“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de Caudete, de 37 años de edad, el cual no regresó al centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena, donde se encontraba cumpliendo condena, tras disfrutar un permiso.

Además de ello, a esta persona le figuraban cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otro de búsqueda, detención y personación decretados por distintos juzgados, emitidos con posterioridad a su no reingreso en el centro penitenciario.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de que un vecino de esa localidad no había acudido al centro penitenciario alicantino de Villena donde se encontraba cumpliendo condena tras el disfrute de un permiso, pudiendo residir, junto con su pareja, en una vivienda que habría sido ocupada ilegalmente en la localidad caudetana.

A raíz de dicha información, la Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos y que la ocupación ilícita de la vivienda se había realizado con el objetivo de residir en ella de forma permanente, dada la intención del detenido de no regresar a prisión tras el permiso y ocultarse en ella de forma permanente.

A partir de ese momento, se realizaron vigilancias discretas en las inmediaciones de dicha vivienda, pudiendo observar cómo esta persona llevaba una vida normal junto con su pareja sentimental, si bien no abandonaba en ningún momento el inmueble para evitar su detención.

Reclamado por varios juzgados

La Guardia Civil comprobó cómo esta persona se encontraba reclamada por varios juzgados, figurándole hasta cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y uno de búsqueda, detención y personación en sede judicial. Esta persona, además de peligrosa, ha sido detenida en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio, violencia de género, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo para proceder a su detención, y con la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada en la vivienda donde se refugiaba, resultando detenido y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Caudete para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el dispositivo operativo establecido por la Guardia Civil para acceder a la vivienda y detener a esta persona intervinieron efectivos de los Puestos de Caudete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.

El Tribunal Supremo de Brasil ha concedido este martes prisión domiciliaria “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, han informado fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, ha aceptado parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldado en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que Bolsonaro “requiere atención constante y cuidadosa”.

El magistrado, sin embargo, ha decidido que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que no hay fecha. Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo en septiembre de 2025.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado noviembre, Bolsonaro empezó a cumplir la pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, por orden del Tribunal Supremo. Desde enero, estaba en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. Desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de su pareja sentimental en la localidad malagueña de Campillos, el pasado miércoles.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA), señalando que inicialmente se le atribuye un posible delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Este mismo viernes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como caso de violencia machista, elevando a 13 las víctimas en lo que va de año. Sobre el suceso, cabe recordar que el cadáver de Concha, la joven de 25 años, fue encontrado en la tarde de este pasado miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su pareja, un hombre de 28 años, fue detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), y confesar, en primera instancia, que fue autor del asesinato.

Ella estaba en el sistema VioGén por una pareja anterior

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que el presunto autor y la víctima “estaban viviendo en el domicilio del padre de la mujer asesinada”; y ha añadido que la médico forense ha determinado en la primera inspección “que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento, pendiente de hacer la autopsia completa”.

También explicó sobre la secuencia de los hechos, que “desde la unidad orgánica de policía judicial de Jaén se desplazó al presunto autor material del crimen, autor confeso en primera instancia, hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde fue examinado también por la médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo”.

El representante del Gobierno en Andalucía también precisó que con la pareja no estaba activa en el sistema VioGén, si bien sí lo había estado previamente por parte de ella en una relación anterior con otra pareja.

Entierro de la joven en Granada

La joven asesinada va a ser enterrada en Granada en la intimidad según ha pedido su entorno familiar. Precisamente en el inicio del pleno del Ayuntamiento de la capital granadina, que se ha reunido este viernes en convocatoria ordinaria, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha mencionada a la “conciudadana Concha, como la conocían” en el minuto de silencio que se ha guardado al inicio de la sesión plenaria de la Corporación por las víctimas mortales de violencia de género.

Aunque la familia del padre de Concha tiene vínculos con el municipio malagueño de Campillos, tal y como dijo el alcalde Daniel Castilla, la madre y la fallecida vivían hasta este verano en Granada, donde finalmente Concha recibirá sepultura.

En un pequeño pueblo cercano a Cáceres, la vida feliz de una niña de 11 años fue interrumpida por dos agresiones sexuales perpetradas por un vecino y amigo de la familia. Un hombre en quien se depositó una confianza plena y que la traicionó de la manera más terrible. El horror vivido por la menor no se limitó al acto en sí: tras las agresiones sexuales, tuvo que enfrentarse a la dolorosa reacción social de su entorno. Las miradas de sospecha, el señalamiento, los insultos, y una sociedad que, en lugar de protegerla, la hizo sentirse cuestionada y culpable.

Su historia es la del doloroso testimonio de cómo una víctima puede ser revictimizada por la misma sociedad que debería protegerla y defenderla, y cómo el camino hacia la justicia es a veces tan solo el primer paso para ser creída cuando se denuncia un delito sexual. Por estos motivos en este reportaje no se identifica a la menor, por supuesto, ni a su madre. No se publica ningún dato, imagen o referencia que pueda facilitar su reconocimiento. La decisión responde al deseo expreso de la familia de poner fin al estigma y evitar que la niña siga siendo señalada.

