El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ponga a la venta el conocido como monumento a Franco, dadas sus reticencias para retirarlo de la vía pública en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Así se ha expresado el ministro en una entrevista en el programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias, en la que ha ironizado diciendo que tal vez alguien lo quiera comprar y colocarlo en su propio jardín. El ministro ha continuado poniendo como precio los supuestos 45 millones que, según el alcalde de Santa Cruz, vale la obra, añadiendo que así el consistorio tendrá fondos para construir vivienda pública.

Torres ha recordado que dicho monumento, que tiene que ser retirado de la vía pública antes de seis meses, no ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no puede ser resignificado, como han propuesto diferentes concejales del PP en el Ayuntamiento, socios de Gobierno de Bermúdez.

El Ayuntamiento, gobernado por CC y el PP, lleva años retrasando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática bajo diferentes pretextos, una vía que se ha agotado en el momento en el que, este mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y el PP, en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

Cabe recordar que dicha obra, denominada Monumento a la Victoria pero conocida popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurada en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. La Comisión Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, considera que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

Por todo ello, y habiéndose rechazado por los expertos del Gobierno canario su catalogación como BIC, no cabe otra salida que su retirada de la vía pública, para lo cual el Ayuntamiento dispone de menos de seis meses. Transcurrido ese plazo, si no lo ha retirado, “lo hará el Estado”, como el propio Torres advirtió a comienzos de julio.

El alcalde ha señalado en diversas ocasiones que cumplirá la Ley, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna gestión para iniciar el proceso de retirada de los numerosos vestigios franquistas que aún se aferran a las calles de la ciudad.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este martes la actitud del secretario general del PP, Miguel Tellado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por asegurar que la Ley de Memoria Democrática “será derogada” cuando los populares lleguen al poder.

Tellado, en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el pasado 13 de julio, en Madrid, insistió en que “la ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”.

Al ser preguntado por las declaraciones del secretario general de los populares, Torres manifestó que ambos dirigentes, “están demostrando que están en la involución”, y que, además, con respecto a las palabras del secretario general del Partido Popular, considera como algo “antidemocrático” querer derogar la ley que protege “a quienes han conseguido con su sacrificio que hoy disfrutemos de una libertad y una democracia en la que ellos pueden ser representantes políticos”, puntualizó el expresidente canario.

De esta manera, Torres recalca que tanto Tellado como Ayuso “se colocan en el lado incorrecto de la historia”.

Asimismo, el ministro ha cuestionado las palabras de los populares cuando aseguran que con Franco se vivía mejor. “¿Cómo se puede vivir mejor con un dictador que sepultaba los derechos conseguidos, por ejemplo, por las mujeres?”.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha subrayado que “todo lo que hemos conseguido en la Transición Democrática en los años posteriores ha sido gracias a esos valores que hemos podido recuperar que existían en la República”.

Por último, el ministro ha querido “dar una mala noticia” a los populares, y es que “no van a derogar nada” porque, ha asegurado, para después de las elecciones de 2027, “vamos a seguir nosotros gobernando nuestro país, y defendiendo los derechos de las personas, la igualdad, la justicia, y por supuesto, la dignidad de las personas que dieron su vida por tener nososotros hoy la democracia”, ha concluido Torres.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas que conciernen a Canarias. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que las ha considerado “importantes”.

Según él mismo ha explicado en un vídeo difundido en sus redes sociales, el Consejo de Ministros ha autorizado la titularidad del operador para la futura Central Hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife. Se trata, según ha manifestado, de “un paso más en la apuesta por las energías renovables” en el archipiélago.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado dotar con otros 44 millones de euros a las Islas para Dependencia. En la misma línea, se ha dado luz verde a otros cuatro millones para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados en las Islas. Y otros 8,5 millones para el tratamiento de agua desalada.

En total, más de 50 millones de financiación del Estado para distintas partidas en las Islas.

Por último, Torres ha indicado que también se ha autorizado al Gobierno de Canarias el uso de 300 millones en deuda a corto plazo.

La nueva central en Güímar

La nueva central comenzará a operar “a mitad de la próxima década” y promoverá la descarbonización del eje energético que conforman esta isla y La Gomera. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha subrayado que, con el acuerdo alcanzado este martes, el Gobierno de España dice “adelante con este proyecto”, que va a suponer una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará unos retornos económicos importantes, ya que la futura central permitirá ahorrar del orden de 200 millones de euros al año en generación de electricidad.

“En poco más de cinco años se va a amortizar, se va a recuperar totalmente esa inversión y es una infraestructura que tiene una vida útil de décadas y de décadas”, ha aseverado.

