El sindicato independiente de profesionales aeronáutico (SIPA) de Airbus, ATP, CGT, UGT y ÚTIL han convocado una “gran marcha” en Sevilla este jueves que contará con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía -Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla-, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.

La marcha en la capital andaluza, desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento, forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por la plantilla durante el conflicto abierto con la dirección de la empresa.

Antes del inicio de la manifestación, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha explicado que el sindicato ha estado “desde el primer momento junto a los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus reivindicaciones” y ha valorado positivamente los últimos avances registrados en la negociación.

Saucedo ha señalado que la empresa presentó ayer una nueva propuesta que supone una mejora respecto al convenio que UGT decidió no firmar y que, además, fue impugnado judicialmente por la organización sindical. “La propuesta presentada mejora las condiciones del convenio que no firmamos. Ahora corresponde a la plantilla decidir si ese avance es suficiente”, ha afirmado.

Ratificar o no el nuevo acuerdo

El responsable sindical ha recordado que el conflicto ha trascendido las plantas andaluzas y se ha extendido a distintos centros de Airbus en España, como Getafe y Albacete, evidenciando el amplio rechazo que generó el anterior acuerdo.

El sindicato respetará el resultado del referéndum convocado para este viernes. “Si la plantilla ratifica el acuerdo, nuestra organización lo respaldará. Si considera que no responde a sus expectativas, continuaremos con las movilizaciones hasta lograr un convenio que garantice unas condiciones laborales justas”, ha indicado Rodríguez Saucedo.

El origen del conflicto reside en el profundo malestar existente entre la plantilla de una empresa que obtiene beneficios multimillonarios mientras sus trabajadores consideran que ese esfuerzo no se traduce ni en una recuperación suficiente del poder adquisitivo ni en un reconocimiento acorde con su aportación.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid no se cansan de repetirlo: no levantarán la huelga indefinida hasta conseguir un aumento de sus salarios, que a día de hoy rozan el mínimo interprofesional. Esta vez, sus demandas se han dejado ver más que escuchar por las calles del centro de la capital en una manifestación nocturna iniciada sobre las 22.00 horas en Atocha. Sus habituales cánticos y ruido de silbatos han dejado paso a las luces y llantos de bebés que han acompañado a la protesta hasta su final en la Puerta del Sol, donde han advertido que los paros continuarán en el inicio del nuevo curso en septiembre.

“Estamos aquí para hacer ver que seguimos en la lucha tras más de tres meses de huelga”, ha expresado Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) madrileña al inicio de la convocatoria. Mientras en la cabecera se desplegaba una pancarta que rezaba “educadoras en lucha. Por la dignidad del 0-3”, esta educadora ha recalcado que, por el momento, esperan el texto final redactado por el Ministerio de Educación mediante el cual han conseguido una drástica bajada de ratios por la vía de la pareja educativa.

La cartera dirigida por Milagros Tolón se ha comprometido con las educadoras infantiles a que la ley estatal obligue a comunidades y ayuntamientos que en sus escuelas, y en los pliegos de las licitaciones para las empresas que las gestionarán, se reduzca el número de criaturas a cuidar y educar por cada trabajadora. En estos momentos, las ratios para una educadora se sitúan en ocho bebés de 0 a 1 años, 14 criaturas de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años. El compromiso arrancado a Educación rebaja a más de la mitad estos números, que se quedan en cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Lucía Martínez, educadora infantil en una escuela pública del Ayuntamiento de Madrid gestionada por una empresa privada, ha visto en esta manifestación “la luz que marca el camino de las reivindicaciones entre tanta oscuridad”. Como si de una performance se tratara, la protesta simboliza los aspectos más duros de una huelga indefinida iniciada el 7 de abril y cuyos resultados llegan a cuentagotas. “Hay una deuda histórica con la educación del 0 a 3 y estamos aquí para cerrarla”, exclama.

La pareja educativa, síntoma de calidad

Contenta por la introducción de la pareja educativa, es decir, una educadora infantil más por aula, Martínez explica que ello supone “compartir con una compañera, hacer equipo, reflexionar juntas y tener miradas diferentes, además de que cuatro ojos siempre ven más que dos”. Cuando la protesta se acercaba a Antón Martín, Miriam Silva, que trabaja en una escuela dependiente del Ayuntamiento de Parla de gestión indirecta, ha añadido que trabajar junto con otra compañera significa “poder irte a tu casa habiendo mirado a todos los niños a los ojos en algún momento del día, sabiendo que has podido cuidar sus necesidades asistenciales, pero también educativas”.

Vanesa Campano ha recalcado que los lloros que no se han dejado de escuchar a lo largo de la manifestación es el sonido con el que ellas se ven obligadas a lidiar durante su jornada laboral. Del mismo modo, esta educadora infantil en un colegio de Aranjuez totalmente público ha explicado que una de las consecuencias de los paros es que el aprendizaje de los más pequeños se ha visto mermado. “Hay menos personal y el trabajo se centra en lo asistencial”, ha agregado.

La trabajadora arancetana ha acudido con su hija pequeña a la protesta. Tal y como ha apuntado cuando a la cabecera apenas le quedaban unos metros para girar ante las obras de la plaza de Jacinto Benavente, esta es una forma de hacerle ver que “ella ha tenido una educación de calidad en una escuela pública y quiero que le dé valor y que entienda que tenemos que luchar por ello, que es el futuro de todos”.

Hacia la subida de salario

Marín, la portavoz de PLEI, recalca que los paros continuarán hasta que las comunidades autónomas no aumenten la financiación para las plantillas de las escuelas. “Somos las personas que sostenemos a la infancia y necesitamos una remuneración acorde a la responsabilidad de nuestro trabajo y nuestra formación”, reivindica.

Tristemente para las educadoras infantiles, no parece este un extremo que concuerde con la idea que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con Mercedes Zarzalejo al frente, tiene para las escuelas de su competencia. “Solo nos recibió tras siete semanas de huelga y se comprometió con nosotras a poner la pareja educativa y no prorrogar los pliegos ya vigentes, pero no nos ha dado el acuerdo por escrito ni responde a las comunicaciones que le hemos hecho llegar por registro”, desarrolla la portavoz.

Martínez, por su parte, añade que en torno al 80 % de las educadoras infantiles roza el salario mínimo en sus nóminas: “Queremos educar y lo queremos hacer bien, pero para eso tenemos que entrar en el aula sin el estrés de no poder pagar el alquiler”. Preguntada por los ánimos de las plantillas en huelga, desde su punto de vista, el departamento liderado por Zarzalejo “está jugando al desgaste”.

“Quieren que nos cansemos, pero somos un grupo de trabajadoras que de lo que nos hemos cansado es de sostener el sistema a costa de nuestro esfuerzo, nuestra salud mental y nuestras familias, a la que también queremos cuidar y mantener”, se explaya la huelguista. Como las demás, ella también ve la caja de resistencia como un pilar fundamental para aguantar esta huelga histórica en la región madrileña, pues nunca se habían llevado a cabo paros indefinidos en este sector.

La huelga continuará en septiembre

En cuanto a la asistencia a esta manifestación nocturna, desde PLEI cifran en 500 las personas que han secundado la convocatoria. Marín recuerda que se trata de un sector “muy feminizado” y que ya los colegios han terminado: “Muchas somos madres y tenemos que cuidar de nuestros pequeños, así que la conciliación también nos complica el venir a las movilizaciones”. En agosto pararán las protestas para descansar y en septiembre retomar la huelga “con las pilas cargadas” que solo desconvocarán cuando consigan unos salarios dignos, subraya la portavoz de la Plataforma.

No están solas. Las familias han creado una coordinadora de la que ya forman parte unas 500 y a través de la cual dan apoyo y soporte a las trabajadoras en lucha. “Nosotras vemos que están deseando que la huelga termine para que las criaturas puedan recibir la atención que se merecen y su figura de referencia vuelva a las aulas”, comenta Marín. En este sentido, septiembre se presenta como un mes complejo. Tal y como añade esta educadora infantil de una escuela gestionada de forma directa por la Comunidad de Madrid, “arrancar el curso con una huelga es difícil porque pasan de estar un mes entero con sus familias a estar en unas aulas con poco personal y sin la persona con la que deberían generar ese vínculo”.

Silva, por su parte, ha subrayado que al inicio de curso no habrá tiempo para el trabajo educativo: “No habrá reuniones de familia, así que quienes entren nuevos van a ver cómo sus hijos no reciben la educación que merecen porque seguirán los servicios mínimos”. Será un “descontrol”, asegura.

