Participaciones societarias valoradas en más de 2,8 millones de euros, grandes cantidades destinadas a fondos de inversión, inversiones fallidas, criptomonedas y saldos bancarios superiores a los dos millones de euros. Son algunos de los datos que desvelan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de más de 352 cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, y sus respectivos cónyuges.

El listado, publicado por la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, incluye a miembros del Gobierno regional, directivos de organismos públicos, responsables sanitarios y personal eventual que han presentado sus declaraciones por nombramiento, cese o en cumplimiento de la obligación anual establecida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Abarca toda la estructura administrativa regional, pero reúne perfiles de distintos niveles de responsabilidad institucional: directores generales, delegados provinciales, responsables de organismos autónomos y asesores de los gabinetes.

En el bloque de altos cargos aparecen la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno regional, los titulares de las consejerías y responsables de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. El documento incluye además a directivos del SESCAM, responsables de gerencias hospitalarias, representantes de medios públicos y dirigentes de empresas y fundaciones vinculadas a la Administración autonómica.

A ellos se suma el personal eventual, integrado por directores de gabinete y asesores destinados a funciones de comunicación, prensa, innovación y otros ámbitos de apoyo institucional.

Las cifras patrimoniales y salariales ofrecen una visión de los bienes, las inversiones y los ingresos declarados por los responsables públicos, aunque su interpretación requiere distinguir entre patrimonio societario, activos financieros, saldos bancarios e ingresos del trabajo.

Datos patrimoniales más destacados

Con todo ello, no es en los altos cargos donde se aprecia un mayor patrimonio. Uno de los datos más destacados, por ejemplo, corresponde a María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN). Su declaración incluye una participación del 38,41 % en la sociedad Torre de Abraham, S. L., con un valor declarado de 2,8 millones de euros. En la misma declaración, figura también el cobro de 192.050 euros en concepto de dividendos y participación en beneficios procedentes de esta misma entidad

La participación societaria constituye la cifra de mayor volumen entre los activos destacados en el resumen de las declaraciones. No obstante, su valoración no debe confundirse con dinero disponible en efectivo ni con el valor total de la sociedad, ya que corresponde a la participación declarada.

Otro de los patrimonios que sobresalen es el de Francisco Javier de Irizar Ortega, consejero y presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya declaración recoge participaciones societarias de su cónyuge en IROR Inversiones, S. L., valoradas en 3,7 millones de euros. Asimismo, en la propia declaración del titular consta que él posee un 38% de participación en dicha sociedad y ejerce como su administrador único.

Por su parte, Alberto Jara Sánchez, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), declara un saldo medio conjunto de cuentas bancarias, depósitos y otros activos por importe de 2,7 millones de euros, según los datos aportados.

Fondos de inversión, Letras del Tesoro y criptomonedas

El documento también recoge otros activos financieros de cuantía relevante y productos de inversión de distinta naturaleza. Entre ellos figura Carmen Encinas Barrios, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que declara 406.272 euros en un fondo de inversión de Diaphanum (entidad de asesoramiento financiero y gestión patrimonial) y 91.200 euros en un plan de pensiones.

Las declaraciones incluyen asimismo inversiones en activos digitales y metales preciosos. Por ejemplo, Víctor Moreno Fernández, asesor de Comunicación Social como personal eventual, refleja posiciones en la criptomoneda Bitcoin por un importe indicado de 2.114 euros y en oro físico por valor de 1.710 euros a través de Trade Republic (banco alemán y plataforma digital de ahorro). Por su parte, Sara Elisa Fernández Calcerrada, también asesora como personal eventual de la Junta, declara igualmente saldo en Bitcoin.

Otro dato singular es el de Francisco Damián Montoro Carrión, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Su declaración recoge más de un millón de acciones de clase A en la empresa Abengoa, actualmente valoradas en cero euros. Este tipo de acciones fueron suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de julio de 2020 y posteriormente excluidas de forma definitiva de las bolsas el 26 de septiembre de 2022 tras entrar en fase de liquidación.

Cabe señalar, no obstante, que la inclusión de estas acciones muestra que una declaración patrimonial puede reflejar participaciones cuyo valor declarado sea nulo, sin que ello implique necesariamente que nunca hayan tenido valor económico.

Entre las declaraciones de bienes e inversiones publicadas para los altos cargos y directivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el mayor patrimonio, después del de la mencionada cónyuge del presidente del Consejo Consultivo; el de María Belén López Donaire y el de Alberto Jara, es el de Damián Aranda, director gerente de Atención Integrada de Valdepeñas (perteneciente al SESCAM) con 370.000 euros en un producto financiero estructurado y depósitos bancarios.

El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para el próximo año 2027 superará los 200 millones de euros, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz. Un asunto que, como ha apuntado, se ha abordado en la parte no resolutiva de la Junta de Gobierno Local, y que supone que “este equipo de Gobierno está trabajando desde hoy con esos presupuestos”. Todo, ha añadido, “con idea de que entren en vigor en enero del 2027, asumiendo la responsabilidad que tenemos de que es el principal instrumento para que una administración pueda dar un servicio público eficaz y eficiente”.

En este sentido, “hoy lo que hemos hecho es dar el primer paso, precisamente en esta reunión de la Junta de Gobierno Local, porque mañana se va a dar cuenta en el pleno de las líneas fundamentales de ese presupuesto 2027, que ya han sido remitidas al Ministerio y que son sobre las que se va a trabajar”.

Así, lo que ha adelantado es que “será un presupuesto que superará los 200 millones de euros y que contemplará inversiones como pueden ser, por ejemplo, Cien Tiendas, calle San Antón, Barranco de Oyón o el Mundial 82, entre otras”.

Ha recordado, eso sí, que “el anteproyecto será sometido a enmiendas por el resto de los Grupos Políticos”, tras lo que “una vez que se tenga ya formalizado”, se dará cuenta “mucho más detallada”.

“Lo que sí que les puedo garantizar es que, como decimos, estamos trabajando para que ese presupuesto entre en vigor en enero, sea un presupuesto que atienda todas las necesidades de los logroñeses y las logroñesas. Y con nuestra premisa que será el rebajar la carga fiscal para los logroñeses y las logroñesas”, ha reseñado.

A preguntas de los periodistas, sobre el caso específico de la calle San Antón y de la recién comenzada nueva rotonda de Vara de Rey que va a comunicar el entorno, Sanz ha señalado que “nosotros siempre hemos dicho que la intervención urbana que estamos realizando en esa glorieta de Vara de Rey es una de las fases que para nosotros es fundamental de cara no solo a la pacificación de todo ese entorno, sino también a la conexión con lo que es San Antón”.

Y apuntando que, en esta vía, “estamos trabajando en un proyecto del que sí que existen unas líneas”, y que “se dará a conocer en el momento que esté cerrado el proyecto definitivo”, ha incidido la portavoz en que “la intervención en la calle San Antón es uno de los hitos que este equipo de Gobierno tiene y que estará previsto en ese presupuesto para 2027”.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha licitado este viernes 2, el proyecto de mejora funcional, urbana y paisajística de la carretera LR-202 a su paso por Haro, en un tramo de travesía coincidente con la calle Bretón de los Herreros de la localidad jarrera, con un presupuesto base de 604.907,01 euros y un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la firma del contrato. 

El objetivo de esta actuación, que abarcará desde el kilómetro 0,190 al 0,570 de la carretera, es reforzar la seguridad vial, mejorar la funcionalidad del tramo y favorecer la integración de la travesía en el entorno urbano y paisajístico de la localidad.

La intervención principal consiste en la reordenación del espacio peatonal de la carretera en base a criterios de accesibilidad universal. Asimismo, se impulsará un eje verde paralelo a la calzada y se adecuará una zona estancial al final del tramo. La actuación se completará con la renovación del firme, así como de la señalización horizontal y vertical. 

La mejora peatonal se centrará en la margen derecha de la calle, en una franja actual de tierra de entre 6 y 7 metros de anchura que separa la zona residencial de la calzada. Se trata de un espacio desordenado y sin pavimentación que es utilizado como aparcamiento, dificultando y poniendo en riesgo el tránsito peatonal.

En esta área, se ejecutará una amplia acera peatonal, de entre 4,4 y 4,7 metros de anchura, para ofrecer mayor seguridad, comodidad y accesibilidad a los viandantes. El pavimento estará compuesto de losas y adoquinado de diferentes tamaños y colores, y baldosa podotáctil en las zonas de pasos peatonales. 

Zona estancial conectada con un parque contiguo

A lo largo del área peatonal se instalará mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente. Asimismo, a la altura del kilómetro 0,500, se habilitará una zona estancial conectada con un parque contiguo cercano a la cuenca del río Tirón.  Por otro lado, se ejecutará un parterre ajardinado de 2 metros de anchura que separará la acera de la calzada. El actual arbolado se mezclará con nuevas especies arbóreas y arbustivas, lo que incluirá la plantación de doce nuevos árboles. 

