Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para buscar la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

Máxima tensión en Bolivia. Las rutas que conectan el centro con la parte occidental del país están bloqueadas desde hace una semana por cocaleros y otras organizaciones sindicales relacionadas con el expresidente Evo Morales. Manifiestan su descontento por el veto a la reelección del líder indígena, que lo deja fuera de los comicios del 17 de agosto. Exigen, además, la renuncia del actual mandatario, Luis Arce, debido a la profunda crisis económica que azota al país, con una inflación de casi el 10% en lo que va del año. A esto se han sumado otras manifestaciones independientes de diferentes sectores en varias ciudades, en un contexto en el que la reducción en la venta de gas ha provocado falta de dólares, alza de precios y escasez de combustible.

En su intento por despejar las carreteras, la policía ha mantenido duros enfrentamientos con los grupos evistas. Una vez expeditas las vías, los manifestantes vuelven a establecer los puntos de bloqueo. Como respuesta, el Gobierno ha movilizado desde el domingo un contingente de 500 uniformados, entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

“No se debe hacer uso de armas de fuego para reprimir. Hay muchas formas de dispersar; la menos inteligente será disparar a quemarropa. El Estado debe buscar otras vías de pacificación. Tocará hacer ciertos acuerdos con el evismo”, dice a elDiario.es la politóloga Natalia Aparicio.

La situación ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a “monitorear” las manifestaciones, de acuerdo con un comunicado de la institución difundido en redes sociales. En el mismo texto insta al Estado a “observar los estándares interamericanos sobre protestas y derechos humanos, y a facilitar un desarrollo pacífico de las manifestaciones”. También en la red X, Morales denunció ante la comunidad internacional el desplazamiento militar, que, según él, se realiza sin “justificación legal y constituye una grave amenaza al orden constitucional y a la paz social”.

El presidente Arce se ha defendido argumentando que el objetivo de Morales es desestabilizar y convulsionar el país. Una sentencia que ha sido secundada por los candidatos presidenciales. El ministro de Justicia, César Siles, formalizó el viernes una denuncia contra el líder cocalero ante la Fiscalía por ocho delitos, entre ellos los de terrorismo e instigación pública a delinquir. La decisión fue tomada después de que un dirigente campesino presentara a la prensa un supuesto audio de Evo en el que ordena presionar con movilizaciones a La Paz, sede de Gobierno: “Es con todo, hermanos. Es la batalla final. Yo veo que la situación va a empeorar. Al Lucho [Arce] no le cree nadie”, se escucha.

Las nuevas acusaciones agravan aún más la situación legal del expresidente. Tiene un proceso pendiente por un presunto abuso a una menor, por el cual, al no presentarse a declarar, pesa sobre él una orden de aprehensión. El caso fue investigado hace cinco años sin resultados y reabierto a inicios de este como parte de la persecución judicial que mantiene Arce contra su predecesor desde que marcaron diferencias en 2022. Las aspiraciones de volver a la silla presidencial que ocupó por 13 años (2006-2019) se terminaron de hundir el viernes pasado, cuando no figuraba en la lista oficial de los 10 candidatos que publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La inhabilitación de Morales se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2023 que establece que presidente y vicepresidente no pueden ejercer más de dos mandatos, sean continuos o no. La confirmación de su exclusión en los comicios se traducirá en un recrudecimiento de las protestas, según el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Lorgio Orellana.

“La intervención del Ejército podría contribuir a radicalizar el conflicto”, apunta. A pesar de que aún no se han registrado enfrentamientos durante el despliegue militar, ya han sido detenidos más de 30 manifestantes. Además, Morales sostuvo en una entrevista de radio que “esta semana es decisiva (…) se juega pueblo versus imperio”.

Informe FMI

A la preocupación política se suma la económica. La población recibió la semana pasada con temor el examen anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluye una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) y un elevado déficit fiscal. Gran parte de las esperanzas están depositadas en el cambio que puede significar un nuevo gobierno después de los comicios de agosto, los más importantes de los últimos 20 años, según analistas y los propios candidatos.

“Se trata de un periodo de alta volatilidad política, que se expresa en las encuestas mediante una gran fragmentación de las preferencias electorales y una importante concentración de intención de voto blanco, nulo y de indecisos”, interpreta Orellana.

La primera encuesta realizada por una empresa avalada por el TSE está encabezada por dos postulantes de derecha, algo que no ocurría hace 23 años en el país andino. Se trata de Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, con un 19,1% y un 18,4% de intención de voto, respectivamente. En tercer lugar se posiciona, con 14,2%, Andrónico Rodríguez, pupilo de Morales que decidió tomar su propio camino en solitario y en quien se concentra el optimismo de la izquierda. En un lejano séptimo lugar (2,3%) está el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato a Arce, pero que —debido a su baja popularidad— le cedió la postulación a su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Los indecisos, nulos y blancos suman el 27%.

Tablero político

“El discurso de Tuto es más radical y tiene entre sus filas a personajes como el empresario libertario Branko Marinkovic [ministro durante el mandato de Jeanine Áñez]. Doria es más de centroderecha, con muchos guiños a sectores con tendencia progresista”, analiza Aparicio. El primero, de 64 años, fue vicepresidente (1997-2001) del dictador militar Hugo Banzer, en un segundo periodo al que llegó por elecciones democráticas.

Doria, un año mayor, fue ministro de Planeamiento en 1991, donde impulsó reformas de libre mercado y privatizaciones. Tuto es un acérrimo enemigo de la producción de la hoja de coca y, por su cercanía a Washington, está dispuesto a llevar de vuelta a la región del Chapare —bastión político de Morales— a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Si viene un gobierno reaccionario, la violencia va a escalar y se profundizará la crisis económica y social. Es fundamental evitar la radicalización”, advierte la analista Aparicio. Al otro lado del espectro ideológico está Rodríguez, que a sus 36 años es presidente del Senado. Sus colegas legisladores reconocen su capacidad de negociación y en sus discursos evoca constantemente una izquierda más “democrática y renovadora” que la de su mentor, Evo.

“Los pronunciamientos de Rodríguez indicando que hay que seguir el legado de Morales parecen invitar a una posible aproximación hacia el evismo. De haber un acuerdo entre Evo y Andrónico, las manifestaciones de campesinos podrían encontrar un canal de expresión mediante la política oficial que desactivaría sus movilizaciones. Pero esto no es seguro”, aporta Orellana.

Del Castillo, por su parte, intentará resucitar al MAS. Su modelo de seguridad, con un fuerte control estatal, a veces contra cocaleros, provocó el disgusto de Evo y fue el primer detonante de su ruptura con el Gobierno de Arce. Lo que une a todos los candidatos es su resignación a adoptar medidas de contención del gasto público para paliar la crisis. Expone Orellana: “Suba quien suba al poder, es previsible que se tomen medidas drásticas de disciplina fiscal. El criterio de distinción entre izquierda reformista y derecha oligárquica ya no es una matriz adecuada para interpretar la política oficial”.

El partido que gobierna Bolivia desde hace casi dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), atraviesa una fractura interna sin precedentes. A la cruzada que mantienen desde 2022 el expresidente y líder histórico de la organización, Evo Morales, contra su exministro y actual mandatario, Luis Arce, se ha sumado una nueva arista. El pasado domingo, el considerado “sucesor natural” de Morales —por su cercanía con él y por compartir los mismos orígenes indígenas y formación sindical—, Andrónico Rodríguez, le dio la espalda y lanzó su propia candidatura para los comicios del 17 de agosto.

El anuncio sacudió el tablero político del país, provocando una fuga de militantes de los dos antiguos líderes, y actuales contendientes electorales, hacia el nuevo aspirante, cuyo mentor no ha ocultado su disgusto.

La popularidad de Rodríguez, de 36 años, no ha dejado de crecer esta semana, ya que podría representar la última esperanza para el MAS y la izquierda en general. El oficialismo enfrenta niveles ínfimos de aprobación debido a la crisis económica que atraviesa Bolivia, causada por la reducción en la producción de gas, motor de la estabilidad del país durante años. La caída en la exportación del hidrocarburo ha provocado a su vez escasez de dólares y mínimos históricos en las reservas internacionales.

“El surgimiento de Andrónico responde a un cálculo político. Evo está inhabilitado [por una limitación legal a una tercera reelección y por procesos judiciales por estupro y trata de personas], y Arce es el último en las encuestas. Es una tercera alternativa que se muestra como una izquierda viable”, asegura Lorgio Orellana, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Andrónico, como se le conoce popularmente, se presenta como la opción moderada del MAS, con capacidad de llegar a acuerdos con la oposición. Es el actual presidente del Senado, desde donde intercedió por los intereses de Evo hasta este año, cuando empezó a desmarcarse de forma gradual.

Comenzó a hablar de mirar hacia un “nuevo horizonte” y de “crear una izquierda democrática y no autoritaria”, en referencia a la radicalidad de su predecesor. También criticó el modelo económico de Arce, calificándolo de “Estado paternalista, que deja en segundo plano las economías privadas, comunitarias y cooperativistas”.

Amigable con la derecha

“Creo que [Andrónico] tiene la capacidad de hacer una gestión basada en consensos, especialmente con el sector privado y también con los movimientos sociales. Tiene posibilidad de hacer los ajustes fiscales necesarios y de acercarse al centro y a los sectores conservadores de derecha”, afirma la politóloga Natalia Aparicio. Alude al reciente optimismo del candidato respecto a las semillas transgénicas y a su propuesta de “revisar” una ley destinada a erradicar la violencia contra la mujer, medidas que suelen marcar la agenda de la derecha. Su actitud conciliadora con sus oponentes llevó al dirigente del partido Evo Pueblo, Rodolfo Machaca, a calificarlo en televisión como “peón del imperio”.

El primer roce entre pupilo y maestro se dio cuando Rodríguez prefirió asistir a la asamblea de Podemos y a un encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, antes que a una reunión donde se aprobaría a Morales como único candidato cocalero. El expresidente reaccionó ante la aspiración de su otrora aliado a la silla presidencial pidiéndole que “reflexione y vuelva con su pueblo”. Para la escritora y miembro del portal indianista Jichha, Quya Reina, el mismo Evo es uno de los responsables de la crisis del masismo.

Su incapacidad para reconocer su desgaste político después de tres mandatos, afirma, se suma a la vigente orden de detención que pesa sobre él por no haberse presentado a testificar en un caso donde se le acusa de haber tenido un hijo con una menor en 2015. El caso fue cerrado en 2020, pero reabierto el año pasado como parte de la persecución de Arce contra su antiguo compañero de militancia.

El otro gran culpable del desmoronamiento de la izquierda es la ambición de poder entre ambos frentes. Arce conformó un gabinete con el que Evo no estaba de acuerdo y le exigía modificarlo a su gusto. La pugna la ganó el primero, quien incluso le arrebató las siglas del MAS, pero el resultado ha sido un gobierno que ha hundido a Bolivia como el tercer país con mayor inflación en Sudamérica, con una tasa interanual del 15%, solo detrás de Argentina y Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Izquierdas distintas

“Morales es caudillo puro, confrontacional, intuitivo y tribal. Arce es tecnócrata, calculador a veces, pero sin resultados trascendentales. Es más frío, poco coherente, y encerrado en un palacio sin calle y sin nada más que ofrecer al país. Andrónico mezcla calle con discurso. No tiene la astucia de Evo ni el poder del Estado como Arce, pero tiene más equilibrio entre representación social y racionalidad política, o al menos eso intenta mostrar. Evo quiere control total; Arce quiere continuidad sin tener mérito; Andrónico quiere legitimidad a partir del discurso de la renovación”, analiza Reina.

En realidad, Andrónico simboliza el avance del indígena en el tejido social boliviano. Cuando Evo asumió la presidencia en 2006, se consideró un hito mundial porque el indio había sido históricamente marginado, como lo demuestran las carencias que padeció el expresidente en su infancia y juventud, entre ellas la falta de acceso a agua potable y el hambre que dice haber sufrido.

Andrónico, en cambio, se formó en la universidad e hizo carrera como senador gracias a la empatía que le tenía Morales. “Representa a los sectores emergentes de clase media indígena, el producto estrella del Gobierno de Evo. Andrónico es una criatura del mismo MAS, de la capa social ascendente que se propugnaba: una naciente burguesía que ahora busca nuevos representantes políticos”, sostiene Orellana. Hoy, los hijos de nativos o campesinos han dejado de ser, en gran medida, el último escalón de la pirámide social para habitar las instituciones y circular en los espacios públicos. Si el gran logro económico de la era Morales fue la nacionalización de los hidrocarburos para beneficiarse de la bonanza del gas, su mayor éxito social fue precisamente ese ascenso.

“En el imaginario del bloque indígena popular, Evo es la encarnación del pueblo y Andrónico el ‘hijo del pueblo”, señala la politóloga Aparicio. Desde que llegó a la presidencia en 2020, Arce se ha alejado de esa narrativa épica que acompañó la fundación del Estado Plurinacional en 2009, proceso con el cual se reconoció a Bolivia como un conglomerado de 36 naciones originarias. Lo sustituyó con un izquierdismo burocrático, institucional y frío.

Un mandato de Andrónico podría significar un regreso al empoderamiento de los movimientos sociales, ya que, si bien tiene formación académica, es vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, solo por detrás de Evo. Esta organización, que agrupa a los productores de hoja de coca, catapultó a Morales al poder y fue también la escuela empírica de Andrónico.

De hecho, las bases electorales de ambos líderes son prácticamente las mismas. La disputa por los apoyos será larga hasta agosto. El jueves, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, antes alineada con Evo, proclamó a Andrónico en la ciudad de El Alto. “Sin embargo, estas segmentaciones son profundamente relativas. Por mera lógica de supervivencia, podrían replegarse hacia Andrónico si este logra consolidarse como el bloque más fuerte. Las estructuras que hoy responden a Evo o a Arce podrían migrar sin demasiada resistencia al proyecto de Andrónico, guiadas más por cálculo político que por convicción o simpatía por él”, advierte Reina.

Lo cierto es que el surgimiento de Andrónico ha significado no solo una renovación dentro del MAS, sino también un alivio para la izquierda boliviana. La etapa de mayor división dentro del socialismo coincide con las elecciones más importantes del siglo, en un contexto donde la derecha, también fragmentada, recoge abiertamente los discursos de otros líderes liberales de la región, como Bukele o Milei.

