Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado desde las 7.50 de este viernes en los bajos del bloque de la avenida de Bilbao 53-A, en una zona residencial de Muriedas, casi en la entrada de Maliaño.

José, la persona que la justicia pretende desahuciar, está en su casa. Está el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que ha coordinado el intento de paralización, la PAH y Stop Desahucios. Han venido vecinos de la calle Hermanos Calderón, cuyas viviendas de alquiler asequible ha comprado un fondo privado. El ambiente es distendido, pero los vecinos de Hermanos Calderon reconocen que están tensos. “No estamos acostumbrados a estas situaciones”, dicen antes de bajar a la entrada del edificio a colocarse por seguridad.

Desde el Sindicato de la Vivienda explican a eldiario.es que José y su familia alquilaron en 2017 a un particular la vivienda en Muriedas. En 2018 el propietario dejó de pagar la hipoteca y pasó a ser propiedad del banco Liberbank. Estando en conversaciones con el banco para que le concedan un alquiler en la misma vivienda, Liberbank vende el piso a un fondo buitre llamado Global Berbice. El fondo buitre vende la vivienda a un particular con Jose y su familia dentro en 2025. El 24 de abril de este año, la abogada de José recibió la notificación del lanzamiento de desahucio con fecha 19 de junio, sin un intento de conciliación o mediación previa a la demanda, cuestionan desde el Sindicato de la Vivienda.

El caso de la familia es particular porque Jose solo ha pedido dos meses de tiempo extra en su piso: ya tiene una vivienda apalabrada para septiembre. Con un hijo de 21 años con un 85% de discapacidad, otro de 19 y otra hija menor de edad, insisten, “Jose solo pide dos meses más, es consciente de que se tiene que marchar”, pero si le desahucian, “se queda en la calle”.

A las 8 llega puntual la Guardia Civil, que se queda enfrente del edificio. El Sindicato de la Vivienda da indicaciones diez minutos después de dónde ubicarse para garantizar que no saquen a José de su casa. “Hacemos resistencia pasiva”, advierten.

A las 8:50, el grupo se coloca delante del portal y empieza a gritar: “José se queda”, en teoría la comisión del juzgado que notifica al inquilino su desahucio, llega a las 9. Justo llega la abogada de José, que sube a ver a Jose. Las consignas siguen: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”; “El desahuciar se va a acabar”; “Fuera rentistas de nuestros barrios”; “Vecina, alerta, hay buitres en tu puerta”.

A las 9.00 horas llega puntual la comisión del juzgado, el grupo grita antes de que entren al bloque: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”.

La abogada y una representante del Sindicato de la Vivienda salen de la entrada del edificio, dejan a un lado al grupo de la calle Hermanos Calderon, cruzan la carretera y se acercan a hablar con la comisión mientras el grupo prosigue: “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”.

Aguanta el grupo en la puerta y no entran, salen y vuelven a acercarse a tomar fotos los agentes de la Guardia Civil. Cada vez hay más vecinos de la zona enfrente del piso. “Van a mandar refuerzos”, alertan desde el Sindicato de la Vivienda. “Jose, vecino, estamos contigo”, continúan clamando.

“Las de la comisión no han querido negociar, aunque solo son dos meses, ni siquiera con la abogada de Jose”, explica la persona que se ha acercado a hablar con las representantes del Sindicato de la Vivienda.

“Vale, compas, hemos parado el desahucio”, gritan los concentrados a las 9:30 horas de la mañana.

“Toda esta gente maravillosa que ha venido a protestar... hacen lo que debían hacer las instituciones y el gobierno, que no hacen más que darnos la espalda”, señala José con alivio tras conocer que su desahucio no se ha llevado a cabo.

“Todo por un negocio, por especular, apoyados por el gobierno con mentiras... Y las familias se quedan en la calle sin alternativa, en mi caso, con dos discapacitados en casa”, añade. “Lo que estamos pidiendo no es quedarnos en la vivienda, es quedarnos dos meses hasta septiembre porque me ha salido una vivienda y hasta entonces no tengo donde ir”, explica. “El artículo 47 debería ser borrado. Dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde está?”, se pregunta.

Una familia con un menor de ocho años y sin alternativa habitacional ha sido desahuciada este lunes en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos Derecho al Techo y Guanarteme Se Mueve que han estado presentes en el lanzamiento, denuncian que el informe de vulnerabilidad que podría haber paralizado el desahucio ha llegado demasiado tarde, el mismo día del desalojo. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado a este periódico que ha actuado en tiempo y forma dentro de sus competencias. Desde el consistorio aseguran que los Servicios Sociales municipales recibieron el 28 de mayo una solicitud de informe de vulnerabilidad por parte de la persona afectada, pese a no existir una petición formal del juzgado. El informe fue elaborado y remitido al órgano judicial el 5 de junio, “antes de la ejecución del lanzamiento, y también se entregó una copia a la persona afectada”, aseguran fuentes municipales.

La familia residía en una pequeña habitación subarrendada por una persona que, según han podido comprobar los activistas, carecía de legitimidad para ello. “Es una estafadora que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, está en busca y captura, dejó de pagar, con lo cual los inquilinos están en la calle”, denunciaba Marifé Navarro, portavoz de Derecho Al Techo. 

Los afectados, solicitantes de protección internacional, habían requerido el informe de vulnerabilidad con antelación. Aseguran que llamaron de manera reiterada a las administraciones competentes, pero la notificación no llegó a tiempo para solicitar el aplazamiento del lanzamiento.

Gentrificación de Guanarteme

Los colectivos sociales señalan que los fondos buitres y especuladores se están apropiando del barrio de Guanarteme, donde este lunes presenciaron, impotentes, un desahucio más que ejemplifica lo que supone el fenómeno de la gentrificación. “Un desahucio donde coexisten dos realidades contrapuestas. Por un lado están llegando vecinos con un alto poder adquisitivo y se está expulsando a las vecinas de toda la vida, y además se está naturalizando la infravivienda”, asegura Jonathan Mesa, portavoz de Derecho Al Techo. 

Además, critican que se ha naturalizado que haya familias residiendo en infraviviendas, “la familia de hoy vivía en un cuarto pequeñito a un precio que casi es prácticamente el precio de una vivienda”. Advierten de que mientras no se ponga freno a esta dinámica “seguiremos con desahucios invisibles, pero que están ocurriendo en el día a día”.

Desahucios invisibles 

Derecho al Techo subraya que situaciones como esta se repiten a diario sin que trasciendan públicamente. Muchas familias afectadas no hacen públicas sus circunstancias por miedo a ser estigmatizadas, a que sus hijos sufran consecuencias sociales o que los futuros arrendadores les cierren las puertas. La organización destaca que detrás de estos casos existe una casuística compleja: víctimas de fraudes inmobiliarios, familias sin contrato de alquiler por falta de alternativas, y trabajadores con ingresos que quedan igualmente excluidos del mercado de la vivienda.

