Claro que el derrumbe, entre llamas, de la torre del ayuntamiento de Limoges es impactante. Ver las barricadas, incendios, saqueos de comercios, en París, Lyon o Burdeos conmociona. Los líderes de derecha ultra y ultraderecha, se frotan las manos felices de hallar, al fin, imágenes para respaldar sus falsas acusaciones de que los manifestantes por la justicia social y la gente de izquierdas somos “radicales peligrosos”.

Ahí está Almeida que hasta ahora justificaba sus acusaciones de “riesgo violento” con la foto, en la acampada de Sol, de un cuchillo para untar humus; ahí Ayuso criminalizando a las y los maestros madrileños en huelga por la enseñanza pública que ella destruye; ahí también Garamendi, líder de la CEOE, quien quiere aplicarnos la violencia de tener que currar enfermos, pidiendo “que no se incendien las calles” en la huelga general del 11N, más invocando el peligro que conjurándolo; ahí salta Abascal hablando de “turbas antieuropeas de izquierda” y Feijóo directamente hace campaña pidiendo el voto al PP “para apartarnos de la violencia que está alentando la izquierda radical”. Trump, culpa de los altercados en Francia “a la inmigración musulmana”.

Al movimiento ultraderechista global le viene de perlas que la ira estalle para que llamas, humo y sangre distraigan de las razones del malestar social.

Protestas en España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia… Albania

Los reaccionarios apuntan hoy al “contubernio izquierdista-inmigrante”, igual que Franco azuzaba el miedo al “contubernio judeo-masónico”. Pero si eso explicara las protestas, ¿por qué ocurren también en Albania, con casi un 0% de inmigrantes y ya gobernada por la izquierda?

Igual no hemos seguido las noticias albanas. Puede que ni situemos el país en el mapa. En cambio, el yerno de Trump, Jared Kushner, lo tiene bien localizado. De hecho, las revueltas albanesas empezaron por las maniobras del marido de Ivanka para comprar terreno en un parque natural protegido, para crear allí un resort turístico de megarricos. Especulación y pelotazos de milmillonarios a costa de la población. ¿Nos va sonando?

Manifestaciones al inicio pacíficas en Francia, Italia, Albania… han derivado en conflicto. Violencia ciudadana en respuesta a un sistema violento que oprime hasta prender la chispa para acusar a la gente y reprimirla.

La sociedad civil, con protagonismo estudiantil, se ha puesto en pie, llena de dignidad, para evitar que les tomen el pelo. Incluso gente albanesa emigrada ha vuelto al país para defenderlo de este ataque e invasión de capital extranjero. Las manifestaciones, durante meses pacíficas, han crecido, englobando protestas contra la corrupción, la falta de inversión en sanidad y educación, el aumento del coste de la vida… ¡Caramba, qué coincidencia!

La verdad es que una indignación ciudadana, de causas comunes, recorre Europa: España, Francia, Alemania, Italia, Albania... y más recientemente Portugal y Grecia. Y copan las portadas los enfrentamientos estallados en Francia e Italia… Violencia ciudadana en respuesta a un sistema violento que, aplasta y empuja a las personas hasta hacer saltar la chispa, para, tras etiquetarlas de “agresivas”, aporrearlas, gasearlas, dispararles cañones de agua e imponer el toque de queda, es decir, recortar la libertad. ¡Llegando el francés Macron a prohibir todas las manifestaciones salvo las sindicales!

Soldados y policías fascistas infiltrados

Pensemos un segundo. Por cada protesta, en España o fuera, desmadrada o de un pacifismo ejemplar, ¿cuánta violencia policial? Solo aquí, en nuestro país, el empujón de ese policía salvaje que le fracturó la mandíbula a una maestra en huelga y que en el juicio dice que “la desplazó por protocolo”; las brutales cargas en el desahucio de la fallecida Maricarmen; la agresión policial en la Complutense, incluida la rotura del brazo de una estudiante a quien iban a romperle la cara; la veintena de heridos, incluso en la cabeza, en las marchas contra la turistificación en Palma; la saña de agentes al golpear al profesorado crítico con Ayuso, que coreaba: “Somos docentes, no delincuentes”; las decenas de lesiones, en la protesta contra Vox en A Coruña. Tremendo suma y sigue...

Tenemos un problema serio con nuestra Policía y Ejército. Las torturas y vejaciones a cargo de soldados denunciadas por personas inmigrantes en Ceuta, reveladas por elDiario.es, con audios y vídeos, documentados por Amnistía Internacional, con partes de lesiones atestiguados por el hospital ceutí, que han llegado a los tribunales no nos están poniendo los pelos de punta como merecen. Ni llevan a una respuesta tajante por parte del gobierno progresista y ese PSOE y Sumar que lo integran. Los ministros socialistas de Interior y Defensa, Marlaska, y Robles se limitan a dejar que los jueces diriman responsabilidades. ¡Peor aún, Pedro Sánchez da un espaldarazo a Margarita Robles en pleno escándalo nombrándola su número 2 al Congreso por Madrid!

Nuestra democracia tiene que depurar cuando antes y en defensa propia a los infiltrados fascistas que hay en la Policía y Ejército. Ese caballo de Troya que maltrata a migrantes y manifestantes, jalea el “¡A por los rojos!” de Vito Quiles y sueña resucitar el franquismo.

Es el clásico “guiño conservador” del PSOE. El clásico error de contemporizar con lo intolerable en vez de atajarlo. Incluso ahora que el partido socialista español sufre en sus carnes los desvaríos y ataques de otros socialistas, como la danesa Mette Frederiksen, quien justifica y hace suyas políticas ultraderechistas, racistas y contrarias a los derechos humanos. No sólo en lo relativo a las migraciones, sino queriendo autorizar el uso de la fuerza en las escuelas.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad, en estados democráticos y de derecho, como el nuestro, deben servir para garantizar los derechos y libertades ciudadanos. Pero, obviamente, hay mucho facha infiltrado que actúa, como si fuera brazo armado de un estado autoritario. Lo hacen mientras lo añoran y conspiran para volver a imponernos la dictadura fascista. No ya en chats privados, como ése, revelado en 2020, donde ex altos mandos escribían que no quedaba “más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Este último 12-O, al salir del desfile, legionarios en activo apoyaron el grito de Vito Quiles: “¡A por los rojos!”, bramando entusiasmados.

Amenazas de Vox y PP

La conducta violenta y amenazadora de ciertos policías y militares no es aislada, sino eslabón de una cadena. La misma que desde las redes sociales ha culpado falsamente a Ahmed y Youssef de matar a una anciana para hacerles diana del odio. Esa a la que pertenece el vídeo del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé y su compañero en el Congreso José María Figaredo amenazando con superar la motosierra de Milei y “usar un bulldozer” para “llevarse por delante a quien sea”, cuando gobiernen.

Incluso el líder del PP, ese Feijóo que desde Galicia hacía gala de moderado, acaba de amedrentarnos nada sutilmente, pese a disfrazar sus palabras de mensaje a “anti okupas, jetas y corruptos” al advertirnos (minuto 00.59 del vídeo): “Dicen: Cuidado que viene el PP. Pues sí, que tengan cuidado”.

Lo que nos faltaba, era el fascista presidente argentino Milei, viniendo a llamar “dictador” al presidente Sánchez, legítimamente elegido, y a vociferar que hay que “sacar a los socialistas a patadas”.

Ojo con la violencia, física, verbal y sistémica. El único futuro sostenible, ilusionante y en paz pasa por creernos en serio, proteger y ampliar los derechos humanos, la convivencia democrática, la justicia y el bienestar social.

Este jueves, la vecindad de Martutene ha dicho basta. Alrededor de 120 personas han boicoteado el trayecto de un autobús de la línea 26 de Donostia subiéndose todas juntas, con pancartas y silbatos, mientras coreaban cánticos. Debido al límite de capacidad del vehículo y por decisión de quienes esperaban el bus, no se han podido realizar todas las paradas. Los vecinos, con menores incluidos, han llegado al Boulevard en 38 minutos desde la parada de Larrunmendi, punto de partida del trayecto. El ruido dentro del autobús ha roto la serenidad del centro de la ciudad y ha hecho que la protesta no haya pasado inadvertida.

Dos vecinas han tomado la palabra para abrir la rueda de prensa. Han celebrado que hayan conseguido llenar el autobús, una alegría que sus acompañantes han compartido. Sin embargo, el tono ha cambiado rápidamente: la euforia inicial ha dado paso a la rabia que les provoca que “una de las líneas principales” de DBus esté tan recortada. Desde 2023, la línea 26 ha sufrido recortes de frecuencia. La ruta atraviesa siete barrios y cuenta con 20 paradas.

Normalmente, el trayecto dura “entre 35 a 40 minutos” y recorre “apenas 4 kilómetros”. Los días laborables, la espera es de 15 minutos, mientras que los festivos alcanza los 20. Pero los domingos la línea realiza su último trayecto a las 21.40 horas, “dejando a Martutene completamente incomunicada por las noches”. Las vecinas han recalcado que esta situación perjudica la “vida social y económica del barrio”, sobre todo a los trabajadores de hostelería y comercio, a los jóvenes y a los estudiantes, como los del MKE.

“No somos ciudadanos de segunda”, ha declarado una de las vecinas. Ha destacado que Martutene no cuenta con ambulatorio, polideportivo ni casa de cultura, ni con ningún tipo de complejo para el ocio —aunque sí una antigua cárcel—. Por esa razón, ha defendido que “una movilidad eficiente es necesaria para garantizar la equidad y cohesión social en la ciudad”. Además, ha señalado que tampoco cuentan con servicio de Euskotren, que en menos de un mes inaugurará tres estaciones —dos en Amara y una en Antiguo—, mientras que “las frecuencias de Renfe se encuentran fuertemente recortadas debido a las obras ferroviarias en la zona”.

A pesar de esta situación, las vecinas han recordado las palabras de la concejala de Movilidad, la nacionalista Olatz Yarza, quien calificó el servicio público como “deficitario”, una justificación que, según denuncian, se ha utilizado para rechazar las propuestas del barrio. “Año tras año, podemos ver cuáles son los intereses y prioridades de este Ayuntamiento”, han declarado las portavoces vecinales, que han señalado la “gentrificación y turistificación” de la ciudad.

