El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, de la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, y de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, ha inaugurado este martes la rehabilitación integral del puente metálico de Alberite, actuación adjudicada por el Gobierno de La Rioja por un importe total de 1.516.337,78 euros. El importe de los trabajos corre a cargo a los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para el jefe del Ejecutivo, “hoy es un día importante para Alberite y para La Rioja ya que inauguramos la restauración integral de este puente, gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración entre administraciones, y a los fondos que llegan de Europa, lo que nos permite contar con una infraestructura totalmente restaurada desde el punto de vista estructural, así como también desde la perspectiva estética y funcional”. 

Capellán ha subrayado que “durante la legislatura hemos llevado a cabo restauraciones similares, como recientemente en Ortigosa de Cameros, otro municipio donde los puentes son claves para la comunicación, pero que también se han convertido en icono y en referente identitario. Al igual que aquí en Alberite, donde este puente tiene un importante significado para la historia y para sus vecinos”.

Un puente de más de 115 años

Durante la puesta en servicio del puente, el presidente ha rememorado los principales hitos acaecidos en los más de 116 años de historia del puente, y ha puesto en valor que la restauración actual “se ha ejecutado intentando conservar todos sus elementos y reparando los daños estructurales que tenía, especialmente en el vano cuarto, permitiendo que hoy recupere todo su esplendor y que vuelva a ser un vehículo de conectividad y movilidad sostenible para los vecinos de Alberite y los riojanos”.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha resaltado la importancia que ha tenido la “colaboración entre administraciones para que los vecinos de Alberite puedan volver a disfrutar de este puente”, así como “el valor de los fondos europeos para aplicarlos en actuaciones tangibles de recuperación de nuestro patrimonio histórico”.

Finalmente, la alcaldesa ha agradecido este proyecto al Gobierno La Rioja que, a su juicio, supone una “mejora de la accesibilidad y de la seguridad” para los usuarios. Asimismo, ha mostrado el “orgullo de Alberite y de todos sus vecinos” ante lo que supone “un sueño cumplido” para el municipio.

El proyecto ha permitido restituir la integridad de este puente centenario, cuyo nombre es Príncipe Pío Alfonso, mediante la subsanación total de los deterioros y daños observados en un pormenorizado estudio realizado antes de la reforma, de manera que se ha conservado la estructura original del mismo para preservar el patrimonio histórico de la localidad y de La Rioja.

Garantizar la vida útil, la seguridad y la funcionalidad del puente

A este respecto, la actuación impulsada por la Dirección General de Infraestructuras ha permitido garantizar la vida útil del puente, reforzar la seguridad de los usuarios y modificar la funcionalidad del mismo, habiendo sido transformado en una pasarela de uso exclusivo para los peatones y ciclistas, y que prácticamente conectará con el carril ciclopeatonal que el Gobierno de La Rioja ha impulsado entre Lardero y Alberite. 

Además, el cambio de uso contribuye a mejorar la conectividad entre el municipio y el parque verde del río Iregua, así como impulsar aún más movilidad sostenible en el municipio y en el entorno metropolitano de Logroño. De hecho, esta pasarela ciclopeatonal se suma a la red de carriles desplegada por el Gobierno regional a modo de cinturón metropolitano de la capital. 

Las obras se han enfocado fundamentalmente en la recuperación estructural del puente. A este respecto, se han renovado los aparatos de apoyo fijos y móviles, así como los tornillos de alta resistencia. Igualmente, se han retirado las chapas y los roblones dañados por el uso y las inclemencias del tiempo. Por último, se han aplicado dos capas de pintura de alta durabilidad y se han rellenado las juntas con resinas epoxi.

Por su parte, la plataforma superior cuenta ahora con un pavimento de madera ranurada de 5 centímetros de espesor, mucho más ligero que el anterior, lo que contribuye a aliviar la carga que soportan los elementos de contención. Para dar seguridad a los usuarios, se ha instalado una barandilla de acero inoxidable contigua a la existente, dotada con pasamanos, así como una línea de leds que ilumina de forma indirecta el pavimento.

Para llevar a cabo esta restauración, previamente fue necesario desmontar la pasarela que había sido añadida en el año 2015. De igual modo, hubo que demoler el anterior firme granular y de pavimento asfáltico, lo que supuso la retirada de un peso muerto de 40 centímetros de espesor. 

Entre los trabajos previos, también se incluyen la habilitación de sistemas para la sujeción de los vanos durante el proceso de evaluación, el chorreado con materiales no abrasivos de diferentes elementos y la limpieza de la sillería de pilas y estribos, así como el tratamiento de llagas y rejuntado.

Problemas estructurales solucionados

La rehabilitación ejecutada por la firma Obras de Construcción e Instalaciones OCISA ha dado respuesta a las deficiencias encontradas por el estudio de ingeniería TEMHA en junio de 2024. Esta inspección evidenció problemas de falta de mantenimiento de apoyos, corrosiones locales y generalizadas, fisuras en la subestructura, arenizaciones y exfoliaciones en sillares, y roturas en el pavimento, entre otros daños.

El puente, que permite cruzar el río Iregua, fue inaugurado a finales de 1910 y no se tiene constancia de intervenciones específicas de mantenimiento o conservación sobre los elementos estructurales hasta la actualidad. Su titularidad fue transferida al municipio de Alberite en la década de 1970, derivada de la construcción del actual puente de hormigón sobre el que circula la carretera autonómica LR-254. La infraestructura tiene una longitud total de 91 metros y está compuesta por 7 vanos y 2 celosías laterales. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Consejería de Salud y Políticas Sociales un gasto de 1.496.400 euros para garantizar la continuidad del servicio de transporte sanitario y asistencia a emergencias sanitarias con helicóptero del Servicio Riojano de Salud, el recurso aéreo ‘Galeno’, integrado en el Servicio de Emergencias Sanitarias (061), pieza clave de la atención urgente y emergente extrahospitalaria en La Rioja. El 061 coordina la asistencia urgente extrahospitalaria y moviliza recursos terrestres y aéreos, incluyendo el helicóptero sanitario con base en Agoncillo.

Esta inversión permitirá prorrogar durante doce meses, entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de julio de 2027, un servicio estratégico para garantizar una atención sanitaria inmediata, especializada y en igualdad de condiciones a todos los riojanos, con independencia de su lugar de residencia.

El helicóptero sanitario desempeña un papel fundamental en la evacuación urgente de pacientes, en el traslado de pacientes críticos y en la aproximación rápida de profesionales y material sanitario cuando cada minuto resulta decisivo. Su integración en el dispositivo del 061 refuerza la capacidad de respuesta del sistema sanitario público riojano ante emergencias complejas, especialmente en zonas de difícil acceso o cuando la rapidez en la intervención resulta determinante.

245 intervenciones en dos años y medio al servicio de la atención urgente

Desde su actual etapa operativa, entre agosto de 2023 y diciembre de 2025, el helicóptero sanitario ‘Galeno’ ha recibido 308 solicitudes de activación, de las que 245 se tradujeron en movilizaciones efectivas. Las restantes no pudieron llevarse a cabo, fundamentalmente por condiciones meteorológicas adversas o por la proximidad al ocaso, que limita la operatividad del recurso.

De esas 245 movilizaciones, 151 correspondieron a asistencias primarias desde distintos puntos de La Rioja hacia el Hospital Universitario San Pedro; 25 fueron traslados interhospitalarios a centros de referencia de ciudades como Vitoria, Pamplona, Santander, Burgos, Zaragoza, Madrid o Barcelona; y 19 actuaciones estuvieron vinculadas a formación y entrenamiento de profesionales del 061, Rioja Cuida y operativos hospitalarios. Además, en 50 ocasiones la activación fue anulada durante la intervención, principalmente porque la gravedad inicial no se confirmó o por cambios en las condiciones climatológicas.