Siete desahucios inminentes

En la agenda de Derecho al Techo hay siete fechas marcadas con desahucios inminentes. “Estamos viviendo una situación de absoluta desidia y dejación por parte de las administraciones públicas competentes, en particular del Gobierno de Canarias, ante desahucios que se están ejecutando sin importar que se trate de niños, mayores o familias vulnerables. Es un absoluto fracaso de las políticas de vivienda y por desgracia no existe ahora mismo normativa suficiente en la que podamos apoyarnos para que estos lanzamientos dejen de ocurrir. Ni hay legislación para impedir los desahucios, ni hay soluciones habitacionales para paliarlos”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo.

Manifestacion el 20 de junio

Ante esta situación, Derecho al Techo hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación por el derecho a la vivienda que tendrá lugar el próximo 20 de junio. La concentración está prevista a las 11:00 horas en el Canódromo de Schamann, desde donde los participantes recorrerán las calles de la ciudad hasta la Plaza Don Benito, donde se leerá un manifiesto y habrá actuaciones musicales.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

La plataforma Stop Desahucios ha anunciado el desalojo de diez familias vulnerables en Donostia, Errenteria, Lasarte e Irún tras la caída del denominado “escudo social” existente en España. Estas familias tienen a su cargo al menos un menor de edad y cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por servicios sociales, según indican. Rosa García, portavoz de la plataforma, señala que algunos casos afectan a grandes tenedores como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone; otros, a pequeños propietarios.

El pasado 26 de febrero, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el escudo social planteado por el Gobierno después de seis años desde su entrada en vigor. El decreto nació en el contexto de la pandemia y su objetivo era proteger a las familias vulnerables ante desahucios. Como indica García, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que propiciaron la derrota parlamentaria.

Entre los casos más urgentes de Gipuzkoa se encuentra el de Houda, vecina de Irún y madre de cuatro hijos. Su desahucio ya tiene fecha fijada: el 10 de junio. En el mismo municipio, Lorena afronta un desalojo junto a sus cinco hijos, tras la solicitud de su casero, Kutxabank. El juzgado aún no le ha comunicado la fecha. A este escenario se suma Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo a su cargo y en una situación similar, aunque en su caso el arrendador es un pequeño propietario.

La plataforma denuncia que grandes tenedores como Kutxabank o el fondo Testa-Blackstone han solicitado la reanudación de procedimientos judiciales. Así le está ocurriendo en el caso de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, actualmente hospitalizado, cuya vivienda pertenece a este fondo. Stop Desahucios acusa a estas entidades de “acelerar” los desalojos en cuanto se derrocó la protección legal, y se compromete a no permitir que se ejecuten sin resistencia social.

Los casos de Donostia y Errenteria son particulares por su condición de zona tensionada. A Jennifer y Carmen, también con hijos, se les vence el contrato, cada una en su respectivo municipio. Para evitarlo, la plataforma asegura que han acogido las prórrogas extraordinarias contempladas en la Ley de Vivienda para municipios tensionados, pero sus arrendadores han iniciado procedimientos judiciales para impugnarlas. En el caso de Jennifer, el propietario es el fondo de inversión madrileño Kalaitos TGA.

Stop Desahucios advierte de que, si los tribunales no validan estas prórrogas, el número de demandas crecerá “hasta niveles insoportables”. El propio Gobierno vasco cifra que más de 25.000 contratos finalizarán este año en Euskadi, lo que podría traducirse, explica Rosa García, en “miles de nuevos conflictos habitacionales”. Según datos aportados por la plataforma, en 2024 y 2025 los servicios sociales han emitido 153 informes de vulnerabilidad en Donostia y 83 en Irún, cifras que reflejan la magnitud del problema.

A nivel nacional, estiman que unas 60.000 familias han quedado expuestas tras el fin del escudo social. “Estamos ante un tsunami habitacional”, advierte García, mientras alerta de que muchas personas podrían acabar en la calle. La portavoz exige medidas urgentes a las instituciones: desde la mediación directa con grandes tenedores hasta el refuerzo del parque público de alquiler social. Reclaman, por ejemplo, que Kutxabank retire la demanda contra Lorena y firme un contrato de alquiler social de siete años, como ya ocurrió en Errenteria tras la intervención municipal en otro caso.

Adicionalmente, Rosa García recuerda que organismos internacionales como la ONU obligan a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio. “No puede existir una sociedad civilizada con menores durmiendo en la calle”, insiste García. Mientras tanto, el mensaje de la plataforma es claro: impedirán los desalojos que consideren injustos. Porque, como repiten, “la vivienda es un derecho, no un negocio”.

Kutxabank insiste en la responsabilidad de los servicios sociales

Por su parte, Kutxabank sostiene que el lanzamiento de la vivienda de Lorena fue acordado por un juzgado en mayo de 2023. Al considerar que la familia no tenían derecho a permanecer en el inmueble, no se validaron los contratos de alquiler ni los justificantes de pago presentados. La entidad señala que el procedimiento se ha reactivado tras la derogación del “escudo social” y subraya que la normativa posterior no resulta aplicable en este caso, al no tratarse de un contrato de alquiler reconocido jurídicamente. Asimismo, indica que la afectada no ha abonado rentas y que, tras ser declarada en situación de vulnerabilidad, le corresponde a los servicios sociales ofrecer una alternativa habitacional. En este sentido, Kutxabank afirma que actúa conforme a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales.

“La vivienda es un derecho humano fundamental para la dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución Española”. Así ha arrancado su presentación ante los medios el nuevo Sindicato de Vivienda de Cantabria. “Actualmente vivimos en un país donde se entiende la vivienda como un bien de mercado con el que poder hacer negocio y destinarse a usos distintos al de vivir: especulación, segundas o terceras residencias o turismo descontrolado”, ha señalado David Ayala, uno de sus portavoces.

A juicio del recién formado sindicato, este cambio hacia “un mercado salvaje” no es casual, es el resultado de “decisiones políticas, conscientes, de un capitalismo voraz que desarticula las bases sociales que hacen posible la vida”, según ha subrayado Ayala durante su intervención en rueda de prensa.

A juicio de este nuevo colectivo social, “la vivienda juega un doble papel contradictorio, como función social y a la vez, un activo financiero que genera beneficios”. Desde esta organización recuerdan que el conflicto que se plantea en este punto es anteponer el interés económico por encima del derecho a un hogar y “un conflicto social que enfrenta a dos clases con intereses opuestos, las inquilinas y los caseros” y “los beneficios de unos suponen el empobrecimiento de otros”. “Ante esta situación, ¿cómo vamos a poder asegurar la vivienda como un derecho?”, ha cuestionado Ayala.

