À Punt, la cadena autonómica valenciana, organiza el próximo 11 de junio un evento con toreros y empresarios y periodistas taurinos para celebrar el primer aniversario de la vuelta de la emisión de las corridas a la televisión pública y sacar pecho de las audiencias, según ha podido confirmar elDiario.es.

La presentación reunirá a toreros como Vicente Barrera, ex vicepresidente de Vox en el primer Consell de Carlos Mazón, Luis Francisco Esplá, Samuel Navalón, Román Collado o Vicente Ruiz Soro.

También contará con empresarios del sector y con periodistas especializados en la materia, tales como Marta García o José Germán Estela, responsable del programa taurino de À Punt Ràdio.

Se trata, según fuentes de la televisión pública, de una presentación para valorar el primer año de programación taurina y sus audiencias. El evento estará presentado por Jorge Casals, el periodista al frente de La Plaça, el programa taurino de À Punt.

La apuesta de la dirección de la cadena pública por los toros no ha estado exenta de polémica. Por un lado, la cadena indemnizó a una periodista a la que reconoció la cláusula de conciencia ante la vuelta de los toros.

La emisión de una corrida de toros (de archivo) protagonizada por Vicente Barrera coincidiendo con la masiva manifestación con ocasión del primer aniversario de la dana también propició una lluvia de críticas.

La jueza de la dana ha requerido a À Punt la grabación del programa especial de la radio pública valenciana que, la noche del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, recibió numerosas llamadas de afectados por las inundaciones a los que no atendía el 112 de la Generalitat, completamente desbordado a consecuencia de la magnitud de la catástrofe.

Así lo ha acordado la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en una providencia dictada este miércoles, tras la declaración testifical del Iván Esteve, el exdirector de Informativos de À Punt, que ha dicho que las llamadas eran “terroríficas”. El testigo también ha afirmado que el programa especial de aquella noche se erige, a su juicio, en el “documento más valioso de la dana”.

Por otro lado, la jueza ha solicitado a la cadena pública la pieza informativa elaborada por los dos periodistas que se quedaron atrapados en pleno desbordamiento del barranco del Poyo y que no pudieron emitir en directo las imágenes al no disponer de conexión.

La magistrada también ha citado al jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, Javier Bolinches. Por otro lado, la providencia acuerda citar como testigo al teniente de la Guardia Civil de Requena que participó en la gestión de la catástrofe, cuyo papel fue detallado por la exalcaldesa de la localidad en su declaración del pasado 18 de mayo.

Iván Esteve, jefe de Informativos de À Punt durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que le “sorprendió” que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no informara a los medios aquella tarde. “Hay que comunicar y dar información oficial para que la gente tome decisiones”, ha manifestado el periodista de la cadena autonómica, según informan a elDiario.es varias fuentes conocedoras de su testifical. Esteve ha dicho que “daba por hecho” que los responsables de Emergencias “veían los informativos y la cobertura”, que mostraba la catástrofe en directo, minuto a minuto.

“Nosotros informamos toda la tarde, pero no por medio de los oficiales, solo lo que veían los reporteros o contaban las autoridades municipales”, ha apostillado.

El testigo ha explicado que preguntaban a Emergencias si “iba a comparecer alguien”. Únicamente recibió una llamada de Francisco González, director general de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Generalitat, para alertar de la situación: “Ponían mucho énfasis en el peligro de Forata”. Ante la poca información oficial autonómica, recurrieron a los alcaldes. Todos les atendieron, ha destacado.

La cadena pública tampoco fue avisada de que se iba a enviar un Es-Alert, ha afirmado el testigo. Tampoco instrucciones oficiales por parte de Emergencias sobre qué consejos transmitir a la población.

Por otro lado, la corporación pública valenciana ejerció de altavoz de los ciudadanos en peligro que no podían contactar con el 112 de la Generalitat: “Llamaban a À Punt para que las rescataran. Eran llamadas terroríficas. Algunas personas se salvaron por llamar a la radio”. Esteve ha dicho que aquel programa especial de la radio ha sido el “documento más valioso de la dana”. “Tenemos historias documentadas de gente que se salvó gracias a llamar a la radio”, ha asegurado.

Victòria Rosselló “acertó de lleno”

El testigo ha relatado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra el despliegue informativo de À Punt para cubrir la dana. La televisión pública planificó con tiempo la cobertura al ser alertados los directivos con cuatro días de antelación de la situación potencialmente catastrófica por parte de la jefa de Meteorología, Victòria Rosselló.

“El viernes anterior a la dana, ella vino a hablar conmigo y acertó de lleno. Advirtió de precipitaciones en el interior. Dijo 'donde toque caerán más de 500 litros'. Aquello nos impresionó”, ha rememorado Esteve.

La cadena, que se había enfrentado ya a la dana de 2019 en la comarca de la Vega Baja, reforzó su cobertura y decidió unificar los recursos de los informativos con los de los programas matinales y vespertinos, cubriendo así en directo durante toda la jornada la catástrofe, con reporteros desplegados en el terreno en los puntos clave, como la cabecera del barranco del Poyo.

Las imágenes del Cecopi

Iván Esteve ha asumido “en primera persona”, por una cuestión deontológica, la decisión de no emitir los vídeos de recurso de la reunión del Cecopi, aunque se tomó de manera “colegiada”, ha aclarado. Esteve ha recordado que la cadena se había comprometido con la responsable de prensa de Emergencias, Aurora Roca, a usar el vídeo como 'mudo' (imagen de recurso, en la jerga periodística).

“No se emitieron los audios por deontología profesional, en un mudo podemos usar imágenes y no audios y nos habíamos comprometido a hacerlo”, ha detallado.

El testigo también ha dicho que, “afortunadamente”, Televisión Española, la cadena también pública que se hizo con las imágenes y el audio y las publicó, las emitió dejando la parte final en la que la jefa de prensa pedía que no se usara el audio. “Si yo fuera de TVE u otro medio también los hubiera emitido, pero yo no pude por deontología profesional y porque nos habíamos comprometido”, ha afirmado.

Esteve ha confirmado que “ahora sí” que están entregados al juzgado de Catarroja que instruye la causa el conjunto de vídeos que conservaba la cadena pública y que, en un primer momento, no fueron aportados. “La responsabilidad del envío de los videos al juzgado no es mía”, ha dicho el exjefe de Informativos de À Punt.

¿De quién fue?, le ha preguntado la abogada Miriam Salmerón, representante de una de las acusaciones populares que ejercen las víctimas de la dana. De “la dirección de la casa”, ha contestado Esteve.

El Consell d'Informatius de À Punt, la televisión pública valenciana, denuncia la interrupción de la programación informativa de la noche para emitir en su lugar corridas de toros realizadas en Madrid.

El órgano de control interno censura que el pasado domingo se recortaran espacios informativos para emitir la Feria de San Isidro en Madrid, una forma de “sacrificar la emisión de informativos para retransmitir actos taurinos sin ningún vínculo con la actualidad valenciana”. Asimismo, apuntan que la dirección de la cadena no trasladó este cambio en la programación, que se repetirá hasta mediados de junio.

Parte de la plantilla ha ido expresando su malestar con la emisión de corridas de toros. Cabe recordar que la radiotelevisión pública ha reconocido la cláusula de conciencia a una periodista y su correspondiente indemnización al empezar a realizar retransmisiones taurinas. El primer libro de estilo de la cadena pública, elaborado por anterior corporación, abogaba por una cobertura de festejos taurinos que excluía expresamente la retransmisión de corridas de toros y 'bou embolat', cuestión que quedó fuera de la última redacción.

