La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) ha anunciado que no concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo porque no se encuentra “en condiciones de proponer un equipo de trabajo” que cumpla durante los próximos cuatro años “con la solvencia, profundidad política y compromiso mínimos” que cree que merece el municipio.

Los dos concejales de la formación, Iván Martínez y Alejandro Pérez, han anunciado este miércoles en rueda de prensa esta “difícil” decisión tras la que ACpT no tendrá representación en el Ayuntamiento a partir de mayo como sí ha tenido en las últimas cuatro legislaturas.

Como han explicado, no ha sido posible confeccionar una candidatura para las próximas elecciones municipales “con la suficiente solvencia y trayectoria para trabajar” durante los próximos cuatro años para mejorar las condiciones de vida de los torrelaveguenses. “Nunca estaremos presentes en la institución por la simple razón de estar”, han sostenido los todavía ediles.

“Tener representación institucional no es nuestro objetivo ni un fin en sí mismo, y el Ayuntamiento no lo concebimos como una forma de vida. Siempre hemos sido críticos con quienes se aprovechan de sus cargos políticos para fagocitar la Administración, y lo seguiremos siendo”, han incidido ambos concejales.

Martínez y Pérez han lamentado que ACpT “no ha logrado escapar de un momento histórico en el que, en beneficio del individualismo, lo colectivo -ya sea vecinal, estudiantil, social, ecologista u obrero- ha sido desarticulado”. “Hubiera sido lo sencillo, pero no sería razonable ni justo para nuestra organización, nuestra militancia o nuestros votantes pasados y futuros, concurrir a unas elecciones municipales de la misma forma que vienen haciendo numerosas candidaturas a lo largo de los años en esta ciudad: porque sí”, han expresado, criticando “la existencia en los últimos años de candidaturas, de todos los colores políticos, más o menos antiguas, o como consecuencia de modas, sin unos mínimos índices de rigor, compromiso, preparación y capacidad”.

“No es ningún punto final”

Así, este movimiento vecinal que dio el salto a la institución dejará de tener representación en la Corporación municipal, pero no por ello cesará su actividad política: “Siempre hemos tenido claro en la ACPT, como eje fundacional, que las instituciones y las elecciones deben ser una extremidad más de nuestra intervención política, pero en ningún caso la única y jamás una obligación”, han subrayado durante la rueda de prensa los representantes de la formación.

“Esta decisión no es ningún punto final para nuestra organización, todo lo contrario: continúa políticamente activa y comprometida con Torrelavega. Analizamos esta situación como un momento concreto en el que creemos que es preferible pausar nuestra participación institucional para poder centrarnos en otras formas de trasladar nuestra propuesta política en base a nuestra realidad organizativa, recomponiendo y creando ese tejido social del que hoy Torrelavega adolece y que es el único camino que hará que esta ciudad avance y salga del agujero en el que la han metido”, han argumentado.

De esta forma, Martínez y Pérez han efectuado un llamamiento a la población a que dé un paso al frente: “Necesitamos manos, necesitamos cabezas, necesitamos juventud, necesitamos mujeres y hombres dispuestos a cambiar las cosas de verdad que nos acompañen en esta nueva andadura que comienza en la ACpT”.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha lanzado una red de personas voluntarias que prestarán ayuda a todos los vecinos que no puedan salir de casa durante la cuarentena con el lema “solo el pueblo salva al pueblo”.

“Hay muchas personas que con una situación de este tipo se quedan tiradas. Personas que viven solas y tienen factores de riesgo, personas con problemas de movilidad o simplemente personas mayores. No es responsable que bajen a la calle”, explica uno de los impulsores de la iniciativa, y además concejal de ACpT, Alejandro Pérez.

Él mismo relata cómo varios compañeros comenzaron a hablar de lo complicada que iba a ser la situación una vez arrancase el confinamiento por el coronavirus: “Ahí fue donde pensamos que tendríamos que organizarnos de alguna manera para, en la medida que podamos, dar respuesta”, indica Pérez. Y es que el objetivo de esta iniciativa es evitar que estas personas acudan al supermercado o a la farmacia y acaben contagiadas por el COVID-19.

El grupo de voluntarios -que ahora mismo cuenta con 18 personas- está conformado por gente del partido y coordinado por un médico que es quien marca los protocolos de actuación. “No tenemos contacto físico con la persona y no se entra a los domicilios. Solo trabajamos en zonas intermedias. Además, la persona que va a hacer la atención nos va pasando a los coordinadores su temperatura para que estemos todos controlados”, advierte.

Asimismo, el grupo político ya ha pensado en cómo justificarán los voluntarios sus salidas a la calle y ha creado una identificación que ya está en conocimiento de la Policía de Torrelavega, quien ha mostrado su apoyo para que los voluntarios tengan posibilidad “de moverse sin problemas”.

A pesar de que todos los voluntarios son conscientes del riesgo que entraña una ayuda de este tipo, Pérez insiste en que, si se hace bien, “no tiene por qué pasar nada”, y pone el foco en que la gente de riesgo “es a la que se está protegiendo”.

Cómo funciona

Sobre el proceso para solicitar la ayuda, el político explica que hay dos teléfonos habilitados para ello. El primero recibe la llamada y hace la valoración sobre el caso concreto, y el segundo se encarga de contactar con un voluntario y comenzar con las ayudas.

“Hoy hemos comenzado pero no sabemos cómo va a evolucionar la situación y si necesitaremos a más personas próximamente, porque tampoco sabemos si la cuarentena durará más de 15 días”, confiesa, aludiendo a que en caso de que el encierro continúe, la red de personas también lo hará.

“Entendemos que la respuesta civil es necesaria. Al final no nos va a quedar más remedio que ayudarnos entre nosotros porque lo va a demandar la situación”, concluye esperanzado uno de los precursores de esta iniciativa.

Los teléfonos disponibles para ello son: 942 812 169 y 942 812 208. También se puede contactar a través de WhatsApp al 687 225 872, o bien por correo electrónico asamblea.acpt@gmail.com.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) ha anunciado que recurrirá la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria en la Comisión de Seguimiento del convenio entre ambas administraciones sobre las viviendas protegidas de Campuzano, ya que “parece ser” que ha aceptado una de las alegaciones presentadas por la formación, pero no las otras dos.

En concreto, ACpT ha indicado que se le ha “dado la razón” en la alegación en la que señalaba que la convocatoria se había abierto a personas de toda Cantabria, en vez de limitarlo a los torrelaveguenses como dictaba el convenio.

Sin embargo, la Comisión, que se reunió por primera vez el viernes pasado, “no ha hecho mención” a las otras dos alegaciones que presentó el partido el 13 de febrero, referentes la edad y a los ingresos de las personas que podían acceder a las viviendas.

En este sentido, ACpT ha indicado que el convenio marcaba que las viviendas se destinarían a “familias con escasos recursos” y no hacía referencia a la necesidad de contar con unos inglesos mínimos, y sin embargo la convocatoria se abrió para jóvenes de entre 18 y 35 años y se impuso la necesidad de tener unos ingresos mínimos de 11.279 euros anuales (1,5 veces el IPREM) y unos ingresos máximos de 22.558 euros.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa el concejal de ACpT Iván Martínez, quien ha considerado que si la Comisión da la razón a su grupo con respecto al lugar de empadronamiento, también se le debe dar en las peticiones de que se abra a todas las familias de Torrelavega y sin exigir un mínimo de ingresos.