Redistribución de la calzada y nuevo firme

El proyecto abarca la redistribución de la calzada para conseguir 2 carriles de 3 metros de anchura cada uno y un arcén de 0,50 metros junto a la acera existente en la margen izquierda de la calle. 

La renovación del firme se llevará a cabo mediante una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor. El refuerzo de la seguridad vial se completará con la instalación de nuevas señales y marcas viales, así como una rigola de drenaje y un bordillo para separar el tráfico rodado y peatonal.

Finalmente, se aprovechará esta actuación para desplegar nuevas canalizaciones subterráneas de telecomunicaciones y electricidad para poder retirar en el futuro los tendidos aéreos.

El Gobierno andaluz aspira a que madure y se consolide el ecosistema de capital riesgo de la comunidad, para que así más empresas tengan acceso a una financiación que no encuentran en el sector bancario convencional. Para avanzar en este objetivo, se han presentado tres nuevos fondos que estarán operativos antes del 31 de diciembre y que aspiran a permitir avanzar a unas 60 empresas con proyectos innovadores, lo que se traducirá a su vez en la creación de unos 2.000 nuevos empleos.

Éstas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que ha presidido el lanzamiento de estos tres nuevos productos diseñados con la colaboración público-privada como telón de fondo. Esto se concreta en que la Junta aporta 58,8 millones de euros, mientras que las tres gestoras de capital privado que moverán estos fondos pondrán casi 18 millones de euros. La suma asciende a 76,72 millones, con la que se ha hecho la previsión “conservadora” de que movilizarán 150 millones de inversión empresarial.

Estos fondos de capital riesgo, diseñados sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes), permitirán darle alas a “proyectos de vanguardia y punteros” aportando fondos –vía por ejemplo ampliaciones de capital o préstamos participativos– a los que las compañías no pueden acceder en el sector bancario por la singularidad no exenta de riesgo de sus apuestas empresariales. Esto además camina en la dirección del objetivo que se marca Paradela, que Andalucía “sea a gran región industrial y tecnológica del sur de Europa”.

Mecanismo competitivo

La encargada de diseñar estos productos financieros ha sido Andalucía Trade, la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta, que abrió un proceso de licitación tras el cual se seleccionó para la gestión de los fondos a Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers. Esto permitirá aportar financiación a proyectos innovadores que, de otra manera, lo tendrían imposible para desarrollarse o crecer.

Entre estos tres fondos, uno para startups y dos de expansión, la Junta aportará 63,72 millones de euros, y los 13 restantes hasta alcanzar los 76,72 anunciados se distribuirán de acuerdo a un mecanismo competitivo. Esta cantidad se centrará en los fondos de expansión y se repartirán en proporción al nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento, favoreciendo así al fondo que haya demostrado una mayor capacidad de inversión y movilización de recursos.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras que el periodo de desinversión se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2034. Esta nueva oferta para la financiación de pymes especializadas llega tras una convocatoria anterior en la que, según la Junta, se ha conseguido casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado.

“Cubrir un fallo en el mercado”

La aportación público-privada en capital riesgo se tradujo en la legislatura anterior (2022-2026) en 520 millones de euros de financiación adicional. La experiencia hasta la fecha se considera muy positiva si se tiene en cuenta que el 92% de las empresas que han accedido a estos fondos siguen vivas cinco años después.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha apostillado que estos productos no nacen para competir con el sector privado, sino para “cubrir un fallo en el mercado” ya que se calcula que hay una carencia de financiación de al menos 100 millones de euros. De ahí también la apuesta por dejar la gestión de los fondos “en manos de profesionales acreditados”, gestoras de capital privado que hacen de intermediarias y que se llevan “el impacto mayor” si una empresa no cuaja.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Gallinero de Cameros, Federico Martínez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito este viernes 2 de octubre un convenio de colaboración que permitirá la construcción de un espacio cubierto para el almacenaje de vehículos municipales, pequeña maquinaria y materiales destinados al mantenimiento de los servicios públicos.

La aportación económica del Gobierno de La Rioja ascenderá a 70.199,99 euros, que representan el 90 por ciento del presupuesto total de ejecución de las obras. El 10 por ciento restante, hasta los 77.999,99 euros por los que ha sido adjudicado el proyecto, será asumido por el Ayuntamiento de Gallinero de Cameros.

“Esta construcción va a servir para proteger de las inclemencias meteorológicas los diferentes recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para mantener el municipio, como un coche, una quitanieves, un vehículo dumper, remolques, una desbrozadora, una cortacésped, así como la sal que se emplea para evitar acumulaciones de nieve”, ha señalado el consejero durante la visita al solar donde se ejecutará esta actuación.

En este sentido, ha subrayado “el compromiso firme y claro del Gobierno de La Rioja hacia el medio rural con inversiones como estas que permiten a los pequeños ayuntamientos ejecutar obras e infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar la calidad de vida en nuestros pueblos”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para llevar a cabo esta obra que en el futuro evitará que los vehículos municipales sufran averías derivadas de la meteorología adversa, especialmente del invierno. “Si no fuese por el convenio que hemos firmado, no podríamos acometer esta obra tan importante para el pueblo”, ha apuntado Federico Martínez, para quien “es positivo que desde el Gobierno regional se siga invirtiendo en los pequeños municipios”.

Espacio contiguo al Ayuntamiento

El espacio se levantará en una parcela contigua al Ayuntamiento situada en la intersección de las calles La Plaza y Real. La estructura contará con una superficie útil total de 42,11 m², de los que 19,43 m² estará destinados a un porche cubierto para el estacionamiento de vehículos, y los 21,68 m² restantes a un almacén cerrado para guardar maquinaria y materiales municipales.

Los trabajos comenzarán con los movimientos de tierra, consistentes en el rebajado de la parcela para la ejecución de la cimentación y la nivelación del acceso del futuro almacén por la calle real. Posteriormente, la cimentación se resolverá con zapatas arriostradas, vigas riostras, muros de hormigón armado en el fondo y un canal que recogerá y conducirá el agua de lluvia de las cubiertas hasta el arroyo que discurre frente al solar.

Por su parte, la estructura estará formada por tres pórticos con pilares y cerchas de madera laminada. La cubierta, que será de madera laminada y teja mixta cerámica roja con acabado envejecido, estará inclinada con pendiente a un agua del 30 %. Asimismo, contará con un caz de hormigón bajo el alero posterior, conectado a una tubería de PVC, para la recogida y conducción de aguas pluviales hacia el arroyo. 

La zona de almacén se cerrará mediante bloque de termoarcilla de 19 centímetros, revestido por ambas caras con mortero de cemento blanco hidrófugo. El recinto dispondrá de una puerta basculante de chapa, revestida por su cara exterior con madera y dotada con puerta peatonal. 

Por último, se instalará una toma de corriente para la carga de baterías de la pequeña maquinaria, como ampliación de la instalación eléctrica existente en el Ayuntamiento. Asimismo, se colocará un poste con focos led para el refuerzo del alumbrado del acceso al almacén, conectados al alumbrado público del entorno.

El Tesoro Público afronta un mes de octubre decisivo para su calendario de emisiones de deuda pública con la celebración de nuevas subastas en el mercado primario. El organismo dependiente del Ministerio de Economía mantiene su estrategia de obtener financiación a corto, medio y largo plazo mediante letras y bonos. Las fechas marcadas son el 6 y el 13 de octubre, dos jornadas clave en las que se ofrecerán diferentes tramos de vencimiento adaptados a la demanda. Estas emisiones coinciden con un creciente interés de los inversores particulares en busca de rentabilidades atractivas.

La primera cita del mes tendrá lugar este próximo martes 6, jornada reservada para la subasta de letras del Tesoro a plazos de 6 y 12 meses. En esta operación, las letras a 6 meses vencerán el 9 de abril de 2027, mientras que los títulos a 12 meses fijan su amortización el 8 de octubre de 2027. La fecha oficial de emisión de los valores adjudicados ha quedado establecida para el viernes 9 de octubre de 2026. Los títulos ofertados en este primer tramo permiten asegurar una rentabilidad fija a corto plazo, contando con el respaldo directo y la máxima garantía que ofrece el Estado.

Respecto a la operativa para acudir a la subasta del 6 de octubre, el plazo para presentar peticiones de forma online finalizó el 29 de septiembre. Sin embargo, los inversores particulares que optan por la vía presencial en las sucursales del Banco de España disponen hasta mañana viernes para registrar sus ofertas. Asimismo, los suscriptores no pertenecientes al Mercado Primario debieron aportar un depósito previo obligatorio del 2% sobre el nominal solicitado. Esta garantía se ajusta tras la subasta, devolviendo el sobrante de forma automática al inversor sin aplicar comisión alguna.

