puesto ahora el foco sobre un emisario que, según la documentación entregada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, lleva al menos desde 2017 evacuando de manera irregular vertidos industriales sin que ninguna Administración haya resuelto el problema.

Ese año, la ahora conocida como Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) detectó durante una inspección la conexión ilegal de la depuradora de Silva e incoó un procedimiento para revocar el vertido.

El Ayuntamiento de Telde alegó. Presentó un escrito en el que solicitó modificar las condiciones de la licencia para incluir las aguas procedentes de esa planta y del Aeropuerto de Gando. AENA había firmado un acuerdo con el Consistorio para que este asumiera la depuración de sus aguas a cambio de financiar una nueva instalación en el municipio, la EDAR Telde-Sur, valorada en 3,2 millones de euros y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2025.

La Corporación teldense apuntó que la modificación tendría carácter “transitorio” hasta que comenzara a operar esa nueva depuradora, que sustituiría a la de Ojos de Garza y actuaría como tratamiento adicional del efluente procedente de la depuradora de Silva. Pero la EDAR Telde-Sur sigue sin estar. Y el Ayuntamiento nunca llegó a responder a todos los requerimientos que le hizo el Gobierno de Canarias para modificar la licencia, pese a que la Administración autonómica había visto con buenos ojos la propuesta de regularización.

El Ejecutivo autonómico archivó el procedimiento siete años después, en 2024, al concluir que “resulta imposible” integrar las aguas residuales de la depuradora de Silva en la autorización del emisario 222 “debido a numerosos incumplimientos”.

El Consistorio, entre otras cosas, no detalló el volumen anual del vertido ni el grado de depuración para el que están diseñadas las plantas de Ojos de Garza y Silva en los parámetros de DBO5, DQO y sólidos en suspensión. Tampoco aclaró a qué se debían los “elevados valores de carga contaminante” que salían de la depuradora de Silva ni cuáles eran las propuestas para mejorar el tratamiento. Además, no presentó analíticas representativas del efluente de salida de la instalación, ni facilitó su plan de operación y mantenimiento o los planos de la conducción del desagüe.

Y quizá lo más relevante: el Ayuntamiento no especificó qué industrias de los polígonos de El Goro y Salinetas generan aguas residuales “no asimilables a urbanas”, ni qué “seguimiento y control” realiza el Consistorio o su empresa gestora, Aguas de Telde, para comprobar qué compañías cuentan con sistemas de tratamiento previo en sus instalaciones, como exige la ley desde hace treinta años.

El documento recoge una confesión del propio Ayuntamiento en este sentido: esa información “supera” su “capacidad de control” y la de su empresa concesionaria.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial El Goro, Francisco Pérez, defiende, por su parte, que “muchas empresas”, sin precisar cuántas, sí cuentan con sistemas de pretratamiento de aguas, y atribuye la sobrecarga mencionada a las industrias del polígono de Salinetas. “Pienso que los problemas vienen por Salinetas, no por El Goro”, señala Pérez.

El Ente de Conservación Ecosalinetas sostiene que “no sabe nada” sobre las “irregularidades” detectadas por la Fiscalía en la depuradora de Silva.

Ante la falta de respuestas del Ayuntamiento de Telde, el Ejecutivo canario abrió en junio de 2024 un procedimiento de revisión de oficio para anular la autorización del vertido a través del emisario 222 y requirió al Consistorio que aportara la documentación técnica que había quedado pendiente.

En octubre de 2025, esa información seguía sin entregarse. Por lo que el Gobierno regional acabó declarando también la caducidad de este segundo procedimiento, dejando en un limbo la situación de la autorización del vertido. Así lo puso de manifiesto el Consejo Insular de Aguas (CIAGC), que reclamó información sobre el “estado procedimental” de la licencia del vertido “a fin de evitar indefensión e inseguridad jurídica”.

Fuentes de ese organismo, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, aclaran que el CIAGC está “colaborando con la Fiscalía y el Seprona, aportando toda la documentación disponible”. También señalan que han solicitado al Ayuntamiento de Telde “aclaraciones” sobre la procedencia de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Silva y sobre el volumen total, que sería “superior al autorizado en torno a un 20%”.

El Consejo Insular de Aguas dice que ha pedido asimismo al Consistorio que detalle qué medidas prevé adoptar al respecto. Desde que se detectó el vertido irregular, la gestión municipal ha estado en manos de Carmen Hernández (Nueva Canarias), Héctor Suárez (Coalición Canaria) y Juan Antonio Peña (CIUCA).