“Podríamos haber entendido que se nos denegase todo lo pedido por figurar en la parte expositiva del convenio y no en las cláusulas”, ha señalado tras manifestar que el partido solicitó ayer por escrito que se le haga entrega de una resolución que responda de forma oficial a sus alegaciones, así como el acta de la sesión y los informes jurídicos y técnicos en los que se haya basado la decisión.

Además, ha dicho que no entiende que el Gobierno de Cantabria continúe con el proceso y no lo haya anulado para abrir uno nuevo con los criterios que defiende “y que en parte han aceptado”.

Por ello, ha avanzado que una vez se les comunique la resolución y se les entregue la documentación solicitada, ACPT “tiene claro que presentará recurso a la misma”, esperando que solucionar el asunto por la vía administrativa para no tener que “verse obligados a judicializar este proceso” y “evitar situaciones desagradables” para los adjudicatarios de un proceso que ha considerado “a todas luces, irregular”.

Martínez ha lamentado que está a la espera de que el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, dé explicaciones públicas sobre este asunto. Además, ha criticado que en el último Pleno le preguntó al respecto y “evitó” hablar de ello “cuando ya era conocedor de esta decisión”.

Así, ha destacado que “su deber es velar por los intereses de la ciudad y de sus vecinos por encima de siglas políticas y jefes de Santander”, algo que, según el edil, “como viene siendo habitual, no ha hecho en esta ocasión”. “Ha vuelto a anteponer los intereses del Gobierno de Cantabria a las cerca de dos mil familias que están demandando una vivienda social en Torrelavega”, ha sentenciado.

Por último, Martínez ha pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que “cumpla su promesa” de adquirir las 78 viviendas que el SAREB tiene en Ganzo. “Ha pasado un año y trece días desde que adquirió este compromiso de forma pública con Torrelavega y ACpT, junto a las 1.891 familias anteriormente mencionadas, seguimos a la espera de que cumpla”, ha concluido.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega denuncia una vez más la “incapacidad” del equipo de gobierno PRC-PSOE para cumplir con los presupuestos que ellos mismos aprobaron, que según asegura “solo han sido capaces de ejecutar un 18,72% del capítulo de inversiones”.

“La falta de gestión es uno de los grandes problemas que arrastra Torrelavega”, sostiene la ACPT, que considera que para que esto cambie, “lo primero” que hace falta es “que la mayoría de miembros del equipo de gobierno se fuesen para su casa por jetas, vagos e inútiles”.

“Inmediatamente después, se deben aprobar unos presupuestos reales antes de comenzar cada año para que dé tiempo a ejecutarlos, reforzando el departamento de contratación, agilizando los informes entre departamentos, haciendo un seguimiento de los mismos y sobre todo, trabajando”, afirma ACPT en un comunicado de prensa.

El presupuesto de 2019 se aprobó de forma inicial el 13 de septiembre y de forma definitiva el 23 de octubre pasado. La ACPT explica que para inversiones contaban con un presupuesto de 19,6 millones, procedentes en su mayoría de los más de 16 millones del remanente que se arrastra de años anteriores y de los 3,3 millones correspondientes al año 2019.

Añade que las obras que se han pagado con el capítulo de inversiones de 2019 “se venían arrastrando desde hace varios años” y “son viejas conocidas de todo el mundo por los años que se lleva hablando de ellas y los titulares de prensa que han generado”.

“Un Ayuntamiento como el nuestro no se puede conformar con la ejecución de poco más de seis obras de mediano volumen en todo un año. Este Ayuntamiento tiene que ser más ambicioso y sobre todo teniendo obras pendientes tan importantes y que se tenían que haber ejecutado en el año 2019”, subraya.

Así, cita obras y demandas vecinales tan importantes como el aparcamiento en altura de la Carmencita, el centro Cívico de Sierrapando, los locales para la tercera edad en La Inmobiliaria, el área de autocaravanas, la pasarela sobre el río Besaya, las cubiertas de la pistas deportivas de Nueva Ciudad y del colegio de Tanos, los accesos al barrio Covadonga, la remodelación de la plaza de este barrio y el arreglo del Palacio Municipal.

“Torrelavega no se puede dar el lujo de tener pendientes de invertir 16 millones de euros. No podemos exigir que inviertan otras administraciones si el Ayuntamiento no invierte sus propios recursos. Este equipo de gobierno en lo único que gasta el dinero es en pagar las sentencias judiciales que pierde, que por desgracia suelen ser la mayoría”, concluye.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) ha denunciado “la improvisación en la que está sumido el equipo de gobierno de Torrelavega, siendo su alcalde, Javier López Estrada, el máximo responsable de esta situación” al intentar atribuir a Cruz Roja la gestión del Hogar del Transeúnte, para lo cual se está tramitando una subvención exprés de 132.000 euros.

Iván Martínez, portavoz de la formación, ha señalado al respecto: “Venimos denunciando desde hace bastante tiempo la situación en la que se encuentra en estos momentos el Hogar del Transeúnte de Torrelavega, cerrado desde el pasado 1 de noviembre pese a que desde hace más de dos años ya se sabía que las religiosas dejarían la gestión del Hogar, tal y como habían comunicado al Ayuntamiento”.

ACpT entiende que el equipo de gobierno PRC-PSOE está intentando acallar las críticas mediante una solución urgente y supuestamente irregular, ya que considera que la subvención directa a la ONG ha llegado a los órganos de decisión municipales sin los informes técnicos pertinentes.

“Ante las constantes denuncias por parte de la ACPT y la crítica generalizada de la población acerca de este tema, nos presentan en la Comisión de Servicios Sociales, un punto en el orden del día con el que pretenden dar carpetazo al asunto, proponiéndonos la adjudicación de una subvención directa a Cruz Roja de 132.024 euros, la mayor subvención directa dada por el Ayuntamiento de Torrelavega”, ha explicado Martínez. “La propuesta, incluida en el expediente de la comisión, viene presentada sin los informes técnicos pertinentes. Tal y como se nos está presentando es inviable que se pueda conceder. Además a la solicitud de la subvención le falta mucha información necesaria, como el número de habitaciones que se ponen a disposición, el número de personas que se encargarán de hacer los seguimientos y garantizar un buen ambiente de convivencia, el coste por persona y día, entre un largo etcétera”.

A día de hoy, no hay consignación presupuestaria para poder hacer frente a esta subvención, la cual tendría que financiarse con cargo a los presupuestos municipales de 2020 o modificar los presupuestos en vigor. La solución, aunque se apruebe, tardará tiempo en validarse ya que lleva aparejado un proceso de alegación pública que ha de resolverse antes de ser ratificada por el pleno. Según ACpT, al menos se requieren tres meses para su aprobación definitiva, mientras “las personas sin techo en nuestra ciudad continúan durmiendo en algún cajero, algún banco o algún portal, todo ello a las puertas de un invierno que parece que ya ha llegado”, concluye Martínez.

Después de cuatro meses desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno PRC-PSOE solamente ha licitado una obra, la mejora de accesos al barrio Covadonga, según una denuncia pública que ha realizado la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT).

