La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou procediment per a analitzar amb més precisió la realitat de les aules valencianes. A través d'una resolució publicada dimarts passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departament que dirigeix Carmen Ortí ha regulat l'avaluació del context social, econòmic i cultural de l'alumnat per a aquest curs escolar 2026-2027. Els resultats obtinguts pels alumnes valencians en l'últim informe PISA eren preocupants i van fer saltar les alarmes.

La mesura respon a la necessitat de complementar els processos ordinaris d'avaluació del sistema educatiu. Tal com recorda el text, la sociologia de l'educació i la investigació internacional demostren des de fa dècades que les condicions de l'entorn familiar, el nivell formatiu de les llars i la disponibilitat de recursos materials influeixen directament en el progrés acadèmic, les oportunitats d'aprenentatge i el benestar de l'alumnat. Una circumstància sobre la qual també va alertar recentment CCOO-PV després d'una primera anàlisi dels resultats de PISA.

L'avaluació del context tindrà caràcter censal i s'aplicarà obligatòriament en tots els centres educatius públics, privats concertats i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen els cursos seleccionats. En concret, el procés afectarà l'alumnat matriculat en tercer i sisé de Primària; segon i quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO); segon de Batxillerat, i segon de Formació Professional bàsica. Uns 210.000 alumnes en total.

La recollida d'informació es farà mitjançant un qüestionari estructurat amb preguntes de resposta tancada i breu, dissenyat per a analitzar les variables socioeconòmiques i culturals de l'entorn de l'estudiant. La Conselleria remetrà les claus d'accés telemàtiques als centres educatius perquè l'alumnat emplene els formularis en horari lectiu sota la supervisió directa del professorat i dels equips directius.

Qüestionaris completament anònims

Per a garantir la fiabilitat i la transparència de les dades, la normativa estableix que els qüestionaris seran completament anònims, ja que no incorporaran cap codi ni element identificatiu que permeta vincular les respostes amb un alumne concret, de manera que queden exclosos de l'aplicació estricta de la normativa sobre protecció de dades personals.

El període oficial per a emplenar els qüestionaris telemàticament serà del 26 d'octubre al 18 de desembre de 2026, tots dos inclosos. Una vegada vençut aquest termini, l'Administració autonòmica elaborarà un informe individualitzat per a cada centre participant, amb l'objectiu de proporcionar a les comunitats educatives una ferramenta útil de reflexió i planificació estratègica.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un context de preocupació institucional creixent per la qualitat i l'equitat del sistema educatiu valencià, especialment després dels senyals d'alarma recents que han posat de manifest informes d'avaluació comparada com PISA, que exigeixen diagnòstics precisos per a orientar els recursos públics i combatre les desigualtats de rendiment a les aules.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para analizar con mayor precisión la realidad de las aulas valencianas. A través de una resolución publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento que dirige Carmen Ortí ha regulado la evaluación del contexto social, económico y cultural del alumnado para el presente curso escolar 2026/2027. Los resultados obtenidos por los alumnos valencianos en el pasado informe PISA eran preocupantes e hicieron saltar las alarmas.

La medida responde a la necesidad de complementar los procesos ordinarios de evaluación del sistema educativo. Tal y como recuerda el texto, la sociología de la educación y la investigación internacional demuestran desde hace décadas que las condiciones del entorno familiar, el nivel formativo de los hogares y la disponibilidad de recursos materiales influyen de manera directa en el progreso académico, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar del alumnado. Una circunstancia sobre la que también alertó recientemente CCOO-PV tras un primer análisis de los resultados de PISA.

La evaluación de contexto tendrá carácter censal y se aplicará de forma obligatoria en todos los centros educativos públicos, privados concertados y privados de la Comunitat Valenciana que impartan los cursos seleccionados. En concreto, el proceso afectará al alumnado matriculado en tercer y sexto curso de Educación Primaria; segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); segundo curso de Bachillerato; y segundo curso de Formación Profesional básica. Unos 210.000 alumnos en total.

La recogida de información se efectuará mediante un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y breve, diseñado para desentrañar las variables socioeconómicas y culturales que rodean al estudiante. La conselleria remitirá las claves telemáticas a los centros educativos para que el alumnado cumplimente los formularios en horario lectivo bajo la supervisión directa del profesorado y de los equipos directivos.

Cuestionarios completamente anónimos

Para asegurar la fiabilidad y la transparencia de los datos, la normativa estipula que los cuestionarios serán completamente anónimos, al no incorporar ningún código ni elemento identificativo que permita vincular las respuestas con un alumno concreto, de forma que se exime así de la aplicación estricta de la normativa sobre protección de datos personales.

El periodo oficial de cumplimentación telemática transcurrirá entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Con posterioridad a este plazo, la administración autonómica elaborará un informe individualizado para cada centro participante, con el objetivo de proporcionar a las comunidades educativas una herramienta útil de reflexión y planificación estratégica.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación institucional por la calidad y la equidad del sistema educativo valenciano, especialmente tras las recientes señales de alarma arrojadas por informes de evaluación comparada como PISA, que exigen diagnósticos precisos para orientar los recursos públicos y combatir las desigualdades de rendimiento en las aulas.

Cada 5 de octubre celebramos el Día Mundial de los Docentes. Este año, bajo el lema 'Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro', la fecha debería servir para algo más que para una celebración.

Después de más de cincuenta años dedicados a la educación, habiendo ejercido la docencia en distintos niveles, participado en numerosas investigaciones y publicaciones, sigo convencida de algo que hoy necesitamos recordar con más fuerza que nunca: no hay transformación social posible sin educación. Y no hay educación de calidad sin docentes bien formados, reconocidos y apoyados.

Al profesorado le estamos demandando mucho. Le pedimos que enseñe contenidos, eduque en valores, atienda la diversidad, detecte dificultades, prevenga el acoso, acompañe emocionalmente, forme ciudadanos críticos y, ahora también, que sepa utilizar la inteligencia artificial. Todo ello en aulas cada vez más complejas y diversas.

La pregunta no es si los docentes están preparados. La pregunta es si les estamos dando las condiciones para hacerlo.

La tecnología puede ser una gran aliada, pero nunca debería hacernos olvidar que educar es una tarea esencialmente humana. Una máquina puede ofrecer información o generar textos. Pero enseñar a pensar, despertar la curiosidad, acompañar ante una dificultad o transmitir confianza cuando un alumno o alumna está a punto de abandonar solo lo pueden hacer las personas.

Y aquí aparece una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: la desigualdad.

La escuela recibe cada día las desigualdades de la sociedad. No todos los niños y las niñas nacen en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades. Pretender que todos lleguen al mismo punto partiendo de situaciones muy distintas es ignorar la realidad.

La educación no puede eliminar por sí sola las desigualdades, pero sí puede contribuir decisivamente a que el lugar de nacimiento, la situación económica o el nivel cultural de una familia no determinen de antemano el futuro de un niño o una niña. Para eso necesitamos docentes.

Necesitamos docentes con una formación sólida, pero también con tiempo para preparar, coordinarse, innovar y atender individualmente a sus alumnos. Necesitamos reducir una burocracia que resta tiempo a lo esencial. Necesitamos equipos de orientación y apoyo especializado. Necesitamos acompañar a quienes empiezan y reconocer la experiencia de quienes llevan décadas en las aulas. Y necesitamos, sobre todo, recuperar el reconocimiento social de la profesión.

La autoridad docente no se decreta. Se construye desde la competencia, el respeto y el reconocimiento.

Con demasiada frecuencia, las reformas se diseñan lejos de las aulas. Nadie conoce mejor las dificultades y las posibilidades del sistema que quienes cada día trabajan en él. Escuchar a los docentes no es un gesto de cortesía: es una necesidad.

Apoyar al profesorado no es defender privilegios. Es defender el derecho de toda la ciudadanía a una educación de calidad. Invertir en docentes es invertir en cohesión social.

En este Día Mundial de los Docentes deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos cuidando suficientemente a quienes queremos que cuiden de nuestros hijos?

Cuidar al profesorado significa mejorar sus condiciones de trabajo, ofrecer formación útil y actualizada, reducir la burocracia, fortalecer la orientación, favorecer la colaboración con las familias y volver a colocar la educación en el centro de nuestras prioridades colectivas.

Mi experiencia y mi activismo en defensa de una educación pública de calidad me dan la autoridad para asegurar que la educación transforma vidas. He visto alumnos y alumnas superar dificultades, descubrir capacidades que desconocían y encontrar en la escuela una oportunidad que quizás no hubieran tenido en otro lugar. También he visto cómo las desigualdades se convierten en barreras enormes cuando faltan los apoyos necesarios.

Consecuentemente, sigo creyendo en la escuela pública, en sus profesionales y en su capacidad para construir una sociedad más justa. Pero, precisamente porque creo en ella, creo también que debemos exigir más: apoyos, recursos donde más se necesitan, formación, reconocimiento y políticas educativas estables que miren a largo plazo.

No podemos pedir a la escuela que resuelva todos los problemas de la sociedad. Pero sí podemos pedir que sea uno de los lugares donde empecemos a resolverlos.

Porque cuidar a los docentes es cuidar la educación. Cuidar la educación es combatir las desigualdades. Y combatir las desigualdades es, en definitiva, cuidar nuestro futuro. Este debería ser, más allá de cualquier celebración, el verdadero significado del Día Mundial de los Docentes.

