La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha vuelto a solicitar al Gobierno regional la implantación de una Unidad de Investigación de Venenos, así como una Unidad Canina, en cada una de las provincias, que mejoraría los resultados obtenidos en la nueva campaña que llevan a cabo, para detectar el uso ilegal de veneno en el medio natural.

Y es que, desde el pasado mes de enero se ha programado un gran número de inspecciones en la región, con el objetivo de perseguir la muerte de especies predadoras de las especies de caza menor, aunque últimamente “estamos siendo testigos del uso de veneno también en zonas urbanas en las que se han visto afectadas especies domésticas, especialmente de perros”, señala la Asociación.

Estas inspecciones se realizan en terrenos cinegéticos, principalmente de caza menor, y preferentemente en aquéllos en los que ha existido algún caso anterior de uso de veneno o de envenenamiento de fauna, en los que pueda existir sospechas de su aparición. Asimismo, en áreas en las que viven especies amenazadas, especialmente aquéllas que se alimentan también de carroña y que pueden llegar a morir por la ingesta de especies que han sido previamente envenenadas.

Para efectuar esta campaña, se programan un gran número de inspecciones en el medio natural de toda la región. Dichas inspecciones, si bien se realizan con mayor intensidad durante la primavera y el verano, se prolongan durante todo el año.

Se forman equipos de búsqueda integrados por agentes medioambientales de las distintas demarcaciones, batiendo distintas áreas de diferentes acotados de caza. Este trabajo permite no sólo detectar venenos, sino también el hallazgo de medios ilegales no homologados de captura, como lazos, cepos y cajas-trampa, principalmente. Además de estos equipos, en Castilla-La Mancha se cuenta con unidades especializadas en la lucha contra el veneno como son las UNIVE y la Unidad Canina de Albacete, también formadas por Agentes Medioambientales. Esta última cuenta con perros especialmente adiestrados para este fin.

“Estas inspecciones constituyen un trabajo vital para la conservación y protección de nuestras especies de fauna, y el éxito de estas actuaciones permite poner a disposición judicial al autor o autores de un delito recogido en nuestro Código Penal, o en su caso la imposición de infracciones administrativas ejemplares”, concluye.

Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han rescatado más de cien tritones que se hallaban en el interior de una piscina privada, cuyo agua llevaba más de tres años sin depurar. Así lo ha comunicado la asociación profesional de Agentes Mediambientales de la región. Los hechos se produjeron gracias al aviso de un particular en el término municipal de Almorox, en Toledo.

Al proceder a limpiar una piscina cuyo agua llevaba tres años aproximadamente sin depurar, y tras ser vaciada la misma, se descubrieron abundantes tritones en el fondo. Se trataba de tritones jaspeados, catalogados como “de interés especial”.

Los profesionales, tras inspección de la zona, valoraron el estado de los anfibios de la familia de los urodelos. Tras conversación con el personal de biología del C.E.R.I. que es el centro de recuperación de fauna de referencia, al comprobar que no se presentaban anomalías, se procedió a su liberación en diferentes charcas naturales del pinar de Almorox y que volvieran a su verdadero entorno natural.

Desde APAM “agradecen” la colaboración ciudadana al reclamar a los Agentes Medioambientales en este caso. Asimismo, agradecen su colaboración en todos los casos en los que hasta la fecha de hoy se hayan podido recuperar cualquier tipo de animales silvestres.

El cuerpo profesional recuerda de este modo, que, en el caso de encontrar cualquier tipo de fauna protegida se dé aviso a través de llamada telefónica al 112 y se reclame al Cuerpo de Agentes Medioambientales, que representan la Policía Medioambiental de Castilla-La Mancha al ser los verdaderos garantes de la protección del medio ambiente de la región.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha informado del decomiso en un coto de caza menor de la provincia de Toledo, de una caja-trampa para urracas, un cepo y un gran número de lazos que no contaban con freno ni quita-vueltas ni tampoco con su correspondiente permiso de uso.

Según el colectivo, este decomiso se ha llevado a cabo durante la campaña de los agentes medioambientales para la prevención del uso de medios ilegales no homologados en la captura de animales, así como de veneno y otros medios masivos o no selectivos para la captura de especies de fauna, al finalizar la temporada cinegética.

Se da la circunstancia de que el terreno donde se hallaron estos medios se encuentra muy próximo a uno de los territorios de población estable de lince ibérico de los Montes de Toledo, lo que evidencia el “alto riesgo que pudieron haber supuesto estas trampas mortales” de no haber sido intervenidas por los agentes medioambientales, teniendo en cuenta también “el riesgo que suponen para cualquier persona que se pudiera haber topado con ellos”.

En otro dispositivo de protección de la fauna silvestre llevado a cabo por agentes medioambientales, también en la provincia de Toledo, fueron decomisados en un domicilio particular, cuatro verderones (Chloris chloris) que se encontraban enjaulados. 

Incautación y devolución al medio natural 

Los agentes procedieron a la incautación de los mismos al comprobar que el poseedor no contaba con la preceptiva documentación que acreditase el origen legal de los mismos. Los verderones fueron trasladados al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Sevilleja de la Jara (C.E.R.I) donde se les realizó un chequeo para descartar lesiones y posibles parásitos y, tras comprobar su buen estado de salud, serán muy pronto devueltos al medio natural. A este respecto es importante recordar que la captura de pequeñas aves fringílidas (silvestrismo) se encuentra expresamente prohibida en Castilla La Mancha.

Estas inspecciones constituyen un trabajo vital para la conservación y protección de nuestras especies de fauna y para la seguridad de los usuarios del medio natural. Para llevar a cabo estos trabajos se forman equipos de rastreo integrados por cuatro o cinco agentes de las distintas demarcaciones, batiendo con minuciosidad distintas áreas donde pudieran haberse colocado este tipo de artes y medios prohibidos. 

La colaboración ciudadana se ha mostrado fundamental para hacer más efectiva la lucha contra esta “lacra medioambiental”, por ello desde el Cuerpo de Agentes Medioambientales solicitan que ante la sospecha o el conocimiento del uso ilegal de veneno u otras artes prohibidas, se pongan en contacto con ellos a través de los agentes de la zona o mediante llamada telefónica al 112.