Las fotografías del atuendo se reprodujeron en los principales medios de comunicación del mundo. La chompa, como se le llama al suéter de lana en Bolivia, con rayas de varios colores acompañó a Evo Morales mientras daba la mano a presidentes de diferentes extremos del mundo durante la gira que realizó en 2006, poco antes de su posesión como jefe de Estado. La prenda fue el epítome del proceso de cambio que significó la llegada al poder del primer presidente indígena en el país sudamericano. Ya se deducía entonces el antes y después que marcaría en la historia de la nación, pero no se anticipaba que, casi 20 años después de mandato, terminaría destronado de su partido político y con una orden de detención por presunto abuso a una menor –el caso fue investigado sin resultados hace cinco años, y ha sido reabierto hace tres meses por la Fiscalía en pleno enfrentamiento entre Morales y el actual presidente Luis Arce–.

La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, formalizó el pasado lunes 16 una imputación contra Morales por el presunto delito de trata de personas. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión desde el 16 de octubre por no haberse presentado a declarar durante las investigaciones. Desde el Ministerio Público se adelantó que se pedirá en el juicio seis meses de detención preventiva. Las autoridades alegan que en 2016, cuando Morales era presidente de Bolivia, habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, a cambio de favores políticos y económicos para los padres, también acusados. El caso se abrió en 2019, tras el golpe contra el Gobierno de Morales después de las elecciones de octubre en las que iba en cabeza el candidato del MAS, y que contó con el apoyo de la Policía y el Ejército y culminó con la investidura de la opositora Jeanine Añez.

Aquella investigación no obtuvo resultados entonces, y ha sido reabierta hace tres meses. 

Es el último de los embates que sufre Evo desde que se distanció del actual presidente y su exministro de Economía, Luis Arce, quien llegó al gobierno en 2020 apoyado por Morales. Desde que ocurrió esta división a finales de 2021, Arce ha utilizado todos los recursos que le permite el Estado para cercar a su contrincante. 

Primero, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo inhabilitó como candidato presidencial para las próximas elecciones de agosto de 2025. Después, fue despojado de su liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna el país desde 2006 (con la interrupción del golpe de 2019) y que ahora lidera la familia política de Arce.

“Milagro boliviano” y ‘postevismo’

“El campo político está en modo ‘postevismo’. Con la crisis económica y política actual, la mayoría de los bolivianos ve a Morales como parte del problema y no como la solución. Y como él mismo no ha mostrado ningún cambio en sus ideas ni en sus formas, creo que le será muy difícil encontrar un camino para reponer ese liderazgo que tuvo mientras fue presidente”, comenta la politóloga Cecilia Chacón, exministra de Defensa con Evo Morales y ahora alejada del ex presidente. A pesar de logros como la nacionalización de los hidrocarburos y la reinserción indígena en una sociedad con más de la mitad de sus habitantes con origen nativo, los críticos de Morales le acusan de autoritarismo y señalan como punto de inflexión el año 2017, cuando Morales logró aspirar a un cuarto mandato, a pesar de la limitación de mandatos de la Constitución, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

Morales se ha defendido en sus redes sociales de las acusaciones de abuso, denunciando que es víctima de lawfare y que “no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”. 

“El Gobierno de Luis Arce se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió el exmandatario en su cuenta de X. La Casa Blanca es un objetivo constante de sus diatribas, desde que expulsó al Departamento de Antidrogas de Estados Unidos (DEA), pero principalmente por haber puesto fin, con su presidencia, a la fase neoliberal del país, regida por el Consenso de Washington de 1989. 

Morales se convirtió entonces en una de las caras más visibles de la llamada marea rosa del socialismo en la primera década del siglo XXI en América Latina, junto con Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela, entre otros referentes.

“El modelo de desarrollo dejó de basarse en la apertura económica y privada para pasar a un empoderamiento del Estado y al control de algunas empresas estratégicas como del gas y la minería, a partir de la subida de precios internacionales de las materias primas, principalmente del gas y del petróleo”, explica el magíster en filosofía política Óscar Gracia. Asegura que la década y media de gobierno de Morales —dividida en tres mandatos: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019— fue un punto de inflexión en la historia boliviana. No solo por la estabilidad económica, el llamado “milagro boliviano”, sino por crear una clase media indígena, tradicionalmente marginada, e introducirla en el espacio público.

Crisis e inflación

“Se hicieron una serie de transformaciones importantes que tienen que ver con la nueva Constitución y un cambio de imaginario en el país. Comienza a transformarse el discurso que imperaba desde la segunda mitad del siglo XX de que Bolivia es un país mestizo y empezamos a asumir esta condición de plurinacionalidad que ahora se debate en muchos países”, detalla el docente investigador de la Universidad Privada Boliviana, Andrés Laguna. Aquella calma social y económica es ahora una añoranza. Bolivia alcanzó una tasa anual de inflación en noviembre pasado de 9,5% a causa de la caída de los precios del gas, el principal rubro de exportación, y el agotamiento de los pozos existentes por falta de inversión en exploración.

La falta de circulación de dólares en el país ha llevado a la creación de un mercado informal de cambio, en el que la moneda estadounidense puede llegar a costar el doble de su precio oficial. Los bancos han limitado la retirada de dinero en cantidades mensuales, y el banco internacional JP Morgan ubicó a Bolivia, en su informe anual, como el segundo país de la región con más riesgo para la inversión privada, solo detrás de Venezuela. La incertidumbre es tanta que ha fragmentado el apoyo indígena originario campesino, antes siempre unificado a favor del MAS, entre el ala arcista y la evista. Cómo se distribuirá en los comicios de 2025 es todavía una incógnita.

Morales ha tenido un apoyo incondicional de los sectores rurales del valle boliviano, especialmente de los cocaleros, representados en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que impulsó su carrera sindicalista a comienzos de los años noventa. Es más, el senador evista Leonardo Loza afirmó que su líder se encuentra protegido a día de hoy “por una barrera de comunarios” en el Chapare, una de las provincias de esta región productora de la hoja de coca. Sin embargo, queda por saber la postura que tomarán movimientos decisivos, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa y, sobre todo, el electorado de El Alto, ciudad aymara, epicentro de revueltas sociales y con un galopante crecimiento económico y demográfico.

Elecciones decisivas en el horizonte

“Lo más probable es que ese voto [indígena originario campesino] que en 2009 le dio el 63% de los votos al MAS se vaya fragmentando, lo cual es por demás sano para la estructura democrática. Nunca ha sido muy democráticamente saludable un dominio tan importante. Es importante que se puedan hacer negociaciones políticas”, asegura Gracia. Para Chacón, esa usual estrategia de Evo de introducir a los dirigentes de los movimientos sociales en la estructura estatal es lo que lo está perjudicando en la actualidad. “Los representantes de los movimientos sociales se acostumbraron a las ventajas que les da el Estado y decidieron respaldar al presidente Luis Arce y no a Evo (…). Las organizaciones sociales desde 2005, más que masistas, se hicieron oficialistas”, dice la politóloga.

Por otro lado, la oposición derechista consolida alianzas para presentarse como bloque único en las próximas elecciones. El miércoles 18, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa firmaron un acuerdo de unidad con el exgobernador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho (en prisión por su supuesta participación en el golpe contra Morales de 2019), y el empresario Samuel Doria Medina. “No me extrañaría que candidatos como Quiroga o Doria Medina adopten el discurso de Milei o Bolsonaro: libertario, radical y populista de derechas”, opina Laguna.

Lo cierto es que el próximo 17 de agosto de 2025, en el mes del bicentenario del país, se llevarán a cabo unas elecciones con una importancia que no se conocía en la historia reciente del país. También es cierto que, por primera vez en 20 años, podría no estar en la papeleta la fotografía de Evo Morales.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos, por parte desconocidos que hirieron al chofer del politico.

El exmandatario declaró a la radio cocalera Kawsachun Coca que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaban los agresores se produjo a las 6:25 de la mañana hora local (10:25 GMT) en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. 

En un vídeo difundido en redes sociales se aprecia sangre en la cabeza del conductor, que se mantiene el volante.

También se escucha la voz de una mujer, que viajaba en el vehículo, pedir a Morales que se agache: “Dale Papacho, volando. Están aquí (…) Agachate, agachate presi”, se oye en la grabación. Evo Morales llama entonces por teléfono pidiendo ayuda: “Nos están disparando, rápido movilicen”.

La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez ha anunciado que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y estupro. El entorno de Morales ya había advertido que no acudiría y denuncia que el caso es una “persecución política”.

La denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana acusa a Morales de cometer delitos de trata de personas y estupro (violación de una persona mayor de 14 años y menor de 18) con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. La víctima, que tenía 15 años en ese momento, presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado 'Generación Evo'. Según la denuncia, habría ocurrido en 2016, cuando Morales era presidente.

La fiscal de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso, argumenta que corresponde la aprehensión porque Morales y los otros investigados “han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”.

Morales estaba citado a declarar en Tarija, pero su defensa presentó una excusa legal para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). “No asistirá porque todo esto es un chantaje”, defendió Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad de los seguidores de Morales.

Además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron. La fiscal sostiene que “no se está vulnerando ningún derecho”, como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.

Denuncia una persecución política

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron en esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.

El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él es una “persecución política” y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.

La visión de soldados y blindados en la plaza Murillo de La Paz, intentando forzar la entrada de la Casa Grande del pueblo, sede del poder ejecutivo boliviano, trajo de nuevo a la mente de muchos el recuerdo de tristes episodios pasados, en Bolivia y en otros países latinoamericanos, de golpes de Estado que condujeron a dictaduras prolongadas y sangrientas. Pero por poco tiempo, porque –sorprendentemente– bastó que el ministro de Defensa nombrara un nuevo jefe del Ejército y este diera la orden de volver a los cuarteles para que la reducida fracción armada protagonista de la asonada, dirigida por el general Juan José Zúñiga –destituido como comandante del ejército 24 horas antes–, cesara inmediatamente en su actitud y todo volviera a la normalidad.

En Bolivia ha habido 36 golpes de Estado desde que obtuvo su independencia en 1825, que podrían llegar al centenar si contáramos todos los pronunciamientos o presiones –internas y externas– que han provocado cambios políticos no democráticos. El último de ellos fue de carácter civil-militar y obligó a dimitir y a exiliarse del país al presidente Evo Morales, que acababa de ganar por quinta vez las elecciones (octubre 2019). La excusa fue un presunto fraude electoral avalado por la Organización de Estados Americanos, sin pruebas, ya que posteriormente varias investigaciones académicas independientes demostraron que el fraude no había existido. La senadora Jeanine Áñez fue investida presidenta interina de la mano de los militares, por un procedimiento irregular, y convocó un año después elecciones –a las que se presentó–, que fueron ganadas por Luis Arce, antiguo ministro de Economía y Hacienda de Morales y miembro como él del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde su regreso al país, en noviembre de 2020, Evo –que está muy próximo a los movimientos indigenistas– ha mostrado públicamente diferencias de criterio con Arce, llegando en algunos casos al enfrentamiento dialéctico, y no ha descartado ser el candidato del MAS en la próxima elección presidencial –que tendrá lugar en 2025–, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano dictaminó en 2023 que no podría presentarse de nuevo por haber gobernado tres períodos consecutivos. La oposición en Bolivia está muy debilitada y desprestigiada, con la mayoría de sus dirigentes –incluida Jeanine Áñez– en prisión o amenazados de imputación. Actualmente la oposición está dentro del propio MAS y la lidera el antiguo presidente.

Morales tiene muchos enemigos en Bolivia, especialmente entre las clases acomodadas –en su mayoría blancas– y algunos altos mandos del ejército, que toleran mejor a Arce, tal vez por el origen indígena del primero. Esas fuerzas no quieren que él vuelva al poder en ningún caso, y harán todo lo posible para que no suceda. El general Zúñiga fue destituido precisamente por unas declaraciones en las que afirmó que se opondría a una posible candidatura de Morales en las próximas elecciones, amenazando incluso con detenerlo. En contraste, durante las horas que duró el golpe, afirmó que no tenía ninguna intención de destituir al presidente Arce. Por esto no se puede descartar que el golpe haya sido un capítulo más del enfrentamiento entre ambos dirigentes.

Antes de que las tropas salieran a la calle, el presidente Arce se encontraba en una situación política muy delicada. La economía boliviana –que precisamente con él como ministro responsable había alcanzado sus mejores cifras– se encuentra en una situación lamentable, tal vez por la acusada pérdida de ingresos derivados del gas natural, cuya producción ha decaído hasta el punto de impedir las exportaciones. La inflación es muy alta, faltan combustibles y, sobre todo, faltan dólares para comprar todo lo que Bolivia tiene que importar, que es mucho. En consecuencia, su popularidad se había hundido y los sindicatos y movimientos indígenas habían comenzado a movilizarse en su contra.

Muchos analistas bolivianos, dentro y fuera del país, han considerado verosímil que este débil intento de golpe hubiera sido consensuado con el actual presidente para reforzarle en su pulso con Morales y –sobre todo– para provocar una reacción de adhesión que neutralizara el descontento generalizado en el país por la situación económica. El propio líder de la asonada, Zúñiga, acusó en el momento de su detención al presidente Arce de haber acordado con él el intento de golpe para levantar su popularidad y de haberle dado luz verde para sacar los blindados a la calle.

Lo cierto es que, farsa o autogolpe, Arce sale reforzado de este episodio político, enarbolando la bandera de la defensa de la democracia. Los movimientos sociales le muestran su apoyo, el MAS se cohesiona en su favor, la oposición le respalda, y la comunidad internacional es unánime en la condena del golpe y la defensa de su legitimidad. Incluso el peligro de involución le puede permitir tomar medidas de excepción que contengan el descontento popular.

No obstante, el actual presidente puede haber ganado un cierto respiro político y social momentáneo, pero este incidente no va a arreglar la economía boliviana, ni menos aún los problemas sociales y medioambientales. La tensión política aumenta con vistas a las elecciones de 2025, para las que no se puede descartar que se produzca un enfrentamiento fratricida entre Arce y Morales, lo que aumentaría la división interna en el MAS y en los movimientos que lo apoyan, y produciría una mayor inestabilidad, lo que podría conducir al país a un nuevo episodio antidemocrático. 

