Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde a la comprendida entre las 23 horas de la noche del domingo 19 —cuando todavía se estaba disputando el encuentro— y las 7 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario El País.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9% .

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60 %) y el Whastapp (8,75 %).

Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes. Hay que remontarse a 2019 —con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas— para encontrar un dato peor.

Algunos expertos ponen sobre la mesa una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos, que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “dolor y condena” tras el presunto asesinato machista de Alameda de la Sagra (Toledo) y ha vuelto a trasladar un mensaje de “apoyo y cariño” hacia la familia de Rossana Katherine.

Así lo ha trasladado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que este miércoles ha asistido al minuto de silencio convocado en la localidad, donde ha confirmado que la Junta de Comunidades volverá a ejercer la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.

“No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de aislar no solamente a quien maltrata sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos”, ha asegurado.

Simón ha vuelto a apelar a la “unidad” y ha demandado “a todas las fuerzas políticas” combatir “realmente” la violencia machista y “no permitir que partidos que niegan la violencia machista estén en nuestras instituciones tomando decisiones”.

No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza

Sara Simón — Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha

No constan denuncias ni atención en la red de centros de la región

La consejera ha explicado que la mujer presuntamente asesinada no había recibido ningún tipo de atención por violencia de género en la Red de Centros de la Mujer o en otros recursos de Igualdad del Gobierno regional. Tampoco constan denuncias o antecedentes al asesinato, ni se encontraba dentro del sistema Viogen.

“Es importante denunciar, pero quiero recordar que para acceder a los recursos que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no es necesario haber puesto esa denuncia y que allí van a tener atención psicológica y van a recibir asesoramiento jurídico, no solamente las víctimas, sino también a los familiares”, ha señalado la consejera.

En este sentido, Simón ha pedido que “si cualquier persona ve que una amiga, una hermana o una hija puede estar sufriendo violencia de género” acuda a los recursos regionales “para que se les oriente en cómo poder actuar y cómo poder ayudar a esa víctima”.

El asesinato de Alejandra Maryvin elevaría a 63 el número de mujeres víctimas mortales de violencia de género en Castilla-La Mancha desde el año 2003, fecha desde la que hay registros. Además, siete menores han sido también asesinados en crímenes machistas desde el año 2010. Las cifras de la violencia de género en la región arrojan un total de 6.795 denuncias registradas en el año 2025.

En el acto también ha participado la vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry, quien ha trasladado la “más absoluta condena y rechazo” a los sucesos en Alameda de la Sagra en nombre del partido, al tiempo que ha expresado “la solidaridad y el apoyo de toda la formación a la familia y al entorno de la víctima”.

Ha señalado que el Partido Popular “se suma al dolor” que vive todo el municipio y ha destacado que, en estos momentos de enorme dificultad, “la unión de todas las instituciones debe estar al servicio de la familia, de sus hijos, de su madre y de todas las personas que hoy sufren esta irreparable pérdida”.

La dirigente ‘popular’ ha insistido en que este crimen debe reforzar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y ha agradecido el trabajo que realizan los medios de comunicación para visibilizar una realidad que, ha lamentado, “por desgracia sigue cobrándose vidas”.

En este sentido, ha dicho que la violencia machista debe combatirse “desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos destinados tanto a la protección de las víctimas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son quienes, en muchas ocasiones, atienden en primera instancia a las mujeres que sufren esta violencia”.

La violencia machista debe combatirse desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos

Tania Andicoberry — Vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha

Igualmente, Andicoberry ha querido lanzar un mensaje de apoyo y esperanza a todas las mujeres que puedan estar sufriendo violencia por parte de sus parejas o exparejas, animándolas a dar el paso de denunciar. “Ninguna mujer debe sentirse sola. Existen mecanismos de protección y recursos a su disposición. Es fundamental que sepan que denunciar es el primer paso para salir de esa situación y que encontrarán el respaldo de las instituciones”, ha afirmado.

La vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha también ha apelado al conjunto de la sociedad para que actúe ante cualquier indicio de violencia machista. “No podemos mirar hacia otro lado. Es responsabilidad de todos alzar la voz y poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación de violencia de género para poder proteger a las víctimas”.

Julio. 2026. Treinta y una mujeres asesinadas por violencia machista. Treinta y un fracasos de una sociedad que mira hacia otro lado, que expone a las víctimas mientras protege la identidad del asesino.

Él no tenía antecedentes, solo faltaría que los tuviera y siguiera en la calle. Ella no estaba en el sistema VioGén, otras sí estaban, de esas treinta y una… ¡Y para qué!. Y la respuesta de “estamos en ello”, de nuestro presidente, por algo recibió el premio 'Bocazas de oro'. En serio, “en ello”…

¿En investigar el asesino? ¡Ya no es necesario!

¿En proteger a las mujeres? ¡Mentira!

¿En controlar a los agresores? ¡Falso!

La violencia machista. La normalización, el cuestionamiento, vivir con miedo... ¡Es insoportable!