Entre las exigencias del barrio se encuentran aumentar las frecuencias de la línea 26 y ofrecer un “bus directo especial” que realice menos paradas intermedias. También proponen que la línea 31, que llega hasta el polígono 27, aproveche “sus minutos de margen” para entrar en Martutene. Por último, plantean cambiar la ubicación de la última parada, ya que un tercio del barrio debe caminar más de 500 metros para llegar a ella. Las vecinas han recordado que las recomendaciones generales de la Unión Europea sugieren “que el ciudadano de cualquier barrio periférico debería tener un acceso a una línea de transporte público a menos de 500 metros de su casa”.

Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró este jueves en la plaza de María Pita.

Según recoge Europa Press, el grupo político dirige su acción judicial contra el delegado del Gobierno por “haber permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que Vox tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado”.

“La Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de Vox y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes”, ha denunciado la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro.

Así, la querella atribuye a Blanco un presunto delito electoral, y posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas.

De este modo, concreta, Vox se querella contra las “personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre”.

“Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos”, detalla Castro.

La acción judicial se dirige también contra cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación.

Por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia, consultada por Europa Press, se ha eludido hacer declaraciones al respecto del anuncio de dicha querella.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y ha convocado un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.

En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron ha explicado que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

“La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, ha declarado Macron tras los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas masivas contra el encarecimiento del coste de la vida.

Y ha precisado: “Cuando se trate de organizaciones sindicales que quieran seguir manifestándose, los prefectos propondrán recorridos alternativos. Cuando no sean organizaciones sindicales, prohibiremos las concentraciones siempre que sea posible, para garantizar la calma y proteger los comercios y los edificios públicos”.

Las solicitudes de manifestaciones que se presenten se examinarán “conforme a la ley” y se les propondrán “itinerarios alternativos para proteger los centros urbanos, especialmente comercios y edificios públicos”.

Así las cosas, “para los próximos días y, en particular, para el sábado –ha continuado-, la línea de actuación está claramente definida: allí donde se pretendan organizar manifestaciones o concentraciones sin legitimidad para hacerlo, serán prohibidas por los prefectos. No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes”.

En el caso de París, la protesta ha sido autorizada con otro recorrido diferente al propuesto por sus promotores. El colectivo estudiantil Interfac y varias organizaciones afines a los 'chalecos amarillos' querían partir el sábado de la plaza de la Bastilla, pasando por la de la República y subiendo por los Grandes Bulevares hasta terminar en Opéra. La propuesta, que cruza el corazón del París Hausmmaniano y que pasa muy cerca de arterias comerciales como la Galerías Lafayette y de emblemáticos monumentos como el Palacio Garnier (sede de la Ópera clásica de París), ha sido prohibido por las autoridades francesas. Sin embargo, el recorrido de Bastilla a la plaza de Nation –el más común para las manifestaciones sindicales o políticas de izquierda– sí tiene el visto bueno. El sindicato CGT, el segundo mayoritario en Francia en número de afiliados, figura entre los organizadores de la protesta autorizada.

Según France Info, se han prohibido todas las concentraciones en Lyon y en el centro de Niza. La ciudad de Orleans prepara un dispositivo de seguridad excepcional ante el congreso del partido de la extrema derecha francesa Agrupación Nacional (RN) y las contramanifestaciones previstas el próximo fin de semana y se prohibido las manifestaciones el domingo, coincidiendo con la segunda jornada del congreso de RN.

Este jueves, los tribunales han anulado el veto a la marcha estudiantil prevista para el mismo día en la capital. En Francia, el derecho a manifestarse y a expresar opiniones está consagrado en el llamado “bloque de constitucionalidad”.

La eurodiputada de Francia Insumisa Manon Aubry ha calificado la situación de “grave” y ha asegurado que el Gobierno “ya no es capaz de garantizar el derecho constitucional a manifestarse”. “¿Acaso cree realmente que logrará calmar la ira social prohibiendo las manifestaciones? No deseo que las manifestaciones se lleven a cabo sin autorización, pero, por ello, insto al gobierno a que actúe con sensatez”, ha dicho.

“Actos políticos e incluso sediciosos”

El jefe del Estado ha atribuido de nuevo parte de los incidentes del 17 de octubre a grupos organizados de ultraizquierda. “El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación”, ha enunciado Macron.

También ha distinguido esas acciones de otros delitos cometidos durante los disturbios y frente a los que “debemos actuar con la máxima firmeza, aunque no sean de la misma naturaleza”, ha dicho .

“Ante esta situación, nuestra determinación es absoluta”, ha subrayado el jefe del Estado, al enumerar las disposiciones adoptadas en los últimos días para tratar de restablecer el orden en el país, conmocionado aún por los episodios de violencia, vandalismo y saqueos registrados en múltiples ciudades, aunque miles de personas también habían marchado pacíficamente.

“Estamos trabajando para restablecer el orden, mediante toques de queda, prohibiciones y otras medidas que aplicaremos en los próximos días. También estamos trabajando con las fuerzas políticas y sindicales, como corresponde”, ha señalado.

El presidente francés ha hecho alusión a la reunión de ayer del Gobierno con los líderes sindicales y a la que va a mantener también este jueves con las fuerzas políticas y con los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más importantes del país y también de las más afectadas por los destrozos y pillajes.

Para evitar que se reproduzcan esas escenas que han dado la vuelta al mundo, Macron ha avanzado que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán “intensamente” para que “su respuesta esté a la altura de la situación”.

Consejo de Defensa

Además, para preparar “adecuadamente” las medidas que se van a aplicar, el jefe del Estado anunció la celebración este viernes de un Consejo de Defensa, bajo su presidencia, en el que se adoptarán “medidas adicionales”.

La justicia continúa investigando los hechos del 17 de octubre, con miles de personas detenidas y cientos de encarcelados, según Macron, quien ha asegurado que las pesquisas seguirán adelante para esclarecer la identidad de los implicados y su grado de participación. “Se están llevando a cabo investigaciones más exhaustivas sobre las acciones más sofisticadas que se ejecutaron”, ha añadido.

El objetivo ahora es también que “el diálogo y el trabajo continúen sobre las demandas y reivindicaciones legítimas, especialmente las de nuestra juventud”.

El lunes, ha dicho, está prevista una reunión con organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, patronales, representantes de las administraciones territoriales y parlamentarios para continuar con ese diálogo.

El Ayuntamiento de París pide a la población la “máxima vigilancia”

El Ayuntamiento de París ha pedido a la población “la máxima vigilancia” de cara a la manifestación del próximo sábado contra el encarecimiento del coste de vida. El Consistorio advierte del riesgo de que el sábado se reproduzcan “nuevos actos de violencia de alborotadores que nada tienen que ver con el movimiento social” que se manifiesta.

“El Ayuntamiento adopta, desde este jueves, varias medidas preventivas en la vía pública, refuerza la movilización de sus agentes para este fin de semana y pide a vecinos y comerciantes que tomen precauciones básicas”, indica en un comunicado.

Por ello, recomienda “retirar” de la vía pública “a partir del sábado a medio día” cubos de basura, bicicletas, terrazas y mobiliario exterior. En ese sentido, las autoridades locales movilizarán hasta mil limpiadores.

La vuelta a las aulas en septiembre debería ser para la comunidad educativa un momento de ilusión, un retorno a la normalidad sembrando futuro para las nuevas generaciones. Sin embargo, el inicio de curso en Andalucía, que estrena cogobierno del PP con la extrema derecha, vuelve a poner de manifiesto carencias estructurales que dificultan la labor docente y la atención a nuestro alumnado.

Las elevadas ratios en las aulas, el abuso y la precariedad que viene arrastrando el profesorado interino, el déficit persistente de medios y recursos para la atención a la diversidad, la parsimonia en la adaptación de los centros a temperaturas extremas (pese a la Ley de Bioclimatización aprobada hace más de un lustro) y la asfixiante sobrecarga burocrática son solo algunas pinceladas sobre un panorama desgastante que sufren diariamente familias y docentes.

Esta dinámica repercute de manera directa en las condiciones laborales de las plantillas docentes, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 14% durante los últimos ocho años. Dignificar la profesión docente requiere actualizar las retribuciones conforme al incremento del coste de la vida, mejorando asimismo los complementos salariales por destino en zonas tensionadas (cruciales en un momento como este de crisis habitacional y urgente necesidad de medidas valientes en materia de vivienda). Urge asimismo reducir la carga lectiva para un seguimiento individualizado, revisar el complemento de tutoría y mejorar las condiciones de trabajo del personal interino en aspectos clave como más opciones para la conciliación en la petición de destinos (zonificación) y la garantía de su estabilidad laboral vía planes excepcionales de refuerzo y aumento de las plantillas docentes.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos

A todo ello se suma la necesidad de abordar con sensibilidad el envejecimiento de los claustros. Quince años después de los recortes de los años de la crisis financiera global, ya somos la mitad de la plantilla docente quienes nos vemos abocados a la jubilación con 67 años.

Desde USTEA y los STEs reclamamos la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 porque los retos educativos del futuro requieren de equipos docentes jóvenes de los que las bolsas de trabajo y las universidades están repletos. Y porque a largo plazo, el sistema es insostenible si no ofrecemos una dignificación de las condiciones laborales que haga de la docencia una profesión atractiva. Por ello, para cuidar a nuestros docentes más veteranos, desde USTEA reclamamos un plan de estabilización que garantice las vacantes al personal interino mayor de 55 años, aumentar los días de libre disposición, reducciones horarias adicionales para el profesorado mayor de 60 y reducciones de jornada voluntarias para el personal con menos de cinco años para la edad de jubilación ordinaria.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos. En el contexto socioeconómico andaluz, donde las desigualdades crecen y nuestro alumnado corre el riesgo de quedarse atrás, urge garantizar un aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y PTIS con plazas estables en cada centro, así como poner un tope a las ratios por especialista. De igual modo, la Formación Profesional requiere una oferta pública amplia, recursos adecuados y una implantación de la modalidad dual que no sobrecargue a las plantillas ni genere desigualdades territoriales.

Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública: de la atención a la diversidad, de las condiciones de sus profesionales y de sus valores democráticos, coeducativos y multiculturales. Por eso este 11 de noviembre llamamos a la huelga y a la movilización recordando que, en esta legislatura, la escuela pública está en juego.