Primero aguas industriales, después urbanas y ahora, ambas

El emisario 222 fue ideado inicialmente para evacuar las aguas residuales de los polígonos de Salinetas y El Goro, que hasta entonces vertían directamente al cauce del barranco de Silva.

La memoria del proyecto, de 2001, deja constancia de que la tubería fue diseñada para dar servicio a la futura depuradora de Silva, que no entraría en funcionamiento hasta febrero de 2008. Hasta entonces, las aguas residuales de ambos polígonos se verterían directamente y sin tratar a través del emisario. Las anotaciones incluidas en el propio documento lo dejan bien claro.

Pero el Gobierno de Canarias rechazó autorizar el vertido de esas aguas. “Toda la documentación” presentada se basaba en la existencia de una futura EDARI (depuradora de aguas industriales) que todavía no se había construido. Además, la normativa ambiental impedía autorizar al mar el vertido de efluentes industriales sin un tratamiento adecuado.

La autorización quedó limitada a las aguas residuales urbanas ya depuradas de Ojos de Garza. En 2004, el Ayuntamiento de Telde planteó bombearlas hasta el emisario de Silva ante la imposibilidad de construir uno nuevo en la playa de esa localidad. La idea era que la misma conducción pudiera recibir “varios vertidos”, el de los polígonos y el de Ojos de Garza. Pero solo se autorizó este último.

En 2008, tres meses después de que la depuradora de Silva comenzara a operar, el Consistorio teldense solicitó una modificación de la autorización del emisario 222, al igual que volvería a hacer en 2017, para incluir el caudal procedente de esa planta.

El resultado fue el mismo que en el segundo intento de regularizar los vertidos de El Goro y Salinetas (el que finalizó sin éxito en 2024): la Corporación no detalló qué tipos de aguas residuales llegarían a la instalación desde ambos polígonos ni acreditó que las empresas contaran con sistemas de pretratamiento. Así que el procedimiento también caducó, esta vez en marzo de 2009.

El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Romeu, cree que lo ocurrido en Telde es el resultado de “las chapuzas que se llevan haciendo desde hace treinta años”.

“Van haciendo conexiones, metiendo todo… Como si no hubiese una ley, como si no hubiese nada. Es un desastre. El mar puede aguantar una parte, pero no todo. Y quienes tampoco pueden aguantarlo son las personas”, concluye Romeu.

Cuatro individuos encapuchados atracaron este jueves por la noche una joyería del centro comercial de Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria), de la que se llevaron bienes por valor de unos 50.000 euros.

Según ha informado la Policía, los asaltantes rompieron los cristales de los expositores, sustrajeron diversas joyas y se dieron a la fuga en coche.

Se sospecha que, en la huida, contaron con la participación de un quinto individuo que ejercía como conductor.

Los implicados huyeron utilizando dos vehículos, uno de los cuales consta como sustraído.

La Policía asegura que la investigación permanece abierta para la identificación y localización de los cinco implicados y precisa que, por el momento, no se han producido detenciones.

Este es el tercer atraco a las joyerías de los centros comerciales de esa zona que se denuncia en los últimos meses. Los dos anteriores afectaron a comercios de Las Terrazas y El Mirador.

El Cabildo de Gran Canaria ha logrado estabilizar el incendio registrado este lunes al mediodía en la zona de Cazadores, en Telde. La corporación insular calificó este fuego en un principio de “alto potencial”, si bien horas más tarde ha ido informando de que la rápida intervención ha permitido contener su progresión y “mejorar las perspectivas” de evolución, aunque se trabaja con “toda la intensidad posible y se mantiene la cautela”.

El Ayuntamiento de Telde ha informado por su parte que hasta cinco helicópteros han continuado aplicando descargas de agua continuas en el perímetro del incendio para consolidar la estabilización.

Una vez retirados los helicópteros, la unidad Unidron de la Policía Local de Telde ha tomado el relevo en el control aéreo del incendio.

Los drones térmicos del cuerpo municipal mantendrán la vigilancia aérea nocturna para controlar puntos calientes y coordinar a los retenes en tierra.

El Cabildo insular recuerda que continúan dos carreteras cortadas, la GC-130 y la GC-134.

Desde que se declaró el incendio, hasta el lugar se desplazaron cinco helicópteros pertenecientes al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno regional, y se fueron desplegando unos 40 efectivos por tierra.

Hay que recordar que la isla se encuentra en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por altas temperaturas, y en alerta del Gobierno de Canarias por riesgo de incendios forestales.