El sindicato UGT ha denunciado una sucesión de posibles irregularidades en el proceso de selección convocado por la Sociedad Regional de Educación para cubrir seis plazas de Técnico Superior en Educación Infantil y crear una bolsa de empleo. Inscripciones únicamente presenciales, dificultades para reclamar, diferencias en las preguntas anuladas dependiendo del aula y una denuncia sobre la posible interferencia de un alto cargo, son algunas de las cuestiones que el sindicato considera necesario esclarecer.

Al examen se presentaron 750 personas y el propio consejero de Educación acudió al inicio de las pruebas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria para hacerse fotos con los especialistas en Educación Infantil, acompañado por el director de la Sociedad Regional de Educación, Alfonso Santibañez.

La prueba, correspondiente a la oferta de empleo público de 2026, se celebró el pasado 5 de septiembre, pero las quejas comenzaron antes. Las personas aspirantes tuvieron que desplazarse físicamente hasta la sede para inscribirse, sin posibilidad de realizar el trámite electrónicamente - la empresa pública no dispone de sede electrónica- “y con un pantallazo del móvil personal de cada persona aspirante como prueba de inscripción”, explica el sindicato.

Los ejercicios selectivos consistieron en un examen tipo test de 60 preguntas para completar en 75 minutos. Después los aspirantes que superen la plaza pasan a la fase de valoración de méritos en un concurso que computa el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el examen supondrá el 60 % restante. 

Durante el examen los aspirantes no recibieron una copia de la prueba realizada, una circunstancia que posteriormente ha dificultado comprobar las respuestas y formular alegaciones. Según advierte UGT, la autocopia de las respuestas se entregan en todos los procesos selectivos de la Administración general. “No olvidemos que una oposición no deja de ser un procedimiento administrativo y debe contar con garantías plenas”, subrayan en un comunicado.

A ello se suma una cuestión que UGT considera especialmente preocupante. El sindicato ha recibido quejas porque el número de preguntas anuladas de reserva el mismo día del examen habría sido diferente según el aula en la que realizaron la prueba los participantes. En unas aulas dijeron dos y en otras una, según los testimonios recabados.

Por ello, el sindicato exige que la empresa pública del Gobierno de Cantabria “explique y documente qué ocurrió y garantice que todas las personas aspirantes fueron evaluadas en igualdad de condiciones”.

Las dificultades continuaron durante las reclamaciones. El plazo para alegar fue de cinco días naturales -incluido un sábado- y las alegaciones tuvieron que presentarse nuevamente de manera presencial, con el inconveinete añadido de que la empresa pública no está abierta los sábados.

A estas incidencias se añade que UGT ha recibido una comunicación sobre la posible injerencia de un alto cargo en el proceso selectivo. La organización “no prejuzga responsabilidades”, pero considera imprescindible investigar lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación que pudiera haber afectado a la independencia, imparcialidad u objetividad de la selección. “Porque en cuanto a la obligación de transparencia de toda selección pública no nos cabe dudas de que fue mejorable”, critican.

El sindicato ya trasladó algunos de estos hechos a la empresa en la reunión mantenida con el comité el 7 de septiembre. Ahora reclama una revisión integral del proceso antes de que sus resultados y la bolsa de empleo queden definitivamente consolidados, así como explicaciones claras sobre las incidencias detectadas. Si no obtiene respuestas satisfactorias, el sindicato anuncia que ejercerá las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender los derechos de las personas participantes.

Por ello, reclaman que el Consejo de Administración de esta empresa pública se reúna en sesión extraordinaria y acuerde el encargo de una auditoría externa de todo el proceso que aclare lo trasladado.

“La transparencia y la igualdad no son opcionales en un proceso selectivo; son garantías constitucionales y legales que deben cumplirse en todas y cada una de sus fases”, concluyen.

Estas pruebas a las que se suma una valoración de méritos determinan el orden de la bolsa de empleo para cubrir bajas y necesidades futuras en los centros de Cantabria. El consejero de Educación, Sergio Silva, aseguró que desde su departamento se ha creído necesario “estabilizar esa plantilla de técnicos de Educación Infantil” mediante este proceso.

En este curso escolar 2026-2027 habrá 112 técnicos superiores de Educación Infantil trabajando en 77 colegiosy en las aulas de dos años y de un año en Cantabria.

La Consejería lo niega

La Consejería de Educación no va a investigar ninguna de las cuestiones que denuncia el sindicato UGT. En su opinión, no se corresponde con la realidad de los hechos y explica que las cuestiones que se señalan como anomalías -el plazo de cinco días para reclamar o que solo se pudiesen hacer solicitudes presenciales- fueron aprobadas en las bases de la convocatoria con el voto favorable del representante de UGT en el Comité de Empresa.

A la vez, desmienten el resto de las presuntas irregularidades. “Todos los aspirantes conservaron una copia de su examen y pudieron anotar en ella las respuestas realizadas” -explican- aseguran que se anularon las dos mismas preguntas para todos y rechazan la interferencia de cargos públicos o responsables de la empresa pública en el proceso. “Puesto que la selección corresponde únicamente a un tribunal independiente”, concluyen.

El Sector de UGT Enseñanza ha anunciado este jueves su decisión de adherirse a la recién constituida Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria con el objetivo de “sumar fuerzas” en la defensa del sistema educativo público de la comunidad autónoma “pero con los matices propios que garantizan nuestra plena autonomía e independencia sindical, al no estar de acuerdo en todas sus reivindicaciones”.

“Esta decisión responde a la responsabilidad histórica de hacer frente común ante los retos urgentes de la enseñanza pública de Cantabria, como la pérdida de puestos de trabajo docentes respecto al curso anterior, la necesidad de frenar recortes y privatizaciones, el impulso a la gratuidad de los servicios complementarios y la exigencia de infraestructuras dignas en los centros educativos”, ha explicado UGT en un comunicado.

En su escrito, reitera que, no obstante, “ha dejado inequívocamente sentado” que participará en este espacio unitario manteniendo “la más absoluta autonomía e independencia en su estrategia y en la toma de decisiones”. En este sentido, el sindicato ha remarcado que su “guía prioritaria e irrenunciable de actuación” es la defensa de los trabajadores de la enseñanza y la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Por ello, UGT Enseñanza en Cantabria ha puntualizado que sus decisiones “no estarán supeditadas a agendas ajenas, reservándose la libertad de apoyar, matizar o rechazar de forma independiente cualquier acción o propuesta futura”.

El sindicato ha subrayado que “si bien la movilización social constituye un instrumento complementario de presión, la representación legal del profesorado y la negociación colectiva se ejercen formalmente en los órganos oficiales reconocidos por la ley, como la Mesa Sectorial de Educación y la Junta de Personal Docente”.

“En estos foros institucionales, UGT continuará exigiendo de manera directa a la Consejería de Educación avances concretos en la bajada progresiva de ratios en todas las etapas, la reducción de la jornada lectiva y de la carga burocrática, y la estabilidad del personal interino, así como cualquier otro asunto de actualidad”, ha subrayado.

UGT ha matizado que en el marco del actual proceso electoral sindical, velará para que la plataforma sea “una herramienta constructiva para la comunidad educativa” y mantendrá en todo momento “una voz propia, coherente y diferenciada, avalada por su solvencia en las mesas de negociación y su compromiso continuo con los derechos del profesorado y la calidad de la escuela pública”.

El conflicte educatiu valencià, que va viure un mes de vaga amb mobilitzacions multitudinàries a finals del curs passat, suma un nou episodi de tensió. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciat el que considera un exercici de “repressió administrativa i policial” contra el professorat participant en les mobilitzacions i jornades de vaga desenvolupades al maig i juny passat.

Segons el balanç difós per la coordinadora, fins ara consten un total de 14 sancions administratives dirigides a docents en vaga (dotze d'elles a títol individual i dues a un dels sindicats convocants). Les sancions van des dels 601 fins als 800 euros i l'import acumulat d'aquestes penalitzacions ascendeix a 8.600 euros, derivats d'actuacions policials en concentracions prèviament notificades i en piquets informatius. Des del col·lectiu assenyalen que aquestes multes busquen “desincentivar la lluita i infondre temor” entre el cos docent per dificultar l'exercici dels drets de reunió, manifestació i vaga.

Un dels afectats, segons recull l'agència EFE, és David Esteve, professor de Biologia i Geologia a la província d'Alacant, que ha rebut una notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per una “infracció greu” que comportaria una multa de 800 euros incoada per la Delegació del Govern. El sindicat al qual pertany Esteve, CSO (Consell Sindical Obrer), ha decidit no pagar la multa perquè la considera un “acte polític per a tractar d'atemorir mobilitzacions futures” i la recorrerà “per no haver comés una infracció (no haver incitat a res ni haver tallat cap carrer)”.

La CADPV afegeix a aquestes sancions l'actitud de la Conselleria d'Educació i del Govern autonòmic, a qui retreu la seua “falta de voluntat negociadora”. Així mateix, l'organització denuncia la fixació d'uns serveis mínims que qualifica d'“abusius” —mesura que ja va motivar la presentació de recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per part de les centrals sindicals— i l'intent d'implantar mecanismes de control del debat pedagògic a través de la modificació del Decret 80/2017 sobre convivència als centres educatius.

