Los sellos de Fórum Filatélico son una de las mayores estafas de la historia de España. Un total de 268.804 personas que perdieron más de 3.700 millones de euros en cientos de millones de sellos que, en realidad, solo sostenían precariamente un engaño piramidal masivo. Más de 15 años después de destaparse la mentira, los afectados han recuperado algo más de un tercio del dinero perdido, pero la última indemnización dictada por los tribunales ha ido en dirección contraria. La Audiencia Nacional ha reconocido una compensación de 20.000 euros a uno de los antiguos directivos del Fórum que fue absuelto después de pasar por la cárcel y estar imputado más de una década. Fue exonerado por la vía penal pero condenado a indemnizar a los acreedores en un proceso mercantil.

El Tribunal Supremo zanjó en 2020 la estafa piramidal masiva que supuso el Fórum Filatélico, creado en 1979. Un total de 16 personas fueron condenadas a penas de hasta 12 años de cárcel por liderar una estafa piramidal masiva de venta de sellos que, en realidad, no tenían prácticamente valor y cuyo desplome se llevó por delante 3.707 millones de 268.804 afectados.

Las primeras denuncias y detenciones se produjeron en mayo de 2006. En la lista inicial de imputados figuraba Francisco Briones, expresidente de Fórum condenado finalmente a 12 años de prisión, pero también Francisco López-Gilarte. Fue enviado a prisión sin fianza por el juez Garzón y liberado dos meses más tarde tras pagar una fianza de 60.000 euros. La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después certificaron que López-Gilarte era inocente y debía ser absuelto.

En su caso, los jueces reconocieron que formaba parte del consejo de administración del Fórum desde 1996 pero que él y los otros consejero absueltos “no intervinieron en la toma de decisiones” relacionadas con los sellos y su valor. Tampoco encontraron pruebas de que “fueran conscientes del carácter piramidal de Fórum ni de que el valor de los sellos no respondía a las listas que confeccionaba el presidente ni al dinero invertido por los clientes”.

La absolución de López-Gilarte fue declarada firme en marzo de 2020 y su petición de indemnización llegó unos pocos meses después. El exconsejero de Fórum Filatélico pedía un total de 3,6 millones de euros por los dos meses que pasó en prisión provisional, la década que pasó imputado y fichando mensualmente en el juzgado y, finalmente, por haber perdido oportunidades laborales y dos hipotecas hasta que fue absuelto. La Audiencia Nacional acaba de reconocerle una indemnización mucho menor que la que solicitaba: un total de 20.000 euros.

Un sumario de dos millones de folios

La investigación de la estafa de Fórum Filatélico adquirió un volumen que llegó a los dos millones de folios repartidos en casi 3.000 tomos de sumario. El caso se atascó durante una década en la Audiencia Nacional hasta que fue llevado a juicio y, en total, los jueces calculan algo menos de cuatro años en retrasos indebidos para reconocer una parte de indemnización a este exconsejero.

El resto de la indemnización, hasta alcanzar los 20.000 euros que marca el fallo de la sentencia, viene por el tiempo que pasó en prisión provisional. Los jueces de la Audiencia, en una sentencia todavía recurrible ante el Supremo, rechazan aumentar la compensación de López-Gilarte por el resto de conceptos. El lucro cesante, dicen los magistrados, “no es consecuencia de la prisión provisional sufrida”.

La sentencia reconoce que el retraso en el procedimiento merece una indemnización aunque explica que el volumen de la causa hizo de su tramitación un infierno procesal. “Son de reseñar el elevadísimo volumen de la causa, la pluralidad de partes acusadas y acusadoras así como de testigos y peritos, y la existencia de al menos 99 comisiones rogatorias”, destacan los jueces.

Condenado por el concurso de acreedores

Francisco López-Gilarte fue absuelto de los múltiples delitos que se atribuyeron a sus antiguos compañeros de consejo y eso es lo que ha abierto la puerta a ser indemnizado. Pero la estafa piramidal de Fórum Filatélico no solo se resolvió por la vía penal: fue condenado por un juzgado que declaró culpable el concurso de acreedores en 2015.

Esa resolución del juzgado de lo mercantil 7 de Madrid, que puede consultarse en la página web de la administración concursal de Fórum, estableció que los sellos que vendían “valían mucho menos que lo afirmado” y el éxito de la empresa dependía de la captación de nuevos clientes que pagaran más dinero con el que sostener el negocio.

Para esta sentencia, la responsabilidad de López-Gilarte, otros consejeros y el entonces presidente Francisco Briones era “palmaria” al haber existido una “actuación gravemente negligente” atribuible a “todos los miembros del consejo”. La sentencia les inhabilitó para administrar bienes ajenos durante 15 años, perdieron sus derechos concursales y fueron condenados a pagar un 16,6% a los acreedores del dinero que no hubieran podido recuperar de la liquidación de la masa activa.

Esta condena por la declaración culpable del concurso se cruza ahora con un reconocimiento de una indemnización de 20.000 euros por su absolución por la vía penal.

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del ‘caso Fórum Filatélico’ en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, los magistrados consideran demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos.

No solo los 8.009 vallisoletanos fueron estafados por el Fórum. También afectó a Zamora (3.576 personas), Burgos (3.084), Soria (2.716), Segovia (2.077), Salamanca (1.883), León (1.367), Ávila (1.041) y Palencia (1.022 víctimas). En Castilla y León, los afectados suman 24. 775 y 390 millones de euros.

El Supremo condena a 16 acusados con penas que oscilan entre los 6 meses de prisión y los 11 años y 10 meses de cárcel, esta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico Francisco Briones por un delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que es condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, establece que la indemnización a las víctimas de la estafa de la que deben responder los acusados Briones y Juan Ramón González Fernández (exasesor jurídico de la empresa), y subsidiriamente Fórum Filatélico, se determinará en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.

El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos técnicos. Así, reduce la condena a Briones de 12 años y 4 meses a 11 años y 10 meses debido a que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debió imponerse en su mitad inferior, cuyo máximo era de 3 años y 3 meses, que es lo que se establece (en vez de los 3 años y 9 meses que impuso la Audiencia).

