Un hombre de 38 años acusado de vejar el 1 de noviembre de 2023 en un vídeo subido a la red social TikTok a un enfermo psiquiátrico fugado del Hospital Militar Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria, donde había ingresado en 2008, ha admitido los hechos y la Fiscalía ha rebajado la pena que pedía para él a 15 meses y un día de prisión.

En el juicio celebrado este miércoles en la sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, el acusado, Jacob H. D., ha reconocido que se burló de la víctima, Cristóbal R. R., fallecido en junio de 2024, cuando aún vestía el pijama del Servicio Canario de la Salud y pese a su evidente discapacidad del 78% por esquizofrenia paranoide, que tenía reconocida desde 1999.

Sobre las 13.04 horas del 1 de noviembre de 2023, el procesado subió a la citada red social un vídeo en el que, “con claro ánimo de humillación y burla”, según considera la Fiscalía, instaba a la víctima a imitar los ruidos que hacen diversos animales, es decir, que “hiciera el gallo, el cerdo, el caballo o el burro”, unas instrucciones que el enfermo siguió.

La grabación recibió 266 likes, fue reproducida por 16.000 personas y compartida 93 veces y fue retirada de Tiktok, como medida cautelar, en noviembre de 2024, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional.

Escrito que ha modificado este miércoles para rebajar de dos años a 15 meses y un día la pena de prisión que solicita para el acusado por un delito contra la integridad moral, cuya autoría ha reconocido, y de 8 a 3 años y un día la de inhabilitación que interesa para él.

Además, la Fiscalía ha instado este miércoles a que el procesado siga un programa de igualdad de trato y no discriminación.

En la sentencia dictada de viva voz por la magistrada Pilar Parejo, a petición de la acusación pública, con la que se ha conformado la defensa, también rebaja de 6.000 a 4.000 euros la cuantía que el procesado deberá abonar a los tres hermanos de la víctima, presentes en la vista oral celebrada este miércoles.

Cantidad que el condenado, que percibe un subsidio por desempleo en la actualidad, según ha dicho, se ha comprometido a pagar a razón de 170 euros mensuales.

Si incurre en algún impago, la magistrada le ha advertido de que se le aplicará la pena privativa de libertad, de la que puede quedar exento una vez que se estudien sus antecedentes, relacionadas con una sentencia firme dictada en diciembre de 2020 por un delito leve de vejaciones, otra de diciembre de 2019 por un delito leve de amenazas, una tercera de julio de 2013 por un delito de tráfico de drogas y una cuarta de abril de 2011 por un delito leve de amenazas, según detalla la Fiscalía. 

Jesús Bel (Zaragoza, 1964) lleva toda su vida adulta metido en una cárcel. Pero no como delincuente, sino como párroco. Es miembro de la Orden Mercedaria, que se dedica a los cautivos y, desde que se ordenó sacerdote ha dedicado su tiempo a los presos. Tanto es así, que vive en un piso en el que acogen a presos que se encuentran en permiso penitenciario y comparte techo, plato y conversaciones con ellos. Sean católicos o no.

Ha pasado por cárceles de Lleida y de València. También fue el párroco de la Modelo cuando la cerraron. Pero eso fue justo cuando volvió de Venezuela, donde pasó 24 años en la cárcel de Maracaibo, considerada una de las más peligrosas de Latinoamérica. “Cuando volví a España, me parecía un colegio mayor”, bromea el padre Bel, que muestra en su teléfono un videoclip del grupo de rap Los Catedrátikos, grabado en esa cárcel donde estaba destinado. Mira la pantalla y va contando las armas que los reos muestran orgullosos ante las cámaras. “Era terrible, aunque a mí me respetaban”, cuenta.

Hace décadas de eso y ahora es el referente espiritual de la cárcel de Can Brians, que se ha convertido en noticia porque será el centro penitenciario que el Papa León XIV ha escogido visitar durante su estancia en España. Bel está “en una nube” y quiere aprovechar la llegada del pontífice para derribar prejuicios y evidenciar las carencias de un sistema que, dice, no sirve para prevenir la delincuencia.

¿Qué hace un cura en la cárcel?

Es el encargado de toda acción de la Iglesia y de atender al preso que lo solicite. Pero no nos cerramos a entrar en una conversación con cualquiera, sea creyente o no.

¿De qué habla con los presos?

La cárcel rompe mucho. Estoy en una prisión de preventivos, de gente que está a la espera de un juicio y que tiene mucho miedo. Son personas que pensaban que se comían el mundo, que lo dominaban todo. Y, de repente, van presas y el mundo se acaba. Tienen una vulnerabilidad muy profunda y mucha necesidad de contar con alguien que escuche sin juzgar.

¿Hay muchos creyentes en la cárcel?

Muchos, la verdad. Más que en la calle. Los porcentajes de asistencia a las misas son más altos entre la población presa. Cuando se cae todo, uno tiende a mirar hacia arriba y empiezan a salir intereses que antes no tenían porque estaban metidos en otras cosas.

¿Los presos tienden a sentirse abandonados por Dios?

Hay muchas personas que, para pedir ayuda, necesitan estrellarse muchas veces y muy profundamente. Cuando todo se derrumba, lo primero que aflora es la rebeldía porque los seres humanos tenemos la tendencia a buscar culpables fuera de nosotros. Y el culpable que más aguanta es el de arriba. “Si Dios me quisiera, yo no estaría aquí”. Bueno, igual tú tienes algo que ver con estar aquí, ¿no?.

Pero la cárcel pone a todo el mundo en su lugar, a veces de una manera demasiado dura, y la gente acaba reflexionando. Muchos que habían renegado, acaban en misa.

¿La fe aguanta un proceso penitenciario?

Es la que lo hace sobrellevable. La fe es el alimento de la esperanza y, si la esperanza se pierde, ya no queda nada. Pero no hablo sólo de la fe en Dios, sino también en uno mismo y en las propias posibilidades. Los creyentes decimos que la razón por la que alguien que ha caído en lo más profundo puede volver a creer en sí mismo es porque sabe que Dios sigue creyendo en él.

¿Y los que no creen?

También necesitan fe. El que cree, la tiene enfocada de manera más clara y directa, pero el que no cree en nada todavía puede creer en sí mismo. La fe no es exclusiva del cristianismo, es algo fundamental para no abandonarse.

En menos de un mes tendrán la visita del Papa. ¿Cómo recibió la noticia?

