Un jutge ha suspès a última hora el llançament d'una família amb tres menors d'edat a Palma, després que Stop Desnonaments Mallorca alertés de la seva situació. Una de les nenes té diagnosticat trastorn de l'espectre autista (TEA) de grau tres i el menor dels fills està sent avaluat per la mateixa condició, segons ha explicat el portaveu de l'entitat, Joan Segura.

Una dotzena d'activistes s'ha concentrat aquest matí per acompanyar la família davant el llançament previst. La suspensió judicial s'ha confirmat amb escàs marge, com ha denunciat Segura, que ha recriminat les dificultats que afronten les famílies vulnerabilitzades davant els procediments de desnonament.

El procés es va iniciar després que un dels membres de la família perdés la seva feina. La indemnització per acomiadament va arribar una vegada vençut el termini per abonar el lloguer, la qual cosa va derivar en la resolució del contracte i en el procediment per recuperar l'habitatge.

L'immoble està arrendat per una empresa que, segons Stop Desnonaments, està vinculada a un empresari propietari d'una acadèmia d'idiomes i d'altres pisos. L'entitat qüestiona que la societat hagi estat considerada petita tenidora i sosté que la fragmentació de les propietats entre diferents persones jurídiques permet eludir la consideració de gran tenidor.

L'empresa es va personar en el procediment com a petita tenidora i va aportar un certificat del Registre de la Propietat per acreditar que no té habitatges al seu nom. Segura assegura, no obstant això, que l'immoble es lloga com a habitatge malgrat tractar-se d'un local, una situació que, segons afirma, podria ser sancionable per l'Administració autonòmica.

Stop Desnonaments reclama mediació i una alternativa habitacional

Stop Desnonaments Mallorca sosté que el procediment hauria de continuar suspès a l'empara de les mesures extraordinàries de protecció davant dels desnonaments aprovades el 2020. L'entitat invoca la disposició addicional tercera i defensa que la represa del llançament ha d'anar precedida d'un procés de mediació que permeti assolir un acord entre les parts o trobar una alternativa habitacional.

“No s'estan fent mediacions ni oferint alternatives”, ha denunciat Segura. El portaveu assegura que, en alguns casos en els quals s'aconsegueix paralitzar un desnonament d'un gran tenidor, la propietat opta per vendre l'immoble en lloc d'obrir una negociació amb els llogaters.

L'organització considera que aquest cas hauria de romandre suspès fins al 2030 i planteja també la possibilitat que la família pugui acollir-se a les noves mesures de protecció en matèria d'habitatge, a les quals Segura s'ha referit com el 'decret Maricarmen'. No obstant això, ha advertit que encara és aviat per determinar com podrien aplicar-se a aquesta situació.

El portaveu de Stop Desnonaments considera que els nous decrets aprovats pel Govern poden oferir cert alleujament a les famílies afectades, encara que adverteix de les seves limitacions: “Probablement siguin dels millors pal·liatius que ha ofert el Govern durant la legislatura, però no deixen de ser pal·liatius”.

Un juez ha suspendido a última hora el lanzamiento de una familia con tres menores de edad en Palma, después de que Stop Desahucios Mallorca alertara de su situación. Una de las niñas tiene diagnosticado trastorno del espectro autista (TEA) de grado tres y el menor de los hijos está siendo evaluado por la misma condición, según ha explicado el portavoz de la entidad, Joan Segura.

Una docena de activistas se ha concentrado esta mañana para acompañar a la familia ante el lanzamiento previsto. La suspensión judicial se ha confirmado con escaso margen, como ha denunciado Segura, que ha recriminado las dificultades que afrontan las familias vulnerabilizadas ante los procedimientos de desahucio.

El proceso se inició después de que uno de los miembros de la familia perdiera su empleo. La indemnización por despido llegó una vez vencido el plazo para abonar el alquiler, lo que derivó en la resolución del contrato y en el procedimiento para recuperar la vivienda.

El inmueble está arrendado por una empresa que, según Stop Desahucios, está vinculada a un empresario propietario de una academia de idiomas y de otros pisos. La entidad cuestiona que la sociedad haya sido considerada pequeña tenedora y sostiene que la fragmentación de las propiedades entre distintas personas jurídicas permite eludir la consideración de gran tenedor.

La empresa se personó en el procedimiento como pequeña tenedora y aportó un certificado del Registro de la Propiedad para acreditar que no tiene viviendas a su nombre. Segura asegura, sin embargo, que el inmueble se alquila como vivienda pese a tratarse de un local, una situación que, según afirma, podría ser sancionable por la Administración autonómica.

Stop Desahucios reclama mediación y una alternativa habitacional

Stop Desahucios Mallorca sostiene que el procedimiento debería continuar suspendido al amparo de las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios aprobadas en 2020. La entidad invoca la disposición adicional tercera y defiende que la reanudación del lanzamiento debe ir precedida de un proceso de mediación que permita alcanzar un acuerdo entre las partes o encontrar una alternativa habitacional.

“No se están haciendo mediaciones ni ofreciendo alternativas”, ha denunciado Segura. El portavoz asegura que, en algunos casos en los que se consigue paralizar un desahucio de un gran tenedor, la propiedad opta por vender el inmueble en lugar de abrir una negociación con los inquilinos.

La organización considera que este caso debería permanecer suspendido hasta 2030 y plantea también la posibilidad de que la familia pueda acogerse a las nuevas medidas de protección en materia de vivienda, a las que Segura se ha referido como el 'decreto Maricarmen'. No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para determinar cómo podrían aplicarse a esta situación.

El portavoz de Stop Desahucios considera que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno pueden ofrecer cierto alivio a las familias afectadas, aunque advierte de sus limitaciones: “Probablemente sean de los mejores paliativos que ha ofrecido el Gobierno durante la legislatura, pero no dejan de ser paliativos”.

La plataforma social Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha convocado para este jueves, 8 de octubre, a las 19:00 horas, un minuto de silencio en la Plaza Mayor en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso de desahucio ha causado una gran indignación en todo el país. 

Bajo el lema 'Asesinada por la especulación', las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda denuncian el impacto desgarrador que la crisis habitacional y los desalojos provocan en la salud e integridad de las personas vulnerables y de edad avanzada. Los convocantes responsabilizan de este desenlace a los fondos de inversión e inversores inmobiliarios que promueven subidas inasumibles en las rentas de alquiler. 

La cita pretende ser no solo un acto de duelo e in memoriam, sino también un punto de movilización social y denuncia ante la pasividad institucional frente al problema de la vivienda y la especulación en el mercado inmobiliario. Colectivos vecinales de la capital cacereña han animado a la ciudadanía a acudir a la Plaza Mayor para mostrar su repulsa y exigir medidas urgentes que garanticen el acceso y la permanencia en una vivienda digna.

Antonio Carvajal, fotógrafo jubilado de 68 años, vive desde hace más de una década con su mujer, Juana, y su suegra dependiente en un piso de la calle Manuel Barrena Gragera, en la Ronda Norte de Badajoz. Nunca esquivaron un pago. Pero hace unos años la vivienda fue vendida sin aviso al fondo Beryllium II Invest Reo SL, parte de una estructura societaria de Reino Unido y sede fiscal en España. La familia siguió abonando la renta a la antigua propietaria durante meses, sin saber que ya no era la dueña, y acabó acumulando una deuda que ronda los 30.000 euros. Cuando representantes del fondo se presentaron en la vivienda reclamando ese dinero, comenzaron las amenazas de desahucio.

Carvajal, que dejó la fotografía tras perder parcialmente la vista por enfermedad, recibe una pensión y vive con ingresos estables junto a su mujer y su suegra. Pueden pagar un alquiler, pero el fondo se negó desde el principio a renovar el contrato o a indicar una vía para hacer llegar las mensualidades. En paralelo, una empresa mediadora ofreció a Antonio cantidades de dinero cambiantes para que abandonara la casa, sin llegar nunca a formalizar un acuerdo. La familia buscó alternativas habitacionales, pero todas las inmobiliarias rechazaron alquilarles sin nómina y los servicios sociales solo les plantearon como opción una residencia de mayores, algo inviable para un hogar independiente.