La modificación principal afecta al exasesor jurídico de Fórum Juan Ramón González, cuya condena pasa de 6 años y 3 meses a 3 años y 3 meses de prisión, más una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entiende que, en relación al delito de estafa, su actuación encaja como cómplice y no como cooperador necesario.

La sentencia absuelve a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no hay prueba suficiente contra ellos y que debe prevalecer su presunción de inocencia. Y respecto al testaferro Pedro Ramón Rodríguez, se le reduce en 6 meses la pena (de 3 años y 6 meses a 3 años) como cómplice de la estafa, porque las acusaciones pedían para él 3 años de prisión y ese límite no puede rebasarse en virtud del principio acusatorio.

Mecanismo de la estafa

La sentencia explica que Fórum Filatélico ofrecía al público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Esto último era lo que ocurría prácticamente en todos los casos. Además, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrecían las entidades bancarias.

Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recibía de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vendían o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados. E ignoraban también que la única forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos.

La sentencia indica que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercancía de forma real o supuesta, conseguían, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquiría Fórum. También procedieron a extraer clandestinamente de Fórum sellos ya adquiridos por ésta, que hacían circular por él circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a Fórum, que así pagaba nuevamente por los mismos sellos. Tanto en uno como en otro caso, esos circuitos además de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados.

El Supremo ratifica que los hechos probados son constitutivos de un delito de estafa. Explica que la compraventa de sellos o, de otros objetos, con pacto de recompra, puede hacerse de forma lícita, “pero en el caso, la voluntad de los inversores se captaba mediante engaño, y ese engaño era lo que determinaba los actos de disposición que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situación de alto riesgo de pérdida”.

Desvío de fondos a los patrimonios personales de los acusados

Respecto del delito de insolvencia punible, se declara también probado que “el negocio producía pérdidas constantes, debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. Los grandes costes de producción, organización y distribución, debidos al mantenimiento de la red comercial y a la compra masiva de sellos, más la tesorería que requería la devolución del dinero a los inversores y el abono de los intereses convenidos, incrementaban de modo progresivo la situación de insolvencia. A ello ha de añadirse que algunos acusados desviaban dinero hacia sus patrimonios personales. Todo ello hacía que el activo no pudiera hacer frente a las deudas”.

En lo que se refiere al delito de blanqueo, se condena a algunos acusados en cuanto que han intervenido en operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor, así como la identidad del propietario de esas cantidades, en muchos casos utilizando sociedades que solo indirectamente eran controladas por los autores del delito de estafa.

Condena a los dos auditores externos

En lo relativo al delito de falsedad de las cuentas sociales, por el que han sido condenados el expresidente Briones y los dos auditores externos, la Sala recuerda que el artículo 290 del Código Penal sanciona a los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero.

La sentencia indica que de los hechos probados resulta que las cuentas anuales no recogían adecuadamente los compromisos con los clientes y además sobrevaloraban la filatelia de la sociedad. Como consecuencia ofrecían una imagen de la sociedad según la cual generaba altísimos beneficios (en 2001, 34.809:000 euros; en 2002, 38.604.000 euros; en 2003, 43.777.000 euros), cuando su situación era de insolvencia inevitable por la misma concepción del negocio.

Respecto al delito de falsedad de cuentas cometido por los auditores como cooperadores necesarios, la sentencia reitera que la aportación del auditor avalando con su informe, cuando es necesario en tanto que exigido por la ley, unas cuentas que sabe que ocultan la imagen fiel, dada la relevancia de la misma, debe ser considerada como constitutiva de cooperación necesaria.

Añaden los magistrados que no sería correcto minimizar la trascendencia de la labor de los auditores en el control de la corrección de las cuentas de las sociedades. “Es cierto que no son ellos quienes las elaboran y formulan; también que no les corresponde garantizar su exactitud. Pero también lo es que su función opera como un elemento de seguridad para terceros ajenos a la misma sociedad respecto a si las cuentas se han preparado y presentado según las normas aplicables, en la medida en que, como dice textualmente el artículo 1 de la Ley 19/1988, de auditoría de cuentas, vigente al tiempo de los hechos, su labor consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le sea aplicable”.

Por último, sobre el delito de blanqueo de capitales, el alto tribunal recuerda que el tipo requiere, en primer lugar, la realización de cualquier acto que debe entenderse equivalente a la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión, en relación con bienes, en segundo lugar, que esos actos se ejecuten con la finalidad de ocultar el origen delictivo de los bienes o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de su conducta, lo que se consigue, entre otras modalidades, ocultando la titularidad de los bienes; y, en tercer lugar, que ello se haga conociendo que los bienes de que se trate proceden de una actividad delictiva.

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del ‘caso Fórum Filatélico’ en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, los magistrados consideran demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos.

El Supremo condena a 16 acusados con penas que oscilan entre los seis meses de prisión y los 11 años y diez meses de cárcel, ésta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico Francisco Briones por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que es condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.

El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos técnicos. Así, reduce la condena al expresidente Briones de 12 años y cuatro meses a 11 años y diez meses debido a que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debió imponerse en su mitad inferior. 

La modificación principal afecta al exasesor jurídico de Fórum Juan Ramón González, cuya condena pasa de seis años y tres meses a tres años y tres meses de prisión, más una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entiende que, en relación al delito de estafa, su actuación encaja como cómplice y no como cooperador necesario.

La sentencia absuelve a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no hay prueba suficiente contra ellos y que debe prevalecer su presunción de inocencia. Y respecto al testaferro Pedro Ramón Rodríguez, se le reduce en seis meses la pena (de tres años y seis meses a tres años) como cómplice de la estafa, porque las acusaciones pedían para él tres años de prisión y ese límite no puede rebasarse en virtud del principio acusatorio.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, establece que la indemnización a las víctimas de la estafa de la que deben responder los acusados Briones y Juan Ramón González Fernández (exasesor jurídico de la empresa), y subsidiriamente Fórum Filatélico, se determinará en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.

