Una nueva manifestación recorría este domingo la ciudad de Ceuta para, entre otras reivindicaciones, mostrar su preocupación sobre la vuelta al colegio de los niños de la ciudad. Algunos de sus lemas exigían la protección de los menores en el regreso a las aulas, cuando una adolescente de piel morena se unió a la marcha junto a su prima. La menor entonaba junto al resto los cánticos sobre el abandono de la ciudad, incluso pedía la expulsión de los migrantes llegados a finales de julio, cuando percibió que uno de los gritos de “invasores” estaba dirigido hacia ella. “Tú de dónde saliste, invasora”, le espetó una mujer, con una bandera de España en sus manos. De pronto, los ojos de una parte de los participantes se enfocaron en ella. Pidieron su expulsión y le exigieron mostrar su DNI para justificar que, efectivamente, era caballa, como la niña no paraba de repetir.

La supuesta “invasora” se llama Soraya Eguizabal El Hamdaoui, tiene 13 años y es caballa –apodo con el que se conoce a la población natural de Ceuta–, de padre vasco y madre ceutí. Sus rasgos, de tez morena, despertaron el racismo de algunos de los manifestantes, según presenció elDiario.es. La niña estaba en su casa y una manifestación que, entre otros asuntos, decía defender la seguridad de los menores de la ciudad en la vuelta al colegio, pasaba por las proximidades de su vivienda.

“Llamé a mi prima porque nunca había ido a una manifestación y pensé que era importante, porque a veces sí tengo miedo de esta situación”, explica la menor en conversación con elDiario.es. Cuando alcanzaron a las decenas de personas que se aproximaban a la frontera del Tarajal, una mujer la increpó: “Tú donde saliste, invasora, enséñeme el DNI. Te vi en el hospital con tuberculosis”, afirmó una de las participantes de la marcha, según aparece recogido en la denuncia registrada en comisaría este domingo por la madre de la menor, a la que ha accedido este medio.

Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

La niña llamó a su madre para explicar lo sucedido. “Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña”, cuenta Fatima El Hamdaoui, la madre de la niña acosada por los manifestantes. “Fui directa a decirle: '¿Tú sabes que con quien estás hablando es mi hija?”, explica la madre.

Según la denuncia, El Hamdaoui “se dirige a ese señor y le pregunta por qué le está tomando fotos a la niña, respondiéndole este 'que es una invasora' a lo que la declarante le respondió que era su hija menor y era española, mostrándole el DNI”. A su vez, añade el escrito, la esposa del hombre seguía increpando a la niña diciéndole: “Invasora, yo la vi entrar ayer”.

Este medio presenció este momento de la marcha. Entre vítores de “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” o “un caballa nunca se rinde”, elDiario.es fue testigo de los insultos lanzados por parte de los manifestantes a la menor. Uno de los manifestantes le puso a la adolescente una bufanda de la bandera de España para que se la rodease y, de esta forma, “evitar” los ataques. Posteriormente, una de las vecinas se acercó a la niña y su familia para calmar la situación y pedir perdón por el ataque verbal. Mientras, tres militares, que patrullaban por la zona, atendieron a las afectadas y mostraron su solidaridad ante lo sucedido.

“Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir”

Un día después de los hechos, la madre de la niña aún dice estar procesando la situación. “Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir. Estoy en contra de lo que ha pasado en mi tierra, pero siempre he dicho, esta gente no tiene la culpa, no tenemos tratarlos mal. Y ahora atacan hasta a mi hija que es caballa”, dice con indignación la mujer. “Mi niña quería ir a la manifestación porque escuchó que era por los menores, por la vuelta el cole, y se encuentran con que acaban insultando a una menor ceutí”, añade.

La madre, igual que la niña, destacan la ropa deportiva que llevaba puesta la menor, como si esa fuese una de las razones de haber sido increpada. “Se fue con un chándal, ella es muy morenita de piel y la llamaron invasora”, explica. “Fui a la manifestación y me puse lo primero que vi. Y, claro, todos iban con camisas de España”, comenta la menor.

Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

24 horas después, la adolescente dice sentir miedo “por las dos partes” (ceutíes y migrantes). “No me sentía segura para ir al instituto y ahora me va a confundir la gente de mi misma ciudad. Da miedo, pero estoy siempre con mi madre”, sostiene la chica, que empezará el instituto este martes. “Es verdad que tenía mucho miedo de los migrantes, pero, no me han hecho nada. Solo sentía que miraban raro, pero no ha pasado más. Solo me han hecho los manifestantes, aunque 'los invasores', como no los conozco y están por las calles, me dan más miedo”, dice la niña.

La madre de la menor asegura que, durante la manifestación, informó de los hechos a los agentes policiales del operativo de seguridad. “Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así”, indica El Hamdaoui, quien finalmente se fue directamente de la manifestación a comisaría para registrar la denuncia. La mujer, también ceutí, dice sentirse decepcionada por parte de sus vecinos en lo referido a la actitud de parte de los participantes de muchas manifestaciones con respecto a la comunidad musulmana de la ciudad, lo que a su juicio está dividiendo a la sociedad caballa.

Situaciones similares

“Se quejan de que no participa mucho la comunidad musulmana en las protestas, pero por estas cosas no me voy a encargar de que ninguna comunidad venga”, apunta la denunciante de los hechos. Los hechos denunciados coinciden con situaciones documentadas por elDiario.es en esa y otras protestas similares. Esa misma mañana, una de las periodistas que firma esta noticia se encontraba en la frontera del Tarajal entrevistando a los migrantes que habían decidido regresar a Marruecos por su cuenta, cuando llegó la protesta a este punto. Cuando los vecinos observaron a algunos jóvenes marroquíes comenzaron a increparles. “¡Fuera, fuera!”, les dijeron a gritos, lo que empujó a los chavales a escapar a la carrera. Al ver que la reportera de este medio, que estaba charlando con ellos, permanecía en las inmediaciones, se dirigieron a ella: “Puta mora, periodista”, bramaron. Anteriormente, la otra reportera que firma esta información fue expulsada de la protesta por la policía, impidiendo su derecho a la información, cuando varios manifestantes empezaron a increpar a ella y la fotógrafa por ser confundidas con personal “de una ONG” pese a mostrar su tarjeta de prensa en distintas ocasiones.

La manifestación celebrada este sábado contra la instalación de un campamento en el puerto de Ceuta, después de que el Gobierno se hiciese con el control de este, también acabó con insultos por parte de una decena de vecinos ceutíes a algunas personas racializadas que observaban el mar en el puerto de la ciudad autónoma. “Invasores. Qué vergüenza. A Marruecos”, gritaron en un inicio. Posteriormente, los insultos fueron dirigidos a las personas blancas que se acercaban a hablar con ellos, entre ellas una menor ceutí y otra de las periodistas que firma esta pieza que entrevistaba a un joven palestino y a un chico inglés que pasaba la tarde en el muelle.

“¡Puta! Habla con ellos y luego te quejas si te violan. Ojalá os violen, guarras”, dijo una de las mujeres participantes. La menor que fue acosada junto a la periodista de elDiario.es tenía 16 años y se encontraba con su primo, marroquí, que había cruzado a la ciudad el pasado 30 de julio. “Yo estaba aquí tranquila y una señora con un perro me empezó a llamar puta y de todo. Me parece muy bien que se manifiesten todos los días para 'salvar al pueblo', pero a mí que no me griten ni me graben. Solo estoy con mi primo”, dijo la adolescente a elDiario.es después de los hechos. Este medio ha comprobado que durante este tipo de manifestaciones la policía no actúa en defensa de las personas atacadas ante este tipo de insultos con carga de odio y discriminación si no se produce violencia física.

Alcanzados los 300 días de huelga, el sindicato ELA ha anunciado este lunes que intensificará las movilizaciones para denunciar la falta de avances y el aumento que ven del acoso sindical en las residencias de Gipuzkoa. Los días 17 y 18 de septiembre estarán marcados por las protestas: la primera aprovechará al Zinemaldia de Donostia para organizar un 'festival' paralelo llamado Zaintzaldia y la segunda será una manifestación por las calles de la ciudad para exigir una “intervención real” de la Diputación.

Según el análisis del sindicato, en el sector trabajan alrededor de 5.000 personas, la mayoría mujeres. Aunque los centros de día y las residencias están financiados por la Diputación foral, ELA recuerda que buena parte de las trabajadoras pertenecen al sector privado y que sus condiciones son “cada vez más precarias”.

El sindicato denuncia que casi la mitad de la plantilla tiene contratos parciales no voluntarios y que existe una brecha salarial de más de 10.000 euros anuales. También denuncia el despido de trabajadoras en huelga en Zaintzen y Biharko Gipuzkoa, una situación que ELA considera “muy grave” al entenderla como un caso de acoso sindical que no van a tolerar.

En esta misma línea, sostienen que la semana pasada el organismo foral Kabia, encargado de gestionar 16 residencias, dio la razón al sindicato y confirmó la existencia de acoso sindical. Como consecuencia, el organismo deberá pagar indemnizaciones a los miembros del comité de empresa.

Estas denuncias se suman a las críticas de ELA al papel de la Diputación, gobernada por PNV y PSE-EE, a la que acusa de haber hecho “propaganda” en lugar de impulsar una solución al conflicto. El sindicato reclama que ponga sobre la mesa una iniciativa política y “los recursos necesarios para un convenio que acabe con la precariedad”. ELA también califica de “vacías” las reuniones bilaterales mantenidas hasta ahora. La mesa negociadora volvió a bloquearse tras los encuentros celebrados en junio, ya que, según el sindicato, “las patronales no tienen capacidad para hacer nuevas propuestas”.

Con la huelga ya en su día 300, ELA ha anunciado dos nuevas movilizaciones. El 17 de septiembre celebrará el acto Zaintzaldia, una suerte de festival de cine sobre las residencias de Gipuzkoa que incluirá la recogida de adhesiones, información sobre el conflicto y una entrega de premios. Al día siguiente, el 18 de septiembre, tendrá lugar una manifestación por las calles de Donostia. Durante ambas jornadas, ha destacado el sindicato, “las estrellas serán las huelguistas”.

En Extremadura, las dos ciudades con mayor población, Badajoz y Cáceres, han acogido esta movilización que pone en evidencia una realidad demasiado habitual: buena parte del bienestar de los animales continúa descansando sobre el tiempo, el dinero y el esfuerzo de personas voluntarias.

Hay manifestaciones que reclaman derechos nuevos, pero hoy no. Hoy reclamamos que se cumpla algo que ya hemos conseguido. Si ningún ciudadano está exento de cumplir la ley alegando desconocimiento, muchísimo menos debe permitirse a las administraciones públicas.

Bajo el lema 'Los gatos tienen ley. Ahora toca cumplirla', personas gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y ciudadanía nos hemos movilizado simultáneamente. Más de 350 entidades se han adherido a una reivindicación que, en realidad, no debería ser necesaria. Porque la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no dice que los ayuntamientos puedan ocuparse de las colonias felinas si tienen tiempo, presupuesto, sensibilidad o ganas. Dice que les corresponde hacerlo.

La norma establece que las entidades locales deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Y concreta en qué consiste esa responsabilidad: localizar y censar las colonias, esterilizar a los gatos mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, identificarlos, garantizar su atención sanitaria, establecer programas veterinarios, gestionar los posibles conflictos vecinales y colaborar con las personas y entidades que participan en su cuidado.

Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, en demasiados municipios españoles seguimos encontrándonos con la misma escena: mujeres y hombres particulares comprando sacos de pienso de su propio bolsillo, pagando tratamientos veterinarios, capturando animales para esterilizarlos, cuidando gatos enfermos, atendiendo camadas abandonadas y soportando, además, conflictos, amenazas o insultos por hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad.

Es importante decirlo claramente: las personas que cuidan colonias felinas no provocaron la existencia de esas colonias; se hacen responsables de unos gatos que fueron abandonados por una parte de la sociedad que se niega a responsabilizarse.