Por tipología asistencial, las activaciones más frecuentes han estado relacionadas con emergencias neurológicas (80), traumatismos (63), patologías cardiovasculares (54) y paradas cardiorrespiratorias (10), lo que refleja el papel determinante de este recurso en situaciones de máxima complejidad clínica. Entre las intervenciones más destacadas figuran el traslado de dos bebés con apenas días de vida a hospitales de Madrid y Barcelona, varios traslados al centro nacional de referencia para reimplantes en Burgos, así como la actuación coordinada con el helicóptero de rescate de Medio Natural en un accidente de tráfico en Foncea.

El Servicio de Emergencias Sanitarias (061), que el pasado año celebró su 25 aniversario consolidado como un recurso de referencia y confianza para los ciudadanos, constituye uno de los pilares de la atención urgente en La Rioja. En este dispositivo, el helicóptero sanitario ‘Galeno’ aporta un valor diferencial para ofrecer la máxima capacidad de respuesta asistencial allí donde se necesita. La autorización aprobada este martes permitirá asegurar la continuidad de esta prestación mientras se formaliza el nuevo contrato, evitando cualquier interrupción en un servicio prioritario para la protección de la salud de los riojanos.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, así como miembros de la corporación local, han suscrito este lunes un convenio de colaboración para financiar el proyecto de mejora e integración del entorno urbano de las plazas La Poza, Cándido Sarramián y de la Iglesia.

El Gobierno de La Rioja invierte en esta actuación un total de 600.000 euros, que representa el 40 por ciento del presupuesto de ejecución. Está previsto que las obras, cuyo plazo de ejecución asciende a 10 meses y que están promovidas por el Ayuntamiento, comiencen la próxima semana. “Esta actuación, que refleja el firme compromiso del Gobierno de La Rioja con los vecinos de Villamediana de Iregua, supone un paso importante puesto que va a revitalizar por completo el centro de la localidad, configurándolo como un espacio de encuentro mucho más amable para los peatones, y con una regulación más eficaz del tráfico rodado”, ha subrayado el consejero durante la presentación del proyecto.

Según Osés, “con esta inversión reforzamos nuestra apuesta por la mejora de la accesibilidad en todos y cada uno de los municipios riojanos. Además, para los vecinos, el proyecto supondrá contar con una zona mucho más cómoda, funcional y operativa en el día a día, lo que redundará en su calidad de vida”.

Por su parte, Rubén Gutiérrez ha agradecido el apoyo del Ejecutivo riojano para hacer realidad esta intervención, que persigue tres claros objetivos: “dar continuidad al paseo natural de la Iglesia, eliminar barreras arquitectónicas y ordenar el tráfico en el centro del municipio”. Como ha recordado el alcalde, se trata de la segunda actuación que se anuncia en este municipio este mes, tras la reciente visita del consejero para informar sobre el proyecto de mejora del alumbrado de la carretera de circunvalación LR-250, con una inversión cercana a los 600.000 euros por parte de Infraestructuras.

Las obras, que comprenderán una superficie total de 4.367 metros cuadrados, supondrán una mejora de la accesibilidad universal y funcionalidad de toda la zona, e implicarán actuaciones de renovación de la pavimentación, redes de agua, ampliación de zonas verdes, así como la reordenación del tráfico peatonal y rodado.

En la Plaza Cándido Sarramián se ejecutará un graderío en forma de artesa, en el lado este, que contará con bancos de madera. Dispondrá de diferentes alineaciones de arbolado y mobiliario urbano: bancos, papeleras y una fuente, entre otros elementos. El pavimento de la plaza, en la que se reservará un espacio para aparcabicis, será de losas de hormigón prefabricado. 

Por su parte, la Plaza de la Poza, que se pavimentará con grandes piezas trapezoidales de hormigón, tendrá un árbol central de gran porte rodeado de bancos de hormigón formando un héxagono. La conexión con la calle Las Eras será peatonal y se pavimentará con adoquines de tres tamaños similares a los utilizados en recientes reurbanizaciones, como en la calle Jesús.

En la Plaza de la Iglesia, que se adoquinará con piezas de tres tamaños, se generará una superficie peatonal, adosada al templo, para llegar al nivel interior de la iglesia en su acceso sur. La pendiente será menor al 6 % para permitir un itinerario accesible. 

Aparcamiento para personas con movilidad reducida

El tramo sur de la calle Plaza de la Iglesia será una plataforma única, con calzada al norte y franja peatonal al sur. En este vial, se habilitará una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida y un espacio reservado para carga y descarga.

Al oeste y noroeste de la Iglesia se creará una zona peatonal pavimentada como la plaza de La Poza que se separará de la iglesia con parterres de arbustivas, como la zona de estancia al noroeste de la franja de tráfico. En esta zona de estancia se instalarán elementos de mobiliario urbano y una fuente. 

Nueva calle peatonal junto a la Iglesia

Además, se abrirá una nueva calle peatonal al noroeste de la Iglesia, entre el extremo noreste de la calle Plaza de la Iglesia y la confluencia de las calles Anastasio Mateo, Alberite y Avenida de Cameros. La actuación abarca la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento; la instalación de nuevas canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones, así como de luminarias LED; y la reordenación del tráfico rodado en varias zonas. 

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de San Millán de la Cogolla, Ismael Maestro, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 18, el convenio para financiar las obras de construcción de una plaza multiusos en San Millán de la Cogolla en las que el Gobierno de La Rioja invertirá un total de 443.751,18 euros, que representan el 90 por ciento del presupuesto de ejecución.

Este proyecto, cuyo importe asciende a 493.056,87 euros y que contará con un plazo de ejecución de siete meses, permitirá transformar un solar actualmente en desuso de 1.100 m², ubicado en el número 48 de la calle Mayor, en un amplio espacio público para la estancia y disfrute de los vecinos y visitantes, así como para la celebración de eventos al aire libre.

“Se trata de una actuación que va a cambiar la forma de vida del propio pueblo, que va a disponer de un lugar de encuentro multiusos, con espacio cerrado y abierto, con escenario, zona verde y con unas vistas inmejorables a este entorno espectacular”, ha señalado el consejero.

En este sentido, Osés ha subrayado el firme compromiso del Gobierno de La Rioja por seguir financiando a todos y cada uno de los municipios riojanos para la puesta en marcha de nuevos servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y bienestar de los riojanos, así como el progreso social y cultural, y la defensa del patrimonio rural.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja para hacer realidad este proyecto “transcendental para el futuro de nuestro municipio que nos va a permitir contar con una gran plaza pública, un aparcamiento con 10 plazas, y un espacio accesible para todos los vecinos y visitantes”. 

El diseño de la plaza ha sido concebido desde el máximo respeto al entorno, garantizando la integración de los elementos históricos y la apertura de visuales hacia el Monasterio de Yuso y el paisaje del valle.

Para salvar el desnivel natural de más de seis metros entre la calle Mayor y la calle Corrales, se ha diseñado una solución escalonada en diferentes niveles conectados entre sí. En la parte superior, a la altura de la calle Mayor, se ampliará la calzada para generar una nueva zona de aparcamiento organizada para vehículos y bicicletas. Bajo esta ampliación, se creará un porche abierto sustentado por pilares que ofrecerá una zona de sombra y refugio para los usuarios en el nivel inferior.