Se ha acabado la paciencia de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, afirmaba el presidente de la Asociación Profesional del cuerpo en la región, Miguel Ángel Martín. “La situación es insostenible, se han hecho muchas promesas y no se ha cumplido ninguna”, explicaba el profesional, a pesar de que se han entregado ya más de una decena de propuestas al Gobierno regional y todas han caído “en saco roto”. Insisten también en el cambio de dependencia desde la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, liderada por Francisco Martínez Arroyo, a la que acusan de no poder gestionar su cuerpo.

“Es nuestra principal reivindicación, la consejería no está preparada para la gestión de este cuerpo”, afirmaba Martín. Y es que, insistía, al ser agentes de autoridad, consideran que sería la Dirección General de Protección Ciudadana la más preparada para su gestión. “En su momento esta Dirección nos señaló que estarían encantados de contar con nosotros”, recalcaba el agente, que explicó que lleva los protocolos de emergencia como el 112, bomberos o policía local. 

Martín ha repasado la situación del cuerpo en Castilla-La Mancha, que sigue teniendo una de las tasas más bajas de España al bordear sólo los 500 agentes para ocho millones de hectáreas. Para un servicio óptimo, explicaban, se necesitarían unos 200 efectivos más. “Se han ofertado unas 16 plazas que son muy escasas para la necesidad actual, ya que se han eliminado unas 140 en los últimos años, entre este Gobierno y el anterior”, explicaba Martín que además destacó que el cuerpo perderá un tercio de su plantilla y en los próximos 10 años, se quedaría en la mitad. Los 700 agentes, señalaba Martín, era parte de un acuerdo con el Gobierno socialista de José María Barreda.

“Falta de palabra y compromiso del Gobierno”

Entre las razones para pedir el cambio de consejería se encuentra también la “falta de palabra y compromiso” que sienten desde el Gobierno regional. “Después de todas las peticiones de reunión con Emiliano García-Page, hemos tenido una contestación nula”, ha asegurado Martín, quien ha calificado las reuniones con el consejero como “no productivas” al no lograr ninguno de los avances que piden. De hecho, señalan, lo que se ha logrado hasta ahora ha sido gracias a los agentes sociales, sindicatos, y se basan en sentencias que “no han tenido más remedio que llevar a cabo”.

En cuanto a la anunciada Ley del cuerpo, Martín ha afirmado que les consta de que “no se va a cumplir” dicho compromiso por parte de la Junta de Comunidades. “Están todas las negociaciones bloqueadas, se intenta dar una imagen que no es acorde a la realidad por parte de la Consejería de querer tender la mano”, explicaba el agente. Y es que, ha recordado Martín, se sigue dando un problema de “falta de seguridad” entre los profesionales que siguen reclamando ir siempre en pareja. Crecen los casos de amenaza y agresiones, aseguran, contabilizando más de treinta en los últimos años. “Estamos a merced de los delincuentes medioambientales”, lamentó el presidente de la Asociación Profesional.

Es por eso que lamentan que “no hay un protocolo de seguridad” a pesar de existir una sentencia que obliga a cumplir estas medidas y que debería haberse llevado a cabo en septiembre. “ Nosotros protegemos el medioambiente que es de todos, pero a nosotros nadie nos protege ni siquiera nuestra administración que es la primera que tendría que hacerlo. Nos sentimos desamparados”, recalcaba. De esta manera, ejemplificaba que la Junta no ofrece un servicio de asistencia jurídica al tener que enfrentarse, por ejemplo, a juicios por delito medioambiental, algo que también han demandado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha calificado de “precaria” la seguridad en la que desarrollan sus funciones, y ha acusado también al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo de “mirar para otro lado”. La asociación ha decidido hacer estas afirmaciones, “a punto” de cumplirse el primer aniversario del asesinato de los Agentes Rurales, Xavier Ribes y David Iglesias, en Lleida, a manos de un cazador furtivo.

Desde APAM recuerdan que las condiciones se mantienen a pesar de que se producen sentencias condenatorias “firmes” por delitos de atentado contra agentes medioambientales. Así, consideran que su seguridad es una “asignatura pendiente” para el Ejecutivo regional. Entre otras, se han querido referir a una sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Cuenca, debido a la agresión y amenaza de muerte de un vecino del municipio de Las Pedroñeras a un agente medioambiental, cuando éste se encontraba “una vez más” en solitario. Los hechos se produjeron después de que el Agente recogiese los datos de la matrícula del vehículo de dos cazadores que practicaban la actividad cinegética “de forma irregular”.

Tras estos hechos, el agente agredido comunicó de forma inmediata lo sucedido a la Central de Incendios, ya que, lamentan, no tienen una Central de Coordinación propia con personal especializado. Posteriormente emprendió un seguimiento del vehículo del agresor, que logró escapar. Tampoco pudo contar con el apoyo de la Guardia Civil al no contar con patrullas en la zona. Finalmente, se identificó al agresor y se emitió un Atestado por un Delito de Atentado contra Agente de la Autoridad.

“Ningún interés”

En este sentido, desde la Asociación profesional quieren denunciar que es “sumamente grave” que el Agente solicitase por los cauces reglamentarios al secretario provincial de la Delegación de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural asistencia jurídica para el procedimiento que se iba a iniciar en vía judicial mediante el nombramiento de letrado y procurador “y nunca recibiese contestación alguna” ni tampoco instrucciones del Coordinador Provincial.

“No es sólo el hecho de que la Consejería no se personase en la causa como acusación particular ya que el Agente que sufrió la agresión y amenazas se encontraba de servicio y por ende actuando en representación de esta Administración, sino que en ningún momento le fue mostrado un mínimo interés”. De este modo, recuerdan que han exigido a Francisco Martínez Arroyo la adopción de medidas urgentes para “minimizar” los riesgos a los que se enfrenta un Agente.

Sin embargo, concluyen que “pese a que los casos de agresión van en aumento”, el consejero de Agricultura ha “ preferido mirar hacia otro lado y obviar la cruda realidad a la que se enfrenta este colectivo de funcionarios”.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado el “boicoteo” del Gobierno regional al trabajo de sus agentes medioambientales, ya que no se ha nombrado a “ningún agente” para participar en el Grupo de trabajo creado a petición de la Fiscalía para buscar una solución a la electrocución de aves. Este grupo se reunió los pasados días 1 y 2 de junio y no acudió ningún representante de Castilla-La Mancha.

