El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia el “caos y la falta de previsión” en la incorporación del concurso de traslados y ope de Enfermería del SERIS. “Ceses masivos de un día para otro, personas que han obtenido plaza sin saber a qué servicio tienen que incorporarse, cientos de enfermeras y enfermeros pendientes del teléfono para un llamamiento…”, ha descrito el sindicato sobre la situación de los profesionales de enfermería desde hace dos días, al coincidir este 22 de octubre, la incorporación de 100 personas por concurso de traslados y 109 por la oposición. 

SATSE ha denunciado reiteradamente que ha existido tiempo suficiente para planificar estos procesos con la antelación necesaria. “Cuando la Administración decide ejecutarlos de forma precipitada, las consecuencias organizativas son responsabilidad exclusiva de quienes tienen la competencia para gestionar el sistema”, consideran.

“Han esperado a la mañana de ayer para hacer efectivo el cese a muchos de los interinos afectados o para convocar a los adjudicatarios de una plaza en el San Pedro, pero sin decirles dónde van a trabajar, con la situación de incertidumbre y estrés que eso conlleva”, explica Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. 

Desde SATSE insisten que es necesario que se realice una organización de los servicios y gestión de los recursos humanos por parte de la Administración de forma que los trabajadores conozcan con suficiente antelación dónde van a trabajar, en qué puesto y qué turno van a tener. “De no ser así se fomenta la suspicacia, desconfianza, inseguridad e imposibilitan la conciliación, con el consiguiente lógico malestar de los profesionales que desconocen en qué situación laboral van a permanecer de un día para otro”, ha criticado SATSE.

El sindicato asegura haber luchado para que la incorporación de la oposición y de los traslados, tanto para el que tiene plaza fija como para el que no, sea a la vez, como ha ocurrido en años anteriores, con el objetivo de que no estén ni un solo día sin contrato, “porque eso tiene sus consecuencias, por ejemplo, para el acceso a la carrera profesional”, reivindica Mogena. 

“No es de recibo la improvisación y desinformación que está provocando este proceso”, reiteran. “Todo esto repercute en la estabilidad de los equipos, la continuidad de cuidados y la seguridad del paciente, especialmente en servicios específicos que requieren experiencia y adaptación y que han sido desmantelados de un día para otro”. “Cuidar al que cuida es fundamental para construir una sanidad pública de calidad y basada en la humanización de los procesos”, concluye la secretaria autonómica de SATSE. 

Cada minuto cuenta cuando una persona sufre una parada cardiaca. Mientras los recursos sanitarios se desplazan hasta el lugar de la emergencia, la actuación de quienes se encuentran cerca puede resultar decisiva. En Canarias, 4.816 personas forman parte de Ariadna RCP, una aplicación móvil que permite al Servicio de Urgencias Canario (SUC) activar a voluntarios próximos al incidente y facilitar la localización de desfibriladores.

La herramienta, gestionada por coordinadores sanitarios -médicos y enfermeros- desde la sala de emergencias, busca reducir el tiempo que transcurre entre una parada cardiaca y la intervención de los primeros auxilios. Su funcionamiento se ha dado a conocer durante las Jornadas RCP 2026, celebradas los días 6 y 7 de octubre por el Hospital Universitario de Gran Canaria, donde profesionales sanitarios, agentes de la Policía Nacional, estudiantes y ciudadanos han podido conocer sus posibilidades.

Durante el encuentro, la directora del SUC, Noemí González, realizó una simulación para mostrar cómo funciona el sistema en una situación real: tras la activación de una alerta, un enfermero coordinador prestó teleasistencia a los participantes desde la sala de emergencias.

González destacó la importancia de extender el uso de la aplicación para avanzar hacia una Canarias cardioprotegida. Los coordinadores sanitarios atienden a diario numerosas llamadas por paradas cardiacas que se producen fuera de los hospitales, situaciones en las que la rapidez de actuación puede contribuir a aumentar las posibilidades de supervivencia y reducir las secuelas.

Dos formas de colaborar

De las 4.816 personas registradas en Ariadna RCP, 1.525 son colaboradores y 3.291, rastreadores. Los primeros se ofrecen como voluntarios para recibir avisos cuando se produce una parada cardiorrespiratoria cerca de su ubicación y, si son activados, acudir al lugar para ayudar hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los rastreadores, por su parte, contribuyen a ampliar el mapa de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). Su labor consiste en incorporar nuevos dispositivos al sistema y completar sus fichas con fotografías del entorno para facilitar su localización en caso de emergencia.

La aplicación también permite identificar el desfibrilador más cercano, tanto en espacios públicos como privados. De este modo, Ariadna RCP combina la colaboración ciudadana con la coordinación de los profesionales sanitarios para facilitar una respuesta más rápida ante una parada cardiaca.

La coordinación desde emergencias

La puesta en marcha de Ariadna ha incorporado una nueva vía de colaboración a la respuesta habitual del SUC. Además de movilizar los recursos de soporte vital avanzado de la red sanitaria del Servicio Canario de la Salud, los profesionales pueden enviar alertas a usuarios registrados que se encuentren en las proximidades del incidente.

En Canarias, cualquier persona puede realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador semiautomático siempre que cuente con la teleasistencia de un coordinador sanitario del SUC desde la sala de emergencias, según la información difundida por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

El sistema convierte así la proximidad en un recurso potencial para atender una emergencia: mientras llega la asistencia profesional, una persona que se encuentre cerca puede recibir indicaciones y colaborar en la intervención.

Canarias es la segunda comunidad autónoma española, después de Galicia, que ha integrado Ariadna en su sistema de emergencias sanitarias. La aplicación ha sido desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y Cruz Roja.

La herramienta está disponible en Google Play y la App Store. Al registrarse, el usuario puede elegir entre colaborar como voluntario ante una emergencia o participar en la identificación de desfibriladores. Quienes se inscriban como colaboradores deben permitir las notificaciones y la geolocalización para que el sistema pueda localizarlos y alertarlos si se produce una parada cardiaca en las proximidades.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que el consejero de Salud, César Pascual, ha incumplido el acuerdo suscrito en 2025 para mejorar las condiciones laborales de la profesión.

A este respecto, ha señalado que “la práctica totalidad” de los compromisos adquiridos hace 14 meses siguen “sin desarrollarse ni materializarse”, lo que ha generado “una profunda decepción” entre las enfermeras y enfermeras especialistas del Servicio Cántabro de Salud.

En una nota de prensa, ha subrayado que las profesionales continúan sin percibir mejoras “reales” derivadas del acuerdo, que fue presentado como un “avance significativo” para resolver importantes reivindicaciones laborales y profesionales del colectivo.

Además, ha confirmado que ha solicitado una reunión urgente con Pascual para abordar este incumplimiento y ha anunciado que no asistirá a la próxima convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad.

En este sentido, la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, ha afirmado que “resulta difícil justificar nuestra participación en nuevos procesos de negociación cuando los ya firmados permanecen prácticamente sin ejecutar. Antes de abrir nuevas negociaciones es imprescindible cumplir lo comprometido”.

En criterio del sindicato, la situación actual en la que se encuentra el acuerdo es “una auténtica tomadura de pelo hacia quienes sostienen, día a día, la sanidad pública de Cantabria”.

Finalmente, la organización ha indicado que en estos catorce meses ha mantenido “una actitud permanente de diálogo y colaboración” para impulsar el desarrollo de las medidas acordadas, trasladar propuestas y buscar soluciones que permitieran avanzar en el cumplimiento efectivo del acuerdo.

Permanente sobrecarga y tensión asistencial

Sin embargo, según denuncia el Sindicato, esa voluntad de diálogo no se ha traducido en resultados tangibles para las enfermeras y fisioterapeutas de Cantabria. “Solo nos estamos encontrando con barreras y dificultades que imposibilitan avanzar en el desarrollo de medidas muy necesarias para una profesión que trabaja en condiciones muy precarias y con una permanente sobrecarga y tensión asistencial”, ha agregado Samperio.

SATSE considera que la situación actual está deteriorando gravemente la confianza de los profesionales en la palabra dada por la Administración y advierte de que la falta de avances ha generado una sensación generalizada de engaño entre quienes esperaban que el pacto firmado en junio de 2025 supusiera un verdadero punto de inflexión para la profesión.

“Enfermeras y fisioterapeutas están cansados de anuncios y compromisos que no llegan a concretarse. Más de un año después, la percepción de muchos profesionales es que, en la práctica, el acuerdo ha quedado en papel mojado. Es una situación que el colectivo vive como una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto hacia quienes sostienen día a día la sanidad pública de Cantabria.”, apunta.

Exige explicaciones

SATSE exige una reunión urgente con el consejero de Salud para conocer las razones que han impedido el desarrollo de los compromisos adquiridos, reclamar explicaciones sobre los incumplimientos producidos y exigir un calendario concreto, público y verificable para la ejecución de cada una de las medidas pendientes.

El Sindicato advierte de que la confianza de las enfermeras y fisioterapeutas se encuentra seriamente dañada y que no puede seguir pidiéndose paciencia a unos profesionales que llevan más de un año esperando el cumplimiento de unos acuerdos que fueron firmados y anunciados públicamente por la propia Administración.