La Unió de Periodistes Valencians respalda el comunicado del Consell d'Informatius y pide una rectificación: “Con estas decisiones, la utilidad pública de À Punt queda en duda”, considera el colectivo profesional.

También el PSPV, que ha recogido la demanda de los trabajadores y ha reclamado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la destitución del director general de la CACVSA y al director de informativos por incumplimientos de sus responsabilidades.

La diputada socialista Mercedes Caballero considera la decisión “inaceptable” y destaca que la prioridad del PP “queda clara en acciones como esta”: “No les importa el bienestar de los valencianos y valencianas, para ellos lo importante es la retransmisión de la Feria de San Isidro, que ni siquiera es valenciana, por encima de la emisión de la información que sí interesa a los valencianos y valencianas”, ha lamentado Caballero.

Caballero, portavoz del PSPV en la comisión parlamentaria sobre el audiovisual valenciano, apunta que la decisión del ente “ha motivado el desconcierto y la indignación de los trabajadores, ya supone un desprecio al principal objeto del medio público que es el servicio público” y que se interpreta además “como una absoluta falta de respeto tanto a los valencianos y valencianas como a los trabajadores de À Punt”. “Desde el PSPV-PSOE queremos trasladar nuestro total apoyo al personal del medio de comunicación público de los valencianos que trabajan diariamente por cumplir con sus tareas de servicio público”, ha señalado en un comunicado.

À Punt promociona el “debut” en Las Ventas

El pasado 3 de mayo, la corporación audiovisual remitió un comunicado en el que anunciaba su “debut” en la retransmisión de las corridas de toros en la plaza madrileña de Las Ventas. La radiotelevisión valenciana avanzó que emitirá 10 corridas desde “la plaza más importante del mundo” cada sábado y domingo a las 19.00 horas entre el 9 de mayo y el 14 de junio.

“Con esta relevante apuesta por estar en la primera plaza mundial se reafirma el compromiso de À Punt por estar presente en los grandes acontecimientos de la temporada taurina después de haber pasado este año por las principales ferias, como Castellón, Valencia o Sevilla, con muy buena respuesta de la audiencia”, señaló la televisión pública en el citado texto.

Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

A Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d’À Punt, diversos espectadors de la cadena autonòmica li han agraït el seu treball del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts: “Gràcies a veure la informació de L’Oratge d’aquell dia al migdia van salvar la vida”. Així ho va explicar Rosselló en la seua testifical com a testimoni-perit davant la jutgessa de la dana del 15 d’abril passat, segons consta en l’acta de la seua declaració, a què ha tingut accés eldiario.es. “A les tres de la vesprada, jo mateixa pregue a la població que no isca de casa, perquè el pitjor està per arribar”, va relatar la veterana meteoròloga.

“Les persones que van estar pendents d’À Punt van salvar la vida i em consta personalment en molts casos. Però no tothom té per què veure À Punt ni ha d’estar pendent d’una situació que desconeix que l’afectarà”, va dir la testimoni-perit.

Rosselló va explicar que aquell matí ja es veia que es tractava d’un “temporal històric de pluges sense precedents”. I, de fet, almenys amb quatre dies d’antelació “es veia que passaria una cosa molt greu, perquè la pluja torrencial cauria en les conques mitjanes i altes dels rius, no en la costa”. “No és el mateix que caiguen 700 litres a Gandia que caiguen a Bunyol, perquè tota aquesta aigua haurà d’arribar a la mar, i sobretot si ho fa amb la intensitat que es preveia”, va postil·lar.

Aquella catastròfica jornada, en la televisió autonòmica, “no sols els informatius, sinó tota la programació d’entreteniment i altres, tots els efectius, es van dedicar a cobrir el temporal”.

La cap de Meteorologia va recordar davant la jutgessa les seues paraules en l’informatiu del migdia, quan van albirar que plouria encara dues o tres hores amb intensitat torrencial: “Estem en avís roig, la situació és crítica, no isquen de casa. Màxima precaució, estem davant un temporal històric, és molt probable que se superen els rècords de precipitació des que tenim registre. S’han superat els llindars, s’imposa la vigilància hidrològica, eviten els desplaçaments coste el que coste”.

D’altra banda, Rosselló va detallar que a partir de les 16.30 es va produir un “escenari summament preocupant” en la capçalera de la rambla de Poio. A les 17.00, l’hora en què s’havia convocat la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), la situació ja era “molt greu”, amb unes quantes hores de pluja en la capçalera del Poio.

Quan, 20 minuts després, va caure la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) a Torís, ja es registraven més de 340 litres , una “cosa inassumible” perquè l’aigua cau als barrancs de Gallego i l’Horteta, tributaris del Poio.

“Les persones afectades no saben res del que passa, però aquesta informació la tenim a les cinc de la vesprada, nosaltres i qualsevol que seguira la informació que es donava en aquell moment”, va declarar Victòria Rosselló.

A les 17.45, segons les dades del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfic del Xúquer (CHX), una rambla de Poio “normalment seca” registrava un cabal a l’altura de Loriguilla de 493 hectòmetres per segon, que faria “saltar totes les alarmes a qui tinga idea de quin cabal va circulant i per on”. Cinc minuts després, va pujar a 584 hectòmetres per segon.

D’altra banda, la cap de Meteorologia d’À Punt va contextualitzar la dana en la seua llarga experiència informativa: “En els anys 90 i 2000 teníem temporals de pluja que, potser, registraven quantitats similars en tres o quatre dies. I ara això passa en tan sols unes hores”.

El “desemparament” per la falta d’avisos a la població

“Les dades estaven a l’abast de qualsevol”, va reblar la testimoni-perit. “No imaginàvem que en el Centre d’Emergències no estigueren informats de què passava. (...) Era inimaginable. No es pot ni imaginar el grau de frustració i de desemparament de no veure que s’avisava la població que seria afectada. Però és que era qüestió de dades i d’un coneixement mínim de la geografia”.

Victòria Rosselló va abundar que la informació que proporciona el SAIH ni està “encriptada” ni és accessible “només a determinades persones”. “Ho contàvem en directe. (...) És impensable, des de qualsevol punt de vista, que [en Emergències] no tingueren la informació que teníem nosaltres”.

A més, segons Rosselló, “és incomprensible que aquestes dades en obert no estigueren a l’abast dels responsables d’Emergències”. “Parlem de registres que no s’han mesurat mai, només això hauria d’haver posat actitud de màxima alerta als responsables”, va postil·lar.

Hi havia “hores” per a avisar de la catàstrofe

La meteoròloga va lamentar que es disposava d’“hores” per a avisar la població potencialment afectada per la riuada. “És inconcebible el 2024 aquesta xifra de morts, és inconcebible, perquè disposem de les eines, no per a evitar la catàstrofe, però sí per a avisar la població”, va manifestar.

A parer seu, la reunió del Cecopi s’hauria d’haver convocat al migdia a tot estirar:

—No és de la meua competència, però és evident. Un Cecopi a les 17.00, quan ja hi havia víctimes, no té cap sentit, perquè el Cecopi se suposa que té eines per a advertir la població i per a fer-ho ha d’estar operatiu abans que comence tot, no quan ja està en marxa. És incomprensible, de debò.

Encara que considerava que era difícil de precisar, va sostindre que hauria sigut adequat enviar l’Es-Alert a les 17.00. A més, el missatge massiu als mòbils “havia d’haver sigut molt més específic, perquè el que venia era un tsunami”. “El que calia haver advertit la població és que pujaren a les plantes superiors, que no baixaren pels cotxes, perquè seria una crescuda sobtada”, va afegir.

La meteoròloga va concloure: “230 morts són inassumibles el 2024, perquè tenim les eines per a fer arribar la informació adequada a la població perquè prenga mesures. I, evidentment, aquest nombre [de morts] indica que la informació no va arribar. És la meua opinió”.