Mecanismo de la estafa

La sentencia explica que Fórum Filatélico ofrecía al público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Esto último era lo que ocurría prácticamente en todos los casos. Además, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrecían las entidades bancarias.

Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recibía de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vendían o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados. E ignoraban también que la única forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos.

La sentencia indica que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercancía de forma real o supuesta, conseguían, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquiría Fórum. También procedieron a extraer clandestinamente de Fórum sellos ya adquiridos por ésta, que hacían circular por él circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a Fórum, que así pagaba nuevamente por los mismos sellos. Tanto en uno como en otro caso, esos circuitos además de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados.

El Supremo ratifica que los hechos probados son constitutivos de un delito de estafa. Explica que la compraventa de sellos o, de otros objetos, con pacto de recompra, puede hacerse de forma lícita, “pero en el caso, la voluntad de los inversores se captaba mediante engaño, y ese engaño era lo que determinaba los actos de disposición que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situación de alto riesgo de pérdida”.

Desvío de fondos a los patrimonios personales de los acusados 

Respecto del delito de insolvencia punible, se declara también probado que “el negocio producía pérdidas constantes, debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. Los grandes costes de producción, organización y distribución, debidos al mantenimiento de la red comercial y a la compra masiva de sellos, más la tesorería que requería la devolución del dinero a los inversores y el abono de los intereses convenidos, incrementaban de modo progresivo la situación de insolvencia. A ello ha de añadirse que algunos acusados desviaban dinero hacia sus patrimonios personales. Todo ello hacía que el activo no pudiera hacer frente a las deudas”.

En lo que se refiere al delito de blanqueo, se condena a algunos acusados en cuanto que han intervenido en operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor, así como la identidad del propietario de esas cantidades, en muchos casos utilizando sociedades que solo indirectamente eran controladas por los autores del delito de estafa.

Francisco Briones, expresidente de Fórum Filatélico ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 12 años, cuatro meses y 16 días de prisión por delitos de estafa agravada continuada y falseamiento de cuentas continuado, así como por blanqueo de capitales.

La sala de lo penal impone además una multa de 49,7 millones de euros a Briones y una responsabilidad civil por la que tendrá que indemnizar, junto con los demás condenados, a los 190.022 titulares de casi 270.000 contratos filatélicos reconocidos por la administración concursal. De este modo, la sala concluye tras un largo proceso judicial que se ha prolongado durante más de 12 años uno de los mayores casos de estafa ocurridos en España. Estima que la cantidad supera los 3.700 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha condenado también al director general, Antonio Merino, a 2 años y tres meses de prisión. Se le considera cómplice en un delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y por blanqueo. Le impone una multa de casi 16 millones, aunque se le reconoce un atenuante por confesión.

Otro de los principales encausados, el que fuera director jurídico de la entidad, Juan Ramón González, recibe una pena de 6 años y tres meses y una multa igualmente de 16 millones por estafa agravada y blanqueo.

El tribunal ha condenado a 20 de los 27 encausados por lo que considera que ha sido “el paradigma de las estafas piramidales”. En la lista aparecen también los auditores, José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio, a los que se les consiera cooperadores necesarios en el falseamiento de cuentas. Son condenados a dos y un año de cárcel, respectivamente.

El resto de los acusados, colaboradores en los delitos de estafa y blanqueo, han recibido sanciones de entre 6 meses y cuatro años de cárcel. Todos ellos suman multas que superan los 63 millones de euros por su participación en la trama. Absuelve sin embargo a los cuatro miembros del consejo, Miguel Ángel Hijón, Francisco López Gilarte, Agustín Fernández y Juan Macía Mercadé, de los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento de cuentas.

El tribunal ha señalado en un comunicado que la resolución aplica a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas simple. Además, se acuerda el decomiso de numerosas fincas y cuentas bancarias y el dinero depositado en cajas de seguridad y se ordena que todo lo que se obtenga sea puesto a disposición de la administración concursal para distribuirlo entre los perjudicados.

La asociación de consumidores Adicae, ha respondido a la sentencia señalando que se trata del “fracaso total de la justicia y la política”. La organización tilda de “lamentable” la rebaja de penas de los acusados y de “vergonzosa” la absolución de consejeros. En un comunicado apunta que no se ha podido recuperar más que el 20% de lo que perdieron los damnificados y considera que ni la responsabilidad civil impuesta a Briones ni los bienes intervenidos permitirán recuperar el resto.

En teoría se trataba de ampliar el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz con el fin de darle una mayor seguridad jurídica. O al menos ese fue el mensaje que se lanzó en el año 2004 desde la Gerencia de Urbanismo. Pero ahora se ha sabido que, muy al contrario, en vez de defender los intereses generales, lo que se estaba intentando era darle más tiempo a Fórum Filatélico para que pudiera introducir en el PGO las modificaciones que favorecerían sus inversiones en la Isla: la construcción del puerto deportivo de San Andrés y la recalificación de terrenos de Valle Tahodio.

Y, efectivamente, el último día de plazo para hacer valer las alegaciones llegó una suscrita por el empresario José Ana Labajos, considerado el testaferro de la entidad en la Isla. El escrito fue presentado tan a última hora que los investigadores incluso desconocen el sistema utilizado para que quedara registrado. El contenido de la alegación va en la línea de los acuerdos adoptados en las reuniones sostenidas entre Labajos, el exalcalde Miguel Zerolo y el redactor del PGO, Juan Manuel Palerm, cuyo contenido trascendió una vez que se iniciaron las investigaciones de la conocida como Operación Lavandera por supuesto cohecho.

El objetivo era que la entidad Euroactivos cediera los terrenos de Valle Tahodio gratuitamente a cambio de determinadas concesiones en la edificabilidad y la introducción del uso hospitalario privado. Lo cierto es que Fórum vio cómo se daba vía libre a una recalificación brutal de estos terrenos cuyo valor pasó de 300.000 euros a 15 millones. No sería hasta el año 2011 cuando la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) anularía este acuerdo al considerar que iba en contra del interés general. Un lustro antes había estallado la trama de Fórum Filatélico y se había descubierto un escrito en el despacho del arquitecto de la entidad, Julio Aumente, en el que hablaba de supuestos sobornos millonarios a responsables del Ayuntamiento y Puertos para favorecer estas inversiones.

