Los cuerpos localizados en una fosa común en Mirones (Miera) son los de Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, tres soldados republicanos que fueron fusilados y arrojados al río de esa localidad y enterrados por vecinos de la zona.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer, en sus redes sociales, que los equipos forenses de su departamento han cotejado los restos y confirmado que son los tres soldados cántabros, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado mes de noviembre en la zona donde uno de los vecinos que los enterró dijo a la familia que habían dado sepultura a los soldados.

Investigadores de la sociedad Aranzadi encontraron los restos el 28 de noviembre con motivo del proyecto impulsado por la Asociación Héroes de la República y la Libertad.

Ángel Víctor Torres ha comunicado, por teléfono, a las familias de los soldados que los cuerpos hallados en Miera son los de sus parientes. “Ha sido un gesto y un acto absolutamente emocionante”, ha afirmado el ministro.

El responsable de Memoria Democrática del Gobierno central ha asegurado a los familiares que su equipo se pondrá en contacto con ellos para hacerles entrega de los cuerpos de esos tres soldados, fusilados en 1937 cuando intentaban volver del frente a su localidad natal: Castro Urdiales.

Para su regreso a casa, los tres soldados decidieron ir a pie por la montaña y, en la zona de Miera, fueron localizados por un grupo de falangistas que les fusilaron y les tiraron al río.

Un grupo de vecinos de Miera recogieron los cuerpos y los enterraron junto al cementerio, donde han sido localizados sus restos, gracias a que uno de esos ciudadanos, ya fallecido, se lo comunicó a uno de los familiares de los soldados.

En sus llamadas a los familias de los tres soldados, estos parientes han agradecido al ministro la localización de los cuerpos y la confirmación de que son sus familiares.

“Después de 80 años vuelven a casa”, ha agradecido uno de los familiares de Alejandro Miquelarena, mientras que el nieto de Cecilio Romaña ha asegurado, entre lágrimas, que le ha dado “un calambrillo” al oír a Torres confirmar que en la fosa de Miera estaba el cuerpo de su abuelo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que la próxima semana se va a convocar la conferencia territorial, que va a ser en Canarias -ya que se va rotando por diferentes zonas de España-, con todos los consejeros de Memoria Democrática de todas las comunidades autónomas.

Ahí, agregó el ministro a preguntas de los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), “se pondrá sobre la mesa la subvención del año 2026”. “Y espero que nadie vote en contra de una justicia que es que esos fondos vayan destinados para realizar exhumaciones”, ha remarcado.

El ministro ha señalado que en estas subvenciones “habrá una importante partida” que cree que “estará por encima de los 600.000 euros” para Andalucía, por lo que espera que se puedan cerrar otros convenios con la Junta, ya que, ha lamentado, “en los últimos años hemos tenido series de dificultades para poder realizarlos” pero el Gobierno de España “está en disposición de poner los fondos que sean precisos”.

“Esos convenios establecen un 50%, aparte de los 600.000 euros que aportamos a la comunidad autónoma, para trabajar en las grandes fosas y también en otras circunstancias que no se han podido acometer en los últimos años. Haremos el máximo de los esfuerzos y espero también que la Junta de Andalucía responda al respecto”, ha concluido.

Por otro lado, Torres ha destacado este jueves que desde el año 2019 se han podido exhumar restos de “unas 4.000 personas” de fosas comunes en Andalucía y que, en el conjunto de España, quedarían los restos de “unas 10.000, susceptibles de ser exhumadas”, ya que aunque “habría unas 20.000, lamentablemente muchas nunca van a poder ser recuperadas” al existir fosas que son “imposibles de acceder” al encontrarse “en cimas, en el mar o en pozos inaccesibles”.

El ministro ha acudido en Minas de Riotinto (Huelva) a un acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado por mantenerse leal a la República y enterrado en una fosa común.

Finalmente ha subrayado que “la voluntad” de su Ministerio del Gobierno de España es “que no haya ni una sola persona que pueda ser y no sea finalmente exhumada” por parte de “las administraciones que están compelidas”.

El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado haber dado o recibido órdenes en favor de la trama del caso Koldo para la compra de mascarillas durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa del presunto comisionista Víctor de Aldama.

Lo mismo ha hecho la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

Esta primera sesión ha comenzado con la lectura de los informes remitidos por Armengol y Torres en calidad de testigos, un privilegio que había autorizado previamente la Sala en cumplimiento con la ley que les exime de comparecer presencialmente, de responder a un cuestionario de preguntas y de no ser repreguntados.

El Supremo estableció que el contenido de esos informes debía ajustarse a lo que relaciona el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre la influencia y la facilitación de relaciones de la trama con las administraciones autónomas que presidían, Baleares y Canarias.

La letrada de la administración de Justicia ha comenzado leyendo el informe de Armengol, en el que la presidenta de Baleares entre 2015 y 2023 ha asegurado que “desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo”, ya que ella “no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar”.

Torres: “No di ni recibí órdenes en favor de la empresa de Aldama”

Por su parte, Torres ha dicho que se enteró de la tramitación de los expedientes de emergencia de compra de mascarillas cuando en julio de 2020 le contactó Koldo para trasladarle su “preocupación por la falta de respuesta por parte de servicio canario de Salud a la entrega de mascarillas por Soluciones de Gestión”.

Tras esa llamada, y “verificar que existían compromisos de cumplimiento entre el servicio canario de Salud y la mercantil”, hizo un “seguimiento de expedientes respetando las decisiones que el servicio canario entendía más adecuadas”.

Es decir, “únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones las hizo el servicio canario”, por tanto, “no di ninguna orden ni formalice decisión a favor de la mercantil”.

Torres ha explicado que se realizaron dos compras de material sanitario por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión, cuyos expedientes fueron tramitados “con rigor técnico y administrativo, no habiéndose percibido riesgos de ilegalidad en la tramitación”.

Armengol: “Nunca recibí ordenes o presiones para contratar con una determinada empresa”

“Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión”, ha explicado la presidenta del Congreso.

Por tanto, “nunca recibí orden o presión para efectuar compra o contrato alguno ni supe de ningún cargo que recibiese órdenes o presiones para que se comprara a determinados proveedores”.

Armengol ha explicado que en las primeras semanas de la pandemia, “el mercado ordinario (de mascarillas) había desaparecido” por lo que “se aprobó el marco legal necesario para afrontar contrataciones de emergencia” y poder así “abastecer a la población”.

En este contexto, se trasladó a distintos miembros del Govern que cualquier contacto u oferta se derivase al servicio de Salud, encargado de evaluar propuestas con arreglo a criterios técnicos.

