Los siete cabildos de Canarias han insistido en “la necesidad” de poder gastar el dinero del superávit para poder “generar recursos para hacer frente a la situación de crisis económica y social sobrevenida por la crisis sanitaria”y “activar de urgencia todos los mecanismos para evitar que nos sigan llegando turistas de otros lugares del mundo y de otras zonas de España”.

Tras una reunión entre la Federación Canaria de Islas (Fecai) y el Gobierno regional, el presidente de turno de la Fecai, Casimiro Curbelo, ha afirmado que las corporaciones insulares necesitan “disponer de recursos económicos para articular medidas extraordinarias en una situación de estas características”.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, estima importante poder usar “los remanentes y los fondos que permanecen ociosos en los bancos”, así como permitir endeudarse a las que lo necesiten ante la previsible falta de liquidez.

En el ámbito económico, la Fecai también planteó la creación de ayudas para pymes y autónomos con medidas como el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social y líneas de crédito ICO que den cobertura a los pagos que deben afrontar en este tiempo.

El también presidente de La Gomera aludió a la potenciación de sectores productivos como el primario, la industria y la construcción “que ahora son pilares de nuestra economía y los únicos capaces de generar empleo”.

Por estos motivos, insistió en la flexibilización de todas las normas que sean posibles para agilizar la contratación de personas, la adjudicación de obra pública, así como las ayudas.

Por otro lado, Morales ha indicado que otra de las principales preocupaciones de los cabildos, expuesta en una reunión interna de la Fecai, es “el cierre de aeropuertos sin que afecte a los suministros”, aunque consideran “imprescindible” la restricción en la llegada de pasajeros, limitándola a lo indispensable para que el personal sanitario se pueda trasladar, por motivo de trabajo y por un tiempo definido para los ciudadanos del exterior.

Curbelo también explicó que los cabildos canarios han reiterado la urgencia de garantizar la seguridad de los sanitarios y dotar del material necesario a los centros de las islas.

“Queremos que estos profesionales cuenten con la máxima protección ante la exposición constante que tienen con personas contagiadas” e insistió en el aprovisionamiento de material básico como una de las prioridades.

La Federación Canaria de Islas asegura que repalda as medidas propuestas por el Gobierno regional para mitigar la crisis sanitaria y económica que deja la expansión del COVID-19 en las Islas. Además, las corporaciones manifestaron su voluntad de “seguir trabajando de manera coordinada para hacer frente desde las instituciones públicas a la situación que estamos viviendo”, concluye Morales. 

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este lunes a municipios y cabildos la necesidad de reajustar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para que las cuentas regionales de 2020 puedan crecer en 400 millones de euros.

Tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), Torres ha explicado que de cara al próximo ejercicio la comunidad canaria precisa contar con 400 millones de euros adicionales para poder sufragar la reducción de la jornada lectiva aprobada en la pasada legislatura sin fondos para el personal docente y sanitario y hacer frente también a “los 193 millones que se dejarán de ingresar este año por recaudación del IGIC”.

El presidente ha dicho que, frente a lo previsto por el anterior Gobierno regional, la Agencia Tributaria ya ha comunicado que este año se dejará de recaudar esa cantidad, a la que habría que sumar otros 180 millones con los que financiar la reducción horaria de los citados colectivos de trabajadores públicos.

Para “reponer” estas partidas en los próximos presupuestos regionales de 2020, Torres ha planteado a la Fecam y a la Fecai la necesidad de consensuar ciertos “reajustes” y “redefiniciones” del Fdcan, al que se le podrían introducir nuevos fines más sociales y sostenibles, acordes con la declaración de emergencia climática, así como nuevas anualidades.

El Gobierno también ha propuesto a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de aplicar “nuevas distribuciones” al FCFM, un asunto que, en su opinión, puede debatirse “en una sosegada mesa de trabajo”.

Según Torres, las dos instituciones supramunicipales han mostrado su predisposición a estudiar la propuesta que les ha hecho llegar.

Una coincidencia que ha ratificado la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el de la Fecai, Antonio Morales.

La también alcaldesa de Candelaria ha agradecido que se generen estos foros de debate y colaboración entre el Gobierno canario y los municipios en relación a la financiación.

Brito ha afirmado, no obstante, que la Fecam, que está constituyendo sus nuevos órganos, tiene que abrir ahora un proceso de reflexión interna para poder hacer aportaciones a los ajustes que plantea el Ejecutivo que sustentan el PSOE, NC, Podemos y ASG.

Por su parte, el también presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado la “absoluta sintonía que existe entre la Fecai y el Gobierno de Canarias en las políticas sociales inclusivas y medioambientales que son necesarias para avanzar en esta tierra”.

Morales ha referido, sin embargo, que la Fecai tiene que estudiar, isla por isla y desde el punto de vista jurídico y económico las propuestas que ha hecho el Gobierno regional “porque reequilibrar las inversiones de esta manera puede producir” para algunos cabildos “problemas en la regla de gasto y en los equilibrios financieros”.

El presidente de la Fecai ha destacado que cada cabildo ha de hacer frente a distintas realidades, de ahí que algunos hayan presentado propuestas a financiar en cuatro años y otros que han proyectado iniciativas a más corto plazo.

Sobre el bloque de financiación municipal, Morales ha dicho que la Fecai está dispuesta a hablar con el Gobierno canario, si bien necesita saber antes si introducir retoques puede generar disfunciones en los presupuestos de las distintas instituciones insulares.

Las federaciones que aglutinan a los siete cabildos (Fecai) y a los 88 ayuntamientos canarios (Fecam) han recibido este lunes, 14 de octubre, toda la información sobre la situación económica actual y los planes del Gobierno de Canarias en relación con esa coyuntura, se informa en nota de prensa. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, han explicado además las líneas básicas de los Presupuestos de 2020, que están en proceso de elaboración.

A ese respecto el presidente de Canarias insistió en que “hemos planteado la voluntad de tener en 2020 los ingresos suficientes para poder responder a la agenda social”. Según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria, el año 2019 terminará con 193 millones de euros menos de recaudación tributaria propia, tras la bajada en medio punto del IGIC que se aplicó a finales de la legislatura anterior. Por ello, “pondremos en marcha medidas para corregir ese descenso en las cuentas de 2020”, recalcó Torres.

El presidente de Canarias también explicó que el año próximo hay que prever el gasto por la jornada lectiva reducida de los docentes y la de los profesionales sanitarios, que no estaban contempladas en 2019, lo que “supone que tengamos que presupuestar otros 180 millones de euros en el capítulo I (el de salarios)”.

Redefinición del Fondo de Desarrollo de Canarias

Una de las medidas que ha propuesto hoy el Gobierno de Canarias es reajustar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), para lo que se va a poner en marcha una comisión técnica (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). Se propone una revisión de ese programa para darle más flexibilidad a la financiación anual y a los límites temporales de justificación de las inversiones, para que así los cabildos y ayuntamientos vayan más holgados con los proyectos.

