Mientras en el País Valencià miles de docentes mantienen una huelga indefinida desde hace cuatro semanas y llenan las calles para defender la educación pública, en nuestra región seguimos observando con resignación cómo se acumulan los problemas sin que exista una respuesta política a la altura.

Quizá uno de nuestros mayores lastres sea precisamente la dificultad para dar el paso. Somos una región que históricamente se moviliza poco. En los últimos años, a pesar de que las quejas en los claustros, salas de profesores y pasillos no han dejado de aumentar, rara vez hemos conseguido transformar ese malestar en una reivindicación sostenida. Sin embargo, la experiencia demuestra que los avances laborales y educativos nunca han llegado por generación espontánea. Han sido fruto de la presión social, del diálogo respaldado por la movilización y de la capacidad de una comunidad para defender aquello que considera esencial.

Llevamos más de quince años esperando la reversión de unos recortes que la Consejería considera ya permanentes. Quince años durante los cuales se han sucedido gobiernos, anuncios y promesas, que no se han transformado en una planificación educativa seria a medio y largo plazo y que no han dotado ni de recursos ni de estabilidad a la educación de todas y todos. Se gobierna a golpe de improvisación y se atiende la urgencia del día a día, mientras se elude seguir una hoja de ruta que permita afrontar los retos del sistema educativo.

Nuestras reivindicaciones afectan a todos los ámbitos de la enseñanza, y, aunque son de sobra conocidas, no dejan de ser urgentes. Desde la reducción de ratios hasta el aumento de recursos para la atención a la diversidad; desde la necesidad de climatizar unas aulas que cada año soportan temperaturas más extremas hasta la urgencia de acometer un verdadero plan de infraestructuras que acabe con el hacinamiento, el amianto, los barracones y el envejecimiento de los centros. A ello se suman problemas enquistados como la creciente conflictividad escolar, el exceso de burocracia o la insuficiente dotación económica que reciben los centros educativos para su funcionamiento, cuya financiación todavía es inferior a la de hace quince años.

Tampoco pueden ignorarse cuestiones laborales que afectan directamente a la profesión docente: la pérdida continuada de poder adquisitivo, la falta de protección para el profesorado mayor de 55 años, la incertidumbre en procesos de oposiciones o el incremento constante de responsabilidades que recaen sobre el personal docente y equipos educativos, sin que se dote del tiempo y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Cada curso se exige más al profesorado, pero esa exigencia no se ve acompañada con una mejora de las condiciones de trabajo.

A todo esto se suma un progresivo deterioro de la consideración social de la profesión docente. Durante años se ha ido construyendo un relato que cuestiona permanentemente nuestro trabajo y minimiza nuestra aportación al conjunto de la sociedad. Como consecuencia, muchas de nuestras reivindicaciones son recibidas con indiferencia, cuando no directamente con desconfianza o menosprecio. Se olvida que defender unas condiciones laborales dignas para el personal docente no es un privilegio para unos pocos, sino una condición indispensable para garantizar una educación pública de calidad.

Estamos viviendo en directo cómo se privatiza la Formación Profesional, después de años de avance imparable de la universidad privada ultracatólica, cómo se apuntala la educación concertada al tiempo que se cierran líneas en la pública, cómo se llevan las ratios al límite y cómo se eliminan programas específicos para ahorrar presupuesto. La educación pública es la herramienta más potente de cohesión social y la única que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. No podemos achacar todo esto a una falta de incapacidad o de incompetencia, al menos no en su totalidad, sino también a un plan premeditado del Gobierno regional para definir un modelo social segregador marcado por los orígenes y por la situación socioeconómica que tenía nuestra familia cuando llegamos al mundo.

Muchos de estos problemas no son nuevos, sino que han sido señalados durante años por docentes, equipos directivos, sindicatos y por toda la comunidad educativa. Lo que falta no es información, sino voluntad política para abordar soluciones estructurales. Falta una estrategia clara, consensuada y dotada presupuestariamente. Falta que, ante el posicionamiento del Gobierno regional sobre su modelo educación pública, la ciudadanía responda y muestre su desacuerdo.

Por eso resulta inevitable mirar hacia el País Valencià y preguntarnos qué nos impide hacer lo mismo. Allí la comunidad educativa ha entendido que la movilización es una herramienta democrática para defender derechos, reclamar mejoras y situar la educación pública en el centro del debate social. Docentes, estudiantes y familias han demostrado que cuando existe una preocupación compartida es posible organizarse colectivamente para hacerse escuchar. En ese proceso también ha sido importante la capacidad de las organizaciones sindicales progresistas para construir espacios de unidad en torno a objetivos comunes. En un contexto de fragmentación y desgaste, esa voluntad de colaboración constituye una experiencia de la que merece la pena aprender.

Ha llegado el momento de reconstruir la fuerza demostrada por la marea verde y de hacerlo desde la base. De organizarse desde los claustros, desde los centros educativos, con las asociaciones de estudiantes y de familias, con todas las personas que sostienen cada día la escuela pública. Somos nosotras quienes conocemos los problemas reales y quienes sufrimos las consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos, pero también quienes tenemos la capacidad de impulsar el cambio.

La realidad es que nos sobran los motivos para salir a la calle. Porque la educación pública no puede seguir siendo desmantelada. Porque después de quince años de recortes y promesas incumplidas, la paciencia tiene límites. Y porque, aunque nos cueste movilizarnos, la resignación nunca ha mejorado la escuela, recuperado ningún derecho ni construido un futuro mejor para nuestras hijas e hijos.

“La maestra luchando también está enseñando”

Cientos de personas se manifiestan este sábado en el centro de València bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda” contra la especulación inmobiliaria, la pérdida de identidad de los barrios y la “codicia rentista”.

La marcha ha sido convocada por Entrebarris, Sindicat d’Habitatge de València, Sindicat de Llogateres de València y la PAH València, y a la misma se han sumado otras entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

La manifestación está encabezada por el citado lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, al que se añaden otros como “ningún gobierno lo hará por nosotros”, y se desarrolla en tono festivo y reivindicativo.

La marcha recorre varias de las principales calles del centro histórico de la ciudad, desde la plaza San Agustín hasta las Torres de Serranos, atravesando la avenida del Oeste, la calle Caballeros y la plaza de Manises, donde se ubica el Palau de la Generalitat.

Una de las columnas de manifestantes que se ha sumado a la manifestación desde el barrio de Russafa ha desplegado una pancarta con el lema “frente a la especulación”, en el edificio del número 42 de la calle Cuba, antes del inicio oficial de la marcha.

Los convocantes reivindican el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y de los jóvenes a emanciparse, y critican que las familias “son expulsadas de sus entornos y los barrios pierden su identidad y su tejido social”.

Apelan por ello a los gobernantes, para que “actúen de forma inmediata ante la actual emergencia social” y el “modelo turístico descontrolado”.

“Las viviendas que hoy son de uso turístico han de volver a cumplir su verdadera función social y regresar de inmediato al mercado del alquiler residencial habitual”, reclaman.

Por otra parte, también exigen la aplicación de la Ley de la Vivienda, poner fin a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa y “dotar de recursos reales a la Oficina Municipal por la Vivienda para que sea un verdadero escudo protector y un servicio de asistencia real para los afectados”.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.

Música, cánticos reivindicativos, alguna lágrima propia o ajena y un pasillo humano que la acompañó hasta casa. Aunque también estaba previsto, finalmente no hubo acampada: al menos al día siguiente aún no habría nada que temer. Contra todo pronóstico, así ha terminado la marcha multitudinaria convocada esta tarde en apoyo a Maricarmen, la vecina de 87 años que aún resiste a los intentos de un fondo para desahuciarla de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en pleno centro de Madrid. Su familia firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla: primero lo intentó en octubre y luego, este miércoles.

El desalojo se ha frenado a última hora, pero eso no ha impedido que cientos de personas salgan a la calle para defender su derecho a la vivienda. “Esto no es una victoria: sabemos que lo hacen para desmovilizar a los vecinos y que no vayamos a apoyarla en el siguiente intento”, señalan desde la manifestación fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había convocado la protesta y programado una acampada nocturna frente a la casa de Maricarmen, en aras de impedir su desalojo a la mañana siguiente. Pero la cita se ha pospuesto hasta dentro de tres semanas.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 lo confirmó a última hora: en lugar del 3 de junio, tendrá lugar el día 24. “Nos veremos entonces, Maricarmen”, aseguró desde el distrito de Retiro el actor Juan Diego Botto, uno de los artistas invitados al pasacalle por la vecina. Comenzó a las 19.30 horas frente a una biblioteca municipal, la de Eugenio Trías. Junto a Botto estuvieron otras caras conocidas del mundo de la cultura, con Ismael Serrano y Rozalén cantando en dúo frente a una multitud que rodeaba a la protegonista, situada en el centro: una anciana de 87 años se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda.

Pero su situación actual comenzó, en buena medida, con el machismo habitual que regía la legislación franquista. “Por aquel entonces, las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba ella misma a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en los años 50. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer (impulsado en democracia) que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida.

Cuando en 2005 murió su madre, el blindaje terminó: como segunda subrogada, Maricarmen ya no estaba protegida. Aun así, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de los 500 euros que paga en la actualidad y abona con una pensión de 1.400.