Maryam Madjidi (Teherán, 9 de agosto de 1980) tenía seis años cuando llegó a Francia con sus padres, exiliados políticos iraníes. Creció en Drancy, en la periferia parisina. Años después convirtió esa experiencia en literatura: en Marx y la muñeca, premio Goncourt a la primera novela en 2017, reconstruye el exilio familiar y su relación con las dos lenguas y culturas que la habitan. En La edad ridícula aborda las inseguridades de la adolescencia y cuestiona la promesa de igualdad de oportunidades de la escuela francesa. Ambos libros están publicados en español por la editorial Minúscula.

La escritora ha participado en la Bienal de Pensamiento de Barcelona, en el CCCB, en un momento en que miles de jóvenes se movilizan en Francia para reclamar mejores condiciones educativas. Sus reivindicaciones dan una nueva actualidad a las preguntas que recorren su obra: ¿hasta qué punto estudiar permite cambiar de vida? ¿Qué obstáculos encuentra quien crece en la periferia?

En esta entrevista la autora afirma que se trata de una reclamación legítima y que es importante hacer una cobertura mediática más profunda que muestre las raíces del problema y no se centre únicamente en las acciones de unos pocos violentos.

Cuando ve a los estudiantes de secundaria manifestarse para reclamar mejores condiciones educativas, ¿reconoce en ellos algo de la adolescente que fue?

Sí, no es una cuestión generacional. Se ve que lo que yo sufrí en los años 90, es decir, la farsa de la igualdad de oportunidades. Me hicieron creer que la República era igualdad de oportunidades para todos. De hecho, no era así en absoluto. Porque yo lo descubrí más tarde, cuando entré en un sistema elitista y me di cuenta por completo de que estaba excluida de ese sistema. Por eso, creo que hoy, lo que está ocurriendo más de 30 años después, con la protesta de los alumnos de secundaria y de los universitarios, es exactamente lo mismo. Están denunciando un sistema educativo injusto, con diferencias muy, muy grandes en cuanto a nivel, recursos económicos y también recursos culturales. Me parece que su protesta es realmente legítima.

¿Cree que los medios de comunicación caen en estereotipos cuando cubren las protestas?

Es muy interesante porque en Francia, la cobertura mediática de las protestas, según algunos medios —no todos, pero digamos que la mayoría— son, por desgracia, medios que han sido comprados por multimillonarios. Se trata, pues, de canales de noticias continuas que ofrecen una imagen muy negativa de las protestas porque se centran únicamente en los alborotadores. Pero hay que decirlo claramente: los alborotadores son un fenómeno muy minoritario. Son el 10% de los jóvenes que están en la calle. El 90% son pacíficos, tienen reivindicaciones justas, nobles y legítimas.

En Francia estamos ante una lucha y una protesta que afecta a diferentes niveles de la sociedad

Y el problema es que los alborotadores siempre hacen más ruido. Como hacen más ruido, resulta más espectacular y los medios de comunicación transmiten la imagen de que las protestas son violentas, de que hay que meterlos en la cárcel, etc. Por lo tanto, los medios de comunicación y los periodistas tienen la responsabilidad de distinguir claramente, por un lado, a los alborotadores —evidentemente, no voy a defender eso, deben ser juzgados—. No se puede aceptar tal violencia. Pero, por otro lado, hay que mostrar que las reivindicaciones de los alumnos de secundaria y los universitarios están justificadas y denuncian un sistema injusto que hay que reformar sin falta.

En España vemos un malestar creciente de los profesionales de la educación y de los profesionales del sistema sanitario.

En Francia los estudiantes universitarios y de secundaria no están solos. También cuentan con el apoyo de sus profesores, ya que estos también sufren condiciones laborales muy difíciles, con clases masificadas. Cuando faltan, no se les sustituye. Hoy en día, también nos enfrentamos, por así decirlo, a una falta de reconocimiento de su trabajo. No cuentan con el apoyo de la dirección de sus centros, ni del ministerio, ni del Gobierno. Por eso, a ellos también les resulta muy difícil trabajar como es debido. En Francia, además, también cuentan con el apoyo de los chalecos amarillos, que también se manifestaron el sábado porque la vida es cara, porque la inflación no deja de aumentar, porque el precio del combustible también ha subido y porque no hay ayudas sociales para ellos. Todos los sindicatos han apoyado este movimiento. Nos encontramos ante una lucha y una protesta que realmente afecta a diferentes niveles de la sociedad. No se trata solo de los estudiantes de secundaria.

Ha ganado el premio Goncourt y es una escritora prestigiosa. ¿Qué le diría a aquellas personas que puedan pensar que es un ejemplo de que el sistema funciona, de que existe la movilidad social y de que el sistema no está roto?

Precisamente, yo represento dos cuestiones. Yo no soy la prueba de que el sistema funciona, ya que el sistema elitista me excluyó. Por eso, no había sitio para mí en la clase preparatoria en un prestigioso instituto. Después, encontré caminos un poco tortuosos, por así decirlo, para abrirme paso y alcanzar lo que quería alcanzar. Pero no fue el Estado francés quien me hizo un regalo. Y, en segundo lugar, yo represento la importancia del sistema público. ¿En qué sentido? Yo provengo de un entorno modesto. Mis padres no podían comprarme libros, así que ¿dónde los encontraba? En la biblioteca municipal. Cursé toda mi etapa escolar en centros públicos. Y después, recibí una beca del Estado en la universidad, pero eso también es el servicio público, también es una ayuda social. Así que, si se quiere, yo represento, por así decirlo el éxito del sistema público que desde hace 10 o 15 años los distintos gobiernos están desmantelando. Si mi éxito se debe a algo, si es que se puede hablar de éxito, se lo debo, ante todo, al sistema público francés.

Enseña francés a menores no acompañados. Cuando los escucha, ¿cuáles son las principales dificultades y puntos de dolor que expresan?

Hace 10 años que trabajo en un centro de la Cruz Roja Francesa. Desde hace cinco años, somos testigos de cómo una prefectura emite órdenes OQTF “obligación de abandonar el territorio francés”. Así pues, sistemáticamente, a los jóvenes a los que acompaño, cuando cumplen 17 años y medio, casi 18, les imponen una OQTF. Cuando cumplen la mayoría de edad entran, pues en una situación realmente difícil. Porque, a menudo, se trata de jóvenes que están formándose en un oficio. Tienen un jefe, están en un programa de formación profesional, por ejemplo, como panaderos, cocineros, electricistas, fontaneros, lo que sea. Cuando les llega esta obligación, suelen estar en medio de años de esfuerzo de formación profesional. ¿Cuál es el mensaje? En realidad, lo que se les está diciendo es: “No os queremos”.

“Los estudiantes en Francia denuncian un sistema injusto que hay que reformar sin falta”

Mis alumnos se dedican a ámbitos profesionales a los que los franceses no quieren dedicarse. Es decir, oficios difíciles: la cocina, la restauración, la panadería, todo lo relacionado con los oficios de la construcción. Son oficios duros. Los jóvenes franceses no se decantan por estas ramas, por lo que hay una escasez. Al mismo tiempo, en lugar de decir: “Vamos a regularizar vuestra situación, necesitamos trabajadores, necesitamos jóvenes que se dediquen a estos oficios”, se les impide acceder a ellos. Es una auténtica locura. Es incomprensible.

¿Es un problema de elitismo o de racismo?

Está relacionado. Nos damos cuenta de ello porque las clases populares suelen proceder de la inmigración. Hoy en día nos enfrentamos, de hecho, a la cuestión de la inmigración, que es una cuestión muy, muy política. Por eso, los candidatos, para conseguir votos, se centran en esta cuestión y culpan de todos los problemas de la sociedad a los inmigrantes, a los refugiados, a quien sea, para decir: “Si ellos dejan de venir, las cosas irán mejor”. Pero eso es una mentira contra la que hay que luchar porque los estudios sociológicos demuestran que un inmigrante en Francia también genera riqueza porque trabaja y paga sus impuestos. Por lo tanto, regularizar es también permitir eso, es decir: “Formas parte de esta sociedad, tienes papeles, vas a pagar impuestos, así que también vas a contribuir a la riqueza del país”. Porque siempre resulta más fácil, por así decirlo, atacar y criticar al extranjero, al que está fuera, que ver los verdaderos problemas internos del país y buscar soluciones.

“Yo no soy la prueba de que el sistema funciona, ya que el sistema elitista me excluyó”

Si pudiera cambiar una o dos cosas del sistema educativo francés, pensando en la niña que fue y en los jóvenes que se manifiestan hoy en día, ¿cuál sería su prioridad?

Siempre es la misma cuestión: dotar de presupuesto. Hay que destinar dinero a la educación nacional. Sé que, en Francia, ya se destina un presupuesto importante, pero no es suficiente. Eso se ve claramente. En cuanto se destinen más fondos a este ministerio, podremos sustituir a los profesores que faltan, tendremos clases menos masificadas y podremos ofrecer actividades culturales y todo aquello que también contribuya a abrir la mente de estos niños. La forma de construir una sociedad justa pasa por la escuela. Hay una frase de Víctor Hugo que me llevó a decidirme a ser profesora. Decía en el siglo XIX: “Abrid escuelas y cerraréis las cárceles”. Y es realmente así. La educación es, en definitiva, un indicador de la salud de una sociedad. Cuanto más desarrollada esté su educación, mejor le irá a esa sociedad.

Isabel Díaz Ayuso ha elegido otra vez el ataque. Esta vez, como respuesta a las protestas y la histórica huelga de la educación en la Comunidad de Madrid, con la que docentes, estudiantes y familias presionan a las administraciones para reivindicar una mejora de la educación pública. Para la líder madrileña es “gente que no respeta”, “que es violenta” y que “a través del acoso y la intimidación pretende no sé qué”. Un “coro rociero”, dijo también. Este lunes, un grupo de manifestantes se han congregado a las puertas de un acto de la presidenta autonómica y otro grupo han llevado a cancelar otro evento de la consejera de Educación: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”, argumentaban.