Hay además otro elemento importante a tener en cuenta. Bolivia posee las mayores reservas del mundo de litio –23 millones de toneladas–, un mineral estratégico que ha sido considerado el petróleo del siglo XXI por su amplia utilización en la industria actual, principalmente en baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, o como combustible para láseres y cohetes. El litio boliviano ha sido sin embargo apenas explotado hasta ahora, el único acuerdo del Gobierno en relación con este mineral ha sido con la empresa estatal rusa Uranium One Group, perteneciente a Euratom, para la construcción de una planta piloto de explotación que empezaría a producir este año, a la que seguirían otras en 2025. Es fácil comprender que en EEUU y Europa este estado de cosas no es precisamente el más deseado y que verían con buenos ojos un Gobierno más afín a los occidentales.

Es difícil vincular este asunto del litio con el reciente intento de golpe de Estado, sobre todo porque ha sido una chapuza y los golpes preparados desde países poderosos suelen ser muy eficaces y cumplir sus objetivos (véase Chile 1973). No obstante, favorecer a Arce por delante de Morales puede tener ciertos resultados en la dirección deseada por Washington. Aunque ambos pertenecen al mismo partido, es notorio que Evo –que fue quien nacionalizó el litio en 2008– tiene una posición más radical, mientras que un tecnócrata como Arce podría abrirse a la participación de empresas occidentales que aporten la tecnología necesaria para la explotación del codiciado mineral. 

En los próximos meses y en la elección presidencial de 2025 veremos –si no pasa nada antes– en qué desemboca la rivalidad entre Arce y Morales, quién de los dos es el candidato del MAS y, en el caso improbable de que se presentaran los dos, quién gana. Esperemos que Bolivia consiga mantener una democracia social –duramente alcanzada– y aprovechar los enormes recursos que tiene en beneficio de su población y con respeto al medio ambiente, a pesar de las presiones exteriores que sin duda va a recibir, porque ese sería el único camino de progreso para uno de los países más pobres de América Latina.

El punto de inflexión en Bolivia se produjo el 10 de noviembre de 2019. Todo había empezado con el intento de que Evo Morales no pudiera presentarse a la reelección, y siguió con una campaña anunciando un fraude electoral de unas elecciones que se habían convocado para el 20 de octubre de 2019. La profecía autocumplida exigía no reconocer el resultado electoral en cuanto empezaron a salir datos que apuntaban a que Morales podría haber ganado la reelección en la primera vuelta. Y, a partir de ahí, unas protestas que derivaron en la quema de casas de dirigentes políticos, el amotinamiento policial, el golpe militar del 10 de noviembre, el derrocamiento de Morales y la investidura de una senadora, Jeanine Áñez, como presidenta del país a manos de un mando del Ejército.

Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962), vicepresidente del Gobierno de Morales derrocado por el pronunciamiento militar de hace cinco años y uno de los principales referentes ideológicos y teóricos de los procesos de cambio en América Latina y de dirigentes de nuevas formaciones políticas europeas de izquierda, explicaba así para elDiario.es lo que ocurrió ese día en el que el orden en Bolivia saltó por los aires: “Fue un golpe de Estado cívico policial. Se inició como un golpe civil contra el Gobierno, las instituciones, y, a mitad del camino, se volvió policial y militar. En las semanas previas comenzó una movilización de sectores civiles, violentos, que no reconocieron las elecciones desde el día siguiente. En aquellos momentos, era aún un episodio civil, que la policía intenta amortiguar sin detener a nadie, despejando a la gente. Luego viene una movilización, convocatorias de clase media urbana tradicional, en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz... En ese momento, los grupos de choque paramilitares se encargan de infundir terror; queman sedes sindicales en varios lugares del país; atacan y queman domicilios de dirigentes. Se crea un estado de terror que busca el control y el miedo en dirigentes sindicales y políticos. Nosotros sacamos a la policía para retomar el control, pero no a los militares. Pero la policía actuaba tímidamente”.

El golpe a Morales

Cae el Gobierno de Morales y llega el de Áñez de la mano de militares golpistas.

La gestión de Jeanine Áñez, sumada a la pandemia que agudizó problemas económicos como el déficit fiscal alto o los malos resultados explotación gas, culminó con la victoria electoral de Luis Arce en octubre de 2020, un triunfo que expresaba un deseo de rebobinar y volver a la época buena de los gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) y los tiempos previos al golpe de Áñez.

Sin embargo, pronto se va visibilizando una pugna entre el presidente Arce y el ex presidente Morales, que parece ir más allá de las pugnas en otros lugares de América Latina, como las de Álvaro Uribe-Juan Manuel Santos en Colombia; Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner en Argentina... –si bien no tanto como Lenín Moreno y Rafael Correa–.

Disputa de legitimidades

Pero lo cierto es que esa brecha entre los dos se produce porque, entre otras cosas, los dos tienen legitimidad de las urnas. Morales gana las elecciones de octubre de 2019, pero se las roban con el golpe. Y Arce gana octubre de 2020, si bien con 8 puntos más, y a quién vota la gente y por quién se convierte en un elemento de pugna.

En estos años la pugna ha escalado más que en otras peleas entre parejas políticas, donde siempre hay temas intocables. En Argentina nadie críticó a Nestor Kirchner y su Gobierno, y Rafael Correa siempre defendió la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en Bolivia la pelea pública, dura, enfrenta a los fieles a ambos líderes saltándose muchas líneas rojas.

Para algunos leales a Arce, Morales tuvo conexiones con el narco durante los 14 años de Gobierno –en los que también estuvo Arce como ministro–, que mintió con el gas, que malgastó el dinero de la bonanza... Es decir, miembros del MAS usando el argumentario de la oposición contra Morales. Mientras, seguidores del expresidente acusaban a Arce de mal economista y neoliberal, al tiempo que su hijo y su esposa eran denunciados por corruptos por el propio Morales.

Así, el partido MAS se ha visto sumido en esta fractura, desatendiendo la gestión gubernamental del país en un momento económico crítico, con caída de los ingresos por gas, sin terminar de decidir sobre el litio y un retroceso de influencia en el campo internacional. En paralelo, se daba la pelea por la marca electoral y quién podría presentarse con ella a las elecciones de 2025 como candidato oficial del MAS.

Enfrente, la oposición también exhibe sus peleas internas, como evidencia el poder en su feudo, Santa Cruz, dividido, así como la bancada parlamentaria del líder opositor, Carlos Mesa, fracturada.

Pero no sólo, también ha tensiones en las administraciones locales y la pelea entre poderes es recurrente: el Tribunal Constitucional está autoprorrogado porque la Asamblea Legislativa, rota en varios bloques, no pudo ordenar el proceso de elección de magistrados, que es por voto y tenía que hacerse este año.

Acusaciones (sin pruebas) de autogolpe

¿Conclusión? El Senado desconoce el mandato del Constitucional y el Congreso desconoce lo que hace el Senado. El Senado está presidido por la tercera figura del MAS, Andronico Rodríguez, delfín de Evo Morales, aunque ahora con una relación peor pero públicamente sin ruptura y lejos del gobierno, hasta el punto de tuitear anoche alimentando la hipótesis de un posible autogolpe. 

Una idea del autogolpe que también alimentó el destituido comandante Juan José Zúñiga, el jefe militar que llevó a cabo el intento de golpe de Estado en contra del Gobierno boliviano. Lo hizo cuando fue capturado este mismo miércoles al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia. “El presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar [su] popularidad”, dijo Zúñiga en el momento de su captura tratando de implicar, sin aportar ninguna prueba, al presidente Luis Arce en el golpe. Zúñiga afirmó que Arce le animó a sacar “los blindados”. “Yo le pregunté: '¿sacamos los blindados?' y él (Arce) respondió 'sacá”, apuntó el militar sin más evidencias que su propia versión.

El comandante sublevado fue enseguida detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que la Fiscalía anunció una “investigación penal” contra él y los militares que irrumpieron en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano. Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, Arce encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban.

Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo Morales, también alentaba sombras de duda, sin más datos, sobre el golpe al medio argentino Página/12: “Es el escenario de un golpe aparente, yo diría más una puesta en escena que un golpe”, agregó Quintana, muy crítico con Arce: “[El presidente] necesita restablecer su credibilidad política para el año y pico que le queda en el gobierno. Pero este es un punto de quiebre. El segundo objetivo lo iba a cumplir Zúñiga si se salía con la suya, que era detener a Evo”. 

Morales, enemigo público número 1 del golpista

Y en este contexto sucede la asonada de este miércoles. El comandante que lo acaudillaba, Juan José Zúñiga, era muy cercano al Gobierno de Arce. Y se fue metiendo desde hace tiempo en la pelea interna, básicamente contra Evo Morales, llegando el pasado martes a dar una entrevista de 20 minutos donde hizo algo prohibido para los militares: la deliberación pública llena de amenazas, entre las que estaba detener a Morales, enemigo número 1 para él.

“Evo Morales está legalmente inhabilitado, la Constitución dice que no puede ser más de dos gestiones [mandatos], y el señor ya ha sido ‘re-re-reelegido’ y el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la Constitución. Ese señor no puede ser más presidente de este país”, señaló Zúñiga, en una entrevista en el programa No Mentirás. '¿Lo detendrían?', se le preguntó, y Zúñiga respondió: “Si el caso amerita, yo creo que sí”.

Después de esa intervención televisiva, Zúñiga fue relevado como comandante en jefe. Y a raíz de eso, se sube a una tanqueta y se va con otras cuantas a la plaza Murillo, donde están los edificios del Gobierno de Bolivia, hasta el punto de entrar con una tanqueta dentro de uno e ellos. Y desde allí anuncia un relevo de ministros, cambios de Gobierno y la excarcelación de “presos políticos”, es decir, golpistas como la expresidenta Áñez y el ex gobernador de Santa Cruz, condenados por su participación en el golpe de 2019.

¿Y ahora?

¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Esto le puede servir al Gobierno para ganar tiempo y algo de épica, con la imagen en la retina de Arce encarado a Zúñiga.

A partir de ahí, Arce puede tener la tentación de adelantar elecciones, si bien no tiene garantizado repetir el éxito electoral de 2020, y para el próximo Gobierno se abren todo tipo de conjeturas, algunas de las cuales pasan por una suerte de Gobierno amplio que pueda acometer ajustes duros y tenga una vida aún más complicada que el actual.

El Gobierno de Bolivia ha terminado con el intento de golpe de Estado militar acaudillado por el ya depuesto comandante general Juan José Zúñiga contra el Ejecutivo de Luis Arce. El propio presidente Arce había denunciado este miércoles “movimientos irregulares” de soldados frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz.

Horas después, desde un palacio gubernamental cercado por los golpistas y por una de cuyas puertas irrumpió una tanqueta, el presidente Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, anunciaban a la ciudadanía que habían expulsado a los militares.

Zúñiga, el destituido comandante general que ha liderado a los militares, ha sido detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La detención se ha producido cuando este salía de la sede del Estado Mayor de Bolivia, sobre las 19.00 hora local, y después de que comandase a los militares que han irrumpido con tanques en la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz. Se le acusa de “intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Arce.

La Fiscalía General había decretado antes de la detención una “alerta migratoria” para evitar que Zúñiga abandonase el país. La Fiscalía boliviana también ha anunciado que se abrirá una “investigación penal” contra él y contra todos los militares que han participado en la movilización “irregular”.

Tras su detención, el comandante general se ha justificado acusando al presidente Arce de ordenarle sacar los “blindados” a la calle para “levantar” su popularidad. “Me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad”.

Según las acusaciones de Zúñiga, el presidente boliviano habría pedido que se produjese un movimiento militar. “Yo le pregunté: ¿sacamos los blindados? y él (Arce)” respondió “sacá”.

Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, el presidente se había encarado con Zuñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, derribada por un tanque militar, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban.

Durante el intento de golpe de Estado, el Gobierno se ha mantenido en la Casa Grande “para enfrentar todo intento golpista” y ha pedido a la pueblo bolivariano que “se movilice y organice en contra del golpe”. Rodeado de su todo su gabinete, Arce ha asegurado que Bolivia “no puede permitir que, una vez más, intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas [recordando el golpe de  Jeanine Áñez contra Evo Morales en 2019]”. “Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia. Y aquí estamos, firmes en Casa Grande, con todo el gabinete. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano”.

Y así ha sido. Minutos después de que el propio Arce nombrara en la sede del Ejecutivo a los nuevos comandantes del Ejército, los militares han abandonado el centro de La Paz. El personal militar que se había unido al ataque contra el Gobierno de Arce ha empezado a replegarse a los cuarteles cuando el comandante José Wilson Sanchez, el sustituto del golpista Zúñiga, ha llamado a restablecer el orden y ha ordenado a los militares que se replegaran.

Tras la retirada de los tanques y de los golpistas, la ciudadanía ha entonado el himno nacional en las inmediaciones de Plaza Murillo. “Estamos en la calle para defender el proceso de cambio, para defender a la democracia y decirle al presidente Luis Arce que no está solo”, ha asegurado uno de los manifestantes en declaraciones a la prensa. “Lucho, no está solo”, ha coreado la multitud.

El presidente Arce ha agradecido al pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional por su rechazo a la “intentona golpista”. “Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista, que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generar incertidumbre innecesaria en momentos en los que las y los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha expresado la condena de la UE al “intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia”.

En efecto, varios tanques y militares fuertemente armados ocuparon este miércoles la plaza frente a la sede del Ejecutivo boliviano, después de que el depuesto comandante general del Ejército amenazara con tomar el edificio.

Los militares en la plaza Murillo estaban armados, encapuchados y con cajas de municiones de gases lacrimógenos y se informó de varias personas heridas. Las imágenes han mostrado cómo una tanqueta ha tirado las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia y ha entrado al interior, después de que el depuesto Zúñiga amenazara con tomar el Gobierno y cambiar el gabinete“.