Por último, SATSE Cantabria reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de las enfermeras y fisioterapeutas y no descarta la adopción de nuevas medidas de presión si la Consejería continúa sin ofrecer respuestas ni avances reales en el cumplimiento del pacto suscrito el 25 de junio de 2025.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha puesto en marcha una experiencia de aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL) junto a la Universidad Católica del Maule (Chile) con el objetivo reforzar la formación práctica del estudiantado de Enfermería mediante el trabajo conjunto en casos clínicos relacionados con las urgencias y emergencias de las personas adultas.

La iniciativa, denominada 'Cuidados de Enfermería en el adulto con patologías de urgencia y emergencia', está coordinada por el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, Álvaro Astasio-Picado, junto a la académica chilena Leyla Sáez. La experiencia reúne a ocho estudiantes españoles y siete chilenos, que compartirán actividades académicas y trabajo en equipo en un entorno internacional y digital.

Acercarse a la enfermería desde una perspectiva internacional

El proyecto utiliza situaciones clínicas complejas como herramienta de aprendizaje para desarrollar competencias relacionadas con el razonamiento clínico, la toma de decisiones y la planificación de cuidados de Enfermería. Además, según detallan desde la UCLM, favorece el intercambio intercultural y el análisis comparado de los modelos de atención a las urgencias y emergencias en España y Chile.

Según explica Álvaro Astasio-Picado, “esta experiencia permite que el estudiantado se acerque a la práctica enfermera desde una perspectiva internacional, compartiendo conocimientos y formas de abordar situaciones clínicas con futuros profesionales que se están formando en otro sistema sanitario”. Asimismo, destaca que el trabajo conjunto “favorece competencias relacionadas con la comunicación, el trabajo en equipo y la comprensión de otras realidades profesionales”.

Entre las actividades previstas figuran la resolución de escenarios clínicos relacionados con la atención urgente y el análisis compartido de un mismo caso desde la perspectiva de los sistemas sanitarios español y chileno. Los equipos internacionales deberán valorar la situación clínica, establecer prioridades asistenciales y elaborar planes de cuidados basados en la evidencia científica.

Además de Álvaro Astasio-Picado, participa en el equipo académico de la UCLM Clara Maestre Miquel. Por parte de la Universidad Católica del Maule colaboran Natalia Pereira, Claudia Zamberlain, Danilo González, Pedro Maniglia y María Soledad Contreras.

La unidad COIL, que se desarrolla durante cinco semanas, entre el 3 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, concluirá con la evaluación del del aprendizaje mediante un informe final basado en un caso clínico.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha subrayado que las plantillas de enfermeras se encuentran “ya muy sobrecargadas de trabajo”, por lo que ha reclamado “refuerzos para evitar los problemas que se producen siempre en la campaña de la gripe”.

Según ha indicado, es necesario que todos los servicios de salud “no caigan en el mismo error de todos los años” y que fortalezcan los equipos en los centros de Atención Primaria “para que la próxima campaña de vacunación de la gripe y la Covid-19 se pueda desarrollar sin incidentes, dificultades o demoras que perjudiquen a las personas y a estas profesionales”.

La campaña, que arranca a finales de septiembre, “no solo se basa en el acto de vacunación, sino también en la labor preventiva y de sensibilización que tiene que realizar la enfermera de Atención Primaria de forma previa, así como la fase de registro, detección de posibles efectos adversos y seguimiento en su caso de estas personas usuarias”, ha señalado SATSE.

Por ello, ha insistido en su denuncia de que las enfermeras “tienen que hacerse cargo de hasta 2.000 personas, e incluso más, cuando el cupo máximo no debería superar las 1.500”. La situación “se agrava cuando tienen que dedicar gran parte de su tiempo a educar, sensibilizar y vacunar a miles de personas durante semanas, ha incidido.

“Sin enfermeras suficientes, el proceso se ralentiza y surgen dificultades, sobre todo en zonas rurales, para que todas las personas puedan vacunarse en tiempo y forma”, ha continuado, para añadir que, debido a ello, es requerible que las Consejerías de Sanidad “no dejen de lado las necesidades de la población y aseguren que todas las campañas se desarrollan de manera ágil, eficiente y eficaz”.

“Si queremos alcanzar los porcentajes de cobertura establecidos en la estrategia nacional de vacunación, y que llegan al 75 por ciento en el caso de los mayores y al 60 por ciento en el de las mujeres embarazadas y niños hasta los 59 meses, debemos en todo momento facilitar y garantizar el tiempo que estas enfermeras tienen destinado al proceso integral de vacunación”, ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que “el origen del problema continúa siendo el déficit estructural de profesionales de Enfermería que tienen todos los servicios de salud”, el cual “requiere de una solución ambiciosa, conjunta y pensando siempre en cómo dar respuesta a las necesidades existentes de la sociedad” y del sistema sanitario “en el presente y futuro”.

Actualmente, “se encuentra aún pendiente de aprobación la Ley de ratios enfermeras, impulsada desde SATSE a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)”, ha expuesto al respecto de una norma “que busca garantizar una dotación adecuada y segura de estas profesionales sanitarias en los centros de salud y también en hospitales y centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, por ejemplo”.

Por último, y tras señalar que la campaña de vacunación no deja tiempo para “otras actuaciones fundamentales en materia preventiva y de promoción de la salud”, ha destacado que “los problemas en las campañas de vacunación constituyen un ejemplo más de los errores recurrentes que cometen todos los años las diferentes Consejerías de Sanidad pese a conocer con la suficiente antelación que se producirán”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado un aumento de plantilla de enfermeras pera llevar a cabo la campaña de vacunación de la gripe presentada esta semana por el consejero de Salud, César Pascual.

La campaña de este año pretende ser más ambiciosa e incluye un aumento de los centros escolares donde se vacunarán, vacunación sin cita los fines de semana y otras medidas en las que en ningún caso se ha hablado de un aumento de plantilla, ha señalado SASTE en un comunicado.

“Este sindicato está a favor de que se vacune a un mayor número de personas pero para ello se necesita un aumento de la plantilla enfermera”, ha declarado Ana Samperio, secretaria general de SATSE Cantabria. “No hemos sido informados de cómo se va a llevar esta campaña ni cómo se contempla la cobertura en los centros de Atención Primaria mientras las enfermeras vacunan en los centros escolares o residencias de la tercera edad”, ha añadido.

Sobrecarga de trabajo

El Sindicato de Enfermería quiere evitar que las enfermeras de los centros de salud se vean sobrecargadas con esta campaña. “Si hay más centros escolares con vacunación la enfermera del centro de salud tendrá que ausentarse más días, ¿cómo va a mantener su agenda?”, se ha preguntado Samperio.

Una novedad de esta campaña es la existencia de puntos de vacunación durante los fines de semana en distintos centros de salud. “No sabemos si el consejero tiene pensado que sean las mismas enfermeras de los centros de salud las que, además, vacunen los fines de semana o es que ha valorado contratar enfermeras para estos puntos de vacunación”, ha añadido Ana Samperio. “Una vez más el consejero no nos ha informado de nada”, ha concluido la secretaria general del sindicato.

El Sindicato de Enfermería SATSE ha presentado un escrito de queja ante la Diputada del Común para denunciar “la práctica reiterada y sistemática” del Servicio Canario de la Salud (SCS) de formalizar nombramientos temporales de sustitución por periodos de apenas quince días, incluso cuando las causas que justifican dichas sustituciones se prolongan durante meses.

Según expone la organización sindical en un comunicado, esta actuación afecta a numerosos profesionales del sistema sanitario público canario, que encadenan sucesivos nombramientos de muy corta duración pese a cubrir una misma situación de ausencia del titular de la plaza como una incapacidad temporal, una excedencia con reserva de plaza u otras circunstancias similares.

En muchos de los casos analizados asegura que no existe una justificación objetiva que explique el fraccionamiento de las sustituciones en contratos consecutivos de quince días, cuando la necesidad asistencial y la causa de la sustitución permanecen vigentes durante un periodo mucho más amplio.

El resultado de esta práctica sitúa a los trabajadores en una situación permanente de incertidumbre sobre su continuidad laboral, dificultando la planificación de su vida personal, familiar y profesional.

Además, SATSE advierte de que el encadenamiento de estos nombramientos contribuye a perpetuar una situación de precariedad estructural en el empleo público sanitario y afecta a un elevado número de profesionales del SCS.

A ello afirma que se le suma “el incremento innecesario de las cargas administrativas” derivadas de la tramitación reiterada de nombramientos de muy corta duración, así como la falta de criterios transparentes que permitan comprender por qué se opta por el fraccionamiento de las sustituciones cuando la necesidad asistencia continúa existiendo.

SATSE incide en que la normativa vigente establece que la duración de los nombramientos temporales debe guardar una relación directa y proporcionada con la causa que los motiva. Sin embargo, asegura haber constatado “múltiples casos en los que se formalizan sucesivos nombramientos de sustitución por periodos de quince días, aun cuando la causa que originó la cobertura continúa existiendo sin variación alguna”.

Ante esta situación, SATSE Canarias ha solicitado la intervención de la Diputada del Común para que analice la adecuación de esta práctica a los principios de buena administración, seguridad jurídica y estabilidad en el empleo público, así como para que impulse las medidas necesarias que garanticen una gestión de los nombramientos temporales acorde con la legalidad vigente y respetuosa con los derechos de los profesionales sanitarios

El Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha formalizado la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras de Toledo, situada en el barrio de Palomarejos, mediante la firma de la escritura de compraventa con la Tesorería General de la Seguridad Social, culminando así el proceso iniciado por la institución provincial para incorporar este inmueble a su patrimonio.

