La Audiencia Nacional ha dado la razón a Iberdrola y ha levantado la sanción de 25 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015, que multó a la compañía por haber manipulado el mercado para subir artificialmente los precios y llevarse un beneficio económico de 21,5 millones. Unos hechos por los que la energética fue absuelta en 2024.

En una sentencia fechada el 8 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sigue la estela del fallo de la Sala de lo Penal de enero de 2024, en el que se absolvió a la energética de haber alterado los precios durante el llamado 'tarifazo', cuando el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular— decidió no cubrir los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse el 1 de enero de 2014. Pocos días después se produjo una escalada de precios que, entonces, se vinculó con esta decisión política.

En concreto, la práctica de la que se acusó a Iberdrola Generación —la filial dedicada a la producción eléctrica— fue la de elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

Ahora, la Audiencia Nacional considera que la multa ha de levantarse ya que los hechos por los que se impuso “son sustancialmente análogos” a los ya juzgados, por los que no cabe lugar la sanción “muy grave” que la CNMC impuso amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.

La sentencia incide en el tirón de orejas al supervisor que dio la Sala de lo Penal, al apuntar que el procedimiento por el que se investigó el perjuicio “se basó en meras estimaciones” y se consideró “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso concreto”, adoleciendo de “graves deficiencias” y con sus “variables fundamentales (...) siendo modificadas subjetivamente”.

La Sala de lo Penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

Un total de 88 ciudadanos cofinanciarán con 3 millones de euros el parque eólico de Labraza, en Álava, que será el primero en ponerse en marcha en Euskadi en veinte años. Esta aportación, que era el tope ofertado por el promotor, se ha quedado corta, ya que se han recibido solicitudes por un total de 6,6 millones de euros, es decir, más del doble. “Se demuestra el gran interés suscitado por el sistema de cofinanciación ciudadana tanto en Rioja Alavesa como en el conjunto del territorio histórico de Álava”, han señalado fuentes del promotor Aixeindar, sociedad constituida por Iberdrola y el Ente Vasco de Energía (EVE).

Más de un tercio de la aportación total, 1,1 millones de euros, se ha cubierto por vecinos de Labraza, Barriobusto y Oyón. Sumando la Rioja Alavesa, el número de solicitudes supera el 60%. Los ciudadanos de estas localidades tenían garantizada su participación efectiva por ser vecinos de la zona prioritaria de inversión al estar más cercanas al parque eólico. Las solicitudes del resto de Álava han alcanzado 1,17 millones de euros. Respecto a las cuantías de las aportaciones, el 16% son de hasta 5.000 euros, el 42% de hasta 25.000 euros y el 42% restante superan los 25.000 euros.

Labraza se convertirá así en el primer parque eólico en tener participación ciudadana a través del sistema de 'crowlending', una fórmula que supone que varios ciudadanos prestan dinero a la empresa a cambio de un retorno a través de intereses. En concreto, en el caso de la operación para financiar este parque, que se lanzó el pasado 18 de mayo, se trata de una cofinanciación colectiva a tres años y un tipo de interés fijo al 7% anual garantizado, con un objetivo de financiación máxima de 3 millones de euros. El rango de inversión se estableció entre 1.000 euros y 100.000 euros por persona. Se dirigió prioritariamente a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oyón y Rioja Alavesa, los más afectados por el parque, con el objeto de implicar a estas localidades en el proyecto y reducir la contestación social al mismo, pero después se ha abierto a todo el territorio histórico de Álava. “El objetivo siempre ha sido priorizar a los vecinos de las zonas más cercanas al parque eólico”, han insistido desde Aixeindar que recuerdan que los vecinos “podrán beneficiarse de una tarifa eléctrica reducida durante la vida útil del parque”.

El parque de Labraza, ubicado en Álava, dentro del término municipal de Oyón, tendrá una potencia global de 40 MW, lo que supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26%, y pasar de los 155 MW actuales en sus cuatro parques eólicos de Euskadi, Oiz, Elgea, Urkilla y Badaia, y la pequeña instalación de Punta Lucero, a 193 MW. Según ha señalado Aixeindar, una vez en funcionamiento, producirá anualmente 99.679 MWh que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 toneladas de CO2.e

Será el primer proyecto eólico en Euskadi en veinte años, y se encuentra ya en construcción. Supondrá una inversión público-privada de 59 millones de euros a través de Iberdrola y el EVE, que dependen del Gobierno vasco y se espera que entre en funcionamiento a finales de 2027 si todo va bien. Esto supondrá ya un retraso de dos años según el calendario que estaba previsto cuando se anunció por parte del Gobierno vasco este parque y el de Azaceta, que pertenece a la misma empresa, que estará también en Álava, aunque en este caso no han empezado las obras ni hay fecha para ello.

El proyecto de la planta solar fotovoltaica 'FV Tagus', en la localidad cacereña de Alcántara, ha desencadenado un terremoto que salpica a la anterior administración autonómica. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia para imputar a la exconsejera para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Olga García, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de los permisos administrativos que facilitaron la implantación de esta macroplanta energética, promovida por una filial de Iberdrola.

Según consta en la resolución judicial, Olga García —quien actualmente ejerce como presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)— deberá acudir a prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre. La causa penal tiene su origen en una denuncia inicial interpuesta en mayo de 2024 por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex). Aunque el caso arrancó en el Juzgado de Valencia de Alcántara, terminó inhibiéndose primero a Cáceres y finalmente a los juzgados de Madrid, al encontrarse en la capital de España la sede del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Afección a 500 hectáreas de máxima protección ambiental

La macroplanta fotovoltaica obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en enero de 2023, firmada por Marta Gómez Palenque, directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Miteco, quien también figura como investigada en la causa junto al exsubdirector del área, Eugenio Domínguez. La autorización estatal salió adelante a pesar de que la instalación proyectada supone la alteración radical de 500 hectáreas de terreno virgen situadas en pleno corazón de una zona de Reserva de la Biosfera y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El presidente de Fondenex, Francisco Blanco, ha explicado a la agencia Efe que las obras conllevan la destrucción directa del hábitat de especies en crítico peligro o de alta protección, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro. Blanco sostiene que el Ministerio aprobó la DIA atendiendo “fundamentalmente” a los informes favorables que emanaron de la Consejería extremeña que entonces dirigía Olga García, obviando la gravedad de los daños sobre el terreno.

La documentación judicial revela que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura era plenamente consciente de la situación. De hecho, el propio departamento técnico dejó por escrito en sus informes que la zona elegida por la filial de Iberdrola era de “máxima sensibilidad ambiental” y que, por norma general, “no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica” en esos suelos.

Sin embargo, según denuncia Fondenex, la Consejería pilotada por García acabó abriendo la puerta al visto bueno definitivo bajo el pretexto de implementar una serie de “medidas preventivas, correctivas y compensatorias” por parte de la empresa promotora. “Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que esas medidas no existen para una incidencia de este calibre. Es una falacia perfectamente conocida por la Dirección General, que las utiliza simplemente como una disculpa para autorizar un proyecto”, ha sentenciado Blanco para justificar una vía judicial que ahora sitúa a la exconsejera extremeña a las puertas del banquillo.

Las grandes energéticas españolas han vendido en el último lustro activos de energías renovables en todo el mundo (fotovoltaica, eólica e hidráulica) por más de 12 gigavatios (GW) de potencia, equivalente a una docena de reactores nucleares. Con ello han ingresado más de 15.000 millones de euros, aunque el importe de algunas operaciones no es público.

Esta estrategia de rotación de activos (en muchos casos, participaciones minoritarias) busca reducir riesgo, liberar capital, controlar la deuda y financiar nuevas inversiones, en un momento en el que las grandes eléctricas están frenando inversiones millonarias en renovables para lanzarse a invertir en redes y aprovechar la esperada electrificación de la economía.

La tendencia se ha acelerado en los últimos dos años, con la rentabilidad de muchas plantas bajo creciente presión y las energías limpias en el punto de mira de la ola reaccionaria en países como Estados Unidos.

En España, la demanda eléctrica no termina de remontar y a la espera de que despegue el almacenamiento, se están multiplicando los precios cero o negativos en el mercado mayorista, especialmente en los momentos de más sol. Los hogares españoles se han ahorrado en su factura eléctrica 10 euros al mes en la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz gracias a las renovables, pero el sector se está viendo muy penalizado. En especial, plantas fotovoltaicas, sobre todo las más recientes, que muchas veces carecen de un suelo de precio aunque tengan su energía comprometida con contratos bilaterales (conocidos como PPAs).

La más activa en la venta parcial o total de proyectos ha sido Iberdrola. La mayor eléctrica europea, pionera en renovables y uno de los líderes mundiales del sector, cerró 2025 con un aumento del 3,8% en su potencia verde instalada (el menor desde 2018), hasta 46,1 GW. Desde 2021 se ha desprendido de más de 5 GW en unas veinte transacciones.

Destaca la venta, en abril, de 1.232 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos en México a Cox, de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia del Real Madrid. La transacción, de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), incluyó 1.368 MW de ciclos combinados y cogeneración.

En los últimos años Iberdrola ha cerrado alianzas con grandes inversores institucionales para compartir la propiedad de estos activos. En España, tiene junto a la aseguradora Mapfre unos 450 MW fotovoltaicos y eólicos. En enero de 2023 se alió con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), el mayor del mundo, para invertir más de 2.000 millones en la Península, con una cartera de 2,5 GW.

La alianza más significativa es la que tiene con Masdar, fondo soberano de Abu Dhabi protagonista de varias operaciones, con el que anunció en diciembre de 2023 (en el marco de la COP28) un acuerdo para coinvertir 15.000 millones en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030.

Hasta ahora, los acuerdos con el fondo emiratí se han limitado a eólica marina. En junio de 2025, pactaron coinvertir 5.200 millones al 50% en el megaparque East Anglia 3 (1,4 GW), frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), la mayor inversión de la década en esta tecnología. En julio de 2023 pactaron destinar 1.600 millones a Baltic Eagle (476 MW), en Alemania. Masdar se baraja como posible comprador del 49% de East Anglia 2 (960 MW), valorado en 5.000 millones, para el que Iberdrola busca socio. En la primera fase (East Anglia 1) se asoció en 2019 con el fondo Macquarie.