“El 42% de nuestro sueldo lo dedicamos al alquiler”

Inés González, otra de las portavoces del Sindicato de Vivienda, ha destacado que “la situación de la vivienda en Cantabria es crítica”, con un aumento significativo en los precios del alquiler que ha duplicado su costo en la última década, “mientras que los ingresos medios de las familias solo han crecido un 20%”.

Gonzaléz ha detallado que según los datos más recientes de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y en Castro Urdiales en 11,6 euros el metro cuadrado. “Esto implica que una vivienda de tamaño medio de unos 80 metros puede rondar los 900 o 950 euros al mes”, ha explicado.

A juicio de la plataforma, esto resulta “inasequible para muchos, especialmente jóvenes y familias de bajos ingresos”, según han lamentado, ya que este crecimiento “está muy por encima de la evolución de los ingresos medios de los hogares, que han subido solo un 20%”. Y es que, en Cantabria, “las familias dedicamos el 42% de nuestro sueldo al alquiler”, ha señalado la portavoz.

De otro lado, desde el sindicato insisten en que a pesar de la afirmación de que falta vivienda, muchas propiedades nuevas se destinan a segundas residencias y hay un gran número de viviendas vacías en España. “En Cantabria nos repiten que falta vivienda, que la población está aumentando y que la ley del mercado hace subir los precios, pero incluso en municipios donde más se está construyendo o en aquellos que se están despoblando, el precio de la vivienda se dispara”.

Según González, “más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o terceras residencias”. Mientras tanto, ciudades como Santander o Torrelavega cuentan con centenares de solares sin edificar y en abandono, “a la espera de que la empresa privada y la especulación decidan su uso”. Esto se combina con viviendas vacías y sin uso, cuatro millones en toda España. “Construir sin regular no sirve”, han denunciado desde el sindicato.

Abusos de las inmobiliarias

Yolanda Ceballos ha explicado que el sindicato pretende ser “una organización plural y asamblearia” y entre sus objetivos figura “acabar con los abusos de las inmobiliarias”. “No toleraremos que nadie se tenga que ir de su casa para que quienes más tienen puedan especular con ella y lucharemos contra la dinámica turistificadora que las instituciones promueven para nuestro territorio, que no hace más que expulsar a quienes vivimos aquí”, ha denunciado.

Ceballos ha incidido en el posicionamiento expreso del colectivo, formado actualmente por unas 20 personas, “contra las viviendas y edificios de uso turístico y desde ya anunciamos que anteproyectos que amenazan con deshacer nuestros barrios, pueblos y nuestra vida comunitaria nos tendrán enfrente”. En este sentido ha señalado el apoyo y aprendizaje adquirido de otras organizaciones ciudadanas como Cantabria No Se Vende y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

“Hay que tener en cuenta que en el centro de Santander, la mayoría de las remodelaciones que se están haciendo no es para que haya viviendas de uso para vivir, sino que se quiere especular con ellas”, han advertido. Como ejemplo de ello han mencionado el edificio perteneciente a la orden religiosa de Los Franciscanos en Santander, “que lo ha comprado una empresa que pretende hacer más de 25 viviendas de uso turístico denominadas de lujo”, ha detallado González.

“Estamos haciendo una campaña en contra de este tipo de bloques turísticos que lo que hacen al final es quitar del mercado habitual las viviendas para convertirlas solo en uso turístico, con lo que ello implica”, han sostenido.

Ausencia de zonas tensionadas

Finalmente, el sindicato ha avanzado su intención a largo plazo de reclamar una ley propia para Cantabria ante la ausencia de zonas tensionadas declaradas e instar a las instituciones a que “no se haga efectivo ningún desahucio sin alternativa habitacional”.

Respecto al decreto de viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de Cantabria y que ha dado una nueva moratoria a los propietarios, han considerado que “el Gobierno no deja de instaurar a los municipios de que sean flexibles con el tema de las viviendas turísticas, porque claramente su forma de gobernar es el enriqueciendo a los mismos y empobreciendo de los barrios y las ciudades que solamente ven que crece el turismo”.

Si bien no descartan llevar a cabo iniciativas legislativas populares e integrarse en la red de otros colectivos a nivel nacional, como la Confederación de Sindicato de Inquilinas de España, consideran que en Cantabria es necesario empezar por incentivar la presión en la calle. “La intención es llegar a poder hacer esa incidencia a nivel político, pero hasta ahora la presión en vivienda en Cantabria no ha sido una cosa que pudiera tener tanta relevancia y, sin embargo, estamos viviendo como en otras ciudades, en otros territorios, la presión en la calle ayuda mucho”, han considerado.

Sobre el Plan de Vivienda estatal que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, han señalado que “de nuevo es una normativa que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes tienen”, han argumentado. “Ni siquiera podemos pensar que es el principio de algo porque no creemos que vaya a cambiar las cosas”.

La organización ha instado a la comunidad a participar en sus asambleas y actividades, enfatizando la importancia de la solidaridad y la presión social para lograr cambios legislativos. Las reuniones se celebrarán todos los miércoles a las 19.00 horas de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santander, así como una asamblea este jueves 23 de abril, que es por la mañana, por la prórroga de los alquileres. Igualmente, el Sindicato de la Vivienda ha organizado una 'vermutada' de carácter más lúdico para darse a conocer, y que tendrá lugar este sábado 25 en el local de la asociación Eureka, en Santander.

Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.

Activista histórica en las luchas por el ecologismo, los derechos sociales y la memoria de la represión franquista, Paca Blanco ha vivido durante más de una década en una vivienda pública adjudicada originalmente a su hijo. Tras años intentando regularizar su situación contractual y pagar el alquiler social, lo que ha hecho de forma continuada durante el último año, se enfrentó a una orden de desahucio prevista para el 23 de febrero que finalmente ha sido suspendida. Sus declaraciones reflejan la angustia y el desgaste institucional y emocional que supone vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar a los 77 años.

La extremeña denuncia el “maltrato institucional” sufrido y la ausencia de una comunicación oficial clara sobre su situación: “Para ellos soy una ocupante ignorada, una persona que no existe”. Y eleva el tono cuando habla del trato a las personas mayores: “Nos tienen viviendo con estrés, con ansiedad, con angustia constante. Son unos canallas”. A su edad y con un 66% de discapacidad, insiste en que solo reclama “una solución habitacional digna” y advierte: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Yo pienso seguir luchando hasta que mi cuerpo aguante”.

Blanco, que utiliza un andador y padece movilidad reducida, ha dedicado décadas a causas sociales, ecológicas y feministas y es conocida por denunciar la represión franquista en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, donde fue internada en su juventud, y por oponerse a megaproyectos como el resort de lujo en Marina Isla de Valdecañas, y a las nucleares, especialmente la de Almaraz.