Una semana más tarde, el martes 13, el Tesoro celebrará la segunda subasta de letras del mes, centrada en los plazos de 3 y 9 meses. En este evento financiero, las letras a 3 meses tendrán su amortización el 15 de enero de 2027, mientras que las letras a 9 meses vencerán el 9 de julio de 2027. La fecha de emisión formal para ambos productos se ha fijado para el viernes 16 de octubre. Esta segunda convocatoria ofrece alternativas líquidas de muy corto plazo para aquellos perfiles ahorradores que prefieren flexibilidad y una rápida rotación del capital invertido.

Los plazos administrativos de la subasta del 13 de octubre fijan el límite de peticiones telemáticas en la web del Tesoro para el martes 6. Asimismo, la tramitación presencial en las oficinas del Banco de España permanecerá abierta hasta el mediodía del jueves 8. En el reparto de la deuda, el Tesoro adjudica en primer lugar las ofertas no competitivas, en las que el inversor solicita una cantidad en euros aceptando el precio medio ponderado resultante. A continuación, se ordenan y cubren las ofertas competitivas de mayor a menor precio hasta alcanzar la cantidad deseada.

Junto a las letras a corto plazo, la programación del Tesoro Público incluye subastas de Bonos y Obligaciones del Estado previstas para el 1 y el 15 de octubre de 2026. A diferencia del papel a corto plazo, los bonos y obligaciones son títulos de renta fija emitidos a medio y largo plazo con vencimientos entre dos y treinta años. Estos activos abonan cupones periódicos anuales de interés sobre el nominal adjudicado y comparten la exigencia de una inversión mínima de mil euros. Los detalles relativos al cupón y vencimiento de cada emisión se publican previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Gran interés

El sistema de inversión en letras y bonos se basa en un valor nominal estandarizado de mil euros por título, requiriendo solicitudes en múltiplos exactos de dicha cifra. Las letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que el precio desembolsado en la suscripción es inferior al valor nominal recuperado al vencimiento. De este modo, la ganancia bruta del inversor equivale a la diferencia exacta entre los mil euros reembolsados por el Estado al amortizar el título y el importe menor pagado al inicio. Este mecanismo transparente garantiza conocer de antemano el rendimiento final de la operación.

El interés del público minorista por las emisiones del Tesoro se mantiene en niveles récord, impulsado por rendimientos que rondan el 3% anual a un año. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de letras en manos de particulares alcanzó los 22.081 millones de euros tras sumar 822 millones en un solo mes. Esta cifra representa el 26% del total en circulación, consolidando a la deuda pública como el refugio preferido por los ahorradores frente a la inflación previa a la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo.

La automoción y la movilidad se darán cita el día 14 de octubre en Barcelona para conocer y analizar las principales conclusiones del Barómetro Movilidad+Auto 2026 de elDiario.es. El encuentro, que tendrá lugar en Casa Seat, reunirá a representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales, compañías del sector y responsables de las administraciones públicas encabezados por el 'conseller' de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, para abordar los retos y las oportunidades de una actividad inmersa en una profunda transformación.

La presentación del Barómetro Movilidad+Auto 2026 se celebrará el miércoles 14 de octubre, de 11.30 a 14.00 horas, en Casa Seat, situada en el Passeig de Gràcia, 109, de Barcelona. Los asistentes, que recibirán un ejemplar de la revista con los resultados del sondeo y los análisis de los líderes del sector, han de registrarse previamente a través de este formulario de reserva .

La presentación del barómetro constituye uno de los principales hitos de la nueva etapa de Movilidad+Auto, el canal especializado en información y análisis sobre el sector del automóvil y el conjunto de la movilidad que elDiario.es presentó en septiembre en su redacción de Madrid. La iniciativa nace con la voluntad de ampliar la cobertura tradicional del automóvil y ofrecer una mirada transversal sobre la industria, el mercado, los servicios de movilidad y sus efectos sobre las empresas, los trabajadores y los usuarios.

El sondeo, elaborado con la colaboración de las principales asociaciones sectoriales y organizaciones sindicales, recoge la evolución y las expectativas de las empresas y los profesionales de toda la cadena de valor de la automoción y la movilidad. La primera edición del Barómetro Movilidad+Auto 2026 analiza la evolución de los negocios, las perspectivas de inversión y empleo y los desafíos de la transición ecológica en un contexto marcado por la llegada de nuevos competidores chinos, las tensiones geopolíticas y los cambios regulatorios y tecnológicos.

Ponentes de primer nivel

Los resultados del estudio serán objeto de análisis por parte de los principales representantes del sector. El encuentro contará con la participación de Daniel Cortina, director de Estrategia y Relaciones Institucionales y Secretario General de SEAT & CUPRA; de Arancha García, directora de Industria de Anfac; Javier Pujol, presidente de Sernauto y CEO de Ficosa; Josep Maria Vall, presidente del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC); Jordi Carmona, secretario de automoción de UGT FICA; Rafa Guerrero, responsable de CCOO en Seat S.A.; Agustí García, vicepresidente de Faconauto y CEO de Yomovo; Jaime Barea, presidente de Ganvam; José María Riaño, secretario general de Anesdor; Ferran Menescal, director técnico de Aedive; José-Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER); Jordi Gazo, vicepresidente de AEMES Smart y CEO de Floox; y May López, directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible.

El 'conseller' de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, será el encargado de cerrar el encuentro explicando la visión desde el Gobierno de una de las comunidades autónomas con más tradición y más peso en la industria de automoción española. Los detalles del encuentro y del programa se pueden consultar en este enlace.

El análisis de los resultados del Barómetro Movilidad+Auto 2026 tendrá una segunda cita destacada el 19 de noviembre en Madrid, en el marco del Evento de Movilidad Sostenible de elDiario.es.

Salvador Illa trata de superar la crisis educativa en la que se ha instalado su Ejecutivo con la promesa a los grupos políticos catalanes de mayor inversión, tal como exige también la comunidad educativa. El president, junto con la consellera del ramo, Esther Niubó, ha reunido este viernes a socios y oposición para escenificar ese compromiso. 

Tras una reunión de dos horas en el Palau de la Generalitat, a la que han participado todos los partidos salvo Vox, la consellera Niubó ha anunciado la creación de dos comisiones de trabajo con ellos: una para estudiar cómo alcanzar el 6% del PIB destinado a educación, un objetivo histórico del sector, y otro para coordinarse con el debate de modelo escolar que lidera al mismo tiempo el Consejo de Educación. 

La propuesta no ha satisfecho por ahora a los partidos, que la consideran poco concreta en fines y calendario, pero como mínimo ha conseguido que no se levanten de la mesa. Tanto oposición como socios han sido muy críticos con el Govern con su gestión del fiasco de PISA y del conflicto laboral con los docentes el curso pasado.

Niubó ha destacado algunos puntos de encuentro durante la reunión, como la “revisión y actualización” del modelo de escuela inclusiva –muy criticado por falta de recursos por parte de los docentes–. También han debatido sobre el fortalecimiento del modelo lingüístico y de acogida, la formación y la carrera docente o el papel de las nuevas tecnologías, a las que la Generalitat quiere restar presencia en favor de los libros en papel.

Con todo, Niubó ha reiterado la idea de que “difícilmente” se podrá alcanzar el 6 % en una legislatura y ha afirmado que hay un “paso intermedio”, que es alcanzar la inversión que actualmente realiza el Estado en educación.

En cuanto al otro grupo, se nombrará a una persona por cada grupo parlamentario, junto con el presidente del Consejo de Educación de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, para que puedan hacer “seguimiento” y trasladar sus aportaciones al debate impulsado desde el CEC, que incluye a sindicatos, familias, entidades y centros públicos y concertados.

La Audiencia Nacional ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas contra el emprendedor Carlos de Ory, contra el que se querellaron cientos de inversores por un presunto delito de estafa en su proyecto de “villas ecológicas” en una isla virgen de Indonesia. 

El auto, obtenido por elDiario.es, considera que no ha quedado acreditado que existiera una intención de incumplir las promesas con las que De Ory consiguió convencer a cientos de clientes para invertir en su negocio de construir una nueva ciudad en una isla indonesia. De Ory prometió a su vez grandes rentabilidades por alquilar las villas a terceros.

El proyecto, que debía entregarse en junio de 2025, acumula sin embargo graves retrasos y ningún inversor sabe del cierto cuándo estará operativa esa nueva ciudad.

La Fiscalía solicitó a principios de mes el sobreseimiento provisional de la causa después de que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía considerara que no estaba acreditado el “ánimo defraudatorio” y apuntara a la vía civil por un posible incumplimento contractual.

La UDEF considera que existió “una actividad inversora real y una ejecución material, al menos parcial, del proyecto anunciado” tras constatar que las sociedades de De Ory hicieron pagos superiores a dos millones de euros para adquirir terrenos, así como transferencias a empresas de arquitectura, constructoras y de venta de mobiliario.