Además de una inversión rentable para el sistema eléctrico, será positiva para los consumidores, porque permitirá incorporar más energías renovables y evitar depender de combustibles fósiles que “vuelven a estar carísimos a nivel internacional”, ha añadido.

Groizard ha dicho que un tercio de la demanda eléctrica de Tenerife podría quedar cubierta por este sistema de bombeo, que permitirá almacenar el excedente generado por los parques eólicos y solares en forma de agua embalsada en altura, que se transforma de nuevo energía cuando se precise dejándola caer hacia unas turbinas.

La futura central de Güímar tendría así un funcionamiento similar a la que ya está en construcción en Gran Canaria, el Salto de Chira.

“Hablamos de entre 200 y 220 megavatios de potencia pico y unas 16 horas de almacenamiento. Es decir, esa es una megabatería, es una gran pila al servicio del sistema que va a permitir dotar de seguridad de suministro y permitir una mayor integración de renovables para Tenerife y La Gomera”, ha referido.

El acuerdo adoptado este martes “activa el mandato que se da a Red Eléctrica de hacer el trabajo de ingeniería, presentarlo a la ventanilla de la comunidad autónoma de Canarias, que va a ser quien haga la evaluación ambiental y el trámite administrativo de este proyecto”.

En paralelo, el Gobierno a lo largo de este año va a definir “cómo y cuánto se paga”.

Esa inversión de 1.000 millones de euros hay que convertirla en unos parámetros técnicos, económicos, una regulación que va a explicar exactamente cómo se regula y eso estará a lo largo de este año, ha dicho.

En cualquier caso, ha aclarado que “hablamos de proyectos que entre su tramitación y su construcción” se prolongarán en torno a una década, pero “a mitad de la década que viene Tenerife contará ya con su bombeo reversible, al igual que lo va a hacer muy próximamente la isla de Gran Canaria”.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha reprochado este lunes al Partido Popular de las islas que siga “dedicando más tiempo a atacar a Ángel Víctor Torres que a resolver los problemas reales de Canarias”, después de la rueda de prensa ofrecida este mismo lunes por los populares para valorar, de nuevo, el dictamen de la comisión de investigación sobre el denominado caso Mascarillas, que la pasada semana ya fue objeto de debate parlamentario.

Fierro calificó la comparecencia como “una rueda de prensa trasnochada” y sostuvo que constituye “el mayor ejemplo de utilización política y partidista” de una comisión de investigación. “Han vuelto a valorar lo ya valorado. No tienen nada nuevo que aportar y solo pretenden estirar el chicle de una comisión cuyo recorrido político terminó la pasada semana en el Parlamento”.

La dirigente socialista cuestionó además la utilidad de la comparecencia de los populares. “¿Alguien me puede decir qué ha aportado hoy el Partido Popular? Nada. Exactamente lo mismo que está aportando a la política canaria: nada. Canarias necesita propuestas y soluciones, no ruedas de prensa para repetir lo que ya se debatió y quedó suficientemente aclarado”, señaló.

Fierro lamentó que los populares mantengan una estrategia basada en la confrontación en lugar de centrarse en los principales desafíos del Archipiélago. “Ojalá dedicaran la mitad del tiempo que dedican a hablar de Ángel Víctor Torres a gestionar la vivienda, la sanidad pública o la sostenibilidad. Canarias necesita soluciones, no una oposición instalada permanentemente en el ruido”, añadió.

Asimismo, rechazó las peticiones de dimisión formuladas por el PP y preguntó: “¿Dimitir por qué? ¿Por haber conseguido el Gobierno de Canarias cinco millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando escaseaban en todo el mundo, y que contribuyeron a salvar vidas? ¿O por haber tomado decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud tras conocerse lo ocurrido con RR7?”.

En su opinión, ambos hechos demuestran precisamente el ejercicio de la responsabilidad política. “Ángel Víctor Torres defendió el interés general cuando Canarias más lo necesitaba. Garantizó la llegada de material sanitario imprescindible en plena emergencia y, cuando fue necesario, tomó decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud. Eso es actuar con responsabilidad”, afirmó.

Fierro consideró que la actitud del Partido Popular responde a la frustración por no haber logrado el objetivo político que perseguía con la comisión de investigación. “El Partido Popular está actuando como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta. Con el tiempo se le pasará. Tiene cura: asumir la realidad electoral y aceptar que no todo vale para intentar desgastar al adversario político”, manifestó.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias añadió que el PP de Canarias está “más preocupado por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo”, que decidirá sus próximos candidatos en el Archipiélago, que “por defender los intereses de esta tierra”.