El conflicto actual se originó cuando la empresa municipal de vivienda de Madrid (EMVS) decidió iniciar un procedimiento judicial para desalojarla, argumentando incumplimientos contractuales por lo que ella misma define su situación como “ocupación ignorada”. Blanco había entrado en la vivienda con las llaves que le entregó su hijo, al que originalmente se adjudicó el piso y que ahora reside en Brasil, y desde entonces ha intentado regularizar el contrato sin éxito.

A pesar de haber pagado alquiler durante el último año, y de solicitar formalmente la subrogación del contrato, algo que la normativa actual no permite del hijo a padres, pero sí al revés, la EMVS no ha reconocido su derecho a permanecer en el hogar que ha sido suyo durante más de una década.

Movilización social y paralización del desahucio

La alarma ante su posible expulsión ha motivado la firma de un manifiesto por parte de más de 150 colectivos como sindicatos, movimientos de vivienda, asociaciones vecinales, plataformas de pensionistas y ecologistas, que califican la medida como “una injusticia especialmente grave” y un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a miles de personas en España.

Gracias a esta presión y al apoyo de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, el desahucio programado para el 23 de febrero fue suspendido de forma temporal. Pero Blanco advierte de que esa suspensión es una tregua, no una solución definitiva, y que sigue en riesgo inminente de perder su hogar si no se reconoce su derecho a un alquiler social acorde a sus recursos.

El relato de una vida en lucha

Por su parte, Blanco relata con claridad a elDiario.es, como siempre ha hecho, la enorme carga emocional y física de esta experiencia: meses viviendo entre cajas con sus recuerdos, angustia constante y la incertidumbre de no saber si su casa seguirá siendo suya. Su caso se ha convertido en una denuncia pública del trato institucional hacia los mayores, especialmente cuando sus ingresos y su condición de salud los colocan en una posición de vulnerabilidad.

Blanco ha rechazado también ofertas de alternativas habitacionales como residencias gestionadas por órdenes religiosas, precisamente por su experiencia pasada en instituciones similares durante los años del franquismo.

Un caso que trasciende lo personal

Expertos y colectivos señalan que el caso pone foco en la crisis estructural de vivienda en España, donde la falta de vivienda social asequible, las limitaciones del llamado escudo social y la presión de los mercados inmobiliarios empujan a personas mayores, familias vulnerables y sectores precarizados a situaciones de exclusión residencial. El respaldo a Blanco se lee, en este sentido, como un llamado más amplio a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

La puerta de su casa en El Natahoyo, en Gijón, iba a cerrarse este miércoles a las once de la mañana, para salir en dirección a un hostal. Dentro, una madre y su hijo de ocho años. Fuera, una orden de desahucio. Finalmente, no será así. Al menos por ahora. La presión sindical y vecinal ha conseguido una tregua para esta familia. El escudo social ha funcionado.

“Los padres fallecen y la empresa pública Vipasa propone un deshaucio para la hija (madre de un niño de ocho años) que cobra poco más de 600 euros al mes porque Vipasa dejó de pasarle las facturas porque el titular del contrato había fallecido. Tienen que subrrogarles el contrato, tiene que haber una alternativa habitacional para ella y su hijo que llevan viviendo allí toda la vida”, explica Javier Linares, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

Fue esta central sindical la que anunció la paralización del lanzamiento previsto en este barrio gijonés. La organización asegura que la suspensión se ha logrado tras “la presión sindical y mediática” generada en las últimas horas alrededor del caso, pero advierten de que la tregua que se les ha dado de un año “no es suficiente, necesitamos que sea un solución definitiva”.

Para la mujer —A. G. V.— y su hijo, la noticia supone un respiro. Pero solo eso: un respiro. “Estamos hablando de un niño de ocho años que está estudiando y de una chica joven que es madre y que no dispone de recursos, es increíble que hagan esto. Es increible, pero Vipasa es una empresa buitre”, denuncia Linares.

“Cuando hay voluntad política existen alternativas”

Desde la organización sindical celebran la decisión porque, afirman, demuestra que “cuando hay voluntad política existen alternativas” y que la presión social puede frenar situaciones de desprotección. Sin embargo, advierten de que este caso no puede convertirse en una excepción que calme conciencias durante unos días. “Los servicios sociales de Gijón enviaron un informe a Vipasa y al juez solicitando la paralización del desahucio, esto es una emergencia social y son casos que tiene que estar blindados”, reclaman desde el colectivo sindical.

“Esta suspensión no puede quedar como un hecho aislado”, explica Javier Linares, portavoz del sindicato, que exige la paralización inmediata de todos los desahucios y la prohibición de los mismos, especialmente cuando afectan a vivienda social. También reclaman a las administraciones la recuperación y ampliación del parque público de vivienda y cambios estructurales que eviten que familias vulnerables tengan que esperar a la presión mediática para poder quedarse en su casa“. De momento, madre e hijo seguirán en su casa, en la que llevan viviendo toda una vida.

A las cinco de la madrugada han acudido varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a casa de Hamza, en el barrio zaragozano de Torrero. Lo han hecho tratando de impedir algo que, finalmente, se ha producido: el desahucio de este hombre junto a sus tres hijos menores. Era la tercera vez que se intentaba desahuciar a esta familia y la rabia vecinal se sentía en el ambiente. Esta noche, este hombre y sus tres hijos dormirán en el Albergue de Zaragoza, un espacio destinado a personas sin hogar en el Casco Histórico: “No quiere estar ahí”, explica un joven que ha traducido a Hamza ante los medios: “Quiere buscar un piso suyo para vivir con sus hijos. Sus hijos tienen el colegio en Torrero, juegan al fútbol aquí, el albergue está lejos, tiene una hora de camino, quiere algo cerca para hacer más fácil la vida de sus hijos”.

Según cuentan miembros de la PAH, los efectivos policiales han sido igual de madrugadores que ellos, con seis furgones y dos furgonetas cortando la calle donde se iba a producir el desahucio. Algunos jóvenes que han acudido cuentan que llevaban ahí desde las 07:00, aunque la convocatoria era a las 08:00, porque esperaban una gran presencia policial. Lo más llamativo, los niños del colegio Domingo Miral, compañeros de clase y de escuela de los hijos de Hamza, que estaban con sus padres y docentes reclamando que se paralizase el proceso.

Silvia, una de las integrantes de la PAH que ha acudido a primera hora y ha estado dentro de la casa, cuenta que habían preparado un desayuno para los niños y que “la Policía nos ha dicho que lo trasladásemos, cuando estábamos moviendo las cosas ya no nos dejaban volver. Quedábamos cinco, de esos cinco hemos decidido entrar dentro del edificio a acompañarlo, los policías nos decían que se quedaban fuera, pero han intentado entrar al portal, he tenido que cerrar para que no entraban y se han quedado dos compañeros fuera. Hemos subido al piso, los policías han subido por las escaleras, han intentado entrar pero no lo han logrado. Nosotros solo queríamos esperar a la comisión judicial, hemos intentado razonar con ellos y no ha habido manera”, relata.