Per a amortir l'impacte econòmic de les penalitzacions, les assemblees mantindran activa la caixa de resistència i canalitzaran l'assessorament dels serveis jurídics sindicals amb l'objectiu d'evitar que cap participant assumisca els costos de manera individual.

Un conflicte estructural a les aules

Les sancions s'emmarquen en el cicle de protestes que ha tensionat l'àmbit educatiu valencià. La comunitat escolar, per mitjà dels sindicats STEPV, CCOO, UGT, ANPE i CSIF —encara que aquests dos últims van acabar despenjant-se abans de la convocatòria de vaga i mobilitzacions—, va convocar a finals del curs passat diverses aturades i vagues per a mostrar el seu rebuig a les línies mestres de l'Administració autonòmica en matèria educativa.

Malgrat la desconvocatòria de les aturades el passat 12 de juny, cinc setmanes després que començara la vaga indefinida, els sindicats convocants consideren que no s'han produït avanços suficients en les reivindicacions del professorat: pujada de salaris, baixada de ràtios, millora d'infraestructures, augment de plantilles, millores en inclusió i Formació Professional, reducció de la càrrega burocràtica i recuperació del pes del valencià en l'educació pública valenciana. A penes es van produir alguns acords parcials en qüestions com la burocràcia o amb determinades plataformes (CSIF i ANPE) en matèria retributiva.

No obstant això, el desgast derivat de les mobilitzacions i de les sancions notificades no ha provocat que els docents abaixen la guàrdia i la CADPV ha advertit que l'inici del pròxim curs escolar no implicarà una tornada a la normalitat mentre persistisquen els greuges en l'ensenyament públic, per la qual cosa preveu la continuïtat de les mesures de pressió. En aquesta mateixa línia es van expressar el passat mes de juny els sindicats majoritaris, STEPV, CCOO i UGT, que ja van advertir que, si no hi ha avanços significatius en les negociacions amb la conselleria, reprendrien les mobilitzacions al setembre, coincidint amb el començament de curs.

El conflicto educativo valenciano, que vivió un mes de huelga con movilizaciones multitudinarias a finales del curso pasado, suma un nuevo episodio de tensión. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciado lo que considera un ejercicio de “represión administrativa y policial” contra el profesorado participante en las movilizaciones y jornadas de huelga desarrolladas en mayo y junio pasado.

Según el balance difundido por la coordinadora, hasta la fecha constan un total de 14 sanciones administrativas incoadas por la Delegación del Gobierno y que están dirigidas a docentes que participaron en las protestas desarrolladas con motivo de la huelga indefinida (doce de ellas a título individual y dos al STEPV, uno de los sindicatos convocantes). Las sanciones van desde los 601 hasta los 800 euros y el importe acumulado de estas penalizaciones asciende a 8.600 euros, derivados de actuaciones policiales en concentraciones previamente notificadas y en piquetes informativos. Desde el colectivo señalan que estas multas buscan “desincentivar la lucha e infundir temor” entre el cuerpo docente para dificultar el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga.

Uno de los afectados, según recoge la agencia EFE es David Esteve, profesor de Biología y Geología en la provincia de Alicante, que ha recibido una notificación de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por una “infracción grave” que conllevaría una multa de 800 euros incoada por la Delegación del Gobierno. El sindicato al que pertenece Esteve, CSO, (Consejo Sindical Obrero) ha decidido no pagar su multa por considerarla un “acto político para tratar de amedrentar movilizaciones futuras” y van a recurrirla “al no haber cometido una infracción (no haber incitado a nada ni cortado ninguna calle)”.

La CADPV suma a estas sanciones la actitud de la Conselleria de Educación y del Ejecutivo autonómico, a quien reprocha su “falta de voluntad negociadora”. Asimismo, la organización denuncia la fijación de unos servicios mínimos que califica de “abusivos” —medida que ya motivó la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por parte de las centrales sindicales— y el intento de implantar mecanismos de control del debate pedagógico a través de la modificación del Decreto 80/2017 sobre convivencia en los centros educativos.

Para amortiguar el impacto económico de las penalizaciones, las asambleas mantendrán activa la caja de resistencia y canalizarán el asesoramiento de los servicios jurídicos sindicales con el objetivo de evitar que ningún participante asuma los costes de manera individual.

Un conflicto en las aulas

Las sanciones se circunscriben en el ciclo de protestas que ha tensionado el ámbito educativo valenciano. La comunidad escolar, por medio de los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF -aunque estos dos últimos acabaron por descolgarse antes de la convocatoria de huelga y movilizaciones-, convocó a final del pasado curso diversos paros y huelgas para mostrar su rechazo a las líneas maestras de la administración autonómica en materia educativa.

A pesar de la desconvocatoria de los paros el pasado 12 de junio, cinco semanas después de que comenzara la huelga indefinida, los sindicatos convocantes consideran que no se han producido avances suficientes en las reivindicaciones del profesorado: subida de salarios, bajada de ratios, mejora de infraestructuras, aumento de plantillas, mejoras en inclusión y Formación Profesional, reducción de la carga burocrática y recuperar el peso del valenciano en la educación pública valenciana. Apenas se produjeron algunos acuerdos parciales en temas como la burocracia o con determinadas plataformas (CSIF y ANPE) en la cuestión retributiva.

No obstante, el desgaste derivado de las movilizaciones y de las sanciones notificadas, no ha provocado que los docentes bajen la guardia y la CADPV ha advertido de que el inicio del próximo curso escolar no implicará una vuelta a la normalidad mientras persistan los agravios en la enseñanza pública, por lo que prevé la continuidad de las medidas de presión. En esta misma línea se expresaron el pasado mes de junio los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, quienes ya advirtieron que, de no haber avances significativos en las negociaciones con la conselleria, se retomarían las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el comienzo de curso.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha calificado de “caza de brujas” la reforma legal aprobada por la Generalitat Valenciana en la ley de acompañamiento de los presupuestos, publicada el pasado 10 de agosto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La organización sindical considera que la modificación del reglamento convierte a la Inspección en un órgano enfocado a la “persecución y censura del profesorado” bajo el pretexto de evitar el adoctrinamiento del alumnado.

A juicio de STEPV, el nuevo redactado vulnera leyes básicas estatales vinculadas a la libertad de cátedra, los derechos lingüísticos y la protección de la infancia. Desde la organización sindical señalan que la medida “pervierte claramente el espíritu” de la labor inspectora, cuyo cometido primario reside en el asesoramiento a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa, lejos de funciones de control ideológico.

El sindicato cuestiona además el uso del término “neutralidad ideológica” en la norma por la ausencia de una definición concreta. La organización advierte de que esa ambigüedad permitirá señalar cualquier contenido que moleste al Ejecutivo autonómico. En este sentido, STEPV remarca la paradoja de apelar a la neutralidad cuando la asignatura de Religión mantiene una elevada carga doctrinaria en su currículo oficial, ámbito donde la sospechan que no se aplicará la nueva regulación. Por el contrario, temen que la supervisión recaiga sobre contenidos relacionados con los derechos humanos, colectivos vulnerables o el cambio climático.

Esta crítica se suma a un escenario de continuo malestar en el sector educativo valenciano, tras un curso escolar marcado por la huelga indefinida desarrollada en los meses de mayo y junio. Desde STEPV censuran que el Gobierno autonómico centre sus prioridades en la implantación de medidas de control en lugar de resolver las carencias del sistema o destinar fondos a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por la dana.

Ante esta situación, la central sindical exige la derogación inmediata del artículo aprobado en la ley de acompañamiento. Asimismo, anima a inspectores, directivos, docentes y familias a obviar este mandato legal para centrar los esfuerzos en las necesidades reales de la enseñanza pública. El sindicato plantea además la inclusión de esta reivindicación dentro de la plataforma de protestas para el inicio del nuevo curso escolar.

El real decreto que permitirá que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos -como el asturiano o el aragonés- puedan ser especialidad docente, está en fase de consulta pública previa hasta el 31 de julio.

Con esta nueva ley, que modifica tres decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, centenares de docentes que imparten estas lenguas, protegidas jurídicamente en los estatutos de sus comunidades autónomas, podrán presentarse a oposiciones para cubrir estas plazas.

En el caso del asturiano, el reconocimiento de esta especialidad docente dará estabilidad a más de 300 profesores y profesoras interinos que llevan impartiendo el asturiano y el eonaviego (mezcla del gallego y asturiano) como lengua optativa, una asignatura que nació hace cuarenta años.

Integración en el régimen general

El texto de la nueva norma, que recaba la opinión de personas y organizaciones que se vean afectadas, argumenta que la inexistencia de estas especialidades compromete la adecuada integración de estos docentes en el régimen general de la función pública docente.

“En particular, impide que las plazas puedan proveerse mediante los procedimientos ordinarios de acceso previstos en la legislación básica y dificulta la planificación de las plantillas de los centros educativos, así como la cobertura de vacantes y sustituciones. Además, obliga a atender necesidades permanentes de personal mediante mecanismos de provisión de carácter temporal”, señala el decreto, que no requiere pasar por las Cortes Generales.

Los plazos

Hasta ahora el reconocimiento de especialidad docente estaba contemplado en la ley solo para las lenguas cooficiales pero no para aquellas que tenían reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes confía en que el decreto esté plenamente en vigor en un plazo de 5 o 6 meses y la creación de la especialidad, a efectos de su inclusión en el currículo y de su docencia en los centros, se tendrá que hacer posteriormente por la Comunidad Autónoma.