El auto, que todavía es recurrible, destaca la comprobación realizada sobre el terreno por el Agregado de Interior de España en Indonesia, que constató la existencia efectiva de construcciones vinculadas al proyecto: veinte “glampings”, cuatro villas construidas, distintas infraestructuras auxiliares y personal trabajando en las instalaciones, coincidentes con lo publicitado en la página web del proyecto.

Los inversores que se presentaron en los terrenos también apreciaron la existencia de algunas construcciones, pero aseguraron a este periódico que estaban en mal estado y, en todo caso, muy lejos de poderse entregar en los plazos anunciados.

Desde que se presentaron las primeras querellas, los inversores consultados percibieron un acelerón en la construcción de los apartamentos en la isla virgen de Indonesia de Suma. De Ory incluso ha cambiado recientemente el perfil de su proyecto y ahora asegura que todos los beneficios se destinarán a organizaciones sin ánimo de lucro.

Pese a las discrepancias apreciadas entre lo anunciado y el estado real de ejecución del proyecto, el tribunal concluye que estos elementos “no permiten por sí solos” afirmar la “existencia de un engaño antecedente dirigido desde el inicio a la obtención fraudulenta de los fondos de los inversores”. 

El auto recuerda que “la insuficiencia, retraso o fracaso empresarial de un proyecto de inversión no constituye necesariamente ilícito penal”, siendo necesario acreditar que la intención de incumplir y apropiarse de los fondos existiera ya en el momento de su captación, extremo que el tribunal de instrucción considera no probado.

Hay una batalla interna en los despachos de las instituciones europeas del que depende el futuro de la industria de la UE. Los ministros del ramo se han reunido este jueves en Bruselas para determinar el alcance de la preferencia europea, es decir, qué porcentaje de un producto se tiene que fabricar en Europa para acceder a programas de contratación pública o ayudas de las Administraciones de la UE. El debate es vital para España, que tiene en cartera potentes inversiones de China en sectores fundamentales como el automóvil o las baterías. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha llegado a la capital europea con una propuesta española debajo del brazo en la que establece un sistema más flexible por capas que permite a determinados países no perder automáticamente el acceso a las ventajas de contratación y subvenciones públicas por no alcanzar los porcentajes establecidos en la fabricación para considerarse europeo.

“Somos partidarios de reforzar el espacio europeo como un ámbito de producción industrial porque nuestra estrategia básica es la reindustrialización, pero a la vez añadimos una visión pragmática de que en muchas cadenas de valor podemos contar con otras áreas y otros países del mundo”, ha declarado Hereu. España no cuestiona los porcentajes para considerar un producto europeo en determinados sectores (acero, cemento, aluminio, automoción, tecnologías limpias) que ha propuesto la Comisión Europea, pero quiere que haya más flexibilidad para que un país no sea expulsado del acceso a las ventajas de la Industrial Aceleration Act (la normativa europea que recoge el 'made in Europe'), subvenciones y contratación pública, y que la propuesta abarque a muchos más sectores (semiconductores, tecnologías digitales, aeroespacial, biotecnología, farmacéutica, etc)

Frente a la tolerancia que propone España y que países como Alemania no ven del todo mal, Francia aboga por una preferencia europea más dura en y que no se abra demasiado el margen de actuación a países terceros.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria han explicado que el modelo estricto puede provocar problemas en las cadenas de suministro si un producto depende de un componente que Europa todavía no fabrica o no fabrica en cantidad suficiente. La expulsión de ese productor del acceso a las ventajas públicas puede ser contraproducente industrialmente y generar problemas con socios comerciales.

Sistema de capas

En este sentido, las mismas fuentes explican que el modelo español se articula en tres capas donde la primera está constituida por los 27 países de la Unión Europea, es decir, producción genuinamente europea. Una segunda capa donde estarían los 27 más los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y podrían incorporarse otros países afines que tengan cadenas de valor estrechamente integradas con Europa y ofrezcan reciprocidad en sus relaciones comerciales e industriales, como es el caso del Reino Unido. Finalmente, habría otra tercera capa, que es lo que realmente diferencia a la propuesta española, donde estarían todos los anteriores más países con acuerdos comerciales, unión aduanera o determinados acuerdos de contratación pública con la UE. Esto supondría la inclusión de otros 80 países.

¿Por qué es relevante esta tercera capa? Porque incluiría a China, que es el elemento distorsionador por el que está normativa se está desarrollando. La propuesta española pretende que cuando Europa dependa de China por ser el único país con capacidad para ofrecer o fabricar un componente crítico concreto pueda ser admisible dentro de la tercera capa mientras Europa desarrolla alternativas. De esta manera, España pretende ofrecer a China la certidumbre legislativa necesaria para que siga desarrollando inversiones industriales en nuestro país sin perder las opciones de ayudas públicas o acceder a contratos de la Administración.

Por ejemplo, un Ayuntamiento quiere renovar su flota de vehículos. Con la propuesta de la Comisión solo podrían acceder a la venta los automóviles que en un 70% tengan componentes fabricados en Europa, excluida la batería. Con la propuesta española, la obligatoriedad es que las marcas ofrezcan un 40% fabricado en la UE y el 30% restante pueda proceder de una cadena industrial europea ampliada, es decir, que puedan ser piezas chinas ensambladas en fábricas españolas. “Es una forma de proteger la capacidad productiva europea sin exigir autarquía industrial”, ha comentado el ministro Hereu.

Otro ejemplo que han explicado fuentes de la Secretaria de Estado de Industria sería con las baterías. La Comisión propone que para acceder a las ventajas de la Industrial Aceleration Act una batería debe contar con tres componentes principales europeos y, en un periodo de tres años, cinco componentes europeos. La propuesta española añade el concepto de capas de manera que dos componentes de la batería tendrían que ser de países de la capa uno y al menos otros tres podrían ser de la capa dos.

La Comisión Europea centraliza las decisiones

España no propone un listado con tres capas permanentes, sino un sistema dinámico por países, sectores y componentes. La idea es que un mismo país podría tener una consideración diferente del producto o componente y podría subir o bajar de capa conforme aumente su integración, reciprocidad o fiabilidad respecto a Europa.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria explican que si un tercer país quiere que sus productos tengan mejor acceso al mercado europeo y a sus ventajas industriales, con este modelo va a tener más incentivos para negociar acuerdos, reciprocidad y cadenas de suministro más estrechas con la UE. De hecho, la propuesta española está hecha para que inversores de la capa tres inviertan en Europa junto a un socio local y vayan ampliando progresivamente la producción en el territorio, como ocurre con Ebro y Cherry, en Barcelona, o Santana y Baic, en Linares.

Para evitar confrontaciones políticas o que los 27 tengan que negociar en qué capa está cada componente, sector o país se crearía un sistema centralizado en la Comisión Europea, que tendría actualizado un sistema para que las Administraciones públicas tuvieran claro que marcas y productos pueden beneficiarse de las ayudas públicas o acceder a las licitaciones públicas.

Pero además, el modelo español parte del cumplimiento de que Europa asuma valor añadido cuando una empresa se establezca en el territorio para tener más acceso a las ventajas de la normativa europeo. Por eso, se establecería una guía para que la compañía deje tres huellas: en el ámbito industrial, con la incorporación de proveedores de la zona; tecnológica, que se traduce en que la tecnología tiene que ser compartida; y de empleo, con contrataciones de nacionales y formación. Además, tienen que cumplir con estándares sociales y laborales de Europa, con las exigencias medioambientales y de gobernanza, en sus relaciones con patronales, sindicatos, administraciones territoriales, etc.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha culminado las principales actuaciones de conservación, restauración y mejora desarrolladas en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con una inversión cercana a 2,85 millones de euros financiada por los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos han permitido actuar sobre distintos elementos arquitectónicos y patrimoniales del conjunto, recuperar espacios históricos, renovar instalaciones y mejorar las condiciones de visita de este bien, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La actuación principal, con una inversión de 1.551.315 euros, ha permitido intervenir en diferentes zonas del monasterio para mejorar su conservación y recuperar espacios vinculados a su historia. Entre ellas se encuentran las antiguas bodegas del ala oriental, donde se han realizado trabajos de limpieza y consolidación de los muros, recuperación de accesos históricos y adecuación de las instalaciones, además de habilitar un nuevo acceso peatonal exterior mediante una rampa accesible.

También se ha actuado en las salas situadas sobre las capillas de Montserrat y Parroquial, ampliando y acondicionando los espacios destinados a la visita museística donde se han recuperado estructuras y elementos originales y se han creado nuevos pasos interiores que permiten configurar un recorrido continuo; en las cubiertas de las salas expositivas existentes, en las antiguas celdas monásticas y en la Capilla de Convalecientes, con la restauración de sus paramentos y la renovación de sus instalaciones. 

