El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que se pueda cambiar la Ley de Extranjería sobre menores inmigrantes para devolverlos a su país, como lleva repitiendo el PP durante días, asegurando que si gobierna, cambiará dicha ley.

“No, y lo digo con absoluta contundencia, y lo sabe el Partido Popular. En Italia gobierna Meloni. Meloni no es progresista, ni muchísimo menos. ¿Cuántos menores no acompañados han salido de Italia, por ejemplo, a Libia? Cero. Cero porque no pueden salir, porque hay una orden internacional y una normativa superior, que es la ley superior del menor y, por tanto, los menores no acompañados tienen que quedarse en el lugar a donde llegan”, apuntilló en una entrevista en Ser Canarias, recogida por Europa Press.

Al respecto, sí que ha admitido que “hay países cuyo tutela la tiene el gobierno central, y en otros casos, como es el de España”, la tienen las comunidades autónomas. Por ello, ha considerado que el PP “está engañando a todo el mundo” y le ha pedido que “diga la verdad” cuando se refiere al retorno de los menores migrantes.

En relación con ello, ha expuesto que está centrado básicamente en su “gestión como ministro, como autoridad única” en lo que está ocurriendo en Ceuta, desde donde dijo “han regresado más de 12.000 personas a Marruecos. Todos son mayores de edad”, para agregar que han sido “cero” los menores que han regresado a Marruecos.

Asimismo ha cuestionado al PP con qué hará, si gobiernan, con los inmigrantes que lleguen al archipiélago, “si se quedarán en Canarias porque se lo impone Vox y porque ellos lo han aceptado”, ya que recordó que votaron “en contra” de que se distribuyeran por el resto del territorio español.

Los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras se quedarán en Canarias y no serán reubicados en otras comunidades del país si el PP logra gobernar en España tras el 29N, ha advertido este sábado el líder de los socialistas en el archipiélago, Ángel Víctor Torres.

Antes de participar en el comité federal del PSOE que ratificará las listas electorales de cara a la próxima cita con las urnas, el dirigente de los socialistas canarios ha hecho esta advertencia, tras los planes del PP desvelados por su portavoz nacional, Borja Sémper, en su reciente visita a Gran Canaria y Tenerife.

Sémper ha avanzado que con un gobierno del PP los migrantes que llegan a España en pateras y cayucos serán retornados, no reubicados, como permite en la actualidad la Ley de Extranjería tras “el hito” de la reforma de su artículo 35, que prevé tal reubicación entre el conjunto de las comunidades del país cuando exista una contingencia migratoria, como las que se dan en varios de sus territorios frontera.

Sobre estos planes del PP, el ministro de Política Territorial ha asegurado que en la reciente crisis de Ceuta los 3.000 migrantes menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma siguen en ella, no han podido ser retornados a Marruecos, como sí ha ocurrido, ha dicho, con más de 12.000 adultos.

Por ello, ha advertido de que desde que el PP derogue la reforma de la Ley de Extranjería, los menores que migran solos “se quedarán en Canarias” o en los territorios españoles a los que arriben.

El dirigente socialista también ha advertido de que una victoria electoral del PP que le permita gobernar en España tras el 29N supondrá para Canarias la pérdida de 1.300 millones de euros adicionales cada año, acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó el nuevo marco de financiación autonómica.

Por todo ello, ha subrayado que el PSOE es la única formación que garantiza la descentralización a territorios vulnerables como Canarias, la única región ultraperiférica de España.

Sobre el acuerdo alcanzado por su partido y los agrupados en el llamado Frente Amplio para concurrir al Senado el 29N, Torres ha vaticinado que supondrá la victoria de esa confluencia en Canarias, lo que permitirá obtener un senador en cada isla y dos de los tres que se eligen en las más grandes.

A su juicio, esta coalición electoral va a garantizar que ningún voto “quede sin servir, sin representación”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha lanzado un mensaje claro a los ciudadanos que han salido a las calles durante las últimas semanas para exigir el derecho a una vivienda y frenar los desahucios. De cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre (29N), el líder socialista ha animado a los manifestantes a acudir a las urnas y votar por quienes protegen sus intereses, advirtiendo que de lo contrario tocará, “llorar”.

“Después, ya no hay tiempo si han votado distinto. Por eso estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones en nuestro país”, manifestó el dirigente tras la celebración del Comité Regional del PSOE de Canarias, donde se han aprobado las candidaturas de las islas.

Torres recordó que la formación socialista acumula ocho victorias electorales consecutivas en Canarias y se mostró confiado en revalidar el triunfo en las elecciones generales del 29N, asegurando que “la mayoría de este país se parece al PSOE”.

La vivienda pública frente a los “fondos buitre”

Durante su intervención, el ministro subrayó la importancia de la movilización del voto trabajador. “Los trabajadores y trabajadoras que se levantan todas las mañanas a sacar adelante a su familia deben tener claro quién defenderá sus principios y necesidades desde la Moncloa”, enfatizó.

En clave de contraste político, Torres señaló que “los ricos claramente sabrán a quién tienen que votar, porque hay quien defiende proteger a los bancos o a los fondos buitre”. Frente a ello, reivindicó el papel de su partido en la defensa de la vivienda pública como un derecho constitucional.

Críticas al PP por el bloqueo de las zonas tensionadas

El líder del PSOE canario también criticó a “quienes ponen palos en las ruedas permanentemente”, apuntando directamente a la postura de los presidentes autonómicos del Partido Popular (PP). Torres lamentó la gestión de los populares en el desarrollo de la Ley de Vivienda y en el sistema de financiación autonómica.

En este sentido, denunció que la negativa a declarar zonas tensionadas —áreas donde los alquileres sufren las mayores subidas— ha sido el detonante que ha “provocado la reacción ciudadana ante un derecho constitucional”.

Por ello, el ministro concluyó dirigiéndose nuevamente a las personas movilizadas por la crisis habitacional: “Ahora tienen la oportunidad más importante, que es la de ir a votar el 29N”.

El ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes que no formará parte de las listas del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre porque va a dar prioridad a la candidatura con la que intentará volver a presidir el Gobierno de Canarias tras las autonómicas de 2027. Torres presidió el Ejecutivo canario de 2019 a 2023, una legislatura que estuvo marcada por la pandemia de COVID-19 y por la erupción del volcán de La Palma.

“Mi voluntad, mi prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias. Por lo tanto, no me voy a presentar en las listas al Congreso de los Diputados. Habrá otros compañeros y compañeras que estarán en esas listas por la provincia de Las Palmas y por la provincia de Santa Cruz de Tenerife”, ha manifestado, al ser preguntado sobre este asunto en un acto en Huesca.

El Comité Regional del PSOE de Canarias tiene previsto reunirse el próximo jueves, 15 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria para aprobar las listas al Congreso y al Senado, con algunos sectores del partido apostando por Torres como principal baza como cabeza de cartel, posibilidad que ahora queda ya descartada.

El dirigente socialista sí se ofrece a entregarse “en cuerpo y alma, con el máximo de los esfuerzos”, a apoyar a los candidatos que designe su partido, para “volver a ganar las elecciones en Canarias”.

Torres ha recordado que su partido ha ganado “las últimas siete elecciones de las siete que se han celebrado en Canarias. Hemos ganado las dos citas en las elecciones europeas, ganamos las tres en las elecciones generales en Canarias y hemos ganado las dos citas que ha habido en elecciones autonómicas”.

Por ello, defiende que los socialistas parten en las islas “en una posición muy fuerte” y apuesta por que van a lograr una octava victoria consecutiva en los comicios en las islas, “sin ninguna duda”.

“Voy a trabajar con el máximo de mis esfuerzos, como he hecho siempre, para que así sea. Tenemos grandísimos candidatos que van a estar en esas listas y ahí estaré al lado de ellos y ellas”, ha dicho. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado a que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre “no cometa el error de no seguir adelante con la memoria democrática”, algo que considera esencial por encima de ideologías.

Así lo ha defendido en Sevilla en una conversación con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en el marco de las jornadas 1936. La guerra que todos perdimos, que tienen lugar en la Fundación Cajasol. Torres, por cierto, ha hecho mención al nombre de las propias jornadas, sobre el que ha dicho que “se pudo perder la guerra”, pero hace 50 años “se ganó la democracia”.

Para él, el futuro lo personifica en su hijo de 11 años, para el que solo desea “que viva en libertad y vote a quien quiera”. Ha rememorado una Guerra Civil en la que “hubo vencedores y vencidos, pero la muerte del dictador trajo consigo el regreso a la democracia”, para apostillar: “Siguen heridas sin cerrar, y es lo que estamos haciendo desde Memoria Democrática”.

Sin una ley específica hasta 2007

Preguntado por Ignacio Escolar por cómo se justifica que la primera Ley de Memoria en España no llegase hasta 2007, la 52/2007 (conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica), aprobada el 26 de diciembre por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido a las memorias de Felipe González, en las que expresaba que “si diese marcha atrás en el tiempo lo haría de otra forma”. Así, ha señalado que confía que incluso un hipotético gobierno en el que estuviese Vox no paralizaría estas políticas: “Hemos podido exhumar a 10.000 personas, queda el 50%. Uno de mis recuerdos más emocionantes fue cuando hablé con un alcalde de un partido distinto al mío en Aragón, después de recuperar los restos de su abuelo”.

Con todo, “no hay que olvidar esta etapa de nuestro país para no repetirla”, y ha espetado que “se puede votar a quien le dé la gana a cada uno, lo que no podemos hacer es que ese voto sea un pensamiento único”. En este sentido, ha subrayado que “los derechos humanos dicen claramente que en un país civilizado no puede haber personas enterradas en cunetas”.