“Seguramente pronto va a ver un nuevo Gabinete”, había anunciado Zúñiga a la prensa, según recoge Los Tiempos, desde el centro del poder político en La Paz, la plaza Murillo, horas antes de salir corriendo de allí al fracasar su asonada: “Va a haber un nuevo Gabinete. Se va a cambiar ministros, pero no puede seguir así nuestro Estado, haciendo lo que le da la gana. Estamos mostrando nuestra molestia, es deber, obligación que sus Fuerzas Armadas otra vez recuperen esta patria, basta de empobrecer la patria y humillar al Ejército. Están los tres comandantes de las fuerzas. Hemos venido a manifestar nuestra molestia”, dijo. “Vamos a tomar” la Casa Grande afirmó: “No puede ser que la lealtad de los comandante se pague con deslealtad, nunca con el pueblo, no nos vamos a enfrentar”. Y añadió que coordinaron la toma con unidades policiales. Preguntado por si reconoce la autoridad del presidente Luis Arce, respondió: “Por el momento”.

Zuñiga también anunció que “liberará a todos los presos políticos” como la expresidenta golpista de 2019 Jeanine Añez, y “restablecerá la democracia” en el país. “Liberaremos a Añez [al gobernador golpista de Santa Cruz, Luis Fernando] Camacho, militares presos”, indicó a los medios Zuñiga frente a la sede del Gobierno a la par de un tanque.

La propia Áñez censuró el pronunciamiento militar: “Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia”. 

El depuesto comandante Zúñiga es quien amenazó este miércoles con tomar la sede del Ejecutivo boliviano mientras transitaba en un tanque, según se observó en la transmisión de medios locales de televisión, mientras el presidente del país denunció movilizaciones irregulares de tropas en la capital.

Arce se encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban. “Repliegue todas estás fuerzas es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga. Horas después, los tanques y el grupo de las Fuerzas Armadas se retiraron.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), así mismo, había avisado este miércoles de que se estaba gestando un “golpe de Estado” en el país después de que se conociera un despliegue de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz. 

Morales también convocó a una “movilización nacional para defender la democracia” y acusó a Zúñiga de estar a la cabeza de la operación militar.

Respaldo internacional a Arce

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará “ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia”, tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.  “La Secretaría General de la OEA condena de la forma mas enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Almagro. 

Del mismo modo, expresó su “solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”. “La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no toleraran ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar”, agregó.

Estados Unidos, a su vez, dijo estar “siguiendo de cerca” la situación en Bolivia e insta a la “calma y moderación”, afirmó este miércoles a EFE una portavoz de la Casa Blanca en una breve declaración escrita. La portavoz se refirió a la “situación en Bolivia” pero no utilizó la designación de “golpe de Estado” para describir el hecho de que un sector del Ejército boliviano se alzara contra el Gobierno democrático de Arce y una tanqueta entrara a la fuerza a la sede del Ejecutivo en La Paz. “Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en Bolivia e insta a la calma y moderación”, dijo la representante de la Casa Blanca.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó el miércoles por la noche que España condena “rotundamente” los movimientos militares en Bolivia. “España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho”, ha afirmado Pedro Sánchez en un mensaje en X.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado: “Todo el apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano, víctima de un nuevo intento de golpe. La democracia y la Constitución deben prevalecer. La comunidad internacional debe emitir la más rotunda condena”.

El congreso del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) culminó anticipadamente este miércoles y ratificó al exmandatario de Bolivia Evo Morales como su líder en medio de la polémica por la legalidad del evento. El presidente del país, Luis Arce, ha sido expulsado de la formación en plena batalla interna de cara a las próximas elecciones

El encuentro estaba programado para tres días en la zona del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, pero se redujo a dos debido. La “seguridad sindical” montó un estricto anillo de seguridad en los alrededores del coliseo de la radio cocalera Kawsachun Coca, sitio en el que cientos de militantes aguardaron el acto central de posesión de la nueva mesa directiva del MAS.

Al mediodía hubo incertidumbre sobre el desarrollo del encuentro tras conocerse un amparo constitucional que presentó una dirigente campesina del bloque del presidente Luis Arce, que no estuvo presente en el Congreso.

Algunos asistentes creyeron entonces que el congreso se suspendía, pero la organización del MAS “desmintió” esa versión y les pidió mantenerse para proseguir con las conclusiones del evento.

La presidenta del presidium del congreso del MAS, Flora Aguilar, puso a consideración de la asamblea de delegados y militantes la votación por aclamación como método de aprobación a la postulación de los dirigentes.

Así se reeligió a Morales como presidente del MAS, cargo que ocupa desde finales de 1990, junto a una veintena de secretarios del partido que emergieron de las organizaciones sociales de los nueve departamentos del país.

En signo de aprobación, decenas de delegados levantaban sus credenciales y gritaban “Evo, Evo, Evo”, tras lo que se pedía la constancia del organismo electoral, entidad que envió al encuentro una comisión de seguimiento.

Además, varios sectores de la asamblea del MAS propusieron a Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2025, en medio de un ambiente festivo que fue animado con canciones que hablaban de la “repostulación” del expresidente.

“Evo no está solo, carajo”, repitieron insistentemente los militantes. “Aquí estoy de pie, listo para la próxima batalla”, era la inscripción en el cartel de un seguidor del MAS vestido como el personaje de El Chavo del 8, que se ha vuelto un símbolo de las manifestaciones oficialistas.

Al concluir el acto, Aguilar le entregó simbólicamente a Morales unos legajos de documentos del MAS y un sello que lleva el nombre del exgobernante en reconocimiento a su autoridad en la organización política.

El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 en medio de la división interna de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobierna el país.

“Me han convencido de que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando. Tanto contra Evo desde la derecha, el Gobierno, el imperio”, señaló Morales en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

El también líder del MAS agregó que hay una campaña “sucia” en su contra, ya que la oposición le tilda de “narcotraficante”, pero el Gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca le señalan como el “rey de la cocaína”, por lo que estas situaciones le “obligaron” a ser candidato y a “batallar”, dijo.

“No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática. Ahora a construir propuestas, tengo reunión con empresarios, saludo que vengan propuestas, hay que construir la agenda tras el bicentenario”, sostuvo Morales.

El expresidente lamentó que Arce, que fue su ministro de Economía durante su Gobierno, no haya avanzado “nada de nada” de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo hacia el bicentenario del país. “Todavía tenemos fuerza”, afirmó.

Nuevamente el expresidente denunció que el Gobierno de Arce tiene un plan para defenestrarlo “con procesos políticos” y que incluso quieren “eliminarlo” físicamente, por lo que decidió aceptar lo que su militancia pide.

“Vamos a enfrentar con la verdad, dignidad y honestidad toda esa agresión que sufrimos en las redes sociales desde el Ministerio de la Presidencia”, recalcó en un mensaje posterior en la red X (antes Twitter).

El anuncio de Morales se da a solo unos días de que se celebre el congreso nacional del MAS, del 3 al 5 de octubre en el trópico de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos, que también ha sido motivo de disputa entre los oficialistas.

Los aliados de Arce o “arcistas” han intentado que ese congreso se realice en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, y que se renueven los líderes del partido gobernante, empezando por el propio Morales.

Mientras que los llamados “evistas”, cercanos a Morales, ya han advertido de que en la cita del MAS se decidirá sobre la expulsión de Arce y de Choquehuanca, a quienes califican de “traidores”.

Morales dijo que sus detractores buscarán inhabilitar su candidatura “usando a una mujer”, como lo “hizo la derecha” durante la crisis de 2019, cuando en medio de las denuncias de fraude electoral a su favor renunció denunciando un “golpe de Estado”, por lo que la opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia interina del país, ante las dimisiones de todos los que estaban en línea de sucesión. “¡Nunca nos vamos a rendir, hermanas y hermanos! ¡Unidos vamos a salvar nuevamente a nuestra querida Bolivia!”, señaló.

Este sábado la cúpula del MAS, que es cercana a Morales, acusó al Gobierno de Arce de una supuesta presión al Tribunal Supremo Electoral a través de algunos dirigentes para intentar invalidar el congreso del partido.

Las pugnas en el MAS comenzaron a finales de 2022 con criticas a la gestión del Gobierno y denuncias de corrupción contra algunos ministros, mientras que varios sectores oficialistas han proclamado, por separado, las candidaturas de Arce y de Morales para las elecciones de 2025.

Dos primos adolescentes patean los barrios de La Paz subidos en una curiosidad vibrante y desubicados en su propio país. Mientras experimentan con el sexo, las drogas, y el k-pop, sufren el racismo cosido a una sociedad que huye de si misma. Ellos, sin saberlo, le plantan cara al sistema con lo que tienen: uno abandona el servicio militar, el otro deja el bachillerato. Ese recorrido narra en su novela Gabriel Mamani, profesor universitario y traductor boliviano que reside en Brasil.

En Seúl, São Paulo (Periférica, 2023) planea la cuestión de la pertenencia a una comunidad, la construcción de una identidad: la bolivianidad. Los personajes parecen buscarla y rechazarla, meterse en ella y salir corriendo. “Las identidades son negociables, movedizas. Ciertos rasgos identitarios pueden tener un valor simbólico determinado en un lugar y uno muy diferente en otro. Más allá de buscar una bolivianidad, creo que los personajes experimentan, atraviesan y padecen una idea vetusta y al mismo tiempo vigente de lo boliviano, un imaginario construido sobre los cimientos del racismo y otras exclusiones sistemáticas”, explica Gabriel Mamani desde Brasil.

El escritor dice desconfiar de la palabra “mestizo”, afirma que las élites que dominan el país han querido esconder tras ella la discriminación racial, y la población ha crecido negando su parte india. “El mestizaje es un espejismo en Bolivia. En sociedades con mentalidades coloniales como las latinoamericanas, el horizonte es la blanquitud. Al verse imposibilitados de llegar a esa meta, muchos se conforman con el mestizaje, que sería algo así como el punto más alejado de la raíz india al que pueden aspirar. El discurso del mestizaje sirve como maquillaje que funciona para sacar a relucir la riqueza de las culturas ancestrales y, al mismo tiempo, para fingir que no existen violencias hacia los herederos de esas culturas”, afirma el autor.

El racismo interiorizado

Tayson, uno de los protagonistas, es un chico boliviano que ha crecido en un barrio de inmigrantes en Sâo Paulo. Su blanquitud le permitía allí ayudar al negocio familiar, haciéndose pasar por brasileño en los negocios de ropa, vedados a los bolivianos, y poder así comprar prendas y copiar los modelos. En un momento determinado es descubierto y expulsado: cuando él es visto como el boliviano que es, el negocio se va a pique y a la familia le toca volver a Bolivia. Allí, él y su primo se dan cuenta del lugar que ocupan socialmente por su color de piel. “Entender el lugar que te corresponde dentro de una determinada sociedad es un descubrimiento lento y punzante. Esto se da, sobre todo, en la adolescencia. Hablo de la experiencia boliviana, en específico de la andina. Como dice el cronista peruano Marco Avilés, llega un momento en el que aprendemos a leernos las pieles. El torbellino identitario comienza cuando hemos agarrado la habilidad para interpretar los diferentes tipos de pigmento”, reflexiona Mamani. 

En la novela la lengua es una herramienta más para poner distancia y marcar fronteras con los otros. Cuando están más tensos, Tayson habla en portugués. La abuela blasfema en aymara con la familia, “Todos putean. En otra lengua. Desde otro corazón”, dice el protagonista.

“Cada idioma es un universo en el que se mueve una historia con sus propios sonidos, sabores y silencios. Algo que me gusta mucho de la migración boliviana en Brasil es esa intersección entre lenguas que se da involuntariamente. Hay intercambios, olvidos y rescates. Hace una semana nomás, acá en Brasil, hablando con un amigo colombiano me di cuenta de que, cuando charlamos en español, uso sin querer palabras en portugués y otras en aymara. Era natural que los personajes del libro estuvieran atravesados por esas experiencias lingüísticas”, explica el escritor.

La pequeña Bolivia de São Paulo

Gabriel Mamani cuenta que la idea de la novela surgió mientras estudiaba en Río de Janeiro y visitó São Paulo, la ciudad con más bolivianos en Brasil y vio cómo parecía una embajada de la cultura popular boliviana. “Fue una experiencia que me marcó mucho. Si bien ya había visto la fuerza de la cultura boliviana en varios barrios de Buenos Aires, experimentar lo aymara en un ambiente de habla portuguesa me ayudó a entender un montón de cosas. Me gustó mucho esa apropiación del espacio por parte de los bolivianos. Al menos en mi región, en La Paz, la relación con el suelo es muy fuerte. Las cosas que me contaron en esa visita fueron oro para el nacimiento de la novela: Piglia tenía razón al decir que, así como intercambiamos cosas, también traficamos historias”.

Durante la novela se narra el servicio militar que hacen los dos primos, las humillaciones que sufren por parte de los oficiales. Hay un discurso belicista en los instructores, y también en los padres o los tíos, que hablan a los chicos de defender un país que ellos solo conocen en los mapas. “La historia oficial, al menos esa que me llegó desde la escuela y mi entorno, siempre tuvo un tinte bélico: desde la independencia, pasando por guerras perdidas hasta dictadores sangrientos, la cronología de Bolivia como país está marcada por el autoritarismo. No se puede entender la idea de patria sin imaginar a un tipo gritando y amenazando a alguien”, explica Gabriel Mamani.

Los dos adolescentes comparten links de porno, visitan burdeles, fuman marihuana y uno de ellos se hace un apasionado del k-pop, el pop coreano, un fenómeno exótico en la cultura andina que acumula fanáticos en medio mundo. “El tema del k-pop siempre me ha interesado como fenómeno cultural. Yo vengo de una adolescencia en la que la única idea de cultura de masas legítima era la que venía de Estados Unidos. Si no era anglo, no contaba. La irrupción del k-pop, al igual que las telenovelas o películas coreanas, mueve un poco la aguja de la brújula cultural latinoamericana y, aunque de una forma sutil, agita la hegemonía gringa. Algo que me encantó cuando realizaba la investigación previa a la escritura de Seúl, São Paulo fue la pasión con la que los fanáticos del k-pop hablaban de sus ídolos”, recuerda el escritor.