El Ministerio recuerda que la Constitución Española reconoce, en su artículo 3.3, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección y añade que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias también insta a que, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas, los Estados signatarios basen su política, su legislación y su práctica, en la provisión de medios adecuados para su enseñanza.

Vox no només vol colar la 'prioritat nacional' per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Entre les esmenes presentades als comptes autonòmics de Pérez Llorca, la formació ultra exigeix l'“estricte compliment” de la neutralitat política i social a les aules de la Comunitat Valenciana.

Així, la iniciativa planteja l'addició d'un nou apartat als deures del personal docent recollits en el Decret 193/2025 de convivència en el sistema educatiu, i introdueix una secció específica davall el títol 'Pla de Convivència' que busca “blindar l'activitat escolar davant posicionaments partidistes o dogmàtics”.

D'acord amb el document presentat a les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés elDiario.es, “els directius, els docents i el consell escolar del centre educatiu han de vetlar per la seua neutralitat ideològica”.

Aquesta obligació afectarà de manera integral el disseny, l'aprovació, la impartició i el control dels continguts educatius, així com la programació d'activitats i l'elecció dels llibres de text i altres materials didàctics. Vox pretén que s'actue “evitant qualsevol forma d'adoctrinament ideològic”.

A més, la proposta estén aquesta responsabilitat als agents externs a la comunitat escolar. L'esmena estableix que el professorat i els equips directius “també són responsables dels continguts que puguen impartir persones i col·lectius externs al centre”. Aquesta mesura obligarà a un control previ de les conferències, els tallers o les xarrades complementàries que organitzen persones o entitats externes en les instal·lacions públiques.

Reforç de la Inspecció Educativa

Aquesta proposta complementa una altra esmena presentada per Vox orientada a facultar la Inspecció d'Educació perquè actue de manera prioritària quan existisquen indicis de vulneració de drets. En aquests casos, els inspectors mantindran la competència de “vetlar per la seguretat, el benestar o els drets fonamentals de l'alumnat” mitjançant visites i entrevistes d'urgència als centres escolars.

El redactat manté que aquestes tasques de control es desenvoluparan sota els principis d'“objectivitat, proporcionalitat i contradicció” i salvaguardant la “presumpció de correcció en l'actuació dels professionals de l'educació”.

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.

Nuevo frente abierto entre la Conselleria de Educación y el principal sindicato valenciano del profesorado, STEPV, que representa al 53% de los docentes, en relación a la viabilidad económica del reciente acuerdo retributivo rubricado por el departamento que dirige Carmen Ortí y las organizaciones sindicales CSIF y ANPE para aplicar una mejora retributiva de 200 euros hasta enero de 2028. Mientras la administración defiende la solidez de una propuesta que califica de “muy ambiciosa”, el portavoz de STEPV, Marc Candela, ha manifestado abiertamente sus dudas sobre la aplicación real de este incremento, sugiriendo que la negociación corre el riesgo de convertirse en un nuevo episodio de inestabilidad en materia de retribuciones públicas.

La hoja de ruta pactada entre la conselleria y los sindicatos minoritarios contempla un desarrollo progresivo en un plazo de 15 meses: un primer tramo de 75 euros a partir del 1 de septiembre de 2026, otros 75 euros desde el 1 de enero de 2027 y los 50 euros restantes el 1 de enero de 2028. Según los términos del acuerdo, la cuantía se integrará en el complemento autonómico y estará sujeta a revalorizaciones del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, y deja abierta la puerta a revisar nuevos incrementos en el primer trimestre de 2028 en función de la situación financiera de la Comunitat Valenciana, tal y como ha explicado Ortí en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt. “A nosotros nos gustaría avanzar en las conversaciones y que esa subida pueda ser efectiva en septiembre de 2027”, ha dicho. 

Sin embargo, Candela, en base a estas declaraciones de la consellera, ha cuestionado si los compromisos presupuestarios se harán efectivos, al tiempo que ha adelantado que la formación exigirá aclaraciones de manera inmediata. “Queremos saberlo y lo preguntaremos en la próxima reunión de la mesa sectorial”, ha advertido Candela, quien además ha calificado la incertidumbre actual como un “nuevo sainete” y ha recordado a la administración la obligatoriedad de cumplir lo rubricado: “Si habéis firmado eso con ANPE y CSIF es para aplicarlo”.

El passat 11 de maig va començar la vaga indefinida d'educació a la Comunitat Valenciana, uns aturs convocats originalment per STEPV, CCOO, UGT i CSIF —organització que es va desmarcar a les dues setmanes— i que es van perllongar durant un mes. Les tres centrals majoritàries, que fins a aquest dijous van mantindre la convocatòria, van decidir suspendre les protestes en resposta al mandat de la majoria dels més de 30.000 docents que van participar en l'última consulta impulsada per STEPV, CCOO, UGT i la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). D'aquesta manera, a partir d'aquest divendres, la vaga queda suspesa —però no desconvocada—, per la qual cosa les organitzacions sindicals es guarden la carta de reprendre les mobilitzacions al setembre, coincidint amb l'inici de curs, si les negociacions amb el departament que dirigeix Carmen Ortí no avancen.

L'últim capítol fins ara es va viure aquest mateix dijous, quan el Govern valencià va veure com els sindicats docents li tombaven sis de les set propostes pendents d'acord. CSIF i ANPE van signar fa més de dues setmanes el pacte retributiu, que preveu una pujada de 200 euros fins a gener de 2028 en tres trams i vinculada a l'IPC. Així mateix, totes les plataformes, a excepció d'ANPE, van rubricar el plantejament referit a la reducció de la càrrega burocràtica i administrativa. No obstant això, el consens encara queda lluny en qüestions com les plantilles, les infraestructures, les ràtios, la Formació Professional (FP), la inclusió o el valencià.

Tan sols la proposta sobre el valencià va comptar amb el suport d'una de les organitzacions, CSIF, mentre que la resta dels blocs va rebre el rebuig unànime dels representants del professorat. Així, els sindicats van criticar que el calendari de reducció de ràtios s'allargue excessivament en el temps i no atenga les unitats específiques (UECO) ni els conservatoris. En matèria de plantilles, van denunciar la falta de compromisos clars per a revertir retallades o agilitzar substitucions; en inclusió, van censurar l'escassetat de recursos estables i l'absència de la figura de la infermera escolar; i, respecte a les infraestructures, van afirmar que el document no dona una resposta urgent als problemes del dia a dia, especialment als centres afectats per la dana o als que arrosseguen l'ús de barracon, alhora que van lamentar l'absència d'un pla director de climatització.

Cinc setmanes de pressió als carrers

Les protestes van començar fa cinc setmanes amb un seguiment massiu dels aturs, amb jornades en què es va superar el 45 % de suport per part del professorat. A més, els carrers de València van acollir una desena de manifestacions, algunes amb més de 30.000 participants; concentracions multitudinàries a l'entorn del Palau de la Generalitat, les Corts Valencianes o la seu de la Conselleria, a l'avinguda de Campanar; i diverses accions de protesta que van incloure marxes, talls de vies, classes al carrer i una acampada docent ubicada a la plaça de la Mare de Déu de la capital valenciana. Durant el conflicte també es va produir la dimissió en bloc dels equips directius de més d'un centenar de centres educatius valencians.

En aquest període, tots els documents presentats per la Conselleria d'Educació van ser rebutjats majoritàriament pel professorat. STEPV, CCOO, UGT i la CADPV van fer tres consultes als docents, que van comptar amb una participació superior als 30.000 mestres i professors —sobre un cens d'al voltant de 78.000 funcionaris—. L'únic punt en què es va validar la signatura va ser el de la reducció de la càrrega burocràtica, mentre que la resta d'ofertes van resultar àmpliament rebutjades. No obstant això, el professorat, esgotat després de 32 dies de mobilitzacions —amb una penalització salarial d'entre 170 i 190 euros per cada dia de vaga, en un context en què prop del 50 % dels participants en la consulta van reconéixer haver secundat més de deu jornades d'atur—, va decidir fer un parèntesi.

Tal com explicaven els portaveus sindicals en finalitzar l'última reunió de la mesa de negociació i la manifestació d'aquest dijous, el professorat “ha suspés” la Conselleria d'Educació i, malgrat la suspensió de la vaga, està disposat a continuar negociant i lluitant, així com a reprendre les mobilitzacions “com i quan considerem” per a aconseguir “un acord digne i just per a tots”.

Amb aquest panorama, ambdues parts es veuen abocades a continuar les negociacions per a intentar acostar posicions, aquesta vegada sense la pressió de milers de persones al carrer ni amb els col·legis i instituts a mig gas. No obstant això, sobre el cap de la consellera Ortí i del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, penja l'espasa de Dàmocles d'un possible reinici de la vaga a partir de setembre.

El pasado 11 de mayo comenzó la huelga indefinida de educación en la Comunitat Valenciana, unos paros convocados originalmente por STEPV, CCOO, UGT y CSIF —organización que se desmarcó a las dos semanas— y que se prolongaron durante un mes. Las tres centrales mayoritarias, que hasta este jueves mantuvieron la convocatoria, decidieron suspender las protestas en respuesta al mandato de la mayoría de los más de 30.000 docentes que participaron en la última consulta impulsada por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). De este modo, a partir de este viernes, la huelga queda pausada —que no desconvocada—, por lo que las organizaciones sindicales se guardan la carta de retomar las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, si las negociaciones con el departamento que dirige Carmen Ortí no avanzan.