El silencio de la manifestación por las calles de Madrid ha explotado en torno a las 23.00 horas, cuando la protesta ha arribado al kilómetro cero madrileño, donde han dado una vuelta a la plaza. En su particular despedida de fin de curso, las educadoras infantiles han leído juntas algunos mensajes emotivos que les han hecho llegar a lo largo de estas jornadas de huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril.

Cuando se acercaba la media noche, las luces que llevaban en sus manos y colgadas no han dejado de lucir ante la mirada algo sorprendida de los viandantes nocturnos. Ellas, a lo suyo. Como si consiguieran hacer levitar las palabras con las que vehiculan sus justas demandas frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las educadoras infantiles se han despedido de las calles hasta el próximo curso. “No nos vamos a cansar y a paciencia no nos gana nadie”, concluye Silva.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), s'ha pronunciat sobre la cadena humana duta a terme aquest diumenge en defensa de la protecció del parc natural de Es Trenc evitant valorar l'aparició de l'alcaldessa de Campos, la també popular Xisca Porquer, qui es va deixar veure a la platja en el moment de la lectura del manifest. Prohens ha respost que el “estil i tarannà” del seu Govern és de respecte amb totes les mobilitzacions. “El meu estil és el respecte, no entrar en provocacions. Som una terra lliure on tothom ha de poder dir el que pensa”, afegeix la presidenta.

La presidenta també ha aprofitat per assenyalar que aquesta protesta “ha estat preventiva” i ha reiterat que “Es Trenc no es toca”, llançant un missatge de tranquil·litat i assegurant “categòricament” que no hi haurà urbanitzacions ni hotels en aquest enclavament.

Per altra banda, Antonia Estarellas (PP), consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, ha mostrat el seu “màxim respecte” a la cadena humana. Igual que Prohens, en ser preguntada per les actuacions de Porquer, la consellera ha reiterat el seu “màxim respecte” a qualsevol protesta en què no es produeixin altercats, si bé ha dit desconèixer els detalls de l'actuació de la primera edil, ja que només n'ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació.

Tant la presidenta del Govern com la consellera de Presidència han condemnat l'aparició de pintades vandàliques al búnquer de Es Trenc. “No és de rebut, la gent es pot manifestar amb respecte, especialment si dius que demanes respecte per a un espai natural”, ha afegit Prohens.

Per part seva, Més per Mallorca ha destacat “l'èxit” de la cadena humana i ha acusat el PP de “intentar desviar el focus d'atenció” d'un “clam ciutadà claríssim i multitudinari”. El coordinador general de la formació ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha assenyalat que la mobilització “evidencia que la ciutadania no està disposada a acceptar cap pas enrere en la conservació d'un espai tan emblemàtic com Es Trenc”.

Segons el seu criteri, la defensa del territori no és una qüestió ideològica, sinó “una responsabilitat compartida amb les generacions presents i futures”. Apesteguia també ha subratllat que la defensa d'Es Trenc forma part de la seva història política, ja que el PSM va ser una de les forces que “més decisivament” va contribuir a la preservació d'aquest espai, arribant a avalar amb més de deu milions de pessetes el procés judicial contra la urbanització de ses Covetes.

“Persones amb noms i cognoms del GOB i del PSM van avalar amb el seu patrimoni aquell procés amb el risc de perdre la casa”, ha ressaltat. Finalment, ha agraït la tasca de les entitats organitzadores i de totes les persones que van participar en la protesta i ha reafirmat el seu compromís de continuar defensant Es Trenc i el territori.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), se ha pronunciado sobre la cadena humana llevada a cabo este domingo en defensa de la protección del parque natural de Es Trenc evitando valorar la aparición de la alcaldesa de Campos, la también popular Xisca Porquer, quien se dejó ver en la playa en el momento de la lectura del manifiesto. Prohens ha respondido que el “estilo y talante” de su Govern es de respeto con todas las movilizaciones. “Mi estilo es el respeto, no entrar en provocaciones. Somos una tierra libre donde todo el mundo tiene que poder decir lo que piensa”, añade la presidenta.

La presidenta también ha aprovechado para señalar que esta protesta “ha sido preventiva” y ha reiterado que “es Trenc no se toca”, lanzando un mensaje de tranquilidad y asegurando “categóricamente” que no habrá urbanizaciones ni hoteles en este enclave.

Por otra parte, Antònia Estarellas (PP), consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, ha mostrado su “máximo respeto” a la cadena humana. Al igual que Prohens, al ser preguntada por las actuaciones de Porquer, la consellera ha reiterado su “máximo respeto” a cualquier protesta en la que no se produzcan altercados, si bien ha dicho desconocer los pormenores de la actuación de la primer edil ya que solo ha tenido conocimiento al respecto a través de los medios de comunicación.

Tanto la presidenta del Govern como la consellera de Presidencia han condenado, mientras tanto, la aparición de pintadas vandálicas en uno de los búnker de es Trenc. “No es de recibo, la gente se puede manifestar con respeto, especialmente si dices que pides respeto para un espacio natural”, ha agregado Prohens.

Por su parte, Més per Mallorca ha destacado el “éxito” de la cadena humana y ha acusado al PP de “intentar desviar el foco de atención” de un “clamor ciudadano clarísimo y multitudinario”. El coordinador general de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha señalado que la movilización “evidencia que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ningún paso atrás en la conservación de un espacio tan emblemático como es Trenc”.

A su criterio, la defensa del territorio no es una cuestión ideológica, sino “una responsabilidad compartida con las generaciones presentes y futuras”. Apesteguia también ha subrayado que la defensa de Es Trenc forma parte de su historia política, puesto que el PSM fue una de las fuerzas que “más decisivamente” contribuyó a la preservación de este espacio, llegando a avalar con más de diez millones de pesetas el proceso judicial contra la urbanización de ses Covetes.

“Personas con nombres y apellidos del GOB y del PSM avalaron con su patrimonio aquel proceso con el riesgo de perder la casa”, ha resaltado. Finalmente, ha agradecido la labor de las entidades organizadoras y de todas las personas que participaron en la protesta y ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo Es Trenc y el territorio.

El comitè d'empresa d'IB3 ha denunciat públicament el que han considerat un exercici de manipulació de la direcció d'informatius amb relació a la cobertura de la cadena humana a es Trenc i la presència de l'alcaldessa de Campos, Francisca Porquer.

En una publicació a xarxes socials recollida per Europa Press, el comitè assenyala que el text que va aportar l'equip desplaçat al lloc va ser modificat directament per la direcció d'informatius. “És un atac molt greu a la professionalitat dels treballadors”, han assenyalat.

Segons han afegit, la nova versió del text va minimitzar el fet que l'alcaldessa de Campos intentés boicotejar la protesta. A més, han apuntat que als canals digitals només es va informar de les pintades als búnquers que, a més, eren de dies enrere.

“Denunciem que no s'ha deixat oferir una notícia rigorosa amb els fets ocorreguts. Exigim que es deixi treballar els professionals d'IB3 per traslladar la informació de forma fidel”, han conclòs.

El PSIB, per la seva banda, ha denunciat públicament el que ha considerat un nou episodi de manipulació informativa.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha traslladat “tota la solidaritat” amb els treballadors d'IB3 i ha criticat que als canals digitals de l'ens només es va informar de les pintades vandàliques als búnquers.

“IB3 és la televisió de tots, no l'estudi personal de Prohens ni la productora del PP”, ha criticat Garrido, que ha reclamat la compareixença del director general d'IB3 al Parlament, perquè doni explicacions sobre el que ha succeït.

El comité de empresa de IB3 ha denunciado públicamente lo que han considerado un ejercicio de manipulación de la dirección de informativos en relación a la cobertura de la cadena humana en es Trenc y la presencia de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

En una publicación en redes sociales, el comité señala que el texto que aportó el equipo desplazado al lugar fue modificado directamente por la dirección de informativos. “Es un ataque muy grave a la profesionalidad de los trabajadores”, han señalado.

Según han añadido, la nueva versión del texto minimizó el hecho de que la alcaldesa de Campos intentara boicotear la protesta. Además, han apuntado que en los canales digitales sólo se informó de las pintadas en los búnkers que, además, eran de días atrás.

“Denunciamos que no se ha dejado ofrecer una noticia rigurosa con los hechos ocurridos. Exigimos que se deje trabajar a los profesionales de IB3 para trasladar la información de forma fidedigna”, han concluido.

El PSIB-PSOE, por su parte, ha denunciado públicamente lo que ha considerado un nuevo episodio de manipulación informativa.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha trasladado “toda la solidaridad” con los trabajadores de IB3 y ha criticado que en los canales digitales del ente sólo se informó de las pintadas vandálicas en los búnkers.