Estamos como en una nube, felices porque el hecho de que venga el Papa hará que el mundo ponga la mirada en la realidad de la cárcel y en esas personas que están al margen, de las que nunca nadie se acuerda. Y, cuando se acuerdan, nunca es para desearles lo mejor. Él les visibilizará y eso les ha dado un subidón de alegría. Les desborda saber que están en el corazón del Papa. Y a nosotros también: lo estamos preparando lo mejor que sabemos y podemos.

En la cárcel cabe todo el mundo, pero no todos los problemas deberían ser tratados en la cárcel

¿Qué mensaje espera que el Papa pueda lanzar al mundo para que cambie la visión que tiene la sociedad sobre los presos y las cárceles?

La pastoral penitenciaria nunca justificará el delito porque es malo y punto. Ahora bien, cuando conoces las historias de los presos, la ausencia de cariño, de familia y arraigo, y los maltratos que han sufrido... Insisto, el delito no se justifica, pero se entiende por qué han ido por el mal camino. Delinquir nunca es la solución, pero no sé qué habría hecho yo en su situación.

Aunque esto no aplica para todos los presos ni todos los delitos, sí los hay que son más víctimas que delincuentes. En la cárcel cabe todo el mundo, pero no todos los problemas deberían ser tratados en la cárcel.

¿Dice, pues, que la cárcel no es la mejor manera de pagar por un delito?

No. La pastoral penitenciaria lleva 40 años defendiendo la justicia restaurativa, porque ni la cárcel ni la justicia punitiva sirven para resolver nada. Sólo castigan el delito; llevan a alguien a la cárcel por algo que ha hecho, pero no resuelven el por qué lo ha hecho. La gente no se hace mejor a base de castigos y represiones.

Las vidas destrozadas pueden ser restauradas, pero sólo con aquello que no tuvieron: amor y comprensión. El Evangelio dice que el mal sólo se puede vencer con el bien. Si lo atacas con mal, el mal crecerá.

Los presos catalanes llevan años denunciando malas condiciones y malos tratos en las cárceles. ¿Qué le cuentan?

El control se consigue con disciplina, que puede ser mayor o menor. Y hay internos que la toleran más que otros. El reglamento penitenciario está muy bien para que todo funcione como la seda, pero no para permitir que nadie piense que las cosas podrían ser de otra manera. El preso entra en una maquinaria que lo modela al estilo de la cárcel. Por eso, cuando se sale, toda lo que se ha trabajado para la rehabilitación no da el fruto que se esperaba.

¿Qué cambiaría de la cárcel?

Haría que mirara más hacia afuera. La cárcel no resuelve el problema ni lo evita. Simplemente sirve para aislar a una persona que ha cometido un delito y estar tranquilos un rato. Pero luego va a salir y no sabemos si mejor o peor. La justicia punitiva no resuelve. La restaurativa, en cambio, estudia por qué alguien ha llegado al punto de delinquir y busca resolver el problema en origen, no sus consecuencias.

En todas las prisiones hay problemas y abusos que no se pueden controlar porque el preso tendrá que demostrar sus acusaciones y es muy difícil demostrar nada en la cárcel

Me gustaría insistir: ¿Le han llegado quejas de los presos relativas a malos tratos en las cárceles?

La disciplina no gusta a nadie y es verdad que puede ser un poco fuerte en determinados momentos. Eso puede llevar, por el lado del funcionario, a cometer abusos y, por el lado del preso, a percepciones un tanto extremas.

En todas las prisiones hay problemas y abusos que no se pueden controlar porque el preso tendrá que demostrar sus acusaciones y es muy difícil demostrar nada en la cárcel. En cualquier caso, los internos se quejan de todo: de la comida, del trato, de que el abogado no les va a ver o de que hay muchos internos para cada profesional.

¿Son quejas legítimas?

En cierto modo sí. Lo que falta, sobre todo, son profesionales. Cuando la custodia se hace con falta de personal, a veces, se tiende a evitar situaciones de colapso con técnicas que pueden llevar a un cierto maltrato.

Sí creo que hay un deseo de la administración de erradicar los abusos, los maltratos y las torturas en las cárceles. Es cierto que se dan, pero también es cierto que no es lo común… Bueno, yo es que he estado en cárceles muy extremas, como la de Maracaibo, en Venezuela y lo que he visto en un lugar y en otro no tiene nada que ver. Aunque es verdad que no debería relativizar tanto.

Un día, un recluso me hizo una reflexión que se me quedó grabada. Se quejaba de la comida y yo le dije que no lo hiciera, porque él, al menos, comía tres veces al día, mientras que en Venezuela, con suerte, se comía una. Y me dijo que él también vivía en una jaula, aunque la suya fuera de oro.

¿Qué es más difícil de conseguir, el perdón de la sociedad o el perdón de Dios?

El perdón de Dios es instantáneo. La respuesta de Dios al pecado, y el delito es pecado, es el perdón. El pecado nos puede parecer algo muy místico, pero para nada: es mucho más común de lo que uno piensa. El pecado es la avaricia que lleva a alguien a atracar, disfrazado de necesidad.

El perdón de la sociedad es otra cosa. Pero, al final, el que cuesta más de conseguir es el perdón de uno mismo. La sociedad condena muy fácilmente, por eso los sistemas penitenciarios restrictivos son los que tienen más éxito. La sociedad tiende a rechazar al delincuente, pero la persona es mucho más que el delito que ha cometido.

Dice que el pecado de la avaricia lleva al robo. Pero muchas veces el robo viene de la necesidad, y eso no es pecado. ¿Tendemos a moralizar los delitos?

Cuando hablo de pecado, hablo de la transgresión. Y eso no es justificable. Personas con la misma historia pueden tener respuestas distintas: frente a la necesidad, la solución no siempre es robar.

Pero hay robos que sí están motivados sólo por avaricia y no por necesidad.

Sí, y son distintos. Y cada cual debe reflexionar de acuerdo a su historia. Si no, creamos el mito de Robin Hood, que se hizo bueno porque ayudaba a los pobres, pero la motivación que le llevaba a robar estaba dentro del esquema de pecado.

¿Robin Hood era pecador?

Sí.

¿El pecado tiene graduaciones?

Naturalmente. Jamás será lo mismo el robo por avaricia que el motivado por necesidad. De hecho, Santo Tomás dice que, en caso de necesidad, todos los bienes son comunes. Por eso, el robo por necesidad es un pecado mínimo al lado del que está motivado por la avaricia, que es uno de los pecados arrolladores: quien lo sufre, nunca tiene suficientes posesiones, poder y placer. Y se mete en una espiral que lleva a toda clase de delitos.

