El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son “infraestructuras temporales” y se desmontarán cuando los migrantes “sean devueltos”. “Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones”, ha defendido en unas declaraciones realizadas en el canal 24 Horas de TVE.

Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, firmase esta sábado una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar estas carpas. El anuncio se produjo a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria —que votó en contra de su instalación— y de la Confederación de Empresarios

Torres ha explicado que las parcelas del puerto y las de la zona de La Reina fueron incluidas en un real decreto aprobado “por unanimidad” en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y miembros de su Gobierno. Sin embargo, ha criticado que cuando las obras estaban en marcha, el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a su ubicación.

“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que es una medida que han hecho “todos” los gobiernos españoles ante situaciones similares y ha reiterado que los migrantes no pueden ser devueltos “de la noche a la mañana”. “Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto. Es muy importante que esto se pueda culminar”, ha recalcado.

Torres ha asegurado que mantiene un “seguimiento permanente” y conversaciones “prácticamente todos los días” con el presidente Vivas, y ha defendido que el Gobierno seguirá buscando el máximo consenso, aunque ha advertido de que deberá tomar “decisiones con la ley en la mano” para normalizar la situación.

El ministro ha insistido en que el objetivo del Gobierno es evitar que la situación se “cronifique” y ha pedido la colaboración de todas las administraciones. “Aquí todos tenemos responsabilidades”, ha subrayado. “Todo lo hacemos para alcanzar la normalidad. Si todos colaboramos, si no ponemos palos en las ruedas, todo será mucho más sencillo y acortaremos los plazos”, ha comentado Torres, que no ha precisado exactamente cuándo se volverá a la normalidad. “En muy pocas semanas”, ha respondido.

Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes. El ministro ha recordado que la atención de los menores es competencia de la ciudad autónoma, aunque ha defendido que el Gobierno central está trabajando para facilitar su reagrupamiento familiar y su reubicación en otras comunidades.

En este punto, ha acusado al PP y a Vox de haber votado en contra de la modificación del real decreto-ley que permitía trasladar a menores desde Ceuta al resto de España. “Ahí le dieron la espalda a Ceuta”, ha afirmado Torres, que ha asegurado que “todas las posibilidades están abiertas” para acelerar los traslados dentro de los márgenes legales.

Sobre la visita del Rey a la ciudad autónoma, Torres ha insistido en que se realizará “en las próximas semanas”, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro ha expresado su deseo de que para entonces la situación sea “notablemente mejor” que la actual.

Pide rigos ante “conjeturas” sobre Marruecos

Por otro lado, Torres ha respaldado la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que actualmente no existen pruebas de una implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El ministro ha señalado que, si aparecen pruebas, el Ejecutivo actuará “acorde” a ellas, pero ha reclamado “rigor” y que no se actúe sobre la base de “conjeturas” o “indicios” cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones con un país vecino. “Lo que se le exige a un presidente de Gobierno es rigor”, ha defendido Torres, que ha criticado a quienes, a su juicio, plantean un conflicto internacional basándose en “pruebas y conjeturas”.

En relación con el informe elaborado a petición de la jueza María Tardón sobre los hechos ocurridos durante la llegada masiva de migrantes, Torres ha evitado valorar la actuación judicial y ha asegurado que respeta “absolutamente” la separación de poderes.

El ministro ha asegurado que el Gobierno ya disponía de informes propios elaborados antes, durante y después de los acontecimientos y ha explicado que el informe solicitado por la jueza fue realizado sin conocimiento previo del Ejecutivo y entregado a finales de agosto. “Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el ministro del Interior. Y no lo tenga el presidente del gobierno, y no lo tenga un gobierno. Eso es algo absolutamente exigente y exigido”, ha apostillado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este miércoles que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará medidas contenidas en el llamado decreto Canarias, como la relativa al uso de lo más de 600 millones de euros que tiene de superávit en sus cuentas.

Se trata, ha dicho el ministro en una entrevista en la Televisión Canaria, de una demanda histórica de los diferentes Gobiernos de Canarias y ha señalado que su contenido ha sido negociado con el Ejecutivo canario, con cuyo presidente, Fernando Clavijo, habló el fin de semana.

En ese decreto, ha agregado, también se da respuesta a las demandas del sector agrícola en La Palma y a la prórroga en la isla del descuento del 60% del IRPF.

Además, ha valorado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se aprueba el viernes dé luz verde al nuevo modelo de financiación, que reportará a Canarias, ha dicho, 1.300 de euros más al año.

Ha aclarado que esta cantidad no estará condicionados por otros ingresos y ha apelado a la necesidad de contar con ellos para mejorar el estado de bienestar en las Islas.

Torres se ha congratulado de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para reformar este modelo, caducado hace años, pero ha aclarado que tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.

Sobre la posición del PP, Torres ha dicho que nadie se cree que la consejera Matilde Asián siga de vacaciones y se ha preguntado que si el nuevo modelo es bueno para Canarias, por qué no está su consejera de Hacienda, aunque sea del PP.

“Es una excusa inaceptable”, ha dicho Torres sobre la ausencia de Asián en la reunión, a la que asistirá en su lugar la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

Además considera que la consejera de Hacienda debería estar para defender a Canarias en uno de los momentos más importantes “de nuestra reciente historia”.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Ángel Víctor Torres (Gran Canaria, 1966) es el responsable del mando único operativo de Ceuta desde el pasado martes. Fajado en la gestión de crisis migratorias durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, el ministro de Política Territorial atiende a elDiario.es el viernes a primera hora de la tarde, justo a la salida del Comité de Situación presidido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. A esa hora aún retumban los ecos de los impactantes ataques racistas del jueves en la ciudad autónoma, donde grupos organizados ejercieron la violencia para impedir el reparto de comida de la Cruz Roja o para destrozar y quemar las pertenencias de las personas migrantes que acampan en la playa del Trampolín.

¿Está la situación en Ceuta fuera de control?

No, no está fuera de control. Pero es verdad que hemos visto actuaciones que tienen que ser denunciadas desde todas las perspectivas. Eso no es Ceuta. No se pueden impedir acciones humanitarias de entrega de comida. Y no se puede agredir a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a militares por parte de inmigrantes. El jueves hubo situaciones que no esperábamos. Ojalá sea un antes y un después.

¿Se han producido detenciones tras los ataques violentos?

Ha habido detenciones y también identificaciones. La Policía ha actuado y está con las pesquisas.

Cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos

Ostenta usted el mando único operativo para la crisis de Ceuta desde el pasado martes. ¿Cuál es la foto fija de la ciudad ahora mismo? ¿Qué es lo más urgente?

Hubo una primera fase en la que entraron más de 70.000 personas. Y se pudo avanzar hacia una cierta normalización porque regresaron entre el 90 y el 95%, pero hay otras que no retornaron voluntariamente. Ya pasó antes. En 2021, unas 9.000 personas pasaron la frontera y se quedaron en Ceuta, muchos de ellos menores. Y en Canarias en 2020, que llegaron en cayucos entre 20.000 y 30.000 personas. Lo que hay que hacer es actuar con las personas que están en las calles. Filiarlos, ver sus circunstancias, de qué países vienen, si son mayores o menores de edad… Y para eso tenemos que tener espacios. Quiero lanzar un mensaje claro a la ciudad de Ceuta: cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos.

¿Por qué un mando único es útil en la gestión de Ceuta ahora mismo?