Los investigadores enlazan estos acuerdos favorables a Fórum con la adquisición por parte de Angustias Zerolo, la hermana del exalcalde, de una vivienda en la ladera de San Andrés, construida por Labajos, con una rebaja de casi el 54%, o lo que es lo mismo 175.595 euros, por debajo del precio real.

Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo (TS) en su momento determinó que habría prescrito el posible delito de cohecho en el que podría haber incurrido el entonces senador derivado de esta adquisición en condiciones muy ventajosas por parte de su hermana. Los investigadores siempre sostuvieron que el precio abonado nunca fue el real tras lo que se esconde una relación “inequívoca” entre las reuniones mantenidas entre representantes de Fórum, Zerolo y Labajos, en las que se aumentaba la edificabilidad de esta promoción urbanística. Pero además, la adquisición de la vivienda se llevó a cabo gracias a los ingresos que otro de los hermanos del exalcalde, Ignacio Zerolo, realiza en la cuenta de la compradora justo por esas fechas.

En su búsqueda por intentar arraigarse lo máximo posible en la alta sociedad tinerfeña, los responsables de Fórum Filatélico se hicieron con los servicios del arquitecto Fernando Menis. Pero no tanto por su talento, reconocido en el ámbito internacional, sino por ser el hermano del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, hoy fallecido y pareja sentimental de la viceconsejera de Cultura, Dulce Xerach.

En un escrito intervenido por la policía judicial se apuntaba la conveniencia de contratar a Menis por estas razones. De esta manera, el arquitecto se vio involucrado en la trama de una forma, en apariencia, totalmente fortuita pero de la que no salió mal parado. La policía detectó que Parque Marítimo Anaga S. A. endosó dos cheques por valor total de 140.500 euros de los cuales uno, pagado en 2004, sumaba 70.588 euros y otro, correspondiente a 2005, llegaba a los 70.000 euros. Esta empresa había sido vendida por el empresario José Ana Labajos en 2002 a Fórum Filatélico por 6 millones de euros.

Sin embargo, los investigadores indican que desconocen el motivo de estos ingresos, “si bien ha de señalarse que, por su profesión, pudieran obedecer a la realización de algún tipo de servicio para dicha empresa mercantil, circunstancia que se desconoce”. Por todo ello, consideraron que en principio no existía una relación directa entre los movimientos de sus cuentas bancarias y los hechos investigados.

En el calendario de trabajo que elabora Fórum y según figura en la documentación intervenida se recoge, precisamente, la necesidad de tener a Menis “vinculado en el proceso de inversión profesional y económicamente”. De esta manera, “es como si tuviéramos vinculada en el proyecto a la alta clase política”, dadas sus relaciones familiares y sentimental.

Sin embargo, lo cierto es que existía un acuerdo entre José Manuel Llorca Rodríguez, máximo responsable de Fórum y actualmente en paradero desconocido, y Julio Aumente para que este se hiciera cargo de todo lo que tenía que ver con el proyecto de arquitectura del puerto deportivo de San Andrés. Aumente también había asumido la misión de llevar a cabo las gestiones ante las administraciones debido a los problemas que estaban surgiendo con Labajos y la Autoridad Portuaria.

Aumente abandonó la sociedad a finales de 2005 tras recibir 120.000 euros después de que las desavenencias con el empresario tinerfeño fueran constantes. El aquitecto llegó a pedir que se mantuviera a Labajos alejado de las negociaciones y le culpó de “habernos metido en un callejón sin salida”. Indicó entonces que no les interesaba tener a una persona “descontenta, boicoteando continuamente nuestra labor”.

Sin embargo, en un momento dado Aumente tiene que admitir que fracasa como negociador. Las razones las explica de una forma muy gráfica: “Entendí que se había caído en el mayor error que se puede cometer en el mundo de los negocios en la Isla que es ser catalogado como un auténtico godo”. Por lo tanto se decidió que había que recuperar “a toda costa la imagen de José Ana como estandarte del Parque y pasar a un segundo plano de invitado como socio capitalista”.

Hace unos años Labajos abrió una página web a través de la cual lanzó sus críticas contra Aumente, que fue el que suscribió el documento en el que se hablaba de supuestos pagos a los cargos públicos para acelerar los proyectos y que al parecer en un momento dado quiso desentenderse de los negocios que se estaban llevando a cabo. Este documento, encontrado en el despacho de Aumente, fue el que dio lugar a que el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, derivara esta causa a Tenerife. En la página web, Labajos considera inverosímil que se le atribuya que conocía las actividades delictivas de Llorca, ya que la venta de las acciones las materializó varios años antes de que estallara el caso Fórum y este pasara a estar en busca y captura.

Hasta siete posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, amenazas, prevaricación y tres irregularidades detectó la policía judicial en la venta de los activos del Puerto Deportivo de San Andrés a la entidad Fórum Filatélico. En concreto, se considera que la Autoridad Portuaria no dio cumplimiento a lo recogido en la Ley de Costas para este tipo de operaciones. Este hecho levantó sospechas de un posible trato de favor hacia la empresa Parque Marítimo de Anaga (PMA), propiedad del empresario José Ana Labajos.

La entidad vendedora también podría haber incurrido en el incumplimiento de la cláusula que obligaba a que el organismo estatal autorizara la operación, hasta el punto de que podría haber ejercido los derechos de tanteo y retracto. Este requisito es imprescindible cuando, como ocurrió en esta ocasión, se traspasa el 100% del accionariado.

Al entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, se le achaca un presunto delito de amenazas hacia PMA, al obligarle a cumplimientar determinados pagos a la empresa que redactó el proyecto o en caso contrario advertía con retirar la concesión. Al entonces director general del Puerto, José Manuel Pintado Joga, se le atribuye un presunto delito de prevaricación al emitir dos informes, en los que consideraba que no era preciso que la modificación del puerto fuera sometida a evaluación de impacto ambiental, por no tratarse de un cambio sustancial.