Según explica a elDiario.es uno de los miembros de la plataforma Inquilinato Badajoz, Daniel Ponte Balas, la vía jurídica tampoco funcionó. La justicia gratuita fue denegada por los ingresos que Juana había percibido el año anterior, pese a que ya no los cobraba. Según el relato del afectado, desde el propio juzgado se le sugirió que solo podría acceder a un abogado de oficio si se divorciaba. Para gestionar ese trámite contrató a un letrado que, según la información que maneja la familia, había participado en una candidatura interna de Vox en 2019. El abogado desapareció durante semanas, no avanzó el procedimiento y, cuando reapareció, se limitó a decir que “la papeleta estaba resuelta”, sin aportar documentación ni desbloquear la defensa. El tiempo perdido dejó a la familia sin representación en pleno proceso de desahucio.

Según la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por la plataforma, el fondo Beryllium II Invest Reo SL forma parte de un entramado empresarial cuyo administrador único es Duxburi Spain SL. Otra empresa del mismo grupo, G-M Reo Holdco SL, intentó desahuciar a varias personas —entre ellas una menor— en plena pandemia, según publicó El Salto Diario. No es un episodio aislado, sino un patrón de actuación de un grupo con recursos muy superiores a los de las familias a las que se enfrenta.

Ante la indefensión, Antonio acudió a Inquilinato Badajoz. El colectivo revisó la documentación, ordenó fechas y cantidades y abrió gestiones con la parte demandante. También impulsó una movilización que reunió a más de 500 personas el domingo 4 de octubre para denunciar la crisis de la vivienda y exigir una solución para el caso. Allí se exhibieron pancartas con lemas como 'Antonio se queda' o 'Los buitres, a Monfragüe'. El lanzamiento estaba fijado para este miércoles a las 10.30, pero finalmente ha sido suspendido durante al menos dos meses, un margen que permitirá negociar y aclarar responsabilidades en una historia marcada por la falta de información, la indefensión jurídica y la presión de un fondo internacional.

El aplazamiento no resuelve el conflicto. Quedan abiertas varias incógnitas: si Antonio podrá conservar su vivienda, si podrá denunciar a la antigua propietaria por no comunicar la venta, si logrará finalmente acceder a un abogado de oficio y si el fondo aceptará una solución que no pase por expulsar a una familia vulnerable. Por ahora, la noticia es que Antonio Carvajal sigue en su casa. No es una victoria definitiva, pero sí un respiro.

Al final, lo que sostiene a Antonio y a su familia no es solo el aplazamiento judicial, sino la red humana que ha ido apareciendo en el camino. El freno del desahucio deja también una lectura que trasciende el caso concreto. En los últimos días, varias voces han recordado el episodio de Maricarmen en Madrid, la vecina que logró detener un lanzamiento y cuyo gesto terminó convertido en símbolo de resistencia frente a los fondos buitre. La comparación no es casual: igual que entonces, aquí también ha sido la presión social y la organización vecinal la que ha conseguido detener una maquinaria que avanzaba sin mirar a las personas. En Badajoz, como en aquel caso, la diferencia la ha marcado la gente que decidió no mirar hacia otro lado.

El desahucio de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión. Los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que han venido acumulando fuerza y experiencia a lo largo de las últimas dos décadas, han galvanizado un malestar social profundo y han sabido presionar.

La coalición progresista gobernante en España, en una negociación contrarreloj no exenta de contradicciones y de dificultades, ha sabido leer el momento. No en vano es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos a la pena libertad e igualdad de las personas, y la dificultad para acceder y mantenerse en una vivienda se ha convertido claramente en una traba para ambas.

Así como en el pasado mes de febrero fue imposible acordar a la vez con Junts y con Podemos, con el consiguiente fracaso de las medidas que habrían podido evitar mucho sufrimiento, el clima social presentaba una oportunidad para atraer a suficientes grupos a un consenso básico, a la adopción de una serie de medidas urgentes para aportar un respiro a quienes penden de un hilo. También a una mayoría social que ha dicho basta a la lógica de “es el mercado, amigo” y que se asquea ante las palabras y actos de desdén de los especuladores y de sus lacayos.

Es lógico, pues en nuestra sociedad la dificultad para acceder a una vivienda o para mantenerse en ella es uno de los principales factores de desigualdad y de riesgo de exclusión social. La especulación está convirtiendo en irrealizable en la práctica el garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclaman la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatut.

Se trata, por tanto, más que de un problema acuciante, de una auténtica urgencia social que requiere de una respuesta política más ágil y más ambiciosa de lo que lo ha venido siendo hasta el momento.

Sin duda y, en el fondo, como siempre en toda lucha por los derechos, la movilización y la presión social son imprescindibles para explicar la creciente conciencia sobre la necesidad de generar un punto de inflexión en la garantía del derecho a una vivienda digna.

Junts, que negoció el texto hasta la última coma, se descolgó con un voto negativo a ambos decretos. Luego, ante la marea de indignación, se sacó un texto de la manga, para intentar descargarse de responsabilidad. Ha creído Junts —quizá por costumbre— que podía engañar a todo el mundo. No es así. Su bloqueo a los decretos es un antes y un después. Había que votar el viernes en el Congreso. Es la hora de la verdad.

Se llamaba Aurelia y tenía 85 años, pero bien podía haberse llamado Maricarmen. Su caso también se convirtió en un símbolo cuando el bombero al que le encargaron cortar la cadena con la que los activistas de Stop Desahucios habían bloqueado su portal se negó a hacerlo. Hasta que entró de turno, Roberto Rivas había sido una más de las personas que se habían movilizado ante aquel piso del centro de A Coruña y el uniforme y el casco con el que ocultaba su rostro no le hicieron alterar sus principios. Su negativa abrió un debate sobre las competencias del cuerpo en los lanzamientos judiciales. Hoy, trece años después, el desalojo de Maricarmen le hizo revivir aquel gesto que le supuso una multa de 900 euros. Lo hizo “con lástima”, porque tiene la sensación de que “vamos para atrás”.

A sus 52 años, Roberto sigue siendo bombero en el Ayuntamiento de A Coruña, una administración que jamás lo sancionó por su comportamiento –fue la Policía Nacional la que lo denunció por tratar de “alterar” a los manifestantes, algo que siempre defendió como falso– y allí seguirá “hasta que me echen”. Atiende por teléfono a elDiario.es desde su casa en una aldea del municipio de Carballo, a algo más de 30 kilómetros de la ciudad, donde la cobertura va y viene.

¿Cómo estás viviendo todo lo que ha provocado el desahucio de Maricarmen?

Con una perspectiva que me hace pensar, “¡qué lástima!”... Pasaron trece años de aquello, que no olvidaré nunca, con toda la repercusión que tuvo y no sólo estamos en las mismas, sino que parece que vamos hacia atrás. Ahora hemos llegado ante otro punto de inflexión, porque estamos ante otro caso muy dramático, pero no deja de ser un deber mirar más allá, porque desde 2013 hubo cientos, miles de desahucios...

¿Qué recuerdas hoy de aquel momento que se acabó convirtiendo en todo un símbolo?

Que no fue un momento. Yo formaba parte de la plataforma Stop Desahucios. Llevábamos días de guardia ante el portal de Aurelia, esperando a la comisión judicial, exactamente igual que sucedió con Maricarmen. La diferencia fue que conseguimos paralizarlo y alcanzar un acuerdo. Parece que entonces teníamos más fuerza.

O sea, que tú pasaste, en un abrir y cerrar de ojos, de estar de un lado a verte en el lado opuesto...

Sí, yo era uno más de los que estábamos allí, por eso aunque todo se focalizó en mí, sé que cualquiera de nosotros hubiese reaccionado como yo, al 100%. Creo que como ciudadanos tenemos una fuerza enorme y yo no puedo separar mi actuación como persona de mi actuación como profesional. Por eso de que lo personal es político, ya sabes...

Hoy, de todo aquello, ¿con qué te quedas?

Si estoy orgulloso de algo es de que pusiésemos en cuestión el hecho de participar como bomberos en este tipo de trabajos. Hubo una revisión de nuestras funciones, nos dieron mucha caña y, a raíz de toda aquella controversia, nació la plataforma estatal de Bomberos Contra los Desahucios. Trabajamos a nivel interno, redactamos protocolos sobre qué hacer si nos vemos en esta situación...

Eso quiere decir que no fuiste el único, que hubo compañeros que, como tú, se vieron en un sitio en el que no querían estar.