A las 08:00 —hora en la que la PAH había convocado a los vecinos— cerca de un centenar de vecinos se agolpaban al final de la calle, ocupada casi en su totalidad por seis furgones policiales. Allí, los asistentes han gritado proclamas durante horas, pidiendo que se paralizase el desahucio y con fuertes críticas a los efectivos policiales. “Vecino, despierta, desahucian en tu puerta”, “Hamza y su familia se quedan en Torrero” o “Vergüenza me daría echar a una familia” son algunos de los gritos que se han escuchado durante la fría mañana zaragozana. Entre los asistentes había familias, jóvenes y jubilados. Uno de estos jóvenes comentaba la asistencia de los niños: “Yo creo que era más mayor que ellos cuando vine al primer desahucio, este barrio es así”, decía con orgullo.

Estos niños venían desde el CEIP Domingo Miral, donde estudian los menores que han sufrido el desahucio y en el que ha habido una gran movilización. Jorge Molina es el director de este centro y ha destacado la situación “de vulnerabilidad brutal” que sufre esta familia: “Son tres pequeños que se van a quedar en la calle”. Ha criticado la “inacción” de las administraciones y ha comentado que, en el ámbito escolar, está siendo “complicado” para los afectados y para los compañeros: “Conlleva un trabajo en el colegio de acompañamiento, seguimiento y de gestión de la situación”.

Sobre las 09:30 de la mañana ha llegado hasta el lugar la comisión judicial, que ha entrado en el edificio entre gritos de “vergüenza, vergüenza” por parte de los vecinos concentrados. En esos momentos, Silvia ha actualizado la situación gritando desde el balcón: “Están intentando entrar en la casa”. Sus palabras recibían una gran contestación de los vecinos congregados abajo. Apenas una hora después, en torno a las 10:15, los responsables de la plataforma han bajado y han informado de que el desahucio había sido ejecutado. Carlos, uno de los portavoces de la PAH, ha lamentado el desenlace y ha propuesto realizar una manifestación hasta el Centro Cívico Torrero “a exigir que cumplan su palabra y les den una alternativa habitacional”.

“Hemos cortado medio Torrero”

Las personas congregadas se han organizado y, tras la pancarta, han recorrido los 800 metros que separaban el domicilio de Hamza del Centro Cívico de Torrero. Parando los coches, han cruzado la calle Fray Julián Garcés y han cortado por completo el tráfico en Avenida América, seguidos de dos furgones de la Policía Nacional. Han irrumpido en el espacio municipal y, tras solicitarlo, varios miembros de la plataforma y Hamza han hablado con trabajadoras de Servicios Sociales para poder buscar una alternativa habitacional.

Carlos ha explicado que la solución aportada “no es una victoria” y “no es la ideal”: “La alternativa es una plaza en el albergue que han habilitado para que pueda estar con sus hijos y desarrollar su vida con la máxima naturalidad que puedan en esa estancia, sin límite, hasta que Hamza tenga una alternativa. Es una plaza que no querían ofrecer y gracias a nuestro apoyo lo han hecho”. Ha destacado la “fuerza que hemos demostrado, tanto en el desahucio como en la manifestación: hemos cortado medio Torrero”.

Según explican desde la PAH, Hamza contaba con contrato de alquiler, pero al iniciarse el procedimiento de desahucio por impagos la familia quedó en una situación de extrema vulnerabilidad, sin garantías de conservar su vivienda y sin apoyo de los servicios sociales. “Creemos que se han aprovechado de su situación para estafarle”, señalan desde la plataforma.

En cuanto a los antecedentes que han llevado a Hamza hasta esta situación, Carlos explica que ha sido víctima de una “estafa”: “La propietaria de la vivienda asegura que no le han llegado los recibos, pero Hamza ha estado pagando, tenemos las pruebas. Tiene que ser un juez que diga lo que está pasando. En las negociaciones decíamos que Hamza tiene voluntad de pago, pero la respuesta de la propietaria es que no, quería el desahucio. Ahora lo va a alquilar otra vez”. Asegura que Hamza ha estado “pagando religiosamente hasta que empezaron a darse cuenta de que era una estafa”. El tema se está llevando por vía judicial pero, hasta que se resuelva, Hamza y sus hijos se han quedado sin vivienda. Según traducen a Hamza, ha sido “una mañana muy difícil”. Sus hijos no han dormido en casa, lo han hecho en casa de una vecina, para evitar “que tengan miedo”. Según explica, ha ofrecido a la propietaria “pagar seis meses de una vez para poder acabar el curso escolar, pero ella lo ha rechazado”.

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha notificado a Paca Blanco, de 77 años, una orden de desahucio solicitada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La activista lleva más de diez años viviendo en un piso público adjudicado originalmente a su hijo y, pese a sus reiterados intentos de regularizar su situación, la empresa municipal no ha aceptado su subrogación en el contrato.

Blanco, figura destacada en la defensa del medio ambiente y los derechos sociales, ha solicitado durante años que el Ayuntamiento de Madrid la reconozca como inquilina y le permita abonar el alquiler social correspondiente. En el último año ha pagado la renta, aunque la administración continúa sin reconocerla como arrendataria.

Colectivos de vivienda, organizaciones ecologistas y movimientos sociales de todo el Estado reclaman que se garantice su derecho a permanecer en la vivienda y se le aplique un alquiler social acorde a sus ingresos. Consideran que su caso refleja la situación de miles de personas mayores y trabajadoras que viven en condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Una crisis estructural de vivienda

Desde Ecologistas en Acción señalan que el conflicto se enmarca en una crisis estructural del acceso a la vivienda en España. La organización denuncia que el mercado inmobiliario se ha convertido en un motor de desigualdad, impulsado por la especulación y el auge del turismo masivo, lo que ha relegado el valor social de la vivienda frente a su rentabilidad económica.

Según la entidad, mientras grandes inversores obtienen beneficios extraordinarios y las clases medias acumulan propiedades como inversión, amplios sectores populares son expulsados de sus barrios. La vivienda social, añaden, sigue siendo insuficiente, y la construcción de vivienda protegida ha servido en ocasiones para alimentar el mercado más que para garantizar derechos.

Una vida atravesada por la lucha y la precariedad

La trayectoria de Paca Blanco está marcada por décadas de activismo y también por episodios de violencia institucional. Durante el franquismo fue internada en el Patronato de la Mujer, donde miles de niñas y mujeres fueron recluidas sin garantías y sometidas a malos tratos. Ya en democracia, como coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura, sufrió amenazas y agresiones por su oposición al proyecto de lujo Marina de Valdecañas, llegando incluso a perder la vivienda que había adquirido en El Gordo.