Fue entonces, ha continuado, cuando Koldo contactó con la administración balear ofreciendo la posibilidad de participar en la compra de material sanitario liderado por el Ministerio de Transportes, si bien ella ha precisado que no recuerda ni tiene constancia de haberse intercambiado mensajes con el exasesor.

“No he hablado con García ni con otra persona sobre expedientes de compras” y sobre Ábalos “nunca mantuve conversación sobre compra de material sanitario, ni me ofreció llevarlo a cabo”, precisando que las únicas conversaciones que mantuvo con el entonces ministro se refirieron al cierre de puertos y aeropuertos.

En relación a Aldama ha dicho que “desconocía su papel en esta causa hasta que fue pública”, por lo que nunca habló con él. Baleares aprobó una compra de mascarillas de Soluciones de Gestión y rechazó una segunda en aplicación de criterios técnicos.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado este lunes de que mantendrá una reunión con el Ejecutivo canario para abordar el llamado Decreto Canarias. Se trata de un conjunto de medidas que exige la comunidad autónoma al Estado y que, según el Ejecutivo regional, coincide con lo pactado entre el PSOE y CC para la investidura del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, según el Gobierno central y según ha explicado también el PSOE en diversas ocasiones, se trata de cuestiones diferentes, ya que incluye hasta un 80% de medidas nuevas, no pactadas previamente y, por tanto, distintas a la denominada Agenda Canaria.

Torres ha señalado que en el marco de las reuniones bilaterales previstas entre ambos gobiernos sobre diferentes asuntos se tratará también el contenido del Decreto Canarias, aprobado por el Parlamento regional, aunque solo por los partidos que sustentan al Ejecutivo regional (PP, CC, ASG y AHI) y con el rechazo de la oposición (PSOE, NC y Vox). De hecho estos partido tacharon ese “decreto Clavijo” de ser un “paripé”, una “carta a los reyes magos” que persigue el enfrentamiento y el “teatro político” por interés electoral, y ser un documento que mezcla cuestiones que no tienen sentido ni relación en “una apuesta personal” de Clavijo “para sacarse una foto”.

Para poder “avanzar” en este decreto, ha dicho Torres, se convocará una reunión por parte de su Ministerio.

El ministro ha efectuado estas declaraciones tras anunciar junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el acuerdo por el que el Estado destinará a las islas 15 millones de euros hasta el 30 de junio para poder hacer frente a la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel Contra Irán.

Torres ha calificado de “buenas” las relaciones entre el Ejecutivo canario y el Gobierno central, aunque ello no signifique que mantienen diferencias, “lógicamente”.

Así mismo, ha dicho que tanto los ministros como el presidente Pedro Sánchez mantienen reuniones para tratar de que la Comisión Europea amplíe el plazo de ejecución de los fondos Next Generation para evitar la pérdida de más de 260 millones de euros en proyectos de transición energética y descarbonización.

Hay una mandato de la Comisión para que se terminen este verano los proyectos y se justifiquen los fondos antes de que concluya 2026, ha recordado Torres, quien ha recalcado que el Gobierno central “está intentando” que se amplíe ese plazo.

“Se informa periódicamente al Gobierno canario y a sus consejeros y están al albur de que esa petición pueda ser satisfecha por parte de la Comisión Europea”, ha dicho el ministro. 

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha reivindicado “el cumplimiento de la legalidad” en las adjudicaciones de contratos durante su etapa en el Gobierno de Canarias com presidente, replicando a las sospechas del PP sobre una obra adjudicada a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) que la actual consejera del PP de Canarias ha aplaudido dicha licitación.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines le ha preguntado al ministro sobre este contrato que se adjudicó cuando Torres era presidente de Canarias.

Sin embargo, el ministro ha vuelto a negar que cenara con el constructor Jose Ruz -dueño de la empresa Levantina- días antes de la adjudicación del contrato en el Gobierno de Canarias, acusando al PP de “propagar ese bulo”.

Torres ha continuado explicando que cuatro días después de esa “supuesta cena que no se hizo” el Gobierno canario adjudicó una obra, “que, según la actual consejera del Gobierno de Canarias, del PP, es impoluta e impecable”.

Del mismo modo, ha defendido que la directora de la Agencia Tributaria ha analizado esta obra después de la denuncia y ha sentenciado que “había cumplimiento total de la legalidad”.

“La consejera actual del Gobierno de Canarias ha felicitado esa licitación. Y como usted es lo que me pregunta si yo voy a estar en esta cartera, pues estaré creo que al menos al mismo tiempo que usted como diputado”, ha sentenciado Torres.

El Gobierno de España, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado el 3 de marzo de 2026 una declaración de “condena” de la “actuación desproporcionada” de la Policía Armada en una iglesia de Vitoria el 3 de marzo de 1976 y de “reconocimiento” y “homenaje” a todas las víctimas, tanto los cinco fallecidos como las decenas de heridos de bala y por otro tipo de lesiones. La resolución pone nombre y apellidos a los asesinados, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, Franscisco Aznar y José Castillo, remarca que “la lucha obrera” de aquellos años “fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades” tras el largo túnel del franquismo y remarca la “trascendencia histórica” de lo acontecido para Vitoria, para Álava, para Euskadi y para España.

El acuerdo no señala a los responsables con sus nombres y apellidos, ni a los policiales -Rafael Landín como gobernador civil de Álava y Jesús Quinta Saracíbar como capitán de la Policía Armada- ni a los políticos -Carlos Arias-Navarro como presidente del Gobierno, Manuel Fraga como ministro del Interior y Rodolfo Martín Villa como responsable de Relaciones Sindicales-. Se puede leer aquí una reconstrucción de los hechos con base en documentos “confidenciales” de las fuerzas de seguridad de la época y de la CIA. E insiste el Gobierno en que este paso no es algo excepcional sino que “reafirma” los pasos dados por el actual Ejecutivo en los últimos años. Se explica que la iglesia donde se produjeron los hechos, San Francisco de Asís en Zaramaga, es ya “lugar de memoria”, que el Estado ha aportado 0,6 millones para la puesta en marcha allí mismo de un Memorial y que las víctimas también “han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales”.

El documento lleva por título “declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz” y de “condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos sucesos” por el que “se reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación”. La resolución, propuesta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, arranca con la constatación de que “el 3 de marzo de 1976, hace 50 años, la ciudad de Vitoria-Gasteiz fue escenario de uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en los inicios del proceso de transición hacia la democracia”.