Sobre las 14.30 horas, las llamas habían afectado a unas tres hectáreas de terreno. Asimismo, como medida preventiva, el Ayuntamiento de Telde procedió a desalojar a tres viviendas próximas a la zona afectada.

Los núcleos de Cazadores, El Moreno y La Solana son los más próximos a la zona afectada por un fuego “conducido por viento de componente sur, de alto potencial, por la posibilidad de llegar al fondo del barranco y abrir vías hacia la cumbre”, según detalló el Cabildo.

Vías cerradas y demanda de “precaución” a la población

El Ayuntamiento de Telde, que fue alertado de esta emergencia a las 12.52 horas por el centro de coordinación insular, el Cecopin, hizo un llamamiento a los vecinos de núcleos cercanos como Cazadores, La Breña y zonas altas, para que cierren puertas y ventanas si el humo se desplaza hacia sus viviendas.

Además, pidió no desplazarse hacia Cazadores ni carreteras de cumbre conectadas (GC-130 / GC-120) para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y cuerpos de seguridad. De hecho, minutos antes de las 13.30 informó de la prohibición al tránsito en ambas vías para facilitar el operativo de extinción.

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas, en Gran Canaria, investiga a un motorista de 42 años que fue cazado circulando a 178 km/h en un tramo de la vía GC-100 con velocidad limitada a 40 km/h.

Concretamente, el suceso ocurrió a principios de agosto en la carretera GC-100 a la altura del barrio de Piletillas de la localidad de Telde.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos tuvieron lugar durante un control de velocidad que los agentes realizaron en dicha vía. Dada la naturaleza de la infracción, añade, no fue posible en esos momentos interceptar al conductor a fin de notificarle la infracción.

En este sentido, el Grupo de Investigación y Análisis de Trafico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas inició una investigación para la localización e identificación del conductor, lográndose la misma el pasado 28 de agosto.

El conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h el límite de velocidad en una vía interurbana.

Finalmente, las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde.

Normativa aplicable

La Guardia Civil recuerda que, conforme a lo establecido en artículo 379 del Código Penal, circular con un exceso de velocidad superando en 80 Km/h. la velocidad máxima en vías interurbana, está castigado con una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 a 4 años. La conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, contemplada en el artículo 381 del Código Penal español, se castiga con prisión de dos a cinco años, una multa de 12 a 24 meses.

Además, se debe tener en cuenta que la velocidad tiene una influencia directa en la ocurrencia y severidad de los siniestros viales. Con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente. Siempre la velocidad debe adaptarse a las condiciones de la vía, del tráfico, de la meteorología y de la visibilidad, concluye la Guardia Civil. 

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) con la colaboración de un vigilante de seguridad a un hombre de 21 años al que se acusa de haber apuñalado a otro en la pierna para robarle el teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 18.30 horas, cuando el 091 recibió el aviso de que se había producido un altercado en el parque de Arnao y de que un vigilante tenía retenido a uno de los implicados.

Según las manifestaciones de la víctima, el detenido le exigió que le entregara su teléfono mientras lo amenazaba con un cuchillo.

Ante su negativa, ambos comenzaron una fuerte discusión y, durante el forcejeo, la víctima recibió una chuchillada en un muslo.

En ese momento, un vigilante de seguridad intervino para separar a los dos hombres, pero el presunto autor de los hechos entregó el cuchillo a un conocido para que lo hiciera desaparecer.

Gracias a la colaboración de un testigo, los agentes hallaron el arma escondida debajo de un palé de madera.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y luego trasladada a un hospital.

Un hombre ha muerto a consecuencia de un incendio declarado esta madrugada en el interior de una vivienda del municipio grancanario de Telde, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso ocurrió pasadas las 1.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta en la que se informaba sobre un incendio declarado en un inmueble ubicado en la calle Tabaibal.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazados al lugar extinguieron las llamas y confirmaron la localización de una persona en el interior de la vivienda.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre.

La Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

Un incendio declarado a primera hora de este martes en el último piso de un bloque de viviendas de Telde ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.

El fuego se originó en un edificio situado en la Rambla Pedro Lezcano Montalvo. Varias llamadas al 112 alertaron de la presencia de humo y llamas, lo que llevó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) a activar a los bomberos.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron hasta el inmueble para sofocar las llamas.