Para Iván Martínez, portavoz de ACpT, la escasa actividad licitadora del equipo que dirige el regionalista Javier López Estrada “es un claro ejemplo de la parálisis que deambula de una forma constante y permanente por nuestro Ayuntamiento”.

Proyectos como la reforma del Centro Cívico de Sierrapando, la zona deportiva de Ganzo, el aparcamiento en altura, el plan de asfaltado o el área de autocaravanas son proyectos que esperan salir a licitación, según ha enumerado ACpT.

Este partido considera que de fondo hay una infradotación del Servicio de Contratación municipal, falta de recursos que repercute en el ritmo licitador. “Lo peor de todo es que, políticamente, el equipo de gobierno no da ni un solo paso para solucionarlo”, ha apostillado Martínez.

El Servicio de Contratación en un Ayuntamiento es de vital importancia, dado que cualquier obra, servicio u ocupación de vía publica tiene que pasar por él, y la falta de personal lo convierte en un cuello de botella, lastrando el día a día municipal.

“Venimos denunciando la falta de capacidad de gestión de este equipo de gobierno desde hace años”, ha afirmado el portavoz. “No es algo nuevo de esta legislatura, de ahí el remanente de más de trece millones de euros que hay en los bancos, dinero que se está dejando de invertir en nuestra ciudad pese a la necesidad de inversión que tiene Torrelavega”.

Hogar del Transeúnte

El Hogar del Transeúnte de Torrelavega cerrará sus puertas el próximo 31 de octubre sin que todavía se haya definido quién seguirá realizando su labor. Las cinco religiosas franciscanas que están al frente de la gestión del Hogar del Transeúnte de Torrelavega han anunciando su intención de dejar de gestionar este albergue municipal.

En febrero de 2018 se aprobó en el Pleno de la Corporación municipal y a iniciativa del equipo de gobierno una prórroga de la prestación del servicio que concluye el día 31 de octubre de 2019, período que se les solicitaba a las franciscanas para poder hacer una transición pasando del actual modelo a otro que tendría que definirse y sacarse a licitación.

En abril del presente año las religiosas recordaron al anterior alcalde, José Manuel Cruz Viadero, la proximidad del fin de la prorroga aprobada y que su intención era no continuar prestando dicho servicio.

Las alternativas que se están manejando desde el equipo de gobierno, según ha informado el Grupo ACpT, son las de realizar un convenio con Cruz Roja o Mensajeros de la Paz para la gestión del Servicio, “algo que en boca de los técnicos municipales puede ser un fraude de Ley por no decir ilegal, ya que un Servicio de estas características tiene que salir a concurso público, le guste o no al equipo de gobierno y lo que ellos están proponiendo no es más que una adjudicación a dedo, algo improcedente”.

Además, “el equipo de gobierno no ha previsto en los presupuestos municipales aprobados inicialmente hace poco más de un mes y que aun ni siquiera están en vigor, una partida presupuestaria para hacer posible la continuidad del Servicio, destinando para este 2019 la misma cuantía que ejercicios presupuestarios anteriores, 80.000 euros”.

Actualmente el equipo de gobierno está tramitando la construcción de un nuevo Hogar del Transeúnte, que tiene un presupuesto aproximado de 1,6 millones de euros. Según el anteproyecto redactado por los servicios técnicos municipales, se contempla la construcción de un Centro de Acogida, un Centro Cívico y Alojamientos en Régimen de Alquiler Temporal para situaciones de emergencia habitacional.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT) ha vuelto a pedir una reestructuración de los Servicios Sociales en Torrelavega después de que se hiciera público que en septiembre solo se han tramitado 15 expedientes de solicitud de ayuda al Fondo de Suministros Básicos, quedando otras 274 peticiones sin respuesta hasta hoy. Para el portavoz Iván Martínez no caben excusas para este bajo cumplimiento y entiende que el servicio sigue “paralizado”.

“Volvemos a denunciar que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega continúan paralizados”, ha valorado. “Once meses después de que se presentasen las solicitudes para el fondo extraordinario de suministros básicos siguen sin resolverse 274 solicitudes de las 919 presentadas”.

Con estas palabras, el portavoz de ACpT dio cuenta de los últimos datos hechos públicos en el transcurso de la Comisión Informativa de Bienestar Social, que preside la socialista Laura Romano. Para Martínez, lo llamativo es que, a diferencia de lo que ocurriera meses atrás, la plantilla de Servicios Sociales se ha encontrado operativa al 100% en septiembre, por lo que entiende como inexplicable lo ocurrido.

“Nos llama la atención que con más plantilla durante este último mes se han resuelto todavía menos expedientes que los 23 que se tramitaron en el mes de agosto”, ha dicho esta mañana. “Entonces la concejala justificaba la mala cifra alegando que estábamos en un mes de vacaciones y permisos. En esta ocasión no ha sabido darnos justificación alguna”.

Todavía quedan 274 familias pendientes de recibir una respuesta a su solicitud, 11 meses de que la presentaran, lo que agrava el carácter dramático de estas ayudas de emergencia que tienen por destino el pago de deudas de alquiler, de deudas de suministros o la compra de alimentos, algo “vergonzoso” para Martínez.

“Y más aún cuando es un tema que ha recibido tantas críticas durante meses, que han reconocido que habían gestionado mal, que ha costado bajas laborales y que ha supuesto la pérdida de casi 250.000 euros procedentes del Gobierno de Cantabria. Constantemente escuchamos al portavoz del autodenominado Grupo Socialista de Torrelavega que para ellos lo primero son las personas. La realidad es tozuda y con los servicios sociales de nuestra ciudad, gestionados por ellos, vemos cómo a esas personas de las que presumen cuidar, se las deja de lado y bien poco les importa muy poco los problemas y la situación económica en la que se encuentran”, ha valorado el portavoz.

La concejala de servicios sociales no puede continuar con la política del avestruz, escondiendo la cabeza como si no ocurriese nada esperando que la situación se resuelva por sí sola“, ha concluido el portavoz de ACpT.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó el 27 de noviembre de 2017 una moción en la que se comprometía a redactar en seis meses una ordenanza de actividades culturales que facilitara la obtención de licencias y permisos para la organización de eventos musicales en bares, salas y espacios públicos de la ciudad. Dos años después, sigue sin haber ordenanza y uno de los grupos de la oposición municipal, Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT), denuncia que este vacío normativo pone en riesgo la supervivencia de las empresas del sector.

“Nos vamos acercando a los 24 meses transcurridos desde la formulación de tan buenos propósitos y la triste realidad es que no se ha redactado ni una coma y, no ya los meses, sino los años, se han sucedido sin el más mínimo avance ni muestra de interés”, ha comentado el concejal de la formación, Alejandro Pérez.

Para ACpT, el vacío normativo perjudica claramente a los gestores de estos espacios y organizadores, que corren por su cuenta y riesgo con un actividad sujeta a un régimen sancionador. Ello contribuye a la “desertificación” de la oferta cultural.

“Tenemos que señalar con toda rotundidad que la tierra de nadie administrativa en la que se están moviendo los espacios privados, bares y salas de esta ciudad en los que durante años los conciertos estuvieron en la práctica proscritos, sigue contribuyendo a la desertificación y mutilación de las posibilidades de desarrollo de la cultura cercana, la generada desde los locales, grupos, asociaciones o colectivos locales más allá de los grandes eventos puntuales de la ciudad de festivales”, señala el concejal.