Ese camino hacia la justicia culminó tras años de espera y recursos agotados. El condenado agotó la vía judicial local y autonómica, y finalmente, el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. La orden de ingreso en prisión se hizo efectiva el 19 de junio de 2025 en la cárcel de la capital cacereña. Desde ese día, la niña y su familia han encontrado un primer alivio, ya que no tienen que cruzarse con él cada día o escuchar su voz al abrir las ventanas de su casa, una situación insoportable que fue su dolorosa realidad durante los dos últimos años debido a la proximidad de sus viviendas, ya que sorprendentemente la orden de alejamiento que se le impuso hasta que por fin se le privó de libertad fue de 100 metros escasos.

Tras más de tres años de una extenuante lucha judicial y emocional, el agresor fue sentenciado, pero ahora la familia de la pequeña intenta, con inmenso dolor, rehacer su vida marcada por secuelas y temores que persisten y por problemas económicos derivados de esta situación.

La traición de la cercanía

Fue la amistad entre ambas familias lo que facilitó que el hombre abusara de la niña en dos ocasiones en el mismo mes. La primera agresión ocurrió en enero de 2023 cuando él, solo en casa, llamó a la menor para que recogiera unos dulces. Tras un intercambio de palabras trivial, inició los tocamientos, dejando a la niña bloqueada e incapaz de comprender lo que ocurría. Una llamada telefónica de la madre a su hija pidiéndole que volviera ya a casa interrumpió la agresión. Él, por supuesto, le exigió guardar silencio.

La segunda agresión tuvo lugar ese mismo mes, tres semanas después. Nuevamente solo en su casa, invitó a la menor a merendar. La madre autorizó la visita bajo la creencia además de que la esposa de él estaría allí esa tarde. La niña, renuente, no quería ir, pero terminó obedeciendo, acompañada de su hermana de cinco años. El agresor distrajo a la más pequeña con una película y auriculares para que no escuchara nada, mientras agredía de nuevo a la niña. Otra llamada materna pidiendo a su hija que regresara puso fin a la agresión.

Durante un tiempo, la menor guardó silencio y no reveló a nadie lo ocurrido, aunque procuraba mantenerse alejada del agresor. La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando, en una ocasión, lo sorprendieron merodeando alrededor de la vivienda familiar en un momento en que sabía que los padres no estaban en casa. Aquella presencia inesperada despertó la extrañeza y la inquietud de los familiares, que comenzaron a percibir señales de que la niña estaba evitando un contacto que resultaba claramente incómodo y perturbador. Finalmente, fue una familiar cercana a la madre quien recibió la confesión y trasladó de inmediato lo ocurrido a sus progenitores. A partir de ese momento, la familia decidió dar el paso y formalizó la denuncia el 5 de junio de 2023.

La doble revictimización: justicia y sociedad

La sentencia impuso, además de la pena de prisión, siete años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros que aún no se ha hecho efectiva. Un proceso que ha supuesto un enorme desgaste económico, con cerca de 12.000 euros en gastos legales, a lo que se suman gastos derivados de los años de terapia psicológica para la niña y su madre, que durante algún tiempo no encontró fuerzas ni para levantarse de la cama. Una madre que se ha arrepentido cada día de su vida de haber animado a la pequeña a acudir a casa de sus amigos y que enfatiza con dolor la doble y triple revictimización que han sufrido. No es suficiente con el horror de las agresiones, “hemos tenido que soportar años de demora judicial, gastos desorbitados, secuelas psicológicas y el desgaste emocional de tener a su agresor a tan solo 100 metros durante casi dos años”. Y aún queda pendiente un juicio breve por incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento, lo que mantiene viva la tensión y el temor a más carga económica.

Pese al fallo judicial, la familia continúa enfrentando la hostilidad social: una parte importante del pueblo y comentarios en redes sociales han sido crueles, sugiriendo que la denuncia era falsa, que la niña provocó al adulto, o incluso aludiendo a un inexistente “consentimiento”. Es fundamental recordar que, en casos de menores de 16 años no existe consentimiento posible ante una agresión sexual. Y es que eran once. Once años tenía la niña.

Además de la estigmatización sufrida, la niña se vio obligada a cambiar de centro educativo, pues en el colegio de su pueblo la situación se volvió insoportable: burlas, desprecios e incluso insultos constantes por parte de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, los primeros días en el nuevo centro tampoco fueron fáciles. Allí ya habían difundido lo ocurrido y volvió a enfrentarse al desprecio de algunos estudiantes. Finalmente, la dirección del instituto, alertada por sus padres, activó el protocolo correspondiente y logró frenar el hostigamiento.

Dos apoyos han sido fundamentales en este camino: la Fundación Márgenes y Vínculos, que proporcionó atención psicológica gratuita a la menor desde el momento de la denuncia, ayudándola a recuperar parte de la estabilidad y la vida normal que le corresponde a una persona de su edad. Y el Centro de Emergencia 24 horas para violencia sexual en la Casa de la Mujer de Cáceres, inaugurado en enero de 2025, donde se sintieron escuchadas, protegidas y comprendidas, sin ser cuestionadas ni revictimizadas. Fue precisamente en este espacio donde la familia conoció por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, un derecho del que nadie les había informado hasta entonces. “Aunque ya era demasiado tarde”, lamenta la madre, con la amarga sensación de que esa ayuda habría podido aliviar, al menos, el peso de su situación económica actual.