Los gatos que viven en nuestras calles no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia, en buena medida, del abandono y de décadas de ausencia de políticas responsables de esterilización, identificación y control poblacional. Y no, tampoco desaparecen dejando de alimentarlos. El hambre no esteriliza.

La gestión ética y planificada mediante CER no nace de un sentimentalismo ingenuo. Nace de una necesidad de políticas de salud pública. Una forma de reducir progresivamente las poblaciones de gatos comunitarios de manera controlada y compatible con el bienestar animal, la salud pública y la protección de la biodiversidad. Sin tener que matar.

Durante años, personas anónimas han estado supliendo la ausencia de la Administración ante este problema, pero, a día de hoy, los gatos tienen Ley. Por eso hemos salido a la calle a pedir que se cumpla la ley, que es una forma de defender el Estado de derecho.

Una administración pública no puede decidir qué leyes cumple dependiendo de si le gustan más o menos. Un ayuntamiento no podría argumentar que no recoge la basura porque carece de presupuesto suficiente, ni dejar de garantizar el abastecimiento de agua porque considera complicada su gestión.

Con las obligaciones relacionadas con los animales debería ocurrir exactamente lo mismo. Sabemos que Extremadura está formada por numerosos municipios pequeños, que disponen de pocos recursos económicos y técnicos, pero la propia ley da respuesta: las entidades locales pueden solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, no podemos convertir la falta de medios de un pequeño municipio en una condena para los animales ni en una transferencia permanente de responsabilidad hacia las personas voluntarias.

La Ley 7/2023 encomienda a las diputaciones provinciales y a los gobiernos autonómicos elaborar protocolos marco que establezcan criterios de captura, registro, alimentación, limpieza, atención sanitaria, esterilización, instalación de refugios, formación de personas cuidadoras y formación incluso de las policías locales.

No pedimos que todas las personas amen a los gatos. Ni siquiera hace falta que les gusten. Basta con que cumplan la Ley.

Una sociedad democrática no construye sus normas sobre los gustos individuales, sino sobre responsabilidades colectivas, conocimiento científico y principios éticos compartidos.

Los gatos comunitarios existen. Forman parte de nuestros pueblos y ciudades. Y mientras existan, tenemos dos posibilidades: abandonar su gestión a la improvisación, permitiendo que se reproduzcan sin control, enfermen y generen conflictos; o gestionar sus poblaciones de manera responsable, profesional y ética.

Detrás de cada colonia continúa habiendo demasiadas personas que madrugan para poner agua, que recorren kilómetros llevando un gato al veterinario, que organizan rifas para pagar esterilizaciones o que calculan a final de mes cuánto pueden gastar en pienso.

Su entrega y sensibilidad son admirables, y hoy, además, han salido a la calle para pedir algo distópico en una democracia: Amados gobernantes y funcionarios, sus votantes y no votantes quieren que se cumpla la ley.

La movilización mensual en protesta por la gestión de la dana de 2024 y para reclamar responsabilidades al expresident de la Generalitat Carlos Mazón saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y celebrará el próximo 26 de septiembre una concentración en la ciudad de Alicante.

Bajo el lema 'Mazón a prisión', los movimientos sociales y sindicales que cada mes organizan estas protestas han convocado el último sábado de este mes a las 18:30 horas una concentración en la Casa de las Brujas -la sede en Alicante del Gobierno valenciano-, en la que participarán y hablarán las asociaciones de víctimas de la dana.

Este septiembre se cumplen 23 meses de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasaron gran parte de la provincia de Valencia y dejaron un total de 232 personas fallecidas.

Solo once días después de la tragedia se celebró en València la primera manifestación de protesta contra la “nefasta gestión” de la dana por parte del Gobierno valenciano y del entonces president de la Generalitat, con el lema 'Mazón dimisión', y desde entonces cada mes la ciudadanía volvió a salir a la calle en torno al día 29 de cada mes.

Tras la dimisión de Mazón como president el pasado 3 de noviembre, el lema de estas protestas convocada por más de 200 entidades sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana cambió a 'Mazón a prisión', para reclamar que el expresident abandone su escaño en Les Corts para dejar de ser aforado y que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal.

Además de en la ciudad de València, estos meses ha habido también manifestaciones en municipios de la 'zona cero' de la dana, como Catarroja y Paiporta, o en el bautizado como Pont de la Solidaritat, la pasarela peatonal que conecta la capital valenciana con los municipios de L'Horta Sud y que miles de valencianos cruzaron tras la dana para llevar ayuda.

Mazón es diputado autonómico por la provincia de Alicante y tras su dimisión tiene en la capital alicantina la Oficina de apoyo al expresident con dos asesores, en aplicación de la ley del Estatuto de expresidents de la Generalitat.

La movilización contra el Gran Premio de Fórmula 1 se materializará este domingo, a la par que se desarrolla la principal jornada del evento, con una concentración el domingo 13 de septiembre. Convocada por la Plataforma Stop F1 Madrid y otra veintena de organizaciones vecinales, medioambientales o sindicales, la protesta está convocada desde las 12.00 en los exteriores de Ifema (número 5 de la avenida del Partenón).

La entidad público-privada que gestiona el recinto ferial es precisamente la principal promotora de Madring, el polémico circuito donde la Fórmula 1 regresará a Madrid cuatro décadas después. Del 11 al 13 de este mes, los motores de los monioplazas rugirán alrededor de sus instalaciones y cerca de zonas residenciales de los distritos de Barajas y Hortaleza.

La manifestación recoge como principal reclamo denunciar “el despilfarro de la Fórmula 1”, que ponen en relación con “los recortes de servicios públicos”. El cartel incluye algunas de las áreas en las que, alertan, se han producido estos menoscabos: educación, sanidad, vida de barrio, lucha contra incendios, transporte público, vivienda asequible y dependencia.

El ruido, la contaminación atmosférica, el desplazamiento de una histórica vía pecuaria, el efecto en unos humedales, la afección a la movilidad o la polémica tramitación de la licencia para edificar el trazado son otras de las quejas de las agrupaciones convocantes ante el aterrizaje de la Fórmula 1.

Muchas de ellas han presentado recursos administrativos o denuncias ante la Justicia, que no se han resuelto a fecha de celebración del Gran Premio. En todos los casos, al igual que en los procesos emprendidos por Más Madrid, los juzgados han rechazado aplicar medidas cautelares que impidieran desarrollar las carreras.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.

A la misma hora que miles de ciudadanos abarrotaban la plaza del Ayuntamiento de Santander convocados por la Federación de Municipios de España para apoyar a Ceuta en su crisis migratoria, a pocos metros otro grupo de ciudadanos se manifestaba contra el racismo en la Delegación del Gobierno.

Una protesta para rechazar los mensajes racistas que se difunden desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, a favor de una convivencia social sana y contra los discursos de odio.

La primera concentración multitudinaria se disolvió sin incidentes. En la segunda los manifestantes sufrieron serios aprietos hasta el punto de que han sido evacuados en autobús.

Bajo el lema 'Paremos los pies al racismo' y convocados por CJS (Coordinadora Juvenil Socialista), con el apoyo de varios colectivos sociales como Pasaje Seguro y las Calles contra el fascismo, los manifestantes concentrados a la altura de Correos se han visto rodeados por algunos grupos organizados de jóvenes que vestían camisetas idénticas y ondeaban banderas de la cruz de Borgoña con aspas rojas sobre fondo blanco.

Con actitud provocadora comenzaron a insultarles, a vocear consignas fascistas y corear 'moros no, españoles si“ por detrás de un cordón policial que protegia a los cientos de personas allí concentradas.

La situación se ha prolongado durante casi hora y media hasta que se ha optado por evacuar a los manifestantes antifascistas, escoltados por la Policía Nacional, en autobuses municipales para alejarles del foco de tensión. Mientras se subían continuaron los abucheos e insultos desde ambos lados de la calle Calvo Sotelo, que seguía cortada al tráfico ya que solo se permitía la circulación de estos autobuses.

Hace dos días la organización Pasaje Seguro pidió públicamente acoger en Cantabria a niñas migrantes de Ceuta y reprochó la “criminalización de la ultraderecha”. Al tiempo, cuestionó que acoger a una 'pequeña parte' de las menores suponga un “un problema” para los servicios sociales de Cantabria.

Una multitudinaria concentración (12.000 personas según la Delegación del Gobierno) ha secundado en Logroño la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad a la situación que está viviendo el pueblo ceutí. “Defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos”.

Convocada a las 20,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana, desde minutos antes miles de logroñeses y logroñesas han inundado la plaza con banderas de España y de Ceuta para mostrar su rechazo a esta situación y mostrar un claro rechazo al gobierno presidido por Pedro Sánchez.

También han asistido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por varios miembros consejeros de su Ejecutivo, así como la vicesecretaria general de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. También han acudido miembros de Vox, como el diputado regional, Ángel Alda, entre otros. Por parte de la corporación municipal de la ciudad, el alcalde, Conrado Escobar, ha asistido con varios de sus concejales así como miembros de Vox y la concejala no adscrita, Eva Loza, quien antes pertenecía a las listas del PSOE en Logroño.

Durante el acto se han podido escuchar diferentes proclamas como; “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, “Marlaska, dimisión”, “Viva España” y gritos de “traidores” e “invasores”, “Pedro Sánchez, corrupto”, “Esta Ceuta nunca se rinde”, “Pedro Sánchez, dimisión” o “Viva el Rey Felipe”.

El acto ha comenzado pasadas las 20,00 horas y tras escuchar el himno de Ceuta -que ha terminado con una multitud de aplausos- el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha dirigido a los asistentes para leer el comunicado oficial de la FEMP -el mismo para toda España-. Ha tenido que interrumpir su discurso en varios tramos ante el grito de los asistentes con insultos hacia las personas migrantes como “invasores”.

En concreto, en el discurso se ha mostrado “el apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio”. La situación de Ceuta, ha proseguido, “también está poniendo a prueba a España: nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio”.

Por eso, desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño, “desde cada pueblo y cada ciudad de España, queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta: es y será siempre España”. Ceuta es una parte “irrenunciable de nuestro país. Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que generación tras generación han expresado su identidad española y su compromiso con España y con los valores de nuestra Constitución”.

Ante esta situación, ha indicado el alcalde, “la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia”. Pero como ha continuado, “lo ocurrido no solo es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España”.

Además “lo que está en juego nos afecta a todos. La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles, y también la de los 27 países de la Unión Europea”. En el discurso ha recordado que Ceuta “no puede sola. Por eso, la respuesta debe estar a la altura de la situación: debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones”.

El manifiesto también ha hecho referencia “a quienes han estado en primera línea. A los ceutíes, por su serenidad, responsabilidad y solidaridad. Y a todos los profesionales y servidores públicos que han trabajado y siguen trabajando para atender esta situación, proteger a la población y mantener la seguridad y la convivencia: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios”.

Finalmente, el alcalde ha querido mostrar su “reconocimiento a la sociedad ceutí por la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria. Ceuta ha dado un ejemplo al conjunto de España”. “Ceuta es España, por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni ambigüedades”, ha afirmado.

También ha querido expresar la convicción de que “la presión migratoria y la protección de las fronteras requieren una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea. Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa”.

Por ello, han pedido al Gobierno de España “que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación”.

Además, han exigido también “el retorno efectivo y con garantías de quienes entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad” así como una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de esta emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes no se vean perjudicados.

Pide al Gobierno que “haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea. Y lo hacemos defendiendo, al mismo tiempo, una convivencia basada en el respeto. Rechazamos cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento”.

“Defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia. Ceuta somos todos”, ha finalizado el alcalde.

Tras la intervención del alcalde y el himno de España, la convocatoria ha contado también con la intervención de Juan José, un ceutí que ha querido hablar ante los asistentes para lamentar la situación que se vive en su ciudad.

