Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José (PSE-EE), ha visitado este lunes el valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el mayor monumento franquista de España y que antes era conocido como “de los Caídos”. Allí permanecen inhumados restos mortales de ciudadanos vascos trasladados por el régimen dictatorial.

El Gobierno vasco, a través del Instituto de la Memoria (Gogora), colabora con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la recuperación de estos restos, según ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. San José ha realizado esta visita en la misma semana en la que dos familias vascas recibirán los restos de sus allegados, de manos del secretario de Estado, Fernando Martínez. Se trata de los restos de José Arregui Lasa, natural de Gabiria (Gipuzkoa), y Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, natural de Bilbao (Bizkaia). Estas dos identificaciones, realizadas a través de la colaboración entre las administraciones central y vasca, se suman a la de Constancio Allende Sancho, natural de Vallarca de Bureba (Burgos) y vecino de Vitoria, cuyos restos fueron entregados a la familia en julio de 2025.

Sus restos mortales fueron trasladados a Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959, desde el cementerio del Balneario de Mondáriz (Pontevedra), en cajas individuales, donde se identificaba la procedencia. Las cajas llevaban impreso el nombre del Balneario de Mondáriz. El hecho de que cada caja contenía los restos de una sola persona y que la procedencia estaba indicada ha facilitado las labores de identificación. Gogora ha llevado a cabo la toma y el cotejo de las muestras genéticas, si bien la intervención en las criptas del valle corresponde en exclusiva al Gobierno de España.

José Arregui Lasa, nació en Gabiria (Gipuzkoa), en 1918. Durante la Guerra Civil estuvo alistado en el Regimiento América, nº23, Brigadas de Navarra, del ejercito sublevado. Murió en Mondáriz (Pontevedra), el 2 de febrero de 1938. Sus restos fueron enterrados en esa localidad, y fueron trasladados a Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959. Los restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1178, enterramiento individual.

Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, nació en Bilbao (Bizkaia), en 1902. Cecilio trabajaba como camarero en el buque mercante Cabo Prior, requisado por el Frente Popular en Santander en 1936. Posteriormente, fue llevado al frente como soldado de reemplazo por los sublevados, si bien, nunca llegó a combatir. De hecho, trabajó como cocinero en el Regimiento San Marcial, en Burgos, donde cayó enfermo y fue trasladado al Hospital Militar de Mondáriz, en el que falleció el 24 de febrero de 1939. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la localidad y posteriormente, el 27 de marzo de 1959, trasladados a Cuelgamuros. Como en el caso anterior, sus restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la Cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1186, enterramiento individual.

Gogora ha facilitado el proceso para que 49 familias hayan podido conseguir la resolución que les otorga el derecho de exhumación de 50 personas que concede Patrimonio Nacional. Este derecho es algo que deben solicitar los familiares, y Gogora ha tutelado el procedimiento para que lo puedan solicitar de forma correcta y así facilitar que lo puedan conseguir. Además, en este tiempo, Gogora ha informado a todas las familias que se han acercado interesándose por el asunto informándoles y ofreciéndose a acompañarlos en el proceso para tramitar la solicitud de exhumación si procede y la familia está interesada.

Paralelamente, cuando se notificó que el acceso a las criptas era inminente, Gogora se ha hecho cargo de la toma de muestras de ADN de familiares para que, en caso de que se puedan exhumar los restos, se puedan cotejar las muestras genéticas, a través del Banco de ADN de Gogora, como ha ocurrido en el caso de las tres identificaciones.

En respuesta al encargo realizado por el Parlamento Vasco en 2018, Gogora realizó una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se trasladaron restos mortales de vascos, tanto desde la comunidad autónoma de Euskadi como desde otros lugares. En dicho informe se recoge un censo. Los trasladados desde Euskadi ascenderían a 1.076 y los trasladados desde fuera de Euskadi serían al menos 238 personas de procedencia o vecindad vasca fueron enviadas desde distintos puntos de la geografía española, la mayor parte de ellos desde las provincias donde se estableció el denominado Frente del Ebro de la Guerra Civil.

En total, se trataría de un censo de 1.314 individuos. El Gobierno vasco ha precisado que este es un dato incompleto, ya que todavía falta añadir a otros muchos que pudieron ser llevados desde otros puntos de España, y muchos de los que están siguen sin ser identificados. Así, Gogora inició un proceso de toma de contacto con todas las familias que en años anteriores habían solicitado un Informe individualizado sobre el paradero de su familiar desaparecido, y que, tras las investigaciones realizadas, constaban como inhumado en el Valle de los caídos. Desde ese momento, Gogora mantiene contacto con 59 familias. A estas personas se les informó de la nueva situación y se les ofreció la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para su recuperación a través de Gogora.

El proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) incluye la construcción de un museo bajo la actual explanada con seis bloques temáticos que explicarán de forma “interactiva” y “pedagógica” el contexto histórico de la construcción de este gran monumento franquista.

El Valle de los Caídos se inauguró oficialmente el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el veinte aniversario del fin de la guerra civil, y fue el lugar de enterramiento de Francisco Franco hasta 2019, cuando fue exhumado por orden del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora, cincuenta años después de la muerte del dictador, este monumento ubicado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) afronta un proceso de resignificación.

Para ello, el Gobierno convocó un concurso internacional de ideas que acaba de ganar el proyecto que tiene como lema el nombre 'La base y la cruz', de los estudios Pereda Pérez Arquitectos (Pamplona) y Lignum S. L. (A Coruña).

Uno de los cambios más visibles que experimentará el actual Valle de Cuelgamuros es la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal que recorrerá de lado a lado la explanada.

Bajo este soportal habrá un vestíbulo circular a través del que los visitantes podrán acceder a un museo o centro de interpretación de nueva creación, situado en el lado izquierdo, y a un espacio para conferencias y talleres, en el lado derecho.

Un museo interactivo y didáctico

El futuro museo tendrá “una museografía de nueva generación moderna, participativa, interactiva y pedagógica”, según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Vivienda.

Uno de los objetivos será explicar las circunstancias de la construcción de este monumento, en el que participaron alrededor de 20.000 presos políticos de la dictadura franquista.

En el lugar están los restos de más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la guerra civil (1936-1939), que comenzó con el golpe de estado militar contra la II República. Familias de combatientes republicanos exigen su exhumación para poder darles sepultura.

El nuevo museo también ahondará en el contexto político e ideológico en el que se construyó el monumento, así como en su entorno natural y sus características arquitectónicas.

El proyecto ganador del concurso prevé dedicar una parte del espacio para exposiciones temporales y otra para una muestra permanente dividida en seis bloques temáticos: 'España enfrentada', 'Un monumento para el recuerdo', 'Cómo se hizo', 'Arte y parte', 'Arqueología y vida en los penales' y 'Memoria histórica y memoria democrática'.

Viejos elementos resignificados

Tras la elección del proyecto ganador, hay un plazo de ocho meses para redactar el proyecto de ejecución de obras del museo y el resto de cambios previstos en la resignificación, y luego llegará la licitación de los trabajos.

Las obras comenzarán como pronto en 2027 con un plazo de ejecución previsto de cuatro años. Cuando finalicen, los visitantes podrán participar de una experiencia interactiva en un renovado Valle de Cuelgamuros, donde los nuevos elementos convivirán con otros del pasado que serán resignificados con carteles explicativos, como la basílica y la gran cruz de piedra.

A Ángel Víctor Torres (Las Palmas, 1966) aún le queda por delante una jornada de actos tras una semana marcada por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Tras pasar la mañana en Asturias, donde ha reconocido a 70 trabajadores represaliados como víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática atiende a elDiario.es en su despacho del ministerio, en Madrid. Desde que aterrizara en él, Torres empuja una agenda que se encuentra sistemáticamente con la férrea oposición de las derechas en un momento de resurgimiento de posiciones revisionistas.

El ministro acaba de llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto que regulará la creación de un catálogo de vestigios franquistas y ya hay sobre la mesa un proyecto definitivo para resignificar el Valle de Cuelgamuros, un mausoleo franquista “que hasta ahora estaba alejado de los parámetros democráticos” y cuyas obras asegura que comenzarán “durante esta legislatura”. Torres considera “clave” intentar llegar a la juventud y lamenta que PP y Vox no apoyen las políticas de memoria porque “todas las administraciones que se sientan democráticas deberían aspirar” a ello. La entrevista se produce solo unas horas después de que se conozca el fallo que condena al fiscal general por el correo del novio de Ayuso: “Lo respetamos pero no lo compartimos”, dice en línea con los pronunciamientos que ha hecho el Gobierno desde entonces.

En pleno auge revisionista sobre el pasado, un 20% de la población afirma que los años de la dictadura fueron “buenos” o “muy buenos”. ¿A qué achaca que estén calando estos discursos? ¿Ha fallado España a la hora de articular un relato democrático igual de eficaz que el marco que propone la extrema derecha?

Lo primero es que hay un caldo de cultivo internacional en el que estamos viendo victorias de populismos y un uso irresponsable de las redes sociales, que hace que sobre todo los jóvenes reciban este tipo de información. Hay una voluntad de empujar hacia fórmulas que en el fondo aspiran a una visión uniforme y totalitaria. Por eso, con proyectos como '50 años de Libertad' nos dirigimos especialmente a la juventud, que no vivió la dictadura, para que sepa lo que ocurrió y lo que podría pasar si regresa. Todas las administraciones que realmente se sientan democráticas deben aspirar a que todos los jóvenes sepan valorar de que hoy tienen un montón de libertades y derechos que se tenían antes del franquismo y se perdieron.

¿Debería la izquierda hacer autocrítica sobre cómo se ha transmitido la memoria democrática?

La izquierda lo que ha hecho es aprobar dos leyes de memoria y aplicarlas. Cuando gobernó Mariano Rajoy, la ley fue derogada de facto con la anulación de las partidas para exhumaciones y las ayudas a las asociaciones memorialistas. La derecha no ha votado a favor de ninguna de las legislaciones y es quien pone palos en la rueda. La izquierda es exigente en ir más allá, incluso hubiera querido tener las leyes antes. La actual es de amplio consenso, aunque me hubiera gustado que hubiera sido unánime, ahora lo que estamos haciendo es implementarla al mayor ritmo posible.

Acaba de elegirse el proyecto definitivo para resignificar Cuelgamuros. La propuesta ha sido criticada por algunos expertos, que creen que apuesta mucho a lo arquitectónico y menos a la memoria. ¿Era el mejor proyecto?

Se ha elegido a partir de un concurso abierto y un jurado formado por reputados expertos y expertas que con transparencia han llegado a un fallo unánime. Sé que no fue sencillo, que llegaron diez finalistas con muchas posibilidades de ganar, pero finalmente ha sido esta propuesta, así que enhorabuena al equipo ganador. La voluntad es poder empezar esas obras en esta legislatura, que es lo programado.

No puedo entender cómo un grupo político democrático va a querer paralizar las obras de resignificación. ¿Qué sentido tiene un mausoleo de grandeza a un dictador que rememora el fascismo?

Una de las cuestiones que se criticaban es que no será obligatorio para entrar a la basílica pasar por el centro de interpretación. Quien quiera podrá seguir yendo a rezar sin ver el museo.

El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista. Lo importante es que vamos a resignificar por fin un espacio que hasta ahora tenía un uso alejado de los parámetros de la democracia. Así ha ocurrido en otros lugares del mundo, como los campos de concentración, y precisábamos tenerlo también en España.

Los monjes benedictinos seguirán dentro de Cuelgamuros a pesar de que expulsarlos fue la primera intención que manifestó el Gobierno. Teniendo en cuenta que la ideología nacionalcatólica sostuvo la dictadura, ¿es posible resignificar el espacio con la Iglesia dentro? 

Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede que no ha sido sencillo y en el que, como ocurre siempre, hay cesiones por todas las partes que aspiran a un punto en común. Valoro que hoy podamos seguir adelante con el acuerdo, haciendo las exhumaciones para devolver los restos de sus familiares a las más de 200 personas que los reclaman. Nuestra voluntad es que sea un centro resignificado y siempre que mantengamos los acuerdos, vamos a respetarlos. También la ultraderecha está siendo muy crítica con la Iglesia porque ha permitido la resignificación del Valle.

Comentaba que la voluntad es que las obras comiencen en esta legislatura, pero, según el calendario, lo más probable es que empiecen, al menos, en pleno ciclo electoral. PP y Vox están en contra de la resignificación. ¿Cómo se va a asegurar que la resignificación no esté condicionada por un posible cambio de Gobierno?