En la pasada rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, la consejera Mercedes Zarzalejo aseguró que ya estaban escuchando las peticiones de los sindicatos y que, de hecho, se sentaban “cada dos semanas” con ellos. “No podemos negociar las reivindicaciones que nos hacen supuestamente con esta huelga porque están fuera de toda lógica y todo sentido común”, dijo ante la prensa, después de haber difundido un bulo sobre el director de un colegio de una localidad madrileña.

A lo que Zarzalejo hacía referencia en su intervención es a la Mesa sectorial que mantiene con algunos sindicatos, pero no con el comité de huelga, que es un órgano distinto. Entre otras cosas, porque algunos de los sindicatos que están en la Mesa no están en el comité y porque las reuniones de la sectorial se producen cada vez que hay alguna temática concreta, pero no atienden a las reivindicaciones del comité de huelga. Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, explica que solo se ha reunido una vez para “negociar los servicios mínimos” con el comité desde que comenzaron los paros la semana pasada. “No han recogido ninguna de las exigencias”, critica San Millán, en conversación con elDiario.es.

El pasado jueves se celebró la tercera reunión de la Mesa sectorial para implantar la carrera profesional de los docentes, pero Comisiones Obreras decidió no acudir al encuentro. San Millán explica que les pareció una “falta de respeto” porque se convocó a la misma hora y día que se iba a llevar a cabo una concentración en el marco de las protestas. También porque ese tema, el de la carrera profesional, es algo que “quiere negociar” Zarzalejo, según CCOO: “Cuando vio la convocatoria de huelga se le ocurrió sacar lo de la carrera profesional, pero eso tiene un problema de base, y es que como docente no tendrías derecho a cobrar ni la mitad de esas retribuciones hasta los 18 años. Nuestras reivindicaciones —las del comité de huelga— son lineales y para todo el profesorado”, indica en conversación telefónica.

“Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de esta gente”

Pese a la visible incomodidad de la Comunidad de Madrid, las protestas continuarán. Ese es el mensaje que transmiten los sindicatos. Por lo menos, hasta que haya una intención de escucha activa por parte de las administraciones. Así lo han avisado también en los actos de este lunes: a primera hora de la mañana, más de un centenar de personas cortaba la A-3. Unas horas más tarde, otro grupo obligaba la cancelación de un acto de Zarzalejo en un instituto, unas protestas que la consejera ha tildado de “violentas”. Y, más tarde, se producía la concentración frente la Cámara de Comercio, donde Ayuso clausuraba otro evento y que ha terminado con cargas y más críticas de la presidenta: “Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de gente como la que tenemos en la puerta”.

El Sindicato de Estudiantes ha salido a responder a Ayuso en X: “Ni el desprecio de Ayuso y de su consejera Zarzalejo, ni su criminalización ni los porrazos de la policía del Gobierno 'progresista' van a frenar la lucha por la educación pública”. La intervención policial ha vuelto a dejar, como ocurrió la semana pasada en la Universidad Complutense, vídeos con policías cargando contra los manifestantes. Este periódico ha preguntado a Delegación de Gobierno por las cargas de este lunes, pero no ha obtenido respuesta a fecha de publicación de este artículo.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya vinculan los paros y las movilizaciones del sector educativo a las protestas de París, que dejan más de 2.000 detenidos, y señalan a la izquierda desde los primeros días de huelga porque, aseguran, se vuelve “violenta” cuando ve que “están perdiendo las elecciones”. Una reacción que CCOO califica como “muy triste”. San Millán ve que ahora el Gobierno de Ayuso muestra “agresividad” ante las manifestaciones, pero a pesar de las declaraciones de la presidenta y de su consejera mantienen que la Comunidad tiene “capacidad suficiente” para sentarse a negociar.

Por ahora, tienen que decidir si volverán a levantarse de las siguientes mesas sectoriales porque la situación, admite la secretaria general del sindicato, “pinta muy mal”: “Están manipulando y utilizando a la Mesa Sectorial”, asegura. “Necesitamos unos cuantos días más para demostrar a Ayuso que ni somos París, ni agitadores, ni tenemos armas en nuestras manos, tenemos lapiceros”, continúa San Millán, que no comprende las declaraciones de la líder regional sobre algunos de los docentes que protestan: “La presidenta nos representa como trabajadores públicos que somos. ¿O es que solo representa a una parte del profesorado, al de la privada y la concertada? Nosotros somos los que accedemos a través de unas oposiciones. Menos avergonzarse del profesorado y las familias que están peleando y más escuchar”, pide la coordinadora de CCOO.

Por lo pronto, los docentes volverán esta misma semana a intentar que la Comunidad los escuche y acudirán a la Asamblea de Vallecas a trasladar al parlamento madrileño reivindicaciones que atraviesan a todo el sector educativo y en todas las etapas. Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios... Los motivos siguen ahí.

Badajoz celebrará este miércoles, 21 de octubre, una concentración ciudadana con motivo del Día de los Hombres contra las Violencias Machistas, una jornada que cumple veinte años desde su primera convocatoria en 2006. La movilización tendrá lugar a las 19:00 horas en la Plaza de España y busca implicar a los hombres en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

La convocatoria está impulsada por la Red de Hombres Proigualitarios de Extremadura y el Grupo de Hombres por la Igualdad de Badajoz, que llaman a romper el silencio y asumir la corresponsabilidad masculina en la prevención y erradicación de las violencias machistas.

Bajo el lema 'El silencio nos hace cómplices', los organizadores reivindican la necesidad de que los hombres participen activamente en la solución de un problema que afecta a las mujeres. La concentración incluirá la lectura de un comunicado y supone la primera movilización pública de estas características que se convoca en Extremadura en esta fecha.

La jornada tiene además un significado especial en 2026, cuando se cumplen veinte años de la primera manifestación de hombres por la igualdad, celebrada en Sevilla el 21 de octubre de 2006 e inspirada en una llamada a la acción del escritor y premio Nobel José Saramago.

Un programa de actividades por la igualdad

La concentración forma parte de un programa de actividades que comenzó el pasado viernes, 16 de octubre, con una conferencia en Badajoz de Coral Herrera Gómez sobre la Revolución Amorosa.

Asimismo, este miércoles se celebrará un encuentro con jóvenes en la Universidad de Extremadura, en colaboración con su Unidad de Igualdad. La programación incluye también la difusión de materiales informativos destinados a promover la implicación de los varones en la eliminación de las violencias machistas.

Las actividades están organizadas por la Red de Hombres Proigualitarios de Extremadura y el Grupo de Hombres por la Igualdad de Badajoz, con la colaboración de distintas entidades sociales y el apoyo puntual del proyecto Masculinidades Corresponsables de Extremadura (CORREX).

Con esta iniciativa, los convocantes buscan visibilizar el compromiso de los hombres con la igualdad y reclamar una implicación colectiva para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Para la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las protestas de los docentes, que continúan estos días con la huelga educativa, es sinónimo de violencia. Así lo ha trasladado este lunes la líder madrileña a las puertas de un acto al que ha acudido en la capital y donde se han concentrado decenas de manifestantes de manera espontánea para reivindicar mejoras en la educación pública. En declaraciones a la prensa, la presidenta autonómica ha planteado sobre las personas que han acudido a protestar al edificio donde se encontraba: “La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Gente que, además, según ha dicho, está “untada por los sindicatos”. Sobre las 14.15, la presidenta ha partido en coche del acto.

Ayuso también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar las protestas “coaccionando a los gobiernos”: “Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez”, ha añadido ante la prensa, antes de comenzar la clausura de un acto al que asistía. La presidenta ha ido más allá en su intervención y ha llegado a vincular las protestas de estos días con las de París, que dejan disturbios en todo el país y más de 2.000 detenidos.

La Policía Nacional ha acabado cargando contra las personas que se manifestaban este lunes en las inmediaciones del acto. Según asistentes a la protesta, “ha sido un boca a boca” surgido al conocer la agenda de la dirigente mientras celebraban su habitual concentración frente a la Consejería de Educación, situada a pocos cientos de metros del Palacio de Santoña. En él, ubicado en el número 28 de la céntrica calle del Príncipe, Ayuso clausuraba este lunes el Foro Longevidad tiene nombre de mujer.

“Toda la marea se ha movido”, cuenta Diana, docente que ha acudido a la protesta y que dice haber sentido “miedo” cuando ha perdido de vista a alguna compañera cuando han comenzado las cargas policilaes. “Estábamos allí pacíficamente, con nuestras proclamas, hasta que la policía ha tirado pelotas de goma al aire, se ha puesto a arrear y ha venido a por nosotras para permitir que saliera Ayuso”, cuenta. Manuel, otro de los profesores movilizados, muestra a este periódico las marcas que han dejado en su mano “los porrazos de la policía”. Este periódico ha tenido acceso a una grabación en la que una persona se zafa de los agentes que le retenían y consigue volver al gentío tras subirse a un vehículo.

Martina avanza por su parte que pretenden eguir con estos actos “hasta que se sienten a negociar”: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”. Asegura que la intención es ir “escalando las protestas” ante la falta de negociación: “Llevamos tres años con las mismas protestas y manifestaciones sin que nos escuchen”. Sobre las cargas, otro manifestante llamado Alejandro sostiene que la intervención de la Policía ha sido “bastante violenta”, pese a que Diana recuerda que todas las personas congregadas eran “docentes y chavales de bachillerato”. Una de estas alumnas, cuenta, “estaba muy acongojada y he tenido que abrazarla”. “La forma en la que han cortado las calles nos ha dejado en una ratonera”, opina Irene, otra manifestante.

De nuevo, Ayuso ha vuelto a vincular las huelgas con que la izquierda no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha asegurado. La presidenta autonómica también ha recuperado la frase de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que dijo en la Asamblea que con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 que fue desahuciada, que no había “consuelo” y que tras el fallecimiento “no habrá paz en las calles de Madrid”, unas declaraciones que la bancada del PP y Vox consideraron como una amenaza. A su juicio, estas protestas están vinculadas con ese tipo de declaraciones. “Quiero saber si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando la Moncloa va a estar durante todas las elecciones”, ha añadido la presidenta autonómica.