En el Báltico alemán, la multinacional vasca ha vendido en los últimos años el 49% de otros dos complejos eólicos marinos: en Wikinger, inaugurado en 2018 (350 MW), dio entrada en septiembre de 2022 a Energy Infraestructure Partners (EIP) por 700 millones; y en Windaker (315 MW), a la japonesa Kansai por 627 millones en diciembre de 2024. En EEUU, acaba de culminar junto al fondo Copenhagen Infrastructure Partners su primer complejo con esta tecnología allí, Vineyard Wind (806 MW), que Donald Trump ha intentado torpedear. Y ha vendido a Dominion Energy el arrendamiento del suelo del futuro parque eólico offshore Kitty Hawk North, que prevé 800 MW en su primera fase.

En febrero de este año, Iberdrola vendió sus activos terrestres en Francia (118 MW eólicos y una cartera renovable de 639) al grupo Technique Solaire; recientemente se ha desprendido de su negocio en Hungría (158 MW) y cerca de 700 MW hidroeléctricos en Brasil, Austria y España. Hacia 2023 vendió el 49% de dos fotovoltaicas de 100 MW en Extremadura a la gestora Aleph, de la familia Botín.

La caja resultante financiará la gran apuesta de los últimos años, las redes de transporte y distribución: en la última actualización del plan estratégico de Iberdrola (de septiembre pasado) concentran el 65% de los 58.000 millones que prevé invertir hasta 2028.

A la mitad

Por su parte, Repsol parte de una posición mucho más rezagada en renovables. Este año, la petrolera ha recortado a la mitad, hasta 10 GW (ahora tiene 6 GW) el objetivo de potencia para 2030 que fijó su Plan Estratégico 2021-2025. En 2022, tras vender a EIP y Crédit Agricole Assurances un 25% de Repsol Renovables (operación que valoró el 100% de ese negocio en 4.383 millones), pagó 560 millones por Asterion Energies, con una cartera de 7,7 GW en España, Italia y Francia. La energética, que entonces tenía solo 1,6 GW verdes instalados, estaba en posición compradora y en septiembre de 2023 pagó 715 millones por Connect Gen, con 20 GW en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento en EEUU.

Ahora Repsol suma ya ocho rotaciones de activos renovables por 3.850 MW en España y EEUU. Acaba de vender a Masdar por unos 150 millones el 49,99% de una cartera en España con 705 MW eólicos y fotovoltaicos que entraron en funcionamiento en 2025 y el primer trimestre de 2026, más 500 MW de posibles proyectos de hibridación (eólica, solar y almacenamiento en baterías). La transacción recortará su deuda neta en 700 millones y no tendrá impacto “significativo” en resultados, según el grupo.

Se suma a la venta a Stonepeak, en abril de 2025, del 46,3% de una cartera de 777 MW solares y de almacenamiento en EEUU, incluyendo su mayor fotovoltaica hasta entonces, Frye, en Texas (632 MW); y tres operaciones con Pontegadea (de Amancio Ortega) entre 2021 y 2023: 635 millones por el 49% de 1.100 MW fotovoltaicos y eólicos en España.

Posible exclusión

En este goteo de operaciones destaca también Acciona, que analiza la posible venta parcial o total de la división de energía que sacó a cotizar hace cinco años. Ahora estudia excluirla de Bolsa, como hizo Iberdrola en 2011 con su filial de renovables tras sacarla a cotizar en 2007. La de Acciona vale actualmente unos 7.500 millones, frente a los más de 14.000 millones que llegó a alcanzar en 2022, con el gas en niveles estratosféricos tras la invasión de Ucrania.

El grupo de la familia Entrecanales cerró 2025 con 14,6 GW renovables instalados, un 4,9% menos. Desde 2024 se ha desprendido de casi 2,7 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones.

Destaca la venta, a finales del año pasado, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), del 49% de su cartera fotovoltaica de 1,3 GW en EEUU y dos parques eólicos en México con 321 MW, por unos 855 millones; trece parques eólicos con 440 MW en España (con 351 MW potenciales de hibridación) que vendió hace un año a OPDE por 530 millones; y la venta en 2025 de su negocio hidráulico (626 MW) en España por 1.000 millones, con casi 500 millones de plusvalías.

La compradora de esa cartera fue Endesa, que tiene unos 11,3 GW renovables. La filial del grupo semipúblico italiano Enel, antaño socio de Acciona en la antigua eléctrica pública española, ha protagonizado dos grandes operaciones con Masdar. En julio de 2024 Endesa vendió al fondo emiratí el 49,99% de EGPE Solar, que agrupaba sus plantas fotovoltaicas en operación (unos 2 GW), por 817 millones. La transacción incluyó un PPA para vender toda la energía generada por un plazo de 15 años y “una posible hibridación futura” de almacenamiento por hasta 0,5 GW adicionales.

Masdar y Endesa firmaron entonces un acuerdo no vinculante para explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España. El año pasado el emirato compró a la eléctrica otro 49,99% de cuatro fotovoltaicas con 446 MW por 184 millones.

Por último, Naturgy formalizó en julio de 2025, por un importe que no desveló, la venta de una cartera de nueve proyectos fotovoltaicos y de baterías en Estados Unidos, según recogía el informe anual de 2025 de la energética. El documento advertía de incertidumbres regulatorias tras la llegada de Trump, con “un giro en la política energética nacional orientada a la protección de la generación convencional y la relajación en los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático”.

El grupo ha reclasificado como “disponibles para la venta” sus activos renovables en Chile. Allí opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la fotovoltaica San Pedro (106 MW), ambos en el desierto de Atacama. Naturgy anunció en julio de 2021 un ambicioso plan de crecimiento en renovables: pasar de 5 GW operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El plan no se ha cumplido: el pasado ejercicio tenía 8,1 GW verdes instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha asegurado que es “razonable” dividir el negocio de Redeia (matriz de Red Eléctrica) y que, por una parte, esté el operador del sistema y, por otro, la rama del despliegue de las redes de transporte, que debería estar abierta a otras empresas privadas a través de un modelo de subastas.

“Nuestra preocupación son los conflictos que se generan entre uno y otro. No lo decimos nosotros, lo dice la propia CNMC. Hay señales e indicios de que hay potenciales conflictos de interés en el funcionamiento de ambos”, ha dicho el CEO de la filial, durante una intervención en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Para Ruiz-Tagle, la solución sería una operación a través de modelos de subasta, en el que las empresas privadas puedan optar al desarrollo de determinadas líneas. Esto, a su juicio, permitiría una ejecución más rápida de las inversiones, ante una red de transportes que, ahora mismo, está saturada.

“La mitad de la planificación futura son obras que vienen del pasado. Si no cumplimos con hacer las obras que tenemos que hacer en el transporte, no le pidamos a la distribuidora que tenga capacidad para poder dar acceso a la red”, ha dicho el ejecutivo.

Apuesta por copiar a Brasil o Chile

En la actualidad, Redeia, presidida por Beatriz Corredor, es a la vez la operadora –una actividad controlada por el Estado, que ejecuta Red Eléctrica– y la principal responsable del despliegue de las redes de transporte energético del país.

Para Ruiz-Tagle, modelos como el de Brasil o Chile, mercados en los que operan tanto Iberdrola como REE, así como el de Reino Unido tras el Brexit, serían deseables: “Es un modelo que sea más eficiente en la planificación para no generar sobreinversión y un modelo que sea más eficaz en la contrucción. En Brasil, se subasta una línea, ofrezco un precio por transporte y el riesgo de la inversión lo asumo yo. Aquí el riesgo lo estamos asumiendo todos los consumidores”.

El empresario ha insistido en que su propuesta “no es ir contra nadie”, sino que necesitan “que el sistema funcione”. Y una posibilidad “razonable”, a su juicio, es permitir la participación de otras empresas en competencia para “reducir costes” y eliminar el “cuello de botella” de la inversión.

Ruiz-Tagle ha dedicado gran parte de su intervención a defender que es necesario desbloquear las inversiones en redes, que están provocando que numerosas industrias en regiones como Euskadi se queden sin conectar a las infraestructuras de transporte eléctrico. “La industria está pidiendo acceso y no estamos siendo capaces de atenderlo”, ha dicho.

Sobre el apagón, el consejero delegado de Iberdrola España ha avanzado que la compañía ya ha respondido a los expedientes sancionadores incoados por Competencia en el marco de su investigación sobre los hechos del 28 de abril de 2025. Respecto a los expedientes abiertos por la CNMC, Ruiz-Tagle ha contado que cuando los analizaron vieron que no están vinculados con el día del apagón y ha apuntado que ha pedido los datos de Competencia para contrastarlos con los suyos.

La gran mayoría de la plantilla de Iberdrola en La Rioja ha secundado la huelga convocada -por UGT FICA y CCOO Industria- ante el bloqueo del convenio, y se han concentrado a primera hora de este viernes la sede en Logroño. Han criticado unos servicios mínimos que han calificado de “exagerados”, al tiempo que han reclamado que les aseguren que no van a peder poder adquisitivo.

Una reclamación que ha realizado el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola, José Luis Sevillano. Ha recordado que la compañía cuenta con unos 9.000 trabajadores en toda España -unos 70 en La Rioja- de “una empresa de éxito que ha obtenido este último año unos 2.300 millones de beneficios”, si bien “llevamos 18 meses de negociación de convenio, y, de momento, no se ha quedado nada”.

“Lo que venimos pidiendo es que nos aseguren el IPC anualmente, ya que hasta ahora llevamos perdiendo un 18 por ciento del poder adquisitivo”, ha indicado Sevillano, que ha reseñado que “lo máximo en negociación que ha ofrecido ha sido una subida fija, consolidable del uno por ciento y un uno por ciento más en unos parámetros que no se pueden controlar, pero mientras tanto los sueldos del presidente suben desde 12 a 14 millones en los últimos cuatro años, más del 30 por ciento”.

Con la concentración de este viernes, el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola ha asegurado que “queremos hacer ruido hacer reflexionar a la empresa, hacer reflexionar a nuestro presidente, que es uno de los empresarios de éxito españoles, pero que parece ser que se cree en el poder de intentar recortar derechos a su propio equipo básico, al equipo que le ha dado las ganancias”. De hecho, ha asegurado que “de los 2.300 millones que ha tenido de beneficio, el 43 por ciento han sido recogidos en España, y eso solo con el 23 por ciento de los trabajadores a nivel mundial”.