Resignificar el Valle de Cuelgamuros no debería ser un debate entre fuerzas políticas democráticas, sino una obligación para todo aquel que está en contra de las dictaduras y los totalitarismos y que condena al franquismo. Hoy podemos ser de derechas, de centro, de izquierdas o de nada, como dice la campaña La democracia es tu poder, pero en dictadura no. Por lo tanto, no puedo entender cómo un grupo político democrático va a querer paralizar las obras de resignificación. Yo aspiro a seguir continuando con un proyecto político que empezó en 2018, eso lo dirán las elecciones y la mayoría parlamentaria, pero ¿qué sentido tiene un mausoleo de grandeza a un dictador que rememora el fascismo?

El proceso para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco está en marcha. La ley exige para ello que haya “humillación a las víctimas” aparte de apología del franquismo. ¿Cree que esta argumentación está amarrada suficientemente para que el juez que deberá decidir no acabe tumbando la extinción?

Hemos hecho un buen trabajado desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso ha exigido más tiempo del que quizá hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón.

Algunas comunidades como la Comunidad de Madrid están dificultando que se pueda enseñar lo que ocurrió durante estos años de ausencia de libertades.

El franquismo se estudia en las aulas de forma superficial, según varios estudios recientes. ¿Por qué sigue siendo una asignatura pendiente si el diagnóstico de lo que falla está hecho desde hace tiempo?

Sabemos mucho de la historia medieval de nuestro país o de la conformación de los reinos, de lo que ocurrió hace siglos, pero menos de la historia reciente. Por eso la Ley de Memoria Democrática incluye diseños curriculares para que se conozca lo que fueron la Guerra de España y los 40 años de franquismo, una dictadura tremendamente larga y grave que mantuvo el fascismo tras su derrota en Europa, algo que debería avergonzar a todo el mundo civilizado y a cualquier demócrata.

En los centros educativos está habiendo buena recepción de las exposiciones, cursos y visitas que se están haciendo con motivo de los 50 años de libertad. Hay profesores comprometidos, es verdad que otros nos ponen algunas pegas. Por otro lado, se trata de una competencia autonómica y algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, están dificultando que se pueda enseñar lo que ocurrió durante estos años de ausencia de libertades.

¿Hay otras comunidades que estén poniendo resistencias?

Hay niveles distintos. No es igual la actitud que tiene la presidenta Isabel Díaz Ayuso que la que tienen otros presidentes de su grupo político, por ejemplo, yo siempre he visto colaboración del actual presidente de la Xunta de Galicia. En Madrid hay un rechazo permanente a cualquier actuación en materia de memoria que haga el Gobierno a pesar de que es algo que hacemos en otros lugares de España gobernados por la derecha.

Uno de los choques recientes con la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido a cuenta de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria. ¿Se va a instalar una placa?

Cuando se declara un inmueble como Lugar de Memoria no se está imponiendo un uso, sino que se trata de hacer conciencia para que la ciudadanía supo que en ese lugar hubo torturas y muerte a personas que defendían la democracia. Sin embargo, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que hemos recibido es un rechazo permanente a todo desde el inicio del proceso. He estado recientemente en Chile y Argentina, que sufrieron dos dictaduras recientes, y allí puedes visitar lo que fueron las sedes de las Juntas Militares y se explica la historia. No se encuentra el extremismo que vemos en el caso de Ayuso, que ni siquiera acepta que se ponga una placa. No es democrático.

Las querellas por crímenes de la dictadura siguen topándose sistemáticamente con archivos en base a la Ley de Amnistía o la prescripción de los delitos. ¿Se plantea el Gobierno hacer modificaciones legislativas en este sentido?

El Gobierno ha aprobado y enviado a Cortes una ley de secretos oficiales que es muy importante para esos años porque habrá documentos que tendrán que desclasificarse. En el año 2022 aprobó la Ley de Memoria Democrática y estamos en disposición de seguir avanzando, se han aprobado comisiones técnicas, declarado Lugares de Memoria. Hemos avanzado.

Pero en lo que respecta a los juicios, ¿no es una anomalía que las víctimas hayan tenido que irse a Argentina para que se abran los procesos penales?

Acudir a otras jurisdicciones por cuestiones jurídicas es un ámbito que es propio de la separación de poderes. Tenemos un Gobierno que ha apostado claramente por la memoria democrática y por poner el reloj en hora frente a una circunstancia que no había sido abordada durante mucho tiempo. Me hubiera gustado tener una ley de memoria histórica mucho antes, pero hubo dificultades. Ahora tenemos dos.

Cambiando de tema, solo en esta semana hemos tenido un informe demoledor sobre Cerdán y la petición de Anticorrupción de que Ábalos sea condenado a 24 años de cárcel. ¿Puede un gobierno sobrevivir con este goteo constante de noticias sobre corrupción?

Lo primero es que la Justicia camine para que se investigue todo y se llegue hasta el final y lo segundo es que el PSOE y el Gobierno han sido contundentes. Las actuaciones fueron inmediatas en el caso de estas dos personas que fueron relevantes dentro de la organización. Hay otras organizaciones políticas que tienen casos de corrupción que han tardado tiempo en suspender militancias o salir sus líderes políticos a dar explicaciones. El Partido Socialista y el Gobierno han demostrado absoluta contundencia.

Los españoles votaron pacto y acuerdo y es lo que hemos hecho. Hemos conseguido una mayoría parlamentaria y caminamos en una legislatura que no es sencilla en la que tenemos una oposición que no acepta el resultado de las elecciones.

Pero lo que ya sabemos a día de hoy y lo que puede que esté por conocerse ¿no está debilitando la legislatura?

Tenemos una legislatura que es fruto de la voluntad popular. Los españoles votaron pacto y acuerdo y es lo que hemos hecho. Hemos conseguido una mayoría parlamentaria y caminamos en una legislatura que no es sencilla y en la que tenemos una oposición que no acepta el resultado democrático de las elecciones y cuya única voluntad desde el primer momento ha sido hacer caer a Pedro Sánchez. Para ello no les ha importado votar en contra de cuestiones positivas para los españoles como el aumento de las pensiones, el decreto 'antiapagones' o la reducción de la jornada laboral. El PP ha votado en contra cuando ese voto suponía una derrota para el Gobierno siendo irresponsable y poniendo por delante una estrategia partidista.

El PP pide su dimisión por su relación conocida con Koldo García. ¿Se arrepiente de los mensajes que intercambiaron incluidos por la UCO en el informe incorporado al caso Koldo?

El PP me ha acusado de todo, pero la UCO no pide al juez que se me investigue y tras ese informe, cerró la investigación con tres investigados que mandó a juicio oral. Yo no soy ninguno de ellos. Lo que se está intentando ahora es estirar el chicle contra una persona a la que han difamado y señalado pero que ha sido exonerada de cualquier actitud criminal. De lo que me acusan es de mentir. Yo me ratifico en lo que he dicho siempre, si quieren buscar a alguien que no ha dicho la verdad lo tienen muy fácil, ahí está el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o incluso el líder del PP, que dijo que estuvo en permanente contacto con él el día de la dana cuando, aparentemente y por lo que sabemos, no lo hubo.

¿A qué atribuye que Víctor Aldama le sitúe con Ábalos y Koldo García en una cita que usted asegura que no tuvo?

Lo desconozco. Yo ya he presentado dos demandas y he solicitado la tercera [por intromisión al honor, la intimidad y la imagen]. Todo aquello de lo que me ha acusado este señor yo lo he desmontado. Llegó a ser capaz de decir que había estado una noche determinada en un piso de Madrid y estaba en mi casa durmiendo con mi mujer y mi hijo.

Lo que se está intentando ahora es estirar el chicle contra una persona a la que han difamado y señalado pero que ha sido exonerada de cualquier actitud criminal.

¿Tenía usted alguna relación especial con Ábalos y Koldo García más allá de su condición de presidente autonómico y la condición de Ábalos de ministro de Transportes?

No. Mi relación fue con el ministro de Transportes mientras fui presidente de Canarias y fue una relación con todo el Gobierno muy intensa, en la que hubo también importantes diferencias como la que tuve con el Ministerio de Sanidad. Eso también está en el informe de la UCO, en el que se ve que en algún momento me enfado porque mi obligación era defender Canarias.

¿Ha tenido que dar explicaciones al presidente del Gobierno tras salir las primeras informaciones de este caso?

El presidente y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y agradezco su confianza cuando quiso que le acompañara en el Consejo de Ministros, de lo que me siento tremendamente honrado al igual que del apoyo que recibo permanentemente por su parte y del que yo le doy de manera inversa.

Por último, ¿qué valoración hace de la condena al fiscal general del Estado por el caso del correo de la pareja de Ayuso?

Tras conocer el fallo inmediatamente hubo una comparecencia del Ministro de Justicia que fue clara y rotunda. Respetamos pero no compartimos el fallo, que no es unánime, y por tanto se va a nombrar un nuevo fiscal general. Defendemos la gestión que ha hecho y a la vez hacemos un llamamiento a seguir creyendo en la Justicia.

Cada vez se conocen más detalles del proyecto definitivo que resignificará Cuelgamuros. 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L, se ha impuesto a otras 33 propuestas en el concurso que arrancó el pasado mes de abril para elegir cómo cambiará el mausoleo franquista para ser un lugar de memoria. Sin embargo, la elección ha sido recibida con cierta decepción por parte de las voces expertas consultadas, que, a falta de que se concrete la propuesta en los próximos meses, ven en la decisión una “oportunidad desaprovechada” de hacer un memorial que “verdaderamente transforme” el monumento.

La propuesta centra fundamentalmente su intervención en la explanada, donde prevé la construcción de una plataforma horizontal atravesada por un patio circular de 40 metros de diámetro. Esto permitirá el acceso soterrado al conjunto y desde ahí se distribuirá la entrada a la basílica o al centro de interpretación, que se erigirá en uno de los laterales. Es ahí, en el centro, donde el proyecto carga casi todo el contenido memorialista, dividido en seis bloques temáticos que versarán sobre cuestiones que van desde la Guerra Civil o la represión al origen del mausoleo o su llegada hasta el día de hoy, según el dosier de la propuesta.

Especialistas en historia y patrimonio son conscientes del gran desafío que supone cambiar el significado de monumentos totalitarios como el Valle de Cuelgamuros, máximo exponente de la dictadura, pero coinciden en que podría haberse ido más allá y ven como debilidad que el proyecto priorice la transformación arquitectónica “frente a la memorialista”. El descontento no ha sido ajeno al jurado del concurso, que a pesar de elegir la propuesta por unanimidad, contaba con voces que hacían esta misma crítica y apostaban por iniciativas “que no lo fiaban todo a lo arquitectónico y tenían más contenido”, resumen fuentes conocedoras del proceso.

La forma de vehiculizar el concurso de ideas ya generó en su momento expectación al ser convocado por el Ministerio de Vivienda. Algunos expertos han apuntado desde entonces a la composición del jurado: de los nueve miembros con voto, la mayoría eran arquitectos, miembros del ministerio o expertos a propuesta del mismo y no había ningún representante de las familias de quienes siguen enterrados en las criptas, pero sí un representante de la Iglesia católica como asesor, sin voto.

“Se está siendo muy conservador. Estamos en un momento en el que se asume que podemos ser radicales con el patrimonio y llegamos a un monumento dictatorial y hacemos lo contrario”, resume el arqueólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC Alfredo González Ruibal. El experto cree que al poner el foco en la explanada y hacer intervenciones “mínimas” en el interior de la basílica –llena de simbología nacionalcatólica–, “se provoca una yuxtaposición de significados y hacer que convivan los dos, pero no una resignificación. No va a ser obligatorio visitar el centro de interpretación para quien quiera entrar a la basílica, por lo que si uno quiere seguir yendo a rezar al Valle, y a Franco en realidad, va a poder seguir haciéndolo y si quiere ir solo al museo, también. Para mí es una idea equivocada de pluralidad y nadie pensaría que podría ser posible con un monumento nazi”.

Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática –cuyo titular, Fernando Martínez, era miembro del jurado– califican de “magnífica noticia” que el proyecto de resignificación sea “una propuesta arquitectónica valiente” y aseguran que el centro de interpretación “cubrirá con creces las perspectivas de la Ley de Memoria Democrática”.