Cuelgamuros y su nuevo destino

Ángel Víctor Torres se ha referido a Cuelgamuros como un símbolo de lo que supuso la Guerra Civil, con 33.000 personas enterradas de las que 23.000 eran del bando republicano, y sin que el Gobierno actual haya podido culminar el plan para darle un nuevo uso como recinto de memoria histórica.

Con un proyecto que solo tiene aprobado el concurso de ideas, el ministro ha dicho que es importante conocer lo que pasó en ese lugar tras la guerra. “Hay miles de muertos, pero los del bando perdedor llegaban 10 o 12 en una caja con el nombre del sitio donde los mataron, mientras que los del bando vencedor venían cajas individuales con el nombre de esa persona”.

“Hubo gente que llevó flores a un cementerio durante años, y no sabía que el cuerpo de su familiar había sido robado para llevarlo al Valle de los Caídos”, y todo ello en “un mausoleo” a donde fueron llevados esos muertos “contra su voluntad”. Por eso, considera indispensable que se conozca la verdad sobre ese sitio en concreto, “como la verdad de que Guernica fue bombardeada y durante la dictadura se hizo creer que la quemaron los habitantes de la ciudad”.

Pero, en ese ámbito, entiende que es preocupante que “la franja de edad más partidaria de la dictadura son jóvenes”, de modo que les pide “que tengan toda la información, no solo la sectaria que llega por algunos medios de información”. “Que sepan que había campos de trabajo a donde mandaban a homosexuales, y les pregunten si aplaudirían las jóvenes que no pudiesen abrir una cuenta bancaria sin la firma de su marido”.

Una reflexión además mirando al mañana, para la futura composición del Congreso, y un aviso al PP: “La derecha del 76 fue capaz de contener en su interior a las voces que querían mantener el franquismo, y el PP debe analizar su historia y saber que consiguió más cosas sin abrazar postulados de reminiscencia franquista”.

De paso, ha replicado al expresidente José María Aznar, que en el mismo foro en Sevilla dejó caer que la monarquía estaba en peligro si Pedro Sánchez volviese a gobernar: “Hay afirmaciones peligrosas. Tenemos un sistema garantista, con una democracia pulcra de la que nos tenemos que sentir orgullosos, y cuestionar que un partido político va a llegar para acabar con el orden que tenemos es como decir que la ultraderecha va a acabar con la democracia e imponer la dictadura”.

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre tendrá consecuencias directas en las candidaturas a las autonómicas de mayo de 2027. Los ministros y ministras del Gobierno ya nominados como candidatos a esos comicios podrán dedicarse a esa cita electoral desde febrero próximo, a partir del momento en que comience la nueva legislatura nacional y cesen en sus actuales cargos. 

Es el caso de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que opta a la presidencia de la Generalitat Valenciana; Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, que disputará la presidencia de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que intentará repetir como presidente de Canarias, cargo que ocupó entre 2019 y 2023.

Ocurra lo que ocurra en estas elecciones de noviembre y sea quien sea el que forme gobierno tras ellas, los ministros socialistas nominados a las autonómicas no renovarán en sus cargos, lo que les permitirá dedicar algo más de tiempo a la campaña electoral de sus autonomías.

En el PSOE confían en que el adelanto electoral también influya positivamente en esas elecciones autonómicas del 23 de mayo próximo. La mayoría de los barones quería que fueran antes y que no hubiera superdomingo electoral, lo que siempre ha rechazado Pedro Sánchez. Pero el amplio distanciamiento que el adelanto al 29-N provoca ahora permitirá un efecto valorado en cualquier caso por esos barones.

En el caso de una derrota del PSOE en las generales, la alternativa de un gobierno del PP con Vox puede movilizar a muchos votantes progresistas para blindar asuntos cercanos en sus respectivos territorios. Además, la lejanía entre ambos comicios se supone que sanará los efectos negativos que haya podido dejar esta última legislatura de gobierno progresista.

Pero en el caso de una victoria socialista con formación de gobierno en torno a Pedro Sánchez -lo que a estas alturas no está descartado- también podría fortalecer las opciones progresistas dada la movilización que se prevé en noviembre como consecuencias de las reivindicaciones por la crisis de la vivienda en toda España y la huelga general programada para este otoño.

Ángel Víctor Torres tiene unos pocos meses para enderezar la crisis de Ceuta, para la que ha sido comisionado como mando único por el presidente del Gobierno dada su experiencia en gestionar adversidades. Es un reto muy complicado por la confluencia de factores cada cual más diabólicos y cada cuál más retorcido por la oposición, como la inmigración y las relaciones con Marruecos.

En el entorno del ministro aseguran que las soluciones se están encaminando aunque reconocen que recuperar la confianza y la serenidad de la ciudadanía va a tardar un poco más que la filiación, los traslados, las devoluciones y la desaparición de los migrantes de las calles de la ciudad autónoma.

La gestión de Torres en Ceuta está siendo muy valorada no solo por la Moncloa, sino también por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien mantiene hilo directo y, al parecer, fructífero.

Es uno de los ministros más allegados a Pedro Sánchez y uno de los que intervino en la decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones.

La movilización ciudadana por la crisis de la vivienda permitirá que esta crisis de Ceuta, como otras de las que han acuciado al Gobierno en esta legislatura, están quedando de momento eclipsadas. 

Ángel Víctor Torres voló la mañana de este lunes a primera hora a Madrid para llegar a tiempo al Consejo de Ministros en el que se tomaba el acuerdo de la disolución de las Cortes Generales. Estaba previsto que presidiera, junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, un acto en el que se presentaba el proyecto para la construcción de nuevas viviendas públicas para alquiler asequible en la ciudad alta de la capital grancanaria.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a “seguir avanzando en derechos para la mayoría social” frente a la posibilidad de poner “el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen”.

Así lo ha puesto este lunes de manifiesto en su perfil oficial de la red social X después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En este sentido, el canario ha hecho especial hincapié en que durante los próximos comicios “nos lo jugamos todo”, por lo que ha instado a “seguir luchando” porque “vale la pena”.

Finalmente, el ministro ha insistido en que los socialistas “se van a dejar la piel” para que España pueda “seguir avanzando” en derechos sociales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este miércoles de que los máximos responsables de los gobiernos de España, Francia y Portugal “han sido claros” en una carta recientemente enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea, Micheál Martin, donde “reclaman el mantenimiento de la ficha financiera de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034”. 

El ministro destaca que la misiva representa “una contundente defensa de las singularidades de Canarias, de su financiación y del restablecimiento del POSEI, defendiendo a su vez que, si hubiera planes nacionales, se cuente con fondos específicos”. 

Torres considera que esa comunicación conjunta firmada por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luis Montenegro “manifiesta una contundente defensa de Canarias por parte del Gobierno de España”. Para el ministro de Política Territorial, la carta supone también “un paso importantísimo para preservar y proteger las singularidades de Canarias, como única RUP española”, como se viene defendiendo en todas las comunicaciones oficiales en las que ha participado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desde diciembre de 2025 junto a los ministerios de Exteriores, Hacienda, Agricultura o Vivienda. 

La carta enviada por los tres países europeos con territorios ultraperiféricos destaca el valor geoestratégico de estas regiones, pero  también ahonda en sus singularidades recogidas en el artículo 349 del  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El texto conjunto pone  en valor la Estrategia RUP adoptada el pasado 10 de septiembre, e incide  en que las políticas de la Unión Europea deben reflejar las especificidades  de estos territorios, para lo cual es necesario brindar el máximo apoyo al  Paquete Ómnibus de simplificación para las Regiones Ultraperiféricas. 

En ese sentido, Torres considera que “este es el mejor camino para seguir  reivindicando el mejor Marco Plurianual para las Regiones Ultraperiféricas”  y concluye que la carta de los tres mandatarios europeos “muestra un  compromiso indiscutible” con estos territorios y contiene argumentos  “contundentes” para la defensa de Canarias y el mantenimiento de sus  singularidades “como parte fundamental de la Europa del presente y del  futuro”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado ese lunes que ataca la decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar el requerimiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de nietos, pero ha incidido en que ello no quita que pueda mostrar su disconformidad.

La Junta ha acordado en su reunión extraordinaria de este lunes por siete votos a seis no impugnar la decisión del Alto Tribunal de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo, siguiente lo mandado por los magistrados, hasta verificar la condición de descendiente de exiliado de cada uno de los nacionalizados a través de esta ley, según informaron a elDiario.es fuentes conocedoras de lo hablado en el encuentro.

Torres, en declaraciones a los periodistas, ha recordado además que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicía “nos pedía una ley para los descendientes de los españoles” que tuvieron que emigrar, porque había muchos de ellos gallegos, al igual que canarios, pero ahora se ha sumado a la “tesis de la ultraderecha” y pretende quitarles ese derecho.

Esos españoles lo son al igual que el resto de españoles porque la Ley de Memoria Histórica aprobada en las Cortes en 2022 lo permitió, ha recalcado Torres, quien también ha cuestionado que se prevea por la ultraderecha lo que van a votar cuando el voto es secreto.

El ministro ha pedido que se entre en el fondo del asunto y que el Supremo dicte sentencia cuanto antes por el derecho que se preserva a esos españoles que tuvieron que emigrar por la Guerra Civil y ha añadido que “muchísimos expertos” en la materia tampoco han entendido la medida cautelar que se ha adoptado sobre esta ley.

Torres ha pedido que se resuelva pronto ante las nuevas citas electorales. 

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho oficial este lunes ante el PSOE de Canarias su candidatura a presidente de la comunidad autónoma, y que formalizará en los próximos días, de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027. Lo ha hecho en la Comisión Ejecutiva Regional, reunida esta tarde, donde el expresidente regional subrayó su firme objetivo de “volver a ganar las elecciones en Canarias”, como ya hizo en las autonómicas de 2019 y 2023.

En un comunicado, la formación señala que el proceso se pondrá en marcha este jueves día 17, con la apertura del plazo para la presentación de precandidaturas, que se prolongará hasta el lunes 21.