“IB3 es la televisión de todos, no el plató personal de Prohens ni la productora del PP”, ha criticado Garrido, que ha reclamado la comparecencia del director general de IB3 en el Parlament, para que dé explicaciones sobre lo sucedido.

La manifestación del Orgullo LGTBI ha salido en la tarde de este sábado a las calles de Madrid para reivindicar los derechos del colectivo.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

La manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ volverá a recorrer este sábado 4 de julio las calles de Madrid en el acto central de la semana del Orgullo. La capital acogerá una de las mayores movilizaciones por los derechos del colectivo en Europa, una cita que cada año reúne a cerca de dos millones de personas entre asistentes, activistas y visitantes.

La edición de este año se celebra bajo el lema “¡A las calles con Orgullo! Disidencia y resistencia”, con el que las entidades organizadoras quieren poner el foco en la defensa de los derechos LGTBIQ+ y en la necesidad de mantener la movilización social ante el incremento de los discursos de odio y las agresiones contra el colectivo.

Los convocantes sostienen que la manifestación continúa siendo una de las principales herramientas para reclamar nuevos avances en materia de igualdad y para evitar retrocesos en los derechos conquistados. En este sentido, alertan del aumento de la violencia y la discriminación hacia las personas LGTBIQ+, por lo que consideran necesario reforzar la respuesta desde las instituciones y la sociedad.

El manifiesto de este año también denuncia situaciones de discriminación que siguen afectando al colectivo, como el rechazo familiar, el acoso, las agresiones, la invisibilización o las dificultades que todavía encuentran muchas personas trans para que su documentación refleje su identidad. Asimismo, reivindica una sociedad más inclusiva y libre de estereotipos.

La marcha arrancará a las 19.00 horas desde la glorieta de Carlos V, en Atocha, y recorrerá el Paseo del Prado hasta la plaza de Colón, donde está prevista la lectura del manifiesto final. El recorrido volverá a atravesar algunos de los principales ejes del centro de la ciudad y se prolongará hasta la noche.

Como cada año, se espera una importante afluencia de público durante toda la jornada, por lo que habrá restricciones al tráfico y un amplio dispositivo de seguridad y transporte para facilitar el desarrollo de la marcha y garantizar la movilidad en el centro de la capital.

La manifestación está organizada por FELGTBI+ y COGAM, con la colaboración de AEGAL. Se trata de una convocatoria estatal, lo que significa que colectivos de toda España se dan cita en Madrid para manifestarse en conjunto.

La movilización combinará, una vez más, el carácter reivindicativo con el ambiente festivo que ha convertido al Orgullo de Madrid en un referente internacional. Las tradicionales carrozas volverán a desfilar por el recorrido de la manifestación, acompañadas de música, asociaciones, colectivos y miles de participantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Una vez finalizada la manifestación, la programación del Orgullo continuará con conciertos en los distintos escenarios instalados en el centro de Madrid. La Plaza de España, la Puerta del Sol, la plaza de Pedro Zerolo y la plaza del Rey acogerán actuaciones musicales y espectáculos hasta la medianoche.

La plataforma 'Menys turisme, més vida' ha exigit reduir per llei el sostre de places turístiques i que les retallades o restriccions d'aigua que s'apliquin en èpoques de sequera siguin prioritàries per als grans consumidors com hotels o camps de golf, abans que a la població local.

Així ho han exposat aquest divendres els portaveus de l'entitat, Pere Joan Femenia i Dani Comas, durant la presentació de les mesures que defensaran en la manifestació contra la massificació turística convocada per al pròxim 26 de juliol, a les 19.00 hores, a la plaça d'Espanya de Palma.

L'organització ha reclamat al Govern que impulsi davant del Govern central mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i fons d'inversió, reduir les places turístiques i prohibir el lloguer vacacional.

També ha exigit la prohibició “definitiva” de noves llicències de lloguer turístic, incrementar els recursos destinats a la inspecció del lloguer turístic il·legal, impulsar plans efectius de mobilitat sostenible, limitar l'accés a espais naturals saturats i posar fi a les campanyes de promoció turística mitjançant l'eliminació o reducció del pressupost de l'Agència d'Estratègia Turística de les Balears (Aetib) i de la Fundació Mallorca Turisme.

Entre les seves reivindicacions figuren també multiplicar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i destinar-lo a la protecció del medi ambient i a habitatge social; derogar l'amnistia urbanística en sòl rústic i reforçar-ne la protecció per a usos exclusivament agrícoles; així com augmentar la inversió en transport públic i garantir places d'aparcament per als residents durant els períodes de més demanda.

A més, la plataforma reclamen una regulació “dràstica” dels agroturismes, un pla de suport a l'agricultura local per garantir la sobirania alimentària i que el Govern reclami limitar l'arribada de creuers i prohibir l'amarrament de megacreuers.

Per altra banda, insten el Consell de Mallorca a establir una moratòria de noves places turístiques i dur a terme un pla per reduir les ja existents. També demanen una reducció progressiva de la flota de vehicles de lloguer i fixar un límit a través del sistema d'autoritzacions previst en la normativa.

Addicionalment sol·liciten intensificar les inspeccions contra el lloguer turístic il·legal, protegir el territori davant noves requalificacions i urbanitzacions, i posar fi a l'assistència a fires turístiques.

Quant als ajuntaments, reclamen suspendre o limitar de forma immediata la concessió de noves llicències de lloguer turístic, reforçar l'ús residencial de l'habitatge, modificar el planejament urbanístic per protegir el comerç de proximitat i tramitar la declaració dels municipis com a zones de mercat residencial tensionat.

Al Govern central demanen una regulació “més estricta” del lloguer de temporada i del lloguer turístic per evitar el frau de llei, mesures per reduir el preu del lloguer i mobilitzar els habitatges buits cap al mercat residencial.

També sol·liciten una moratòria a l'ampliació d'infraestructures turístiques estratègiques, limitar i prohibir l'atracada de megacreuers als ports d'interès general i reduir de forma “dràstica” el nombre de vols i operacions aèries.

Amb aquest document amb les peticions, Femenia ha declarat que 'Menys turisme, més vida' ha fet “la feina que ells no volen fer” i ha sostingut que les administracions ja disposen d'un llistat amb les mesures segons les seves competències. “La pilota és al seu teulat”, ha expressat, assegurant que si continuen “mirant cap a una altra banda”, continuaran mobilitzant-se contra “el Govern, el lobby hoteler, els fons d'inversió i els especuladors”.

La plataforma 'Menys turisme, més vida' ha exigido reducir por ley el techo de plazas turísticas y que los cortes o restricciones de agua que se apliquen en épocas de sequía sean prioritarios para los grandes consumidores como hoteles o campos de golf, antes que a la población local.

Así lo han expuesto este viernes los portavoces de la entidad, Pere Joan Femenia y Dani Comas, durante la presentación de las medidas que defenderán en la manifestación contra la masificación turística convocada para el próximo 26 de julio, a las 19.00 horas, en la plaza de España de Palma.

La organización ha reclamado al Govern que impulse mecanismos para prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de no residentes y fondos de inversión, reducir las plazas turísticas y prohibir el alquiler vacacional.

También exige la prohibición “definitiva” de nuevas licencias de alquiler turístico, incrementar los recursos destinados a la inspección del alquiler turístico ilegal, impulsar planes efectivos de movilidad sostenible, limitar el acceso a espacios naturales saturados y poner fin a las campañas de promoción turística mediante la eliminación o reducción del presupuesto de la Agencia de Estrategia Turística de Balears (Aetib) y de la Fundación Mallorca Turismo.

Entre sus reivindicaciones figuran también multiplicar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y destinarlo a la protección del medio ambiente y a vivienda social; derogar la amnistía urbanística en suelo rústico y reforzar su protección para usos exclusivamente agrícolas; así como aumentar la inversión en transporte público y garantizar plazas de aparcamiento para los residentes durante los periodos de mayor demanda.

Además, la plataforma reclaman una regulación “drástica” de los agroturismos, un plan de apoyo a la agricultura local para garantizar la soberanía alimentaria y que el Govern reclame limitar la llegada de cruceros y prohibir el atraque de megacruceros.

Por otro lado, instan al Consell de Mallorca a establecer una moratoria de nuevas plazas turísticas y llevar a cabo un plan para reducir las ya existentes. También piden una reducción progresiva de la flota de vehículos de alquiler y fijar un límite a través del sistema de autorizaciones previsto en la normativa.