“No fue por falta de voluntarios que, desinteresadamente, se ofrecieron para este cometido”, asegura el colectivo profesional que tacha de “inexplicable” la actitud del Gobierno regional. Apuntan directamente al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, de “boicotear” la posibilidad de poner medidas contra este problema lo que “compromete gravemente” la conservación de especies amenazadas en todo el territorio nacional.

“Esta actitud no hace justicia al trabajo que desde hace años vienen realizando sus funcionarios. No importa que Castilla-La Mancha haya sido pionera en la lucha contra este problema existiendo numerosos expedientes sancionadores y habiéndose logrado el aislamiento y modificación de gran cantidad tendidos eléctricos tras el arduo e incesante trabajo del Cuerpo de Agentes Medioambientales, cuestión que, además, comporta una enorme experiencia acumulada de gran valor de cara al intercambio de información con el resto de comunidades”, lamentan.

El grupo de trabajo se ha creado a iniciativa de la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo, para abordar esta problemática que existe en torno a las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos. Esta cuestión, recuerdan, se ha convertido en la primera causa de mortalidad para aves como el águila de Bonelli o el águila imperial ibérica, “emblemáticas” de España. “El problema no es nuevo ni de fácil solución”, aseguran.

Para ello, la Fiscalía se puso en contacto con cada una de las 17 comunidades para solicitar su colaboración, que consistía en nombrar a un funcionario perteneciente al cuerpo de Agentes Forestales o Medioambientales de cada una de las comunidades para servir de “enlace” con el fiscal. Dicho grupo de trabajo se constituyó recientemente en Zaragoza, tras “meses de trabajo”.

Los agentes han acusado a la Junta de “plegarse” a los intereses de las compañías eléctricas y de “perder toda su credibilidad” respecto a su compromiso con el medio ambiente. Por eso, exigen al Ejecutivo que “vuelva a la senda de la coherencia” y que “termine con la humillación” del colectivo o que permita al Cuerpo pertenecer a otra consejería donde se “aprecie, valore y aproveche su potencial”.

El Cuerpo ya ha manifestado su intención de pertenecer a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y argumentan que dentro de otro departamento regional se aprovechará “hasta el último céntimo” el dinero invertido en el servicio público que ofrecen. “No debemos estar donde no se nos quiere, donde se obstaculice sistemáticamente nuestro trabajo, carentes de medios y recursos y donde la humillación gratuita al trabajo que realizamos sea la tónica general”, afirman.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de externalizar el servicio al medioambiente que habitualmente realiza la UNIDA (Unidades de Intervenciones de Difícil Acceso), al contratar a empresas privadas. Éstas, tratarán “próximamente” a una pareja de águilas perdiceras afectadas por tricomoniasis y también la rehabilitación de un nido de águila imperial, dañado por las tormentas,

Son acciones, afirman desde el colectivo, que lleva a cabo la Unidad y tras estas dos intervenciones, “nos tememos que el Gobierno continúe pagando por un servicio que llevan a cabo sus funcionarios”. La Administración, recuerdan, invirtió recursos, tiempo y efectivos en formar a agentes medioambientales para apoyar a esta Unidad, que es la encargada de obtener indicios para otras Unidades, como la de venenos, o de colaborar en la búsqueda y rescate de desaparecidos y heridos en el medio natural.

“Más agentes formados que en ningún momento”

El colectivo reclama que actualmente hay “más agentes formados que en ningún otro momento” y que también se cuenta con material de trabajo recientemente adquirido. En contraposición, las unidades se encuentran “bloqueadas e inactivas” desde los despachos de los agentes. La asociación profesional asegura que ha intentado corregir dichos “bloqueos” pero que no han recibido respuesta. “La Consejería dirigida por Francisco Martínez Arroyo alega para el bloqueo un riesgo en el trabajo que desarrollan los agentes que no está dispuesta a asumir”, explican.

Pero, responden, en otras Comunidades Autónomas esto se resuelve de forma “satisfactoria” con los funcionarios. “Nos resulta curioso que aleguen un excesivo riesgo cuando consienten reiteradamente otros muchos riesgos que sufrimos a diario los agentes medioambientales como pueden ser la conducción de vehículos patrulla con varios cientos de miles de kilómetros, servicios en solitario, nulo control y seguridad de los efectivos repartidos por lugares remotos que carecen de cobertura de comunicaciones, actividades de apoyo técnico en lugares de difícil tránsito a pie, en el interior de ríos”, reclaman.

Finalmente, recuerdan que debido a su localización, Castilla-La Mancha es una zona elegida para la reproducción y zona de paso de las especies protegidas, por lo que tienen la “obligación y responsabilidad” de “ofrecer el más eficiente y eficaz servicio de protección de esos valores naturales”. Por eso, señalan, las Unidades deben ser un garante “constante” de la custodia y la conservación del medio natural “a coste cero con la capacidad de intervenir con urgencia sin esperar a confirmar presupuesto ni programación según agendas de una respuesta ante la necesidad.”

El cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha desarticulado en las últimas semanas varias redes dedicadas al furtivismo en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, que capturaban corzos, ungulados y conejos. De este modo, y según ha informado la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM)  se ha puesto fin “a prácticas muy consolidadas, que además de comportar un grave peligro para cualquier especie animal suponen un riesgo para las personas”.

En Toledo, concretamente, los agentes encontraron cepos colocados para capturar corzos; en Ciudad Real, tras meses de seguimiento se vio a una persona in fraganti en medio del monte mientras colocaba decenas de lazos de gran tamaño para ungulados y, por último, en Albacete han denunciado la colocación de cepos para conejos.

“Estas prácticas están terminantemente prohibidas en normativas comunitaria, nacional y regional, están sancionadas con elevadas multas y pueden suponer un delito contra la fauna y la flora, ya que en ellas es susceptible de morir cualquier animal, incluso de especies amenazadas”, han insistido desde la Asociación. Asimismo, en el caso de los cepos también supone un “grave riesgo” para las personas que puedan utilizar el monte con fines de ocio.

Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha reclaman a la ciudadanía que solicite la presencia de los agentes medioambientales cuando sea preciso a través del teléfono de emergencias 112.

Cuesta imaginar el horror que describe. Bonyface Ophiyah lo sabe, y busca la empatía de su interlocutor cuando relata lo que él mismo ha sufrido desde niño. “Piénsalo, tu vida vale menos que la del resto desde el minuto en que naces. Te tratan diferente y te ponen un precio”, explica. El Presidente de la Asociación de Personas Albinas en Malawi (APAM) cuenta la realidad de quienes, como él, nacieron en su país con poca o nada melanina en sus genes. 