Suárez Trenor y Pintado Joga podrían haber cometido otro presunto delito de prevaricación al haber aprobado la modificación de la concesión administrativa, “a sabiendas de la ilegalidad”, básicamente por no haberse llevado a cabo el procedimiento adecuado. Una situación que tendría su origen, según las investigaciones policiales, “en el pacto previo entre la Autoridad Portuaria y Labajos, en cuanto al procedimiento a seguir para el otorgamiento de la modificación administrativa”.

Los promotores de la obra sólo presentaron ante la Autoridad Portuaria un proyecto básico, cuando estaban obligados a elaborar la definición de las obras con el detalle necesario para su ejecución. Al exdirector del Puerto, Marcos Hernández Acosta, se le atribuye un presunto delito de prevaricación, “al negar sistemática y reiteradamente” el derecho de PMA SA el acceso a los terrenos de la concesión otorgada legalmente en dos ocasiones. Y todo ello pese a que tanto desde la fase inicial de la concesión administrativa como en el proyecto de construcción, la finalidad era dar acceso a las instalaciones, una vez que estuvieran en funcionamiento. Por el contrario se pretendía que sirvieran como única vía a los terrenos de la concesión, durante la fase de ejecución y realización de las obras.

A Labajos se le atribuye un supuesto delito de cohecho, al hacer regalos a las personas que participaban en el proyecto del Parque Marítimo y de Valle Tahodio, también vendida a Fórum. En un escrito, Labajos informaba que los beneficiarios de los regalos eran personas claves para el buen resultado de la concesión, que justo en aquellos momentos se encontraba paralizada. Por estos mismos, hechos se estima que el arquitecto de Fórum, Julio Aumente, también podía haber cometido un presunto cohecho, al haber sido el responsable de la entrega de los regalos, que en total sumaron 6.000 euros.

Por último se pudo haber producido un supuesto delito de malversación de caudales públicos en relación al pago de cánones de la concesión administrativa, ya que por un error se introdujo una determinada superficie de plano de agua, menor de la real. Sin embargo, la Autoridad Portuaria nunca reclamó luego que el canon se adecuara a las nuevas condiciones que eran las correctas.

En el mes de junio de 2002, Labajos vendió los activos de este proyecto a distintas sociedades vinculadas a Fórum por un total de seis millones a pagar en dos años. Los investigadores consideran que se cometió un presunto fraude de ley, al no haberse reflejado el correspondiente cambio de titular, lo que evitaba que la Autoridad Portuaria pudiera proceder a rescatar la concesión.

Por su parte, Labajos siempre ha defendido la limpieza de la operación y como prueba señala que todo el procedimiento se llevó a cabo a través de bancos de primera línea. La razón por la que apareció siempre como propietario es que firmó una reserva de dominio de manera que hasta que no se pagase el total de la cantidad acordada seguía formalmente siendo el propietario de las sociedades. Negó haber recibido o pagado en algún momento dinero en negro.

En Aragón, según los datos proporcionados por ADICAE, hay casi 20.000 familias que tienen secuestrados 218 millones de euros en fraudes de ahorro. Son víctimas de casos como los de Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza y las preferentes o la salida a bolsa de Bankia.

Las cifras demuestran la magnitud de las operaciones: 4.525 afectados por el fraude de Fórum Filatélico, que no han recuperado más de 48 millones de euros. En el caso de Afinsa, la cifra es de 3.192 familias afectadas y 32,4 millones de euros por recuperar. Respecto a las participaciones preferentes, alrededor de 4.000 familias aragonesas siguen esperando que la banca les devuelva unos 100 millones de euros. Y otras 7.500 familias esperan la devolución de 37,5 millones de euros captados en la salida a Bolsa de Bankia, el último gran fraude al ahorro popular.

Ante la lentitud judicial y la inacción institucional para garantizar la tutela judicial efectiva, apuntan desde ADICAE, la asociación ha organizado, en 17 ciudades españolas, diversas movilizaciones de afectados. En Zaragoza, tendrá lugar mañana, miércoles 30 de marzo, frente al Banco de España, en la plaza homónima. El lema elegido es ‘Contra los fraudes al ahorro y por un sistema financiero justo y transparente’.

Entienden en ADICAE que los grupos parlamentarios tienen la doble responsabilidad de hacer cumplir los acuerdos del Congreso -como la solución aprobada por unanimidad en 2013 para las víctimas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza- y de materializar su compromiso de que en esta nueva etapa política la defensa de los derechos de los ciudadanos y el fin de los fraudes sería una de sus prioridades. Por ello, ADICAE reclamará que cualquier pacto de Gobierno incluya el compromiso de una solución justa, colectiva e inmediata para los afectados por los fraudes al ahorro.

Inversiones cuyo destino se desconoce, ahorros de toda una vida que de la noche a la mañana desaparecen o servicios con amplias diferencias entre lo prometido y la realidad. Son algunas de las consecuencias comunes para los afectados por las burbujas empresariales, un fenómeno cuyo máximo exponente, con serias implicaciones macroeconómicas y devastadores efectos sobre el mercado laboral, fue la inmobiliaria, pero que en España ha contado con varios capítulos negativos más allá del ladrillo que desgranamos a continuación.

Cigarrillos electrónicos

Si la Ley Antitabaco de 2011 supuso un duro golpe para el cigarro clásico y el boom de los denominados vapeadores, que tuvo su punto álgido en 2013, parecía firmar la carta de sentencia del tabaco tradicional. En aquel año el sector llegó a tener abiertos 3.000 puntos de venta, empleando a más de 5.000 personas de forma directa y a unas 6.000 indirectamente, según datos de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE). La causa de este auge, un mercado que formaron 900.000 vapeadores sólo en España y que en Europa gastaba 500 millones de euros anuales, según informes de aquellos años.