También solicitan intensificar las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal, proteger el territorio frente a nuevas recalificaciones y urbanizaciones, y poner fin a la asistencia a ferias turísticas.

En cuanto a los ayuntamientos, reclaman suspender o limitar de forma inmediata la concesión de nuevas licencias de alquiler turístico, reforzar el uso residencial de la vivienda, modificar el planeamiento urbanístico para proteger el comercio de proximidad y tramitar la declaración de los municipios como zonas de mercado residencial tensionado.

Al Gobierno central piden una regulación “más estricta” del alquiler de temporada y del alquiler turístico para evitar el fraude de ley, medidas para reducir el precio del alquiler y movilizar las viviendas vacías hacia el mercado residencial.

También solicitan una moratoria a la ampliación de infraestructuras turísticas estratégicas, limitar y prohibir el atraque de megacruceros en los puertos de interés general y reducir de forma “drástica” el número de vuelos y operaciones aéreas.

Con este documento con las peticiones, Femenia ha declarado que 'Menys turisme, més vida' ha hecho “el trabajo que ellos no quieren hacer” y ha sostenido que las administraciones ya disponen de un listado con las medidas según sus competencias. “La pelota está en su tejado”, ha expresado, asegurando que si continúan “mirando hacia otro lado”, seguirán movilizándose contra “el Govern, el lobby hotelero, los fondos de inversión y los especuladores”.

La celebración del Orgullo 2026 en Madrid provocará importantes afecciones a la movilidad durante este fin de semana, con cortes de tráfico, restricciones de circulación y limitaciones al aparcamiento en diferentes puntos de la capital, especialmente en el centro. El dispositivo se desplegará con motivo de los actos del MADO y alcanzará su punto álgido el sábado 4 de julio, coincidiendo con la manifestación estatal.

Las primeras incidencias comenzarán este viernes, 3 de julio. Desde las 17.00 horas permanecerán afectados la plaza de Colón y el tramo de la calle Goya comprendido entre Colón y Serrano para permitir los preparativos de la marcha. Estas restricciones se mantendrán hasta las 12.00 horas del domingo 5 de julio. El sábado, desde las 11.00 horas, también se cortará el tráfico en la zona de Méndez Álvaro y la glorieta de Carlos V, donde permanecerá restringido hasta las 23.00 horas.

El principal dispositivo de tráfico se activará a partir de las 16.00 horas del sábado, cuando comenzarán los cortes en el recorrido de la manifestación, que discurrirá por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón.

Además, la Gran Vía también podrá sufrir restricciones en función de la afluencia de asistentes y de las labores de limpieza posteriores al evento. En la mayoría de los casos, las afecciones podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo. En el caso del paseo del Prado, el corte podría mantenerse hasta las 16.00 horas del domingo debido al cierre habitual de esta vía durante los domingos.

Cortes adicionales en otras zonas

El barrio de Chueca concentrará buena parte de las restricciones de tráfico por los conciertos del MADO programados en la zona. Durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio, entre las 17.30 y las 3.30 horas, permanecerán cerradas al tráfico las siguientes calles:

El domingo 5 de julio, entre las 18.00 y las 0.30 horas, continuarán los cortes en las calles Infantas, Barquillo, San Marcos y Colmenares.

Entre los días 3 y 4 de julio también podrán registrarse incidencias en el entorno de la Puerta del Sol, especialmente en las calles Mayor, Alcalá, Bailén, Esparteros y la plaza del Comandante de las Morenas. Además, en determinados momentos podría verse afectada la movilidad peatonal debido a la elevada asistencia de público.

En la plaza de España, desde el viernes hasta el domingo, se prevén cortes puntuales durante las tardes y posibles dificultades para acceder o salir de la M-30 por la Cuesta de San Vicente. La Gran Vía también registrará restricciones durante los días 3 y 4 de julio, así como el resto del fin de semana si la afluencia de personas lo hace necesario.

Además, con el objetivo de reforzar la seguridad del evento, los días 3 y 4 de julio, entre las 8.00 y las 16.00 horas, quedará restringida la circulación en el eje Gran Vía-Princesa, desde la calle Alcalá hasta Ventura Rodríguez.

La medida afectará a la circulación general, aunque podrán acceder determinados vehículos autorizados, como residentes, servicios de carga y descarga, autobuses de la EMT, taxis, VTC con origen o destino en la zona, autobuses turísticos autorizados, vehículos de limpieza y emergencias, personas con movilidad reducida, grúas, transporte funerario, unidades móviles de televisión y vehículos con acceso a hoteles, entre otros supuestos autorizados por la Policía Municipal.

Restricciones para vehículos pesados

El dispositivo especial por el Orgullo 2026 también impondrá restricciones a la circulación de vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada destinados al transporte de mercancías y viajeros.

En el distrito Centro no podrán circular los días 3, 4 y 5 de julio desde las 18.00 horas y hasta una hora después de la finalización de los actos programados. Además, los días 4 y 5 de julio la restricción se extenderá al barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa-Aravaca, dentro del perímetro delimitado por las calles Princesa, Ventura Rodríguez y Ferraz.

Asimismo, desde las 16.00 horas del sábado 4 de julio hasta las 16.00 horas del domingo 5 quedará prohibida la circulación de estos vehículos en prácticamente todo el distrito Centro, excepto el barrio de Embajadores, así como en los barrios de Recoletos y Castellana (Salamanca), Jerónimos, Pacífico y Adelfas (Retiro) y Almagro, Trafalgar y Arapiles (Chamberí).

Como medida excepcional para facilitar el abastecimiento de los comercios, el Ayuntamiento permitirá realizar operaciones de carga y descarga fuera del horario habitual entre los días 3 y 5 de julio en las zonas afectadas.

Las restricciones no se aplicarán a los vehículos participantes en la manifestación debidamente autorizados, autobuses de la EMT y líneas interurbanas, autobuses turísticos autorizados, servicios municipales de limpieza y emergencias, unidades móviles de televisión y vehículos destinados al transporte de viajeros con destino a hoteles o agencias de viajes situados dentro de las zonas restringidas.

Estaciones de Metro cerradas y refuerzo del transporte público

Las autoridades recomiendan evitar el uso del vehículo privado durante todo el fin de semana y optar por el transporte público para desplazarse por el centro de Madrid, donde se espera una asistencia multitudinaria a los actos del Orgullo 2026.

Metro

Metro de Madrid reforzará el servicio en las líneas centrales durante los días de mayor afluencia por el Orgullo 2026. El viernes 3 de julio se incrementará la frecuencia en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y el Ramal Ópera; el sábado 4 en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y el Ramal Ópera; y el domingo 5 en las líneas 2, 4 y 5.

Además, aumentará el personal de atención en las estaciones de Sol, Gran Vía, Callao, Sevilla, Tirso de Molina, Ópera, Santo Domingo, Chueca, Tribunal, Alonso Martínez, Retiro, Plaza de España, Colón, Serrano y Banco de España.

Por motivos de seguridad, y en función de la afluencia de público, podrán cerrarse varias estaciones: Chueca permanecerá cerrada desde las 18.00 horas hasta el final del servicio los días 3, 4 y 5 de julio; Sol cerrará desde las 18.30 horas los días 3 y 4, aunque se mantendrán los transbordos entre líneas; Plaza de España cerrará desde las 19.00 horas los días 3 y 4 y desde las 18.00 horas el día 5, salvo el acceso por ascensor para personas con movilidad reducida; Banco de España cerrará el sábado desde las 16.30 horas y Colón desde las 22.00 horas del mismo día.

Autobuses de la EMT

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará el servicio durante el Orgullo 2026. En función de la demanda, aumentará la frecuencia de las líneas exprés aeropuerto (203) y 200, y dispondrá de diez autobuses de reserva para la red diurna y entre diez y quince vehículos adicionales para el servicio nocturno.

Los cortes de tráfico obligarán a modificar el recorrido de numerosas líneas de autobús.

Viernes, 3 de julio (aproximadamente de 16.00 a 8.00 horas del sábado):

Sábado, 4 de julio (aproximadamente de 16.00 a 8.00 horas del domingo):

Domingo, 5 de julio (aproximadamente de 18.00 a 3.00 horas del lunes):

Cercanías

Cercanías reforzará el personal en las estaciones del centro, especialmente en Sol (líneas C3 y C4), y tendrá preparados trenes de reserva en Chamartín y Atocha para incrementar el servicio si fuera necesario.

Además, por orden de la Policía y ante el riesgo de aglomeraciones, los días 3 y 4 de julio, desde las 18.30 horas y hasta el final del servicio, los trenes no efectuarán parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada. Asimismo, 20 minutos antes del cierre de la estación dejará de permitirse el acceso de viajeros.