Un mando único es un estamento colegiado, que fue también pedido por el presidente de Ceuta, en el que de manera permanente se producen reuniones oficiales. Es lo que se llama Comité de Situación. Sus deliberaciones son reservadas y se acuerdan actuaciones que tienen que ver con esos espacios, o con el refuerzo de la seguridad. Es inédito. Y se ha visto que es absolutamente necesario en esta segunda fase para poder responder a la situación de Ceuta con las personas que quedan en las calles, cuyo número cada vez va menguando, porque se van abriendo espacios o van retornando voluntariamente.

¿Y podría explicar entonces cómo es que se han tardado 26 días en nombrar un mando único que usted explica que es absolutamente necesario? El presidente Vivas lleva pidiéndolo desde el primer día sin que el Gobierno de España atienda esa petición.

Es fácil hacer esa crítica, pero el primer objetivo del Gobierno de España era que retornaran las personas que entraron por El Tarajal. Y para eso no hacía falta un mando único porque retornaron 70.000 personas. Esto es un acierto y lo tengo que exponer con claridad.

Se volvieron porque quisieron. Nadie los echó.

Sí, sí, pero es que eso no es sencillo. ¿Y si no hubiesen querido? Ahí hubo una actuación que también fue importante con el Reino de Marruecos para que estas personas pudieran retornar. Ahora hay varios miles de personas que se han quedado y que tenemos que hacer que vuelvan a Marruecos, pero estamos en una fase distinta y lo importante ahora es mirar hacia adelante. Y yo sí soy de los que reconozco que todo se puede hacer mejor.

¿Entiende que mucha gente piense que la situación sería diferente si el mando único se hubiera establecido a mediados de agosto?

Sí, pero es que a mediados de agosto estábamos tomando las decisiones oportunas con coordinación permanente, con reuniones con el presidente del Gobierno, con presencia en Ceuta de distintos Ministerios que pusieron soluciones sobre la mesa acorde a sus competencias. Y es lo que ahora vamos a culminar.

Esa decisión del mando único y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se adoptan justo cuando acaba el periodo de vacaciones oficial de la política en este país. ¿Usted puede garantizar que las vacaciones del presidente del Gobierno o del conjunto de la Administración no ha tenido que ver con la ralentización de la toma de decisiones?

No tiene nada que ver. Es una circunstancia que coincide en el tiempo. Hemos suspendido descansos y hemos trabajado con el presidente para poder llevar adelante estas actuaciones. Y ahora lo que nos pide la ciudadanía es que, cuanto antes, la situación vuelva a ser en Ceuta la de comienzos de julio. Y que la violencia desaparezca, porque si no desaparece va a retrasar más la normalidad.

Han anunciado ustedes un acuerdo con Ceuta para nuevos emplazamientos que pueden sacar de la calle a la totalidad de las personas migrantes. ¿Cómo es posible que haya tenido que pasar un mes para que se encuentre sitio?

Porque no hay solución sencilla. Los espacios deben estar adecuados y deben afectar lo menos posible a la vida de los ceutíes. Se buscaron hasta 15 recursos y ahora se han encontrado en colaboración con la ciudad autónoma. Ya se han habilitado miles de plazas para menores y para mayores de edad, pero algunos de los nuevos espacios exigen canalizaciones, permisos del suelo… Es difícil que puedan estar listos en cuatro o cinco días.

¿El gobierno de Ceuta ha entorpecido los emplazamientos?

No, no. Nos han ofrecido suelos que hemos ido a ver con ellos. Pero se precisan una serie de actuaciones que no son inmediatas. Y necesitamos inmediatez, porque para tener un control sanitario, para poder hacer los expedientes de extranjería, para determinar las mayorías de edad o para que los representantes de la Fiscalía puedan trabajar necesitamos espacios habilitados y que estas personas estén filiadas. Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles.

¿En el momento en que salgan de la calle y estén en esos nuevos emplazamientos se acelerará el proceso?

Indudablemente. El proceso se alargará si no conseguimos que se habiliten esos espacios.

Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles

Uno de los problemas de estas semanas ha sido las cifras. ¿Sabemos ya cuánta gente queda en Ceuta de la que entró el 30 de julio? Interior dijo en su día que cruzaron 72.000 y se volvieron 70.000, pero parece evidente que esa cifra no se corresponde con la realidad, al menos respecto a las personas que quedan.

No es sencillo responder con exactitud a esa cuestión, porque están en el monte o están en las playas. Están diseminados. En otras crisis fueron acotados en espacios comunes hasta que finalmente fueron a espacios cerrados y ahí era más fácil saber el número con exactitud. Pero hay un dato que te puede dar un indicio de las personas que quedan: las entregas de comidas. Esta semana nos reportan un dato alrededor de las 5.000.

¿En Ceuta solo quedan menores de edad y demandantes de asilo, o quedan también adultos en situación irregular que no tienen derecho a asilo?

Hay muchas personas que están en las calles que solicitarán asilo y que no tendrán derecho. Y ese expediente llevará su devolución, pero es un procedimiento que no se puede hacer de la noche a la mañana tampoco, aunque sea mayor de edad. Pueden ser perfectamente devueltos, se devolverán. Pero ese expediente tiene que estar bien claro porque, si no, podemos cometer errores como en el pasado, con responsabilidades jurídicas.

¿Ceuta tiene capacidad real para asumir la acogida de todas estas miles de personas mientras duran esos procedimientos?

Estamos hablando de una ciudad que tiene poco más de 80.000 personas y en la que aún quedan entre un 7 y un 8% de las personas que cruzaron. Es un volumen importantísimo, pero esa es la realidad de los territorios frontera. En 2021 entraron 9.000 y se quedaron 9.000.

Entonces la pregunta es evidente. ¿Por qué en 2021 no se produjo esta situación de colapso con el mismo número aproximado de personas que permanecen en la ciudad?

Porque esta vez entraron más de 70.000 y eso ha producido un impacto que sí es inédito y que no ha cicatrizado. Es un impacto importantísimo en la población de Ceuta, que precisa también un tiempo para sobreponerse a un shock de esa envergadura. Yo recuerdo perfectamente que en 2021 tuvimos menos rechazo con respecto a los emplazamientos.

¿Por parte del gobierno ceutí, quiere decir?

No, no... en general. Con el gobierno de Ceuta vamos a seguir trabajando con lealtad. Con el presidente Vivas hablo todos los días y vamos a seguir caminando de la mano.

¿Por qué en un país tan grande y tan rico como España no hay capacidad para establecer un reparto justo y equitativo en la acogida temporal de estas personas mientras se resuelven sus expedientes? ¿Que permanezcan meses en una Ceuta desbordada a la espera de respuesta no pone en bandeja la utilización política de esta crisis para los impulsores de discursos de odio y antimigratorios?

No es que tengan que quedarse en Ceuta para señalar a Ceuta, es que cuando llega un inmigrante a un lugar determinado se abre un expediente administrativo y ninguno sale en 24 horas ni en una semana. Una vez concluyan esos expedientes, para el caso de los menores hemos aprobado una modificación de una ley para que no estén hacinados en los territorios de frontera. Y por eso hay una solidaridad obligatoria en el resto del país. Y esto lo ha apoyado y lo ha aplaudido de manera pública el presidente de la ciudad de Ceuta. Pero luego su partido ha votado en contra en el Congreso de los Diputados. El fenómeno migratorio tiene que tener una respuesta coordinada no solamente de los territorios frontera, sino de todo el Estado y de la Unión Europea.