A finales de 2020, y después de haberse negado a abandonar la casa, recibió una primera orden judicial de desahucio. El juzgado dio la razón al considerar que, cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente” y los compradores mantuvieron esa aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones de los propietarios, y ya en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Desde entonces, Maricarmen ha inspirado a su alrededor un movimiento de resistencia ciudadana impulsado, a la vez, por los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Llegó incluso a participar como figura invitada en la última gran manifestación social de mayo. Entonces sonaron muchos de los cánticos que ahora se repiten en favor de la inquilina de Retiro. “Si pago el alquiler me quedo sin comer”; “ni gente sin casa, ni casas sin gente”; “no es meritocracia, es parasitismo” o “Maricarmen se queda” fueron réplicas a viva voz que, esta tarde, despertaron la curiosidad de varios paseantes que recorrían el centro de Madrid.

Los habituales de la zona, en cambio, parecían estar enterados de lo que ocurría. “Han intentado desahuciar a una anciana, pero como no lo han conseguido están aquí para evitar que vuelvan”, respondía un hombre de unos 65 años, que observaba la marcha desde una de las calles que enmarcan la avenida. Aunque su situación económica era buena, no descataba que un día algo así pueda llegar a ocurrirle: “Últimamente parece que todos estamos expuestos”. Con los ojos de otra generación, pero también puestos en la protesta ciudadana, un joven sevillano acompaña a los manifestantes.

Se llama Álvaro, tiene 22 años y estudia Ciencia Política. Desde hace poco, también es miembro del Sindicato de Inquilinas. Además, vive cerca de alli y sabe que tiene suerte respecto a la media, porque paga 400 euros por una habitación. Pero cree que los inquilinos “no deben conformarse porque alguien les diga que esto es lo normal”. “Llevo cinco años viviendo en Madrid y solo conozco lo que es pagar cada vez más por un piso pequeño. Para mi, la solución está en un modelo de cooperativas: si la vivienda no entra en el mercado, ya nadie puede venderla por encima de su precio: en definitiva, más vivienda pública”, resumió frente a la marcha.

Su protagonista encabezaba a la multitud desde una silla de ruedas, empujada por una de las manifestantes que vestían de naranja reflectante, el color del chaleco que portan los miembros del sindicato convocante. Esa tarde, Maricarmen lloró y rió, y también animó a la cola humana que la seguía a elevar la voz haciendo gestos con las manos. “Tengo una edad, problemas de movilidad y aún así la única opción que me dejan es seguir luchando”, volvió a reclamar desde su calle en declaraciones a la prensa, a la espera de que su caso no caiga en el olvido y las semanas no frenen la presión vecinal.

Miles de docentes -más de 5.000, según la Delegación del Gobierno- han vuelto a recorrer las calles de València este martes, en un recorrido que finalizaba en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar- en la decimoséptima jornada de huelga indefinida, para exigir al Gobierno valenciano que atienda sus reivindicaciones y ponga fin al conflicto educativo. En medio de un ambiente festivo y reivindicativo —como ha venido siendo habitual en las últimas semanas, a excepción de los incidentes del pasado domingo— los representantes de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública valenciana (STEPV, CCOO y UGT) han comparecido de manera conjunta para fijar sus líneas rojas y valorar el estado del conflicto laboral, que cumple ya su cuarta semana de paros.

Pese al cansancio acumulado tras semanas de un “esfuerzo titánico”, los portavoces sindicales han asegurado que la comunidad educativa no va a bajar los brazos y han situado la resolución del conflicto en el tejado de la Conselleria de Educación. De este modo, exigen la reapertura inmediata de las cuestiones retributiva y lingüística para poder alcanzar un principio de acuerdo definitivo.

Marc Candela, portavoz de STEPV, ha detallado los mínimos exigidos para poner fin a los paros. Aunque ha reconocido que se han logrado avances en materias como las ratios, ha dejado claro que la negociación está completamente encallada en dos puntos clave: las retribuciones y el valenciano. “Lo que nos han ofrecido no es aceptable ni para nosotros ni para el profesorado que participó en la consulta”, ha afirmado Candela, quien estima que la Conselleria remitirá un documento definitivo entre la tarde del miércoles y el jueves. Según el representante sindical, si el Consell cede en estos dos apartados, las bases valorarán positivamente el texto y se podrá proceder a la firma.

Candela también ha criticado con dureza la estrategia de la Administración autonómica, acusándola de aplicar tácticas dilatorias: “Llevamos nueve mesas de negociación y en cada una avanzamos un puntito; la estrategia de la Conselleria es dilatar la salida del conflicto”. Respecto al cambio en la tipología de las movilizaciones, ha explicado que el profesorado ha optado por concentrar las acciones para evitar el desgaste diario, dando paso a medidas de gran impacto en el espacio público como la acampada en la plaza de la Virgen de València, que conviven con las grandes manifestaciones coordinadas por las tres centrales sindicales.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha admitido que el profesorado “está acusando el cansancio” tras tantas jornadas de huelga, pero ha matizado que “la energía sigue ahí”. Valls ha definido la negociación con el Gobierno valenciano como una “partida de frontón” y ha insistido en la necesidad de pactar un acuerdo base global. Asimismo, la portavoz ha desmontado el argumento presupuestario de la Generalitat al recordar que, aunque las cuentas autonómicas ya estén presentadas, el mecanismo parlamentario permite modificarlas: “Se pueden presentar enmiendas, el PP se puede incluso autoenmendar y se pueden abrir líneas presupuestarias para mejorar la cuestión salarial”.

Por último, Kilian Cuerda, portavoz de UGT, ha destacado el hito histórico que supone esta movilización, señalando que “se ha roto el tabú de que el profesorado no se movilizaba”, y ha recordado que, en la última consulta sectorial, apenas 89 docentes de entre más de 30.000 participantes votaron a favor de deponer las protestas. Cuerda ha acusado directamente al Consell de buscar “aumentar deliberadamente el sufrimiento de las familias, del alumnado y de los docentes” para enmascarar su falta de voluntad política.

El representante de UGT ha tildado de “nueva provocación” la postura del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y ha concretado que la brecha salarial del colectivo se sitúa en torno a los 300 euros debido a que el complemento autonómico permanece congelado desde el año 2007. Cuerda ha exigido un “interlocutor honesto” y ha reiterado que el sindicato está abierto a una aplicación progresiva de esta subida y a una negociación constructiva en torno al valenciano si la Conselleria decide incorporar sus propuestas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurit aquest dilluns el to del seu discurs contra els docents en vaga quan el conflicte entra en la seua quarta setmana sense que la Generalitat haja aconseguit plantejar un pla prou ambiciós per a convéncer milers de treballadors públics de tornar a les aules i deixar de perdre milers d'euros amb les aturades. El cap del Consell ha situat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) com una “línia roja” en la negociació amb els sindicats docents. Ha advertit que el Consell no acceptarà “cap tipus de negociació” si es produeixen accions de pressió que afecten el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, una situació difícil que es produïsca després que s'hagen decretat uns serveis mínims del 100% i s'hagen constituït tots els tribunals, tot i la dimissió d'uns 200 correctors.

A més, el president ha acusat part dels sindicats de generar “tensió” en el conflicte i ha defensat que el dret a la protesta “no pot traduir-se en perjudicis per als estudiants”. Pérez Llorca ha carregat contra els docents vaguistes per suposades “coaccions” a companys. En concret, ha al·ludit a denúncies de la Conselleria d'Educació sobre pressions a professors que no volen secundar la vaga i a grups de WhatsApp en els quals s'hauria difós informació personal de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, el departament de la qual ha habilitat una bústia de denúncies. El president ha afirmat que cap professor “s'identifica” amb els qui “filtren el domicili de la consellera i de la seua família” o amb els qui pressionen altres docents. El cap del Consell també ha parlat de grups a les xarxes socials que, segons ell, “inciten a actes vandàlics”.

Més llenya al foc ha tirat el conseller d'Hisenda i anterior titular d'Educació, José Antonio Rovira. “Cal donar-los 600 euros perquè vulguen?”, ha afirmat Rovira, que sosté que amb la proposta de pujada de 200 euros de la Generalitat els docents valencians quedarien entre els “millor pagats d'Espanya”.

Mentre Pérez Llorca i Rovira endureixen el seu discurs contra els docents, el col·lectiu comença a assenyalar també la Presidència de la Generalitat davant la falta d'acord amb la Conselleria d'Educació. Aquest dilluns, dues grans concentracions han entelat els dos actes del president: un al matí a la Ciutat de la Llum d'Alacant, sobre cinema, i un altre a la vesprada al Palau de la Música de València, durant el lliurament dels premis de la Generalitat a l'excel·lència acadèmica. En l'acte vespertí, el cap del Consell va haver d'accedir en cotxe oficial per l'aparcament de l'edifici públic i no per la porta principal, com és habitual, on l'esperaven centenars de manifestants reclamant millores en educació.

L'acte va començar passades les 18.30, però més d'una hora abans ja hi havia centenars de persones corejant els ja habituals lemes de “consellera, dimissió”, “vergonya” o “Pérez Llorca, on estàs?”. Les protestes van estar acompanyades per una banda de música que va amenitzar la vesprada. Els concentrats també van tindre temps per recordar la dona ferida aquest diumenge per un agent de la Policia Nacional que, segons denuncien els convocants, la va agredir per l'esquena mentre es manifestava en un carrer pròxim a la Conselleria d'Educació.

Els sindicats majoritaris (STEPV, CCOO i UGT) mantenen la vaga indefinida i han convocat una manifestació per a aquest dimarts a les 11.00 hores pel centre de València. La marxa conclourà a la plaça de la Mare de Déu, al costat del Palau de la Generalitat, on té el despatx el president.