La Comunidad cancela un acto de la consejera por las protestas

Unas horas antes, un grupo de docentes se había reunido a las puertas de un instituto al que tenía previsto acudir la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y que finalmente ha sido cancelado por las protestas. Ayuso ha responsabilizado tanto a Delegación de Gobierno como a Pedro Sánchez de “toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobierno y casualmente al mío, que es el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. “Están persiguiendo a mi consejera de Educación”, ha denunciado, sobre el escrache de esta mañana.

También este lunes, un grupo de manifestantes ha cortado la A-3 en plena hora punta por la huelga educativa, una protesta que para Ayuso “no es solución a nada”, así como “impdeir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas tampoco es solución a nada”.

Rubén Molina ya no creía mucho en la Justicia. Su condena por el caso Aturem el Parlament le reafirmó. Quince años después, este activista saborea la sentencia europea que ha sacado los colores al Tribunal Supremo por haber castigado con penas de cárcel el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación.

“Marchena y tantos otros jueces utilizan el derecho políticamente, aunque lo disfracen bajo una pátina de imparcialidad. Nuestro caso es paradigmático: la imparcialidad no existe”, afirma.

En conversación con elDiario.es, Molina reflexiona sobre su experiencia en un caso que se estudia en las facultades de derecho por las respuestas judiciales opuestas a la protesta contra los recortes aprobados por el Govern de Artur Mas en 2011. Aturem el Parlament también fue un ejemplo de unión entre los activistas encausados. “En todas las causas represivas, si vas solo eres mucho más débil”, advierte.

Incluso en los peores momentos del procedimiento, los encausados actuaron cohesionados. “Yo me tuve que casar para que, en caso de haber terminado entrando en la cárcel, mi pareja me pudiera venir a ver”, recuerda Molina, que destaca la “carga y la presión emocional y familiar” que conllevó la causa.

“No todos vemos el mundo igual, pero organizamos el viaje para el juicio en Madrid juntos, y nos ayudó porque la Audiencia Nacional es un lugar hostil”, rememora el activista. Admite Molina “altibajos” en todos los años del proceso, pero destaca el apoyo popular en las distintas manifestaciones que tenían como lema Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer [Yo también estaba en el Parlament y lo volvería a hacer].

El momento más complejo del procedimiento fue la orden de entrar en la cárcel que la Audiencia Nacional emitió en abril de 2015. El mismo tribunal especial la suspendió mes y medio después mientras se tramitaban los indultos. El riesgo de prisión fue real debido a la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, que revocó la absolución inicial y condenó a penas de tres años de cárcel a los activistas.

En contraste con la primera sentencia, que primó el derecho de manifestación de los activistas aun cuando la protesta incomodara a sus señorías, Marchena concluyó que los manifestantes de Aturem el Parlament provocaron un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara (que, sin embargo, se reunió y aprobó los recortes horas más tarde). El TEDH censuró que Marchena atribuyera a todos los acusados la creación de un “ambiente intimidatorio” sin atribuirles acciones concretas de violencia.

Molina se enteró del fallo del TEDH contra España a través de su abogado, Eduardo Cáliz. El activista se resigna a que, pese al revés de Estrasburgo, ni el juez Marchena ni el resto de magistrados que los condenaron reciban una sanción por una condena injusta.

“Al final, si se mira desde su punto de vista, hicieron bien su trabajo: mandaron un mensaje para evitar que la gente protestara contra los recortes”, ironiza Molina. El TEDH, en su sentencia, advierte que la resolución de Marchena, al castigar con penas de cárcel una manifestación, tuvo como riesgo generar un efecto desaliento (el denominado chilling effect) en la movilización social.

“Nuestro caso sirve para ver que el derecho no es una ciencia matemática, sino que es una ciencia social y, por lo tanto, es interpretable. Nos tenemos que preguntar quién accede a los puestos de poder de la judicatura y quién tiene este poder de interpretación. ¿Cuánta gente de clase popular puede pasarse años preparando oposiciones y contactos para llegar al Supremo? Al final se ven los sesgos de la cima”, asevera el activista.

Lo que conservan los activistas encausados es la memoria. “El primero que nos quiso condenar, pero quedó en minoría, es el ahora ministro del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska”, resalta Molina. El titular de Interior rechazó la absolución que redactó el magistrado Ramón Sáez en la primera sentencia de la Audiencia Nacional. La ponencia de Sáez fue un ejercicio de garantismo judicial que derrocó Marchena en el Supremo.

Otra de las paradojas del caso es la beligerancia con que los entonces diputados de Convergència Jordi Turull y Francesc Homs se enfrentaron a los activistas y que contrasta con sus posteriores alegaciones en la causa del procés contra el castigo del Supremo al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

Molina admite que al actual secretario general de Junts le gustaría preguntarle “si sigue pensando lo mismo” que cuando tildó de “despropósito” su absolución o testificó en su contra en la vista. A su juicio, la comparación entre Aturem el Parlament y la causa del procés muestra que, a diferencia de los neoconvergentes, para los activistas de base, los derechos sociales y nacionales de Catalunya están al mismo nivel.

“Contribuyeron a generar un mecanismo represivo que se les giró en contra y sirvió para condenarles por el procés”, apostilla Molina sobre los neoconvergentes. “Al final, la cuestión es si estás con el establishment o no. Nosotros participamos en las protestas contra la sentencia del procés porque la solidaridad no entiende de caras, se practica”.

Molina observa con esperanza las acampadas por la vivienda. Vuelve cierto aroma a 15-M. “La diferencia es que ahora todo el mundo está más precarizado, pero lo positivo es que tenemos a sindicatos y movimientos más organizados y podemos confrontar de forma más estratégica”. ¿Volvería a rodear el Parlament? La respuesta es obvia.

Una marea de miles de profesores, estudiantes y familias ha teñido esta tarde las calles de Madrid de verde en defensa de una educación pública y de calidad. Este miércoles, al comienzo huelga histórica que será indefinida, le acompaña una movilización multitudinaria que protesta contra la falta de recursos, la precariedad y la privatización de uno de los pilares del Estado del bienestar.

Los asistentes responden a las críticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuya consejera de Educación había calificado la huelga de “política”. “Se trata de madurez y de coherencia”, dice un maestro de Comisiones Obreras en la cabecera de la manifestación, que recuerda que la convocatoria de la huelga ya estaba fijada antes del anuncio de adelanto electoral. “Nosotros estamos luchando por nuestros derechos”, asegura. “Por más recursos, pero también por una mayor apuesta por lo público y no tanto por lo concertado y lo privado”, añade.

Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios, falta de recursos, de plazas públicas, de profesionales, precariedad, infrafinanciación con carácter general, privatización... la lista de reivindicaciones no termina y el descontento ha llevado a un acuerdo de todas las organizaciones para convocar la huelgas y las protestas.

La manifestación partía desde Atocha a las 18.00 horas y en ella no solo se podía apreciar el verde de las mareas por la educación pública, también el amarillo de las educadoras infantiles, que llevan desde primavera con movilizaciones y protestas en la capital para pedir una mejora de sus condiciones laborales, especialmente de su salario, fijado en unos 1.080 euros al mes.

“Manos arriba por la educación”, clamaban miles de personas desde Atocha, con mensajes para Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid: “Mercedes, escucha, la pública está en lucha”, decían por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Unas horas antes, Zarzalejo había asegurado que los colectivos que secundan la huelga no buscaban con ella la mejora de la educación, sino “calentar las calles”.

En la jornada tampoco han faltado críticas a la Policía por las cargas en la Universidad Complutense: “Menos policía y más educación”. Este miércoles por la mañana, la Policía ha cargado contra un grupo de manifestantes en la Universidad Complutense, por lo que el delegado del Gobierno en Madrid ha pedido a la Policía una “investigación de urgencia”. Según Zarzalejo, el seguimiento de la huelga es del 44,6%, mientras que Comisiones Obreras cifra el porcentaje en el 70%.

Pedro Fernández e Irene Lozano, estudiantes de máster en la Universidad Complutense y han acudido a la protesta por la educación pública. Coinciden en el foco de la manifestación: que se siga garantizando el acceso universal y de calidad educativo. El primero incide en la educación como “ascensor social”. Mientras los cánticos se centran en la huelga general, Irene explica por qué es necesaria. “Para que por fin nos hagan caso”, sintetiza.

“Más inversión en educación”, gritan los asistentes. “Es una vergüenza que estemos en la capital de España y tengamos el salario y las condiciones que tenemos”, dicen los portavoces en la cabecera. Muchos de los asistentes portan pancartas con mensajes contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Menos áticos, más educación”.

Violeta Ropero, Sonia Cantalejo y Sara Molero son profesoras de instituto. Pese a que imparten clase de distintas asignaturas y niveles —la primera en FP y las segundas en ESO—, coinciden en el diagnóstico: “Las ratios”. Según relatan, en las aulas conviven “muchos niños” con “necesidades diferentes”, cuestión que dificulta el aprendizaje y deja “la enseñanza en el aire”.

Acuden a la manifestación para reclamar “profesorado de apoyo, equiparación de sueldos, ampliación de espacios y herramientas suficientes”. Ropero insiste en que van “saturados” con las ratios y tienen que “llevarse mucho trabajo a casa”.

Cantalejo y Molero subrayan los sueldos y relacionan la problemática con la vivienda: “Madrid es una de las comunidades peor pagadas y donde los alquileres están más caros”. Finalizan con la misma consigna: “Veremos que conseguimos, tenemos que lucharlo”.

La Secretaria General de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, Aída San Millán, ha respondido durante la manifestación de este miércoles en Madrid a las críticas de la consejera Mercedes Zarzalejo y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que aseguran que se trata de una “huelga política” y no para mejorar la educación pública. La portavoz ha asegurado en declaraciones a elDiario.es que es algo que llevan escuchando desde verano: “Si están preguntando si es una huelga política, sí es contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, que llevan 30 años haciendo agonizar la educación”.

“Otra cosa es que sea partidista”, ha continuado San Millán, “y no ha sido partidista en ninguno de los momentos, ni antes cuando había un presidente del gobierno, ni ahora que no tenemos ningún presidente del gobierno”, respecto al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

San Millán también critica las palabras de Zarzalejo, que ha asegurado que se sientan regularmente para atender las peticiones de los sindicatos: “Hemos llegado a este punto después de décadas en una mesa inmovilista en la que solo se llevan los temas que la consejera quiere llevar porque le viene bien políticamente”, zanja. “Los últimos acuerdos que se han firmado que eran parciales y bastante limitados, encima tampoco se han cumplido porque hacen trampas en el juego”, asegura, en dirección a la Puerta del Sol.