A Victòria Roselló, jefa de Meteorología de À Punt, varios espectadores de la cadena autonómica le han agradecido su trabajo del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos: “Gracias a ver la información del Oratge de ese día a mediodía salvaron la vida”. Así lo explicó Rosselló en su testifical como testigo-perito ante la jueza de la dana del pasado 15 de abril, según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “A las tres de la tarde, yo misma estoy rogando a la población que no salga de sus casas, porque lo peor está por llegar”, relató la veterana meteoróloga.

“Las personas que estuvieron pendientes de À Punt salvaron sus vidas y me consta personalmente en muchos casos. Pero no todo el mundo tiene por qué ver À Punt ni tiene que estar pendiente de una situación que desconoce que le va a afectar”, dijo la testigo-perito.

Rosselló explicó que aquella mañana ya se veía que se trataba de un “temporal histórico de lluvias sin precedentes”. Y, de hecho, al menos con cuatro días de antelación “se veía que iba a pasar algo muy grave, porque la lluvia torrencial iba a caer en las cuencas medianas y altas de los ríos, no en la costa”. “No es lo mismo que caigan 700 litros en Gandía que caigan en Buñol, porque toda esa agua va a tener que llegar al mar, y sobre todo si lo hace con la intensidad que se preveía”, apostilló.

Aquella catastrófica jornada, en la televisión autonómica, “no solo los informativos, sino toda la programación de entretenimiento y demás, todos los efectivos, se dedicaron a cubrir el temporal”.

La jefa de Meteorología recordó ante la jueza sus palabras en el informativo del mediodía, cuando vislumbraron que iba a llover aún dos o tres horas con intensidad torrencial: “Estamos en aviso rojo, la situación es crítica, no salgan de sus casas. Máxima precaución, estamos ante un temporal histórico, es muy probable que se superen los récords de precipitación desde que tenemos registro. Se han superado los umbrales, se impone la vigilancia hidrológica, eviten los desplazamientos a toda costa”.

Por otro lado, Rosselló detalló que a partir de las 16.30 se produjo un “escenario sumamente preocupante” en la cabecera de la rambla del Poyo. A las 17.00, la hora en que se había convocado la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la situación ya era “muy grave”, con varias horas de lluvia en la cabecera del Poyo.

Cuando, 20 minutos después, cayó la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Turís, ya se registraban más de 340 litros , una “cosa inasumible” porque el agua cae a los barrancos de Gallego y Horteta, tributarios del Poyo.

“Las personas afectadas no saben nada de lo que está sucediendo, pero esta información la tenemos a las cinco de la tarde, nosotros y cualquiera que siguiera la información que se daba en ese momento”, declaró Victòria Rosselló.

A las 17.45, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ), una rambla del Poyo “normalmente seca” registraba un caudal a la altura de Loriguilla de 493 metros por segundo, que haría “saltar todas las alarmas a quien tenga idea de qué caudal va circulando y por dónde”. Cinco minutos después, subió a 584 metros por segundo.

Por otro lado, la jefa de Meteorología de À Punt contextualizó la dana en su larga experiencia informativa: “En los años 90 y 2000 teníamos temporales de lluvia que, a lo mejor, se registraban cantidades similares en tres o cuatro días. Y ahora esto sucede en tan solo unas horas”.

El “desamparo” por la falta de avisos a la población

“Los datos estaban al alcance de cualquiera”, remachó la testigo-perito. “No imaginábamos que en el Centro de Emergencias no estuvieran informados de lo que sucedía. (...) Era inimaginable. No se puede ni imaginar el grado de frustración y de desamparo de no ver que se avisaba a la población que iba a ser afectada. Pero es que era cuestión de datos y de un conocimiento mínimo de la geografía”.

Victòria Rosselló abundó en que la información que proporciona el SAIH ni está “encriptada” ni es accesible “solo a determinadas personas”. “Lo estábamos contando en directo. (...) Es impensable, desde cualquier punto de vista, que [en Emergencias] no tuvieran la información que teníamos nosotros”.

Además, según Rosselló, “es incomprensible que esos datos en abierto no estuvieran al alcance de los responsables de emergencias”. “Estamos hablando de registros que no se han medido nunca, solo esto debería haber puesto actitud de máxima alerta a los responsables”, apostilló.

Había “horas” para avisar de la catástrofe

La meteoróloga lamentó que se disponía de “horas” para avisar a la población potencialmente afectada por la riada. “Es inconcebible en 2024 esa cifra de muertos, es inconcebible, porque disponemos de las herramientas, no para evitar la catástrofe, pero sí para avisar a la población”, manifestó.

A su juicio, la reunión del Cecopi se debería haber convocado a mediodía a más tardar:

—No es de mi competencia, pero es evidente. Un Cecopi a las 17.00, cuando ya había víctimas, no tiene ningún sentido, porque el Cecopi se supone que tiene herramientas para advertir a la población y para eso tiene que estar operativo antes de que empiece todo, no cuando ya está en marcha. Es incomprensible, de verdad.

Aunque consideraba que era difícil de precisar, sostuvo que habría sido adecuado enviar el Es-Alert a las 17.00. Además, el mensaje masivo a los móviles “tenía que haber sido mucho más específico, porque lo que venía era un tsunami”. “Lo que había que haber advertido a la población es que subieran a las plantas superiores, que no bajaran a por los coches, porque iba a ser una crecida súbita”, agregó.

La meteoróloga concluyó: “230 muertos son inasumibles en 2024 porque tenemos las herramientas para hacer llegar la información adecuada a la población para que tome medidas. Y, evidentemente, ese número [de fallecidos] indica que la información no llegó. Es mi opinión”.

À Punt, la televisió autonòmica valenciana, ja preveia una “dana de gran impacte” quatre dies abans de la catàstrofe del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 230 morts. 

La jutgessa instructora de la causa de la dana ha incorporat al procediment un missatge de WhatsApp enviat el divendres 25 d’octubre pel cap d’Informatius de la casa llavors, Ivan Esteve, al director general, Alfred Costa. La cadena va planificar una cobertura especial amb vista al dia de la dana, amb nombrosos reporters desplaçats sobre el terreny i imatges en directe del desbordament de la rambla de Poio. 

L’avís del responsable d’Informatius a la direcció va ser propiciat per informació verbal que la cap de Meteorologia d’À Punt, Victòria Rosselló, va transmetre a Esteve sobre la “perillosa situació meteorològica que s’acostava”, segons explica un correu electrònic remés al jutjat de Catarroja per la professional, que va declarar el 15 d’abril passat en condició de testimoni-perit. 

Rosselló, a més d’un informe pericial, també va aportar el missatge de WhatsApp enviat el 25 d’octubre de 2024 a les 13.10, a quèha tingut accés aquest diari. El missatge, a l’espera que es confirmaren les previsions al llarg del cap de setmana previ a la dana, al·ludia a “registres generalitzats entre 100 i 200 litres” i que, “en algun punt”, superarien els 500 litres, tal com efectivament va esdevindre a Torís. El WhatsApp també al·ludia a la dana de la comarca del Baix Segura el 2019.

La instructora de la causa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, ha citat a declarar l’excap d’Informatius d’À Punt. 

La cadena autonòmica va emetre en directe la catàstrofe de la dana, fins i tot el desbordament del barranc de Poio a la capçalera de Xiva. Unes imatges que la jutgessa ja va incorporar al procediment i que apuntalen, segons la instructora, la inacció del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) davant el desastre.