Hay muchos tipos de delitos en la cárcel. Pero yo jamás le preguntaré a alguien por qué está preso. Puedo llevar años hablando con él sin saber qué ha hecho. A mí no me corresponde juzgar; eso es cosa de un juez, que aplicará la ley para una sentencia ajustada. Pero claro, todo depende del dinero que tengas: si puedes permitirte un buen abogado, seguramente la ley te beneficiará más.

Haré de abogada del diablo, si me permite el juego de palabras: Hemos quedado en que un robo motivado por el pecado de la avaricia es mucho peor que uno motivado por la necesidad. Pero, a su vez, es posible que quien roba por avaricia se pueda permitir un mejor abogado y, por tanto, tenga una condena menor que quien lo hace por necesidad. ¿Dónde deja eso la justicia divina? ¿No debería Dios ayudar al más vulnerable?

La justicia divina ya se ha aplicado perdonándolos a ambos. Si uno de ellos pasa más tiempo que otro en la cárcel, eso ya nos corresponde a nosotros. Dios no se tiene que meter en todos y cada uno de nuestros asuntos.

Pero se podría esperar de Dios que hubiera ideado algún tipo de sistema para que el pobre no fuera el más castigado.

Dios ya nos ha dado las herramientas para que nosotros seamos justos.

¿Y lo somos?

No. ¡Y así nos va! [Risas]. Tenemos las herramientas para fomentar sistemas más justos que eviten que se tenga que robar para comer. Pero si ambos tenemos dos manzanas y tú quieres cuatro, pues te vas a llevar las dos que son mías… Y eso no es culpa de Dios. No es justo que le culpemos de lo que no hemos sabido hacer bien nosotros. Pero es cierto que, teniendo esas herramientas, si las hubiéramos sabido usar, habría gente que jamás habría tenido que delinquir.

¿Cree en la reinserción?

Hay personas que sabes, desde el momento que cruzan la puerta, que reincidirán porque el contexto que les llevó a delinquir no se ha quebrado. Siguen siendo lo que eran. Se necesita mucho apoyo y comprensión para reinsertarte. Pero el sistema no siempre colabora.

Cuando existía el subsidio de excarcelación [que quedó substituido por el IMV], este no se cobraba hasta tres o cuatro meses después de salir de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no se podía tramitar hasta que el preso dejaba de depender de la prisión. Y claro, hasta que se formalizaba, eran meses sin ayuda para comer, dormir o vestir. Y hubo mucha gente que volvió a robar. No puedes abrir las puertas de la cárcel y echar a alguien a la realidad sin más.

¿Es por eso que crearon este hogar mercedario? ¿Cómo funciona?

Es nuestra manera de aportar un granito de arena. Damos acogida a los presos que no tienen arraigo o familia y les damos la oportunidad de tener una salida más sosegada. Cuando tienen permisos, sean permisos ordinarios, libertad condicional o tercer grado, los pasan e esta casa y van teniendo un contacto paulatino con la sociedad. Aquí tienen un ambiente tranquilo donde pueden acometer los siguientes pasos sin ansiedad porque, no nos engañemos, es difícil encontrar vivienda y trabajo si vienes de la cárcel.

Hay muchos prejuicios y estereotipos relacionados con todo lo que tiene que ver con la seguridad, como el que relaciona migración con delincuencia.

No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Y es muy injusto que se meta a todos los migrantes en el mismo saco. Claro que habrá algunos que no hayan aprovechado bien su estancia y cometan delitos, pero no son ni mucho menos la mayoría. Creo que tendría que haber un poco más de cultura de acogida, porque no vienen a fastidiarnos la vida a nosotros, sino que vienen huyendo de situaciones extremas. No es por caer en el tópico, pero España también tuvo que migrar una vez para buscar un futuro.

Muchas de las personas que tienen esos discursos lo hacen ondeando la bandera del catolocismo. Como párroco, ¿qué le parece esta instrumentalización de la religión?

Están equivocados. El Evangelio habla de acogida, no de exclusión. Es más, hay un texto en específico, Evangelio de San Mateo capítulo 25, que habla del Juicio Final. Las preguntas de ese examen están ahí y dice que, cuando llegue el final de los tiempos, Dios separará al rebaño y a unos les dirá: “Venid, benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y tuve sed y me distéis de beber. Y estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y era forastero y me acogisteis”. Si un cristiano ha leído eso, no puede señalar y criminalizar a un extranjero. ¿Qué Evangelio lee quien rechaza al inmigrante? Me lo tendrán que explicar.

¿Cree que los líderes de la extrema derecha católica suspenderían el examen del Juicio Final?

Tendrán que poner más interés en prepararlo bien si no quieren suspender, sí. Aunque están a tiempo. Concepción Arenal, que fue una gran criminóloga, tenía una frase muy bonita que, además, estaba en la puerta de entrada en la Modelo: “Odia el delito y compadece al delincuente”. Ni más ni menos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que cinco funcionarios de vigilancia han sufrido diversas “heridas, hematomas, magulladuras y torceduras” derivadas de una intervención durante la mañana de este lunes en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo).

Desde el sindicato exponen que el suceso ha tenido lugar en el módulo de enfermería de este centro penitenciario cuando un interno “se negó de manera persistente, activa y vehemente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento pautado bajo indicación médica. A pesar de las reiteradas órdenes impartidas tanto por los funcionarios presentes como por los jefes de servicio, el interno mantuvo en todo momento una actitud desafiante, agresiva y de absoluta resistencia”.

Apuntan que el estado de alteración del interno ha propiciado que fuese “necesaria” la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos del centro.

“El interno, que se encontraba en ese momento dentro de su celda, recibió a los trabajadores con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna los funcionarios lograron reducirlo aplicando los protocolos de actuación establecidos y el personal sanitario pudo administrarle el tratamiento”, explican desde CSIF.

Aseguran que “como consecuencia directa del enfrentamiento” cinco funcionarios han resultado lesionados.

Desde CSIF exponen que este interno en concreto “ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, mostrando conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones”. Por este motivo, el sindicato solicita formalmente el traslado del interno en una conducción especial y directa “a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características”.

Reivindican la “falta de protección jurídica” de los empleados penitenciarios

CSIF lamenta “la falta de protección jurídica que continúan sufriendo los empleados públicos penitenciarios” en el ejercicio de sus funciones, al “no ser reconocidos todavía como agentes de la autoridad pese al elevado riesgo y exposición permanente que asumen diariamente”.

Explican que en España solo existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, situados en Alicante y Sevilla, “lo que provoca que muchas enfermerías de centros penitenciarios terminen funcionando como auténticos ‘psiquiátricos encubiertos’, sin los medios especializados suficientes para hacer frente a este tipo de perfiles especialmente conflictivos y complejos”.