“Nací en Ceuta, vivo en Ceuta, trabajo en Ceuta y moriré en Ceuta”, ha comenzado. Ceuta “es una ciudad muy pequeñita en el norte de África que se siente profundamente española de los pies a la cabeza”.

Una ciudad -prosigue- en la que conviven cuatro culturas, cuatro religiones cristianos, musulmanes, judíos e hindús. No somos racistas no queremos violencia, queremos vivir tranquilos en nuestra españolidad. Queremos seguir siendo españoles y no queremos ser invadidos otra vez“.

Finalmente ha pedido “responsabilidades” a esas personas “que no han sabido administrar la seguridad de nuestra ciudad. Queremos que esas personas vayan ante los jueces y cumplan por no haber hecho su trabajo. No puede ser que seamos invadidos cada dos por tres o cada cinco años”. Como cualquier ciudadano de España, sentencia, “pedimos unidad, pedimos democracia y pedimos libertad”.

La concentración ha estado plagada de insultos al presidente de España y otros miembros del Gobierno con el ya habitual coro de “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana: donde había circulación apareció la frontera y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital.

En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, reseñables localizaciones de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.

¿Quién manda en una plaza? ¿La administración que regula su uso? ¿El negocio que extiende sus mesas hasta ocupar el espacio disponible? ¿El visitante que la atraviesa? ¿La policía que delimita sus perímetros? ¿La arquitectura que ha predispuesto sus recorridos, sus vacíos y sus lugares de permanencia? ¿O quienes viven alrededor de ella?

La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas, vehículos… y otras, con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. Pero en todos esos gestos hay una operación arquitectónica. Se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.

La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada.

La protesta como intervención del espacio

Las barricadas de París en 1848 no fueron una corrección radical, aunque efímera, de la cartografía cotidiana. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones.

Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios. También está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.

Los usos que consideramos naturales son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo

El 15M volvió a mostrar en España esa capacidad. La Puerta del Sol fue reprogramada. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático se convirtió durante unas semanas en una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido.

Su importancia espacial mostró que los usos que consideramos naturales no lo son. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.

Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.

Cenar en la calle

Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre.

La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle.

No hay barricadas ni estructuras defensivas. Apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer.

La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso.

Esa tensión entre propiedad, vivienda y derecho a la ciudad adquiere otra escala en las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en Brasil. En São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, la Ocupación Pueblo Sin Miedo llegó a reunir a miles de familias sobre un terreno que llevaba décadas abandonado por una constructora privada.

Allí la reivindicación consistía en poder habitar la ciudad. El movimiento reclamaba que aquel suelo se destinara a vivienda social.

Ambos ejemplos señalan la existencia de espacios cuyo valor de cambio termina prevaleciendo sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad.

Ocupar para que un lugar no desaparezca

En Lützerath, Alemania, la lógica fue distinta. Allí la ocupación pretendía impedir que un lugar de la ciudad dejara de existir.

Este pequeño núcleo de Renania del Norte-Westfalia había sido adquirido y despoblado para permitir la ampliación de la mina de lignito de Garzweiler. Cuando sus habitantes abandonaron progresivamente el lugar, activistas climáticos ocuparon algunas construcciones y levantaron alrededor de ellas casas en los árboles, pasarelas, barricadas y túneles.

La arquitectura adquirió entonces una condición bajo la cual se construía para impedir una demolición. Levantar estructuras provisionales servía para prolongar la existencia de otras permanentes.

En enero de 2023, la policía desalojó a los últimos activistas. Pero durante un tiempo aquellas construcciones precarias modificaron la naturaleza del conflicto. El debate sobre la extracción de carbón y los compromisos climáticos alemanes dejó de ser únicamente una discusión energética para adquirir una forma visible y territorial.

Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura

Muchas protestas contemporáneas operan precisamente así. Construyen campamentos, cocinas colectivas, refugios, pasarelas, torres de observación, puntos de información o estructuras defensivas. Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura. Cómo protegerse del clima, reunirse, cocinar, dormir, almacenar, vigilar o resistir.

Madera, cuerdas, lonas, palés, cartón, ramas, barro, plástico, tubos metálicos. Desde fuera, estos asentamientos pueden parecer poblados improvisados o escenografías construidas con aquello que estaba disponible. Sin embargo, pertenecen a una genealogía más amplia de arquitecturas ligeras y autoconstruidas que durante el siglo XX encontró expresiones muy diversas, desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller y las membranas de Frei Otto hasta las experiencias de la contracultura de los años sesenta.

Publicaciones como Whole Earth Catalog difundieron entonces una idea que excedía ampliamente la construcción a través de determinadas herramientas y conocimientos que podían devolver a las personas la capacidad de intervención sobre su propio entorno.

Esa herencia reaparece, transformada, en colectivos como Tools for Action, fundado en Berlín por el artista Artúr van Balen. Sus grandes esculturas inflables, concebidas para manifestaciones y acciones colectivas, muestran hasta qué punto una arquitectura puede ser eficaz precisamente porque no aspira a permanecer. Aparece, transforma durante unas horas la percepción de un lugar y desaparece.

Construir mientras se protesta

La arquitectura de la protesta pertenece casi siempre a ese tiempo breve. Su función consiste en hacer posible una situación.

Un campamento obliga a tomar decisiones que en la ciudad consolidada permanecen normalmente delegadas en el planeamiento, la normativa, el mercado o la administración. ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se cocina? ¿Quién cuida? ¿Cómo se organiza una asamblea? ¿Quién decide dónde empieza y termina el espacio común?

Es entonces cuando la protesta deja de ser solamente una expresión de desacuerdo y se convierte, durante un tiempo limitado, en un ensayo de ciudad.

Hannah Arendt vinculó la política a la aparición de los individuos ante los otros: el espacio público existe allí donde las personas se reúnen mediante la palabra y la acción. La plaza ocupada, la calle bloqueada o el campamento levantado en un terreno abandonado materializa de una manera extraordinariamente literal esa intuición. Una colectividad se hace visible, toma la palabra y adquiere una presencia que antes no tenía.

La ciudad aparece como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones

La ciudad aparece entonces como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones.

Cuando una multitud ocupa una plaza deja, por unas horas o unos días, de ser simplemente usuaria de un espacio diseñado y regulado por otros. Modifica sus recorridos, establece nuevos centros, construye límites, organiza lugares para hablar, comer o dormir. Es temporalmente autora de otra disposición posible.

De ahí que la dimensión visual de las protestas resulte inseparable de su dimensión espacial. Pancartas, grafitis, colores, disfraces, músicas, objetos inflables o coreografías construyen su presencia. Permiten que una demanda adopte una forma sensible y que individuos dispersos aparezcan ante la ciudad como un cuerpo colectivo.

Quizá por eso las protestas permiten observar las plazas de una manera particularmente precisa. La arquitectura establece límites, el planeamiento asigna funciones, la administración dicta normas y el mercado atribuye precios. Pero ninguno de ellos consigue clausurar por completo el significado de un lugar. Siempre permanece abierta la posibilidad de usarlo de una manera que no estaba prevista.

Cualquier viajero que cruzara esta tarde por Callao, en Madrid, se habrá sorprendido de ver la plaza colapsada frente un glamuroso photocall que habían instalado en los cines. A un lado, la promoción del estreno de una nueva película española. Al otro, una multitud indignada pidiendo al Gobierno un cambio de ruta y amplitud de miradas durante la crisis en Ceuta. Dos realidades que coexisten en un mismo espacio, a la par que otras protestas a la misma hora (y por la misma causa) en diferentes puntos de la ciudad. En Cibeles, muy cerca de allí, se han reunido unas 50.000 personas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, en una manifestación criticada por recibir el apoyo de PP y Vox. Así que la concentración de Callao vino a contraprogramar su reinvindicación enarbolando un enfoque distinto.

“¡Aquí están los antirracistas!”, se oía gritar a un punto desde el centro de la plaza, donde ya habían empezado a concentrarse los manifestantes con banderas sindicales, símbolos palestinos y los colores de la España republicana. Detrás de esta manifestación hay una plataforma antiimperialista. Es la Asamblea Internacionalista de Madrid, que llamó a concentrarse allí mismo en señal de protesta por la “masacre” de finales de julio en Ceuta, cuando unas 72.000 personas cruzaron desde Marruecos según las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior.

“Los migrantes no somos mano de obra barata, ¡si queréis escucharnos, ponednos más en las tertulias!”, fue la proclama que, micrófono en mano, lanzó uno de los organizadores que hablaron al público durante la cita. A pleno pulmón y reivindicando su procedencia latinoamericana, recordó ante cientos de personas que el extranjero “no solo es parte del debate, sino que debe tomar partido en su solución”, instando a las autoridades a cesar en las expulsiones de los recién llegados a Ceuta.

Entre cánticos de todo tipo, se abría paso entre la multitud un hombre cargado de pancartas que iba repartiéndolas entre los presentes. Todas portaban mensajes críticos con la respuesta del Gobierno español y las contradicciones del discurso que habla de una invasión: “la ley de Extranjería mata gente cada día”; “ningún ser humano es ilegal”, “Europa, canalla, abre las murallas”... A su alrededor, un desfile de portavoces piden más recursos para Ceuta, asistencia sanitaria a la población que ha cruzado desde Marruecos y un “respeto real” por los derechos humanos de los migrantes.

Dos furgones policiales aparcaron frente al Corte Inglés desde una media hora antes de la protesta, convocada a las ocho de la tarde. Frente al Palacio de la Prensa podía verse otro vehículo al que precedía un grupo de agentes uniformados, que al término de la concentración vivieron un breve enfrentamiento con grupos de asistentes, ataviados con banderas españolas o el símbolo de los tercios. Estos, antes y después, se habían cruzado en la subida de la Gran Vía con otros paseantes que iban hacia Cibeles, sede del Gobierno madrileño y el lugar donde iba a tener lugar la otra manifestación. A lo largo de la tarde llegó a haber cargas policiales en la capital.

Denuncian una “masacre” en Ceuta y la escalada de violencia

El Gobierno de la ciudad autónoma confirmó la muerte de caso 90 personas durante los días más agudos de la crisis. Sus cadáveres fueron hallados en el lado español de la frontera y ahora, a más de 600 kilómetros de distancia, los líderes de esta manifestación recriminan desde la Plaza de Callao que la respuesta del Gobierno haya sido la devolución inmediata de buena parte de los migrantes, a la vez que piden agilizar la búsqueda de desaparecidos y no alargar la duda entre sus familias.

Entre las reivindicaciones principales de la Asamblea Internacionalista de Madrid también figuran el fin de la militarización o la externalización de las fronteras, así como el desmantelamiento de Frontex; la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de los CIE y un respeto férreo por el derecho de asilo. De hecho, en su llamamiento a la movilización fueron tajantes respecto al uso de términos como “invasión” para referirse a lo sucedido en la ciudad autónoma, recordando la crítica situación a la que se exponen los menores que han decidido lanzarse al mar.

De los estigmas con los que se les persigue, la organización responsabiliza a organizaciones políticas de la derecha como PP y Vox, pero también a otros subgrupos “abiertamente fascistas” que “alimentan el odio” en torno a la migración. Ceuta y sus vecinos, que vivieron más que nunca el colapso de una ciudad que mantuvo a residentes encerrados en casa y comercios cerrados durante horas, aún no se han recuperado del golpe.

Sin embaro, en las últimas semanas a este escenario le han sucedido otros ataques contra asentamientos improvisados, agresiones sexuales, boicots a las entrega de alimentos, “cacerías” contra los recién llegados... También contra algunos locales, principalmente a los musulmanes o aquellos de origen árabe, periodistas y trabajadores de entidades humanitarias.

Una sentencia previa del Supremo contra las devoluciones por mar

La asamblea organizadora de esta protesta en Callao ha hecho énfasis en la reciente detención de dos activistas de la ONG No Name Kitchen, señaladas por grabar unas actuaciones policiales. En este sentido, no solo exigen poner freno a las devoluciones en caliente, sino también garantizar una “acogida digna” para los migrantes que siguen en Ceuta, ya sea mediante su traslado a la península como facilitando sus solicitudes de protección internacional.