Autobuses interurbanos

La Comunidad de Madrid reforzará las líneas nocturnas los días 4 y 5 de julio. En total, se incrementará el servicio en 24 líneas que conectan Madrid con una treintena de municipios, entre ellos Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pozuelo, Majadahonda, Pinto y Valdemoro, con unas 8.000 plazas adicionales.

Taxi

Las paradas de taxi permanecerán operativas, aunque algunas podrán verse afectadas por los cortes de tráfico, especialmente las situadas en Isabel la Católica, Barquillo, Prim, Mayor, San Leonardo y Marqués de Casa Riera. Policía Municipal y Agentes de Movilidad vigilarán estos espacios para garantizar su correcto funcionamiento.

Bicimad

Hasta el 5 de julio permanecerán cerradas varias estaciones de BiciMAD situadas en zonas de máxima afluencia, entre ellas las de Prim, Chueca, Hortaleza, la plaza de Pedro Zerolo, Banco de España y Callao.

Autobuses turísticos

Las reservas de estacionamiento para autobuses turísticos y discrecionales también sufrirán afecciones por los cortes de tráfico. Las situadas en las calles Sevilla y Alcalá estarán restringidas el 2 de julio entre las 19.00 y las 23.00 horas y los días 3 y 4 entre las 18.00 y las 2.30 horas. Además, las reservas próximas a la plaza de Cánovas del Castillo se verán afectadas durante la manifestación del sábado 4 de julio.

Diferentes colectivos políticos, sociales y sindicales han llamado este jueves a participar en la manifestación convocada este sábado 4 de julio a las 12 horas, desde la Plaza de Numancia a la Plaza del Ayuntamiento, para defender la sanidad pública cántabra, ya que consideran que “hoy ese derecho está seriamente amenazado, tanto en Cantabria como en el conjunto del Estado”.

La movilización cuenta con el apoyo de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria, Izquierda Unida, Podemos, PSOE, Cantabristas, CGT, ATI, Intersindical Cántabra y diferentes colectivos sanitarios de los Hospitales de Valdecilla y Laredo, que han hecho un llamamiento a toda la sociedad cántabra para defender “uno de los mayores logros colectivos de nuestra democracia: una sanidad pública, universal, de calidad, suficientemente financiada y gestionada desde el interés general”.

Los organizadores han denunciado que la sanidad pública no solo “protege a las personas cuando enferman” sino que es “uno de los principales motores de cohesión social” porque reduce las desigualdades, combate la pobreza, genera empleo de calidad, impulsa la investigación y la innovación y constituye uno de los servicios públicos “mejor valorados y más necesitados por las personas de Cantabria”.

Asimismo, han cuestionado los tiempos para acceder a servicios sanitarios mediante preguntas dirigidas a la ciudadanía sobre cuántos días se espera para una cita con el médico de cabecera o cuántos meses para una consulta especializada.

Más profesionales en la red pública

Además han defendido la necesidad de que el dinero que se desvía a las clínicas privadas y concertadas “se quede en la sanidad pública” y han exigido que aumente el gasto en profesionales sanitarios de esta red.

Al hilo, han reclamado específicamente que “los 250 millones de euros que se dan a Santa Clotilde vuelvan a nuestro sistema sanitario público”, y han alertado de que “la consecuencia inmediata del desvío del dinero público hacia la sanidad privada es el empeoramiento de las listas de espera y la rebaja de contenido y capacidades de la sanidad pública cántabra”.

Los convocantes han enfatizado que “la privatización de la sanidad no es únicamente una cuestión de gestión. Es una cuestión de salud” y han rechazado un modelo en el que “se consolidan conciertos estructurales de larga duración, se transfieren recursos públicos para impulsar infraestructuras privadas, se facilita el acceso empresarial a los datos sanitarios, se privatizan espacios estratégicos de investigación y se desplaza progresivamente la capacidad de decisión desde las instituciones públicas hacia intereses privados”.

El Tribunal Supremo ha abierto una sexta causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas de febrero de 2024. Unos días en los que el agitador y líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal de Telegram con cientos de miles de seguidores, el uso de “grava y estiércol” para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para “dividir” a las unidades policiales durante las protestas en Madrid.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican que estos mensajes van más allá de un “discurso crítico frente al Gobierno” una convocatoria de protestas, protegidos por la libertad de expresión, ideológica y la participación política. “Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados”, afirma el Supremo.

Se trata de la sexta causa penal abierta contra el hoy eurodiputado, que también está imputado por el acoso y hostigamiento a sus dos eurodiputados y a la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia, por amenazas al alcalde de Algeciras y también por financiar de forma supuestamente ilegal su campaña a las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo.

En este caso la causa llegada desde un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid pone el foco sobre los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram en febrero de 2024 sobre las protestas con las que los agricultores llevaron sus reclamaciones por la situación del sector hasta las puertas del Ministerio. Manifestaciones que en ocasiones se tradujeron en disturbios y en las que Alvise Pérez intentó capitalizar poco después de tener un papel protagonista en las concentraciones de la calle Ferraz de noviembre de 2022 y pocas semanas antes de anunciar que se presentaba a las elecciones europeas donde consiguió tres escaños.

Entre otros mensajes emitidos esos días en su canal de Telegram, el hoy líder de SALF instó a buscar “el colapso total, masivo y coordinado” de Madrid durante las protestas. “Prometemos un febrero de fuego”, afirmó. También urdió planes para “reaccionar de forma operativa” a la Policía Nacional para lanzar “pacíficamente” bolas de “barro y pintura” a los antidisturbios. Vídeos de las protestas muestran que fue golpeado por antidisturbios en las inmediaciones del estadio Metropolitano en Madrid.

Los jueces dejan la investigación en manos de Carmen Lamela y explican que no imputan a Alvise por los comentarios violentos que sus seguidores dejan en su canal, sino por sus propias arengas a bloquear carreteras y enfrentarse a la Policía Nacional. “La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos”.

Una manifestación, que ha partido a las 20,00 horas, desde la plaza del Mercado de Logroño, ha recorrido las calles del centro de la capital riojana en apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+. Una protesta convocada por la entidad social riojana GYLDA LGTBI+, a la que se han unido más de 40 entidades riojanas, entre asociaciones, sindicatos, colegios profesionales y partidos políticos.

La marcha reivindicativa ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer '¡A las calles con Orgullo! Disidencia y Resistencia'.

Antes de la misma, la presidenta de GYLDA LGTBI+, Ruth García, ha señalado: “Estamos ocupando los espacios, ocupando las calles de nuestra ciudad con diversidad, con orgullo, con el lema muy importante que es a las calles con orgullo, disidencia y resistencia. Es muy importante ante los discursos de odio seguir manifestando toda la ciudadanía”.

“Somos muchas más personas las que creemos en los valores fundamentales, en los derechos humanos y por eso nos reunimos hoy, salimos a las calles con celebración, pero también con reivindicación para poder mejorar la sociedad en la que vivimos”, ha añadido la presidenta.

Ha resaltado que, en esta ocasión a nivel nacional, se quiere “dar visibilidad a la intersex, que es la I de nuestras siglas y es muy importante porque aunque es casi el 2 por ciento de la población son personas que están invisibilizadas y que muchas veces también están siendo medicalizadas sin consentimiento así que esto nos da una oportunidad pues para hablar de derechos humanos, de autonomía corporal y como no de diversidad de cuerpos”.

Finalmente, ha indicado que “es importante que las formas de ser, las formas de vivir, las formas de amar o las formas de formar una familia no se encasillen dentro de unas normas rígidas, y que dentro de toda esta diversidad y la pluralidad podamos vivir y disfrutar con dignidad y plenitud”.

Tras recorrer las calles del centro de Logroño, la manifestación ha concluido en el Espolón, donde se ha leído el manifiesto en el que se ha puesto el acento en que “hoy salimos a las calles con Orgullo, disidencia y resistencia;a las calles que también son nuestras; a las plazas que también nos pertenecen; a los pueblos donde existimos aunque a veces no quieran mirarnos”, todo ello, porque “el Orgullo no es solo una celebración, es memoria, es lucha, es comunidad, es alegría compartida, ”y es también la decisión colectiva de no desaparecer“.

“Hoy celebramos lo conquistado: nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros afectos, nuestra diversidad. Pero también recordamos algo esencial: los derechos no se heredan para siempre, se defienden. Por eso hoy no solo celebramos, hoy nos organizamos, hoy resistimos, y hoy hacemos comunidad en disidencia”, ha señalado el manifiesto.