Responsabilidad colectiva

No es nuevo que una víctima de agresión sexual tenga que enfrentarse primero a la justicia y después a la sociedad. “Lo duro es que mi hija apenas tenía 11 años”, relata la madre quien recuerda que la sentencia que ha llevado a prisión al agresor se apoya en un principio reiterado por los tribunales: “Tanto el Supremo como el Constitucional han dicho muchas veces que la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en delitos contra la libertad sexual”.

La mujer explica que los jueces insisten en que estos hechos suelen producirse en espacios ocultos y sin testigos, lo que dificulta la obtención de pruebas adicionales. “Por eso el Supremo estableció tres parámetros muy claros: la credibilidad subjetiva de la víctima, la credibilidad objetiva del relato y la persistencia en la incriminación”, señala.

“Cuando esos elementos concurren, la declaración adquiere la solidez necesaria para generar certidumbre judicial, incluso sin pruebas adicionales. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el caso de mi hija”, concluye con firmeza.

Cada año en España, cerca de 65.000 menores sufren algún tipo de abuso sexual, y las niñas representan aproximadamente el 79% de las víctimas. La mayoría de estos abusos son cometidos por personas conocidas, en muchos casos del entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y la detección temprana. Cada año se producen miles de denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, aunque se considera que estas cifras reflejan solo una parte de la realidad debido al alto grado de infradenuncia. Todos los estudios confirman que las consecuencias para las víctimas son graves y duraderas, tanto físicas como psicológicas.

La menor cacereña, tras un largo proceso de terapia psicológica y gracias también a la red familiar y de amistades que ha construido en estos últimos meses, se encuentra algo más fortalecida y ha querido compartir con elDiario.es Extremadura una carta en la que relata cómo ha vivido este duro episodio de su vida:

“Cuando por fin la conté no me imaginaba todas las consecuencias que vendrían. Mis 'amigos' del pueblo me dejaron de hablar, y solo encontré silencio, ni un abrazo, ni un 'estamos contigo', sino palabras como 'estás exagerando' y 'seguro que no fue del todo como dices'. Me quedé sola por contar la verdad. De noche, no podía dormir, escuchaba su voz y no quería salir a la calle porque él seguía paseándose por esas calles como si no hubiera hecho nada. Me sentía sucia, triste y vacía. Yo no tuve la culpa y mi familia no mentía por denunciarlo, pero mucha gente piensa todo lo contrario. El dinero influyó injustamente, pues tuvimos que pagar una cantidad muy grande solo porque a él le daba la gana de mentir hasta llegar al Supremo. Aseguro que entrar a una casa... y salir destrozada y sintiéndote sucia y despreciable es la peor sensación. Por eso, pido: si veis un caso de este tipo, no os calléis, hablar, apoyar a la víctima y sobre todo, no hacer este tipo de cosas a absolutamente nadie”.

La juez ha condenado a 18 años de prisión a la reclusa que la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021 asesinó, mediante asfixia, a su compañera de celda en el centro penitenciario de Pamplona. Además, la juez impone a la condenada, tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada de 8 años.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta institución deberá indemnizar a la hija menor de la fallecida con 148.096 euros, a la madre de la víctima con 65.820 y a su pareja sentimental con 20.000 euros.

La víctima, que cumplía condena en el centro penitenciario de Pamplona desde el 26 de abril de 2021, era reclusa de apoyo de la encausada en el Programa de prevención de suicidios (PPS), por lo que pasaba las noches en su misma celda.

Entre las 21.03 del 7 de noviembre y las 3.10 del día siguiente, la acusada estranguló y asfixió a su compañera en “un acometimiento sorpresivo, inopinado, y por la espalda, por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”. Perpetró el crimen con “un elemento ancho y con poca capacidad de producir abrasión cutánea (antebrazo, toalla)”.

Antes del día 7, la víctima estaba descontenta con su labor como reclusa de apoyo en el programa PPS con la interna, una circunstancia que había comunicado ese mismo día por la mañana a una funcionaria. Y, asimismo, esa tarde había presentado una instancia oficial de renuncia en la que reseñaba que estar junto con la citada reclusa le afectaba a su salud mental. El centro penitenciario, según recoge la sentencia, no adoptó medida alguna de protección.

Para alcanzar el veredicto de culpabilidad, el jurado se basó en las declaraciones realizadas en el juicio por los testigos, así como en los informes forenses ratificados y explicados en la vista oral (el de la autopsia, el del ADN y los de las analíticas).

Tras el juicio, celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en la Audiencia de Navarra, el jurado popular consideró a la procesada, actualmente de 51 años, culpable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica por su grave adicción a las drogas.

En virtud del veredicto emitido por el jurado el pasado día 6, la fiscal solicitó a la magistrada presidenta que impusiera a la inculpada una pena de 19 años de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por la entonces pareja de la víctima reclamó 25. Por su parte, la acusación en representación de la madre y la hija menor de la fallecida -de 4 años en el momento del crimen- solicitó 15 años, la misma que el abogado defensor.