Además, el grupo explica que solo en el caso de que concurra más de un aspirante, el proceso continuará con una fase de recogida de avales, del 22 al 29, y una campaña de información a la militancia, del 30 de septiembre al 9 de octubre, que culminaría con una votación el sábado 10 de octubre. Si fuera necesaria una segunda vuelta, el calendario se extendería hasta el 17 de octubre.

Torrés está convencido de que “las cosas se deben y se pueden hacer de otra manera” a como lo está haciendo el actual Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, y puso como ejemplo los avances sociales y estructurales logrados por el Pacto de las Flores, “a pesar de las muchísimas adversidades a las que tuvimos que enfrentarnos”, como la pandemia o una erupción volcánica.

“Se hizo un buen trabajo y así lo reconoció la ciudadanía canaria, haciendo al Partido Socialista primera fuerza en Canarias”, si bien fue “otra mayoría parlamentaria legítima” la que finalmente se hizo con el Gobierno autonómico.

Además, el socialista destacó que, desde entonces, el PSOE de Canarias ha trabajado desde la oposición “con propuestas constructivas” y desde el Gobierno de España para impulsar medidas beneficiosas para las islas. Citó, entre ellas, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la propuesta de financiación autonómica y el nuevo real decreto ley que permitirá a Canarias disponer de más de 600 millones de euros de superávit, además de incorporar medidas específicas para La Palma.

El secretario general defendió que el PSOE de Canarias es un partido “con historia, con gente experimentada y con capacidad de gestión”, que entiende que “las cosas en esta tierra se pueden hacer de otra manera”, especialmente mediante una mejor redistribución de la riqueza y políticas dirigidas a reducir las desigualdades.

De cara a las elecciones de 2027, Torres aseguró que el PSOE Canarias también hará “autocrítica” sobre su anterior etapa de gobierno y reivindicó el respaldo mayoritario recibido en los anteriores comicios. “A los canarios, con esta candidatura a la presidencia, no les puedo ofrecer más que lo que siempre les he ofrecido: trabajo, tesón, humildad y estar al lado de la solución de los problemas y no en la generación de conflictos”, concluyó.

Un blindado del Ejército que patrulla las calles de Ceuta frena en seco a la altura de la Glorieta del Teniente Reinoso, en pleno centro de la ciudad. Cuatro soldados armados con fusiles de asalto se bajan del vehículo y se adentran a toda prisa en el suelo acolchado de un pequeño parque de juegos infantil, completamente vacío a esa hora de la mañana del primer día de curso escolar. Se dirigen a un banquito situado frente al tobogán, donde hay tres adolescentes marroquíes sentados. Los tres llevan pantalón corto, camiseta oscura y chanclas. Y en cuestión de segundos se ven rodeados por los cuatro militares. La conversación dura poco. Les preguntan cuándo entraron, si han ido a registrarse ya y qué hacen ahí. Y los echan del parque. Así que los tres chavales se levantan del banco y empiezan a andar calle abajo, sin rumbo.

Las escenas que provoca el despliegue del Ejército, visible casi en cada esquina de la ciudad, rompen enseguida la falsa sensación de normalidad que proyecta la actividad de las tiendas de ropa o las bulliciosas cafeterías del centro, todas abiertas. El trasiego de ceutíes que van o vuelven de trabajar y que se sientan en una terraza a tomar algo es constante en esta zona, donde apenas hacen acto de presencia las miles de personas migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en Ceuta. Pero normalidad ni hay, ni tampoco se la espera a corto plazo en una ciudad en la que ha cambiado todo en apenas mes y medio y en la que nadie habla de otra cosa. Una ciudad atravesada por la ira, por el miedo y por una crisis humanitaria desbordante, cuyas dimensiones nadie es todavía capaz de calcular pero que mantiene hacinados, cuarenta días después, a varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas en campamentos de acogida o abandonados aún en la calle. Una realidad que cae a plomo, sobre todo, en los barrios de la periferia.

En esa ciudad, en esos estados de ánimo y en esas circunstancias aterriza el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este pasado martes 8 de septiembre. Su presencia no despierta entre los ceutíes tantas pasiones como la de Fernando Grande-Marlaska u otros miembros muy señalados del Gobierno central, a quien reprochan masivamente inacción con Marruecos y no haberse tomado la situación lo suficientemente en serio desde el principio. Desde que fue designado mando único operativo el 25 de agosto, Torres pasa más tiempo en Ceuta que en Madrid. Y, por supuesto, mucho más que en su casa de Gran Canaria, donde los médicos lo reclaman de vez en cuando para que no deje de lado las revisiones del cáncer que padeció hace unos meses.

Su obsesión ahora es la carrera contrarreloj por sacar a la gente de la calle. “Es la urgencia absoluta. Cuanto más tardemos en habilitar los espacios, más tardaremos en filiarlos y, por tanto, en devolver a todos los que no tengan derecho a asilo”, cuenta el ministro al que han encargado una misión muy cercana a lo imposible: recuperar a marchas forzadas el tiempo de gestión que el Gobierno perdió en agosto para resolver una crisis migratoria inédita por su dimensión, agravada por un clima de crispación irrespirable y con procedimientos administrativos que lo atan de pies y manos porque pueden demorarse muchos meses. Y todo, en un territorio acotado de 18 kilómetros cuadrados al que, por ahora, no se permite compartir la presión con otras zonas del país.

Con esos condicionantes, Ángel Víctor Torres se afana en mantener a salvo de la estruendosa refriega política su relación con Juan Jesús Vivas y el gobierno ceutí del Partido Popular, con quienes pasa horas al teléfono y encerrado en reuniones para pactar nuevos emplazamientos o el desbloqueo de la situación de los menores. Aunque el panorama está lejos de dejar de ser crítico, el balance de la primera jornada del calendario escolar, una prueba de fuego para Ceuta, otorga un pequeño respiro al Gobierno. Y se nota ese alivio en el rostro de Ángel Víctor Torres a primera hora del miércoles.

“Era un día muy importante y los datos nos permiten hablar de un pequeño éxito. Han acudido el cien por cien de los profesores y del personal no docente, se ha alcanzado una asistencia del 75% de los alumnos y no se ha registrado ni un solo incidente. Y va a ir a mejor”, valora el ministro. Son las ocho y media de la mañana y tiene por delante una gymkhana de reuniones y visitas a instalaciones de acogida. Y una meta para el final del día: sacarle partido a su fama de buen negociador para desbloquear rápido nuevas ubicaciones y pactar soluciones para los menores con la administración local, en manos de un PP que aprieta cada vez más por el convencimiento de estar ante el filón definitivo que acabará con el Gobierno y les devolverá al poder. “Yo creo que podemos conseguir 2.600 plazas más cuestión de muy pocos días. Y con eso podemos aliviar la zona de El Príncipe, de Loma Colmenar y, sobre todo, de El Trampolín. Eso es fundamental”.

Los puntos críticos de Ceuta

Torres nombra los tres puntos críticos de Ceuta en los que, a día de hoy, la situación migratoria es de verdadero colapso. El símbolo por excelencia de esta crisis es la playa de El Trampolín, donde la fotografía aún es impactante un mes y medio después: varios miles de personas hacinadas en 2.000 metros cuadrados de un arenal indistinguible a un campo de refugiados. Quienes aquí sobreviven a la intemperie desde finales de julio, en su inmensa mayoría marroquíes, han levantado chozas, han organizado pequeños tenderetes de ropa, de huevos, de fruta y de galletas. Y hasta han improvisado peluquerías ambulantes con hombres que ofrecen su maquinilla eléctrica para cortar el pelo o la barba.

Cada noche, la Cruz Roja lleva a cabo aquí un imponente despliegue para repartir comida. Y hace unas semanas fue instalada una gran carpa de duchas al aire libre que visualmente se asemeja más a un lavadero de coches que a una zona para el aseo humano. La mayor parte de delitos, aseguran policías y guardias civiles, se producen también contra migrantes. “Hay de todo, como en todos sitios. Y claro que hay gente que delinque. Pero la mayoría de los robos o de las agresiones violentas de todo tipo, que las hay, estamos viendo que las sufren los y las inmigrantes de parte de otros inmigrantes”, afirma un agente del cuerpo armado ante la sensación generalizada de inseguridad que reina en la ciudad y que lleva a algunos ceutíes a admitir abiertamente que llevan un arma blanca al trabajo para protegerse. Esta semana, varios ciudadanos de Ceuta y varios inmigrantes han sido detenidos por robar o agredir a otros inmigrantes.

Fuera de El Trampolín, en el Príncipe, hay otros que han encontrado algo parecido a un refugio y se han resguardado en viviendas de familiares o amigos. Pero muchos siguen todavía en la calle, con la asociación de vecinos del barrio volcada estas semanas en darles lo que no les dio la administración: agua, comida, aseo y al menos un toldo bajo el que dormir. En Loma Colmenar la situación es parecida, con cientos de personas también durmiendo todavía al raso en las aceras, en los bordes de las carreteras, bajo los coches. Y muchos de ellos son niños de ocho, diez, doce años. Y más pequeños.

“Algunos nos critican duramente con respecto a los migrantes que están en las calles y que duermen al raso. Entiendo esa crítica, pero supongo que la harán extensiva al Gobierno de Ceuta. Porque hay muchos menores, e incluso bebés, que están durmiendo en la calle. Y esa tutela y esa responsabilidad es del Gobierno de Ceuta. De verdad, creo sinceramente que todos estamos haciendo el máximo de los esfuerzos”, señala el ministro, que apura el café y pone rumbo a la primera reunión de la mañana.