¿Marruecos está colaborando en algo? La sensación es que no, pero el Gobierno no deja de ensalzar al Ejecutivo marroquí.

De no colaborar, no hubiésemos podido hacer que regresaran más de 70.000 personas. Marruecos ha dicho públicamente que quiere que regresen, incluso que regresen desde Ceuta. He visto a lo largo de esta historia algunos partidos políticos que han tenido una posición con respecto a la política con Marruecos cuando gobiernan y cuando están en la oposición cambian por oportunismo.

¿Está garantizada la seguridad en el reparto de comida después de los incidentes de los últimos días?

Espero que los acontecimientos del jueves hayan supuesto un punto de inflexión. En las imágenes se veían a personas encapuchadas, personas con esvásticas, personas que no es que no representen, es que no creo que ni siquiera sean de Ceuta. Se está investigando si hay grupos organizados que han ido a Ceuta a generar conflicto. Ceuta no es así. Yo aplaudo a los hombres y mujeres ceutíes que se han ofrecido voluntarios para repartir comidas y han tenido que sufrir amenazas.

¿Está en condiciones de trasladar alguna certidumbre a los ceutíes? ¿Dentro de una semana estarán las cosas mejor? ¿De dos semanas? ¿Hay algún horizonte temporal?

Comprendo las ansias y le puedo asegurar que también es mi obsesión. Estamos poniendo todos los recursos. A nadie le interesa que esto se prolongue, absolutamente a nadie. Ni a la sociedad de Ceuta ni, por supuesto, a ningún gobierno. Queremos que regrese la convivencia. En 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia. Si la violencia se mantiene o crece, no habrá solución y entonces sí que habrá una ruptura total. Quiero acortar los plazos el máximo posible. Si conseguimos que estos espacios estén en disposición en un par de semanas, lo podemos conseguir en pocos meses. Ya hay 2.000 personas filiadas, se ha devuelto a más de cien… Vamos a ver si todo va según lo previsto.

¿Y la vuelta al cole en Ceuta?

Ya ha habido reuniones con toda la comunidad educativa. Todo está preparado para que se regrese con normalidad, como en el resto de España.

¿Han contribuido a la ansiedad de los ceutíes los mensajes que exigen o que prometen expulsiones inmediatas?

Indudablemente, sí. No es posible devolver a estas personas en 24 horas o en una semana, decirlo es mentira. Falso. Y quien lo dice sabe que está mintiendo.

Algunos ministros han prometido la devolución de todas y cada una de las personas que entraron en Ceuta.

Siempre han dicho que dentro de los márgenes que marca la ley.

Pero es que no es verdad que se vayan a expulsar a todas. Hay muchas personas que vamos a tener que acoger al final del procedimiento.

Claro, si es un menor que no quiere regresar, tú no lo puedes devolver. El derecho internacional es para todos. La voluntad es que todos sean devueltos, adultos y menores, y la mayoría de ellos van a ser devueltos porque no tienen derecho a permanencia. Pero hay menores que no van a poder ser reagrupados. Es que cuando oigo a algunos representantes del Partido Popular de manera irresponsable decir que se pueden devolver de manera inmediata, les digo que cuando ellos gobernaban no lo hacían porque no se podía hacer. Y además, cuando se hizo sin toda la garantía jurídica, fueron condenadas dos personas que eran cargos públicos, una que representaba a un gobierno progresista y una que representaba a un gobierno conservador.

Contó en el Congreso que se ha encontrado en Ceuta con niños y niñas muy pequeños. Solos y en la calle.

Podrían ser nuestros hijos, o pudimos ser nosotros. Buscan salir de la pobreza, de la opresión. Estamos hablando de personas de menos de diez años. Se te parte el alma. También son esos niños quienes van a buscar esas comidas de la Cruz Roja. Por eso estas crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Hay familias en Ceuta que están acogiendo a personas en su casa. Que les están dando cobijo, que les dan sus comidas. Y luego hay otros que increpan a las ONG, increpan a quienes están dando ayuda humanitaria. Seguro que todo se apaciguará y, cuando ya lo veamos con perspectiva, habrá unas imágenes que deberían llevar a la vergüenza de quienes atacan a niños, pero también otras que serán de aplauso a quienes los protegen.

Aunque el camino de Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966) se vio frustrado por un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, no impidió que su trayectoria política tomara un nuevo rumbo poco después. Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Gobierno como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y desde entonces ha desempeñado con solvencia grandes responsabilidades que le han llevado a día de hoy a asumir el mando único para gestionar la actual crisis migratoria de Ceuta.

Durante estos últimos años, Torres se ha ganado la reputación de ser un experto en crisis. Y es que, si de algo puede presumir el ministro, tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023) y su etapa en el Gobierno de España (2023-actualidad), es de ser un buen gestor de las adversidades y de saber afrontar situaciones de crisis extremas.

A lo largo de su mandato tuvo que hacer frente al incendio forestal de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia de la Covid-19, que en la primera ola se cebó con especial virulencia en el Archipiélago, a la ruta canaria de 2021 y posteriormente al volcán de La Palma y los episodios extremos de calima, a lo que se suma su gestión de un Gobierno autonómico sustentado en un cuatripartito que logró mantener unido durante toda la legislatura y dirigir sin grandes conflictos públicos.

El primer gran reto de Torres: los incendios forestales de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, que formalizará su candidatura a la Presidencia de Canarias el próximo 31 de agosto, subsistió durante 2019 y 2023 a diferentes situaciones de complejidad. Puede que la pandemia de la Covid-19 fuese su mayor desafío pero entre esos años, acumuló otras grandes crisis.

La primera fue a tan solo tres meses después de los comicios. El 10 de agosto de 2019 se originó, de forma intencionada, un incendio forestal en Artenara, extendiéndose hacia Tejeda y Gáldar. El fuego fue declarado estabilizado el 13 de agosto, después de varios días de intenso trabajo de extinción en el que participaron 13 aeronaves. Lo que no sabían es que ese mismo día otro incendio arrasaría el barrio de Cazadores, en Telde. De menor magnitud, aunque no por ello menos preocupante, terminó afectando a unas 160 hectáreas.

En todo ese periodo, el entonces recién investido presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lideró la gestión de la emergencia priorizando la seguridad de las personas y la comunicación transparente. Su estrategia pasó por evitar a toda costa víctimas mortales, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas de alrededor de 50 núcleos de población. Un operativo que concluyó con cero pérdidas humanas.

Torres coordinó además junto al Gobierno central el mayor despliegue técnico visto hasta entonces en las islas, con 16 medios aéreos y más de un millar de efectivos terrestres en los momentos más críticos. A este dispositivo se sumó una comunicación constante. El presidente comparecía diariamente ante los medios para ofrecer partes técnicos junto a los expertos de extinción, trasladando la evolución de los incendios y las decisiones que se iban tomando. Una forma de gestionar la comunicación en plena crisis que, posteriormente, fue calificada como ejemplar por profesionales del sector.

El golpe de Thomas Cook

Y cuando apenas había comenzado a coger las riendas del Ejecutivo, Torres tuvo que enfrentarse a otra crisis, esta vez lejos de los montes y con el turismo como protagonista. El 23 de septiembre de 2019, la quiebra del gigante británico Thomas Cook dejó a unos 30.000 turistas afectados en Canarias y puso en jaque a un sector del que depende buena parte de la economía de las islas. La caída del turoperador, que movía alrededor de 3,5 millones de visitantes al año hacia el Archipiélago, amenazaba con convertirse en un golpe de hasta 3.000 millones de euros y ponía en riesgo miles de empleos.