Torres aseguró que, “si en lugar de diez años, tenemos que planearlo a once o doce para justificar esos fondos públicos, lo haremos”, y apuntó que la aplicación de esos reajustes no significaría que se reste ni un sólo euro a las administraciones insulares o locales canarias.

En el marco de ambas reuniones, tanto la Fecai (Federación de Cabildos Insulares) como la Fecam (Federación Canaria de Municipios) han sido informadas sobre la intención del Ejecutivo canario de reorientar el Fdcan hacia los servicios básicos urgentes. A este respecto, el presidente destacó la necesidad de “dar prioridad a las inversiones de carácter social, solidario y sostenible” para tener una Canarias “más limpia, más justa y mejor repartida desde el punto de vista solidario”.

Para la presidenta de la Fecam, María Brito, “ha sido un encuentro positivo para debatir y consensuar posturas respecto a la financiación y los nuevos presupuestos de Canarias”. Brito se comprometió a abrir un proceso de reflexión interna para abordar los posibles ajustes del programa Fdcan.

Por su parte, el presidente de la Fecai, Antonio Morales, destacó que “existe una absoluta sintonía con el Gobierno de Canarias en los ejes estratégicos centrados en las políticas sociales inclusivas, renta básica de ciudadanía y políticas ambientales”.

Torres culminó su comparecencia ante los medios de comunicación apuntando que “salgo muy satisfecho de ambas reuniones”. Además, agradeció la comprensión que han tenido tanto la Fecai como la Fecam a las propuestas del Gobierno autonómico.

Por último, hay que decir que se ha acordado crear una mesa de trabajo para estudiar un cambio en la distribución del Bloque de Financiación canario. “Ambas federaciones dijeron que están abiertas a valorar posibles modificaciones”, indicó Ángel Víctor Torres.

Los siete Cabildos de Canarias respaldan que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) se instale en la Isla de La Palma en el caso de que su construcción no prospere en el archipiélago de Hawaii. En este sentido se han pronunciado por unanimidad las instituciones insulares en el seno de la Federación Canaria de Islas, Fecai, al adoptar este lunes como propia la declaración institucional en este sentido que ha sido propuesta por el presidente palmero, Mariano H. Zapata, se informa en nota de prensa.

El presidente del Cabildo de La Palma asegura que “estamos en un constante proceso de suma y sigue gracias a las aportaciones que ya han hecho el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias, entre otras instituciones. Ahora sumamos a la Fecai”.

Mariano H. Zapata explica que “como siempre hemos mantenido desde el Cabildo de La Palma, no buscamos una injerencia en la determinación del Consorcio del TMT respecto a que Hawaii siempre ha sido la primera opción, pero en caso de que esta decisión se tenga que abortar por cualquier motivo, sí que queremos dejar claro que el respaldo de las instituciones públicas y de la sociedad española, canaria y palmera a la construcción del TMT es un verdadero clamor”, asegura el presidente del Cabildo de La Palma.

El presidente del Cabildo palmero ha conseguido el respaldo unánime de la Fecai a una declaración institucional de respaldo a la construcción del referido gigante de la ciencia en La Palma en los mismos términos que la recientemente aprobada en el Parlamento de Canarias. En el documento se explica la selección de La Palma como emplazamiento alternativo a Hawaii y se señala que “el TMT es un proyecto excepcional, de auténtica vanguardia científico-tecnológica y absoluta referencia mundial tanto por sus medios materiales como humanos”.

La declaración aprobada por la Fecai también destaca que “este proyecto aportará al mundo avances científicos de primer nivel y, específicamente a la sociedad palmera y a la canaria, múltiples beneficios de índole socio-económica y cultural, ofreciendo a las actuales y futuras generaciones de jóvenes canarios una oportunidad única para formarse y trabajar durante décadas en ámbitos punteros de la ciencia y la tecnología”.

En conclusión, la declaración señala el apoyo explícito de la Federación Canaria de Islas a la instalación del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en el municipio palmero de Puntagorda, destacando que “las condiciones naturales de las islas y el apoyo de sus instituciones, sumados a la capacidad científica y tecnológica de este telescopio, permitirán desarrollar una ciencia única y excepcional en Canarias, que recibirá un amplio reconocimiento internacional y consolidará nuestro archipiélago como un lugar de encuentro para la ciencia mundial”.

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas han acordado este jueves trasladar la mejora en la financiación autonómica a las competencias transferidas y delegadas a los cabildos, que además han pedido incluir el primer tramo del 50% de los fondos del IGTE al bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Este es uno de los asuntos que se abordó en una reunión extraordinaria de la Federación Canaria de Islas (Fecai) con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la que también asistieron los consejeros autonómicos de Hacienda, Rosa Dávila; y de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán.

El presidente de turno de la Fecai, Anselmo Pestana, afirmó tras el encuentro que la reunión ha sido “más positiva” de lo que habían planteado los cabildos, que expusieron al Gobierno sus demandas en relación con los presupuestos de 2018 y la primera de ellas era la de trasladar la mejora de la financiación autonómica a la dotación de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad Autónoma.

Al respecto, Pestana dijo que hay plena disposición por parte del Gobierno y ahora se trata de hacer los cálculos y cerrar las cantidades y porcentajes de incremento.

El presidente canario, Fernando Clavijo, opinó que las demandas de la Fecai son razonables porque se beneficiará notablemente la gestión y sobre todo la elaboración de los presupuestos de los cabildos, por lo que el Gobierno “va a colaborar y facilitar que éstos y los ayuntamientos tengan certeza a la hora de incorporar recursos”.

Al respecto, detalló que también se ha acordado que los cabildos podrán consignar en sus presupuestos la liquidación que anticipó el Estado en 2016, pero que se ingresa en las cuentas de las corporaciones locales tres años más tarde, y que se trata por tanto “de ingresos que sabemos que van a venir”.

También indicó Clavijo que el haber sacado el REF de la financiación autonómica ha mejorado notablemente la dotación y esto tiene que repercutir en las transferencias a los cabildos

Anselmo Pestana, que es el presidente del Cabildo de La Palma, señaló asimismo en su intervención que también se va a estudiar una propuesta de las corporaciones locales para que el primer 50 por ciento de la compensación del IGTE se consolide en el bloque de financiación, lo que supondría un cambio en los porcentajes de participación asignados a cabildos y ayuntamientos.

De esta manera, prosiguió Pestana, la distribución de estos recursos no dependería de una cuestión de decisión política en cada presupuesto, sino que habría un cambio de normativa que consolidaría una forma de reparto en el archipiélago.

Sobre este asunto Fernando Clavijo coincidió en que esta demanda implica un cambio de normativa que el Gobierno estudiará si es jurídicamente viable.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, dijo que ha habido una postura unánime de las corporaciones insulares para exigir una mayor financiación y hay predisposición por parte del Gobierno para hacerlo posible, por lo que la Fecai está satisfecha.