El último capítulo hasta la fecha se vivió este mismo jueves, cuando el Gobierno valenciano vio cómo los sindicatos docentes le tumbaban seis de las siete propuestas pendientes de acuerdo. CSIF y ANPE firmaron hace más de dos semanas el pacto retributivo, que contempla una subida de 200 euros hasta enero de 2028 en tres tramos y vinculada al IPC. Asimismo, todas las plataformas, a excepción de ANPE, rubricaron el planteamiento referido a la reducción de la carga burocrática y administrativa. Sin embargo, el consenso sigue lejano en cuestiones como plantillas, infraestructuras, ratios, Formación Profesional (FP), inclusión o valenciano.

Tan solo la propuesta del valenciano contó con el respaldo de una de las organizaciones, CSIF, mientras que el resto de los bloques recibió el rechazo unánime de los representantes del profesorado. Así, los sindicatos criticaron que el calendario de bajada de ratios se alargue excesivamente en el tiempo y no atienda a las unidades específicas (UECO) o a los conservatorios. En materia de plantillas, denunciaron la falta de compromisos claros para revertir recortes o agilizar sustituciones; en inclusión, censuraron la escasez de recursos estables y la ausencia de la figura de la enfermera escolar; y respecto a las infraestructuras, afirmaron que el documento no da respuesta urgente a los problemas del día a día, especialmente en los centros afectados por la dana o en aquellos que arrastran el uso de barracones, al tiempo que lamentaron la ausencia de un plan director de climatización.

Cinco semanas de presión en las calles

Las protestas comenzaron hace cinco semanas con un seguimiento masivo de los paros, con jornadas en las que se superó el 45% de respaldo por parte del profesorado. Además, las calles de València acogieron una decena de manifestaciones, algunas de ellas con más de 30.000 participantes; concentraciones multitudinarias en el entorno del Palau de la Generalitat, las Corts Valencianes o la sede de la conselleria, en la avenida de Campanar; y diversas acciones de protesta que incluyeron marchas, cortes de vías, clases en plena calle y una acampada docente ubicada en la plaza de la Virgen de la capital valenciana. Durante el conflicto también se produjo la dimisión en bloque de los equipos directivos de más de un centenar de centros educativos valencianos.

En este periodo, todos los documentos presentados por la Conselleria de Educación fueron rechazados mayoritariamente por el profesorado. STEPV, CCOO, UGT y la CADPV realizaron tres consultas a los docentes, que contaron con una participación superior a los 30.000 maestros y profesores —sobre un censo de alrededor de 78.000 funcionarios—. El único punto en el que se validó la firma fue el de la reducción de la carga burocrática, mientras que el resto de las ofertas resultaron ampliamente rechazadas. Sin embargo, el profesorado, agotado tras 32 días de movilizaciones —con una penalización salarial de entre 170 y 190 euros por cada día de huelga, en un contexto donde cerca del 50% de los participantes en la consulta reconocieron haber secundado más de diez jornadas de paro—, decidió hacer un paréntesis.

Tal y como explicaban los portavoces sindicales al finalizar la última reunión de la mesa de negociación y la manifestación de este jueves, el profesorado “ha suspendido” a la Conselleria de Educación y, a pesar de la suspensión, están dispuestos a seguir negociando y luchando, ya retomar las movilizaciones “como y cuando consideremos” para conseguir “un acuerdo digno y justo para todos”.

Con este panorama, ambas partes se ven abocadas a seguir con las negociaciones para intentar acercar posturas, esta vez sin la presión de miles de personas en la calle ni los colegios e institutos a medio gas. No obstante, sobre la cabeza de la consellera Ortí y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, pende la espada de Damocles de un posible reinicio de la huelga a partir de septiembre.

La decimotercera mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE) se celebró este jueves en un contexto clave. La reunión tuvo lugar tras la reciente decisión de las centrales mayoritarias (STEPV, CCOO y UGT) de suspender, a partir de este viernes, la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, una medida que coincidió con el acuerdo de los organizadores de la acampada docente en València para levantar el asentamiento. Sin embargo, el encuentro concluyó con el rechazo mayoritario de los representantes de los trabajadores a seis de las siete propuestas que quedaban pendientes, una vez que ya se había rubricado el pacto salarial entre el Gobierno valenciano, CSIF y ANPE. Pese a que la consellera de Educación, Carmen Ortí, defendió los avances logrados tras semanas de conflicto, la realidad de las firmas refleja que el consenso global está lejos de alcanzarse.

De los ocho bloques que componían la propuesta de la Generalitat Valenciana, el departamento de Campanar solo logró un respaldo amplio en materia de simplificación burocrática, bloque que firmaron todos las organizaciones a excepción de ANPE. En cambio, las materias más sensibles y estructurales —como plantillas, ratios, infraestructuras, inclusión y Formación Profesional— se cerraron sin la firma de ningún sindicato.

La negociación se saldó con un apoyo muy desigual y atomizado entre las cinco organizaciones sindicales de la mesa. En la cuestión de la simplificación burocrática se registró un consenso mayoritario; de hecho, este fue el único punto que recabó un apoyo casi unánime gracias al aval de CCOO, STEPV, UGT y CSIF. Por su parte, ANPE se desmarcó de este bloque con el fin de exigir un calendario concreto de implantación de Personal de Administración y Servicios (PAS).

En el asunto de las retribuciones y condiciones laborales, CSIF reivindicó el pacto alcanzado con la conselleria y destacó la subida de 200 euros mensuales en el complemento autonómico, así como la incorporación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital. Por el contrario, STEPV, CCOO y UGT rechazaron el texto e insistieron en la reapertura de la negociación. Según argumentaron, la propuesta actual no permite que los docentes recuperen el poder adquisitivo, deja fuera el pago del verano al personal interino y no garantiza la vinculación de los salarios al IPC.

CSIF fue el único sindicato que firmó el apartado del valenciano y valoró de forma positiva la catalogación del Diploma de Maestro. Mientras tanto, organizaciones como STEPV, CCOO y UGT rechazaron de plano el documento y criticaron que se relegue la lengua a un papel “residual” o “subordinado”. Además, recordaron el voto en contra del 84% del profesorado en las consultas desarrolladas en las últimas horas.

Rechazo sindical unánime

Las cinco organizaciones sindicales calificaron de “insuficiente” la propuesta de reducción de ratios y ampliación de plantillas. Entre otras cuestiones, criticaron la falta de concreción para el primer ciclo de Infantil, la exclusión de los centros de educación especial y los excesivos plazos de aplicación del calendario.

Respecto a las infraestructuras y la Formación Profesional (FP), los representantes del profesorado lamentaron la falta de concreción y de presupuestos detallados para los centros afectados por la dana o que todavía presentan barracones. En FP, rechazaron que la vuelta a las 30 horas de semipresencialidad se postergue hasta el curso 2030/2031. Asimismo, en el bloque de inclusión, denunciaron la escasez de recursos y la ausencia de figuras clave en las aulas, como la enfermera escolar o planes eficaces de salud mental para el profesorado.

Gestión del conflicto y pasos futuros

Durante la jornada, los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) recordaron que la presión de las movilizaciones fue la herramienta definitiva para forzar las mejoras del texto. Bajo esta premisa, instaron a la conselleria a evitar presiones o represalias contra los centenares de miembros de equipos directivos que presentaron su dimisión en las últimas semanas. A este respecto, Ortí aseguró que la administración mantiene contactos con los afectados para “acompañarles” y avanzó que el próximo lunes se celebrará una reunión territorial específica para abordar este asunto.

Pese a dar por cerrados los puntos que ya cuentan con firma, la consellera invitó a los sindicatos ausentes a adherirse a posteriori a los acuerdos retributivos. Además, emplazó el resto de materias encalladas a futuras mesas sectoriales con las distintas direcciones generales de la conselleria, que se reanudarán la próxima semana.

La negociación ha coincidido nuevamente con una concentración de docentes a las puertas de la conselleria, en la avenidad de Campanar de València, desde donde ha partido una nueva manifestación. Este jueves es el último día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, ya que este viernes quedan suspendidos los paros con la advertencia de que el conflicto no está resuelto y las movilizaciones podrían retomarse en septiembre si no avanzan los acuerdos.

La conselleria no se siente amenazada por la huelga

Ortí ha señalado tras la reunión que el primer acuerdo que sale de las últimas reuniones puede parecer “insignificante” pero “importa mucho” para que empiecen a cambiar las condiciones reales del trabajo docente, y es, ha añadido, “el primero de muchos que tenemos previstos”.

La titular de Educación ha reconocido que los docentes están “desbordados” pero hoy es “un día importante para el profesorado y toda la comunidad educativa”. La conselleria, ha dicho, no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga y cuando hay dificultades pone “a todos los equipos a trabajar”.

“La movilización continuará hasta que consigamos esas mejoras que merece el sistema educativo y nuestro alumnado”, ha proclamado el portavoz de STEPV, Marc Candela, que ha señalado que este viernes ya no hay huelga de docentes.

Desde CCOO, Xelo Valls ha apuntado que la huelga se puede reactivar en cualquier momento y “seguimos en la lucha -ha remarcado- porque hay margen para negociar”, en alusión a los Presupuestos de la Generalitat de 2027, mientras que Maite Tarazona (UGT) ha resaltado que la huelga ha logrado avances en los documentos de partida. 