Su biografía, recuerdan sus compañeras, es la de una mujer que ha trabajado toda su vida, ha criado a cinco hijos y ha dedicado décadas a la defensa del territorio, la lucha antinuclear y los derechos sociales. Su compromiso le ha valido el reconocimiento de colectivos de Madrid, Extremadura y otros territorios.

Los colectivos que la apoyan consideran que el desahucio supone una nueva ofensiva institucional contra una mujer que ha dedicado su vida a la defensa del bien común. Alertan de que la orden la sitúa ante la posibilidad de quedarse en la calle o ser derivada a una residencia, pese a haber intentado regularizar su situación por vías administrativas.

Por ello, organizaciones de vivienda, movimientos ecologistas y colectivos sociales exigen que se reconozca su derecho a permanecer en la vivienda pública que habita y que se garantice un alquiler social adecuado a sus ingresos. Subrayan que la reivindicación no es solo para Paca Blanco, sino para todas las personas que luchan por una vida digna en un contexto de creciente precariedad habitacional.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado una concentración este jueves 5 de febrero para intentar frenar el desahucio de Margarita, una jubilada de 69 años con una pensión de 800 euros mensuales, cuyo lanzamiento está previsto para ese día en su vivienda del paseo Constitución. Según ha informado la organización, el caso se produce tras la derogación de la moratoria estatal antidesahucios.

De acuerdo con los datos facilitados por el sindicato, Margarita paga un alquiler de 500 euros al mes, lo que supone destinar más del 60% de sus ingresos a la vivienda. La afectada se había acogido a la moratoria en 2025 para suspender el procedimiento, pero, tras su decaimiento, el juzgado ha fijado nueva fecha de lanzamiento. Desde el Sindicato de Inquilinas señalan que, en situaciones similares, se encuentran actualmente decenas de miles de hogares.

La organización también denuncia “deficiencias en la vivienda”. Luna, portavoz del sindicato, afirma que el piso presenta “problemas de habitabilidad, como plagas, averías en el baño y ventanas en mal estado”, sin que, según su versión, hayan sido atendidas por la propiedad.

Por estos motivos, el Sindicato de Inquilinas ha llamado a la movilización este jueves a las 10:30 ante el domicilio de Margarita, y reclama la renovación de la moratoria antidesahucios. Desde la organización consideran que, sin este mecanismo, “no existen instrumentos legales para suspender lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad económica”.

La situación de vulnerabilidad según la moratoria

La moratoria antidesahucios, rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, permitía solicitar la suspensión del desahucio cuando la persona afectada se encontraba en una situación de vulnerabilidad, como ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales —con incrementos según composición familiar— o cuando los gastos de vivienda superaban el 35% de los ingresos. Según el sindicato, Margarita se encuentra en una situación de vulnerabilidad “evidente”.

Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la moratoria era “tan solo un parche momentáneo y profundamente insuficiente” y que, pese a ella, “tres de cada cuatro desahucios se seguían ejecutando”. También apuntan a responsabilidades políticas: “Seamos claras, estas cosas pasan porque los rentistas quieren enriquecerse con una necesidad básica, y porque los políticos les ponen todas las facilidades para hacerlo”, señalan, al tiempo que llaman a “organizarnos nosotras mismas para defender nuestras casas” y a seguir trabajando para que “la vivienda sea realmente un derecho y no un negocio”.

El desahucio de Hamza, vecino del barrio zaragozano de Torrero y padre de tres hijos, ha sido oficialmente suspendido este martes tras una intervención policial en su vivienda, después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza y la asociación vecinal del barrio movilizaran a decenas de personas para impedir el lanzamiento. El caso ha destapado una presunta estafa: el afectado pagaba puntualmente el alquiler a un intermediario que nunca ingresó el dinero a la propietaria del inmueble.

Según explican desde la PAH, Hamza contaba con contrato de alquiler, pero al iniciarse el procedimiento de desahucio por impagos la familia quedó en una situación de extrema vulnerabilidad, sin garantías de conservar su vivienda y sin apoyo de los servicios sociales. “Creemos que se han aprovechado de su situación para estafarle”, señalan desde la plataforma.

La organización social alerta además de que la vía judicial ofrecía “pocas garantías para frenar el lanzamiento y temían que se ejecutara de forma irregular”. No fue hasta que la comitiva judicial acudió al inmueble y los agentes exigieron la documentación cuando empezó a desbloquearse la situación. Finalmente, tras la mediación entre la PAH, la presión vecinal y la intervención policial, el desahucio fue oficialmente paralizado.

En una nota de prensa, la PAH detalla que este martes “Hamza y sus hijos iban a ser expulsados de su vivienda tras sufrir una estafa con su alquiler y la negativa de regularizar la situación por parte de la propietaria del inmueble, quien posee varias viviendas en Zaragoza. Todas las puertas estaban cerradas para Hamza: instituciones, servicios sociales, judicatura, propiedad y policía estaban convencidos, por acción u omisión, de que el desahucio se ejecutaría hoy”.

La nota añade que lo que encontraron en la calle Hogar Cristiano 10 fue “decenas de personas gritando ‘Hamza y su familia se quedan en su casa’ impidiendo finalmente el desahucio”. La PAH y la asociación vecinal de Torrero celebran la paralización, aunque advierten que “no es una victoria definitiva sino el comienzo del verdadero trabajo: conseguir regularizar la situación habitacional de Hamza”.

Desde ambos colectivos subrayan que “hemos demostrado que, juntas y solidarias, podemos hacer frente a cualquier abuso que se nos presente”. Mientras tanto, Hamza continúa participando activamente en la plataforma para intentar encontrar una solución definitiva que garantice la estabilidad de su familia, cuyo caso sigue abierto y pendiente de resolución institucional.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Más de cien personas sin hogar han vuelto a las calles tras ser desalojadas de antiguo instituto de los Agustinos del barrio de Martutene de Donostia. Vivían allí desde hace meses y, en algunos casos, hasta más de dos años. La orden de desalojo se producía este jueves a primera hora, pero la mayoría de las personas que dormían en el edificio, tomaron todas sus pertenencias y lo abandonaron durante la tarde del miércoles al ver que no había vuelta atrás.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, ha explicado en Euskadi Irratia que alrededor de medio centenar de estas personas serán realojadas en el albergue La Sirena, que permanece cerrado y solo se abre para personas sin hogar cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas y cuando hay temperaturas extremas. El pasado martes, a la vista de que las más de cien personas volverían a las calles, desde el Ayuntamiento pusieron en marcha a través de los servicios sociales un programa individualizado de ayuda para su inserción “social y laboral”. Sin embargo, esta versión ha sido negada por el colectivo social Harrera Sarea, quien ha seguido de cerca la situación de las personas que vivían hasta ahora en el antiguo instituto y asegura que la ayuda no ha sido individualizada y ha llegado “demasiado tarde”.