Los trabajos han incluido igualmente la creación de una pasarela de acceso al balcón del presbiterio y la mejora de las instalaciones de la iglesia, así como la restauración de distintos bienes muebles, entre ellos la sillería del coro, diferentes piezas escultóricas, los lunetos de San Braulio, San Millán en la batalla de Simancas y San Millán patrón de España, así como elementos patrimoniales del conjunto.

Una intervención integral y necesaria en la torre de Yuso

La restauración de la torre del monasterio de Yuso ha supuesto una inversión de 1.063.934 euros y ha permitido abordar importantes problemas estructurales y de conservación detectados durante el desarrollo de los trabajos. Las inspecciones realizadas pusieron de manifiesto un deterioro más avanzado de lo previsto inicialmente en distintos elementos de madera del chapitel y la linterna, así como problemas en la cubierta de plomo y en algunos de los pináculos de piedra.

La intervención ha incluido la consolidación estructural y sustitución o refuerzo de elementos de madera deteriorados, la reconstrucción parcial del chapitel, la renovación completa de la cubierta de plomo, la restauración de los pináculos, la ejecución de un nuevo forjado en el cuerpo de campanas y la instalación de una nueva escalera hasta la linterna, junto con las medidas auxiliares necesarias para garantizar la seguridad y conservación de la estructura.

A estas actuaciones se suma la intervención sobre la linterna, cimborrio y faldón norte de la cabecera de la Iglesia, con una inversión de 232.000 euros.

Un ‘nuevo San Millán’ ante su 30.º aniversario como Patrimonio Mundial

El conjunto de estas actuaciones supone una mejora duradera para la conservación y puesta en valor del Monasterio de Yuso y contribuye a configurar un ‘nuevo San Millán’, con espacios recuperados, recorridos renovados y mejores condiciones para acercarse a su patrimonio. Muchas de estas actuaciones podrán además descubrirse y disfrutarse a través del recorrido inédito que propone la exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del Español’, que permitirá al visitante acceder a espacios hasta ahora no visitables y conocer de una manera diferente la historia y el patrimonio del monasterio.

La transformación del conjunto adquiere una especial relevancia ante la celebración, en 2027, del 30 aniversario de la declaración de San Millán de la Cogolla como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las intervenciones realizadas permiten afrontar esta efeméride con un monasterio mejor conservado y con nuevos recursos para su conocimiento, difusión y disfrute, que permanecerán más allá de la celebración de la muestra ‘AutorIA. La Rioja, tierra del Español’, que acogerá el monasterio del 30 de septiembre al 10 de enero.

Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.

Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.

Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.

“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.

Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.

Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.

Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje. 

“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.

De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.

Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.

“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo. 

Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.

Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.

“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.

Inversores que no saben adónde ha ido su dinero

La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias. 

El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.

“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.

A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.

Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.

La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.

Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.

“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”. 

Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.

“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.

Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.

Dificultades para denunciar o recuperar el dinero

Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.

“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.

Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.

Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor. 

El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.

Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.

Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.

“Opacidad en las votaciones”

En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.

Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.

Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.

“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.

En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.

Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado. 

“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.

El vicepresidente Carlos Cuerpo utiliza siempre el anglicismo “bala de plata” cuando le preguntan por la crisis de la vivienda. No hay una solución milagrosa para la falta de casas ni para las dificultades de acceder a un techo, ya sea de compra o de alquiler. Pero el Ministerio de Economía ha incluido en el decreto de vivienda que negocia con los grupos parlamentarios, y para el que todavía no hay fecha para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, una medida que promete matar dos pájaros de un tiro: aliviar los cuellos de botella en un mercado totalmente desequilibrado y financiar la autonomía estratégica europea. 

El texto del decreto que se negoció este verano, al que tuvo acceso elDiario.es, incluye el desarrollo de Financia Europa, un producto financiero específico para redirigir el ahorro de los hogares españoles a invertir en empresas de la Unión Europea, toda vez que el continente intenta no quedar rezagado en una carrera económica que lideran Estados Unidos y China.

En concreto, el articulado del decreto pone en marcha la cuenta de ahorro e inversión que el Ministerio de Economía sacó a consulta pública a finales del año pasado. Entonces, el Gobierno no precisó cuál sería el vehículo legal que utilizaría para poner en marcha la reforma. Y han optado por el Real Decreto-Ley, que solo precisa de la convalidación del Congreso 30 días después de pasar por el Consejo de Ministros.

La letra pequeña del texto, que todavía está sujeta a cambios y negociación, crea un producto financiero que estará basado en dos cuentas bancarias: una de valores y otra, más de operativa, destinada a las operaciones de inversión y desinversión con un tope máximo de 1.500 euros.

La inversión de esta cuenta de ahorro solo podrá destinarse a acciones de empresas de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y participaciones en fondos cotizados que tengan al menos el 70% de sus activos en estos territorios.

El Gobierno, además, plantea una versión exclusiva destinada a la reinversión de los fondos obtenidos por la venta de una vivienda. Si, tras la venta de una casa, el ciudadano decide reinvertir esas cuantías hasta 800.000 euros en una de estas cuentas de inversión, podrá beneficiarse de una exención fiscal siempre que se produzca seis meses después de la transmisión.

Con todo, el articulado no detalla cómo salvar el principal escollo al que se enfrentaba con el Ministerio de Hacienda: los incentivos fiscales para hacer atractiva esta apuesta por la inversión, más allá de la excepción para el uso de la liquidez tras la venta de una vivienda. Pero ese también es un frente al que los socios, que rechazan 'regalos tributarios', podrían oponerse. Cuestionadas por este aspecto, fuentes del Ministerio de Economía apuntan que no comentan borradores.

Además, el Gobierno ha incluido en el decreto la adaptación de un vehículo que ya existe en la actualidad: el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP, similar a un seguro de vida) para adaptarlo a Financia Europa. Normalmente, estos seguros están limitados a aportaciones de 5.000 euros al año y una tenencia mínima de cinco ejercicios para poder acceder a su ventaja fiscal, que es la exención de los rendimientos en el IRPF. Pero el decreto amplía el límite hasta los 10.000 euros anuales en el caso de que este instrumento financiero invierta en compañías europeas.

Activos financieros más rentables que el ladrillo

El vicepresidente Cuerpo ya deslizó durante una entrevista con elDiario.es que, en el conjunto de medidas para abordar el mercado de la vivienda, reconducir la inversión era una de ellas. “La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizarlo”, aseguró el ‘número dos’ del Ejecutivo a principios de julio.

En ese análisis, el ministro de Economía apuntó que era necesario trabajar para que ese ahorro pueda dirigirse a “activos financieros”. El objetivo de fondo: desincentivar la demanda especulativa de vivienda, destinada únicamente a ganar dinero, favoreciendo alternativas más rentables que también permitan impulsar la economía europea. “Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas”, adelantó el vicepresidente.

En la justificación de la medida, cuando la sacaron a consulta pública, el Ministerio destacó que el grueso del patrimonio de los españoles, en torno al 75%, estaba concentrado en ladrillo, y apenas el 25% restante estaba en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración. También subrayaba la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apuntaban que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

El ingente volumen de ahorro de los hogares europeos –cerca del 15%, la más alta del mundo desarrollado– permite mantener la actividad en momentos de crisis, pero limita el crecimiento económico. “Europa tiene ahorros. Y, desafortunadamente, esos ahorros permanecen inactivos. A día de hoy, 10.000 billones de ahorros de los hogares permanecen en sus cuentas corrientes. Y una gran proporción de estos ahorros se invierten fuera del continente. Europa necesita ahora poner esos ahorros a trabajar para sus compañías”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso reciente.

El Ejecutivo comunitario quiere cerrar antes de final de año “con o sin los Veintisiete” un acuerdo sobre la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, la integración de los mercados de capitales de los países miembros que permita que fluya esa financiación hacia las empresas europeas. “Hemos puesto encima de la mesa propuestas sobre titulización, inversión de bancos y aseguradoras y sobre la integración y supervisión de los mercados. En conjunto, estas medidas podrían desbloquear hasta 470.000 millones de euros en inversiones adicionales. Hemos de llegar a un acuerdo antes de final de año, idealmente con los Veintisiete estados miembros. Pero, si eso no funciona, si es necesario lo haremos con aquellos que estén preparados”, dijo Von der Leyen a finales de agosto. Financia Europa, si el decreto sale adelante, convertirá a España en el alumno aventajado para conseguirlo.

El nuevo Comité de Inversiones Estratégicas decidirá en un plazo de un mes si un determinado proyecto de inversión puede considerarse estratégico y, por lo tanto, contar con una declaración previa que le ofrezca acceso prioritario a permisos como licencias de obras o de conexión eléctrica.

Según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Comité, creado en noviembre del pasado año, y el procedimiento de declaración de proyectos estratégicos de inversión, informa EFE.