Fierro aseguró que, “si alguien debería plantearse una dimisión por dignidad política, es el líder del Partido Popular de Canarias, que ordenó a los diputados canarios de su partido votar en contra del reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Eso sí fue actuar contra Canarias, dando la espalda a una tierra que necesita solidaridad y corresponsabilidad del conjunto del Estado”.

La dirigente socialista concluyó afirmando que el PSOE Canarias seguirá centrando su acción política en construir una alternativa de gobierno que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, frente a “un Partido Popular instalado en la confrontación permanente y alejado de las preocupaciones reales de los canarios y las canarias”.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “absolutamente sectaria, manipuladora y tendenciosa” la ponencia apoyada en el Parlamento de Canarias por CC, PP y Vox sobre el llamado caso Mascarillas y ha señalado que responde a un intento de “mancillar” su imagen y la gestión del anterior Gobierno autonómico.

Así se ha expresado el expresidente del Ejecutivo canario en una publicación en su perfil de X, donde ha asegurado que “Canarias hizo un magífico trabajo durante la pandemia” al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y ha denunciado que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de “difamación, acoso, insidia e injuria”, por partidos políticos y medios “a su servicio”.

A su juicio, el documento aprobado en la Cámara regional omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, archivaron el expediente de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso, además, el órgano fiscalizador avaló “la legalidad” de los contratos con las entidades.

“Es absolutamente manipulador, porque cogen los testimonios que les interesan y obvian el resto de muchas personas que pasaron por la comisión de investigación”, ha denunciado el dirigiente socialista.

Además, Torres critica que estos partidos comparan la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares, por ejemplo.

“Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión, la del Pacto de la Flores, de la que nos sentimos orgullosos”, ha recalcado el ministro canario.

Torres ha lamentado también que la comisión terminara siendo “un paripé” y ha reprochado que se filtrase información, “a un periódico” que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios, y recuerda que, “al día siguiente, el presidente de la comisión, en vez de denunciar la filtración, lo que hizo fue atacar a Torres”, lo que para el dirigente socialista significa que “estamos ante una ”instrumentalización política y partidaria“.

Pese a ello, ha asegurado a los canarios y canarias que seguirán adelante con un trabajo “serio, riguroso, permanente, honesto y honrado” y ha reconocido que su Gobierno puede “cometer errores”, aunque siempre, ha dicho, “dando la cara por el bienestar de la gente de nuestra tierra”, concluye Torres.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles en el pleno de la Cámara regional que la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia nació con un “veredicto escrito de antemano”, y que fue utilizada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) como una herramienta de “confrontación partidista” para intentar desacreditar al anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Durante su intervención en el debate del dictamen de la comisión de investigación, Fierro sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y VOX.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG (que en la actualidad forma parte del Gobierno regional junto a CC y PP), que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta “de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad”, según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nira Fierro, sostuvo que los grupos que promovieron la comisión registraron su solicitud en febrero de 2024 hablando ya del denominado “caso Torres”, lo que, a su juicio, demuestra que “ni la investigación, ni el estudio, ni el análisis fueron nunca su objetivo”: “Sus conclusiones estaban escritas desde el mismo momento en que registraron la solicitud”, afirmó.

La actuación de Torres, avalada por la justicia pero criticada por sus rivales políticos

La diputada socialista aseguró que los trabajos parlamentarios, con más de 70 comparecencias y un amplio volumen de documentación analizada, han desmontado el relato político construido por CC, PP y Vox.

En este sentido, recordó que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Fierro criticó lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres. “Han intentado permanentemente dañar la imagen de una persona honrada y limpia”, afirmó, defendiendo que el exjefe del Ejecutivo actuó siempre desde el interés general y recordando que las resoluciones judiciales conocidas hasta la fecha respaldan esa actuación.

La presidenta socialista contrapuso esa estrategia política con lo que definió como “hechos probados” sobre la gestión de la pandemia en Canarias. Entre ellos destacó que el Archipiélago fue uno de los territorios con menor mortalidad por COVID-19, la realización de cribados en las residencias de mayores, la rápida respuesta ante el primer brote detectado en Adeje (Tenerife), la creación de comités científicos para asesorar las decisiones del Gobierno, y la colaboración entre las administraciones y el sector privado para garantizar el suministro de material sanitario.

Asimismo, hizo hincapié en que ningún cargo del PSOE en Canarias está investigado por la contratación de material sanitario, que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas llegó a afirmar que los contratos eran “administrativamente impecables”.