Sin sala municipal

No se trataba solo de establecer un marco normativo, sino de habilitar una sala de titularidad municipal para organizar este tipo de actividades, previo abono de unas tasas asequibles, y hacer posible una programación estable, algo que tampoco se ha producido.

La misma moción se comprometía a construir y habilitar técnicamente una sala de gestión municipal que mediante tasas de fácil acceso permitiese la realización de actividades multiculturales diversas, y que acoja una programación estable y accesible.

“De momento nos tenemos que contentar con imaginarla”, apostilla Pérez, para quien la supervivencia de las empresas culturales y la creación de una programación amplia y estable en la ciudad quedan en entredicho.

“Los espacios privados como bares o salas que poniendo su grano de arena para ampliar la oferta de ocio y cultural de la ciudad y que podrían al tiempo mejorar su viabilidad económica y posibilidades de supervivencia en un entorno socioeconómico tan difícil como el que llevamos años viviendo, se ven obligados a hacer acopio de valor y moverse en una inseguridad administrativa, acompañada por si fuera poco de la sombra permanente de posibles sanciones y de la imposibilidad de plantear un calendario de actividades que atraiga al público local y de nuestro entorno geográfico”, concluye

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha condicionado su apoyo al presupuesto de Torrelavega de este año a la introducción de una partida de 700.000 euros para la adquisición de pisos que se pongan en alquiler.

El voto de ACPT no es necesario para la aprobación de las cuentas dada la situación de mayoría absoluta del equipo de gobierno, con 16 concejales repartidos a partes iguales entre PRC y PSOE, pero no es menos cierto que es la única reclamación que ponen, entronca con la declaración de actuar en el parque de vivienda de alquiler público que llevaban socialistas y regionalistas en sus respectivos programas electorales, y permitiría ofrecer al equipo de gobierno una imagen de negociación y apertura, lejos de la política de rodillo que suele achacarse a los gobiernos con mayoría absoluta.

El presupuesto de Torrelavega tendría que haber entrado en vigor hace nueve meses (el 1 de enero) y actualmente está en fase de consulta con el resto de partidos de la Corporación. Las dos campañas electorales han sido la justificación para este retraso, pero lo cierto es que el borrador tendría que haberse visto y aprobado en la recta final de 2018. Sea como fuere, estas cuentas se solaparán prácticamente con el presupuesto de 2020 que tendrá que presentarse y prácticamente aprobarse este otoño por lo que la oferta de ACPT es tácitamente una oferta de legislatura ya que el parque de vivienda que pretende ha de irse dotando y acrecentando año tras año.

Iván Martínez, portavoz de ACPT, ha explicado hoy que con la dotación propuesta el Ayuntamiento puede adquirir entre 12 y 15 viviendas, “de forma que al acabar la legislatura, contarían con unas 50 o 60 viviendas, cuyo uso se tendría que regular a través de una ordenanza”.

La ventaja de llevar con retraso un presupuesto es que se puede construir sobre el conocimiento real de las partidas y no en previsiones. De hecho, ACPT pretende financiar este parque de vivienda con el retraso en la provisión de fondos necesaria para el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la ciudad que se ha producido por los informes de última hora que han retrasado a su vez la ejecución del convenio suscrito con el Estado. Son dos millones que Torrelavega tenía que aportar y que no habrá de hacerlo hasta dentro de dos años, por lo que hay un disponible que puede financiar este programa de vivienda.

En todo caso, Torrelavega a día de hoy no tiene un problema de liquidez. Su deuda es prácticamente inexistente y el presupuesto de 2018, que siguiendo la tradición se aprobó tarde, tuvo una ejecución baja. Según Martínez, con cargo a 2018 se viene “arrastrando” un remanente (superávit que suele venir dado más por una baja ejecución que por ahorro o financiación suplementaria no prevista) de más de 15 millones de euros, de los cuales se han ejecutado un 6,77 por ciento, ha explicado.

Martínez está a la espera de que el portavoz de Hacienda del equipo de gobierno, Pedro Pérez Noriega, se siente a negociar esta propuesta que condiciona su apoyo a unas cuentas cuyo borrador no ha sido hecho público aún oficialmente pero que ACPT ya califica de “poco ambicioso, falto de imaginación y continuista de una política basada en la foto y en la incapacidad para ejecutar los prepuestos que ellos mismos han aprobado”.

La política de poner vivienda asequible a disposición, así como la de ofrecer más suelo industrial a las empresas, son dos de los pilares para la recuperación de la población empadronada en el municipio, que en la actualidad ronda los 51.000 habitantes, al límite del umbral de 50.000 habitantes que a Torrelavega le permite obtener más financiación del Estado que a municipios más pequeños. Con la vivienda se posibilitaría fijar la población existente, sobre todo joven, y posibilitar el retorno al censo de aquellos torrelaveguenses que se han ido a vivir a los municipios limítrofes. Que sea de alquilar facilitaría asimismo el acceso de aquellos que no pueden asumir hipotecas ni créditos bancarios.

ACPT argumenta que viene reclamando desde hace años un plan de vivienda al Ayuntamiento, y que los diferentes equipos de gobierno han respondido “con evasivas y pasando la pelota al Gobierno de Cantabria”, pese a que en el documento de investidura que firmaron en el año 2015, el equipo de Gobierno PSOE-PRC se comprometió a poner en marcha esta bolsa de alquiler.

Igualmente, Martínez ha explicado que las políticas de viviendas son responsabilidad del Gobierno de Cantabria, pero “no están sabiendo dar respuesta a los vecinos de la ciudad” porque en Torrelavega no tienen viviendas, y la respuesta que “ofrecen” es su traslado a Polientes o Potes, dónde sí que las tienen.

Además, ha señalado que el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, se “comprometió” a poner las viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria (SAREB) tiene en Ganzo en régimen de alquiler social, pero “aún ni siquiera son propiedad del Gobierno” y “desconocemos si hay algún tipo de conversaciones o negociación entre el Gobierno de Cantabria y la entidad financiera, pese a que constantemente preguntamos tanto en comisiones como en el Pleno por el asunto”, ha dicho.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha perdido la vía de expropiación para mantener sus instalaciones deportivas del complejo Óscar Freire tras rechazarse el recurso de apelación contra la orden de desahucio promovida por Snice, propietaria de los terrenos. Dado que no cabe nuevo recurso, el juzgado que resolvió en primera instancia dictará una fecha para ejecutar el desahucio, que también afecta a una sede de Amica (Padre Coll), según ha informado Iván Martínez, portavoz de ACPT en el Consistorio.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha invertido hasta el momento cerca de cuatro millones de euros en dotar las instalaciones deportivas, por las que pasan miles de personas mensualmente y son uno de los principales recursos deportivos del municipio. La única vía que queda abierta para evitar el desmantelamiento es iniciar un proceso negociador con Sniace por el cual el Ayuntamiento pudiera seguir manteniendo el complejo a cambio de desarrollar el aprovechamiento comercial de los terrenos no productivos de la empresa, explica Martínez. Dicho aprovechamiento no supera el 20% de dichos terrenos, según se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente la pasada legislatura.

El primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha confirmado que hay una línea de diálogo abierta con Sniace, sin entrar en el fondo de las conversaciones, aunque el concejal de Obras se muestra seguro de que no se tenga que cumplir la sentencia de desalojo del complejo deportivo Óscar Freire. “La postura municipal es hablar con Sniace”, ha dicho. “Independientemente de esa sentencia, el Ayuntamiento no ha dejado de hablar con Sniace”, por lo que “ha habido contactos y los va a seguir habiendo (...). Esperamos que no lo haga (por la ejecución del desahucio) y esperamos que fruto de esta diálogo, fruto del buen entendimiento que en este momento hay con Sniace, los alumnos y las personas que practican deporte lo puedan seguir haciendo”.

ACPT es muy crítico con el equipo de gobierno municipal y en concreto con su actual alcalde, Javier López Estrada, a quien acusa de no haber desarrollado el mandato del pleno de la Corporación (febrero de 2018) para agilizar los trámites de expropiación cuando era concejal de Obras.

“El Ayuntamiento de Torrelavega interpuso este recurso para ganar el tiempo suficiente para poder acometer la expropiación en tiempo y forma”, asegura Martínez. “Pero el responsable político de esta operación, Javier López Estrada, entonces concejal de Obras y hoy alcalde de la ciudad, no ha mostrado ningún tipo de diligencia ni interés por llevar a cabo este acuerdo plenario de expropiación de febrero de 2018”.

ACPT considera que el alcalde de la ciudad es más partidario de desarrollar la vía negociadora con Sniace para el desarrollo de suelo de uso terciario que explorar la vía expropiatoria “como si de un consejero más de la misma se tratase, en vez de un portavoz de la voluntad del pleno del Ayuntamiento”, apostilló Martínez.

La ocupación por el Ayuntamiento de los terrenos del Óscar Freire deriva de los acuerdos alcanzados en 1999 por los que la empresa compensaba de este modo la deuda que mantenía. Concluido el convenio, la cesión entró en un limbo, que concluyó cuando Sniace pidió el desalojo. Dado el carácter de equipamiento público que tienen las instalaciones, el Ayuntamiento optó por la vía expropiatoria, como así lo mandató el plenario. Transcurrido el tiempo, esta vía ha quedado sin desarrollarse y se abre un proceso paralelo: por un lado el juzgado dictará fecha para el desalojo mientras a nivel político puede llegarse a un acuerdo con la empresa promotora del mismo.

La sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, de 19 de junio de 2019, aparte de desestimar íntegramente el recurso, impone las costas procesales al Ayuntamiento de Torrelavega. La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega que había declarado resuelto el contrato de arrendamiento entre Sniace y el Ayuntamiento de los terrenos correspondientes al polideportivo Óscar Freire y el edificio de escuelas de la plaza San Gil, por expiración del plazo contractual, y ordenó en consecuencia el desahucio de los mismos, informa ACPT.

“Está en estos momentos en grave peligro la continuidad de poder seguir utilizando el complejo Oscar Freire como una zona deportiva pública. Tenemos que tener en cuenta que este entorno es usado por más de un millar de niños y niñas semanalmente. Si el proceso de expropiación no se hubiese paralizado políticamente, en contra de lo manifestado por el Pleno, en estos momentos ya hubiese finalizado y estos terrenos serian de propiedad municipal”, ha concluido Iván Martínez.

ACpT ha denunciado que el pueblo de Sierrapando “no es prioritario” para el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y “sus concejales”, debido a la “paralización” de los trámites de adjudicación del Centro Cívico y del parque infantil que se iba a ejecutar en el entorno de las pistas deportivas.

En cuanto al Centro Cívico, la formación ha asegurado en un comunicado que la paralización se debe a que se trata de una obra demandada y pactada con ACpT, y ha lamentado que cuatro meses después la situación “sigue totalmente igual”, ya que el equipo de Gobierno municipal (PSOE-PRC) ha “renunciado” con su actitud a realizar este proyecto “tan necesario y demandado” por los vecinos de Sierrapando.

Además, el partido ha criticado que el parque infantil también está “esperando encima de una balda” salir a licitación a pesar de que, según ha indicado, ya tiene todos los informes técnicos favorables. “No se tramita su licitación por no ser prioritario para el equipo de Gobierno en estos momentos, tal y como ayer nos han confirmado técnicos municipales”, ha manifestado.

En este sentido, ACpT ha recordado que el parque lleva desde el inicio de la legislatura en los presupuestos municipales, y en caso de salir a licitación, lo haría por un importe 50.000€.

Por ello, para la formación el hecho de que a día de hoy no se haya ejecutado ni adjudicado la obra es “un nuevo ejemplo del desinterés que el equipo de Gobierno demuestra hacia el pueblo de Sierrapando”, uno de los que “más abandonado esta” del municipio en lo relativo a infraestructura y dotaciones municipales.

“Este es un ejemplo más del pasotismo de este equipo de Gobierno que tantas veces hemos denunciado, un equipo de Gobierno que ha demostrado a lo largo de estos cuatro años que les viene grande el puesto que han ocupado”, ha insistido ACpT.

Así, ha considerado que “el gran déficit” de la legislatura ha sido “la falta de trabajo y constancia” para sacar adelante las inversiones que “ellos mismos han presupuestado”.

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado que se están produciendo “innumerables trabas” para retrasar el proceso de reducción del índice de interinidad de la plantilla municipal, que ronda el 30% cuando este año debería estar por debajo del 10%.

Según la formación, éste debería ser “un objetivo prioritario para todos”, como también que los puestos de trabajo del Ayuntamiento sean estables, de calidad y que respondan a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad en su acceso.

Sin embargo, esta cuestión “está provocando un tremendo nerviosismo” entre los dos principales sindicatos con representación, UGT y CCOO, según ACPT.

“En la ACPT estamos convencidos de que criterios como la influencia en determinados trabajadores, el reparto de votos sindicales y las verdades a medias que se han dicho a los trabajadores afectados pesan más en esas organizaciones que la defensa del empleo público de calidad y como derecho de cualquier ciudadano”, ha manifestado la formación en un comunicado.

Tras definirse a finales de 2018 la mitad de las plazas que deberán salir a Oferta Público de Empleo para su consolidación y estabilización, la formación ha denunciado que se están produciendo “innumerables trabas que pretenden retrasar el proceso”, incluyendo “mentiras y acusaciones vergonzosas o engaños a los trabajadores”, como por ejemplo haberles indicado que si han sido subrogados de una empresa privada, no se verán afectados por este proceso.

ACPT ha presentado modificación a la propuesta de criterios de selección que se presentó en la Mesa General de Negociación y que, “de forma injusta, pretende blindar las plazas existentes a las personas que actualmente las ejecutan”, en su opinión.

“No tenemos ningún problema personal con ninguno de esos trabajadores afectados, ni pretendemos que se entienda nuestra posición como un ataque a quienes, seguramente en la mayoría de los casos, realizan su trabajo de forma ejemplar, pero creemos que el resto de vecinos de Torrelavega no pueden encontrarse con un muro infranqueable en un proceso de Oferta de Empleo Público, que blinda las posibilidades a personas que seguramente tengan tanto derecho, capacidad o formación”.