En la sede oficial del Ejecutivo central en Ceuta, Ángel Víctor Torres se reúne junto al delegado del Gobierno con los responsables de Infancia de la ciudad autónoma. Sobre la mesa está el desbloqueo del traslado temporal de niñas no acompañadas a la Península, la propuesta que el Ministerio de Sira Rego reclama sin éxito desde principios de agosto para aliviar la saturación de la acogida y para dar un trato digno a las menores. Aunque el Gobierno de Juan Jesús Vivas sigue sin dar el visto bueno definitivo, esta semana sí se produjo un avance significativo: un pacto bilateral con el ejecutivo autonómico de Navarra para el traslado de cinco niñas. Un paso ínfimo respecto a la magnitud de la crisis, pero que hay quien interpreta en el Gobierno que puede abrir la puerta a nuevos acuerdos.

Lo que sí se consiguió en esa reunión del mando único con la ciudad autónoma es sortear un llamativo choque jurídico entre administraciones, hasta ahora desconocido, y que en la práctica mantenía bloqueada la situación de los miles de menores no acompañados que están en Ceuta. Se trata de la figura jurídica del representante legal del menor, algo parecido a una tutela judicial a la que tienen derecho los niños y las niñas durante su procedimiento y sin la cual la ley de asilo les impide salir del territorio, ni para ser reagrupados en Marruecos, ni tampoco para ser redistribuidos a la Península. Durante todas estas semanas, Gobierno central y local han mantenido una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía hacerse cargo de la contratación de los abogados necesarios para ello. Una discusión ahora resuelta con un pacto: los contrata la ciudad autónoma, pero los paga el Ejecutivo central.

Ya pasado el mediodía, Ángel Víctor Torres se desplaza hacia el Polígono Industrial del Tarajal, donde aún se apuran los últimos retoques para el acondicionamiento de un espacio que sirve de Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE). En los últimos quince días se han logrado convertir dos naves semiabandonadas en un lugar en el que acoger temporalmente hasta a 400 personas en literas. Y en el que también se ha improvisado una oficina policial para el triaje y el registro de los adultos. Una instalación fundamental para poder avanzar en las filiaciones y en los procedimientos de solicitudes de asilo.

Durante la visita del ministro, al que reciben altos cargos de la Policía que le ponen al día de los avances y del trabajo pendiente, 55 mujeres mayores de edad son atendidas en las líneas de triaje. Hay alguna argelina, pero la práctica totalidad de las que cruzaron a nado los días finales de julio viene de Tánger. En el dorso de sus manos llama la atención un número, muy grande, pintado sobre la piel de cada una de ellas con rotulador azul y que las ordena para sus turnos de atención con los funcionarios.

“Han estado semanas en la calle, algunas con niños pequeños, asistidas muchas de ellas por asociaciones de vecinos. Ahora las atendemos nosotros en un centro por un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, cuenta a las puertas del CATE Elvira Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Sur Acoge, que narra que la inmensa mayoría de mujeres que son entrevistadas en ese momento huyen de violencias extremas.

“Hay víctimas de violencia de género, de violencias intrafamiliares de padres, víctimas de trata o hasta matrimonios forzosos con sus proxenetas... una auténtica brutalidad”, cuenta visiblemente afectada. “A muchas les dicen que si tienen denuncias interpuestas en Marruecos eso puede ayudarlas, pero lo que cuentan es que la policía marroquí no les hace caso. Muchas intentaron denunciar y pasaron de ellas”. Lo que reclaman desde Sur Acoge es que los recursos del Estado se pongan a disposición de la emergencia para garantizar una acogida digna y equitativa que, hoy por hoy, resulta utópica. “No entendemos que ni siquiera los perfiles más vulnerables puedan ser acogidas en la Península para ponerlas a salvo y darles un trato digno”, dice la coordinadora.

Aunque nadie del Gobierno quiere pronunciarse sobre procesos de protección internacional que por ley han de ser tramitados de manera individualizada, la presión política nacional e internacional sobre la inmigración hace temer lo peor a las organizaciones de derechos humanos: que al final del largo camino burocrático, pueda esperar una orden de expulsión generalizada para todos y todas los que entraron en Ceuta a finales de julio. Algo así como una respuesta contundente de la administración que suene a aviso para el futuro y de la que solo se libren los casos más flagrantes de víctimas de conflictos bélicos o de violencias explícitas. Y siempre y cuando puedan acreditarlas, algo a menudo imposible. En cualquier caso, una mínima parte de quienes cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal.

A primera hora de la tarde del miércoles, la crisis política en la Delegación del Gobierno en Ceuta desatada tras la publicación de los mensajes del CNI pilla a Ángel Víctor Torres en mitad de una agenda frenética en la ciudad. Justo después de comer participa en una nueva reunión del comité de situación que cuenta con la presencia de varios ministros implicados en la gestión de la crisis y de representantes de las autoridades locales. Y el balance del segundo día de curso escolar mejora al del martes.

“Ya han acudido más del 80% de los estudiantes a las aulas. Es para felicitar a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y al alumnado. Esto es difícil, pero tenemos que volcarnos en garantizar el derecho básico a la enseñanza”, hace balance el ministro, que se sacude las preguntas sobre la polémica en torno al delegado del Gobierno y su jefe de gabinete. “Yo vengo aquí a gestionar, a mejorar las cosas. Y lo que puedo decir es que el resultado del trabajo de hoy va a hacer que en muy pocos días vuelva a verse un cambio grande en las calles de Ceuta. Están a punto de habilitarse muchos espacios nuevos. Y van a llegar más funcionarios para reforzar los triajes del CATE. Esto no es sencillo, y por eso Feijóo es irresponsable cuando habla de soluciones en 24 horas que son ilegales. De verdad, estamos dando todos los pasos para acelerar la resolución de esta crisis”.

Después del comité de situación la tarde le cunde a Ángel Víctor Torres para acudir a una reunión de seguimiento de esos espacios habilitados, especialmente los nuevos emplazamientos del Puerto que también se espera que estén listos en cuestión de días. Y por la noche, de vuelta al hotel, no oculta su frustración porque se haya impuesto el mensaje de que el Gobierno abandonó a Ceuta. “Yo entiendo que todo es muy difícil y respeto todas las críticas, pero es profundamente injusta la caricatura de que tenemos abandonada a Ceuta y que aquí no hacemos nada. Nunca jamás se había llevado a cabo un despliegue y una movilización de recursos como esta para una crisis migratoria”.

La gran duda ahora es si ese despliegue será suficiente para aplacar la peor crisis fronteriza, migratoria y humanitaria documentada en España en su historia reciente. Y si Ceuta, donde el discurso del odio hacia el migrante hace su agosto, podrá aguantarla sola mucho más tiempo.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único operativo para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este sábado la puesta en marcha en los próximos días de un nuevo operativo para trasladar a los migrantes que permanecen en las calles de la ciudad a los dispositivos habilitados para su atención, identificación y triaje.

Torres ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales que este sábado se ha celebrado una reunión de coordinación entre el Ministerio de Política Territorial y la Delegación del Gobierno en Ceuta, en la que también ha participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Según el ministro, los trabajos realizados durante los últimos días permitirán poner en funcionamiento nuevos dispositivos en los próximos días. El objetivo es trasladar a ellos a “una cantidad importante de migrantes” que todavía permanecen en las calles de Ceuta para realizar los procedimientos de triaje e identificación.

“Esta semana será una semana de un importante, importante impulso”, ha asegurado Torres.

El ministro ha vinculado estos trabajos con el proceso de retorno a Marruecos de quienes no tengan derecho a permanecer en España. “Acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos”, ha señalado.

Torres ha insistido en que el objetivo es sacar “cuanto antes” a estas personas de las calles donde están pernoctando y trasladarlas a recursos habilitados para completar los procedimientos administrativos correspondientes.

El Gobierno ya había anunciado la habilitación de nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta para ampliar la capacidad de acogida mientras se llevan a cabo las tareas de identificación y retorno. En el Congreso, Torres explicó que el CATE provisional de El Tarajal cuenta con instalaciones para realizar el triaje y que se habían habilitado nuevas líneas de trabajo policial para la identificación y reseña de las personas migrantes.

Desde el 10 de agosto, el Gobierno ha informado de miles de retornos de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio. El proceso afecta también a los menores, cuyo número identificado por las autoridades se situaba en 1.612 a comienzos de septiembre.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este lunes de que su Ejecutivo acudirá al Tribunal Supremo si el Gobierno central persiste en su idea de no acometer el triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas y no fijar la figura del defensor del menor.

“Yo pensé que en el día de hoy íbamos a tener alguna luz más, pero tampoco”, ha comentado a los periodistas a la salida de una reunión con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, subrayando que tiene la “sensación” de que cada vez que se reúne con algún representante del Estado se viene “de la misma manera”. “Si no es por la justicia no actuamos”, ha remarcado.

La consejera ha insistido en que la competencia del triaje es del Estado, según el nuevo pacto de migración y asilo de la UE, y ha rechazado la oferta de Sáiz de financiar el servicio, pero que lo ejecute el Gobierno canario.

“No es una cuestión de dinero”, ha indicado, aparte de que tras la aprobación del decreto de reforma de la ley de extranjería y la entrada en vigor de la contingencia migratoria, los gastos de atención a los menores ya corren por cuenta estatal. Hay que recordar que el PP, que cogobierna en Canarias con Coalición Canaria, votó en contra de dicha modificación de la ley, al igual que Vox.

Delgado ha apuntado que el triaje “evidentemente es competencia del Estado”, pues no la ha delegado a ninguna comunidad autónoma, si bien el pacto sí recoge que puede haber “colaboración”.

No obstante, ha apuntado que “nadie” se ha sentado con las comunidades autónomas para perfilar esta vía, más allá de algún acuerdo de tipo parcial con Ceuta, al tiempo que ha indicado que el pacto migratorio también admite que el triaje no se haga en territorios frontera y por tanto, pueda acometerse en la Península.