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, Insausti señaló que con este caso “no hay que caer ni en el buenismo, ni en el populismo”. “Ni en un extremo, ni en el otro. Hay que mirar de frente y mantener una posición centrada, mientras se buscan soluciones concretas”, manifestó. Según detalló el alcalde, los servicios sociales han visitado en varias ocasiones las instalaciones del edificio cerrado y han evaluado a las personas que dormían allí. “En esas visitas los educadores sociales se han encontrado diversos perfiles, personas que están estudiando la EPA, que están en una Formación Profesional, que quieren empezar un itinerario con la red de servicios sociales de este Ayuntamiento, pero también con quienes no quieren saber nada de nosotros, no quiere entrar en el sistema y que además también delinquen. Esa es la foto que tenemos, sin ningún tipo de complejos eso es lo que nos hemos encontrado y nosotros por supuesto vamos a poner recursos y vamos a hacer todo el esfuerzo para la inclusión social y laboral de las personas que quieren entrar en el itinerario siempre que se comprometan a tener una convivencia sana también con el resto de personas de su entorno y de su comunidad”, afirmó.

No obstante, desde Harrera Sarea Donostia, la red de acogida, niegan que haya habido “visitas individualizadas y una salida escalonada como aseguró el alcalde” y han convocado una manifestación a las 19.00 horas en el centro de Donostia para denunciar lo ocurrido. Según sostienen, el recurso habitacional de La Sirena se abrió este miércoles “muy tarde” pese a que sabían que el desalojo masivo se iba a producir el jueves por la mañana y que el traslado se hizo “gracias a los movimientos sociales”. Además alertan de que no todas las personas que acudieron a La Sirena pudieron dormir en el albergue. “Hemos confirmado que son 111 personas, cuatro de ellas mujeres. Muchas llevan meses en el edificio, otras más de dos años. Esto no es un caso aislado, son una parte de las más de 500 personas que tienen que sobrevivir en Donostia en situación de calle a día de hoy”, lamentan.

“Estas 111 personas no son un simple número: son personas con nombre y apellidos de entre 20 y 40 años, provenientes de diferentes países del norte de África. Cada quien con su historia y con la esperanza de poder llevar a cabo proyectos de vida y futuro en Donostia. Estas personas viven en la escuela de Martutene, ante todo porque se han encontrado con los obstáculos que supone la ley de Extranjería. Esta ley les obliga a vivir de forma irregular durante mínimo dos años, sin las condiciones de vida básicas aseguradas, sin acceso a la vivienda, sin permiso de trabajo, y por tanto, sin fuentes de ingreso. Durante mucho tiempo, tanto los medios de comunicación, las redes sociales, como muchos de los debates públicos han presentado la escuela de Martutene como un epicentro de inseguridad, buscando criminalizar a las personas que residen aquí y señalándolo como un espacio a desalojar con urgencia. Siempre son señaladas las personas migradas y, en este sentido, el foco mediático se aleja de la problemática real y de sus responsables”, critican desde Harrera Sarea.

El desalojo se ha producido después de que en 2024 y, tras dos décadas cerrado, el Centro Educativo Ortzadar comprara el edificio al Gobierno vasco con el proyecto de crear un instituto de Formación Profesional. Ortzadar es un centro privado que ofrece ciclos formativos con el objetivo de “normalizar la situación de personas en riesgo de exclusión social”. “Se acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje orientándolo hacia la iniciación profesional, ya sea en un ámbito protegido o en una empresa para culminar el proceso de integración”, informan desde el centro.

Florín y Lucía llevan más de cinco años viviendo en su casa, en el bloque de José Zamoray nº 2, en el barrio del Gancho. El próximo lunes 10 de noviembre podrían ser desahuciados junto a otras cuatro familias, después de que la Sareb —entidad financiera gestionada por el Gobierno— haya interpuesto una demanda para expulsarles del edificio.

Ambos firmaron sus contratos de alquiler con Segle Consulting, una empresa que quebró en 2024 tras la condena de su gerente, Eduardo Lacasta —fallecido el 3 de agosto de 2025—, por un fraude de 45 millones de euros. Tras la quiebra, los pisos fueron adquiridos por la Sareb, que, según denuncian los vecinos, no ha querido reconocer los contratos previos.

Florín y Lucía aseguran que, después de años pagando su alquiler con normalidad, se encontraron de la noche a la mañana con que sus contratos dejaban de tener validez. Al conocer la noticia, contactaron con el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza y se organizaron como Bloque en Lucha para intentar negociar con la entidad, pero la Sareb se ha negado a dialogar. “Estas son nuestras casas, y no vamos a parar hasta que tengamos contratos firmados”, afirma Florín.

El Sindicato de Inquilinos denuncia que los juzgados “han ignorado la normativa de suspensión de desahucios para personas vulnerables” y han fijado el lanzamiento de cinco viviendas del bloque para el lunes. Ante esta situación, el colectivo llama a acudir a la calle José Zamoray nº 2 el 10 de noviembre a las 9 de la mañana, bajo el lema 'Nos quedamos', para intentar frenar los desalojos y reclamar nuevos contratos para todos los vecinos.

Mientras, fuentes de la Sareb explican que no es que la entidad “no reconozca sus contratos”, sino que fue un juez el que dijo que no eran “legales”: “La Sareb no se puede subrogar a un alquiler ilegal”, apuntan. A su vez, desde la entidad indican que existe un “programa de alquiler social” para las situaciones en que haya “vulnerabilidad”. “En este caso concreto, hacemos un llamamiento a la colaboración porque no han aportado la documentación necesaria para hacer el estudio de vulnerabilidad a pesar de que hemos intentado contactar con ellos”, destacan las mismas fuentes.

Desde el sindicato, sin embargo, señalan al Ejecutivo de PSOE y Sumar como responsable de la situación. “Es una vergüenza que el Gobierno se llene la boca con el derecho a la vivienda y después lleve a cabo desalojos masivos a través de una entidad pública”, critican. Recuerdan que el caso de Zamoray no es una excepción: “En marzo tuvimos que paralizar 14 desahucios de la entidad, que quería vaciar dos bloques enteros en el barrio del Oliver, y la semana que viene el Sindicato de Carabanchel en Madrid se enfrenta también a otros cinco desahucios de Sareb. Además, esto es solo una pequeña parte del total, porque realizan continuamente desahucios silenciosos si el movimiento de vivienda no está ahí para responder”.