Torres volvió a situarse al frente de la respuesta, esta vez coordinando con el Gobierno central y con el sector turístico un plan de choque para contener las consecuencias. La prioridad pasó por recuperar cuanto antes la conectividad aérea, dar liquidez a las empresas afectadas y proteger el empleo. Canarias consiguió además un fondo específico de 15 millones de euros para recuperar rutas y reforzar la promoción turística, mientras desde el Estado se pusieron en marcha nuevas medidas para facilitar financiación y abaratar las tasas aeroportuarias.

La crisis de Thomas Cook llegó en plena extinción de los incendios forestales y volvió a poner a prueba su capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Si en los incendios había tenido que gestionar una emergencia sobre el terreno, ahora debía hacerlo frente a un golpe económico que amenazaba directamente al principal motor de las islas. Dos escenarios muy distintos para un mismo reto: contener la crisis y evitar que sus efectos fueran a más.

La pandemia: el gran examen

El 31 de enero de 2020, otra crisis pondría a prueba su capacidad de respuesta. Canarias no solo registró el primer caso de SARS-CoV-2, sino que fue el primero detectado en España, concretamente en La Gomera. Apenas unas semanas después, el estado de alarma y el confinamiento paralizaron el país y golpearon especialmente a un Archipiélago dependiente del turismo. Torres volvió a asumir una premisa clara: salvar vidas y evitar el colapso sanitario, aunque el coste económico fuera enorme.

Con la llegada del verano, el reto pasó a ser otro. Para recuperar el turismo sin poner en riesgo los avances sanitarios, Torres apostó por convertir Canarias en un destino seguro, reforzando los controles en las fronteras y exigiendo pruebas a los turistas, mientras las nuevas olas obligaron a endurecer de nuevo las restricciones. Al mismo tiempo, su Gobierno regional puso en marcha ayudas para empresas y autónomos y medidas para sostener el empleo.

La pandemia se convirtió así en el mayor desafío de su primera etapa al frente del Gobierno de Canarias. Torres tuvo que tomar decisiones prácticamente inéditas, muchas de ellas bajo una enorme presión y con un escenario que cambiaba cada semana. Fue, también, la crisis que terminó de consolidar esa imagen de presidente acostumbrado a gestionar emergencias y que, con el paso del tiempo, acabaría valiéndole el calificativo de 'experto en crisis'.

El gran pulso migratorio

Pero si algo ha marcado la trayectoria profesional del ministro ha sido su gestión de la crisis migratoria. Una experiencia que, entre otros motivos, le ha llevado a asumir la nueva responsabilidad que acaba de afrontar en Ceuta, adonde se desplazará este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, para trabajar codo con codo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, previsiblemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En 2020, Canarias vivió una crisis migratoria que devolvió a las islas a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Más de 23.000 personas llegaron al Archipiélago en apenas un año, en plena pandemia y con una red de acogida que no estaba preparada para asumir semejante presión. Los hoteles que habían quedado vacíos por el desplome del turismo se convirtieron en alojamientos de emergencia y el muelle de Arguineguín terminó convirtiéndose en el símbolo de una crisis que desbordó a las administraciones.

Torres convirtió entonces la gestión migratoria en uno de los principales pulsos con el Gobierno central. Aunque el control de fronteras y la acogida de adultos correspondían al Estado, el Ejecutivo canario tuvo que asumir la tutela de los menores no acompañados mientras su red de protección se acercaba al límite. El presidente reclamó de forma reiterada el traslado de migrantes a la Península y una mayor implicación del resto de comunidades autónomas, advirtiendo de que Canarias no podía convertirse en un “muro” ni en una “cárcel a cielo abierto”. Su presión política coincidió con el colapso de Arguineguín, donde llegaron a concentrarse miles de personas, y con la posterior puesta en marcha del llamado Plan Canarias para descongestionar la acogida en las islas.

Fue una crisis que obligó a Torres a moverse entre la gestión sobre el terreno y el pulso político con Madrid, una experiencia que acabaría marcando buena parte de su etapa posterior.

Cuando la crisis se convirtió en rutina

Ángel Víctor Torres también tuvo que hacer frente a otras emergencias extraordinarias. En septiembre de 2021, la erupción del volcán Tajogaite volvió a situar al Archipiélago ante una situación inédita. Durante 85 días, la lava avanzó por el Valle de Aridane, arrasando viviendas, cultivos e infraestructuras. La prioridad fue, como siempre, proteger a la población y, gracias a la evacuación preventiva de unas 7.000 personas y al seguimiento constante de los equipos científicos y de emergencias, la erupción no dejó ninguna víctima mortal directa.

Torres volvió a funcionar como ejemplo de comunicación y gestión de emergencia, compareciendo prácticamente a diario junto a los expertos para informar sobre la evolución del volcán, aunque en esta ocasión se dio una diferencia sustancial al estar marcada por la unidad entre las distintas administraciones y por una respuesta coordinada que permitió afrontar la emergencia sin grandes disputas políticas. Pero cuando el volcán se apagó comenzó otra batalla, mucho más lenta: la reconstrucción. Las ayudas y la entrega de viviendas se demoraron más de lo esperado y la burocracia terminó generando frustración entre unos afectados que habían perdido sus casas, sus tierras y, en muchos casos, su forma de vida.

La erupción terminó así convirtiéndose en una de las grandes paradojas del mandato de Torres. La emergencia se gestionó con el precedente de salvar vidas, pero la reconstrucción quedó pendiente y el tiempo ha demostrado que no era un problema que pudiera resolverse en una legislatura. Casi cinco años después, el Valle de Aridane sigue reconstruyéndose a un ritmo más lento del que desearían los afectados. Solo alrededor del 32% de las fincas agrícolas sepultadas han vuelto a recuperarse y todavía hay familias que dependen de ayudas al alquiler o de viviendas provisionales. La inflación, el encarecimiento de las obras y la propia complejidad de recuperar un territorio sepultado por la lava se han sumado a una burocracia que ha ralentizado el proceso.

Torres no pudo cerrar esa herida durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, pero tampoco lo han conseguido los ejecutivos que le sucedieron. El actual Gobierno de Canarias continúa afrontando problemas que arrastra la reconstrucción desde 2021, desde la recuperación de las fincas y las viviendas hasta infraestructuras como la LP-2, cuyas obras no comenzaron hasta finales de 2025 y tienen prevista su finalización para 2027. Al mismo tiempo, Puerto Naos y La Bombilla avanzan poco a poco hacia la normalidad, aunque todavía bajo vigilancia por la presencia de gases volcánicos. La lava se apagó hace casi cinco años, pero para muchos palmeros la crisis todavía no ha terminado.

Y, entre tanta emergencia, tampoco puede olvidarse otro episodio que coincidió con el arranque de la ruta migratoria que marcaría buena parte de su mandato. En febrero de 2020, Canarias vivió uno de los fines de semana más complicados de aquellos años, cuando una calima de una intensidad que no se recordaba en cuatro décadas se sumó a fuertes vientos, mala mar e incendios forestales. Torres llegó a calificarlo como un “fin de semana de pesadilla”. Más de 800 vuelos fueron cancelados o desviados en un solo día, miles de pasajeros quedaron afectados y más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas por los incendios.