El núcleo principal de la plaza se desarrollará en el nivel inferior, donde se habilitará una amplia zona de esparcimiento, que contará con una plataforma-escenario fija destinada a la celebración de actividades culturales y eventos. El escenario estará protegido por una cubierta ligera de madera laminada y acabado en cobre envejecido.

Para garantizar la accesibilidad universal, se construirá una nueva escalera urbana desde la calle Mayor y una rampa peatonal de suave pendiente desde la calle Corrales. Toda la zona será pavimentada con adoquín envejecido y baldosas de hormigón. Se aprovechará esta obra para soterrar las redes de electricidad y telecomunicaciones, eliminando así el impacto visual del cableado aéreo actual.

La actuación ha previsto proteger y poner en valor los muros de piedra existentes en el solar, que se reforzarán y se mantendrán visibles para conservar la esencia arquitectónica del municipio. Por último, se instalará iluminación LED, mobiliario urbano, área de asadores y zona ajardinada en todo el entorno. 

El Foro Invest In La Rioja en Riojaforum ha inaugurado hoy la nueva marca Invest In La Rioja para “canalizar la atracción de inversiones estratégicas en esta Comunidad Autónoma”, según ha presentado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León. “Hemos diseñado un sistema completo para atraer inversión y facilitar que cada oportunidad se traduzca en un proyecto real, que gira en torno a dos pilares muy definidos, complementarios y coordinados: una herramienta para la prospección y atracción -DIR-, y una puerta de entrada operativa -ADER- para acompañar e implantar proyectos”, ha presentado. 

Como herramienta de prospección y atracción, Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR) asume la identificación de oportunidades y sectores con potencial, la relación con posibles inversores y el posicionamiento de La Rioja en el mapa nacional e internacional. Por su parte, la agencia de desarrollo, a través de la Unidad de Captación de Inversiones, canaliza y acompaña los proyectos empresariales, facilita su implantación y apoya su crecimiento.

“El Gobierno de La Rioja ordena la estrategia, DIR atrae inversiones y ADER acompaña la implantación. Esta es la forma en la que La Rioja se va a presentar al mundo inversor: con seguridad jurídica, cercanía institucional y capacidad industrial y tecnológica”, ha explicado León en el marco del Foro Invest In La Rioja, un espacio de trabajo y conexión entre empresas, inversores e instituciones.

Entre los objetivos clave de la nueva marca, preponderan el impulso del crecimiento económico y la competitividad del tejido empresarial riojano; la aceleración y coordinación del ecosistema institucional de atracción de inversiones; el posicionamiento de La Rioja como un destino atractivo, competitivo y confiable; la promoción de proyectos de reinversión; el acompañamiento a los inversores de manera integral en todo el ciclo del proyecto; y la generación de sinergias y valor añadido en sectores estratégicos y fundamentales para el tejido empresarial riojano mediante el alineamiento de la inversión, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Tomando en consideración el Plan de Internacionalización del Gobierno de La Rioja, para llevar a cabo una actuación coordinada, se toman en cuenta cinco líneas estratégicas de actuación: la promoción de actuaciones colectivas -junto a Cámara de Comercio, FER u otras asociaciones sectoriales-; la incorporación de innovación, tecnología y digitalización -mediante misiones de prospección tecnológica y técnica-; el desarrollo del talento internacional -formación, becas-; una mayor presencia internacional de los agentes –ferias y convenios-; así como la potenciación de la inversión extranjera -foros de inversión-. 

“Hay territorios que tienen que convencer y La Rioja solo tiene que mostrarse. Hoy empieza a hacerlo de otra manera. Con más voz, con más alcance, con más herramientas. Y con la convicción de que quien conoce La Rioja, apuesta por La Rioja”, ha concluido la consejera.

Mesas redondas hoy en Logroño y Haro

El Foro Invest In La Rioja, que forma parte de las citadas actuaciones contempladas en el convenio entre ADER y DIR, transcurre en tres sesiones concebidas para proyectar una visión amplia de La Rioja y de sus oportunidades de inversión a lo largo de hoy, en Logroño y Haro, y mañana en Calahorra. 

El evento, que ha registrado más de 350 inscripciones, aborda los riesgos y también las oportunidades de inversión, el financiamiento del crecimiento empresarial, la venta de empresas o la transformación digital, entre otros asuntos, y pondrá el foco en sectores económicos estratégicos, como el vino, la industria agroalimentaria y el calzado, mediante una decena de mesas redondas y conversaciones. 

Es posible consultar toda la información del evento en su página web www.foroinvestinlarioja.es y también ampliar todos los detalles relativos a la nueva marca en https://investinlarioja.ader.es.

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la concesión provisional del PERTE VEC V de 2026 que incluye 92 millones de euros para la empresa tecnológica china Gotion para la puesta en marcha de dos plantas de baterías eléctricas en Valladolid.

Además de los proyectos en Castilla y León incluye una subvención para la cooperativa vasca Orkli por casi 8 millones de euros, según se desprende del listado de solicitudes estimadas provisionalmente por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) publicado este jueves y que adelantó El faro de Vigo.

La primera subvención para Gotion, de más de 82,3 millones de euros, está dirigida a una nueva planta industrial de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para recuperación de 'black mass' (la mezcla de metales valiosos que se produce en el proceso de reciclaje de las baterías eléctricas) cuyo presupuesto total asciende a 411,53 millones de euros.

La segunda ayuda provisional para el gigante tecnológico chino asciende a 9,69 millones de euros para la construcción de una nueva fábrica de cátodos para baterías de vehículos eléctricos, un proyecto para el que la empresa tecnológica china ha previsto una inversión de 532,82 millones de euros.

Asimismo, a la cooperativa guipuzcoana Orkli se le ha estimado una subvención de 7,99 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de inversiones industriales en Ordizia (Guipuzcoa), con un presupuesto total de más de 53,31 millones.

Prudencia en Valladolid

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha dado la bienvenida a “esta buenísima noticia”, aunque se ha mostrado prudente por la experiencia previa con la empresa Inobat, ya que, según ha recordado, “no se prestaron los correspondientes avales, se vino lógicamente abajo y fue una ayuda fallida”, pese a haber recibido una ayuda de casi 54 millones de euros.

“Lo que sí que queremos los vallisoletanos es que se materialice ya y, dado que estamos al lado de una ermita, y de una santa vez”, ha remarcado el regidor en declaraciones a los periodistas previas a participar en la misa dedicada a San Isidro, en la iglesia dedicada al patrón de los agricultores en Valladolid.

Carnero ha asegurado que el Consistorio hace el trabajo que le corresponde y que mantienen contactos con Gotion, así como ha planteado que ojalá este impulso desde el Gobierno de España se materialice. 

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes la declaración como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) la construcción del centro de datos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que impulsa Merlin Edge y la ampliación del matadero de 'Estirpe Negra', entre Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra, en Badajoz.

Según ha informado la portavoz, Elena Manzano, en el caso del proyecto de Navalmoral de la Mata, se prevé una inversión de 1.600 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo, y en el caso del matadero se invertirán 13,8 millones de euros para ampliar las instalaciones, con 22 nuevos empleos que se suman a los 96 existentes.

La Junta de Extremadura recuerda que la declaración PREMIA puede estar enfocada tanto a la creación de una nueva empresa como a la ampliación de una ya existente y para una iniciativa empresarial supone el carácter prioritario y urgente para toda la tramitación autonómica: se reducen a mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, así como la posibilidad de sustitución de la licencia urbanística o, en su caso, de la de obras y usos provisionales, por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa autonómica. Esta sustitución no se aplicará a los proyectos de concesión de explotaciones de los recursos minerales del litio.