La relación con el monumento

El historiador de la Universidad de Grenoble Alpes, Nicolás Sesma, es cauteloso a la hora de valorar el futuro de la propuesta a la espera de que sus autores la desarrollen a fondo en los próximos meses y acabe ejecutándose, pero sí apunta a que “parece más un proyecto tecnocrático desde el punto de vista de la arquitectura que un trabajo profundo de memoria”. Antonio Cazorla, Catedrático de Historia de la Universidad de Trent (Canadá), muestra sus “dudas” de que “vaya a cambiar la relación que tenemos con el monumento” y cree que con los 26,2 millones de euros presupuestados, “podría haberse planteado algo menos espectacular pero más eficaz desde el punto de vista pedagógico”, dice en línea con las críticas que ha hecho la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

A la intervención arquitectónica, se suma el contenido explicativo, que cristalizará en el centro de interpretación. Los seis bloques en los que se dividirá son los siguientes: “España enfrentada”; “Un monumento para el recuerdo”; “Cómo se hizo”; “Arte y parte”; “Arqueología y vida en los penales”; “Memoria histórica y memoria democrática”. A través de pantallas verticales y proyecciones, el primero prevé enseñar cómo se desarrolló la Guerra Civil y el segundo, las razones de Franco para erigirlo al tiempo que se proyectan frases sobre el exilio, la represión o las fosas comunes. El tercero tratará de contar cómo se financió y construyó con mano de obra penada y el cuarto recorrerá la arquitectura, escultura y pintura mientras que el quinto se detendrá en las excavaciones de los barracones en los que vivían los presos y sus familiares. El último versará sobre la inauguración, el fin de la dictadura, la exhumación de Franco y su conversión en memorial.

Ruibal, que fue el encargado de dirigir el equipo que en 2021 excavó en los destacamentos penales del Valle, lamenta que la apuesta museográfica “no sea más radical o novedosa” y deposite “más peso” en el centro de interpretación. Además, cree que “la forma de experimentar” el Valle debería “cambiar” y apuesta por aquello que ya imaginaba mientras emergían de las chabolas derruidas las vidas de los obreros que lo construyeron: que los futuros visitantes comenzarían el itinerario por estos destacamentos penales, “empezando la historia por donde empezó la historia, que es en 1943 con los batallones de trabajadores que hicieron la carretera, el viaducto o abrieron la cripta”.

Lo que hace el proyecto elegido es modificar la secuencia de acceso al monumento, que recibe al visitante “por la sombra horizontal” de la plataforma “frente al eje vertical autoritario” de la escalinata actual, que desaparecerá. El patio circular está concebido como un “espacio de acogida” abierto “al reencuentro”. “La construcción es bonita, pero la idea en un monumento de este tipo no es hacer algo bonito, sino algo que nos interpele de verdad, que cause un shock, porque si no, lo que seguirá impactando es el monumento franquista. Se trata de una propuesta que si la planteamos para una extensión del Museo del Prado o del Museo Arqueológico Nacional serviría igual y eso significa que no funciona para esto”, explica Ruibal.

La “limitación” de la Iglesia

Con todo, las voces expertas consultadas coinciden en que los autores de las 34 propuestas presentadas al certamen “estaban muy limitados” debido al pacto que el Gobierno alcanzó con la Iglesia y que supone el mantenimiento de los monjes benedictinos en el complejo y el uso religioso de la basílica. Sesma traslada la “complejidad” de tratar de resignificar “un lugar que es ideología en sí misma” y que, además, no está desacralizado. “Es difícil actuar en el espacio con estas condiciones porque cualquier intervención dentro de la iglesia o en la cruz se habría visto como un ataque a la religión y no a la dictadura”, sostiene el experto.

El historiador pone sobre la mesa “la habilidad” del franquismo precisamente “para vincularse” con una simbología que tiene trascendencia más allá de la propia dictadura. “No es lo mismo retirar un yugo y unas flechas que una cruz. Siempre se dijo que el fascismo español era débil por su vinculación con la Iglesia y, en realidad, es al revés, es lo que lo hace todavía más fuerte, al menos hasta que la propia Iglesia no rechace esta vinculación”, añade Sesma, para el que es incomprensible que la jerarquía eclesiástica no se haya abierto a desacralizar Cuelgamuros con este objetivo.

Otra de las cuestiones que preocupan a los especialistas son los tiempos de las obras, que están previstas que den comienzo en 2027, año de elecciones generales. “¿Quién va a vigilar que este proyecto no sea luego manipulado políticamente? ¿Qué va a pasar con el contenido y las actividades?”, se plantea Cazorla en el caso de que llegue a la Moncloa un gobierno de derechas que se ha posicionado férreamente contra la resignificación. Por eso el historiador cree que la resignificación debería ir acompañada de “gobernanza” del proyecto para que sean los especialistas los que “desde el punto de vista científico” tengan influencia en el proceso “y no los políticos”.

“Igual que tenemos centros nacionales de investigación o de medicina de referencia, deberíamos tener algo similar para la Guerra Civil y el franquismo”, concluye el historiador, que siempre ha apostado por que el Valle alojara un museo de la contienda y un centro internacional de estudios de “la violencia política”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado este miércoles el proceso de resignificación de Cuelgamuros, del que ya hay propuesta definitiva. El proyecto 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L., ha ganado el concurso de ideas lanzado por el Gobierno para transformar el mausoleo franquista, pero la ARMH considera “incompresible” que vaya a llevarse a cabo “una nueva actuación arquitectónica” en el lugar.

La asociación, que ya el pasado mes de abril pidió la suspensión del certamen, apuesta por la explicación del monumento mandado construir por Franco para honrar su victoria en la Guerra Civil a través de una “exposición permanente que no necesita muchos recursos económicos para permitir entenderlo”. Así, considera que la instalación de paneles “que contengan documentos históricos” bastaría para dar cuenta de para qué el dictador ordenó construirlo, cómo y quién lo hizo y qué empresas se beneficiaron de su construcción.

La idea matriz del proyecto es modificar el acceso al mausoleo y acabar con la escalinata de entrada para construir una gran losa horizontal que daría a un patio circular de 40 metros de diámetro. A partir de ahí, los visitantes podrían acceder a la basílica, que solo será intervenida “mínimamente”, o al centro de interpretación de nueva construcción. Los costes totales de las obras alcanzan los 26,2 millones de euros, a los que hay que sumar los 4 millones de honorarios para el proyecto ganador y 605.000 euros en premios para los diez finalistas del concurso.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, se trata de “una actuación superflua e innecesaria” que “va a llevar a cabo una inversión de decenas de millones de euros en un lugar alejado al que no se puede acceder con transporte público”, dice sobre la localización del Valle, a unos 50 kilómetros del centro de Madrid.

La asociación, responsable de la primera exhumación con métodos científicos de fosas del franquismo hace 25 años, hace además hincapié en algo que han criticado todas las asociaciones memorialistas y víctimas del franquismo: la permanencia de los monjes benedictinos en la basílica, que seguirá usándose para el culto católico tras el pacto al que llegó el Gobierno con la Iglesia católica. Algo que la ARMH considera “intolerable” debido, entre otras cosas, a que los monjes “gestionan sin concurso público la hospedería” que hay en Cuelgamuros. Así, mantener “la presencia dominante” de la Iglesia en el recinto “valida una decisión del dictador”, concluye Silva.

El futuro memorial del Valle de Cuelgamuros es “potencialmente fallido”, advierte la ARMH, que apuesta por la construcción de “un museo dedicado a las víctimas de la dictadura” que esté “bien comunidado” y “sin interferencias de la Iglesia católica”.

El Gobierno ya tiene sobre la mesa el proyecto definitivo para resignificar el Valle de Cuelgamuros, inaugurado hace 66 años por Francisco Franco en el aniversario de la victoria de los sublevados en la Guerra Civil. El jurado del concurso de ideas convocado por el Ministerio de Vivienda el pasado abril ya ha elegido la propuesta ganadora: 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L. Ahora sus impulsores tendrán un plazo de ocho meses para desarrollar en profundidad la idea, de la que ya se conocen algunos detalles.

Su proyecto se ha impuesto a 'Camino de Memoria' y 'Nude Arquitectura' porque “su gesto de horizontalidad, representado por una línea de sombra que se contrapone a la monumentalidad original, implica una estrategia inteligente y de gran sensibilidad para introducir una lectura diferente y separada de la preexistencia. Por otro lado, se percibe una reformulación de los límites entre arquitectura y naturaleza en el nuevo tratamiento de la exedra”, recoge el acta del jurado.

El cambio principal tiene que ver con el acceso al complejo. Así, se pretende eliminar la escalinata desde la que se entra a la basílica para construir una especie de gran soportal que ocupa todo el ancho y que está atravesado por un patio circular abierto al cielo. Este tendrá 40 metros de diámetro. Lo que propone el proyecto es aprovechar la diferencia de altura de 5,1 metros que hay ahora entre la basílica y la explanada para construir ahí el futuro acceso soterrado al conjunto. En ese espacio habrá también un centro de interpretación, al que se podrá acceder desde ese patio circular que también dará a la entrada de la basílica.

“Se crea así una nueva secuencia de acceso en la que el visitante es recibido por la sombra horizontal del nuevo elemento”, esgrime el anexo de la propuesta que ha manejado el jurado y al que ha tenido acceso elDiario.es. Este nuevo elemento es la nueva plataforma, en forma de “espacio de acogida” que “desactiva la centralidad simbólica de la basílica”: “Una sombra horizontal democrática frente al eje ascendente vertical autoritario”, según consta en el anexo y ha explicado este martes el presidente del jurado, Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda.

La idea es que el patio circular de “bienvenida” funcione “como mediador” y simbolice “la intersección entre pasado y futuro, transformando el antiguo sentido de sumisión en un recorrido de reflexión y apertura”. El anexo del proyecto describe la idea como un “memorial” en forma de “acto de reconciliación con lo vivido”. “La propuesta no pretende borrar la huella del dolor, sino hacerla visible”, esgrime el texto, que apunta a que “no impone una visión, sino que ofrece un lugar donde cada uno encuentre su propia forma de recordar, aprender y convivir”.

Reutilizar el granito

'La base y la cruz' también propone reutilizar el granito que se va a retirar del espacio que en el futuro ocupará la plataforma y “de los elementos de menor interés que puntualmente se eliminan del propio conjunto”. Este granito, en forma de “fragmentos pétreos”, se concibe como “testigo de la construcción del monumento” y se utilizarán como elemento decorativo sobre la nueva plataforma. “La piedra, antes símbolo del poder inmutable, se convierte en materia de reencuentro”, explica el anexo.

El concurso de ideas instaba a los participantes a diseñar una transformación también en clave museográfica. En este sentido, el proyecto debe explicar el origen ideológico del monumento, integrando tanto su concepción como la construcción a base de mano de obra republicana. Además del centro de interpretación, en el patio circular se destinará a “instalaciones versátiles y efímeras relativas a la memoria democrática”. Habrá también “recorridos pedagógicos que atraviesan el paisaje”, con el foco puesto entre otras cosas en los barracones en los que vivían los trabajadores que erigieron el monumento a base de mano de obra forzada con sus familias.

La museografía estaba también prevista para el interior de la basílica, actualmente cargada de simbología nacionalcatólica que vincula guerra y religión. Sin embargo, la intervención en este sentido será “mínima”, según ha explicado Carnicero. El espacio seguirá, de hecho, dedicándose al culto católico después del pacto al que llegó el Gobierno con la Iglesia católica. El acuerdo incluyó también la permanencia de los monjes benedictinos en Cuelgamuros, a excepción del prior Santiago Cantera, una decisión que ha sido calificada por las asociaciones memorialistas como “continuidad franquista”.

Con todo, aún falta la concreción desarrollada de la propuesta, que se debe producir en un plazo de ocho meses. Después comenzarán las obras, que se prevé que tengan una duración de unos cuatro años. “La propuesta no destruye ni sustituye, sino que transforma los significados permitiendo que el lugar conserve su memoria al tiempo que adquiere un sentido nuevo”, describe el anexo.

Actualmente, sigue habiendo en las criptas de Cuelgamuros más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterradas. A dos centenares de ellas siguen buscándolas sus familiares, que han pedido que sean exhumadas para poder enterrarlas dignamente. La inmensa mayoría son republicanas y fueron trasladadas allí procedentes de fosas comunes sin que sus seres queridos ni siquiera lo supieran.

Ya hay proyecto ganador para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Inaugurado por Franco en 1959 para conmemorar su victoria en la Guerra Civil, el mausoleo franquista está cada vez más cerca de su transformación. El jurado del concurso de ideas convocado por el Ministerio de Vivienda para elegir de qué forma se hará, ya ha seleccionado la propuesta definitiva de entre las diez finalistas: será la denominada 'La base y la cruz', un proyecto que “propone una nueva visión del conjunto monumental”.