Acusaciones sin pruebas y basadas en bulos

Además, Fierro rechazó también algunas de las principales conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión, calificándolas de “falsedades intencionadas”, y negó que Canarias fuera el epicentro de la corrupción en la compra de material sanitario, recordando que de los cerca de 1.300 expedientes de contratación solo dos han sido objeto de investigación parlamentaria.

Asimismo, sostuvo que no existe prueba alguna de que Ángel Víctor Torres interviniera en la adjudicación de contratos o favoreciera a empresa alguna.

La presidenta del Grupo Socialista también trasladó un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía canaria por el comportamiento demostrado durante la pandemia y reivindicó el trabajo realizado por el Gobierno del Pacto de las Flores para proteger la salud pública, el empleo y el Estado del bienestar en uno de los momentos más difíciles vividos por las islas, así como el rigor con lo que se actuó en un contexto fuera de la normalidad administrativa y donde salvar vidas era lo más urgente.

Fierro concluyó con un llamamiento a la responsabilidad política y a la defensa de la verdad frente a la confrontación partidista. También dirigió unas palabras a quienes integraron el anterior Ejecutivo autonómico y, de forma especial, al expresidente Ángel Víctor Torres, defendiendo que, pese a la “campaña de descrédito” sufrida durante los últimos años, la actuación del Gobierno socialista durante la emergencia sanitaria ha quedado respaldada tanto por la documentación analizada como por las resoluciones judiciales conocidas.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas relativas a Canarias que el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantes” para las Islas. Entre ellas está la modificación del límite de gasto para las comunidades autónomas, que se eleva del 3,2% fijado por Europa, hasta el 4%. En este punto Torres ha expuesto la incongruencia del PP de Canarias en las votaciones al respecto y ha señalado que el próximo día 14, cuando se vote esta regla en el Congreso de los Diputados, se verá “quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, en referencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asian (PP).

Ya este lunes, el Gobierno central trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”, según lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno también trasladó a las comunidades que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Torres ha detallado que el nuevo objetivo es “mejor que el anterior”, pues eleva la cifra del 3,2% al 4%. Esto, ha abundado, significa “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda... es decir, para el estado del bienestar”.

Torres ha recordado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian (PP), se abstuvo cuando se propuso en 3,2% de objetivo de déficit, y sin embargo votó en contra del 4% este lunes “por orden de su partido político”. El ministro ha añadido que este nuevo objetivo de déficit se votará en el Congreso el próximo 14 de julio, y que ese día se verá cuál es el voto de los distintos grupos políticos: “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, ha concluido.

Este martes, el Consejo de Ministros también dio luz verde a ampliar hasta los 23,1 millones las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias frente a la Guerra de Irán. En un primer acuerdo con el Gobierno regional, las ayudas superaban los 15 millones de euros por parte del Estado, mientras que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aportaba algo más de 14 millones.

Sin embargo, tras alargarse el conflicto, y tras un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno central se comprometió a incorporar otros 7,8 millones de euros adicionales, lo que, en suma, eleva a 23,1 las ayudas.

Canarias recibirá 83 de los 92 millones de euros aprobados por el Gobierno para reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese, según ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, destinada a financiar obras de reparación en infraestructuras municipales y en la red viaria insular y provincial afectadas por emergencias de protección civil registradas entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026.

Torres ha asegurado que Canarias fue la comunidad autónoma más afectada por la borrasca y ha destacado que el Ejecutivo central cubrirá hasta el 50% del coste de las obras ejecutadas por ayuntamientos y cabildos.

En el caso de Tenerife, el Cabildo cifró los daños en más de 33 millones, mientras que el de Gran Canaria calculó más de 28 millones. La Gomera, por su parte, elevó la cifra a 42,7 millones.

“Es una muy buena noticia para los ayuntamientos y para los cabildos canarios”, ha afirmado el ministro, quien ha precisado que las administraciones locales podrán presentar sus solicitudes hasta las 15.00 horas del próximo 30 de julio.

Según el extracto publicado en el BOE, el importe máximo de las subvenciones asciende a 92.017.358 euros para el conjunto del país y podrán beneficiarse las diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco, Asturias y Murcia.

Las ayudas financiarán en hasta un 50% de su coste proyectos de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, así como actuaciones en redes viarias insulares y provinciales dañadas como consecuencia de catástrofes naturales.

Las solicitudes se podrán presentar desde las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE y se cumplimentarán y presentarán de forma electrónica, a través de la aplicación informática 'AURA-Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales', accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El Gobierno de España va a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 7,8 millones de euros adicionales a los 15,3 millones acordados en marzo pasado, como compensación por el decreto de extensión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta un total de 23,1 millones.