À Punt, la televisión autonómica valenciana, ya preveía una “dana de gran impacto” cuatro días antes de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

La jueza instructora de la causa de la dana ha incorporado al procedimiento un mensaje de WhatsApp enviado el viernes 25 de octubre por el entonces jefe de Informativos de la casa, Ivan Esteve, al director general, Alfred Costa. La cadena planificó una cobertura especial de cara al día de la dana, con numerosos reporteros desplazados sobre el terreno e imágenes en directo del desbordamiento de la rambla del Poyo.

El aviso del responsable de Informativos a la dirección vino propiciado por información verbal que la jefa de Meteorología de À Punt, Victòria Rosselló, transmitió a Esteve sobre la “peligrosa situación meteorológica que se avecinaba”, según explica un correo electrónico remitido al juzgado de Catarroja por la profesional, que declaró el pasado 15 de abril en condición de testigo-perito.

Rosselló, además de un informe pericial, también aportó el mensaje de WhatsApp enviado el 25 de octubre de 2024 a las 13.10, al que ha tenido acceso este diario. El mensaje, a la espera que de se confirmaran las previsiones a lo largo del fin de semana previo a la dana, aludía a “registros generalizados de entre 100 y 200 litros” y que, “en algún punto”, superarían los 500 litros, tal como efectivamente acaeció en Turís. El whatsapp también aludía a la dana de la comarca del Baix Segura en 2019.

La instructora de la causa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar al exjefe de Informativos de À Punt.

La cadena autonómica emitió en directo la catástrofe de la dana, incluso el desbordamiento del barranco del Poyo la cabecera de Chiva. Unas imágenes que la jueza ya incorporó al procedimiento y que apuntalan, según la instructora, la inacción del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ante el desastre.

La jueza de la dana ha citado como testigo al periodista Iván Esteve, exjefe de Informativos de À Punt, la cadena autonómica que emitió en directo la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así consta en una providencia dictada este viernes por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La instructora acepta la diligencia solicitada por los letrados de Ciudadanos, que ejerce una de las acusaciones populares en el seno de la causa. La jefa de Meteorología de À Punt, Victòria Rosselló, que declaró el pasado 15 de abril en calidad de testigo-perito, aportó un mensaje remitido a Esteve relativo a la planificación por parte de la televisión valenciana, días antes de la catástrofe, de la cobertura especial de la dana. También un informe pericial, tal como ha informado elDiario.es.

La providencia, tras el consentimiento prestado por el periodista, incorpora el mensaje al procedimiento. También incorpora los vídeos aportados por Victòria Rosselló a modo de resumen de la cobertura informativa de la cadena sobre la dana.

El informe pericial entregado por la jefa de Meteorología de À Punt a la jueza de la dana, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye así: “En [la comarca de] l'Horta Sud, donde desemboca la rambla de Poyo, no llovía, pero se disponía de tiempo suficiente para alertar a la población de la avenida catastrófica que tenía que llegar”. La meteoróloga Victòria Rosselló, doctora en Física y con una trayectoria laboral vinculada a los medios de comunicación que se remonta a 1989, declaró este miércoles en condición de testigo-perito y aportó de paso una cronología sobre el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, además de un informe pericial de una quincena de páginas en el que argumenta que había suficiente información como para haber alertado a la población con mayor antelación.

“Los datos y los hechos observados obligaban a advertir del peligro de avenida a la población de las cuencas medias de los barrancos (Poyo) y ríos (Turia, Magro) afectados. Utiel, Chiva, Cheste, Sot de Xera entre otras poblaciones registraban lluvias torrenciales a primera hora de la tarde”, explica el informe.

Además, según Rosselló, las previsiones meteorológicas advertían “días antes” de un episodio “potencialmente muy peligroso, ya que podía llover con mucha intensidad en los cursos medios de cuencas y barrancos y muy poco en la costa”. El peligro de avenidas, por lo tanto, “era muy alto”.

El informe pericial también revela que la página web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) recibió “alrededor de un millón de visitas a lo largo de la jornada” y, gracias al esfuerzo de sus gestores, no colapsó. Se trata de una red de observación fundamental (especialmente para el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat), que cuenta con más de 800 colaboradores y que aporta una “radiografía precisa de la distribución de lluvias mientras se están produciendo”.

Rosselló detalla las herramientas de seguimiento de las precipitaciones y de cauces de nowcasting (predicción a muy corto plazo) de que dispone la meteorología, que “hacen posible que el diagnóstico y la evaluación del impacto de un episodio de lluvias torrenciales sean posibles de establecer con precisión y anticipación”.

También explica el contexto de la dana: “El aumento imparable observado desde los años 80 hace que un mar cada vez más caliente sea capaz de almacenar mucha más energía que eventualmente puede liberarse en el sistema atmosférico si se dan las condiciones favorables”.

Un “episodio de gran impacto”

El informe pericial se remonta a cinco días antes de la dana y sostiene que la situación que preveían los modelos meteorológicos (a pesar de la incertidumbre asociada a cualquier previsión) “hacía pensar en un episodio de gran impacto, ya que las lluvias más fuertes parecía que afectarían a la parte central del territorio, cuencas medias de ríos y barrancos y muy poco o nada a zonas litorales, en un área comprendida entre el Júcar y el Turia”.

El viernes 25 de octubre de 2024, los responsables de Meteorología de À Punt ya advirtieron a la dirección de la cadena autonómica de la “gravedad” que podía acaecer cuatro días más tarde si se cumplían las previsiones, que fueron confirmándose a lo largo del fin de semana anterior a la dana “sin variaciones destacables”.

“Los diferentes espacios informativos del Oratge y a través de las redes sociales de À Punt fuimos siguiendo la evolución de la situación, advirtiendo de que podía tratarse de un episodio muy peligroso. Los dos días previos a la catástrofe ya hablábamos de registros previstos posibles para el día 29 de entre 200 y 400 l/m2 en pocas horas”, relata el informe.

Con ese panorama, la madrugada del 29 de octubre diluvió en la comarca de la Ribera Alta, causando “problemas graves”. A primera hora de la mañana, se activó el aviso rojo, que implica una “probabilidad muy alta de recibir lluvias de tal magnitud que comprometen la seguridad de personas y bienes”, agrega Victòria Rosselló.

El informe pericial también explica que las cantidades de lluvia que especificaba el aviso rojo “son umbrales mínimos, significa que en 12 horas podían caer 180 l/m2, o 200 o 300 o 400 en la zona afectada…”.

El informativo del mediodía de la cadena pública abrió con la “situación dantesca” que se vivía en Utiel, localidad en la que la Generalitat activó la Unidad Militar de Emergencias (UME). “En la información meteorológica del mediodía”, afirma el informe, “se alertaba de que nos encontrábamos en una situación histórica, una dana de gran impacto que ya había dejado a Utiel en situación crítica y que había que evitar cualquier desplazamiento en las zonas afectadas por el aviso rojo”.

Tornados con rachas de más de 200 kilómetros por hora

A las 15.00 “ya se tenían registros históricos de 200 o 250 l/m2 la comarca de Utiel-Requena”, indica la jefa de Meteorología de À Punt. Además, en la Ribera Alta se formaron una decena de tornados, con rachas de más de 200 kilómetros por hora, que derrumbaron varias torres de tensión. “Tornados de tal magnitud nunca se habían registrado en nuestras latitudes”, apostilla el informe.

“Después del río Magro, las cuencas del Turia y ramblas y barrancos habitualmente secos y con cuencas muy limitadas recibían cantidades de lluvia inasumibles”, agrega.