Así lo ha destacado Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y presidente del jurado, que ha dado a conocer la idea ganadora tras “una intensa discusión” debido a la “alta calidad” de los proyectos. El plan escogido provocará la demolición de la escalinata que actualmente da acceso a la basílica para construir una especie de gran soportal al que se puede entrar de frente y a los lados y, en el centro, alberga gran circunferencia abierta al cielo. Desde ahí, se podrá acceder a la basílica o al centro de interpretación que se construirá de cero y explicará quién, cómo y por qué fue construido Cuelgamuros y qué significó para la dictadura.

Carnicero ha calificado este nuevo acceso de “umbral” entendido como “lugar de encuentro y de diálogo” que “rompe con el eje vertical” construido en la dictadura “para hacerlo horizontal”. Según el representante del Ministerio de Vivienda, la idea “redefine los límites y da más prioridad a la naturaleza que a la arquitectura”. Aun así, aún no son públicas las memorias del proyecto ni tampoco quiénes están detrás del mismo, ya que el concurso ha sido anónimo, pero estarán disponibles próximamente, según ha indicado.

Intervención “mínima” en la basílica

El certamen dio comienzo el pasado mes de abril con la apertura del plazo para presentar los planes con los que convertir en un lugar de memoria el Valle de Cuelgamuros, donde están enterradas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y ningún cartel o panel explica nada al respecto. La elección se ha producido después de que el pasado agosto el jurado seleccionara las diez ideas finalistas de un total de 34 propuestas.

Con ello, el objetivo del Gobierno es propiciar “una nueva mirada” sobre el monumento y su entorno, un espacio “hasta ahora congelado en el tiempo” y marcado por una iconografía que muestra el nacionalcatolicismo que sostuvo la dictadura. Para ello, el concurso proponía una resignificación en tres vertientes: una transformación en clave paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de musealización que podría realizarse en el interior de la basílica.

En este sentido, el proyecto escogido propone una intervención “mínima” dentro del templo, según ha dicho Carnicero. El Gobierno había pactado directamente con la Iglesia católica los pormenores del proceso y, de hecho, acordó que la basílica podía ser objeto de transformación a excepción del altar mayor y las bancadas adyacentes. Con todo, el espacio seguirá dedicándose al culto católico y los monjes benedictinos permanecerán en él con la salvedad del prior Santiago Cantera, conocido por sus posiciones profranquistas.

A partir de este momento, según consta en el pliego de condiciones del concurso, se firmará un contrato de servicios con la propuesta y arrancan dos fases: ocho meses para la redacción del proyecto y otros 40 para la realización de las obras en sí. La licitación de las obras se prevé iniciar en la segunda mitad de 2026. En total, el pliego estimaba en abril una duración del contrato de “en torno” a los 56 meses (cuatro años y ocho meses), incluyendo la duración del concurso. Aun así, el mismo pliego admite que es complicado “precisar con exactitud” la duración total.

“La complejidad de la tarea”

Al proceso de resignificación de Cuelgamuros le han declarado la batalla los sectores ultracatólicos y de extrema derecha, que estuvieron semanas agitando el fantasma de que el Gobierno quería derribar la cruz de 150 metros de altura –algo que no ocurrirá–. Los ultras han intentado boicotear el proceso en varias ocasiones bajo el argumento de que el mausoleo ya es un espacio de “reconciliación” a pesar de que fue mandado construir por Franco para honrar “a los héroes y mártires de la Cruzada”. La última ofensiva fue la presentación de una cascada de recursos que fueron rechazados por parte de Abogados Cristianos y varios arquitectos coordinados contra el concurso.

Varias de las asociaciones memorialistas también han sido críticas con el proceso, sobre todo por el pacto con la Iglesia que permite la permanencia de los monjes. También hay voces entre los familiares de víctimas de la dictadura que se oponen a la resignificación por considerar “imposible” que pueda llevarse a cabo esta tarea con éxito debido a lo que el monumento significó para el régimen.

El jurado del concurso es consciente de la dificultad. Y así lo ha resumido el arquitecto británico David Chipperfield, también miembro del jurado, en la presentación ante la prensa del proyecto ganador: “Primero tenemos que entender la complejidad de la tarea que tenemos ante nosotros, que va mucho más allá de la arquitectura”, en palabras del experto, que ha afirmado que todos los miembros del jurado son conscientes de que “no existe una respuesta total” a la pregunta de cómo puede resignificarse un monumento así.

Además de Carnicero y Chipperfield, el jurado ha contado también con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y el de Cultura, Jordi Martí Grau, además de varios artistas y arquitectos de reconocido prestigio, un asesor técnico y otro a propuesta de la Conferencia Episcopal. Los costes totales del proceso alcanzarán los 31 millones de euros: 26,2 para sufragar los trabajos, 4,1 de honorarios para el proyecto ganador y 605.000 euros en premios para los diez finalistas.

Mientras la resignificación avanza, siguen desarrollándose los trabajos de exhumación de víctimas enterradas en las criptas. La mayoría de las que se buscan a petición de sus familiares son republicanas que fueron trasladadas sin conocimiento y consentimiento de sus seres queridos a Cuelgamuros. Por el momento, se han identificado 20 cuerpos.

La asociación ultracatólica que convocó un acto en el Congreso con una imagen de la cruz franquista de Cuelgamuros acudió la semana pasada al Tribunal Supremo para exigir medidas urgentes. La Mesa de la cámara baja había retirado su autorización al coloquio y Enraizados, grupo ubicado en la órbita de El Yunque, pidió el pasado viernes a los jueces una decisión cautelarísima para poder celebrar el encuentro programado para este lunes. Los magistrados, según ha podido comprobar elDiario.es, rechazaron su petición porque la asociación, defendida por la presidenta de Abogados Cristianos, cometió un error formal insalvable: no aportó hasta que fue demasiado tarde el acuerdo de la Mesa del Congreso que estaba cuestionando. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, reprochó el Supremo.

Las jornadas habían sido convocadas para las 16:30 horas del lunes de esta semana bajo el lema 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa'. Un foro con invitados como el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; el impulsor de los Rosarios en Ferraz, José Andrés Calderón; o la dirigente de Vox Carla Toscano para, en palabras de los organizadores, “recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública”. Enraizados obtuvo el respaldo del Parlamento en mayo aunque, según fuentes parlamentarias, sin especificar de que el cartel iba a incluir una imagen de la cruz del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros.

La mesa revocó este permiso a finales de la semana pasada y Enraizados, representada por la presidenta de Abogados Cristianos, acudió al Tribunal Supremo para pedir medidas cautelarísimas y que los jueces forzaran al Congreso a permitir el acto. La petición de urgencia entró en el registro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado viernes cuando apenas pasaban unos minutos de las dos y media de la tarde. Los jueces constataron entonces un problema que, de no solventarse, condenaba la reclamación al fracaso: habían presentado un recurso pero no habían aportado la resolución del Congreso que recurrían.

Los datos del auto al que ha tenido acceso este periódico ponen de manifiesto el error de la asociación convocante del acto: habían recibido el acuerdo de la Mesa una hora antes de presentar el recurso, pero no lo habían incluido en el recurso. Y no lo hicieron hasta días después, el mismo lunes del evento dos horas antes del comienzo. Cerrando la puerta, por tanto, a que el Supremo pudiera intervenir aunque ahora el recurso se siga tramitando sobre el fondo del asunto. La petición de cautelares, una vez pasados varios días, “ha perdido su objeto”.

Los jueces explican que recibieron toda la documentación necesaria dos horas antes de la hora a la que estaba programado el evento, “sin tiempo material para poder reunir a la Sala, resolver el asunto y notificar la decisión con la antelación mínima exigible”. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, concluye el Supremo.

Seguir la A6 en dirección A Coruña y coger después la carretera que hay a mano izquierda. Todo recto, una única dirección. Al fondo, se alza la cruz de 152 metros de altura que corona el monumento alzado por Franco en El Escorial para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. Llegar a Cuelgamuros –anteriormente llamado Valle de los Caídos– es sencillo, no tiene pérdida. Varias señales apuntan a lo largo del camino hacia dónde nos dirigimos a pesar de que alguien ha borrado de todas ellas la palabra Cuelgamuros y ha dejado un solitario Valle de. El destino está claro, pero, al llegar, lo que resulta más difícil es entender realmente dónde estamos.

Dónde estamos de verdad: en la máxima expresión del nacionalcatolicismo que sostuvo la dictadura durante cuatro décadas, construido por mano de obra republicana forzada y cuyos muros albergan toda una ristra de esculturas de arcángeles con espadas, vírgenes, escenas del apocalipsis y hasta un tanque. “Estamos hablando de guerra teñida de religión”, explica el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz, que conduce a unas 50 personas por el monumento en una visita guiada organizada por el Festival de las Ideas y patrocinado por el Comisionado para del Gobierno para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. Sin embargo, nada de eso aparece mínimamente indicado en ningún rincón del lugar, que parece haber sido erigido sin mayor motivo.

La única mención al dictador en todo el complejo está en la frase inscrita a la entrada por el propio régimen aludiendo a la inauguración. “Francisco Franco Caudillo de España patrono y fundador inauguró este monumento el 1 de abril de 1959”. La fecha no era casual porque aquel día la dictadura celebraba el vigésimo aniversario de la victoria franquista, al igual que tampoco lo fue el día que el dictador lo mandó construir: también un 1 de abril, pero de 1940, en plena posguerra, cuando dejó escrito que la edificación debía ser “un homenaje a los ”héroes y mártires de la Cruzada“.

Arcángeles y Fuerzas Armadas

Un grupo de franceses fotografía con sus móviles la imponente entrada al monumento mientras la guía da algunas pinceladas sobre su estilo arquitectónico. La explanada está salpicada de algunos turistas que quieren visitar Cuelgamuros. “Nos dijeron que teníamos que verlo”, dice una mujer colombiana que viene con su pareja y sus hijos. Carlos y sus dos amigos veinteañeros están pasando unos días en la capital y han decidido hacer la visita “porque la primera vez que vine me impresionó”, dice el primero, que apenas acierta a decir por qué Franco lo construyó.

“A día de hoy la historia política del edificio no está explicada en ningún sitio a pesar de que es un monumento totalitario que expresa muy bien el franquismo”, señala Ferrándiz, que es asesor técnico del jurado que está decidiendo sobre el concurso que lo resignificará. El antropólogo lleva años pensando que mientras eso ocurre, debería al menos instalarse algún panel explicativo, pero no ha ocurrido. Los pocos carteles que hay en la nave de la basílica se limitan a explicar sin demasiada pedagogía parte de la iconografía religiosa, pero la realidad es que tras cada detalle hay un sentido político y “un clarísimo carácter militarista” asociado a la victoria de Franco, dice Ferrándiz.

La simbología sobrecoge por momentos al grupo que sigue al antropólogo mientras explica lo que significan las imágenes. Las ocho esculturas que flanquean la nave de la basílica hasta llegar al altar representan a las Fuerzas Armadas y las milicias, dos de ellas con el yugo y las flechas. Dos arcángeles vigilan la entrada del monumento empuñando una espada y el coro está decorado con escenas de las cruzadas. El colofón es la impresionante cúpula, hecha con cinco millones de estelas y que simboliza el juicio final. En uno de los lados, un carro de combate y varias banderas se elevan hacia Dios. Una es la de España, otra la falangista y una tercera la de la Cruz de Borgoña, usada por los carlistas. “Esta escena es un enganche ideológico del monumento y representa a los caídos por Dios y por España uniéndose al santoral cristiano”, explica el experto.

El significado contrasta con el relato que el tardofranquismo edificó y que afianzó la Transición de que Cuelgamuros es un monumento a la reconciliación, un mensaje que hoy repiten quienes se oponen a su resignificación y no pocos de quienes este viernes por la tarde lo visitan. Un hombre ecuatoriano que vive en Mallorca y ha explicado a unos amigos de su país por quién fue construido el lugar asegura que “Franco hizo cosas buenas y malas” y que “trajo aquí cadáveres de los dos bandos como un acto de reconciliación”. El relato se retuerce en un cartel blanco colocado bajo una estatua: “Para que los caídos, asociados a la muerte redentora de Cristo, descansen eternamente y su recuerdo fomente la paz entre todos los españoles”.

Encajar el pasado

La realidad es que detrás de las capillas del Sepulcro y del Santísimo, a ambos lados del altar, miles de cajas apiladas y deterioradas por el descuido y el paso del tiempo albergan los restos de 33.833 cuerpos, la mayoría de franquistas, pero también de republicanos que fueron trasladados aquí de fosas comunes sin consentimiento ni conocimiento de sus familiares ante la incapacidad del régimen de llenar los enterramientos de muertos de su bando. El Gobierno tiene actualmente sobre la mesa más de 200 peticiones de familias que piden la exhumación de sus seres queridos dos años después del inicio de los trabajos en las criptas y 20 de ellos han sido identificados.