Aquest dimecres hem vist un gir de guió en el conflicte educatiu valencià, que ha complit el primer mes de vaga indefinida. El professorat de l'ensenyament públic no universitari ha rebutjat de manera contundent l'última proposta d'“acord global” presentada per la Conselleria d'Educació el passat 9 de juny. En una consulta massiva organitzada pels sindicats STEPV, CCOO i UGT, juntament amb la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundent 87 % dels docents ha votat “no” a la signatura del document definitiu presentat pel departament que dirigeix la consellera Carmen Ortí.

No obstant això, l'enorme desgast després de cinc setmanes d'aturades indefinides ha portat la comunitat educativa a una espècie de replegament tàctic: el 67 % del professorat ha considerat adequat interrompre o desconvocar la vaga en aquest tram final de curs, davant d'un 33 % que advocava per mantindre-la de manera immediata.

L'escrutini definitiu, tancat a les 20.00 hores d'aquest dimecres amb una participació de 30.238 respostes computades, dibuixa una radiografia d'un profund malestar entre els mestres i professors valencians. El rebuig a l'oferta de l'administració és pràcticament total, especialment en els blocs que van originar el conflicte.

La qüestió salarial i la relativa a les condicions laborals és la que més indignació desperta: un 90 % dels docents rebutja l'acord parcial en matèria salarial, considerant insuficient el redactat de la Conselleria. Per altra banda, el 84 % dels participants en la consulta s'oposa a signar el bloc lingüístic, en ple clima de protestes contra l'aplicació de la Llei de Llibertat Educativa. I el 78 % dels docents que han votat ha rebutjat les condicions de contractació i el model del “Pla +Mestre”.

Pel que fa a les ràtios i la inclusió, els dos blocs han rebut un 70 % de vots en contra, invalidant els calendaris de reducció de ràtios presentats pel departament de Campanar.

L'únic punt de l'acord global que se salva del càstig de les bases és el bloc de simplificació burocràtica, que ha sigut avalat internament per un rotund 82 % dels professors, que veuen amb bons ulls l'ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial per a alleujar les tasques administratives de les secretaries.

“Suspensió estratègica”: la vaga es congela de cara a setembre

Tot i el rebuig frontal a les propostes de la Conselleria d'Educació, la realitat del calendari escolar i el sacrifici econòmic acumulat han pesat en la decisió sobre el futur de les mobilitzacions. Dels 26.217 docents que van tombar el text, la gran majoria (17.633 treballadors) ha optat per frenar l'aturada indefinida abans de les vacances d'estiu.

Dins d'aquest bloc majoritari, l'opció triada de manera massiva (71 %) ha sigut la de “suspendre temporalment la vaga” sota un plantejament estratègic. Aquesta fórmula jurídica i sindical permet congelar l'aturada de manera temporal per a donar un respir a les plantilles, mantenint la capacitat de reprendre la vaga indefinida en qualsevol moment del pròxim curs i sense necessitat d'emetre un nou preavís legal a l'administració. El 29 % restant preferia donar per tancat aquest cicle per a dissenyar altres models de protesta al setembre.

Per la seua banda, el 33 % que desitjava mantindre les protestes de manera activa preferia, en la seua immensa majoria (90 %), un format de vaga indefinida amb mobilitzacions intermitents i puntuals segons es decidira en cada assemblea territorial.

Alt seguiment de les accions de protesta

Les dades de la consulta revelen l'alt seguiment de la protesta. Encara que un 3 % dels votants va declarar no haver secundat cap aturada (i un 5 % es trobava de baixa), el gruix de la comunitat educativa valenciana ha suportat un dur cost econòmic: milers de docents declaren haver secundat entre 5 i 15 dies de vaga legal, destacant un reducte de més de 800 professors a la Comunitat Valenciana que ha mantingut l'aturada durant 23 dies laborables.

El resultat de la ratificació situa ara la pilota a la teulada de la Conselleria d'Educació. Els sindicats i les assemblees acudixen a les pròximes meses de negociació amb el suport de més de 26.000 signatures que exigixen millores substancials en els salaris, el blindatge de les línies en valencià i un augment real de les plantilles. La treva estival, segons advertixen des dels comités de vaga, és només temporal: el professorat avisa que el pròxim curs escolar arrancarà en peu de guerra si el Consell no rectifica les seues propostes.

Tal com han confirmat els tres sindicats que mantenen la convocatòria de vaga, la suspensió de la vaga serà efectiva a partir del divendres 12 de juny.

Este miércoles hemos visto un giro de guion en el conflicto educativo valenciano, que ha cumplido el primer mes de huelga indefinida. El profesorado de la enseñanza pública no universitaria ha rechazado de forma contundente la última propuesta de “acuerdo global” presentada por la Conselleria de Educación el pasado 9 de junio. En una consulta masiva organizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundente 87% de los docentes ha votado “No” a la firma del documento definitivo presentado por el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí.

Sin embargo, el enorme desgaste tras cinco semanas de paros indefinidos ha llevado a la comunidad educativa a una especie de repliegue táctico: el 67% del profesorado ha considerado adecuado interrumpir o desconvocar la huelga en este tramo final de curso, frente a un 33% que abogaba por mantenerla de forma inmediata.

El escrutinio definitivo, cerrado a las 20:00 horas de este miércoles con una participación de 30.238 respuestas computadas, dibuja una radiografía de profundo malestar entre los maestros y profesores valencianos. El rechazo a la oferta de la administración es prácticamente total, especialmente en los bloques que originaron el conflicto.

La cuestión salarial y la referida a las condiciones laborales es la que más indignación despierta: un 90% de los docentes rechaza el acuerdo parcial en materia salarial, considerando insuficiente el redactado de la conselleria. Por otra parte, el 84% de los participantes en la consulta se opone a firmar el bloque lingüístico, en pleno clima de protestas contra la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. Y el 78% de los docentes que han votado ha rechazado las condiciones de contratación y el modelo del “Pla +Mestre”.

Respecto a los ratios y la inclusión, ambos bloques han recibido un 70% de votos en contra, invalidando los calendarios de descenso de ratios presentados por el departamento de Campanar.

El único punto del acuerdo global que se salva del castigo de las bases es el bloque de simplificación burocrática, que ha sido avalado de forma interna por un rotundo 82% de los profesores, quienes ven con buenos ojos el uso de tecnología e inteligencia artificial para aliviar las labores administrativas de las secretarías.

“Suspensión estratégica”: la huelga se congela de cara a septiembre

Pese al rechazo frontal a las propuestas de la Conselleria de Educación, la realidad del calendario escolar y el sacrificio económico acumulado han pesado en la decisión sobre el futuro de las movilizaciones. De los 26.217 docentes que tumbaron el texto, la gran mayoría (17.633 trabajadores) ha optado por frenar el paro indefinido antes de las vacaciones de verano.

Dentro de este bloque mayoritario, la opción elegida de manera masiva (71%) ha sido la de “suspender temporalmente la huelga” bajo un diseño estratégico. Esta fórmula jurídica y sindical permite congelar el paro de manera temporal para dar un respiro a las plantillas, manteniendo la capacidad de retomar la huelga indefinida en cualquier momento del próximo curso y sin necesidad de emitir un nuevo preaviso legal a la administración. El 29% restante prefería dar por cerrado este ciclo para diseñar otros modelos de protesta en septiembre.

Por su parte, el 33% que deseaba mantener las protestas de forma activa prefería, en su inmensa mayoría (90%), un formato de huelga indefinida con movilizaciones intermitentes y puntuales según se decidiera en cada asamblea territorial.

Alto seguimiento de las acciones de protesta

Los datos de la consulta revelan el alto seguimiento de la protesta. Aunque un 3% de los votantes declaró no haber secundado ningún paro (y un 5% se encontraba de baja), el grueso de la comunidad educativa valenciana ha soportado un duro peaje económico: miles de docentes declaran haber secundado entre 5 y 15 días de huelga legal, destacando un reducto de más de 800 profesores en la Comunitat Valenciana que ha mantenido el paro durante 23 días laborables.

El resultado de la ratificación sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación. Los sindicatos y las asambleas acuden a las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje de las líneas en valenciano y un aumento real de las plantillas. La tregua estival, según advierten desde los comités de huelga, es solo temporal: el profesorado avisa de que el próximo curso escolar arrancará en pie de guerra si el Consell no rectifica sus propuestas.

Tal y como han confirmado los tres sindicatos que mantienen la convocatoria de la huelga, la suspensión de los paros será efectiva a partir del viernes 12 de junio.

Los responsables de los sindicatos mayoritarios de docentes valencianos, el STEPV, CCOO y UGT, se han inclinado este miércoles por suspender y no desconvocar la huelga indefinida que lleva cinco semanas en marcha y seguir negociando, aunque serán sus afiliados los que finalmente decidan qué hacen.

Tras reunirse con el ministro Pablo Bustinduy, han señalado ante los medios que sus afiliados tienen hasta las 20 horas de este miércoles para participar en la consulta sobre el último documento de la Conselleria de Educación para intentar acabar con la huelga y sobre la continuidad o no de la movilización. Hasta las 15:15 horas han votado casi 14.700 docentes.