Así lo han ratificado mediante firma ante notario la presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el Secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados.

La operación se ha realizado por un importe de 2.048.397 euros, cantidad fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social y aceptada por la Diputación, y supone “un nuevo paso en el proyecto para transformar el edificio en una residencia universitaria que permita ampliar la oferta pública de alojamiento para estudiantes”.

Servirá para cubrir la demanda que supera las 300 solicitudes

La institución provincial cuenta actualmente con las 92 plazas de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, una oferta que ha registrado una demanda muy superior a las plazas disponibles, con cerca de 300 solicitudes en el último curso. Además, más del 90 por ciento de los usuarios de esta residencia proceden de la provincia de Toledo y más del 70 por ciento son de Talavera de la Reina y su comarca, según los datos facilitados por la Diputación.

Cedillo ha señalado que “queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible”.

Con esta nueva adquisición, la Diputación da respuesta a una necesidad que afecta al conjunto de la provincia y avanza en el objetivo de que estudiar no dependa del código postal.

La institución provincial ha defendido desde el inicio de este proyecto que ningún joven de la provincia debe tener que renunciar a cursar estudios universitarios por no disponer de un alojamiento accesible.

El edificio pertenecía a la Seguridad Social

El inmueble adquirido está situado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio de Palomarejos, y es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, como sucesora universal del Instituto Nacional de Previsión, que lo adquirió mediante escritura de compraventa en 1971.

El edificio está compuesto por planta semisótano, planta baja y tres plantas, con una superficie construida de 4.832 metros cuadrados, según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, además de una zona ajardinada de 779 metros cuadrados.

La incorporación del inmueble al patrimonio provincial permitirá recuperar para un uso público un edificio que actualmente se encuentra en desuso y avanzar en su transformación en un nuevo recurso residencial destinado a estudiantes universitarios.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con los jóvenes y con la igualdad de oportunidades, poniendo de manifiesto que “facilitar el acceso a los estudios universitarios es también invertir en el futuro de Toledo”.

La adquisición se suma así a las políticas que la Diputación viene desarrollando para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de sus vecinos, con especial atención a la formación de los jóvenes y a la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.

La Diputación Provincial de Toledo depositó el pasado 30 de marzo el 5 por ciento del precio de venta, por importe de 102.420 euros, y ha completado ahora la operación mediante el abono de los 1.945.977 euros restantes en el momento de formalización de la escritura.

Para hacer frente a la adquisición, la institución provincial adjudicó el 22 de julio una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.048.397 euros al Banco Santander, S.A., cuyo contrato ha sido formalizado el 11 de agosto.

La operación de adquisición cuenta con los correspondientes informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación y ha seguido el procedimiento establecido para la incorporación del inmueble al patrimonio provincial.

Con la firma de la escritura, la Diputación culmina la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras y abre una nueva etapa centrada en la adecuación del edificio y en el desarrollo del proyecto de residencia universitaria, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución provincial con la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de los jóvenes de Toledo.

Que un paciente reciba su tratamiento es el resultado de un trabajo en el que intervienen un buen número de profesionales en los que muchas veces no reparamos. Están encabezados por médicos y enfermeros, que son la cara visible del sistema sanitario. Sin embargo, hablar de la labor asistencial es hablar de equipos mucho más amplios, multidisciplinares y especializados. Desde técnicos en cuidados auxiliares de enfermería hasta los de imagen, audiología, laboratorio, radioterapia…

Todos ellos son cruciales en las labores de prevención, diagnóstico y recuperación de los pacientes. Por eso, no es de extrañar que en España, donde la población está envejeciendo, aumenta la cronicidad de ciertas enfermedades y se trabaja cada vez más en prevención, sea necesario reforzar la Atención Primaria, hospitalaria y sociosanitaria. De ahí que el sector sanitario registre en los últimos años una alta empleabilidad.

Así lo refleja el informe Tendencias del Mercado de Trabajo en España 2026 elaborado por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que, además, confirma que esta tendencia se mantendrá a futuro, entre otras cosas, porque también será necesaria la reposición de personal ante el relevo generacional que está viviendo el sector.

Perfiles técnicos, con vocación de servicio y trabajo en equipo

¿Hay una alta empleabilidad en el sector sanitario? Sí, pero de perfiles concretos. Se busca personal técnico cualificado en cuidados y atención al paciente, laboratorio, diagnóstico, audiología e imagen médica. También profesionales que den apoyo en consulta, clínicas y centros sociosanitarios. Cada uno con su especialización, pero todos con algo en común: la vocación de servicio, la responsabilidad y las ganas de trabajar en equipo.

No en vano, de su labor dependerá la calidad de la atención que reciba cada paciente. De esto, saben bastante en metrodora FP, red de centros especializados en Formación Profesional sanitaria oficial. Conocen la labor asistencial en profundidad y así, y con mucha práctica, se la enseñan a los alumnos que cada año pasan por sus aulas. Lo hacen para aprender en alguna de sus titulaciones (Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Audiología Protésica, Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Dietética, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico, Prótesis Dentales y Radioterapia y Dosimetría) en Madrid, Valladolid, Santander y Logroño. Porque sí, al sector sanitario también se accede a través de la Formación Profesional, que permite trabajar y seguir estudiando.

A una FP de trabajar en el sector sanitario

Para trabajar en el sector sanitario no es necesario matricularse en la universidad. ¿Es una de las vías? Por supuesto, pero no la única. De hecho, los ciclos de Formación Profesional han ido ganando terreno en los últimos años.

A cuestiones como su modernización, el carácter práctico de sus enseñanzas y que están conectadas con el mercado laboral se unen los datos del Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes. Estos apuntan a que el 50% de los titulados en FP Superior está trabajando al primer año y que, a los tres años, la afiliación a la Seguridad Social supera el 60%. La inmediatez en ese acceso al mercado laboral es otro de sus puntos a favor.

Desde el SEPE señalan que muchos titulados en FP Sanitaria acceden a su primer empleo a través de las prácticas formativas. Es decir, que pasan del aula a estar en un entorno real de trabajo, con pacientes, protocolos sanitarios y de seguridad y equipos multidisciplinares.

¿Cómo se les prepara para ello? En metrodora FP, por ejemplo, cuentan con el Método Experience. “Acerca a nuestros alumnos la realidad del hospital, del servicio, del laboratorio al día a día en el aula”, explica Rubén Rodríguez, coordinador académico y profesor de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Lo consiguen simulando en las aulas entornos sanitarios reales donde se prioriza la formación práctica y el desarrollo de las habilidades técnicas y profesionales que, después, podrán aplicar a su puesto de trabajo. Les enseñan los procedimientos y las competencias que se esperan de ellos, pero van más allá. “Damos mucha importancia al aspecto humano relacionado con la atención al paciente: un toque de calidad, humanidad y cercanía que los profesionales siempre tenemos que tener con nuestros pacientes”, profundiza el profesor.

Si Rubén conoce la realidad del trato con el paciente es porque, como el resto de docentes de metrodora FP, es un profesional en activo. Un claustro así permite que los alumnos conozcan el sector sanitario desde dentro, sepan cómo es su día a día y conecten con situaciones reales. “El contacto con la realidad del sector nos permite detectar las necesidades del entorno sanitario y preparar al alumnado en línea con lo que se necesita en cada momento”, resume.

Además, de cara a las primeras prácticas en centros sanitarios reales, desde metrodora FP mantienen el acompañamiento y la orientación al estudiante en todo momento, de manera que la transición entre el aula y el mundo laboral resulta mucho más fluida. Quizá por todo lo anterior pueden lucir el sello Madrid Excelente, de la CAM, que solo tienen cuatro centros en Madrid (dos de ellos son de metrodora FP).

Además, pensando en el desarrollo de sus alumnos a medio y largo plazo, fomentan que los estudiantes de un determinado ciclo resuelvan casos de manera coordinada con alumnos de otros ciclos sanitarios. “Es necesario que tengan contacto con otros ciclos, que conozcan lo que se hace en cada uno y que sean capaces de ver más allá de su profesión”, asegura Rubén. Y también preparan a aquellos alumnos que desean continuar sus estudios sanitarios, cosa que pueden hacer a través del ecosistema de centros de formación de grado, posgrado y formación continua de metrodora. Porque, como decíamos al principio, esto va de un trabajo en equipo, en un entorno multidisciplinar en constante desarrollo y que tiene al paciente en el centro.

La Región de Murcia acumula un segundo descalabro en su sistema de oposiciones. Después de que hace unas semanas las oposiciones a Maestro dejasen cifras de aprobados por debajo del 25 por ciento, este jueves le ha llegado el turno a las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Las pruebas selectivas para TCAE convocaban un total de 90 plazas, que no llegarán a cubrirse. De los 3.300 aspirantes que se han presentado este año, solo han aprobado un total de diez, el 0,3 por ciento. Del turno de discapacidad, no han aprobado ni uno solo de los 125 opositores que se han presentado.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado que, de confirmarse estas cifras, “estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado”. Desde el sindicato han urgido a la Dirección General de Función Pública a la paralización cautelar del proceso selectivo y a “analizar las consecuencias de un resultado de estas características”. Tal y como han descrito del sindicato, este organismo regional es el responsable de “garantizar que los procesos selectivos se desarrollen con objetividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público”.