Conozco casos de compañeros que sí actuaron en desahucios porque no tenían un conocimiento jurídico o que, como yo, acabaron en un proceso jurídico por lo que hicieron. En mi caso me denunciaron por “provocar reacciones en el público que pudiesen alterar la seguridad ciudadana”, cuando lo que alienta no la violencia, pero sí el enfado de la gente, son los propios desahucios.

Seguro que durante todo este tiempo has pensado muchas veces cómo solucionar el problema de la vivienda. ¿Crees que hay alguna fórmula?

Tengo una cosa clara: que hay que politizar la sociedad y con eso no quiero decir ir a votar cada cuatro años. Los partidos que nos representan, la clase política, tienen la menor tasa de credibilidad de nuestra sociedad, uno de cada cinco miembros del Congreso y el Senado son rentistas... ¿Esa es la gente que nos va a solucionar este problema? No, la solución está en la calle, con el Sindicato de Inquilinas, las plataformas de Stop Desahucios...

La propia Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo dicen: la vivienda, una vivienda digna para todos, es la parte más crucial de la vida. Si los bienes inmuebles se dejan a la especulación y al capitalismo salvaje, se produce un desastre. Por eso todo esto tiene que acabar ya: los fondos buitres, la Sareb... hay que gravar los miles de viviendas vacías; las propiedades de la Iglesia, con todas esas casas rectorales que tiene por ahí abandonadas... hay mil posibilidades para que la vivienda deje de ser un lucro y deben hacerse efectivas ya. Los alquileres no pueden subir más. Esta es una burbuja que va a estallar, si no es esta semana será la próxima, pero estallará porque la especulación no tiene fin. Así que toca seguir luchando en la calle y dando credibilidad a esos colectivos que buscan soluciones y no puestos políticos.

¿Qué te parecieron los decretos que presentó el Gobierno y que tumbó el Congreso?

Ya tenía una sensación de que podía ser otra oportunidad perdida, porque esta clase política que tenemos es poco de fiar. Esto es una lucha de clases que, al final, se divide entre los que tienen –que normalmente heredan, porque son siempre las mismas familias– y los que están abajo, dando todo para sobrevivir. Tengo bastante experiencia con muchas personas en exclusión social, antes de estar en estos desahucios, y si no tienes una vivienda no tienes dignidad para sobrevivir y para tener una vida como Dios manda.

Entonces, o se pone esto encima de la mesa y se defiende a capa de espada, o todo es un sinsentido. Contra lo que se tiene que luchar es contra la especulación, nada más. Y hay muchas propuestas: sindicatos de inquilinas, Stop Desahucios, la Plataforma contra la Hipoteca... Incluso algún grupo político. Hace meses propuso ERC el gravamen sobre la vivienda, pero creo que no llegaba ni al 20% del IBI, algo ridículo. A gente que tiene una vivienda, dos, tres, cuatro viviendas, que empezara a pagar muchos más impuestos, hasta llegar a un momento en el que no le compensase tener más de una, o tener una y otra vacacional. Eso sería muy fácil de aplicar. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué las viviendas vacías no van a un registro público de alquiler y que los propietarios tengan que cederlas? Y si no lo hacen, pues que también sean gravadas, a partir de la tercera en un 30, 40, 50, 200%, a medida que vayas teniendo más propiedades. Porque si tienes dinero porque ahorraste –o heredaste, normalmente–pon una empresa, crea empleo pero no compres inmuebles. Debería estar prohibido: una persona, una vivienda, punto; una familia, una vivienda.

Eso va mucho más allá de los decretos...

Mientras no evitemos eso, todo son parches, parches para volver a tropezar pasado mañana. Y claro que las prórrogas de los alquileres y todas estas medidas antidesahucios están de puta madre, pero la lucha no tiene que estar centrada aquí: la gente tiene que pelear para que no lleguemos a este grado de crudeza que es estar desahuciado. Tenemos que conseguir una serie de contratos que limiten los beneficios de los propietarios y que sean equitativos con los ingresos de la gente. Creo que debería ser el momento de convocar una huelga general de inquilinos y a ver por dónde van las cosas. Aceptar lo que consigamos en el parlamento y seguir la lucha.

“¿Os acordáis de cuando era divertida?”. Olga Matute formuló esa pregunta a sus amigas cuando la fueron a ver, semanas después de ser desahuciada junto a una de sus dos hijas. La expulsión sumió en una profunda depresión a esta mujer, cuyo círculo la recuerda como risueña y activa. “¡Si todavía lo eres!”, le respondieron ellas. Pero no vio manera de remontar. El pasado 7 de septiembre, cuando hacía menos de cinco meses desde que la echaron de su casa, Olga se suicidó. A los 54 años y dejando atrás a dos hijas.

Para sus allegados fue un “mazazo”, pero ya se figuraban que la historia podría acabar así. Sus problemas de vivienda empezaron en 2010, cuando se separó de su marido. Como este nunca pagó la pensión de las niñas, Olga dejó de poder hacer frente a la hipoteca. Y, desde entonces, su vida se convirtió en “una sucesión de derrota tras derrota”, cuenta Míriam, una de sus amigas, en conversación con elDiario.es.

“No es un caso aislado. Se habla mucho estos días de Maricarmen y ojalá se hablara más. Pero ella sigue viva y Olga no”, lamenta. Por eso, la gran manifestación en defensa de la vivienda y en protesta de la caída de los dos decretos en la votación del Congreso, se hará en L’Hospitalet, no en Barcelona. “Será un gran homenaje, por ella y por todas las personas que sufren esta crisis. Es lo que hubiera querido”, asegura Míriam.

Que Olga vaya a ser la cara visible de la manifestación de este sábado es un acto de justicia, pero también una contestación a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una visita a Catalunya esta semana quiso quitar hierro a su caso. “Si no recuerdo mal, leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Y nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, zanjó el popular.

Estas palabras han enervado a los movimientos sociales, que no sólo sí se movilizaron por Olga y la van a convertir en protagonista de la marcha, sino que, además, han cuestionado a todas las administraciones que le “fallaron”. “Desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno, pasando por la Generalitat”, apunta Míriam, amiga cercana de Olga.

Estas dos mujeres, ambas del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet, se llevaban más de 20 años, pero se volvieron muy cercanas. Se conocieron en las asambleas para organizar el referéndum del 1 de octubre y ya no dejaron de militar juntas. Pasaron por espacios antifascistas, feministas y asociaciones de barrio. Y, cuando su situación personal lo requiso, Olga se acercó también al Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Hizo de todo para parar el desahucio y no es que dejara de luchar; es que no pudo más”, sigue esta amiga. Recuerda que nunca ocultó que el peso con el que cargaba crecía día tras día. Incluso participó en una comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la salud mental.

“Llevo dos años luchando contra un desahucio que sé que llegará. Cuando eso pasa, caes en un pozo muy profundo, del que no sabes salir. Te aíslas y sólo piensas en suicidarte. Pero es algo que no puedo permitirme. ¿Qué harían mis hijas si yo no estoy?”, explicó en 2024.

Olga tuvo razón y su desahucio no se pudo evitar. Cuentan los suyos que, después de 15 años de lucha, Olga no se creía que la carrera hubiera llegado a su fin. Tanto que, el día antes del desahucio, todavía no había hecho las maletas. “No pensaba que fuera a pasar de verdad. Y, por eso, nos asustamos”, rememora su amiga.

Aquella noche, Olga empezó a enviar mensajes “extraños” que activaron las alarmas de su círculo cercano. Decidieron llamar a emergencias para activar el protocolo antisuicidios, pero, visto en perspectiva, reconocen que quizás no fue la mejor solución. “No sabíamos que era algo tan sumamente violento”, asegura Míriam. Aquella noche, los Mossos entraron en su casa para llevársela al hospital y eso es “lo último que quiere una persona que, al día siguiente, va a sufrir un desahucio”.

Cuando llegó al centro, Olga negó tener cualquier intención suicida para evitar que la ingresaran y así poder estar en casa, con sus hijas, cuando llegara la comitiva judicial. En sólo dos días, tuvo que ser atendida tres veces por los servicios de emergencias. Su abogado, Jordi Naya, intentó, in extremis, parar el lanzamiento presentando ante el juzgado los partes médicos, acreditando que se encontraba en una situación de “riesgo inminente y grave para la salud y su integridad personal”.