El objetivo, explica Economía, es “priorizar, con agilidad y seguridad jurídica, los proyectos que aporten un mayor retorno económico, social y medioambiental al país”.

Podrán acceder a la declaración de inversión estratégica los proyectos empresariales o público-privados de inversión o reinversión en España que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y redunden en el interés público, social, ambiental o económico del país, excluidas las adquisiciones de acciones y ampliaciones o reducciones de capital, entre otros.

El Comité podrá conceder, en el plazo de un mes, una declaración previa basada en criterios como el volumen de inversión y creación de empleo y la solidez del proyecto.

Sin embargo, la declaración definitiva será otorgada, en un plazo de tres meses, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), la reunión de ministros económicos que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, tras analizar cuestiones como el impacto ambiental o la contribución a la autonomía estratégica, al tiempo que determinará las medidas de apoyo y los compromisos asociados al proyecto.

El decreto establece que las comunidades autónomas serán consultadas para evaluar cada proyecto y que se establecerá un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como un sistema para revocar la declaración si estos se incumplen.

El Comité, presidido por el titular de la Oficina de Asuntos Económicos (ahora mismo, Manuel de la Rocha) y el secretario de Estado de Economía, contará con cinco vicepresidencias: Presidencia del Gobierno, secretaría de Estado de Energía y ministerios de Industria, Hacienda y Transformación Digital.

Asimismo, tendrá catorce vocalías, con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Transportes, Educación, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia, Inclusión y Medio Ambiente, así como los departamentos de Seguridad Nacional y Prospectiva Estratégicas y el ICEX.

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que nueve millones de euros se invertirán en el aeropuerto de Albacete.

Entre las actuaciones principales destacan la mejora de la seguridad con el suministro de vehículos para el Plan Invernal y equipamientos de seguridad para inspección en filtros, la adecuación del pavimento de la pista y recrecido y los trabajos relacionados con el Plan de Acción Climática y mejoras en calderas y climatización, tal y como informa la Subdelegación del Gobierno.

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado hoy el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 14,1 millones de euros se destinarán al Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

Aeropuerto de Logroño-Agoncillo

En los próximos cinco años la inversión en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo alcanzará los 14,1 millones de euros repartidos en:

Tarifas

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y del alcalde de Manzanares de Rioja, Jesús Martínez, ha participado este lunes en la inauguración de la nueva cubierta del frontón y la pista polideportiva municipal de Manzanares de Rioja, que ha permitido a la localidad riojalteña conseguir un espacio de ocio, convivencia y sociabilidad donde celebrar actividades de carácter deportivo, cultural y social durante todo el año, con independencia de las condiciones climáticas.

El proyecto se ha centrado en la instalación de una cubierta de acero a dos aguas. Tiene una forma curva asimétrica, con diferentes alturas en los laterales, y una altura máxima de 13 metros en el punto más elevado, para permitir la parábola en el juego de la pelota. Las dimensiones son de 26 metros de largo por 21 de ancho. La cubierta se sujeta sobre una estructura de cuatro pórticos metálicos separados por 6 metros entre sí. Los pórticos se sustentan a su vez sobre un total de 7 pilares metálicos, cuatro de ellos de 0,70 metros de altura fijados sobre la pared lateral, y tres pilares de 6,5 metros de altura anclados al pavimento.

Además, la red de evacuación de pluviales se ha resuelto con bajantes de acero prelacado que se recogen en arquetas y se conducen con un colector hasta que vierten a una acequia. Sobre la pared lateral y frontis se han colocado mallas de cerramiento protección para las pelotas. Asimismo, para evitar la entrada de agua o la penetración de viento en el frontis, se han instalado reglas de acero esmaltado.

Igualmente, se han aplicado dos de manos de pintura acrílica verde para exteriores sobre las paredes del frontón, previa limpieza de superficies, neutralización, lijado de soporte, imprimación selladora, plastecido de grietas, afinado y mano de fondo.

Para permitir la visibilidad en bajas de condiciones lumínicas, se han distribuido diez puntos de luz por todo el recinto, cableado eléctrico y cuadro de mandos para el alumbrado. Por último, las obras han incluido labores de demolición, excavación, movimientos de tierra, colocación de las zapatas de los pilares y pavimentación, entre otras.

Punto de encuentro

La reforma ha permitido convertir estas instalaciones en un punto de encuentro para los vecinos y visitantes que contribuirá a dinamizar la vida social y cultural en el municipio. Un lugar, ubicado en pleno casco urbano, donde podrán organizarse comidas populares, eventos artísticos y culturales, y celebrar partidos de pelota, frontenis, baloncesto y fútbol, entre otras disciplinas deportivas.

El Ejecutivo regional ha aportado un 90 por ciento del presupuesto de ejecución, una cuantía sufragada a través de un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Política Local y el Ayuntamiento. El presupuesto de adjudicación de las obras ha ascendido a 354.121,89 euros.

Esta ayuda supone un importante apoyo económico para la localidad de Manzanares, ya que le permite ejecutar una obra muy necesaria para el futuro de la localidad sin mermar especialmente su capacidad financiera. Una actuación que, además, difícilmente hubiese podido sufragar con fondos propios al tratarse de un pequeño municipio.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han visitado este jueves 20 de agosto, la localidad de San Torcuato, acompañados de su alcaldesa, Silvia Muñoz, tras la finalización de las obras de pavimentación de la intersección en ‘V’ de las calles La Iglesia y La Fuente, que han sido financiadas al noventa por ciento por el Gobierno de La Rioja con una cuantía de 28.477,35 euros.

Esta aportación está enmarcada dentro del bienio 2025-2026 del Plan de Obras y Servicios Locales que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación con el objetivo de financiar obras e infraestructuras básicas que garanticen la prestación de unos servicios públicos de calidad en el medio rural.

El consejero ha puesto en valor este tipo de actuaciones que, si bien parecen pequeñas en superficie y en presupuesto, tienen un importante valor para los municipios, puesto que ayudan a mejorar el día a día y la calidad de vida de sus vecinos.

Con esta inversión, que supone una importante inyección económica para un ayuntamiento como el de San Torcuato, cuya capacidad financiera es limitada puesto que tiene alrededor de 60 habitantes censados, “estamos haciendo municipalismo, luchando contra la despoblación, contribuyendo a garantizar el futuro de nuestro medio rural y haciendo más región”, ha enfatizado Daniel Osés.

Por su parte, la alcaldesa ha dado las gracias a la Consejería de Política Local y al Gobierno de La Rioja por esta ayuda económica que ha supuesto un “avance importante” para el municipio, ya que ha permitido “adecuar una vía que estaba en mal estado y facilitar el tránsito de los vecinos, en especial, de las personas mayores”.

Promovida por el Ayuntamiento de la localidad con un presupuesto total de 31.641,50 euros, la citada actuación tiene la finalidad de mejorar el acceso peatonal y rodado desde la zona oeste de la localidad, así como realzar la imagen y estética de ambas calles, dos demandas muy solicitadas por los vecinos.

Se trata de dos viales con mucha pendiente, lo que facilita la evacuación del agua de lluvia, y con un importante tránsito de personas y vehículos debido a que se encuentran cerca de la Iglesia de San Pablo, y dan acceso a un camino que permite llegar a diferentes parcelas agrícolas, como también a la vecina localidad de Bañares.

Solera de hormigón armado, con una anchura de 5 metros

El nuevo firme está compuesto por una solera de hormigón, de 20 centímetros de espesor, armado con fibra de polipropileno para conseguir una mayor resistencia y durabilidad. Cuenta con un acabado fratasado, sin dibujos ni cenefas para alcanzar una superficie más uniforme, estable y segura. Con esta intervención, que se ha realizado sobre una superficie total de 375,301 metros cuadrados, se ha conseguido ampliar la anchura de ambas calles hasta los cinco metros.

Además, al final de la calle La Iglesia se ha ejecutado un sumidero longitudinal para recoger las aguas pluviales, y se ha instalado un protector tubular en las dos farolas existentes. Como paso previo a la pavimentación, se han efectuado trabajos necesarios de cajeado, excavación, movimientos de tierras, rellenos y nivelado del terreno, entre otros.

Esta actuación ha sido necesaria debido a que el anterior firme era mayoritariamente de tierra con pequeños restos de riego asfaltico sobre capa de zahorras naturales que se encontraba en un estado muy irregular y deteriorado debido al uso y las inclemencias meteorológicas. Por este motivo, se dificultaba enormemente el tráfico tanto peatonal como rodada.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el alcalde de Hornillos de Cameros, Pablo Fernández, ha visitado este martes 18 de agosto, la intervención paleontológica llevada a cabo en el yacimiento de ‘La Pellejera’, incluida en un proyecto de acondicionamiento conjunto de yacimientos arqueológicos para impulsar la mejora del patrimonio cultural y la sostenibilidad turística de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, que ha supuesto una inversión que ronda los 930.000 euros financiada con fondos europeos.