“Cuando un proceso selectivo deja fuera, en un único ejercicio, a prácticamente la totalidad de las personas aspirantes, la Administración no puede limitarse a continuar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido”, han abundado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Portavocía, ha defendido que los tribunales de oposición son órganos “autónomos e independientes”: “La Administración regional respeta plenamente esa autonomía y garantiza que sus decisiones se adopten con absoluta independencia, sin intervenir en la elaboración, desarrollo o corrección de las pruebas selectivas”.

Según la consejera, “la Administración regional es la primera interesada en que los procesos selectivos culminen con la cobertura efectiva de las plazas convocadas” y apunta a una justificación alternativa a la alta tasa de suspensos: “Por acuerdo con los sindicatos, en este examen, con el mero hecho de presentarse y al margen de la puntuación obtenida, se entra en la bolsa de empleo”.

“Más de 2.200 aspirantes obtuvieron una puntuación de 0, muchos de ellos respondiendo a la totalidad o prácticamente la totalidad de las preguntas del examen [tipo test]”, ha abundado, descartando que los suspensos se traten de un “hecho aislado: ”Responden a una tendencia que se viene observando en distintos procesos selectivos de todas administraciones de las Comunidades Autónomas. La Administración regional comparte la preocupación que generan estos resultados y analizará, junto con las organizaciones sindicales, las posibles medidas que permitan mejorar la eficacia de futuros procesos selectivos“.

La situación no es nueva. Todos los sindicatos de Castilla-La Mancha llevan meses denunciando la situación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Pero con la llegada del verano, la media de entre 500 y 600 personas que acuden a este servicio diariamente, ha provocado un “colapso” que ahora ya no consideran solo profesional sino también “humano” por la “mala calidad” en la atención a los pacientes.

La voz de alarma para decir ‘basta’ la ha dado el sindicato CSIF ante un escenario que consideran “totalmente insostenible” tanto para el personal médico, enfermero, celador y administrativo como para las personas atendidas.

Son “problemas estructurales graves que llevamos arrastrando mucho tiempo, pero que han llegado a un punto insoportable”, explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias del Hospital toledano y delegado del área sanitaria de este sindicato.

El motivo principal que apunta es la orden emitida por la Gerencia del centro de que los médicos de planta y de quirófanos se vean “obligados” a realizar su labor en el servicio de Urgencias. Esto ha provocado que 11 facultativos hayan dejado su puesto por “saturación” y “estrés”, lo que ha deteriorado aún más el servicio. Con ello, actualmente hay 35 facultativos en Urgencias, ocho de ellos con reducciones de jornada.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. A falta de estos médicos, los puestos los han ocupado profesionales residentes, muy jóvenes y con “contrataciones precarias” a los que también hay que formar, y que no tienen apenas experiencia. Y junto a todo ello, el resto de categorías profesionales se encuentran también “bajo mínimos” en el servicio.

“Esta improvisación es una solución que solamente desplaza el problema, ya que obliga a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo eficazmente. Porque el trabajo en Urgencias no se puede improvisar de un día para otro, y sacar médicos de sus consultas e intervenciones genera un nuevo problema”, argumenta Miguel Ángel González.

No es de extrañar que el problema se refleje no solo en las Urgencias, sino en todas las plantas. Y esto, afirma, hace que el Hospital de Toledo sufra un “colapso no solo profesional, sino también humano”.

Cuenta que esta misma mañana había 77 pacientes pendientes de ingreso, 13 de ellos con tres días de espera, pero han llegado a tener hasta 86 pacientes esperando. “No son situaciones normales. Esto va en contra del propio Reglamento del SESCAM (el servicio castellanomanchego de salud), que establece un máximo de 48 horas de espera, y además hablamos de pacientes pluripatológicos y geriátricos, que sufren mucho”.

“Por eso todo esto tiene un lado humanitario que ya no se puede sostener y tanto la Gerencia como el SESCAM deben tomar cartas en el asunto”, añade por su parte Victoria Gutiérrez.

Los profesionales están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados

Al igual que el doctor González, subraya que la “huida” de médicos también ha provocado una “desbandada” del resto de profesionales que trabajan en el servicio. “Están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados”, remarca.

Recalca que se trata de una “situación límite” derivada también de una “absoluta falta de planificación e inversión”. “Esto repercute no solo en los pacientes sino en la salud de los profesionales. Se han ido todos los que han podido, y los que no, presentan graves deterioros de su salud física y mental. Tenemos cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Algunos van como zombis”, resalta.

La delegada sindical pone también el acento en otra causa muy relevante de esta situación: una Atención Primaria “muy tensionada” en la que los médicos y médicas de familia están dando cita con una espera de dos semanas. Lo mismo sucede con las consultas especializadas. “Las listas de espera son desorbitadas, por lo que la gente termina por acudir a Urgencias y el problema se vuelve insostenible”.

Otro motivo “incomprensible”. Según apuntan ambos, hay 80 camas en plantas cerradas del Hospital Universitario de Toledo y la Gerencia no ha dado ninguna explicación sobre las causas para que no se abran y descongestionar el colapso y las esperas pendientes de hospitalización en el servicio de Urgencias.

A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen

“A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen”. Por todo ello, el sindicato exige la contratación “inmediata” de facultativos para Urgencias y del resto de especialidades, la apertura de las 80 camas actualmente cerradas, un plan de contingencia para el verano y el cese de la obligación de desplazar a especialistas de planta.

Ambos lamentan que esta orden para los meses de julio y agosto se haya adoptado sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Según detallan, hubo algún encuentro antes del verano, pero no avanzaron ninguna medida. “Han adoptado este plan sin informar a la Junta de Personal”, denuncian. De hecho, Miguel Ángel González apunta que la Gerencia nunca ha elaborado planes de contingencia, ni para verano ni para invierno.

Cables por el suelo y monitores compartidos

Dicho esto, el doctor González ha explicado que, además, la situación de un paciente en Urgencias “se deteriora mucho más” y se agrava si requiere hospitalización y no la recibe. Pone como ejemplo que, en los boxes individuales, donde antes había dos salas con 30 plazas, ahora solo hay una con 60 plazas. “Esto implica que haya cables por el suelo, monitores compartidos, gente que tropieza y pacientes apelotonados”.

“No podemos trabajar así, cada turno es un suplicio y nos lo están transmitiendo los familiares de manera continua. Muchos pacientes tienen patologías muy complejas y nos les podemos dar toda la atención que requieren. Es una medicina de guerra, de batalla, todo está descontrolado”, resalta por su parte la delegada sindical.

Finalmente, Miguel Ángel González vaticina que después del verano los problemas “van a seguir ahí” porque “no hay ningún plan diseñado, solo un parche mal puesto que juega con los pacientes”. Por ello ha pedido a los altos cargos del SESCAM que “vengan a Urgencias y vean la situación, porque mientras nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad profesional, ellos no hacen nada ni cargarán con las consecuencias”.

El Hospital afirma que la atención asistencial está “garantizada”

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha salido al paso de estas acusaciones, afirmando que el SESCAM garantiza la atención sanitaria “adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial”, con el objetivo de “ofrecer una atención continua, segura y de calidad”.

Según los datos que aporta, en los últimos 15 días, el servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la “elevada actividad asistencial” que registra el centro y “su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población”.

El SESCAM no entra en detalles sobre las incidencias apuntadas por CSIF. Se limita a afirmar que el servicio de Urgencias registra una demanda asistencial que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan “una mayor complejidad asistencial”.

“En este contexto, el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad”, añade.

Asimismo, apunta que La Dirección es “plenamente consciente” de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera “superiores a los deseables”, como consecuencia del incremento de la demanda.

En este punto reconoce que que el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales, agrega, son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atienden a pacientes “con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad”. Esta reorganización se ha diseñado “garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes”.

“La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones”.

Concluye afirmando que hay “un seguimiento permanente” de la actividad del servicio de Urgencias y con reuniones diarias de coordinación en las que participan profesionales, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, “adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada”.

Santander despierta con la sensación de que funciona sola. Su bahía -“la más hermosa del mundo”, dice su gente- ilumina de un azul radiante el Paseo de Pereda; cientos de caminantes impecables hacen el paseo a todas horas mientras disfrutan de vistas al mar y a la montaña. Los turistas fotografían la bahía, cruzan hacia el otro lado de la avenida y encuentran las terrazas: cervezas frías, vermuts y rabas. A unos metros, bares y restaurantes: pinchos, vinos y menús del día.

La ciudad palpita con su propio ritmo. La gente sube a sus autobuses, llena sus aulas, abre sus comercios, despacha sus trámites, recibe sus pesqueros. Los funcionarios entran a sus oficinas. Los niños llegan a la escuela. Los médicos fichan en los hospitales. Todo discurre con acostumbrada rutina.

Hay también los que no tienen para comer, pero que comen igualmente. Los que no recuerdan ni su nombre y dependen de otros para hacer cosas tan simples como ir al baño. Los que siempre han estado, pero a quienes la mayoría prefiere no mirar.

También están quienes los cuidan.

La casa ajena

Santander vive pendiente del tiempo, cambia de humor con él. En una tarde azul, la Plaza del Ayuntamiento rebosa de gente: niños que juegan a la pelota, caminantes que se entrecruzan, turistas que contemplan la casa consistorial con todos los bancos ocupados a su alrededor. En una de esas esquinas de la plaza, un grupo de seis mujeres de diferentes generaciones brinca de un tema a otro en su conversación. Hablan de sus cosas, de lo que les pasó en la semana, de sus familiares y de sus amigos. También hablan sobre aquellos a quienes cuidan.