CSIF también señala que “la semana pasada se produjo un incidente en Ocaña II durante el recuento de los internos, y en mayo del pasado año se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre internos en el que un funcionario resultó herido”. Sl sindicato apunta que, “a pesar de que no son trasladados a medios, los episodios violentos en los centros penitenciarios son muy frecuentes”.

Un cuerpo descomunal surgía a partir de una alteración profunda en la materia viva, una mutación que desbordaba cualquier límite natural. Esa transformación extrema, ligada a una energía capaz de alterar organismos, convertía cada célula en un foco de expansión sin control y rompía todo equilibrio previo, hasta dar forma a Godzilla como consecuencia final de ese proceso.

Esa alteración lo volvió peligroso porque su tamaño, su resistencia y su capacidad de destruir no dependen de una sola causa, sino de un sistema biológico que crece y responde a estímulos externos de forma imprevisible. Tampoco puede controlarse porque no responde a jerarquías, órdenes ni límites físicos habituales, ya que su propio cuerpo genera la energía que necesita para seguir actuando, y esa autonomía impide frenarlo desde fuera.

Los artículos describían tramas completas con gran detalle

Un tribunal de Tokio condenó a Wataru Takeuchi por publicar resúmenes extremadamente detallados que vulneraban derechos de autor. La sentencia incluyó una pena de 18 meses de prisión suspendida y una multa de 1.000.000 de yenes, según informó Asahi.

El fallo consideró que los textos permitían reconstruir la historia completa sin acceder al contenido original. Esa interpretación llevó a tratar esos artículos como una forma de apropiación ilegal.

El análisis del tribunal se centró primero en el contenido de los textos. Uno de los artículos superaba los 3.000 caracteres en japonés, lo que equivale a unos 1.300 o 1.400 palabras, y describía toda la trama de principio a fin. Otro incluía diálogos transcritos y varias imágenes.

Esa densidad permitía seguir cada giro narrativo, lo que reducía la necesidad de acudir a la obra original. El tribunal entendió que ese nivel de detalle cubría la estructura completa del relato.

Esa producción formaba parte de la actividad de Wataru Takeuchi, un administrador de 39 años que dirigía una web centrada en contenidos de entretenimiento. El responsable pagaba a redactores externos para ver estrenos recientes y escribir textos exhaustivos pocos días después de su lanzamiento.

La página no alojaba vídeos ni filtraciones, pero reproducía lo que ocurría en cada obra con una precisión alta. Esa estrategia convertía cada publicación en un sustituto narrativo del contenido original.

El tribunal consideró que existía una adaptación no autorizada

El eje jurídico del caso giró en torno al concepto de adaptación. La acusación sostuvo que Takeuchi creaba nuevas obras al modificar el formato, pero mantenía intactos los elementos esenciales. Bajo la legislación japonesa, ese tipo de transformación requiere permiso previo de los titulares de derechos. El tribunal aceptó ese planteamiento y consideró que los textos no eran simples comentarios, sino reproducciones estructurales del contenido original.

La defensa intentó desmontar esa idea con un argumento centrado en la experiencia. Sostuvo que un texto no puede sustituir elementos como la imagen o el sonido. También explicó que ciertas obras dependen de esos elementos para transmitir su efecto completo.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa línea y señaló que los artículos permitían comprender el desarrollo narrativo básico, lo que bastaba para afectar a los derechos económicos de los creadores.

El beneficio económico reforzó esa interpretación. Durante 2023, la web generó más de 38 millones de yenes en ingresos publicitarios. Esa cifra, cercana a los 238.600 dólares, mostró que la actividad no era ocasional. El juez concluyó que existía una intención clara de obtener dinero a partir de ese contenido. Por ese motivo, la condena incluyó sanción económica además de la pena de prisión suspendida.

CODA anunció acciones contra páginas similares

La reacción de la Content Overseas Distribution Association fue inmediata. La organización, que agrupa a 32 empresas del sector, había impulsado las acciones legales junto a Toho y Kadokawa. En un comunicado recogido por The Verge, CODA afirmó que estos sitios son problemáticos y que sus prácticas constituyen infracciones graves. La entidad también indicó que seguirá actuando contra páginas similares. Ese planteamiento amplía el alcance de las medidas que antes se centraban en vídeos resumidos.

El caso se enmarca dentro de una política más amplia contra el uso no autorizado de contenidos. Según Yomiuri Shimbun, el tribunal consideró que los textos reducían las posibilidades de ingresos para los titulares de derechos. Esa idea sitúa el problema en el terreno económico, no solo en el cultural. A partir de ahora, publicaciones similares pueden enfrentarse a consecuencias legales si cumplen esas mismas condiciones.

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a un hombre de 39 años, E.E.R.M., a cuatro años de cárcel, como responsable de un delito de violación a una joven durante la madrugada del 14 de junio de 2014 en un parque de la capital abulense.

El fallo ha contado con el voto particular de una de las tres integrantes del tribunal que, si bien reconoce que la víctima actuó “de buena fe” y “sin móvil espurio alguno”, su testimonio “solo responde a lo que ella recuerda y siente en su interior”, lo que le lleva a aplicar el principio de 'in dubio proreo'.

La pena aplicada con la mayoría de dos de los tres magistrados, rebaja de 9 a 4 los años de prisión que solicitaba la fiscalía, por un delito de agresión sexual cometido contra la joven, quien durante el juicio oral rechazó cualquier tipo de compensación económica en concepto de responsabilidad civil, como muchas otras víctimas.

La Audiencia Provincial condena a cuatro años de cárcel al acusado, “como autor criminalmente responsable de un delito de violación, teniendo prohibido acercarse a la víctima a menos de 200 metros en los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena.

De la misma forma, como penas accesorias le impone otros cinco años de libertad vigilada tras salir de prisión, así como otros cinco años de inhabilitación especial, después de abandonar la cárcel, para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de Caudete, de 37 años de edad, el cual no regresó al centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena, donde se encontraba cumpliendo condena, tras disfrutar un permiso.

Además de ello, a esta persona le figuraban cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otro de búsqueda, detención y personación decretados por distintos juzgados, emitidos con posterioridad a su no reingreso en el centro penitenciario.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de que un vecino de esa localidad no había acudido al centro penitenciario alicantino de Villena donde se encontraba cumpliendo condena tras el disfrute de un permiso, pudiendo residir, junto con su pareja, en una vivienda que habría sido ocupada ilegalmente en la localidad caudetana.