No obstante, señaló que también hay que trabajar con el conjunto del Estado para frenar “esta deriva de recortes” y de limitación a las administraciones para hacer uso de sus recursos.

Como ejemplo dijo Antonio Morales que el Cabildo grancanario tiene casi 400 millones de euros en las cuentas de los bancos sin que pueda utilizarlos porque no lo permite el techo de gasto.

“Este es el siguiente paso que habría que abordar pero ya no corresponde a los cabildos, sino a los grupos políticos para que en el Parlamento se legisle contra esta política de austeridad que genera una enorme pobreza al no poder aplicar inversión pública, que al fin y al cabo genera empleo y obra pública”, aseveró Morales. 

El presidente accidental de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso, ha pedido este viernes que los consejos insulares, donde están representados el Servicio Canario de Empleo, los ayuntamientos, cabildos y agentes sociales, sean los que sigan y controlen los programas relacionados con las políticas activas de empleo propuestos por los cabildos.

Carlos Alonso se ha reunido este viernes con el director general de Coordinación y Apoyo Técnico de la Vicepresidencia, Antonio Olivera, y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para determinar si son los cabildos quienes gestionarán los fondos para empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El presidente del Cabildo de Tenerife ha defendido, según ha comentado posteriormente a los periodistas, que sean los consejos insulares de empleo los que evalúen, controlen y realicen un seguimiento de las políticas activas de empleo, que representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

No obstante, ha precisado, la intención de la Fecai es que sean los cabildos, en coordinación con los ayuntamientos, los que ejecuten las políticas de empleo para que así haya una mejor coordinación entre administraciones.

Por el contrario, el Servicio Canario de Empleo prefiere que estas políticas de empleo se sustenten en convenios específicos con cada uno de los cabildos, lo que, a juicio de Alonso, esto supondría entorpecer y dificultar la gestión de los fondos.

Para el presidente, la vía “más ágil” es que la firma de un convenio general entre Gobierno canario y cada uno de los cabildos incluya una cláusula específica para que los consejos insulares se encarguen del seguimiento y control de las acciones de empleo.

Es decir, la Fecai propone un convenio general por cada isla en vez de, como sugiere el Gobierno, convenios específicos por cada proyecto sobre políticas activas de empleo que presenten las corporaciones insulares.

Asimismo, reclama que el Ejecutivo articule fondos adicionales del Fdcan para financiar los proyectos que ha presentado y que también tiene que ver con el empleo.

Alonso se ha mostrado convencido de que, al tratarse de “una cuestión política”, el próximo el comité de selección del Fdcan llegue a un acuerdo y seleccione los programas y proyectos presentados.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha pedido este jueves información clara al Gobierno para saber si se pueden construir plantas alojativas turísticas en suelo rural dentro del proyecto de Ley del Suelo que se encuentra en tramitación parlamentaria.

El presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, después de la reunión de la federación celebrada para tratar, en otros asuntos, el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), ha reclamado “límites y una definición clara” de lo que se puede hacer en el suelo rural.

Ha aclarado que la Fecai no quiere que se pueda construir “en todos los lados”, aunque, según ha dicho, el proyecto de ley contempla la posibilidad de hacer “algún tipo” de construcción turística en suelo rústico.

“Lo que queremos es saber hasta dónde llega esta realidad”, ha indicado Curbelo, partidario de que en el suelo rústico se puedan crear riquezas adicionales manteniendo los valores naturales y el equilibrio y biodiversidad en cada una de las islas.

La Fecai ha nombrado este jueves una comisión en la que estarán incluidos todos los cabildos y responsables insulares del área de Medio Ambiente, de Política Territorial y Agricultura para que traten este asunto y elaboren una propuesta.

El Gobierno de Canarias se reunirá este viernes con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para acabar de cerrar que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con el empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y no la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la competencia.

Esta reunión tendrá lugar cuatro días después de que el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, reconociera que existen “problemas técnicos” a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas, si bien garantizó que las políticas de empleo representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

El presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, avanzó hoy, después de la reunión de la federación celebrada para tratar, en otros asuntos, el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y los recursos de Fdcan, que el encuentro de mañana tiene como objetivo llegar a una propuesta que pueda ser asumida por todos.

La Fecai ha acordado que Gobierno y cabildos firmen un convenio para llevar a cabo las distintas actuaciones correspondientes a las políticas activas de empleo en todas las islas, ha informado Curbelo, quien cree que esta idea “coincide en buena parte” con la propuesta del Ejecutivo que se definirá mañana.

Los cabildos tienen experiencia en la promoción económica y en la dinamización de las islas, ha destacado el presidente de la Fecai, quien ha defendido que los cabildos canarios sean órganos ejecutores de las políticas activas de empleo.

Ha recordado, asimismo, que los cabildos son cooperadores desde el punto de financiación en las políticas activas de empleo, pues cada uno de ellos aportan recursos en función de su dimensión económica, Gran Canaria y Tenerife el 50%; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma el 20%; y La Gomera y El Hierro el 10%.

Según Curbelo, los problemas técnicos a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con políticas activas de empleo, quedarían “indudablemente” resueltos con la firma de un convenio con el Gobierno.

“El Gobierno tendrá que resolverlo de esa manera, yo creo que es una manera sensata de colaboración para poder llevar a cabo políticas activas de empleo en las islas”, ha manifestado.

El presidente del Cabildo de La Gomera no podrá asistir mañana al encuentro que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife pero será el de Tenerife, Carlos Alonso, el que vaya a exponer la decisión de la Fecai, ha comentado Curbelo, quien está completamente seguro de que el Ejecutivo flexibilizará su posición y habrá acuerdo para que así el próximo lunes el comité de selección del Fdcan seleccione los programas y proyectos presentados.

Según ha detallado Curbelo, El Hierro recibirá un total de 6,1 millones del Fdcan, La Gomera 8,4 millones, Lanzarote 18 millones, Fuerteventura 15 millones, Gran Canaria 41 millones, Tenerife 44 millones y La Palma 17.

Estas cuantías se han repartido en base a diferentes criterios; en el caso de i+d+i, que supone el 5% del total del Fdcan, se ha dado teniendo en cuenta la inversión media de la Comunidad Autónoma entre 2011 y 2017 en cada una de las islas.

Respecto al área de infraestructuras, que representa el 75% del total, se ha distribuido teniendo en cuenta la triple paridad; mientras que para el 20% dirigido a las políticas activas de empleo se ha utilizado el criterio del número de parados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

El Gobierno canario y los cabildos insulares han acordado este sábado cerrar un “pacto por Canarias” para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica y el cumplimiento de los convenios suscritos con la Administración General del Estado.

Éste es el principal acuerdo al que se ha llegado este sábado en una reunión de la Fecai con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y que ha dejado fuera del orden del día el problema de los desequilibrios de inversión entre islas.