La consejera ha comentado que, ante la controversia con el Gobierno, la ministra les ha indicado que tendrá que “dilucidarlo la justicia”, de ahí que tras un primer requerimiento ante la Delegación del Gobierno, se hará otro ante el Estado y finalmente, se acudirá al Supremo.

Ha dicho también que empieza a aumentar nuevamente el “hacinamiento” de menores migrantes en Canarias ante las últimas llegadas de embarcaciones porque hay que establecer, por ejemplo, si los menores son solicitantes de asilo internacional.

Hay que recordar que las llegadas por vía irregular a Canarias han disminuído más de un 70% en lo que va de año, según datos de Frontex, y, de hecho, el Gobierno canario ha cerrado algunos centros de menores ante las derivaciones a la Península.

La consejera, sin embargo, ha cargado contra el ministro de Política Territorial, apuntado que “no hay nada nuevo” en el ofrecimiento del Estado de aportar recursos económicos y ha criticado que se están “pasando la pelota de un ministerio a otro” cuando hay un mando único que gestiona Ángel Víctor Torres. La consejera no ha mencionado la oposición ofrecida por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que intentan evitar que los menores acaben llegando a sus territorios, tal y como manda la Ley.

“Nosotros necesitamos respuesta y la necesitamos ya, porque mientras tanto los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir, y si tenemos que ir a la justicia, como ya hicimos con los menores solicitantes de asilo, lo haremos”, ha destacado.

Delgado ha subrayado que “colaborar no es llevar el peso” ni una delegación de competencia sino participar en “momentos puntuales” al tiempo que ha reprochado el Gobierno central que no haya adaptado en dos años el cumplimiento del pacto europeo.

La consejera no descarta la colaboración del archipiélago pero entiende que hay que “sentarse” a hablar y definir, por ejemplo, qué “figura” es la defensor del menor.

En cuanto a los migrantes adultos sí ha reconocido que la red de acogida está “muy bien” porque hay 5.000 plazas en las islas y la ocupación ronda las 1.000 y con derivaciones periódicas a la Península.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son “infraestructuras temporales” y se desmontarán cuando los migrantes “sean devueltos”. “Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones”, ha defendido en unas declaraciones realizadas en el canal 24 Horas de TVE.

Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, firmase esta sábado una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar estas carpas. El anuncio se produjo a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria —que votó en contra de su instalación— y de la Confederación de Empresarios

Torres ha explicado que las parcelas del puerto y las de la zona de La Reina fueron incluidas en un real decreto aprobado “por unanimidad” en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y miembros de su Gobierno. Sin embargo, ha criticado que cuando las obras estaban en marcha, el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a su ubicación.

“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que es una medida que han hecho “todos” los gobiernos españoles ante situaciones similares y ha reiterado que los migrantes no pueden ser devueltos “de la noche a la mañana”. “Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto. Es muy importante que esto se pueda culminar”, ha recalcado.

Torres ha asegurado que mantiene un “seguimiento permanente” y conversaciones “prácticamente todos los días” con el presidente Vivas, y ha defendido que el Gobierno seguirá buscando el máximo consenso, aunque ha advertido de que deberá tomar “decisiones con la ley en la mano” para normalizar la situación.

El ministro ha insistido en que el objetivo del Gobierno es evitar que la situación se “cronifique” y ha pedido la colaboración de todas las administraciones. “Aquí todos tenemos responsabilidades”, ha subrayado. “Todo lo hacemos para alcanzar la normalidad. Si todos colaboramos, si no ponemos palos en las ruedas, todo será mucho más sencillo y acortaremos los plazos”, ha comentado Torres, que no ha precisado exactamente cuándo se volverá a la normalidad. “En muy pocas semanas”, ha respondido.

Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes. El ministro ha recordado que la atención de los menores es competencia de la ciudad autónoma, aunque ha defendido que el Gobierno central está trabajando para facilitar su reagrupamiento familiar y su reubicación en otras comunidades.

En este punto, ha acusado al PP y a Vox de haber votado en contra de la modificación del real decreto-ley que permitía trasladar a menores desde Ceuta al resto de España. “Ahí le dieron la espalda a Ceuta”, ha afirmado Torres, que ha asegurado que “todas las posibilidades están abiertas” para acelerar los traslados dentro de los márgenes legales.

Sobre la visita del Rey a la ciudad autónoma, Torres ha insistido en que se realizará “en las próximas semanas”, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro ha expresado su deseo de que para entonces la situación sea “notablemente mejor” que la actual.

Pide rigor ante “conjeturas” sobre Marruecos

Por otro lado, Torres ha respaldado la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que actualmente no existen pruebas de una implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El ministro ha señalado que, si aparecen pruebas, el Ejecutivo actuará “acorde” a ellas, pero ha reclamado “rigor” y que no se actúe sobre la base de “conjeturas” o “indicios” cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones con un país vecino. “Lo que se le exige a un presidente de Gobierno es rigor”, ha defendido Torres, que ha criticado a quienes, a su juicio, plantean un conflicto internacional basándose en “pruebas y conjeturas”.

En relación con el informe elaborado a petición de la jueza María Tardón sobre los hechos ocurridos durante la llegada masiva de migrantes, Torres ha evitado valorar la actuación judicial y ha asegurado que respeta “absolutamente” la separación de poderes.

El ministro ha asegurado que el Gobierno ya disponía de informes propios elaborados antes, durante y después de los acontecimientos y ha explicado que el informe solicitado por la jueza fue realizado sin conocimiento previo del Ejecutivo y entregado a finales de agosto. “Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el ministro del Interior. Y no lo tenga el presidente del gobierno, y no lo tenga un gobierno. Eso es algo absolutamente exigente y exigido”, ha apostillado.

El PP critica poner un campamento en una “infraestructura estratégica” como el puerto de Ceuta

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado que el Gobierno haya decidido instalar este asentamiento para migrantes en una “infraestructura estratégica” para la seguridad como es el puerto de Ceuta. En declaraciones a los medios este domingo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), ha remarcado que hay informes de Puertos del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que recoge que “el puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles”.

Por ello, ha aseverado que “no es el espacio para instalar un campamento con 1.000 de los irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta”, y ha recordado al Gobierno que tiene la obligación de “escuchar” a los ceutíes y que tanto el gobierno de la ciudad autónoma como los vecinos del barrio o la autoridad portuaria están en contra de este asentamiento.

Para Fúnez, el Gobierno no ha sabido prevenir la crisis, no ha sabido reaccionar y ahora no sabe prevenir resolver el problema, y ha acusado al mando único de estar haciendo oposición en lugar de buscar soluciones al problema. Ha añadido que la instalación del campamento pone de manifiesto la “incapacidad” del Gobierno para resolver un problema que sólo pretende “aparcar”, mientras que lo que necesita Ceuta es “apoyo, soluciones, solidaridad y empatía”.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares ha recordado que este lunes comienza el curso escolar en una situación “de anormalidad tremendamente injusta para las familias y para los menores”.

Asimismo, ha adelantado que también este lunes el Partido Popular va a respaldar al presidente la ciudad autónoma, Juan Vivas, en un desayuno informativo, y ha adelantado que van a llevar al pleno del Senado la reprobación de cinco ministros por su papel en esta crisis, así como un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por “no haber atendido la llamada” de la Cámara Alta en el mes de agosto.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este miércoles que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará medidas contenidas en el llamado decreto Canarias, como la relativa al uso de lo más de 600 millones de euros que tiene de superávit en sus cuentas.

Se trata, ha dicho el ministro en una entrevista en la Televisión Canaria, de una demanda histórica de los diferentes Gobiernos de Canarias y ha señalado que su contenido ha sido negociado con el Ejecutivo canario, con cuyo presidente, Fernando Clavijo, habló el fin de semana.

En ese decreto, ha agregado, también se da respuesta a las demandas del sector agrícola en La Palma y a la prórroga en la isla del descuento del 60% del IRPF.

Además, ha valorado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se aprueba el viernes dé luz verde al nuevo modelo de financiación, que reportará a Canarias, ha dicho, 1.300 de euros más al año.

Ha aclarado que esta cantidad no estará condicionados por otros ingresos y ha apelado a la necesidad de contar con ellos para mejorar el estado de bienestar en las Islas.

Torres se ha congratulado de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para reformar este modelo, caducado hace años, pero ha aclarado que tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados.

Sobre la posición del PP, Torres ha dicho que nadie se cree que la consejera Matilde Asián siga de vacaciones y se ha preguntado que si el nuevo modelo es bueno para Canarias, por qué no está su consejera de Hacienda, aunque sea del PP.

“Es una excusa inaceptable”, ha dicho Torres sobre la ausencia de Asián en la reunión, a la que asistirá en su lugar la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

Además considera que la consejera de Hacienda debería estar para defender a Canarias en uno de los momentos más importantes “de nuestra reciente historia”.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Ángel Víctor Torres (Gran Canaria, 1966) es el responsable del mando único operativo de Ceuta desde el pasado martes. Fajado en la gestión de crisis migratorias durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, el ministro de Política Territorial atiende a elDiario.es el viernes a primera hora de la tarde, justo a la salida del Comité de Situación presidido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. A esa hora aún retumban los ecos de los impactantes ataques racistas del jueves en la ciudad autónoma, donde grupos organizados ejercieron la violencia para impedir el reparto de comida de la Cruz Roja o para destrozar y quemar las pertenencias de las personas migrantes que acampan en la playa del Trampolín.

¿Está la situación en Ceuta fuera de control?

No, no está fuera de control. Pero es verdad que hemos visto actuaciones que tienen que ser denunciadas desde todas las perspectivas. Eso no es Ceuta. No se pueden impedir acciones humanitarias de entrega de comida. Y no se puede agredir a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a militares por parte de inmigrantes. El jueves hubo situaciones que no esperábamos. Ojalá sea un antes y un después.