Y prosigue: “En Vitoria-Gasteiz se produjo un amplio conflicto laboral de las principales industrias de la ciudad con miles de trabajadores en huelga, quienes solían celebrar asambleas para debatir y decidir colectivamente sus reivindicaciones. Así, aquella tarde del 3 de marzo de 1976, miles de personas se habían reunido en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga, para participar en una asamblea conjunta en el marco de la tercera huelga general convocada en apoyo a los trabajadores movilizados. Sin que constara incidente previo que lo justificara, las fuerzas policiales rodearon el templo e intentaron impedir la celebración de la asamblea. Tras la negativa de los reunidos a abandonar el recinto, se ordenó el desalojo. La Policía Armada lanzó botes de humo en el interior de la iglesia, un espacio cerrado y abarrotado, provocando escenas de asfixia, angustia y pánico. Quienes intentaban salir eran recibidos con cargas y golpes. En el exterior, en medio de la confusión y la tensión, la Policía armada comenzó a efectuar disparos con munición real”.

Se recalca que “la gravedad de los hechos causó una profunda conmoción en todo el país y dejó una herida duradera en la sociedad alavesa, vasca y española”. “Aquella movilización formaba parte de un movimiento obrero que, en condiciones de ausencia de libertades sindicales y políticas, había construido espacios de participación y deliberación colectiva a través de las asambleas. Las reivindicaciones salariales y laborales se entrelazaban con una aspiración más amplia de dignidad, derechos y reconocimiento. No se debe olvidar, que la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades y a la consolidación de un sistema democrático basado en el pluralismo, la negociación colectiva y el respeto a los derechos sociales”, se puede leer.

El Estado agradece a las víctimas y a la asociación Martxoak 3, expresamente, haber “mantenido viva la llama de lo sucedido” durante décadas. “En esta declaración institucional, el Gobierno de España expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. Asimismo, condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos lamentables hechos y reconoce el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familiares, y la trascendencia histórica de lo sucedido. El Gobierno de España reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática, convencido de que la consolidación de nuestra democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia”, indica también.

La resolución concluye que “cincuenta años después de aquellos hechos, el Gobierno de España considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Vitoria-Gasteiz y del conjunto de la sociedad alavesa, vasca y española”. “Y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”, cierra.

Las reflexiones de Martín Villa con 91 años

En paralelo, el exministro en 1976 Martín Villa, procesado en Argentina por estos hechos pero nunca juzgado en España, ha concedido dos entrevistas, a Radio Vitoria y RTVE. A sus 91 años, se queda en considerar lo sucedido como “una suma de errores horribles”. “Las dificultades fueron manifiestas y las responsabilidades totales. Colocarlas en personas concretas…me siento incapaz”, sostiene sin pedir disculpas.

A título individual, añade: “En ese tema yo no tenía las responsabilidades sobre las actuaciones policiales, pero ciertamente me he considerado muy cerca de lo que allí pasó y tengo un sentimiento de rabia y dolor por no haber podido evitarlo”. “Había muerto Franco y había una explosión de las libertades. Se sabía lo que queríamos ser, pero no cómo llegar a serlo. Lo que hoy parece sencillo, en aquel momento no lo era. Yo soy un reformista, me ha tocado serlo y los ciudadanos se inclinaron por la reforma para hacer lo mismo que pretendían los rupturistas, pero sin que al Gobierno se le fuera de las manos la seguridad ciudadana. Explicarlo ahora es difícil”, opina también.

En puertas del quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, ha enviado a 29 personas relacionadas con la masacre cometida por la Policía Armada en una iglesia de Vitoria -incluidas las familias de los cinco asesinados- cartas de reconocimiento en las que, con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022, se asume que sufrieron una “violencia injusta” por parte del Estado, todavía franquista a pesar del fallecimiento del dictador Francisco Franco unos pocos meses antes. La asociación de víctimas Martxoak 3 agradece el “gesto”, según exponen a este periódico, pero recalca que aún no tienen la consideración de “víctimas” como tales.

Sí tienen ese reconocimiento con base a la normativa autonómica de violencia policial, una regulación foral alavesa también les procuró en 2008 indemnizaciones equivalentes a las del terrorismo, pero insisten en la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad. “Somos víctimas de ese franquismo sin Franco, denunciamos el insoportable modelo de impunidad español y reivindicamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, defienden desde la asociación, que recalca que este jueves el Parlamento Vasco debatirá una resolución al respecto.

Andoni Txasko, portavoz de la plataforma y él mismo herido en 1976, apunta que la carta del ministro “no viene acompañada de la exigencia de reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes”. Piden una “declaración oficial” del Estado que “desmienta” la versión construida en su momento por las autoridades posfranquistas.

Las 29 personas reconocidas son los cinco fallecidos en Zaramaga -José Castillo, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Pedro María Martínez Ocio y Bienvenido Pereda-, heridos de bala, lesionados por otros motivos y personas encarceladas por participar en las movilizaciones obreras que se vivían en la Vitoria de aquellos meses, de cuyas condenas se dice que carecieron de legitimidad. Igualmente, han recibido una misiva similar los allegados de Vicente Antón y Juan Gabriel Rodrigo, fallecidos en cargas policiales ocurridas en Basauri y Tarragona, respectivamente, que buscaban sofocar las protestas en solidaridad con Vitoria.

Martxoak 3 ha puesto como ejemplo para España el caso de la matanza de catorce personas en 1972, el conocido como Bloody Sunday en Derry, en Irlanda del Norte. Allí “el Gobierno británico asumió en 2010 su responsabilidad”, insisten. Una delegación de familiares de esas víctimas estará en Vitoria en los actos del quincuagésimo aniversario.

En los últimos años, además de las cartas, el Estado ha declarado como “lugar de memoria” la iglesia de San Francisco de Asís donde se celebraba la asamblea obrera que fue disuelta a tiros por la Policía Armada. Es una categoría que han alcanzado muy pocos lugares en Euskadi y son la Gernika bombardeada por los nazis en 1937, la Eibar que declaró la II República en 1931 y el puente fronterizo con Francia de Irún. Asimismo, se ha comprometido -tras un acuerdo de Pedro Sánchez con EH Bildu- a aportar 0,6 millones para el Memorial que se proyecta desde hace un lustro y que está impulsado por las instituciones locales.