El acuerdo ha sido hecho público por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia ante la prensa en la que han rechazado contestar a preguntas ajenas a este asunto, entre ellas el acuerdo de PP y Vox en Andalucía y la personación de la Abogacía del Estado en relación con las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España de marzo pasado, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en Canarias.

Ante la protesta del Gobierno de Canarias, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones de euros, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según han explicado Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones de euros.

Torres ha anunciado que la transferencia específica y extraordinaria de los 23,1 millones de euros que suman las ayudas a Canarias por la guerra en Oriente Medio se aprobará en el Consejo de Ministros.

“Canarias ya puede contar con esos 23,1 millones de euros una vez el acuerdo quede formalmente aprobado el martes”, ha garantizado Ángel Víctor Torres.

Ha añadido que, si hubiera un nuevo real decreto-ley porque se extienden las ayudas por la guerra en Oriente Medio, se hará “exactamente lo mismo”, es decir, articular la correspondiente compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias, ha afirmado el ministro de Política Territorial.

Fernando Clavijo ha confirmado que, así como en el anterior decreto Canarias tuvo que reclamar las medidas compensatorias apropiadas, en este caso las conversaciones han sido previas.

“Este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades de Canarias y con la ciudadanía canaria”, ha dicho el presidente autonómico.

Para Clavijo, a pesar del “despiste inicial” del Ejecutivo central, el Gobierno de España “ha mostrado voluntad para corregir esa situación y compensar a los canarios, de forma que no queden en una situación de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español”.

Clavijo ha señalado que el coste total de las compensaciones que aplica Canarias por la guerra en Oriente Medio supera los 60 millones de euros, de manera que las ayudas del Estado cubren alrededor de un tercio.

Entre las medidas prorrogadas hasta el 30 de septiembre para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en Canarias figura el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles y la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en un 99%.

No obstante, está prevista la supresión o graduación de las medidas según la variación de los precios del combustible.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no retira el conocido como Monumento a Franco lo hará la Administración General del Estado y con un coste subsidiario al ente municipal.

En declaraciones tras reunirse con la Asociación de Memoria Democrática de Tenerife, Torres ha dicho que, de todas formas, está “convencido” de que el Ayuntamiento (dirigido por CC y el PP) lo va a retirar tras todos los documentos técnicos que señalan que la escultura no tiene valor artístico o posibilidad de ser Bien de Interés Cultural y tras la inclusión en el catálogo de vestigios del Ministerio.

“Espero que se haga antes de los seis meses. ¿Qué sentido tiene que se mantenga en vía pública un monumento de exaltación del franquismo que no tiene valores artístico ni arquitectónicos? Cualquier demócrata lo que estará deseando es que no se exhiba”, ha manifestado Torres.

El ministro ha agregado que ha tenido interlocución con el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC), durante todo el proceso, por lo que se ha mostrado sorprendido de que el regidor le acusase de “política chunga”.

Torres ha negado que el interés por retirar la escultura de Juan de Ávalos sea “partidista”, pues las tesis de los funcionarios del Gobierno de España y del de Canarias respecto a la escasez de valor artístico o arquitectónico de la obra “son las mismas” pese a ser ambas administraciones de distinto color político. Y es que el pasado mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura.

El acuerdo fue adoptado por una amplia mayoría de los miembros del Consejo: dieciséis votos en contra de la declaración, una abstención y ningún voto favorable. El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

“Yo creo que todos podemos alegrarnos de que queden fuera de nuestras vías insignias y monumentos que nunca debieron construirse ni exhibirse porque simbolizan el fascismo y la dictadura”, ha concluido Torres.

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del José Carlos Schwartz, último alcalde republicano de Santa Cruz y asesinado por el bando sublevado, se ha mostrado confiada en que, tras muchos años, el monumento se retire dentro del plazo de seis meses dado por el Gobierno de España.

“Creo que va a ser muy difícil aplazarlo, pero si el Ayuntamiento de Santa Cruz lo intenta... El alcalde a mí me dice una cosa, me dijo que estaba dispuesto, y luego ha dicho que no. Llevamos así años. El monumento es un insulto a la democracia y a la libertad”, ha señalado Pérez Schwartz.

También ha apuntado que en la ruenión con el ministro han abordado la posibilidad de buscar cuerpos de represaliados en el fondo marino de Santa Cruz y en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, con georradares.