“Es un poco marciano que dentro de la estructura del Valle haya un laboratorio forense, pero también es resignificador. Un lugar de oración ha pasado a ser de evidencia científica. Es un paso muy importante, se pensaba que no iba a pasar jamás”, dice Ferrándiz sobre las exhumaciones, que han sido obstaculizadas por los ultras en varias ocasiones. De este proceso iniciado por Pedro Sánchez forma parte también las exhumaciones de Franco y José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos ya no reposan aquí, o el desmantelamiento de la tienda de recuerdos de la entrada, ahora vacía.

El siguiente paso será la transformación del monumento en un lugar de memoria, para lo que ya se han seleccionado las diez propuestas finalistas del concurso de ideas abierto con este objetivo. El proyecto costará en total 31 millones de euros y su intención es explicar dónde está de verdad quien viene aquí por primera vez, donde los monjes benedictinos seguirán presentes tras el acuerdo al que el Gobierno llegó con el Vaticano. Un proceso ambicioso y complejo, que tiene defensores y detractores, no solo en la extrema derecha, también entre las propias víctimas del franquismo. Porque ¿cómo es posible resignificar un monumento franquista como este?

Es la pregunta que sobrevuela a lo largo del recorrido, propuesto como un “paseo filosófico” en el que reflexionar sobre cómo el pasado incómodo puede encajar en el presente de un edificio con tanta carga simbólica. Entre quienes asisten a la visita hay curiosidad y el convencimiento de que debe ser explicado. Entre quienes lo visitan por libre, la cosa cambia. Tres mujeres se enfadan ante la pregunta y cargan contra lo que a su juicio es “remover el pasado y politizar la historia”. “Franco ya no existe, lo que hay que hacer es olvidar”. A pocos metros, en las capillas laterales, miles de huesos traídos a la fuerza por el Franco que ya no existe esperan algún día ser rescatados. Se sabe que muchos no lo serán nunca mientras sus hijos, nietos y sobrinos les buscan. Qué menos que contar su historia.

Han pasado 65 años desde que fue inaugurado –en el vigésimo aniversario de la victoria franquista– como un megalómano símbolo del poder del régimen. Pero desde este lunes la resignificación de Cuelgamuros está un poco más cerca. El Gobierno tiene ya sobre la mesa una decena de propuestas para convertir el ex Valle de los Caídos en un lugar de memoria. El jurado ha seleccionado los mejores planes entre los 34 que se presentaron al concurso lanzado en abril, semanas después de que el Ministerio de Presidencia pactara con la Iglesia católica la intervención del complejo.

El concurso engloba tres encargos: una transformación en clave paisajística y artística, la construcción de un centro de interpretación y un proceso de musealización para explicar a partir de paneles u otro tipo de elementos qué es –y fue– Cuelgamuros.

La deliberación se ha publicado en la Plataforma de Contratación el Sector Público, y en ella figuran los nombres de una decena de proyectos, como Caminos de Memoria, Luz que emerge, La base y la cruz o Herida.Memoria.Luz. Ahora sus responsables deberán desarrollar estas ideas bajo una serie de indicaciones y requerimientos, y volver a enviar un proyecto en el plazo de dos meses desde el 1 de septiembre, ya que agosto se considera inhábil. Entre estas 10 aproximaciones estará la que finalmente transforme la mayor parte del complejo, en el que los monjes benedictinos seguirán presentes, al igual que la basílica, tras el acuerdo al que el Ejecutivo ha llegado con el Vaticano.

Un acuerdo que ha levantado ampollas en algunos sectores vinculados al catolicismo y que se ha convertido en un tema de enfrentamiento de partidos como Vox con los obispos españoles. La ultraderecha y los nostálgicos del franquismo han puesto en marcha campañas “en defensa de la cruz del Valle” y han intentado boicotear de muchas maneras este proceso, que busca cumplir con la Ley de Memoria Democrática. La última ofensiva tuvo como objeto precisamente este concurso, cuando Abogados Cristianos y una serie de arquitectos presentaron hasta nueve recursos para paralizarlo, sin éxito.

Enfrente, las asociaciones memorialistas se quejaron por la permanencia de los benedictinos en el Valle –aunque ya no bajo la dirección del prior filofranquista Santiago Cantera–. La basílica seguirá funcionando y conservará “como espacio dedicado al culto” la zona que ocupa el altar y las bancadas adyacentes, a las que no afectarán las intervenciones “de carácter artístico y museográfico”. El resto de espacios (vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula) “podrán ser objeto de intervenciones”, según el acuerdo.

“La Cruz se queda”

No es una novedad, pero el acta del jurado en la que hace reflexiones y recomendaciones a los finalistas, recuerda que la monumental cruz de más de 150 metros de altura no es susceptible de ser derribada. “La confrontación arquitectónica con el monumento está perdida de antemano. La cruz permanecerá”, admiten los expertos. “La creación, dedicación y existencia del conjunto monumental —incluido el doloroso sacrificio de vidas humanas— no puede neutralizarse con otra intervención material. El lugar es, por su propia existencia, un testimonio ideológico. Solo puede resignificarse mediante otras ideas”, desarrollan.

“Debemos asumir desde el inicio que ninguna intervención arquitectónica, por sí sola, puede contradecir o deshacer el gesto original que dio lugar al monumento. La verdadera tarea que plantea este concurso es aprovechar el potencial de la arquitectura, el arte y el paisaje para estimular y representar una nueva mirada, capaz de reubicar la historia, la política y las emociones que encierra este lugar en el horizonte contemporáneo de España”, señala el acta que firma el jurado. Un jurado presidido por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y que cuenta también con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y el de Cultura, Jordi Martí Grau, además de varios artistas y arquitectos de reconocido prestigio, un asesor técnico y otro a propuesta de la Conferencia Episcopal.

“Para que este proceso sea legítimo, no basta con que se perciba como transparente: debe también asumir el conflicto y la diversidad de miradas como su tema central, no como un inconveniente. Toda intervención sobre un lugar cargado de significado histórico —como lo es el Valle de Cuelgamuros— debe atender tanto las dimensiones científicas e intelectuales como las emocionales y simbólicas. Y en este caso, además, debe incorporar la inevitable, y no siempre constructiva, presencia de proyecciones políticas y posicionamientos ideológicos”, señala el escrito.

Los costes del proceso alcanzarán los 31 millones de euros: 26,2 para sufragar los trabajos, 4,1 de honorarios para el proyecto ganador y 605.000 euros en premios para los diez finalistas.

Miles de víctimas sin identificar

Mientras la resignificación sigue su marcha, miles de restos permanecen en las catacumbas de la basílica. Franco quería que Cuelgamuros fuera un monumento a las víctimas de la contienda –de ahí su nombre de Valle de los Caídos– así que trasladó a Madrid –muchas veces sin siquiera avisar a los familiares– a muertos del bando golpista y a miles de fusilados desenterrados de las cunetas para formar parte de la mayor fosa común de España.

El mal estado de conservación y las numerosas trabas que han ido poniendo al proceso dificultan los trabajos de exhumación e identificación. Por eso, el jurado recomienda a los finalistas a descartar soluciones como en otros países en los que se ha hecho una enumeración de “todos los nombres”, dado que no es posible identificar a todas las personas allí sepultadas.

El sindicato UGT se ha sumado a la ofensiva contra la exposición que Vox ha organizado en el Parlamento Europeo para blanquear el Valle de los Caídos. La muestra, que se inauguró coincidiendo con la efemérides del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, fue autorizada por la Eurocámara, que se ha negado a retirarla. En una carta remitida a la presidenta, Roberta Metsola, el secretario general, Pepe Álvarez, le pide que reconsidere esa decisión para que la institución no se convierta en una “plataforma de distorsión de la verdad histórica o de rehabilitación de regímenes fascistas”.

Además, exige que se pida perdón públicamente a las víctimas de la dictadura por la decisión de autorizar esa exhibición que, bajo el título “La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa”, busca blanquear la mayor fosa común de España. Álvarez recuerda que fue construido con prisioneros de guerra (y que muchos de ellos estaban afiliados al sindicato). A su juicio, “tergiversa la historia de la dictadura de Franco y deshonra la memoria de sus víctimas”.

En la carta, reconoce que el Parlamento Europeo tiene potestad para autorizar exhibiciones que reflejen la “pluralidad política”, pero advierte de que ese derecho no se puede utilizar para “diseminar falsedades”. Así, sostiene que la “negación histórica, la falsificación revisionista y la manipulación” no pueden estar amparadas en una sociedad democrática, “especialmente cuando buscan justificar o glorificar regímenes que violaron derechos humanos”.

UGT denuncia que permitir esa exhibición en las paredes del Parlamento Europeo da “legitimidad no solo a las fuerzas nostálgicas del fascismo sino también euroescépticas” que intentan “minar el proyecto europeo” desde dentro. También recuerda que supone una vulneración de la ley de memoria democrática, que se aprobó en 2022 y que, entre otras cosas, cambió la nomenclatura del Valle de los Caídos, que ha servido de lugar de exaltación del franquismo hasta la exhumación del dictador, para volver a llamarse Valle de Cuelgamuros.

La carta del líder de UGT se suma a la revuelta de eurodiputados de todos los partidos españoles, a excepción de PP, Vox y los eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, que forman parte del grupo de memoria democrática, que se quejaron por la decisión de autorizar lamuestra.

El Parlamento Europeo se ha lavado las manos y no ha tomado cartas en el asunto. “Los eurodiputados tienen la posibilidad de celebrar actos culturales o exposiciones en el Parlamento Europeo. Cada eurodiputado tiene derecho a patrocinar dos actos culturales o exposiciones por legislatura. Los actos culturales y exposiciones deben ser autorizados previamente por el Cuestor, como fue el caso de esta exposición”, señalaron la semana pasada los servicios de prensa. Los Cuestores componen el órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. Se trata de cinco eurodiputados: dos del PPE, un socialista, una liberal y uno de la extrema derecha del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR).

Izquierda Unida quiere que el Gobierno se mueva para paralizar la exposición que Vox inauguró este martes en el Parlamento Europeo con el nombre “La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa”. La exhibición busca blanquear el Valle de los Caídos, el monumento que ordenó construir Franco durante la dictadura y que alberga la mayor fosa común de la Guerra Civil. El portavoz parlamentario de la organización, Enrique Santiago, ha enviado una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para que pida formalmente a la institución europea la suspensión de esa exhibición.

Los eurodiputados de Vox animan a los visitantes a “recorrer la historia, valor artístico y dimensión espiritual” del renombrado Valle de Cuelgamuros, donde reposan más de 33.000 restos humanos, a escasos metros de la tumba del dictador hasta que en 2019 el Gobierno ordenó exhumarlo y trasladarlo hasta el cementerio de Mingorrubio. La semana elegida por la extrema derecha para inaugurar la exposición coincide con el 18 de julio, el aniversario del golpe de Estado que inició la Guerra Civil.

“Entre los paneles que se muestran, se puede leer que el ”Valle de los Caídos“ tardó casi 20 años en construirse y un total de 2.000 presos trabajaron ”de modo voluntario en las obras acogiéndose a un ventajoso sistema de redención de penas para el trabajo“”, recoge la carta que ha remitido Santiago al ministro Torres. El texto de la exposición también niega la consideración de presos políticos a quienes trabajaron en la construcción del templo. “Muchos de ellos apenas llegaron a beneficiarse del sistema ya que fueron puestos en libertad al poco de integrarse en la ejecución de las obras”, dice la exposición, según figura en la carta del portavoz de IU.

“La exposición que Vox ha organizado en el Parlamento europeo tiene como fin el enaltecimiento de un régimen dictatorial que causó el sufrimiento y la represión de miles de personas, contraviniendo la Ley de Memoria Democrática que prohíbe expresamente los actos públicos de exaltación de la dictadura franquista y refuerza el deber institucional de preservar una memoria basada en la dignidad de las víctimas, y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que establece como principios fundacionales de la Unión el respeto a la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”, denuncia Santiago.

El portavoz de IU asegura que la “ignominia” que representa esta exposición es comparable “a que el partido político neonazi ”Alternativa para Alemania“ (AfD) de Alemania hubiera organizado una exposición sobre los campos de exterminio nazis, calificándolos de ”lugares de trabajo“”. “El Parlamento Europeo no puede ser altavoz de la para blanquear al franquismo. Cuelgamuros fue construido con trabajo esclavo y simboliza lo peor de la dictadura. ¿Se permitiría a AfD exponer Auschwitz como lugar de trabajo voluntario?”, ha escrito este viernes el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, en sus redes sociales.