En concreto, el acuerdo supone que Gobierno, cabildos y las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias trabajen en una “misma dirección” para exigir al Estado un nuevo sistema de financiación autonómica. Así, el presidente autonómico destacó que este encuentro es un “antes y un después” porque se han puesto de acuerdo para defender unidos ante el Gobierno central un nuevo sistema de financiación autonómica.

Del mismo modo, se trabajará para que el Gobierno de España tenga la obligación de llevar a cabo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la consignación correspondiente de los convenios: carreteras, obras hidráulicas, costas, infraestructuras turísticas.

En declaraciones a los medios, Fernando Clavijo señaló que Gobierno y cabildos han cerrado este acuerdo por unanimidad en “un ejercicio de responsabilidad” para, en estos asuntos, ir de la mano con “transparencia” y con “claridad” haya o no Gobierno.

El presidente canario destacó que lo que ha ocurrido este sábado ha sido un cierre de filas “absoluto” en torno a Canarias y sus intereses generales, anteponiendo “lo que es importante para los canarios” y marcando “un antes y un después”.

Clavijo hizo hincapié en que los convenios firmados con el Estado, sobre todo el de Carreteras, se han incumplido “sistemáticamente” todos los años, lo que ha provocado un retraso importante en todas las obras y tener que pagar penalizaciones a las contratas por los sucesivos retrasos.

Y es que para el político de Coalición Canaria la situación es “mucho más grave” de lo que puede parecer, y mostró su preocupación porque no está claro si habrá ejecutivo español, si habrá presupuesto del Estado y si el techo de gasto se aprobará en agosto. Así mismo, el político tinerfeño dijo que en la reunión de este sábado se han aparcado las diferencias “al menos para los próximos cuatro o cinco meses”, y hasta que se aclare si hay gobierno en España, si habrá presupuesto del Estado y cómo se aplicarán los recortes anunciados por las medidas de la Unión Europea.

El presidente de turno de la Fecai, Casimiro Curbelo, explicó que el acuerdo al que se ha llegado este sábado responde a la incertidumbre política y económica que vive el país, principalmente por los nuevos recortes que tendrá que aplicar el Estado por mandato de la Unión Europea y que afectarán a las distintas Comunidades Autónomas.

En la reunión también se anunció que el próximo 25 de agosto se publicará la Orden que dará contenido al Plan de Inversiones de Canarias. A partir de su publicación, los cabildos tendrán 45 días para presentar sus programas o proyectos correspondientes.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha asumido la presidencia de la Federación Canaria de Islas (Fecai) durante la asamblea celebrada este viernes en la isla de La Palma.

Así, el primer punto del orden del día fue la designación de Curbelo como presidente, en sustitución de su homólogo grancanario, Antonio Morales, quien había ocupado el cargo en los últimos seis meses.

En un comunicado, Curbelo expresó su voluntad de que “la FECAI continúe trabajando para abordar y solucionar las demandas de las islas”, insistiendo en la necesidad de “cooperar entre todas las administraciones públicas de Canarias con el objetivo de mejorar los recursos con los que cuentan los cabildos insulares”

Por su parte, durante la reunión se trataron diferentes asuntos de relevancia, entre ellos la gestión de los recursos del Bloque de Financiación Canaria. En este sentido, la asamblea abordó la necesidad de instar al Gobierno de Canarias a modificar el porcentaje de reparto de esos recursos.

En la actualidad, la Comunidad Autónoma se queda con un 42% de esos fondos, cantidad que se amplia con los costes de gestión de esos recursos por parte de la Agencia Tributaria Canaria.

Por ello, desde la FECAI expresaron la necesidad de adecuar el porcentaje al gasto real de ese servicio de gestión, que es inferior al coste planteado por parte del Gobierno de Canarias.

Según Curbelo, se trata de una cantidad que ronda los 17,3 millones de euros, y que “deberían ser distribuidos entre las administraciones canarias, según los criterios REF”.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) apuesta por la implantación del “céntimo verde”, una propuesta que pretende detraer un céntimo del impuesto de cada litro de combustibles a los carburantes para dedicarlo a políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático.

La iniciativa prevé recaudar en una primera fase en torno 11 millones de euros, gestionados por los cabildos, para destinarlos a políticas de gestión del medio y generación de economía verde como reforestaciones, restauración de hábitats degradados, lucha contra la desertización y la erosión, entre otras muchas, informa el Cabildo de Gran Canaria.

Ello “podría generar miles de empleos verdes en Canarias, empleos de calidad, estables y que dinamizarían las zonas rurales, que son además las más castigadas por el paro”, según el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito.

La propuesta partió de la Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) y fue asumida por el Cabildo de Gran Canaria que, a su vez la trasladó a la Fecai.

Brito considera que se trata de una de las propuestas “más importantes de cuantas promueve la Consejería”, ya que permitiría contar con fondos suficientes para realizar una política medioambiental “puntera en el mundo”.

El próximo 13 de mayo, tendrá lugar una nueva reunión de la Comisión de Medio Ambiente en la que los representantes de los siete cabildos profundizarán en la iniciativa, concretarán la medida y los criterios de reparto de los fondos.

También elaborarán un plan de trabajo institucional y con la sociedad civil en cada una de las islas para que la propuesta sea adoptada con la mayor información y consenso social posible.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha decidido este miércoles solicitar una reunión urgente con la vicepresidenta del Gobierno regional, Patricia Hernández (PSOE), a quien reclamará competencias en materia de empleo para los cabildos y una pronta Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Así lo ha anunciado al término de una reunión de la asamblea de la Fecai su presidente de turno, el grancanario Antonio Morales (NC), quien ha subrayado la necesidad de que el Ejecutivo regional dote a las corporaciones insulares de competencias en empleo para que todas puedan promover planes en este ámbito.

De igual forma, los cabildos exigen al Gobierno canario que agilice la tramitación de la Ley de Servicios Sociales, que acumula retrasos, según ha reconocido el propio presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC).

Las corporaciones insulares quieren que, una vez que entre en vigor, se puedan recuperar los planes plurianuales que evitarían que la gestión de ayudas se vea perjudicada por la escasez presupuestaria, como ha ocurrido en varias ocasiones con las de dependencia o la Prestación Canaria de Inserción.

Además de aprobar este miércoles su adhesión al Pacto por el Empleo de Canarias, la Fecai ha instado al Ejecutivo regional a “habilitar competencias de empleo” para los cabildos insulares y que, hasta que esto no ocurra, la administración autonómica coordine con estas corporaciones las iniciativas que promueva en la materia en cada isla.

Morales ha informado también de que la Fecai ha decidido pedir al Gobierno regional que los cabildos sean los que ejecuten directamente los planes de empleo que se financien con fondos IGTE.

En relación a la Ley de Servicios Sociales de Canarias, los cabildos pretenden que se agilice la firma de convenios plurianuales para que las familias no se queden sin recursos, como sucede casi todos los años a mitad del ejercicio, sino que las prestaciones estén garantizadas todo el año.