En la ejecución del delito, los miembros del tribunal popular estimaron la atenuante de anomalía o alteración psíquica, por su grave adicción a las drogas -heroína y cocaína- desde la adolescencia, lo que determinó “una merma relevante, no grave, de sus facultades intelectivas y volitivas”.

Para determinar el alcance de la condena, la magistrada resalta que causó la muerte a la persona que estaba para cuidarla, sin que hubiera tenido la víctima ninguna actuación reprobable u hostil frente a la acusada. Por ello, añade, debe inferirse que hubo “un abuso de confianza total” por parte de la encausada, que debe tener su reflejo en la individualización de la pena, “por el mayor reproche que se constata de lo expuesto”.

Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la juez señala que la autora y víctima se encontraban en un centro penitenciario del Estado, que fue el lugar donde se cometió el asesinato “por la omisión de la adopción de medidas que garantizasen la protección de la interna asesinada” o por “déficit de vigilancia”.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio –el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares– hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Audiencia ha considerado que Carcaño “tiene garantizado su mínimo de subsistencia” a través de la cobertura del régimen penitenciario, al tiempo que ha apostillado que la nómina “no resulta necesaria” para cubrir las necesidades básicas de dignidad humana.

Por ello, ha argumentado que el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el centro penitenciario, sino a la reparación de las víctimas de los hechos. No obstante, la Audiencia ha establecido que Carcaño podrá disponer de 200 euros mensuales para cubrir sus gastos personales dentro del centro.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años y seis meses de prisión a un youtuber ultra de Castellón por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la constitución. La condena incluye la accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. La sentencia no es firma y contra ella cabe recurso de apelación.

En el fallo consta como hechos probados que el condenado publicó varios vídeos en su canal de Youtube en las fechas 18 de mayo de 2021 y 30 de mayo del mismo año “utilizando dichos vídeos para comunicar y promover sentimientos de repulsión, intolerancia y discriminación hacia determinados colectivos.

Así, creó el canal denominado 'La opinión de un anticomunista franquista' en el que publicó el vídeo titulado 'Contra el invasor hay que tirar a matar', en el que, entre otras cosas, afirmaba: “Yo creo que ha llegado la hora de utilizar las ametralladoras y los fusiles contra los que se acerquen a nuestras costas intentando entrar”. En otro vídeo titulado 'En la frontera, menos abrazos y más bombazos' hacía comentarios como el siguiente: “El control y protección de las fronteras debe hacerse a toda costa, aunque suponga la muerte masiva o no masiva invasores”.

Al respecto, fuentes de la ONG València Acull, que interpuso la denuncia, han recordado que los vídeos se publicaron después de que miles de personas migrantes cruzaran la frontera el 17 de mayo de 2021 por la playa de El Tarajal, en Ceuta: “Un día después de que se produjera esta entrada masiva, M. J. A., un ultra vinculado a formaciones de extrema derecha como Democracia Nacional, colgó en su canal de YouTube el primero de los vídeos”.

Así, según los denunciantes, el 30 de mayo volvió a incitar a la violencia contra las personas migrantes al publicar el segundo de los vídeos en el que finaliza diciendo: “Menos abrazos y más bombazos”.

Tras detectar estos vídeos y otras publicaciones, València Acull formuló una denuncia el 12-7-2021 por delito de odio ante la Fiscalía, que desencadenó su procesamiento y condena.

La portavoz adjunta de Compromís a las Cortes, Isaura Navarro, se ha pronunciado sobre esta condena y ha afirmado que “los discursos de odio ponen en riesgo vidas humanas de personas migrantes que lo único que quieren es buscar una vida mejor”, motivo por el cual ha destacado la importancia de “condenas como esta de la Audiencia de Castellón para ponerle freno a personas que promueven este odio y buscan cargarse la convivencia y perseguir a las personas por su color de piel”. Navarro ha añadido que es “muy lamentable que haya partidos como Vox que promociona estos discursos de odio”.

Dos asturianos han sido detenidos en una macrooperación policial contra la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil que se ha desarrollado en una docena de provincias españolas y que ha contado con la colaboración de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El balance provisional de arrestados asciende a 16, de los que dos han ingresado ya en prisión provisional. Otras cinco personas han sido investigadas.

La actuación policial ha permitido la intervención de miles de archivos de imágenes y vídeos que contenían graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas que la propia Policía Nacional ha calificado como “degradantes y vejatorias para las víctimas”.

La propia Policía Nacional ha calificado las agresiones sexuales sufridas por los menores como "degradantes y vejatorias para las víctimas

Las detenciones

Además del arresto de los dos asturianos se han producido detenciones en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1).

Otras cinco personas han sido sometidas a investigación, pero finalmente no han sido detenidas. Residen en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Un profesor, entre los detenidos

Entre los detenidos figuran un profesor de secundaria en Barcelona, mientras que las dos personas que ingresaron ya en prisión fueron arrestadas en Cáceres y Lugo.

Su situación procesal ha sido diferente a la del resto de arrestados debido a la “gravedad y crudeza” de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, según ha ratificado la Policía en un comunicado oficial.

Fotografiaba a menores desde casa

La Policía calcula que uno de los arrestados en Girona es el presunto responsable de la distribución de más de 85.000 archivos.

A este detenido se le imputa además de la difusión de imágenes su captación. Al parecer, “observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio”. En el registro efectuado en su domicilio se localizaron unos prismáticos.