Bolivia es un intento fallido de no ser Bolivia

Al final, los dos primos son disidentes, uno deja el servicio militar, el otro deja el bachillerato… parecen estar intentando entender a Bolivia. “Una vez, en un bar de Río de Janeiro, una amiga española que analizaba su paso por la ciudad me dijo: ”Brasil parece ser el intento fallido de ser Estados Unidos“. La frase se me quedó en la mente. Por bastante tiempo, Bolivia ha escapado de su raíz indígena, ha corrido como ha podido, pero jamás ha podido llegar a ese horizonte blanco. Quizá, en su propia autonegación, el país encuentra algún rasgo de su propia identidad. Mirarnos al espejo duele, pero solo en ese dolor pueden hallarse respuestas”, afirma Mamani.

Como telón de fondo durante la novela están las elecciones, y la dimisión del presidente Evo Morales. La historia de un país que los protagonistas dicen no conocer, no se sienten parte de ella. “Creo que ese no es un asunto solo de ellos dos, sino de la sociedad boliviana en general. En 1997, se eligió democráticamente a Hugo Bánzer, un hombre que en los años 70 había hecho un golpe de Estado. Si a eso sumamos el hecho de que, muchas veces, no entendemos la historia porque esta no nos salpica, entonces tenemos a un par de adolescentes que no conocen ni siquiera la historia reciente. Sus luchas son otras. Así como para la gente de mi generación es muy difícil imaginar una vida con milicos imponiendo un toque de queda, tal como pasó con las dictaduras que padecieron mis padres, para las generaciones más jóvenes, como la de los personajes de Seúl, São Paulo, los dilemas de la generación anterior pueden ser incomprensibles”, reflexiona el escritor.

Las mujeres no tienen voz

En la novela las mujeres o son la madre de los protagonistas o son los objetos de deseo sexual idealizadas e inalcanzables. Cuando se relata la vida de los miembros de la familia son solo los tíos varones los que aparecen, ellas son personajes secundarios sin dibujar, algo que Gabriel Mamani afirma que fue totalmente deliberado: “Quería que los personajes, entre ellos el narrador, fueran congruentes con la Bolivia que conozco. El universo familiar de la obra, que se basa en muchos universos reales que he visto, es violento, autoritario, patético, machista. Si a este hecho le agregamos el tufo militar de la historia, ¿qué tenemos? Una falocracia que se ahoga en su propia miseria, lo cual puede generar tantos análisis sociológicos como carcajadas. Intenté no darles concesiones a los personajes ni a su universo. Quería que se hundieran en el barranco de su misoginia, de su racismo, de su patriotismo barato. Nadie se salva. La salvación iría por el camino de la autocrítica, la reflexión, la intención mínima de cambio. Pero ninguno de los personajes, ni ninguna de las personas en las que me he basado para crear a los personajes, tiene, ni tendrá jamás, la intención de cambiar algo”, concluye el autor.

El Papa Francisco retomó definiciones de contenido político y alertó contra el “lawfare” que afecta a varios líderes de izquierda latinoamericanos, con una particular mención a los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a quien calificó como una “una mujer de manos limpias; excelente mujer”.

“No pudieron (vencerla)”, enfatizó Francisco en referencia a la expresidenta Rousseff (2011-2016) en una entrevista difundida el jueves con el canal argentino C5N. “Y a Lula, lo metieron en cana (cárcel) y no pudieron”, reiteró el Papa. La entrevista fue realizada el fin de semana pasado, antes de que Francisco fuera internado el miércoles por una bronquitis infecciosa en el hospital Gemelli de Roma.

Durante más de una hora de diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en el Vaticano, Jorge Bergoglio se mostró distendido, afable, con ánimo de opinar sobre temas políticos latinoamericanos. Apenas se percibió una leve agitación en su respiración, probable signo del cuadro que requeriría el 29 de marzo su ingreso al hospital romano, de donde obtendría el alta este sábado.

Consultado sobre los procesos judiciales que enfrentaron Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, Francisco aludió al “lawfare”“. ”Empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y, para condenar, basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentra el delito“, dijo. ”¿Dónde está el delito acá? Así condenaron a Lula“, indicó Francisco.

Hay que alzar la voz, hay que decir cuando existe una irregularidad. Los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa

En el caso de la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta argentina, el Papa eligió ser menos elocuente. Dijo no conocer “los detalles, pero los resultados se ven, ciertamente”.

“Hay que alzar la voz, hay que decir cuando existe una irregularidad. Los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa”, exhortó Francisco.

“Mentir, dogmatizar, insultar y destruir al otro no es (propio de un) medio de comunicación, es guerrilla”, dijo el religioso. “El medio tiene que decir la verdad y la propia idea de la verdad. Es un problema serio la ética de la comunicación”, afirmó.

“Con el fumus delicti, el olor del delito, a veces el humo te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamentos. El lawfare usa el humo del delito como realidad y empiezan con los medios de comunicación a dejar a la persona en offside”, marcó el Papa. “Un juez siempre crea jurisdicción, pero tiene que ser armónico con el derecho. Cuando te encontrás un juez que crea jurisdicción opuesta al derecho, es un chantapufi”, resumió.

Según contó, había reflexionado el fin de semana con su amigo el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, “un gran tipo y un gran juez”, sobre los efectos del “lawfare”. Zaffaroni —a quien no nombró pero identificó como un exmiembro de la Corte Suprema argentina y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos— es uno de los críticos más notorios de las prácticas de los tribunales de Buenos Aires y de lo que entiende como ausencia de garantías procesales en los juicios que enfrentó la vicepresidenta peronista de centroizquierda.

El jefe de la Iglesia católica se hizo tiempo para remarcar su amistad con el expresidente uruguayo de izquierda José “Pepe” Mujica, “un grande, un tipazo”, y también definió como “muy seria” a la esposa del exmandatario uruguayo de izquierda, la exsenadora Lucía Topolansky, aunque “un póco más ideológica”.

Si querés discutir con un político y un pensador de ultraderecha, hablá de justicia social, en horizontal. De los pobres

Cuando el entrevistador citó a Mujica diciendo que “la derecha se une por intereses y los progresistas se separan por sus ideas”, Francisco respondió: “sabio”.

Contra la ultraderecha, “justicia social”

La mención a las peleas internas de los partidos y la proliferación de los discursos de odio llevaron al Papa a trazar un paralelo con la Alemania que vio nacer al nazismo. “Es lo que llamo el 'síndrome 1933', Adolfito. Le tengo pánico a los salvadores de la patria”, alertó Bergoglio, quien cumplió este año una década al mando de la Santa Sede.

“Es curioso. La ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta, no centrífuga”, definió el Papa. El antídoto sería “la justicia social, no hay otra. Si querés discutir con un político y un pensador de ultraderecha, hablá de justicia social, en horizontal. De los pobres”, dijo el sacerdote argentino.

“Da vergüenza que un político tenga tantos divorcios políticos y que hayan estado en tantos partidos y vayan cambiando de según le conviene y se presentan como salvadores de la patria”, sostuvo, nuevamente, sin dar nombres.

En Argentina, donde este año habrá elecciones presidenciales, las encuestas registran una alta adhesión al economista de extrema derecha Javier Milei, una tendencia que lleva a endurecer el tono a integrantes de la coalición conservadora Juntos por el Cambio.

Francisco citó un versículo del Nuevo Testamento. “¿Usted es comunista, padre? Mirá. Mi carta de identidad es Mateo 25 y al que dijo eso le vas a decir que es comunista. '¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso y me viniste a visitar'. Esa es la regla de conducta”, razonó.

Líderes iberoamericanos congregados en el Grupo de Puebla participaron el martes por la noche de un foro de derechos humanos en el centro de Buenos Aires, en el que denunciaron la “persecución judicial” contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre pasado a 6 años de prisión en una causa por presunta corrupción. Entre los participantes, sobresalió el categórico mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero: “Los Kirchner forman parte de mi sentimiento político”.

Zapatero habló cerca de las nueve de la noche en un auditorio del Centro Cultural Néstor Kirchner, minutos antes de que lo hiciera Cristina Fernández, en medio de una gran expectativa política por la inestabilidad económica y la carrera electoral que se avecina.

En su apoyo a Cristina Fernández, el expresidente del Gobierno español afirmó, en relación a los Kirchner y al peronismo de centroizquierda: “Aquí lo digo, lo pronostico: se impondrá el Estado de Derecho. Esa es mi tesis en el caso de Cristina y en todos los que el Poder Judicial tiene que encarar”.

Zapatero contó que estuvo en Buenos Aires a mediados de agosto de 2022, 14 días antes de la noche en que un hombre identificado con la ultraderecha gatilló un arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández, cuando ésta se aproximaba a su apartamento, pero el disparo no salió por un error en la manipulación.

“Me impactó extraordinariamente que te quisieran matar. Me afectó por Argentina, por ti, que la violencia política volviera otra vez a este querido país”, dijo Zapatero dirigiéndose a Cristina, ubicada a su izquierda en el estrado. El exgobernante dijo haber quedado impactado por “el odio, el insulto, la injusticia de la descalificación y el rencor” proferidos contra la vicepresidenta. “Estuve unos días muy afectado. Por el afecto, porque trabajamos puntos, porque los Kirchner forman parte de mi sentimiento político”, dijo el expresidente.

En el cierre, Zapatero, quien se declaró “fascinado” e incluso “hipnotizado” por Argentina, abordó asuntos que entusiasmaron al público presente: “Esta nación argentina no sólo gana títulos mundiales sino que tiene el título del mejor escritor en lengua castellana, que es Jorge Luis Borges, y tiene el título de haber sido el país del mundo que en los últimos 40 años mejor y más ha luchado en favor de los derechos humanos. Y habéis sido vosotros y Cristina”.

La interna peronista, siempre presente

El auditorio de la sala denominada La Ballena del Centro Cultural Kirchner, un imponente edificio de arquitectura francesa ubicado a 200 metros de Casa Rosada que funcionó como sede central de Correos entre 1928 y 2002, reaccionó varias veces ante el discurso de Zapatero con la consigna “Cristina, Presidenta”.

En su turno, la vicepresidenta argentina dijo que no le interesa “en definitiva” si le van “a condenar, inhabilitar, meter presa... Lo que importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un estado democrático y constitucional, en el cual las garantías de la Constitución no sean cartón pintado”.

Cristina, presidenta entre 2007 y 2015, agregó que los procesos judiciales que enfrenta constituyen una represalia por la “redistribución del ingreso” impulsada durante sus mandatos y una amenaza latente y efectiva sobre cualquier dirigente del peronismo de centroizquierda, en alusión al presidente, Alberto Fernández, con quien está enemistada. 

Las elecciones presidenciales están convocadas para el 22 de octubre, con una cita previa en las primarias obligatorias del 13 de agosto. En la misma tarde en que resultó condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz a un empresario con el que los Kirchner tenían un vínculo comercial, la vicepresidenta anunció que no participaría en la competición electoral por ningún puesto. La inhabilitación dispuesta por el tribunal se encuentra en suspenso hasta que la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia ratifiquen la sentencia, lo que podría tardar dos años.

Argentina es el país del mundo que en los últimos 40 años mejor y más ha luchado en favor de los derechos humanos. Y habéis sido vosotros y Cristina

José Luis Rodríguez Zapatero

Cristina Fernández y La Cámpora, la agrupación que comanda el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, sostienen que las instancias de apelación podrían acelerar el proceso si ella decidiera ser candidata. La hipótesis se basa en vinculaciones de jueces y fiscales federales con políticos de la oposición conservadora, los servicios de Inteligencia y empresas como el Grupo Clarín (medios y telecomunicaciones), archienemigo de los Kirchner.

Esos nexos salieron a la luz en registros oficiales de visitas, chats telefónicos, testimonios, filtraciones de redes sociales y pruebas surgidas en diversas causas judiciales. Por ejemplo, en el expediente Vialidad, que acabó con la primera condena contra Cristina en diciembre pasado, se conoció que uno de los jueces del tribunal, el principal fiscal de la acusación y otro juez de una Cámara de Apelación habían participado en un torneo del fútbol en la casa de fin de semana del expresidente y jefe opositor Mauricio Macri. Para la alianza conservadora Juntos por el Cambio y los jueces y fiscales involucrados, esas relaciones no son más que eventuales conexiones sociales, sin incidencia en los procesos.

Con mensajes en el mismo sentido que Zapatero, hablaron el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), el ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), el colombiano Ernesto Samper (1994-1994) y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, entre otros. También estaban presentes entre el público el uruguayo José Mujica (2010-2015) y su esposa y exsenadora, Lucía Topolansky.

La mesa del Grupo de Puebla se tituló “Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. Las nuevas amenazas”, y fue una de las actividades del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrolla en diferentes sedes en la capital argentina hasta este miércoles, con la asistencia de cientos de luchadores, políticos y académicos.

La exfiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado, el académico Juan Carlos Monedero (Podemos), Lilith Verstrynge (Podemos), Hana Jalloul (PSOE), Gerardo Pisarello (Barcelona en Comú) y Enrique Santiago (PCE) son otros de los españoles participantes en el foro.

Las jornadas fueron abiertas el lunes por la noche por el presidente Alberto Fernández. Tanto su presentación como la mesa de Cristina Fernández fueron ocasiones para comprobar la frialdad que genera el presidente argentino en el núcleo cristinista: Máximo Kirchner y su entorno acusan a Alberto Fernández de haber traicionado a la vicepresidenta, pese a que La Cámpora sigue manteniendo importantes asientos en el Gobierno.

Algunos ponentes internacionales, como Garzón y Rafael Correa, mencionaron a Alberto Fernández, ante la indiferencia colectiva, que contrastó con las ovaciones cuando aparecieron otros nombres, en especial, el de Cristina Fernández. Su sumó la paradoja de que el presidente argentino es uno de los principales gestores del Grupo de Puebla y tiene fluidos vínculos con políticos latinoamericanos. Pero, el martes a la noche, se ausentó de la mesa. El presidente argentino estaba a la misma hora inaugurando obras en la provincia de Chaco, 935 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Por la mañana, Alberto Fernández había participado de una reunión del Grupo de Puebla en Casa Rosada casi con los mismos integrantes de la conferencia nocturna en el Centro Cultural Kirchner. En ese caso, la ausente fue Cristina.