En el caso de las devoluciones en caliente para los migrantes que llegan a nado, ni dos meses antes de esta última encrucijada el Tribunal Supremo constató en una sentencia que esto no supera un elemento de contención fronterizo y, por lo tanto, no debe aplicarse a quien lo haga esta actuación excepcional que contempla la Ley de Extranjería.

Frente al apoyo de los gobiernos del PP a la manifestación de la FEMP –que en Madrid llevó a un choque de trenes entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno–, algunas formaciones al otro lado del espectro político han secundado públicamente la alternativa antirracista de Callao. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, compartió estos días un cartel promocional con el lema de la marcha, Paremos los pies al racismo, al que acompañó con duras para la administración.

“La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo, y por eso la gente decente tiene que alzar la voz”, consideró Belarra, en una reivindicación a la que también se han unido tanto Anticapitalistas como otros colectivos sociales críticos con la respuesta incriminatoria hacia el migrante.

Varios miles de personas han participado este miércoles en las concentraciones convocadas ante distintos ayuntamientos asturianos en apoyo a Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio. La movilización fue secundada por los consistorios gobernados por PP y Foro y, entre los socialistas, por los alcaldes de Valdés y Villaviciosa. En paralelo, organizaciones de izquierdas convocaron concentraciones contra el racismo en Gijón y Langreo.

En Oviedo, la plaza de la Constitución ya estaba abarrotada veinte minutos antes del inicio de la convocatoria y los asistentes llegaron a ocupar las calles próximas al Ayuntamiento. Entre numerosas banderas de Asturias, España y Ceuta, se corearon consignas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y otras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la concentración asistieron el alcalde, Alfredo Canteli; el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López. Durante el acto se leyó un comunicado en defensa de la españolidad de Ceuta.

El seguimiento también fue multitudinario en Gijón, donde la plaza Mayor se quedó pequeña y parte de los participantes ocuparon las calles aledañas. La alcaldesa, Carmen Moriyón, acudió junto a concejales de Foro y PP. Mientras tanto, a unos cien metros, en la plaza del Marqués, varios centenares de personas participaron en la concentración convocada por la Plataforma Unitaria Asturias Antirracista, que reclamó respeto para los migrantes y rechazó las expresiones de racismo ante la situación creada en la ciudad autónoma. Ambas movilizaciones transcurrieron sin incidentes de consideración y bajo un fuerte dispositivo policial que mantuvo separados a los participantes.

Alrededor de unas 40.000 personas, y un total de 220.000 en todo el territorio andaluz, estima la Policía Nacional, se se concentraron en la Plaza Nueva de Sevilla en apoyo a la población ceutí y contra la gestión del Gobierno central a raíz de la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma después de que el 30 y 31 de julio atravesaran la frontera unas unas 70.000 personas migrantes. En una manifestación convocada en el país por PP y con el apoyo de Vox, Sevilla ha caminado bajo con las consignas: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y el mensaje “Sevilla con Ceuta”.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía a la concentración impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el día de la ciudad autónoma. “Andalucía no podía fallar, hoy Andalucía tenía que estar claramente y de manera decidida apoyando a Ceuta porque defender a Ceuta y estar con Ceuta, como hoy está el pueblo de Andalucía, es defender a España”, ha asegurado este miércoles en una atención a los medios.

El vicepresidente primero de la Junta ha insistido en que las concentraciones convocadas “no van contra nadie” y ha criticado a quienes “las han considerado un acto político”. También, ha señalado al PSOE por cometer “un error mayúsculo” por no asistir a las concentraciones. En este sentido, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ya había reivindicado este miércoles la “buena fe” de alcaldes socialistas decidieron movilizarse, si bien subrayó que desde el partido se les ha trasladado la “recomendación” de no sumarse a las concentraciones convocadas en las que criticaba la intención intención, por parte del PP, de “polarizar” a la sociedad. No obstante, los regidores de Chiclana, Moguer, Grazalema o Rota, entre otros, se han desmarcado de la directiva socialista.

Manifestación multitudiaria

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha señalado a Marruecos como “culpable” de la crisis migratoria sufrida por los ceutíes, que ha calificado de “invasión”, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo de ser “corruptos” y “traidores”. Además, ha reclamado al Gobierno y a la Unión Europea (UE) que suspendan “cualquier acuerdo que tengamos con Marruecos”. A su vez, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha apuntado que el “objetivo” de esta jornada era “decirle a nuestros hermanos ceutíes que no están solos”.

Desde Bruselas, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, defendió las concentraciones “sin siglas” y “pacíficas” desde la convocatoria realizada por los miembros del PP en las escaleras del Parlamento Europeo en la plaza de Luxemburgo, momento en el que, como vicepresidente del Comité de las Regiones Europeas (CdR), anunció que se va a plantear, a través del Comité de las Regiones, “una declaración” a favor de Ceuta.

En Córdoba, la protesta más notable ha sido la organizada en la capital, en la calle Capitulares, informa Cordópolis, colapsada por miles de cordobeses. Muchos manifestantes no han podido entrar a esta vía y se han quedado algopados en las calles aledañas, como Claudio Marcelo, Alfonso XIII o Alfaros. También se han desarrollado concentraciones en casi todos los municipios, habiendo en la capital unas 30.000 personas, según la Policía Local.

No obstante, la oposición se ha mostrado contraria a estas manifestaciones, como ha aseverado tanto Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, indicó que no participarían, aunque recalcó la necesidad de la “acogida inmediata de todos los niños migrantes que están ahora mismo en Ceuta” junto con la “ruptura de relaciones con el régimen de Marruecos”. En esta línea, el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, lamentó las 145 muertes a raíz de la crisis y dio cuenta durante la mañana de una proposición no de ley (PNL) presentada en la Cámara andaluza “en solidaridad con el pueblo de Ceuta”, de forma que con ella se quiere instar a la Junta a “asumir la recepción de personas migrantes, adultos y menores”, que se trasladen a la península.

En base a las estimaciones de la Policía Nacional, Almería contó con 10.000 asistentes, mientras que Cádiz con alrededor de 8.000 personas, luego, Córdoba oscilaría hasta los 23.000, y Granada registró unos 14.000 manifestantes. A ello, habría que añadirle Jaén, con unas 10.000 personas, Huelva, con otras 6.500, y Málaga y Sevilla, con la mayor afluencia, de 50.000 y 40.000, respectivamente.

Las asociaciones y colectivos vecinales de Arganzuela volverán a salir a la calle este jueves, 3 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las Fiestas de la Melonera. En la manifestación, convocada a las 19.00 horas en la glorieta de Embajadores, protestarán especialmente contra la prohibición de colocar pancartas reivindicativas en las casetas ciudadanas de las fiestas, una medida que los movimientos sociales consideran un intento de censurar sus demandas.

La movilización se celebrará el mismo día del pregón de las Fiestas de la Melonera y reunirá a asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y otras organizaciones del distrito. Bajo el lema “Arganzuela organizada, ni se vende ni se calla”, los convocantes reivindicarán la defensa de los barrios y los espacios públicos, al tiempo que denunciarán la gestión de la Junta Municipal de Arganzuela y reclamarán un cambio en las políticas municipales.

Uno de los principales motivos de la protesta es la prohibición expresa de colocar pancartas en las casetas de las entidades ciudadanas. Los colectivos critican que esta limitación haya sido incluida en el expediente de adjudicación de las casetas, en concreto dentro del apartado dedicado a las instalaciones y aparatos eléctricos.

Según denuncian, se trata de un procedimiento de carácter técnico y organizativo que se habría utilizado para introducir una restricción a la libertad de expresión. Los movimientos sociales consideran especialmente llamativo que la prohibición aparezca en un epígrafe destinado a regular cuestiones sanitarias y de seguridad.

La protesta también responde a las declaraciones emitidas por el coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de la Junta Municipal del pasado 14 de julio. Según los colectivos convocantes, el responsable municipal justificó la medida por la necesidad de evitar “elementos provocadores” y posibles situaciones de conflicto.

Las asociaciones rechazan esta argumentación y consideran que calificar las reivindicaciones vecinales como elementos provocadores supone identificar la crítica a la gestión municipal con un problema de orden público. Entre las demandas que, según recuerdan, no podrán expresar mediante pancartas en sus casetas figuran la reclamación de más equipamientos públicos, la denuncia de la tala de árboles o la oposición a la privatización y ocupación de determinados espacios públicos.

Una protesta por los parques, los servicios públicos y la vivienda

Pero la censura en las Fiestas de la Melonera no será el único asunto que lleve a los colectivos a manifestarse este jueves. La convocatoria reúne un amplio listado de reivindicaciones relacionadas con la situación de los barrios de Arganzuela y con lo que consideran una progresiva transformación del distrito en favor de los intereses turísticos y empresariales.

Entre ellas se encuentra la recuperación del espacio público para el vecindario. Los colectivos denuncian la proliferación de terrazas y consideran insuficiente el control municipal sobre la ocupación de plazas, aceras y espacios de tránsito peatonal.

También ponen el foco en el uso de los parques del distrito. Las organizaciones critican que algunos espacios verdes sean utilizados habitualmente para espectáculos y eventos privados, una situación que, según denuncian, provoca suciedad, ruido y contaminación lumínica y termina deteriorando estos espacios. A estas reclamaciones se suma la denuncia por la tala de árboles y por la iluminación del río Manzanares, que, según los convocantes, altera los ritmos biológicos de la fauna y la flora presentes en la zona.

La movilidad es otro de los asuntos que estarán presentes en la manifestación. Los colectivos consideran que las políticas municipales han priorizado los grandes desplazamientos y el tráfico de larga distancia frente a las conexiones entre los diferentes barrios de Arganzuela. Como ejemplo, señalan las obras llevadas acabo en el paseo de las Delicias, donde consideran que se perdió la oportunidad de crear un carril bici y mejorar los desplazamientos sostenibles dentro del distrito.

Las asociaciones también denuncian la falta de equipamientos y servicios públicos en una zona cuya población, recuerdan, ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Entre sus principales reclamaciones se encuentran mejoras en la sanidad pública, con centros que consideran insuficientes y problemas de falta de personal, especialmente en algunas especialidades como pediatría.

La educación pública y las bibliotecas forman parte igualmente de sus reivindicaciones. Los convocantes denuncian la falta de plazas de educación infantil y de Secundaria en el distrito, así como la escasez de equipamientos culturales para una población que supera los 150.000 habitantes. En este contexto, también reclaman que los terrenos públicos dotacionales sin utilizar en el entorno de la estación de Delicias sean destinados a nuevos equipamientos y servicios para el vecindario.

Otra de sus demandas es que las instalaciones de la antigua farmacia militar de la calle de Embajadores, cedidas al Ministerio de Cultura, alberguen parte de estas dotaciones y reserven espacios para usos comunitarios y vecinales. Entre sus peticiones figura también la creación de un espacio vecinal autogestionado que recupere el espíritu del antiguo Espacio Vecinal de Arganzuela.

Los colectivos convocantes consideran que muchas de estas problemáticas responden a un mismo proceso: la progresiva gentrificación y “eventificación” de Arganzuela. Las organizaciones denuncian una transformación del distrito que, a su juicio, prioriza los intereses de grandes negocios y promotores privados frente a las necesidades de quienes viven en los barrios. En este sentido, alertan de la proliferación de viviendas de uso turístico y de su impacto sobre el acceso a la vivienda, el comercio de proximidad y el tejido social.

Entre las organizaciones que han convocado la movilización se encuentran la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, la Asociación Vecinal Delicias para Tod@s, el Espacio Vecinal Arganzuela, Salvemos la Arboleda, El Barrio no se Tala, Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal de Arganzuela por la Sanidad Pública, Radio OCA, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Arganzuela, el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario y Plaza de los Comunes.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ya mostrado la solidaridad de esta región la crisis migratoria de Ceuta y ha incidido en que hay muchas formas de apoyar a sus habitantes, “que hay que mostrar con hechos y gestos”.