El apoyo del FBI

Los agentes han logrado desarticular esta red con la colaboración policial internacional. La Policía Nacional española ha destacado especialmente el trabajo conjunto que se ha desarrollado con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

A su juicio, su colaboración ha sido “fundamental” para identificar a los 21 investigados.

La investigación

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P).

Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial.

Además, incide en la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

Suecia enviará a sus presos a una cárcel fuera del país como solución para hacer frente al estado de colapso en el que se encuentra su sistema penitenciario. La medida ha sido criticada tanto por organizaciones por los derechos humanos como por los sindicatos, que temen la pérdida de derechos de los encarcelados y de un cambio en el sistema de políticas penitenciarias, alejándose del objetivo de rehabilitar a los presos.

El Gobierno de centroderecha de Suecia ya ha llegado a un acuerdo con Estonia para alquilar 600 plazas en una prisión al este del país báltico. Los presos trasladados serán mayores de 18 años de nacionalidad sueca o extranjera, y la condición para poder ser deportados es que no hayan sido condenados por delitos que impliquen una amenaza para la seguridad nacional, como el terrorismo.

Según el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, el coste del transporte de los presos no supondrá un problema para los presupuestos públicos. El Gobierno lo presenta como ahorro ya que asegura que pagará unos 8.500 euros al mes por cada prisionero, mientras que el coste medio de mantener un preso en Suecia es de 11.500.

Prisiones al límite

La situación límite que se vive en los centros penitenciarios ha empujado la decisión del Gobierno de externalizar las plazas de prisión al extranjero. Ahora mismo, la tasa media de ocupación en los centros penitenciarios es del 141%, lo que provoca tensiones y graves incidentes en algunos centros.

Entre las causas de esta sobrepoblación está el auge del crimen organizado y el endurecimiento de la legislación penal que está llevando a cabo el Gobierno del país nórdico para luchar contra la violencia de las pandillas. En 2023, los tribunales de Suecia dictaron condenas de prisión que sumaban entre todas las sentencias 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior y el doble que hace 10 años.

Además, el Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que recibe el apoyo de la formación de ultraderecha, Demócratas de Suecia, tiene previsto reducir la edad penal por delitos graves de los 15 a los 14 años como medida para acabar con el reclutamiento de adolescentes en las pandillas. El Ejecutivo ya ha dicho que modificará la legislación para introducir penas de cárcel de hasta 10 años para los menores de edad, que hasta ahora cumplen sus condenas en centros de acogida juveniles con penas que pueden ser, como máximo, de cuatro años.

Con este plan de reformas jurídicas, los Servicios Penitenciarios predicen que en los próximos 10 años la población de reclusos en el país será de 35.000 personas, en comparación a las 6.000 que hay actualmente. El país nórdico también tiene previsto ampliar sus centros penitenciarios con 18.000 plazas extras que estarán disponibles en 2033, una reforma que aún se quedará corta según las propias predicciones de las autoridades penitenciarias.

Falta el voto en el parlamento

Con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Estocolmo y Tallin, ahora falta que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Suecia por una mayoría de dos tercios. En la votación, el Gobierno de centro-derecha necesitará el apoyo del Partido Socialdemócrata, que representa la formación con más diputados en el Riksdag.

Por ahora, los socialistas no han vetado el plan, pero se muestran escépticos en cuanto a la “externalización de la autoridad fuera de Suecia”, por lo que “existen muchas dudas y preguntas en torno a la legislación del acuerdo que se tendrán que resolver antes de que el partido pueda tomar una decisión”, según la portavoz de asuntos jurídicos del grupo parlamentario, Teresa Carvalho.

Para el Gobierno, el traslado de presos a Estonia es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países de la Unión Europea es similar. También se ha acordado que el personal que gestionará la prisión de Tartu será estonio, aunque se ha especificado que podrá hablar inglés y los reclusos podrán acceder a traductores e intérpretes. El Ministerio de Justicia también asegura que las condiciones en las celdas serán similares a las de Suecia, aunque las visitas de los abogados y las familias de los presos tendrán que pagar por su cuenta el viaje hasta Estonia.

Prisioneros aún más aislados

Quiénes sí que se han manifestado en contra de la medida son los sindicatos de los trabajadores de prisiones que, a la vez, dicen estar cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo en su trabajo debido a la masificación de las cárceles.

El sindicato Seko dijo que el plan del Gobierno es “indecente”, por poner en peligro los derechos de los reclusos en cuanto a las limitaciones en el régimen de visitas, las barreras lingüísticas que pueden surgir, y los permisos de los prisioneros: “No puedo ver que la iniciativa conduzca a nada bueno”, dijo una portavoz, Gabriella Lavecchia.

Por otra parte, para la organización Civil Rights Defenders, se corre el riesgo de que “cuando una persona privada de libertad sea colocada fuera del país, quedará aún más aislada de su contexto”.

Según el profesor y jurista en la Universidad de Uppsala, Bo Wennström, la medida “confirma un cambio en el sistema penitenciario que empezó hace años, alejándose del modelo del excepcionalismo sueco, que se basaba en una tasa de detención baja y cárceles más humanas”. Wennström cree que la deportación de 600 presos a Estonia tiene un objetivo político muy concreto, teniendo en cuenta que en un año habrá elecciones generales en el país: “Es un mensaje a la sociedad para decir que el Gobierno es duro contra la delincuencia y actúa”, dice el profesor.