Amnistía Internacional ha detectado un incremento de los abusos contra personas con albinismo en Malawi desde finales de noviembre de 2014, a quienes con frecuencia la sociedad considera “objetos de valor” cotizables en el mercado negro. Con sus huesos se hacen rituales y amuletos, para lo que algunos saquean sus tumbas o llegan incluso a matarles. 

En total, 69 personas han sido agredidas, mutiladas o asesinadas en el país africano para traficar con su cuerpo desde enero de 2015, según denuncia el informe de su organización. La última, el pasado mes de agosto, cuando la asociación de Bonyface consiguió salvar la vida de una mujer a la que le habían arrancado el brazo en las inmediaciones de la frontera con Tanzania. 

Según explica el experto, buena parte del aumento en las agresiones a albinos en Malawi se debe a que Tanzania y Mozambique estos crímenes han empezado a perseguirse más. “Ahora muchos de los agresores han venido de allí, de los países vecinos. El hecho se ha vuelto tan visible que ya nadie puede ocultarlo”, denuncia. Recuerda que “la cifra real es muy superior, porque muchos de los ataques ocurren con gente en zonas aisladas de las que nunca sabemos nada”.

Aunque la situación en su país también lleva años siendo dramática, hasta ahora permanecía en un contexto de mayor invisibilidad. El trabajo directo con las comunidades ha permitido a APAM y Amnistía Internacional detectar que, en muchos casos, los niños son asesinados nada más nacer: “El desconocimiento es lo que está creando las supersticiones, y cuando a eso le sumas que la gente está atrapada en la pobreza, consigues que los padres accedan a presiones de quienes les dicen que si matan a sus hijos –para venderlos– se harán ricos”, describe. 

“Tu vida vale 10.000 dólares”

A Ishmael Rashid le pusieron precio. “Me dijeron en mi cara que me venderían por 10.000 dólares americanos. Me dolió que alguien pudiera ponerme una etiqueta”, dice en un testimonio recogido por Amnistía Internacional. Según confirma Bonyface, esa la realidad diaria. 

El contexto de analfabetismo y falta de recursos alimenta la losa del estigma social sobre quienes padecen albinismo en Malawi, país situado a la cola en el ranking del índice de desarrollo humano de la ONU y cuya tasa de pobreza supera ya el 50%. “No tener nada lleva a muchos padres a tomar decisiones muy drásticas”, afirma el experto.

Él se considera afortunado. Sus padres supieron desde el primer momento que el valor de su vida y el de la de sus hermanas, también albinas, era el mismo que el de la de sus otros hijos negros. Aunque para ello tuvieron que hacer frente a las presiones, criticas y amenazas de la comunidad y de sus propios familiares.

“Mis tíos por parte de madre y de padre presionaban a mi familia para escondernos, o discriminarnos. Esas cosas desestabilizan a las familias”, recuerda. La suya creció entre insultos y desprecios que hicieron tambalear los cimientos de su infancia. 

Pero cayeron de pie. En parte porque sus padres les enseñaron a quererse como iguales. “A mis hermanos y a mi nos aceptaron y amaron a todos, y nos trataron como seres humanos, pero lamentablemente no es lo normal”, dice con orgullo y pena. Fue esa valentía la que se le contagió casi desde la cuna y le hizo querer luchar por los derechos de los suyos. En 1999, Bonyface se convertía en presidente de APAM, cuando la formación aún era pequeña, les costaba alzar la voz y casi nadie se paraba a escucharles. Aún así, siguieron.

“Al principio nos costó mucho conseguir que la gente se asociara porque el estigma estaba extendido entre los propios albinos, y ni siquiera ellos se querían juntar entre sí”, explica. Y ese ha sido su mayor logro. A base de trabajo y esfuerzo han logrado visibilizar y unir el discurso de las víctimas.

Hoy, dan charlas entre los padres, a quienes intentan concienciar sobre la importancia de tratar a todos sus hijos por igual, pero también entre personas negras que no tienen ninguna relación con el albinismo, más allá de las falsas creencias y supersticiones que la sociedad divulga desde hace años. 

Con estas acciones espera que pronto, “cada vez más niños sean niños”. Que ninguno más tenga que crecer creyendo que es “un monstruo”, “un fantasma”, o que “no es un ser humano”, como vivió él. “Hay que dejar claro que lo que se está creando es una situación que costará mucho manejar en el futuro, porque estamos hablando de generaciones enteras que conviven con miedo, y que se han criado con un trauma. Eso es un gran desafío”, explica Bonyface.

Desde la asociación también luchan para lograr la escolarización de los niños con albinismo, a quienes se suele excluir del sistema escolar por razones de discriminación o porque los padres, por miedo a que los secuestren por el camino, los sobreprotegen. “Conocí una madre en Chitipa que tenía a sus hijos albinos escondidos sin salir de casa por miedo”, cuenta una de las trabajadoras de Amnistía Internacional en un informe publicado a principios de este año. 

Contexto de impunidad

Muchos albinos en Malawi son ya supervivientes y han incorporado el miedo a su forma de vida. Víctimas de secuestros, amputaciones y torturas que han quedado en la impunidad porque, según denuncian APAM y Amnistía Internacional, “la mayoría de los crímenes no se registran, y los que se contabilizan aún están sin revolver”. 

“Hay gente que ha logrado sobrevivir a estas crueldades y que sigue viviendo con miedo porque los agresores son sus vecinos, y están dentro de la propia comunidad. Tienen que soportar que les amenacen, les intimiden y les recuerden todos los días que 'por su culpa' acabaron en la cárcel”, explica Bonyface. En esos casos, opina el experto, “es evidente que la Policía no ha hecho su trabajo, porque no ha seguido protegiendo a las víctimas”. 

El presidente de Malawi ha condenado públicamente los ataques a personas con albinismo en el país y ha anunciado una serie de medidas para implementar la seguridad, entre las que se prevé un Plan de Respuesta Nacional ante el aumento reciente de ataques.

Pero, para las ONG, que se codean con la realidad sobre el terreno, “no es suficiente”. “Las penas que se han impuesto a quienes han sido juzgados por este tipo de crímenes no son acordes a la gravedad de los mismos y están creando un clima de impunidad muy grave”, defiende Amnistía. 