Con ello, ha destacado que “somos los trabajadores más productivos que hay en España”. “Trabajamos en la empresa que más productividad y mejor servicio y calidad da a los clientes, así como somos reconocidos a nivel internacional como la mejor empresa eléctrica, pero a pesar de todo ello, nos ninguean”, ha afirmado Sevillano. Ha lamentado que “nuestro presidente no tiene ninguna preocupación porque este viernes estemos manifestandonos, porque por ejemplo ayer estaban repartiendo cargos de dirección en Sevilla, con calesas alquiladas y tablaos de flamenco”.

Frente a ello, ha criticado que “nos hacen boicot, porque ”dicen que no podemos hacer reuniones sindicales en horario laboral y nos convocan a toda la plantilla, de uno en uno para, y no lo hace recursos humanos, sino las direcciones técnicas nos expliquen las bondades que no vemos del convenio“. ”Nos quieren engañar, nos dicen que el fondo de pensiones es una cosa que nos dan ellos cuando no lo hemos ganado, ya que es parte de nuestra retribución laboral“, ha señalado.

Finalmente, Sevillano han anunciado que se desplazarán esta tarde a la movilización de Bilbao, para “hacer más bulto, obtener un poco más de visibilidad”, si bien ha dejado claro que “la gente no se tiene que preocupar, porque de momento no les va a faltar la luz, al menos por esto no va a haber ceros, pero sí que les pedimos su apoyo”.

Diez mil trabajadores y trabajadoras de todo el Estado, incluida la plantilla de La Rioja (cerca de 70 personas trabajadoras) están llamados a secundar mañana viernes 19 de junio la segunda convocatoria de huelga en Iberdrola ante el bloqueo al que la eléctrica está sometiendo la negociación del convenio colectivo. 

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria han convocado esta segunda huelga general en el grupo Iberdrola (la primera se celebró hace un año) para exigir que se desbloquee la negociación del convenio, tras más de 16 meses de conversaciones. Tal y como denuncian, la eléctrica se niega a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla precisamente en un momento en el que registra un récord de beneficios, de cotización y de dividendos.

Como en la anterior convocatoria, la plantilla exige un convenio justo que reconozca su aportación a los resultados de la compañía y que garantice su poder adquisitivo. Sin embargo, la empresa, que obtuvo más de 6.285 millones de euros de beneficio, propone a su plantilla un incremento salarial “en base a parámetros de empresa”. Se trata de “una auténtica vergüenza” en opinión de las organizaciones sindicales si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años el personal acumula una pérdida de poder adquisitivo del 19 por ciento“

UGT FICA y CCOO de Industria entienden que la última oferta que hizo la dirección en la mesa de negociación es vergonzosa para quien presume de ser “un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Los salarios en Iberdrola están alejadísimos de la propaganda de la empresa, que habla de retribuciones de más de 88.000 euros de media y de incrementos de más de 5.000 euros anuales, unas cifras fuera de la realidad y que buscan exponer a las trabajadoras y a los trabajadores frente a la opinión pública. Además, denuncian que con esta actitud se intenta justificar sin éxito la enorme evolución al alza de las retribuciones de la alta dirección y se enmascara una política retributiva para su plantilla que es absolutamente injustificable en una compañía con el desarrollo y la dimensión económica de Iberdrola.

La diputada general Elixabete Etxanobe, del PNV, 'venderá' este martes en Madrid, a la que el nacionalismo vasco ha llegado a acusar de hacer 'dumping' fiscal, el potencial de Bizkaia para atraer inversiones, instalación de empresas y retención de talento, pero también para bonificar seguros sanitarios privados o incluso premiar el ir al gimnasio. Etxanobe estará acompañada de dirigentes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y contará con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, una patronal cuya rama vasca, Confebask, ha pedido a las instituciones en reiteradas ocasiones más medidas fiscales para favorecer a las empresas.

La jornada, de hecho, servirá de puesta de largo de las medidas fiscales que el PNV, a modo de “revolución”, prepara para atraer inversiones y talento y que la diputada ha adelantado sin buscar un consenso previo con su socio de Gobierno, el PSE-EE, ni tampoco armonizar con las Haciendas forales de Álava o Gipuzkoa, que preparan proyectos en la misma dirección a rebufo de lo anunciado ya por Bizkaia. La fiscalidad vasca afronta un nuevo lavado de cara cuando sólo ha pasado un año de la “revisión fiscal” -no la quieren llamar reforma- que PNV y PSE-EE pactaron con Podemos en 2025.

De momento, las medidas anunciadas el pasado viernes por la diputada general han molestado al PSE-EE por la falta de consenso previo. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha asegurado que los socialistas conocieron el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y ha señalado que las medidas fiscales “nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi”. “Ni son ni una revolución fiscal, ni una reforma fiscal”, sino “un trabajo no finalizado y, por tanto, tampoco está acordado y pactado”. “Las reformas fiscales se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”, ha advertido Torres, que es también el líder del PSE-EE vizcaíno.

Quienes, de momento, han dado su visto bueno a las medidas son los empresarios vizcaínos. El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha considerado este lunes que las propuestas fiscales que pretende impulsar la Diputación de Bizkaia van “en la buena dirección”, aunque ha advertido de que quieren más. “Algunas cuestiones han quedado en el tintero”, ha indicado en un artículo en Linkedin. “Estas medidas son un paso en la buena dirección”, pero forman parte de “un camino que debe continuar”, ha señalado Buces. “Las empresas seguimos necesitando un entorno favorable para invertir, crecer, innovar y generar empleo. Las empresas aportamos el 94% del gasto social en Euskadi. Sigamos trabajando desde la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para consolidar una Bizkaia atractiva, competitiva y socialmente avanzada”, ha indicado.

El anteproyecto de medidas tributarias pretende favorecer el arraigo empresarial en Bizkaia, la atracción, fidelización y retención de profesionales cualificados, además de otras medidas destinadas, por ejemplo, a impulsar vivienda de alquiler. La previsión de la Diputación es que las medidas de arraigo y atracción de talento puedan ser aprobadas antes de que finalice este año, sin que quede claro si va a haber medidas análogas en los otros dos territorios. Álava preparará las suyas propias, que presentará en noviembre. Gipuzkoa trabaja su paquete propio que presentará “en las próximas semanas”. Desde la Hacienda de Gipuzkoa restan importancia a si estas medidas están armonizadas o no entre los tres territorios: “Cada territorio tiene sus características y armonización no significa uniformización”, matizan.

Las medidas presentadas por Bizkaia tienen el ambicioso objetivo de “responder a desafíos como el relevo generacional en las empresas, la competencia por profesionales, el fortalecimiento del vínculo entre empresas y trabajadoras o la necesidad de reforzar la cohesión social, en aspectos clave como facilitar el acceso a la vivienda”, según puntualizó la diputada general. Estas son algunas de las medidas concretas que contempla el anteproyecto:

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Calidad de vida

También se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Bizkaia invierte

El acto que se celebrará este martes en Madrid bajo el título Bizkaia Invierte, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) reunirá a representantes institucionales, máximos responsables empresariales, entidades financieras y agentes económicos. Tras la inauguración por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, participarán en la misma presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; y las diputadas forales de Promoción Económica y Hacienda y Finanzas, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, respectivamente.

A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones como la competitividad empresarial, la innovación, el talento, la energía, la digitalización, la financiación y el papel de la fiscalidad como palanca para impulsar nuevas inversiones y proyectos empresariales. La primera mesa redonda, dirigida por Ainara Basurko, analizará el papel del ecosistema industrial, energético y tecnológico de Bizkaia en la atracción de proyectos empresariales. En ella participarán Mario Ruiz-Tagle de Iberdrola y Borja Ochoa de BBVA, quienes compartirán su visión sobre los factores que favorecen la competitividad empresarial y la innovación en el territorio. Posteriormente, Itxaso Berrojalbiz moderará un diálogo sobre fiscalidad, financiación e inversión junto al presidente de Petronor Emiliano López Atxurra y el country manager de BBVA España Peio Belausteguigoitia, donde se analizará el papel de la colaboración entre instituciones y empresas para impulsar la competitividad, la innovación y la transición energética.

Las tres grandes eléctricas españolas están frenando inversiones millonarias en renovables ante la drástica caída de precios mayoristas de la luz y la incierta rentabilidad de los nuevos proyectos, sobre todo solares. Iberdrola, Endesa y Naturgy están poniendo el foco en las redes, con retornos más previsibles y convertidas en un cuello de botella para impulsar la electrificación y atender nuevas demandas, como los centros de datos.

La mayor prudencia con las renovables es una tendencia en un sector que en los últimos años ha atraído a numerosos fondos de inversión. En las grandes utilities españolas está plasmada en sus últimos planes estratégicos y ya cala en sus cifras de inversión. 

Iberdrola, la mayor eléctrica europea, planteó en la última actualización de su plan estratégico (en septiembre pasado) que las redes de transporte y distribución concentren el 65% de los 58.000 millones de euros que prevé invertir en el periodo 2026-28, frente al 60% del plan presentado en noviembre de 2023, que cubría el periodo 2024-2026. Las redes, actividad regulada con rentabilidades garantizadas por los gobiernos, deben aportar el 55% del beneficio bruto operativo (Ebitda) de Iberdrola en 2028, frente al 42% de 2024. El año pasado, su Ebitda ajustado del negocio de Redes se disparó un 20,5%, hasta casi 7.800 millones. El de Generación Renovable y Clientes bajó un 10,3%, hasta 7.872 millones.

La inversión de la eléctrica vasca en redes ya superó en 2024 a las renovables, hasta entonces protagonistas. El grupo, pionero en la apuesta por las energías limpias hace más de 20 años, acaba de anunciar casi 4.500 millones en inversiones hasta 2030 para reforzar las redes del estado de Bahía (Brasil). Su pico de inversión bruta orgánica en renovables fue en 2023, con más de 5.400 millones. De ahí pasó a 4.701 millones en 2024 y 4.616 millones en 2025. Hasta marzo, se mantuvo estable en 1.070 millones y 1.460 millones fueron a redes.

El vigente plan de Iberdrola prevé que Reino Unido y Estados Unidos reciban dos tercios de esa inversión total de 58.000 millones para el periodo 2024-2028. Pese a la mayor prudencia, la inversión en renovables del grupo que pilota Ignacio Sánchez Galán no va a ser testimonial. El 35% de lo previsto hasta 2028, un total de 21.000 millones, irá a proyectos de energía limpia. Pero se centrará en finalizar proyectos en construcción (75% del total) con un “enfoque selectivo en nuevas inversiones” o “conservador”, como lo definió en septiembre su consejero delegado, Pedro Azagra. 