De Canarias al Gobierno de España

El episodio resumía, de alguna manera, lo que acabaría siendo su paso por la Presidencia de Canarias. Emergencias que se sucedían, problemas que se solapaban y un Gobierno obligado a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Una experiencia acumulada durante cuatro años que, lejos de quedarse en las islas, terminaría abriéndole las puertas del Gobierno de España. En julio de 2023, Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Su siguiente escenario ya no sería Canarias, sino el conjunto del territorio nacional, donde en 2024 tendría que afrontar las consecuencias de la DANA que golpeó con especial dureza la provincia de Valencia.

El nuevo curso arranca como el más importante de la legislatura. Los líderes políticos ya empiezan a tomar posiciones ante la perspectiva de una larga precampaña electoral que culminará con las elecciones autonómicas y municipales del próximo 23 de mayo de 2027 en Canarias. En esa cita, los ciudadanos de las Islas elegirán de nuevo al Parlamento de Canarias, a sus representantes municipales y a los miembros de los cabildos insulares.

Las últimas elecciones se celebraron en mayo de 2023, cuando se renovó la composición de la Cámara regional y quedó configurado el actual Gobierno autonómico. Cuatro años después, los canarios volverán a las urnas en una cita que tendrá como principales candidatos a los mismos actores que en 2023 pugnaron por la Presidencia del Gobierno regional.

¿Cuándo son las elecciones en Canarias en 2027?

Tanto las elecciones autonómicas como las municipales volverán a coincidir el domingo 23 de mayo de 2027. La fecha se sintonizará también con la prevista para las elecciones municipales en toda España y con las autonómicas de varias comunidades.

Canarias encara así un periodo marcado por la tensión entre la estabilidad de la mayoría parlamentaria y la creciente pugna por definir el panorama político de las próximas elecciones. Con los partidos ya mirando de reojo a las urnas, los movimientos de los principales dirigentes comienzan a estar condicionados por una cita electoral que, aunque todavía está a nueve meses de distancia, amenaza con marcar desde ahora buena parte de la agenda política.

En este contexto, el Gobierno autonómico afronta un curso decisivo. La gestión de los servicios públicos, la financiación autonómica, la vivienda, las políticas migratorias y la relación con el Estado serán algunos de los principales frentes de debate durante los próximos meses, mientras las formaciones políticas comienzan a definir sus estrategias ante las elecciones autonómicas y municipales de Canarias de 2027.

La campaña, de hecho, tendrá un componente especialmente reconocible. El actual presidente, Fernando Clavijo (CC), y su antecesor, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), volverán, previsiblemente, a medir sus fuerzas en una batalla que reeditará el duelo de 2023 por la Presidencia del Gobierno de Canarias, aunque por ahora no se han presentado oficialmente sus candidaturas.

El voto se encarece en Canarias: más de 60.000 nuevos electores

Estas elecciones de 2027 contarán además con otro factor relevante. Y es que el censo electoral de las Islas ha crecido de manera significativa desde las últimas votaciones, mientras el reparto de diputados por circunscripciones insulares permanece sin ninguna alteración.

Desde las autonómicas de mayo de 2023, Canarias cuenta con 66.248 electores más. El censo pasó de 1.788.706 personas en mayo de 2023, según los datos del ISTAC, a 1.854.954 en 2026, de acuerdo con el INE. Un crecimiento del 3,7% que, sin embargo, no se traduce en un aumento del número de diputados que se eligen para representar a las Islas.

Simplemente, se encarece el voto al mantenerse en 70 el número de escaños disponibles en el Parlamento de Canarias. En 2023 había, de media, unos 25.553 electores por diputado, mientras que en 2026 la cifra se sitúa ya en torno a los 26.499. Es decir, cada escaño debe representar ahora a unos 946 electores más que hace tres años. Los candidatos necesitan, por tanto, convencer a una mayor cantidad de ciudadanos para conseguir uno de esos puestos.

Además, como la población y el censo electoral no crecen al mismo ritmo en todos los territorios, se genera un desequilibrio entre las islas. Es el caso de Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo. Ambas eligen a ocho diputados, pero Lanzarote tiene alrededor de 34.000 votantes más que la isla vecina, lo que implica que se necesitan más votos para conseguir uno de esos puestos.

¿Cuántos diputados se eligen en Canarias en 2027?

En estas elecciones se volverán a elegir 70 diputados, el mismo número de escaños que en los anteriores comicios autonómicos. De ellos, 61 corresponden a las siete circunscripciones insulares y nueve a la circunscripción autonómica, creada tras la reforma del Estatuto de Autonomía.

De esta forma, Tenerife y Gran Canaria eligen 15 diputados cada una; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, ocho; La Gomera, cuatro; y El Hierro, tres. Los nueve diputados restantes se eligen en la circunscripción autonómica.

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el encargado de coordinar dentro del Gobierno la situación provocada por la crisis de Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes de hace unas semanas.

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pensado en Ángel Víctor Torres para designarle próximamente como coordinador en esta crisis migratoria de Ceuta.

Y es que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el PP llevaban varios días reclamando un mando único por parte del Gobierno ante la situación provocada por la entrada masiva de migrantes de finales del mes de julio en la ciudad autónoma.

Experiencia en temas migratorios

Desde el Ministerio de Política Territorial defienden que Ángel Víctor Torres cuenta con experiencia en el tema migratorio ya que fue presidente de Canarias y tuvo varias crisis migratoria durante su legislatura.

Además, destacan que dirige un ministerio transversal y que fue el impulsor de la última refoma de la Ley de Extranjería para la reubicación de menores migrantes de Canarias.

Diversos ministros han acudido a Ceuta desde el inicio de esta crisis migratoria y el presidente de la ciudad autónoma ha insistido en crear un mando único para poder centralizar la coordinación entre la administración local y el Gobierno central.

Al respecto, Ángel Víctor Torres acudió a Ceuta el pasado lunes 10 de agosto, cuando se reunió con Vivas. En esta cita, el presidente ceutí pidió al ministro un “plan específico para recuperar la normalidad” en la ciudad.

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, formalizará el próximo 31 de agosto su candidatura para volver a optar a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Torres hará oficial su candidatura durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias que se celebrará ese día en Santa Cruz de Tenerife y que marcará el inicio del nuevo curso político de los socialistas canarios. En este encuentro está previsto, además, aprobar el calendario de primarias que regirá el proceso de designación de la candidatura socialista al Ejecutivo autonómico.

El PSOE Canarias activa el proceso de primarias con la mirada puesta en mayo de 2027

Ese mismo día, el PSOE Canarias celebrará un acto con alcaldes socialistas y, posteriormente, un encuentro con cargos públicos y militantes, con el objetivo de dar comienzo al proceso electoral dentro del partido y a las tareas de movilización orgánica.

Los socialistas canarios afrontan esta nueva etapa con el objetivo de “volver a ganar la confianza mayoritaria” de la ciudadanía, algo que, según destaca el partido, “ha ocurrido en todos los procesos electorales convocados en Canarias desde 2017”, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales y europeas.

Para ello, el PSOE Canarias asegura que seguirá apostando por un proyecto “reconocible y con un liderazgo claro”, centrado en el fortalecimiento de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, las políticas sociales y el acceso a la vivienda.

A esta línea sumará, según los socialistas, el impulso de un modelo de crecimiento económico que combine creación de empleo, cohesión social e igualdad de oportunidades.