Además, han señalado que “frente a la ola reaccionaria: disidencia y resistencia, porque vivimos un momento de retroceso organizado, una ofensiva que intenta cuestionar lo que somos, lo que amamos y lo que nombramos”. “Nos señalan. Nos convierten en amenaza. Intentan devolvernos al silencio. Pero frente a eso, respondemos con disidencia y resistencia. Porque no vamos a permitir que el odio marque el ritmo de lo que somos. Y desde La Rioja lo decimos claro: no vamos a retroceder”, han concluido.

San Cristóbal de La Laguna ha vivido este sábado una de las movilizaciones por el derecho a la vivienda más multitudinarias de los últimos años en Canarias.

Más de 3.000 personas, según estimaciones de los convocantes, han salido a la calle para denunciar la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago. La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) y cuenta con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones, entre sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos feministas, ecologistas, estudiantiles y culturales de todo el archipiélago.

La marcha ha partido desde el Parque Estudiante Javier Fernández Quesada a las 11:30 horas, y desde el principio se pudieron escuchar gritos de protesta, como: “el gobierno de Canarias es una inmobiliaria” o “No es un piso chulo, es un puto zulo”.

Algunos participantes describen el ambiente combativo y familiar de la movilización y destacan que “fue muy transversal, no solo por los distintos colectivos, sino por todas las vecinas que no son necesariamente activistas y que se unian a la marcha durante al camino cuando nos veian pasar”.

Tras el recorrido se hizo una lectura de los manifiestos, en el que participaron el colectivo LGTB+ Abrir Brecha Canarias, la Asociacion para la Defensa de las Pensiones Publicas de Canarias, y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. El acto se cerró con las actuaciones musicales de Kinewa, La Cangreja y Zerpa.

“No faltan viviendas”

El manifiesto leído durante la concentración ha apuntado a los que señalan como responsables de la crisis: fondos de inversión, bancos y grandes tenedores que, según los organizadores, tensionan el mercado de forma deliberada. En Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, mientras el precio del alquiler ha subido un 143% en apenas trece años. Hoy, alquilar una vivienda media en el archipiélago cuesta más de 1.000 euros al mes, y comprar una casa equivale a ahorrar casi quince años de salario íntegro.

Las cifras son especialmente llamativas en La Laguna, donde el metro supera los 1.700 euros en el primer trimestre de este año, y marca un nuevo récord histórico. La media en canaria supera los 2.200 euros por metro cuadrad. Mientras, en el centro de la ciudad ha habido meses en los que los portales inmobiliarios llegaban a ofrecer más de 500 viviendas de uso turístico frente a apenas 49 en alquiler residencial.

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son, además, las dos ciudades de todo el Estado donde mayor es la concentración de multipropietarios, personas o entidades que acumulan varias viviendas destinadas al alquiler, lo que el Sindicato de Inquilinas vincula directamente a la turistificación del territorio y a la conversión de la vivienda en un activo financiero.

“El problema no son los migrantes”

El manifiesto ha subrayado con fuerza un mensaje político: el problema de la vivienda no son las personas migrantes. “El problema no son quienes comparten nuestras mismas dificultades para pagar un alquiler, encontrar trabajo o sacar adelante a sus familias”, han leído los portavoces del sindicato, que han revindicado la unidad de la clase trabajadora canaria frente a lo que denominan un “auge reaccionario” y el avance de la extrema derecha.

El texto ha puesto nombres y rostros concretos a esa clase trabajadora: camareros, cuidadoras sin contrato, artistas callejeros, jóvenes extutelados con menos de seis meses para labrarse un futuro. “Todos ellos forman parte de lo mismo”, ha concluido el manifiesto.

Trece medidas y tres interpelaciones directas a los gobiernos

El SIT ha presentado durante la marcha un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas de aplicación inmediata, entre las que destacan la declaración de zonas tensionadas con topes al alquiler, la instauración de contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de la compra especulativa de vivienda, incluida la adquisición por fondos de inversión y grandes capitales, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la recuperación de pisos turísticos para uso residencial.

Los organizadores han interpelado también de forma directa a las instituciones. Al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, le han exigido que declare el municipio como zona tensionada y ponga topes a los alquileres. Al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, le han recriminado la voluntad de recuperar la UNIPOL para actuar contra los ocupantes de viviendas. Y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le han reclamado la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda aprobada hace tres años en el Congreso, así como mecanismos de expropiación de vivienda vacía.

“Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal”

El manifiesto ha cerrado con una declaración de intenciones: “No vamos a esperar a nuestros representantes políticos. Hoy empieza un nuevo ciclo de lucha vecinal donde los barrios recuperaremos el poder que tenemos para transformar este lugar que habitamos.”

La elección de La Laguna como escenario no ha sido casual. La ciudad, según el SIT, se ha convertido en uno de los ejemplos más crudos del proceso de expulsión que sufren los vecinos de sus propios barrios, y en símbolo de un modelo que amenaza al conjunto del archipiélago.

“¡Viva una Andalucía libre, igualitaria y orgullosa!”, gritó Belén Mayoral, del colectivo JANDA, desde el escenario de la Alameda de Hércules. A sus pies, miles de personas reivindicaban la memoria, el legado de las activistas que se dejaron la piel y sufrieron la represión y la violencia estatal, para que los derechos LGTBIQ+ fueran una realidad. Bajo el lema Desde el campo a la ciudad, ¡orgullo, lucha y libertad!, Sevilla clamó por la defensa de estas conquistas sin dar ni un paso atrás ante el avance del discurso del odio tanto en los poderes políticos como en distintas esferas sociales y rechazó de pleno la institucionalización del acto y el intento de control, dado que, aseguraron, el manifiesto tuvo que ser enviado previamente al Ayuntamiento de Sevilla antes de ser leído en la plaza.

“La lucha es el único camino!”, “¡el orgullo no desfila, el orgullo reivindica!”, coreaban las calles durante la tarde. Entre el gentío estaban Nicolás y Ana, procedentes de Dos Hermanas que ven con preocupación los pactos que se den la próxima semana. “Se nota la influencia del discurso del odio, sobre todo en las redes sociales”, comparten, “y como andaluz me siento un poco decepcionado”. “Yo tengo miedo, y espero que la gente arranque”, expresó la joven, que sufre todavía el estigma de la invisibilización de la bisexualidad asegurando. Ante sus ojos, las banderas de los colectivos, las familias diversas, el orgullo crítico, el de la tercera edad, uno de los más olvidados, las drags y los carteles por el avance hacia el no binarismo mostraban el camino que aún queda por recorrer entre la población andaluza.

Con purpurina, abanicos, brillantes en sus caras, estaban contemplando la manifestación un grupo de amigas. Ainhoa, Almudena o Ana, todas ellas de primero de Bachillerato, de 16 años, y con ganas de participar a las puertas del 28 de junio, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969. “Sí hay odio, sobre todo en redes sociales, donde se pueden esconder”, dicen varias, “hay más amenaza en el discurso de odio de la ultraderecha, por ejemplo”. Incluso, los compañeros de clase “muestran comentarios de asco, como las personas más mayores que eran de otra época” y una de ellas admite que conoce a quien con la edad ha abierto su mentalidad ante la diversidad, “algo que no sucede con ellos”. ¿La solución? “Educando desde muy pequeño, desde el principio, sin hacer raro nada ni excluir”.

“No se atreverán”

A escasos metros Almudena declara que “ha habido un cambio radical”. Mirando la actualidad, apunta que hay otros países “con más amenaza”, sobre todo cuando lo compara con hace apenas unos años cuando fue apedreada por ir de la mano de su pareja en una Sevilla que no permitía vivir con libertad su orientación sexual. Este hecho, tan lejano en el tiempo pero tan presente en su memoria, la lleva a recordar su participación en Colectivo, una asociación con la que participaba en las primeras manifestaciones por el movimiento queer y resistía frente a la persecución de la policía. Andalucía, pionera en una ley trans y, en concreto, la capital hispalense como cuna de la primera marcha por la libertad sexual del 25 de junio de 1978 encabezada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR).

Con total seguridad, afirma que “Vox no se atreverá” a echar atrás los derechos LGTBIQ+. Esa misma idea la comparte uno de los manifestantes que se declara votante de la ultraderecha. “No lo harán”, contesta a su pareja hombre, con quien lleva 44 años y que, pese a que los distancie sus ideologías, comparte una historia de vivencias y evoluciones sin paragón. “Antes estabas en el pueblo, sin móvil, sin poder salir de allí, en cambio, ¿ahora? Los jóvenes lo tienen mucho más fácil”. Su compañero sonríe y, al mismo tiempo, le asegura que “sí noto que hay más odio, yo lo siento, siento ese rechazo”. A su familia le costó aceptar su orientación sexual, pero, poco a poco, pudieron contar con su apoyo. Su madre contempla la marcha desde una silla de ruedas, acompañada por su hijo y su yerno.