Ha aprovechado así para afear al PP que haya convocado concentraciones “de manera unilateral” desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sin contar con el resto de los miembros, porque “nadie se hubiera opuesto a hacer una manifestación pública en favor de Ceuta” y “está claro que quieren hacerlo solos”.

De hecho, ha desvelado que fue el vicepresidente de la FEMP en Castilla-La Mancha y alcalde de Marchamalo (Guadalajara), Rafael Esteban, el primero que mandó una carta al presidente de Ceuta. En esa misiva le dijo que, durante todo el mes de septiembre pondría la bandera de Ceuta al lado de la del Ayuntamiento.

Concentraciones “para unir, no para confrontar”

“Eso es tan legítimo como las manifestaciones convocadas, que tienen que ser para unir, no para confrontar. Menos hipocresía y más solidaridad de verdad”, ha dicho recordando que la semana pasada tres comunidades gobernadas por PP y Vox votaron en contra de enviar 25 millones de euros a Ceuta.

Precisamente, esta mañana, el propio Emiliano García-Page ha deseado un feliz Día de Ceuta a todos los ceutíes, tal y como ha escrito en un mensaje en su cuenta en la red social 'X'. Ha aprovechado para enviarles “todo el cariño y solidaridad” suyo propio y el de Castilla-La Mancha, así como “un fuerte abrazo”:

En el lado opuesto, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que España ha sido “invadida” a través de la frontera de Ceuta y esto “hay que tenerlo muy claro”.

En una entrevista en esRadio ha señalado que “se ha puesto en riesgo la integridad territorial” del país, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba de vacaciones y “no ha hecho absolutamente nada”. Ha dicho además que Page tiene “miedo” de hablar de Ceuta y ha defendido la participación en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta.

“Hoy miles de castellanosmanchegos, miles de españoles, vamos a estar pacíficamente en la puerta de los ayuntamientos para decirle al pueblo de Ceuta que estamos a su lado”, ha dicho.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha reivindicado este martes el “diálogo, entendimiento y el acuerdo” como vías para abordar la “compleja” situación que se está viviendo en Ceuta, al tiempo que ha rechazado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pueda convertirse en un espacio de confrontación “partidista”.

Darias ha defendido que las actuaciones que se adopten deben partir del entendimiento y ha reivindicado el papel de la FEMP como un espacio de encuentro entre las administraciones locales. “Yo reivindico que la Federación Española de Municipios sea ese espacio que siempre ha sido para entendernos”, ha señalado.

Apoyo a la ciudad de Ceuta y al Gobierno de España

La alcaldesa ha subrayado que los alcaldes y alcaldesas de todo el país comparten “retos y preocupaciones comunes”, por lo que ha considerado fundamental afrontar las dificultades desde el acuerdo y la colaboración.

En este contexto, Darias ha expresado su “apoyo a la ciudad de Ceuta, a las personas que viven allí” y también al Gobierno de España, al que ha respaldado por la labor que está desarrollando ante una situación que ha calificado de “difícil y compleja”.

La alcaldesa ha destacado además la implicación de los distintos ministerios en la respuesta y, de manera específica, la responsabilidad asumida por el ministro Ángel Víctor Torres como mando único para coordinar esta tarea.

“Legalidad y humanismo” para recuperar la normalidad

Darias ha defendido que la respuesta a la situación debe combinar el cumplimiento de la legalidad con “un gran humanismo” y un sentido de atención centrado en las personas.

Por ello, ha trasladado todo su apoyo a la labor que se está desarrollando con el objetivo de que “cuanto antes pueda volver esa normalidad tan ansiada por los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta”.

Concentraciones de la FEMP en Canarias

En las Islas hay convocadas hasta el momento cinco concentraciones este miércoles, 2 de septiembre. En Gran Canaria se han organizado dos, una de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Santa Ana, y la otra en Telde, en la Plaza de San Juan.

En Tenerife se ha convocado una protesta frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, respaldada por el consistorio, dirigido por CC y el PP.

En el caso de Fuerteventura, ha situado su convocatoria junto al consistorio de Puerto del Rosario, gobernado por CC; y en Lanzarote, será en la capital, Arrecife, gobernada por el PP y CC.

Contramanifestación “frente al racismo en Ceuta”

El mismo día de las concentraciones en más de 260 municipios españoles por la FEMP con motivo del Día de Ceuta, los colectivos Red Migrantes Tenerife y la Plataforma de Colectivos MIGRA han convocado una contramanifestación a las 19.00 horas en las inmediaciones del Cabildo de Tenerife para protestar contra “el uso partidista”.

En Las Palmas de Gran Canaria, también a la misma hora, y bajo el lema “¿Cuándo van a cuidar nuestras vidas?” una contraprotesta reivindicará derechos, solidaridad y comunidad en una propuesta a la que se han adherido FAAC, Kounki, #Regularizaciónya y Derecho al Techo.

Las manifestaciones que tendrán lugar este miércoles en multitud de municipios españoles contarán, en el caso de Ceuta, con la participación del PSOE de la ciudad. La dirección estatal de los socialistas se ha mostrado muy crítico con estas marchas aduciendo que su mensaje es “contra Pedro Sánchez”, y este martes el Gobierno acusó al PP de “instrumentalizar” la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha convocado la mayoría de ellas.

Pero el secretario de Organización del PSOE de Ceuta, Antonio Coronil, defiende en esta entrevista telefónica con elDiario.es que la concentración ceutí —que, insiste, parte de dos asociaciones “amplias en su extracto social”— busca defender “la unidad de Ceuta”, y que, por tanto, los socialistas deben estar presentes. “Somos ceutíes y también socialistas, y una cosa no es incompatible con la otra”, asegura Coronil, que se cuida mucho de criticar la acción del Gobierno y carga las tintas contra el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, a quien acusa de intentar obtener “rédito electoral” de la grave crisis migratoria.

¿Por qué el PSOE de Ceuta ha decidido sumarse a la concentración convocada para este miércoles en Ceuta por parte de la FEMP?

La convocatoria de las manifestaciones a nivel nacional la ha hecho la FEMP unilateralmente, sin contar con todas las fuerzas políticas que la componen. Pero aquí, en Ceuta, la convocatoria parte de dos asociaciones: una es la Federación de Vecinos y otra es el Foro Ceuta Siglo XXI, que reúnen a bastantes colectivos y son amplias en su extracto social. La circular de Ferraz, en contra de lo que ha dicho la prensa interesada, ni nos prohíbe, ni nos obliga, ni nos amenaza con aplicarnos el código disciplinario [si acudimos a la manifestación]. Y en la Ejecutiva regional del PSOE hemos valorado que somos ceutíes y que somos también socialistas, y que una cosa no es incompatible con la otra. No vamos a comprarle el discurso a la derecha, asistiremos como ciudadanos que formamos parte de esta ciudad, que estamos sufriendo los problemas que sufre esta ciudad, que queremos ayuda y que queremos una vuelta a la normalidad lo antes posible. Nuestra línea roja es que no participaremos en nada que derive en violencia, ni en una concentración contra la gestión del Gobierno.

¿Y qué pretenden reivindicar?

La convocatoria es por la unidad de Ceuta, que es algo colectivo, y también para que toda Ceuta sienta el calor de las comunidades y de todo el resto de España. La derecha ha estado utilizando este y otros muchos actos, pero entendemos que aquí tenemos que estar porque va a ser unánime y la gente va a ir.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE dice que esas concentraciones “son contra Pedro Sánchez”.

Está claro que la derecha y la extrema derecha han movilizado toda su maquinaria. Nos están utilizando [a los ceutíes], es lamentable que se utilice un drama humano como el que estamos viviendo, con cien muertos en una morgue improvisada y con una ciudad que se ve invadida en su normalidad. Usar el hartazgo de la crisis y el agobio de la gente para difundir consignas de odio y violentas es de una mezquindad que no tiene nombre.

¿Usted considera que el Gobierno está haciendo un buen trabajo para solventar la crisis abierta hace un mes?

En una situación de emergencia, por su propia definición, se llega tarde y se llega mal. Pero aquí, además, lo que hay que gestionar son personas. Esto no es un fenómeno atmosférico o un accidente de locomoción, sino que hay personas que tienen sus derechos, y España es un Estado de derecho que cumple sus leyes nacionales y las internacionales, y que además tiene humanidad. La derecha no hace más que venderle a la ciudadanía que todo esto es muy fácil de solventar, con ese discurso de que se vayan por donde han venido y que cada niño con su padre. Pero esto es muy complicado de solventar. Si los atiendes porque tienes humanidad, los atiendes, pero si los atiendes muy bien y los acoges, se produce un efecto llamada…

Es un fino equilibrio el que hay que mantener, muy complejo, y donde influyen asuntos como la política exterior o la desigualdad económica entre un territorio y otro. El problema es multifactorial, y la respuesta siempre parece corta. Lo que sí está claro es que la respuesta tiene que venir del Estado, y el Estado está aquí ya: se ha desplegado a lo largo del mes de agosto, y se están anunciando nuevas parcelas para ir alojando a los inmigrantes, se han reforzado los servicios de extranjería para aligerar la tramitación de los expedientes…

Pero medidas como la implementación de un mando único solo se pusieron en marcha hace unos días. ¿Cree que debería haberse instaurado antes?

Sí, sobre todo porque la lealtad del Gobierno de la ciudad no ha existido. El Gobierno de Ceuta ha visto la oportunidad de que este problema arrase al Gobierno central, que es el que tiene las competencias de migración y de gestión de la frontera con la Policía y la Guardia Civil, y se ha limitado a cumplir las funciones institucionales y de representación. No han tenido una voluntad real de ayudar. El delegado del Gobierno no ha dejado de trabajar y, sin embargo, la imagen que tiene la gente de él es que se ha escondido y no da la cara, mientras a [el presidente ceutí, Juan Jesús] Vivas lo están santificando cuando no ha gestionado nada.

A su juicio, ¿qué más podría haber hecho el Gobierno de la ciudad?

De él depende la gestión de los menores, y también depende de él la policía local. Si hay un señor duchándose en las duchas de la playa con jabón y eso está prohibido, puede pedirle que salga de ahí aunque sea un inmigrante. Pero la policía local ha estado coartada y no se la ha reforzado. Tampoco se ha visto en la ciudad ni uno de los flamantes Land Rover con los que cuenta Protección Civil. La asistencia sanitaria depende del Estado, pero la gestión de la salud pública es de la ciudad, que ha dejado que la gente viva junta y se haya generado un riesgo para la salud pública. La ciudad no ha tenido la lealtad que sí mantuvo en la crisis del 2021, [el Gobierno de Juan Jesús Vivas] ha aprovechado para intentar sacar un rédito electoral.

¿Se están sintiendo arropados por las administraciones, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas?

En su afán de marcar la diferencia entre la actuación de una administración y otra, han obligado a la gente a posicionarse cuando tenían que haber ido de la mano desde el primer momento.

¿A quién se refiere?

A la derecha, que es la que está muy interesada en hacerlo. Aquí han venido una pléyade de youtubers, el padre Ángel, después han venido políticos [de formaciones conservadoras]... Primero Alvise, luego la flotilla del botellín que vino hace unos días. Nosotros nos hemos sentido utilizados, cuando lo que hay aquí es un pueblo sufriendo y que ha demostrado durante toda su historia que es capaz de convivir, que es un ejemplo de convivencia. Al PP y a la derecha eso no le ha importado, y jugar con eso es muy grave, porque estas personas volverán a su país de origen, pero los ceutíes nos quedaremos, y veremos si algo se rompe en esa convivencia de cuatro culturas que vivíamos en la ciudad perfectamente sin dimes y diretes.

¿Usted considera que Marruecos es el responsable o al menos que ha tenido un papel en la crisis?