“El empleo público se debe garantizar siempre, y el libre acceso al mismo, también”, ha remarcado.

ACpT ha exigido ial Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que asuma “inmediatamente” la gestión de los Servicios Sociales de Torrelavega ante la situación “tan grave” en la que se encuentran, ya que desde el Ayuntamiento “no se es capaz de garantizarlos”.

Así lo ha manifestado este martes el portavoz de la formación, Iván Martínez, en una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié en que dos tercios de la población de Torrelavega se encuentran “desasistidos socialmente” por la “absoluta incapacidad de gestionar, controlar y resolver esta situación” de los responsables políticos de Torrelavega.

Así, ha denunciado la paralización de los servicios sociales porque, según ha indicado, desde este lunes, de las tres sedes de la ciudad, una está completamente cerrada (la de Baldomero Iglesias), y las otras dos están funcionando “al 50 por ciento” (las del Barrio Covadonga y La Inmobiliaria) debido a la baja laboral de cuatro de las seis trabajadoras sociales.

De esta manera, según Martínez, solo se está atendiendo a los vecinos del Barrio Covadonga, Torres, Ganzo, Duález, la Inmobiliaria y Barreda; mientras que los de “toda la zona centro” (Zapatón, Nueva Ciudad, Tanos, Sierrapando, Viérnoles, La Montaña y Campuzano) se encuentran “sin la posibilidad de ser asistidos”.

Por ello, ha propuesto que el ICASS asuma esta prestación en la ciudad, dado que el Gobierno de Cantabria “tiene que garantizar unos servicios sociales en igualdad de condiciones a toda la población”.

Además, ha señalado como “responsable directa” de la situación a la concejala de Bienestar Social, Patricia Portilla, que en los cuatro años que lleva al frente del departamento “lo único que ha sabido hacer ha sido escurrir el bulto, capear las responsabilidades, y esperar a que el problema se resolviese solo”. “Si alguna vez tuvo un mínimo de decencia política debe de presentar la dimisión de inmediato”, ha sentenciado.

A continuación, el portavoz de ACpT ha responsabilizado en segundo lugar al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que “siendo conocedor de primera mano” de la situación ha preferido “mirar hacia otro lado” y “cerrar filas” con su concejala “en vez de tomar cartas en el asunto”.

“Negar la responsabilidad de sus concejales es algo habitual en él”, ha lamentado Martínez, tras manifestar que Cruz Viadero dirá “que esto responde a la proximidad de las elecciones”, que es “el mantra que repite a diario para justificar sus negligencias”.

Por último, ha responsabilizado al PRC, que al igual que el alcalde “han sido conocedores de todo lo que está ocurriendo”, ha dicho, y “han preferido pasar del tema para no tener problemas con su socio de Gobierno”, garantizando el pacto para poder seguir “caciqueando libremente”.

Para ACpT, es “muy duro” tener que pedir que el Gobierno de Cantabria asuma competencias municipales, pero “más duro es ver a diario” la situación que están viviendo los vecinos y “no hacer nada al respecto”.

Por ello, su portavoz ha considerado que, “como máxima responsable de garantizar los Servicios Sociales a todos los cántabros”, Eva Díaz Tezanos “tiene que actuar ya y no puede mantenerse al margen”. “Estamos ante un hecho muy grave”, ha sentenciado.

“Guerra” entre políticos y trabajadoras

Martínez también ha lamentado que éste es “solo un nuevo capítulo” que “viene a agravar la ya de por sí deteriorada situación” de los Servicios Sociales, que en estos momentos se encuentran “colapsados” como consecuencia de la “guerra” entre los responsables políticos y las trabajadoras.

Según ha indicado, esta situación “se viene sufriendo” desde 2003 y se ha hecho “palpable” con la gestión y tramitación del fondo extraordinario de suministros básicos de 2018.

En este sentido, ha insistido en que en los dos últimos meses tan solo se ha resuelto una decena de las más de 800 solicitudes del fondo, además de que otras ayudas como la Teleasistencia, las ayudas a domicilio, al alquiler o para la compra del material escolar están “también ralentizadas, por no decir prácticamente paralizadas”.

“Esta parálisis al final la están pagando nuestros padres, nuestras madres, hijos e hijas, resto de familiares o vecinas”, que “están viendo o sufriendo desahucios” por no poder hacer frente a los recibos “mientras esperan a que se tramite el fondo extraordinario”, ha concluido.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha criticado hoy que la “intencionada falta de previsión” del equipo de Gobierno PSOE-PRC ha hecho que los plenos municipales dejen de retransmitirse por la televisión local de Torrelavega.

Según ACPT, el equipo de Gobierno conoce desde el comienzo de la legislatura que la retransmisión por televisión de los plenos debía sacarse a concurso público, y no se podía tramitar “con un simple contrato menor, tal y como se ha estado haciendo”.

“Aún sabiéndolo, el equipo de Gobierno ha preferido mirar para otro lado y dejar que el tiempo pasase hasta obligar al interventor municipal a emitir un reparo en la orden de gasto por haberse superado los 15.000 euros que la ley fija como tope de gasto en un contrato menor. Lo que supone que a partir de este mes, y hasta que se tramite la licitación (si es que se tramita), la retransmisión de los plenos por televisión queda suspendida”, ha explicado ACPT en un comunicado.

La formación no cree que se trate de “una simple dejadez” por parte de los responsables municipales, sino que es algo “calculado y orquestado”, ya que “nunca se han sentido cómodos con la presencia de las cámaras en el salón de plenos”.

“No es casualidad que a escasos seis meses de las elecciones hagan que esas cámaras desaparezcan, poniéndose en entredicho con esta medida el carácter público de los plenos, algo que por ley debe de ser así. En el actual salón de plenos la presencia de público es meramente testimonial, y eran las cámaras de televisión las que garantizaban ese carácter público”, ha sostenido ACPT.

ACPT ha asegurado que hará todo lo posible para revertir este nuevo escenario y lograr que los plenos vuelvan a ser retransmitidos a través de la televisión local, al entender que con ello “se logra que se sepa quién es quién en este Ayuntamiento y qué es lo que vota cada cual, quedando perfectamente retratados”.

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha acusado al equipo de Gobierno PSOE-PRC de no querer que que el Centro Cívico de Sierrapando “sea una realidad” pese a que es el único pueblo del municipio que carece de este equipamiento y con la novedad de que sería utilizado simultáneamente por los vecinos y por el CEIP Pancho Cossío.

En un comunicado, la agrupación ha manifestado que no entiende por qué todavía no ha salido a licitación la reforma de las antiguas casas de los maestros de Sierrapando para convertirlas en el futuro centro cívico del pueblo. La obra “sorprendentemente” quedó desierta en su anterior proceso de adjudicación a principios de 2018, algo inédito hasta ahora en el Ayuntamiento de Torrelavega, según la formación.

El presupuesto de esta obra asciende a 305.263 euros y después de que la obra quedase desierta se modificó el proyecto para adaptarlo a ese precio de licitación. La modificación del proyecto se presentó hace algo más de dos meses pero el equipo de Gobierno “lo mantiene en un cajón y no demuestra ningún interés en volver a sacarlo a licitación”, en su opinión.