Hoy la realidad es bien distinta y la rapidez con la que se formó la burbuja fue la misma a la que explotó. Sin ningún tipo de reparo lo confirma Pedro Cátedra, presidente de la ANEV. “La burbuja ya la pasamos en el 2013, cuando se hundió el sector”. Habla de 2.500 puestos de trabajo directos perdidos desde entonces y 170 establecimientos que a día de hoy se mantienen en nuestras calles.

Cátedra achaca el fin del ascenso a dos grandes lobbys: las farmacéuticas y las tabaqueras. Sobre las primeras, considera que “tienen un volumen de negocio importante por las enfermedades respiratorias y las circulatorias. Quieren que se usen medicamentos contra el tabaco ya que para ellos es un sector muy importante, alrededor de un 10% de su negocio”. De las tabaqueras critica la campaña por la que equiparaban los efectos negativos de ambos formatos y lo atribuye a que “no controlaban el mercado. Ahora que todas están produciendo sus dispositivos electrónicos ya no es tan perjudicial porque también pueden vender”. No obstante, para el presidente de la ANEV, ahora el negocio se ha readaptado y va por el buen camino. “El mercado está en auge, aunque sí es verdad que menos de lo que aumentaba en su día. Ahora crece entre un 5-7% al mes en España de manera muy estable”.

Sellos

A finales del siglo pasado, el sello fue la forma más fácil para que un español medio se sintiera un inversor y obtuviera rentabilidad de su dinero como si de acciones se tratase. Para satisfacer esa demanda, Fórum Filatélico y Afinsa se erigieron como los grandes baluartes de España en el sector, concentrando a casi 500.000 clientes en total a los que aplicaron una estafa piramidal. El método consistía en prometer intereses anuales que oscilaban entre el 5% y el 6% por la revalorización de los sellos. Pero la trampa estaba en que el dinero entregado provenía de lo aportado por nuevos clientes y no por el aumento del valor del material.

La burbuja que parecía no tener fin pinchó, y con ello llegaron los problemas. Fórum Filatélico empezó a operar en 1979, hasta que en mayo de 2006 el juez Pablo Ruz destapó una estafa masiva, imputando a 32 responsables por delitos de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La fianza civil fue de 3.702 millones de euros a raíz de los casi 270.000 clientes engañados.

Afinsa surgió en 1980 y también tuvo un agujero importante gracias al método de la estafa piramidal. Según el juez Ruz, la compañía compraba sellos que posteriormente vendía con un margen superior al 1.000%. Trasladado a números, entre los años 2000 y 2002 transformó 57 millones de euros en 723 millones.

José Javier López de Castro, Portavoz de la Federación de Clientes Fórum y Afinsa, cree que la clave de esa burbuja estuvo en que “no eran un lugar de inversiones sino de familias ahorradoras. Más del 80% de los afectados tenían entre 20.000 y 30.000 euros ahorrados a lo largo de toda la vida. Con las rentabilidades que ofrecían en los ochenta y los noventa, que eran algo superiores a las de los bancos, muchos metieron su dinero ahí”. Hoy los juicios todavía avanzan despacio y López de Castro critica la falta de voluntad política del Gobierno. “En 2008 Rajoy firmó una carta de compromiso para solucionar el asunto cuando llegara a la presidencia, pero desde que llegó nos ignora”.

Peluquerías 'Low Cost'

Entre los motivos que explican el pinchazo del modelo de negocio de las peluquerías de bajo coste está la subida del IVA de septiembre de 2012, que supuso un duro golpe para el sector, después de que las actividades pasaran de estar gravadas de un 8% al 21%.

Este formato ya estaba consolidado en España, como demuestra el dominio del mercado de Marco Aldany. La cadena controlada por la sociedad The Chic Corporation Worlwide estuvo operativa desde 1997 y llegó a ser la número uno en España con más de 300 centros, pero se tuvo que declarar en concurso de acreedores a principios de 2012 (antes de la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo) ante la poca sostenibilidad del negocio. La empresa pasó de ganar un millón de euros en 2009 a perder más de 6 millones.

Hoy, las peluquerías están en declive. El volumen de negocio del sector en España se ha contraído un 34% entre 2011 y 2015, desde los 5.046 millones de entonces hasta los 3.200 millones del año pasado, según un informe elaborado por la consultora Key-Stone para la asociación sectorial Stanpa. Concretamente, los salones han pasado en el mismo periodo de ganar una media de 105.000 euros anuales a solo 66.000 en el último año. El cierre de establecimientos y las nuevas formas de peluquería con políticas de precios muy agresivas están teniendo su efecto.

Mariano Castaño, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal (ANEIP), confirma que hay una “importante” burbuja en este negocio. “Todo el sector está cabreado por la proliferación de este tipo de establecimientos, con profesionales de baja cualificación y con precios totalmente fuera de mercado, ante los que no se puede competir”. Castaño, que apunta a una caída del 30% en el beneficio neto del sector por esta y otras causas (como la subida del IVA), confía en que los consumidores se den cuenta de que “es mejor pagar un poco más por un servicio de calidad y con buenos productos hecho por grandes profesionales”.

Centros de depilación

Corporación Dermoestética y Suávitas fueron las banderas del sector durante varios años y ambas fueron víctimas de su propia burbuja. Su objetivo no era otro que acercar a la mayoría los servicios estéticos que parecían exclusivos de famosos y personas adineradas. Con este modelo de negocio se hicieron muy fuertes, salieron a bolsa y lideraron un mercado que era suyo.

La empresa de José María Suescun, Corporación Dermoestética, tuvo una expansión enorme desde su fundación en 1979. Hasta su entrada en concurso de acreedores, en abril del año pasado, y el progresivo cierre de sus clínicas, llegó a contar con 54 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional y su capitalización en bolsa alcanzó en sus mejores momentos los 400 millones. Todo ello hasta 2014, cuando solicitó el preconcurso de acreedores que incluía el cierre de todos sus centros propios y el despido de la totalidad de su plantilla. En 2015 llegó la liquidación total.