¿Se han producido detenciones tras los ataques violentos?

Ha habido detenciones y también identificaciones. La Policía ha actuado y está con las pesquisas.

Cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos

Ostenta usted el mando único operativo para la crisis de Ceuta desde el pasado martes. ¿Cuál es la foto fija de la ciudad ahora mismo? ¿Qué es lo más urgente?

Hubo una primera fase en la que entraron más de 70.000 personas. Y se pudo avanzar hacia una cierta normalización porque regresaron entre el 90 y el 95%, pero hay otras que no retornaron voluntariamente. Ya pasó antes. En 2021, unas 9.000 personas pasaron la frontera y se quedaron en Ceuta, muchos de ellos menores. Y en Canarias en 2020, que llegaron en cayucos entre 20.000 y 30.000 personas. Lo que hay que hacer es actuar con las personas que están en las calles. Filiarlos, ver sus circunstancias, de qué países vienen, si son mayores o menores de edad… Y para eso tenemos que tener espacios. Quiero lanzar un mensaje claro a la ciudad de Ceuta: cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos.

¿Por qué un mando único es útil en la gestión de Ceuta ahora mismo?

Un mando único es un estamento colegiado, que fue también pedido por el presidente de Ceuta, en el que de manera permanente se producen reuniones oficiales. Es lo que se llama Comité de Situación. Sus deliberaciones son reservadas y se acuerdan actuaciones que tienen que ver con esos espacios, o con el refuerzo de la seguridad. Es inédito. Y se ha visto que es absolutamente necesario en esta segunda fase para poder responder a la situación de Ceuta con las personas que quedan en las calles, cuyo número cada vez va menguando, porque se van abriendo espacios o van retornando voluntariamente.

¿Y podría explicar entonces cómo es que se han tardado 26 días en nombrar un mando único que usted explica que es absolutamente necesario? El presidente Vivas lleva pidiéndolo desde el primer día sin que el Gobierno de España atienda esa petición.

Es fácil hacer esa crítica, pero el primer objetivo del Gobierno de España era que retornaran las personas que entraron por El Tarajal. Y para eso no hacía falta un mando único porque retornaron 70.000 personas. Esto es un acierto y lo tengo que exponer con claridad.

Se volvieron porque quisieron. Nadie los echó.

Sí, sí, pero es que eso no es sencillo. ¿Y si no hubiesen querido? Ahí hubo una actuación que también fue importante con el Reino de Marruecos para que estas personas pudieran retornar. Ahora hay varios miles de personas que se han quedado y que tenemos que hacer que vuelvan a Marruecos, pero estamos en una fase distinta y lo importante ahora es mirar hacia adelante. Y yo sí soy de los que reconozco que todo se puede hacer mejor.

¿Entiende que mucha gente piense que la situación sería diferente si el mando único se hubiera establecido a mediados de agosto?

Sí, pero es que a mediados de agosto estábamos tomando las decisiones oportunas con coordinación permanente, con reuniones con el presidente del Gobierno, con presencia en Ceuta de distintos Ministerios que pusieron soluciones sobre la mesa acorde a sus competencias. Y es lo que ahora vamos a culminar.

Esa decisión del mando único y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se adoptan justo cuando acaba el periodo de vacaciones oficial de la política en este país. ¿Usted puede garantizar que las vacaciones del presidente del Gobierno o del conjunto de la Administración no ha tenido que ver con la ralentización de la toma de decisiones?

No tiene nada que ver. Es una circunstancia que coincide en el tiempo. Hemos suspendido descansos y hemos trabajado con el presidente para poder llevar adelante estas actuaciones. Y ahora lo que nos pide la ciudadanía es que, cuanto antes, la situación vuelva a ser en Ceuta la de comienzos de julio. Y que la violencia desaparezca, porque si no desaparece va a retrasar más la normalidad.

Han anunciado ustedes un acuerdo con Ceuta para nuevos emplazamientos que pueden sacar de la calle a la totalidad de las personas migrantes. ¿Cómo es posible que haya tenido que pasar un mes para que se encuentre sitio?

Porque no hay solución sencilla. Los espacios deben estar adecuados y deben afectar lo menos posible a la vida de los ceutíes. Se buscaron hasta 15 recursos y ahora se han encontrado en colaboración con la ciudad autónoma. Ya se han habilitado miles de plazas para menores y para mayores de edad, pero algunos de los nuevos espacios exigen canalizaciones, permisos del suelo… Es difícil que puedan estar listos en cuatro o cinco días.

¿El gobierno de Ceuta ha entorpecido los emplazamientos?

No, no. Nos han ofrecido suelos que hemos ido a ver con ellos. Pero se precisan una serie de actuaciones que no son inmediatas. Y necesitamos inmediatez, porque para tener un control sanitario, para poder hacer los expedientes de extranjería, para determinar las mayorías de edad o para que los representantes de la Fiscalía puedan trabajar necesitamos espacios habilitados y que estas personas estén filiadas. Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles.

¿En el momento en que salgan de la calle y estén en esos nuevos emplazamientos se acelerará el proceso?

Indudablemente. El proceso se alargará si no conseguimos que se habiliten esos espacios.

Hay que conseguir que todas las personas que están durmiendo en la calle se trasladen cuanto antes a esos espacios, hay que sacarlos de las calles

Uno de los problemas de estas semanas ha sido las cifras. ¿Sabemos ya cuánta gente queda en Ceuta de la que entró el 30 de julio? Interior dijo en su día que cruzaron 72.000 y se volvieron 70.000, pero parece evidente que esa cifra no se corresponde con la realidad, al menos respecto a las personas que quedan.

No es sencillo responder con exactitud a esa cuestión, porque están en el monte o están en las playas. Están diseminados. En otras crisis fueron acotados en espacios comunes hasta que finalmente fueron a espacios cerrados y ahí era más fácil saber el número con exactitud. Pero hay un dato que te puede dar un indicio de las personas que quedan: las entregas de comidas. Esta semana nos reportan un dato alrededor de las 5.000.

¿En Ceuta solo quedan menores de edad y demandantes de asilo, o quedan también adultos en situación irregular que no tienen derecho a asilo?

Hay muchas personas que están en las calles que solicitarán asilo y que no tendrán derecho. Y ese expediente llevará su devolución, pero es un procedimiento que no se puede hacer de la noche a la mañana tampoco, aunque sea mayor de edad. Pueden ser perfectamente devueltos, se devolverán. Pero ese expediente tiene que estar bien claro porque, si no, podemos cometer errores como en el pasado, con responsabilidades jurídicas.

¿Ceuta tiene capacidad real para asumir la acogida de todas estas miles de personas mientras duran esos procedimientos?

Estamos hablando de una ciudad que tiene poco más de 80.000 personas y en la que aún quedan entre un 7 y un 8% de las personas que cruzaron. Es un volumen importantísimo, pero esa es la realidad de los territorios frontera. En 2021 entraron 9.000 y se quedaron 9.000.

Entonces la pregunta es evidente. ¿Por qué en 2021 no se produjo esta situación de colapso con el mismo número aproximado de personas que permanecen en la ciudad?

Porque esta vez entraron más de 70.000 y eso ha producido un impacto que sí es inédito y que no ha cicatrizado. Es un impacto importantísimo en la población de Ceuta, que precisa también un tiempo para sobreponerse a un shock de esa envergadura. Yo recuerdo perfectamente que en 2021 tuvimos menos rechazo con respecto a los emplazamientos.

¿Por parte del gobierno ceutí, quiere decir?

No, no... en general. Con el gobierno de Ceuta vamos a seguir trabajando con lealtad. Con el presidente Vivas hablo todos los días y vamos a seguir caminando de la mano.

¿Por qué en un país tan grande y tan rico como España no hay capacidad para establecer un reparto justo y equitativo en la acogida temporal de estas personas mientras se resuelven sus expedientes? ¿Que permanezcan meses en una Ceuta desbordada a la espera de respuesta no pone en bandeja la utilización política de esta crisis para los impulsores de discursos de odio y antimigratorios?

No es que tengan que quedarse en Ceuta para señalar a Ceuta, es que cuando llega un inmigrante a un lugar determinado se abre un expediente administrativo y ninguno sale en 24 horas ni en una semana. Una vez concluyan esos expedientes, para el caso de los menores hemos aprobado una modificación de una ley para que no estén hacinados en los territorios de frontera. Y por eso hay una solidaridad obligatoria en el resto del país. Y esto lo ha apoyado y lo ha aplaudido de manera pública el presidente de la ciudad de Ceuta. Pero luego su partido ha votado en contra en el Congreso de los Diputados. El fenómeno migratorio tiene que tener una respuesta coordinada no solamente de los territorios frontera, sino de todo el Estado y de la Unión Europea.

¿Marruecos está colaborando en algo? La sensación es que no, pero el Gobierno no deja de ensalzar al Ejecutivo marroquí.

De no colaborar, no hubiésemos podido hacer que regresaran más de 70.000 personas. Marruecos ha dicho públicamente que quiere que regresen, incluso que regresen desde Ceuta. He visto a lo largo de esta historia algunos partidos políticos que han tenido una posición con respecto a la política con Marruecos cuando gobiernan y cuando están en la oposición cambian por oportunismo.

¿Está garantizada la seguridad en el reparto de comida después de los incidentes de los últimos días?

Espero que los acontecimientos del jueves hayan supuesto un punto de inflexión. En las imágenes se veían a personas encapuchadas, personas con esvásticas, personas que no es que no representen, es que no creo que ni siquiera sean de Ceuta. Se está investigando si hay grupos organizados que han ido a Ceuta a generar conflicto. Ceuta no es así. Yo aplaudo a los hombres y mujeres ceutíes que se han ofrecido voluntarios para repartir comidas y han tenido que sufrir amenazas.