A partir de las 18.00, las lluvias torrenciales empezaron a afectar a comarcas y localidades del río Turia, que registraron más de 300 litros por metro cuadrado. El nuevo cauce del Turia, construido después de la riada de 1957 y con un “límite teórico” de 5000 metros cúbicos por segundo, recibió aproximadamente unos 2000 metros cúbicos por segundo “y salvó a la ciudad de València de la inundación”.

El informe describe la rambla del Poyo y sus barrancos tributarios menores (como el de Gallego y el de Horteta), habitualmente secos, que se desdibujan en algunos tramos, ocupan zonas inundables y se enclavan en un territorio de construcción urbana y en polígonos industriales.

Victòria Rosselló también destaca que los datos proporcionados por la página web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de Avamet son abiertos y “públicos”.

Un “desastre” anunciado “de gran magnitud”

“Las estaciones automáticas de Avamet situadas en la zona más afectada empezaron a desaparecer de la red a lo largo de la tarde debido a los cortes de luz e internet consecuencia de la violencia de las lluvias”, rememora el informe. A pesar de ello, “era evidente que seguía lloviendo torrencialmente y que los acumulados serían excepcionales”, afirma.

Por su parte, la estación de aforo de Loriguilla del SAIH (situada en la rambla del Poyo) “comenzó a dar registros alarmantes a partir de las 17.00”, recuerda Rosselló. También colapsó a pesar de contar con un sistema de transmisión de datos más robusto que el de Avamet.

“Los sistemas de transmisión de datos sucumbieron a la violencia de las lluvias torrenciales y dejaron de transmitir, pero las cifras de lluvia que ya se habían registrado anunciaban un desastre de gran magnitud, especialmente en la desembocadura de la rambla del Poyo, una de las áreas más densamente pobladas del territorio valenciano”, concluye el informe pericial.

La jefa de Meteorología de À Punt ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que, cinco días antes del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, “se veía que iba a pasar algo grave”. Victòria Rosselló ha descrito un “temporal histórico de lluvias sin precedentes” y ha recordado que ella misma, a las 15.00, en el informativo, rogaba a la población que no saliese a la calle porque “lo peor” estaba por llegar.

Con los datos públicos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “ya el mismo día sabíamos que iba a ser algo bárbaro en l'Horta Sud por el [barranco] del Poyo”, ha afirmado. A las 17.00 llovía con “tal intensidad” en la cabecera del Poyo que las estaciones “empezaron a caer”.

Rosselló ha lamentado la escasa reacción del Centro de Emergencias ante la dana. “No imaginábamos que no estaban informados”, ha manifestado ante la magistrada, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. “No se pueden imaginar el grado de frustración y desamparo” por la falta de avisos, ha apostillado. La testigo considera que se trataba de “gestión de datos y de conocimiento de la geografía”.

“Era incontrolable y la catástrofe iba a ocurrir, pero disponíamos de horas para avisar a la población que iba a ser afectada, por los datos que teníamos”, ha detallado.

Además, Victòria Rosselló ha relatado los días previos a la catástrofe y la planificación en la televisión autonómica para informar de la situación: “Basada en mi experiencia, iban a ser lluvias intensas y muy peligrosas y el riesgo para la población era muy alto. Iba a llover en cabeceras y eso se sabía días antes y eso incrementa el riesgo a la población”.

La meteorología no puede prever el “municipio o la zona exacta, pero sí la zona geográfica y, en este caso, era entre el Júcar y el Túria”, a la que iban a afectar “grandes precipitaciones”. “El viernes previo se preparó en À Punt un dispositivo para el martes [29 de octubre]”, ha explicado.

“El fin de semana ya se avisó de precipitaciones de entre 200 y 400 litros, es la precipitación de todo un año en unas horas en ríos y barrancos medios”, ha detallado la testigo.

“Algo inaudito” que superó la catástrofe de Tous

Aquella catastrófica jornada se registró la “lluvia más cuantiosa” en un siglo, “algo inaudito” que “supera las lluvias del colapso de Tous” en 1982.

Victòria Rosselló ha descrito como “llamativo” el “crecimiento exponencial” del barranco del Poyo y ha señalado que los datos de la crecida —“consistentes”— se consultaban en la página web del SAIH, “al alcance de cualquiera”.

Por otro lado, la testigo ha indicado que la presa de Forata “funcionó muy bien” e “hizo su papel”. “Consiguieron laminar la avenida”, ha dicho.

“Nos dirigimos al Consejo de Administración para que adopte medidas que evitan la degradación de la reputación y la credibilidad de los servicios informativos. Gran parte de la plantilla ya vivió un proceso parecido que convirtió la empresa en un modelo de corrupción y vergüenza”. El Consell d'Informatius de À Punt se ha expresado en estos términos en sus redes sociales en las que ha compartido un duro comunicado para denunciar la situación que, aseguran, vive la plantilla que elabora la información diaria (ver tuit). Fuentes oficiales de À Punt consultadas por elDiario.es han eludido hacer valoraciones al respecto.

En la nota informativa recuerdan que desde incluso antes de constituirse formalmente, el Consell comenzó a recibir “una avalancha de quejas, denuncias y peticiones de apoyo”, dirigidas en su mayoría contra la dirección de Informativos, cuyo responsable es Josep Magraner.

En su primer comunicado, el Consell d'Informatius ya advirtió la “desastrosa situación” en la que se encontraba la redacción de informativos y por este motivo se asumieron plenamente las denuncias de la asamblea de trabajadores: “Comenzando por el ridículo que hicimos como medio de comunicación con el intento de ocultar imágenes y audios de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024”, así como “la manipulación, el partidismo y el dictado de contenidos informativos y la asunción de líneas contaminadas por programas como Va de Bo que nunca deberían tener cabida en unos medios públicos”.

El informe ahora remitido detalla además denuncias internas sobre “presiones con amenazas, algunas consumadas, de cambios de sección u horarios, trato denigrante, cuestionamiento constante de la profesionalidad de los trabajadores, llamadas fuera del horario laboral y la imposición de una línea editorial que el CI define como la peor cara del sectarismo servil”. Todo ello, asegura el Consell, “con la agravante de misoginia que destilan algunas actuaciones”. De hecho, afirma que los sindicatos han tenido que solicitar la intervención de la dirección de personal.

Según el organismo, estas cuestiones han centrado las dos reuniones mantenidas hasta ahora entre el Consejo de Informativos y la Dirección del departamento. En ellas, la Dirección ha reconocido algunos casos concretos de manipulación y se ha comprometido a no repetirlos, aunque, según el Consell, lo habitual ha sido eludir responsabilidades y derivarlas a escalones inferiores. También se aceptaron errores por las formas empleadas con parte de la redacción, pero el Consell sigue recibiendo quejas y constata que hay profesionales que ya evitan atender llamadas a determinadas horas o entrar en el despacho de la dirección sin testigos.

El Consell d'informatius pone de relieve que siguiendo el Reglamento, el anterior jefe de informativos se sometió a una consulta por parte de la plantilla y recibió el apoyo de 103 de los empleados, frente a 58 que votaron en contra y 37 que se abstuvieron, mientras el actual director recibió tan solo 12 votos a favor, por los 160 en contra y 7 abstenciones.

El organismo concluye trasladando al Consejo de Administración de la radiotelevisión pública valenciana el malestar de la plantilla del servicio de informativos para que tome medidas y evite que el ente se convierta en “un modelo de corrupción, manipulación, nepotismo y vergüenza”.

Informe del director de Informativos

El director de Informativos de À Punt, Josep Magraner, ha elaborado un informe que ha remitido al Consejo de Administración de la Corporación en el que denuncia una campaña de desprestigio contra su figura basada en “mentiras y realidades paralelas” por parte del Consell d'Informatius y ha pedido amparo ante la “reiteración de falsedades y veladas amenazas con carácter intimidatorio”.