Todas se ganan la vida asistiendo a personas mayores. Entre risas designan como su portavoz a Carmen -nombre ficticio, a petición de la entrevistada, para proteger su empleo-, porque es “la que más experiencia tiene”. Ella viene de Perú, tiene 62 años y pronto cumplirá cuatro viviendo en Cantabria. Dedica su vida a acompañar la de otros. Actualmente cuida a Concepción -también nombre ficticio-, de 96 años.

Concepción tiene alzheimer y ya no habla ni una palabra. “Me ve y sonríe, nada más”, dice Carmen. “Es muy difícil saber si está de buen humor o de mal humor, pero cuando algo le duele, sí: se queja, hace ruidos y lo señala con sus brazos, que todavía tienen un poco de movilidad”. El trabajo consiste en la compañía. “Ella no me entiende, mucho menos me contesta, pero siempre me mira. Yo trato de siempre hablarle, contarle mis cosas, a veces me hace caras”, dice. “En eso se van las horas” -suspira- “limpio la casa, lavo su ropa, cocino para ambas, la saco de paseo y le platico, así no me doy cuenta de la soledad que a veces evoca el trabajo”.

Carmen cuida el espacio para sí misma, no sólo para Concepción: “Como tiene alzhéimer no se da cuenta de cómo está su casa. Yo trato de manejarlo lo mejor posible porque paso ahí mucho tiempo”. Se reparte la labor con otra compañera en turnos de ocho horas cada una, de manera que Concepción nunca se queda desatendida. Hoy en día, ellas son las dos únicas personas del mundo a quienes reconoce.

La experiencia de la que hablaban las compañeras de Carmen empezó mucho antes de su llegada a Santander, en Perú, pero los años no han conseguido volver más ligero el trabajo. Hay escenas que todavía la golpean en un lugar íntimo. “Mentalmente la parte más difícil es cuando Concepción está enferma. Ahí me da pena. Veo reflejada a mi madre, que murió hace unos años”, explica la cuidadora.

Durante su vida, Carmen ha convivido muy de cerca con la muerte: tres personas han muerto entre sus brazos. La primera, su madre. “Fue la más difícil. Yo no tenía ninguna experiencia. No se fue en paz: se fue agonizando, sabiendo que se moría y diciendo que no quería morir”, relata con una calma inquietante. El proceso –cuenta– fue largo. Empezó hace más de ocho años, cuando su madre enfermó y la vida de Carmen comenzó a girar alrededor de los cuidados. Así aprendió a cuidar ancianos: a entrar en su intimidad sin hacer ruido, a sostener su cansancio.

La segunda muerte que Carmen acompañó fue la del padre de sus hijos. “Para entonces ya tenía algo más de experiencia, más herramientas para enfrentar algo así. Pero igual fue muy complicado”. Murió de un paro cardíaco. Carmen revive la imagen: el padre de sus hijos inconsciente, desplomándose poco a poco entre sus brazos. “Estaba agonizando y soltaba muchas lágrimas”, recuerda.

La tercera muerte fue la del esposo de Concepción. Para ese entonces, ella ya sabía algo que nunca quiso aprender. “Cuando falleció el señor aquí, bueno, ya estaba más preparada y lo supe sobrellevar mejor”. Carmen explica que en ese caso, el final fue más apacible, sin sobresaltos: “Él no se dio cuenta de lo que pasó, se fue con sutilidad”. “En este punto creo que la muerte es como un sueño. Uno muere y no despierta”, reflexiona.

El plato caliente

Mientras esta conversación trascurre en la Plaza del Ayuntamiento, en una cocina silenciosa una mujer prepara la comida para 200 personas. Lleva trabajando desde las seis y media de la mañana: desinfecta, lava, pica, pela, corta, marina, adoba, hierve, asa, fríe, emplata y sirve. Como cada mañana, todas las mañanas. Opera sus utensilios con una agilidad pasmosa, se mueve entre las grandes ollas y estufas industriales como su fuera su casa.

Priscila Manzaba tiene la cara redonda y agradable, su delantal impecable, el pelo bajo una cofia con dibujitos de berenjenas. Es originaria de Ecuador, tiene 52 años, 28 viviendo en España, 17 en Cantabria. Lleva casi 13 trabajando en la Cocina Económica de Santander, cuatro como jefa de cocina. “Tú ves ahí la comida que sale y en media hora desaparece. Entonces yo llevo toda la mañana aquí y digo: madre mía, un ratito”.

En una de las mesas, está el menú de la semana, ya programado y listo para ejecutarse: potaje de garbanzos con verduras y pescado frito para el lunes. Salchichas, patatas fritas y arroz con verduras para el martes. Los miércoles toca menestra y muslos de pollo. Hoy se sirven costillas y macarrones. El olor se apropia de la gran nave metálica. Pasadas las diez de la mañana ya hay unas diez bandejas, que brillan por la grasa que suelta la carne. Para las cenas, otra lista igual: San Jacobos algún día, crema de coliflor otro, pizzas, purés, hamburguesas. Los desayunos casi no varían: “Un pancito tostado con aceite, yogur o fruta, y café con leche para todos”, explica Priscila.

Los menús de comidas y cenas varían de acuerdo con los donativos y el presupuesto a disposición. El equipo de cocina se reúne con la dirección -a cargo de las Hijas de la Caridad- y con la jefa de almacén, y toman decisiones conjuntas “tratando de siempre alternar”.

El tamaño de las raciones, en cambio, no se deja a la improvisación: es el mismo para todos. Priscila ha tenido que aprender a explicárselo a los propios voluntarios, que a veces se dejan llevar por la pena: “Es que es joven, necesita comer más”, le dicen. Ahí, dice, empieza el problema: si a uno le das dos piezas y al otro una, el que recibió menos lo nota. Una ración para todos. Parejo.

El trabajo se reparte en turnos, que cambian cada semana. “Una semana me toca por la mañana, otra semana por la tarde”, explica Priscila, y que cuando le toca por la mañana es el turno más cansado “porque estoy sola y tengo que sacar todo el servicio de desayuno y comida”. Cocinar sin parar, toda la mañana. Cocinar. “Elaborar esas cantidades de comida lleva un proceso que la gente al final no ve, no nota”, dice.

La Cocina Económica se encuentra en la zona alta del centro, en una esquina a unos metros del Paraninfo de la Universidad de Cantabria. El comedor es amplio y ordenado, iluminado por una luz de una blancura clínica. Unas treinta mesas, cuatro sillas cada una, un pequeño salero en el centro.

El número de platos que se sirven en el comedor cambia constantemente aunque ronda las 200 comidas al día. Hay quien viene durante meses y un día no vuelve porque encontró trabajo o porque consiguió regularizar sus papeles. Hay quien desaparece y regresa, desaparece y regresa, arrastrado por una adicción o por una enfermedad que no avisa. Hay quien fallece. Los hay que llevan años y los hay que no duran una semana. De entre todos ellos, algunos terminan quedándose como voluntarios. Personas que llegan con hambre y que, eventualmente, pasan a tener algo que dar.

Los desayunos se reparten a las 9:30. Una media hora antes comienzan a llegar: jóvenes y mayores, mujeres y hombres, alguna madre con su carrito de bebé. Conversan entre ellos. Interactúan distintos acentos. La mayoría está de buen humor a pesar de la mañana plomiza y lluvia ligera. Muchos fuman. Fuman mucho.

Priscila conoce esa fila de memoria. Sabe quiénes vienen todos los días, quiénes llevan años, quiénes vienen por primera vez. Estos últimos se distinguen solos. “Se nota muchísimo. Bajan la cabeza, se nota”.

Aquí no se trata solo de que nadie se quede con hambre. Priscila quiere que la gente salga contenta: que el menú les guste, que repitan, que pidan el pollo asado la semana siguiente. En época de Ramadán, por ejemplo, Priscila y sus compañeras adaptan parte del menú para sus usuarios musulmanes.

“Intentamos que se sientan, en el momento en que entran, como en casa, como en familia”. Priscila sabe de esto: tras cerca de tres décadas fuera de su país natal conoce el sentimiento. “A veces, en Navidad, ya lo ves”, dice. “Al venir de otro país, lo notas mucho, les hace falta eso”.

La relación con los habituales es cordial, casi cercana. “Cuando sales allí, te agradecen, te dicen que está muy rica la comida”. Cuando se vuelven voluntarios, ese vínculo se hace más personal: hablan, cuentan sus historias, ayudan a recoger las mesas. Priscila los conoce por sus nombres, por sus manías, por cuánto llevan. A veces los pierde. Hace unos meses falleció uno de ellos, un señor de unos sesenta años que siempre se acercaba a la ventana a charlar y traía bombones cuando era el cumpleaños de alguien. Era cocinero. “Me chocó mucho”- lamenta- “nos afectó mucho”.

“Aquí se trabaja mucho. Hacemos todo: cocinamos, fregamos, limpiamos. Pero me gusta. No me veo en otros sitios”, explica. Cuando se le pregunta qué le gustaría que supiera la gente de este lugar, Priscila no lo piensa un segundo: “Que existe. Que hay un lugar donde te pueden dar de comer bien, que te pueden acoger con cariño. Mucha gente no lo sabe”.