Aunque los actos centrales del aniversario serán el propio 3 de marzo, con homenaje en Zaramaga a las 17.00 horas, el momento en que se produjeron los hechos, y una marcha desde la catedral hasta la Virgen Blanca a partir de las 18.30 horas, ya este sábado habrá un gran homenaje a las víctimas en el palacio de congresos Europa. Será a las 19.00 horas. El aforo es “limitado”, de 721 plazas, y la asociación pide “comprensión” por la previsible falta de espacio. Se habilitará otra sala de 450 plazas para ver el acto por televisión. Asimismo, también el jueves 26 habrá otro homenaje en el descanso del partido del Baskonia.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha llegado a media tarde a La Moncloa con una carpeta bajo el brazo en la que llevaba por escrito los “incumplimientos” de Pedro Sánchez. Pradales llevaba semanas demandando una “reválida bilateral” al presidente del Gobierno, un encuentro para medir el grado en el que se van desarrollando los compromisos adquiridos, particularmente en lo tocante al cumplimiento del Estatuto de 1979. Finalmente, este martes ambos mandatarios han podido departir durante casi una hora y media.

No se trata de romper la baraja —entre otras cosas porque el PNV necesita de los socialistas en la mayoría de instituciones vascas, incluido el Gobierno autonómico—, pero los nacionalistas llevan tiempo elevando el listón de exigencia. Lo hacen tanto como partido —una muestra son las críticas de los diputados a los decretos que se han votado en el Congreso, pero también la insistencia de Aitor Esteban en que tiene que haber elecciones generales en 2026— como a nivel institucional.

2025, de hecho, terminó con gran enfado porque no se llegó a esa fecha con todas las transferencias estatutarias realizadas, como prometió Sánchez en la investidura de 2023. En enero se ha enmendado parte del agravio con cinco acuerdos, incluidos los primeros sobre la gestión de la Seguridad Social, pero aún faltan traspasos como los 12.000 millones de euros en pensiones, así como acordar cómo se pueden ampliar las capacidades autonómicas en puertos y aeropuertos, como quiere el PNV.

Pradales ha comparecido después de la reunión, pasadas las 19.30 horas, ante los medios de comunicación. No es su primera rueda de prensa en La Moncloa, ya que Sánchez y él se han visto más veces. También han estado juntos en Vitoria, la capital vasca. Mantienen una relación fluida, o al menos más intensa que la que el presidente tenía con Iñigo Urkullu, que le escribía largas cartas con sus demandas. Pero eso no obsta para que Pradales insista en los “incumplimientos”.

Sobre su informe, Pradales ha dicho que en el plano “cuantitativo” son “más los cumplimientos que los incumplimientos”. Ha contado diez nuevas transferencias, 34 acuerdos en materia económica y fiscal y otros avances en infraestructuras o políticas migratorias, un asunto que el PNV está poniendo en el centro de su agenda. “Valoramos positivamente estos avances porque ayudan a mejorar el bienestar de la ciudadanía vasca y, también, contribuyen a nuestro desarrollo como nación”, ha dicho.

Pero el matiz que venía a continuación era relevante. En lo “cualitativo”. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, ha protestado. “Ambos Gobiernos llegamos a un acuerdo bilateral y el presidente Sánchez adquirió un compromiso ante la ciudadanía vasca: cumplir de manera íntegra el Estatuto de Gernika antes de que finalizara 2025. Es evidente que el Gobierno español no ha cumplido el calendario que había comprometido. Y tampoco se han cumplido en su totalidad todos los compromisos en cuestiones de autogobierno económico. Está pendiente, fundamentalmente, la participación de las instituciones vascas en los foros económicos internacionales”, ha indicado.

El lehendakari ha recogido de Sánchez el compromiso de que “antes de Semana Santa”, es decir, este trimestre, se celebren “dos reuniones al máximo nivel institucional”. El primero y fundamental, presidido por él mismo y por Sánchez, sería una nueva “comisión bilateral de cooperación”, un órgano constituido en esta legislatura y que se ha reunido dos veces. Allí se cerraría el acuerdo sobre las pensiones y, según Pradales, también sobre aeropuertos, aunque el Estado tiene la competencia exclusiva sobre Loiu, Foronda y Hondarribia.

También quiere acuerdos sobre el pago de los fondos sanitarios entre autonomías —un caballo de batalla del consejero Alberto Martínez—, dar “más capacidades” a la Ertzaintza, incluida su participación en procesos de “expulsión” de extranjeros delincuentes y, entre otras cosas, que Euskadi sea considerada “frontera norte” (de España, se sobreentiende) con más recursos para controlar los flujos migratorios. Y que el euskera sea al fin oficial en la Unión Europea o participación en organismos internacionales como UNESCO u ONU Turismo.

El segundo encuentro de alto nivel sería una comisión mixta del Concierto Económico, el máximo órgano de coordinación en materia fiscal. El Gobierno vasco demanda más recursos para la atención de la dependencia y “abrir la negociación para la actualización” del Cupo, algo que se hace quinquenalmente.

“Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente Sánchez. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable. Veo también necesario abordar las negociaciones de una forma más rigurosa y planificada. Porque en acuerdos de tal calado la seriedad es imprescindible”, ha agregado. Y ha apostillado: “He dado instrucción a los miembros de nuestros equipos para que desde mañana a primera hora se pongan ‘manos a la obra’. Tenemos dos meses de trabajo intenso por delante para llegar a buen puerto a la siguiente etapa de este camino”.

Minutos después, ha tomado la palabra el ministro socialista Ángel Víctor Torres, que es el principal responsable de las negociaciones estatutarias. A su juicio, “ha sido una hora y media, bastante fructífera, amable y cordial”. De hecho, le ha agradecido el “tono”. Torres ha dicho que el Estado “acepta” el “calendario” para celebrar esos encuentros antes de Semana Santa planteado por el lehendakari. El ministro ha destacado la “lealtad” del Gobierno de España con los compromisos, y ha remarcado que con Sánchez en La Moncloa ha habido 22 traspasos, doce de ellos en esta legislatura. “No tiene parangón”, ha subrayado.

Pregunto por los medios de comunicación por la gestión de los aeropuertos y el 'no' expreso de Aena a ceder las terminales vascas, Torres ha señalado que habrá un “punto de acuerdo” para lograr una “cogestión”, pero siempre “de acuerdo a la Constitución y al Estatuto”. No ha ocultado que es un proceso que tiene “dificultades”. Se ha creado una “subcomisión” para analizar la fórmula “negocial” con la que las instituciones vascas tendrán una participación en Loiu, Foronda y Hondarribia, pero Torres ha señalado que quizás no se alcanzarán las “pretensiones” iniciales del PNV.

“Tendrá que explicar muy bien a la ciudadanía por qué su Gobierno autonómico rechaza recibir 1.250 millones de euros más”.

Con esas palabras se ha referido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a las críticas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vertido sobre la nueva propuesta de financiación autonómica, la cual, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, aumentaría en 1.250 millones de euros la dotación anual del Estado para esta comunidad autónoma.

Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, en la que también ha participado Milagros Tolón, delegada del Gobierno saliente y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte.

No entienden las críticas de Page

A preguntas de los medios, ambos ministros han defendido el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España y tras ser calificado por el presidente castellanomanchego como “trampa” que “encubre privilegios”.

Tolón ha asegurado que Castilla-La Mancha es una de las regiones “más beneficiadas” con este nuevo sistema de financiación, ya que, según ha afirmado, esta región “tendrá 1.250 millones más al año”, algo que supone “un 14% más de lo que hay actualmente”. Un incremento que la ministra estima en 583 euros más por castellanomanchego.

“Esto supone algo muy importante, que es la importancia que da este modelo de financiación a blindar algo tan importante como es el estado del bienestar y reforzar los servicios públicos de esta región”, ha insistido, asegurando de este modo que se trata de “una buena noticia”.

Por su parte, Torres ha asegurado que ni comparte ni entiende las críticas de Emiliano García-Page sobre la financiación, sobre todo porque el nuevo modelo “tiene como base la misma del modelo de 2009, que fue apoyado por el presidente de esta Comunidad”.

En segundo lugar, insiste en que es una propuesta de un presidente socialista, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a García-Page que centre sus críticas en el PP, que fue el partido que no consiguió sacar adelante una sola propuesta al respecto.

Ha invitado en este punto a García-Page a centrar sus críticas contra el Partido Popular. “Afirmar que es malo para una comunidad recibir 1.250 millones de euros más, o de otra manera decir que se queden las cosas como están, no nos parece, no me parece que es defender el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Estamos abiertos a las propuestas constructivas que se hagan”, ha abundado.

Sabrido toma posesión como delegado del Gobierno

Las declaraciones de ambos ministros se han producido en una rueda de prensa previa a la toma de posesión de José Pablo Sabrido ha tomado como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Tras prometer su cargo sobre la Constitución y recibir el bastón de mando de la Delegación del Gobierno de manos de su predecesora, Milagros Tolón, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Sabrido ha asegurado que es un “honor y privilegio” prestar sus servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Es por ello por lo que ha dicho que asume este “alto honor” que se le ha encomendado con lealtad a la Constitución, a los ciudadanos y al Gobierno de España “en su esfuerzo permanente por mejorar las libertades y derechos políticos, sociales y económicos de los hombres y mujeres de esta tierra, a sabiendas de que estos momentos no se presentan fáciles”.

Bajo su punto de vista, el diálogo “es imprescindible” y a ese diálogo se ha ofrecido “con absoluta convicción”. Una voluntad de colaboración que ha trasladado también al conjunto de la sociedad civil en la región. “Frente al ruido y la crispación, los servidores públicos deben reivindicar la política útil, el respeto institucional y la responsabilidad”, ha añadido.

“Debemos huir de la confrontación estéril y de la polémica permanente y centrar todos nuestros esfuerzos en lo verdaderamente importante: Trabajar con rigor, con diálogo y con lealtad por el bienestar de todos los hombres y mujeres”, ha abundado.

“Esta Delegación de Gobierno seguirá siendo una institución de puertas abiertas cercana a la ciudadanía basada en la información veraz, la transparencia y el respeto institucional”, ha afirmado, para concluir con un reconocimiento personal “imprescindible” su familia y su “apoyo constante”.

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa en el caso de las mascarillas, en el que niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo. El exdirigente socialista se presenta como víctima de una investigación “clandestina” y afirma que ha tenido que defenderse “a ciegas” en la causa centrada en los contratos de material sanitario de la pandemia adjudicados a dedo por el Ministerio de Transportes y por la que será juzgado próximamente. 

Además, propone que en esa vista declaren como testigos los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre una batería de testificales. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

El documento lleva la firma del que ha sido su letrado hasta este jueves, Carlos Bautista, que ha renunciado a su defensa porque no ha cobrado los honorarios. En el documento, el que fuera secretario de Organización del PSOE trata de desmontar el relato de la acusación y sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo. 

Así, alega que la investigación se cerró sin permitirle analizar evidencias digitales clave, especialmente un disco duro de su propiedad hallado en la casa de Alicante de quien fuera su asesor Koldo García, lo que ha impedido a su defensa poder contrastar algunas de las afirmaciones realizadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustentan la acusación.

También afirma que los agentes copiaron “hasta 26 piezas de hardware” en el registro de su vivienda sin presencia de su abogado, lo que “vulnera el principio de contradicción y afecta a la cadena de custodia de efectos digitales”. Además, insiste en presentarse como víctima de una investigación “clandestina” al sugerir que las indagaciones contra él empezaron antes de que el Supremo pidiera la autorización al Congreso. 

Según la UCO, el empresario investigado Víctor de Aldama pagó 10.000 euros al mes durante al menos dos años y medio a Koldo García, quien luego los repartía con Ábalos. Cuando el asesor fue detenido, en febrero de 2024, los agentes hallaron en su domicilio una contabilidad manuscrita en la que reflejaba esos pagos y se incautaron de 24.000 euros en efectivo. “No existe un flujo de 10.000 euros mensuales provenientes del coimputado Aldama, ni directamente, ni a través de intermediarios. Tampoco cobro de comisiones”, dice Ábalos al respecto. 

El exdirigente socialista sostiene que su dinero “tiene tres orígenes”: sus Ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los “préstamos” que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos y que él luego compensaba. Afirma, en este sentido, que los más de 23.000 euros en transferencias que realizó a su asistente entre 2018 y 2022 demuestran que “no existió un flujo de dinero unidireccional”. 

La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provenía de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores. “Una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula”, dice Ábalos. 

Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones. Sobre el chalet de Cádiz del que disfrutó en el verano de la pandemia, el exdirigente afirma que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y que acabó siendo desahuciado porque no abonó el resto de recibos. Los investigadores, sin embargo, tienen claro que Aldama y otros empresarios de su entorno facilitaron la operación y se hicieron cargo del dinero a modo de comisión. “El propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros”, dice el informe sobre este chalet.

Otros de los indicios que apuntan al cobro de mordidas por parte de Ábalos es el pago del alquiler de su novia por parte de un empresario que era socio de Aldama. Los mensajes evidencian que fue el empresario Alberto Escolano quien pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid al que Jessica Rodríguez se refiere en un mensaje como “nuestra casita de novios”, en referencia a Ábalos y ella. Ábalos sostiene que él nunca residió allí y que el alquiler fue pagado por terceros para Rodríguez, quien ya conocía a Aldama.