En la misma dirección apuntan las conclusiones del informe del experto de la ONU, en el que aseguraba el pasado mes de marzo que la desprotección de las víctimas y la invisibilización del problema son evidentes: “Mientras que la discriminación basada en el color de piel es una realidad diaria para muchas personas con albinismo, este un discurso muy poco frecuentado”. 

Y para eso trabaja Bonyface cada día. “Para que se vea que es una situación de discriminación y que deberían protegernos”, reclama, e insiste en la necesidad de que la comunidad internacional presione a los gobiernos de aquellos países africanos en los que, como Malawi, se perpetúan estos crímenes. Habla tranquilo, pero alza la voz para concluir su postura: “De momento hemos conseguido unirnos entre nosotros, y eso ya es un gran logro. Ahora falta el resto de la sociedad”. 

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha pedido extremar las medidas de precaución de incendios forestales ante la apertura del periodo de media veda para la caza de codorniz, tórtola común y paloma torcaz que se abre este domingo, 21 de agosto, en los terrenos cinegéticos de la región. Este colectivo ha querido un año más recordar que esta media veda se extiende hasta el 15 de septiembre para la codorniz y hasta el 21 para la tórtola común y la paloma torcaz.

Para la tórtola común se establece un cupo diario de diez ejemplares por cazador y día, salvo que los planes técnicos de los cotos establezcan cupos inferiores, mientras que los días hábiles para practicar estas modalidades de caza serán los de apertura y cierre de veda y los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional, con un horario desde la salida del sol hasta su puesta.

Durante la media veda también está permitida la caza de zorro y urraca, desde el 21 de agosto hasta el 21 de septiembre según dicta el Reglamento General de la Ley Caza de Castilla-La Mancha. Además, queda prohibido cazar en terrenos no cinegéticos entre los que, APAM recuerda, se encuentran aquellos que se denominaban de aprovechamiento común (terrenos libres) antes de la nueva ley de caza de 2015, así como en las superficies quemadas.

Debido a que este periodo hábil de caza se desarrolla en plena época de riesgo alto por incendios forestales, los Agentes Medioambientales insisten en la prohibición de fumar o hacer uso del fuego en el medio natural hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, APAM recuerda que queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su ejercicio, salvo los que salen despedidos al realizar el disparo y son de difícil recuperación, tales como tacos, perdigones o balas.

Además, hace hincapié en el respeto de las zonas de seguridad establecidas para evitar accidentes con otros usuarios del campo, debido a la gran afluencia de personas que asiste al medio natural durante los meses estivales y para poder garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar en condiciones de seguridad de la naturaleza.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) ha lanzado un decálogo de consejos para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir los incendios forestales. Se trata de proponer buenas prácticas en el campo coincidiendo con el inicio de la campaña de incendios de este año que se abre el 1 de junio.

APAM Castilla-La Mancha recuerda que en estos días, el campo y los montes muestran una avanzada sequedad y la hierba y el pasto que lucían verdes en abril ya se encuentran casi secos totalmente. Además, los árboles ya no cuentan con altos valores de humedad, la leña y los restos de cortas que encontramos en el monte también se muestran muy secos. Toda esta serie de circunstancias añadiendo que es la época de cosecha de cereales y girasol, que es la época del año en la que más ciudadanos disfrutan de la naturaleza y que las condiciones meteorológicas son favorables a la propagación de incendios, hacen que sea el momento de extremar la precaución para evitar un incendio forestal.

Según los agentes, la mayoría de los incendios forestales son provocados por el ser humano por lo que sugieren no utilizar el fuego en el medio natural en la época comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ni tan siquiera en áreas recreativas con barbacoas de obra. Tampoco fuera de esa época cuando las condiciones lo desaconsejen.

Además, explican a quienes vayan usar maquinaria que pueda producir chispas, como una radial o motosierra, en zonas forestales o dentro de la franja de 400 metros que la rodea, que deben hacerlo “siempre con permiso, en días sin viento y asegurando que la maquinaria se utiliza en buen estado de mantenimiento”. Y se recomienda tener cerca una provisión de agua y/o extintor ante un posible incendio.

También se indica que es mejor no fumar en el monte ni arrojar colillas tampoco desde un vehículo, además de evitar abandonar residuos en el medio natural. Si se accede al medio natural con el coche hay que evitar aparcarlo en una zona cubierta de pasto ya que el catalizador y el tubo de escape alcanzan temperaturas altísimas y pueden provocar un incendio al entrar en contacto con la vegetación.

En cuanto a las viviendas, si se encuentran en el medio natural o forma parte de un conjunto de viviendas inmersas en terreno forestal es importante proyectar una mínima infraestructura contra los incendios, llamado plan de autodefensa contra incendios. Por ejemplo proponen realizar una faja perimetral alrededor de la zona urbanizada libre de vegetación, contar con un depósito de agua con tomas para los medios de extinción, colocar las posibles barbacoas dentro de la parcela de la vivienda, no en un punto del perímetro y evitar utilizar como seto perimetral especies altamente inflamables como arizónicas o brezo.

Sugieren participar en labores de concienciación. “Es importante recriminar actitudes irresponsables a otros usuarios del monte con el objetivo de extender estos consejos”, sostienen, como también dar valor a una actitud vigilante cuando vamos al monte. “Con nuestra observación podamos ser testigos de acciones o situaciones que puedan provocar incendios, como es la aparición de vertederos ilegales o puntos de vertidos en el monte. Es importante avisar a los Agentes Medioambientales a través del 112 en caso de observar actitudes o situaciones peligrosas”. Y en caso de incendio es importante facilitar a los equipos de emergencia todos los datos que sean solicitados sobre la situación que se esté observando.

Exigir “más recursos” en prevención

Exigir “más recursos” en prevenciónPor otro lado, hablan de “prevención pasiva”. En este caso, exigir a los gobernantes mayores recursos económicos para invertir en prevención de incendios, labores selvícolas “que dan puestos de trabajo y que, en caso de incendio forestal, frenarán el avance de las llamas”. Recuerdan que actividades como la apicultura son susceptibles de abandonarse y que sean pasto de las llamas es “mucho más fácil”.