A raíz de dicha información, la Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos y que la ocupación ilícita de la vivienda se había realizado con el objetivo de residir en ella de forma permanente, dada la intención del detenido de no regresar a prisión tras el permiso y ocultarse en ella de forma permanente.

A partir de ese momento, se realizaron vigilancias discretas en las inmediaciones de dicha vivienda, pudiendo observar cómo esta persona llevaba una vida normal junto con su pareja sentimental, si bien no abandonaba en ningún momento el inmueble para evitar su detención.

Reclamado por varios juzgados

La Guardia Civil comprobó cómo esta persona se encontraba reclamada por varios juzgados, figurándole hasta cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y uno de búsqueda, detención y personación en sede judicial. Esta persona, además de peligrosa, ha sido detenida en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio, violencia de género, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo para proceder a su detención, y con la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada en la vivienda donde se refugiaba, resultando detenido y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Caudete para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el dispositivo operativo establecido por la Guardia Civil para acceder a la vivienda y detener a esta persona intervinieron efectivos de los Puestos de Caudete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.

El Tribunal Supremo de Brasil ha concedido este martes prisión domiciliaria “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, han informado fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, ha aceptado parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldado en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que Bolsonaro “requiere atención constante y cuidadosa”.

El magistrado, sin embargo, ha decidido que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que no hay fecha. Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo en septiembre de 2025.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado noviembre, Bolsonaro empezó a cumplir la pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, por orden del Tribunal Supremo. Desde enero, estaba en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. Desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de su pareja sentimental en la localidad malagueña de Campillos, el pasado miércoles.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA), señalando que inicialmente se le atribuye un posible delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Este mismo viernes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como caso de violencia machista, elevando a 13 las víctimas en lo que va de año. Sobre el suceso, cabe recordar que el cadáver de Concha, la joven de 25 años, fue encontrado en la tarde de este pasado miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su pareja, un hombre de 28 años, fue detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), y confesar, en primera instancia, que fue autor del asesinato.

Ella estaba en el sistema VioGén por una pareja anterior

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que el presunto autor y la víctima “estaban viviendo en el domicilio del padre de la mujer asesinada”; y ha añadido que la médico forense ha determinado en la primera inspección “que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento, pendiente de hacer la autopsia completa”.

También explicó sobre la secuencia de los hechos, que “desde la unidad orgánica de policía judicial de Jaén se desplazó al presunto autor material del crimen, autor confeso en primera instancia, hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde fue examinado también por la médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo”.

El representante del Gobierno en Andalucía también precisó que con la pareja no estaba activa en el sistema VioGén, si bien sí lo había estado previamente por parte de ella en una relación anterior con otra pareja.

Entierro de la joven en Granada

La joven asesinada va a ser enterrada en Granada en la intimidad según ha pedido su entorno familiar. Precisamente en el inicio del pleno del Ayuntamiento de la capital granadina, que se ha reunido este viernes en convocatoria ordinaria, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha mencionada a la “conciudadana Concha, como la conocían” en el minuto de silencio que se ha guardado al inicio de la sesión plenaria de la Corporación por las víctimas mortales de violencia de género.

Aunque la familia del padre de Concha tiene vínculos con el municipio malagueño de Campillos, tal y como dijo el alcalde Daniel Castilla, la madre y la fallecida vivían hasta este verano en Granada, donde finalmente Concha recibirá sepultura.

En un pequeño pueblo cercano a Cáceres, la vida feliz de una niña de 11 años fue interrumpida por dos agresiones sexuales perpetradas por un vecino y amigo de la familia. Un hombre en quien se depositó una confianza plena y que la traicionó de la manera más terrible. El horror vivido por la menor no se limitó al acto en sí: tras las agresiones sexuales, tuvo que enfrentarse a la dolorosa reacción social de su entorno. Las miradas de sospecha, el señalamiento, los insultos, y una sociedad que, en lugar de protegerla, la hizo sentirse cuestionada y culpable.

Su historia es la del doloroso testimonio de cómo una víctima puede ser revictimizada por la misma sociedad que debería protegerla y defenderla, y cómo el camino hacia la justicia es a veces tan solo el primer paso para ser creída cuando se denuncia un delito sexual. Por estos motivos en este reportaje no se identifica a la menor, por supuesto, ni a su madre. No se publica ningún dato, imagen o referencia que pueda facilitar su reconocimiento. La decisión responde al deseo expreso de la familia de poner fin al estigma y evitar que la niña siga siendo señalada.

Ese camino hacia la justicia culminó tras años de espera y recursos agotados. El condenado agotó la vía judicial local y autonómica, y finalmente, el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. La orden de ingreso en prisión se hizo efectiva el 19 de junio de 2025 en la cárcel de la capital cacereña. Desde ese día, la niña y su familia han encontrado un primer alivio, ya que no tienen que cruzarse con él cada día o escuchar su voz al abrir las ventanas de su casa, una situación insoportable que fue su dolorosa realidad durante los dos últimos años debido a la proximidad de sus viviendas, ya que sorprendentemente la orden de alejamiento que se le impuso hasta que por fin se le privó de libertad fue de 100 metros escasos.

Tras más de tres años de una extenuante lucha judicial y emocional, el agresor fue sentenciado, pero ahora la familia de la pequeña intenta, con inmenso dolor, rehacer su vida marcada por secuelas y temores que persisten y por problemas económicos derivados de esta situación.

La traición de la cercanía

Fue la amistad entre ambas familias lo que facilitó que el hombre abusara de la niña en dos ocasiones en el mismo mes. La primera agresión ocurrió en enero de 2023 cuando él, solo en casa, llamó a la menor para que recogiera unos dulces. Tras un intercambio de palabras trivial, inició los tocamientos, dejando a la niña bloqueada e incapaz de comprender lo que ocurría. Una llamada telefónica de la madre a su hija pidiéndole que volviera ya a casa interrumpió la agresión. Él, por supuesto, le exigió guardar silencio.

La segunda agresión tuvo lugar ese mismo mes, tres semanas después. Nuevamente solo en su casa, invitó a la menor a merendar. La madre autorizó la visita bajo la creencia además de que la esposa de él estaría allí esa tarde. La niña, renuente, no quería ir, pero terminó obedeciendo, acompañada de su hermana de cinco años. El agresor distrajo a la más pequeña con una película y auriculares para que no escuchara nada, mientras agredía de nuevo a la niña. Otra llamada materna pidiendo a su hija que regresara puso fin a la agresión.