El foco está en proyectos de eólica marina (apenas desarrollada en España) en tres mercados: EEUU (pese a las muchas trabas del Gobierno de Donald Trump a esta tecnología), Alemania y Reino Unido (8.000 millones); y, en menor medida, eólica terrestre (5.000 millones) y almacenamiento y solar (2.000 millones en ambos casos). Se trata, subrayan fuentes del grupo, de inversiones “con un alto grado de visibilidad, ya que el 75% de los proyectos están ya en construcción”.

Esta apuesta, subrayan desde el grupo vasco, “no es un cambio de rumbo, sino la ejecución de una estrategia ya anunciada: mayor peso de las redes como motor de valor y crecimiento, combinado con un desarrollo disciplinado y selectivo en renovables”.

En España, prevé unos 3.000 millones en generación renovable en el periodo 2025-2028, e instalar unos 500 megavatios (MW), hasta 32.300 MW.

En el caso de Endesa, la actualización de su plan estratégico 2026-2028 presentada en febrero también prevé disparar la inversión en redes (un 40%, hasta 5.500 millones), que concentrarán el 52% del total (10.600 millones, un 10% más). La filial de la italiana Enel, centrada en España y Portugal, contempla “inversiones selectivas en proyectos renovables y almacenamiento que aporten valor añadido”, con la incorporación de 1.900 MW de nueva capacidad renovable, el 80% en eólica y almacenamiento. Esta última pata y la repotenciación hidroeléctrica concentrarán en buena medida sus esfuerzos.

El nuevo plan prevé invertir 3.000 millones en renovables, un 20% por debajo de los 3.700 millones del anterior (2025-2027), presentado en noviembre de 2024. En él las renovables suponían el 39% del total. Ahora son el 28%. Endesa atribuye el descenso “fundamentalmente” a la compra, el año pasado, de 34 centrales hidroeléctricas a Acciona (626 MW) por unos 1.000 millones. 

Según fuentes del grupo, con el nuevo plan “la previsión es ir aumentando la cifra de inversión entre 2026 y 2028 para que se concentre de manera relevante en los dos últimos años”. La prioridad es invertir “para permitir el crecimiento de demanda, sobre todo mediante el fortalecimiento de la red, tras muchos años de fuerte apuesta por la inversión en renovables”, especialmente tras el cierre de sus centrales de carbón en la Península.

“En una futura coyuntura en la que la generación y la demanda estén más equilibradas, tendrá sentido volver a apostar aún más fuerte por la generación renovable”, añaden esas fuentes. La receta ahora es aplicar “un criterio más selectivo de inversión hasta que la nueva demanda sea una realidad, lo que previsiblemente provocará mayor estabilidad de precios en el sistema y, por tanto, mejoras de la rentabilidad de esta tecnología”, indican desde el grupo que desde abril pilota el italiano Gianni Armani.

El anterior plan de Endesa contemplaba alcanzar 13.100 MW de generación renovable en 2027. En el actual se alcanzarían 13.200 MW ya en 2028, frente a los 11.309 MW que tenía en marzo de este año. La visión 2021-2030 de Endesa contemplaba destinar más de 12.000 millones a nueva potencia solar y eólica para alcanzar 24 gigavatios (GW) renovables en 2030, lo que supondría sumar 16 GW respecto a 2020.

En el primer trimestre de 2026 la inversión del grupo en generación renovable se desplomó un 52,7%, hasta 44 millones, prácticamente un tercio respecto a los 110 millones de los primeros tres meses de 2024. Su potencia renovable se mantuvo estable tras la operación de Acciona.

En el caso de Naturgy, tercera eléctrica y primera gasista española, entre enero y marzo sus “inversiones de crecimiento” en energías limpias fueron de 72 millones, un 28,8% menos que un año antes. En 2025, las redes recibieron por primera vez en varios ejercicios más inversión (998 millones) que las renovables (771 millones), que alcanzaron su pico en 2023, con 1.730 millones, tras comprar al fondo de infraestructuras Ardian una cartera de 12 proyectos en España con 857 MW por 536 millones. 

El último plan estratégico de Naturgy, presentado en febrero de 2025, prevé invertir 6.400 millones hasta 2027 “sin incluir potenciales oportunidades de crecimiento inorgánico”. El 30% (1.920 millones) irá a renovables (a unos 640 millones anuales), con el foco puesto en España, que recibirá el 75% de la inversión, frente al 55% del plan anterior (2021-2025).

Dicho plan preveía 14.000 millones de inversión hasta 2025, de los que “aproximadamente dos tercios [unos 9.300 millones: a unos 1860 millones anuales repartidos en cinco ejercicios] se dedicarán al impulso de la generación renovable”, según anunció en julio de 2021. Suponía pasar de 5 GW renovables operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El grupo cerró 2025 con 8,1 GW renovables instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

Estas cifras, subrayan fuentes cercanas al grupo que pilota Francisco Reynés, se enmarcan en un contexto energético mundial y europeo que está virando de la transición energética como objetivo primordial a otro en el que la seguridad de suministro cobra mucha importancia.

Hundimiento

En España, con las eléctricas reclamando incumplir el calendario de cierre nuclear progresivo (a partir de 2027) que pactaron con el Gobierno en 2019, la solar ha dejado de ser atractiva por el hundimiento de precios y el encarecimiento de la financiación de los proyectos. Y los ambiciosos objetivos de instalación de renovables que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 se antojan así prácticamente inviables.

Las renovables se han convertido en un factor de competitividad para la economía española y un escudo frente a la sacudida energética de la guerra en Irán. Entre enero y mayo, pese la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, el precio mayorista de la electricidad en España fue de unos 45 euros/MW hora, con un descenso del 23% respecto a 2025 y a años luz de los 87 euros de 2023 y los disparatados 213 euros/MWh de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. 

A la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe un real decreto para elevar los topes de inversión en las redes que podría agilizar la conexión de nueva demanda, uno de los grandes desafíos está en las numerosas horas a precios cero, o negativos, concentradas en las horas de más sol, especialmente en festivos o fines de semana, cuando hay menos consumo, que comprometen la rentabilidad de los proyectos, sobre todo solares.

En lo que va de 2026 se ha superado ya holgadamente el medio millar de horas negativas en el mercado español, fenómeno que empezó a aflorar en España en 2024. Hasta marzo fueron 397 horas en negativo, según datos de la consultora Montel. Desde abril se acumulan otras 170, según información disponible en el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad. 

Otro reto son los denominados vertidos, renovable que se desperdicia porque no hay suficiente demanda ni capacidad para almacenarla, y en los que también influye la denominada operación reforzada (con más uso del gas), que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025 para tener un colchón extra de seguridad, y que las eléctricas cobran aparte del denominado pool mediante el mercado conocido como de restricciones técnicas.

En 2025, según cálculos de la Fundación Renovables, el 3,11% de la electricidad de origen limpio tuvo que ser vertida al no poder integrarse en la red. En julio el porcentaje de los denominados curtailments se elevó por encima del 10%. El año pasado se desperdiciaron 5.414 GWh de electricidad generada con renovables, una cantidad de electricidad superior a la demanda anual de comunidades autónomas como Extremadura (4.982 GWh), Navarra (4.873 GWh), Cantabria (3.896 GWh) o La Rioja (1.571 GWh). 

Mientras el sector solar ve con preocupación cómo el gurú económico del PP, Alberto Nadal, amenaza con reimplantar el denominado ‘impuesto al sol’ al autoconsumo fotovoltaico, esta incierta coyuntura ha llevado a muchos grupos españoles a vender activos o carteras de renovables o sellar alianzas para compartir el riesgo. La última la anunció el jueves Repsol. Ha vendido al fondo soberano de Abu Dabi (Masdar), que también ha cerrado operaciones similares con Iberdrola y Endesa, el 49,99% de una cartera operativa de 705 MW valorada en 849 millones.

Iberdrola, nacida en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica y que luego fue Iberduero, cumple 125 años este 2026 y ha organizado este viernes, en su Bilbao natal, junto al rascacielos al que da nombre, un festival de música y un espectáculo de drones. Las calles y el transporte público han estado patas arriba por la abundante presencia de público.

En el plano musical, los conciertos, que han tenido lugar en el parque de Doña Casilda Iturrizar, han corrido a cargo de Süne (Josune Arakistain, la ex de Huntza), Rigoberta Bandini, Antonio Orozco y Juanes, que ha sido el cabeza de cartel con las últimas luces del día. Ya de noche, a las 23.00 horas, estaba programado lo que la empresa ha publicitado como “el mayor espectáculo de drones realizado hasta la fecha en el Estado”.

Han sido 1.500 aparatos “coreografiados” y dibujando “figuras lumínicas y narrativas visuales” durante más de un cuarto de hora alrededor de la torre de la plaza de Euskadi, los 165 metros de César Pelli. “125 años luz” es el lema de la eléctrica para este cumpleaños.

La jornada, en la que también se ha celebrado un gran evento de la EHU en San Mamés, ha generado importantes afecciones en el centro de Bilbao, sobre todo en Abandoibarra. Los festejos ya arrancaron en Bilbao varias semanas antes con presencia del lehendakari, Imanol Pradales, y del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. “Tenemos un compromiso con las instituciones vascas por el desarrollo económico y social de esta tierra. Es un compromiso mutuo y así va a seguir siendo”, solemnizó el primer ejecutivo. El lehendakari, de su lado pidió imaginar cómo sería Euskadi sin grandes corporaciones como Iberdrola.

Asimismo, el aniversario tendrá otros hitos como un nuevo festival en Madrid, con Lenny Kravitz como cabeza de cartel, y otro en Valencia. Los sindicatos, de su lado, han organizado movilizaciones.

La celebración este viernes del aniversario de Iberdrola en Bilbao conllevará diversas afecciones a la movilidad, especialmente en el entorno de Abandoibarra, la Torre Iberdrola y los principales accesos a la zona, que se traducirán en cortes al tránsito peatonal, al tráfico y la ocupación de aparcamientos. Según ha detallado el consistorio bilbaíno en un comunicado, las restricciones al tráfico se desarrollarán en diferentes franjas horarias a lo largo de la jornada.

Entre las 00:00 y las 04:00 horas del día 12, viernes, permanecerán cortadas al tráfico la avenida de Abandoibarra, los puentes de Deusto y La Salve, la calle de Ramón Rubial y la pasarela de Pedro Arrupe. Posteriormente, entre las 16:00 y las 23:59 horas, se restringirá la circulación en la avenida de Abandoibarra, en el tramo comprendido entre Lehendakari Leizaola y Sagrado Corazón, así como en el paseo de Anselmo Clavé.