Según relata Magraner, en los dos contactos reglamentarios que la actual dirección de informativos ha mantenido con el Consell d’Informatius “se han vertido acusaciones muy graves sin ninguna prueba, e incluso con mentiras manifiestas que han sido rebatidas de manera inmediata; la primera de ellas fue la intolerable acusación de que muchos periodistas escribían al dictado”.

“Los informativos de À Punt ofrecen siempre información veraz y contrastada”, explica, y añade que se realizan en base a una estructura “muy sólida y consolidada; de hecho, se mantienen todos los jefes de redacción. Y ofrecen todas las voces y todas las sensibilidades”.

Así, la dirección de Informativos denuncia “una clara estrategia de acoso y derribo, orientada a desacreditar su labor profesional y la autoridad inherente al cargo”, e insiste en que en las reuniones entre la dirección y el Consell d’Informatius “se han dado de manera reiterada amenazas veladas y expresiones intimidatorias, tales como 'de esta no te salvas', u 'hoy te salvas porque hemos comprobado que esta noticia no parte de ti sino de una editora' que generan un entorno de presión psicológica impropio de una organización profesional”.

Consulta “no autorizada”

Magraner denuncia que la consulta realizada entre los miembros de la redacción por el Consell d'Informatius no estaba autorizada y carecía de cobertura legal. “La consulta no está contemplada en el Estatuto del Consejo de Informativos y se extralimita en las funciones previstas en el artículo 13 de la Ley 2/2024, de 27 de junio de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana”, sentencia el director de Informativos. Al respecto, el responsable de Informativos llama la atención sobre el hecho de que la participación no llegó ni a la mitad de la redacción.

“Es una consulta a título particular con votaciones en las que los miembros de la redacción han de registrarse previamente, y con control exclusivo del procedimiento por parte del Consell d’Informatius, que no ofrece las garantías necesarias de protección, salvaguarda y seguridad para una votación justa”, denuncia: “En esta votación, las personas que lo han organizado son juez y parte, y se ha convocado con el único propósito de conseguir un titular en prensa, obtenido de manera irregular y sin ningún control, de manera tendenciosa”.

Por ello, la dirección de Informativos ha solicitado amparo al Consejo de Administración “para que tome las decisiones que considere oportunas”.

Cinc programes, cinc temàtiques d'alt voltatge polític i social i una corba d'audiència clarament descendent. El Debat, l'espai presentat per Toni Cantó a À Punt, ha passat en tot just un mes d'una estrena discreta a encadenar mínims històrics, amb trams prolongats de 0% tècnic d'audiència que el situen entre els formats amb pitjors registres de la graella de la radiotelevisió pública valenciana.

El programa es va estrenar el 5 de desembre amb una primera emissió dedicada a 'El feminisme en crisi'. Aquell debut va reunir al voltant de 19.000 espectadors i una quota de pantalla aproximada del 2,4%, la millor dada del format en tota la seva curta vida. No obstant això, fins i tot en aquesta primera entrega es van detectar senyals de debilitat estructural: en la part final del programa es van registrar ja minuts amb 0% tècnic d'audiència, la qual cosa indica que el consum va ser tan baix que no va arribar a reflectir-se en la mostra d'audiòmetres de Kantar Media.

La segona emissió, centrada en 'La Monarquia a Espanya', va confirmar el descens. El programa va caure fins als 13.000 espectadors i al voltant de l'1,5% de quota. Encara que la temàtica era d'ampli abast mediàtic, l'espai va perdre prop d'un terç de la seua audiència respecte a l'estrena, consolidant una tendència negativa que no es va corregir amb els ajustos introduïts posteriorment en la seua durada.

La tercera entrega, dedicada a 'La cistella de la compra', va tornar a registrar una baixada fins als 12.000 espectadors, amb una quota al voltant de l'1,6%. Malgrat tractar un assumpte d'impacte directe en la vida quotidiana i en plena escalada de preus, el programa no va aconseguir frenar la fugida d'audiència ni millorar la seva posició dins de la graella del divendres.

El deteriorament es va accentuar en la quarta emissió, centrada en 'Valencià o castellà a l'escola?', una qüestió tradicionalment mobilitzadora a la Comunitat Valenciana. Lluny de generar un repunt, el programa va tornar a moure's en xifres molt baixes, uns 8.000 espectadors i una quota de pantalla del 0,8%, que també va acumular amplis trams amb 0% tècnic d'audiència, un fenomen que començava a repetir-se de forma estructural i no puntual.

La pitjor dada ha arribat amb la cinquena emissió, aquest 9 de gener, dedicada a 'Ja no ens agrada el turisme?'. El programa es va quedar al voltant dels 6.000 espectadors i una quota de pantalla del 0,7%, el mínim absolut des de la seua estrena. En aquesta ocasió, prop d'una hora completa de l'espai va registrar 0% tècnic d'audiència, una circumstància extremadament poc habitual fins i tot en cadenes autonòmiques i que evidencia una desconnexió gairebé total amb el públic mesurat.

Aquests registres adquireixen més rellevància quan s'analitzen en el context de la graella d'À Punt dels divendres. Aquest mateix dia, els màxims d'audiència de la cadena els marquen de forma consistent els Telenotícies del migdia i de la nit, així com els programes que s'emeten immediatament després, especialment els concursos, que concentren els pics de consum i actuen com a principals motors d'audiència del canal. El contrast entre aquests espais i El Debat és notable: mentre informatius i concursos aconsegueixen fidelitzar i retenir públic, el programa de debat perd s'ha convertiten una sagnia d'espectadors de la televisió pública.

Cinco programas, cinco temáticas de alto voltaje político y social y una curva de audiencia claramente descendente. El Debat, el espacio presentado por Toni Cantó en À Punt, ha pasado en apenas un mes de un estreno discreto a encadenar mínimos históricos, con tramos prolongados de 0% técnico de audiencia que lo sitúan entre los formatos con peores registros de la parrilla de la radiotelevisión pública valenciana.

El programa se estrenó el 5 de diciembre con una primera emisión dedicada a 'El feminismo en crisis'. Aquel debut reunió en torno a 19.000 espectadores y una cuota de pantalla aproximada del 2,4%, el mejor dato del formato en toda su corta vida. Sin embargo, incluso en esa primera entrega se detectaron señales de debilidad estructural: en la parte final del programa se registraron ya minutos con 0% técnico de audiencia, lo que indica que el consumo fue tan bajo que no alcanzó a reflejarse en la muestra de audímetros de Kantar Media.

La segunda emisión, centrada en 'La Monarquía en España', confirmó el descenso. El programa cayó hasta los 13.000 espectadores y alrededor del 1,5% de cuota. Aunque la temática era de amplio alcance mediático, el espacio perdió cerca de un tercio de su audiencia respecto al estreno, consolidando una tendencia negativa que no se corrigió con los ajustes introducidos posteriormente en su duración.

La tercera entrega, dedicada a 'La cesta de la compra', volvió a registrar una bajada hasta los 12.000 espectadores, con una cuota en torno al 1,6%. Pese a tratar un asunto de impacto directo en la vida cotidiana y en plena escalada de precios, el programa no logró frenar la fuga de audiencia ni mejorar su posición dentro de la parrilla del viernes.

El deterioro se acentuó en la cuarta emisión, centrada en '¿Valenciano o castellano en la escuela?', una cuestión tradicionalmente movilizadora en la Comunitat Valenciana. Lejos de generar un repunte, el programa volvió a moverse en cifras muy bajas, unos 8.000 espectadores y una cuota de pantalla del 0,8%, que también acumuló amplios tramos con 0% técnico de audiencia, un fenómeno que empezaba a repetirse de forma estructural y no puntual.