Creada tras la crisis de 2008 para absorber los inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, la Sareb nació con la promesa de dar un uso social a parte de su parque de vivienda. El Sindicato de Inquilinas sostiene que esas promesas se han incumplido y hace un llamamiento a organizarse: “Solos no podemos hacer frente al negocio de la vivienda, pero con el sindicato podemos plantar cara. Vamos a luchar hasta que el derecho a la vivienda sea verdaderamente universal”.

Este periódico ha intentado obtener la versión de la Sareb, pero aún no ha sido posible.

Ana tiene todas sus pertenencias en cajas desde hace casi un mes. Las suyas, las de su marido y las de sus tres hijos. “Por si consiguen echarnos, quiero estar lista”, sostiene esta mujer. Sobre su familia pesa una orden de desahucio cautelar que fue dictada por el Juzgado de Instrucción 1 de Mataró (Barcelona) porque el propietario de su piso la acusa a ella de okupa. El problema es que hay un contrato de alquiler en vigor.

La grieta que ha encontrado el casero con su denuncia es que el contrato de arrendamiento está a nombre de Arquímedes, el marido de Ana, pero no de ella, aunque ambos viven en el piso desde hace meses junto a sus tres hijos. El dueño de la vivienda ha denunciado a Ana por la vía penal y la jueza, que la ha admitido a trámite, ha fechado el desahucio para el próximo miércoles.

“Es un caso gravísimo e insostenible”, considera Anna Olesti, abogada del Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que está prestando ayuda a la familia. Otra de las medidas que ha levantado las alarmas es que la jueza ha autorizado el desahucio como medida cautelar. Es decir, sin que haya habido posibilidad de juicio ni defensa.

La magistrada ha decidido acelerar la expulsión al concluir que como la vivienda se halla “ocupada de forma permanente, se está privando por ende al perjudicado de residir en la misma o de usarla para ejercicio de la actividad laboral”, tal como figura en el auto, consultado por elDiario.es.

Así, la jueza acepta que el propietario está sufriendo un grave perjuicio, a pesar de que, tal y como se reconoce en el mismo escrito, el denunciante posee once sociedades mercantiles. “En esta situación, es improbable que el perjuicio sea tan elevado como para aceptar un desahucio cautelar. Sobre todo habiendo menores de por medio”, sostiene Olesti.

“Es absurdo”, sostiene Ana, que llegó de Venezuela hace un año y medio. Su marido migró antes, para poder conseguir trabajo en España y, con él, alquilar un piso antes de traer a su familia. Lo consiguió en 2022, cuando firmó el contrato de alquiler –al que ha tenido acceso este medio– con vigencia de cinco años y en el que constan la firma de Arquímedes y del propietario.

Pero en la demanda no se menciona dicho contrato de alquiler. Simplemente se apunta a que Ana –que es la única denunciada– “no ha presentado título alguno que legitime la ocupación de la reseñada finca”. Aunque aquí aparece otro problema: ella está empadronada en esa vivienda.

“¡Es que me acompañó él y firmó como propietario para que me registraran!”, expresa, indignada, Ana. En Mataró, la aprobación del propietario del inmueble es un requisito para empadronarse. “El Ayuntamiento hizo hasta una inspección para ver que todo estaba correcto y no nos dijeron nada”, añade esta mujer que demuestra que ha pedido ayudas escolares para sus hijos, cosa que no habría podido hacer de no haber realizado este trámite.

“¿Cómo puede ser que este hombre diga que, de la nada, yo he roto la puerta de su casa y que esta era su vivienda habitual? No hemos dejado de vivir aquí en los últimos tres años y no hemos fallado ni un solo pago”, asegura Ana. De hecho, muestra conversaciones de WhatsApp con su casero conforme cada mes quedaban para que él fuera hasta su casa para cobrar el alquiler, que recibía en metálico.

Una “estrategia premeditada”

Ahora, al llegar la amenaza de desahucio, Ana ha atado cabos y sospecha que esto forma parte de una “estrategia que ha durado meses”. Lo mismo opinan desde el Sindicat d’Habitatge. “Han pasado muchas cosas que no se entienden de manera aislada”, explica Olesti, quien llama la atención sobre el hecho de que, pocas semanas antes de interponer la demanda, a Ana se la dio de baja del padrón.

“Es una estrategia premeditada y con mala fe. Y prueba de ello es que se haya optado por la vía penal”, añade esta abogada. Para ejecutar un desahucio hay cinco vías: el impago, incumplimiento del contrato, finalización del mismo –ya sea porque se ha acabado el plazo establecido o porque el propietario quiera recuperar el piso para vivir en él–, o que se acredite una ocupación. Las tres primeras casuísticas se resuelven por la vía civil. La ocupación es la única requiere de una demanda penal.

“La propiedad no puede acreditar ningún otro supuesto y, por eso, han optado por acusar a Ana de ocupación. No tiene ningún sentido sobre el papel, pero les ha funcionado y eso es muy grave, porque quiere decir que la ley no nos ampara”, reflexiona la abogada del Sindicat d’Habitatge. “Es una manera rápida, fácil y barata de conseguir recuperar un piso que, de otra manera, no habría podido recuperar”, añade.

La demanda penal que ha recibido Ana es sólo contra ella y, en principio, no debería afectar a los demás residentes en la vivienda: su marido y sus hijos. Pero el desahucio es un procedimiento por el cual “se vacía un inmueble de todas las personas que haya dentro”, tal como explica Olesti. Por eso, aunque Arquímedes tenga un contrato en vigor, también deberá irse a la calle. Igual que sus tres hijos, dos de los cuales son menores de edad.

Esta familia se siente frustrada, asustada e insultada. “Es un abuso, nosotros no vinimos hasta aquí a delinquir. Me parece muy fuerte que la jueza, en lugar de investigar, se crea esta acusación que no se aguanta y nos lo haga pasar tan mal”, reitera Ana.

Su vida había sido tranquila hasta este julio. Sus niños van al colegio del barrio y habían estado “construyendo planes de futuro”. Hasta que un día, de la nada, unos Mossos d’Esquadra llamaron a su puerta. “Nos preguntaron si éramos okupas y que demostráramos lo contrario”, cuenta. “Nos quedamos de piedra porque nunca habíamos tenido problemas con el propietario”, insiste Ana.

A los pocos días, recibieron la demanda y la primera orden de desahucio, fijada a sólo cuatro días vista. “Imagínate la angustia que sentimos”, recuerda la mujer. Ese primer intento de expulsión se pudo parar gracias a una amplia movilización ciudadana, convocada por el Sindicat d’Habitatge. Pero el juez ha programado otra orden para el próximo miércoles.

Siguen confiando en el apoyo de sus vecinos y en el recurso que ha interpuesto su abogado para poner fin a una causa que consideran “una mentira y un sinsentido”. Pero, por el momento y hasta que pase la fecha señalada, seguirá guardando todas sus cosas en cajas por si, al final, tiene que irse.