¿Está en condiciones de trasladar alguna certidumbre a los ceutíes? ¿Dentro de una semana estarán las cosas mejor? ¿De dos semanas? ¿Hay algún horizonte temporal?

Comprendo las ansias y le puedo asegurar que también es mi obsesión. Estamos poniendo todos los recursos. A nadie le interesa que esto se prolongue, absolutamente a nadie. Ni a la sociedad de Ceuta ni, por supuesto, a ningún gobierno. Queremos que regrese la convivencia. En 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia. Si la violencia se mantiene o crece, no habrá solución y entonces sí que habrá una ruptura total. Quiero acortar los plazos el máximo posible. Si conseguimos que estos espacios estén en disposición en un par de semanas, lo podemos conseguir en pocos meses. Ya hay 2.000 personas filiadas, se ha devuelto a más de cien… Vamos a ver si todo va según lo previsto.

¿Y la vuelta al cole en Ceuta?

Ya ha habido reuniones con toda la comunidad educativa. Todo está preparado para que se regrese con normalidad, como en el resto de España.

¿Han contribuido a la ansiedad de los ceutíes los mensajes que exigen o que prometen expulsiones inmediatas?

Indudablemente, sí. No es posible devolver a estas personas en 24 horas o en una semana, decirlo es mentira. Falso. Y quien lo dice sabe que está mintiendo.

Algunos ministros han prometido la devolución de todas y cada una de las personas que entraron en Ceuta.

Siempre han dicho que dentro de los márgenes que marca la ley.

Pero es que no es verdad que se vayan a expulsar a todas. Hay muchas personas que vamos a tener que acoger al final del procedimiento.

Claro, si es un menor que no quiere regresar, tú no lo puedes devolver. El derecho internacional es para todos. La voluntad es que todos sean devueltos, adultos y menores, y la mayoría de ellos van a ser devueltos porque no tienen derecho a permanencia. Pero hay menores que no van a poder ser reagrupados. Es que cuando oigo a algunos representantes del Partido Popular de manera irresponsable decir que se pueden devolver de manera inmediata, les digo que cuando ellos gobernaban no lo hacían porque no se podía hacer. Y además, cuando se hizo sin toda la garantía jurídica, fueron condenadas dos personas que eran cargos públicos, una que representaba a un gobierno progresista y una que representaba a un gobierno conservador.

Contó en el Congreso que se ha encontrado en Ceuta con niños y niñas muy pequeños. Solos y en la calle.

Podrían ser nuestros hijos, o pudimos ser nosotros. Buscan salir de la pobreza, de la opresión. Estamos hablando de personas de menos de diez años. Se te parte el alma. También son esos niños quienes van a buscar esas comidas de la Cruz Roja. Por eso estas crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Hay familias en Ceuta que están acogiendo a personas en su casa. Que les están dando cobijo, que les dan sus comidas. Y luego hay otros que increpan a las ONG, increpan a quienes están dando ayuda humanitaria. Seguro que todo se apaciguará y, cuando ya lo veamos con perspectiva, habrá unas imágenes que deberían llevar a la vergüenza de quienes atacan a niños, pero también otras que serán de aplauso a quienes los protegen.

Aunque el camino de Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966) se vio frustrado por un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, no impidió que su trayectoria política tomara un nuevo rumbo poco después. Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Gobierno como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y desde entonces ha desempeñado con solvencia grandes responsabilidades que le han llevado a día de hoy a asumir el mando único para gestionar la actual crisis migratoria de Ceuta.

Durante estos últimos años, Torres se ha ganado la reputación de ser un experto en crisis. Y es que, si de algo puede presumir el ministro, tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023) y su etapa en el Gobierno de España (2023-actualidad), es de ser un buen gestor de las adversidades y de saber afrontar situaciones de crisis extremas.

A lo largo de su mandato tuvo que hacer frente al incendio forestal de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia de la Covid-19, que en la primera ola se cebó con especial virulencia en el Archipiélago, a la ruta canaria de 2021 y posteriormente al volcán de La Palma y los episodios extremos de calima, a lo que se suma su gestión de un Gobierno autonómico sustentado en un cuatripartito que logró mantener unido durante toda la legislatura y dirigir sin grandes conflictos públicos.

El primer gran reto de Torres: los incendios forestales de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, que formalizará su candidatura a la Presidencia de Canarias el próximo 31 de agosto, subsistió durante 2019 y 2023 a diferentes situaciones de complejidad. Puede que la pandemia de la Covid-19 fuese su mayor desafío pero entre esos años, acumuló otras grandes crisis.

La primera fue a tan solo tres meses después de los comicios. El 10 de agosto de 2019 se originó, de forma intencionada, un incendio forestal en Artenara, extendiéndose hacia Tejeda y Gáldar. El fuego fue declarado estabilizado el 13 de agosto, después de varios días de intenso trabajo de extinción en el que participaron 13 aeronaves. Lo que no sabían es que ese mismo día otro incendio arrasaría el barrio de Cazadores, en Telde. De menor magnitud, aunque no por ello menos preocupante, terminó afectando a unas 160 hectáreas.

En todo ese periodo, el entonces recién investido presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lideró la gestión de la emergencia priorizando la seguridad de las personas y la comunicación transparente. Su estrategia pasó por evitar a toda costa víctimas mortales, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas de alrededor de 50 núcleos de población. Un operativo que concluyó con cero pérdidas humanas.

Torres coordinó además junto al Gobierno central el mayor despliegue técnico visto hasta entonces en las islas, con 16 medios aéreos y más de un millar de efectivos terrestres en los momentos más críticos. A este dispositivo se sumó una comunicación constante. El presidente comparecía diariamente ante los medios para ofrecer partes técnicos junto a los expertos de extinción, trasladando la evolución de los incendios y las decisiones que se iban tomando. Una forma de gestionar la comunicación en plena crisis que, posteriormente, fue calificada como ejemplar por profesionales del sector.

El golpe de Thomas Cook

Y cuando apenas había comenzado a coger las riendas del Ejecutivo, Torres tuvo que enfrentarse a otra crisis, esta vez lejos de los montes y con el turismo como protagonista. El 23 de septiembre de 2019, la quiebra del gigante británico Thomas Cook dejó a unos 30.000 turistas afectados en Canarias y puso en jaque a un sector del que depende buena parte de la economía de las islas. La caída del turoperador, que movía alrededor de 3,5 millones de visitantes al año hacia el Archipiélago, amenazaba con convertirse en un golpe de hasta 3.000 millones de euros y ponía en riesgo miles de empleos.

Torres volvió a situarse al frente de la respuesta, esta vez coordinando con el Gobierno central y con el sector turístico un plan de choque para contener las consecuencias. La prioridad pasó por recuperar cuanto antes la conectividad aérea, dar liquidez a las empresas afectadas y proteger el empleo. Canarias consiguió además un fondo específico de 15 millones de euros para recuperar rutas y reforzar la promoción turística, mientras desde el Estado se pusieron en marcha nuevas medidas para facilitar financiación y abaratar las tasas aeroportuarias.

La crisis de Thomas Cook llegó en plena extinción de los incendios forestales y volvió a poner a prueba su capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Si en los incendios había tenido que gestionar una emergencia sobre el terreno, ahora debía hacerlo frente a un golpe económico que amenazaba directamente al principal motor de las islas. Dos escenarios muy distintos para un mismo reto: contener la crisis y evitar que sus efectos fueran a más.

La pandemia: el gran examen

El 31 de enero de 2020, otra crisis pondría a prueba su capacidad de respuesta. Canarias no solo registró el primer caso de SARS-CoV-2, sino que fue el primero detectado en España, concretamente en La Gomera. Apenas unas semanas después, el estado de alarma y el confinamiento paralizaron el país y golpearon especialmente a un Archipiélago dependiente del turismo. Torres volvió a asumir una premisa clara: salvar vidas y evitar el colapso sanitario, aunque el coste económico fuera enorme.

Con la llegada del verano, el reto pasó a ser otro. Para recuperar el turismo sin poner en riesgo los avances sanitarios, Torres apostó por convertir Canarias en un destino seguro, reforzando los controles en las fronteras y exigiendo pruebas a los turistas, mientras las nuevas olas obligaron a endurecer de nuevo las restricciones. Al mismo tiempo, su Gobierno regional puso en marcha ayudas para empresas y autónomos y medidas para sostener el empleo.

La pandemia se convirtió así en el mayor desafío de su primera etapa al frente del Gobierno de Canarias. Torres tuvo que tomar decisiones prácticamente inéditas, muchas de ellas bajo una enorme presión y con un escenario que cambiaba cada semana. Fue, también, la crisis que terminó de consolidar esa imagen de presidente acostumbrado a gestionar emergencias y que, con el paso del tiempo, acabaría valiéndole el calificativo de 'experto en crisis'.

El gran pulso migratorio

Pero si algo ha marcado la trayectoria profesional del ministro ha sido su gestión de la crisis migratoria. Una experiencia que, entre otros motivos, le ha llevado a asumir la nueva responsabilidad que acaba de afrontar en Ceuta, adonde se desplazará este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, para trabajar codo con codo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, previsiblemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En 2020, Canarias vivió una crisis migratoria que devolvió a las islas a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Más de 23.000 personas llegaron al Archipiélago en apenas un año, en plena pandemia y con una red de acogida que no estaba preparada para asumir semejante presión. Los hoteles que habían quedado vacíos por el desplome del turismo se convirtieron en alojamientos de emergencia y el muelle de Arguineguín terminó convirtiéndose en el símbolo de una crisis que desbordó a las administraciones.