“Llevan 30 años haciendo agonizar la educación”

La Secretaria General de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, Aída San Millán, ha respondido durante la manifestación de este miércoles en Madrid a las críticas de la consejera Mercedes Zarzalejo y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que aseguran que se trata de una “huelga política” y no para mejorar la educación pública. La portavoz ha asegurado en declaraciones a elDiario.es que es algo que llevan escuchando desde verano: “Si están preguntando si es una huelga política, sí es contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, que llevan 30 años haciendo agonizar la educación”.

“Otra cosa es que sea partidista”, ha continuado San Millán, “y no ha sido partidista en ninguno de los momentos, ni antes cuando había un presidente del Gobierno, ni ahora que no tenemos ningún presidente del Gobierno”, respecto al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

Las organizaciones juveniles han señalado de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid con consignas como: “Ayuso, Almeida, iros a la mierda”, “Defendamos la educación pública, fuera Ayuso” y “Dónde están los recursos, los recursos dónde están”.

Danielle de la Organización Internacional Comunista, afirma: “El problema de raíz es el capitalismo, el gobierno debería dar dinero, lo hay, pero se lo gasta Ayuso en un ático”. Para él, la solución reside en “organizarse para llevar a cabo la revolución”.

Diversos colectivos en defensa del pueblo palestino llaman a una concentración este jueves 15 de octubre a las 19.00 frente a la sede de los Teatros del Canal, en el número 1 de la calle Cea Bermúdez, contra la llegada de una compañía de danza auspiciada por Israel.

BDS Madrid, grupo local de la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel, impulsa una protesta que también secundan la Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina, la iniciativa Desarma Madrid o las agrupaciones Danza por Gaza y Artistas con Palestina.

La compañía Batsheva Dance presenta ese mismo día la coreografía Sadeh21, que será interpretada durante tres jornadas consecutivos. La entidad se creó en Israel en 1966 por Martha Graham, una de las figuras fundamentales de la danza del siglo XX. A partir de los noventa, el coreógrafo Ohad Naharin la impulsó como embajadora por el mundo de su país, que financia un tercio del presupuesto de sus producciones, así como los costes de desplazamiento para las giras internacionales.

El estreno lleva semanas convulsionando la escena madrileña. A finales de septiembre, Nacho Duato compartió varios vídeos en redes sociales pidiendo la cancelación de las actuaciones: “La Comunidad de Madrid invita a una compañía subvencionada por el Estado Genocida de Israel. En Francia lo han conseguido, Batsheva no va a bailar en París. ¿Qué pasa en Madrid, vamos a dejar que esto suceda?”.

El que fuera durante 20 años director artístico de la Compañía Nacional de Danza y actualmente director del ballet del Teatro Mijáilovski en San Petesburgo reforzó así una contestación social que este jueves se manifestará en Chamberí, pero que por el momento no ha replanteado la posición del equipo de Isabel Díaz Ayuso (su Ejecutivo gestiona este espacio escénico a través de la Consejería de Cultura).

El director de los Teatros del Canal apela a “lo artístico”

Las manifestaciones contra Batsheva son anteriores a la etapa más cruenta del genocidio promovido por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza. En 2012, su gira por Reino Unido estuvo repleta de incidentes: protestas en todas las ciudades, interrupciones de su espectáculo, cacheos al público para poder entrar a la sala y una tensión que nunca ha abandonado desde entonces a esta compañía. Asociaciones civiles alrededor del mundo han protestado por la presencia de esta compañía en México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia o Nueva Zelanda.

Ruperto Merino, director de los Teatros del Canal, exponía en declaraciones a elDiario.es que “las razones de la programación tan solo son artísticas”. “Tenía muy claro que esta temporada quería tener a las grandes compañías del mundo, Batsheva está en la programación por la misma razón que la Sydney Dance Company. La mayoría de los elencos de compañías internacionales tienen pasaportes de distintas nacionalidades. No puedes estar censurando compañías en función del país de origen. El arte tiene que estar por encima de todo eso”, afirmaba.

“Mi programación está basada en criterios estrictamente artísticos. Para mí, sus trabajos están por encima de cualquier otra consideración”, añadía Merino, al tiempo que optaba por “no entrar” a valorar si hay que mantener o no los criterios artísticos en relación a un Estado que comete un genocidio. “Aquí se tiene en cuenta lo artístico. Punto”, sostenía.

No es la primera controversia en este sentido en los Teatros del Canal, aunque sí la que más ha escalado. Miembros de BDS se quejaron en abril de 2025 con motivo de las representaciones de House, obra dirigida por el cineasta y dramaturgo Amos Gitai. “Financiada por Israel, formaba parte de una clara estrategia de lavado cultural en pleno genocidio y con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes”, explicaba la actriz Elisa Gelabert, portavoz de este movimiento.

Galabert afirma que pidió sin éxito una reunión con Ruperto Merino y que solo obtuvo una respuesta “telegráfica”: “Ignoró todo el contexto de la petición y se escudó en el prestigio del teatro que producía la obra, el Théâtre National de la Colline”. La intérprete cree que es un “grave error” que los Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid no escuchen a los artistas que muestran su “rechazo al blanqueamiento cultural mediante cartas, comunicados y acciones”. “Actúan como si el genocidio no existiese. Programar a Batsheva es una forma de legitimación indirecta de un Estado que está siendo investigado por genocidio y crímenes contra la humanidad”, concluía Gelabert. 

El estallido social que vive España desde hace tres semanas por el acceso a la vivienda ha desembocado, entre otras cosas, en una convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre. Una huelga reclamada por el Sindicato de Inquilinas, y por la multitud de personas que estos días ha llenado calles y plazas. 

Con Laura Olías, periodista especialista en información laboral de elDiario.es, analizamos cómo las movilizaciones más jóvenes y transversales apuestan por recuperar este método de presión sindical clásico que parecía haber caído en desgracia y el significado hoy de una huelga como esta. Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es, recordamos la huelga general de cuidados, o huelga feminista, celebrada en 2018. 

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Cuando el Congreso tumbó los decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts el pasado 2 de octubre, la gran movilización que se produjo junto al hemiciclo durante toda la mañana había ya disminuido sensiblemente. La mayoría de personas que permanecían en la Carrera de San Jerónimo y que protagonizaron el estallido de rabia tras la decisión parlamentaria pertenecían a una única organización, una de las grandes protagonistas en Sol —más allá del Sindicato de Inquilinas— desde la primera noche de acampada tras la manifestación del 26 de septiembre. La misma que ha convertido las banderas rojas en uno de los elementos más reconocibles de Sol y de las marchas por la vivienda: la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).

Libertad, que conversa con Somos Madrid en la Puerta del Sol, se define como “una militante más” de CJS. Pero fue precisamente la primera persona que tomó la palabra ante los medios cuando las derechas rechazaron las medidas impulsadas por el Gobierno central después del traumático desahucio de Maricarmen. “Que ni siquiera hayan podido aprobar estos parches nos muestra que lo único que este sistema puede ofrecernos a la clase trabajadora es una vida de humillación y explotación. Tenemos que seguir luchando”, declaró con rabia “Líber”, delante de una pancarta con el mensaje “PSOE y Sumar, responsables de nuestra miseria”.

CJS es seguramente el grupo que más visibilidad ha logrado en las últimas semanas al margen del citado Sindicato. Se trata de la rama joven del Movimiento Socialista, corriente surgida a finales de la década pasada en Euskadi que en pocos años ha logrado implantación por todo el país, en gran medida impulsada por el desencanto de muchos militantes del PCE ante su institucionalización. También, dice Líber, por “un proceso de crítica de lo que había sido el ciclo del 15M debido a su canalización de toda esa energía de las calles hacia una representación institucional incapaz de conseguir mejoras mínimas para la clase trabajadora”.

La llegada del Movimiento Socialista a la capital, por entonces bajo el nombre Encuentro por el Proceso Socialista, estuvo muy ligada a la okupación de dos espacios para establecer “un despliegue político donde se pudiera intervenir en lo local”. Así hablaban miembros de la organización de su papel en La Yuntera y El Arrabal, situados en los distritos de Latina y Tetuán, respectivamente.

Por aquel entonces, marzo de 2024, lanzaron además una sobria, pero intensa campaña en redes sociales. Es el estilo comunicativo digital que les sigue caracterizando dos años después, con mensajes directos y fácilmente entendibles, pero desprovistos de la habitual ligereza de las campañas políticas de corte institucional. Superan los 20.000 seguidores en X y los 33.000 en Instagram, aunque Líber recalca que tienen claro que sus principales tareas están en las calles.

Organización y disciplina para construir un horizonte de máximos

“Lo que nos define son los principios del marxismo revolucionario”, resume. “La sociedad capitalista está dividida en clases y es necesario plantear no una reforma de ella, sino una transformación completa mediante la abolición de la propiedad privada y la organización, en base a los principios de la planificación social y las necesidades de una mayoría”, expone. Otorgan un papel primordial a “la militancia disciplinada, el estudio de la teoría marxista y la independencia política”.

Creen que su propuesta de máximos es la más idónea para resolver problemas como el del acceso a la vivienda, motor de las movilizaciones sociales de las últimas semanas: “Mientras las necesidades sociales estén organizadas en función de las del capital, van a seguir ocurriendo situaciones como la de Maricarmen y en general todo lo que sucede con la cuestión de la vivienda. También con lo que vemos en cuanto a los bajos salarios, la degradación ecológica... sin una transformación completa, no vamos a superar estas situaciones”.

A la hora de aterrizar esas ideas y en concreto en materia de vivienda, plantean medidas como “la prohibición de la especulación y su uso como bien de mercado, la expropiación del patrimonio especulativo o la planificación social de las viviendas a nivel de construcción, pero también de planificación o rehabilitación para que sean universales, gratuitas y de calidad”. Un programa que depende, sostienen, de que “la clase trabajadora tome el poder político y genere una sociedad donde las necesidades se planifiquen al servicio de una mayoría”. Por ello, abogan por “una denuncia crítica del conjunto de situaciones que vive la clase trabajadora, no solo la vivienda, que integre los diferentes procesos de lucha mediante una solución real que pasa por ser revolucionaria”.