Aquest dilluns, la Conselleria d'Educació va traslladar als sindicats majoritaris les seues noves propostes per a continuar negociant. De la documentació aportada, únicament les propostes sobre ràtios i plantilles incorporen millores. En qüestions com la burocràcia, les infraestructures, la inclusió educativa, el valencià, la Formació Professional i les condicions laborals, el departament que dirigeix María Carmen Ortí manté l'oferta presentada el 29 de maig, sobre la qual no es va assolir cap acord amb els sindicats.

“L'atomització o el retard intencionat de les negociacions per part de l'Administració ha quedat confirmat aquest dilluns, quan alguns representants de la unitat sindical han pogut comprovar el funcionament de les meses de treball plantejades per la Conselleria. Tot i que els sindicats havien de disposar prèviament de la documentació a tractar, l'han rebuda concretament 44 minuts abans de l'inici de la mesa. A més, els canvis són poc significatius i no tenen prou calat per a considerar-los rellevants. Així mateix, una mesa en què ni el secretari autonòmic ni la consellera participen difícilment pot introduir canvis importants, ja que els directors generals no disposen de competències per a acceptar modificacions que impliquen una partida econòmica superior”, han denunciat els tres sindicats.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurecido este lunes el tono de su discurso contra los docentes en huelga cuando el conflicto entra en su cuarta semana sin que la Generalitat haya logrado plantear un plan lo suficientemente ambicioso como para convencer a miles de trabajadores públicos de volver a las aulas y dejar de perder miles de euros con los paros. El jefe del Consell ha situado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) como una “línea roja” en la negociación con los sindicatos docentes. Ha advertido de que el Consell no aceptará “ningún tipo de negociación” si se producen acciones de presión que afecten al normal desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad, una situación difícil de que se produzca después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 100% y se hayan constituido todos los tribunales pese a la dimisión de unos 200 correctores.

Además, el president ha acusado a parte de los sindicatos de generar “tensión” en el conflicto y ha defendido que el derecho a la protesta “no puede traducirse en perjuicios para los estudiantes”. Pérez Llorca ha cargado contra los docentes huelguistas por supuestas “coacciones” a compañeros. En concreto, ha aludido a denuncias de la Conselleria de Educación sobre presiones a profesores que no quieren secundar la huelga y a grupos de WhatsApp en los que se habría difundido información personal de la consellera de Educación, Carmen Ortí, cuyo departamento ha habilitado un buzón de denuncias. El president ha afirmado que ningún profesor “se identifica” con quienes “filtran el domicilio de la consellera y de su familia” o con quienes presionan a otros docentes. El jefe del Consell también ha hablado de grupos en redes sociales que, según él, “alientan actos vandálicos”.

Más leña al fuego ha echado el conseller de Hacienda y anterior titular de Educación, José Antonio Rovira. “¿Hay que darles 600 euros porque quieran?”, ha afirmado Rovira, que sostiene que con la propuesta de subida de 200 euros de la Generalitat los docentes valencianos quedarían entre los “mejor pagados de España”.

Mientras Pérez Llorca y Rovira endurecen su discurso contra los docentes, el colectivo empieza a señalar también a la Presidencia de la Generalitat ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación. Este lunes, dos grandes concentraciones han empañado sendos actos del president: uno por la mañana en la Ciudad de la Luz de Alicante, sobre cine, y otro por la tarde en el Palau de la Música de València, durante la entrega de los premios de la Generalitat a la excelencia académica. En el acto vespertino, el jefe del Consell tuvo que acceder en coche oficial por el aparcamiento del edificio público y no por la puerta principal, como es habitual, donde le esperaban cientos de manifestantes reclamando mejoras en educación.

El acto comenzó pasadas las 18.30, pero más de una hora antes ya había cientos de personas coreando los ya habituales lemas de “consellera dimisión”, “vergüenza” o “Pérez Llorca, ¿dónde estás?”. Las protestas estuvieron acompañadas por una banda de música que amenizó la tarde. Los concentrados también tuvieron tiempo para recordar a la mujer herida este domingo por un agente de la Policía Nacional que, según denuncian los convocantes, la agredió por la espalda mientras se manifestaba en una calle cercana a la Conselleria de Educación.

Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) mantienen la huelga indefinida y han convocado una manifestación para este martes a las 11.00 horas por el centro de València. La marcha concluirá en la plaza de la Mare de Déu, junto al Palau de la Generalitat, donde tiene su despacho el president.

Este lunes, la Conselleria de Educación trasladó a los sindicatos mayoritarios sus nuevas propuestas para continuar negociando. De la documentación aportada, únicamente las propuestas sobre ratios y plantillas incorporan mejoras. En cuestiones como burocracia, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, Formación Profesional y condiciones laborales, el departamento que dirige María Carmen Ortí mantiene la oferta presentada el 29 de mayo, sobre la que no se alcanzó ningún acuerdo con los sindicatos.

“La atomización o retraso intencionado de las negociaciones por parte de la administración ha quedado confirmada este lunes, cuando algunos representantes de la unidad sindical han podido comprobar el funcionamiento de las mesas de trabajo planteadas por la Conselleria. A pesar de que los sindicatos debían disponer previamente de la documentación a tratar, la han recibido concretamente 44 minutos antes del inicio de la mesa. Además, los cambios son poco significativos y carecen de suficiente calado como para considerarlos relevantes. Asimismo, una mesa en la que ni el secretario autonómico ni la consellera participan difícilmente puede introducir cambios importantes, puesto que los directores generales carecen de competencias para aceptar modificaciones que impliquen una partida económica superior”, han denunciado los tres sindicatos.

El grupo parlamentario Sumar presiona al Ministerio de Interior por la actuación policial de este domingo en València durante las concentraciones del profesorado. El grupo ha preguntado en el Congreso por la agresión policial a una profesora que se manifestaba, concentrada con compañeros del gremio y sindicatos, y apunta a “sesgos” en las actuaciones que se dan en las manifestaciones. La Delegación del Gobierno ya ha avanzado que el agente ha sido expedientado y la mujer ha presentado una denuncia

Cuatro diputados del grupo parlamentario plurinacional suscriben una batería de preguntas remitidas al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y que enmarcan la agresión en una conducta reiterada del Cuerpo. Los parlamentarios, que ya interrogaron a Interior por cuestiones similares, preguntan que teniendo en cuenta que la Policía tiene formación para actuar en manifestaciones “¿Cuál es el motivo, según el Ministerio del Interior, para que tengamos que ver frecuentemente ese tipo de brutales imágenes? ”.

Los parlamentarios también preguntan si se han abierto ya expedientes al agente, algo que ya ha confirmado Delegación este lunes. Asimismo, plantean “qué medidas va a tomar el Ministerio del Interior para que no se repitan este tipo de agresiones” y “¿Cómo pretende el Ministerio del Interior combatir los sesgos de sus agentes contra manifestaciones progresistas y que tratan favorablemente las de Extrema Derecha?”, según el texto registrado este lunes en el Congreso.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado la escena como “intolerable e injustificada” y ha apuntado que “espera” que “tenga consecuencias”. Estas cuestiones, considera el ministro de Sumar, “no son de izquierdas o de derechas, son del interés general”

Rufián: “Hay varas de medir diferentes”

Por su parte, ERC ha registrado ante la Mesa del Congreso otra batería de preguntas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir explicaciones por la misma actuación policial contra una manifestante “sin que opusiera ni pudiera oponer resistencia”.

Su portavoz, Gabriel Rufián, ha denunciado que los hechos son especialmente graves porque “afectan el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación” y porque “se producen en un contexto de protesta social y sindical”, además de señalar “varas de medir diferentes” en el trato a manifestantes en función del signo político.

Miles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la sanidad pública “para evitar que continúe” su “desmantelamiento planificado” por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación “crítica” y denuncian listas de espera “interminables”, falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, “y un largo etcétera” de reivindicaciones.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CCOO y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Msdrid (FRAVM), entre otras.

Decenas de personas se han sumado este sábado en Logroño a la ola de movilizaciones estatales que recorre las principales capitales del país bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos”. La manifestación, convocada por el Sindicato de Vivienda de La Rioja, ha recorrido el centro de la capital riojana con el objetivo de visibilizar la situación de vulnerabilidad habitacional que sufren cada vez más familias de la región, marcada por una inflación constante en los precios del alquiler que contrasta con la precariedad salarial.

La marcha ha comenzado en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, un punto de partida simbólico para interpelar de manera directa a la responsabilidad de las administraciones públicas. Los asistentes, portando pancartas y coreando consignas en defensa de un techo digno y contra la especulación inmobiliaria, han completado un itinerario que ha transcurrido por Muro de la Mata, General Vara de Rey, Pérez Galdós, República Argentina, María Zambrano y Bretón de los Herreros, concluyendo nuevamente en el punto de origen.

Uno de los momentos más significativos de la movilización ha sido el paso de la comitiva junto al Parque Gallarza. Desde el Sindicato de Vivienda de La Rioja se había puesto especial énfasis en esta zona, un barrio de tradición obrera donde la organización vecinal ha detectado en los últimos meses un incremento sustancial de casos de extrema gravedad. Desahucios inminentes, incrementos abusivos e inasumibles en las cuotas de los arrendamientos y la expulsión progresiva de vecinos históricos han sido algunas de las realidades que los colectivos sociales han querido denunciar y poner rostro a lo largo de la jornada.