Torres convirtió entonces la gestión migratoria en uno de los principales pulsos con el Gobierno central. Aunque el control de fronteras y la acogida de adultos correspondían al Estado, el Ejecutivo canario tuvo que asumir la tutela de los menores no acompañados mientras su red de protección se acercaba al límite. El presidente reclamó de forma reiterada el traslado de migrantes a la Península y una mayor implicación del resto de comunidades autónomas, advirtiendo de que Canarias no podía convertirse en un “muro” ni en una “cárcel a cielo abierto”. Su presión política coincidió con el colapso de Arguineguín, donde llegaron a concentrarse miles de personas, y con la posterior puesta en marcha del llamado Plan Canarias para descongestionar la acogida en las islas.

Fue una crisis que obligó a Torres a moverse entre la gestión sobre el terreno y el pulso político con Madrid, una experiencia que acabaría marcando buena parte de su etapa posterior.

Cuando la crisis se convirtió en rutina

Ángel Víctor Torres también tuvo que hacer frente a otras emergencias extraordinarias. En septiembre de 2021, la erupción del volcán Tajogaite volvió a situar al Archipiélago ante una situación inédita. Durante 85 días, la lava avanzó por el Valle de Aridane, arrasando viviendas, cultivos e infraestructuras. La prioridad fue, como siempre, proteger a la población y, gracias a la evacuación preventiva de unas 7.000 personas y al seguimiento constante de los equipos científicos y de emergencias, la erupción no dejó ninguna víctima mortal directa.

Torres volvió a funcionar como ejemplo de comunicación y gestión de emergencia, compareciendo prácticamente a diario junto a los expertos para informar sobre la evolución del volcán, aunque en esta ocasión se dio una diferencia sustancial al estar marcada por la unidad entre las distintas administraciones y por una respuesta coordinada que permitió afrontar la emergencia sin grandes disputas políticas. Pero cuando el volcán se apagó comenzó otra batalla, mucho más lenta: la reconstrucción. Las ayudas y la entrega de viviendas se demoraron más de lo esperado y la burocracia terminó generando frustración entre unos afectados que habían perdido sus casas, sus tierras y, en muchos casos, su forma de vida.

La erupción terminó así convirtiéndose en una de las grandes paradojas del mandato de Torres. La emergencia se gestionó con el precedente de salvar vidas, pero la reconstrucción quedó pendiente y el tiempo ha demostrado que no era un problema que pudiera resolverse en una legislatura. Casi cinco años después, el Valle de Aridane sigue reconstruyéndose a un ritmo más lento del que desearían los afectados. Solo alrededor del 32% de las fincas agrícolas sepultadas han vuelto a recuperarse y todavía hay familias que dependen de ayudas al alquiler o de viviendas provisionales. La inflación, el encarecimiento de las obras y la propia complejidad de recuperar un territorio sepultado por la lava se han sumado a una burocracia que ha ralentizado el proceso.

Torres no pudo cerrar esa herida durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, pero tampoco lo han conseguido los ejecutivos que le sucedieron. El actual Gobierno de Canarias continúa afrontando problemas que arrastra la reconstrucción desde 2021, desde la recuperación de las fincas y las viviendas hasta infraestructuras como la LP-2, cuyas obras no comenzaron hasta finales de 2025 y tienen prevista su finalización para 2027. Al mismo tiempo, Puerto Naos y La Bombilla avanzan poco a poco hacia la normalidad, aunque todavía bajo vigilancia por la presencia de gases volcánicos. La lava se apagó hace casi cinco años, pero para muchos palmeros la crisis todavía no ha terminado.

Y, entre tanta emergencia, tampoco puede olvidarse otro episodio que coincidió con el arranque de la ruta migratoria que marcaría buena parte de su mandato. En febrero de 2020, Canarias vivió uno de los fines de semana más complicados de aquellos años, cuando una calima de una intensidad que no se recordaba en cuatro décadas se sumó a fuertes vientos, mala mar e incendios forestales. Torres llegó a calificarlo como un “fin de semana de pesadilla”. Más de 800 vuelos fueron cancelados o desviados en un solo día, miles de pasajeros quedaron afectados y más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas por los incendios.

De Canarias al Gobierno de España

El episodio resumía, de alguna manera, lo que acabaría siendo su paso por la Presidencia de Canarias. Emergencias que se sucedían, problemas que se solapaban y un Gobierno obligado a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Una experiencia acumulada durante cuatro años que, lejos de quedarse en las islas, terminaría abriéndole las puertas del Gobierno de España. En julio de 2023, Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Su siguiente escenario ya no sería Canarias, sino el conjunto del territorio nacional, donde en 2024 tendría que afrontar las consecuencias de la DANA que golpeó con especial dureza la provincia de Valencia.

El nuevo curso arranca como el más importante de la legislatura. Los líderes políticos ya empiezan a tomar posiciones ante la perspectiva de una larga precampaña electoral que culminará con las elecciones autonómicas y municipales del próximo 23 de mayo de 2027 en Canarias. En esa cita, los ciudadanos de las Islas elegirán de nuevo al Parlamento de Canarias, a sus representantes municipales y a los miembros de los cabildos insulares.

Las últimas elecciones se celebraron en mayo de 2023, cuando se renovó la composición de la Cámara regional y quedó configurado el actual Gobierno autonómico. Cuatro años después, los canarios volverán a las urnas en una cita que tendrá como principales candidatos a los mismos actores que en 2023 pugnaron por la Presidencia del Gobierno regional.

¿Cuándo son las elecciones en Canarias en 2027?

Tanto las elecciones autonómicas como las municipales volverán a coincidir el domingo 23 de mayo de 2027. La fecha se sintonizará también con la prevista para las elecciones municipales en toda España y con las autonómicas de varias comunidades.

Canarias encara así un periodo marcado por la tensión entre la estabilidad de la mayoría parlamentaria y la creciente pugna por definir el panorama político de las próximas elecciones. Con los partidos ya mirando de reojo a las urnas, los movimientos de los principales dirigentes comienzan a estar condicionados por una cita electoral que, aunque todavía está a nueve meses de distancia, amenaza con marcar desde ahora buena parte de la agenda política.

En este contexto, el Gobierno autonómico afronta un curso decisivo. La gestión de los servicios públicos, la financiación autonómica, la vivienda, las políticas migratorias y la relación con el Estado serán algunos de los principales frentes de debate durante los próximos meses, mientras las formaciones políticas comienzan a definir sus estrategias ante las elecciones autonómicas y municipales de Canarias de 2027.

La campaña, de hecho, tendrá un componente especialmente reconocible. El actual presidente, Fernando Clavijo (CC), y su antecesor, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), volverán, previsiblemente, a medir sus fuerzas en una batalla que reeditará el duelo de 2023 por la Presidencia del Gobierno de Canarias, aunque por ahora no se han presentado oficialmente sus candidaturas.

El voto se encarece en Canarias: más de 60.000 nuevos electores

Estas elecciones de 2027 contarán además con otro factor relevante. Y es que el censo electoral de las Islas ha crecido de manera significativa desde las últimas votaciones, mientras el reparto de diputados por circunscripciones insulares permanece sin ninguna alteración.

Desde las autonómicas de mayo de 2023, Canarias cuenta con 66.248 electores más. El censo pasó de 1.788.706 personas en mayo de 2023, según los datos del ISTAC, a 1.854.954 en 2026, de acuerdo con el INE. Un crecimiento del 3,7% que, sin embargo, no se traduce en un aumento del número de diputados que se eligen para representar a las Islas.

Simplemente, se encarece el voto al mantenerse en 70 el número de escaños disponibles en el Parlamento de Canarias. En 2023 había, de media, unos 25.553 electores por diputado, mientras que en 2026 la cifra se sitúa ya en torno a los 26.499. Es decir, cada escaño debe representar ahora a unos 946 electores más que hace tres años. Los candidatos necesitan, por tanto, convencer a una mayor cantidad de ciudadanos para conseguir uno de esos puestos.

Además, como la población y el censo electoral no crecen al mismo ritmo en todos los territorios, se genera un desequilibrio entre las islas. Es el caso de Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo. Ambas eligen a ocho diputados, pero Lanzarote tiene alrededor de 34.000 votantes más que la isla vecina, lo que implica que se necesitan más votos para conseguir uno de esos puestos.

¿Cuántos diputados se eligen en Canarias en 2027?

En estas elecciones se volverán a elegir 70 diputados, el mismo número de escaños que en los anteriores comicios autonómicos. De ellos, 61 corresponden a las siete circunscripciones insulares y nueve a la circunscripción autonómica, creada tras la reforma del Estatuto de Autonomía.

De esta forma, Tenerife y Gran Canaria eligen 15 diputados cada una; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, ocho; La Gomera, cuatro; y El Hierro, tres. Los nueve diputados restantes se eligen en la circunscripción autonómica.

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el encargado de coordinar dentro del Gobierno la situación provocada por la crisis de Ceuta tras la entrada de miles de personas migrantes de hace unas semanas.

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pensado en Ángel Víctor Torres para designarle próximamente como coordinador en esta crisis migratoria de Ceuta.

Y es que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el PP llevaban varios días reclamando un mando único por parte del Gobierno ante la situación provocada por la entrada masiva de migrantes de finales del mes de julio en la ciudad autónoma.

Experiencia en temas migratorios

Desde el Ministerio de Política Territorial defienden que Ángel Víctor Torres cuenta con experiencia en el tema migratorio ya que fue presidente de Canarias y tuvo varias crisis migratoria durante su legislatura.

Además, destacan que dirige un ministerio transversal y que fue el impulsor de la última refoma de la Ley de Extranjería para la reubicación de menores migrantes de Canarias.

Diversos ministros han acudido a Ceuta desde el inicio de esta crisis migratoria y el presidente de la ciudad autónoma ha insistido en crear un mando único para poder centralizar la coordinación entre la administración local y el Gobierno central.

Al respecto, Ángel Víctor Torres acudió a Ceuta el pasado lunes 10 de agosto, cuando se reunió con Vivas. En esta cita, el presidente ceutí pidió al ministro un “plan específico para recuperar la normalidad” en la ciudad.