Las principales afecciones tendrán lugar entre las 20:00 y las 23:59 horas, cuando permanecerán cerradas la avenida de Abandoibarra en toda su extensión, la avenida de las Universidades, los puentes de Deusto y La Salve —incluido el tránsito peatonal en este último—, la avenida de Mazarredo desde la alameda de Recalde, plaza de Euskadi, Ramón Rubial, Lehendakari Leizaola y la pasarela de Pedro Arrupe, ha explicado. Asimismo, los garajes y aparcamientos situados en las calles afectadas por los cortes quedarán temporalmente sin acceso ni salida mientras permanezcan vigentes las restricciones.

Respecto al aparcamiento, se procederá a la supresión temporal de plazas de estacionamiento en la avenida de Abandoibarra, avenida de las Universidades —junto al puente de La Salve—, la Gran Vía a la altura del número 73, la alameda de Mazarredo desde la plaza de Euskadi hasta la alameda de Recalde y el paseo de Anselmo Clavé, donde las restricciones se mantendrán hasta el 16 de junio. Las zonas afectadas se señalizarán con anterioridad.

Además, varias de las líneas de Bilbobus que circulan por la zona verán modificado su recorrido habitual, por lo que se recomienda comprobar la información a través de las redes sociales, paneles informativos, marquesinas, aplicación móvil o en el teléfono 010. El Ayuntamiento ha recordado que los horarios y ámbitos de los cortes podrán modificarse en función de las necesidades organizativas y de seguridad derivadas de la afluencia de público, y recomienda planificar con antelación los desplazamientos, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en la zona afectada y optar por el transporte público para acceder al entorno del evento.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido este viernes de que la inteligencia artificial es una “nueva revolución” y ha augurado un futuro “brillante” y un crecimiento “imparable” para la eléctrica en su 125 aniversario. En la junta de accionistas del grupo, el ejecutivo salmantino se ha referido al conflicto laboral que tiene la compañía en España por la falta de avances en el nuevo convenio colectivo, que ha propiciado la convocatoria de una huelga a nivel nacional en la empresa para el próximo 19 de junio, convocada por los sindicatos UGT y CCOO por el bloqueo en la negociación del IX Convenio, que dura ya más de dieciséis meses.

Durante la junta, y en respuesta a un representante del sindicato ELA (mayoritario en la empresa en Euskadi) que ha reprochado a los gestores de la eléctrica su negativa a garantizarles “ni el IPC” en ese nuevo convenio, cuando se proponen subidas “por encima” de la inflación para la cúpula [“Estamos simplemente pidiendo mantener el poder adquisitivo que teníamos en 2020”, ha dicho el sindicalista], Galán ha señalado que ante una “nueva revolución como es la inteligencia artificial”, estar “en barcos seguros como es Iberdrola no es baladí”.

El ejecutivo ha apelado al “diálogo”, ha subrayado que accionistas, proveedores y trabajadores de Iberdrola son “un uno” que debe trabajar “de manera armónica” y ha recalcado “el alto nivel de satisfacción que reflejan las encuestas” de clima laboral en la empresa. Ha insistido en que la tasa de bajas voluntarias de Iberdrola en España es de apenas el 0,6% y en Euskadi “no llega a la mitad” de ese porcentaje. Ha expuesto que el año pasado dejaron la empresa voluntariamente “5 personas” y “55 en toda España”, mientras se han recibido “más de 8.000 solicitudes de empleo, 1.500 en el País Vasco”.

En su discurso a los accionistas, Galán ha augurado un “futuro brillante” a Iberdrola gracias a su posición de “liderazgo” en la era de la electricidad y al crecimiento de la demanda que vaticinan organismos como la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El ejecutivo ha repasado las cifras del “ambicioso” plan estratégico de Iberdrola, con inversiones por 43.000 millones en los próximos años centradas, principalmente, en crecer en el negocio de redes eléctricas de transporte y distribución, con Reino Unido, Estados Unidos y Brasil “como principales destinos de inversión”, aunque también con el objetivo de crecer en nuevos mercados como Australia y “seguir siendo el primer inversor industrial de España con 7.000 millones en el periodo”.

Todo ello, indicó, permitirá que los activos regulados de redes del grupo alcancen los 70.000 millones, “14 veces más que en el año 2001, de los que 50.000 millones corresponderán a redes de distribución y los 20.000 millones restantes a transporte de electricidad en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Australia”.

El ejecutivo ha deslizado críticas al modelo español que consagra a Red Eléctrica, con la que Iberdrola está enfrentada desde el apagón del 28 de abril de 2025. Ha subrayado que esta empresa semipública tiene “en exclusiva” el monopolio tanto la operación del sistema, un “servicio público”, con otra función “puramente de negocio”, el desarrollo y explotación de las redes de transporte, “situación que no se da en ninguno de los países en los que tenemos redes eléctricas”, pero que es un modelo habitual en Europa.

Galán ha recordado que el nuevo plan estratégico de la multinacional prevé alcanzar un beneficio total acumulado de más de 21.000 millones en el periodo 2026-2028, tras el pago de 30.000 millones en impuestos, lo que permitirá elevar la retribución al accionista de forma histórica, destinando a dividendos “la cantidad récord de más de 15.000 millones”, casi un 50% más que en los últimos tres años.

La Junta ha aprobado todas las propuestas de acuerdo “con una media superior al 97%”, como ha destacado Galán, y ha avalado las cuentas de 2026, con un nuevo récord de beneficios de 6.285 millones y un dividendo también récord de 0,68 euros por acción, además de la renovación de, entre otros consejeros, la exministra popular Isabel García Tejerina, y la ratificación del nombramiento del nuevo consejero delegado, Pedro Azagra.

Galán ha calificado estos 125 años como una historia “de crecimiento y de servicio a la sociedad”, hasta convertir a la compañía en la mayor eléctrica europea y la segunda del mundo por capitalización. En el arranque de la junta, se ha proyectado un vídeo repasando la trayectoria del grupo, en el que se ha recordado cómo la compañía ha multiplicado su valor por once desde que en 2001 nombró ejecutivo a Galán, que el pasado 26 de abril celebró 20 años como presidente de Iberdrola.

Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Los sindicatos con representación en Iberdrola celebrarán el 125 aniversario de la eléctrica con huelgas y movilizaciones. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncia conciertos y diversas actividades para conmemorar su fundación, las centrales calientan motores para movilizar a la plantilla a partir de la próxima semana con dos días clave, que serán jornadas de paro. Son el 29 de mayo, cuando se celebra la junta de accionistas de la empresa en Bilbao, y está convocada huelga en Euskadi, Navarra y Galicia, y el 19 de junio, coincidiendo con actos de celebración del cumpleaños empresarial, con una huelga en todo el Estado. Los sindicatos buscan con los paros elevar la presión a la empresa en unas negociaciones de convenio que siguen sin avances desde enero de 2025 y que ya el año pasado llevaron a los trabajadores a convocar la primera huelga en la historia de Iberdrola.

Aunque los objetivos son comunes, la negociación del convenio, los sindicatos van separados en las convocatorias. El primer día de paro, el 29 de mayo, la convocatoria la realiza ELA en Euskadi Navarra y la CIG en Galicia. Estos sindicatos acompañarán la jornada de paros con diversas concentraciones en los centros de Larraskitu y ante la Torre Iberdrola, donde se celebrará la junta de accionistas, y con columnas de manifestaciones por Bilbao. Estos dos sindicatos son minoría en la representación del comité estatal. ELA sólo tiene un representante de los 13 asientos del comité donde UGT -cuatro representantes- y CCOO -tres delegados- son mayoría, y la CIG ni siquiera tiene presencia, pero ambas centrales han considerado “esencial la convocatoria del paro coincidiendo con la reunión de la junta de accionistas”. “Nos hubiera gustado ir en unidad de acción, también aquí en Euskadi, pero no ha sido posible”, señala Mikel Cubeiro, delegado sindical de ELA. UGT y CCOO han preferido dejar la convocatoria de huelga para el 19 de junio a nivel estatal -que también secundará ELA y CIG- aunque arrancarán una semana de concentraciones diarias frente a la Torre Iberdrola a partir del próximo lunes para culminar el viernes día de la junta, con una gran movilización de delegados.

Todos los sindicatos reclaman que la empresa, que acumula “enormes beneficios”, traslade esos buenos resultados a la plantilla. Lejos de ello, denuncian que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año. Aseguran que en los últimos cinco años se ha perdido más de un 19% de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Exigen, por un lado, recuperar lo que se ha perdido y que sus subidas salariales se liguen al IPC.

Según los cálculos que realizan desde ELA, el coste de la subida salarial del IPC sería 10 millones y 67 millones la recuperación del 19% de poder adquisitivo de estos años, frente a unos beneficios de 6.285 millones de euros durante el año pasado. “Ha pasado más de un año desde el inicio de la negociación del convenio y la dirección de Iberdrola niega a su plantilla las legítimas reivindicaciones que ésta lleva demandando más de cinco años, que son mantener el poder adquisitivo y subidas garantizadas mínimas del IPC. Pese al aumento de los Beneficios empresariales, la aprobación de una mayor retribución al accionista y la presentación del Plan Estratégico para los próximos cuatro años, en el que se prevé aumentar el beneficio un 47%, la retribución al accionista un 65% y 400 millones de bonus para directivos, Iberdrola niega a la plantilla, que es la que hace posible llegar a esas cifras, el acuerdo mínimo exigible para la firma de un convenio justo”, denuncian desde ELA.

La mayor discrepancia en la negociación, que de momento no se retomará hasta el 16 de junio, está en que la empresa no quiere ligar la subida salarial al IPC: “La empresa propone para sus trabajadores y trabajadoras en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el cumplimiento de la previsión de Ebitda para España, marcada de forma unilateral por la alta dirección”, señalan desde UGT. El Ebitda es un indicador en el que al beneficio neto se le suman los gastos por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. “Es una propuesta que en ningún caso garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalan. “La propuesta de la empresa es una vergüenza para la que presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Recuerdan desde los sindicatos que durante la vigencia del actual convenio, es decir desde 2021, “el beneficio neto se ha incrementado un 12% pasando de 4.803 millones de euros a 6.285 millones, acumulando desde 2021 un beneficio neto total de 24.924 millones de euros. El presidente de la compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45% pasando de 13,2 millones de euros a 14,11 millones” denuncian. Aseguran que el negocio en España ha aportado en 2025 el 46% del beneficio neto a nivel mundial y que la plantilla de España supone el 23% del total a nivel mundial. Sin embargo, pese a las grandes cifras de beneficios, “la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial desde 2021 del 2,8%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 16%”, denuncian.