Los datos respaldan el malestar ciudadano expresado en la calle. Según los últimos informes de las organizaciones sociales, el precio del alquiler en España ha experimentado una subida superior al 50% en el último lustro, una dinámica de la que el mercado inmobiliario riojano no ha quedado al margen. Esta tendencia obliga a que, en muchos hogares con salarios medios, se destine hasta el 70% de los ingresos netos únicamente a cubrir los costes habitacionales, lo que sitúa a amplias capas de la población —especialmente jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas— al borde de la exclusión social.

Durante la lectura del manifiesto al cierre de la jornada, los portavoces han reiterado que la vivienda “no puede ser concebida como un mero negocio financiero”, sino como un derecho humano fundamental garantizado por las leyes. Asimismo, han criticado con dureza la falta de medidas estructurales eficaces por parte de los poderes públicos para frenar la espiral especulativa, recordando que la inacción en materia de vivienda social y el desamparo institucional ante los lanzamientos judiciales constituyen una forma de violencia que precariza de manera directa la vida de las personas.

La protesta de este sábado en Logroño consolida el frente social riojano dentro del ciclo de movilizaciones que busca forzar un cambio urgente en las políticas de vivienda. A través de este acto de resistencia urbana, los movimientos sociales han vuelto a situar la emergencia habitacional en el centro del debate político regional, advirtiendo de que las movilizaciones continuarán intensificándose si no se articulan respuestas legislativas y presupuestarias inmediatas que pongan freno a los abusos del sector inmobiliario.

Bajo el lema ‘¡NO! Al modelo que nos expulsa’, una cada vez más amplia representación de movimientos sociales se prepara para recorrer Santander el próximo sábado 6 de junio. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por el colectivo ‘Cantabria No Se Vende’ (CNSV), que ya ejerció de motor en movilizaciones similares hace dos años, se ha transformado en una convocatoria amplia que invoca un cambio frente al actual modelo turístico y urbanístico de la comunidad. La cita, fijada a las 12:00 horas en la Plaza de las Estaciones, pretende ser un punto de inflexión frente a lo que las organizaciones convocantes califican como una “imposición que degrada la calidad de vida de quienes habitan el territorio”.

La movilización no es el esfuerzo de una única plataforma, sino que agrupa a una diversidad de sensibilidades “sin precedentes” y “apartidista”, sostienen desde CNSV. Desde sindicatos de enseñanza como el STEC hasta colectivos por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el recién fundado Sindicato de la Vivienda, pasando por organizaciones ecologistas como ARCA, Salvar Oyambre, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion, o por los servicios públicos como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. El espectro social es amplio. Igulamente se sumarán a la marcha asociaciones vecinales como las de Pombo-Cañadío- El Ensanche en Santander y grupos juveniles de comarcas rurales como La Velorta (en Vega de Pas) o La Bardal (Cabuérniga); centros sociales como Smolny o colectivos LGTBI como Las Quimas y Alega.

El diagnóstico de todos ellos es compartido: Cantabria se enfrenta a una emergencia habitacional y social, con el desmantelamiento de la economía productiva y un plan de ordenación territorial (PROT) que sirve “más para destruir que para ordenar”, según los convocantes.

“Esta movilización surge como una crítica al modelo de desarrollo que se está imponiendo en Cantabria de manera general. Han pasado ya casi dos años desde la última marcha y percibimos que nada ha cambiado sino que más bien el gobierno regional está pisando el acelerador en la promoción de un modelo que prioriza el turismo masivo sobre las necesidades básicas de la población”, asegura Inés González, una de las portavoces de CNSV. “Las cosas van igual o a peor, con modificaciones en la ley de suelo que facilitan la construcción en suelo rústico y medidas que parecen empujar a los municipios a fomentar aún más las viviendas turísticas”, argumenta.

Los ejes de la protesta: vivienda, servicios y empleo

La convocatoria se articula en torno a varios pilares fundamentales. El más urgente es el de la vivienda. Los activistas exigen una ley que regule el precio del alquiler, una moratoria efectiva para los pisos turísticos y la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Desde CNSV denuncian que: “Permitir el avance indiscriminado de los pisos turísticos en medio de una crisis de vivienda es como estar en una pandemia sanitaria y dedicar las camas de los hospitales a hoteles”.

En término similares se pronuncia Cristina Asenjo, del Sindicato de la Vivienda. “Vivir en Cantabria se está convirtiendo en algo inaccesible para el groso de la población: nos vemos afectadas por alquileres cada vez más altos y el desplazamiento de las vecinas de los barrios, así como de los negocios locales, en favor de la turistificación de los mismos”. El Sindicato denuncia la falta de “control administrativo sobre el número ni la legalidad de la mayoría de las viviendas turísticas que existen en Cantabria”.

Del mismo modo desde La Velorta, su presidenta Marina Sainz de la Maza explica a elDiario.es que se suman a la manifestación porque, “como juventud rural que quiere desarrollar su proyecto de vida en los pueblos”, creen que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal problema para permanecer en el territorio, incluso por encima del empleo”.

Sainz de la Maza insiste en que: “No puede ser que haya jóvenes con trabajo, cotizando y aportando a la sociedad, que no puedan acceder a una vivienda en sus propios pueblos”. Mientras, la vivienda se convierte “cada vez más en un negocio que permite obtener grandes beneficios sin generar riqueza ni arraigo en el territorio”, añade. “Sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay futuro para nuestros pueblos. Por eso estaremos en la calle junto a quienes defienden el derecho a vivir y construir un proyecto de vida digno en Cantabria”, concluyen desde este joven e inspirador colectivo de los Valles Pasiegos.

El Gobierno más agresivo en “especulación y desorden”

Por su parte, desde la asociación ecologista ARCA, Carlos García, recuerda que se trata de las mismas reivindicaciones sobre el modelo territorial que su organización ya defendió en 2021, 2022 y 2023. Ahora bien, consideran que “el Gobierno actual es el más agresivo en lo que respecta al modelo basado en la especulación, el turismo de masas y el desorden” si se tienen en cuenta, apunta García, “el desorden que impera aquí en comparación con las políticas de regiones vecinas como Asturias, Euskadi o Navarra en temas, por ejemplo, como la regulación del aparcamiento de autocaravanas”. El portavoz de ARCA lamenta, por tanto, que “este Goberino es el responsable de las mayores agresiones ambientales”.

Deterioro de los servicios públicos

El deterioro de los servicios públicos ocupa también un lugar central en la movilización del 6 de junio. Desde el ámbito educativo, el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, denuncia la bajada de inversiones “mientras se reducen impuestos a las rentas más altas, además de la falta de adaptación de las infraestructuras escolares al cambio climático”.

De forma paralela se suma la preocupación por la privatización encubierta en la sanidad. Itziar Salcedillu, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, señala que apoyan la convocatoria del próximo 6J porque “es evidente que hay que defender los servicios públicos en Cantabria, entre los que se encuentra la sanidad pública, gravemente amenazada por el abandono de la atención primaria y por la privatización”.

El “mantra” del turismo como modelo económico

El modelo económico también está bajo la lupa. Los movimientos sociales cuestionan el “mantra” del turismo como única fuente de riqueza y desde Cantabria No se Vende hacen especial hincapié en un plan estratégico que “recupere la industria agroalimentaria local y la reindustrialización de comarcas como las de Besaya y Campoo, castigadas por constantes expedientes de regulación de empleo (ERE)”. El objetivo, recalcan desde CNSV, es poner en el centro de las políticas a quienes “vivimos y trabajamos todo el año” en Cantabria.

Contra las “palabras vacías”: un decálogo de medidas concretas

Una de las novedades de esta convocatoria es la elaboración de un decálogo de medidas concretas que los colectivos presentarán públicamente al finalizar la marcha del 6 de junio. Esta iniciativa surge para evitar que la clase política “manipule” sus reivindicaciones con términos como “turismo sostenible”, que consideran vacíos de contenido real mientras el modelo actual siga expulsando a los vecinos de sus barrios y pueblos.

Estas propuestas, diseñadas para ser aplicables dentro del contexto competencial actual del Gobierno de Cantabria, buscan forzar un cambio de rumbo inmediato. La manifestación del 6J no busca solo expresar indignación, sino establecer una hoja de ruta política basada en un medio ambiente saludable, empleo digno (ni temporal ni precario) y un territorio ordenado.

El recorrido: de las estaciones al corazón de la ciudad

La organización ha diseñado un itinerario que pretende visibilizar la protesta por los puntos neurálgicos de Santander, facilitando la llegada de personas de toda la región gracias al punto de encuentro inicial en las estaciones y su tránsito por la zona del Cabildo. “El recorrido elegido tiene un carácter muy simbólico. Iniciar en las Estaciones representa un punto de encuentro clave y un eje de transporte fundamental para toda la región. Aunque no queremos centralizarlo todo en Santander, entendemos que es el punto de mayor accesibilidad para que acuda gente de toda Cantabria. Queremos recorrer la ciudad para que se nos vea en todas partes y reivindicar nuestro territorio”, señala González.

Itinerario de la marcha (12:00h): la manifestación partirá de la plaza de las Estaciones, para continuar por la rampa de Sotileza y subir por la Cuesta del Hospital. Desde allí, la convocatoria atravesará las calles Ruamenor y Ruamayor hasta desembocar en Isabel II. El recorrido proseguirá por la emblemática calle San Francisco hacia la plaza Porticada y la plaza del Príncipe. El tramo final discurrirá por Hernán Cortés, las calles del Martillo, Daoiz y Velarde, Lope de Vega y Peñaherbosa. Tras pasar por Casimiro Sainz, la marcha enfilará el paseo de Pereda para concluir con la lectura del manifiesto en el templete de los Jardines de Pereda.