En cuanto al proyecto presentado por la empresa Estirpe Negra S.A. para la ampliación de una planta de industria cárnica situada entre los términos municipales de Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra, se proyecta en las parcelas 93 y 1B del polígono 2 de Bodonal de la Sierra y la parcela 70 del polígono 40 de Fregenal de la Sierra, que ocupan una superficie de más de 138.000 metros cuadrados.

La actividad desarrollada en esta planta comprende un proceso industrial cárnico completo, que integra todas las etapas necesarias para la elaboración, curación, adobo, envasado y expedición de jamones, paletas, embutidos y lomos, desde la recepción de la materia prima hasta el acondicionamiento final.

Las nuevas inversiones proyectadas tienen como finalidad incrementar la capacidad productiva, ordenar flujos industriales, optimizar la eficiencia, reforzar la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y garantizar la competitividad futura de la marca. 

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, de que la compañía de inversión Ricari se constituye como una sociedad pública tras la ampliación de capital suscrita íntegramente por la ADER, organismo dependiente del Gobierno de La Rioja. 

Al ostentar formalmente más del 50% del capital social de la sociedad, se dan las circunstancias previstas en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que define a las sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Además de la operación de aumento de capital aprobada, se ha aprovechado este trámite para proponer la modificación de una serie de disposiciones estatutarias que, en esencia, responden a una nueva denominación social -Desarrollo de Inversiones Riojanas, SA (DIR)- y a un incremento de las funciones propias que la compañía podrá desarrollar en cumplimiento de su nuevo objeto social.

El Gobierno de La Rioja potenció en 2025 con 2 millones de euros a esta compañía de inversión, con el objetivo estratégico de apoyar iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región, como los nuevos cines que abrirán en el centro de Logroño durante este primer semestre de 2026. El proyecto de Presupuestos de La Rioja para este año contempló, asimismo, una nueva partida de 2 millones.

La sociedad mantiene su tradicional objeto social, que no es otro que la concesión de financiación destinada a iniciativas empresariales que redunden en interés para La Rioja y su ecosistema. Su actividad inversora se articula a través de tres grandes modalidades de financiación, adaptadas a la naturaleza y madurez de cada proyecto: préstamos a empresas en crecimiento, entrada en capital en nuevas sociedades y reinversión en empresas de la cartera.

Asimismo, DIR amplía el objeto social en dos sentidos: desarrollará las funciones inherentes a la gestión, explotación y administración de TECHRIOJA; e impulsará y coordinará las actuaciones tendentes a la prospección, captación y posterior desarrollo de la inversión empresarial en esta comunidad autónoma.

Aprovechamiento de medios

A diferencia de otras comunidades autónomas, que han creado entes específicos para la gestión de sus parques, La Rioja ha optado por incrementar el objeto social de una sociedad preexistente y consolidada, evitando la creación de un nuevo organismo público, con el evidente aprovechamiento de los medios y la consiguiente reducción de costes.

La conveniencia del mantenimiento de la función financiadora está íntimamente ligada con el impulso en convertirse en ventanilla única en el perímetro de la captación de inversión, pero encaja igualmente con la ampliación del objeto social en el ámbito de la gestión del parque científico-tecnológico. 

DIR trabajará de forma coordinada con la ADER en la prospección de proyectos empresariales, con el fin de captar proyectos estratégicos y atraer nuevas oportunidades al ecosistema regional. Mientras la sociedad se centra en los instrumentos financieros (capital, préstamos, reinversiones), la agencia complementa sus servicios con su línea de ayudas y programas de apoyo empresarial.

La patronal catalana Foment del Treball ha elevado a 49.543 millones de euros el déficit en infraestructuras en Catalunya entre 2009 y 2025, es decir . El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha definido esta cifra como “alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”. A su juicio, esta situación se ha visto agradecida por “una nefasta” gestión pública que “no se corrige, sino que cada vez es más grave”. En rueda de prensa, advirtió de que la falta de inversión impacta directamente en la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. Ante esto, Sánchez Llibre ha instado al Gobierno y al conjunto de fuerzas parlamentarias a encontrar “una solución definitiva” y velar por que esto no vuelva a suceder.

Presentado este lunes, el análisis de Foment señala que España es la administración pública con un porcentaje de ejecución más bajo en Cataluña, con el 43% del total presupuestado. “Debemos revertir la cultura de la no inversión”, ha valorado el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC), Lluis Moreno.

Asimismo, la Generalitat ha ejecutado el 89 por ciento de las obras presupuestadas, mientras que las administraciones locales han llegado hasta el 85 por ciento. El grado de ejecución de Adif es del 48,6%, mientras que el de Renfe sube hasta el 62,2%.

Aterrizando los datos en las infraestructuras concretas, la patronal ha valorado que las autopistas están “muy bien”, situándose por encima de la media, junto al transporte aéreo de pasajeros. Por otra parte, el ferrocarril, el transporte de mercancías y las carreteras se encuentran en una situación peor.

Por otra parte, Moreno ha detallado que si hoy se hicieran todas las inversiones que deberían haberse hecho en los últimos 15 años deberían invertirse 9.000 millones de euros más, hasta alcanzar los 58.748.

El caso español se inscribe en una dinámica de menor esfuerzo inversor en infraestructuras frente a los estándares europeos. Según el informe, mientras que la Unión Europea ha mantenido históricamente una intensidad inversora en torno al 2,2% del PIB en este ámbito, España ha registrado en los últimos años niveles claramente inferiores, con una inversión pública que en algunos ejercicios se ha situado por debajo del 1% del PIB.

“Máximo consenso”

Para revertir esta situación, Sánchez Llibre ha pedido a la Generalitat ya las fuerzas políticas del Parlament que encuentren “el máximo consenso y la unidad más amplia posible” para abordar esta cuestión. A su juicio, la unidad de acción es imprescindible para encontrar una solución definitiva y que prospere en el Congreso de los Diputados.

“Todo lo que hemos planteado ha fracasado, y lo más perjudicado es Cataluña”, ha lamentado a ser preguntado por el consorcio de inversiones. En este sentido, ha rechazado hacer una valoración sobre la propuesta de ERC y el PSC y ha recordado que en 2022 la patronal hizo un “planteamiento similar”, con la propuesta de crear una empresa público-privada con participación mixta.

El PSOE ha denunciado hoy “la mala gestión y nula capacidad del PP de Escobar para planificar, gestionar y ejecutar inversiones” al ejecutar “solo 18 de cada 100 euros presupuestados inicialmente en el año 2025”. Así lo ha expuesto el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, tras analizar en rueda de prensa la liquidación del presupuesto 2025 y los informes que la acompañan.

Alonso ha indicado que de los “34,9 millones de inversión que estaban presupuestados” solo se han ejecutado “6,25 millones de euros”. Una gestión que “lastra y perjudica el futuro de Logroño como ciudad”.

El portavoz del PSOE ha señalado que “los grandes anuncios de Escobar se han quedado sin ejecutar” y ha puesto de ejemplo la adquisición de los edificios de Comandancia, la urbanización de la subestación de Cascajos, la reurbanización de la Calle San Antón, las urbanizaciones de las calles Piscina, Canicalejo, Rosa Chacel, Avenida de Lobete o Plaza Valcuerna, el alumbrado de los polígonos industriales, las obras en el Barranco de Oyón, la Ciudad Circular o la reforma del Mundial 82 entre otras.