Es responsable de no tener a su pueblo suficientemente atendido y de provocar que tengan que buscarse un mundo mejor. Esa es la historia de cualquier zona fronteriza: la desigualdad económica, social y cultural entre dos territorios que se encuentran a escasos metros provoca estos movimientos humanos. Marruecos es un país que tiene grandes problemas estructurales a nivel económico, que no da salidas ni posibilidades a su juventud, y cuando corren bulos pasa lo que pasó en el 2021 y ha pasado ahora de nuevo.

Pero habitualmente el control que mantiene Marruecos en la frontera es muy férreo y es conocido que Marruecos abre y cierra el grifo migratorio por razones geopolíticas.

Cualquiera que haya seguido la actualidad sabe que, de siempre, Marruecos ha jugado con la inmigración, con las pateras y con la economía.

¿Y ha ocurrido eso en esta crisis?

Marruecos tiene la capacidad de molestar y la usa, la ha usado tradicionalmente. ¿Ha ocurrido en esta ocasión? Yo creo que [esta crisis] ha sido tan grande que el propio Marruecos se ha visto sorprendido. En los días previos [a la gran entrada] ya se vio que había un repunte de entradas a Ceuta, pero nadie intuía la avalancha, ni siquiera Vivas, que ahora va de visionario. Y, cuando ocurrió ese repunte de entradas a nado, Marruecos reforzó sus lanchas [de vigilancia fronteriza], y estuvo colaborando perfectamente con la Guardia Civil y devolvieron hasta 300 personas que no habían llegado a las aguas españolas. Había una voluntad, al menos aparente, de colaboración.

El presidente Pedro Sánchez confirmó el lunes que no se va a trasladar a la Península a los migrantes que quedan en Ceuta y que se les va a alojar allí, con miles de plazas nuevas, hasta terminar de tramitar sus expedientes. ¿Comparte usted esa decisión?

Serán los técnicos los que tengan que decidir qué es lo más adecuado. Lo que sí le puedo decir es que Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados y es lo pequeña que es. La corresponsabilidad, no la solidaridad, sino la corresponsabilidad del resto de las comunidades sería ideal para desatascar y para que esta ciudad recupere la normalidad. Es posible que eso tenga otras implicaciones, que a lo mejor molesta a Europa, porque una vez que [los inmigrantes] entren en la Península ya estarán en territorio Schengen y, entonces, puede que se produzcan huidas. Pero yo no sé si Ceuta será capaz de acoger a todos, y ni siquiera a toda la ayuda que necesitan los que han venido, porque nos consta que hay gente de ONG, gente que se ocupa de ayudar a los menores, etcétera, que van y vienen todos los días desde Algeciras porque la capacidad hotelera de la ciudad está colapsada.

Las concentraciones convocadas este miércoles de forma unilateral por la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, se convertirán para el PP en munición contra el Gobierno por su gestión de la crisis de Ceuta, pese a los esfuerzos de sus portavoces por negarlo. Borja Sémper dijo el lunes que tienen “como único objetivo mostrar compromiso con Ceuta”. Este martes, Ester Muñoz insistió en la idea, para terminar reconociendo que “son para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países”. Además de los populares, solo Vox secunda las protestas, que se celebrarán frente a los ayuntamientos.

El PP inicia así el curso político como cerró el anterior: sin alinearse con el Gobierno ni en los asuntos de Estado. De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo hacen esfuerzos en centrar solo en el Ejecutivo cualquier responsabilidad por la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta a finales de julio, mientras eximen al resto de administraciones.

“Esta crisis no se produce porque haya fallado el Estado”, afirmó Muñoz el martes ante los periodistas en el Congreso. “No han fallado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no han fallado las Fuerzas Armadas, no ha fallado la inteligencia de nuestro país, no ha fallado la Justicia”, dijo. “Ha fallado el Gobierno de España”, zanjó.

Una tesis que la derecha sostiene desde el primer momento de los sucesos de hace un mes. Para el PP y para sus aliados de Vox la entrada masiva de personas desde Marruecos fue una “invasión”. Y pese a que la inmensa mayoría regresó a su país en 48 horas, Ester Muñoz aseguró en el Congreso que “una parte” de España “lleva un mes invadida”.

El PP también ha hablado de “guerra híbrida” en Ceuta, lo que no ha motivado un solo mensaje de apoyo al Gobierno. Feijóo sí lo ha hecho con Alemania. El líder del PP escribió el martes un tuit para defender al canciller “para adoptar las medidas que estime oportunas ante el ataque híbrido ruso que han sufrido en Leipzig”.

En su intento de aislar la acción del Gobierno de todo lo demás, el PP también ha buscado incidir en las supuestas discrepancias de la Moncloa y Zarzuela a cuenta de la pertinencia de que Felipe VI visite Ceuta en viaje oficial. “Pedro Sánchez sigue escocido con el rey por Paiporta”, dijo Muñoz. “Arrastra complejos con su majestad”, añadió. Y pasó a defender al rey: “Si no ha estado en Ceuta será porque el Gobierno no se lo ha permitido”. “El PP no dice cuándo, cómo ni a qué hora” debe viajar el rey a la ciudad autónoma. “Pero debería poder acompañar sin problema ni miedo a ninguna reacción a los ceutíes que llevan un mes pasándolo mal”, afirmó.

Con el marco de ese “acompañamiento”, el PP ha ideado una jornada completa centrada en Ceuta con motivo del día oficial de la ciudad autónoma. Feijóo la visitará por la mañana por tercera vez desde la crisis migratoria. Por la tarde, el líder de la oposición secundará la convocatoria (FEMP mediante) frente al Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de Cibeles. A esa misma concentración asistirá el líder de Vox, Santiago Abascal. Y a esa hora se ha convocado otra protesta frente al Congreso. El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su presencia, lo que ha provocado el enfrentamiento con otros convocantes.

El PP confía en un respaldo masivo de los españoles a las concentraciones. Ester Muñoz dijo este martes que “millones de españoles quieren salir a las calles a defender la soberanía nacional, el territorio de Ceuta, la españolidad de Ceuta, y a todos nuestros compatriotas que llevan un mes sufriendo y sufriendo”. “Es lamentable que el PSOE no quiera apoyar a los ceutíes junto al resto de españoles que se van a manifestar este miércoles en todos los ayuntamientos de España”, sostuvo Muñoz, para concluir: “Si defender a Ceuta en las calles es atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno, ¿a quién defiende Pedro Sánchez?”.

Inmediatamente, Muñoz ha llamado a secundar esas concentraciones “para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España”. “Si el Gobierno tiene miedo de enfadar a alguien, que explique por qué y a quién”, ha añadido, para acusar: “No sabemos qué intereses defiende Pedro Sánchez. Lo que está claro es que sus intereses no son los de España”.

Alcaldes del PSOE se descuelgan de Ferraz

En el PSOE, la gestión de la crisis de Ceuta lo inunda todo. Además de la guerra orgánica interna que libra el partido en la ciudad autónoma, donde el secretario de Organización y varios altos cargos han roto definitivamente con Ferraz y se han sumado a las manifestaciones, otro goteo de alcaldes y alcaldesas han seguido sus pasos en otros puntos del país. Y eso implica desobedecer la directriz expresa dada a todos sus cargos públicos y militantes por la dirección del partido.

Hace unos días, la cúpula socialista ya pidió en una circular interna no respaldar una convocatoria que consideran partidista y únicamente enfocada a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. El argumento dado en Ferraz a sus bases y cargos públicos es que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo (alcaldesa de Jerez del Partido Popular), se valió de su puesto para descolgarse con una convocatoria unilateral que no tuvo en cuenta a los demás grupos políticos de la FEMP, un órgano en teoría colegiado que acostumbra a tomar sus decisiones por amplio consenso.

“Lo que es evidente es que el PP instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado y ahora con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la españolidad también exige un respeto a las instituciones, no instrumentalizarlas”, lamentó este martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Lo que entienden los socialistas es que lejos de ser una convocatoria de apoyo a Ceuta, la cita servirá ante todo de gran concentración contra el Gobierno. Y por eso han pedido a sus alcaldes que se abstengan de participar.

Algunos de ellos, sin embargo, han sorteado esas indicaciones y ya han confirmado que asistirán. De grandes municipios solo hay constancia, por ahora, de que participen tres. Uno, el alcalde de León, abiertamente enfrentado a la dirección federal socialista de Pedro Sánchez y consolidado ya desde hace tiempo como algo parecido a una oposición interna al secretario general. En el caso del alcalde de Mérida, lo anunciado es que participará a las doce de la mañana en una concentración de apoyo a la ciudad autónoma a las puertas del ayuntamiento, y no en la convocatoria general de la FEMP para todo el país, prevista a las ocho de la tarde.

Sí hay muchos municipios de Andalucía, muy próxima geográfica y socialmente a Ceuta, en los que alcaldes y alcaldesas socialistas han anunciado que participarán de las concentraciones, a pesar de la orden expresa también de la secretaria general, María Jesús Montero. “Están convocando en los ayuntamientos de toda España para, en teoría, solidarizarse con Ceuta, pero no es más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, en todas las provincias andaluzas hay alcaldes y alcaldesas que han confirmado su apoyo a las manifestaciones, aunque algunos de ellos con un rechazo explícito a la confrontación planteada por el PP y con la organización de actos paralelos. En Sevilla, se suman a la iniciativa ayuntamientos como el de Espartinas o Aznalcázar; en Huelva, Moguer y Fuenteheridos; y en Cádiz, los municipios de Grazalema, Vejer de la Frontera y Chiclana de la Frontera, todos gobernados por el PSOE, han manifestado abiertamente su apoyo a la concentración de la FEMP.

Quince centrales sindicales canarias se han sumado a la movilización del 26 de septiembre “por la democracia real, en defensa de lo común”, según han informado ellas mismas en un comunicado. Estos sindicatos son Cobas Canarias, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias, Federación Sindical Canaria, Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Inside Laboral, Sindicato de Gremios Unidos, Kellys de Canarias, Asociación Sindical de Trabajadores de Canarias, Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, STEC y Sindicato de Elevación.

Su posicionamiento se suma al de 10.000 personas que ya han suscrito el manifiesto a favor de la manifestación del 26 de septiembre en Canarias.

En su escrito de adhesión, los sindicatos incluyen el lema “Por una Canarias con libertad, justa y ecosocialista” advirtiendo que su adhesión a la movilización del 26-S no se destina a “pedir limosnas ni a defender un sistema que nos explota: salimos a acumular fuerza, unidad y programa”.

Los sindicatos firmantes sostienen que “la política está capturada por grandes intereses económicos” y que “los tecno-oligarcas quieren sustituir la deliberación pública por algoritmos al servicio del beneficio privado”, lo que aconseja descartar “un sistema agotado” y “democratizar la economía para que decidan quienes trabajan y sostienen la vida. La democracia debe ser poder real de la mayoría”.

En su manifiesto exigen “salarios dignos indexados al coste real de la vida en las islas”, de modo que “ser trabajador en Canarias no signifique ser pobre”. De ahí que reclamen “la derogación de las reformas laborales que legalizan el despido barato y la precariedad, el fin de la externalización salvaje en hoteles, aeropuertos y servicios públicos, y el reconocimiento de las enfermedades profesionales”. Además, exigen que “la vivienda deje de ser un lujo turístico para convertirse en un derecho desvinculado de la especulación”.

En cuanto a la tecnología, las centrales sostienen que “la automatización, la inteligencia artificial y la robótica deben servir para reducir la jornada sin bajar salarios, crear empleo digno y liberar tiempo para los cuidados, la formación y la participación. No para precarizar, vigilar ni descartar a millones de personas. Exigimos control público y social de la tecnología y de los datos”.

También reclaman “la planificación democrática del suelo, el agua, la energía y los recursos” para que la transición ecológica no sea “un negocio más: debe reducir la producción material dañina y expandir los bienes relacionales: cuidados, cultura, vínculos comunitarios, tiempo libre. Decrecer en lo material para florecer en lo humano, dentro de los límites del planeta”. Y reclaman que “soberanía canaria” signifique “decidir sobre nuestro modelo productivo y nuestro futuro, sin que fondos de inversión, cadenas hoteleras o mercados internacionales impongan sus condiciones”.