Son sucesos evitables si se pusiera el foco en los verdaderos culpables: los asesinos, los consentidores, la pasividad del entorno, el silencio. ¡Insoportable!

Hay que romper el silencio ante una violencia constante, instaurada en nuestra sociedad, que cercena vidas y destroza familias.

Frente a la normalización del horror, no podemos acostumbrarnos a enterrar a nuestras compañeras, amigas, madres y hermanas. Frente a la barbarie machista, unidad absoluta.

Levantamos la voz con un compromiso inquebrantable de todas y de todos: ¡ni un asesino más, ni una mujer menos!

La Audiencia Provincial de Almería acoge este miércoles, 22 de julio, el juicio con jurado contra José T.V., el hombre acusado de matar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre de 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar.

La Fiscalía tiene previsto solicitar 25 años de prisión para el procesado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, ya que el crimen tuvo lugar en el ámbito de la violencia contra la mujer.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el acusado tenía un “ánimo de posesión y dominación” con respecto a la víctima, sobre la que habría ideado un plan para acabar con su vida mientras ella estaba acostada en la cama de su vivienda y llevaba tapones en los oídos, lo que “disminuía su capacidad de percepción”.

De este modo, el acusado habría empuñado un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros y se habría dirigido a la habitación donde, “con intención además de ocasionarle un sufrimiento innecesario”, la habría apuñalado repetidamente y “de forma sorpresiva”, hasta en 49 ocasiones, de manera que la mujer no pudiera repeler el ataque.

El fiscal sostiene que el acusado aprovechó la situación de “absoluta indefensión” de la víctima, que “no tenía oportunidad eficaz de defensa”, para asegurarse su muerte, de modo que habría prolongado la agresión “más allá de lo necesario” para alcanzar dicho objetivo, por lo que aprecia ensañamiento y alevosía ante un ataque hecho por sorpresa.

Las heridas sufridas por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y el torso, ocasionaron la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico y respiratorio que, según el análisis de los forenses, se habría producido entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 horas del día siguiente. También constan otras heridas de notoria importancia que la condujeron a la muerte.

La víctima quería poner fin al matrimonio

El fiscal apunta que la mujer, de 56 años, había tomado la decisión semanas antes de los hechos de cesar la relación con su marido, con el cual aún compartía domicilio en Roquetas pese a los distintos episodios de maltrato que había padecido, por lo que ambos estaban en proceso de divorcio y ella tenía la intención de salir de la vivienda común “de forma inminente”.

Así, señala que la relación entre ambos se había caracterizado por una “progresiva conflictividad” a lo largo de los años a causa de los “celos” y la “actitud controladora” del acusado, quien durante la convivencia “desarrolló conductas de dominación” sobre la víctima.

De esta manera, se había dedicado a vigilar sus actividades y a recriminarle sus relaciones personales, además de dirigirle expresiones “vejatorias” y “humillantes”. Estos hechos hicieron que la mujer lo denunciara en 2021 y 2023.

En este sentido, el hombre llegó a estar condenado en agosto de 2021 a incomunicarse y alejarse de la víctima durante tres meses, aunque tras el cumplimiento de la medida se reanudó la convivencia.

La mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del acusado y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que “decidió no seguir participando de las medidas” de protección, según trasladaron desde la Junta de Andalucía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita para el acusado diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a su hija durante 30 años, además de una indemnización para ella de 200.000 euros por daños morales. La acusación particular eleva a 29 años la petición de cárcel.

La defensa rechaza que hubiera un plan preconcebido

Por su parte, la defensa, que ejerce el letrado Francisco Ferre, rechaza que el crimen se realizara mediante un plan preconcebido y, aunque reconoce la autoría, apunta que se debió a un estado de “obcecación” del acusado, para el que solicita siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio.

En esta línea, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión de los hechos, así como el abono previo de una buena parte de la indemnización a la hija de la víctima como atenuante de reparación del daño.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

El gobierno ha confirmado como asesinato por violencia de género la muerte a cuchilladas de una mujer de 29 años este lunes en Antequera (Málaga). La víctima tenía un hijo y una hija menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Apenas horas antes, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, había indicado que “todo apunta” a que el asesinato de la mujer, hallada en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca, es una nueva víctima de violencia de género. “Todos los indicios apuntan a que efectivamente en el domicilio que compartían se produce el asesinato de esta mujer mediante arma blanca” y “a partir de ahí, supuestamente, el autor de ese asesinato se suicida”.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha insistido en que “en este momento estamos recabando toda la información, restos de sangre hallados en la ropa del varón para ver si coinciden con lo de la mujer”.

Cuestionado, por otro lado, sobre si ellos pidieron hace unos días salir del sistema Viogen, Fernández ha confirmado que “efectivamente estaban acogidos al sistema Viogen y parece que había habido algunas medidas más recientes”.