Durante un tiempo, la menor guardó silencio y no reveló a nadie lo ocurrido, aunque procuraba mantenerse alejada del agresor. La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando, en una ocasión, lo sorprendieron merodeando alrededor de la vivienda familiar en un momento en que sabía que los padres no estaban en casa. Aquella presencia inesperada despertó la extrañeza y la inquietud de los familiares, que comenzaron a percibir señales de que la niña estaba evitando un contacto que resultaba claramente incómodo y perturbador. Finalmente, fue una familiar cercana a la madre quien recibió la confesión y trasladó de inmediato lo ocurrido a sus progenitores. A partir de ese momento, la familia decidió dar el paso y formalizó la denuncia el 5 de junio de 2023.

La doble revictimización: justicia y sociedad

La sentencia impuso, además de la pena de prisión, siete años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros que aún no se ha hecho efectiva. Un proceso que ha supuesto un enorme desgaste económico, con cerca de 12.000 euros en gastos legales, a lo que se suman gastos derivados de los años de terapia psicológica para la niña y su madre, que durante algún tiempo no encontró fuerzas ni para levantarse de la cama. Una madre que se ha arrepentido cada día de su vida de haber animado a la pequeña a acudir a casa de sus amigos y que enfatiza con dolor la doble y triple revictimización que han sufrido. No es suficiente con el horror de las agresiones, “hemos tenido que soportar años de demora judicial, gastos desorbitados, secuelas psicológicas y el desgaste emocional de tener a su agresor a tan solo 100 metros durante casi dos años”. Y aún queda pendiente un juicio breve por incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento, lo que mantiene viva la tensión y el temor a más carga económica.

Pese al fallo judicial, la familia continúa enfrentando la hostilidad social: una parte importante del pueblo y comentarios en redes sociales han sido crueles, sugiriendo que la denuncia era falsa, que la niña provocó al adulto, o incluso aludiendo a un inexistente “consentimiento”. Es fundamental recordar que, en casos de menores de 16 años no existe consentimiento posible ante una agresión sexual. Y es que eran once. Once años tenía la niña.

Además de la estigmatización sufrida, la niña se vio obligada a cambiar de centro educativo, pues en el colegio de su pueblo la situación se volvió insoportable: burlas, desprecios e incluso insultos constantes por parte de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, los primeros días en el nuevo centro tampoco fueron fáciles. Allí ya habían difundido lo ocurrido y volvió a enfrentarse al desprecio de algunos estudiantes. Finalmente, la dirección del instituto, alertada por sus padres, activó el protocolo correspondiente y logró frenar el hostigamiento.

Dos apoyos han sido fundamentales en este camino: la Fundación Márgenes y Vínculos, que proporcionó atención psicológica gratuita a la menor desde el momento de la denuncia, ayudándola a recuperar parte de la estabilidad y la vida normal que le corresponde a una persona de su edad. Y el Centro de Emergencia 24 horas para violencia sexual en la Casa de la Mujer de Cáceres, inaugurado en enero de 2025, donde se sintieron escuchadas, protegidas y comprendidas, sin ser cuestionadas ni revictimizadas. Fue precisamente en este espacio donde la familia conoció por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, un derecho del que nadie les había informado hasta entonces. “Aunque ya era demasiado tarde”, lamenta la madre, con la amarga sensación de que esa ayuda habría podido aliviar, al menos, el peso de su situación económica actual.

Responsabilidad colectiva

No es nuevo que una víctima de agresión sexual tenga que enfrentarse primero a la justicia y después a la sociedad. “Lo duro es que mi hija apenas tenía 11 años”, relata la madre quien recuerda que la sentencia que ha llevado a prisión al agresor se apoya en un principio reiterado por los tribunales: “Tanto el Supremo como el Constitucional han dicho muchas veces que la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en delitos contra la libertad sexual”.

La mujer explica que los jueces insisten en que estos hechos suelen producirse en espacios ocultos y sin testigos, lo que dificulta la obtención de pruebas adicionales. “Por eso el Supremo estableció tres parámetros muy claros: la credibilidad subjetiva de la víctima, la credibilidad objetiva del relato y la persistencia en la incriminación”, señala.

“Cuando esos elementos concurren, la declaración adquiere la solidez necesaria para generar certidumbre judicial, incluso sin pruebas adicionales. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el caso de mi hija”, concluye con firmeza.

Cada año en España, cerca de 65.000 menores sufren algún tipo de abuso sexual, y las niñas representan aproximadamente el 79% de las víctimas. La mayoría de estos abusos son cometidos por personas conocidas, en muchos casos del entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y la detección temprana. Cada año se producen miles de denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, aunque se considera que estas cifras reflejan solo una parte de la realidad debido al alto grado de infradenuncia. Todos los estudios confirman que las consecuencias para las víctimas son graves y duraderas, tanto físicas como psicológicas.

La menor cacereña, tras un largo proceso de terapia psicológica y gracias también a la red familiar y de amistades que ha construido en estos últimos meses, se encuentra algo más fortalecida y ha querido compartir con elDiario.es Extremadura una carta en la que relata cómo ha vivido este duro episodio de su vida:

“Cuando por fin la conté no me imaginaba todas las consecuencias que vendrían. Mis 'amigos' del pueblo me dejaron de hablar, y solo encontré silencio, ni un abrazo, ni un 'estamos contigo', sino palabras como 'estás exagerando' y 'seguro que no fue del todo como dices'. Me quedé sola por contar la verdad. De noche, no podía dormir, escuchaba su voz y no quería salir a la calle porque él seguía paseándose por esas calles como si no hubiera hecho nada. Me sentía sucia, triste y vacía. Yo no tuve la culpa y mi familia no mentía por denunciarlo, pero mucha gente piensa todo lo contrario. El dinero influyó injustamente, pues tuvimos que pagar una cantidad muy grande solo porque a él le daba la gana de mentir hasta llegar al Supremo. Aseguro que entrar a una casa... y salir destrozada y sintiéndote sucia y despreciable es la peor sensación. Por eso, pido: si veis un caso de este tipo, no os calléis, hablar, apoyar a la víctima y sobre todo, no hacer este tipo de cosas a absolutamente nadie”.

La juez ha condenado a 18 años de prisión a la reclusa que la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021 asesinó, mediante asfixia, a su compañera de celda en el centro penitenciario de Pamplona. Además, la juez impone a la condenada, tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada de 8 años.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta institución deberá indemnizar a la hija menor de la fallecida con 148.096 euros, a la madre de la víctima con 65.820 y a su pareja sentimental con 20.000 euros.