“Menos mal que todavía se están ejecutando inversiones y proyectos que contaban con fondos europeos logrados por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE”, ha precisado Alonso, como el centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses. Unos fondos que de nuevo el PSOE ha arremetido contra Escobar por haber sido “incapaz de ejecutarlos” al tener que devolver todos los logroñeses 8 millones de euros.

Respecto a las inversiones provenientes de años anteriores, Alonso ha subrayado que “la gestión también ha sido pésima” ya que solo ha ejecutado un 27,17 por ciento. Una calificación que también ha compartido el interventor general en su informe. Y en lo que se refiere a las inversiones indirectas, las denominadas transferencias de capital que engloba sobre todo a las ayudas la rehabilitación de edificios, Alonso ha criticado que la convocatoria de subvención no fuera realizada “hasta el pasado mes de noviembre” con una ejecución “del 0 por ciento”.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han visitado este viernes Alfaro, acompañados de la alcaldesa, Yolanda Preciado, tras la finalización de las obras de mejora de accesibilidad que se han llevado a cabo en el mirador de las cigüeñas y en la plaza de toros.

Por un lado, el Ejecutivo riojano ha financiado al 80 por ciento la actuación en la plaza de toros, concediendo al Ayuntamiento de Alfaro una ayuda total de 38.686,50 euros. Este proyecto ha supuesto una inversión de 48.358,12 euros. En cuanto al mirador de las cigüeñas, el coste de la obra ha ascendido a 42.161,49 euros, de los que el Ejecutivo ha concedido un total de 15.000 euros al consistorio alfareño.

Ambas aportaciones, que suman un total de 53.686,5 euros, el 59,3 por ciento del presupuesto conjunto, se han sufragado a través de la línea de ayudas a municipios y entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en la red viaria y otros espacios de uso público, en la convocatoria de 2025. Las actuaciones han sido ejecutadas por Construcciones Alberto Varea, S.L.

El mirador de las cigüeñas ya es más accesible

Por un lado, se ha adecuado la accesibilidad en el mirador de las cigüeñas desde la calle Cadenas para mejorar la llegada a este punto de interés turístico y cultural, que es el lugar más adecuado para poder admirar la colonia de Cigüeñas establecida en las cubiertas de la Colegiata de San Miguel y cuyo acceso principal se realiza desde la Travesía del Toril mediante unas escaleras.

En primer lugar, esta obra ha comprendido la demolición de los escalones existentes y la retirada del depósito de gasóleo en desuso que había enterrado en la zona, así como de todas las antiguas canalizaciones que daban servicio a los edificios anexos.  Posteriormente, se ha pavimentado el vial con adoquín para favorecer el acceso universal al mirador, incluyendo elementos de señalización podotáctil, y se han instalado pasamos dobles a ambos lados de la calle, así como nuevo mobiliario urbano.

La actuación en la plaza de toros se ha centrado en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la creación de un itinerario para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.  Las obras han consistido en la instalación de un elevador hidráulico, situado en la cara oeste de la plaza, junto a los corrales, para dar acceso desde la planta baja a las gradas. Esta infraestructura, que realiza dos paradas, cuenta con 3,42 m² de superficie y capacidad para 4 personas, admitiendo un peso máximo de 350 kilogramos. 

Asimismo, se ha ejecutado una rampa con una pendiente máxima del seis por ciento junto a la puerta 18 para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al interior de la plaza y llegar al elevador que da acceso al graderío.

El consejero también ha visitado las obras de reurbanización del entorno de la calle San Antón, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 3.224.650 euros y una financiación del Gobierno de La Rioja del 60 %. El proyecto, que comprende la pavimentación de aceras, renovación de redes de agua e instalación de mobiliario, entre otras mejoras, abarca una superficie total de 7.829 metros². Los trabajos ya han comenzado en las calles Sardina, La Paz, Cuartel Viejo y San Antón.

El Govern de Salvador Illa y ERC han presentado ante algunos de los principales actores económicos catalanes el Consorcio de Inversiones con el que esperan poder gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya, y acabar así con el déficit de ejecución presupuestaria. El organismo, cuya creación se debatirá en el Congreso de los Diputados el 28 de abril, incluirá una sociedad mercantil que permita licitar y adjudicar los trabajos, así como supervisarlos en el tiempo.

La consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y el negociador de ERC, Lluís Salvador, han escenificado en un acto en el Cercle d’Economia el desbloqueo de este compromiso de investidura de Illa. Junto con el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación singular, era uno de los principales puntos del acuerdo. Su presentación supone además un avance en la negociación de Govern y ERC para los Presupuestos de 2026, aunque los republicanos dejaron claro que no era suficiente.

Durante la presentación, Romero ha defendido el Consorcio como un organismo de “largo recorrido” para pasar “de la queja a la propuesta”. En el acto han participado con una mesa redonda con los responsables del Cercle d’Economia, Pimec y la Cambra de Barcelona. También han asistido Femcat y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE). La ausencia más destacada ha sido la de Foment del Treball, la principal patronal catalana. 

Salvadó ha ejemplificado el déficit en infraestructuras con la baja ejecución de los planes de inversión de Rodalies entre 2000 y 2020, que está por debajo del 10%, y con la falta de construcción de “proyectos estratégicos” como las líneas ferroviarias orbital (alrededor de Barcelona) y transversal (que cruce Catalunya de este a oeste). El nuevo trazado de trenes orbital es el primero que ERC quiere canalizar a través del consorcio.

La propuesta pactada prevé en realidad dos órganos: el Consorcio, que operará como instrumento de gobernanza y supervisión de las inversiones, y la Sociedad Mercantil, que se encargará de la parte más ejecutiva. Ambos contarán con una participación “paritaria” entre Generalitat y Estado (a través del Ministerio de Transportes), y los planes de inversión del primero se elevarán además al Consejo de Ministros para su aprobación. 

Junts rechaza la idea sin desvelar su voto

Si la iniciativa logrará el aval del Congreso es por ahora una incógnita. Todas las miradas están puestas en Junts, de cuyos siete diputados depende su aprobación. El portavoz de la formación, Josep Rius, no ha desvelado el sentido de sus votos, aunque ha insistido en que no les gusta el nuevo consorcio y lo consideran “innecesario”.

“Para saber los datos de ejecución presupuestaria se pueden saber fácilmente sólo apretando un botón del ordenador, como las balanzas fiscales”, ha expresado. Sólo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos“, ha añadido. 

Rius ha detallado que su propuesta alternativa es que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando, se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar el año. “Lo perrmite jurídicmente la disposición adicional tercera del Estatut sin necesidad de crear ningún organismo nuevo que ralentiza procesos”, ha concluido.

Durante el acto, la presidenta del Círculo de Economía, Teresa García-Milà, ha valorado que la creación del organismo es un “paso adelante muy importante” y ha afirmado que, en un futuro, debería ir acompañado de un “organismo técnico independiente que no dependa de los ciclos políticos”. También ha apostado por que este espacio sea capaz de guardar el presupuesto que no se ejecute, para que el dinero no “se pierda”.

“Hoy es un gran día”, ha empezado valorando el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, que ha apostado por hacer las cosas “como toca”. Según un estudio de la entidad, Catalunya necesitará una inversión de 53.800 millones de euros en infraestructuras hasta 2043 para ejecutar las actuaciones que necesita la red.