Ningún registro clínico

Son menos de diez esperando el bus en la parada. Un par de hombres tatuados con pintas rockeras y despreocupadas; tres mujeres de más edad, bajitas, con sus camisas floreadas. Otra, más alta y más joven, con un conjunto deportivo negro. Un hombre entrado en años que lleva un jersey con la imagen de alguna ciudad estadounidense y que dice 'Tommy Jeans'. Charlan de cualquier cosa. Por allí pasa la línea 6c1, que conecta la Fundación Hospitalarias Cantabria con el centro de Santander. Cuando el bus llega, se levantan exaltados, se forman casi ansiosos para entrar, por un segundo pareciera que incluso entre ellos se desconocieran. Todo por subir antes, como si temieran no poder entrar.

El hospital se planta en la cima de un promontorio: antes esto no era Santander. Años atrás, cuando no había sido engullido por la ciudad, el hospital estaba al margen. Aislado. “Había rejas en todas sus ventanas, tenía una valla a la entrada para que nadie saliera. Ni nos cuestionábamos que las personas que estaban aquí ingresadas pudieran salir a dar una vuelta por Santander”, recuerda María Ángeles Carbajo Martínez, la directora asistencial del centro. Una santanderina de 53 años, delgada, no muy alta -su bata blanquísima- con más de 30 años de experiencia como enfermera, casi toda su trayectoria en este hospital. Entre enfermeras, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, integradores sociales y fisioterapeutas, coordina a más de 250 personas.

Entró al hospital en 1996 para cubrir unas vacaciones, para un mes. Este año cumple tres décadas. “Nunca me planteé dedicarme a otra cosa”, dice, “veía que era una profesión donde podía generar bienestar y mejorar la vida de las personas”. Lo que no vio venir fue dónde.

El hospital respira como un pequeño mundo en sí mismo: pasillos largos y habitaciones pequeñas; una capilla; un gimnasio; un salón de actos; varias zonas recreativas; más pasillos largos, más habitaciones pequeñas; una peluquería, incluso; sus propias cocinas; cafetería; varias plantas y galerías; salones para consultas externas; el constante olor a fármaco.

Unos 400 pacientes viven aquí. No ingresan: viven. Algunas llevan décadas. Además de ellos hay otros 200 que asisten diariamente al hospital. Unos 600 en total: seis centenares de historias, complejidades, complicaciones, afectos. “La relación con ellos es mucho más estrecha porque aquí hay personas que llevan viviendo treinta años”, explica Marian. Las enfermeras los conocen bien: nombres, miedos, manías.

Eso obliga a una mirada distinta. “Tienes que ver mucho más allá de la enfermedad mental porque a veces tienen una enfermedad mental, pero también tienen una enfermedad de corazón, también se rompen la cadera y también son diabéticos. Nuestra mirada es bio, psico, social y espiritual”, explica. No es un modelo teórico: es la única forma de que funcione.

Marián no esquiva la autocrítica. Los turnos, dice, siguen siendo los mismos de siempre: de ocho a tres, de tres a diez, de diez a ocho. Funcionales para el hospital, no siempre para quien vive en él. “El horario está más adaptado a la organización del hospital que a las propias necesidades de las personas”, reconoce.

La relación nunca deja de ser profesional, dice. Pero el componente humano existe sí o sí. Uno de los mayores fracasos posibles en salud mental es el suicidio de un paciente. Le ha tocado vivirlo. Recuerda el caso de un chico bastante joven, extranjero, que llegó al hospital ya con una historia de sufrimiento larga: desde la niñez, pasando por la adolescencia, hasta la edad adulta. El equipo hizo todo lo que pudo. “Pero es inevitable sentir otra parte de fracaso asistencial”, dice. Una pausa. “Como profesional se pasa mal”.

De acuerdo con Marián, cuando se trata de enfermedades mentales, el miedo al rechazo es el problema: “Tú ves una persona que tiene una discapacidad física y lo ayudas, en cambio ves a una persona con una enfermedad mental y genera estigma y rechazo automático. Se les identifica como peligrosos, uno se siente inseguro”.

El estigma produce un efecto muy complicado de manejar en los pacientes. “Dicen: me ven como bicho raro, cómo voy a salir a la calle, se ríen de mí, no me integran”. El mundo les cierra puertas antes de que puedan tocarlas. Por eso el trabajo va más allá de la medicación y el diagnóstico. “El objetivo es que consigan salir adelante, formar una familia, tener un trabajo, poder vivir solos y sentirse llenos con sus proyectos de vida. Ese es básicamente nuestro trabajo”, explica Marian.

Muchas veces el trabajo más importante no aparece en ningún registro clínico. “El trabajo invisible son detalles. No hay manera de registrar la escucha. No dar consejos; simplemente saber escuchar”. Otras veces se trata de ayudar o acompañar. Hay pacientes que quieren retomar el contacto con su familia y necesitan que alguien haga esa llamada, prepare ese encuentro, los acompañe antes y después. Hay quien quiere buscar trabajo y llega a esa entrevista sin saber cómo presentarse. “Son cosas que no aparecen en ninguna historia clínica. Pero son muy impactantes en el bienestar de las personas”.

Otras veces tiene forma de fresas. Puede ser algo tan sencillo como: me apetecen unas fresas con nata fresquitas, y mueve Roma con Santiago porque esa persona las tenga. O mueve Roma con Santiago para que esa persona visite por última vez a un bisnieto“.

Treinta años mirando lo que pasa dentro de una mente rota y la pregunta que más se asoma a su cabeza no viene del trabajo. “Mi padre tiene Alzheimer”-dice- “me pregunto muchas veces: ¿dónde está? Me gustaría saber dónde está ahora mismo en su cabeza”.

Santander, mientras tanto, sigue despertando con la sensación de que funciona sola.

El director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida, y los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, STAS y UGT han suscrito un acuerdo que regulado por primera vez el funcionamiento del personal de Enfermería y Fisioterapia “por zonas de actuación” en el sistema educativo

En concreto, el acuerdo establece el funcionamiento de los puestos de récnico/a sanitario/a y fisioterapeuta creados en 2023, definiendo sus zonas de adscripción y el procedimiento para su gestión. Cada zona contará con una localidad y un centro educativo de referencia: la localidad será, con carácter general, la de mayor población de la zona y el centro de referencia será el que escolarice al mayor número de alumnos.

Asimismo, el texto desarrolla el funcionamiento de los 47 puestos de fisioterapeuta y los 46 de técnico/a sanitario/a incorporados a la Consejería de Educación para atender las necesidades del alumnado.

En este sentido, regula los desplazamientos entre centros educativos de una misma zona y las correspondientes indemnizaciones por razón del servicio. El personal podrá prestar atención en distintos centros de su ámbito de actuación y el kilometraje se calculará mediante Google Maps.

Zonas limítrofes

El acuerdo también contempla la posibilidad de prestar atención en zonas limítrofes cuando las necesidades asistenciales así lo requieran. De este modo, si un alumno precisa estos recursos en una localidad donde no estén disponibles, las delegaciones provinciales podrán autorizar el desplazamiento del personal a municipios cercanos, con carácter general dentro de un radio de 50 kilómetros, ampliable únicamente en situaciones excepcionales.

Además, se unifican los criterios relativos a los festivos locales, de forma que el personal disfrutará de los correspondientes a la localidad donde se ubique el centro de referencia de su zona, y se crea una comisión de seguimiento para evaluar la aplicación del acuerdo.

Por último, el texto incorpora medidas específicas de protección para las trabajadoras gestantes e impulsa una nueva estructura de coordinación regional y provincial. En este marco, se prevé la creación de la figura del Coordinador Regional y la transformación de diez puestos -cinco de Enfermería y cinco de Fisioterapia, uno por provincia- en Coordinadores Provinciales, que asumirán funciones de coordinación técnica y evaluación de las necesidades del servicio.

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.

El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado ante Inspección de Trabajo que varios centros sanitarios de Canarias, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra y Murcia superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas sin arriesgar la salud.

Satse recuerda que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que hay hasta un 70% de probabilidad de que este verano sea más caluroso que lo normal, lo que constituye una seria “amenaza” para la salud pública, ya que no solo hace más calor sino que llega antes y dura más.

Pese a ello, “algunas administraciones sanitarias son las primeras en no cumplir los criterios y recomendaciones” del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026 que el Ministerio de Sanidad activa cada mes de mayo y que incide, entre otras cuestiones, en la necesidad de que se garantice una temperatura adecuada en los lugares de trabajo.

También se saltan, prosigue, el Real Decreto 4/2023, que establece que deben tomarse medidas para la protección de los trabajadores frente a las temperaturas extremas; en este sentido, hace hincapié en que el calor afecta especialmente al personal sanitario “debido a sus duras condiciones laborales y permanente esfuerzo físico y mental”.

Hospitales y centros de salud, afirma, son entornos laborales “especialmente vulnerables” ya que acuden y permanecen en ellos personas de edad avanzada y/o con distintos problemas y complicaciones en su salud, lo cual dispara los riesgos derivados de la exposición al calor excesivo.

El sindicato aclara que la normativa obliga a que los espacios donde se realizan trabajos sedentarios, caso de las consultas sanitarias, la temperatura debe estar obligatoriamente entre 17 y 27 grados centígrados, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe moverse entre los 14 y los 25 grados.