La víctima, que cumplía condena en el centro penitenciario de Pamplona desde el 26 de abril de 2021, era reclusa de apoyo de la encausada en el Programa de prevención de suicidios (PPS), por lo que pasaba las noches en su misma celda.

Entre las 21.03 del 7 de noviembre y las 3.10 del día siguiente, la acusada estranguló y asfixió a su compañera en “un acometimiento sorpresivo, inopinado, y por la espalda, por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”. Perpetró el crimen con “un elemento ancho y con poca capacidad de producir abrasión cutánea (antebrazo, toalla)”.

Antes del día 7, la víctima estaba descontenta con su labor como reclusa de apoyo en el programa PPS con la interna, una circunstancia que había comunicado ese mismo día por la mañana a una funcionaria. Y, asimismo, esa tarde había presentado una instancia oficial de renuncia en la que reseñaba que estar junto con la citada reclusa le afectaba a su salud mental. El centro penitenciario, según recoge la sentencia, no adoptó medida alguna de protección.

Para alcanzar el veredicto de culpabilidad, el jurado se basó en las declaraciones realizadas en el juicio por los testigos, así como en los informes forenses ratificados y explicados en la vista oral (el de la autopsia, el del ADN y los de las analíticas).

Tras el juicio, celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en la Audiencia de Navarra, el jurado popular consideró a la procesada, actualmente de 51 años, culpable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica por su grave adicción a las drogas.

En virtud del veredicto emitido por el jurado el pasado día 6, la fiscal solicitó a la magistrada presidenta que impusiera a la inculpada una pena de 19 años de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por la entonces pareja de la víctima reclamó 25. Por su parte, la acusación en representación de la madre y la hija menor de la fallecida -de 4 años en el momento del crimen- solicitó 15 años, la misma que el abogado defensor.

En la ejecución del delito, los miembros del tribunal popular estimaron la atenuante de anomalía o alteración psíquica, por su grave adicción a las drogas -heroína y cocaína- desde la adolescencia, lo que determinó “una merma relevante, no grave, de sus facultades intelectivas y volitivas”.

Para determinar el alcance de la condena, la magistrada resalta que causó la muerte a la persona que estaba para cuidarla, sin que hubiera tenido la víctima ninguna actuación reprobable u hostil frente a la acusada. Por ello, añade, debe inferirse que hubo “un abuso de confianza total” por parte de la encausada, que debe tener su reflejo en la individualización de la pena, “por el mayor reproche que se constata de lo expuesto”.

Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la juez señala que la autora y víctima se encontraban en un centro penitenciario del Estado, que fue el lugar donde se cometió el asesinato “por la omisión de la adopción de medidas que garantizasen la protección de la interna asesinada” o por “déficit de vigilancia”.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio –el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares– hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Audiencia ha considerado que Carcaño “tiene garantizado su mínimo de subsistencia” a través de la cobertura del régimen penitenciario, al tiempo que ha apostillado que la nómina “no resulta necesaria” para cubrir las necesidades básicas de dignidad humana.

Por ello, ha argumentado que el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el centro penitenciario, sino a la reparación de las víctimas de los hechos. No obstante, la Audiencia ha establecido que Carcaño podrá disponer de 200 euros mensuales para cubrir sus gastos personales dentro del centro.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años y seis meses de prisión a un youtuber ultra de Castellón por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la constitución. La condena incluye la accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. La sentencia no es firma y contra ella cabe recurso de apelación.

En el fallo consta como hechos probados que el condenado publicó varios vídeos en su canal de Youtube en las fechas 18 de mayo de 2021 y 30 de mayo del mismo año “utilizando dichos vídeos para comunicar y promover sentimientos de repulsión, intolerancia y discriminación hacia determinados colectivos.

Así, creó el canal denominado 'La opinión de un anticomunista franquista' en el que publicó el vídeo titulado 'Contra el invasor hay que tirar a matar', en el que, entre otras cosas, afirmaba: “Yo creo que ha llegado la hora de utilizar las ametralladoras y los fusiles contra los que se acerquen a nuestras costas intentando entrar”. En otro vídeo titulado 'En la frontera, menos abrazos y más bombazos' hacía comentarios como el siguiente: “El control y protección de las fronteras debe hacerse a toda costa, aunque suponga la muerte masiva o no masiva invasores”.

Al respecto, fuentes de la ONG València Acull, que interpuso la denuncia, han recordado que los vídeos se publicaron después de que miles de personas migrantes cruzaran la frontera el 17 de mayo de 2021 por la playa de El Tarajal, en Ceuta: “Un día después de que se produjera esta entrada masiva, M. J. A., un ultra vinculado a formaciones de extrema derecha como Democracia Nacional, colgó en su canal de YouTube el primero de los vídeos”.

Así, según los denunciantes, el 30 de mayo volvió a incitar a la violencia contra las personas migrantes al publicar el segundo de los vídeos en el que finaliza diciendo: “Menos abrazos y más bombazos”.

Tras detectar estos vídeos y otras publicaciones, València Acull formuló una denuncia el 12-7-2021 por delito de odio ante la Fiscalía, que desencadenó su procesamiento y condena.

La portavoz adjunta de Compromís a las Cortes, Isaura Navarro, se ha pronunciado sobre esta condena y ha afirmado que “los discursos de odio ponen en riesgo vidas humanas de personas migrantes que lo único que quieren es buscar una vida mejor”, motivo por el cual ha destacado la importancia de “condenas como esta de la Audiencia de Castellón para ponerle freno a personas que promueven este odio y buscan cargarse la convivencia y perseguir a las personas por su color de piel”. Navarro ha añadido que es “muy lamentable que haya partidos como Vox que promociona estos discursos de odio”.

Dos asturianos han sido detenidos en una macrooperación policial contra la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil que se ha desarrollado en una docena de provincias españolas y que ha contado con la colaboración de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El balance provisional de arrestados asciende a 16, de los que dos han ingresado ya en prisión provisional. Otras cinco personas han sido investigadas.

La actuación policial ha permitido la intervención de miles de archivos de imágenes y vídeos que contenían graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas que la propia Policía Nacional ha calificado como “degradantes y vejatorias para las víctimas”.

La propia Policía Nacional ha calificado las agresiones sexuales sufridas por los menores como "degradantes y vejatorias para las víctimas

Las detenciones

Además del arresto de los dos asturianos se han producido detenciones en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1).

Otras cinco personas han sido sometidas a investigación, pero finalmente no han sido detenidas. Residen en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Un profesor, entre los detenidos

Entre los detenidos figuran un profesor de secundaria en Barcelona, mientras que las dos personas que ingresaron ya en prisión fueron arrestadas en Cáceres y Lugo.