Pero el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 5 de L’Hospitalet desestimó la petición. “En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión del desahucio”, alegó. Además, criticó que la solicitud se presentara pocas horas antes de la fecha fijada, lo que catalogó de “mala fe” y argumentó que impedía que “la parte contraria pudiera ejercer sus derechos en plena facultad”. Así, sin más, a la mañana siguiente, Olga fue expulsada de su hogar.

Batalla tras batalla

El periplo de Olga empezó en 2010, cuando se separó de su pareja. Esa ruptura coincidió, además, con un despido. Poco después de aquello, evitó perder su casa gracias a una dación en pago a cambio de un alquiler social de la mano del Banco Sabadell. Pero esa renta tampoco fue fácil de abonar, ya que la situación agravó una diabetes grave que sufría y que le generó un grado de incapacidad que no la dejaba trabajar.

Como su pensión no alcanzaba, Olga decidió ocultar su condición y aceptó un empleo de dependienta. Pero duró poco porque la empresa cerró. Así, Olga se vio, de nuevo, sin ingresos, con dos hijas a cargo. Pero jamás dejó de pagar el alquiler. Fue entonces cuando su piso pasó a manos de Promontoria, una filial del fondo buitre Cerberus, que se negó a continuar con el alquiler social. Y aquel fue el golpe de gracia.

La nueva propiedad decidió poner el inmueble en venta y avisó a Olga, mediante un burofax, de que tenía que irse. Así se lo dijo “un matón” que se plantó en su casa, tal como aseguran desde el Sindicat. Pero ella negó en todo momento haber recibido tal comunicación. Preguntada por estas cuestiones, la propiedad ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es.

Olga llamó a todas las puertas que pudo, pero no logró evitar que le llegara una primera orden de desahucio. Este se pudo aplazar gracias al escudo social, que protegía a familias vulnerables que vivieran en pisos de grandes tenedores. Pero cuando cayó esta medida, este mismo 2026 y debido a los votos de Junts, PP y Vox, el juez volvió a reanudar el proceso y fijó una nueva fecha: el 15 de abril de este año.

“Si esa moratoria no se hubiera tumbado, Olga seguiría viva. Y hoy han vuelto a votar en el mismo sentido”, lamenta Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista. Esta mujer quedó en la calle, junto a una de sus hijas, todavía menor de edad, y otra madre soltera que ya había sido desahuciada previamente y que Olga acogió en su casa durante algunos meses.

“Estamos ante un problema estructural que genera un impacto enorme para la salud mental de las familias trabajadoras. Sobre todo en los niños y en las mujeres, que somos las más afectadas”, aseguran desde el Sindicat. Apunta a cómo, para muchas, separarse de sus parejas es “un privilegio que no pueden permitirse”.

Perder el ingreso de una pareja puede suponer un descalabro que desmonte toda una vida, como le pasó a Olga. Ella es una de las tantas personas que se han quitado la vida al verse vencidas por un sistema que les ha arrebatado la vivienda, el techo bajo el cual forjar una vida. “No son suicidios, son asesinatos”, recuerda Bermúdez.

“Olga era la persona más alegre que he conocido”, cuenta Míriam. Una mujer alegre, amante del buen vino y siempre dispuesta a reírse, bailar y celebrar victorias de los colectivos en los que militaba. Así como a consolar a sus compañeras ante las derrotas con un abrazo o un comentario optimista.

Tanto fue así, que a sus amigas les dijo, en la carta que dejó escrita antes de morir, que querían que celebraran una fiesta en su honor más que un funeral. Los suyos la han enterrado, aunque todavía no han sacado las fuerzas para cumplir el último deseo de Olga. Pero lo harán, asegura Míriam. “La manifestación de este sábado, en su honor, será el primer homenaje. Que su nombre nos sirva para seguir luchando y la fiesta ya llegará, seguro que llegará”.

Seha está agotada; las ojeras delatan días sin dormir y comiendo mal. Se acaricia la barriga, pequeña para una embarazada de siete meses. “Hace días que no noto que el bebé se mueva”, dice, mostrando una angustia acrecentada por el hecho de que su hijo pesa la mitad de lo que debería. Tiene un embarazo de riesgo, que haría recomendable que acudiera al médico a la mínima alarma, pero no ha podido. Estaba intentando evitar su desahucio.

Esta mujer de 25 años vive en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto a su marido Muhmmad y las dos hijas que tienen en común, desde hace casi cinco años. Este martes, mientras las pequeñas estaban en el colegio, sus padres esperaban en la puerta a que llegara la comitiva judicial que tenía el encargo de echarles del piso, propiedad de Cerberus. A la misma hora, en Madrid, el Gobierno estaba aprobando el decreto de vivienda que prohíbe los desahucios para personas vulnerables hasta 2030.

“Estábamos muy pendientes. Era lo último que nos podía ayudar”, dice esta joven. Desde la PAH, entidad que la acompaña, se comunicaron con los juzgados para intentar evitar, in extremis, que Seha fuera una de las últimas personas desahuciadas antes de que el ‘decreto Maricarmen’ entrara en vigor. Y lo consiguieron.

Se les comunicó el aplazamiento por la vía telefónica, sin exponer los motivos ni fijar una nueva fecha. La familia no puede hacer ningún movimiento hasta que la jueza les envíe un escrito, confirmando la decisión de manera oficial. Pero los abogados creen que ese documento no llegará hasta el viernes, cuando el Congreso decida si convalida o no las normativas. “No van a querer fijar otro día hasta saber si la moratoria de los desahucios sale adelante”, expone Miguel Ruiz, abogado de la PAH.

La tranquilidad que sintió Sahe cuando supo que su expulsión había sido aplazada duró poco. Sabe que le han dado tiempo, pero no cuánto. Por eso, mira con mucha expectación y angustia hacia la votación del viernes en el Congreso, que decidirá su futuro y podría convertirla en una de las primeras personas beneficiadas por el ‘decreto Maricarmen’.

“No entiendo a quienes quieren votar en contra de esta ley. Ninguna familia merece este trato ni estar en la calle con los niños. Es cosa de humanidad. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que la gente tenga su casa y estabilidad?”, reflexiona esta joven. Si el desahucio se hubiera ejecutado, no tenía adónde ir. Desde el Ayuntamiento de Cornellà sólo pudieron ofrecerle tentativamente un par de noches en un albergue. Y luego, nada.

Ella se veía en la calle, con unas hijas pequeñas a las que ha intentado proteger todo lo posible, hasta el punto de que no han llegado a enterarse de que su hogar corría peligro. Y embarazada de un bebé en riesgo. “Está muy débil, no crece como debería. Sólo pesa 1 kilo, cuando tendría que pesar el doble. Yo creo que es por el estrés y, si me hubieran echado, no quiero ni pensar qué habría pasado”, reflexiona.

Tiene claro que su situación habitacional ha afectado de manera muy negativa a su embarazo. Pero la jueza que fijó la fecha de su desahucio para este martes no considera lo mismo. Cuando se marcó la fecha en el calendario, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 5 de Cornellà ya sabía cómo estaba Seha y que seguiría estándolo para el día fijado. En base a eso, el abogado de la familia presentó un recurso y una solicitud de aplazamiento. Pero este fue desestimado.

“El hecho de que ahora se suspendiera por uno o dos meses no cambia la situación en la que se encuentra la demandada, embarazada de siete meses. Porque, aunque se diera la prórroga de un mes o dos, seguiría embarazada o a punto de parir”, relata la jueza en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Una embarazada repartidora de Glovo

Seha llegó a España desde Pakistán hace 11 años con su familia. Era una adolescente que pudo estudiar y llegó a graduarse en comercio internacional. Antes de encontrar trabajo en lo suyo, decidió tomar un empleo como teleoperadora para ganar algo de dinero y fue en ese puesto donde conoció a Muhmmad, quien sería su marido. Él, también pakistaní, trabajaba en la misma empresa gracias una visa de estudiante que usaba para acabar el doctorado de Cadena de Suministros.

Un día llamó al departamento de Seha porque tenía problemas técnicos y las conversaciones telefónicas se alargaron más allá de lo profesional. Hablaron, se gustaron y, en seguida, se enamoraron. “Fue raro decirle a nuestros padres que nos habíamos conocido por teléfono. No es habitual encontrar pareja así en nuestra cultura, pero aun así, nos dejaron casarnos”, cuenta ella. Lo hicieron pronto y, como tenían ahorros, poco después de la boda encontraron el piso del que ahora les quieren echar. “Yo llegué allí casi con el vestido de novia”, bromea.