Para CJS, tan definitorios son los postulados como “la forma organizativa”: “Nos basamos en la militancia, el trabajo cotidiano, la lucha y la formación”. De hecho, Líber resta importancia a los focos que comienzan a recibir estos días y vincula este éxito a los años de trabajo previo: “La construcción organizativa tiene que ir más allá de un día o una semana y no se inicia cuando están las cámaras, sino en lo cotidiano. En asambleas juveniles en los barrios, en las universidades, en procesos de lucha previos relacionados con la vivienda y los desahucios o con la cuestión de la mujer trabajadora...”.

La construcción organizativa tiene que ir más allá de un día o una semana y no se inicia cuando están las cámaras, sino en lo cotidiano. En asambleas juveniles en los barrios, en las universidades, en procesos de lucha previos...

Libertad — Militante de la Coordinadora Juvenil Socialista

Líber contrasta esta implantación previa ignorada o minusvalorada por altavoces comunicativos con la constante atención hacia movimientos de extrema derecha a su juicio minoritarios: “Los medios de comunicación han aupado de manera permanente e intencionada el relato de que la juventud es de derechas. No es cierto. Las organizaciones socialistas tenemos mucho más peso que las fascistas, pero no su cobertura mediática. Lo que hemos visto en los últimos tiempos han sido grandes movilizaciones antifascistas con un preponderante carácter de clase. Han sido mayores que las fascistas, a los que se ha expulsado y desenmascarado como perros de la burguesía en cuanto no les apunta una cámara, pero se ha seguido con un relato falso de la derechización de los jóvenes. Es evidente que hay un giro reaccionario aquí y en todo el mundo, pero la realidad es distinta a la de ese discurso desmovilizador”.

Más allá de esa falta de presencia en medios, Líber cuestiona “lo que siempre se nos decía: que nuestra propuesta era imposible”. “En los últimos años, se ha dicho que el marxismo estaba muerto y había que renunciar a los principios revolucionarios, que solo podíamos plegarnos al reformismo y las propuestas de mínimos para conseguir un impacto masivo. En cambio, hemos conseguido crecer hacia una apuesta de masas sin renunciar a uno solo de nuestros principios”, sentencia.

Todo al rojo en la acampada

Como recuerda la militante, CJS ha estado presente en la acampada de Sol “desde un primer momento”. Se hicieron notar liderando muchos de los cánticos en aquella protesta del 26 de septiembre que acabó frente a la Real Casa de Correos. “Siempre hemos querido ver qué podíamos aportar con nuestra militancia organizada, nuestra implantación territorial y nuestros principios políticos, pero entendiendo que participan muchos otros colectivos y somos un agente más dentro de ella. Debemos contribuir sin apropiarnos de ella y sin perder nuestra presencia en acampadas de otras comunidades autónomas y en general en los procesos de lucha. La fuerza que está en Sol debe seguir movilizada dentro de unos años en las calles, los institutos, las universidades y los centros de trabajo”.

En cuanto a la continuidad, aclara: “No depende de nosotros, somos uno más de los agentes presentes”. Subraya eso sí “el carácter de punto de encuentro entre organizaciones y entre la clase trabajadora que está suponiendo, como se pudo comprobar en la comunión espontánea que se generó cuando se conoció la muerte de Maricarmen”. Eso sí, circunscribe la acampada a “una herramienta, que ha sido importantísima, pero tras la cual nos seguirán quedando muchos otros medios de lucha”.

Pese a ese mensaje de colaboración durante el asentamiento en Sol, estas dos semanas también han marcado un perfil propio que les ha convertido en una de las organizaciones más destacadas de la acampada. Se han decantado por ir más allá de las asambleas, de su puesto cerca de la calle Carretas o de las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas. “Hacemos apuestas propias que creemos que pueden ser importantes, como la reclama nocturna [otra manifestación junto al Congreso en la noche del 2 de octubre], donde plantear nuestro punto de vista diferencial”.

Esa agitación propia ha hecho de la bandera roja, gran símbolo de las protestas de CJS, uno de los elementos más reconocibles en Sol. “Es positivo. Al final no es la bandera del Movimiento Socialista, sino la de la clase trabajadora organizada. Para nosotros recuperarla era fundamental, no es una cuestión corporativa. Ojalá siga habiendo miles de jóvenes luchando debajo de ella”, opina Líber.

La bandera roja no es la del Movimiento Socialista, sino la de la clase trabajadora organizada. Para nosotros recuperarla era fundamental, no es una cuestión corporativa. Ojalá siga habiendo miles de jóvenes luchando debajo de ella

Aunque sin aportar cifras concretas, reconoce que ese protagonismo se ha traducido ya en un aumento del número de militantes: “Cada vez más gente pregunta por nosotros y se interesa en militar, colaborar o conocer nuestra apuesta política”. No obstante, apostilla que “lo importante más allá de las cifras es convertir ese interés en un compromiso duradero y organizado”. Una penetración social que permita tomar medidas de cambio “que no queden aisladas” y “desemboquen en la toma del poder político” mediante “un gran partido de masas comunista a escala europea, el nivel al que está organizado la burguesía”. Y añade: “No renunciamos hasta entonces a pequeñas reformas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero serán impotentes sin ese marco más amplio”.

En cuanto a sus próximos y más inmediatos pasos, CJS apoya la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre promovida por el Sindicato de Inquilinas y lanzada por sindicatos laborales, ante la cual han presentado “más de 100 comités para la juventud trabajadora para ejercer un trabajo a nivel barrial y que la gente siga organizándose más allá de Sol”.

Con más tibieza reciben el adelanto de los comicios anunciado por Pedro Sánchez al calor de las movilizaciones por la vivienda. “Han gobernado ocho años y no han hecho nada hasta que la situación de Maricarmen ha obligado a unas medidas mínimas”, critica Líber.

Desde CJS recalcan que su posición no es necesariamente abstencionista de cara al 29N o en los procesos electorales en general, pero defienden que la frustración generada por la caída de los decretos de vivienda ante la aritmética parlamentaria refuerza su visión: “Lo primordial es aportar por la organización de clase hacia medidas realmente emancipatorias”. Un potente discurso con el que buscan canalizar la efervescencia de un panorama social al rojo vivo.

El clamor por la muerte de Maricarmen se ha escuchado este viernes en Barcelona, a 500 kilómetros de Madrid, durante una nueva manifestación por el derecho a la vivienda que ha reunido en la capital catalana a miles de personas —3.000 según la Guardia Urbana, 15.000 según los convocantes.

Los manifestantes, ataviados con pancartas que llamaban a la huelga general del próximo 11 de noviembre, se han concentrado en la plaza Universitat de Barcelona para defender el derecho a una vivienda digna y promover el paro convocado para todo el país en una movilización promovida por varios sindicatos de vivienda. 

Antes de iniciar la marcha, los asistentes han guardado un minuto de silencio por la muerte de Maricamen frente a la Universitat de Barcelona (UB), iluminando el lugar con las linternas de sus teléfonos móviles. 

La manifestación iba de Maricarmen y de la vivienda, pero también de Olga —la mujer de l’Hospitalet que se suicidó tras ser desahuciada— y sobre todo de la huelga general.

Los convocantes han llamado a organizarse y movilizarse de cara al paro del mes que viene y la manifestación ha ido encabezada por una gran pancarta con el lema “Huelga general. Esto no ha hecho más que empezar”, acompañada de dos llamas dibujadas. 

También había pancartas que afirmaban que “El negocio de la vivienda mata” y a favor de “expropiar” a los “rentistas”. La marcha ha recorrido la calle Pelai, la plaza Catalunya, la calle Fontanella y la Via Laietana sin incidentes mientras los manifestantes gritaban contra los fondos buitre y contra quien hace negocio con la vivienda.

“La chispa que encendió Maricarmen ha permitido aprobar dos decretos con su nombre, ha tumbado un gobierno y ha inspirado una huelga general que parece que será histórica”, ha señalado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres. Arcarazo ha criticado sin embargo que “la gente que la ha matado, que es responsable de su muerte”, sigue “plenamente libre”.

La portavoz del Sindicat de Llogateres ha hecho un llamamiento a secundar la huelga general, no solo contra los grandes fondos de inversión, sino también “contra los políticos que están arrodillados ante la patronal, que legislan a su favor y contra los millones de personas que quieren un piso en el que vivir”, informa EFE.

Arcarazo ha responsabilizado de la crisis de la vivienda a las inmobiliarias, a los grandes propietarios y a los fondos de inversión, a los que acusa de provocar desahucios que “derivan en muertes y suicidios”. También les ha atribuido los “niveles de ansiedad altísimos” que sufren millones de personas afectadas por la crisis de la vivienda.

La portavoz ha extendido sus críticas a los representantes políticos que, según ha afirmado, “viven arrodillados ante la patronal” y legislan de manera sistemática en su favor y en contra de la vida de millones de personas. Arcarazo ha señalado a su vez al Gobierno de Sánchez, al que ha reprochado llevar “ocho años arrastrando los pies y bloqueando medidas serias”.

Entre los objetivos de la huelga figuran poner fin a los desahucios, conseguir contratos indefinidos, prohibir las compras especulativas y establecer un impuesto a la riqueza para ampliar sustancialmente el parque público de vivienda. Los convocantes también quieren impulsar la negociación colectiva de los alquileres y la posibilidad de organizar huelgas de alquileres.

Desde el Sindicat d'Habitatge Socialista de Cataluña (SHSC), su portavoz, Gisela Bermúdez, ha ido más allá al rechazar las bonificaciones fiscales “a los rentistas” y pedir “la expropiación de los pisos de los fondos buitres, reducir los alquileres a la mitad y contratos de alquiler indefinidos”.

Maricarmen ha muerto, a los 87 años, en el hospital. No ha muerto en su casa. La empresa Urbagestión la desahució hace dos semanas y, aunque un acuerdo posterior le iba a permitir volver a su casa, no tuvo tiempo para morir en el lugar en el que había vivido 71 años. Antes de morir, Maricarmen era ya un símbolo de la lucha por la vivienda: acampada en Sol, manifestaciones en toda España, decretos de vivienda y elecciones anticipadas. Pero, cuando pase el tiempo… ¿Cómo vamos a recordar a Maricarmen?