No se acaba la negociación por acabar el curso

El responsable de Acción sindical de STEPV, Marc Candela, ha indicado que acudirán a la mesa negociadora de este jueves con los resultados de la consulta, y en los puntos del documento en que el profesorado no esté de acuerdo, que cree que “serán unos cuantos”, habrá que intentar “retomar la negociación” y “mejorar sustancialmente” el texto.

Candela ha indicado que la Conselleria ha aceptado algunas sugerencias de los sindicatos pero no se han reflejado como querían en el último documento, pues por ejemplo pedían recuperar las 30 horas semipresenciales en los ciclos formativos para el próximo curso, y se ha incluido que se hará en cuatro cursos.

Además, ha dicho que “sigue estancado” el punto del valenciano y el tema retributivo, porque no se ha modificado su redacción para aclarar el alcance de la actualización al IPC, sino que les han enviado “un cuadro propagandístico de cómo quedará la nómina en 2028”, y en ratios y en plantillas “se ha avanzado”, pero habría que hacerlo más.

Candela ha explicado que desconvocar la huelga implica que si se quiere reanudar hay que convocarla de nuevo, comunicarla con diez días de antelación y volver legalizarla, mientras suspenderla supone que temporalmente se paraliza y si la quieren reactivar pueden hacerlo “al día siguiente”, por lo que cree que tiene “más beneficios”.

Aunque el curso finaliza la próxima semana, ha defendido que “el curso puede terminar cuando quiera y la negociación no tiene por qué cerrarse”, pues en julio es cuando más negociaciones hacen con la Conselleria, para las adjudicaciones o las instrucciones de inicio de curso, de forma que “no se acaba la negociación porque termine el curso”.

La lucha continuará

La secretaria de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha indicado que en la duodécima mesa negociadora trasladarán el sentir del profesorado expresado en la consulta, y ha asegurado que, haya suspensión o haya desconvocatoria de la huelga indefinida, “la lucha continuará cuando comience de nuevo la gente a estar en las aulas de forma activa”.

La suspensión “es una manera de hacer presión, porque está latente, está como en hibernación la convocatoria de huelga y en el momento en que se quiera volver a ella solo hay que hacer una comunicación de que se levanta la suspensión”, ha indicado Valls, quien ha coincidido en que está “acostumbrados a negociar en julio muchas cuestiones” del normal funcionamiento de la Conselleria.

La responsable de Educación de UGT-PV, Maite Tarazona, ha indicado que irán a la mesa sectorial de este jueves con los resultados de la consulta pero no saben si la Conselleria pedirá firmar o no apartados del documento, porque no se les ha informado a qué van a esa reunión.

Tarazona ha indicado que las movilizaciones han permitido introducir mejoras en las ofertas iniciales de Educación, pero el profesorado tiene que valorar si lo conseguido “es suficiente o insuficiente”, y por eso la consulta les permitirá saber “si es suficiente o piensan que todavía no lo es”.

Por otra parte, este jueves se he desplegado desde lo alto de la torre del Miguelete de València una pancarta con la frase 'De nord a sud, docents en lluita', y en Alicante se ha celebrado una nueva manifestación por la escuela pública con el lema 'L'educació és futur'.

El passat 7 de maig, quatre dies abans que començara la vaga indefinida en l'educació pública valenciana no universitària, es va produir la primera reunió de la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació, encapçalada per la consellera Carmen Ortí i el secretari autonòmic Daniel McEvoy, i els representants dels docents —els sindicats STEPV, CCOO, UGT, CSIF i ANPE— en la qual es va parlar de xifres per primera vegada. D'aquella reunió va eixir una primera proposta que el professorat va considerar “insultant”, en la qual l'Administració autonòmica no contemplava la qüestió retributiva i es remetia a la seua primera oferta d'increment salarial de 75 euros, que s'aplicaria a partir de l'1 de gener.

El 19 de maig, el departament de Campanar va presentar un document en la mesa de negociació que els sindicats també van rebutjar. Aquella proposta d'acord va ser sotmesa a consulta per les organitzacions majoritàries —STEPV, CCOO i UGT—, una votació en què van participar més de 41.000 docents i que va rebutjar de manera aclaparadora l'oferta de la conselleria. Ara, el professorat valencià ha de decidir sobre l'últim escrit de l'Administració autonòmica abans de comunicar a Educació si rubrica o no el pacte. Analitzem les diferències entre aquell esborrany i l'actual proposta d'acord.

En la proposta d'“acord global” d'Ortí i McEvoy, que en un primer moment es van negar a plantejar perquè “no hi ha diners”, es reflecteix una profunda evolució, fruit de cinc setmanes de pressió del col·lectiu docent amb nombroses i massives mobilitzacions. Així, la conselleria ha passat d'un redactat ple d'intencions i “estudis de viabilitat” a un compromís normatiu i pressupostari de 3.338,26 milions d'euros a desenvolupar durant el període 2026-2031.

Ràtios i planificació plurianual

El canvi més radical s'observa en la qüestió de les ràtios, ja que la proposta inicial no tenia horitzó temporal i les deixava en mans del que dictara el Ministeri d'Educació. Ara, però, es fixen xifres concretes i terminis que s'avancen a la planificació estatal.

D'aquesta manera, a Infantil i Primària, l'esborrany inicial proposava una ràtio de 22 alumnes només per al curs 2027/2028 i congelava la resta. La proposta final estableix una retallada estructural i progressiva del 12% i fixa el límit estricte en 22 alumnes per aula en tot el tram fins al curs 2029/2030 de manera generalitzada.

A Secundària i Batxillerat, el text inicial es rentava les mans remetent-se al criteri que dictara reglamentàriament el ministeri, mentre que ara s'estableix una reducció del 17% a l'ESO (fins als 25 alumnes) i del 20% a Batxillerat (28 alumnes per aula), una mesura completament calendaritzada any rere any fins al curs 2030/2031.

Per la seua banda, a la Formació Professional (FP) i les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), inicialment només es contemplava una mesa tècnica per abordar els desdoblaments. L'últim acord introdueix una retallada del 17% en FP (15 alumnes en Grau Bàsic i 25 en Grau Mitjà i Superior) i del 10% a les EOI (màxim 20 alumnes per aula en tots els idiomes i nivells).

Plantilles docents

En matèria de plantilles s'observa un plantejament tècnic i pressupostari. L'esborrany inicial proposava un polèmic 'Pla de substitució anticipada' a Primària (assignar un mestre extra al centre perquè assumira internament les baixes, obligant el col·legi a reorganitzar-se de manera autònoma davant una segona baixa). En el document final, este model desapareix per complet i és substituït pel 'Pla +Mestre', dotat amb 469,12 milions d'euros.

A més, l'acord final quantifica un increment estructural de 7.742 docents en quatre anys, que es concreta en 5.000 noves contractacions directes, l'estabilització de 10.000 places (amb el 50% reservat expressament a la inclusió) i 2.742 mestres específics vinculats per llei al sosteniment de la reducció de les ràtios.

De la mateixa manera, davant les crítiques sindicals, la conselleria substitueix el pla d'autoorganització interna per un compromís informàtic auditable: reduir el temps mitjà de substitució externa de 10 dies a un màxim de 8 dies de mitjana a partir de setembre de 2026..

Retribucions

Tot i que la quantia nominal de la pujada salarial lineal es manté en 200 euros mensuals en el complement específic —tal com recollia la primera proposta sotmesa a votació del professorat—, les condicions tecnicoadministratives han canviat substancialment per oferir més garanties. La proposta retributiva va ser signada per CSIF i ANPE, mentre que STEPV, CCOO i UGT insisteixen a reobrir-la per renegociar-la.

L'esborrany inicial fragmentava els pagaments fixos (75 euros el 2026, 75 euros el 2027 i 50 euros el 2028) de manera lineal. L'Acord Global introdueix un desemborsament acumulat de 802,3 milions d'euros i vincula formalment els increments salarials a l'evolució de l'IPC, blindant el poder adquisitiu davant la inflació. També s'hi afegeix una partida extraordinària i independent de 658 milions d'euros destinada exclusivament a la gratuïtat del tram de 0 a 3 anys i a la millora de les ràtios associades.

Infraestructures educatives

Pel que fa a les infraestructures, el Govern autonòmic ha passat d'un redactat d'intencions enfocat en el Pla Edificant tradicional a un desglossament pressupostari plurianual quantificat en 1.409,7 milions d'euros, gestionat sota un nou Pla Director.

Concretament, es crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 milions d'euros (amb un ritme d'execució de 32 milions el 2026 i 36 milions anuals entre 2027 i 2029) per garantir la climatització del 100% de les aules. Així mateix, es dota amb 40 milions d'euros (10 milions anuals) una línia de subvencions directes als ajuntaments per a reformes energètiques en col·legis i centres d'educació especial, eliminant les traves derivades de la delegació de competències de l'Edificant original.

La proposta definitiva també incorpora de manera explícita dos milions d'euros extraordinaris dins del pla tèrmic per a les zones afectades per la dana, a més d'obligar la conselleria a aportar un annex tècnic detallat amb les memòries de reconstrucció. Finalment, el nou text introdueix una obligació prioritària en matèria d'inversió: tots els plans d'inversió directa han d'exigir per escrit l'eliminació total dels barracons.

Inclusió educativa i salut mental

La primera proposta es limitava a vincular les places de Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) a la matrícula corrent, mentre que el text consolidat estableix mínims estructurals inamovibles.