Siete líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana sábado, 30 de mayo, entre las 12:00 y las 15:00 horas, con motivo de una manifestación programada.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 9

Línea 10

El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha convocado este sábado 30 de mayo en la manifestación que partirá a las 12:00 horas en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno. La movilización se suma a la oleada de protestas que está recorriendo las capitales de todo el estado bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos”.

La marcha recorrerá Muro de la Mata, General Vara de Rey, Pérez Galdós, República Argentina, María Zambrano y Bretón de los Herreros, para finalizar en la Concha del Espolón.

La manifestación pasará junto al Parque Gallarza, un barrio obrero de Logroño al que el Sindicato de Vivienda de La Rioja presta especial atención, ya que, advierten, han recibido en los últimos meses casos de extrema gravedad procedentes de esta zona: familias enfrentadas a desahucios, hogares que no pueden asumir subidas abusivas de alquiler, personas que se ven empujadas fuera de sus barrios de toda la vida. Visibilizar esa realidad, poniéndole cara y recorrido, es uno de los objetivos centrales de la jornada.

En los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido más de un 50% en grandes ciudades españolas. Con salarios medios que apenas alcanzan los 2.000 euros netos, más del 70% del sueldo se destina al pago de la vivienda antes de que acabe el mes. “La Rioja”, señalan desde el Sindicato, “no es ajena a esta tendencia: el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos para jóvenes, familias trabajadoras y personas mayores que ven cómo sus ingresos no dan para pagar el techo”.

“La vivienda no puede ser un negocio. No puede costarnos la vida”. Con esa convicción, los movimientos de vivienda de todo el estado han impulsado este ciclo de movilizaciones como una respuesta común frente a la crisis de la vivienda y el coste de la vida, del que la cita de este sábado en Logroño forma parte.

Los sindicatos UGT y CCOO convocan varias jornadas de huelga en el sector logístico de la provincia de Sevilla tras un “bloqueo” en la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Operadores Logísticos. A partir del 8 de junio se producirán las protestas para la mejora de los salarios y las condiciones laborales del colectivo.

Así, según ha detallado el UGT en una nota de prensa, los próximos 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio serán convocadas jornadas de huelga debido a una propuesta presentada por la patronal que, a juicio de los sindicatos, es “insuficiente y alejada de la realidad” de los trabajadores del sector.

“No han querido entrar”

En este sentido, UGT ha remarcado que el convenio provincial es “uno de los más débiles de Andalucía” pese a ser “un sector estratégico que funciona las 24 horas del día y que resulta esencial para el abastecimiento, el transporte y la actividad económica”.

Asimismo, han lamentado que la patronal “ni siquiera haya querido entrar a negociar mejoras sociales y laborales planteadas durante la mesa negociadora”. “El sector logístico merece respeto. Merece salarios justos, condiciones laborales dignas y un convenio que esté a la altura del esfuerzo diario de miles de trabajadores y trabajadoras”, ha concluido el sindicato.

El Campeonato Europeo de Carreras de Obstáculos (OCR), que este año se celebra en Irún, ha cancelado la prueba de equipos prevista para el domingo 31 de mayo debido a “razones de fuerza mayor y seguridad”. Una de las selecciones participantes en la competición era la de Israel, cuya presencia había motivado protestas y un boicoteo impulsados por BDZ Euskal Herria e Irun Palestina Ekimena.

A pesar de que la delegación israelí no participará como equipo tras la suspensión de la prueba colectiva, la docena de atletas israelíes sí competirá en las pruebas individuales previstas durante el fin de semana, aunque sin representar oficialmente a su selección. OCRA España ha señalado que la participación de Israel está amparada por “la legislación vigente de derecho internacional” y que no podían impedir su presencia en el campeonato.

Antes del inicio de la competición, la propia delegación israelí ya había decidido no asistir al desfile inaugural junto al resto de delegaciones europeas. La federación internacional de OCR ha explicado que espera que las protestas convocadas durante el campeonato se desarrollen “de una forma pacífica” y ha asegurado confiar en que la competición podrá celebrarse “en un ambiente y clima de absoluta normalidad”.

Las movilizaciones han sido impulsadas principalmente por BDZ Euskal Herria, que ha exigido la expulsión de los atletas israelíes y ha pedido al Ayuntamiento de Irún y a la Diputación Foral de Gipuzkoa que retiren su apoyo institucional al evento. EH Bildu en Irún también ha solicitado la suspensión de la prueba si Israel mantenía su participación, afirmando que “ante la barbarie que aún comete Israel, las instituciones de Euskal Herria deben actuar con total firmeza”.

Desde el Ayuntamiento de Irún se ha seguido la evolución de la situación, aunque no han querido posicionarse públicamente sobre las decisiones de la federación internacional de OCR, responsable de regular el campeonato. Según trasladó la propia organización a distintos medios, tanto el Ayuntamiento como la Diputación llegaron a plantear la posibilidad de pedir a los atletas israelíes que no participaran, valorando el impacto que su presencia podía tener sobre la seguridad del evento debido a las manifestaciones.

Patrones que se repiten

En el pasado ya se han producido situaciones similares en competiciones y campeonatos celebrados en Euskadi con presencia de delegaciones israelíes. Durante el mes de abril de este año, el Baskonia se enfrentó al Maccabi de Tel Aviv en un partido de Euroliga disputado sin público. Para garantizar la seguridad del equipo israelí, la Ertzaintza movilizó 150 agentes adicionales y unidades de Intervención en Vitoria. Unos días antes, en marzo, ocurrió la mismo contra el Hapoel de la misma ciudad.

Gazako Mugimendu Globala Euskal Herria denunció que durante el campeonato mundial de adiestramiento de perros celebrado en Vitoria en septiembre de 2025 un participante israelí fue ocultado y no apareció en la lista pública de competidores. En otros casos, la situación se resolvió con la retirada de los deportistas israelíes, como ocurrió en la competición de ajedrez celebrada en Sestao el pasado año. El club organizador retiró de la competición a los ajedrecistas de Israel, quienes finalmente se dieron de baja tras las protestas.

El hito más relevante sucedió en Bilbao en septiembre de 2025, con la llegada la Vuelta ciclista a España. Los corredores no pudieron llegar a la meta por las protestas masivas por la presencia del ya extinto equipo Israel Premier Tech. Fue la avanzadilla de más situaciones similares hasta el punto de que no se pudo celerar la ceremonio final en Madrid.

La vivienda, y todavía la vivienda pública en Toledo, es un bien escaso y además con problemas asociados -incluidos los judiciales- en algunos inmuebles de la ciudad. Es lo que hoy se ha querido poner de manifiesto por parte de un grupo de personas que se han manifestado en el toledano barrio del Polígono para exigir soluciones ante lo que consideran una gestión deficiente de la vivienda pública y un mercado del alquiler asfixiante.

Además, reclaman al Gobierno castellanomanchego frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en una promoción de viviendas públicas ubicada en la calle Río Yedra, 8, donde varias familias piden renegociar el alquiler, ajustando el pago a la situación de vulnerabilidad de cada una, además de la reparación del inmueble.

La marcha ha partido desde otra la inacabada promoción de 86 viviendas públicas en la calle Río Guadalmena, en el mismo barrio, como símbolo de la situación que denuncian y desde donde han recorrido a pie escoltados por agentes policiales, el tramo de un kilómetro hasta la sede de la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsable de la gestión de las infraestructuras en la comunidad autónoma.

Allí han leído un manifiesto con el que piden una alternativa habitacional “decente adaptada a las familias” que “ya se sabía que estaban en riesgo de tener una dificultad económica potente”, cuando resultaron beneficiarias de estas viviendas hace más de una década.

“Somos personas, no delincuentes”, “tiene solución, banqueros a prisión” o “Gicaman, escucha, Yedra está en la lucha” han sido algunas de las consignas que han coreado durante la manifestación, convocada por la Unión Popular de Inquilinos (UPI), cuyo portavoz, Germán Peiró, ha aseverado que “la vivienda es un derecho y no un negocio ni un bien de mercado”. También han contado con el apoyo de la Plataforma por la Vivienda Digna en Toledo y la Unión Popular de Estudiantes (UPE), que se ha sumado a la protesta.

En este sentido, la urgencia de la movilización responde a la situación que atraviesan varias familias que se enfrentan a desahucios inminentes, siendo el caso más alarmante el de una madre soltera con cinco hijos menores de edad, cuyo desalojo está previsto para el próximo 9 de junio.

Peiró ha señalado que, con el respaldo de organizaciones como UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida o Movimiento Sumar Toledo, están manteniendo contacto “con un asesor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana”, Isabel Rodríguez, para “ver cómo se puede gestionar” el conflicto que afecta a esta promoción pública, después de que la pasada semana le reclamaran mediación cuando acudía a la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo. Hay que recordar, sin embargo, que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno de Emiliano García-Page.

Según denuncia el portavoz de la UPI, la empresa pública se ha negado a negociar una alternativa “decente”, intentando incluso “sobornar o dividir a los vecinos”. Los residentes de Yedra 8 no solo denuncian la falta de sensibilidad social sino también el abandono físico del inmueble. “Han intentado negociar en numerosas ocasiones, pero también es justo decir que no se quiere pagar nunca a un casero que no te arregla el techo que se cae o los cortes de agua. En general, no les están manteniendo el edificio en el que viven y por el que tienen que pagar”, añade.