Santiago le pide a Torres, por tanto, que se interese por este asunto en su condición de ministro de Memoria Democrática y solicite a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que suspenda de inmediato la muestra y no vuelva a autorizar “nada parecido en el futuro”. Para el diputado hay una “incompatibilidad” manifiesta entre “el respeto a los principios fundacionales de la Unión y esta exposición cuyo fin es blanquear el régimen autoritario y represivo de Franco, negar la condición de víctimas de franquismo a las personas que sufrieron dicha represión y enaltecer el fascismo”.

El día previo a la inauguración de la exposición, todos los partidos españoles con representación en el Parlamento Europeo, a excepción del PP y el partido del ultraderechista de Alvise Pérez, enviaron también una carta a Metsola para quejarse de la autorización de un evento como ese.

“El uso del nombre Valle de los Caídos en el cartel que acompaña a la invitación -en lugar de su nombre oficial, «Valle de Cuelgamuros»- es en sí mismo un acto de revisionismo y glorificación del pasado franquista”, denunciaron los firmantes que recordaron que la reciente ley de memoria democrática prohíbe el enaltecimiento de la dictadura, así como el tratado de funcionamiento de la UE aboga por el cumplimiento de los principios democráticos como valor fundamental. “Eso es precisamente lo que pretende la exposición de mañana: glorificar una dictadura cruel y sangrienta que suprimió las libertades en nuestro país durante casi 40 años”, señalaron Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Vicent Marzá (Compromís), Jaume Asens Llodrà (comunes), Pernando Barrena Arza (Bildu), Estrella Galán (Sumar), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Oihane Agirregoitia Martínez (PNV), Irene Montero e Isa Serra (Podemos).

La exministra de Igualdad y secretaria política de Podemos, Irene Montero, pidió desde allí el pasado lunes al Parlamento Europeo que suspendiese esa exposición de “propaganda fascista”. “Estamos aquí para defender que el Parlamento Europeo no puede amparar este tipo de propaganda fascista, porque primero se normaliza la propaganda fascista y después esos fascistas hacen como ha pasado en Torre Pacheco: difunden bulos y mentiras para perseguir a migrantes, a personas racializadas y se organizan para sembrar el terror”, dijo en declaraciones a la prensa.

Estamos aquí para defender que el Parlamento Europeo no puede amparar este tipo de propaganda fascista, porque primero se normaliza la propaganda fascista y después esos fascistas hacen como ha pasado en Torre Pacheco: difunden bulos y mentiras para perseguir a migrantes, a personas racializadas y se organizan para sembrar el terror

“Los eurodiputados tienen la posibilidad de celebrar actos culturales o exposiciones en el Parlamento Europeo. Cada eurodiputado tiene derecho a patrocinar dos actos culturales o exposiciones por legislatura. Los actos culturales y exposiciones deben ser autorizados previamente por el Cuestor, como fue el caso de esta exposición”, señalan los servicios de prensa de la Eurocámara. Los Cuestores componen el órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. Se trata de cinco eurodiputados: dos del PPE, un socialista, una liberal y uno de la extrema derecha del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR).

Revuelta en el Parlamento Europeo contra el intento de Vox de blanquear el Valle de los Caídos la semana del 18 de julio. El partido de la extrema derecha ha organizado una exposición en el edificio de la Eurocámara que inaugurará este martes bajo el nombre “La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa” con la intención de “recorrer la historia, valor artístico y dimensión espiritual” de la que es la mayor fosa común de la guerra civil. Los partidos con representación en el grupo de memoria han enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que revoque la autorización de esa muestra en los pasillos de la institución.

“Tras este título genérico, la exposición ha resultado ser en realidad un intento de blanquear el fascismo. Según la invitación oficial distribuida por uno de los diputados de esta Cámara, la exposición está dedicada al conjunto monumental del Valle de los Caídos: incluye paneles explicativos, fotografías originales, una maqueta del lugar, así como aportaciones de conocidos defensores de la reinterpretación del monumento y de la dictadura franquista en España”, señalan en la misiva en la que recuerdan que la inauguración coincide con la semana del 18 de julio, que es la efemérides del golpe de estado de Franco. “No puede considerarse una coincidencia o un acto neutral. Constituye claramente una celebración de un régimen dictatorial”, denuncian.

“El Valle de Cuelgamuros se construyó bajo el régimen de Francisco Franco utilizando mano de obra forzada de presos políticos y, durante décadas, albergó los restos del dictador en un lugar destacado del monumento. Además, los cuerpos de más de 33.000 víctimas fueron trasladados al lugar, muchos de ellos sin el consentimiento de sus familias. Por sus orígenes y simbolismo, este lugar representa la dictadura y el sufrimiento de miles de represaliados”, recuerdan en la carta, firmada por Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Vicent Marzá (Compromís), Jaume Asens Llodrà (comunes), Pernando Barrena Arza (Bildu), Estrella Galán (Sumar), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Oihane Agirregoitia Martínez (PNV), Irene Montero e Isa Serra (Podemos).

El PP no figura entre los firmantes ya que no forma parte del grupo de memoria democrática, según explican los impulsores de la carta. Lo mismo ocurre en el caso de los eurodiputados de la ultraderecha de Se Acabó la Fiesta, la candidatura que impulsó Luis 'Alvise Pérez.

“El uso del nombre Valle de los Caídos en el cartel que acompaña a la invitación -en lugar de su nombre oficial, «Valle de Cuelgamuros»- es en sí mismo un acto de revisionismo y glorificación del pasado franquista”, agrega la carta, que recuerda que la ley de memoria democrática cambió ese nombre por el de Valle de Cuelgamuros en un intento por resignificar el lugar. Los firmantes recuerdan que esa ley prohíbe el enaltecimiento de la dictadura, así como el tratado de funcionamiento de la UE aboga por el cumplimiento de los principios democráticos como valor fundamental. “Eso es precisamente lo que pretende la exposición de mañana: glorificar una dictadura cruel y sangrienta que suprimió las libertades en nuestro país durante casi 40 años”, señalan.

En principio el Parlamento Europeo se lava las manos y no pretende tomar cartas en el asunto. “Los eurodiputados tienen la posibilidad de celebrar actos culturales o exposiciones en el Parlamento Europeo. Cada eurodiputado tiene derecho a patrocinar dos actos culturales o exposiciones por legislatura. Los actos culturales y exposiciones deben ser autorizados previamente por el Cuestor, como fue el caso de esta exposición”, señalan los servicios de prensa. Los Cuestores componen el órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo. Se trata de cinco eurodiputados: dos del PPE, un socialista, una liberal y uno de la extrema derecha del grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR).

“Si quieren glorificar una dictadura, los tenemos que expulsar de las democracias. Aquí no hay espacio para quienes pretenden glorificar a Franco ni para los que utilizan símbolos religiosos como coartada para reescribir la historia. Lo que Vox está intentando hacer con esta exposición es repugnante: blanquear una dictadura asesina desde el Parlamento Europeo. No lo vamos a permitir. Esta institución no puede ser cómplice del revisionismo franquista ni un altavoz para la extrema derecha”, dice el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá.

Hace unos 20 años la familia de Pedro Gil Calonge hizo el camino inverso al que él había hecho en vida. Su hijo, su nuera y sus dos nietas empezaron por el final y visitaron por primera vez el lugar en el que en 1937 le alcanzó la bala que lo mató para después, en el mismo día, ir a la casa en la que nació. Pedro murió combatiendo en la Guerra Civil con los franquistas que se sublevaron contra la República y fue enterrado con nombre y apellidos en una tumba individual, un destino negado a los republicanos. Sin embargo, cuando Franco mandó construir su monumental Valle de Cuelgamuros, fue llevado allí sin consentimiento. Un desvío en el camino que han tomado también sus descendientes, que esperan a que los huesos de Pedro salgan de allí para volver con ellos.

La familia Gil es una de las 203 que han solicitado al Gobierno recuperar los restos de sus seres queridos del mayor símbolo de exaltación de la dictadura. Acaban de cumplirse dos años del inicio de los trabajos en las criptas y 19 de ellos han sido ya identificados, pero a pesar de que habitualmente se asocia esta búsqueda a las víctimas republicanas, sometidas a una cruel represión, son muchas las familias que, como la de Pedro Gil, reclaman los cuerpos de quienes lucharon en el bando golpista, a veces por convicción, pero otras muchas por obligación, inercia o incluso chantaje.

“Las ideas que puede tener ahora una familia entre cuyos antepasados alguien combatió con los sublevados pueden haber cambiado o no ser importantes para esto. Además, en muchos casos no podemos saber con qué ideología participaron en el conflicto. El derecho de estas familias a intentar recuperar los restos si es viable técnicamente les asiste de forma completamente natural”, afirma el antropólogo forense Francisco Etxebarría, coordinador de los trabajos. El último identificado de Cuelgamuros, Constancio Allende Sancho, combatió en la 1ª Centuria de Falange de Álava.

El experto recuerda la exhumación que dirigió en 2016 del Monumento a los Caídos de Pamplona, de donde salieron los golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, pero también seis combatientes franquistas. “Dos de las familias querían sacar los restos porque creían que era un anacronismo histórico que se mantuviera. Se hizo con toda normalidad”, rememora.

Un 40% de sublevados

Los datos que maneja la Secretaría de Estado de Memoria Democrática apuntan a que estas familias constituyen casi la mitad de las que buscan a sus parientes en Cuelgamuros: de una muestra de 150 casos, 60 fueron del bando sublevado y 75 republicanos. Eso sí, con una diferencia: la mayoría de los primeros son soldados que murieron en la Guerra Civil mientras que la mayoría de los republicanos eran civiles asesinados por la represión franquista. En total, las criptas del mausoleo albergan 33.800 cadáveres, muchos de ellos sublevados. Y es que la intención principal de Franco fue llenarlas de combatientes caídos por Dios y por España, pero acabó llevando también a republicanos que fueron sacados de las fosas comunes a las que habían sido arrojados.

“¿Pero a quién le gusta que le toquen sus muertos? Es una cuestión humana”, sostiene Rosa Gil, nieta de Pedro. La familia desconoce qué ideología tenía él cuando fue llamado a filas en el pueblo soriano en el que vivía, pero Rosa asegura que su padre, que empezó a buscar a Pedro a los 70 años, era “absolutamente conservador” y aun así fue “el motor” para intentar sacarle de Cuelgamuros: “Es una cuestión universal, al margen de ideologías. Es macabro que los llevasen allí y que nos sigan poniendo obstáculos para recuperarlos, se mire como se mire. Respeto todos los ritos e ideologías, pero lo que yo estoy haciendo es reclamar a los míos”.

Pedro Gil era agricultor y tenía un hijo de poco más de un año –el padre de Rosa– y esperaba otro cuando falleció en Tardienta (Huesca), donde el Ejército franquista le destinó. “Aquello rompió a la familia. Es algo que provocaba tanto dolor que no se hablaba. Solo sabían, o eso creían, que había sido enterrado en una fosa común en Zaragoza”, explica su nieta. Hasta que su padre comenzó a buscarlo: “Le había echado de menos toda la vida, tenía eso ahí profundamente guardado”. La familia hizo la primera visita a los lugares por los que había pasado Pedro y en el cementerio de la capital aragonesa fue donde se enteraron de que le habían inhumado en un enterramiento individual y había sido trasladado al Valle en los años 50.

Se cree que el soriano está en el nivel 3 de la capilla del Santo Sepulcro (hay de 0 a 4), por la que los operarios han empezado y en la que siguen trabajando. De momento, se han hallado restos procedentes de 11 localidades diferentes correspondientes a 400 personas entre las que se encuentran los hermanos Lapeña, cuya familia consiguió en 2016 una sentencia judicial que les dio el derecho a la exhumación. Aunque los trabajos comenzaron en junio de 2023, “buena parte del año pasado se ha perdido”, señala Etxebarría, debido a la estrategia desplegada por los grupos ultras en los tribunales contra las obras, que se reactivaron plenamente en marzo.

Robar la vida y también la muerte

Una de las acusaciones que han dirigido estas asociaciones de extrema derecha para intentar frenar las exhumaciones es la de la “profanación de cadáveres”. El partido Vox ha llegado a decir sobre el proyecto para recuperar los cadáveres que “este Gobierno talibán está dispuesto a todo, desde profanar tumbas a profanar monumentos, para intentar en vano curar un orgullo herido de perdedores de una guerra que no consiguen asumir que perdieron”. Sin embargo, Rosa –que ha estado en varias ocasiones allí– mantiene que “lo que se está haciendo es lo contrario”. “Se está saneando y dignificando aquello. Es un trabajo brillante. Quien no quiera sacarlos de allí, es su decisión, pero nosotros solo estamos pidiendo saber dónde están nuestros fallecidos y traerlos con nosotros”.