“El equipo de Gobierno muestra una auténtica falta de interés ya que ellos son los únicos responsables de que esta iniciativa del año 2017 todavía esté sin ni siquiera tramitarse”, ha denunciado ACPT, recordando que la construcción o rehabilitación de un centro cívico cada año era uno de los compromisos de PSOE-PRC con esta formación.

“En la ACPT sospechamos que el equipo de Gobierno no tiene ningún interés en sacar esta obra adelante por haber sido promovida y defendida por nuestra formación, pero con su actitud, a quien están privando de esta dotación tan necesaria, es al pueblo de Sierrapando”, ha denunciado.

ACPT ha denunciado que el equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) sea “contrario” a recuperar las piscinas al aire libre en los terrenos de la antigua Pista Río, el sitio “idóneo” y que cuenta “con un gran respaldo social”, y que haya iniciado la redacción de un Plan Especial para su instalación en el aparcamiento de camiones de La Lechera.

Así lo han dicho este lunes los dos concejales de la formación, Iván Martínez y Alejandro Pérez, en una rueda de prensa en la que también han criticado que el equipo de Gobierno quiera enmarcar el proyecto de las piscinas en los fondos europeos de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) pese a que aún no se ha constituido ni la comisión ni el plenario de dichos fondos, por lo que no se ha podido debatir la necesidad de las piscinas al aire libre y su posible ubicación, según han indicado.

Además, Martínez ha dicho que en el proyecto que se envió para solicitar los fondos no hay ninguna referencia a la construcción de las piscinas y “lo más parecido” es el punto en el que se habla de construir “equipamiento deportivo”; además de que uno de los criterios del EDUSI es que el proyecto se elabore de manera participativa, algo que “no están respetando” ya que la decisión se ha tomado “de forma unilateral”.

“Nada más lejos de la realidad”, ha apostillado, ya que según ha indicado, el equipo de Gobierno no tiene “ni siquiera” la mayoría de la Corporación y no ha consultado a los agentes sociales la ubicación de la piscina.

A pesar de que ACPT se ha mostrado de acuerdo con que se construyan las piscinas con los fondos EDUSI, ha considerado que deben estar “donde siempre estuvieron”, ya que los terrenos de Pista Río pueden albergarlas según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y “simplemente” habría que realizar un proceso de expropiación como el que el Consistorio está llevando a cabo con los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire, ha explicado Martínez.

En este sentido, ha asegurado que el concejal de movilidad, Francisco Javier Melgar, “se está escudando en mentiras” para evitar recuperar los terrenos, diciendo que la expropiación “no es posible o incluso que únicamente se podría construir en un 20 por ciento de la parcela”, mientras que ACPT ha garantizado la edificabilidad del terreno al cien por cien.

Por su parte, Pérez ha añadido que son partidarios de que se construya el nuevo Conservatorio de Música de Torrelavega en el aparcamiento de camiones de La Lechera, que tiene una superficie de casi 8.000 metros cuadrados y está clasificado en el PGOU como sin uso determinado, por lo que para su desarrollo es necesaria la redacción de un plan especial que requiere un año de tramitación. Esa petición, según ha dicho, es algo que “no solo demanda ACPT, sino que además cuenta con el respaldo de la comunidad educativa del consistorio”.

Por último, los concejales han dicho que quien está “obsesionado” por construir la piscina en La Lechera es el PSOE, aunque “el porqué no lo sabemos”, y han manifestado que el equipo de Gobierno “se viene caracterizando por insistir en hacer las cosas contra toda lógica, y cuando eso ocurre es porque hay algún otro tipo de interés que no corresponde al de los ciudadanos”.

ACPT ha denunciado que las escuelas deportivas de Torrelavega están funcionando “de una forma irregular”, ya que han iniciado su actividad en el mes de septiembre “pese a no existir un contrato” debido a una “negligencia” del concejal de Deportes, Jesús Sánchez, al que ha señalado como “el único responsable”.

Así lo ha dicho el concejal de ACPT Iván Martínez este jueves en una rueda de prensa en la que ha señalado que el responsable de Deportes habría “presionado y engañado al margen de la Corporación y de los técnicos municipales” para poner en marcha las escuelas “en fecha, pero no en forma”.

Así, ha lamentado que las escuelas han iniciado su actividad “pese a no existir un contrato, ni haber resuelto ninguna licitación, ni haber sido aprobados los pliegos de contratación” en el Pleno ni en la Comisión de Hacienda, una situación que según ACPT se podría haber evitado “perfectamente”.

En este sentido, ha puntualizado que los pliegos se llevaron a debate en el Pleno de mayo cuando “deberían haber sido llevados en enero”, ya que según el concejal de ACPT en ese mes “ya estaban redactados”, y de esa forma se hubiese sacado a concurso el servicio de las escuelas deportivas “con el tiempo suficiente” para resolver los pliegos para su entrada en funcionamiento en septiembre de forma “regular y correcta”.

Además, ha dicho que “no es la primera vez que a este concejal se le pasan las fechas de los pliegos”, pues hace cuatro años este mismo servicio comenzó a mitad del mes de octubre “únicamente por su incapacidad”, y le ha acusado de haber querido “tapar” en esta ocasión “su irresponsabilidad” cometiendo una “irregularidad mucho mayor” como es que las escuelas estén funcionando “sin contrato”.

En este sentido, ha anunciado que esta mañana se ha mantenido una reunión que podría desembocar en la paralización de las escuelas deportivas hasta que se resuelvan los contratos de prestación del servicio.

“Se están usando las instalaciones municipales sin autorización y, en caso de que ocurriese algo, el Ayuntamiento sería el responsable directo”, ha advertido Martínez, que ha achacado lo ocurrido a que “estamos en un año electoral”, ya que si la situación se hubiera producido en otro año “las escuelas hubiesen comenzado tarde”, pero en esta ocasión el concejal de Deportes “no ha estado dispuesto a asumir el coste político” que eso hubiera supuesto “a ocho meses de las elecciones”.

Por último, ha acusado a Sánchez de gestionar su área “como si se tratase de un gimnasio personal, haciendo trabajar sin contratos a los monitores, al margen de técnicos y del resto de la Corporación”. “Las leyes que rigen este Ayuntamiento le molestan, no le agradan y por ello se las salta cuando le viene en gana”, ha concluido.

Hace tres años Torrelavega se enfrentaba a una situación nunca vista en la ciudad. El grupo político Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT), respaldado por gran parte de la ciudadanía, reclamaba la cesión de un espacio inutilizado para el uso recreativo de los vecinos.

Lo que comenzó como una gran idea terminó por convertirse en una pesadilla para el líder de este partido, que tuvo que ver cómo el acuerdo verbal al que se había llegado con los propietarios de ese espacio se desmoronaba a medida que las agrupaciones políticas contrarias “calentaron y empujaron” al conflicto.

“La gente nunca entendió cómo los partidos a los que votaban podían ser tan críticos con esta iniciativa”, comenta el concejal de ACpT, Iván Martínez. Una extraña nebulosa apareció y se mantuvo durante meses en este pequeño rincón de la calle Argumosa después de que se produjese la denuncia dirigida a Martínez, cabeza visible y uno de los precursores del proyecto. “Me denunciaron a mí porque denunciar a un colectivo está peor visto, además es más fácil dirigir los tiros a una persona sola, aunque yo sabía que tenía detrás a una organización que no me iba a dejar solo” afirma el edil.