Se compraron un coche y cimentaron las bases para formar una familia. Al año de llegar, se quedó embarazada, pero ahí empezaron los problemas. Al comunicarlo a la empresa, la echaron. Su esposo protestó y también le despidieron. Ambos fueron a juicio y, aunque ella perdió, a Muhmmad sí le reconocieron la nulidad. Pero, en el transcurso de ese tiempo, perdió la visa de estudiante. Y, al no tener contrato vigente, se quedó sin papeles.

Ahora, pasado el tiempo, ha conseguido permiso de residencia, pero no de trabajo. “Como es doctor, le ofrecen muchos empleos, pero no se los pueden dar porque no tiene papeles”, se lamenta Seha. Ambos desempleados, el dinero no les llegaba y, aunque pudieron seguir pagando su alquiler, de 700 euros, durante algo más de un año, pasado ese tiempo, el dinero se agotó.

Para entonces, Seha esperaba a su segunda hija y los retrasos se acumulaban. Fue en ese momento, en 2023, cuando la propiedad inició el proceso judicial para expulsarles. Contando el del pasado martes, han sufrido cuatro intentos de desahucio. El primero pudo ser aplazado debido al embarazo y los dos siguientes gracias a la moratoria de desahucios que cayó, debido a los votos de PP, Junts y Vox, el pasado abril y que protegía a familias vulnerables. Entonces, la jueza señaló la fecha: 29 de septiembre de 2026. Pero este también se anuló; esta vez, gracias al ‘decreto Maricarmen’.

Durante todo este tiempo, ha sido Seha la que ha intentado mantener a su familia, encadenando empleos precarios. El último, como repartidora para Glovo, un trabajo que la mantuvo sobre la bicicleta hasta hace pocas semanas, estando ya encinta de más de seis meses. Aguantó todo lo que pudo hasta que su doctora le dijo que, debido a su embarazo de riesgo, debía tomarse la baja.

A pesar de que la familia aseguró frente a la jueza que su voluntad era pagar lo que pudieran, la propiedad negó en todo momento la posibilidad de un alquiler social. “Yo no quiero nada gratis ni pretendo que todos tengamos que tener lo mismo. Sólo quiero lo mínimo, por humanidad”, relata.

Esta joven consiguió parar su desahucio in extremis gracias a la ayuda de la PAH, entidad con la que contactó justo el día antes de la fecha fijada. “Nuestro abogado de oficio no sabía qué más intentar, así que le pregunté a ChatGPT qué opciones tenía y me dijo que probara con la PAH”, confiesa. El mail les llegó el lunes, en plena manifestación frente al Palau de Congressos, donde se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Allí crearon un cartel para mover su caso por redes e informaron como pudieron a los periodistas presentes.

“No hace ni 24 horas que me conocen y se plantaron en mi casa. Me han ayudado más que mi familia y siento que he llegado al lugar correcto”, cuenta Seha, que reconoce que tener a estos activistas a su lado fue lo único que la hizo sobrellevar esas horas de espera, mientras aguardaba a la comitiva judicial en su casa. “Me puse tres candados. Tenía mucho miedo porque no sabía si vendría la policía o si habría pelea. ¿Y si me empujaban?”, se pregunta, posando la mano sobre su vientre.

Sabe que le han dado una tregua y reza para que el Congreso convalide el decreto que debería parar los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. “Tengo 25 años y ya he vivido cosas que valen por la vida de alguien que tiene 40. Y ya quiero descansar, sólo pido un poco de paz y un lugar donde criar a mis hijas”.

El Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido una plaza en la Residencia Social Asistida San José a Rosario, una vecina de 80 años que este lunes debe abandonar su vivienda de alquiler en el Casco Histórico de la ciudad tras finalizar su contrato.

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios por la situación de esta vecina de Toledo por la que la Unión Popular de Inquilinas (UPI) convocó este domingo una concentración de apoyo.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente, creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir vivienda sola”, ha señalado la edil sobre Rosario, quien es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse con su pensión de 500 euros.

Illescas ha explicado que la mujer ha sido atendida por parte de los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento -habiendo mantenido “nueve reuniones” con la trabajadora social en el último mes- y que se la ha ofrecido su trasladado a la residencia de manera temporal mientras puede buscar otra alternativa, aunque ella habría rechazado esta propuesta.

La concejala ha desvelado además que Rosario está inscrita en el registro de solicitantes de vivienda de la Junta de Comunidades, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta positiva, aunque indica que también se le ha ofrecido una plaza residencial por parte de la Administración regional.

No ve una situación “comparable” a la de Maricarmen

Señala también la edil que Rosario no habría judicializado la situación y que no la ve comparable a la que ha sufrido Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, que fue desahuciada la semana pasada. Un caso que ha incrementado las protestas sociales y que ha originado la acampada de cientos de personas en Sol para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

“Aunque alguien lo está pretendiendo, no estamos ante un caso como el de Maricarmen”. “Estamos ante un fin de contrato”, ha agregado, subrayando que, a su juicio, se está intentando “dibujar una situación análoga a la Maricarmen”, lo que considera como “algo partidista”.

“No debemos hacer cortinas de humo. Más valdría que la izquierda se dedicara a denunciar violaciones de Ceuta”, ha aseverado también la concejala 'popular', sin concretar qué formaciones o partidos políticos están haciendo lo que considera “un uso torticero de lo que está sucediendo” en el caso de Rosario.

“En la calle no se va a quedar esta señora esperando la plaza de mañana. Eso os lo puedo asegurar porque para eso existen las ayudas de emergencia y el Ayuntamiento se ocupará en su caso de esa situación. Pero lo primero que tiene que haber es una confirmación de que Rosario quiere acogerse a esta posibilidad porque los ofrecimientos que se le han hecho los ha rechazado. Pero no se va a quedar a dormir a la calle. Lógicamente, nadie se queda a dormir en la calle en Toledo”, ha afirmado la edil.

Movilización contra el lanzamiento

De su lado, la Unión Popular de Inquilinos, que ha convocado hoy una concentración en San Justo por el caso de Rosario, llevó también a cabo una protesta en Zocodover en la que reunió a medio centenar de vecinas y vecinos y personas vinculadas a los movimientos por el derecho a la vivienda.

En el acto, señalaron que el caso de Rosario no debe abordarse como un problema individual sino como parte de una situación más amplia de acceso a la vivienda, reclamando medidas como el fin de los desahucios y una mayor protección para las personas que se encuentran en situaciones de emergencia habitacional-.

Precisamente, tras el incremento del malestar social por el caso de Maricarmen, el Gobierno está negociando la aprobación del decreto de vivienda para que pueda tener luz verde este martes en el Consejo de Ministros.

Un total de cuatro ciudades de Castilla-La Mancha se han sumado a las protestas que está convocando esta semana la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para mostrar su indignación contra el desahucio de Maricarmen, de 87 años, a cargo de un fondo de inversión, ocurrido en Madrid este miércoles. Un desahucio que ha causado “una ola de indignación”.

Tras la movilización que hubo ayer en Toledo, este jueves ha sido el turno de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina, a las que hay que sumar otra más para el viernes en Ciudad Real, en una ola de indignación que alcanza a ciudades por toda España.

La de Toledo, una convocatoria “urgente” de la Unión Popular de Inquilinos de la ciudad, citó a la ciudadanía en la plaza del Ayuntamiento ante el desahucio de Maricarmen, ocurrido esa misma mañana.

Durante la concentración toledana se leyó un manifiesto. “Tenemos que pararlo de alguna manera y la mejor forma es la organización”, ha dicho Natalia Cortés, la portavoz, que ha invitado a la ciudadanía a sumarse al colectivo o a dar apoyo a través de las redes sociales, de cara a “trabajar por una ciudad para todos y todas”.

En Madrid, frente al ático del barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, se reunieron unas 10.000 personas según las cifras de la Delegación del Gobierno.

Las ciudades donde se ha celebrado una concentración este jueves han sido La Coruña, Alicante, Bilbao, Huelva, Murcia, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Salamanca, Aracena, Logroño, Talavera de la Reina (Toledo), Zaragoza, Granada y Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viernes tendrán lugar en Benidorm (Alicante), Cáceres y Ciudad Real.