Por su parte, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado que el problema actual es que “en muchos períodos no se ejecuta ni el 50%” del presupuesto total por Catalunya. Por eso, ha apostado por tener instrumentos que, también gracias a la participación de la sociedad civil, garanticen que no se pierde “el coste de oportunidad” y la competitividad del país.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha finalizado las obras de refuerzo del firme de la carretera autonómica LR-482, que conecta la localidad de Calahorra con la aldea de Murillo de Calahorra, tras una inversión de 474.680,12 euros que ha servido para mejorar la seguridad vial y la comodidad en la conducción. Esta actuación ha afectado a un tramo de 3,05 kilómetros de vía situado entre la aldea y el enlace con la carretera LR-134. 

En primer lugar, la intervención ha comprendido la reparación de los baches, la regularización de la calzada, la limpieza y desbroce de los arcenes y el fresado de las juntas en los pasos sobre el ferrocarril y el canal de Lodosa. Posteriormente, se ha ejecutado el refuerzo del firme mediante una capa de mezcla bituminosa de 10 de centímetros de espesor. Por último, y entre otras actuaciones, se ha renovado la señalización horizontal y vertical, así como los elementos de balizamiento y las barreras de seguridad. 

Con anterioridad, el firme se encontraba muy deteriorado, presentando diferentes zonas de baches y repelados, algunas de ellas con pérdida total del árido. Además, los bordes de la carretera habían cedido en diferentes puntos. Estas deficiencias habían requerido la ejecución de numerosas actuaciones de bacheo.

Xavi Pont Martín (Tàrrega, 1972) no encaja en el molde clásico del capital riesgo. Cuarta generación de la familia propietaria del gigante agroalimentario Borges, consejero de la compañía y vinculado también a los supermercados ecológicos Veritas, Pont decidió hace más de una década apartarse del negocio familiar para explorar un terreno entonces casi inexistente en España: la inversión de impacto. Lo hizo junto a Clara Navarro y Maite Fibla, con quienes fundó Ship2B en 2013. Su perfil mezcla empresa y búsqueda personal. Ha escrito varios libros donde recurre a la metáfora del buceo para hablar de propósito, una combinación poco habitual en un sector acostumbrado a mirar antes la rentabilidad que el sentido.

El arranque fue, como en casi todos los sectores emergentes, a base de ensayo y error. Intentaron levantar un primer fondo cuando el modelo apenas había echado raíces en Estados Unidos y los países nórdicos, pero no había ni mercado ni credenciales suficientes. Optaron entonces por empezar desde abajo: una fundación para acelerar proyectos y demostrar que se podían crear empresas —no solo ONG— con vocación social. Más de 1.000 iniciativas después, y tras años construyendo historial (el preciado track record) llegó el salto. En 2020, en plena pandemia, lanzaron el fondo de impacto más grande de España, 55 millones de euros. Hoy Ship2B Ventures gestiona más de 120 millones de euros y acaba de cerrar un segundo vehículo, BSocial Impact Fund II, con 65 millones y el objetivo de alcanzar los 80, respaldado por el Fondo Europeo de Inversiones, el ICO, Banco Sabadell o VidaCaixa, entre otros.

El movimiento no se queda ahí. La gestora ha empezado a especializar su apuesta con fondos temáticos que buscan ir más allá del discurso. Es el caso de Montana Children’s Health Fund, que ha captado ya 30 millones de euros de capital público europeo y español para invertir en deep tech aplicada a la salud infantil. Tiene el foco en unas 15 startups en fases iniciales con potencial de llevar innovación científica al mercado clínico real. Ese giro, el paso de financiar proyectos individuales a estructurar soluciones en torno a grandes retos, resume bien la ambición de Ship2B. Y también el interrogante de fondo que sobrevuela esta conversación: si el capital puede ser parte de la solución sin convertirse en parte del problema.

¿Qué es la inversión de impacto?

Es la inversión en triple rentabilidad: financiera, social y medioambiental. Y las tres son importantes. No necesariamente tienes que sacrificar rentabilidad financiera para tener impacto social y medioambiental. Hay muchos proyectos muy rentables a nivel financiero y que, a la vez, también tienen mucho impacto. De hecho, cuanto más rentables son financieramente, más impacto social tienen. Si haces un proyecto en el ámbito de las escuelas, cuantas más escuelas, más impacto. Si haces un proyecto en el ámbito de la salud, igual; y lo mismo cuando haces un proyecto en el ámbito del cambio climático, que son los tres grandes verticales que tocamos.

¿No hay, por tanto, un intercambio o renuncia, lo que en el argot económico se conoce como trade off, entre rentabilidad y objetivos sociales o medioambientales? ¿No se sacrifica ninguno de ellos para obtener más rentabilidad?

Sí que existe, pero nosotros buscamos proyectos donde la correlación sea muy positiva. En el caso de La Fageda, por ejemplo, la empresa de lácteos que emplea a personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o en riesgo de exclusión social, cuanto más rentable es, a más personas con discapacidad puedo emplear. Aquí la correlación es positiva. Pero, en cambio, hay momentos en los que tengo que tomar una decisión de inversión entre si hago más cubas de leche o si invierto, por ejemplo, en un programa de formación para los chicos. Aquí o decido por el negocio o decido por la parte social. Pero las dos cosas están conviviendo al mismo tiempo en el resto de las empresas.

¿Qué métricas utilizáis y quién y cómo se decide si son suficiente o no?

Tenemos métricas financieras y métricas sociales. Las financieras son las mismas que para el cualquier sector. Para que te hagas una idea, para nuestro último fondo hemos tenido 150 inversores, que han puesto dinero durante 10 años para invertir en 33 proyectos. A los 10 años tenemos que salir de esos 33 proyectos y creemos que seremos capaces de darles una rentabilidad neta del 10% anual durante 10 años. Es decir, multiplicar el dinero por dos. De manera global, teniendo en cuenta que de los 33 proyectos habrá un tercio que se irá al traste, un tercio que quizá recuperas por encima, otros por debajo… Eso hace que casi todos los proyectos en los que trabajamos son proyectos con mucha tecnología, con mucho talento, con posibilidades de crecer de una manera destacada; no son el proyecto que puedas tener en mente de economía social tradicional, un proyectito pequeño —por decir algo— para hacer un yogur en un pueblo de la comarca del Berguedà [Barcelona]. Son proyectos para pensar en grande; como tecnologías asistenciales o tecnologías médicas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La clave del impacto es la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas

¿Y en cuanto a las sociales?

Son muy importantes, porque todos los proyectos de empresas de impacto deben poder medirse, y la medición del impacto es todo un mundo. La clave es lo que se llama la teoría del cambio. Preguntarte: tú, con tu proyecto, qué cambio quieres hacer en la sociedad, qué problema quieres resolver, qué solución planteas. Dentro de los indicadores, y ahora seré un poco técnico, los hay de output (lo que entregas) y de outcome (lo que consigues). Por ejemplo, con La Fageda: he dado trabajo a 47 chicos con discapacidad, eso está claro. Pero luego está el impacto real: ¿He resuelto el problema de la discapacidad en la comarca de la Garrotxa [Girona]? Sí, no hay. A nuestros inversores les tenemos que reportar cada trimestre los indicadores de impacto.

Mucha gente puede pensar que las actividades de impacto pueden derivar en greenwashing.