Además, la Fecai también planteará a la también consejera regional del área social, Patricia Hernández, la necesidad de agilizar la tramitación del segundo Plan Sociosanitario de Canarias, de forma que pueda estar en vigor “cuanto antes”.

Sobre la demanda de competencias insulares de empleo, Morales ha explicado que, dado que en la actualidad son de carácter autonómico, hay cabildos que tienen dificultades para ejecutar planes de empleo propio, por lo que la Fecai pide “que se busquen las fórmulas para que se habilite esta posibilidad, tanto a través de programas propios ”o de los que se convenien con otras instituciones“.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, censuró este viernes al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, porque considera que ha “dividido” primero a la Federación Canaria de Islas (Fecai) y ha “ninguneado” después a sus socios del PSOE al “separar” ahora a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con la inversión de los 160 millones de euros del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE).

El político denunció que el “arbitrario Plan A, para los amigos” del jefe del Ejecutivo de CC supera, según han expuesto algunos medios de comunicación, el criterio de la triple paridad en algunas islas.

Rodríguez sostiene que “nunca antes un responsable institucional de la comunidad ha creado tanta bronca y enfrentamiento con un logro, la supresión del pago del 50% del IGTE al Estado que era una reivindicación histórica de Canarias, que finalmente se ha vuelto contra los propios canarios”.

Según el presidente de Nueva Canarias, las estrategias anunciadas por el presidente canario para distribuir los 160 millones de euros del IGTE “sólo han respondido a sus intereses, unas veces electoralistas por la cercanía del 20D, y otras partidistas como la triple paridad, para apuntalar los gobiernos municipales e insulares de Coalición e incluso, en el Parlamento, en previsión de un cambio de socio en función de los resultados de las pasadas elecciones generales”.

Rodríguez critica que este viernes la asamblea general de la Fecam estuviera “rota por la arbitrariedad y la discrecionalidad” del jefe del Ejecutivo. Y es que, a su juicio, Clavijo primero “impuso” los criterios a sus socios gubernamentales al mismo tiempo que “negó y ninguneó” a la vicepresidenta del Ejecutivo por el PSOE, Patricia Hernández, al solicitar que el 10% del IGTE se destinara a las infraestructuras sociosanitarias para paliar la crisis de las políticas sociales.

Nueva Canarias señala que más tarde, Clavijo “rompió” la Fecai al “anunciar, primero, y negar, después” la aplicación del criterio de la triple paridad para distribuir los citados fondos y “conceder ahora más de lo que les corresponde por este criterio electoral a algunas islas”. Estas reflexiones las hace “según publican los medios de comunicación porque no hay información oficial”, puntualiza Rodríguez. 

La formación política considera que “ya no es tolerable” que el máximo representante institucional de Canarias “trate de descalificar a quienes rechazan sus caprichos”, empleando para ello expresiones como que “no han entendido nada” o que “quien no se suma es porque tiene una visión estrecha de lo que supone” el denominado Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias.

Este documento ha sido rebautizado por NC como el “Plan A de estímulo para los amigos de Clavijo porque revolucionar la economía canaria, en 10 años, con una inversión anual de 160 millones de euros es simplemente humo y desconocimiento de la dimensión de la problemática de la economía canaria”, denuncia Román Rodríguez.

La asamblea de Federación Canaria de Islas (Fecai) ha aprobado este miércoles una propuesta del Cabildo de Gran Canaria para modificar el reparto de los recursos del bloque de financiación canario tras la desaparición del IGTE, que pretende debatir con el Gobierno regional en una mesa de trabajo.

El presidente de turno la Fecai y del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha dicho a los medios de comunicación que la Federación instará al Gobierno de Canarias al inicio de “negociaciones tendentes a la aprobación de un nuevo sistema de distribución de los recursos del bloque de financiación canario, estableciendo como marco temporal el del año 2016”.

Morales ha recordado que los recursos del bloque canario se repartían inicialmente en un 70% para los cabildos y municipios y en un 30% para la comunidad autónoma, hasta que se acordó alterar esa proporción para dejar en un 52% / 48%.

Ese reparto se estableció en su día para compensar al Gobierno canario por su obligación de ingresar al Estado los recursos del desaparecido impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE), ha subrayado el presidente de la Fecai, antes de remarcar que ahora la Administración ha condonado a Canarias el IGTE.

“Eso es lo que hay que poner todo eso sobre la mesa y empezar a negociar”, ha subrayado Morales.

El dirigente nacionalista ha adelantado que la propuesta inicial del Cabildo de Gran Canaria puede ser la de repetir la proporción 70% / 30%, pero ha precisado que cada isla tendrá la suya y que de una mesa de trabajo “puede salir cualquier fórmula de reparto”.

Según Morales, este acuerdo de la Fecai se ha trabajado en los años anteriores y, ahora, de lo que se trata es “reiniciar la negociación” del bloque de financiación canaria.

“Queremos poner sobre la mesa las distintas posibilidades en un asunto que siempre ha estado en el sentir de los cabildos y de los municipios canarios. En estos momentos se produce un hecho distinto por la desaparición del IGTE y vamos a sentarnos para hablar sobre todo esto”, ha abundado.

En la reunión de la Fecai del mes de febrero, los cabildos también han acordado aceptar la invitación de la comunidad autónoma para participar en desarrollo de los trabajos de un nuevo plan estratégico de inclusión social y lucha contra la pobreza.

La Fecai ha designado a la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez (PSOE), para que se encargue de convocar a los restantes consejeros del área de las todas Instituciones insulares, con el fin de conocer quienes son los que están interesados en participar en las distintas mesas de trabajo de dicho plan estratégico.

Asimismo, la Federación ha acordado crear otra mesa de trabajo con los consejeros de Medio Ambiente de los siete cabildos para intentar negociar con el Ejecutivo canario la posibilidad de aportar un céntimo de euro del impuesto de combustibles para financiar las diferentes actuaciones medioambientales en cada isla.

El Plan de reparto de los 163 millones del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) entre los cabildos en una auténtico 'ni-ni'. Ni hay reparto ni hay plan ni el dinero se destinará a infraestructuras sociosanitarias, como pedían los socios de CC en el Gobierno. Apenas un “compromiso para el impulso del modelo económico mediante los recursos incorporados a la financiación autonómica” de la extinguida figura impositiva hasta el año 2026, tal y como reza el frontispicio del documento suscrito por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con seis (otra vez faltó el díscolo representante de Gran Canaria) de los siete cabildos insulares en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

“No hay reparto, se ha generado una polémica sobre un reparto ficticio. Se van a financiar proyectos”, aseguró Clavijo a los medios de comunicación tras la firma del documento.

Y es que, pese a que fue el propio presidente el que generó hace meses esa controversia política al lanzar el criterio de la triple paridad para repartir el dinero del extinto IGTE, ha insistido en que “el reparto es imposible porque hay proyectos plurianuales en marcha”.