El ministro Ángel Víctor Torres ha expresado este sábado su preocupación por el ataque de EEUU a Venezuela. “Desde esta madrugada vivimos con honda preocupación lo que ocurre en Venezuela”, ha dicho en su perfil en la red social X.

“País hermano y con el que, particularmente, los canarios y canarias tenemos grandes afectos y lazos históricos. Con el corazón puesto en Venezuela”, ha apuntado.

El ministro ha citado el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el que se recoge que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región.

“En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país”, destaca el Ministerio.

El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, asegura el Ministerio de Exteriores.

España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU.

En este sentido, España insiste en que está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis.

España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el pais.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este lunes el balance del año que ha hecho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de rayar el racismo y de parecerse cada vez más al líder de Vox, Santiago Abascal.

“Solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor, temor a lo que acaba de pasar en Extremadura”, ha dicho Torres en alusión a los resultados de estas elecciones autonómicas, donde ha ganado el PP aunque necesitará de Vox para gobernar.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su gestión como ministro en 2025, Torres se ha referido también al balance que ha hecho este mismo lunes Feijóo, al que ha reprochado que haya vinculado la “falta limpieza y regeneración” con el fenómeno migratorio.

En su opinión, este discurso “raya el racismo, la xenofobia y el aplastamiento de los derechos humanos”, y cree además que es el propio Feijóo, y no el Gobierno, el que está haciendo crecer a la “ultraderecha”.

Por otro lado, ha criticado al líder del PP por no haber hecho “ni una sola propuesta constructiva”: “Todo es destrucción, todo es negación, todo es ataque al Gobierno de España”, ha añadido.

Torres ha opinado que la “única obsesión” de Feijóo es “derrotar al Gobierno” de Pedro Sánchez y acabar él como presidente, pero le ha advertido de que los presidentes se eligen por mayorías parlamentarias y no son “caprichos personales”.

Desde su cuenta en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que el balance de Feijóo pasará a la historia del “catastrofismo apocalíptico”.

“Le ha faltado recomendar que nos hagamos refugios nucleares. La realidad: España es la mejor economía desarrollada del mundo y seguimos reforzando nuestro Estado del bienestar”, ha subrayado antes de desear un feliz 2026.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha solicitado este lunes al Estado el traspaso de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la comunidad foral. Chivite ha remitido un escrito al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que le ha emplazado a iniciar las negociaciones para esta nueva transferencia.

“Abordar transferencias pendientes representa para Navarra una cuestión de importancia como es el despliegue de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna y el afianzamiento de nuestro autogobierno”, han destacado desde el Ejecutivo foral.

Esta petición responde al compromiso que adquirió el Gobierno de Navarra con EH Bildu como parte del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Navarra del año 2026. El día de la firma del acuerdo, la portavoz de EH Bildu Laura Aznal destacó la importancia de que sea Navarra la que asuma esas competencias dado el nivel de siniestralidad laboral registrado en la comunidad foral en los últimos años. En lo que va de 2025 ya han fallecido 23 personas en accidentes laborales. El año pasado fueron 22, el doble que en 2023.

La solicitud del traspaso de esta nueva competencia e produce apenas unas semanas después de que Navarra y el Estado sellaran el acuerdo para traspasar a la comunidad foral el tramo de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurre por territorio foral, así como sus funciones y servicios asociados al mismo.

Este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado(BOE) y en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad foral de Navarra en materia de carreteras, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Con la publicación en ambos boletines, se oficializa así la transferencia de la titularidad de los 39,5 kilómetros de longitud del tramo navarro de la AP-68 a la comunidad foral.

Se trata de la segunda transferencia completada esta legislatura. El pasado mes de marzo, las Administraciones de Navarra y del Estado sellaron el acuerdo para que Navarra pudiera recuperar la competencia plena de tráfico después de 60 años, para lo que fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

El pleno del Congreso ha rechazado, con la abstención de Vox, una moción del PP que achaca al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una “conducta impropia” y al que a los populares acusan además de un delito por mentir en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

La moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre “los principios democráticos, éticos y de transparencia que rigen la actividad política” del ministro Torres ha sido rechazada por 168 votos en contra, 145 a favor y 33 abstenciones.

La portavoz del grupo popular Mirian Guardiola ha acusado a Torres de mentir cuando dijo en el Congreso y el Senado que no conocía a Víctor Aldama y a Koldo García: “Mentir en el Congreso y en el Senado en una comisión de investigación es un delito tipificado en el Código Penal y ustedes tienen un ministro que está incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal”.

Guardiola ha destacado que “lo que toca Pedro Sánchez se corrompe y no es casualidad” y ha preguntado a los diputados socialistas: “¿quién es el dueño de esta pocilga? El dueño tiene nombre y apellido, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, y desde luego no habrá perdón ni por parte de los españoles, ni de la historia, ni tampoco de sus cómplices”.

Por el grupo socialista, la diputada María Dolores Corujo ha reprochado al PP que practiquen una “amnesia selectiva”, ya que se afanan “en retorcer informes como si se tratara de una toalla mojada”, en referencia a los de la UCO en el caso Koldo, mientras que ante la detención de altos cargos populares en Almería en relación con el caso Mascarillas no hay “ni un pestañeo por parte del PP”.

Y ha insistido la diputada socialista que no hay conducta delictiva por parte del ministro Torres: “no hay trama, no hay corrupción, no hay nada de lo que ustedes llevan meses y meses contando por los pasillos como si fuesen cronistas de sucesos”.

Vox ha justificado su abstención en el rechazo del PP a la enmienda presentada a esta moción, según ha explicado el diputado Andrés Rodríguez Almeida, quien ha indicado además que los populares “carecen de credibilidad” en la lucha contra la corrupción.

“El PP no quiere ni puede acabar con la corrupción. Si no pueden acabar con ella, al menos no molesten”, ha dicho el portavoz de Vox, que ha aludido a la “estafa del bipartidismo”.

Mientras, el grupo parlamentario republicano ha aconsejado al PP que empiecen en Valencia, “donde han sostenido a un presidente zombie”, y por parte de Sumar, Gerardo Pisarello ha dicho a los populares que cuando tocan el tema de corrupción “se convierte en un boomerang que les estalla en la propia frente”, como ha ocurrido con el caso de Almería, donde se ha convertido “en un tiro por la culata”.

Tras meses de “ataque difamatorio” y cerca de 400 folios de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresa su “satisfacción” ante lo que considera la resolución de un “ataque difamatorio con insidias, falsedades, vileza” del que se han hecho eco, “incluso amplificado, partidos políticos”, aunque admite que el “daño es irreparable”. El expresidente canario ha anunciado una nueva demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión al honor, la intimidad y la imagen, y ha exigido al PP que se disculpe: “Hay cuestiones que sobrepasan las líneas de la política”.