Su situación procesal ha sido diferente a la del resto de arrestados debido a la “gravedad y crudeza” de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, según ha ratificado la Policía en un comunicado oficial.

Fotografiaba a menores desde casa

La Policía calcula que uno de los arrestados en Girona es el presunto responsable de la distribución de más de 85.000 archivos.

A este detenido se le imputa además de la difusión de imágenes su captación. Al parecer, “observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio”. En el registro efectuado en su domicilio se localizaron unos prismáticos.

El apoyo del FBI

Los agentes han logrado desarticular esta red con la colaboración policial internacional. La Policía Nacional española ha destacado especialmente el trabajo conjunto que se ha desarrollado con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

A su juicio, su colaboración ha sido “fundamental” para identificar a los 21 investigados.

La investigación

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P).

Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial.

Además, incide en la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

Suecia enviará a sus presos a una cárcel fuera del país como solución para hacer frente al estado de colapso en el que se encuentra su sistema penitenciario. La medida ha sido criticada tanto por organizaciones por los derechos humanos como por los sindicatos, que temen la pérdida de derechos de los encarcelados y de un cambio en el sistema de políticas penitenciarias, alejándose del objetivo de rehabilitar a los presos.

El Gobierno de centroderecha de Suecia ya ha llegado a un acuerdo con Estonia para alquilar 600 plazas en una prisión al este del país báltico. Los presos trasladados serán mayores de 18 años de nacionalidad sueca o extranjera, y la condición para poder ser deportados es que no hayan sido condenados por delitos que impliquen una amenaza para la seguridad nacional, como el terrorismo.

Según el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, el coste del transporte de los presos no supondrá un problema para los presupuestos públicos. El Gobierno lo presenta como ahorro ya que asegura que pagará unos 8.500 euros al mes por cada prisionero, mientras que el coste medio de mantener un preso en Suecia es de 11.500.

Prisiones al límite

La situación límite que se vive en los centros penitenciarios ha empujado la decisión del Gobierno de externalizar las plazas de prisión al extranjero. Ahora mismo, la tasa media de ocupación en los centros penitenciarios es del 141%, lo que provoca tensiones y graves incidentes en algunos centros.

Entre las causas de esta sobrepoblación está el auge del crimen organizado y el endurecimiento de la legislación penal que está llevando a cabo el Gobierno del país nórdico para luchar contra la violencia de las pandillas. En 2023, los tribunales de Suecia dictaron condenas de prisión que sumaban entre todas las sentencias 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior y el doble que hace 10 años.

Además, el Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que recibe el apoyo de la formación de ultraderecha, Demócratas de Suecia, tiene previsto reducir la edad penal por delitos graves de los 15 a los 14 años como medida para acabar con el reclutamiento de adolescentes en las pandillas. El Ejecutivo ya ha dicho que modificará la legislación para introducir penas de cárcel de hasta 10 años para los menores de edad, que hasta ahora cumplen sus condenas en centros de acogida juveniles con penas que pueden ser, como máximo, de cuatro años.

Con este plan de reformas jurídicas, los Servicios Penitenciarios predicen que en los próximos 10 años la población de reclusos en el país será de 35.000 personas, en comparación a las 6.000 que hay actualmente. El país nórdico también tiene previsto ampliar sus centros penitenciarios con 18.000 plazas extras que estarán disponibles en 2033, una reforma que aún se quedará corta según las propias predicciones de las autoridades penitenciarias.

Falta el voto en el parlamento

Con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Estocolmo y Tallin, ahora falta que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Suecia por una mayoría de dos tercios. En la votación, el Gobierno de centro-derecha necesitará el apoyo del Partido Socialdemócrata, que representa la formación con más diputados en el Riksdag.

Por ahora, los socialistas no han vetado el plan, pero se muestran escépticos en cuanto a la “externalización de la autoridad fuera de Suecia”, por lo que “existen muchas dudas y preguntas en torno a la legislación del acuerdo que se tendrán que resolver antes de que el partido pueda tomar una decisión”, según la portavoz de asuntos jurídicos del grupo parlamentario, Teresa Carvalho.

Para el Gobierno, el traslado de presos a Estonia es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países de la Unión Europea es similar. También se ha acordado que el personal que gestionará la prisión de Tartu será estonio, aunque se ha especificado que podrá hablar inglés y los reclusos podrán acceder a traductores e intérpretes. El Ministerio de Justicia también asegura que las condiciones en las celdas serán similares a las de Suecia, aunque las visitas de los abogados y las familias de los presos tendrán que pagar por su cuenta el viaje hasta Estonia.

Prisioneros aún más aislados

Quiénes sí que se han manifestado en contra de la medida son los sindicatos de los trabajadores de prisiones que, a la vez, dicen estar cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo en su trabajo debido a la masificación de las cárceles.

El sindicato Seko dijo que el plan del Gobierno es “indecente”, por poner en peligro los derechos de los reclusos en cuanto a las limitaciones en el régimen de visitas, las barreras lingüísticas que pueden surgir, y los permisos de los prisioneros: “No puedo ver que la iniciativa conduzca a nada bueno”, dijo una portavoz, Gabriella Lavecchia.

Por otra parte, para la organización Civil Rights Defenders, se corre el riesgo de que “cuando una persona privada de libertad sea colocada fuera del país, quedará aún más aislada de su contexto”.

Según el profesor y jurista en la Universidad de Uppsala, Bo Wennström, la medida “confirma un cambio en el sistema penitenciario que empezó hace años, alejándose del modelo del excepcionalismo sueco, que se basaba en una tasa de detención baja y cárceles más humanas”. Wennström cree que la deportación de 600 presos a Estonia tiene un objetivo político muy concreto, teniendo en cuenta que en un año habrá elecciones generales en el país: “Es un mensaje a la sociedad para decir que el Gobierno es duro contra la delincuencia y actúa”, dice el profesor.

El experto también admite que la propuesta plantea aún muchas dudas jurídicas: “Trasladar a los presos puede conllevar muchos problemas, en primer lugar, es caro, y después está el problema de la jurisdicción, ¿Quién se hará responsable si pasa algo a un preso sueco en suelo de Estonia? ¿Será la prisión una zona libre de Suecia en el extranjero? Tengo muchas dudas”, dice. Sin embargo, a pesar de los interrogantes planteados por Wennström, el profesor también subraya que la reforma del sistema penitenciario en Suecia es necesaria: “No estoy en contra de las prisiones, ni de este cambio, tenemos que hacer algo contra la criminalidad”.