“¿Han visto la triple paridad en algún punto del documento?”, preguntaba a los periodistas el presidente de turno de la Federación de Canaria de Islas (Fecai) y titular del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales.

¿Y qué ha pasado con esa condición 'sine qua non' aprobada por seis de los siete cabildos el pasado 22 de octubre, con declaración institucional incluida en la sede del Parlamento de Canarias? Morales también tiene la respuesta: “era un punto de partida para iniciar un diálogo en el que al final todos hemos cedido”.

Así que el 'no reparto' ha acabado con la triple paridad y todas sus variantes, como “evitar la doble insularidad” o “tratar diferente a quienes son diferentes”; dos eufemismos con los que Clavijo intentó sortear el espinoso asunto de la distribución de fondos tras la reunión que mantuvo con el Consejo Asesor el pasado 24 de noviembre.

“La de hoy es una buena noticia, es un paso más de un proceso que tenía una hoja de ruta clara, y era que los 1.600 millones del IGTE en los próximos 10 años se conviertan en un potente plan de desarrollo y cohesión social”, aseguraba Morales en nombre de seis de los siete cabildos.

Aunque hay que aclarar también que el documento suscrito “no es el plan”; pues a partir del 15 de enero cada cabildo deberá reunirse con sus respectivos municipios para diseñar los proyectos que se consideran estratégicos para ser financiados a cuenta del IGTE.

¿Y el objetivo? que en el años 2026 “Canarias cuente con una radiografía que refleje un porcentaje de desempleo que se aproxime a un solo dígito”, haciendo un “especial esfuerzo” en el sector primario e industrial con “un impulso sin precedentes de las energías renovables” y la creación de “un ecosistema emprendedor”.

Acabar con las “dos velocidades”

“Canarias somos ocho islas, y solo a Canarias le irá bien si le va bien a todas, pues no saldremos de la crisis si a unas les va muy bien y a otras muy mal”, intentó resumir Clavijo para justificar que donde durante meses han dicho digo ahora se diga Diego.

Y en esto tuvo la ayuda del presidente del Cabildo gomero y líder de ASG, Casimiro Curbelo, que en un corrillo con periodistas al finalizar el acto protocolario explicaba que “Canarias no puede seguir creciendo a dos velocidades, con unas islas detrás de otras, así que lo que se hará será presentar proyectos que sirvan para revitalizar la economía de cada una de ellas. Claro que habrá reparto, pero no al principio, se verá al final” y estará basado en el número de proyectos presentado.

Proyectos que serán evaluados por la Consejería de Economía, trasladados al Consejo Asesor del Presidente y, posteriormente, al propio Gobierno antes de que la Consejería de Hacienda libre el dinero necesario para llevarlo a cabo.

¿Y ese dinero existe? Pues según la consejera Rosa Dávila, sí. Primero, porque tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estamparon sus firmas el 16 de noviembre en un documento vinculante incluso para el actual Ejecutivo central en funciones como por el hecho de que en los Presupuestos canarios aprobados el 22 de diciembre en el Parlamento se incluyó una disposición adicional que faculta al gabinete de Clavijo a, en virtud al acuerdo de la Comisión Bilateral, “generar los créditos en estado de gastos independientemente de la forma de percepción de la compensación que realiza dicho acuerdo tanto por el importe de la compensación anual estipulada como por la cuantía que requiere la deuda”.

Es decir, que a menos que un nuevo Gobierno “lo cambie”, esos 163 millones de euros pueden ser manejados por el gabinete canario desde el próximo 1 de enero.

“Es absolutamente vinculante, y tenemos el compromiso de todas las fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones, de que ese compromiso no se va a modificar y, en todo caso, se incluirá en nuevo sistema de financiación autonómica o como una ley económica propia”, insistió Clavijo.

Lo sociosanitario no mejora la competitividad económica

Y en cuanto a las pretensiones de sus socios socialistas de que se financien infraestructuras sociosanitarias, el presidente también lo tiene claro:“no, porque no mejoran la competitividad de la economía canaria”.

“Son imprescindibles para el Estado del Bienestar, pero hay que verlo todo de forma global y estas infraestructuras, como las educativas, tienen su propio espacio en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

Es decir, que los fondos del IGTE tendrán en cuenta la inversión en desarrollo e innovación, infraestructura pública y las políticas activas de empleo, tal y como se acordó el pasado 24 de noviembre en el Consejo Asesor.

Seis de los cabildos integrados en la Federación Canaria de Islas (Fecai) han suscrito este martes, con el rechazo de la corporación insular de Gran Canaria, la distribución de los 1.600 millones de euros en 10 años del extinto IGTE en un plan de desarrollo, inversiones y fomento del empleo.

El presidente de turno de la Fecai y titular del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, calificó este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión de dicho órgano de “paso importante” el hecho que asistiese la consejera de Política Territorial del Cabildo grancanario, Inés Miranda, aunque esta institución persistiese en su discrepancia.

Preguntado por una posible negativa del Cabildo de Gran Canaria aplicar el acuerdo de reparto del IGTE, el presidente de la Fecai destacó que a lo largo de su trayectoria política ha perdido “muchas votaciones y lo que he hecho ha sido cumplir” con aquello que decidió la mayoría.

En el acuerdo de distribución ratificado este martes se basa el reparto en un plan de desarrollo y cohesión social para cada isla y se prevé la posibilidad de los respectivos cabildos adelanten las inversiones necesarias para alguna actuación, que luego le serán reintegradas al percibir los fondos del IGTE a que tenga derecho.

De acuerdo a este plan se podrán realizar actuaciones en el ámbito turístico, innovación y desarrollo, energías renovables y planes de empleo y en todas las materias se podrán programar inversiones con carácter plurianual y cofinanciadas con fondos procedentes de otras administraciones.

Marcial Morales explicó que ahora sólo falta ratificar el reparto por parte del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para suscribirlo conjuntamente con los cabildos, de forma que en el primer semestre de 2016 se puedan empezar a realizar contratos con cargo a este plan de desarrollo y cohesión insular.

El objetivo es muy claro, la dinamización y la cohesión económica y social, reiteró el presidente de la Fecai, quien, en relación con los argumentos en contra del Cabildo de Gran Canaria, contestó que cuando hay una discrepancia, se somete a votación, y en este caso las otras seis corporaciones insulares comparten un mismo criterio.

A la reunión de este martes de la Fecai ha asistido también la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para abordar la reforma de la ley del Territorio, algo que los cabildos “no nos acabamos de creer con la desazón que ha producido la maraña” legislativa autonómica, añadió Morales.

Los presidentes de los cabildos han tratado con la consejera el borrador de dicha reforma, que tiene como objetivo simplificar “y no complicar” las cuestiones referentes al territorio y lograr así, entre otras cuestiones, que una revisión, actualización o modificación de un plan sectorial no implique la reforma de todo el planeamiento.