La intervención contó también con la presencia de agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional. Además, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) permaneció en la zona de manera preventiva.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

Un vehículo que circulaba este jueves al mediodía por la GC-80, que une los municipios de Telde y Santa Brígida, ha acabado saliendose de la vía y despeñado por un terraplén. Tras registrarse el incidente en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), los bomberos, al llegar lugar del suceso, pudieron comprobar que no había nadie en el interior del vehículo, ni en los alrededores.

La noticia ha sido adelantada por TeldeActualidad , que según relataron testigos presenciales al medio, sus ocupantes habrían salido del turismo y abandonado rápidamente el lugar tras el accidente.

Las primeras pesquisas apuntan a que el automóvil impactó inicialmente contra un talud situado en el lateral de la calzada y terminó despeñándose por una vertiente.

Ahora, la Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente, asi como poder identificar y localizar a los ocupantes.

Debido a las lluvias registradas en la zona, la calzada se encontraba mojada. Circunstancia que, según apunta el medio, podría haber influido en el siniestro, si bien es un dato que deberá determinarlo la investigación.

Por el momento se deconoce si los ocupantes resultaron heridos, ni la razón de abandonar el lugar antes de la llegada de los efectivos de emergencias.

Los sindicatos se han concentrado este jueves en el polígono de Salinetas (Telde) donde tuvo lugar un accidente el pasado 5 de agosto en el que murió un trabajador y otros dos resultaron heridos. Las asociaciones sindicales han reclamado revisar los protocolos: “Ni una muerte más”, han reivindicado justo cuando se cumplen 15 días de este mortal accidente.

Las asociaciones sindicales reclaman conocer si los trabajadores, en el momento de la explosión, contaban con todos los elementos de seguridad conforme a la ley y que se esclarezcan las causas.

Asimismo, afean que en este tiempo apenas se sepa “nada” de las causas del accidente. “No nos vale el silencio bajo el argumento de que hay que esperar que las investigaciones finalicen. Siempre el silencio y nunca las responsabilidades por lo sucedido. Y eso con tantas y tantas muertes de compañeros, cada año, durante su jornada laboral”, apuntan.

Los sindicatos quieren conocer “el motivo por el que se tardó una hora en descolgar a dos de los compañeros accidentados (uno de ellos todavía hospitalizado y sin que sepamos su evolución)”, según remarcan en el manifiesto leído este jueves.

Asimismo, las organizaciones (entre las que figuran CCOO, UGT, CNT, Cobas, CUO, HOAC, MTC y SGU) subrayan que las dos empresas implicadas: DISA y Nervion Industries deben dar explicaciones públicamente sobre por qué estos trabajadores sufrieron este accidente mortal y porque en estas condiciones tan adversas ya mencionadas, no se suspendieron los trabajos.

“Exigimos a la patronal más implicación en prevención de riesgos laborales. Exigimos a la administración mayor dotación a la Inspección de Trabajo, en personal y en recursos suficientes para abordar este tipo de empresas con trabajos de mayor peligrosidad”, insisten.

Tras el accidente, la Policía Nacional inició una investigación. DISA aseguró que la explosión de este tanque de combustible se produjo mientras estos operarios realizaban tareas de mantenimiento en la instalación de almacenamiento ubicada en el polígono industrial de Salinetas.

El Cabildo de Gran Canaria ejecutará el próximo lunes, 17 de agosto, trabajos de demolición y retirada de varias rocas de gran tamaño con riesgo de desprendimiento sobre la carretera GC-100, lo que obligará a cortar el tráfico entre los barrios de Cuatro Puertas y Aguatona, entre los municipios de Telde e Ingenio.

En un comunicado, la corporación insular detalla que los cortes serán entre las 8.00 y las 18.00 horas.

Esta actuación se lleva a cabo después de que los técnicos de la empresa que lleva la conservación de la red interior de carreteras de Gran Canaria, detectaran un grupo de varias piedras de gran tamaño agrietadas y que corren el riesgo de desprenderse y rodar hacia la calzada de la GC-100.

El corte se iniciará en el punto kilométrico 15,7, justo al comienzo del tramo que cruza el barranco del Draguillo, y finaliza en el kilómetro 16,8, a la entrada de Aguatona.

El cierre obliga a desviar el tráfico, de 8.00 a 18.00 horas del lunes 17, por Cuatro Puertas y de ahí a Ojos de Garza y la GC-1, para los conductores que procedan de Telde. Mientras que los que conducen desde Ingenio con dirección a Telde tendrán que dirigirse hasta la GC-1 por El Carrizal.