Pérez Schwartz también ha subrayado la necesidad de llevar a cabo más labores de educación y concienciación de la etapa franquista entre la población joven.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado este jueves de “diatriba loca” la postura del Partido Popular respecto a la denominada “ley de nietos” y le ha reclamado a este partido que pida perdón por ello, pues sus gobiernos también impulsaron normas de ampliación de los derechos a la nacionalidad.

En declaraciones hechas en Santa Cruz de Tenerife, donde ha participado junto al presidente regional en la presentación de las medidas para Canarias para paliar la crisis en Oriente Medio, Torres también ha lamentado los ataques a la funcionaria que instruyó la ley por ser hermana del ministro Óscar Puente, y ha dicho de ella que es “una magnífica jurista de altísimo recorrido en administraciones públicas de varios colores políticos”.

“Hasta ese punto llega, y señalo por ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta ese punto llega la diatriba loca del Partido Popular, que ahora ya no sabe dónde meterse y lo que tiene que hacer es pedir un perdón”, ha resumido Torres, que ha acusado al PP de sembrar la duda sobre representantes de la administración que hacen su trabajo “con honestidad.

El ministro ha defendido la utilidad y justicia de la ley que devuelve la nacionalidad a los nietos de quienes se tuvieron que exiliar por motivos políticos o económicos tras la Guerra Civil.

“Tienen razón quienes dicen que se tenía que haber hecho hace 40 años, y que tendrían que haber votado entonces todas esas personas”, ha apostillado el ministro, que se ha preguntado por qué Feijóo fue hace años a Argentina y pidió al Gobierno de España que ampliara los derechos a los descendientes de españoles en el exterior.

Ha negado las acusaciones de “adulteración” del censo manifestadas por el líder del PP y que haya “prisas” para los trámites, pues la ley es de 2022 y, pese a que ha habido 2,4 millones de solicitudes, hasta octubre de 2025 se han tramitado 300.000 Y 500.000.

“¿Es que él (Feijóo) sabe ya lo que van a votar las personas en el exterior? Extienden la sombra (...). Quedan absolutamente en ridículo, por su cinismo y con su hipocresía”, ha concluido Torres.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su “respeto” a la Justicia tras conocerse la sentencia que impone 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como caso Mascarillas de corrupción.

“Lo que siempre hemos dicho cuando hay un fallo judicial, en este caso del Tribunal Supremo, respeto a la Justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes y no tenemos nada que decir”, ha dicho Torres en Teror (Gran Canaria).

“Lógicamente están los derechos de las personas y aquí hay un fallo del Tribunal Supremo”, ha manifestado el ministro en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por cobrar mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas.

El Tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

En el caso del empresario, según el Ministerio Público, obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, pero no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este lunes que el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que toma la decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarla a acudir regularmente al juzgado, “es un despropósito absoluto”, por lo que reconoce que le “alegra” que el Consejo General del Poder Judicial haya tomado la decisión de abrirle un expediente.

A su juicio, el argumento del juez de que Gómez podría contar con la colaboración de agentes policiales para eludir la acción de la Justicia “es una aseveración que pasa cualquier límite lógico, como ya han denunciado los propios sindicatos de la Policía.

Y “claramente tiene que corregirlo el Consejo General del Poder Judicial”, según el ministro.

Asimismo, Torres ha criticado que “la oposición dicte sentencia cuando estamos ante investigaciones embrionarias”.

“Si realmente decimos que hay que separar los poderes, seamos mucho más respetuosos con los procesos en marcha, con las investigaciones que están comenzando, con el derecho de las personas a defenderse con la obligación de que las pruebas sean fehacientes, sean contundentes, sean claras, y que quienes dicten sentencia sean los jueces, no los partidos políticos”, ha considerado el ministro.

“Esta persecución es intolerable”

Ya han sido varios los socialistas canarios que están mostrando su apoyo a Begoña Gómez tras el auto del juez Peinado. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ángel Víctor Torres, que ha señalado que “esta persecución es intolerable”.

“El propio auto, por el contenido que estamos leyendo, es la confirmación de un enorme despropósito”, ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en sus redes sociales, donde ha añadido que en este caso, donde el daño a Begoña Gómez es irreparable, también espero que se imponga la JUSTICIA, con mayúsculas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado este lunes que la resignificación de obras o monumentos históricos es una “decisión técnica y no política”, después de que el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP), pidiera hacer lo propio con el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

Estas declaraciones se suceden después de que el Consejo Patrimonial del Gobierno de Canarias rechazase este junio la declaración con Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura, que se encuentra ubicada en la confluencia de las Ramblas con la avenida de Anaga de la capita tinerfeña.