Más de 11.000 huellas fósiles de dinosaurio en La Rioja

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo ha destacado el “enorme y valioso patrimonio paleontológico del que dispone La Rioja, con más de 11.000 huellas fósiles de dinosaurio, que la convierten en una de las regiones del mundo que tiene mayor patrimonio paleontológico vinculado a las icnitas de dinosaurio. Además, La Rioja cuenta con casi 400 yacimientos registrados y que desde hace años están considerados bien de interés cultural de nuestra región. Es una buena ocasión para recordar la riqueza que aportan a la Comunidad, con una singularidad muy importante, además de la riqueza paleontológica y geológica, que es la que ha permitido conservar después de más de 100 millones de años estos restos de la presencia de los dinosaurios en el planeta, se une a que se encuentran en una zona extraordinaria desde el punto de vista de la biodiversidad. La Rioja cuenta con un 24,3 por ciento de toda superficie reconocida como como Reserva de la Biosfera, más de 100.000 hectáreas que aportan un gran patrimonio natural”.

En este sentido, ha añadido que “esa biodiversidad unida a este patrimonio cultural y paleontológico hace que destaque la Comunidad y supone una responsabilidad por parte de las administraciones para conservar, para preservar y para seguir estudiando este rico patrimonio. también para hacerlo visitable y accesible a los turistas y a cualquier que se acerque a visitarlo”.

Durante el recorrido por el yacimiento, el presidente del Ejecutivo regional ha destacado la importancia de proteger un registro paleontológico único, ya que en concreto este yacimiento de Hornillos de Cameros “destaca a nivel científico por albergar el rastro de terópodo pequeño más largo de La Rioja, de 30 metros, y las únicas icnitas de ornitópodos semiplantígrados conocidas en Europa”.

En el municipio de Hornillos de Cameros se han descubierto 976 icnitas, 730 de ellas en el yacimiento de ‘La Pellejera’, siendo uno de los yacimientos con más icnitas de La Rioja. El yacimiento cuenta con una gran variedad de tipos de icnitas con numerosas rastrilladas de terópodos grandes y de pequeño tamaño.

La intervención en ‘La Pellejera’ ha resuelto los riesgos de deterioro derivados del tránsito de visitantes directamente sobre la superficie rocosa. En este sentido, Gonzalo Capellán ha apuntado que “este patrimonio es una importante fuente de conocimiento científico, y un recurso turístico y económico fundamental para muchos de los municipios en los que se encuentran, sin olvidar que también forma parte de la historia y del acervo cultural de este extraordinario espacio natural y de sus municipios”.

Colaboración entre administraciones

Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado “la colaboración entre administraciones y la participación de los fondos europeos para recuperar este yacimiento, lo que supone su puesta en valor desde el punto de vista cultural, científico y turístico, y una oportunidad para todos los municipios del entorno”.

En cuanto al alcalde, ha agradecido esta “importante inversión no sólo para Hornillos de Cameros, sino también para todo el Camero Viejo, que va a permitir atraer un turismo beneficioso para esta zona, que es bastante desconocida y que esperamos que a partir de ahora la puedan conocer más personas”.

El yacimiento se sitúa en la ladera sur del arroyo Barbadillo, junto a la carretera LR-465 a Hornillos de Cameros. Las obras han incluido la colocación de barandillas de seguridad a ambos lados de las escaleras de acceso, la delimitación perimetral de las áreas de observación, el desbroce de vegetación, la renovación completa de la cartelería explicativa y la adecuación del mobiliario urbano.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Medio Natural, ha llevado a cabo este proyecto junto con otras actuaciones en materia de conservación del patrimonio cultural y de la geodiversidad, y el apoyo a la sostenibilidad del turismo en esta área protegida, donde se han invertido un total de 926.576,94 euros.

Actuaciones integrales en siete yacimientos emblemáticos

El Ejecutivo regional, con ese presupuesto específico de 401.473,28 euros de fondos Next Generation, ha ejecutado un proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad en los siete yacimientos paleontológicos de la Reserva de la Biosfera de los valles del Cidacos y del Leza: ‘Navalsaz’, ‘Icnitas-4’ y ‘La Senoba’ en Enciso; ‘La Canal V’ y ‘Peñaportillo I’ en Munilla; ‘La Pellejera’ en Hornillos de Cameros; y ‘Valdemayor’ en Cabezón de Cameros.

En todos ellos se han instalado pasarelas, escaleras, puentes y miradores elevados para encauzar el flujo turístico, evitando el pisado directo sobre las láminas de fósiles y garantizando una contemplación segura y divulgativa.

A la inversión en la rehabilitación directa de los afloramientos fósiles, se han sumado una serie de actuaciones dirigidas a perfeccionar la experiencia del visitante en los yacimientos de toda la comarca. En este sentido, se han destinado 168.758,93 euros para la adaptación al uso ciclable del yacimiento de La Senoba en Enciso; mientras que la mejora integral para el uso turístico del emblemático enclave de Valdecevillo ha supuesto una inversión de 112.043,30 euros.

A estas intervenciones se suma el gasto de 128.544, 35 euros para la restauración y pintado de seis réplicas de dinosaurios a tamaño real que se encuentran en Hornillos de Cameros, Enciso, Igea y Cornago, y que son uno de los elementos divulgativos más valorados por los visitantes.

Por último, el Gobierno de La Rioja ha reforzado la puesta en valor de su patrimonio paleontológico con la incorporación de una nueva réplica monumental del dinosaurio carnívoro Riojavenatrix, en Igea, con una inversión de 63.525 euros, y de una experiencia audiovisual inmersiva en 3D sobre el yacimiento de 'Era del Peladillo' presupuestada en 52.232,08 euros, que dotará a la Reserva de la Biosfera de herramientas tecnológicas de última generación.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha realizado un balance de la acción del Gobierno de España asegurando que “el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez ha continuado durante el primer semestre de 2026 con su tarea de reforzar los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja”.

En lo que respecta a año pasado, Nalda ha señalado que una de las prioridades del Gobierno de España es la Economía y los datos son “muy positivos para el país, lo que también se refleja en la Comunidad. Así, ”en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (2019-2026), La Rioja va a recibir un 54,5 por ciento más de recursos para financiar los servicios públicos que en los siete años de Rajoy (2012-2018): 516 millones de euros más. Además, con el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, La Rioja vería incrementada su financiación en 25 millones de euros al año respecto al modelo vigente“. Hay que recordar que La Rioja ”es una de las más beneficiadas por los criterios de población ajustada. Y con este modelo propuesto, la condonación de la deuda del Estado alcanza los 448 millones de euros, lo que supondría reducir la deuda de La Rioja un 28 por ciento respecto a 2023“.

En este año 2026, la Comunidad Autónoma de La Rioja recibirá por las entregas a cuenta la cifra “récord” de 1.446 millones de euros y la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2027-2029 le permitirá un margen fiscal de 44 millones de euros. “Esta cifra récord corrobora el compromiso del Gobierno de España con los riojanos y las riojanas”. En cuanto a los contratos indefinidos, al cierre del segundo trimestre del 2026, en La Rioja se alcanzaron los 35.772 contratos de este tipo, lo que supone 177 p or ciento más que en 2019. Además, la afiliación a la Seguridad Social fue de 145.176 ocupados en La Rioja, 16.244 más que en diciembre de 2018.

Sube la pensión media de jubilación

Arraiz Nalda también ha destacado “los importantes esfuerzos económicos realizados por el Gobierno de España en política de protección del desempleo” con una inversión de 115,5 millones de euros, y en “políticas activas de empleo”, invirtiendo un total de 14,5 millones de euros.

Otro de los aspectos que ha destacado la delegada, es que, “gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la pensión media de jubilación en La Rioja ha pasado de 1.028 euros a 1.520 euros respecto a junio de 2018. Con el Partido Popular la pensión de jubilación sería hoy, siete años después, de tan solo 1.076 euros para los riojanos y las riojanas”. También se ha referido al compromiso con los más desfavorecidos. Y es que “el escudo social en La Rioja Rioja ha permitido que finalizado el mes de junio se contabilicen 17.851 perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Otro dato que contribuye a reforzar este escudo social es que 13.792 riojanos y riojanas se han visto beneficiadas por el bono social eléctrico en nuestra comunidad”. Otro ejemplo en esta línea es la subida por parte del gobierno de España a 1.221 euros el Salario Mínimo Interprofesional que cobran en torno a 10.300 trabajadores en La Rioja.