“Hay una instrumentalización ideológica de todo esto, pero estamos hablando de algo muy duro: son personas a las que no solo les han robado su vida y su dignidad, también su muerte”, describe Jasone Aretxabaleta, que tiene allí enterrado a su tío.

Alexander Aretxabaleta Goikoetxea fue uno de los soldados que peleó en las tropas franquistas “por chantaje u obligación”. Su familia, de ideología nacionalista vasca, había sido represaliada al inicio de la contienda y a él alguien le prometió que si se alistaba, su padre saldría de prisión. Esto no ocurrió, pero Alexander murió en el frente con 17 años. “Mis tías se acordaban del entierro, había sido en Marquina (Vizcaya), le inhumaron en una tumba colectiva de esas en las que ponía caídos por Dios y por España y le envolvieron en una bandera franquista. Hasta de ese momento se apropiaron”, señala su sobrina.

Con la idea de que el tío estaba enterrado allí pasaron los años hasta que le encontraron en un listado de víctimas trasladadas a Cuelgamuros. “Pensábamos que era fácil, que era algo que se pedía y ya”, explica Jasone sobre el momento, en 2019, en el que la familia decidió que quería sacarle de allí. Sin embargo, el inicio de los trabajos se alargó durante años, lo que unido al desafío técnico que suponen y a los obstáculos de los ultras ha hecho que la inmensa mayoría de las solicitudes estén aún pendientes.

Miembros de la Universidad Autónoma de Barcelona se encargan de los estudios históricos de las víctimas y varios de la Universidad de Granada de los antropológicos, lo que se suma al personal del Instituto Nacional de Toxilogía y Ciencias Forenses y, en ocasiones, de la Policía Científica. Seis forenses de la Administración de Justicia supervisan las tareas. En total, son más de una veintena de personas trabajando en las criptas.

Para muchos, sin embargo, ya es tarde. El hijo de Pedro Gil murió en 2022 a los 85 años, sin poder tocar ni ver los huesos de su padre al que vio por última vez cuando tenía un año. También han fallecido ya los tres hermanos de Alexander que estaban vivos cuando la familia inició el trámite para desenterrarle. Ni siquiera Elisabeth, que arañó la vida hasta los 103 años, llegó a verlo. Tampoco Álex, el primo de Jasone. Sin embargo, Rosa y ella sí permanecen y siguen convencidas de que a lo largo del camino hay en Cuelgamuros una parada que es ineludible. Eso independientemente del bando en el que lucharan sus antepasados. “Murió en el bando vencedor, pero en la familia nadie hablaba de victoria”, dice Rosa.

El concurso para la resignificación de Cuelgamuros sigue su curso, a pesar de la estrategia de frenos constantes que despliegan distintos grupos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado una decena de recursos presentados contra el pliego casi al mismo tiempo por Abogados Cristianos y una serie de arquitectos, algunos de los cuales eran firmantes del manifiesto franquista lanzado por la Plataforma 2025 para contrarrestar los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador.

El tribunal había decidido la suspensión cautelar del concurso de ideas que el Ministerio de Vivienda para recuperar como un lugar de memoria el mausoleo franquista. De esa manera se paralizaba provisionalmente la resolución del certamen del que saldrá un proyecto definitivo, que ahora vuelve a ponerse en marcha.

El TACRC en realidad no ha decidido sobre el fondo del asunto sino que ha considerado que las objeciones que se presentaron no tienen interés legítimo en el proceso. Una de las resoluciones asegura, por ejemplo, que Abogados Cristianos no es una asociación o colegio sectorial que tenga interés en la licitación. Otras –se han hecho dos individualizadas y otras ocho conjuntas– señalan que el resto de los particulares que interpusieron recurso, aunque acrediten ser arquitectos, no han hecho oferta alguna en el concurso de ideas ni han mostrado intenciones de participar en la licitación.

Preservar la abadía

Los textos presentados ante el TACRC, casi calcados unos con otros, argumentaban sobre todo la necesidad de preservar la abadía o el valle y por eso pedían la anulación de los pliegos cuyos detalles fueron pactados por el Ejecutivo con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid. Las condiciones recurridas abarcaban todo el proyecto, que costará unos 31 millones de euros, tanto el concurso, que se prevé que finalice en octubre, como la adjudicación posterior de las obras al proyecto ganador.

En el caso específico del recurso presentado por Abogados Cristianos, el tribunal entiende que “la Asociación recurrente no es una organización sindical ni tampoco empresarial” y por tanto “no representa intereses de las empresas pertenecientes al sector objeto de contrato”. Esto, abunda el escrito, resulta “palmario” al leer los estatutos de la asociación: “la defensa jurídica de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, la defensa jurídica de la familia natural, y la defensa jurídica de la libertad religiosa”. De ninguna forma estos objetos habilitan a “la impugnación de actos integrantes de los procedimientos de contratación pública”, concluyen.

Sobre los otros recursos, sostiene el tribunal que “las cuestiones alegadas resultan ajenas a la aplicación de aquellas normas que rigen la contratación pública”. “Las impugnaciones relativas a la nueva asignación de usos en el interior de la Basílica y las actuaciones previstas en ella, que los propios recurrentes afirman 'concernientes al derecho internacional y canónico', no son materia susceptible del objeto del recurso especial en materia de contratación”, defiende el texto conjunto que desestima los recursos de la mayoría de arquitectos.

Contra esta decisión del TACRC cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática entregará en los próximos días los restos de las dos últimas víctimas identificadas en las criptas del Valle de Cuelgamuros. Se trata del miembro de Falange Constancio Allende Sancho y del tejero zaragozano, afiliado a UGT, Luis Domenech, que precisamente fue asesinado por un grupo de paramilitares falangistas. Con ellos ascienden a 18 el número de víctimas identificadas genéticamente dos años después de que los forenses entraran en el mausoleo mandado construir por Franco para tratar de recuperar los restos de personas que fueron allí enterradas sin autorización ni conocimiento de sus familias.

Luis Domenech era tejero en Alagón (Zaragoza), donde nació y donde en agosto de 1936, solo un mes después del inicio de la Guerra Civil, un grupo de paramilitares falangistas se presentó con una lista de vecinos en mano. Entre los nombres apuntados estaba el de Luis y otras 26 personas, entre ellas dos mujeres. Fueron llevados a la prisión de Ejea de los Caballeros y solo un día después fueron asesinados. Tras ser enterrados en una fosa común, fueron después trasladados a Cuelgamuros.

Para obtener la identificación genética de los restos se utilizan muestras de ADN de familiares, un proceso que en el caso de Luis, que tenía 25 años, ha incluido una novedad: esta es la primera vez que se ha logrado identificar a la víctima gracias a las muestras obtenidas de un familiar ya fallecido, su hermana, enterrada en el cementerio de Aragón.

Por su parte, Constancio Allende Sancho falleció el 2 de noviembre de 1936 como combatiente de la 1ª Centuria de Falange de Álava, es decir, como parte del Ejército sublevado. Nacido en el municipio burgalés de Vallarta de Bureba, vivió su juventud en Vitoria, donde trabajó como jornalero. Tras su muerte, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Santa Isabel de la capital, pero después, en mayo de 1959, fueron llevados al Valle de Cuelgamuros.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha remarcado que la identificación de Constancio Allende es el ejemplo de que la Ley de Memora Democrática “da respuesta, reparación y dignidad a todas las víctimas de la guerra y la dictadura” y, a su juicio, “prueba de ello es que se dolverán a sus familias los restos de un tejero republicano y un combatiente falangista”. Y es que las criptas de Cuelgamuros están llenas de combatientes franquistas, que son la mayoría de los 33.000 cadáveres que allí fueron trasladados. Esa era la idea inicial del régimen, pero ante su incapacidad de llenarlas solo con ellos, decidió llevar también cuerpos de republicanos.

En julio de 2023 fueron identificados los primeros restos, los 11 procedentes de la caja 198, entre los que estaba el padre de Fausto Canales, que ha podido enterrar a su progenitor a sus casi 100 años. Otros cinco identificados proceden del municipio zaragozano de Borja, a los ue se suman ahora Constancio y Luis. En estos momentos, el equipo que trabaja en las criptas está inmerso en la investigación de cajas procedentes de 8 municipios más. Por el momento son 199 las familias que reclaman recuperar a sus seres queridos.

Ángel Víctor Torres ha destacado este lunes que “el compromiso [del Gobierno] sigue intacto” dos años después de haber comenzado la intervención “a pesar de los impedimentos con continuas acciones judiciales de colectivos de ultraderecha”, ha resaltado. El proceso ha sido obstaculizado en numerosas ocasiones por parte de asociaciones ultra, entre ellas la Fundación Francisco Franco, que han mantenido una estrategia judicial para intentar frenar las obras. El pasado marzo Tribunal Superior de Madrid dio luz verde a las exhumaciones.

El Valle de Cuelgamuros afronta un nuevo capítulo de la estrategia enarbolada para frenar todo lo que suene a memoria histórica en su interior. En esta ocasión la maniobra se divide en varios frentes pero confluye en una cascada de recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el pliego del concurso de ideas lanzado por el Ministerio de Vivienda para resignificar el mausoleo franquista. El tribunal ha estimado la medida cautelar solicitada en uno de ellos y ha paralizado provisionalmente la resolución del certamen, del que saldrá un proyecto definitivo.

El recurso sobre el que se ha pronunciado el tribunal es uno de los siete interpuestos por un grupo de arquitectos que parecen haberse coordinado con un mismo objetivo: todos están calcados y fechados el mismo día, el 8 de mayo, pero están suscritos por ocho nombres diferentes –dos firman uno–, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. A ellos se suma un recurso más de Abogados Cristianos y un noveno de otro arquitecto, que usa argumentos similares aunque no literales, y que es firmante del manifiesto franquista lanzado por la Plataforma 2025 este año para contrarrestar los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador.

La estrategia ha tenido, de momento, un efecto: el tribunal ha estudiado el recurso presentado por el arquitecto Benjamín Cano Domínguez y ha considerado que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación” del procedimiento “son de difícil o imposible reparación”, por lo que acepta la cautelar hasta que resuelva el fondo y los argumentos a los que apela este particular, según consta en la resolución.

La decisión, sin embargo, no es inmediata porque no afecta “al plazo de presentación de ofertas” al certamen, que es la fase actual, por lo que se podrán seguir recibiendo candidaturas hasta el 16 de junio. Ese es el plazo marcado para la elección de los diez proyectos finalistas, algo que el Ministerio de Vivienda no podrá hacer si para entonces el tribunal no se ha pronunciado. Con todo, el ministerio confía en que la resolución llegue antes de la fecha límite y engloba la batería de recursos “en una estrategia para dilatar y entorpecer” la resignificación, sostienen fuentes del mismo.

Un arquitecto a favor de Franco

Los siete recursos van firmados por ocho arquitectos que trabajan en diferentes estudios de arquitectura y todos piden lo mismo: la anulación de los pliegos con los que el Gobierno quiere transformar el mausoleo franquista para convertirlo en un lugar de memoria democrática y cuyos detalles fueron pactados por el Ejecutivo con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid. Las condiciones recurridas abarcan todo el proyecto, que costará unos 31 millones de euros, tanto el concurso, que se prevé que finalice en octubre, como la adjudicación posterior de las obras al proyecto ganador.

Además de Benjamín Cano Domínguez, figuran entre los recurrentes Fernando Antolín, Alfonso Rubinos, José Antonio Sancho, Antonia María Segura y Cristina del Río. Otros dos escritos los suscriben Diego Cano Pintos y Carlos Miguel Iglesias, ambos profesores de la Universidad CEU de Madrid. Todos alegan que el Ministerio de Vivienda no es competente para lanzar el concurso y aluden a la “inviolabilidad” de los lugares de culto para reclamar la suspensión.

Paralelamente, un noveno arquitecto ha interpuesto otro recurso con el mismo fin y similares argumentos, aunque el texto del mismo no está calcado como en los otros casos ni fue presentado en la misma fecha. Se trata de José Ismael de la Barba Palacio, ya conocido por haber suscrito un informe a propuesta de la Fundación Francisco Franco que se utilizó de base de decenas de demandas formuladas en 2019 con un objetivo similar: frenar la exhumación del dictador.