En caso de incendio, sugieren que solo se intente apagar si es incipiente. Si alguien está cerca de un incendio, hay que evitar vaguadas y zonas con acumulación de vegetación, caminar en contra de la dirección del viento, nunca ladera arriba y si es posible acercarse a zonas ya quemadas, piscinas, arroyos o zonas rocosas.

La reunión que ha mantenido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Guijarro, con representantes  del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la región ha culminado con la firma por parte del primero de una modificación de la orden de mayo de 2013 por la que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, el denominado 'decretazo' del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal. Concretamente, se ha añadido un nuevo artículo en el que introduce la potestad de estos efectivos para investigar delitos ambientales.

Según el texto de la nueva orden, en el apartado referido al Agente Investigador de Causas de Incendios, se establece ahora que desempeñará sus funciones en régimen de disponibilidad absoluta en época de peligro alto, “actuando bajo la modalidad de despacho automático para los incendios de la zona donde presta el servicio” o previo requerimiento del técnico coordinador de extinción. Durante el resto del año, esta disponibilidad será durante su jornada laboral normal.

Se trata de una de las reivindicaciones que este colectivo esgrimió en la protesta que llevó a cabo el pasado 12 de mayo en Toledo ante las puertas de la Consejería, donde exigieron mayores medios y reconocimiento para sus tareas en extinción de incendios. A estas peticiones se suman otras como la recuperación de la Unidad de Coordinación Regional, la eliminación del “caos burocrático” en el que el Gobierno anterior del PP sumió al Cuerpo de Agentes, mayores medidas de prevención de riesgos laborales y la derogación total de la Orden de 2013 que hoy ha modificado el consejero.

Además, antes del encuentro mantenido hoy con el presidente de Aeafma, Rubén Cabrero, y el de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), Miguel Ángel Martín, el consejero se ha mostrado también abierto a escuchar la propuesta del colectivo de crear una ley que regule este cuerpo de funcionarios en la región. Según ha afirmado, la Junta quiere que estos agentes medioambientales tengan “un papel prioritario”. Para ello, puede haber “opciones de desarrollo” mediante una ley que regule el cuerpo u otros instrumentos. El consejero ha reconocido que “probablemente hay piezas que no encajan del todo” en la organización de este colectivo, y ha adelantado que quiere reunirse con los sindicatos para abordar esta situación.

Por su parte, Rubén Cabrero ha asegurado que esta posible ley del cuerpo de agentes medioambientales “puede resolver muchas carencias que tiene el colectivo a día de hoy”. Los agentes medioambientales, ha dicho, tienen “una situación con muchos vacíos y ciertas situaciones que podrían mejorarse” y por eso ha destacado que su asociación quiere llegar a un consenso y trabajar por ello, como “funcionarios públicos al servicio del ciudadano”.

Miguel Ángel Martín (Madrid, 1977)  es desde hace dos semanas presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM). Este madrileño con orígenes familiares en Toledo y Ciudad Real acaba de sustituir a Rubén Cabrero quien pasa a dedicarse, en exclusiva, a sus funciones como presidente de la asociación nacional AEAFMA. 

El nuevo presidente del colectivo es agente medioambiental desde hace siete años. Una actividad que ha repartido entre Guadalajara, donde trabajó durante un año, y el resto ha ejercido en la zona de Ocaña (Toledo).

Llega a la dirección de APAM-CLM en un momento clave para el colectivo de 500 agentes medioambientales que trabajan en la región porque, coincidiendo con la joven legislatura, aspiran a conseguir una ley que regule su actividad (ahora trabajan bajo los parámetros de un reglamento “muy genérico”) y que les permita asumir nuevas competencias. En particular, las relacionadas con emergencias. “El número de llamadas al 112 por problemas relacionados con el medio ambiente ha crecido un 300% ”, explica para afirmar que su servicio es algo que “demanda la sociedad”.

“No queremos estar por encima del Seprona pero tampoco por debajo”

“No queremos estar por encima del Seprona pero tampoco por debajo”Además, dicen no querer “descuidar” su función técnica en vías pecuarias, montes públicos…pero asumiendo un papel “policial” que les permita pasar de las denuncias administrativas a poder actuar sobre el delito.

En este sentido, reconoce que las competencias se solapan con las de la Guardia Civil, a través del Seprona. “Entre la policía local y nacional existen protocolos y no se suelen pisar en sus actuaciones. Nosotros lo que demandamos no es estar por encima del Seprona pero tampoco por debajo y si hay que poner en marcha convenios de colaboración, pues crearlos”.

Además, apuestan por desarrollar las distintas especialidades del cuerpo: la unidad canina, la de altura, la de investigación de venenos y la de calidad ambiental. “Funcionan mal,  de forma muy genérica y con muy poco apoyo de la administración”.

“El medio ambiente para mucha gente hoy es un hobby y se generan muchos problemas. Necesitamos más personal, deberíamos ser al menos 700 tal y como marca la Ley de Conservación de la Naturaleza”, asegura.

Y no sólo eso, también abogan por un cambio en la dependencia jerárquica del cuerpo de agentes medioambientales que pasaría por dejar de estar vinculados a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para integrarse en la Dirección General de Protección Ciudadana que actualmente depende de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. “Allí hay más coordinación para el tipo de trabajo que ejercemos”, argumenta Martín.

No son peticiones nuevas. Ahora esperan ser recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page aunque, de momento, la próxima cita la tendrán en Agricultura, aún sin fecha ni interlocutor. “Ya en un par de ocasiones el presidente nos ha derivado a sus representantes pero no vamos a parar hasta que nos reciba él porque ya tuvimos una reunión con el director general y nos dijo que determinadas cosas solo podían decidirse desde arriba”.

“En el medio natural también hay muchos casos de maltrato animal”

“En el medio natural también hay muchos casos de maltrato animal”Los agentes medioambientales dicen sentirse “excluidos” de la Ley de Protección Animal que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aseguran haber pedido “por activa y pasiva” que la futura norma recoja y refuerce las funciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales  para “proteger los derechos de bienestar y sanidad de los animales”.

De momento, no ha sido así. “Nos dicen que el tiempo que dediquemos a estos temas se lo quitamos al monte. En realidad hay muchos casos en el medio natural de maltrato animal”. Se refiere, en particular, a los casos de maltrato de perros durante la práctica cinegética, “con los animales de las realas hacinados y con escasa higiene”, de falta de cuidados a los caballos o “cuando ciertas personas recogen animales silvestres para llevarlos a casa. Eso también es maltrato animal y nosotros deberíamos tomar medidas, pero nos dejan fuera”.