La demanda de estos colectivos es una negociación justa que incluya la condonación de deudas “inasumibles”, el fin de los desahucios sin alternativa y una adaptación de los alquileres públicos a la renta real de las familias.

Respecto al emplazamiento elegido para iniciar la marcha, Peiró ha recordado que se trata de una promoción pública cuya construcción permanece paralizada desde el año 2011. En declaraciones a los medios, ha resaltado la contradicción que, a su parecer, supone que este inmueble, administrado por GICAMAN, cuente con vigilancia las 24 horas del día mientras decenas de familias carecen de alternativa habitacional.

Fomento esgrime que 89 de 108 inquilinos no pagan

En relación a las viviendas de Yedra, 8, conocidas popularmente como los 'pisos negros', la Consejería de Fomento asegura que “la promoción presenta un elevado nivel de conflictividad judicial y un importante volumen de deuda acumulada” y que eso “está generando un significativo impacto económico en su gestión”.

Así, explica que la situación actual de esta promoción, con 148 viviendas de promoción oficial, tiene 108 contratos en vigor, con 19 inquilinos al corriente de pago, 89 inquilinos con deuda y 40 de las viviendas están vacantes.

La deuda total de inquilinos con contrato vigente asciende a 2.650.000 euros, con una deuda media por inquilino de 29.799 euros y una deuda acumulada total, entre contratos vigentes y resueltos de 3.810.000 euros.

En este momento hay 63 procedimientos judiciales activos, de los que 39 lo son por “ocupación ilegal” y 24 por reclamación de deuda.

El próximo mes de junio están previstos seis lanzamientos, todos por reclamación de deuda y se producirán los días 9 de junio (3), 11 de junio (2) y 25 de junio (1).

Desde el año 2015, los gastos acumulados en esta promoción de viviendas ascienden a 1.230.837,76 euros, según ha detallado Fomento a elDiario.es Castilla-La Mancha. Una inversión que se traduce, según las mismas fuentes, “en la mejora de estos pisos con más de 550 intervenciones en zonas comunes y 470 mejoras en viviendas”.

Reclaman declarar Toledo como zona tensionada

Por su parte, Belén García, portavoz de la Unión Popular de Estudiantes, ha alertado sobre la inaccesibilidad del mercado de vivienda privada en Toledo. En la actualidad, afirma que resulta “prácticamente imposible encontrar un alquiler digno por menos de 600 euros, una cifra que excluye no solo a los estudiantes, sino a gran parte de la clase trabajadora”.

Ante esta realidad, la propuesta de los colectivos es clara: que Toledo sea declarada zona tensionada. Esta medida permitiría una regulación efectiva de los precios del alquiler y, según García, obligaría a los grandes tenedores y rentistas a pagar un 150% más de IBI, desincentivando así la especulación. La meta es transformar la vivienda de un “bien de mercado” en un derecho fundamental protegido para garantizar la cohesión social.

La crisis de vivienda en Toledo no se limita a casos puntuales de desahucio. Los colectivos advierten también sobre un proceso de gentrificación y “turistificación” que está “afectando gravemente al Casco Histórico y a barrios como Palomarejos y Santa Bárbara”. En este sentido apuntan al Ayuntamiento de Toledo y advierten de que la construcción de vivienda a precios inalcanzables para la ciudadanía local está desplazando a los vecinos de sus barrios de toda la vida.

Por otro lado, y a pesar del reciente Plan de Vivienda Estatal o su aplicación en Castilla-La Mancha a través de distintas medidas anunciados por el Gobierno regional, los portavoces de estos colectivos califican de “postureo” las iniciativas planteadas, argumentando que no abordan el problema de raíz, que es “el de que familias trabajadoras están viéndose abocadas a a estar en la calle sin alternativa habitacional”.

Después de dos semanas de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, el conflicto educativo sigue marcado por las movilizaciones, las negociaciones bloqueadas y una fuerte participación de profesorado, familias y alumnado en todo el territorio. Las reivindicaciones van más allá de la cuestión salarial y ponen el foco en las ratios, las plantillas, las infraestructuras, la burocratización de los centros o la defensa del valenciano y de la escuela pública.

En este contexto, nos encontramos en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València con Conxa Delgado Amo Güin, Àngels Martínez Bonafé e Imma Coscollá Girona, maestras vinculadas a los Movimientos de Renovación Pedagógica y al sindicalismo de clase, para recordar la huelga educativa de 1988 y compartir reflexiones sobre las continuidades, los cambios y los aprendizajes entre aquel momento y el presente. Casi cuatro décadas después, sus experiencias permiten poner en diálogo a dos generaciones de lucha docente.

¿Dónde estabais trabajando en el 88 y cuál era el contexto previo a la huelga que llevó a estas movilizaciones?

Àngels: Estaba trabajando con el equipo de asesoras de la Reforma de Enseñanzas Medias y, por tanto, no estaba en un centro concreto. Ayudaba a distintos equipos docentes que iniciaban proyectos pedagógicos alternativos en Secundaria. La llegada de la huelga, por una parte, me emocionaba porque daba respuesta a mucho malestar que también existía en los centros: se le pedían muchas más cosas al profesorado de Secundaria de las que hasta entonces se le habían pedido. Pero, por otra parte, la huelga también suponía una ruptura de los proyectos que llevábamos adelante. Era un momento difícil.

Güin: Estaba en el Colegio Público Mas d’Escoto, de Riba-roja de Túria. Tuve la suerte de estar en un centro muy progresista, y allí hicimos huelga todo el profesorado. Tuvimos algunos problemas con las familias, pero había mucho ambiente asambleario, mucha decisión y mucha conciencia, porque lo teníamos claro. La única sindicalizada era yo, que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), y además en aquella época era muy militante. Eso hizo que tuviera mucho trabajo, no solo en el centro, sino también en la comarca. Íbamos a las escuelas donde la gente no hacía huelga a explicar las propuestas y a animar a la gente a sumarse.

Imma: Era maestra en el Cervantes de Xirivella, pero, a diferencia del caso de Güin, en mi centro no había una sensibilidad clara a favor de la escuela pública ni de la necesidad de dignificarla. Vivía una especie de esquizofrenia: por una parte, estaba inmersa en el contexto sindical y de renovación pedagógica, donde había una efervescencia de reivindicaciones y sensibilidades; pero, por otra, en mi colegio prácticamente hice la huelga yo sola.

Àngels: Una de las cosas buenas que recuerdo es esa vida comarcal. En las asambleas comarcales te encontrabas con la mejor gente de las escuelas de todo tu entorno. Fueron, realmente, un espacio de encuentro muy bonito, aunque en aquel momento no hubiera unidad sindical, y eso nos permitía encontrarnos con gente a la que querías aunque tuviera planteamientos distintos.

Hablemos de las reivindicaciones. ¿De qué contexto político, social, sindical y educativo venían y cuáles eran las principales demandas?

Àngels: He pensado mucho estos días en el contexto de aquella huelga, porque la del 88 la hicimos con un gobierno socialdemócrata y en un momento en el que se iniciaba todo un proyecto de reformas. Es un contexto muy diferente al actual, en el que tenemos gobiernos en posiciones de extrema derecha. En el caso de Secundaria, que es la experiencia que yo viví, a los institutos empezaban a llegar adolescentes de hasta dieciséis años que nunca antes habían estado en esos espacios, especialmente de otras clases y ambientes sociales. Al profesorado se le pedía que fuera capaz de atender a una diversidad muy grande de alumnado, que asumiera tutorías… y una parte importante del profesorado, acostumbrado al bachillerato, se preguntaba: “¿Tutoría? ¿Y eso para qué sirve?”. Por tanto, era un momento en el que estaba cambiando la propia idea de la enseñanza y también la de lo que significaba ser profesor o profesora de Secundaria. De ahí nacían muchas de las reivindicaciones, porque era necesario que aquella reforma pedagógica viniera acompañada también de una reforma del puesto de trabajo. Y en ese contexto, creo que la huelga era necesaria.

Imma: En Primaria también empezaba a crecer una sensibilidad pedagógica diferente. Al mismo tiempo, había una nueva generación de maestras y maestros que ya llevábamos unos años trabajando dentro de la escuela pública y que empezábamos a tener voz propia para dignificar nuestra situación. De hecho, eso sería un paralelismo con algunas cosas que pueden estar pasando ahora. Recuerdo que se hablaba mucho de la homologación con otros niveles funcionariales, porque era una forma de dignificar el puesto de trabajo. También se insistía mucho en el tema de las ratios. Y, sobre todo en Primaria, era muy importante la reivindicación del cuerpo único, una propuesta muy vinculada a los Movimientos de Renovación Pedagógica y a los sindicatos de clase.

Güin: Justamente, una de las cosas que más he echado de menos en las reivindicaciones actuales es esa del cuerpo único, porque para nosotras era fundamental. Tendría que haber estado también en las reivindicaciones de hoy. Es una manera de dignificar toda la profesión, desde la gente que trabaja en la escuela infantil de 0 a 3 años —que cobra una miseria— hasta quien da clase en la universidad. Creo que, al fin y al cabo, es el mismo trabajo. Y después estaba también el tema de las ratios, que comentaba Imma. Nosotras teníamos 40 o incluso 45 alumnos por clase. Recuerdo perfectamente aquel cambio: de repente entrabas al aula y tenías la sensación de decir “hostia, esto parece vacío”. Y eso te permitía atender mucho mejor al alumnado.