Aquella estrategia se parece a la puesta en marcha para intentar paralizar la resignificación del complejo mandado construir por Franco para honrar su victoria en la Guerra Civil. Las demandas estaban calcadas y se presentaron en diferentes juzgados para ver si alguna era aceptada. Un juez, José Yusty Bastarreche, admitió una de ellas a trámite y ordenó paralizar la exhumación dando por bueno el informe suscrito por de la Barba Palacio. Ambos, arquitecto y magistrado, son dos de los firmantes del manifiesto en defensa de Franco y que apoyan las figuras más destacadas del universo franquista: desde Tejero o los nietos del dictador a una treintena de militares retirados.

Los arquitectos no son los únicos que han usado la vía administrativa para detener la resignificación de Cuelgamuros. También Abogados Cristianos ha promovido otro recurso más –de nuevo agarrándose a motivos parecidos pero no literales–. Es una más de las estrategias iniciadas por la asociación ultra contra la resignificación, que ya pidió suspender poco después de que el Gobierno lanzara el concurso de ideas ante la Audiencia Nacional alegando que la intervención en la basílica podía constituir incluso “un delito de profanación”.

“Libertad religiosa y de culto”

Son varios los argumentos que utilizan los arquitectos para oponerse al pliego: por un lado, consideran que el Ministerio de Vivienda carece de competencias porque el mausoleo no le pertenece. Así, insisten en que su titularidad corresponde a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en cuyo patronato está Patrimonio Nacional, y aseguran que esta no ha intervenido en la decisión. Por otro lado, denuncian que han quedado al margen de la misma la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica Cuelgamuros, y que son quienes tienen competencias urbanísticas y patrimoniales, argumentan los textos.

Además, hacen referencia a la “inviolabilidad de los lugares de culto” y mencionan los Acuerdos suscritos por el Gobierno con la Santa Sede en 1979. La resignificación, que el ministro Félix Bolaños pactó con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid en una reunión en febrero, contempla la permanencia de los monjes benedictinos en la basílica y descarta su desacralización, pero sí permite intervenir el complejo a excepción del altar mayor y las bancadas adyacentes. Los recurrentes reclaman la publicación del acuerdo y mencionan una nota de prensa en la que la Conferencia Episcopal cargaba contra el Gobierno por no “contar con la Iglesia” para acordar los “pormenores” del concurso.

Los otros recursos utilizan argumentos similares: Abogados Cristianos, acostumbrado a oponerse a todo lo que tenga que ver con el Valle de Cuelgamuros, califica a Vivienda de órgano “manifiestamente incompetente” y considera que la iniciativa “vulnera acuerdos vigentes con una entidad religiosa” e incluso “infringe convenios internacionales”. Los ultras añaden otro motivo y reclaman la nulidad de los pliegos –que tienen “una finalidad política e ideológica”, apuntan– porque “infringen el derecho a la libertad religiosa y de culto”, escriben en su recurso.

Fuentes del Ministerio de Vivienda se muestran confiados en que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tome una decisión antes del 16 de junio para que la finalización de esta primera fase del certamen no se vea afectada –después comenzaría una segunda que acabaría con un proyecto ganador– e insisten en que a día de hoy pueden seguir presentándose propuestas. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez cuenta con que la resolución será favorable y los recursos no prosperarán.

Entre otras cosas porque existe “un convenio formalizado el 27 de marzo de este año” entre varios ministerios y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos cuyo objetivo es “el impulso del concurso”, esgrimen fuentes de Vivienda, que insisten en que con eso se zanjan las alegaciones relacionadas con las competencias y la titularidad del mausoleo que ponen sobre la mesa los recurrentes. Además, contradicen a los arquitectos y apuntan a que el ministerio sí tiene competencias en arquitectura y edificación y ponen el foco en el acuerdo entre Bolaños y la Iglesia para contrarrestar el argumento de la “inviolabilidad de los lugares de culto”.

La estrategia de intentar acabar con cualquier acto de memoria histórica en Cuelgamuros no es nueva: ya ocurrió con la exhumación del dictador y también con los trabajos iniciados por el Gobierno para sacar de las criptas a las víctimas de la Guerra Civil allí enterradas y cuyos restos reclaman sus familiares. Desde que se pusieran en marcha las obras, una cascada de recursos de particulares y asociaciones, entre ellas la Fundación Francisco Franco, intentó entorpecer el proceso. Los trabajos fueron desarrollándose al tiempo que algunas decisiones judiciales los paralizaban hasta que hace un par de meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio luz verde.

Ya en ningún pueblo ni ciudad quedan calles llamadas Arriba España, pero hasta hace unos días el Valle de Cuelgamuros estaba atravesado por una vía que hacía uso del habitual lema franquista y se denominaba así. De esta forma figuraba en la aplicación Google Maps hasta esta semana, cuando la compañía ha decidido eliminarla al constatar que se trata de un error. La voz de alarma la dio la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que avisó de que la calle que separa la basílica de la hospedería del mausoleo incumplía la Ley de Memoria Democrática. Al menos, en la aplicación de Google.

El colectivo memorialista registró una reclamación dirigida al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la que le pedía sanciones contra los monjes benedictinos que permanecen en Cuelgamuros a pesar del proceso de resignificación ideado por el Gobierno. A ellos, que gestionan la hospedería del complejo mandado construir por Franco, les atribuía el mantenimiento del nombre de la vía. “Desde 2007 las calles que exaltan la dictadura son ilegales y las instituciones tienen el deber de cambiarlas cuando alaban o enaltecen el franquismo”, apunta la ARMH, que acusa a los religiosos de “hacer política disfrazada de religión”.

Sin embargo, si la vía se mantenía en Google Maps con la designación de la consigna franquista –que habitualmente se acompañaba durante la dictadura del saludo fascista– es precisamente porque la aplicación la mostraba de esta manera sin ser su nombre oficial. Así lo ha confirmado la empresa, que tras la consulta de elDiario.es ha procedido a modificarla. Hasta ahora, teclear en su buscador las palabras Arriba España conducían automáticamente a Cuelgamuros, pero ahora el paso ya no tiene denominación en el mapa, tal y como ocurría en otras aplicaciones como la que traen de serie los móviles Iphone u otro tipo de callejeros, en los que era esta una vía sin nombre.

El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, el municipio madrileño donde está ubicado el mausoleo, sostiene que se trata “de una calle privada” y que su denominación “no depende del ayuntamiento, sino de los titulares del recinto”, afirmaron en su momento fuentes del consistorio a las preguntas de este medio. La realidad es que la vía “no tiene nombre oficial”, según Patrimonio Nacional, que es quien gestiona el complejo. “La vía es interna, pero además Patrimonio no tiene ninguna competencia en nombrar ni renombrar calles”, añade el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia.

El motivo, en el aire

Google Maps no ha especificado desde cuando se llamaba Arriba España esta calle en su plataforma, pero la página web de Patrimonio Nacional desde la que se sacan las entradas para visitar el mausoleo incluía una captura de pantalla de 2023 en la que ya aparecía así hasta que se ha ordenado su modificación. Tampoco hace referencia la compañía al motivo y se limita a asegurar que para nutrir sus mapas se usan “diversas fuentes” entre ellas “datos de terceros, información de autoridades locales, contribuciones de la comunidad de Google Maps e imágenes de Street View y de satélite”.

La aplicación reconoce que a veces “los datos son incorrectos, como en este caso” y en el momento en que eso ocurre “hacemos todo lo posible para resolver el problema lo antes posible”, afirma una portavoz sin detallar los pormenores de este proceso concreto ni confirmar si es producto de que uno o varios usuarios reclamaron en algún momento la vuelta de Arriba España al callejero español, en concreto, a la edificación más representativa de la dictadura franquista.

Enviar sugerencias y hacer aportaciones es una posibilidad que reserva la plataforma a cualquier usuario de Google, que puede “corregir” los mapas “mediante el botón 'Enviar comentarios'” de la aplicación, especifica la compañía en su página web. De esta forma, se permite “añadir sitios que faltan” como “puntos de referencia públicos, cafeterías o empresas locales” y sumar o corregir direcciones o carreteras. Sin embargo, no es algo automático: la aplicación asegura que el equipo de Google Maps “revisa la información y la publica” únicamente si tiene “un alto grado de certeza de que coincide con las carreteras, los negocios y las direcciones reales”.

Preguntada al respecto, la empresa ha evitado detallar qué filtros ha aplicado en esta ocasión. “Al trabajar con una combinación de procesos manuales y automatizados para garantizar la precisión de la información, a veces se producen errores e inexactitudes como las de este caso”, añade la portavoz.

“Una exaltación del franquismo”

El caso recuerda a lo ocurrido hace un par de años, cuando la madrileña Plaza de la Charca Verde aparecía en Google Maps como Plaza de Arriba España, que era su denominación anterior al cambio del callejero en aplicación de la ley de memoria histórica en 2017. Algunos medios como La Vanguardia publicaron entonces que la plataforma había restablecido el nombre franquista del enclave por petición de “vecinos y veteranos legionarios”. Al igual que en esta ocasión, Google reconoció el error y eliminó la referencia al antiguo nombre de la plaza, según publicó Maldita.es.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que, aunque se haya limitado al ámbito digital, lo ocurrido es “una exaltación del franquismo en un sitio público” y pone el foco en “los mecanismos por los cuales una calle puede inscribirse en las aplicaciones de mapas”.

Silva, nieto de un represaliado franquista, tira de ironía para reflexionar sobre el caso: “Por otra parte la denominación es lógica si tenemos en cuenta que ahí hay una hospedería donde puedes comer en un plato y te limpiarás con una servilleta con el escudo de Franco. Eso sigue pasando en la misma calle que alguien quiso que se llamara Arriba España”.

Varapalo judicial al magistrado Carlos Valle y a Abogados Cristianos. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado archivar la causa abierta contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', procesado por la denuncia de Abogados Cristianos que le acusaba de incitar al odio contra los sacerdotes por bromear en el programa 'Hora Veintipico' de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. Los jueces, tal y como ha difundido el propio humorista, estiman su recurso apoyado por la Fiscalía y ordenan el sobreseimiento tras anular la decisión del juez Valle, que comparó su broma sobre el Valle de los Caídos con amenazas de agredir a homosexuales en Chueca, de procesarle y dejarle al borde de juicio.

El magistrado Carlos Valle decidió imputar al humorista después de una denuncia de Abogados Cristianos. La asociación ultracatólica, detrás de otras causas abiertas por hechos similares, por ejemplo, a Pablo Echenique, le acusaba de haber bromeado con apedrear a curas pedófilos con cascotes del Valle de Cuelgamuros, en alusión a los ultracatólicos que acosan a mujeres que acuden a clínicas abortivas.

La intención del humorista, dice la Audiencia Provincial, era “expresar de una forma airada y exagerada su posición política, manifestando de una forma viva y rotunda, pero sin discurso elaborado ni matices, reflejando su protesta y disconformidad, con la compleja situación política actua”. Pero “desde luego” no incitar al odio contra los religiosos: “En modo alguno dichas manifestaciones fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso o a aquellos que practican la religión católica”. 

El magistrado decidió procesarle y dejarle a las puertas de juicio el mismo día en que le tomó declaración como imputado. Una declaración en la que el juez Valle le preguntó directamente si su chiste en la Cadena SER no le parecía asimilable a que otra persona bromeara con apedrear homosexuales en el barrio madrileño de Chueca. Ahora ha sido el organismo supervisor, la Audiencia Provincial, la que ha tumbado ese procesamiento y ha ordenado el sobreseimiento del caso.

Los juzgados de Madrid han examinado en los últimos meses varias denuncias similares de Abogados Cristianos y otras asociaciones ultracatólicas como HazteOir contra diversas personalidades tanto por delitos contra los sentimientos religiosos como también de odio. El mismo magistrado procesó hace semanas a Pablo Echenique, exdirigente de Podemos, mientras que otro juez de la misma Plaza de Castilla archivó la denuncia interpuesta contra David Broncano y Lalachús por sacar una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' durante las campanadas de TVE.

En el caso de Quequé, la Audiencia Provincial ratifica que no hay ningún tipo de delito y que el juez Carlos Valle se excedió al enviarle a juicio y no archivar la causa. No solo porque no tuviera esa intención al hacer su chiste en el programa de la Cadena SER, sino porque nadie fue efectivamente a apedrear curas siguiendo sus instrucciones. Lo que los magistrados llaman “la objetiva falta de seguimiento real de los mismos por parte de cualquier grupo o personas”. Fuentes del caso explican a elDiario.es que Abogados Cristianos recurrirá esta decisión.