Sí y la clave radica en cómo mides tú los impactos de lo que haces y cómo los reportas. Si no estás comprometido con ese problema o no mides lo que haces, entonces es greenwashing. Lo estamos denunciando continuamente, es nuestro caballo de batalla. Ha hecho mucho daño que la economía y la inversión de impacto se hayan puesto de moda, porque ha provocado que muchos actores hayan venido a este espacio para poder atraer consumidores, inversores y proveedores, pero siguen haciendo lo que hacían. También hay mucha gente que hace pequeñas cosas de impacto y luego, por la puerta de atrás, hace muchas cosas que no lo son y que no comunica. Las memorias de sostenibilidad de las grandes empresas solo explican lo bonito, pero esconden en el cajón la insostenibilidad. Si me muestras solo las cosas bonitas y no toda la realidad de tu empresa, eso es greenwashing.

¿Me puedes poner un ejemplo?

No quiero señalar a nadie con el dedo. En Inglaterra, por ejemplo, un fondo que invertía en gimnasios low cost luego hacía todo un discurso de impacto diciendo que favorecían la lucha contra la obesidad. ¿De verdad invertir en gimnasios low cost es la manera más directa de reducir los niveles de obesidad?

¿Dónde está hoy el mayor riesgo: en que no haya impacto real o en que el impacto sirva como simple barniz ético, como maquillaje, para los negocios de siempre?

A ver... [pausa] Creo que el mayor riesgo es que la teoría del cambio se quede en teoría y no se convierta en cambio. Es decir, que aquello que el emprendedor tiene en la cabeza —una buena idea, una buena tecnología, un buen proyecto— y que ves que realmente lo intenta, no llegue a buen puerto. No es fácil: hay pocos que convierten su teoría en un impacto profundo, real y significativo. Nosotros a veces decimos que hay muchos proyectos que hacen “impactitos”, que está bien, pero a veces no dejan de ser parches o pequeñas gotas en un océano. Empresas que realmente crezcan, escalen y consigan un impacto profundo no hay tantas, esa es la verdad. Cuesta llegar al final del viaje, porque levantar una empresa es complejo.

Le he leído que el impacto debe estar en el ADN de la actividad principal de las empresas, no como complemento altruista. En España, la inversión de impacto sigue siendo minoritaria frente a la inversión tradicional. ¿Qué frena de verdad su expansión: la falta de capital, de proyectos sólidos, de voluntad política...?

Me gusta explicar la evolución de los últimos 25 años en el mundo de la empresa y del capitalismo. Al principio, las empresas básicamente querían ganar dinero y respetar la ley; el tema era respetar la ley. Después salió toda la ola de responsabilidad social corporativa, que al final era respetar la ley y tener buenas prácticas sociales y medioambientales adicionales que incorporabas dentro de la empresa, pero que no dejaban de ser un coste: trato mejor a mis trabajadores, pongo energía renovable en mi empresa, voy a África a hacer no sé qué. Para mí, esta tercera ola de poner el impacto en el ADN significa: no, ahora ya no hablamos de respetar la ley ni de hacer responsabilidad social; ahora hablamos de que tu negocio sea de impacto, que lo que haces realmente sea un negocio social, verde, con propósito; que tú, como empresa, adoptes una estrategia donde tus productos y tus servicios ya sean de impacto. Es decir, pones el impacto en el negocio, no en las buenas prácticas.

Segunda cuestión: ¿cuáles son las barreras para que esto crezca? Que los consumidores tengan más conciencia, que aún les cuesta, y aunque vamos avanzando, ahora hay la sensación de que vamos hacia atrás. Cuando el cliente lo pida es cuando esto explotará. Es verdad que hay barreras regulatorias y de otro tipo, pero la clave es que la gente tome conciencia, que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no.

Los consumidores deben actuar con más consciencia. Que los jóvenes dejen de comprar en Temu y en Shein, por ejemplo. Y quien habla de eso habla del coche, de las finanzas, de la alimentación, de los materiales cuando te compras una casa, de los viajes… en todos los sectores empieza a haber mucha oferta de impacto que puedes escuchar o no

Muchos lectores pueden desconfiar del discurso que deja en manos del mercado la solución de problemas estructurales. ¿Puede la inversión de impacto sustituir —o corre el riesgo de sustituir— políticas públicas que deberían ser irrenunciables, como la vivienda, la sanidad…?

Intentaré responder desde dos ángulos. El primero es que claramente no debería ser así: la inversión de impacto ha venido a complementar el trabajo que se hace desde el sector público y desde la filantropía, no a sustituirlos. La inversión de impacto es algo transversal políticamente, que defienden tanto la derecha como la izquierda. El discurso es: señores, el Estado y la filantropía no están resolviendo los problemas de la sociedad y de la humanidad; necesitamos que el mercado, que mueve cinco veces más dinero que la filantropía y el Estado juntos, también contribuya y lo haga con su actividad, haciendo un capitalismo más inclusivo, más social, más de impacto, eso es.

Segundo ángulo, muy importante: creemos mucho en el cambio sistémico, es decir, en que los problemas se resuelven cuando los diferentes actores alrededor de ese problema y los distintos bolsillos —el público, el privado y el filantrópico— trabajan de manera conjunta sobre un problema concreto. Tú has mencionado algunos: vivienda, inclusión social, sanidad… Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy metidos en la gente mayor, que sufre soledad, precariedad y cronicidad. Este problema no lo puede abordar solo la administración, porque es un tema con muchísimas aristas. Todo el mundo va por su cuenta: la administración, por un lado, la Fundación La Caixa por otro, las start-ups, los hospitales… Tenemos que ser capaces de coordinar los distintos bolsillos, que tienen diferentes rentabilidad-riesgo y parten de lugares distintos. Este giro ha sido muy importante en la estrategia de Ship2B: hemos pasado del impacto individual al impacto colectivo. Ya no solo queremos invertir en proyectos individuales, sino que queremos abordar retos y trabajarlos de forma sistémica coordinando a los distintos actores.

¿Qué ámbitos concretos consideras que la inversión de impacto puede abordar con resultados tangibles, y en cuáles crees que siguen siendo necesarias políticas públicas robustas?

Hay espacios que son mucho más afines al sector público. Si hablamos de temas de pobreza o de educación, aquí es complicado que el mercado aporte gran cosa. Pero en ámbitos como la salud, el cambio climático, la vivienda, las infraestructuras o la transición energética es mucho más fácil entrar, hay muchas más oportunidades.

Para un lector que quiere que su dinero —ahorros, pensiones, consumo— tenga un impacto positivo, ¿cómo distinguir entre proyectos transformadores y puro marketing verde o social?

Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. Lo primero que debes hacer es relajarte, todos somos imperfectos y hay mucha gente que se obsesiona con intentar ser supersostenible y, oye, podemos hacer lo que podemos hacer; todos tenemos una vida compleja, con mil cosas, y llegamos hasta donde llegamos. Cuando se habla de impacto hay un concepto que se llama la materialidad. Quiere decir: en aquello en que crees que eres más significativo, donde tienes tu talento, tu trabajo, aquello en lo que eres más relevante o que te define en tu ADN, pregúntate si puedes generar impacto. En tu caso, dónde crees que generarás más impacto en tu día a día que como periodista. Eso es lo fundamental; luego quizá puedes ir a comprar a Veritas o comprarte un coche híbrido o eléctrico. Pero en lo fundamental de lo que haces en la vida es donde dejarás más huella, más impacto.

Una parte creciente del capital de impacto proviene de fondos públicos o semipúblicos. ¿Qué tipo de rendición de cuentas debería exigirse cuando se usan recursos colectivos para financiar proyectos con retorno privado?

Los mismos que se utilizan en cualquier convocatoria competitiva, pero con un añadido. Creo mucho en la filosofía del bien común, que dice que la administración pública debería incentivar más a quienes contribuyen más y menos a quienes contribuyen menos. La administración debería ser capaz de tener en cuenta a quienes aportan más a la sociedad. En Catalunya es muy típico priorizar un poco a las entidades del tercer sector, por ejemplo. Los ayuntamientos empiezan a tener en cuenta los criterios de impacto cuando lanzan convocatorias.