“Después de la lectura pormenorizada de este informe se concluye que en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera ilegal”, ha expresado Torres en una comparecencia en la sede del ministerio anunciada una vez que el informe se ha conocido en su totalidad. “A diferencia de otros informes, no hay ningún añadido en que le pida al juez que investigue”, ha afirmado el ministro, que ha recordado que el Supremo ha enviado a juicio el caso de las mascarillas sin que a él le haya afectado: “No hay ninguna actuación delictiva por parte del Gobierno que tuve el honor de presidir”.

“Hemos tenido que aguantar una persecución política y mediática”, ha dicho el socialista, especialmente dolido por el daño a su familia. “Ahí está todo”, ha dicho sobre ese informe. El ministro descarta que haya más investigaciones judiciales que le puedan afectar y recuerda que sólo hay un mensaje con Víctor de Aldama en el que se reconoce que se vieron “un momento” y que posteriormente le envió un mensaje en el que “se presentaba”. “Sin embargo, me acusó de usar pisos, de tener reuniones sobre refinerías y cuestiones graves”, ha añadido el ministro: “Las razones por las que me atacaba en lo político las desconozco”. Ahí es donde entra en juego la nueva demanda que va a presentar contra él.

Torres ha argumentado que la empresa Soluciones de Gestión S.L, que facilitó el material sanitario, no llegó a través del “presidente de Canarias”. “Yo intervengo meses después”, ha admitido antes de recordar que no se había pagado a esa compañía a pesar de que el contrato establecía que el 50% se abonaría antes de que llegaran las mascarillas y el 50% restante, después. “Estábamos incumpliendo un contrato”, ha señalado tras asegurar que su intromisión no tenía que ver con cesar a la funcionaria que estaba poniendo pegas para pagar ese contrato porque era más elevado que otros.

Sobre la intermediación de Koldo García, la ha justificado en que era un “asesor” del Ministerio de Transportes que es el departamento con el que tenía la relación y en que lo utilizó en su afán de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez, y especialmente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que relajara las restricciones por la COVID-19. En concreto, se ha referido al “interés general” que defendía respecto a que se pudiera viajar a Canarias con un test de antígenos positivo, un asunto que acabó en el Constitucional. Finalmente se permitió abrir el archipiélago en Navidad con las preceptivas pruebas PCR.

“Estábamos en la más absoluta ruina. Necesitábamos que volviera el turismo”, ha dicho Torres, que ha reconocido los “importantes desencuentros” que en ese momento tuvo con Illa.

El informe completo entregado por la UCO sobre los contactos de Ángel Víctor Torres con Koldo García y otros investigados en la trama de corrupción que investigan la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo recoge nuevos mensajes que evidencian la cercanía entre el entonces presidente canario y el que era asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. En un audio incorporado al atestado, Torres expone el carácter preferencial que otorga a que la empresa detrás de la que se escondía Víctor de Aldama cobrase por las mascarillas que había facilitado en plena pandemia a Canarias.

El 21 de julio de 2020, el presidente canario envía un audio a Koldo García, incautado entre los requisados a este último. “Buenos Días, Koldo, llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto, hay resistencia de Ana, no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo la he trasladado la excepcionalidad de esta factura y, durante el día de hoy, espero tener ya las respuestas, o sea estoy encima de ello. Yo, no obastante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo, que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh?”.

La propia Guardia Civil precisa que la persona que se menciona como 'Ana' podría ser la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud. “En cuanto a la persona a que la que se refiere que conoció el otro día podría ser Víctor de Aldama”, añade el atestado, a cuya totalidad ha tenido acceso este martes elDiario.es. Esa misma tarde, el presidente canario vuelve a escribir a Koldo con la siguiente frase: “Esta mierda la resuelvo sí o sí”.

La Guardia Civil extrae de esta conversación una conclusión que alude a Koldo García pero no al hoy ministro de Política Territorial. Escriben los agentes de la UCO que la resupuesta Torres “aportaría un indicio más del papel desempeñado por Koldo en la presunta organización criminal investigada, en cuanto a su capacidad de influencia en los altos cargos de la Administración”.

El intercambio de mensajes muestra cómo Koldo García utilizaba su puesto de asesor del Ministro de Transportes para tener acceso a una Administración, en este caso la canaria, a la que Soluciones de Gestión S.L había facilitado el material sanitario. El juez investiga desde 2023 presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 formalizados por varias administraciones públicas. En el centro de la trama está la empresa instrumental Soluciones de Gestión, que fue adjudicataria de ocho contratos para el suministro de material sanitario en 2020 por una cuantía cercana a los 54 millones de euros. Esta empresa pasó de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y no facturar nada en 2019 a ingresar esa cantidad en la pandemia. 

Entre esas administraciones está el Servicio Canario de Salud, que adjudicó varios contratos a Soluciones de Gestión por un total de 12.317.580,24 euros. Torres era en ese momento presidente del Gobierno de Canarias. Esta causa puso en el foco al exasesor Koldo García. La mano derecha de Ábalos habría facilitado información anticipada sobre la existencia de esas licitaciones al empresario Víctor de Aldama, quien buscó aliarse con Soluciones de Gestión para acceder a esas licitaciones.

La investigación ha puesto de manifiesto que Koldo García ofreció mascarillas a varios organismos de la Administración sin que haya llegado a abrirse una investigación necesariamente. El juez del Supremo acaba de enviar a juicio al ex asesor, a Ábalos y a Víctor de Aldama por las mordidas relacionadas con las compras de material sanitario por parte de empresas. Otras compras no arrojaron irregularidades, como por ejemplo las efectuadas del Ministerio del Interior, después de que se analizara la documentación requerida por la Audiencia Nacional y se tomara declaración a varios responsables. La Administración central relajó los controles para las compras con dinero público debido al estado de emergencia por el elevado número de muertes de la Covid-19.

“La avaricia no es delito”. Con esta frase justificaba un fiscal Anticorrupción su decisión de no abrir una causa penal contra un empresario que consiguió un lucro colosal durante la pandemia vendiendo a la administración cientos de miles de mascarillas a un precio desorbitado. Ese fiscal había investigado y archivado varios casos parecidos durante 2021 y 2022, como el que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a su socio ganar un millón de euros de beneficio tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas compradas en China por solo 500.000 euros.