El experto también admite que la propuesta plantea aún muchas dudas jurídicas: “Trasladar a los presos puede conllevar muchos problemas, en primer lugar, es caro, y después está el problema de la jurisdicción, ¿Quién se hará responsable si pasa algo a un preso sueco en suelo de Estonia? ¿Será la prisión una zona libre de Suecia en el extranjero? Tengo muchas dudas”, dice. Sin embargo, a pesar de los interrogantes planteados por Wennström, el profesor también subraya que la reforma del sistema penitenciario en Suecia es necesaria: “No estoy en contra de las prisiones, ni de este cambio, tenemos que hacer algo contra la criminalidad”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tolosa ha acordado este martes, en funciones de guardia, el ingreso en prisión provisional del primero de los detenidos en Ordizia acusado de un delito de atentado a la autoridad y lesiones por la agresión a cuatro ertzainas, mientras que el segundo varón arrestado ha quedado en libertad sin medidas cautelares, según han informado fuentes judiciales.

El primero de los arrestos se produjo sobre las 00.18 horas de este pasado domingo, cuando varias patrullas de la Ertzaintza acudieron a atender un aviso de una trifulca entre varias personas en la calle Araba del municipio de Ordizia.

A su llegada, una primera patrulla observó a tres hombres, que iniciaron una huida calle arriba y fueron seguidos por el recurso policial. En ese momento, varias personas más, supuestamente familiares de los primeros, comenzaron a increpar y a dificultar el trabajo de los ertzainas que se incorporaron para atajar el incidente. La actitud violenta de las personas aumentó la tensión en el lugar y uno de los hombres, especialmente agresivo, según la Ertzaintza, golpeó por detrás con el puño a un ertzaina, que cayó al suelo seminconsciente.

El agresor fue detenido por un delito de atentado a la autoridad y lesiones, mientras las personas que le apoyaban acometían contra los recursos policiales, que hicieron uso de sus elementos de defensa para repeler las agresiones. Patrullas de las comisarías de Deba Urola y Hernani llegaron en apoyo y la situación finalmente se calmó. Sobre las nueve menos cuarto de la noche del domingo fue arrestada una segunda persona en relación con estos hechos. La Ertzaintza mantiene la investigación abierta.

La familia del joven de 31 años que falleció el pasado febrero tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria en un escrito dirigido a la alcaldesa Maider Etxebarria que se sancione a la empresa propietaria del local y a la encargada de llevar a cabo la contratación del personal. “Tras el asesinato perpetrado por uno de los trabajadores del servicio de admisión presumiblemente con distintos grados de complicidad del resto, se hace imperiosa la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la ley para la comisión de infracciones muy graves. Desde la familia consideramos que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y tener en cuenta tanto la reiteración de las infracciones como la complicidad del establecimiento recreativo Mitika y de la empresa de servicios Le Basque Services, por haber tolerado y amparado conductas de extrema gravedad”, recoge el escrito enviado por la familia al Ayuntamiento, que también ha sido enviado al Parlamento Vasco para que esté al tanto de la petición.

El escrito de la familia recoge que según el artículo 55 de sanciones por comisión de infracciones muy graves de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con una multa de 30.001 a 150.000 euros, con la suspensión o prohibición de la actividad desde uno hasta tres años, con la cláusula y precinto del local desde uno hasta tres años, con la revocación de la autorización o licencia, con la inhabilitación desde seis meses hasta un año y seis meses o con el decomiso de los bienes relacionados con la actividad por un periodo de entre seis meses y un día y doce meses.

“Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto. La gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de un control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a acusaciones que vulneran gravemente la normativa vigente”, denuncia la familia.

El acusado de la muerte del joven, que cuenta con antecedentes penales, fue ingresado en prisión y a día de hoy sigue en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Tras el suceso la discoteca Mitika cerró sus puertas en señal del “absoluto respeto y mientras avanza la investigación”, aunque se espera que “reabra en septiembre”, según adelanta la Cadena Ser y durante este tiempo la sala ha sido alquilada para eventos privados. “Desde Sala Mítika queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el trágico suceso ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindando toda la ayuda posible en este difícil momento. En señal de absoluto respeto y mientras se avanza en la investigación, hemos decidido que nuestra sala permanezca cerrada. Agradecemos sinceramente la comprensión”, explicó la discoteca en un comunicado hecho público tres días después del suceso.

El pasado mayo EH Bildu cerró con PNV, PSE-EE y Sumar un acuerdo en el Parlamento Vasco que demanda medidas para “reforzar” la prevención de comportamientos “violentos o discriminatorios” por parte del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno. Se trata de una iniciativa registrada tras el fallecimiento del joven y después de que sus padres escribieran una carta a la Cámara considerado que ese “asesinato” respondía a una “negligencia” de las instituciones.

En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento la familia confiesa sentirse “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, detalla el escrito.

Según defiende la familia, la muerte del joven “no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.

Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructora advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.

“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención. Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan en el escrito enviado al Parlamento Vasco.