Muchos referentes internacionales de izquierda y centroizquierda, como Luiz Inácio Lula da Silva, y líderes de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, suelen valorar a Alberto Fernández y lo aceptan como interlocutor, lo cual da lugar a situaciones complejas en el juego interno del peronismo.

Lula, quien es referenciado por los cristinistas como un caso análogo al de su jefa política por haber sufrido, a su entender, un proceso similar de lawfare, visitó Buenos Aires en enero, en su primer traslado internacional del nuevo mandato. En esa oportunidad, Lula se reunió con el presidente argentino, pero no con la vicepresidenta, lo que se interpretó como un síntoma de que la relación se ha enfriado.

Zapatero, no obstante, citó la reivindicación política y judicial de Lula como un precedente de lo que ocurrirá con Cristina Fernández.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de la oposición al gobierno de Luis Arce, permanece detenido este miércoles en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz. La Fiscalía de Bolivia confirmó que el arresto del gobernador responde al caso “golpe de Estado I”, un proceso judicial que investiga la responsabilidad de los dirigentes políticos y sociales bolivianos en las masacres de 2019, que tuvieron lugar después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia forzado por presiones de militares y policías.

“Informamos al pueblo boliviano que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Camacho enfrenta además de esta causa numerosas denuncias hechas por el Gobierno en su contra. En principio, por liderar las huelga de 36 días en Santa Cruz en octubre pasado, para exigirle al Gobierno que concrete el censo de población para 2024.

La gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde denunció que Camacho “ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular”. “El operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles aledañas a su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión”, dice la nota. Por su parte, la Fiscalía explicó que la detención de Camacho “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz.

“La Policía detuvo a Camacho sin leerle sus derechos, no se identificaron porque iban de civil, no le comunicaron la causa judicial pero sí la orden en virtud de la cual lo estaban deteniendo y lo llevaron en helicóptero hasta La Paz, sin pasar antes, como debían, por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, dice a este medio el periodista argentino de elDiarioAR, Alfredo Grieco y Bavio, editor en 2012 en el periódico boliviano La Razón.

Hasta la noche del miércoles, el presidente no había hecho declaraciones sobre el tema, pero sí lo hizo Evo Morales. “Finalmente después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, dijo el expresidente en sus redes.

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho lleva marcada en la piel su aversión por Evo Morales. El año previo a la llegada a la gobernación de Santa Cruz, el “macho Camacho” decidió tatuarse en su brazo derecho una cruz con la carta de renuncia que le escribió a Evo Morales en 2019 y la fecha de renuncia del exmandatario. “Decidí tatuarme, si bien no tenía tatuajes, la cruz con la carta dice ya somos libres y la fecha de renuncia de Evo Morales, quería que de alguna manera que me acompañe”, dijo en 2020 el empresario en una entrevista con No Mentiras.

Camacho, un empresario del oriente boliviano, acérrimo rival del expresidente Evo Morales, ganó visibilidad en 2019, año en que lideró las protestas por las denuncias del supuesto fraude electoral desde la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En ese momento, la tensión social escaló tan rápido que Evo, cercado por la oposición, acorralado por la resolución de la OEA, las Fuerzas Armadas y sectores de la Policía, renunció a su cargo y dejó Bolivia para parar a vivir en Argentina. “Luis Fernando Camacho es uno de los máximos responsables de la ruptura del orden constitucional en 2019”, escribió en sus redes sociales el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano Evo Morales.

Camacho quedó detenido por haberse negado a prestar testimonio en dos oportunidades en la causa que investiga su responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. Mismo proceso por el cual sigue arrestada la presidenta interina Jeanine Áñez. Además de ese proceso, también al gobernador le pesan numerosas denuncias del oficialismo por la huelga de 36 días cumplida en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de este año, para exigir la pronta realización del censo de población.

“Acaban de resucitar a un muerto, porque era uno de los peores gobernadores de Bolivia. Si cae en un juzgado al que no convenzan ni los objetivos y mucho menos las formas, lo va a soltar. Con más ferocidad y felicidad, si la línea política personal del magistrado es evitista, para perjudicar al Arce”, dice Grieco y Bavio.

Hace menos de dos años, Camacho ganó la gobernación de Santa Cruz con más del 55% de los votos. Si bien su popularidad cayó en estos años, sigue siendo un actor de peso en la política regional del oriente del país. Rómulo Calvo, líder político cruceño aliado al gobernador, anunció en la noche del miércoles que responderán con una lucha “pacífica” por la liberación del gobernador. En declaraciones a los medios, Calvo le exigió a Luis Arce “la inmediata liberación” de Camacho, para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.

Toma de aeropuertos e incendios

Los seguidores del gobernador, incluidos varios congresistas, tomaron los dos aeropuertos del departamento. El objetivo era evitar el traslado del líder opositor a La Paz. Las personas llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz e ingresaron hasta la pista para evitar el despegue de aviones. Las personas movilizadas se subieron a los aviones para verificar que Camacho no estuviera en ningún vuelo, incluso obligaron a bajar a los pasajeros, asegurando que no permitirán el despegue de ningún vuelo desde esa terminal, según EFE.

Los vuelos en Viru Viru quedaron suspendidos temporalmente. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció la interrupción de sus vuelos. “Debido al cierre del aeropuerto de Viru Viru por el ingreso irregular de personas ajenas a la operación, nuestras operaciones aéreas hacia y desde este aeropuerto han sido suspendidas temporalmente de acuerdo a NOTAM (restricción aeroportuaria); a fin de resguardar la seguridad de nuestros usuarios”, informó BoA.

Lo mismo ocurrió en el aeropuerto El Trompillo. La televisión local mostró cómo los manifestantes ingresaron con violencia hasta la pista y obligaron a desalojar a los militares que se encontraban en esa terminal aérea, que actualmente se emplea para operaciones militares, de instrucción y privadas. En ese mismo momento, grupos radicalizados se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En la puerta del edificio se dieron retrasos y quemaron parte de las oficinas. “El escenario ideal para Camacho es que las movilizaciones crezcan, así apelar a un discurso regional”, dice Bejarano.

“Es importante para la democracia boliviana que no se tolere la impunidad contra quienes promueven el fascismo, golpes de Estado y violación de los derechos humanos”, escribió este miércoles en sus redes sociales el presidente de Senado, Andrónico Rodriguez, del ala del Movimiento al Socialismo (MAS) más cercana al expresiones Evo Morales.

Camacho en la pelea de Evo con Arce

El arresto del principal líder opositor deja en evidencia las internas en el Gobierno. “Es una apuesta grande la que hace Luis Arce. Si le sale bien, podrá convertirse en el líder más importante del país”, dice a elDiario.es la periodista boliviana Susana Bejarano. “Por un lado, Arce podría descabezar a la oposición de la élite cruceña. Por el otro, dentro de la interna del MAS, todos aquellos discursos críticos a Arce, que pierden toda potencia con la aprehensión de Camacho. Todo esto, solo si le sale bien las cosas”.

Si las críticas del expresidente Morales apuntan a Arce, porque supuestamente el actual presidente “no ha actuado con suficiente dureza” para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, la detención del gobernador de Santa Cruz llegaría para cerrar la distancia. La detención de Camacho se suma a la del expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, aliado político del gobernador de Santa Cruz, y a la de la expresidenta interina, Jeanine Añez. Esto podría ser leído por las filas de su propio espacio político como una manera de cerrar una deuda abierta hace tres años atrás. “Eso dejaría muy fortalecido a Arce dentro del MAS”, analiza Bejarano. 

Jeanine Áñez comparó este miércoles la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, con su aprehensión y dijo que el operativo policial fue un “secuestro”. Áñez responsabilizó al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales de preparar “un megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho”.

“Por primera vez en la historia del MAS, una división interna ha enfrentado a una parte del movimiento, cuya cabeza es la más alta del gobierno, el exministro de Economía y actual presidente Luis Arce contra un MAS cismático, escindido tras acusar de traición al oficialismo gobernante por fuera de la administración del actual gobierno, porque su cabeza es el ex presidente Evo Morales”, dice Grieco y Bavio. “Para el MAS ahora opositor, el MAS gobernante resultó ser un traidor”.

La “traición” responde a un supuesto “pacto” entre el Gobierno y Santa Cruz para que el Comité Cívico local levante el paro y llegue a un entendimiento sobre la fecha de celebración del Censo nacional, postergada por la pandemia.

“Cuán convincente le resulte al electorado boliviano, hasta dónde llegará la resistencia que opondrá la Media Luna oriental ante una decisión que encuentra arbitraria, excesiva, inoportuna, en contra de un líder que sin embargo había dejado de encender entusiasmo, resulta difícil decirlo”, dice el periodista argentino.

Con información de EFE

Run Run se fue pa’l Norte,

No sé cuándo vendrá.

Vendrá para el cumpleaños

De nuestra soledad.

Violeta Parra

Entré atraída por el cartel de 'Hablamos español'. Después de dos semanas comunicándome en broken english y en un sueco rudimentario, me dije al verlo: 'Speak your mind!'

En el escaparate, libros con las portadas quemadas, pulseras de jaspe y bandejas con minerales y piedras de colores brillantes. Dentro huele a palosanto quemado.

-Hej heh! -me saluda un señor con el pelo lacio y canoso, de aspecto andino. Lleva una camiseta algo raída que dice: '¡Hasta la victoria, siempre!'

-Hej hej, talar du spanska?

-Sí -responde con otra voz, más profunda, mientras se apoya en el mostrador-. ¿De dónde eres?

-De España… Estaba buscando algo para el dolor.

- ¿Qué tipo de dolor? -pregunta ajustándose las gafas.

-Difuso. Es una especie de vahído que me tiene la cabeza en el aire, como si estuviese un poco achispada… Aparte de malestar existencial, me siento flotante.

El otro asiente, frotándose la barbilla imberbe.

- ¿Hace mucho que lo sufres?

-Desde que vine aquí por primera vez, en navidad.

-Curioso… -dice rodeando el mostrador y situándose a mi lado-. Déjame comprobar cómo tienes la espalda -me dice girándome.

Empieza a presionarme los trapecios y la nuca con la punta de los dedos. Al poco, lanza un suspiro.

-Tienes las cervicales duras como pedernal -dice sin dejar de manipularlas-. ¿Eres nerviosa?

-Mucho. Ahora, además, tengo miedo de que me atropelle un tranvía o una bicicleta.

-Ya puestos mejor, una bicicleta, ¿no? -bromea él-. ¿Cómo te llamas?

-Lola… Me vacunaron con el nombre... ¿Y tú?

-Waldo.

- ¿De dónde eres?

-Del Estado plurinacional de Bolivia -declara orgulloso-, ya no somos una república trucha y manipulable, sino una unión de nacionalidades, un pueblo soberano.

-Ajá, no sabía de ese cambio de denominación.

-El Estado plurinacional fue establecido por la Constitución de 2009 y desde entonces se celebra cada 22 de enero. Con esta festividad queremos reconocer la diversidad cultural y la importancia de las autonomías indígenas y campesinas. Esta celebración también coincide con el aniversario de la presidencia de Evo Morales, quien tomó el poder un 22 de enero de 2006. Evo es el primer indígena que llega a la presidencia desde 1825.

Waldo se expresa igual que la Wikipedia: como buen hispanoamericano, es preciso y articulado. A continuación, me explica que lleva veinte años en Gotemburgo, tiene mujer sueca y tres hijos.

-Tienes que aprender a respirar con la zona abdominal para evitar sobrecargas en la zona del cuello.

-¡Aprender a respirar!

-Tengo además unos minerales que te pueden ayudar.

Se dirige a las estanterías y regresa con dos piedras verdes, pulidas, una redonda, del tamaño de una pelota de ping-pong; la otra más pequeña y rectangular.

-Aquí tienes un ágata y una malaquita: sirven para aliviar dolores y tensiones musculares.

- ¿Y éstas? -le digo señalando una bandeja de piedras azul cobalto.

-Pues depende. Acá tienes topacios y éstas son amatistas, que favorecen la inteligencia y la concentración.

-Me voy a llevar éstas -le digo escogiendo dos con forma de botón.

-La calcedonia -dice tendiéndome una piedra gris veteada de negro- mejora el malestar relacionado con los cambios de estado de ánimo.

-¡Me interesa!

-Éstas son una rodocrosita y una turmalina, que relajan el sistema nervioso y favorecen el equilibrio emocional.

La primera es de un rosa alegre y pacífico; la otra, medio traslúcida, brilla con un verdor casi hipnótico.

- ¡Qué pasada! -respondo fascinada.

-Y yo te voy a regalar una piedra de cuarzo -dice Waldo levantando una canica grande-, con alto poder energético.

- Muchas gracias -le digo juntándolas todas encima del mostrador para pagarle-. ¿Y cómo se usan?

-Ah, de muchas formas. Las presionas en la mano, o te las colocas en la zona de los chacras, cuando estés tumbada. Puedes llevarlas en los bolsillos y mantenerlas en contacto directo con el cuerpo.

Acabamos en el Haga, el barrio cosy de Gotemburgo, sentados en la terraza del café Husaren, mientras comentamos la ola de calor y los incendios que arrasan parte de Portugal, España y Francia.

- ¿Qué pasó con Jeanine Áñez y Evo Morales? -le pregunto.

-Pues, tras el golpe de estado organizado por los EEUU y auspiciado por España y Europa, Jeanine Áñez, con sus ministros y militares, perdieron las elecciones. El pueblo volvió a elegir el partido de Evo Morales, con un 55% de los votos, en octubre de 2020. Ahora está al frente Luis Arce, el antiguo ministro de economía.

-Con todo, he escuchado algunas voces críticas con su gestión política, y en su momento también la de José Mujica, expresidente de Uruguay.

-Sí, la burguesía y los oligarcas, la clase pudiente no los quiere porque no son de los suyos. Morales y Arce además ni siquiera son blancos de clase alta, como suele suceder…

-No, no -protesto-, hablo de jóvenes de clase trabajadora y con estudios. Critican por ejemplo la entrada de proyectos de megaminería en Bolivia.

Estamos tomando un capuchino, que nos han servido tibio, junto con un wienerbröd de masa apelmazada, con la fresita y el arándano revenidos.