Pasaron los meses y los años -dos en concreto- y Martínez fue absuelto por el presunto delito de usurpación del que se le acusaba. Corría octubre de 2017 y al fin parecía que esa nebulosa comenzaba a desaparecer. “Lo mejor de todo esto ha sido el cariño de la gente y el respeto que ha habido desde siempre hacia el rincón”, afirma el concejal.

Un cariño que se ha terminado por convertir en respeto hacia esa plaza llena de colores, libros y flores. “Espacio Argumosa jamás ha sido pintado ni dañado a diferencia de otros sitios de Torrelavega. Esto es un indicador claro de que la gente lo mima y quizá de que lo siente un poco más suyo que el resto de lugares de la ciudad...”, se plantea el edil.

La cesión a la Asamblea Espacio Argumosa

Esta isla digna de convertirse en una utopía en mitad de la ciudad se cedió por parte de uno de los propietarios -Francisco, al que el concejal recuerda con cariño- al grupo político, y este a su vez ha dejado que sea gestionado por la Asamblea Espacio Argumosa. “Nosotros nacimos poco después que el espacio con la finalidad de gestionar la limpieza, el cuidado y las actividades culturales”, comentan desde la asamblea.

Esas actividades culturales pasan por conciertos, fiestas, teatro, cine e incluso 'el día del libro libre', una iniciativa que promueve la lectura convirtiendo el espacio en un lugar de intercambio de libros. “La gente deja sus ejemplares favoritos y se lleva otros”, apuntan. Todos estas acciones se realizan sin mediación de permisos municipales “aunque respetando siempre el descanso de los vecinos”. Para la asamblea esto supone la “demostración” de que no se requiere la intervención institucional “para crear cultura desde el respeto y la convivencia”.

El funcionamiento de un espacio autogestionado es una de las grandes dudas que ponía en duda la durabilidad de este lugar. “No entran los servicios públicos ni de mantenimiento por lo que nosotros somos los que convocamos jornadas de mantenimiento con regularidad”, indican. Además, si algo caracteriza al Espacio Argumosa es la reutilización de materiales y el reciclaje constante, lo cual construye, como ellos mismos apuntan, “un espacio alternativo a la sociedad de consumo”. 

Pero sin duda, el aspecto más importante -y el que más se cuida desde la organización- es la autogestión sobre el uso diario del espacio en el uso y disfrute por parte de la ciudadanía. “Allí van padres y madres a dar de merendar a sus hijos y a sus hijas, adolescentes a sacarse fotos, grupos de amigos que se sientan a charlar... Es el único espacio de Torrelavega que ofrece la oportunidad de sentarse en grupo a charlar sin obligar al consumo como ocurre en los bares y que no ha requerido ni requiere consumo ni para su creación ni para su mantenimiento. Además, ofrece actividades culturales autogestionadas sin mediación de dinero”, señala la asamblea.

El futuro del rincón

“Espacio Argumosa desaparecerá el día que la propiedad venda o decida construir un edificio. Ese día aceptaremos el fin del acuerdo y en un plazo de una semana lo desmontaremos. Nosotros nos comprometimos a disfrutarlo mientras pudiésemos y así lo vamos a hacer porque es nuestra filosofía”, señala el concejal de ACpT sobre la posibilidad del final del espacio.

Desde este colectivo apuntan además a la posibilidad de que esta 'moda' se extienda a otros espacios, y admiten haber “mirado otros sitios”. Sin embargo, desde la agrupación son conscientes de que quizá sea “abarcar demasiado” y por eso esperan que la idea acabe saliendo de los propios barrios.

Lo que sí tienen muy claro es que “nunca” aceptarán ayuda económica por parte de las instituciones. “Es uno de nuestros valores. No nos basamos en ninguna ideología ni en ningún panfleto. Trabajamos sin roles y sin demasiada estructura, nos gusta que las personas se comprometan en la medida de su sentir y el apoyo que nos damos los unos a los otros, y aceptando ayudas perderíamos nuestra idiosincrasia”, concluyen desde la asamblea.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha afirmado que la Asociación San Amancio, organizadora de las fiestas del Barrio Covadonga, podría haber falsificado facturas, según dice haber comprobado tras consultar los expedientes de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. “Hemos comprobado que la falsificación de facturas ha sido una constante”, ha denunciado ACPT en un comunicado.

La asamblea cree que, en los cinco ejercicios que ha consultado, existen 29 facturas falsas por un valor que ascendería a más 128.000 euros. Aportando dichas facturas se concedieron cinco subvenciones por un total de 68.724 euros.

“La ACPT tenemos conocimiento de que la Intervención Municipal tiene abierto un expediente reclamando la devolución de las subvenciones, así como las explicaciones correspondientes de lo ocurrido, antes de poner el tema en manos judiciales”, señala en su nota.

El grupo sostiene que “la mayoría de las facturas han sido posiblemente falsificadas para inflar las cantidades que realmente han tenido que pagar”, lo que pondría “en entredicho la labor técnica municipal en la que se afirmaba que todas las facturas se correspondían con precios de mercado”. Como ejemplo se remite a las supuestas facturas falsas de alquiler de generadores eléctricos que superan en más del doble el precio de mercado por ese concepto.

“De quedar demostrado, y todo parece indicar que así será, estamos hablando de delitos que pueden conllevar entre cuatro y ocho años de prisión: falsificación de documentos, fraude continuado y quizás, malversación de fondos públicos”, ha señalado.

“Estamos ante un caso de corrupción pura y dura”, ha denunciado ACPT, que sigue esperando “algún tipo de explicación política” por parte del alcalde, José Manuel Cruz Viadero, o la concejala de Festejos, Patricia Portilla.

Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado la “dejadez” del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) del Ayuntamiento con los locales de ensayo para cuya creación comenzaron los trabajos hace un año, con la instalación de los módulos marítimos que los van a albergar, y que siguen sin acabarse.

ACPT ha recordado en un comunicado que el plazo de ejecución de los locales era de tres meses y “un año después sigue con el vallado de obra, sin recepcionarse por el Ayuntamiento y deteriorándose sin que aún haya iniciado su actividad”.

Y ha denunciado que, a pesar de ello, el equipo de Gobierno no ha hecho nada para “rescindir el contrato de ejecución de la obra y penalizar a la empresa constructora que ha superado en cuatro veces el tiempo previsto y que sigue sin acometer las tareas pendientes”.

Desde ACPT han criticado que la instalación tenía que estar en funcionamiento en verano de 2017 y después unos “ligeros problemas” lo restrasaron a septiembre. “Enero de 2018 fue la tercera fecha y, tras perseguir al concejal y técnicos insistentemente, se nos aseguró que a mediados de abril la instalación municipal estaría en funcionamiento”, han indicado.

“Es vergonzoso comprobar como representantes municipales con sueldos que superan los 40.000 euros tienen tal nivel de dejadez para con las obligaciones que su cargo requiere y cómo son incapaces de esforzarse aunque se les empuje, ayude y hasta se les haga buena parte de sus tareas”, ha concluido ACPT.