Por su parte, los tratamientos de belleza de Suávitas -sobre todo depilación láser- tuvieron su momento de declive justo cuando salieron al mercado bursátil. La compañía había perdido dinero en 2011 y, a pesar de ello, salió a bolsa a través del mercado alternativo bursátil (MAB, instrumento pensado para pequeñas y medianas empresas) con una ampliación de capital que ya se quedó corta (captaron 1,55 millones de euros, frente a los los 2,5 millones previstos) y con un gasto enorme por la operación. Poco después se acogió al preconcurso de acreedores tras disminuir sus ingresos más de un 50%, lo que derivó en la compra de la empresa por parte del grupo Vousse Corp. El cierre sorpresa de muchas de sus tiendas ha provocado la denuncia de FACUA, que asegura que pacientes no han recibido tratamientos ya pagados.

Un concurso de acreedores, la posibilidad de que este sea considerado culpable, un proceso penal contra sus responsables, una queja contra el Gobierno por haber intervenido las empresas sin plantear una solución para los pequeños ahorradores y unas inversiones en sellos ahora asociadas a una estructura piramidal… Así es el caso de Fórum Filatélico que, nueve años después de su arranque, sigue sin resolverse. El caso arrancó el 9 de mayo de 2006 y en Navarra se calcula que hay 1.100 afectados (en toda España, se estima que 278.000) por este asunto en el que continúa sin aclararse, por ejemplo, cuánto cuestan los sellos de la firma. Además, según aseguran desde uno de los despachos que representan a siete asociaciones de afectados y afectadas (unas 14.500 personas, 880 de ellas de Navarra), Aderta Abogados, ese precio se ha reducido. ¿Qué pasos quedan por delante y cuánto dinero pueden recuperar los acreedores? Estas y otras dudas son las que resuelven desde el despacho y la asociación de perjudicados de Fórum en Navarra.

¿En qué ha avanzado el caso?

El abogado de Aderta Abogados Javier Sáenz de Olazagoitia reconoce que se trata de un caso “complejo”. Por ejemplo, la empresa (contra la que se querelló la Fiscalía Anticorrupción ante unos presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, y que después supuso la intervención judicial de las sociedades desde mayo de 2006) está en un proceso concursal, cuya duración se ha alargado más de lo previsto. La semana pasada se celebró el juicio para decidir si ese concurso es fortuito o culpable, y la sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid puede conocerse en las próximas semanas o en un máximo de dos a tres meses. En el caso de Afinsa, también señalada por una supuesta estafa filatélica (con un presunto agujero de 2.000 millones que afecta a entre 190.000 y 200.000 personas ahorradoras), el concurso se declaró culpable y se espera, paralelamente, que la Audiencia Nacional juzgue desde noviembre de este año a responsables de las firma. Desde la asociación de afectados de Fórum en Navarra, sin embargo, dudan de que puedan recuperar parte de su dinero por la vía penal, mediante la que los acusados, en el caso de que fueran declarados culpables, responderían con su patrimonio.

¿Cuánto han cobrado los acreedores?

Han cobrado el 20,5% de las inversiones que habían realizado en Fórum, que es una cifra, según el letrado, “esperable”. Para cobrar ese importe, se han liquidado inmuebles, obras de arte y activos financieros, pero también se ha obtenido dinero con la devolución de impuestos por parte del Estado. Ahora falta por vender todavía la sede principal de la entidad en Madrid, por la que se ha hecho una oferta de 21,5 millones de euros, y también quedan otros inmuebles pequeños. La Administración Concursal decidió que, solo cuando se llegara a una cantidad determinada (en concreto, 380 millones), se procedería a repartir lo recaudado entre las partes (de lo contrario, las gestiones de repartir un dinero entre tantas partes complicarían la operación) y, por ello, hasta ahora ha habido dos pagos.

¿Cuánto valen los sellos?

Una de las preguntas clave es cuánto valen los sellos de Fórum Filatélico. Lo curioso es que la clave de este sistema, que era invertir en sellos, al final es una fase que no se ha resuelto. Y tampoco está claro en cuánto se puede valorar. Lo que Sáenz de Olazagoitia adelanta es que el valor no es el mismo ahora que hace nueve años porque “el mercado se dinamitó”, así que, por mucho que se mantenga el valor de unos sellos determinados y el coleccionismo, otra cuestión es el “mercado filatélico”.

¿Cuál es la sensación de las personas afectadas?

Sáenz de Olazagoitia asegura que “hay de todo”, desde “personas que pensaban que no iban a recuperar ninguna cantidad” a aquellas que confían en recuperar “todo su dinero”. En cualquier caso, el abogado reconoce que la “confusión” en torno a este proceso y las dudas de las personas afectadas es destacable. Fuentes de la asociación de perjudicados, por su parte, esperan que aún se pueda recuperar parte de sus ahorros mediante dos vías: por un lado, la liquidación de todo el patrimonio de la empresa y, por otro, mediante una solución política (esperan que se produzca antes de que se acabe la legislatura) que les permita recuperar sus ahorros porque hasta ahora sienten que no se ha planteado una salida en este sentido.

Más de 18.000 ahorradores cayeron en la estafa de Arte y Naturaleza-Gespart, una empresa con un funcionamiento similar al de Forum Filatélico o Afinsa, que prometía altas revalorizaciones con la compra de obras de arte, pero que de lo que se trataba en realidad era un sistema de estafa piramidal. En el año en que la compañía de compra-venta de obras artísticas entró en quiebra en 2006, estos 18.000 estafados quedaron atrapados con un total de 436 millones de euros en contratos incumplidos.

A partir de ahí, igual que sucedió con Forum Filatélico y Afinsa la compañía entró en concurso de acreedores y un juez eligió a tres administradores concursales para que se hicieran cargo de la empresa. Sin embargo, las asociaciones que representan a la mayoría de afectados en Arte y Naturaleza han pedido en varias ocasiones al juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 6, Francisco Javier Vaquer, encargado de llevar el caso, la destitución de los tres administradores concursales de la compañía, José María de la Cruz Bertolo, José Vicente Estrada y Julián Barrios Sánchez.