-Es un asunto complejo -reconoce Waldo-. En Bolivia hay mucho litio. El gobierno de Evo ya convino con la compañía alemana encargada de extraerlo que el 51% de los beneficios debían quedarse en Bolivia. Ellos ponen la fábrica y los recursos para explotar, pero no vamos a consentir ningún espolio…

-El litio es un recurso muy demandado…

-La esperanza está en América y en África -dice posando el café con cara de disgusto-. Ya vas a ver. Lula da Silva será el próximo presidente elegido en los comicios de octubre… Eso si no lo matan antes. Le hicieron lo mismo que a Evo Morales. Pero regresará también y gobernará el Brasil.

Un basset houd blanco con machas marrones se deja acariciar por su dueña, sentada del otro lado de esta calle peatonal. Es una turista rubia y rolliza, muy bronceada. Su compañero se pasa el rato hablando por teléfono, primero en italiano y luego en sueco. Ella mira la calle, ausente, mientras le hace fiestas a su perro paticorto, de orejas largas, que casi arrastra.

-Aquí estamos, haciendo de figurantes en este barrio gentrificado -comenta Waldo con resignación.

De vez en cuando pasan grupos de turistas que miran con arrobo para el interior de nuestro café, atraídos por la repostería que se exhibe en el escaparate, unos bollos apetitosos que en realidad son contrahechos, de cartón piedra: apilados como sacos de tierra, servirían para levantar una barricada.

En Bolivia, a pesar de que la gran mayoría del país tiene rasgos indígenas, hasta hace poco era impensable ver a una persona no blanca en el cine o la televisión. Poco a poco, gracias al trabajo de las comunidades esa realidad ha ido cambiando. Iván Sanjinés dirige desde 1989 el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) de Bolivia, una asociación dedicada a promover cine y medios de comunicación formados por y para comunidades indígenas. Trabajan con distintas organizaciones indígenas y se trata de la única alianza en América Latina en el ámbito de la comunicación. En los últimos 25 años han apoyado la realización de más de 400 producciones como largometrajes, documentales o vídeos educativos, además de 600 programas de televisión en los que los participantes han sido personas de pueblos indígenas. Su objetivo, abordar a través de distintos espacios de la comunicación temáticas relacionadas con las tradiciones, aspectos políticos, históricos y de la vida cotidiana de estas comunidades.

“Hemos acompañado el proceso político de Bolivia, el crecimiento del movimiento indígena, la llegada al poder de Evo Morales y durante el golpe de Estado de 2019, hemos sido el único espacio alternativo que quedó en Bolivia, porque todo quedó interrumpido”, señala Sanjinés, a este periódico durante su visita a Euskadi como protagonista de una serie de conferencias sobre medios de comunicación alternativos que han tenido lugar en la Universidad de Mondragón, en Bilbao.

¿Qué tipo de dificultades conlleva el hecho de informar de una forma independiente sobre este tipo de temáticas?

Hemos tenido problemas desde un principio. Comenzamos realizando una labor interna de preparación y formación y a partir del 2006 cuando hubo la Asamblea Constituyente donde el papel de la comunicación indígena fue fundamental para el empoderamiento de la propuesta indígena de Constitución, que es la base de la nueva Constitución política, fuimos expandiendo nuestras producciones. No ha sido fácil, sobre todo en la época anterior a Evo Morales hubo muchas dificultades. Trabajar en la comunicación es un hecho político. Más allá del contenido, el solo hecho de que los pueblos indígenas estén haciendo comunicación o estén presentes en los medios o estén incluso en la televisión, ya es política. Desde 2001 empezamos con programas indígenas en la televisión nacional. No había imágenes de indígenas en la televisión y eso que en Bolivia la mayor parte de la población es indígena. Ha habido muchos problemas y presiones para que eso no continúe y fracasemos. Los pueblos indígenas han sufrido masacres y muchas faltas de respeto a su comunidad y a su bandera.

Más allá del contenido, el solo hecho de que los pueblos indígenas estén haciendo comunicación o estén presentes en los medios o estén incluso en la televisión, ya es política

¿Cómo logran financiar sus proyectos?

Gracias en parte a las alianzas estratégicas que se han conseguido desarrollar. En el País Vasco la alianza con la ONG Mugarik Gabe ha sido fundamental en todos estos años. Llevamos mucho tiempo en esa alianza que no es solo financiera. La comunicación te oprime o te libera y avanzamos en eso desde distintas posibilidades y con creatividad. Hay parte de la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones que no han sido formadas desde la visión de la integración de distintas culturas y su respeto. Por eso hacemos este trabajo de insistir en las visiones que existen y que todas son válidas. Ninguna está o debe estar encima de otra, pero hay mucha gente a la que no le interesa y quieren continuar que Bolivia es un feudo que ellos hacen y deshacen.

En la parte financiera está Mugarik Gabe, están las alianzas, pero también está la decisión interna de organizaciones, de apostar por aquello, de poner de su parte, de realizar coproducciones solidarias. A la hora de hacer una película, sería imposible pensar en hacerla como los cineastas. En Bolivia no hay directores, se trabaja parecido en cuanto a la técnica, pero son guiones colectivos, son películas que representan el pensamiento y la voz de comunidades y de culturas. Tú no puedes creer que es tu película, es de la comunidad. No hay directores, hay equipos responsables. Se ganan festivales, pero no es nuestra finalidad. Nuestro objetivo es servir para que esa historia que fue negada y perseguida sea contada.

Han logrado que comunidades indígenas participen en medios de comunicación y en el cine, pero a la vez comenta que las nuevas generaciones no entienden bien el respeto hacia estas comunidades. ¿Cómo es posible?

Son siglos de una visión, de una forma de pensamiento que está también en las instituciones. Hay una estructura colonial que se mantiene. El Estado se llama estado plurinacional, pero esa transformación es muy difícil porque son siglos en los cuales se ha perpetuado una sola manera de hacer en la que lo que vale es la cultura occidental y europea. Entonces, no se admiten ni se respetan otras culturas aunque pertenezca a ellas la mayoría de la población. Es un contrasentido porque son culturas que han sido amenazadas, exterminadas, perseguidas y en algunos casos incluso no existen ya porque han sufrido genocidios, pero que han aportado a la humanidad principios fundamentales que la mayoría del resto de la sociedad desconoce.

Nuestro objetivo es servir para que esa historia que fue negada y perseguida sea contada

¿Cómo se pueden trasladar esas ideas desde los medios de comunicación y el cine?

De muchas formas. Hemos trabajado con películas, largometrajes, series de televisión, que por ejemplo hablan sobre el derecho al agua, a la naturaleza, la madre tierra y lo contamos a través de historias. No tiene por qué ser algo aburrido, a veces se confunde y se piensa que la comunicación popular es algo pesado y no. Puede ser creativo, pueden contarse historias a través de distintos medios. También hay medios informativos, portales que incluyen visiones distintas porque hay comunidades muy diferentes como son los pueblos indígenas de la Amazonía, las comunidades campesinas interculturales, las afrobolivianas, las tradicionales de las zonas altas, etc. Es un país muy variado y a través de la comunicación se puede llegar a crear un diálogo interno y proyectarlo hacia la sociedad. Los indígenas también tenemos derecho a estar en todas partes. Tenemos programas de televisión que siguen en vivo desde distintos puntos del país la agenda indígena, también ofrecemos información cultural y eso no había antes. No había presencia de este tipo de información en los medios y es un empoderamiento muy fuerte que ha ido creciendo.

¿Se están dando muchos pasos hacia adelante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una inclusión total de los pueblos indígenas?

Claro. Llevamos más de 25 años, pero en Bolivia el contexto de los medios de comunicación es muy difícil. Hubo muchas transformaciones y ha habido muchos logros en varios campos, pero es muy difícil descolonizar, cambiar esa estructura que viene desde la creación de la República que ya viene con el cambio de la Constitución, pero que es muy compleja. La institucionalidad es muy difícil de cambiar, la sociedad también tiene un comportamiento demasiado impermeado por los medios. Tenemos una sociedad llena de medios que fomentan el machismo, la discriminación, el patriarcado, el individualismo, el consumismo, la violencia. Es mucho lo que hay que hacer y no ha habido un apoyo estatal por lo que ha costado mucho a los pueblos indígenas desarrollar eso.

Tenemos una sociedad llena de medios que fomentan el machismo, la discriminación, el patriarcado, el individualismo, el consumismo, la violencia

¿Cómo acepta el resto de la sociedad el empoderamiento de las comunidades indígenas?

Hay un conflicto que se ha dado con el golpe de Estado. Su origen tiene que ver con las castas de poder, que es un tema económico y de clase, pero también es un tema histórico de discriminación y racismo. El hecho de que Evo Morales llegue al poder, que la economía boliviana sea un ejemplo de avance para todo el continente e incluso en el plano internacional mucho más que países como Argentina, que son mayoritariamente blancos, no importa. Bolivia teniendo un Gobierno indígena creció de una manera importante en el ámbito económico y con una mejora social general, pero la discriminación es tan fuerte que no importa que avance el país, lo que importa es que es un indio, un indígena el que está al mando y eso no lo pueden soportar. Eso lleva a una confrontación entre lo urbano y lo rural y eso crea un revanchismo y un odio racial. Es un tema pendiente porque hay sectores que quieren mantener sus privilegios y no quieren cambios y arrastran a sectores de clase media hacia su racismo.

Bolivia vivió desde noviembre de 2019 una verdadera montaña rusa política. Los que estaban arriba pasaron a estar abajo y, más tarde arriba de nuevo, casi sin transición. 

La última imagen de esta saga es la de la expresidenta interina Jeanine Áñez aprehendida en su residencia en Beni, en el oriente del país, y trasladada a La Paz, donde quedó detenida de forma preventiva. Una foto publicada en la prensa la muestra detrás de unas rejas hablando presumiblemente con sus abogados.

Sin duda, hay muchos delitos que podrían ser imputados a la exsenadora, que saltó de manera sorpresiva a la presidencia del Estado después del derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de los presidentes de ambas cámaras en medio de un clima social extremadamente violento hacia los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La asunción de Áñez no se ajustaba a la letra de la Constitución y fue justificada, entonces, con una jurisprudencia derivada de una Carta Magna anterior, con el argumento de que el centro del poder no podía quedar vacío.

La expresidenta fue detenida tras una denuncia de la diputada del MAS Lidia Patty, que involucra a varios exfuncionarios y otras figuras políticas en la megacausa llamada “golpe de Estado”. También fueron detenidos algunos de sus exministros, mientras que otros de sus colaboradores, como el otrora símbolo del ala dura de su gobierno, Arturo Murillo, se encontraban ya fuera de Bolivia. Para unos “finalmente se va a hacer justicia”. Para otros, incluida la propia Áñez, se trata solo de una venganza política.

Más allá del análisis fino de los juristas, es posible enmarcar la causa en un contexto más amplio: la falta de independencia del poder judicial boliviano, que no disimula su seguidismo al poder político de turno, lo que, sumado a la corrupción, lo ubica como el poder del Estado con menos prestigio en el país. En este marco, estas “megacausas atrapatodo”, con imputaciones sobre “sedición”, “terrorismo” y “conspiración”, son particularmente funcionales, ya que se arma un cúmulo de acusaciones, siempre imprecisas, de delitos ya de por sí problemáticos. Por eso no fue casual que cuando cayó Evo Morales lo llenaran también de este tipo de procesos. Y fue menos casual aún que cuando el MAS retornó al poder, estos se esfumaran como por arte de magia. Los “antecedentes” escritos en la orden de aprehensión contra Áñez son una lectura política de los eventos de noviembre de 2019, no el fundamento de un arresto.

Por otro lado, la causa “golpe de estado” corre el riesgo de mezclar la incitación al golpe (si es que eso puede probarse de ese modo) con el gobierno que lo sucedió. En lo primero, Áñez y varios de sus ministros no tuvieron ningún papel. Y en lo segundo no lo tuvo el cruceño Luis Fernando Camacho, que sí fue una figura clave de los acontecimientos de noviembre. 

Sin duda, hay razones para juzgar a Áñez y otros miembros de su gobierno, pero mejor sería especificar delitos concretos –por ejemplo respecto de las represiones en Senkata y Sacaba– y no mezclar todo, lo que, al margen de los problemas propiamente judiciales que ello implica, tiene consecuencias políticas: mostrar a un gobierno revanchista, después de haber recuperado el poder de manera incuestionable por la vía electoral.

Como señaló el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “En el gobierno de Áñez hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres. Deben ser investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso. La orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres sino que la acusa de ‘terrorismo’ sin aportar pruebas”.

En segundo lugar: ¿se va a detener a Luis Fernando Camacho –acusado también en el caso– y que acaba de ganar la gobernación de Santa Cruz con más del 50% de los votos? ¿Y a Iván Arias, ministro de Áñez, que ganó las elecciones para la Alcaldía de La Paz el 7 de marzo? ¿O solo a Áñez, que sacó 15% en Beni y selló su fin político, y a exministros sin peso político?

El argumento para la detención, en un país que hace uso y abuso de las detenciones preventivas, es el riesgo de fuga. En efecto, al no haber certezas de juicios justos, en Bolivia el riesgo de fuga es una constante. El costo de escaparse al exterior es siempre menor al de enfrentar procesos donde la defensa jurídica tiene un papel secundario. Eso es así más allá de quien gobierne, especialmente en el clima polarizado de las ultimas dos décadas. Por eso, Evo hizo bien en exiliarse.

No obstante, bajo el gobierno del MAS se violentó el derecho al refugio en varias ocasiones: dos de ellas fueron con personajes de signo opuesto. Uno fue el senador Roger Pinto, refugiado en la embajada de Brasil durante más de un año, al que nunca se le permitió salir y finalmente fue sacado ilegalmente del país con escándalo incluido en la Cancillería brasileña. Otro es el del exguerrillero italiano Cesare Battisti, entregado en unas pocas horas en medio de una oscura operación entre la policía boliviana y las de Brasil e Italia, seguida de cerca por Jair Bolsonaro y el entonces hombre fuerte italiano Matteo Salvini. Los derechos humanos, lamentablemente, no forman parte del discurso del MAS, aunque durante su gobierno se avanzó mucho en saldar viejas deudas en términos de igualdad. Estos se siguen viendo con sospecha, como si los hubiera inventado la CIA.