Desde UGT recuerdan además la “conflictividad sin precedentes” que se está produciendo en la empresa “por la actitud de la dirección”. Señalan que en los dos últimos años, la Audiencia Nacional “ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO”. “A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole”.

Festival con Juanes y Antonio Orozco

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las huelgas y el estado de la negociación del convenio, pero sin éxito. La compañía está inmersa en la preparación de la junta y de los distintos festejos para la celebración de su aniversario, que en el caso de Euskadi tendrá lugar el 12 de junio con un festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema “125 años luz”, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia. El pasado martes la empresa realizó un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao para dar arranque a los festejos al que asistió el lehendakari Imanol Pradales entre otras autoridades.

El Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco, e Iberdrola han encontrado en 24 horas el interés de 51 pequeños inversores para cubrir, mediante la fórmula de “crowdlending”, el 60% de los 3 millones previstos para inyectar financiación al parque eólico de Labraza, en la localidad riojanoalavesa de Oyón. Es la primera instalación de renovables que se inagurará en Euskadi en dos décadas y, además de ofrecer reducciones en la factura eléctrica, los promotores están probando otras formas “innovadoras” de “crear beneficio” para las personas que viven en las localidades afectadas.

“Como experimento o novedad, parece que va bien”, se ha felicitado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, al dar los primeros datos desde la puesta en marcha de la iniciativa este lunes. Ha dado por hecho que el cupo de 3 millones de euros se llenará al haber sido ya reservados 1,8 en poco tiempo y ha explicado que, después, se dará prioridad a los vecinos del entorno directo del parque, los de Labraza, Barriobusto y todo el término de Oyón. Eso sí, está abierto a cualquier persona de la Rioja Alavesa y de toda la provincia de Álava.

Según los promotores, se pueden meter entre 1.000 y 100.000 euros y se prometen rentabilidades del 7%. “La plataforma Fundeen realiza el proceso inversor con rentabilidad garantizada”, se puede leer en la web del organismo público EVE. Este martes hay una reunión informativa en Labastida y las habrá, igualmente, en Oyón y Laguardia.

No sin oposición social y con controversia política en un municipio gobernado por EH Bildu, las obras de Labraza ya han arrancado. Se habla de una inversión total de 59 millones de euros, por lo que la parte de “crowlending” apenas supera el 5%. Por el momento, según el EVE, “se han adjudicado las obras a la firma navarra ECAY, los aerogeneradores a Siemens-Gamesa y la ampliación de la subestación de evacuación a la ingeniería EDS”. Se trata de una planta de 40 MW y supondrá un salto del 26% en la capacidad de generación eólica actual de la comunidad autónoma.

El consejero Jauregi ha explicado que los proyectos en marcha permitirán pasar de una producción renovable actual que apenas supone el 7,9% del 'mix' total a un 15% en cinco años. Eso implica ganar 450 MW con parques eólicos o solares, mas también otros 300 MW en “autoconsumo”. El EVE tiene un presupuesto total de 80 millones de euros. La ley autonómica de 2024 obliga a que Euskadi alcance un 32% de renovables en 2030 y el último dato es del 21,4%. Son dos indicadores diferentes, ya que en el segundo entra también la energía verde importada, no solamente la producida.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de hace un año, informó la compañía. La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha mejorado sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4%, hasta 1.865 millones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4.067,1 millones, un 9,7% menos. El Ebitda ajustado ajustado creció un 2,4%, con el negocio de redes como principal motor. El aumento del 8,6% del Ebitda de Redes ajustado, hasta 2.047,5 millones, se debió a la mayor base de activos regulados, con un aumento del 8%, y las mayores tarifas, al fuerte crecimiento en Reino Unido, impulsado por el aumento de las inversiones y la consolidación de ENW (Reino Unido), así como al desempeño positivo en el resto de geografías.

Por otro lado, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 3,2%, hasta los 2.022,3 millones, debido a que la fuerte producción en Reino Unido (+41%) y en Europa continental (+26%) no compensan el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia. Además, el crecimiento en Estados Unidos se vio condicionado por los impactos positivos no recurrentes registrados en el primer trimestre del año pasado.

Los ingresos del grupo energético ascendieron a 12.017,6 millones, un 4,5% menos.

Las inversiones alcanzaron 2.698,5 millones, con más del 50% en Reino Unido y Estados Unidos y más de 14.500 millones en los últimos doce meses.

En el negocio de Redes las inversiones alcanzaron los 1.461,3 millones de euros, con un tercio destinadas a transporte, impulsando la base de activos regulados un 8% hasta casi los 53.000 millones de euros.

Un año del histórico apagón ibérico del 28 de abril de 2025 que dejó sin luz a 50 millones de personas durante horas. Doce meses en los que diversos informes oficiales han repartido culpas sobre el peor cero eléctrico en Europa en décadas, con epicentro en el sistema eléctrico español, considerado uno de los más seguros, evolucionados y fiables del mundo hasta que lo que parecía imposible ocurrió.

El colapso, apuntan expertos del sector, reveló la necesidad de adaptar la normativa a un sistema que lleva años en rápida transformación y es mucho más complejo por la transición a las renovables, que ya cubren más del 55% del consumo en España.

El peso en España de la fotovoltaica, la energía que más crece en el mundo, es inferior al que tiene, por ejemplo, en la Hungría del todavía primer ministro Viktor Orban, pero eólica y solar fueron señaladas desde distintos sectores (incluso por la Administración de Donald Trump) como responsables de un incidente que, según los dictámenes publicados en España y la UE, fue “multifactorial” y fruto de una cadena de fallos.

“Todo el mundo tuvo algo de responsabilidad”, resume al teléfono el expresidente de Red Eléctrica de España (REE) Luis Atienza, que incluye a empresas y al propio regulador.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado por ahora 55 expedientes sancionadores a REE, las grandes eléctricas y otras generadoras como Repsol, una de las empresas que ha anunciado que pedirá una indemnización por daños sufridos en el apagón.

Los dos que apuntan por ahora a una posible infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico afectan a REE (sanción que deberá decidir en su caso el propio Gobierno) y a la dueña de las nucleares de Almaraz y Trillo, en la que participan todas las eléctricas, con mayoría de Iberdrola. La vicepresidenta Sara Aagesen ya atribuyó a REE, que preside la exministra socialista Beatriz Corredor (cuyo mayor accionista es el Estado), una “mala planificación” de centrales de respaldo el día del apagón, al programar la menor potencia firme de todo el año.

El operador del sistema ha asegurado que el informe de los expertos europeos muestra que cumplió la normativa “antes, durante y después” del colapso. Las eléctricas afirman que lo hizo “al límite”. Con ambos bandos inmersos desde el principio en una batalla a cara de perro, hay en juego compensaciones y multas millonarias y un enorme coste reputacional.

Los expedientes, recalcó Competencia, “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”, dado ese “origen multifactorial” que recogieron los informes del Gobierno (en junio) y, en marzo de este año, los expertos europeos de ENTSO-E, que lo atribuyeron a un fenómeno de sobretensión propiciado por una tormenta perfecta de fallos en cadena.

Atienza ve “muy difícil” determinar quién tuvo más culpa (“seguramente” lo acabará dirimiendo un juez, dice) y cree que lo relevante es “qué aprendemos” del apagón y “qué oportunidades nos proporciona para dar un salto adelante” en la gestión de un sistema eléctrico “con unas características muy diferentes al de hace 25 años”.

“Más encima”

El episodio, en palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, mostró “que hay que estar más encima del sector”. Fue un evento “excepcional y sin precedentes”, según los expertos de la UE, que identificaron 17 desencadenantes: una combinación de fluctuaciones de tensión y oscilaciones (comenzando por la que forzó, por razones no explicadas, una gran planta fotovoltaica en Badajoz perteneciente a Iberdrola, como reveló elDiario.es) que culminó con la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa y el cero total, después de que grandes centrales de generación que debían controlar tensión no lo hicieran y plantas de renovables se desconectaran indebidamente pese a operar en los márgenes legales de tensión. 

Desde la prudencia y la distancia, al teléfono desde Zambia, el ingeniero eléctrico y académico Ignacio Pérez Arriaga, redactor del Libro Blanco para la reforma del sector, apunta que “puede que ninguno haya hecho nada ilegal”, pero las conclusiones del informe europeo indican “cierto abandono o descuido en la seguridad del sistema” por parte de todos los agentes. Y falta de “adecuación a los nuevos tiempos” en la regulación, competencia de la CNMC, a la que el Gobierno intentó desgajar sin éxito la competencia de energía cuando Teresa Ribera aún era ministra.

Un discípulo de Pérez Arriaga, el académico del ICAI y experto en energía José Luis Sancha, ex de Endesa y REE, apuntaba hace unos días en LinkedIn la “solvencia técnica” del informe europeo, que “no responde a intereses regulatorios o sancionadores concretos” y huye de “interpretaciones simplistas”, y apelaba a aplicar sus 19 recetas con “un clima de diálogo y cooperación entre todos, que permita abordar esas recomendaciones con garantía y urgencia”.

Como marca la normativa de la UE, el informe que redactaron 49 expertos europeos incluía a operadores del sistema, reguladores y observadores independientes que, subraya Atienza, se juegan “el prestigio”. Iberdrola y Endesa han cuestionado el dictamen por la presencia de REE en la investigación, y por obviar aspectos como que España es el único país de Europa que considera admisibles tensiones de hasta 435 kV, dejando un margen de solo 5 kV hasta que actúan las protecciones, frente al límite de 420 kV del resto de Europa.

También al margen de esos dictámenes oficiales, el juicio político de la comisión de investigación que creó en el Senado el PP cargó las culpas del apagón en REE, el Gobierno y la CNMC, y libró de toda responsabilidad a las grandes eléctricas.

Pedro Fresco, experto en energía y director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, define el informe europeo como “una autopsia” que detalla “el 99% de lo que pasó”. La recomendación “más importante” de ese dictamen es que “las renovables tienen que ser habilitadas para poder controlar tensión” y evitar el “descontrol” de aquel aciago y soleado día de abril.