Los sindicatos reiteran su posición a la consideración de Canarias como territorio de paz, por lo que exigen “el cierre de las bases extranjeras, la desvinculación de bloques militares y la desmilitarización del territorio” de manera que los recursos en esa materia se destinen a vivienda, sanidad, educación y transición ecológica.

Con estos argumentos, los firmantes del manifiesto llaman a defenderlos en la calle el próximo día 26 porque, a su entender, “las luchas por: salarios dignos, vivienda, cuidados, sanidad, educación, modelo turístico, ecología, agricultura, energía, movimiento obrero, vecinal y feminismo no se conectan solas: hay que construir un relato común donde cada sector encuentre su espejo y el mapa de una transformación compartida”.

Madò Farta s'ha convertit en una de les cares més habituals en les protestes contra la saturació turística de Mallorca, malgrat que sempre ha ocultat la seva veritable identitat rere una màscara. Metafòrica i real. La careta de calavera i l'atuell tradicional de 'pagesa' -vestimenta típica del folklore mallorquí- acompanyen sempre aquesta enigmàtica activista que és en dels símbols més reconeguts de les manifestacions.

La clau? Un atuell llamatiu i una presència silenciosa. Com aquesta entrevista, que ha estat per escrit a petició expressa de l'activista: ha insistit a fer-la a través d'un qüestionari degut a que és “muda”, una manera més de protegir el seu anonimat. Per a ella, el silenci i la discreció són “eines molt potents” que permeten que no hi hagi una sola Madò Farta, sinó moltes. Per això, quan interactua en persona amb la premsa, només gesticula.

La seva activitat se centra en les xarxes socials, des d'on ha contribuït a l'última gran manifestació d'aquest estiu contra la turistificació. Amb el suport del GOB i Terraferida, 1.000 persones, segons Policia Nacional, han participat aquest dissabte en una “cadena a la fresca”: la gent es va asseure en una cadena de cadires des de Plaça d'Espanya fins a Consolat de Mar, seu de la presidència del Govern, on va haver-hi una batucada. Madò Farta ha deixat fotografiar-se per elDiario.es en aquesta protesta.

Com va sorgir el personatge de Madò Farta i com d'important és l'estètica en aquest cas?

Madò Farta no va néixer amb un manual d'instruccions. Va néixer de la necessitat de fer visible alguna cosa que costava molt d'explicar només amb paraules. I un cop vaig tenir clara aquesta necessitat, vaig entendre que l'estètica havia de fer bona part del treball. La 'pagesa' no és una decoració i el calavera tampoc. És una contradicció volguda: una figura que representa una Mallorca viva, arrelada, però amb un calavera que recorda que aquesta manera de viure també pot acabar desapareixent. Volia que, abans d'escoltar qualsevol discurs, la imatge ja fes una pregunta. Això és important perquè avui vivim envoltats d'imatges. Si vols que algú s'aturi, primer has d'aconseguir que miri.

Per què va optar per una protesta silenciosa i anònima? Qué li permet fer l'anonimat que no li permetria donar la cara?

El silenci és una eina molt potent. Quan no parles, obligues l'altra persona a mirar, i moltes vegades mirar incomoda més que sentir un discurs. I l'anonimat em permet una cosa que per a mi continua sent molt important: no convertir aquesta història en la biografia d'una persona. No vull que el debat sigui “qui és Madò Farta?”, sinó “per què existeix Madò Farta?”. A més, hi ha una cosa que m'agrada molt de l'anonimat: que algú pugui posar-se la màscara i convertir-se en part del missatge. Si jo donés la cara, probablement hi hauria una Madò Farta concreta. Així, en canvi, pot haver-n'hi moltes.

Què simbolitza Madò Farta i fins a quin punt creu que el personatge ja ha deixat de ser seu per convertir-se en un símbol col·lectiu?

Fa temps que ja no és meu. I això és, probablement, el millor que li podia passar. Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. I això té una part molt “bonica”: el símbol ja no necessita la persona que el va crear. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui. I, de fet, aquesta és la idea.

Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui

Què et va impulsar a passar de la preocupació i la queixa a crear un personatge i sortir al carrer?

Arriba un moment en què queixar-te ja no et basta. No perquè la queixa no sigui legítima, sinó perquè si només et quedes a casa parlant de tot el que va malament, acabes formant part d'aquesta resignació. Jo no volia esperar a estar d'acord amb tot ni tenir una solució perfecta. Volia fer alguna cosa. Aquest és un canvi important: entendre que participar no significa necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser-hi.

Participar no vol pas dir necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser allà

Com seria la Mallorca que li agradaria deixar a les generacions que venen?

M'agradaria deixar-los una Mallorca que no hagin de defensar constantment. Una Mallorca en la qual un jove pugui dir “jo vull viure aquí” i que això sigui una possibilitat real. On anar a una platja no sigui una operació logística. On l'aigua no sigui un problema permanent, on els pobles no perdin la seva identitat i on el paisatge no sigui només el que ensenyem a les fotografies turístiques. I sobretot m'agradaria que els nens que avui es posen la màscara de Madò Farta un dia la puguin guardar en un calaix perquè ja no faci falta.

Considera que hi ha hagut un retrocés en la protecció de l'illa i en els drets dels residents?

Jo crec que hi ha hagut un retrocés en alguna cosa més profunda: en la idea que determinades coses haurien de tenir un límit. Quan comencem a discutir si un espai protegit pot tenir alguna cosa més d'ús, si podem assumir més cotxes, més places, més construcció o més pressió, sempre acabem parlant dels límits com a obstacles i no com a forma de protecció. Els drets dels residents també es veuen afectats per això. El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint.

El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint

Veus un moviment real per part de la població de Balears i creus que s'està avançant cap a una millora?

Sí, i aquesta és una de les coses que més esperança em donen. Fa uns anys moltes d'aquestes converses quedaven reduïdes a determinats col·lectius. Ara hi ha gent molt diversa que coincideix en una cosa molt senzilla: no podem continuar així. Tanmateix, sortir al carrer no és haver guanyat. És haver aconseguit que el problema ja no pugui amagar-se. El següent pas és convertir aquesta força social en decisions concretes.

En quina situació considera que es troba Mallorca actualment?

Mallorca es troba en una situació de contradicció. Per una banda, tenim una economia que continua funcionant molt bé al voltant del turisme. Però, per l'altra, cada vegada costa més explicar què guanya la persona que viu aquí amb aquest creixement. Si tenim més activitat econòmica, però també tenim més dificultat per trobar casa, més saturació, més problemes de mobilitat, més pressió sobre l'aigua i més espais que deixem de poder gaudir, hem de tenir el valor de mirar el conjunt. No crec que Mallorca estigui condemnada. Però sí que crec que som davant d'un encreuament.

Les xarxes socials han estat fonamentals perquè Madò Farta esdevingués un símbol. Creu que ajuden a amplificar el missatge o corren també el risc de convertir la reivindicació en una simple imatge?

Ambdues coses. Les xarxes poden fer que una imatge que hauries vist només un cop en una plaça arribi a milers de persones. Això és una eina extraordinària. Però també tenen un perill: que compartim una fotografia, posem un cor i tinguem la sensació que ja hem fet alguna cosa. Un like no protegeix una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la.

Un like no protege una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la

Creu que el Govern de Marga Prohens (PP) escolta les protestes?

Jo crec que les ha escoltat perquè seria impossible no sentir-les. Una altra cosa és si realment les ha entès i, sobretot, si està disposat a actuar d'acord amb el que està reclamant una part molt important de la societat. La presidenta ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir “us sento”. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer.

La presidenta Marga Prohens ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir 'us sento'. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer

Quines mesures de l'actual Govern us semblen més perjudicials per a Mallorca?

A mi em preocupa sobretot qualsevol mesura que redueixi els mecanismes de protecció del territori o que faci més fàcil créixer quan precisament estem dient que hem arribat a un límit. El cas d'Es Trenc és molt clar. El Govern defensa que no es desprotegirà el parc i ha insistit que “Es Trenc no es toca”. Però la modificació que permet que determinats canvis es puguin realitzar per via del Consell de Govern, sense passar pel Parlament, és precisament la que genera desconfiança. La protecció d'un territori no pot dependre només de confiar que el govern de torn tindrà bones intencions. Les garanties han de ser fortes.

Creus que les institucions intenten criminalitzar el moviment?

No diria que totes les institucions ho facin, però sí que hi ha hagut moments en què el debat s'ha intentat desviar cap a etiquetes. Quan una protesta passa a ser presentada com una provocació, una mentida, una qüestió partidista o una actitud contra algú, deixem de parlar del problema. Jo no vull entrar en aquest joc. Si una persona protesta, discutim el que està reclamant. I si una protesta comet una irregularitat, es pot criticar aquesta irregularitat. Però no utilitzem una cosa per invalidar l'altra.

Què li diria a una persona que pensa que les protestes contra la massificació són d'odi cap als turistes?

Li diria que vingui i miri el que estem dient. Nosaltres no protestem contra una persona que arriba amb una maleta. Protestem contra un model que necessita convertir cada vegada més coses de Mallorca en productes de consum. Jo no vull que Mallorca deixi de rebre persones. Vull que Mallorca deixi de tractar-se com a infinita. També li diria una cosa: estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir el que ha vingut a veure.

Estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir allò que ha vingut a veure

Què creus que hauria de passar perquè aquesta mobilització social es traduís en canvis polítics reals? Mallorca necessita menys turistes o necessita un altre model turístic?

Necessitem un altre model, però això implica acceptar que probablement també necessitem menys pressió turística en determinats moments i en determinats llocs. No crec que el debat s'hagi de reduir a una xifra de turistes. La pregunta és quanta pressió pot suportar Mallorca sense deteriorar l'habitatge, l'aigua, el territori, els serveis i la vida quotidiana. I, perquè hi hagi canvis polítics reals, hem de deixar de premiar electoralment els discursos i començar a exigir resultats. Posar límits, protegir territori, garantir habitatge i decidir quin turisme volem abans de decidir quants turistes volem.

Fins ara l'hem vist en pràcticament totes les mobilitzacions. Ara també està començant a convocar accions pròpies.

Sí. I és un pas que no vaig prendre a la lleugera. La idea de començar a realitzar accions pròpies va ser meva. Feia temps que hi donava voltes i pensava que Madò Farta no podia limitar-se només a ser present en les mobilitzacions dels altres. Si el personatge havia nascut per denunciar una realitat, també havia de ser capaç de proposar i posar sobre la taula les seves pròpies accions.

Però també vull deixar molt clar que, si avui aquesta idea ha pogut començar a caminar, és en bona part gràcies a Tonina Siquier, membre del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Jo li vaig explicar la idea per correu electrònic i ella em va respondre amb unes paraules que no oblidaré: “És una idea brillant. Jo t'ajudaré a tirar-la endavant.”

Ara el repte és que Madò Farta no sigui només una imatge dins una manifestació. Vull que també sigui capaç de generar accions, provocar converses i aconseguir que més gent passi de pensar “això no pot continuar així” a fer alguna cosa perquè canviï.

Per què ha decidit fer aquest pas?

Ara mateix no n'hi ha prou amb assenyalar el problema. També hem de generar espais perquè la gent pugui participar. No necessàriament amb grans actes. De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació.

Vull que les accions de Madò Farta siguin una continuació del que representa: presència, consciència i una certa incomoditat. Que facin pensar. I, si pot ser, que facin que algú que mai havia participat en res digui: “Jo també puc fer alguna cosa”.

De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació

Ha dit que Mallorca té un límit. On creu que és aquest límit?