Sin embargo, critica que, por ejemplo, en “varios centros sanitarios en la provincia de Ourense, Salamanca o Araba” se han rebasado los 29 y 30 grados.

Así, como en años anteriores, Satse ha denunciado ante Inspección de Trabajo y las gerencias de salud aquellas situaciones de calor extremo e insoportable debido a temperaturas que llegan a superar los 30 grados en áreas como las plantas de hospitalización, Urgencias o Rehabilitación del País Vasco, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias.

Este problema, asegura, es fruto de la “falta de planificación e inversión” que hace que los centros “no cuenten con los sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realicen los trabajos necesarios de mantenimiento de los equipos en tiempo y forma”, concluye.

Por todo ello, ha exigido a las distintas consejerías de Sanidad que incrementen la inversión necesaria para asegurar que todos los centros sanitarios no tengan problemas de altas temperaturas este verano.

El Sindicato de Enfermería, Satse, muestra su “profunda preocupación” ante las medidas de recorte y reorganización de plantillas previstas por el Servicio Canario de Salud (SCS) para los próximos meses y que van a afectar “directamente” al Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

El sindicato denuncia que estas medidas supondrán una reducción de recursos asistenciales y una “mayor presión” sobre los profesionales sanitarios.

Según la información de la que dispone la organización sindical, el plan contempla el cierre total de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) y el cierre de camas en distintas plantas con actividad quirúrgica, así como la reducción de personal mediante su redistribución a otras plantas.

Esta política tendrá como consecuencia directa una menor contratación de profesionales para cubrir las necesidades asistenciales durante el periodo vacacional, unas medidas que, a juicio de Satse, generarán una “enorme incertidumbre” entre profesionales y usuarios del sistema sanitario público.

Desde el sindicato consideran “especialmente grave” que estas decisiones se adopten en un contexto de elevada demanda asistencial.

Los servicios de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital del Sur atienden diariamente una media de 500 personas, “una presión asistencial que hace difícil entender la reducción de camas y recursos”, señala la organización.

De hecho, apunta que es “previsible” que en numerosos momentos será necesario reabrir camas y plantas cerradas para dar respuesta a la demanda existente, lo que obligaría además a incorporar nuevo personal para garantizar una atención adecuada.

Por ello, el sindicato exige al Servicio Canario de Salud que informe de manera “inmediata y transparente” sobre el plan de vacaciones, los cierres previstos y la planificación de recursos humanos.

Asimismo, reclama la sustitución del cien por cien de las ausencias derivadas de vacaciones, bajas, permisos y cualquier otra incidencia, con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo que ya soportan las plantillas y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad.

Además, Satse rechaza “cualquier política de recortes que suponga menos camas, menos contratación y menos recursos para atender a una población que sigue demandando una asistencia sanitaria pública eficaz y accesible”.

En su opinión, “la sanidad no puede seguir funcionando a costa del esfuerzo extraordinario de sus profesionales”.

Movilizaciones de protesta

Así, el sindicato anuncia el inicio de movilizaciones en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria para exigir “la paralización de estos recortes, el mantenimiento de los recursos asistenciales y la contratación necesaria para cubrir todas las necesidades del sistema sanitario durante el periodo estival”.

Al mismo tiempo que se anuncian recortes en el Hospital La Candelaria, Satse recuerda que ya se han convocado dos concentraciones en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para denunciar la falta de contrataciones durante el verano y los recortes en personal que están afectando a la salud de los profesionales y a la calidad asistencial que se presta a los usuarios.

Los profesionales del HUC también seguirán concentrándose en las próximas semanas, así que se avecina un verano de movilizaciones ante los recortes de personal impulsados por el SCS en los dos principales hospitales de Tenerife, comenta.

“Queda ya muy lejos el esfuerzo realizado durante la pandemia, cuando miles de profesionales dieron lo mejor de sí mismos para sostener un sistema sanitario al límite. Hoy, esos mismos trabajadores ven cómo se reducen plantillas y recursos, poniendo en riesgo tanto las condiciones laborales como la calidad asistencial que recibe la ciudadanía”, declaran desde la organización sindical.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha creado el llamado Comité de Cuidados de Enfermería, un órgano consultivo en materia de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo del modelo de cuidados en la comunidad autónoma.

Se hace efectivo a través de una resolución de la Dirección-Gerencia del SESCAM publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y deberá quedar formalmente constituido en el plazo de tres meses por personas con experiencia y/o competencias en ámbitos como la planificación de cuidados, la gestión sanitaria, la calidad asistencial o la práctica clínica.

Tendrán un mandato de cuatro años, renovable por períodos sucesivos de igual duración. Los miembros del comité no recibirán retribución por estas funciones, anque sí indemnizaciones por gastos de asistencia.

Analizar y mejorar el sistema de cuidados

El comité se encargará de analizar el modelo de cuidados existente en Castilla-La Mancha, identificando necesidades, fortalezas y áreas de mejora en los distintos ámbitos asistenciales, para favorecer una implementación homogénea del modelo de cuidados en el servicio de salud.

En concreto, deberá adaptar el sistema sanitario a los retos actuales, como el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad en las patologías. Entre sus tareas inmediatas estará también el impulso de propuestas de investigación e innovación, así como el fomento de la participación ciudadana en el diseño del modelo de cuidados.

También tendrá como labor que proponer criterios para la planificación y el dimensionamiento (incluidas ratios) de los recursos humanos destinados a cuidados de Enfermería o de medidas en materia de cuidados para mejorar el servicio asistencial y la coordinación entre los distintos escalones del sistema, incluido el sociosanitario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que convierta la implantación de la enfermería escolar en una de las prioridades de la nueva legislatura y promueva la tramitación de una ley autonómica respaldada por casi 50.000 firmas recogidas en toda la Comunidad.

La petición se ha realizado en el marco de una jornada sobre la implantación de la enfermería escolar celebrada en Palencia, organizada por CSIF y el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, pocas semanas antes de que concluya el plazo para presentar las firmas que respaldan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por el sindicato en mayo de 2025.

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la recogida de apoyos comenzó en septiembre de 2025 y finalizará el próximo 26 de junio, con cerca de 50.000 firmas reunidas hasta la fecha.

En este contexto, ha pedido al nuevo Ejecutivo autonómico que impulse cuanto antes la tramitación de la iniciativa en las Cortes de Castilla y León, negocie las funciones y ratios del personal sanitario en los centros educativos y garantice una financiación estable y suficiente para desarrollar la futura norma.

El coste: el 0,48% del presupuesto

En su opinión, el recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, tiene la ocasión de arrancar su nueva legislatura impulsando y propiciando la aprobación de una ley importante, necesaria y muy demandada por toda la comunidad educativa que garantice la presencia de profesionales de Enfermería en todos los centros escolares de la Comunidad.

Según ha señalado, la implantación de la enfermería escolar supondría un coste equivalente al 0,48 % del presupuesto autonómico y permitiría reforzar la prevención y la atención sanitaria en los centros educativos, además de ofrecer respaldo a los docentes.

“No puede ser que el profesorado tenga que asumir tareas para las que no está preparado y con una inseguridad jurídica tremenda”, ha afirmado.

La responsable sindical ha defendido la presencia de personal sanitario en los colegios para atender a alumnos con enfermedades crónicas, raras o graves, desarrollar labores preventivas y asesorar a toda la comunidad educativa.

Una enfermera en un colegio de Zamora: 220 actuaciones en el curso

Como ejemplo, ha citado el caso de una enfermera escolar de un centro educativo de Zamora que ha registrado 220 actuaciones durante el presente curso.

Actualmente, según los datos aportados por CSIF, Castilla y León cuenta con entre 24 y 26 enfermeras escolares para toda la Comunidad, una cifra que sitúa la ratio en torno a un profesional por cada 14.000 alumnos, muy alejada de la existente en otros territorios.

El sindicato plantea como objetivo una ratio mínima de una enfermera por cada 450 estudiantes, adaptada a las características del medio rural y a la dispersión geográfica de Castilla y León.

No es un lujo, es imprescindible

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha respaldado la iniciativa y ha defendido que “la enfermería escolar es una figura imprescindible y no un lujo dentro del sistema educativo”.

Ruiz ha subrayado que estos profesionales no solo intervienen en situaciones de urgencia o en la atención a alumnos con necesidades sanitarias específicas, sino que desempeñan un papel fundamental en la educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la detección de situaciones de acoso escolar, maltrato o problemas relacionados con la salud afectivo-sexual.

Además, ha destacado que una mayor presencia de enfermeras en los centros educativos contribuiría a prevenir problemas como la obesidad infantil, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, con el consiguiente beneficio para la salud pública y para la sostenibilidad futura del sistema sanitario.

Diversidad autonómica

La jornada celebrada en Palencia ha servido para cerrar la campaña de recogida de firmas impulsada por CSIF y para analizar los modelos de implantación de la enfermería escolar existentes en otras comunidades autónomas y países europeos.

El sindicato, ha señalado que, aunque la figura del profesional de enfermería escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional en España comunidades como Madrid y Andalucía cuentan ya con programas específicos de enfermería escolar, mientras que países como Reino Unido, Francia o Suecia disponen de cobertura en la totalidad de sus centros educativos.