En otra silla, más bien en un capazo, está la hija de Alberto. Ahora se sube a los hombres de su pareja con alegría y soltura, que no se quiere perder ni un detalle de lo que está sucediendo. “En las aulas se ven cambios, pero todavía hay mucho por hacer”, asegura el docente, aunque reconoce que es más fácil vivir la disidencia en las ciudades porque quedan “muchos ambientes que son difíciles”. Con la llegada de la pequeña a la familia, experimentó un cambio: “Muchas veces he visibilizado mi realidad en las clases, sobre todo a raíz de ser padre, porque tenerla a ella... Me ha hecho mostrarme más”, como signo del cambio, como muestra de que existe y nunca más será ocultado.

Frente al intento de control: “Somos la última mierda”

La Alameda de Hércules fue el punto y final de una marcha, que transcurrió por la Ronda Histórica a causa de las obras en la ciudad, con la lectura del manifiesto por el Orgullo LGTBIQ+. En el escenario, Raúl González, de la Fundación Triángulo, apuntó directamente a la ola conservadora que intenta derribar los cimientos de una sociedad más plural y diversa: “La ofensiva internacional de la ultraderecha contra los derechos humanos, que en España representan Vox, Se Acabó la Fiesta y Aliança Catalana, entre otros. Una ofensiva que promueve el odio, legitima la violencia y señala a las personas más vulnerables”. A lo que sumó la deriva trans excluyente que “con la excusa de salvaguardar los derechos de las mujeres, pretenden imponer una agenda tránsfoba y homófoba”.

“Este es el manifiesto de las entidades LGTBIQ+ que trabajan durante 364 días al año y este manifiesto ha tenido que ser enviado al Ayuntamiento de Sevilla: estamos hartos de pedir permiso, por lo que hoy pido perdón. Veinte años de Orgullo que queríamos que fuéramos grande, grandísimos, pero no este institucionalizado, en el que las entidades LGTBIQ+ somos la última mierda”, clamó, “y probablemente el año que viene no me veáis aquí, como ocurrió el año pasado, cuando alguien decidió que prefería verme abajo, por lo que la lucha debe seguir”.

Como recordó Carmen Sivianes, del colectivo ICHTHYS: “La Constitución afirma que todas las personas somos iguales ante la ley, sin embargo, la realidad sigue demostrando lo contrario”. La identidad de género o la orientación sexual, así como la corporalidad, la situación migratoria o el estigma asociado al VIH, entre tantas cuestiones, continúan siendo una losa para el colectivo. Una losa que rompen cada vez que salen a la calle para luchar por sus derechos: “Porque no hay Orgullo sin lucha, porque no hay libertad sin igualdad, porque no habrá igualdad mientras exista discriminación”.

A su lado, Aaron García, de la asociación ILBS, recordó que para muchas personas “vivir en un pueblo o en una pequeña localidad sigue significando más aislamiento, menos recursos y mayores dificultades para ejercer derechos que deberían estar garantizados”, subrayando que “nadie debería renunciar a ser quien es por el código postal en el que nació, decidió vivir o las circunstancias le forzaron a vivir”. El llamado sexilio, que obliga al individuo a emigrar forzado por el odio y el rechazo que le rodean, lo llevó a proclamar: “Defendemos también unos servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa que permitan financiar políticas de igualdad reales”, como en los entornos rurales en los que, apuntó, “la asistencia en materia de salud mental y sexual continúa siendo escasa”.

Cumplimiento de las leyes trans y LGTBI y nueva ley Intersex

Frente a los recortes presupuestarios, el Orgullo en Sevilla pidió “el cumplimiento efectiva de las leyes trans y LGTBI, que obligan a todo el Gobierno andaluz, no solo a una consejería”, criticó Agustín Burgos, del grupo Crezco, además de pedir a todas las administraciones “facilitar los procesos de regularización de las personas migrantes”, especialmente para aquellas del colectivo que son perseguidas.

En este sentido, Abel Guerrero, de la ONG Stop, recalcó la necesidad de aprobar una ley Intersex “que complete y fortalezca la protección de los derechos humanos de las personas intersex y sus familias”, al igual que desarrollar políticas de diversidad que lleguen a todo el territorio. En un momento en el que los delitos de odio crecieron en 2025 tanto en el conjunto del país como en la comunidad, donde se registraron un total de 295 incidentes, de los que 75 fueron por orientación sexual y de género y otros 22 por discriminación por sexo o género. En este punto, cabría señalar que el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia notificó en su último infome, en 2021, que se alcanzaron 367 incidencias, con mayor incidencia en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Más allá de los datos, hoy mismo se produjo la detención de 12 personas, siete de ellas menores de edad, por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025, apuntaron sobre el escenario. “Frente al odio, Orgullo, frente al miedo, comunidad, frente a la discriminación, derechos, y frente a quienes quieren hacernos invisibles, más visibles que nunca, porque la fiesta no solo no ha acabado, sino que acaba de empezar”, recalcó Belén Mayoral al finalizar el manifiesto.

“Todos los andaluces, sin distinción”

En los días previos a la manifestación, la Plataforma Orgullo LGTBI de Andalucía, entidad organizadora, emitió un comunicado en el que criticaba la actuación del Consistorio dirigido por José Luis Sanz (PP). Una publicación realizada por el Ayuntamiento contenía la denominación Pride Sevilla como un festejo organizado por la corporación y usaba un lema “que no tenía nada que ver” con el acordado. A su vez, se describía la marcha como “cabalgata de junio” o “feria de junio”, lo que para la plataforma supone “una falta de respeto” y “una apropiación política”.

A la petición para la retirada de la publicación también se sumó la Fundación Triángulo Andalucía, que compartió un escrito en el que subraya que “las manifestaciones no las hacen los gobiernos, sino la ciudadanía” y recordó que en 2025 “se intentó decir lo que teníamos y lo que no teníamos que decir” en la lectura del manifiesto en la Alameda. Junto a la rectificación, también pidieron “enterarse de las políticas LGTBI en el seno del Consejo LGTBI de Sevilla o al menos en el pleno municipal y no en FITUR”, aparte de aplicar la regla presupuestaria del 50%: por cada euro dedicados a grandes eventos del colectivo, al menos otro para políticas sociales.

La discrepancia entre colectivos y ayuntamientos no se da solo en Sevilla. En la provincia vecina, la Plataforma Córdoba por la Diversidad criticó duramente el enfoque del Ayuntamiento de José María Bellido (PP) y realizó su propia hoja de ruta con una manifestación para mañana domingo, adecuándose al 28J en vez de hacerlo con anterioridad el día 13. La fragmentación de la organización responde, según avanzó la plataforma, con la necesidad de recuperar el espíritu de “lucha y protesta colectiva” en las calles, más allá de la agenda lúdica municipal.

En una jornada marcada por las reivindicaciones sociales con las marchas por la vivienda en Córdoba, Cádiz y Málaga, con miles de personas clamando por soluciones efectivas para la crisis habitacional, la población andaluza sale una vez más a reivindicar sus derecho en contraposición a que el rechazo tome de nuevo las instituciones. Es más, será el mismo martes cuando el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se someta al debate de investidura en el Parlamento, donde necesitará el apoyo de Vox para validar su mayoría y dar inicio a la próxima legislatura. Sin embargo, los de Manuel Gavira y Santiago Abascal ya han avanzado que, entre sus objetivos, está la derogación de la ley trans y los recortes en materia de igualdad. En lo simbólico también marcan las distancias, como que no se presentaran en el acto de izada de la bandera del Orgullo en el Parlamento andaluz.

Al respecto, la consejera en funciones de Igualdad, Loles López, afirmó antes del inicio de la manifestación por el Orgullo que durante “los 365 días del año” ondean la bandera LGTBIQ+. Preguntada por las líneas rojas a marcar con su probable socio de gobierno, aseveró que “el presidente se ha pronunciado: queremos un gobierno que gestione para el bien de todos los andaluces y buscamos el bienestar de todos los andaluces, sin distinción”.

La Asociación WADO LGTBI ha denunciado este sábado el veto impuesto por PP y Vox, que gobiernan en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante la manifestación del XVII Orgullo LGTBI en la que este año no ha podido participar Carroza del Orgullo, y ha obligado a modificar el evento, suspendiendo un concurso previsto.