La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha denunciado que el fondo de inversión Azora mantiene al menos 20 viviendas vacías en la calle Salud de Donostia, con las puertas precintadas por la empresa STM Seguridad. Ante esta denuncia, el alcalde del PNV, Jon Insausti, ha asegurado que la colaboración del Ayuntamiento con la plataforma de inquilinos es “intensa” y “estrecha”. El regidor ha asegurado que “Azora, futuro y Donostia no encajan en la misma frase”.

El conflicto se remonta a enero de 2020, cuando Azora compró 320 viviendas en Donostia a Inmobiliaria Vascongada. Desde entonces, según denuncia Stop Desahucios, el fondo está enviando burofaxes con acuse de recibo a los inquilinos para comunicarles la finalización de contratos firmados hace más de siete años con la anterior propiedad y señalar la fecha prevista para el desalojo. La plataforma sostiene que el objetivo de Azora es vaciar las viviendas para destinarlas a alquileres temporales. Esta modalidad, según Stop Desahucios, no está sujeta a los límites de precios establecidos por la Ley de Vivienda para las zonas tensionadas, como es Donostia.

La situación afecta a inquilinos como Dulce y su hijo menor, residentes en el número 14. A ambos se les fijó el desalojo para el 1 de mayo de 2026, pese a que pagan una renta mensual de 800 euros, además de los gastos de IBI, comunidad y basuras. Dulce se ha acogido a la prórroga de tres años prevista por la legislación vigente. Su caso forma parte de las más de 50 tramitaciones que gestiona actualmente Stop Desahucios. Ante situaciones como esta, Stop Desahucios y el Sindicato de Vivienda Saretxe han advertido de que tratarán de frenar cualquier intento de desalojo de inquilinos vulnerables o con enfermedades graves.

Por su parte, el alcalde Insausti ha rechazado las prácticas de propietarios como el fondo Azora. “No actúan precisamente para buscar ciudades para vivir, actúan precisamente para buscar ciudades para especular”, ha afirmado el primer edil, rechazando cualquier idea de que esto suceda en Donostia. También ha señalado que, según los indicadores de consumo de agua, en Donostia hay entre 2.000 y 2.200 viviendas vacías. El alcalde ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento actúe con firmeza y consiga poner en uso este parque de viviendas deshabitadas.

Stop Desahucios lleva tiempo alertando sobre las actuaciones de Azora en Donostia. La plataforma denuncia el envío reiterado de comunicaciones de finalización de contrato a vecinos que, según asegura, están al corriente de sus pagos. El colectivo teme que, una vez decaído el escudo social a principios de este año, el fondo pueda iniciar procedimientos judiciales para desalojar a los inquilinos. Por ello, Stop Desahucios y otros colectivos ciudadanos han reafirmado su intención de movilizarse para evitar que las familias sean expulsadas de sus viviendas.

Como siguiente paso, la plataforma registrará una moción para el próximo pleno municipal. En ella pedirá que se aplique la ley vasca de Vivienda para expropiar las viviendas vacías de Azora en la calle Salud y en el resto del municipio. La iniciativa también reclamará que Kontsumobide y la oficina municipal de consumo, en colaboración con el área de Vivienda del Gobierno, revisen los precios anunciados por el fondo en los portales inmobiliarios. El objetivo es comprobar si cumplen los límites establecidos por la ley y, en caso contrario, aplicar las sanciones previstas en la reforma legislativa aprobada por el Parlamento en 2025.

Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con los portavoces de Azora para recabar su versión sobre las denuncias de Stop Desahucios y las declaraciones del alcalde Insausti, mas no se ha obtenido respuesta después de varios intentos.

A finales de abril de este año, la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa dio a conocer la situación de Lorena, una madre con cinco niños a su cargo que iba a ser desahuciada el próximo 7 de septiembre de la vivienda en la que reside. Ahora, gracias al acuerdo alcanzado con Kutxabank, propietaria del inmueble, el banco ha solicitado este miércoles el aplazamiento del desalojo hasta el 30 de octubre, tras llegar a un acuerdo con la inquilina. Mientras transcurre ese tiempo, existe la posibilidad de que el banco y un familiar de Lorena cierre la compra de la vivienda.

Lorena vive en este inmueble desde 2018 y, según Stop Desahucios, los antiguos propietarios “le ocultaron que tenían instada por Kutxabank una demanda de desahucio por impago de la hipoteca”. Esta situación puso a Lorena y a su familia en una situación de vulnerabilidad que no pudo ser protegida tras la caída del escudo social que buscaba evitar los desahucios de personas vulnerables. El pasado 26 de febrero, el Congreso de los Diputados votó en contra de mantener la medida, instaurada durante la pandemia para evitar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

Según explica Kutxabank, Lorena se ha comprometido con la entidad bancaria y con el juez a dejar la vivienda antes del 30 de octubre. No obstante, todavía existe la posibilidad de que pueda conservar su hogar. Stop Desahucios anuncia que el abuelo de los niños, “con un gran esfuerzo”, podría comprar la vivienda bajo las “condicones ventajosas” que Kutxabank ha ofrecido. Tanto en la negociación del aplazamiento como en la posibilidad de compra ha participado el Ayuntamiento de Irún, cuya intervención es agradecida por la plataforma.

Stop Desahucios califica la negociación como “una salida habitacional definitiva” para Lorena y su familia, a pesar de que la compra todavía no se ha cerrado. La plataforma celebra así el punto y final a la “insoportable amenaza de ser desahuciados”. Por su parte, Kutxabank recuerda que “ha mantenido durante todo el proceso una actitud de diálogo y colaboración”, buscando una “una resolución satisfactoria para todas las partes”.

Esta situación también ha servido de recordatorio para Stop Desahucios de que todavía hay 16 personas vinculadas a la plataforma al borde del desahucio. Por ello, han convocado para este sábado, a las 11.00 horas, una concentración frente al kiosco del Boulevard de Donostia para seguir mostrando su apoyo a las personas afectadas.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado desde las 7.50 de este viernes en los bajos del bloque de la avenida de Bilbao 53-A, en una zona residencial de Muriedas, casi en la entrada de Maliaño.

José, la persona que la justicia pretende desahuciar, está en su casa. Está el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que ha coordinado el intento de paralización, la PAH y Stop Desahucios. Han venido vecinos de la calle Hermanos Calderón, cuyas viviendas de alquiler asequible ha comprado un fondo privado. El ambiente es distendido, pero los vecinos de Hermanos Calderon reconocen que están tensos. “No estamos acostumbrados a estas situaciones”, dicen antes de bajar a la entrada del edificio a colocarse por seguridad.

Desde el Sindicato de la Vivienda explican a eldiario.es que José y su familia alquilaron en 2017 a un particular la vivienda en Muriedas. En 2018 el propietario dejó de pagar la hipoteca y pasó a ser propiedad del banco Liberbank. Estando en conversaciones con el banco para que le concedan un alquiler en la misma vivienda, Liberbank vende el piso a un fondo buitre llamado Global Berbice. El fondo buitre vende la vivienda a un particular con Jose y su familia dentro en 2025. El 24 de abril de este año, la abogada de José recibió la notificación del lanzamiento de desahucio con fecha 19 de junio, sin un intento de conciliación o mediación previa a la demanda, cuestionan desde el Sindicato de la Vivienda.

El caso de la familia es particular porque Jose solo ha pedido dos meses de tiempo extra en su piso: ya tiene una vivienda apalabrada para septiembre. Con un hijo de 21 años con un 85% de discapacidad, otro de 19 y otra hija menor de edad, insisten, “Jose solo pide dos meses más, es consciente de que se tiene que marchar”, pero si le desahucian, “se queda en la calle”.

A las 8 llega puntual la Guardia Civil, que se queda enfrente del edificio. El Sindicato de la Vivienda da indicaciones diez minutos después de dónde ubicarse para garantizar que no saquen a José de su casa. “Hacemos resistencia pasiva”, advierten.

A las 8:50, el grupo se coloca delante del portal y empieza a gritar: “José se queda”, en teoría la comisión del juzgado que notifica al inquilino su desahucio, llega a las 9. Justo llega la abogada de José, que sube a ver a Jose. Las consignas siguen: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”; “El desahuciar se va a acabar”; “Fuera rentistas de nuestros barrios”; “Vecina, alerta, hay buitres en tu puerta”.