Los representantes de los acreedores denuncian que estos tres administradores no cumplen con sus obligaciones. De esta forma, la Asociación de Consumidores Perjudicados del Foro de Arte y Naturaleza observa que la Administración Concursal presuntamente ha vulnerado hasta diez artículos diferentes de la Ley Concursal (32, 35, 36, 71, 72, 82, 83, 120, 151, 181), el Código de Comercio en su artículo 1.077 y el artículo 51.2 de la Constitución Española. Por el momento, el magistrado responsable del caso no se ha pronunciado sobre la destitución de los acreedores y los ha mantenido en sus puestos.

Desaparición de once millones de euros

Representantes de los consumidores perjudicados por Arte y Naturaleza destacan que en los informes trimestrales que los administradores concursales deben presentar al juez desaparecieron sin justificación aparente once millones de euros de la contabilidad de tesorería entre 2011 y 2012 y 4.220 obras de arte entre 2007 y 2010. “En algún lado estarán”, señala Manuel Valverde uno de los portavoces de la asociación de afectados, “pero hasta la fecha no tenemos constancia de a dónde han ido a parar porque en los informes que redactan los administradores para el juez desaparecieron como por arte de magia”, añade.

“Tampoco podemos saber por qué razón han desaparecido porque hemos intentado reunirnos por todos los medios con las tres personas encargadas de llevar el concurso de acreedores de la empresa y siempre hemos encontrado la negada por respuesta”, relata Vicente Hidalgo, tesorero de la asociación.

Los acreedores buscaron concertar una reunión con los administradores a través de la Asociación por el Derecho Concursal Ético (ACORDE), pero esta asociación tampoco consiguió que los administradores se sentaran a hablar con los afectados.

Dilapidación del patrimonio y demora excesiva e injustificada del concurso

Los representantes de la Asociación de Consumidores señalan que en los ocho años que llevan transcurridos desde que se declaró el concurso de acreedores, los administradores sólo han vendido unos 588 artículos del total de 270.000 obras que posee la empresa. No obstante, los administradores concursales han solicitado al juez un año más para llevar a cabo el plan de liquidación de la compañía.

Estos afectados hablan de que la administración ha autorizado subastas para colocar piezas artísticas que posee aún Arte y Naturaleza-Gespart a precios muy devaluados que, según explican en su web, están muy por debajo de las tasaciones que han realizado peritos independientes del Museo Reina Sofía y de la Biblioteca Nacional. También señalan que los propios artistas de algunas de las obras pertenecientes a la compañía han considerado que los precios de venta que estaban dando los administradores eran muy bajos.

No obstante, en este punto cabe señalar que el juez responsable del caso explicó a estas asociaciones de afectados que el valor de las obras ha descendido por el mal momento en el mercado del arte por lo que en este punto no advertía irregularidad alguna de parte de los administradores concursales, según sostienen las víctimas en declaraciones a este diario. El magistrado responsable del caso, el juez titular del juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrobora esta explicación a eldiario.es

Presunta prevaricación para lucro personal

En una nota informativa, la asociación de afectados sostiene que uno de los administradores, De la Cruz Bertolo, anunció en 2011 la venta de obras de arte comprendidas en el patrimonio de Arte y Naturaleza en una página relacionada directamente con la empresa Crisis Management, en la que aparece como parte del equipo de profesionales. Estas obras se pusieron a la venta como pertenecientes a la compañía relacionada con De la Cruz Bertolo y habían sido vendidas en subasta a través de un director de arte que él mismo contrató como administrador concursal de Arte y Naturaleza a precios tres veces menores de los que se anunciaban en la página.

No obstante, el vicepresidente y el secretario de la asociación, que aportan documentación específica, explican que este asunto fue investigado por la Fiscalía, en concreto, por la sección encargada de Delitos Económicos. Posteriormente, De la Cruz Bertolo dejó de figurar como parte de Inbusa, donde también aparecía su hermano. Estos mismos acreedores también muestran documentos donde se ofrecía la venta de piezas artísticas antes compradas a Arte y Naturaleza con descuentos que oscilaban entre el 40% y el 50% de la tasación.

eldiario.es se ha puesto en contacto con José María De la Cruz Bertolo pero ha declinado realizar declaración alguna.

También relacionado con este asunto, los acreedores mostraron un documento extraído del registro mercantil a eldiario.es en el que este administrador figura como directivo de otras 31 empresas de actividades dispares. Desde el despacho de abogados de De la Cruz Bertolo confirmaron que este letrado es el titular de un importante número de empresas que entraron en concurso de acreedores.

eldiario.es ha podido comprobar vía BOE que tanto De la Cruz Bertolo como los otros dos administradores concursales de Arte y Naturaleza, Julián Barrios y José Vicente Estrada, son los titulares designados por jueces de la administración concursal de otras empresas repartidas por toda España.

La situación actual del proceso

En estos momentos, el concurso de administradores de Arte y Naturaleza se encuentra en fase de liquidación, es decir, en el momento de deshacerse de todo el patrimonio y saldar el mayor número de deudas posibles con los acreedores. La Ley Concursal establece que los administradores concursales son de los primeros en cobrar lo que se les debe, sólo por detrás de Hacienda y la Seguridad Social, algo que muchos acreedores aseguran que no favorece la buena administración. Los afectados sostienen que en lo que va de concurso desde 2006, los tres administradores han cobrado 2.400.000 euros y se les adeudan otros tres millones por su gestión. “Además está pendiente de facturar el 2013 completo y lo que va del 2014 que desconocemos la cantidad por estar pendiente de fijarla el juez”, añaden.

En este punto cabe recordar que las empresas se declaran en concurso con el objetivo de que a través de esta figura jurídica puedan remontar el vuelo y los administradores concursales, por medio de su gestión, refloten la empresa para devolverla a sus dueños en la mejor situación posible.

Sin embargo, en España los concursos de acreedores terminan en liquidación en un 90% de las veces. Esto significa que en la gran mayoría de ocasiones muchas de las personas que tienen deudas pendientes con la empresa se quedan sin cobrar. Economía está trabajando en cambiar esta ley que se ha mostrado claramente inútil para el fin que había sido creada y en particular, en cambiar el papel del administrador concursal y la forma de su designación.