“Tenemos un enorme potencial que la administración no quiere respaldar”, sostiene, para aclarar también que el colectivo “no pide más sueldo sino más competencias, mejores medios y más personal”.

La “tensión” entre ecologistas y cazadores

La “tensión” entre ecologistas y cazadoresMiguel Ángel Martín tiene su propia opinión sobre la ‘ola’ de maltrato animal en la provincia de Ciudad Real. “No sé si tendrá que ver la tensión entre colectivos ecologistas y quienes defienden los temas más tradicionales, lo que ellos llaman culturales. Hay enfrentamientos con colectivos de caza, por ejemplo y  por ahí puede venir el problema. Mientras que no haya una Ley que se posicione y todos cedan un poco…Este problema lo vamos a tener que atajar tarde o temprano”.

Aboga por conciliar los intereses ecologistas con los de la práctica de la caza. Y en este sentido, la Ley de Caza aprobada por el Gobierno de Dolores de Cospedal que acaba de cumplir un año no ayuda y se ha convertido en otra fuente de conflicto porque la nueva norma “ha empeorado en más puntos de lo que ha mejorado”.

Cree que la norma tendrá que ser modificada para “llegar a un punto intermedio” ya que, asegura, en la actualidad “mira más por el sector cinegético” porque “la Ley de Caza se creó demasiado rápido, con pocas consultas y con claros intereses por una parte”.

“En la reintroducción del lince se ha querido correr demasiado”

“En la reintroducción del lince se ha querido correr demasiado”El presidente de APAM valora la campaña de reintroducción del lince ibérico y cree que “se podría haber hecho mejor” porque, recuerda, “ya son unas cuantas muertes y el problema es que en su día se quiso correr demasiado cuando antes se tenían que haber atajado otros problemas, como los métodos de captura de depredadores que existen en el campo. Son métodos no selectivos y son masivos en los que caen los animales protegidos, nos guste o no”.

Alaba la “importante” campaña de concienciación en el entorno rural para preservar al lince ibérico pero cree que no es suficiente. “Hay más temor por ser un animal protegido que concienciación”. Y algo similar ocurre con la práctica de colocar veneno en el campo. “Hay gente con mentalidad muy antigua y no hay manera. La única forma es que te toquen el bolsillo porque aunque la educación funciona, siempre hay casos que se salen de lo normal”.

Los castellano-manchegos, un notable en comportamiento ambiental

Los castellano-manchegos, un notable en comportamiento ambiental“Siempre se puede mejorar pero a los castellano-manchegos les pondría un siete en comportamiento ambiental”, dice este profesional que piensa que en el ámbito regional aún hay que cambiar determinados comportamientos. En concreto, alude al relacionado con la Laguna de Manjavacas en Mota del Cuervo (Cuenca), donde los agentes han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de “viñedos ilegales” en plena Mancha Húmeda. “La problemática sigue ahí y no se soluciona. Así no avanzamos”.

Los drones y el monte

Los drones y el monteLos agentes medioambientales creen que la utilización de drones en el monte es “una herramienta más” siempre y cuando el uso sea “responsable” y se cumpla la normativa. “Hemos denunciado casos de gente que graba demasiado cerca a las especies protegidas. Con las  aves se han dado casos en los que esa cercanía ha provocado el abandono de nidos con los polluelos dentro”.

Lo que tiene claro es que “un dron no sustituirá a una persona en las labores de vigilancia y menos cuando tenemos tantas competencias”.

Por otro lado, el nuevo presidente pide también a las compañías eléctricas que “pongan más de su parte” para mejorar los tendidos eléctricos en los que mueren algunas especies. En este sentido, cree que las empresas deberían disponer de un inventario para saber qué tendidos están incumpliendo las medidas de seguridad y “no esperar a que nosotros denunciemos”.

Miguel Ángel Martín ha sido elegido este fin de semana nuevo presidente de APAM-CLM (Asociación Profesional de Agentes Medioambientales) en la VII Asamblea General celebrada en Ciudad Real, en sustitución de Rubén Cabrero Sobradillo que, a partir de ahora, se dedicará en exclusiva a sus funciones como presidente de AEAFMA.

Martín que ejerce como agente medioambiental en la provincia de Toledo y que hasta ahora era el vocal de la Asociación en esta demarcación, tiene la intención de reunirse en breve con el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para trasladarle las necesidades del colectivo.

“Es el momento de que el gobierno de Castilla-La Mancha apueste por el Cuerpo de Agentes Medioambientales afianzando sus funciones y competencias en una Ley que lo regule”, ha apuntado el nuevo presidente quien ha incidido en que éste es el principal objetivo de APAM-CLM.

Y es que, el número de usuarios del Medio Natural (actividades recreativas, ocio, deportes...) se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años y es necesario dotar al cuerpo que ejerce la vigilancia de estas actividades de los medios humanos y materiales necesarios para prestar un servicio público de calidad.

Rubén Cabrero es ahora el nuevo presidente nacional de la Asociación Profesional de los Agentes Medioambientales. Tiene que suplir a otro castellano-manchego, Luis Díaz, quien se enfrentó a una de las situaciones más difíciles por las que ha pasado el colectivo, la instauración de la reforma de la Ley de Montes. Las cosas no son más fáciles para Cabrero, porque el medio natural no es todavía una prioridad para el Gobierno y las reivindicaciones propias del cuerpo no han perdido ninguna de sus complejidades. Natural de Segovia y treintañero, Cabrero asume la labor que sus compañeros le han dado con todas las ganas

¿A qué te enfrentas al asumir este nuevo cargo?

Es complicado. Se abren negociaciones en Madrid en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones, así que con el tiempo justo. Nuestro objetivo principal es conseguir homogeneizar nuestra imagen, porque dependiendo de cada comunidad tenemos diferente forma y diferente nombre. Sí, las competencias son autonómicas, pero la Policía Local, por ejemplo, depende de los Ayuntamientos y se llama igual en todas partes y el uniforme es muy parecido. Queremos una legislación básica de Estado que regule las competencias básicas de los agentes medioambientales.

¿Por qué es tan importante esta reivindicación para vosotros?

Hay demasiadas diferencias entre Comunidades Autónomas. Hay regiones muy fuertes, como Madrid y Cataluña, pero también hay otras en situación muy precaria, como Extremadura donde algunos compañeros están incluso sin vehículos.  Por eso pedimos el apoyo de las administraciones para que no haya diferencias.