La resolución del acuerdo al que se llegó en el Parlamento Vasco el pasado mayo, y en cuya votación PP y Vox se abstuvieron, insta al Gobierno vasco a continuar con la elaboración e implementación de un plan de acción “con el fin de garantizar el cumplimiento normativo por parte de los servicios de admisión y seguridad privada en los locales de ocio nocturno”. Además, se pide a Ertzaintza y cuerpos locales que se coordinen para “reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno”.

En Argentina se vive un ritmo vertiginoso desde que hace una semana la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida para Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, la expresidenta ocupa la centralidad de la escena. Este martes, la Justicia ha confirmado la prisión domiciliaria para Fernández, quien no tendrá que presentarse en los tribunales. La cumplirá en su domicilio de la calle San José 1111 de la ciudad de Buenos Aries, que ha sido epicentro de vigilias y movilizaciones de simpatizantes.

La condena entró en vigor este martes. La decisión de los jueces del Tribunal Oral número 2, encabezado por Jorge Gorini, dejó sin efecto la citación para este miércoles de la exmandataria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que no se le concediera la prisión domiciliaria rechazando el argumento de su edad y seguridad. El pedido de los abogados de Cristina Fernández se basó en que tiene 72 años (en el sistema penitenciario argentino, no se registra ninguna mujer mayor de 70 años detenida en cárcel común), que tiene custodia permanente de la Policía por ser exmandataria y que sufrió un intento de magnicidio durante la recta final del juicio Vialidad.

“Si hubo un intento de asesinato y está en peligro su vida, que no salga al balcón”, habían refutado los fiscales. Las movilizaciones y vigilias frente a la casa de la expresidenta, y su aparición en el balcón, también se colaron en el debate público.

Hace una semana, Corte Suprema confirmó la sentencia en la causa Vialidad por considerar probadas las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015). La defensa de la expresidenta cuestionó el proceso por arbitrario y presentó recursos en cada instancia judicial.

Como dijo Cristina Fernández, “la sentencia ya estaba escrita”. Los tres jueces del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron los recursos de la defensa –y también de la Fiscalía, que pedía elevar la condena a 12 años por asociación ilícita–.

Además, los magistrados ratificaron la inhabilitación de Cristina Fernández para ocupar cargos públicos de forma perpetua. El fallo llega una semana después de que la líder peronista anunciara su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Desde hace una semana, la palabra proscripción resuena en el Partido Justicialista con toda una historia detrás que se remonta a aquella a la que fue sometido el líder de dicho movimiento en el año 1955, Juan Domingo Perón.

Un dato no menor en la causa Vialidad es que los fiscales Luciani y Mola tenían vínculos con el expresidente Mauricio Macri, rival del kirchnerismo. Luciani jugaba al fútbol en la quinta de Macri y Mola era un visitante asiduo de la Casa Rosada. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que esos nexos con el denunciante –el Gobierno de Macri– no son suficientes para hablar de pérdida de la imparcialidad.

Cristina Fernández viene hablando desde hace tiempo de que es víctima de lawfare en espejo de lo que le sucedió a Luiz Inacío Lula da Silva en Brasil. Es decir, cuando por razones políticas una figura pública es perseguida judicialmente de forma arbitraria.

La decisión de los jueces del Tribunal Oral número 2 llega además en vísperas de una marcha convocada por el peronismo, organizaciones de derechos humanos y militantes de a pie que el miércoles tenían previsto a acompañar a Cristina a los tribunales de Comodoro Py. La imagen de la expresidenta seguida por una multitud hubiera tenido un gran impacto.

La sola idea de que se concretara ya era un dolor de cabeza para el Gobierno ultraderechista de Javier Milei y aliados. Resultaría muy difícil explicar cómo es que una multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada por corrupción. Esa imagen daría la vuelta al mundo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no dudó al afirmar: “Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por Zoom”.

Desde los despachos judiciales dejaron trascender que los jueces tomaban la decisión porque “impera la razonabilidad” y descartaron presiones del Ejecutivo. Con todo, la movilización prevista para este miércoles se mantiene, según anticipó una militancia que apoya en la calle a la dirigente política más importante de las dos últimas décadas.

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condena a siete años y seis meses de cárcel a un concejal del PP en la localidad de Alcalá de la Vega, en Cuenca, por atropellar al que era entonces alcalde de la localidad, Rufo Montero.

El acusado, Marcos Martínez Ruiz, interpuso un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha sido solo aceptado de forma parcial, pero mantiene la pena de cárcel así como una multa diaria de 6 euros diarios durante quince meses por un delito de atentado y una multa diaria de seis euros diarios por un delito de lesiones. Igualmente, se ha condenado al edil del PP a indemnizar el exalcalde con 2.000 euros y el abono de las costas causadas por el proceso.

El Alto Tribunal solo ha admitido una parte del recurso de casación presentado por Marcos Martínez, por la que se le exime de la responsabilidad civil subsidiaria de un día de privación de libertad en el caso de no pagar dos cuotas diarias de multa. También se tendrá en cuenta el tiempo que estuvo encarcelado al haber sido detenido en el momento de los hechos.