Àngels: También había reivindicaciones relacionadas con el horario de trabajo. Por ejemplo, que se contemplaran horas de permanencia en el centro que no fueran lectivas, sino destinadas a coordinación y formación. Estas dos cuestiones eran fundamentales, aunque no se consiguieron inmediatamente. Si la huelga fue en el 88, la LOGSE se aprobó en 1990, y prácticamente todas las negociaciones de los años siguientes —algunas ya presentes en aquel calendario reivindicativo y otras que fueron apareciendo después— fueron mejorando aspectos como las ratios o el horario laboral. También era muy importante cambiar la normativa sobre las actividades extraescolares. En Secundaria, y creo que también en Primaria, para la gente vinculada a la renovación pedagógica, que intentábamos hacer el máximo posible fuera del aula, era fundamental que dejara de existir aquella normativa según la cual, si había un accidente, se culpabilizaba directamente al profesorado. Y no solo por el riesgo de un juicio, sino porque el cambio implicaba empezar a entender las actividades extraescolares como una parte importante del aprendizaje, y no simplemente como un día de excursión para distraerse. Al final, aunque inicialmente la huelga comenzaba por la reivindicación de la homologación con el funcionariado —una cuestión que a algunas nos daba bastante igual, porque no nos sentíamos funcionarias sino trabajadoras de la enseñanza—, el movimiento fue incorporando otros elementos que sí nos interesaban mucho: queríamos transformar nuestro lugar de trabajo y redefinir qué significaba ser docente. Y eso, poco a poco, el movimiento lo fue consiguiendo.

Imma: Yo quería insistir precisamente en eso. Ahora entramos en una escuela pública y nos encontramos con formación en los centros, actividades extraescolares reguladas y reconocidas pedagógicamente, o con cuestiones como los sexenios, que no dependen tanto de cargos jerárquicos como de la dedicación al centro. También esa diferenciación entre horas lectivas, horas de formación u horas de coordinación. Todo eso, que ahora parece normal, es fruto de aquel movimiento. Por eso es muy importante hacer una lectura política del momento en que estas reivindicaciones empiezan a aparecer. Desde la izquierda, una de las cosas que a menudo perdemos es el sentido de las victorias acumuladas a lo largo de los años. En el pulso constante con el poder hay momentos de parón, de desgaste o de pacto, pero cuando miras atrás y comparas el punto de partida con lo que hay ahora, te das cuenta de que ha habido un cambio enorme. Todo eso ha sido una conquista de aquel movimiento que arranca en ese momento y que, poco a poco, va extendiendo determinadas sensibilidades pedagógicas y políticas. Y esa es la gran fuerza de una huelga así: que acaba desbordando lo que piensa un claustro concreto o unas personas concretas y se extiende como un magma colectivo.

Güin: Es muy importante eso de hacer colectivo. Cuando estás en el colegio explicándole las cosas a las familias, no te sientes sola, porque sabes que hay un movimiento muy grande de maestras y maestros haciendo huelga y reivindicando lo mismo. Creo que la huelga de ahora es mucho más alegre que la que hicimos nosotras. Y eso es bonito. Lo notas en muchas cosas: en el color, en la idea de una camiseta que unifica —que parece una tontería, pero no lo es—, en la música en la calle, en las meriendas, en las columnas que van llegando. A mí me emociona verlo. Nosotras, en aquella época, no lo hicimos así.

Imma: También es cierto que la tecnología y las redes sociales ayudan muchísimo. Y esa es una de las cosas más bonitas: ponerlas al lado de la vida, de la creatividad y de la cohesión. Yo he alucinado viendo que, en una encuesta hecha en un solo día, participaran 40.000 personas y que después hubiera una clasificación por ítems de todas las respuestas. Eso es aprovechar recursos muy potentes que ayudan a crear colectivo. Y también se nota en todos los componentes creativos que vienen, por ejemplo, del 15M o de lo que pasó después de la pandemia: la manera de unirse a través de canciones, de acciones compartidas, de nuevas formas de movilización. Vivimos aquella etapa muy marcadas por la transición política y por la manera de enfrentarnos a la herencia de la dictadura. Las reivindicaciones se vivían con mucha ilusión y con muchas ganas de construir escuela, pero también desde una dureza muy grande. Y ahora hay algo muy importante: entender que la radicalidad no niega la alegría, ni la belleza, ni la creatividad. Tampoco niega la proyección de futuro ni la capacidad de pensar más allá del presente. Y eso es una conquista preciosa.

Àngels: Quiero decirlo claramente: creo que la huelga actual es mejor que la del 88. Y también me gusta pensar que muchas de las personas que ahora la están haciendo fueron alumnas nuestras. Han vivido lo que era hacer asambleas en clase, tomar decisiones colectivas, participar. Ahora están demostrando una enorme capacidad de organización, de toma de decisiones colectivas y también de negociación: no solo frente a la Conselleria, sino dentro de la propia diversidad del movimiento sindical y del movimiento de maestras y maestros. Y creo que esa es una capacidad política muy esperanzadora y muy bonita de la generación que está liderando este momento. Y después hay otra cosa: la belleza y la creatividad también tienen que ver con la escuela. La renovación pedagógica intentaba unir la historia, las matemáticas, la lengua… con la creatividad, la participación y la expresión. Y esta huelga lo demuestra muy bien: hay una plataforma muy estructurada, con reivindicaciones muy claras, pero al mismo tiempo con eslóganes creativos y carteles preciosos. Eso también es fruto de haber pasado por una escuela que ha intentado unir lo científico con lo artístico, lo creativo con lo participativo.

Imma: Y respecto a la gente que la está haciendo ahora, yo creo que una de las características más valiosas de la escuela pública es que quienes la habitan la construyen. Nosotras hacemos la escuela. Movimientos tan grandes como una huelga indefinida hacen que los colectivos empecemos a tomar la palabra sobre la escuela que queremos: una escuela más participativa, más digna, más abierta y con más proyección hacia fuera. Y ahora, en este cambio de ciclo generacional, se están empezando a hacer preguntas muy importantes: cuando decimos inclusión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesita una escuela inclusiva? Cuando hablamos del valenciano en la escuela, ahora —y no en 1990—, ¿qué estamos diciendo exactamente? Y cuando decimos que queremos una escuela pública de calidad y no subsidiaria de la concertada, ¿qué estamos defendiendo? Lo que está pasando es que se está construyendo una voz colectiva para pensar y hacer la escuela que queremos. Y eso es una de las cosas que más me ilusionan de este momento: que es un inicio. Más allá de cómo acabe el proceso, es el comienzo de una nueva manera de aunar una voz colectiva. Una generación que hereda la escuela que nosotras construimos, pero que la repiensa desde su propia experiencia y crea su propio proyecto de futuro. Y eso es necesario para la escuela pública.

Güin: Otra cosa que he notado es que antes los representantes sindicales eran muy serios. Como nosotras. Veníamos de donde veníamos, y vivíamos las reivindicaciones y la lucha sindical de una manera muy intensa, muy dura y muy radical. Por eso, cuando el miércoles escuché a Marc Candela, del STEPV, decir “continuamos en la unidad sindical”, se me pusieron los pelos de punta. Yo pensaba que ANPE y CSIF acabarían descolgándose, porque ya había pasado otras veces. Y ver que la unidad sindical continuaba me emocionó. Además, él lo decía con alegría. Y eso también es importante. Los sindicatos también tienen que aprender de esta nueva manera de vivir la lucha. Porque los sindicatos son fundamentales.

Hemos hablado de la unidad sindical y de las reivindicaciones, pero también me gustaría volver un momento a vuestra relación con los Movimientos de Renovación Pedagógica, porque implicaban una manera concreta de entender y vivir la escuela: hacer escuela desde la participación y la democracia en el aula y en los claustros. ¿Qué puede transformar dentro de una escuela un movimiento de huelga como este?

Àngels: Había una lectura bastante conservadora de ciertas reivindicaciones laborales. Por ejemplo, profesorado de Secundaria que decía: “Yo soy profesor de matemáticas, ¿por qué tengo que hacer tutorías? Que haya un psicólogo o un orientador y que los alumnos que molestan vayan allí”. Desde la renovación pedagógica, en cambio, lo que planteábamos era otra cosa: teníamos que aprender a dar clase de una manera que conectara con aquel alumnado que se aburría en el aula, que no encontraba sentido a la escuela. Y eso implicaba formación, coordinación y tiempo para elaborar propuestas culturales y pedagógicas diferentes. Yo no quería que aquel alumnado “se fuera al psicólogo”; lo que reivindicaba era tiempo para formarme, coordinarme y pensar mejor mi trabajo. Por eso digo que también había maneras reaccionarias de formular los problemas: querer volver a ser el profesor de BUP que solo se preocupaba de su asignatura.

Y no, nosotras no queríamos eso. Ahora, en cambio, la sensación que tengo —vista desde fuera— es que la formulación de los problemas es más global e incorpora mucho más la dimensión pedagógica. El hecho de que las reivindicaciones principales no sean solo salariales, sino también las ratios o las plantillas, ya indica que la dignificación del profesorado se piensa unida a la calidad educativa. Y después está la cuestión del valenciano y de hacer una escuela valenciana. Su presencia dentro de la huelga es una apuesta cultural y también política: una manera de entender el futuro y la cultura del país. Eso le da al movimiento un carácter popular, progresista y claramente de izquierdas. Seguramente no todo el mundo lo vive igual, pero el hecho de que eso esté presente ya abre un camino. No sé qué se conseguirá exactamente con esta huelga, pero el vínculo entre enseñanza en valenciano y enseñanza de calidad ya ha quedado puesto sobre la mesa.