El sistema sanitari públic valencià s'encamina cap a un estiu de complexitat assistencial extrema. CCOO i UGT han alertat davant del que qualifiquen com una falta crònica d'inversió en personal i retallades estructurals que amenacen amb col·lapsar els serveis d'urgències hospitalàries de tot el territori valencià. La situació es veu agreujada per dos factors concurrents: el col·lapse previ de l'Atenció Primària —que aboca els pacients a acudir als hospitals amb patologies ja agreujades— i el fet que la Conselleria de Sanitat encara no els ha facilitat els detalls del Pla de Vacances per al període estival, segons denuncien els sindicats.

L'escenari més alarmant se situa a l'Hospital Arnau de Vilanova, a València, les urgències del qual es troben al límit del col·lapse després de registrar un increment de més de 10.000 assistències anuals entre 2019 i 2025. Els professionals denuncien que calen almenys 14 metges més per a cobrir el servei de manera digna, ja que l'amuntunament de pacients als corredors i a l'àrea d'observació és una constant diària. La situació empitjorarà a l'estiu, quan un terç de la plantilla se'n vaja de vacances.

El nou pla formatiu dels MIR —que redueix les seues guàrdies obligatòries en urgències— compromet encara més la viabilitat dels torns, atés que cap facultatiu extern accepta contractes de substitució en aquestes condicions. Una asfíxia similar per volum de pacients pateix l'Hospital de Sagunt, que ha passat de 75.000 atencions en urgències el 2018 a unes 88.000 el 2025, després d'haver patit recentment la fuga de tres residents que van optar per contractes més atractius en altres departaments. A més, alerten que en aquest mateix centre hospitalari els pacients han passat d'estar tres hores en urgències a haver d'esperar-ne fins a cinc per a ser atesos.

Davant l'escassesa d'efectius a les borses d'ocupació, les direccions de diversos departaments han començat a aplicar mesures restrictives que augmenten el desgast d'un personal cada vegada més “cremat”. A l'Hospital de la Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerència ja ha traslladat que les lliurances i els dies de descans només es concediran si hi ha personal disponible per a la cobertura, i ha advertit que les baixes sobrevingudes podrien quedar sense cobrir.

El conflicte laboral també ha esclatat a l'Hospital de Gandia, on la direcció pretén obligar els metges a realitzar sis guàrdies al mes al·legant “necessitats del servei”, una imposició que compta amb el rebuig unànime d'un equip minvat que també pateix la manca d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE). Per la seua banda, a l'Hospital de Xàtiva, la combinació de quatre baixes mèdiques sense cobrir i les vacances preveu deixar el servei amb set metges menys a l'agost, obligant els facultatius restants a assumir més de sis guàrdies individuals en un clima d'alta ansietat.

La precarietat és igualment palpable a la província d'Alacant. A l'Hospital General d'Alacant, els facultatius critiquen que l'Administració mantinga el mateix nombre d'efectius per a l'estiu sense realitzar contractacions de reforç ni cobrir les nombroses baixes actuals. Aquesta situació contrasta amb la de l'Hospital de Torrevella, que es veu obligat a recórrer sistemàticament al pagament de guàrdies extraordinàries durant tot l'any per a poder apedaçar la manca d'estabilitat de la seua plantilla d'urgències. A l'interior, centres comarcals amb menor capacitat d'absorció de recursos, com el d'Alcoi, ja acusen la situació mitjançant el tancament físic de llits hospitalaris.

Una població que augmenta en període estival

La pressió assistencial es desplaça a l'estiu de forma massiva cap als hospitals costaners, on la població estacional es multiplica de forma exponencial. L'exemple més paradigmàtic és l'Hospital de Vinaròs, a Castelló, el departament del qual atén municipis eminentment turístics com Peníscola, que passa de 8.500 habitants a més de 100.000 en els mesos estivals. Les urgències de Vinaròs afronten aquesta onada en una situació límit: les baixes de facultatius no se substitueixen, només hi ha un metge resident assignat a les guàrdies i la direcció estudia obligar els metges internistes a assumir torns d'urgències.

Finalment, l'Hospital General de Castelló o el Consorci Hospital General de València sumen a la falta de personal el problema de les obres estructurals a les seues instal·lacions. A Castelló, la remodelació per fases de les urgències i dels parts ha obligat a desmantellar serveis sencers, com la planta de ginecologia. Des del centre castellonenc adverteixen que el ritme de treball no ha baixat des de l'hivern i que afronten un estiu “dur” en què la falta d'espai i de llits xocarà amb l'arribada massiva de turistes i la celebració de festivals multitudinaris. Davant aquesta radiografia, els sindicats exigeixen una auditoria global i la cobertura immediata del 100 % de les absències per a evitar la degradació de l'atenció sanitària.

Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Sanitat no ha realitzat cap valoració respecte de les situacions descrites pels sindicats.

El sistema sanitario público valenciano se encamina hacia un verano de extrema complejidad asistencial. CCOO y UGT han alertado ante lo que califican como una falta crónica de inversión en personal y recortes estructurales que amenazan con colapsar los servicios de urgencias hospitalarias de todo el territorio valenciano. La situación se ve agravada por dos factores concurrentes: el colapso previo de la Atención Primaria —que aboca a los pacientes a acudir a los hospitales con patologías ya agravadas— y el hecho de que la Conselleria de Sanidad todavía no les ha facilitado los detalles del Plan de Vacaciones para el periodo estival, según denuncian los sindicatos.

El escenario más alarmante se localiza en el Hospital Arnau de Vilanova, en València, cuyas urgencias se encuentran al borde del colapso tras registrar un incremento de más de 10.000 asistencias anuales entre 2019 y 2025. Los profesionales denuncian que se precisan al menos 14 médicos más para cubrir el servicio de forma digna, ya que el hacinamiento de pacientes en pasillos y en observación es una constante diaria. La situación empeorará en verano, cuando un tercio de la plantilla se marche de vacaciones.

El nuevo plan formativo de los MIR —que reduce sus guardias obligatorias en urgencias— compromete aún más la viabilidad de los turnos, dado que ningún facultativo externo acepta contratos de sustitución en estas condiciones. Una asfixia similar por volumen de pacientes sufre el Hospital de Sagunto, que ha pasado de 75.000 atenciones en urgencias en 2018 a unas 88.000 en 2025, tras haber sufrido recientemente la fuga de tres residentes que optaron por contratos más atractivos en otros departamentos. Además, alertan que en este mismo centro hospitalario han pasado en los últimos tiempos de que los pacientes pasen tres horas en urgencias a tener que esperar hasta cinco horas para ser atendidos.

Ante la escasez de efectivos en las bolsas de empleo, las direcciones de varios departamentos han comenzado a aplicar medidas restrictivas que aumentan el desgaste de un personal cada vez más “quemado”. En el Hospital de La Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerencia ya ha trasladado que las libranzas y días de descanso solo se concederán si hay personal disponible para la cobertura, y han advertido de que las bajas sobrevenidas podrían quedarse sin cubrir.

El conflicto laboral también ha estallado en el Hospital de Gandia, donde la dirección pretende obligar a los médicos a realizar seis guardias al mes alegando “necesidades del servicio”, una imposición que cuenta con el rechazo unánime de un equipo mermado que también sufre la falta de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Por su parte, en el Hospital de Xàtiva, la combinación de cuatro bajas médicas sin cubrir y las vacaciones prevé dejar al servicio con siete médicos menos en agosto, obligando a los facultativos restantes a asumir más de seis guardias individuales en un clima de alta ansiedad.

La precariedad es igualmente palpable en la provincia de Alicante. En el Hospital General de Alicante, los facultativos critican que la Administración mantenga el mismo número de efectivos para el verano sin realizar contrataciones de refuerzo ni cubrir las numerosas bajas actuales. Esta situación contrasta con la del Hospital de Torrevieja, que se ve obligado a recurrir sistemáticamente al pago de guardias extraordinarias durante todo el año para poder parchear la falta de estabilidad de su plantilla de urgencias. En el interior, centros comarcales con menor capacidad de absorción de recursos, como el de Alcoi, ya acusan la situación mediante el cierre físico de camas hospitalarias.

Una población que aumenta en periodo estival

La presión asistencial se desplaza en verano de forma masiva hacia los hospitales costeros, donde la población estacional se multiplica de forma exponencial. El ejemplo más paradigmático es el Hospital de Vinaròs, en Castellón, cuyo departamento atiende a municipios eminentemente turísticos como Peñíscola, que pasa de 8.500 habitantes a más de 100.000 en los meses estivales. Las urgencias de Vinaròs afrontan esta oleada en una situación límite: las bajas de facultativos no se sustituyen, solo hay un médico residente asignado a las guardias y la dirección baraja obligar a los médicos internistas a asumir turnos de urgencias.

Finalmente, el Hospital General de Castellón o el Consorcio Hospital General de València suman a la falta de personal el problema de las obras estructurales en sus instalaciones. En Castellón, la remodelación por fases de las urgencias y los paritorios ha obligado a desmantelar servicios enteros, como la planta de ginecología. Desde el centro castellonense advierten que el ritmo de trabajo no ha bajado desde el invierno y que afrontan un verano “duro” donde la escasez de espacio y de camas chocará con la llegada masiva de turistas y la celebración de festivales multitudinarios. Ante esta radiografía, los sindicatos exigen una auditoría global y la cobertura inmediata del 100% de las ausencias para evitar la degradación de la atención sanitaria.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Sanidad no ha realizado ninguna valoración al respecto de las situaciones descritas por los sindicatos.