En los últimos años grandes fondos y multinacionales se han sumado al lenguaje del impacto y los criterios ESG, que ahora están cambiando el significado de sus siglas debido a toda la contaminación MAGA de Donald Trump. ¿Le preocupa?

Vivimos un momento muy convulso, geopolíticamente muy enrevesado. Soy de los que piensan —y estoy convencido— de que el modelo social europeo es el mayor hito de desarrollo que ha logrado la humanidad en toda su historia y que, por tanto, debemos ser capaces de resistir frente a modelos alternativos que no son tan buenos. El modelo social europeo tiene muchos problemas y no siempre se resuelven bien; el Estado sigue teniendo muchos ámbitos de mejora: hay mucho margen para ser más eficientes e innovadores, los índices de corrupción generan mucha distancia con el ciudadano, sí. Pero debemos seguir defendiendo los valores que siempre nos han definido. Europa, siento, es la resistencia.

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo sobre las inversiones que se realizarán con los 271 millones de euros que tuvo la comunidad foral de superávit en el año 2024. Los detalles del acuerdo los dará a conocer el miércoles el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, tras la aprobación del Plan de Inversiones, pero este lunes la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha avanzado el acuerdo para el destino del superávit que estará incluido en el plan.

La portavoz de EH Bildu ha celebrado el acuerdo, que según ha apuntado, servirá para que “este dinero se utilice en favor de la ciudadanía”. “Cuando EH Bildu participa en la toma de decisiones, es la ciudadanía navarra la que gana”, ha afirmado.

Entre las propuestas pactadas entre EH Bildu y el Ejecutivo navarro se encuentran la financiación de la variante de Arraitz, la sustitución del puente de San Andrés en la localidad de Villava, el impulso a un centro logístico agroalimentario en Noáin, así como inversiones en sanidad y vivienda.

Según ha precisado Laura Aznal, se trata de propuestas concretas en las que han “priorizado” la lucha contra la despoblación con la variante de Arraitz, una infraestructura “necesaria desde hace décadas” que es “estratégica y urgente”.

También las consecuencias de la emergencia climática “como las inundaciones”. “Hemos garantizado los fondos necesarios para la sustitución del puente de San Andrés de Villava”, ha informado, para precisar que han solicitado 2,3 millones de euros que “van a permitir que por fin este puente se pueda sustituir”.

Además, ha detallado que apuestan por la soberanía alimentaria y han impulsado, en sus propuestas, el centro logístico de Noáin para pequeños productores porque les “preocupa el dominio de la gran distribución en la comercialización del sector agrario”. “En este centro de Intia se desarrollará una actividad clave para el producto local y sostenible y también será un punto de venta directo para los consumidores”, ha expuesto.

Aznal ha comentado además sus propuestas en el ámbito sanitario como mejoras en las instalaciones del hospital de Tudela, mejoras en la accesibilidad de las personas en el CASSYR de Andraize y de la climatización del Hospital Universitario de Navarra, así como medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de vivienda.

También han valorado de forma positiva el acuerdo los socios de Gobierno PSN y Geroa Bai. “Nos va a permitir destinar muchísimos más recursos a prioridades de la ciudadanía” como vivienda, más infraestructuras educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de ámbito industrial y “todo tipo de inversiones que van a poder permitir mejorar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía navarra”, ha destacado la parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu. “Es un principio de acuerdo para reinvertir millones de euros en cuestiones que se contemplan como estratégicas en materias de salud, de industria, en el sector primario e infraestructuras de cohesión territorial”, ha añadido el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona.

El principal partido de la oposición, UPN, ha criticado que haya sido EH Bildu quien haya anunciado el acuerdo sobre el destino de las inversiones y no el Gobierno de Navarra, al que ha acusado de “permitirle todo” a la izquierda abertzale. “EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra, pero a este paso la diferencia que va a tener con el Partido Socialista y con Geroa Bai va a ser abismal”, ha señalado Javier Esparza.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

El Gobierno de España va a invertir más de 23 millones de euros en la modernización del Centro de Adiestramientos Especiales, ubicado en Logroño. La delegada del Gobierno en La. Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha explicado que estas obras de modernización se enmarcan dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Segurida del Estado, conocido como PLISE y su objetivo es “mejorar la infraestructura para poder realizar otro tipo de prácticas de adiestramiento”.

Y además de estos trabajos, la Delegada del Gobierno en La Rioja ha repasado otras intervenciones como “las obras de eficiencia energética realizadas en el acuartelamiento de Cervera del Río Alhama, unos trabajos cuya inversión ronda el millón de euros y que han sido sufragados con fonos europeos Next Generation”. O las obras en el cuartel de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua en el que se han invertido 12,6 millones de euros y que aún se están ejecutando.

Al margen de estas actuaciones, Arraiz ha destacado el número de efectivos en La Rioja que “se sitúa por encima de la media nacional en el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, con un aumento de un 11 por ciento respecto al año 2018”. Arraiz lo ha comparado con el periodo 2011-2018 en el que “nuestra región perdió 233 efectivos” mientras que desde 2018 hasta la actualidad, “se han ganado 163”.

Este refuerzo, ha precisado la delegada del Gobierno “tiene un impacto directo en los resultados”, ya que La Rioja “mantiene una tasa de criminalidad significativamente inferior a la media nacional, con 36,7 infracciones por cada mil habitantes frente a más de 50 en el conjunto de España”. Datos que demuestran “que La Rioja es una tierra segura, y que lo es gracias al trabajo constante de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concluido Arraiz.

El Gobierno de La Rioa invertirá 1,65 millones de euros en actuaciones que ayuden a prevenir incendios forestales en los montes de La Rioja Baja hasta 2028. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes por el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinará esta inversión al proyecto de mejoras selvícolas para la conservación y estabilidad de las masas forestales en Montes de Utilidad Pública (MUP) de La Rioja Baja durante el periodo 2026-2028.

El proyecto contempla la realización de trabajos de clareo, desbroce, poda y eliminación de combustible vegetal, así como intervenciones dirigidas a reducir la densidad de las masas forestales y favorecer su regeneración natural. Estas labores son esenciales para mejorar el estado sanitario de los montes y reducir el riesgo de incendios forestales, al disminuir la carga de combustible.

De forma complementaria, el proyecto contempla actuaciones de reposición en repoblaciones protectoras y el apoyo al operativo de lucha contra incendios, de manera que, durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de octubre de cada anualidad, las cuadrillas podrán integrarse en labores de extinción, control y liquidación de incendios forestales.

La actuación garantiza una adecuada gestión forestal mediante el desarrollo de tratamientos selvícolas orientados a mejorar la estructura, vitalidad y estabilidad de las masas forestales riojanas, reforzando su capacidad de adaptación frente a riesgos como incendios, pero también a plagas o fenómenos climáticos adversos.

En 11 municipios de La Rioja Baja

Los trabajos se desarrollarán en Montes de Utilidad Pública ubicados en los términos municipales de Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Autol, Bergasillas Bajera, Cervera del Río Alhama, Enciso, Navajún, Préjano, Quel, Villarroya y Zarzosa. Entre ellos, destaca el monte ‘Valdemer y Valdelloto’ en Bergasillas Bajera, que cuenta con certificado de gestión forestal sostenible (PEFC), lo que garantiza la aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos en su gestión.