Per exemple, el primer esborrany parlava de manera vaga d'obrir 150 aules al llarg de tota la legislatura, mentre que la darrera versió concreta la creació immediata d'almenys 36 aules UECO per al curs 2026/2027, cosa que comporta la contractació automàtica de 108 professionals d'inclusió. A més, es limita per llei la ràtio d'estes aules a un màxim de huit alumnes.

Es garanteix el manteniment d'un mínim de 187 places de Pedagogia Terapèutica per al pròxim curs i es fixa la conversió de places en estructurals si la necessitat es prolonga durant tres cursos consecutius. En quatre cursos, tots els centres d'Infantil i Primària rebran entre 0,5 i 1,5 docents addicionals de Pedagogia Terapèutica i especialistes en Audició i Llenguatge, segons el seu volum d'unitats.

Pel que fa a la salut mental, es passa del desenvolupament normatiu del pla 'Conviure' a una mesura executiva compartida amb la Conselleria de Sanitat: el reforç de psicòlegs generals sanitaris en les unitats de detecció precoç i un estudi específic sobre la salut mental del professorat a les zones afectades per la dana.

Simplificació burocràtica

En aquest bloc, les 20 mesures s'han dotat de terminis jurídics concrets (tramitació per decret del Consell en un termini màxim de sis mesos) i s'hi introdueix tecnologia avançada. Per exemple, s'afegeix l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) per a la generació automàtica de documents dels centres i de sistemes de traducció automàtica bidireccional valencià-castellà per alleugerir les tasques de secretaria.

Finalment, es concreta de manera nítida la regulació del treball presencial fora del centre durant el mes de juliol. Els docents només tindran l'obligació d'acudir físicament a les reunions de coordinació o als claustres indispensables, blindant la resta del temps per a tasques no lectives telemàtiques. Així mateix, es reconeix explícitament el dret a la desconnexió digital i la reducció d'hores lectives per als majors de 55 anys.

El pasado 7 de mayo, cuatro días antes de que diera comienzo la huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria, se produjo la primera reunión de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación, encabezada por la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy, y los representantes de los docentes —los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— en la que se habló de cifras. De aquella reunión salió una primera propuesta que el profesorado consideró “insultante”, en la que la Administración autonómica no contemplaba la cuestión retributiva y se remitía a su primera oferta de incremento salarial de 75 euros a aplicar a partir del 1 de enero.

El 19 de mayo, el departamento de Campanar presentó un documento en la mesa de negociación que los sindicatos también rechazaron. Aquella propuesta de acuerdo fue sometida a consulta por las organizaciones mayoritarias —STEPV, CCOO y UGT—; una votación en la que participaron más de 41.000 docentes que rechazaron de forma abrumadora la oferta de la conselleria. Ahora, el profesorado valenciano debe decidir sobre el último escrito de la Administración autonómica antes de comunicarle a Educación si rubrican o no el pacto. Analizamos las diferencias entre aquel borrador y la actual propuesta de acuerdo.

En la propuesta de “acuerdo global” de Ortí y McEvoy, que en un primer momento se negaron a plantear porque “no hay dinero”, se refleja una profunda evolución, fruto de cinco semanas de presión del colectivo docente con numerosas y masivas movilizaciones. Así, la conselleria ha pasado de un redactado lleno de intenciones y “estudios de viabilidad” a un compromiso normativo y presupuestario (3.338,26 millones de euros) a desarrollar en el periodo 2026-2031.

Ratios y planificación plurianual

El cambio más radical se observa en la cuestión de las ratios, ya que la propuesta inicial carecía de un horizonte temporal y las dejaba en manos de lo que dictara el Ministerio de Educación. Ahora, sin embargo, se fijan cifras concretas y plazos que se adelantan a la planificación estatal.

De este modo, en Infantil y Primaria, el borrador inicial proponía una ratio de 22 alumnos solo para el curso 2027/2028 y congelaba el resto. La propuesta final establece un recorte estructural y progresivo del 12%, y fija el límite estricto en 22 alumnos por aula en todo el tramo hasta el curso 2029/2030 de manera generalizada.

En Secundaria y Bachillerato, el texto inicial se lavaba las manos remitiendo al criterio que dictara reglamentariamente el ministerio, mientras que ahora se estipula una bajada del 17% en la ESO (hasta los 25 alumnos) y del 20% en Bachillerato (28 alumnos por aula), una oferta completamente calendarizada año a año hasta el curso 2030/2031.

Por su parte, en la Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), inicialmente solo se contemplaba una mesa técnica vacía para desdobles. El último acuerdo introduce un recorte del 17% en FP (15 alumnos en Grado Básico y 25 en Medio y Superior) y del 10% en las EOI (máximo 20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles).

Plantillas docentes

En materia de plantillas se observa un planteamiento técnico y presupuestario. El borrador inicial proponía un polémico 'Plan de sustitución anticipada' en Primaria (asignar un maestro extra al centro para que asumiera internamente las bajas, obligando al colegio a reorganizarse de forma autónoma ante una segunda baja). En el documento final, este modelo desaparece por completo y es sustituido por el 'Pla +Mestre', dotado con 469,12 millones de euros.

Además, el acuerdo final cuantifica un incremento estructural de 7.742 docentes en cuatro años, que se divide en 5.000 nuevas contrataciones directas, la estabilización de 10.000 plazas (con el 50% reservado expresamente para la inclusión) y 2.742 maestros específicos vinculados por ley a sostener el descenso de las ratios.

De igual modo, ante las críticas sindicales, la conselleria sustituye el plan de autoorganización interna por un compromiso informático auditable: reducir el tiempo medio de sustitución externa de 10 días a un máximo de 8 días de media a partir de septiembre de 2026.

Retribuciones

Aunque la cuantía nominal de la subida salarial lineal se mantiene en 200 euros mensuales en el complemento específico —tal y como recogía la primera propuesta sometida a votación del profesorado—, las condiciones técnico-jurídicas han cambiado drásticamente para ofrecer más garantías. La propuesta retributiva fue firmada por CSIF y ANPE, mientras que STEPV, CCOO y UGT insisten en reabrirla para renegociarla.

El borrador inicial fragmentaba los pagos fijos (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028) de manera plana. El Acuerdo Global introduce un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros y vincula formalmente los incrementos salariales a la evolución del IPC, blindando el poder adquisitivo frente a la inflación. También se añade una partida extra e independiente de 658 millones de euros destinada exclusivamente a la gratuidad del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios asociadas.

Infraestructuras educativas

Acerca de las infraestructuras, el Gobierno autonómico ha pasado de un redactado de intenciones enfocado en el Plan Edificant tradicional a un desglose presupuestario plurianual cuantificado en 1.409,7 millones de euros, gestionado bajo un nuevo Plan Director.

Concretamente, se crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 millones de euros (con un ritmo de ejecución de 32 millones en 2026 y 36 millones anuales entre 2027 y 2029) para garantizar la climatización del 100% de las aulas. Asimismo, se dota con 40 millones de euros (10 millones anuales) una línea de subvención directa a ayuntamientos para reformas energéticas en colegios y centros de educación especial, eliminando las trabas de la delegación de competencias del Edificant original.

La propuesta definitiva también incorpora de manera explícita 2 millones de euros extraordinarios dentro del plan térmico para las zonas afectadas por la DANA, además de obligar a la conselleria a aportar un anexo técnico detallado con memorias de reconstrucción. Por último, el nuevo texto introduce una obligación contractual prioritaria: todos los planes de inversión directa deben exigir por escrito la eliminación total de los barracones.

Inclusión educativa y salud mental

La primera propuesta se limitaba a ligar las plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a la matrícula corriente, mientras que el texto consolidado establece mínimos estructurales inamovibles.

Por ejemplo, el primer borrador hablaba vagamente de abrir 150 aulas en toda la legislatura, mientras que la última versión concreta la creación inmediata de al menos 36 aulas UECO para el curso 2026/2027, lo que conlleva la contratación automática de 108 profesionales de inclusión. Además, se limita por ley la ratio de estas aulas a un máximo de ocho alumnos.

Se garantiza el mantenimiento de un suelo de 187 plazas de Pedagogía Terapéutica para el próximo curso y se fija la conversión de plazas en estructurales si la necesidad se prolonga durante tres años consecutivos. En cuatro cursos, todos los centros de Infantil y Primaria recibirán entre 0,5 y 1,5 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y especialistas en Audición y Lenguaje, según su volumen de unidades.

Respecto a la salud mental, se pasa del desarrollo normativo del plan 'Conviure' a una medida ejecutiva compartida con la Conselleria de Sanidad: el refuerzo de psicólogos generales sanitarios en las unidades de detección precoz y un estudio específico de la salud mental del profesorado en las zonas afectadas por la dana.

Simplificación burocrática

En este bloque, las 20 medidas se han dotado de plazos jurídicos concretos (tramitación por decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses) y se introduce tecnología avanzada. Por ejemplo, se añade el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para la generación automática de documentos del centro y sistemas de traducción automática bidireccional valenciano-castellano para aligerar las labores de secretaría.

Por último, se concreta de forma nítida la regulación del trabajo presencial fuera del centro durante el mes de julio. Los docentes solo tendrán la obligación de acudir físicamente a las reuniones de coordinación o claustros indispensables, blindando el resto del tiempo para tareas no lectivas telemáticas. Asimismo, se reconoce explícitamente el derecho a la desconexión digital y la reducción de horas lectivas para mayores de 55 años.