En una entrevista a Radio Marca, recogida por Europa Press, Torres ha señalado que el Monumento a Franco es una escultura realizada “por un escultor represaliado”, Juan de Ávalos, y que “representa a Franco, a la dictadura y que tiene símbolos franquistas”. “Si tiene que ser o no resignificado no es una decisión política, es una decisión técnica”, ha respondido en alusión a la propuesta de Santa Cruz, que lleva años posponiendo la aplicación de Memoria Histórica respecto a este monumento.

El ministro ha señalado que sobre este asunto ya se habrían manifestado colectivos colegiados en Canarias, cuyas propuestas se elevarán a los órganos correspondientes y con representación política. Además, ha añadido, existe una comisión estatal de prestigio que también estaría culminado un trabajo que “muy pronto” dará su respuesta al respecto.

“La resignificación ocurre cuando hay valores de interés cultural, arquitectónico u de otra índole y, por lo que ya hemos podido conocer, no los tiene esa escultura”, ha añadido el ministro, que ha recordado que “en un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura”.

El Govern central portarà davant del Tribunal Constitucional la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears, suprimida el passat mes de març per PP i Vox. La norma, aprovada el 2016, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic dels qui van ser represaliats després del cop militar de 1936. Segons ha defensat el Consell de Ministres, l'eliminació de la llei autonòmica suposa una vulneració dels drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

La portaveu de l'Executiu espanyol, Elma Saiz, ha anunciat aquest dimarts la interposició del recurs després que fracassassin les negociacions obertes amb el Govern balear per intentar revertir la derogació del text, que preveia mesures com l'elaboració d'un cens de símbols franquistes per facilitar-ne la retirada, la prohibició d'actes d'exaltació de la dictadura, la conservació d'arxius vinculats a la memòria democràtica i la garantia d'accés a la documentació relacionada amb la repressió franquista.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, dirigit per Ángel Víctor Torres, va oferir al Govern obrir una via de negociació per restituir la llei. Tanmateix, les converses no varen fructificar i l'Executiu central ha optat finalment per acudir al Constitucional amb la intenció, a més, que la suspensió de la derogació es pugui aplicar de manera cautelar mentre es resol el procediment.

El Govern sosté que la decisió compta amb l'aval del Consell d'Estat, que considera que la supressió de la norma balear vulnera el deure de col·laboració de les comunitats autònomes en el desplegament de la Llei estatal de Memòria Democràtica. L'òrgan consultiu entén, a més, que la derogació afecta drets fonamentals relacionats amb la dignitat de les persones i la integritat moral de les víctimes.

L'ofensiva judicial contra la decisió adoptada a les Balears s'emmarca en la línia ja iniciada per l'Executiu de Pedro Sánchez amb comunitats autònomes com Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, les normatives de memòria històrica de les quals han estat substituïdes per “lleis de la concòrdia” que, amb el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia, mentre manté negociacions sobre iniciatives impulsades en altres territoris com Extremadura.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va succeir i, el que és pitjor, condemnen les víctimes novament a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen aspectes vinculats a les exhumacions però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició.

L'esquerra celebra la impugnació

La decisió ha estat celebrada pels grups d'esquerra a les Balears. El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta autonòmica, Marga Prohens (PP), d'haver cedit davant Vox, defensant que el recurs suposa un fre a l'extrema dreta i assegurant que, si el Constitucional admet la impugnació i acorda mesures cautelars, la derogació podria quedar suspesa i la llei autonòmica tornaria temporalment a estar vigent.

També Més per Mallorca ha acollit positivament l'anunci. La diputada Maria Ramon ha assenyalat que recuperar la norma és especialment rellevant quan es compleixen deu anys de l'aprovació de la llei de fosses de les Balears, i ha defensat que ambdues legislacions formen part d'una mateixa política pública destinada al reconeixement i la reparació de les víctimes.

Vox, per contra, ha carregat durament contra la iniciativa de l'Executiu estatal. La seva portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha qualificat el recurs de “rebequeria” i ha qüestionat que el Govern pugui impedir que una majoria parlamentària autonòmica derogui una llei aprovada pel Parlament. La diputada ha titllat, a més, d'“antidemocràtica” la possibilitat que la derogació quedi suspesa cautelarment i ha insistit que la norma eliminada era, al seu parer, “injusta i sectària”.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica va ser aprovada definitivament pel Parlament el març passat i va entrar en vigor després de la seva publicació al BOE el 10 d'abril. La mesura va formar part de les exigències plantejades per Vox al PP durant la legislatura i va convertir les Balears en una de les comunitats autònomes on l'agenda memorialista impulsada pel Govern central ha patit un major retrocés institucional.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado a los partidos que “ya dictan sentencia” y piden elecciones por las investigaciones que se están produciendo en el entorno del PSOE, añadiendo que el Gobierno “va a seguir trabajando”.