A las 9.00 horas llega puntual la comisión del juzgado, el grupo grita antes de que entren al bloque: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”.

La abogada y una representante del Sindicato de la Vivienda salen de la entrada del edificio, dejan a un lado al grupo de la calle Hermanos Calderon, cruzan la carretera y se acercan a hablar con la comisión mientras el grupo prosigue: “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”.

Aguanta el grupo en la puerta y no entran, salen y vuelven a acercarse a tomar fotos los agentes de la Guardia Civil. Cada vez hay más vecinos de la zona enfrente del piso. “Van a mandar refuerzos”, alertan desde el Sindicato de la Vivienda. “Jose, vecino, estamos contigo”, continúan clamando.

“Las de la comisión no han querido negociar, aunque solo son dos meses, ni siquiera con la abogada de Jose”, explica la persona que se ha acercado a hablar con las representantes del Sindicato de la Vivienda.

“Vale, compas, hemos parado el desahucio”, gritan los concentrados a las 9:30 horas de la mañana.

“Toda esta gente maravillosa que ha venido a protestar... hacen lo que debían hacer las instituciones y el gobierno, que no hacen más que darnos la espalda”, señala José con alivio tras conocer que su desahucio no se ha llevado a cabo.

“Todo por un negocio, por especular, apoyados por el gobierno con mentiras... Y las familias se quedan en la calle sin alternativa, en mi caso, con dos discapacitados en casa”, añade. “Lo que estamos pidiendo no es quedarnos en la vivienda, es quedarnos dos meses hasta septiembre porque me ha salido una vivienda y hasta entonces no tengo donde ir”, explica. “El artículo 47 debería ser borrado. Dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde está?”, se pregunta.

Una familia con un menor de ocho años y sin alternativa habitacional ha sido desahuciada este lunes en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos Derecho al Techo y Guanarteme Se Mueve que han estado presentes en el lanzamiento, denuncian que el informe de vulnerabilidad que podría haber paralizado el desahucio ha llegado demasiado tarde, el mismo día del desalojo. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado a este periódico que ha actuado en tiempo y forma dentro de sus competencias. Desde el consistorio aseguran que los Servicios Sociales municipales recibieron el 28 de mayo una solicitud de informe de vulnerabilidad por parte de la persona afectada, pese a no existir una petición formal del juzgado. El informe fue elaborado y remitido al órgano judicial el 5 de junio, “antes de la ejecución del lanzamiento, y también se entregó una copia a la persona afectada”, aseguran fuentes municipales.

La familia residía en una pequeña habitación subarrendada por una persona que, según han podido comprobar los activistas, carecía de legitimidad para ello. “Es una estafadora que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, está en busca y captura, dejó de pagar, con lo cual los inquilinos están en la calle”, denunciaba Marifé Navarro, portavoz de Derecho Al Techo. 

Los afectados, solicitantes de protección internacional, habían requerido el informe de vulnerabilidad con antelación. Aseguran que llamaron de manera reiterada a las administraciones competentes, pero la notificación no llegó a tiempo para solicitar el aplazamiento del lanzamiento.

Gentrificación de Guanarteme

Los colectivos sociales señalan que los fondos buitres y especuladores se están apropiando del barrio de Guanarteme, donde este lunes presenciaron, impotentes, un desahucio más que ejemplifica lo que supone el fenómeno de la gentrificación. “Un desahucio donde coexisten dos realidades contrapuestas. Por un lado están llegando vecinos con un alto poder adquisitivo y se está expulsando a las vecinas de toda la vida, y además se está naturalizando la infravivienda”, asegura Jonathan Mesa, portavoz de Derecho Al Techo. 

Además, critican que se ha naturalizado que haya familias residiendo en infraviviendas, “la familia de hoy vivía en un cuarto pequeñito a un precio que casi es prácticamente el precio de una vivienda”. Advierten de que mientras no se ponga freno a esta dinámica “seguiremos con desahucios invisibles, pero que están ocurriendo en el día a día”.

Desahucios invisibles 

Derecho al Techo subraya que situaciones como esta se repiten a diario sin que trasciendan públicamente. Muchas familias afectadas no hacen públicas sus circunstancias por miedo a ser estigmatizadas, a que sus hijos sufran consecuencias sociales o que los futuros arrendadores les cierren las puertas. La organización destaca que detrás de estos casos existe una casuística compleja: víctimas de fraudes inmobiliarios, familias sin contrato de alquiler por falta de alternativas, y trabajadores con ingresos que quedan igualmente excluidos del mercado de la vivienda.

Siete desahucios inminentes

En la agenda de Derecho al Techo hay siete fechas marcadas con desahucios inminentes. “Estamos viviendo una situación de absoluta desidia y dejación por parte de las administraciones públicas competentes, en particular del Gobierno de Canarias, ante desahucios que se están ejecutando sin importar que se trate de niños, mayores o familias vulnerables. Es un absoluto fracaso de las políticas de vivienda y por desgracia no existe ahora mismo normativa suficiente en la que podamos apoyarnos para que estos lanzamientos dejen de ocurrir. Ni hay legislación para impedir los desahucios, ni hay soluciones habitacionales para paliarlos”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo.

Manifestacion el 20 de junio

Ante esta situación, Derecho al Techo hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación por el derecho a la vivienda que tendrá lugar el próximo 20 de junio. La concentración está prevista a las 11:00 horas en el Canódromo de Schamann, desde donde los participantes recorrerán las calles de la ciudad hasta la Plaza Don Benito, donde se leerá un manifiesto y habrá actuaciones musicales.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

La plataforma Stop Desahucios ha anunciado el desalojo de diez familias vulnerables en Donostia, Errenteria, Lasarte e Irún tras la caída del denominado “escudo social” existente en España. Estas familias tienen a su cargo al menos un menor de edad y cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por servicios sociales, según indican. Rosa García, portavoz de la plataforma, señala que algunos casos afectan a grandes tenedores como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone; otros, a pequeños propietarios.

El pasado 26 de febrero, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el escudo social planteado por el Gobierno después de seis años desde su entrada en vigor. El decreto nació en el contexto de la pandemia y su objetivo era proteger a las familias vulnerables ante desahucios. Como indica García, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que propiciaron la derrota parlamentaria.

Entre los casos más urgentes de Gipuzkoa se encuentra el de Houda, vecina de Irún y madre de cuatro hijos. Su desahucio ya tiene fecha fijada: el 10 de junio. En el mismo municipio, Lorena afronta un desalojo junto a sus cinco hijos, tras la solicitud de su casero, Kutxabank. El juzgado aún no le ha comunicado la fecha. A este escenario se suma Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo a su cargo y en una situación similar, aunque en su caso el arrendador es un pequeño propietario.

La plataforma denuncia que grandes tenedores como Kutxabank o el fondo Testa-Blackstone han solicitado la reanudación de procedimientos judiciales. Así le está ocurriendo en el caso de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, actualmente hospitalizado, cuya vivienda pertenece a este fondo. Stop Desahucios acusa a estas entidades de “acelerar” los desalojos en cuanto se derrocó la protección legal, y se compromete a no permitir que se ejecuten sin resistencia social.

Los casos de Donostia y Errenteria son particulares por su condición de zona tensionada. A Jennifer y Carmen, también con hijos, se les vence el contrato, cada una en su respectivo municipio. Para evitarlo, la plataforma asegura que han acogido las prórrogas extraordinarias contempladas en la Ley de Vivienda para municipios tensionados, pero sus arrendadores han iniciado procedimientos judiciales para impugnarlas. En el caso de Jennifer, el propietario es el fondo de inversión madrileño Kalaitos TGA.

Stop Desahucios advierte de que, si los tribunales no validan estas prórrogas, el número de demandas crecerá “hasta niveles insoportables”. El propio Gobierno vasco cifra que más de 25.000 contratos finalizarán este año en Euskadi, lo que podría traducirse, explica Rosa García, en “miles de nuevos conflictos habitacionales”. Según datos aportados por la plataforma, en 2024 y 2025 los servicios sociales han emitido 153 informes de vulnerabilidad en Donostia y 83 en Irún, cifras que reflejan la magnitud del problema.