Los delitos vinculados a la compraventa de mascarillas en pandemia que han permitido abrir causas penales tienen que ver con tres aspectos muy concretos del negocio:

— El pago de comisiones ilegales por parte del empresario vendedor a los funcionarios que adjudicaron los contratos, como el caso que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor principal, Koldo García, y al denominado nexo corruptor, el empresario comisionista Víctor Aldama.

— El fraude fiscal de quienes no pagaron los impuestos debidos por el beneficio conseguido, como Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña.

— La entrega de material defectuoso, como en el caso de Alberto Luceño y Luis Medina, comisionistas que vendieron material chino al Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en 2023 una querella contra Koldo García y Víctor Aldama, quien logró diversos contratos a dedo, sin concurso ni competencia, para vender mascarillas al ministerio de Transportes, al ministerio del Interior, y a las comunidades de Canarias y Baleares.

En esa querella, Anticorrupción aclaró que su acusación no tenía que ver con los contratos de mascarillas, sino con el hecho de que los beneficiarios del contrato hubieran repartido una parte de sus beneficios con quienes le habían facilitado el negocio en el Ministerio: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Y es que, en pandemia, saltaron todos los controles administrativos de la contratación mediante el decreto 463/2020 de 14 de marzo: “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”.

La interpretación de este decreto hizo que la Fiscalía Anticorrupción archivase algunas investigaciones abiertas por venta de mascarillas que podrían resultar a simple vista escandalosas. El argumento de los fiscales era siempre el mismo: “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas. Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”.

Medios de comunicación afines al PP llevan meses alentando la teoría de que quienes fueron presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, acabarían imputados en el caso mascarillas porque compraron estas protecciones al empresario Víctor Aldama, corrupto confeso, por mediación de Koldo García, procesado en este caso junto a su jefe, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El virus Aldama contamina todo lo que toca, según algunos. Pero la investigación no ha encontrado hasta ahora un solo indicio de que Torres o Armengol cobraran comisiones por facilitar ese contrato de mascarillas al comisionista que supuestamente sobornó al exministro Ábalos, y a su asesor, Koldo García. Contratar a Aldama en pandemia no era ilegal, ni puede ser delictivo, salvo que haya otros detalles en la operación como el pago de comisiones ilegales a quienes facilitan el negocio. Que la Comunidad de Madrid comprara mascarillas en lo peor de la pandemia con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al triple del precio pagado por el material en China fue legal. La avaricia no es delito.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la trama de corrupción en torno a Koldo García y Víctor de Aldama pone en evidencia la “influencia” que ambos llegaron a tener en la Administración por su cercanía al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En este último atestado aparecen mensajes entre el exasesor del ministro Koldo García y el que fuera jefe del Ejecutivo canario, que los agentes exponen para resaltar la “influencia” que llegaron a tener en la Administración los el asesor de Ábalos y el empresario, pero sin llegar a apreciar conductas delictivas en el proceder de Ángel Víctor Torres.

Esto se recoge en las primeras 87 de las 349 páginas que tiene el informe. Las otras 262 páginas aparecen en blanco en la copia del atestado al que han tenido acceso las partes personadas en el procedimiento, probablemente por un fallo técnico al escanearse el informe. Fuentes del caso aseguran que las conclusiones de la UCO no derivarán en una petición de imputación para el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

El juez investiga desde 2023 presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 formalizados por varias administraciones públicas. En el centro de la trama está la empresa instrumental Soluciones de Gestión, que fue adjudicataria de ocho contratos para el suministro de material sanitario en 2020 por una cuantía cercana a los 54 millones de euros. Esta empresa pasó de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y no facturar nada en 2019 a ingresar esa cantidad en la pandemia. 

Entre esas administraciones está el Servicio Canario de Salud, que adjudicó varios contratos a Soluciones de Gestión por un total de 12.317.580,24 euros. Torres era en ese momento presidente del Gobierno de Canarias. Esta causa puso en el foco al exasesor Koldo García. La mano derecha de Ábalos habría facilitado información anticipada sobre la existencia de esas licitaciones al empresario Víctor de Aldama, quien buscó aliarse con Soluciones de Gestión para acceder a esas licitaciones.

En uno de los primeros mensajes entre Torres y Koldo García, el de julio de 2020, el ex asesor de Ábalos utiliza un tono respetuoso con el entonces presidente canario apremiando al pago a los suministradores de mascarillas que el asesor de Transportes había localizado: “Buenos días Víctor [Torres] perdona que te moleste pero solo quero decirte que todavía no tienen nada estos chicos por favor si puedes dime algo ya que su situación es complicada y así me lo dicen todos los días pero entiendo que todo tiene un trámite pero ya no saben qué hacer y yo no sé qué decirles. Ruego perdones las molestias y mil gracias de antemano”.

Estos mensajes hacen concluir a la UCO: “Estas conversaciones sobre el pago de la Administración canaria a Soluciones de Gestión aportarían un indicio más del papel desarrollado por Koldo en el seno de la presunta organización criminal investigada, llegando a ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiera el dinero en favor de la citada empresa”.

La investigación ha puesto de manifiesto que Koldo García ofreció mascarillas a varios organismos de la Administración sin que haya llegado a abrirse una investigación necesariamente. El juez del Supremo acaba de enviar a juicio al ex asesor, a Ábalos y a Víctor de Aldama por las mordidas relacionadas con las compras de material sanitario por parte de empresas. Otras compras no arrojaron irregularidades, como por ejemplo las efectuadas del Ministerio del Interior, después de que se analizara la documentación requerida por la Audiencia Nacional y se tomara declaración a varios responsables. La Administración central relajó los controles para las compras con dinero público debido al estado de emergencia por el elevado número de muertes de la Covid-19.

En otra ocasión es el propio Torres el que toma la iniciativa y pregunta a Koldo García por el nombre de la empresa por la que se interesa para poder agilizar el pago. Koldo García le contesta el 14 de julio. “Del primer contrato faltan todavía por abonar (fletes incluidos): 2.310.854,05 euros. Del segundo contrato falta todo (fletes incluidos); 5.201.460,66 euros. Total debido: 7.512.314,71 euros Gracias”.

Ángel Víctor Torres: “No hay nada delictivo. Ni lo va a haber”

En el equipo de Ángel Víctor Torres aseguran que el informe de la UCO, aunque se haya conocido de manera parcial, “acredita” que se actuó de manera correcta en la contratación de mascarillas y que “desmonta las falsedades” que durante meses se han dicho sobre él: “Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes.

Igualmente, recuerdan que el Supremo ha cerrado la instrucción de ese caso sin mencionarle mientras que ha planteado la apertura de juicio contra Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos: “El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama”.

“Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber”, apostillan en el equipo de Torres, que exige “disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias”.