El peor dato ha llegado con la quinta emisión, este 9 de enero, dedicada a '¿Ya no nos gusta el turismo?'. El programa se quedó en torno a los 6.000 espectadores y una cuota de pantalla del 0,7%, el mínimo absoluto desde su estreno. En esta ocasión, cerca de una hora completa del espacio registró 0% técnico de audiencia, una circunstancia extremadamente poco habitual incluso en cadenas autonómicas y que evidencia una desconexión casi total con el público medido.

Estos registros adquieren mayor relevancia cuando se analizan en el contexto de la parrilla de À Punt de los viernes. Ese mismo día, los máximos de audiencia de la cadena los marcan de forma consistente los Telenotícies del mediodía y de la noche, así como los programas que se emiten inmediatamente después, especialmente los concursos, que concentran los picos de consumo y actúan como principales motores de audiencia del canal. El contraste entre estos espacios y El Debat es notable: mientras informativos y concursos logran fidelizar y retener público, el programa de debate se ha convertido en una sangría de espectadores de la televisión pública.

À Punt cerró el año 2025 con una cuota media anual del 3%, frente al 2,6% registrado en 2024, según los datos de audiencia elaborados por GECA. Este resultado sitúa a la radiotelevisión pública valenciana por delante de varias cadenas autonómicas en términos de cuota, en un contexto de fuerte fragmentación de la audiencia televisiva.

De acuerdo con los datos comparativos de GECA, TV3 finalizó el ejercicio con una cuota media del 13,7%, Telemadrid con un 5,8%, Televisión Canaria con un 6,9%, Aragón TV con un 10,1% y Canal Extremadura con un 5,6%, mientras que À Punt se situó en el 3% de share. Estas cifras reflejan realidades de mercado y tamaños de audiencia muy distintos entre comunidades autónomas.

En términos de crecimiento relativo, À Punt registró en 2025 un incremento del 15,4% respecto al año anterior, lo que la convierte en la segunda televisión autonómica con mayor crecimiento porcentual, solo superada por Televisión Canaria (+21,6%). Por detrás se situaron Canal Extremadura (+9,1%), Telemadrid (+8,5%), Aragón TV (+5,2%) y TV3 (+3,6%). En el ámbito de las cadenas generalistas en la Comunitat Valenciana, À Punt fue la que experimentó un mayor crecimiento relativo, por delante de La 1 (+13,2%), La 2 (+10%) y Antena 3 (+9,9%).

El mes de diciembre se cerró también con un 3% de cuota, en un año con una evolución mayoritariamente ascendente, a excepción de octubre y noviembre, cuando en 2024 se habían registrado datos atípicos vinculados a la cobertura informativa de la DANA.

Programas con mayor audiencia en 2025

Entre los contenidos con mayor seguimiento durante el año destacan las retransmisiones festivas y los eventos en directo. Las mascletàs alcanzaron una cuota media del 23%, mientras que otros espacios vinculados a fiestas tradicionales, como las retransmisiones de Moros i Cristians o el programa Terra de Festes, así como eventos deportivos como el Trofeu Taronja o el Aircup, contribuyeron a elevar las audiencias mensuales de la cadena.

En el apartado taurino, la retransmisión de la Fira de Fogueres del 24 de junio obtuvo un 5,7% de share y 164.000 espectadores únicos, mientras que la corrida de la despedida de Morante en la Feria de Madrid, emitida en octubre, registró un 4,1% de cuota y 160.000 espectadores únicos.

En prime time, de lunes a viernes, el concurso A la saca fue el espacio con mayor seguimiento de esa franja, con una media de 67.000 espectadores y un 5,2% de share. Los programas especiales emitidos en horario estelar alcanzaron una media del 7,3%, al igual que los especiales de Atrapa’m si pots. En este formato, los dos especiales dedicados a las Fallas registraron una media de 83.000 espectadores y un 7,5% de cuota, frente a los 37.000 espectadores y el 3,7% de la edición habitual de sobremesa. La edición Atrapa’m si pots Llegendes, estrenada en septiembre, alcanzó un 5,4% de share y 51.000 espectadores de media.

También en horario de máxima audiencia, el programa En casa d’Inés, estrenado el 28 de diciembre, registró un 5,7% de cuota en la noche del domingo. En el ámbito documental, la serie Anglés. Historia de una fuga obtuvo una media del 7% de share en sus tres episodios emitidos en octubre. Durante el año se emitieron además varios formatos vinculados a la DANA, como Crònica de la reconstrucció (3,8% y 38.000 espectadores de media) y Alerta Roja (3,4% y 42.000 espectadores).

Evolución de los informativos

Los informativos concentraron algunos de los datos más consistentes de la parrilla. El NTC Migdia fue la franja con mayor seguimiento, con una cuota media del 7,8%, que ascendió al 9,6% en las ediciones de fin de semana, 1,5 puntos más que el año anterior. Según los datos disponibles, alrededor de 80.000 personas siguen este informativo completo.

El NTC Nit registró una cuota media del 4,1%, que aumentó hasta el 4,3% en fin de semana, con un crecimiento cercano a un punto respecto a 2024. El informativo con mayor audiencia del año fue el NTC Migdia del 18 de marzo, con una media de 218.000 espectadores y un 18,5% de share, mientras que el NTC Nit del 28 de diciembre alcanzó su mejor dato anual con un 13,3% de cuota y 286.000 espectadores únicos.

El ejercicio 2025 concluye así con À Punt en una cuota media anual del 3%, tras un incremento respecto al año anterior y con una programación en la que los informativos y los eventos en directo concentraron los principales picos de audiencia.

Los pobres resultados de audiencias de À Punt en 2025 con un gran peso de la programación taurina han obligado a la cadena pública a buscar nuevas propuestas, aunque el modelo de propuesta dista de ser innovador. La principal novedad llegará el miércoles 7 de enero con el estreno de La vesprada amb tu, un magacín diario que se emitirá de lunes a viernes entre las 16.45 y las 19.30 horas. El espacio estará presentado por Carmen Alcayde y Ferran Cano y se realizará en directo, con público, desde los estudios de Burjassot. El programa aspira a convertirse en “”una ventana abierta a la actualidad social valenciana, combinando entrevistas personales, información de proximidad y entretenimiento.

La incorporación de Alcayde, con una larga trayectoria en televisión estatal y autonómica, supone una apuesta por rostros reconocibles del entretenimiento, mientras que Ferran Cano refuerza el vínculo del formato con las fiestas, tradiciones y el territorio. El magacín contará con reporteros repartidos por toda la Comunitat Valenciana y dará especial protagonismo a historias locales, testimonios ciudadanos y contenidos vinculados al sector primario, la meteorología y las manifestaciones culturales.

A continuación, a partir de las 19.30 horas, À Punt estrenará Cantem!, un concurso musical de lunes a jueves presentado por Maria Fuster, un formato que recuerda al Canta Canta que presentó María Abradelo entre 1996 y 1998 en la antigua Canal 9. El programa enfrentará cada semana a dos municipios valencianos representados por ocho concursantes, que competirán en duelos individuales, actuaciones en pareja y números corales. Un jurado profesional valorará las actuaciones y proclamará un pueblo ganador que avanzará en la competición hasta una fase final. El formato busca reforzar el carácter familiar de la franja vespertina y poner en valor el talento musical local.

Estos movimientos se producen después de un año especialmente convulso para la cadena, en el que la emisión de festejos taurinos generó críticas internas, protestas del sector cultural y un intenso debate sobre el papel de la radiotelevisión pública. Los datos de seguimiento no acompañaron la estrategia y evidenciaron la dificultad de fidelizar audiencias con contenidos que una parte relevante de la sociedad valenciana percibe como ajenos o regresivos.