¿Tan grave llega a ser la situación?

La situación no es la ideal en muchos casos, y para eso no hace falta irse más lejos que de Castilla-La Mancha, donde hemos perdido muchas cosas en los últimos cuatro años, y no sólo hablamos de pérdidas materiales, que es más grave en Extremadura. Nos han quitado competencias, en Castilla y León están reivindicando en los juzgados que se les retirara el arma corta. Es una batalla abierta para el colectivo.  Ante esto, nos tenemos que plantear soluciones que sirvan a todos los cuerpos, no  a uno en específico.

¿Cuáles son vuestras necesidades más graves?

Ahora mismo, la falta de convocatoria de oposiciones. Hay falta de personal en todas las Comunidades Autónomas, Madrid lleva doce años sin oposiciones, en Castilla-La Mancha, unos cinco años. El número cada vez desciende más, y entonces cada vez hay menos vigilancia, y está todo menos protegido. Y cada vez hay más gente que sale a disfrutar del medio rural, a hacer senderismo, a montar en bicicleta, a recoger setas... Esa gente necesita seguridad, son los primeros que la necesitan. La seguridad medioambiental es también muy importante en la seguridad ciudadanía.

¿Crees que se le dedica suficiente esfuerzo a la protección del medio ambiente?

Pienso que medioambiente se ve siempre relegado al rinconcito. Sí, primero debe ir la educación y la sanidad, el trabajo, pero el medio ambiente siempre se le deja en segundo lugar y lo hemos visto de forma histórica. Nuestro cuerpo no tiene dinero, presupuesto propio ni nada, siempre estamos con lo que las administraciones quieren darnos.

¿Qué consecuencias implica esto?

Más desprotegido está el medio ambiente y más descontrol hay en el entorno natural. Nosotros no podemos cubrir, ahora mismo ni la mitad de los servicios que deberíamos cubrir de vigilancia. Nos llegan denuncias de furtivismo durante la noche, pero no podemos tener turnos nocturnos, porque no nos alcanza el dinero. Es un ejemplo concreto de aquí de Castilla-La Mancha, pero que afecta a todos los agentes.

¿Aumentan los delitos medioambientales?

No, se han ido como estancando en general, pero sí han crecido en Castilla-La Mancha. El Fiscal señaló recientemente que entre 2010 y 2014 se había doblado el número de delitos de este tipo. La falta de vigilancia no significa que aumenten los delitos, sino que muchos de ellos quedan impunes, porque no llegamos a verlos.

¿Si la disposición del Gobierno cambiase, sería más sencillo prevenir catástrofes naturales?

Volvemos a lo mismo, sí. Si se abre la previsión de incendios, como acaba de anunciar el Gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente sería más fácil intervenir antes de tiempo. Y lo mismo ocurre en el resto de las Comunidades Autónomas, porque se puede limpiar montes, tener más efectivos.

¿Cómo juzgáis la actitud del nuevo Gobierno en Castilla-La Mancha?

Han sido muy dialogantes, y hemos presentado muchas propuestas de la Asociación que, no se han llegado a plasmar, pero la predisposición es mejor. Nos piden tiempo para solucionar sus problemas, pero lo vemos bien. En el caso de la Ley de Caza, ya se ha abierto un grupo de trabajo en el que se da cabida a todos los colectivos, no sólo a los cazadores, sino también a ecologistas o grupos que hacen uso recreativo del medio natural. Debe ser algo consensuado, no obedeciendo sólo a un criterio.

¿Cuáles son los puntos débiles del medio ambiente en la región?

Puedo enumerar tres: la Ley de Caza, el ATC y el fracking. Vemos que son polémicos y creemos que se debe atender a lo que digan los expertos. Nosotros reivindicamos, eso sí, lo que sea mejor para el medio ambiente.

El toledano Rubén Castro, actual presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), ha sido nombrad presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) en la Asamblea Nacional celebrada este domingo en Valsaín (Segovia).

Según ha informado APAM en nota de prensa, la nueva Junta Directiva se marca como objetivos conseguir un marco jurídico acorde a las competencias de los agentes medioambientales, reforzando las funciones de Policía Judicial medioambiental; y unificar la denominación e imagen institucional en todos los territorios.

Los agentes medioambientales instarán también a todas las administraciones autonómicas a regular por ley las funciones y competencias de sus agentes y también tiene como objetivo conseguir una legislación básica estatal que regule todo lo anterior. Junto a Rubén Cabrero estará en la Junta Directiva como vicepresidente Esaú Escolar, miembro de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León.

Por el momento, Cabrero seguirá compaginando sus funciones en la directiva nacional con la regional hasta la celebración de la próxima Asamblea regional.

Continuos recortes en sus tareas, delegación a labores administrativos y “ninguneo” constante ha sido la tónica con la que han tenido que trabajar los agentes medioambientales en Castilla-La Mancha durante los últimos cuatro años. Su lucha contra la Ley estatal de Montes y la nueva normativa regional de caza, que limitan sus funciones, no gustó entre los responsables de la Consejería de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Ahora, dicen estar esperanzados con el nuevo gobierno y celebran el nombramiento de Francisco Martínez Arroyo como nuevo consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado su satisfacción por el hecho concreto de que el nuevo consejero, nada más tomar posesión de su cargo, asegurara que el Gobierno regional contaría “con los magníficos profesionales” de la Junta, mencionando a funcionarios, agentes medioambientales y personal de la empresa pública GEACAM.

Además, los agentes, que a lo largo de la pasada legislatura han visto reducidos “considerablemente” los medios de que disponían no sólo para extinguir los incendios, sino también para su prevención, consideran que “sin lugar a dudas es una excelente noticia que, desde el principio, el consejero ponga por delante el trabajo que hacemos”.

También celebran que el presidente regional, Emiliano García-Page, destacara en su discurso de investidura que “no se puede luchar contra los incendios si al mismo tiempo se quitan recursos humanos”, lo que para APAM-CLM “es un claro gesto de vuelta a la recuperación de lo que teníamos antes”. Por todo ello, confían en recuperar “todo lo perdido” con el Gobierno de Cospedal y “dejar al margen de la polémica política la lucha contra incendios”, lo que ya supone que “vamos por buen camino”.