El problema és que el límit no és una xifra única. No és dir “a partir de 18 milions ja no podem més”. Mallorca té molts límits distints: l'aigua, el sòl, les carreteres, l'habitatge, les platges, els serveis públics, els recursos naturals i també la capacitat de la gent de viure amb dignitat. Alguns d'aquests límits ja els hem superat.

Però hi ha un altre límit que és encara més important: el moment en què la gent que viu aquí comença a sentir que ha de demanar permís per viure a casa seva. Aquest és el límit que no hauríem d'haver travessat mai. I si ja l'hem travessat en alguns aspectes, ara toca començar a retrocedir.

Madò Farta ('Señora harta', en castellano) se ha convertido en una de las caras más habituales en las protestas contra la saturación turística de Mallorca, a pesar de que siempre ha ocultado su verdadera identidad tras una máscara. Metafórica y real. La careta de calavera y el atuendo tradicional de 'pagesa' —traje típico del folklore mallorquín— acompañan siempre a esta enigmática activista que se ha erigido poco a poco en el símbolo más reconocido de las manifestaciones.

¿La clave? Un atuendo llamativo y una presencia silenciosa. Como esta entrevista, que ha sido por escrito a petición expresa de la activista: ha insistido en hacerla a través de un cuestionario debido a que es “muda”, una manera más de proteger su anonimato. Para ella, el silencio y la discreción son “herramientas muy potentes” que permiten que no haya una sola Madò Farta, sino muchas. Por ello, cuando interactúa en persona con la prensa, solo gesticula.

Su actividad se centra en las redes sociales, desde donde ha contribuido a la última gran manifestación de este verano contra la turistificación. Con el apoyo del GOB y Terraferida, 1.000 personas, según Policía Nacional, han participado este sábado en una “cadena a la fresca”: la gente se sentó en una cadena de sillas desde Plaza de España hasta Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern, donde hubo una batucada. Madò Farta ha dejado fotografiarse por elDiario.es en esta protesta.

¿Cómo surgió el personaje de Madò Farta y cómo de importante es la estética en este caso?

Madò Farta no nació con un manual de instrucciones. Nació de la necesidad de hacer visible algo que costaba mucho contar solo con palabras. Y una vez tuve clara esa necesidad, entendí que la estética debía hacer buena parte del trabajo. La 'pagesa' no es una decoración y la calavera tampoco. Es una contradicción querida: una figura que representa a una Mallorca viva, arraigada, pero con una calavera que recuerda que esta forma de vivir también puede acabar desapareciendo. Quería que, antes de oír cualquier discurso, la imagen ya hiciera una pregunta. Esto es importante porque hoy vivimos rodeados de imágenes. Si quieres que alguien se detenga, primero debes conseguir que mire.

¿Por qué optó por una protesta silenciosa y anónima? ¿Qué le permite realizar el anonimato que no le permitiría dar la cara?

El silencio es una herramienta muy potente. Cuando no hablas, obligas a la otra persona a mirar, y muchas veces mirar incomoda más que oír un discurso. Y el anonimato me permite algo que para mí sigue siendo muy importante: no convertir esta historia en la biografía de una persona. No quiero que el debate sea “¿quién es Madò Farta?”, sino “¿por qué existe Madò Farta?”. Además, hay algo que me gusta mucho del anonimato: que alguien pueda ponerse la máscara y convertirse en parte del mensaje. Si yo diera la cara, probablemente habría una Madò Farta concreta. Así, en cambio, puede haber muchas.

¿Qué simboliza Madò Farta y hasta qué punto cree que el personaje ya ha dejado de ser suyo para convertirse en un símbolo colectivo?

Hace tiempo que ya no es mío. Y esto es, probablemente, lo mejor que le podía ocurrir. Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Y esto tiene una parte muy “bonita”: el símbolo ya no necesita a la persona que lo creó. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté. Y, de hecho, esa es la idea.

Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté

¿Qué le impulsó a pasar de la preocupación y la queja a crear un personaje y salir a la calle?

Llega un momento en el que quejarte ya no te basta. No porque la queja no sea legítima, sino porque si solo te quedas en tu casa hablando de todo lo que va mal, acabas formando parte de esta resignación. Yo no quería esperar a estar de acuerdo con todo ni tener una solución perfecta. Quería hacer algo. Este es un cambio importante: entender que participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí.

Participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí

¿Cómo sería la Mallorca que le gustaría dejar a las generaciones que vienen?

Me gustaría dejarles una Mallorca que no tengan que defender constantemente. Una Mallorca en la que un joven pueda decir “yo quiero vivir aquí” y eso sea una posibilidad real. Donde ir a una playa no sea una operación logística. Donde el agua no sea un problema permanente, donde los pueblos no pierdan su identidad y donde el paisaje no sea solo lo que enseñamos en las fotografías turísticas. Y sobre todo me gustaría que los niños que hoy se ponen la máscara de Madò Farta un día la puedan guardar en un cajón para que ya no haga falta.

¿Considera que ha habido un retroceso en la protección de la isla y en los derechos de los residentes?

Yo creo que ha habido un retroceso en algo más profundo: en la idea de que determinadas cosas deberían tener un límite. Cuando empezamos a discutir si un espacio protegido puede tener algo más de uso, si podemos asumir más coches, más plazas, más construcción o más presión, siempre acabamos hablando de los límites como obstáculos y no como forma de protección. Los derechos de los residentes también se ven afectados por eso. El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo.

El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo

¿Ve un movimiento real por parte de la población de Balears y cree que se está avanzando hacia una mejora?

Sí, y esta es una de las cosas que más esperanza me dan. Hace unos años muchas de estas conversaciones quedaban reducidas a determinados colectivos. Ahora hay gente muy distinta que coincide en algo muy sencillo: no podemos continuar así. Sin embargo, salir a la calle no es haber ganado. Es haber logrado que el problema ya no pueda esconderse. El siguiente paso es convertir esa fuerza social en decisiones concretas.

¿En qué situación considera que se encuentra Mallorca actualmente?

Mallorca está en una situación de contradicción. Por un lado, tenemos una economía que sigue funcionando muy bien en torno al turismo. Pero, por otra, cada vez cuesta más explicar qué gana la persona que vive aquí con ese crecimiento. Si tenemos más actividad económica, pero también tenemos más dificultad en encontrar casa, más saturación, más problemas de movilidad, más presión sobre el agua y más espacios que dejamos de poder disfrutar, debemos tener el valor de mirar el conjunto. No creo que Mallorca esté condenada. Pero sí creo que estamos ante un cruce.

Las redes sociales han sido fundamentales para que Madò Farta se convirtiera en un símbolo. ¿Cree que ayudan a amplificar el mensaje o corren también el riesgo de convertir la reivindicación en una simple imagen?

Ambas cosas. Las redes pueden hacer que una imagen que habrías visto solo una vez en una plaza llegue a miles de personas. Esto es una herramienta extraordinaria. Pero también tienen un peligro: que compartamos una fotografía, ponemos un corazón y tengamos la sensación de que ya hemos hecho algo. Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla.

Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla

¿Cree que el Gobierno de Marga Prohens (PP) escucha las protestas?

Yo creo que las ha escuchado porque sería imposible no oírlas. Otra cosa es si realmente las ha entendido y, sobre todo, si está dispuesto a actuar de acuerdo a lo que está reclamando una parte muy importante de la sociedad. La presidenta ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir “os oigo”. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle.

La presidenta Marga Prohens ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir 'os oigo'. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle

¿Qué medidas del actual Govern le parece más perjudiciales para Mallorca?

A mí me preocupa sobre todo cualquier medida que reduzca los mecanismos de protección del territorio o que haga más fácil crecer cuando precisamente estamos diciendo que hemos llegado a un límite. El caso de Es Trenc es muy claro. El Govern defiende que no se desprotegerá el parque y ha insistido en que “Es Trenc no se toca”. Pero la modificación que permite que determinados cambios se puedan realizar por vía del Consejo de Gobierno, sin pasar por el Parlament, es precisamente la que genera desconfianza. La protección de un territorio no puede depender solo de confiar en que el gobierno de turno tendrá buenas intenciones. Las garantías deben ser fuertes.

¿Cree que las instituciones intentan criminalizar al movimiento?

No diría que todas las instituciones lo hagan, pero sí que ha habido momentos en los que el debate se ha intentado desviar hacia etiquetas. Cuando una protesta pasa a ser presentada como una provocación, una mentira, una cuestión partidista o una actitud contra alguien, dejamos de hablar del problema. Yo no quiero entrar en ese juego. Si una persona protesta, discutimos lo que está reclamando. Y si una protesta comete una irregularidad, se puede criticar esa irregularidad. Pero no utilizamos una cosa para invalidar a la otra.

¿Qué le diría a una persona que piensa que las protestas contra la masificación son de odio hacia los turistas?

Le diría que venga y mire lo que estamos diciendo. Nosotros no protestamos contra una persona que llega con una maleta. Protestamos contra un modelo que necesita convertir cada vez más cosas de Mallorca en productos de consumo. Yo no quiero que Mallorca deje de recibir a personas. Quiero que Mallorca deje de tratarse como infinita. También le diría una cosa: amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver.

Amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver

¿Qué cree que debería ocurrir para que esta movilización social se tradujera en cambios políticos reales? ¿Mallorca necesita menos turistas o necesita otro modelo turístico?

Necesitamos otro modelo, pero esto implica aceptar que probablemente también necesitamos menos presión turística en determinados momentos y en determinados sitios. No creo que el debate deba reducirse a una cifra de turistas. La pregunta es cuánta presión puede soportar Mallorca sin deteriorar la vivienda, el agua, el territorio, los servicios y la vida cotidiana. Y, para que haya cambios políticos reales, debemos dejar de premiar electoralmente los discursos y empezar a exigir resultados. Poner límites, proteger territorio, garantizar vivienda y decidir qué turismo queremos antes de decidir cuántos turistas queremos.

Hasta ahora la hemos visto en prácticamente todas las movilizaciones. Ahora también está empezando a convocar acciones propias.

Sí. Y es un paso que no tomé a la ligera. La idea de empezar a realizar acciones propias fue mía. Hacía tiempo que le daba vueltas y pensaba que Madò Farta no podía limitarse solo a estar presente en las movilizaciones de los demás. Si el personaje había nacido para denunciar una realidad, también debía ser capaz de proponer y poner sobre la mesa sus propias acciones.

Pero también quiero dejar muy claro que, si hoy esta idea ha podido empezar a andar, es en buena parte gracias a Tonina Siquier, miembro del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Yo le conté la idea por email y ella me respondió con unas palabras que no olvidaré: “Es una idea brillante. Yo te ayudaré a sacarla adelante.”

Ahora el reto es que Madò Farta no sea solo una imagen dentro de una manifestación. Quiero que también sea capaz de generar acciones, provocar conversaciones y conseguir que más gente pase de pensar “esto no puede seguir así” a hacer algo para que cambie.

¿Por qué ha decidido dar ese paso?

Ahora mismo no basta con señalar el problema. También debemos generar espacios para que la gente pueda participar. No necesariamente con grandes actos. A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación.

Quiero que las acciones de Madò Farta sean una continuación de lo que representa: presencia, conciencia y cierta incomodidad. Que hagan pensar. Y, si puede, que hagan que alguien que nunca había participado en nada diga: “Yo también puedo hacer algo”.

A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación

Ha dicho que Mallorca tiene un límite. ¿Dónde cree que está ese límite?

El problema es que el límite no es una cifra única. No es decir “a partir de 18 millones ya no podemos más”. Mallorca tiene muchos límites distintos: el agua, el suelo, las carreteras, la vivienda, las playas, los servicios públicos, los recursos naturales y también la capacidad de la gente de vivir con dignidad. Algunos de esos límites ya los hemos superado.

Pero hay otro límite que es aún más importante: el momento en que la gente que vive aquí empieza a sentir que debe pedir permiso para vivir en su casa. Ese es el límite que no deberíamos haber atravesado nunca. Y si ya lo hemos atravesado en algunos aspectos, ahora toca empezar a retroceder.