Según explica la sentencia que ha corroborado el Supremo, el acusado ya había sido condenado por un delito de atentado contra la misma persona, en el año 2017, un año antes de los hechos ahora sentenciados. En aquella ocasión la condena fue de un año de prisión y una multa de 6 meses, penas que se extinguieron en 2017 y 2019, respectivamente.

Diez años antes fue al revés: la víctima había agredido a otro edil del PP

Se da la circunstancia de que Rufo Montero fue condenado en el año 2008. Entonces era alcalde de esta localidad conquense que no llega a los 80 habitantes. Fue sentenciado a un año y seis meses de prisión tras haber dado una paliza al que entonces era portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento conquense, David Martínez Collado. La condena incluía una indemnización por lesiones y secuelas de 16.530 euros.

Rufo Montero sigue siendo concejal en este pueblo que gobierna el PSOE, con Ernesto Sánchez a la cabeza y al que acompaña como edil el propio Montero. El tercer concejal que tiene el pequeño pueblo es del PP.

Ahora, las tornas han cambiado. La condena lo es para un edil del PP por unos hechos que se produjeron en 2018. El 'popular' Marcos Martínez Ruiz fue detenido tras intentar atropellar a Rufo Montero en mayo de ese año mientras circulaba por la carretera comarcal CUV-5002.

El edil 'popular' golpeó a Martínez con el espejo retrovisor de su vehículo y le provocó varias lesiones. La sentencia describe cómo el acusado también se bajó del coche y le lanzó piedras a la víctima, todo en “represalia por su actuación en el ejercicio de sus funciones públicas”. Esta actuación, explican los tribunales, se explica por las “fuertes desavenencias” entre el socialista y el 'popular' al haber paralizado unas obras del padre del acusado.

El Supremo rechaza el resto del recurso del acusado, en el que argumentaba, entre otras explicaciones, que no estaba “probado” que actuase por la denegación de la licencia de obras a su padre.

Ubicada en una isla en medio del mar, con paredes casi inexpugnables y con las máximas medidas de seguridad que hacen casi imposible la huída de los presos que cumplen su condena. Así se imaginó la escritora de la saga de Harry Potter la prisión de Azkaban, una cárcel donde los magos más peligrosos permanecían casi desterrados del mundo bajo la atenta mirada de los dementores, que hacían aún más insoportable su estancia. 

Azkaban no salió solo de la imaginación de J.K. Rowling, sino que la autora se inspiró en un caso real, la cárcel de Alcatraz, un centro que ahora Donald Trump ha ordenado reabrir con el fin de albergar a los delincuentes “más violentos” del país. Estuvo operativa hasta 1963 y por sus pasillos pasearon delincuentes tan conocidos como Al Capone, George Kelly, Robert Stroud o Alvin Karpis.

Alcatraz, inspiración para la Azkaban de Harry Potter

Situada en la bahía de San Francisco (California, EE.UU.), la prisión de Alcatraz fue concebida como una fortificación naval en la década de 1850 y pasó a ser una prisión federal de máxima seguridad en 1934. En ese tiempo, albergó a los prisioneros más peligrosos del momento porque se entendía que era imposible escapar de sus celdas por su localización. 

Alcatraz está levantada sobre la isla rocosa, lo que la convertía casi en inexpugnable y negaba cualquier posibilidad de fuga. Y así lo pareció: durante los 29 años en que la prisión estuvo en funcionamiento, se registraron 14 intentos de fuga llevados a cabo por un total de 36 presos. Solo tres presos lo conseguirían, Frank Morris y los hermanos Anglin, aunque las autoridades estadounidenses los dieron por muertos al encontrar algunas de sus pertenencias en el agua. 

Además de su ubicación, la prisión que ahora quiere recuperar Trump contaba con medidas adicionales como vallas electrificadas, torretas de control y férreos vigilantes y guardianes. Cerró en 1963 casi un año después del intento de fuga y la versión oficial lo justificó por los altos costes de mantenimiento y las condiciones deterioradas de la estructura.

Fuente de inspiración para el mundo mágico 

Alcatraz tiene casi una gemela en el mundo mágico diseñado por J.K. Rowling para la saga de Harry Potter. Se trata de una fortaleza en una isla ubicada en el medio del Mar del Norte, que sirve como centro penitenciario para los criminales como Barty Crouch hijo, Igor Karkaroff o la icónica Bellatrix Lestrange, personaje interpretado por la actriz Helena Bonham. También pasó por ahí, aunque injustamente, el padrino de Harry Potter, Sirius Black. 

En el caso de Azkaban no había ni vallas electrificadas ni nada por el estilo, sino que estaba vigilada por los dementores, criaturas oscuras y fantasmagóricas que se alimentan de la felicidad y la esperanza de sus víctimas, dejándolas sumidas en la tristeza y la desesperación. En este caso, consumían el ánimo de los magos ahí encerrados. 

“Azkaban es una combinación de Alcatraz y Abaddon, que es una palabra que se utilizaba antiguamente para referirse al infierno. Junto estos dos conceptos”, explica la escritora inglesa en un vídeo en el que conversa sobre la inspiraciones para las localizaciones de una de las sagas más famosas de la historia. Un lugar remoto y aislado basado en una infraestructura real, que el presidente estadounidense quiere ahora recuperar.