La educación, “el mejor ascensor”

Por otro lado, Arraiz Nalda ha hecho hincapié en la importancia que el Gobierno de España le da a la Educación, “el mejor ascensor social con el que cuenta nuestro país”. La delegada del Gobierno ha destacado que La Rioja ha recibido del Ministerio un total de 195,6 millones de euros en estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y su presupuesto ha pasado de 9,92 millones de euros en 2018 con Rajoy a 30,95 millones en 2026, lo que supone un incremento de 21,03 millones (+211 por ciento). “Y para muestra, dos datos: 9.720 personas se beneficiaron de becas en el curso 2024/25 y la Formación Profesional ha recibido 54,8 millones de euros en el periodo 2020-2026 y se han financiado 6.873 nuevas plazas”

En cuanto a Sanidad, “la joya de la corona del estado del bienestar”, Arraiz Nalda ha destacado que el gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en La Rioja 40 millones de euros entre el año 2018 y el 2026 en diferentes programas sanitarios, de los cuales, este año destina 1,2 millones para Atención Primaria y 385.000 euros para salud bucodental. A esta cantidad hay que añadir los fondos que han llegado gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, “un estímulo transformador del país y, por tanto, de nuestra región”, que se han materializado en equipos de alta tecnología como el acelerador lineal de partículas, un equipo de medicina nuclear y otro de tomografía para diagnóstico nuclear, ambos en el CIBIR, o nuevos equipos de resonancia magnética, por valor de 8,7 millones de euros. Además de 2,5 millones de euros para la transformación digital de la atención primaria; 5,2 millones para el plan para la Atención Digital Personalizada; o el millón de euros para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes de ELA.

La delegada del Gobierno ha recordado la construcción del nuevo Centro de Salud de la Villanueva, en Logroño, sufragado por el Gobierno de España en un 85 por ciento de los 7,5 millones de euros de presupuesto; la renovación fotovoltaica del Hospital San Pedro con una inversión de 3,3 millones de euros; y los 4,5 millones de euros destinados a la ampliación del Centro de Salud de Calahorra.

Por otro lado, Arraiz Nalda ha comentado que las cifras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en La Rioja son contundentes. Con datos actualizados a 31 de mayo de 2026, este Plan ha supuesto para la Rioja una inversión total de 568 millones de euros distribuidos en 259 millones de euros procedentes de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado con 13.601 beneficiados según datos finalizado el mes de mayo de este 2026.

Liberalización de la AP-68

En materia de infraestructuras, la delegada del Gobierno ha recordado que en noviembre viviremos un hecho de especial relevancia en La Rioja como es la liberalización de la Autopista AP-68, después de la última prórroga a la concesionaria por parte del gobierno de José María Aznar en España y Pedro Sanz en La Rioja. “Las buenas noticias no acaban ahí”, ha resaltado, “porque las obras de la Ronda Sur, con una inversión de 155 millones de euros, son una realidad como se pudo comprobar con la apertura del tramo Arrúbal-Navarrete. Y continuarán hasta el año que viene con la apertura de ramales y enlaces que unirán con la antigua AP-68 convertida en circunvalación gratuita”

Por otro lado, Arraiz Nalda ha destacado los “grandes esfuerzos” que está realizando el Gobierno de España en La Rioja en la mejora de las infraestructuras y conexiones, destacando los 65 millones destinados a la puesta en marcha de los 9,3 kilómetros de la variante de Rincón de Soto “después que durante el mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa y Pedro Sanz en Vara de Rey, se dejara caducar la declaración de impacto ambiental de este tramo, generando un retraso significativo en la modernización ferroviaria de La Rioja y un gran perjuicio para los riojanos y las riojanas”. También hay que sumar 29,4 millones de euros más de para la redacción del proyecto y las obras de instalación de los sistemas y equipos para la Variante ferroviaria de Rincón de Soto, en el tramo Castejón-Logroño.

En materia de ferrocarril también se ha conocido hace unas semanas la licitación de la redacción del estudio informativo para el corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro. Este contrato cuenta con un presupuesto de un millón de euros y un plazo de ejecución de 24 meses con el objetivo de analizar con detalle las alternativas planteadas para el nuevo trazado que conecta estas dos ciudades, a las que separa en estos momentos casi 70 kilómetros. Este estudio contempla tres alternativas y estima una inversión de las obras de entre 227 y 720 millones de euros, en función de la opción elegida finalmente. Esta actuación “supondrá un beneficio para los ciudadanos riojanos ya que conllevará un ahorro de tiempo para los viajeros de más de 21 minutos, incrementando la velocidad comercial en un 46 por ciento, además de la fiabilidad y las prestaciones del servicio existente”

En total, ha calculado que desde el año 2019, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido en La Rioja 387 millones de euros, lo que supone un “importante incremento” de 155 millones, concretamente un 66,9 por ciento, con respecto a los 232 millones invertidos en el periodo 2012-2017 con el gobierno de Mariano Rajoy.

Proceso de regularización

También ha analizado lo que ha calificado de “un hehco que no se vivía en España desde el año 2005 como es el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros”. En La Rioja se registraron 6.448 solicitudes y de ellas 1.053 se han dado de alta en la Seguridad Social, suponiendo estas cifras un 0,7 por ciento del total de regularizados en todo el país. Un proceso que en La Rioja se llevó a cabo con normalidad, sin grandes problemas salvo los agobios del inicio.

Por otro lado, La delegada del Gobierno ha reconocido que el acceso a la Vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los riojanos y las riojanas. Y ha recordado que el Gobierno de España ha contribuido “a paliar en parte este problema” gracias a la inversión en vivienda en La Rioja de 102,5 millones desde el año 2018, para los Planes Estatales de Vivienda (50,7 millones); el PRTR (24,2 millones); el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos PIREP (14 millones); y el Bono joven de alquiler (13,6 millones).

Además, la delegada ha recordado que según se desprende del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España, la asignación para La Rioja durante este año 2026 será de 13,6 millones de euros, mientras que la distribución movilizará una inversión de 119 millones de euros hasta el año 2030. Hay que recordar que, en este Plan, el 60 por ciento lo aporta el Estado y el 40 por ciento lo aportan las Comunidades Autónomas.

Industria y comercio en La Rioja

El incremento de la inversión del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública es del 576 por ciento, llegando a los 92,2 millones, pasando de los 16 millones en los siete años de Rajoy en la Moncloa a 108,2 finalizado el año 2025. En este sentido, el Gobierno de España “no se olvida de las pequeñas y medianas empresas propiciando un gran impulso a la conectividad y digitalización de pymes y autónomos con el Kit Digital, destinando 31,6 millones para un total de 7.878 concesiones y 27.090 beneficiarios”. Otro aspecto a destacar es el “importante” aumento del 35 por ciento de empleados públicos sumando 5.674 funcionarios más que con Rajoy según datos del 2015. En este apartado se ha referido al proyecto TechRioja, que contará con una aportación sustancial del Gobierno de España de 11,7 millones de euros a través de fondos europeos, además de los 3,9 millones que aporta el Gobierno de La Rioja.

En el repaso de las actuaciones cometidas, se ha detenido en la agricultura, “un sector con gran peso”. Y en este sentido ha destacado el Perte Agro con 8,3 millones de euros y el proyecto Enorregión, “con el objetivo de la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino”. Además, el Gobierno de España ha destinado 3,6 millones para la reestructuración y reconversión de viñedos en La Rioja, “buscando mejorar la competitividad del sector mediante la adaptación a la demanda del mercado, la reducción de los costes de producción y la incorporación de técnicas más sostenibles”. Además, La Rioja dispondrá de 3,67 millones de euros en la segunda convocatoria de ayudas para inversiones en la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, ayudas orientadas a modernizar las instalaciones de transformación, infraestructura vinícola y estructura de comercialización.

Y también conviene destacar la importante aportación económica del Gobierno de España para la vendimia en verde, que en el año 2026 ha sido de 15,9 millones de euros para una iniciativa que pretende ayudar a lograr cierto equilibrio en la producción de uva en la Denominación de Origen Calificada Rioja. Y continúan activos los 77 millones de euros de inversión del Gobierno de España, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), en ocho proyectos para la modernización de regadíos en La Rioja.

Igualdad en La Rioja

Por otro lado, en materia de Igualdad, el Gobierno de España ha destinado a La Rioja 3 millones de euros para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 2,2 millones para el Plan Corresponsables, para garantizar el derecho al cuidado y la conciliación familiar desde una perspectiva de igualdad de género. “Sin olvidarnos del millón y medio destinado a la creación de un Centro de servicio de atención integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual en La Rioja”.

Y en materia de seguridad, Arráiz ha celebrado que “La Rioja se mantenga en cuarta posición como comunidad autónoma más segura y que continúe con sus altos niveles de seguridad, con una tasa de criminalidad del 36,6, lo que supone más de 14 puntos menos que la media nacional”. Y en este apartado ha recordado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana, “una infraestructura altamente demandada y que supondrá una inversión de 12,6 millones de euros”. En cuanto a número de efectivos, en La Rioja hay un total de 905 guardias civiles y 305 policías nacionales.