El PSOE Canarias afronta así el inicio del proceso electoral convencido de que “representa la única alternativa” para el Gobierno de Canarias y con la intención de construir una propuesta política “amplia, participativa, ilusionante y preparada” para afrontar con garantías los principales retos del archipiélago durante la próxima legislatura.

El tercer capítulo del documental Canarias: 50 años tras la oscuridad podrá verse este fin de semana. Se trata de un episodio titulado La Reparación y dedicado a la lucha de las víctimas del franquismo. Verdad, justicia y reparación es lo que llevan buscando las familias décadas después de la dictadura y hay quienes han dedicado toda su vida a buscar los restos mortales de sus seres queridos a los que han echado en falta siempre. Este capítulo se podrá ver en TVE el próximo domingo 2 de agosto a las 11.00 horas. Un día antes, el sábado 1 de agosto a las 11.00 horas se podrá ver también en TVE el capítulo dos, La Represión.

Debido a los incendios que afectan a la Península TVE se vio obligada a modificar su programación. No obstante, el episodio dos, dedicado a la violenta represión franquista en las Islas puede verse en el Youtube de Canarias Ahora.

El tercer capítulo, que se estrena este fin de semana podrá verse desde este sábado en el YouTube de Canarias Ahora y cuenta con testimonios como el de Pino Sosa, pionera en la lucha por la dignidad de las personas represaliadas en Canarias. En el documental se recuerda su historia y cómo en un pleno en 1987 dijo que había que abrir los pozos del olvido “esos donde fueron enterrados los demócratas entre ellos mi padre”. Su lucha aún sigue porque “todavía me faltan muchos padres y hermanos por conseguir” y añade que “en el cementerio” es donde deben estar “que es donde pertenecen los muertos y no en los fondos de los pozos. Los pozos se han hecho para dar vida”.

También se repasa en el este episodio la lucha de los palmeros. Fue en La Palma donde se llevó a cabo la primera exhumación de una fosa común en Canarias, en 1994, antes de la existencia de leyes de memoria democrática. Félix González, presidente de la Asociación de La Memoria de La Palma y familiar de represaliado del franquismo, explica cómo lo recuerda y qué supuso para la isla. También cuenta lo que significa una palabra como “reparación” y cómo han vivido la desaparición de un ser querido una familia como la suya. Nos lleva además a la cueva donde su tío abuelo llevaba comida a represaliados del franquismo y fue capturado por ese acto de buena fe y después asesinado.

Otro testimonio es el de Paco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de Los cinco de San Lorenzo. Hablará tanto de lo que significa San Lorenzo como lugar de represión como la lucha por recuperar los restos de su abuelo y de otras tantas personas en la Fosa Común de Vegueta. También incidirá en la importancia de acabar con los vestigios franquistas para avanzar hacia la reparación y en que se abran todas las fosas comunes y espacios donde fueron arrojadas las víctimas del franquismo.

Pepe Valencia de la asociación de la Memoria Histórica de Agaete, incide en que para él es importante que se consiga recuperar los restos mortales de todos los desaparecidos aunque fuera su abuelo “el único que no aparezca” porque entiende que “más que como nieto” tiene que hablar “como vecino y persona que tiene que ser empática con los demás”. O la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, que afirma que le indigna ver vestigios franquistas como el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife.

Historiadoras como la catedrática emérita de la ULL Maisa Navarro exponen por qué ese monumento incumple la Ley de Memoria Democrática y cuántos vestigios quedan aún en las calles canarias. El historiador Ricardo Guerra Palmero ahondará en por qué se levantaban estos monumentos en honor al dictador al igual que en la Alemania nazi.

Se vuelve a hablar en este episodio de Juan Negrín y cómo se lucha desde la Fundación por reparar el daño que se hizo a su figura por los bulos que se encargó de promover el franquismo. Para ello se cuenta con José Medina, presidente de la fundación, o Cristina Martín Gómez, historiadora y asesora de la misma.

Para hablar de las exhumaciones y de los trabajos que se han realizado o se siguen realizando, cuenta su experiencia el arqueólogo Javier Velasco, jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

También participan en este episodio el historiador Sergio Millares, la historiadora Raquel Pérez Brito o el profesor jubilado de Geografía Humana de la ULPGC Ramón Díaz.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres hablará de los retos a los que nos enfrentamos con el avance de la ultraderecha y por qué cree que hay seguir divulgando la historia en un momento tan delicado como el actual. “La historia tiene la tentación de que si no se aprende de ella se tiende a repetir lo que se vivió en etapas anteriores”, señala.

Sobre el documental

Producido por Clan de Medios, Canarias, 50 años tras la oscuridad, desglosa en tres capítulos (El Golpe, La Represión y La Reparación) la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas. Consecuencia de ello se va a generar una brutal represión. Muchos de los desaparecidos en el archipiélago no saben de qué fueron acusados. Sindicalistas, maestros, personas humildes… Miles de víctimas directas e indirectas. Víctimas que a día de hoy siguen buscando reparación, ya que creen que pese a los avances de las leyes de memoria democrática no se han cerrado las heridas.

El primer capítulo, El Golpe, se estrenó el pasado 17 de julio en el Museo Elder que llenó por completo su aforo; un estreno que contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recordó cómo se puede retroceder en derechos “de un viernes a un sábado” como ocurrió en 1936. El capítulo se emitió al día siguiente en TVE y ya se puede ver en el YouTube de Canarias Ahora.

El capítulo dos, La Represión, se puede ver ya en el YouTube de Canarias Ahora y se podrá ver en TVE el próximo sábado a las 11.00.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ponga a la venta el conocido como monumento a Franco, dadas sus reticencias para retirarlo de la vía pública en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Así se ha expresado el ministro en una entrevista en el programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias, en la que ha ironizado diciendo que tal vez alguien lo quiera comprar y colocarlo en su propio jardín. El ministro ha continuado poniendo como precio los supuestos 45 millones que, según el alcalde de Santa Cruz, vale la obra, añadiendo que así el consistorio tendrá fondos para construir vivienda pública.

Torres ha recordado que dicho monumento, que tiene que ser retirado de la vía pública antes de seis meses, no ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no puede ser resignificado, como han propuesto diferentes concejales del PP en el Ayuntamiento, socios de Gobierno de Bermúdez.

El Ayuntamiento, gobernado por CC y el PP, lleva años retrasando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática bajo diferentes pretextos, una vía que se ha agotado en el momento en el que, este mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y el PP, en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

Cabe recordar que dicha obra, denominada Monumento a la Victoria pero conocida popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurada en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. La Comisión Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, considera que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

Por todo ello, y habiéndose rechazado por los expertos del Gobierno canario su catalogación como BIC, no cabe otra salida que su retirada de la vía pública, para lo cual el Ayuntamiento dispone de menos de seis meses. Transcurrido ese plazo, si no lo ha retirado, “lo hará el Estado”, como el propio Torres advirtió a comienzos de julio.

El alcalde ha señalado en diversas ocasiones que cumplirá la Ley, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna gestión para iniciar el proceso de retirada de los numerosos vestigios franquistas que aún se aferran a las calles de la ciudad.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este martes la actitud del secretario general del PP, Miguel Tellado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por asegurar que la Ley de Memoria Democrática “será derogada” cuando los populares lleguen al poder.

Tellado, en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el pasado 13 de julio, en Madrid, insistió en que “la ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”.