Más allá de la parrilla tradicional, À Punt también ha lanzado un llamamiento al sector audiovisual para el desarrollo de series de ficción concebidas específicamente para el entorno digital. La corporación busca proyectos de formato vertical, pensados para redes sociales y consumo móvil, con una inversión global de 100.000 euros. Se trata de una apuesta por los llamados dramas verticales, un formato de origen asiático que está ganando terreno en mercados internacionales y que pretende acercar la marca À Punt a nuevas audiencias, especialmente jóvenes.

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha reservado unas provisiones de casi medio millón de euros, la mayoría para pagar indemnizaciones por trienios no reconocidos de trabajadores heredados de la extinta Canal 9, la televisión autonómica cerrada en 2013 por el Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra. Se trata de una segunda tanda de litigios, tras una primera fase ya resuelta, que ha aumentado la provisión del ejercicio 2024, según indican las cuentas anuales de la corporación.

“El importe total provisionado por trienios asciende a 268.964,96 euros al cierre del ejercicio 2024 (253.756,30 euros en el año 2023), por otras reclamaciones 70.576,58 euros (56.047,83 euros en el año 2023) y por seguridad social e intereses moratorios 142.607,44 euros (0,00 euros en 2023), sumando un total de provisión en el año 2024 de 482.148,98 euros (309.804,13 euros en 2023)”, según reza la memoria anual.

La memoria anual de la CVMC advierte de los “múltiples litigios en los que se reclaman cantidades por el pago de trienios”. La corporación enumera 28 procedimientos en juzgados de lo social de València por reclamación de trienios que considera “probable que prosperen” en favor de los trabajadores que reclaman.

Sin embrago, la corporación recuerda que recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia que daba la razón a una trabajadora que reclamaba trienios. La televisión pública pretende que el alto tribunal unifique una doctrina que, “al ser desfavorable a los intereses de la CVMC afecta no solo al caso de esa trabajadora sino, a todas las demandas interpuestas contra la CVMC o SAMC [Societat Anònima de Mitjans de Comunicació] en la que se reclama el pago de trienios”.

En otros procedimientos, de contencioso, la memoria anual estima “poco probable” que se pueda derivar perjuicios patrimoniales o de cualquier otra naturaleza.

El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) ha manifestado su discrepancia con la televisión pública autonómica, À Punt, por la flagrante omisión de la cobertura de la multitudinaria manifestación celebrada el sábado 25 de octubre en València. La crítica del organismo supervisor es aún más severa al contrastar el evento ignorado con la programación alternativa elegida por el canal: la emisión de una corrida de toros de 1997.

La protesta masiva, convocada cerca del primer aniversario de la dana que asoló numerosos municipios, reunió a miles de personas que buscaban expresar su indignación por la gestión institucional de la tragedia.

El proceso de investigación se inició tras recibir múltiples quejas a través de la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA). El CACV solicitó explicaciones formales a la presidencia de CACVSA, requiriendo detalles sobre la cobertura y, específicamente, la ausencia de conexiones en directo televisadas durante la tarde del sábado.

À Punt informó de que cubrió la protesta a través de su web, radio y redes sociales, y destacó la programación especial emitida días después, incluyendo un programa zoom y 17 horas de contenido por el aniversario de la dana, con la retransmisión del Funeral de Estado.

No obstante, el CACV manifestó su discrepancia total ante la falta de cobertura en la televisión, el medio que sigue siendo el más importante para la mayoría de la sociedad valenciana.

“No compartimos la decisión de no informar por la televisión de la manifestación que se estaba llevando a cabo... Esta manifestación, por su impacto y trascendencia, no podía tratarse como una manifestación cualquiera o como las otras”, ha señalado en su comunicado el CACV

El Consell Audiovisual concluye que la elección de emitir una corrida de toros grabada en 1997 en lugar de reflejar la protesta legítima de miles de ciudadanos sobre un tema de máxima relevancia social (la gestión de la dana) contraviene el espíritu del servicio público.

Exigencia de servicio público y rigor informativo

El Consell Audiovisual enfatiza la necesidad de que los medios públicos valencianos cumplan con su obligación de informar con rigor y calidad sobre los hechos y acontecimientos más relevantes que tienen lugar en su entorno más próximo.

Aunque el CACV reconoce la importancia de distribuir la información en la diversidad de pantallas y dispositivos, subraya que la televisión pública sigue siendo imprescindible para conectar con las audiencias mayoritarias y generalistas en la Comunitat Valenciana. La ausencia de cobertura en el medio principal sobre una protesta social de esta magnitud constituye, para el órgano supervisor, un incumplimiento de esta obligación.

El pleno de la Diputación de València de este miércoles dejó un choque directo entre Compromís y Ens Uneix a cuenta de la situación de À Punt y los cambios previstos en la radiotelevisión pública. En una moción presentada por Compromís de apoyo a los trabajadores de la radiotelevisión pública, la diputada Dolors Gimeno acusó a PP y Vox de impulsar una “nueva etapa de control y regresión”, mientras que la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix (Ens Uneix), respondió que la defensa del ente “se hace desde dentro”, reivindicando el papel municipalista de su formación en el Consejo de Administración.

Con esta crítica Enguix reprochaba a Gimeno que ni Compromís ni PSPV hayan querido formar parte del Consejo en señal de protesta por las reformas impulsadas por PP y Vox para controlar el ente público. En cambio Ens Uneix sí que forma parte como representantes de la FVMP (Federación Valenciana de Muncipios y Provincias).

En su intervención, Gimeno criticó la “degradación del servicio público” que, a su juicio, están promoviendo PP y Vox en À Punt. Les reprochó “recortar derechos de los trabajadores”, “politizar los contenidos” y “reducir la presencia del valenciano”. La diputada también reprochó la investigación interna por la filtración del vídeo con audio del Cecopi durante la dana, y denunció que À Punt programara una corrida de toros de 1997 el mismo día de la manifestación por el aniversario del temporal, una coincidencia que calificó de “inapropiada”.

Enguix: “La lucha no es en Twitter”

La vicepresidenta Natàlia Enguix respondió con contundencia. Subrayó que Ens Uneix sí está presente en el Consejo de Administración de À Punt y que desde ahí actúan para defender los derechos laborales, la independencia periodística y la transparencia del ente público.

“Se lucha dentro, no se lucha en Twitter”, afirmó Enguix, remarcando que quienes participan en la estructura de gestión son quienes “tienen la información” y capacidad de influir en las decisiones.

La vicepresidenta avanzó que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha quedado sobre la mesa y volverá a negociarse con los sindicatos la próxima semana. Explicó que ya se ha informado de que no se amortizará la jefatura de Servicio de Meteorología ni las jefaturas de edición de deportes, que se crearán seis plazas de periodistas —y no ocho— y que finalmente no se creará la plaza de dirección de la radio. También detalló otros ajustes, como la eliminación del requisito de inglés para los técnicos jurídicos.

Enguix aprovechó para pedir más presupuesto para la radiotelevisión pública valenciana, asegurando que À Punt opera con un volumen de recursos “tres veces inferior al de Aragón por habitante” y muy lejos de televisiones autonómicas como Canal Sur o TV3. “Si queremos una televisión de calidad, hay que dotarla de más recursos”, afirmó.

La vicepresidenta concluyó anunciando el voto en contra de su grupo a la moción presentada, insistiendo en que debe esperarse a la negociación de la RPT para valorar el escenario real: “Gobierne quien gobierne, defenderemos la independencia periodística, el pluralismo y la transparencia”.