A nivel nacional, estiman que unas 60.000 familias han quedado expuestas tras el fin del escudo social. “Estamos ante un tsunami habitacional”, advierte García, mientras alerta de que muchas personas podrían acabar en la calle. La portavoz exige medidas urgentes a las instituciones: desde la mediación directa con grandes tenedores hasta el refuerzo del parque público de alquiler social. Reclaman, por ejemplo, que Kutxabank retire la demanda contra Lorena y firme un contrato de alquiler social de siete años, como ya ocurrió en Errenteria tras la intervención municipal en otro caso.

Adicionalmente, Rosa García recuerda que organismos internacionales como la ONU obligan a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio. “No puede existir una sociedad civilizada con menores durmiendo en la calle”, insiste García. Mientras tanto, el mensaje de la plataforma es claro: impedirán los desalojos que consideren injustos. Porque, como repiten, “la vivienda es un derecho, no un negocio”.

Kutxabank insiste en la responsabilidad de los servicios sociales

Por su parte, Kutxabank sostiene que el lanzamiento de la vivienda de Lorena fue acordado por un juzgado en mayo de 2023. Al considerar que la familia no tenían derecho a permanecer en el inmueble, no se validaron los contratos de alquiler ni los justificantes de pago presentados. La entidad señala que el procedimiento se ha reactivado tras la derogación del “escudo social” y subraya que la normativa posterior no resulta aplicable en este caso, al no tratarse de un contrato de alquiler reconocido jurídicamente. Asimismo, indica que la afectada no ha abonado rentas y que, tras ser declarada en situación de vulnerabilidad, le corresponde a los servicios sociales ofrecer una alternativa habitacional. En este sentido, Kutxabank afirma que actúa conforme a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales.

“La vivienda es un derecho humano fundamental para la dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución Española”. Así ha arrancado su presentación ante los medios el nuevo Sindicato de Vivienda de Cantabria. “Actualmente vivimos en un país donde se entiende la vivienda como un bien de mercado con el que poder hacer negocio y destinarse a usos distintos al de vivir: especulación, segundas o terceras residencias o turismo descontrolado”, ha señalado David Ayala, uno de sus portavoces.

A juicio del recién formado sindicato, este cambio hacia “un mercado salvaje” no es casual, es el resultado de “decisiones políticas, conscientes, de un capitalismo voraz que desarticula las bases sociales que hacen posible la vida”, según ha subrayado Ayala durante su intervención en rueda de prensa.

A juicio de este nuevo colectivo social, “la vivienda juega un doble papel contradictorio, como función social y a la vez, un activo financiero que genera beneficios”. Desde esta organización recuerdan que el conflicto que se plantea en este punto es anteponer el interés económico por encima del derecho a un hogar y “un conflicto social que enfrenta a dos clases con intereses opuestos, las inquilinas y los caseros” y “los beneficios de unos suponen el empobrecimiento de otros”. “Ante esta situación, ¿cómo vamos a poder asegurar la vivienda como un derecho?”, ha cuestionado Ayala.

“El 42% de nuestro sueldo lo dedicamos al alquiler”

Inés González, otra de las portavoces del Sindicato de Vivienda, ha destacado que “la situación de la vivienda en Cantabria es crítica”, con un aumento significativo en los precios del alquiler que ha duplicado su costo en la última década, “mientras que los ingresos medios de las familias solo han crecido un 20%”.

Gonzaléz ha detallado que según los datos más recientes de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y en Castro Urdiales en 11,6 euros el metro cuadrado. “Esto implica que una vivienda de tamaño medio de unos 80 metros puede rondar los 900 o 950 euros al mes”, ha explicado.

A juicio de la plataforma, esto resulta “inasequible para muchos, especialmente jóvenes y familias de bajos ingresos”, según han lamentado, ya que este crecimiento “está muy por encima de la evolución de los ingresos medios de los hogares, que han subido solo un 20%”. Y es que, en Cantabria, “las familias dedicamos el 42% de nuestro sueldo al alquiler”, ha señalado la portavoz.

De otro lado, desde el sindicato insisten en que a pesar de la afirmación de que falta vivienda, muchas propiedades nuevas se destinan a segundas residencias y hay un gran número de viviendas vacías en España. “En Cantabria nos repiten que falta vivienda, que la población está aumentando y que la ley del mercado hace subir los precios, pero incluso en municipios donde más se está construyendo o en aquellos que se están despoblando, el precio de la vivienda se dispara”.

Según González, “más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o terceras residencias”. Mientras tanto, ciudades como Santander o Torrelavega cuentan con centenares de solares sin edificar y en abandono, “a la espera de que la empresa privada y la especulación decidan su uso”. Esto se combina con viviendas vacías y sin uso, cuatro millones en toda España. “Construir sin regular no sirve”, han denunciado desde el sindicato.

Abusos de las inmobiliarias

Yolanda Ceballos ha explicado que el sindicato pretende ser “una organización plural y asamblearia” y entre sus objetivos figura “acabar con los abusos de las inmobiliarias”. “No toleraremos que nadie se tenga que ir de su casa para que quienes más tienen puedan especular con ella y lucharemos contra la dinámica turistificadora que las instituciones promueven para nuestro territorio, que no hace más que expulsar a quienes vivimos aquí”, ha denunciado.

Ceballos ha incidido en el posicionamiento expreso del colectivo, formado actualmente por unas 20 personas, “contra las viviendas y edificios de uso turístico y desde ya anunciamos que anteproyectos que amenazan con deshacer nuestros barrios, pueblos y nuestra vida comunitaria nos tendrán enfrente”. En este sentido ha señalado el apoyo y aprendizaje adquirido de otras organizaciones ciudadanas como Cantabria No Se Vende y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Hay que tener en cuenta que en el centro de Santander, la mayoría de las remodelaciones que se están haciendo no es para que haya viviendas de uso para vivir, sino que se quiere especular con ellas”, han advertido. Como ejemplo de ello han mencionado el edificio perteneciente a la orden religiosa de Los Franciscanos en Santander, “que lo ha comprado una empresa que pretende hacer más de 25 viviendas de uso turístico denominadas de lujo”, ha detallado González.

“Estamos haciendo una campaña en contra de este tipo de bloques turísticos que lo que hacen al final es quitar del mercado habitual las viviendas para convertirlas solo en uso turístico, con lo que ello implica”, han sostenido.

Ausencia de zonas tensionadas

Finalmente, el sindicato ha avanzado su intención a largo plazo de reclamar una ley propia para Cantabria ante la ausencia de zonas tensionadas declaradas e instar a las instituciones a que “no se haga efectivo ningún desahucio sin alternativa habitacional”.

Respecto al decreto de viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de Cantabria y que ha dado una nueva moratoria a los propietarios, han considerado que “el Gobierno no deja de instaurar a los municipios de que sean flexibles con el tema de las viviendas turísticas, porque claramente su forma de gobernar es el enriqueciendo a los mismos y empobreciendo de los barrios y las ciudades que solamente ven que crece el turismo”.

Si bien no descartan llevar a cabo iniciativas legislativas populares e integrarse en la red de otros colectivos a nivel nacional, como la Confederación de Sindicato de Inquilinas de España, consideran que en Cantabria es necesario empezar por incentivar la presión en la calle. “La intención es llegar a poder hacer esa incidencia a nivel político, pero hasta ahora la presión en vivienda en Cantabria no ha sido una cosa que pudiera tener tanta relevancia y, sin embargo, estamos viviendo como en otras ciudades, en otros territorios, la presión en la calle ayuda mucho”, han considerado.

Sobre el Plan de Vivienda estatal que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, han señalado que “de nuevo es una normativa que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes tienen”, han argumentado. “Ni siquiera podemos pensar que es el principio de algo porque no creemos que vaya a cambiar las cosas”.

La organización ha instado a la comunidad a participar en sus asambleas y actividades, enfatizando la importancia de la solidaridad y la presión social para lograr cambios legislativos. Las reuniones se celebrarán todos los miércoles a las 19.00 horas de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santander, así como una asamblea este jueves 23 de abril, que es por la mañana, por la prórroga de los alquileres. Igualmente, el Sindicato de la Vivienda ha organizado una 'vermutada' de carácter más lúdico para darse a conocer, y que tendrá lugar este sábado 25 en el local de la asociación Eureka, en Santander.