“No hubiese sucedido”

En el momento del apagón la CNMC no había aprobado aún un procedimiento de operación (el P. O. 7.4) al que dio luz verde semanas después del colapso (aunque no ha empezado a aplicarse hasta hace unas semanas), tras años de proyectos piloto para calibrar el coste de la medida. REE planteó actualizarlo en 2020, cuando las renovables empezaron a participar en el control de tensión en Portugal, que comparte mercado eléctrico con el español.

Como dice Atienza, a toro pasado “es muy fácil aprender”, pero, según Fresco, “si el procedimiento de operación 7.4 hubiera estado en el momento y las renovables hubieran controlado tensión, el apagón no hubiese sucedido”.

Un fallo regulatorio de la CNMC, una suerte de supervisor todólogo creado por el Gobierno de Mariano Rajoy (vigila energía, telecomunicaciones, transporte o Competencia) cuyo modelo apunta Pérez Arriaga, quizá no sea el más adecuado: “Yo soy partidario de que cada sector tenga su comisión reguladora”, porque “es imposible que haya un grupo de personas que entienda de todos los sectores”, dice el también ex consejero de la extinta CNSE (antecesora de la CNMC).

La CNMC ha asegurado que había “herramientas” legales para evitar el apagón, idea en la que insistió hace unos días su todavía presidenta, Cani Fernández, al negar el “vacío regulatorio” que apuntaron la víspera los responsables de Iberdrola y Endesa.

El control de tensión con renovables, explica Fresco, “ya se está viendo en la programación de ciclos combinados [centrales de gas] y en los costes de las restricciones técnicas”, con las que REE soluciona problemas puntuales de la red e incluyen la denominada operación reforzada, el colchón extra de seguridad que aplica desde el apagón (con más uso del gas) con un coste de 666 millones hasta marzo.

Esos costes, apunta Fresco, “han empezado a bajar desde que las renovables han empezado a hacer ese control”. “En horas solares, la programación de ciclos ha pasado de una horquilla de 2.000-3.000 megavatios (MW) desde el apagón a menos de 2.000 en los últimos quince días”, y “todo indica que es porque ya tenemos 4.500 MW renovables controlando tensión”.

En marzo, la CNMC publicó un informe con más de veinte recomendaciones que relacionaba la creciente volatilidad de las tensiones del sistema eléctrico español con la “rápida” descarbonización de un parque generador cada vez más complejo y distribuido y “un desarrollo más lento de la demanda eléctrica”, en un contexto de escasa interconexión y creciente penetración del autoconsumo, sobre el que REE apenas ha tenido visibilidad pese a su gran despliegue de los últimos años.

Retos que “tienen solución”

Un sistema “en el que gran parte de la generación no es síncrona” presenta retos “que afortunadamente tienen solución técnica”, apunta Atienza, que se declara “optimista” porque “una crisis así te permite dar un salto adelante” e insta a saber no solo “qué ha fallado”, sino dar “un repaso a fondo” para seguir avanzando en electrificación y descarbonización.

Impulsar la demanda y la interconexión son, apunta el exministro, desafíos “estructurales” pendientes, permitiendo nuevos accesos a una red muy saturada y reduciendo el aislamiento de la Península con el resto de Europa para seguir integrando renovables. Todo a la espera de una posible revisión del cierre nuclear progresivo pactado en 2019 con primera parada en la central de Almaraz, sobre cuya continuidad debe decidir este año el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Para el consultor energético Kim Keats, “el apagón no fue consecuencia de una falta de inercia”, como se dijo en un principio desde determinados sectores (especialmente pronucleares), “ni de un defecto inherente a las energías renovables”. “Gran parte del debate público inicial estuvo marcado por narrativas que, aunque comprensibles, resultaron ser engañosas: exceso de solar, insuficiente generación síncrona, error del operador. Estas explicaciones ofrecían claridad a costa de precisión”.

En su opinión, los informes dejan claro “que el sistema se comportó de forma coherente con su creciente complejidad: pequeñas perturbaciones interactuando con márgenes estrechos, sistemas de protección reaccionando localmente, y una cascada resultante de la interacción de múltiples respuestas individualmente racionales”.

Keats señala que el marco regulatorio, “diseñado para un sistema distinto”, “tiene dificultades para seguir el ritmo”, con un sistema eléctrico que está experimentando una transformación estructural impulsada por la descarbonización, la electrificación y el creciente peso de la electrónica de potencia que montan las plantas fotovoltaicas y eólicas. 

Para hacer frente a esa creciente complejidad y a la “dejadez” normativa que apunta Pérez Arriaga, se han sucedido medidas en estos doce meses. Tras actualizar por fin el P. O. 7.4, la CNMC aprobó en octubre cambios urgentes en tres procedimientos de operación ante nuevas variaciones bruscas de tensión como las del apagón. También se modificaron las rampas de entrada y salida de las plantas de renovables (para evitar súbitas pérdidas e incrementos de potencia en el sistema) y se propuso incrementar los topes de inversión en la red de distribución a cambio de reforzar, entre otros aspectos, el control de tensión. 

En julio, el Gobierno cambió el plan de desarrollo de la Red de Transporte para instalar por primera vez en la Península compensadores síncronos y reactancias y mejorar el control de tensión. Tras tumbar el Congreso en julio un decreto-ley de medidas urgentes, Transición Ecológica aprobó en noviembre un decreto con medidas de refuerzo del sistema. En febrero sacó a consulta un decreto para elevar la capacidad en las redes y reforzar el sistema, con medidas específicas para amortiguar las oscilaciones de potencia.

Como señala Atienza, el apagón “de repente nos coloca en la realidad de que es necesario pegar un salto de sofisticación en la operación del sistema del que todavía no hemos visto casi nada, porque el ritmo de cambio que se está produciendo desde el punto de vista tecnológico es extraordinario”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de otros 35 expedientes sancionadores en el marco de su investigación del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, lo que eleva a 55 el número de expedientes abiertos.

Se trata de 34 nuevas infracciones “graves” y una “muy grave” a la agrupación de interés económico (AIE) que gestiona las nucleares de Almaraz y Trillo, por una presunta “reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de producción”.

Los nuevos expedientes afectan también, por infracciones “graves” de la ley eléctrica, a Iberdrola (otros 18 expedientes), Endesa (12) y la AIE que explota las nucleares de Vandellós y Ascó, en Tarragona, con otro más por “la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”. La nueva batería de sancionadores afecta también a otras como Engie, Totalenergies y ContourGlobal, del fondo KKR y que opera varias centrales termosolares en España y el ciclo combinado de Arrúbal, en La Rioja.

Estos expedientes se suman a los anunciados hace una semana a REE (la única en la que hasta ahora la CNMC apreciaba una infracción “muy grave”), Iberdrola, Naturgy, la propia Endesa o Repsol.

Competencia recuerda que tras el apagón “inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica”.

“Como resultado de las investigaciones, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”. “Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”.

“No obstante, tal como se señaló en el caso de los expedientes incoados la semana pasada, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”.

La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas.

España se encuentra en una década decisiva para su sistema energético, y en torno a si la infraestructura está preparada para lo que viene, ha girado el debate de la primera mesa de esta segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es. Los cuatro expertos reunidos, moderados por Serafí del Arco, redactor jefe de economía de elDiario.es, han analizado la presión de una electrificación acelerada, la explosión de las renovables y la llegada masiva de centros de datos. La conclusión es unánime: partimos de una base excelente, pero el sistema necesita una “sincronización perfecta” para no morir de éxito.

La conversación comenzó con un diagnóstico optimista, aunque cauteloso, sobre la robustez de la red actual. María Luisa Castaño, asesora de la dirección general del CIEMAT, defendió el sistema español sin ambages: “Nuestra red es ejemplar, es una red pionera... pero necesitamos que se sincronice y se adapte al siglo XXI”. Castaño subrayó que la “inteligencia de red” es la pieza que falta para que España alcance su autonomía estratégica.

En esta misma línea, Carmen Longas, responsable de acceso a la red de Red Eléctrica, coincidió en que el país cuenta con “buenos mimbres” y profesionales de primer nivel. Sin embargo, introdujo un matiz crucial a la “inteligencia de red” de la que hablaba Castaño: “Yo hablaría de un sistema eléctrico más inteligente, no solo es la red, es la gente que se conecta a la red quien tiene que ser también más inteligente. Pero la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas en progreso y en España sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer”.

El debate se intensificó al abordar la competitividad económica. Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola España, recordó que Europa y España carecen de combustibles fósiles, lo que encarece el gas por los costes de transporte y licuefacción. Para Calleja, la electricidad producida ‘en casa’ es la clave: “Cuando hablamos de electricidad hablamos de energía producida en España y el resto es importada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en esos términos, ¿qué energía produzco aquí y qué energía es importada?”.

Calleja destacó también la bajada de precio que supone la generación de electricidad en España y la oportunidad económica e industrial que supone. Pero también quiso lanzar una advertencia severa sobre la falta de inversión frente a otros vecinos europeos: “Francia ha multiplicado sus inversiones en redes por cuatro, Alemania por tres... España puede ser un hub industrial europeo, pero la red eléctrica es el limitante”. Comparó la situación actual con “tener una mina de oro sin carretera”, donde la falta de acceso impide que la ventaja de las renovables llegue realmente a la industria y al empleo.

La intervención de David Blázquez, director de relaciones institucionales en AWS Iberia, fue uno de los momentos más interesantes de la sesión. Blázquez defendió el papel de los centros de datos, no como una carga sino como transformadores de potencia en innovación y utilizó una analogía para explicar los tiempos del sector: “La electrificación es como la educación, ves los frutos en el medio y en el largo plazo”.

El director de relaciones institucionales en AWS Iberia también ofreció la metáfora del día para explicar por qué el acceso a la red no podía seguir siendo gratuito para quienes solo reservan potencia sin ejecutar proyectos. Comparó la capacidad de red con el mercado de rodaballo en Mercamadrid: “Reservar 1 MW era como si reservase 1 kg de rodaballo durante 5 años pagando 0,08 euros... No es que pase de ser gratis a costar dinero, es que ahora te cuesta dinero privar a otros de construir cosas y hacer desarrollo y hacer industria”.

Los centros de datos: ¿aliados o “devoradores” de energía?