Morales, que consideró que en este asunto “las cosas caminan en la buena dirección”, señaló que también ha intervenido en la reunión de la Fecai el comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, con quien se ha pactado un calendario de reuniones para que las corporaciones locales hagan efectiva la entrada en vigor de la normativa en este ámbito.

Seis de los siete cabildos lo siguen teniendo claro. Salvo el presidente de la Corporación insular de Gran Canaria, Antonio Morales, el resto mantiene que el reparto de los aproximadamente 160 millones de euros del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) se haga en base al criterio de la triple paridad que rige el sistema electoral canario y el número de parados que tenga cada isla, tal y como se aprobó el pasado 22 de noviembre en la reunión que se mantuvo en el Parlamento de Canarias.

Así lo ha confirmado el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Marcial Morales, al afirmar que “mantenemos la triple paridad” como posición que se trasladará al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en la reunión prevista el lunes en Gran Canaria.

“Estamos dispuestos a dialogar. Pero mantenemos nuestra posición de salida para iniciar el diálogo, que no es otra que la que públicamente se aprobó”, ha afirmado el también presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Un acuerdo que, como se recordará, fija en su literalidad que “el 90% de los fondos aportados se distribuya de acuerdo a la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias” y el 10 por ciento restante se reparta en función “del número de parados de cada isla”.

Morales, además, ha insistido en criticar la postura adoptada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues considera que “no se construye Canarias” cuando “se decide abandonar una reunión al darse cuenta de que está perdiendo”.

Las manifestaciones del presidente de Fuerteventura parecen echar por tierra la tesis de que en la reunión del Consejo Asesor del Presidente celebrada en lunes se abandonara el criterio de la triple paridad para repartir los fondos del IGTE, pese a lo afirmado por varios de los asistentes al mismo.

Las palabras del propio Clavijo al término de esa reunión, avisando de que a la hora de seleccionar los proyectos que se financiarán se tratará “de forma diferente a quienes son diferentes”, más la irreductible postura de la Fecai abonan las tesis de quienes creen que la filosofía de la triple paridad sigue intacta, aunque puede que se enmascare como compensación o solidaridad.

“Debe haber un equilibrio territorial que combine población y territorio”, ha insistido Marcial Morales.

Precisamente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria va a exigir en la reunión del próximo lunes con Clavijo que, si es cierto que el Gobierno de Canarias haya desistido de la triple paridad como criterio de reparto del IGTE, el jefe del Ejecutivo haga un “pronunciamiento expreso que lo descarte”, ya que el documento sobre inversiones trasladado a centrales sindicales y empresarios no precisa cómo se van a distribuir ni a qué obras se van a destinar los citados fondos.

Han pasado cuatro meses y cuatro días desde que se constituyó la Comisión de Cabildos de la IX Legislatura, pero las reivindicaciones de los presidentes de las corporaciones insulares son el 26 de noviembre las mismas que el 22 de julio: protagonismo en el Parlamento, más competencias y más financiación.

Tanto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, como los de La Gomera y Fuerteventura, Casimiro Curbelo y Marcial Morales (este último también presidente de turno de la Fecai), respectivamente, han aprovechado el trámite de presentación de las memorias sobre los servicios transferidos de los años 2013 y 2014 para buscar una solución tanto “al secular problema” derivado de la insuficiente financiación de las competencias transferidas como a la necesidad de que la propia Comisión de Cabildos tenga más relevancia de cara a fomentar su participación en la elaboración de leyes que directamente les afecten.

Una legislación que debería “abordar no desde un punto de vista partidista, sino institucional, la búsqueda de un nuevo modelo de financiación, porque es un problema estructural. No es culpa ni de un partido ni de otro. La han soportado todos los cabildos con todos los gobiernos con todos los sistemas de financiación que han existido”, ha afirmado Alonso.

Por su parte, Morales ha afirmado que hay que acabar “con esta especie de tutelaje de rendir cuentas al Parlamento para que de una vez exista un reconocimiento formal de la mayoría de edad” de las instituciones insulares.

“Hay que buscar un esquema de financiación que no obligue a que vengamos aquí como niños que le tienen que explicar a sus padres lo que han hecho por si acaso no han sabido hacerlo”, afirmó el presidente de Fuerteventura.

“No todos los gobiernos ni presidentes tienen la misma consideración sobre la descentralizacion a los cabildos, cuyo papel ha sido demostrado históricamente como eficiente”, aportó Curbelo.

Nueva descentralización

En este punto, el consejero de Presidencia, Aaron Afonso, que previamente se había reunido con la Fecai para iniciar los trabajos tendentes a detectar las duplicidades administrativas que se producen en materia de competencias, con la finalidad de hacer los ajustes precisos para que dejen de producirse, ha asegurado ante los diputados y presidentes insulares que esta Legislatura producirá “una nueva descentralización de competencias para que cabildos o ayuntamientos sean los responsables directos de prestarlas a los ciudadanos”.

Precisamente, Morales ha recordado que las transferencias “siempre son una carga muy pesada para la Administración que las recibe”, pues “aproximadamente de cada tres euros gastados dos son de los propios cabildos y solo uno del Gobierno de Canarias”.

Como ejemplo, el presidente del Cabildo de Tenerife ha presentado un balance “absolutamente insuficiente” ante los diputados de la contribución autonómica a la prestación de servicios financieramente mal transferidos. En 2013, el 44% de los recursos destinados a competencias transferidas o delegadas fue aportado por la corporación tinerfeña frente al 24% de la Comunidad Autónoma. Y en 2014 sucedió algo parecido, pues el Cabildo aportó el 54% y el Gobierno regional el 27%.

“Todas las áreas son deficitarias en los medios económicos, materiales y humanos por parte del Gobierno, pues o legisla y no dota presupuestariamente, como sucedió con los Espacios Naturales, o simplemente procedió a las transferencias con lo que había en ese momento”, aportó Curbelo durante su intervención.

Con todo, y pese a las quejas, Morales, Alonso y Curbelo defendieron que “las transferencias han merecido la pena, porque se han gestionado mejor y se han prestado mejor desde las instituciones que están más cercanas a los ciudadanos”.

Sin embargo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura insistió en que “hay que evitar las duplicidades, pues cuando se producen los ciudadanos pagan más por recibir peores servicios”, sobre todo en las areas que tienen que ver con el territorio y las estructuras del sistema público de bienestar social.

Es por ello, y en el marco de la Ley de Cabildos aprobada por unanimidad al final de la pasada Legislatura, que el consejero de Presidencia y la propia Fecai han iniciado los trabajos para detectar esas duplicidades y proceder a hacer los ajustes para que en junio del año 2017 todos los canarios tengan claro y meridiana a qué administración tienen que dirigirse para resolver sus problemas.

“Detectaremos donde se producen solapamientos para acabar con ellos. Será un proceso complicado, pero valdrá la pena, porque Canarias no se entiende sin sus cabildos”, afirmó el consejero de Presidencia.