Al ser preguntado por las declaraciones del secretario general de los populares, Torres manifestó que ambos dirigentes, “están demostrando que están en la involución”, y que, además, con respecto a las palabras del secretario general del Partido Popular, considera como algo “antidemocrático” querer derogar la ley que protege “a quienes han conseguido con su sacrificio que hoy disfrutemos de una libertad y una democracia en la que ellos pueden ser representantes políticos”, puntualizó el expresidente canario.

De esta manera, Torres recalca que tanto Tellado como Ayuso “se colocan en el lado incorrecto de la historia”.

Asimismo, el ministro ha cuestionado las palabras de los populares cuando aseguran que con Franco se vivía mejor. “¿Cómo se puede vivir mejor con un dictador que sepultaba los derechos conseguidos, por ejemplo, por las mujeres?”.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha subrayado que “todo lo que hemos conseguido en la Transición Democrática en los años posteriores ha sido gracias a esos valores que hemos podido recuperar que existían en la República”.

Por último, el ministro ha querido “dar una mala noticia” a los populares, y es que “no van a derogar nada” porque, ha asegurado, para después de las elecciones de 2027, “vamos a seguir nosotros gobernando nuestro país, y defendiendo los derechos de las personas, la igualdad, la justicia, y por supuesto, la dignidad de las personas que dieron su vida por tener nososotros hoy la democracia”, ha concluido Torres.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas que conciernen a Canarias. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que las ha considerado “importantes”.

Según él mismo ha explicado en un vídeo difundido en sus redes sociales, el Consejo de Ministros ha autorizado la titularidad del operador para la futura Central Hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife. Se trata, según ha manifestado, de “un paso más en la apuesta por las energías renovables” en el archipiélago.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado dotar con otros 44 millones de euros a las Islas para Dependencia. En la misma línea, se ha dado luz verde a otros cuatro millones para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados en las Islas. Y otros 8,5 millones para el tratamiento de agua desalada.

En total, más de 50 millones de financiación del Estado para distintas partidas en las Islas.

Por último, Torres ha indicado que también se ha autorizado al Gobierno de Canarias el uso de 300 millones en deuda a corto plazo.

La nueva central en Güímar

La nueva central comenzará a operar “a mitad de la próxima década” y promoverá la descarbonización del eje energético que conforman esta isla y La Gomera. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha subrayado que, con el acuerdo alcanzado este martes, el Gobierno de España dice “adelante con este proyecto”, que va a suponer una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará unos retornos económicos importantes, ya que la futura central permitirá ahorrar del orden de 200 millones de euros al año en generación de electricidad.

“En poco más de cinco años se va a amortizar, se va a recuperar totalmente esa inversión y es una infraestructura que tiene una vida útil de décadas y de décadas”, ha aseverado.

Además de una inversión rentable para el sistema eléctrico, será positiva para los consumidores, porque permitirá incorporar más energías renovables y evitar depender de combustibles fósiles que “vuelven a estar carísimos a nivel internacional”, ha añadido.

Groizard ha dicho que un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife podría quedar cubierta por este sistema de bombeo, que permitirá almacenar el excedente generado por los parques eólicos y solares en forma de agua embalsada en altura, que se transforma de nuevo energía cuando se precise dejándola caer hacia unas turbinas.

La futura central de Güímar tendría así un funcionamiento similar a la que ya está en construcción en Gran Canaria, el Salto de Chira.

“Hablamos de entre 200 y 220 megavatios de potencia pico y unas 16 horas de almacenamiento. Es decir, esa es una megabatería, es una gran pila al servicio del sistema que va a permitir dotar de seguridad de suministro y permitir una mayor integración de renovables para Tenerife y La Gomera”, ha referido.

El acuerdo adoptado este martes “activa el mandato que se da a Red Eléctrica de hacer el trabajo de ingeniería, presentarlo a la ventanilla de la comunidad autónoma de Canarias, que va a ser quien haga la evaluación ambiental y el trámite administrativo de este proyecto”.

En paralelo, el Gobierno a lo largo de este año va a definir “cómo y cuánto se paga”.

Esa inversión de 1.000 millones de euros hay que convertirla en unos parámetros técnicos, económicos, una regulación que va a explicar exactamente cómo se regula y eso estará a lo largo de este año, ha dicho.

En cualquier caso, ha aclarado que “hablamos de proyectos que entre su tramitación y su construcción” se prolongarán en torno a una década, pero “a mitad de la década que viene Tenerife contará ya con su bombeo reversible, al igual que lo va a hacer muy próximamente la isla de Gran Canaria”.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha reprochado este lunes al Partido Popular de las islas que siga “dedicando más tiempo a atacar a Ángel Víctor Torres que a resolver los problemas reales de Canarias”, después de la rueda de prensa ofrecida este mismo lunes por los populares para valorar, de nuevo, el dictamen de la comisión de investigación sobre el denominado caso Mascarillas, que la pasada semana ya fue objeto de debate parlamentario.

Fierro calificó la comparecencia como “una rueda de prensa trasnochada” y sostuvo que constituye “el mayor ejemplo de utilización política y partidista” de una comisión de investigación. “Han vuelto a valorar lo ya valorado. No tienen nada nuevo que aportar y solo pretenden estirar el chicle de una comisión cuyo recorrido político terminó la pasada semana en el Parlamento”.

La dirigente socialista cuestionó además la utilidad de la comparecencia de los populares. “¿Alguien me puede decir qué ha aportado hoy el Partido Popular? Nada. Exactamente lo mismo que está aportando a la política canaria: nada. Canarias necesita propuestas y soluciones, no ruedas de prensa para repetir lo que ya se debatió y quedó suficientemente aclarado”, señaló.

Fierro lamentó que los populares mantengan una estrategia basada en la confrontación en lugar de centrarse en los principales desafíos del Archipiélago. “Ojalá dedicaran la mitad del tiempo que dedican a hablar de Ángel Víctor Torres a gestionar la vivienda, la sanidad pública o la sostenibilidad. Canarias necesita soluciones, no una oposición instalada permanentemente en el ruido”, añadió.

Asimismo, rechazó las peticiones de dimisión formuladas por el PP y preguntó: “¿Dimitir por qué? ¿Por haber conseguido el Gobierno de Canarias cinco millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando escaseaban en todo el mundo, y que contribuyeron a salvar vidas? ¿O por haber tomado decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud tras conocerse lo ocurrido con RR7?”.

En su opinión, ambos hechos demuestran precisamente el ejercicio de la responsabilidad política. “Ángel Víctor Torres defendió el interés general cuando Canarias más lo necesitaba. Garantizó la llegada de material sanitario imprescindible en plena emergencia y, cuando fue necesario, tomó decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud. Eso es actuar con responsabilidad”, afirmó.

Fierro consideró que la actitud del Partido Popular responde a la frustración por no haber logrado el objetivo político que perseguía con la comisión de investigación. “El Partido Popular está actuando como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta. Con el tiempo se le pasará. Tiene cura: asumir la realidad electoral y aceptar que no todo vale para intentar desgastar al adversario político”, manifestó.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias añadió que el PP de Canarias está “más preocupado por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo”, que decidirá sus próximos candidatos en el Archipiélago, que “por defender los intereses de esta tierra”.

Fierro aseguró que, “si alguien debería plantearse una dimisión por dignidad política, es el líder del Partido Popular de Canarias, que ordenó a los diputados canarios de su partido votar en contra del reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Eso sí fue actuar contra Canarias, dando la espalda a una tierra que necesita solidaridad y corresponsabilidad del conjunto del Estado”.