El gobierno de Áñez fue revanchista en toda la línea y un gran retroceso para el país. El ministro de Gobierno Arturo Murillo no disimuló su control de la Policía y de la Fiscalía para llenar de procesos al expresidente y perseguir personalmente y con un estilo de matón a cualquier persona vinculada al gobierno anterior. El ministro de Defensa Luis Fernando López hacía gala de un violento discurso anticomunista propio de los años 60 y 70. Y grupos de extrema derecha civiles amenazaban incluso a embajadas. Sin olvidar a columnistas de diarios y analistas que hacían de comparsa y convencían a todos de que “el MAS tenía un rechazo del 70%”. En ese marco, las masacres de Sacaba y Senkata son delitos mucho más concretos ante los cuales las antiguas autoridades deberían responder ante la justicia. Pero precisamente porque la izquierda denuncia lawfare por todos lados, debería ser cuidadosa con eso cuando está en el poder. 

La crisis boliviana de 2019 tuvo muchas dimensiones: el no reconocimiento de un referéndum en 2016, movilizaciones callejeras masivas, respuestas oficiales confusas frente a denuncias de “fraude” sobreactuadas, amotinamiento policial (la policía se suele sumar cada vez que hay conflicto), conspiraciones políticas varias y crisis interna del bloque de poder articulado por el MAS (por eso no hubo movilizaciones en su apoyo).

Todo eso derivó en lo que con Fernando Molina llamamos una “contrarrevolución” (con unos militares que al “sugerir” la renuncia del presidente transformaban todo ese paquete en “golpe”). Por diversas razones –torpezas propias, divisiones en el bloque anti-MAS, COVID-19– ese proceso no pudo consolidarse. Y la dinámica posterior mostró que estaba lejos de constituir un régimen pinochetista, como algunos creían en el exterior. Muchos de ellos me apostaron que Áñez y su gente nunca jamás dejarían que el MAS volviera al poder, incluso ganando. Era obvio que no podrían impedirlo si el MAS ganaba. Lo cierto es que las elites tradicionales del occidente boliviano están debilitadas sin retorno y las de oriente (Santa Cruz) carecen de vocación y prestigio nacional. Por eso el bloque indígena-plebeyo-popular del MAS pudo volver a ganar las elecciones, por paliza, un año después. Y por eso el Congreso no fue disuelto tras la caída de Evo.

El propio papel de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, es interesante de destacar y muestra que la lectura de lo ocurrido en 2019/2020 es resistente a las simplificaciones excesivas: como otros diputados, fue más pragmática que Evo y los exiliados frente al nuevo gobierno, al que reconoció. Hubo en ello una mezcla de realismo político, la voluntad de varios parlamentarios de seguir cobrando sus dietas, y el reconocimiento de que entonces el clima no favorecía una rebelión popular para reponer al MAS en el poder. Considerada “funcional” a Áñez, Copa no fue elegida como candidata a alcaldesa de El Alto. Por eso compitió hace dos semanas por fuera y, en esta ciudad que resistió con fuerza a Áñez, obtuvo más del 65% y 40 puntos de diferencia sobre el candidato del MAS. 

Salvo que el lawfare sea siempre “del otro”, un gobierno con una buena imagen dentro y fuera del país como el de Luis Arce Catacora quizás no gane mucho victimizando a quienes perdieron. Y el país tampoco gane nada repitiendo las peores dinámicas de una justicia que en la imagen popular aparece muy cerca de la extorsión y a años luz de cualquier imagen de la balanza.

Como dijo un analista cercano al oficialismo, con este juicio desprolijo el gobierno responde a una demanda de sectores de base del MAS, que lo acusaban de “blando”, pero le da la espalda a gran parte del electorado, que no quiere más polarización. Sin duda, se podía haberse impulsado un juicio a Añez que fuera más legítimo.

PS

El expresidente Evo Morales ha vuelto este lunes a Bolivia a poco de que se cumpla un año de su exilio del país denunciando que era forzado por un golpe de Estado. Morales ha cruzado desde Argentina la frontera en la localidad boliviana de Villazón, donde le esperaba un multitudinario recibimiento.

El expresidente boliviano fue despedido en un acto masivo en La Quiaca, en el lado de Argentina, país en el que estuvo desde el pasado 12 de diciembre previo paso por México tras dejar un mes antes Bolivia, a donde vuelve un día después de que haya retomado el poder su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Al acto ha asistido el presidente argentino, Alberto Fernández, quien lo despidió antes de cruzar a Bolivia, donde iniciará una caravana hasta llegar el miércoles a Chimoré.

De Chimoré salió el pasado 11 de noviembre de 2019 Evo Morales hacia México, tras anunciar el día antes que renunciaba a la presidencia del país forzado, según explicó, por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras.

La investidura del presidente de Bolivia, Luis Arce, ha supuesto este domingo el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales al poder, después de un año del golpe de Estado y de la investidura de una senadora de la oposición, Jeanine Áñez, como presidenta del país. Arce ha sido investido en una ceremonia en el Palacio Legislativo en La Paz ante líderes como el rey Felipe VI, el vicepresidente Pablo Iglesias y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Iván Duque; y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Arce, quien fue ministro de Economía durante doce de los casi catorce años de Gobierno de Evo Morales, ha jurado el cargo con la mano en el corazón, mientras que su vicepresidente, el aimara David Choquehuanca, lo ha hecho con el puño izquierdo en alto, la señal que identifica al MAS.

Arce fue elegido con el 55,1% de la votación en las elecciones generales del pasado 18 de octubre, que se repitieron un año después de ser anuladas las que habían dado entonces ganador para un cuarto mandato consecutivo a Evo Morales.

Morales ha cruzado este lunes por la mañana la frontera con Bolivia después de casi un año viviendo en Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente argentino Alberto Fernández. “No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo”, ha asegurado Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, en donde cientos de personas celebraron su regreso.

Acusa al anterior Gobierno de sembrar “la muerte”

Luis Arce ha comenzado su intervención ante la Asamblea Legislativa de Bolivia denunciando que hace un año se “escamoteó la voluntad popular” expresada en las urnas. El nuevo presidente ha arremetido en su discurso contra el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, senadora opositora que se autoproclamó presidenta, al que ha tildado de “Gobierno de facto” y ha acusado de pisotear la democracia, sembrar “la muerte, el miedo, la discriminación” y perseguir a políticos y sindicalistas afines al MAS incluso con grupos “paramilitares”.

La entonces senadora opositora Áñez asumió el poder el 12 de noviembre de 2019, después de que Morales anunciara su renuncia forzada por presiones de militares y policías.

Recuperación económica

Arce ha mencionado, entre sus principales retos, la recuperación económica. El presidente ha advertido que el país padece una profunda recesión no solo por la pandemia mundial de la COVID-19, sino por lo que ha considerado una pésima gestión del Gobierno saliente.

Choquehuanca ha sido más conciliador en su discurso, en el que ha abogado por recuperar las raíces culturales, buscar coincidencias con la oposición y por que ya no haya “más abuso de poder”.

Protesta y críticas opositoras

El acto ha estado matizado por la protesta del principal grupo de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente y excandidato Carlos Mesa, en contra de un cambio del reglamento del Legislativo que consideran que favorece al MAS y limita a la oposición.

Los legisladores de CC se han manifestado en plena ceremonia con pancartas que reclamaban “¡No al abuso de poder! Dos tercios es democracia”, para luego retirarse del Parlamento junto a Mesa, en medio de gritos e insultos del oficialismo.

La protesta responde a la actitud “absolutamente prepotente e inaceptable del MAS que, aprovechando el cierre de la anterior legislatura, ha modificado los reglamentos de las dos Cámaras”, ha dicho Mesa.

En las recientes elecciones generales, el MAS logró la mayoría parlamentaria, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos periodos legislativos. Los parlamentarios salientes cambiaron el reglamento para que el Legislativo pueda aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, o la designación de embajadores. El MAS justificó que las modificaciones buscan agilizar la labor legislativa, pero la oposición considera que fue una maniobra para mantener el control en la Asamblea.

Los resultados oficiales de las elecciones en Bolivia han sido contundentes. Luis Arce, del partido de izquierdas Movimiento Al Socialismo (MAS), será el presidente que gobernará los próximos cinco años al superar a su rival Carlos Mesa con un 55% de los votos en el recuento, el margen necesario para evitar una segunda vuelta.

“Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía”, dijo en su primer mensaje en Twitter tras conocer los resultados de los sondeos que le daban como ganador.

De La Paz a Reino Unido

Arce, de 57 años y a quien sus allegados llaman 'Lucho', nació en La Paz en una familia de profesores. Tras estudiar Economía en su país y cursar después un máster en Reino Unido, comenzó su carrera profesional como funcionario público en el Banco Central de Bolivia e impartió cursos como docente en varias universidades.

Fue militante del Partido Socialista-1, cuyo fundador, Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició en 1979 una denuncia para llevar a juicio al dictador Hugo Banzer Suárez (1971-1978) acusándole de graves violaciones a los derechos humanos. Entró a formar parte del MAS en 2005, el año en que Evo Morales ganó sus primeras elecciones, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país.

Arce fue ministro de Economía y Finanzas durante casi todo el gobierno de Morales (2006-2019) y logró blindar la economía boliviana frente a los embates de la crisis internacional. Si bien los altos precios internacionales de las materias primas influyeron en el crecimiento económico del país hasta el 2014 –uno de los mejores de América Latina–, también funcionó el “modelo económico social comunitario productivo” centrado en el Estado, que fue obra de Arce y su equipo.

Este proyecto estatal, que se basó en la nacionalización de los recursos naturales, una elevada inversión pública y una redistribución de los ingresos, permitió a Bolivia aumentar su PIB (hasta un 6,8% en 2013) y los salarios, además de reducir la pobreza de un 60% a un 35%, según datos del Banco Mundial, en uno de los países más empobrecidos de la región. De esta forma, se crearon numerosas empresas estatales en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y telecomunicaciones.

Sin embargo la nación andina se encuentra ahora en una situación totalmente diferente a la de aquellos años de bonanza económica. Bolivia está sumida en una crisis política, económica y social, la más grave del último medio siglo y que está agravada por la pandemia del coronavirus.

Esa crisis multifactorial estalló tras los comicios de octubre de 2019, cuando el Tribunal Supremo electoral dio como ganador en primera vuelta a Evo Morales –que buscaba un controvertido cuarto mandato– entre acusaciones de fraude por parte de la oposición. En medio de unas violentas protestas y tras una cuestionada investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se concluyó que hubo irregularidades en dichas elecciones, Morales se vio obligado a renunciar al cargo tras un golpe de Estado en noviembre y abandonó Bolivia.

Pocos días después de la marcha de Morales, la senadora ultraconservadora Jeanine Áñez se proclamaba presidenta. Su gobierno transitorio, muy criticado por su gestión frente a la pandemia, terminará en enero con el traspaso del mando a Arce.

La gestión económica, baza y desafío para Arce

El MAS nombró candidato a Arce –que también se marchó tras la renuncia de Morales, pero poco tiempo después retornó a Bolivia– el pasado enero, antes de la crisis del coronavirus. Ahora, heredará un país muy distinto.

El Banco Mundial ha advertido de que la recesión económica mundial, agravada por la fuerte caída de los precios del petróleo y las medidas de cierre, podría resultar en una contracción económica y un aumento de la pobreza en el país andino. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional apuntan a una caída del PIB del 7,9% para Bolivia.

Una de sus promesas en campaña electoral ha sido la defensa de los recursos naturales y las empresas estatales. Si bien tiene a su favor sus años como ministro, ahora Arce deberá demostrar que es capaz de mantener esas empresas públicas en medio de esta nueva coyuntura.

El exsenador del MAS y sociólogo Adolfo Mendoza Leigue defiende que el presidente electo está en condiciones de poder lograrlo, porque aunque sea en menor medida, la demanda y la exportación de energía eléctrica y de hidrocarburos “van a continuar”, dice a elDiario.es. “Desde el golpe hasta ahora se ha frenado la inversión estatal en las empresas estratégicas y esto las ha debilitado. Y precisamente se han debilitado pensando en que se iba a incorporar un nuevo modelo basado en la lógica de la privatización. Arce tiene la responsabilidad de recuperar estas empresas estratégicas y de generar la inversión suficiente para que sigan brindando beneficios al país en un momento muy complicado en que se va a reducir sensiblemente la capacidad de inversión estatal”.

En términos económicos Arce también deberá afrontar el desafío de reducir el déficit fiscal, que se sitúa en torno al 7%, y bajar su deuda externa, pues el país cerró 2019 con la más alta de su historia: un 27% del PIB.

Durante su campaña electoral, Arce prometió recuperar la estabilidad económica y social para Bolivia. Pero el liderazgo ante la actual crisis requiere más allá de la experticia económica. “La conflictividad social o la problemática de las autonomías no forman parte del trabajo que hizo Arce y por tanto el equipo que lo acompañe debe ser integral y tendrá suplir las deficiencias que tuvo su propio equipo económico en su momento para vincularse con estos sectores de actividad”, apunta Mendoza Leigue. 

Al ser el heredero de Morales, quien fue muy criticado por su afán de perpetuarse en el poder y por los casos de corrupción que hubo durante su mandato, Arce también tendrá que buscar su propia impronta. El economista es conocido por mantener un perfil bajo y hay analistas que destacan que no es “un tipo de 'hombre fuerte”, sino una persona que viene de la academia, lo que, a juicio de algunos expertos, puede ayudarle a curar las fuertes divisiones en el país.

Tras su elección, en una entrevista con El País, Arce dice que Morales no tendrá “ninguna participación” en su administración más allá de su influencia como líder del partido.

Al ser preguntado si ocupará algún cargo en el nuevo Gobierno, Morales ha recalcado que lo que quiere es ser “agricultor y pequeño productor” en la zona del Trópico de Cochambamba, donde pretenderse asentarse una vez vuelva a Bolivia. El cuándo es una de las actuales incógnitas de ese regreso. “Es cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver”, expresó el exmandatario en Buenos Aires.