Potenciar la comisión de cabildos

Las quejas de los cabildos no han caído, en principio, en saco roto, pese a que también es tradicional que en cada Legislatura los distintos portavoces parlamentarios insistan en que la Comisión de Cabildos debe tener más contenido y mayor relevancia.

Así, Juan Márquez (Podemos), ha afirmado que estos cuatro años pueden “ser una oportunidad para reforzar esta Comisión para que los cabildos encuentren menos dificultades a la hora de participar en la elaboración de normas que les ayuden a ser más eficaces” en la prestación de los servicios transferidos.

“Escuchándoles es como si el tiempo no pasara, como si todo estuviera igual. Esta sensación de que siempre es lo mismo tiene el riesgo de hacernos caer en la melancolía”, dijo la conservadora Águeda Montelongo.

Por ello, tiró el guante a cabildos y diputados para que “la Comisión sea un foro de debate de ideas, para que el Parlamento sea el cauce adecuado para las aspiraciones de los cabildos y de los ciudadanos”.

Esta propuesta de dinamizar la comisión, de convertirla en un instrumento canalizador de las propuestas de las corporaciones insulares, ha sido también abanderado por el socialista Ignacio Álvaro Lavandera como “objetivo compartido” por parte del Grupo Socialista para “sacar el mayor provecho a esta Comisión”.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) pidió el 24 de julio de 2006 a los grupos parlamentarios que tramitaban la reforma del Estatuto de Canarias que la carta magna blindara el reparto del dinero derivado de la compensación del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. Un reparto basado en considerar esta inyección financiera como uno de los “recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) a todos los efectos”. Un criterio que fue ratificado hace justo un año, cuando el 13 de octubre de 2014 los presidentes de los cabildos asistieron a la Comisión en la que arrancaban los trabajos parlamentarias de la reforma estatutaria reimpulsada por Paulino Rivero.

Ese criterio, basado en el hecho de que el 42% de los recursos es para el Gobierno de Canarias y el 58% para cabildos y ayuntamientos, es el que el pasado 22 de octubre han dinamitado seis de las siete corporaciones insulares, al pactar en contra del criterio del presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, que el reparto de esos aproximadamente 160 millones de euros se haga en base a que el 90 por ciento se distribuya de acuerdo a la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias, mientras que el 10 por ciento se repartirá en función del número de parados de cada islas.

En concreto, la Fecai, que se reunió en asamblea extraordinaria en Lanzarote bajo la entonces presidenta de la Isla, Inés Rojas, solicitaba que se incluyera en la disposición adicional cuarta de la reforma estatutaria dos puntos donde “se declara extinguido el derecho que hubiera tenido la Hacienda del Estado a una compensación de la Comunidad autónoma por la pérdida de ingresos derivada de la supresión del ITE” y, además, que“los importes no compensados (...) tendrán la consideración de recursos del REF a todos los efectos”.

El mismo criterio que ahora defiende Nueva Canarias (NC), con Morales y Román Rodríguez como abanderados, y el Partido Popular (PP), cuya portavoz en el Parlamento, Australia Navarro, ha pedido al presidente Fernando Clavijo que “aplique el criterio común” y “no saque de la chistera la triple paridad”.

En el fondo de la reivindicación cabildicia que ahora seis cabildos rechazan estaba el conflicto que desde 2004 enfrentaba al Gobierno de Adán Martín y a los cabildos en materia de financiación de las corporaciones locales y las demandas de estos últimos para que el Ejecutivo les pagara de forma inmediata las cantidades económicas que varias sentencias judiciales habían confirmado, así como la actualización de las transferencias para pagar las competencias transferidas a los cabildos.

Entre los asuntos que más enfrentamiento despertaron entre el Gobierno y la Fecai estuvo la compensación por el descreste del Arbitrio sobre la Producción e Importación de las Islas Canarias (APIC) o la devolución del Estado de parte del ITE, motivo por lo que las corporaciones insulares querían que fuese blindado por el Estatuto para que futuros gobiernos no lo modificasen.

En cambio, ahora el presidente Clavijo afirma que los Servicios Jurídicos del Gobierno han asegurado que los 160 millones de euros del ITE “no son recursos del REF”.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) se ha mostrado este sábado de acuerdo con el Gobierno regional para que los cabildos puedan prefinanciar obras a fondo perdido del convenio de carreteras Canarias-Estado, cuyas partidas se repartirán de forma equilibrada y dando prioridad a las vías iniciadas.

Los presidentes de la Fecai y del Gobierno canario, Marcial Morales y Fernando Clavijo, respectivamente, así lo han informado tras la primera reunión que celebra el titular del Ejecutivo regional con los cabildos, que han propuesto destinar los fondos derivados de la compensación del Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE) a crear un “potente” plan de desarrollo vinculado a acciones de inversión y empleo de diez años de duración.

Morales ha explicado que la polémica generada entre los cabildos ante la reclamación del Cabildo de Tenerife de destinar una partida de 15 millones de euros a completar el cierre del anillo insular es consecuencia del “incumplimiento por parte del Gobierno del PP del convenio de carreteras” y de “maniobras de confusión”.

Esta obra figura en el anexo II del convenio de carreteras con el Estado y así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, ha señalado Clavijo, quien ha dicho que cualquier cabildo que quiera acelerar la ejecución de las obras en su isla lo tendrá que adelantar a fondo perdido, lo que, “en ningún caso generará desequilibrios en las otras islas”.

Clavijo ha señalado también que el Gobierno colaborará con los cabildos a la hora de fijar las prioridades en el reparto de los fondos, a los que apoyará económicamente “siempre y cuando no le genere deuda y no reste financiación a otras islas”.

Morales ha subrayado que en el debate surgido por el reparto de los fondos del convenio de carreteras el Gobierno central no ha participado y “ha salido de rositas”, cuando el problema se deriva de los más 700 millones que adeuda el Estado a Canarias y que hay que exigirle.

Ley del territorio

El presidente de la Fecai, además, ha informado de que los cabildos formarán parte de la comisión para la elaboración de la nueva ley de de ordenación del territorio, con la que se pretende simplificar la compleja normativa existente que hace “inviable su gestión e impide desarrollar oportunidades de empleo”.

Así mismo, Morales ha señalado que se están “dando pasos importantes hacia la transparencia y la lealtad” en cuestiones como el reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal destinados a los cabildos, para lo que ya se han celebrado reuniones con la Consejería de Hacienda, ha recordado Clavijo.

En materia de dependencia, la Fecai y el Gobierno han acordado analizar el decreto del copago, así como efectuar un plan de choque para incrementar el número de personas que se puedan acoger a la ley y se puedan conseguir más fondos para Canarias, así como publicar un catálogo con los servicios que se prestan y su coste, además de efectuar una planificación plurianual.

La propuesta para elaborar un plan de desarrollo con los fondos procedentes del ITE ha sido también formulada por los sindicatos y la patronal, según ha indicado Clavijo.