Tras ser preguntado sobre cómo puede el sector tecnológico colaborar en la flexibilidad del sistema en lugar de ser visto como una gran carga en la demanda, Blázquez defendió los centros de datos como infraestructuras que transforman la potencia eléctrica en servicios, innovación y capacidad de computación para una sociedad cada vez más digitalizada. “Vosotros no existiríais como periódico sin eso”, ejemplificó. “Los centros de datos no devoran energía, la transforman para una sociedad que demanda muchísima más digitalización”, resumió.

Además, Blázquez argumentó que estas instalaciones son una herramienta de eficiencia, ya que permiten ahorrar hasta un 90% de energía en comparación con los servidores privados tradicionales gracias a las economías de escala. En lugar de verse como una carga, los expertos coincidieron en que deben ser tratados como aliados estratégicos que aportan flexibilidad al sistema y facilitan la descarbonización de otras industrias pesadas, como la cementera o la siderúrgica, al actuar como motores de su digitalización.

El riesgo del apagón y la sombra del 28 de abril

La estabilidad del sistema y los riesgos de apagón también fueron centrales en la discusión, especialmente tras los recientes informes europeos y el incidente del pasado 28 de abril en España. “La estabilidad ya no viene de serie... el mayor riesgo es desacoplar la penetración de red sin un sistema coordinado entre generación, transporte y demanda”, zanjó Castaño, desde el punto de vista científico. Además, alertó de que España solo ha alcanzado el 15% de sus objetivos de almacenamiento en baterías para 2030.

Por su parte, Longas enfatizó que la seguridad de suministro debe ser el pilar inamovible: “Que todo el avance que hagamos en materia de electrificación nunca suponga un perjuicio al consumidor”.

El horizonte de 2030

Para cerrar la mesa, los ponentes lanzaron sus peticiones para el futuro cercano. María Luisa Castaño pidió una “red integral diseñada desde la generación hasta la demanda” que esté plenamente digitalizada. Carmen Longas insistió en no perder de vista la seguridad del consumidor, mientras que David Blázquez pidió que la flexibilidad del sistema no obligue a los usuarios a cambiar sus hábitos digitales de forma perjudicial.

El cierre más contundente lo puso Patxi Calleja, que puso el foco en lo que denominó la paradoja fiscal española: “El tercer producto más gravado de España es la electricidad, después del alcohol y el tabaco... gravamos a la electricidad como si fuese algo dañino cuando es el objetivo que queremos conseguir”. Calleja calificó esta situación como un “arancel inverso” que lastra la competitividad del país frente a las energías importadas.

Ya con el tiempo agotado, la mesa concluyó con una idea clara: España tiene la tecnología, el recurso natural y las empresas, pero necesita una regulación valiente y una inversión ambiciosa para que la red eléctrica deje de ser un freno y se convierta en el motor definitivo de la economía nacional.

La III Jornada de Inteligencia Artificial y Tecnología de elDiario.es ha arrancado este jueves con una premisa clara: España puede ser un país competitivo en la integración de la inteligencia artificial gracias, precisamente, a la manera en la está implantando -con cautela–.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ha inaugurado el encuentro remontándose a la primera jornada que organizó este medio, hace tres años. “Hablábamos casi con asombro, como si la IA fuera todavía un fenómeno cercano a la ciencia ficción. Hoy la situación es muy distinta”, ha afirmado. “Hoy es una tecnología que está transformando profundamente la sociedad, el tejido empresarial, la educación, la medicina, la movilidad, y de forma muy directa también el ecosistema informativo y la conversación pública”.

En este sentido, ha resumido la convulsión que está sufriendo el ecosistema mediático, que es ya “el cambio más importante para el oficio que se ha vivido desde la llegada de Internet”. Pese a que en muchos medios provocará despidos, ha asegurado que el tipo de periodismo “que importa a la sociedad” va a seguir siendo necesario, imprescindible, insustituible. 

“Nos va a ayudar muchísimo a que nuestro trabajo, el importante, lo podamos hacer mejor aún. Ayer tuvimos un ejemplo fantástico. Nos cayeron de golpe todas las toneladas de PDF del 23F. Esto antes suponía poner a todo el mundo, desde el becario hasta el subdirector, a leer por trozos. Ayer fue completamente diferente. Subimos todo a un motor de IA. Nos ayudó a encontrar palabras clave, contextos, conexiones”, ha explicado.

Y ha dado paso a Alberto Órfão, jefe de Fin de Semana de elDiario.es y moderador de la primera mesa de expertos, tras destacar el contexto actual, enmarcado en el despliegue de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, “el primer intento serio de poner reglas claras a esta tecnología”. “Se trata de impulsar la innovación sin renunciar a la protección de derechos fundamentales, y España tiene un papel importante en este proceso”.

El papel de la ética en la innovación tecnológica

Alberto Gago Fernández, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha explicado que “los derechos de los ciudadanos son un activo para una sociedad mejor, pero también para una oferta comercial mejor de las propias empresas”.

“Y sabemos que sin confianza, una empresa no vende y, si una empresa no vende, el mercado no escala. Con lo cual necesitamos aportar esta seguridad jurídica a las empresas, pero sobre todo basándonos en los derechos de los ciudadanos. El CIS establece que el 93% de los españoles tenían miedo con respecto a la inteligencia artificial. Lo que quiere el gobierno es montar este marco institucional que permita rebajar ese porcentaje de ciudadanos que desconfían de la IA”, ha proseguido.

“Desde la AESIA tenemos que tener un equipo multidisciplinar que pueda entender cómo aterrizar todo esto y sobre todo también acompañar a las empresas en su transición hacia esta IA responsable. Ayer ya anunciamos que íbamos a montar un laboratorio de ideas, la llamamos ‘la inteligencia de la inteligencia artificial’, para entender cuál es el impacto de esta tecnología en diferentes ámbitos que le preocupan a la ciudadanía (mercado laboral, igualdad de género, desinformación, menores, etc.)”.

Beatriz Arias, directora de Transformación Digital de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha enfatizado en que la IA debe ir acompañada de un marco ético desde el diseño, porque no puede modelar valores humanos. 

“La innovación no es ir más rápido. Es incorporar nuevas tecnologías de forma segura y responsable. En este sentido el marco de la UE nos ha ayudado mucho”, ha defendido, por su parte, Ferrán García Rigau, director de Data, IA e Innovación de la aerolínea Iberia. 

España como líder del debate de la IA

España es un país que está liderando todo el debate de la IA, han asegurado los expertos. “Según un informe de la Stanford University, somos el séptimo país en efervescencia de IA, porque tenemos los marcos institucionales adecuados pero también porque tenemos a las empresas que de verdad quieren adoptar esta tecnología, ponerla al servicio de sus clientes, pero siempre respetando como hemos dicho sus derechos. Somos el primer país de la UE en este indicador. Además somos el sexto país del mundo en referencia en cuanto a gobernanza de la IA”, han explicado desde la AESIA.

“Nos han intentado trasladar una narrativa de elegir entre innovación y regulación, porque las dos no son posibles, y España ha demostrado que eso no es así”, han continuado.

España, han afirmado, lo tiene todo para ser un país competitivo y pionero, sobre todo, en infraestructuras de conectividad. Está por encima de la media europea en este sentido.

Desde DigitalES han explicado que los sectores más maduros en este sentido son el tecnológico, el financiero, el sector del márketing digital, el del e-commerce, y el sanitario. “¿Dónde nos queda por poner aún esfuerzos? En introducir la IA en toda la cadena de valor, pero no porque ya lo estén haciendo todos, sino donde tenga sentido y de la manera que tenga sentido”.

Otro reto para nuestro país es el del talento. “Estamos escasos de talento. Así es muy difícil que podamos avanzar y ser más competitivos que otros países. Tenemos que hacer algo para despertar esas vocaciones. Y hace falta invertir en infraestructuras de computación”, han profundizado.

La IA en el día a día de las empresas

García Rigau ha contado cómo están aprovechando la IA en la aerolínea: “En Iberia donde más la utilizamos es en mejorar la experiencia de los clientes y los empleados; en eficientar nuestros procesos; y en ser más sostenibles. Tenemos un caso ‘perfecto’, que toca los tres factores, que es el de cómo llenamos los aviones, porque, cuanto más balanceados estén, menos consumen. Con la IA vemos que en cuestión de segundos podemos optimizar y encontrar la mejor solución a este problema”

Silvia Núñez Rivero, responsable de Transformación Digital de la empresa energética Iberdrola, ha asegurado que es algo que “ya todos esperamos tener en el trabajo. ”A mí me gusta asemejarlo a la calculadora. Cuando se inventó la calculadora, pues tú tenías tu calculadora en casa y no te imaginabas ir al trabajo y tener que usar un ábaco“. 

La IA sí está sustituyendo tareas -sobre todo las repetitivas-, pero no personas: “Pero en todo esto la clave es ver cuál es el trabajo en el que el humano sigue siendo más relevante, que es el trabajo más creativo. Ahí es donde surge la innovación”. Y es ahí donde están las nuevas oportunidades de empleo.

“Lo que tenemos que asegurar es que ponemos los necesarios planes de formación para que aquellos perfiles que puedan ser sustituidos se conviertan en otro tipo de perfiles de transición hacia, por ejemplo, la supervisión humana. Para asegurar que la IA lo haga todo de forma ética”, por ejemplo, han señalado desde Iberia.

Entre los perfiles más demandados, los prompt-engineers, o los expertos en ciberseguridad, aquellos profesionales muy capaces de tener pensamiento crítico, o perfiles multidisciplinares (que puedan responder a los retos sectoriales particulares).

La privacidad como uno de los principales retos

Otro de los aspectos imprescindibles en este nuevo escenario es el de la privacidad. “La tecnología no es per se mala, sino el uso que le vas a dar. En cuanto a privacidad estamos maduros, pero todo lo nuevo que está apareciendo lo estamos incorporando de forma proactiva”, han afirmado desde Iberdrola. “A nivel reputación el daño que sufre una empresa que se ha visto atacada y le han robados datos, por ejemplo de sus clientes es enorme”, han señalado desde DigitalES.

Uno de los retos, han concluido desde la AESIA, es el de aprender a conjugar diferentes reglamentos de manera coordinada y fácil: “El Reglamento General de Protección de Datos está aquí desde hace muchos años, pero hay otros que también tenemos que conjugar, como los de ciberesiliencia o de gobernanza del dato, que te dan la confianza no solo para proteger los datos personales, sino para compartir los datos en confianza y para poder recoger los datos sin sesgos, sin ruido, que permita que la IA sea, de verdad, representativa de la democracia que tenemos”.