La dirigente socialista concluyó afirmando que el PSOE Canarias seguirá centrando su acción política en construir una alternativa de gobierno que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, frente a “un Partido Popular instalado en la confrontación permanente y alejado de las preocupaciones reales de los canarios y las canarias”.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa” la ponencia apoyada en el Parlamento de Canarias por CC, PP y Vox sobre el llamado caso Mascarillas y ha señalado que responde a un intento de “mancillar” su imagen y la gestión del anterior Gobierno autonómico.

Así se ha expresado el expresidente del Ejecutivo canario en una publicación en su perfil de X, donde ha asegurado que “Canarias hizo un magífico trabajo durante la pandemia” al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y ha denunciado que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de “difamación, acoso, insidia e injuria”, por partidos políticos y medios “a su servicio”.

A su juicio, el documento aprobado en la Cámara regional omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, archivaron el expediente de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso, además, el órgano fiscalizador avaló “la legalidad” de los contratos con las entidades.

“Es absolutamente manipulador, porque cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas que pasaron por la comisión de investigación”, ha denunciado el dirigiente socialista.

Además, Torres critica que estos partidos comparan la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares, por ejemplo.

“Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión, la del Pacto de la Flores, de la que nos sentimos orgullosos”, ha recalcado el ministro canario.

Torres ha lamentado también que la comisión terminara siendo “un paripé” y ha reprochado que se filtrase información, “a un periódico” que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios, y recuerda que, “al día siguiente, el presidente de la comisión, en vez de denunciar la filtración, lo que hizo fue atacar a Torres”, lo que para el dirigente socialista significa que “estamos ante una ”instrumentalización política y partidaria“.

Pese a ello, ha asegurado a los canarios y canarias que seguirán adelante con un trabajo “serio, riguroso, permanente, honesto y honrado” y ha reconocido que su Gobierno puede “cometer errores”, aunque siempre, ha dicho, “dando la cara por el bienestar de la gente de nuestra tierra”, concluye Torres.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles en el pleno de la Cámara regional que la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia nació con un “veredicto escrito de antemano”, y que fue utilizada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) como una herramienta de “confrontación partidista” para intentar desacreditar al anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Durante su intervención en el debate del dictamen de la comisión de investigación, Fierro sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y VOX.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas relativas a Canarias que el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantes” para las Islas. Entre ellas está la modificación del límite de gasto para las comunidades autónomas, que se eleva del 3,2% fijado por Europa, hasta el 4%. En este punto Torres ha expuesto la incongruencia del PP de Canarias en las votaciones al respecto y ha señalado que el próximo día 14, cuando se vote esta regla en el Congreso de los Diputados, se verá “quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, en referencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asian (PP).

Ya este lunes, el Gobierno central trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”, según lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno también trasladó a las comunidades que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Torres ha detallado que el nuevo objetivo es “mejor que el anterior”, pues eleva la cifra del 3,2% al 4%. Esto, ha abundado, significa “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda... es decir, para el estado del bienestar”.

Torres ha recordado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian (PP), se abstuvo cuando se propuso en 3,2% de objetivo de déficit, y sin embargo votó en contra del 4% este lunes “por orden de su partido político”. El ministro ha añadido que este nuevo objetivo de déficit se votará en el Congreso el próximo 14 de julio, y que ese día se verá cuál es el voto de los distintos grupos políticos: “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, ha concluido.

Este martes, el Consejo de Ministros también dio luz verde a ampliar hasta los 23,1 millones las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias frente a la Guerra de Irán. En un primer acuerdo con el Gobierno regional, las ayudas superaban los 15 millones de euros por parte del Estado, mientras que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aportaba algo más de 14 millones.

Sin embargo, tras alargarse el conflicto, y tras un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno central se comprometió a incorporar otros 7,8 millones de euros adicionales, lo que, en suma, eleva a 23,1 las ayudas.

Canarias recibirá 83 de los 92 millones de euros aprobados por el Gobierno para reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese, según ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, destinada a financiar obras de reparación en infraestructuras municipales y en la red viaria insular y provincial afectadas por emergencias de protección civil registradas entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026.

Torres ha asegurado que Canarias fue la comunidad autónoma más afectada por la borrasca y ha destacado que el Ejecutivo central cubrirá hasta el 50% del coste de las obras ejecutadas por ayuntamientos y cabildos.

En el caso de Tenerife, el Cabildo cifró los daños en más de 33 millones, mientras que el de Gran Canaria calculó más de 28 millones. La Gomera, por su parte, elevó la cifra a 42,7 millones.

“Es una muy buena noticia para los ayuntamientos y para los cabildos canarios”, ha afirmado el ministro, quien ha precisado que las administraciones locales podrán presentar sus solicitudes hasta las 15.00 horas del próximo 30 de julio.

Según el extracto publicado en el BOE, el importe máximo de las subvenciones asciende a 92.017.358 euros para el conjunto del país y podrán beneficiarse las diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco, Asturias y Murcia.

Las ayudas financiarán en hasta un 50% de su coste proyectos de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, así como actuaciones en redes viarias insulares y provinciales dañadas como consecuencia de catástrofes naturales.

Las solicitudes se podrán presentar desde las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE y se cumplimentarán y presentarán de forma electrónica, a través de la aplicación informática 'AURA-Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales', accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El Gobierno de España va a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 7,8 millones de euros adicionales a los 15,3 millones acordados en marzo pasado, como compensación por el decreto de extensión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta un total de 23,1 millones.

El acuerdo ha sido hecho público por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia ante la prensa en la que han rechazado contestar a preguntas ajenas a este asunto, entre ellas el acuerdo de PP y Vox en Andalucía y la personación de la Abogacía del Estado en relación con las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España de marzo pasado, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en Canarias.

Ante la protesta del Gobierno de Canarias, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones de euros, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según han explicado Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones de euros.

Torres ha anunciado que la transferencia específica y extraordinaria de los 23,1 millones de euros que suman las ayudas a Canarias por la guerra en Oriente Medio se aprobará en el Consejo de Ministros.

“Canarias ya puede contar con esos 23,1 millones de euros una vez el acuerdo quede formalmente aprobado el martes”, ha garantizado Ángel Víctor Torres.

Ha añadido que, si hubiera un nuevo real decreto-ley porque se extienden las ayudas por la guerra en Oriente Medio, se hará “exactamente lo mismo”, es decir, articular la correspondiente compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias, ha afirmado el ministro de Política Territorial.

Fernando Clavijo ha confirmado que, así como en el anterior decreto Canarias tuvo que reclamar las medidas compensatorias apropiadas, en este caso las conversaciones han sido previas.

“Este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades de Canarias y con la ciudadanía canaria”, ha dicho el presidente autonómico.

Para Clavijo, a pesar del “despiste inicial” del Ejecutivo central, el Gobierno de España “ha mostrado voluntad para corregir esa situación y compensar a los canarios, de forma que no queden en una situación de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español”.

Clavijo ha señalado que el coste total de las compensaciones que aplica Canarias por la guerra en Oriente Medio supera los 60 millones de euros, de manera que las ayudas del Estado cubren alrededor de un tercio.

Entre las medidas prorrogadas hasta el 30 de septiembre para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en Canarias figura el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles y la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en un 99%.

No obstante, está prevista la supresión o graduación de las medidas según la variación de los precios del combustible.