¿Y cómo se vivía, en aquel momento, la relación con la administración pública, teniendo en cuenta que había un gobierno socialdemócrata?

Àngels: La situación era complicada. Aquella era una huelga estatal y las grandes decisiones se tomaban desde el Ministerio de Educación. Además, acababan de transferirse competencias a las comunidades autónomas, y eso también generaba debate en las asambleas: hasta qué punto la Conselleria debía tener autonomía para decidir o si todo seguía dependiendo del MEC. De hecho, en el País Valenciano se consiguieron algunas cosas que en otros lugares no, como aspectos relacionados con la formación del profesorado. Pero sí recuerdo que había una actitud más orientada a la negociación. Lo que no pasaba era eso de levantarse de la mesa, como ha hecho ahora la consellera. Eso ni los consellers ni el ministerio de aquel momento lo hacían.

Güin: Lo que está haciendo Ortí es una ilegalidad, porque su obligación es estar ahí y aguantar lo que haga falta. Si tiene que estar veinte horas negociando, pues veinte; y si tienen que ser cuarenta, cuarenta. Pero también es cierto que el contexto es diferente. Para el profesorado, tener delante a un gobierno de extrema derecha facilita algunas cosas, porque las posiciones están mucho más claras. Los otros también eran duros, ¿eh?, pero nosotras, en aquella época, pensábamos que estábamos en un momento histórico y que teníamos que forzar la máquina. Pensábamos: “si estos, que se supone que son los progres, están haciendo esto, imagínate cuando lleguen los otros”.

Imma: En este cambio de ciclo generacional y político, la transferencia autonómica también marca mucho la manera de entender las responsabilidades sobre las condiciones educativas. Hay que recordar que esta huelga indefinida llega después de meses de demandas de negociación que no habían sido escuchadas. Y, como decía Àngels, más allá de la cuestión salarial, hay toda una necesidad de volver a hablar de ratios, de infraestructuras, de plantillas y de condiciones laborales. Ya lo hicimos hace cuarenta años, pero muchas cosas no se han actualizado; incluso se han deteriorado. Se han perdido plantillas, las ratios se han relajado y las escuelas se han degradado muchísimo.

Y después hay otra cuestión muy importante: qué pasa dentro de los claustros. Cuando un claustro reivindica menos burocracia, no está hablando solo de papeles. En los últimos quince años ha habido una invasión de plantillas informáticas, de ITACA, de formularios prefabricados, que han ido sustituyendo la voz propia de cada escuela. Parece una manera de ahorrar tiempo, pero en realidad es una manera de tapar la voz de los centros. Por eso, cuando un claustro dice “basta de burocracia”, o cuando dice “en valenciano”, ahora mismo está abriendo preguntas muy profundas: ¿qué significa hoy una escuela en valenciano? ¿Qué significa una escuela inclusiva?

Porque la inclusión, si se plantea solo desde una especialidad aislada de la responsabilidad colectiva del centro, es un paso atrás. Pero si se piensa como un proyecto global de escuela inclusiva, estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que los claustros han empezado precisamente a poner en voz colectiva todas esas preguntas. Por eso pienso que esta tabla reivindicativa tiene una capacidad transformadora muy grande. Quiero creerlo. Es que estamos muy emocionadas con lo que ha pasado esta semana.

Àngels: También hay que tener en cuenta la diferencia de etapa. Después de la LOGSE vienen veinte años de gobiernos del PP y de recortes constantes: aumento del horario lectivo, aumento de las ratios, deterioro de los centros… Los gobiernos del PP siempre han empeorado las condiciones laborales y eso ha ido acumulando un desgaste muy grande.

¿Qué puede aprender una escuela cuando se moviliza colectivamente?

Àngels: Recuerdo con mucho cariño los encierros en los centros con familias y alumnado. Recuerdo especialmente uno en el que acabamos hablando de los exámenes, de cómo se podían resolver los conflictos entre profesorado y alumnado —porque siempre se daba por hecho que la razón la tenía la profesora y no el alumno—, de los deberes, del trabajo en casa… Aquellos momentos eran muy valiosos. Y me habría gustado que eso se hubiera reproducido más en los centros. Es difícil en el día a día, pero en momentos de huelga sí se pueden abrir estos espacios de debate pedagógico. Ya que estamos en huelga, aprovechemos para hablar de cuestiones que afectan a toda la comunidad educativa: los exámenes, la evaluación, los conflictos, los derechos del alumnado, la participación o el Consejo Escolar —que muchas veces nadie quiere porque se vive como algo aburrido y vacío. Pero precisamente por eso hay que reapropiarse de esos espacios y discutirlos colectivamente.

Imma: Es muy importante visibilizar que la comunidad educativa también la forman las familias. No se trata solo de que apoyen la huelga, sino de que la sostengan. De hecho, FAMPA ha secundado la convocatoria, y las familias son muy conscientes del deterioro de las infraestructuras, de la falta de recursos y de la diversidad que hay dentro de las aulas de sus criaturas. Igual que nosotras formamos parte de una escuela que abrió puertas, esta huelga también puede recuperar una idea muy importante: que las familias forman parte activa de la defensa de una escuela pública de calidad. Eso ya se vio en el referéndum sobre el valenciano. Todo parecía ir en contra, pero la respuesta de las familias a favor del valenciano fue extraordinaria.

Y respecto a la transformación pedagógica dentro de los claustros, creo que hay una palabra clave: complejidad. La complejidad no significa renunciar a las consignas radicales, sino evitar simplificarlas. Significa entender que todo está relacionado. Por eso, esta huelga está transformando las relaciones dentro de los claustros, la manera de hablar, los tiempos y las formas de organizarse. Y eso es tan importante como lo que hace la educación con las criaturas. Cuando tú trabajas por una educación emancipadora, lo haces con el convencimiento de que todo lo que vive una persona forma parte de su trayectoria vital. Y políticamente ocurre igual: la huelga es transformadora porque está transformando la calle y la manera de relacionarnos.

¿Qué les diríais hoy a las personas que están haciendo huelga? ¿Qué es imprescindible para mantener viva esa chispa?

Güin: Que continúen. De verdad, yo lo veo clarísimo, incluso desde la distancia: están en el camino. Esto no se lo van a regalar. Y aunque no me gusta nada utilizar metáforas bélicas, es evidente que es una lucha. Pero una lucha que tiene que seguir viviéndose colectivamente: tocando música, acompañándose, yendo a merendar juntas, repartiendo papeles, convenciendo a la gente, haciendo acampadas en los centros… lo que haga falta. Y sobre todo con las familias, que son fundamentales. Esta huelga la vamos a ganar. No sé exactamente hasta dónde llegará la línea, pero creo que es muy importante evitar una confrontación sindical entre los sindicatos de clase, como nos pasó a nosotras. Si se mantiene esa unidad, llegarán muy lejos.

Àngels: El simple hecho de haber sostenido todos estos días de huelga con un porcentaje tan alto de participación ya es una victoria. Este gobierno de derechas no podrá actuar igual después de esta huelga que antes. Y, además, es una huelga que ha unido escuelas de todo el territorio y que está creando conciencia de País Valenciano. El otro día, en Conselleria, me encontré con compañeras de mi hija Marina, que también es maestra, y estaban muy afectadas porque no habían podido hacer huelga por los servicios mínimos. Y el hecho de que se sintieran mal por haber tenido que estar en el centro… eso también es una victoria.

Imma: Es muy importante lo que está pasando. Por tanto: adelante!. Nosotras estamos muy agradecidas, porque formamos parte de la escuela pública y esto ha sido, verdaderamente, un paso adelante. Y añadiría una última idea. Las que venimos de la renovación pedagógica sabemos que una de las claves que nos ha dado plenitud y compromiso con nuestro oficio ha sido vivirlo en primera persona: vivir el aula, el centro y la relación con las compañeras, los compañeros y las familias desde un lugar propio. No se trata solo de gestionar aquello que te pide la administración. La gota que ha colmado el vaso es, también, toda la docilidad acumulada ante lo que se imponía desde arriba. Y no porque quieras estar en contra de todo, sino porque quieres hacerte presente desde el lugar desde el que quieres construir escuela. A nosotras, vivir así el oficio nos ha hecho maestras felices. Hemos terminado nuestra vida laboral porque tocaba cerrar un ciclo, pero no nos hemos quemado. Y eso es lo que está haciendo ahora la gente que está en huelga. Ese es el camino, y esto ya es una victoria.

Decenas de miles de personas han salido a las calles de Madrid este domingo en defensa del derecho a la vivienda, convocadas por el Sindicato de Inquilinas. Exigen la regulación de los precios de los hogares, critican a los rentistas y especuladores. La manifestación se ha repetido en varias provincias. Tienes toda la información aquí. Te dejamos las mejores pancartas, con un claro protagonista: los buitres.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” ha reunido a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que ha comenzado en Colón y ha finalizado en Moncloa, donde se han vivido algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando han cortado la A-6 y han intentado llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se han producido tres detenciones y siete agentes han resultado heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” ha sido el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal ha estado presente durante la concentración, y se ha sumado a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, ha declarado Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado ha reunido a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se han escuchado ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas gritaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García ha sostenido que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, ha declarado esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se ha visto, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García ha justificado que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se ha reelegido con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también han estado presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no han tardado en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes han repetido los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.