El Cabildo señala que para advertir a la población se han enviado comunicaciones a los ayuntamientos de los dos municipios afectados y se han colocado carteles junto a la carretera avisando de este próximo corte.

Para retirar las piedras, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas utilizarán una máquina excavadora que picará el talud sobre la carretera para hacer caer las rocas de forma controlada. Debido al gran tamaño de las rocas a desmontar, y para no dañar el asfalto de la calzada, previamente se extenderá una capa de tierra a modo de colchón para que las piedras impacten sobre ella. Una vez retiradas las piedras, los operarios limpiarán la calzada de tierra antes de abrirla al tráfico.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta esta obra de saneo del talud sobre la GC-100, solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en ella.

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un hombre de 40 años que presuntamente apuñaló a su compañero de piso en Telde y trató de huir después de la isla en un vuelo con destino a Bilbao. El arrestado está acusado de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, cuando el detenido mantuvo una discusión con otro varón. Durante el transcurso de la misma, presuntamente le propinó un puñetazo en el ojo y pómulo derecho y posteriormente empuñó un cuchillo agrediendo a la víctima en la zona del cuello, llegando a seccionarle parte del lóbulo de la oreja izquierda, ha precisado la Policía en su nota de prensa.

Tras los hechos, el ahora arrestado abandonó el domicilio, y ante las sospechas de que pudiera huir de la isla, se realizaron las correspondientes gestiones con las compañías aéreas y se estableció un dispositivo de búsqueda en el aeropuerto de Gran Canaria, gracias al cual se dio con él ya embarcado en un avión dirección a Bilbao y antes del cierre de puertas.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, agentes de este cuerpo adscritos al Puesto Fronterizo del aeropuerto grancanario, lograron detener al hombre cuando ya había embarcado en el avión que le iba a llevar hasta Bilbao, para ponerle después a disposición de la autoridad judicial competente.

Un camión que circulaba este lunes por la tarde por la GC-1, a la altura de Melenara, en Telde, ha perdido en plena vía parte de la carga que llevaba, sin percatarse del incidente y continuando la marcha, según han relatado testigos presenciales al periódico TeldeActualidad.

El medio detalla que se trata de sacos de cemento que cayeron a la calzada en torno a las 16.00 horas, a la altura del Hiperdino de la localidad teldense.

El incidente, en sentido sur, obligó al resto de conductores que circulaban por la misma vía a esquivar los bultos y reducir la velocidad, generando una situación de riesgo para la circulación, especialmente por tratarse de un tramo con gran afluencia de tráfico de Gran Canaria.

Por el momento, según señala el medio, no ha trascendido si el suceso provocó algún accidente de consideración, ni si fue necesario que interviniesen los servicios de conservación de carreteras para retirar la carga de la vía.

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Telde (Gran Canaria), han detenido a un hombre de 50 años, como presunto autor de un atraco con violencia e intimidación cometido en una peluquería del municipio con una pistola simulada.

Los hechos se produjeron el 7 de agosto, sobre las 14.00 horas, cuando el presunto autor entró en la peluquería portando lo que aparentaba ser un arma de fuego y amenazando a la propietaria para que le diera la recaudación, logrando llevarse unos 140 euros, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El hombre, que llevaba gorra y gafas con la intención de ocultar su rostro, abandonó el establecimiento a pie, si bien varios testigos observaron como posteriormente se introducía en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Tras ocurrir estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que tomaron declaración a la víctima, así como a varios testigos y analizaron la información obtenida, pudiendo identificar y localizar al presunto autor, que fue arrestado apenas tres horas después de cometer el robo.

Durante las actuaciones policiales también se pudo localizar el vehículo y recuperar el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que habría utilizado para cometer el robo.

Actualmente la investigación continúa abierta para determinar la posible participación del detenido en otros dos robos de similares características cometidos recientemente en la zona sureste de la isla.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

Una avería en la tubería principal de Las Huesas ha dejado sin suministro de agua a vecinos de esta zona de Telde y ha obligado a desplegar un dispositivo especial para reparar la conducción.

La complejidad de los trabajos, que requieren maquinaria pesada para excavar a gran profundidad, además de medios técnicos y personal especializado, podría prolongar las labores de reparación hasta este lunes, según ha informado el Ayuntamiento de Telde.

La zona afectada por la avería comprende el perímetro acotado entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo, sobrepasando la calle El Greco y la GC-1.

Informa el consistorio grancanario que el personal técnico ya se encuentra coordinando todos los recursos necesarios para actuar con la mayor rapidez posible.