“No le quito relevancia a las investigaciones, pero son investigaciones”, ha afirmado este sábado en unas declaraciones a Televisión Canaria recogidas por Europa Press.

Torres recordó en este punto que el PP, con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno, no convocó elecciones en el año 2018 tras la sentencia que conllevó luego la moción de censura que quitó a los populares de la Presidencia.

“Y ahora nos exigen a nosotros que convoquemos elecciones --observó--. Nosotros vamos a seguir trabajando, generando empleo que sea de calidad, que haya más mujeres trabajando y respondiendo a todo lo que es la vivienda”.

De igual modo, el ministro ha pedido “respeto” a la organización del Partido Socialista porque “está conformada por millones de votantes y centenares de miles de militantes que trabajan todos los días honradamente y se levantan para sacar adelante a sus familias”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no “resta relevancia” a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente, Ana María Fuentes, y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por, presuntamente, crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero al mismo tiempo ha denunciado el “show” creado que busca generar un escándalo contra el Gobierno.

Torres ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Europa Press, al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase un operativo de 12 de horas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz en busca de información relativa a la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por Cerdán, en la que participó la exmilitante socialista Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez sospecha que para financiar estas actividades se realizaron pagos desde el partido y por eso ordena imputar a la actual gerente.

Aunque el ministro ha repetido en varias ocasiones que no resta importancia a estas pesquisas, ha subrayado que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de llevarse a cabo.

“Estamos asistiendo en directo a un show”, sostiene Torres, que considera que se está primando “entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera”, -en referencia al impacto o “shock” que generan estas actuaciones en la sociedad- por encima de la preservación del proceso judicial.

“No es normal que en la víspera de una intervención supuestamente sigilosa, que se tiene que preservar para el mejor resultado de la investigación, aparezca lo que se va a hacer en los medios de comunicación”, ha recriminado el ministro que considera que “eso va en contra de la propia investigación”.

En la misma línea insiste en que en una investigación “seria” debe haber “discreción” y por tanto reprocha que, a pesar de que hay secreto de sumario, “todo el mundo sepa lo que lo que supuestamente es secreto”.

En este sentido, el ministro de Política Territorial ha hecho un llamamiento a “volver a separar los poderes” del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, “que tiene que ejercer su trabajo con independencia y con igualdad”, advierte.

“Cuando una sociedad empieza a tener dudas sobre la separación de los poderes, cuando tú puedes tener información privilegiada, cuando ya conoces lo que va a hacer una autoridad judicial”, señala, “la igualdad se destroza”.

El PP no adelantó elecciones tras ser condenado por la AN

Pese a los indicios que expone el juez contra cargos del PSOE, Torres rechaza un adelanto electoral y considera que el PP no está legitimado para exigirlo porque en 2018, después de la condena de la Audiencia Nacional por ser partícipe a título lucrativo de actividades de corrupción, los de Mariano Rajoy no adelantaron las generales y salieron de La Moncloa solo tras una moción de censura liderada por Pedro Sánchez.

Ahora, si la oposición quiere un cambio de Gobierno “ante investigaciones policiales que no una condena”, apostilla, deberían presentar una moción de censura, porque es la herramienta recogida en la Constitución para este fin, indica el ministro.

El adelanto electoral o la presentación de una cuestión de confianza, recuerda, son decisiones en manos del propio presidente del Gobierno, según ha recalcado un día después de que Sánchez dijese que agotará la legislatura y descartase generales anticipadas.

No van a encontrar nada ilegal

El ministro Torres también ha denunciado una “campaña” de acusaciones contra él, que, según ha dicho, pretende aburrirle, cansarle, que se haga un lado e ir contra su honorabilidad. “No lo van a conseguir”, ha sostenido.

A renglón seguido, ha defendido que si se aparta, “vencerán los malos”, censurando que las acusaciones que pesan contra él las están haciendo personas como el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, “que está a punto de recibir sentencia”.

Y al ser preguntado por si está seguro de que no habrá un informe de la Guardia Civil sobre él, Torres ha defendido que “no van a encontrar ninguna acción ilegal” de él: “Todo lo que se ha dicho de mí, me dará más fuerza, terminará con una victoria de la verdad frente a la difamación”.