Se lo preguntamos a algunas personas que acamparon en Sol la primera noche, movidos por su ejemplo: Celia, Pablo, Miguel y Adela. Hablamos también con periodistas de elDiario.es que han seguido su historia a lo largo de los años: Germán Aranda, David Noriega y Guillermo Hormigo. Además, abordamos los bulos que se han dicho sobre Maricarmen en las últimas semanas con el periodista de Maldita.es, Julio Montes.

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Decenas de miles de personas han salido a la calle en varios puntos de España este miércoles en homenaje a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de toda la vida y que ha muerto este martes en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Desde la capital española, 20.000 personas, segun Delegación del Gobierno, se han concentrado en un marcha que ha ido desde la Puerta del Sol de Madrid hasta la vivienda en la que la anciana vivió durante más de 70 años.

No ha sido el único del país en salir a la calle. Miles de personas se han manifestado en Andalucía, Valencia, entre otros puntos del país. Mostrando su malestar por lo ocurrido con Maricarmen.

Después de tres años en construcción, el segundo vestíbulo de la estación del Topo de Anoeta, en Donostia, se encuentra operativo desde este jueves. Con el periodo electoral, no existió ningún acto de inauguración, pero sí una concentración de una veintena de trabajadores de Euskal Trenbide Sarea (ETS, el gestor autonómico de infraestructuras ferroviarias). Debido a que la negociación del nuevo convenio colectivo de ETS está bloqueada, desde septiembre sus trabajadores se están movilizando para exigir una nueva propuesta.

Ya con veinte meses en negociación, el colectivo recibió una propuesta de la empresa pública calificada por los trabajadores como “insuficiente e inaceptable”. Según explican los trabajadores, no se recogen las mejoras de condiciones económicas y sociales que “necesita la plantilla”, compuesta de alrededor de 300 personas. Entre estas, un trabajador le ha destacado a este medio las mejoras salariales así como las sociales, refiriendo a flexibilidad horaria, teletrabajo y jubilación activa.

A esto se agrega que, entre nuevas estaciones, infraestructuras y servicios, “la carga de trabajo, responsabilidades y exigencias” han aumentado. Por esa razón exigen que su esfuerzo tenga un “reconocimiento real en el convenio”. Específicamente, le piden a la dirección de ETS mejorar su propuesta, reconocer su trabajo, aumentar la plantilla y mejorar las condiciones. Buscan tener una negociación “real para alcanzar un acuerdo”, mientras esto no sea así, el Comité Permanente realizará movilizaciones.

Mientras eso ocurría en las afueras del nuevo vestíbulo, dentro algunos trabajadores se encontraban realizando desde últimos retoques hasta mantenimientos. Los accesos desde el antiguo vestíbulo y del nuevo se encuentran operativos, con sus escaleras y ascensores respectivos.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, para pedirle que se prohíba una manifestación convocada por Ernai, organización juvenil de Sortu, este sábado a las 19:00 horas en Tudela, ante la posibilidad de que se den “alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes”.

Tal y como informa Europa Press, en la petición enviada Toquero traslada su “preocupación” ante esta manifestación, una preocupación que “viene motivada por el contexto generado en las últimas fechas, con convocatorias de características similares en diferentes localidades, y por la posibilidad de que puedan producirse posibles incidencias en la seguridad ciudadana, enfrentamientos, alteraciones del orden público o situaciones que comprometan la seguridad de las personas y los bienes”.

A juicio del Ayuntamiento de Tudela, “las circunstancias aconsejan extremar la prudencia y valorar especialmente los riesgos que pudieran derivarse de la celebración de dicha manifestación”. “Por todo ello, y en atención a las competencias de esa Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y derecho de reunión, solicitamos que se prohíba la manifestación prevista para el próximo 10 de octubre, al considerar que existen circunstancias que permiten razonablemente prever alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes”, señala la carta.

Toquero añade que “este Ayuntamiento considera necesario dejar constancia expresa de los riesgos advertidos, para su valoración por esa Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, con el único propósito de preservar la convivencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

Además, el alcalde de Tudela ha remitido también sendas cartas a los jefes de la Policía Foral y de la Policía Nacional en Navarra para informarles de esta petición que ha hecho a la Delegación y para pedirles, que, en el supuesto de que dicha solicitud no sea atendida y la manifestación llegue finalmente a celebrarse, se adopten “las oportunas medidas preventivas en materia de seguridad”.

“Solicitamos que se adopten las medidas preventivas que se consideren oportunas y que se valore el refuerzo de la presencia policial en Tudela durante la celebración del acto, en coordinación con el resto de cuerpos policiales competentes. El único propósito de esta solicitud es preservar la convivencia, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles incidentes”, apunta Toquero.

Este 10 de octubre Ernai ha convocado unas “jornadas políticas” para “dejar claro que esto no es España, que es Euskal Herria”, tal y como han publicado en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, han destacado, a su juicio, “la necesidad de parar el fascismo desde el sur de Navarra” luchando contra el “españolismo”. “Navarra es única y no es española”, afirman, y argumentan con “el aumento del fascismo y de las ideas reaccionarias se retransmite a través del españolismo”.

En las ciudades pasan cosas desapercibidas de las que poca gente se entera y apenas generan ruido. En Toledo hace unos días asistí a la discreta presentación de un libro que se titula 'La gestión del silencio', escrito por Manuel Bayona, un médico con amplia trayectoria en la gerencia de la salud en varios hospitales de Andalucía. Entre otras personas en la presentación del libro intervino el consejero de Sanidad, que destacó algunos contenidos interesantes del mismo.

Los actos públicos, igual que me pasa con las películas, me gustan cuando suceden cosas que me divierten, me emocionan o me hacen pensar. Pues bien, este acontecimiento me hizo pensar en la importancia del silencio y preguntarme por los significados de los silencios, trasladándolos al funcionamiento de las organizaciones y a otros ámbitos de la vida.

Desde el positivismo lógico se da por sentado que todo los que no se dice o lo que no se escucha no existe. Sin embargo, pienso que lo que se ignora no deja de existir y cabe preguntarse no solo por los significados del silencio, sino por sus causas. Lo realmente difícil es lograr una interpretación adecuada. Hay silencios producidos por el desconocimiento de una realidad o por la dificultad para expresarla, también hay silencios incómodos que son la expresión de un desacuerdo radical, silencios producidos por el miedo, por la desconfianza o por el convencimiento de la propia inutilidad de la queja o la discrepancia.

En el libro se dice: “Los silencios hablan, y a veces tan fuerte, que no los escuchamos para apreciar lo importante, lo que realmente cuenta”. Porque en las organizaciones y en las sociedades los silencios conviven con los ruidos y a veces los ruidos impiden captar “los sonidos del silencio” por referirme a la famosa canción de Paul Simon que también se cita en el libro.

Se sabe que las organizaciones más improductivas son aquellas que más ruido generan

Los ruidos también existen, aunque carezcan de sentido, resulten molestos, interfieran la comunicación y sean improductivos. Sería interesante poder analizar las causas y las consecuencias del ruido, también evaluar sus costes para las organizaciones, porque se sabe que las organizaciones más improductivas son aquellas que más ruido generan.

La reflexión se puede trasladar al ámbito de la actualidad política y preguntarse, por ejemplo: ¿cuántos silencios han sido necesarios para que surja un estallido por la vivienda como el que se ha producido recientemente en Madrid? Porque la situación ha estallado por Maricarmen, un lamentable desahucio de una mujer mayor con problemas de salud, pero que en realidad ha sido el desencadenante de una situación que se viene produciendo desde hace años y podría haber emergido por cualquier otro caso o circunstancia; porque muchas personas jóvenes o en situación de vulnerabilidad o precariedad económica están sufriendo el problema de no poder acceder a una vivienda digna.

Hay ruido en la sociedad y estamos viviendo tiempos de mucha crispación por problemas reales o simbólicos, aunque me temo que el problema de la vivienda es real, mientras observamos polémicas y confrontaciones fabricadas en los laboratorios mediáticos y políticos, a veces buscando entretenimiento, otras activando pasiones políticas que, como se sabe, son herramientas que se utilizan para movilizar a los electorados.

El ruido forma parte del paisaje social y político y cada vez quedan menos lugares para no verse afectado por esta contaminación acústica. En la naturaleza hay vientos que mueven molinos y tornados que pueden producir daños devastadores. En la vida social y política, también hay protestas y demandas razonables y espirales de ruido que a veces se cargan de odio, produciendo consecuencias imprevisibles cuya reparación es mucho más costosa que si se hubieran atendido a tiempo sus causas.

Los ruidos suele eclipsar los silencios, pero también se forman espirales de silencio que deberían preocuparnos

Hace casi 50 años la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman publicó 'La espiral del silencio', un libro muy referenciado en el ámbito de la comunicación política, en el que teorizó sobre la amenaza que perciben o padecen quienes expresan ideas contrarias a las asumidas como mayoritarias, de tal manera que el comportamiento público está influido por el clima de opinión dominante.

Por ello, en política es tan importante la batalla por la opinión pública, porque esta produce una espiral que, por una parte, atrae a quienes no tienen una opinión definida, pero también produce otro efecto aún más preocupante, que desactiva a quienes puedan tener opiniones diferentes, que por miedo o desconfianza optan por el silencio. Los ruidos suele eclipsar los silencios, pero también se forman espirales de silencio que deberían preocuparnos.

En los momentos de normalidad y en cualquiera de los ámbitos de relación, hay que estar atentos a los silencios, porque a veces se confunden con conformidades aparentes que camuflan discrepancias profundas y que tienen miedo a ser expresadas o resultan inconvenientes por sus posibles consecuencias negativas.

Una organización o una sociedad que pretende ser democrática, saludable y eficiente debe preocuparse por los grandes silencios y ha de facilitar la expresión del malestar, aunque pudiera parecer que esto perjudica a los intereses inmediatos de quienes tienen que tomar medidas.

El silencio posiblemente no sea la respuesta más eficaz para los deseos y objeticos de quienes callan, pero imponerlo, propiciarlo o simplemente ignorarlo genera mucho ruido y, a veces, estallidos.