El colectivo ha pedido “explicaciones” a la alcaldesa Ana Guarinos sobre esta decisión. Según WADO el consistorio no ha permitido que circule esta carroza, “alegando que no pueden ir personas sobre el vehículo”.

“Desde 2023, nuestra carroza ha recorrido las calles del Orgullo con personas a bordo, con barandillas laterales y sin que se produjera ningún incidente. Así fue en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, este año se nos comunica que no se autoriza que personas viajen sobre la carroza e incluso que esta circule, alegando motivos de seguridad”, según WADO.

La manifestación se celebró este sábado pero sin la carroza. La concentración comenzó en la plaza de España con un recorrido que pasó por el Palacio del Infantado, Miguel Fluiters, calle Mayor, plaza de Santo Domingo, Paseo del doctor Fernández Iparraguirre y terminó en la explanada Centro San José por la cuesta del Matadero. Al finalizar se realizará leyó un manifiesto.

La celebración continuó después, a partir de las 22 horas, con la Fiesta del Orgullo y la participación de 'Antojitos Drag Show' además de las actuaciones de Adele Gazza, Kristo Van Kler, Sobredosis y Christwood, y dj además de Fotomatón 360º, además de sorteos, zona de barra y comida.

“No entendemos por qué ese criterio no se aplica a otros eventos”

“Lo que no entendemos es por qué ese criterio no parece aplicarse igual en otros eventos de la ciudad” y se refieren en particular al desfile de carrozas de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, similar al que se viene celebrando con motivo de la Manifestación del Orgullo LGTBI, ha denunciado el colectivo.

WADO LGTBI habla de “agravio comparativo que demuestra las ganas de que se reduzca la visibilidad de la cita” y lamenta “profundamente” la decisión del Ayuntamiento.

Ayer, durante un pleno municipal, PP y Vox también rechazaron colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Guadalajara, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo que se celebra cada 28 de junio.

Cádiz, Málaga y Córdoba se manifiestan este viernes contra la crisis de vivienda que se expande por todo el país y que afecta especialmente a Andalucía en un contexto donde la turistificación y la pérdida de poder adquisitivo en los salarios plantea graves grietas para la convivencia social. En las marchas organizadas en las capitales de ciudad, siendo la de Córdoba a las 19.30 horas, clamaron contra el tensionamiento de un mercado que a lo largo de la última década no ha dejado de encarecerse: un 23,03% de media en los alquileres de toda la comunidad entre 2015 y 2024, y un nuevo máximo histórico en el precio del metro cuadrado.

El Ministerio de Vivienda difundió a finales de mayo que el precio había alcanzado los 2.315 euros en el primer trimestre de 2026 en el conjunto del país, un 13,9% más que en el mismo periodo del año anterior. En las provincias andaluzas, Huelva tuvo una variación del 11,1% frente a 2025, con 1.480 euros por metro cuadrado, mientras que Sevilla fue del 12,8% (1.839 euros/m2); Cádiz con un 13,4% (1.988 euros/m2); Málaga un 14,2% (2.988 euros/m2); Córdoba un 10,7% (1.285 euros euros/m2); Jaén con un 8,8% (868 euros/m2); así como Granada con un 14,9% (1.635 euros/m2); y Almería, que experimentó una subida del 11,2% hasta llegar a los 1.454 euros por metro cuadrado.

En este contexto, las organizaciones vecinales han dado un golpe en la mesa, criticando la precarización a la que está sometida la población. En Cádiz, la marcha convocada a las 12.00 horas por el Sindicato de Inquilinas logró atraer a unas 500 personas, según la organización, que partieron desde la plaza de San Antonio hasta llegar a la plaza de San Juan de Dios. Entre los participantes, estuvieron las asociaciones locales y plataformas estudiantiles, al igual que partidos políticos y organizaciones sindicales. María Sánchez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, reclamó que “Cádiz no es el paraíso de la especulación ni de los rentistas”.

El centro histórico, similar a lo que sucede en las demás capitales andaluzas, vive las consecuencias de la proliferación de los apartamentos turísticos, aseguró, como la pérdida del 25% de su población en los últimos veinte años, especialmente en los barrios de La Viña y El Pópulo. “La vivienda es un derecho y no un lujo”, reclamó, para lo que se necesitan precios “acorde con los salarios” y acabar con “el fraude de ley de los alquileres temporales”.

Málaga

Más de 4.500 personas, según la Policía Nacional, salieron a las calles de Málaga para manifestarse contra la crisis de la vivienda en una ciudad donde los precios han escalado sin dar tregua: entre 2015 y 2024 los alquileres se encarecieron un 32,7% frente al 23,03% de media en toda Andalucía, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), acelerando así el proceso de gentrificación en la Costa del Sol. Con el lema “por la vivienda, contra la precariedad y la destrucción del territorio”, los manifestantes marcharon bajo el sol reclamando una gestión pública y una solución urgente para el tensionamiento del mercado.

La manifestación, que partió a las 11.30 horas de la plaza de la Merced, incidió en que “ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos”. Así, se trata de la cuarta movilización desde 2024, tras la del 29 de junio, el 9 de noviembre y el 5 de abril del pasado año. En una atención a los medios, Lula Mir, representante Málaga para Vivir, aseveró que “la crisis habitacional ha llegado a un límite”: “La crisis llega a todos los entornos de la vida, destroza el territorio, la huella ecológica es terrible, y frente a los grandes inversores, los vecinos y las vecinas son expulsadas”.

Hacia la huelga general

Mir pidió “poner el freno” e ir “hacia una huelga general”: “No esperamos a que las instituciones respondan, porque no lo van a hacer, saben perfectamente cómo regular el precio de la vivienda y cómo se protege a la ciudadanía, y solo dejan caer las medidas para tener una mínima protección”, en referencia al escudo social que rechazó PP, Vox y Junts.

Por su parte, Alberto Martín, portavoz de la plataforma, aseguró que ante la “situación de precarización” están abriendo un proceso organizativo para que culmine en esta movilización nacional. “Vemos que la turistificación de la vivienda expulsa a las vecinas cada vez más lejos y lo que haremos será autoorganizarnos hacia una huelga general por la vivienda que frente este proceso de mercantilización”, aunque no especificaron cuáles son los interlocutores con los que cuenta el colectivo. En todo caso, buscarán “forzar” el proceso porque “los sindicatos no están escuchando”, aunque pretenden que se sumen a esta convocatoria pronto.

Los ingredientes para este caldo de cultivo son transversales, complejos y conocidos: escasa oferta, altos precios de compraventa de inmuebles y mayores costes del alquiler frente a una política de vivienda escasa mientras que la entrada de viviendas turísticas ha ido in crescendo en toda Andalucía en el último lustro frente a la construcción de un 6,5% de VPO en una década. En mayo de 2025 había un total de 96.176 viviendas destinadas al alquiler turístico, un aumento del 8,8% en comparación a 2024 y que representa el 2,06% sobre el parque total de viviendas, tal y como recoge el Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025, publicado por CCOO. De esta cifra, Málaga posee el mayor porcentaje de viviendas turísticas de la autonomía: un 50,3% con un total de 48.412 inmuebles.

El análisis advierte que hay 152.774 viviendas vacías, de las que 16.638 se encuentran en la capital y se trata de la única provincia que en 2025 experimentó un crecimiento del alquiler medio por encima del centro (a unos 914 euros). Además, un ciudadano debe dedicar de media hasta un 48% de su salario para pagar el mes, dando cuenta de la extensión de la crisis habitacional y de la falta de poder adquisitivo de los habitantes del sur andaluz.

“Se dejó caer el escudo social”

En el manifiesto del 27J los manifestantes incidieron en que salen “para demostrar una vez más que, ante esta situación de crisis que vivimos, con alquileres por las nubes y salarios por los suelos, no nos resignamos”. “Que vamos a seguir organizándonos y movilizándonos hasta lograr acabar con este modelo de ciudad y de sociedad que extrae beneficios para unos cuantos a costa de precariedad y miseria para las muchas”, apuntaron.

Además, recordaron que “no es una manifestación aislada, hace parte de un ciclo de luchas que avanza sin detenerse, porque nos va la vida en ello”. Frente a la movilización ciudadana, criticaron la inacción de “los distintos gobiernos, central, autonómico y local” que “no se hacen cargo de una situación que no deja de empeorar, y se dejan caer medidas básicas pero necesarias como el escudo social contra los desahucios y el decreto de prórroga de alquileres”.