El delegado del Gobierno ha confirmado que ambos estaban registrados desde 2023 en el sistema Viogen y que tenían dos hijos menores de edad, que en este momento están siendo custodiados por uno de los familiares. “A partir de ahí, la Junta Andalucía es la que tiene que actuar al tratarse de menores”, ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:00 horas de este pasado lunes. Según informaron desde la Policía Nacional, la mujer, de 30 años, fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca.

Con ella, son nueve las mujeres asesinadas en lo que va de año en Andalucía por su pareja o expareja, y 31 en España, tras este asesinato y el de otra mujer de 45 años en Toledo, ocurrido este martes. Este mismo martes ha sido hallada muerta con signos de violencia otra mujer de 45 años en Benahavís (Málaga) Son 1.372 mujeres asesinadas desde que en 2003 comenzaron a recopilarse estos datos. Además, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 20 en 2026 y a 530 desde 2013.

La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, fue descubierto sobre las 23 horas de este lunes después de recibir aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de ocho asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 61 años cuyo cadaver ha sido encontrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia. Sin embargo, no ha sido confirmada como víctima de violencia de género. Con ello, la provincia malagueña registraría su cuarta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido el pasado viernes 3 en el Rincón de la Victoria.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 28 en 2026 y a 1.369 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del octavo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; y las regiones de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Mijas, ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén. Las dos mujeres, madre e hija, cuyos cadáveres han sido encontrados en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentan heridas por arma blanca.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.

Casos previos

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga) y las octavas y novenas corresponden a este suceso.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El penúltimo ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el último caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer asesinada este miércoles junto a su hija como presunto autor del crimen. Los cuerpos fueron hallados en el interior del inmueble y presentaban ambos heridas de arma blanca, después de que la vivienda fuera incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de la benemérita, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Conmoción

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio. Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca.

El suceso ha causado una enorme conmoción en Mijas. El teniente de alcalde, Juan José Torres Trella, ha afirmado que “estamos muy consternados” y ha explicado que “son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación”.

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento “está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle”.

Los hombres de mi tribu [familia extensa] arrojaron a mi familiar Kawthar Bashar al-Husayjawi, una niña de 15 años, a una fosa y cubrieron su cuerpo con un poco de tierra. Horas antes la habían matado de 10 disparos y le habían destrozado la cabeza con un hacha. Después salieron a la calle para bailar y celebrar su muerte con otra gente.

Kawthar vivía en al-Nahrawan, un distrito al sureste de Bagdad. Sus padres la habían sacado de la escuela y, a los 13 años, la obligaron a casarse con un hombre alcohólico mucho mayor que ella.

Durante un año sufrió violencia y maltrato, y finalmente huyó y regresó con sus padres. Su familia la encerró en casa y la presionó sin descanso para que regresara con su marido y maltratador. Ella amenazó con quitarse la vida y, finalmente, se divorció legalmente en el juzgado a finales de 2025.

Poco después, su primo salió de prisión y pidió la mano de Kawthar a los padres. Ella se negó: todo el mundo sabía que el pretendiente estaba metido en el tráfico de drogas y alcohol. Su familia hizo caso omiso y dio consentimiento al matrimonio porque, según sus costumbres, “la palabra de un hombre no puede ser cuestionada por una mujer”. Ni su madre ni las demás mujeres de la familia pudieron apoyarla en su negativa.

A principios de mayo, a medida que se acercaba el día de la boda y lo que ella creía que sería una nueva etapa de violaciones y violencia, Kawthar huyó. Se le había negado la oportunidad de ir a la escuela o de aprender a ganarse la vida, por lo que se marchó sin nada, salvo su ropa y un velo.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

Un vecino la vio huir y la secuestró durante tres días y, según ella, la sometió a cosas terribles que no reveló. Aunque aseguró a su familia que no se había fugado con él por voluntad propia —e incluso después de que las cámaras de vigilancia parecieran respaldar su versión de que la habían arrastrado a la fuerza—, se negaron a creerla.

El padre, el tío y el prometido de Kawthar la interrogaron sobre lo ocurrido durante aquellos tres días antes de llevarla a una zona despoblada en las afueras de Bagdad. He intentado imaginar qué sentía en aquel coche, rodeada por tres hombres de una familia que debería haber sido su refugio y protección.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

En las redes sociales vi su rostro infantil, la última vez que llevó el uniforme del colegio. Una foto antigua que no muestra enteramente sus hermosos rasgos. Pronto se difundieron vídeos de miembros de la tribu bailando alegremente tras el asesinato. No vi a ningún familiar llorar su muerte. Al contrario, los hombres celebraban.

Me enteré de la noticia una tarde cualquiera. Estaba en casa y mi padre me contó su desaparición y asesinato. Si hubiera oído esta historia de un desconocido, en una publicación de Instagram, probablemente no la habría creído. ¿Cómo puede una persona llevar toda esta maldad en su corazón e infligírsela a su hija? Pero le pasó aquí a una chica que conocía y con la que una vez coincidí.

Intenté mantener la calma y pensé que al menos la policía los castigaría por su acto. En cambio, al parecer, un agente pidió un soborno para declarar que había sido secuestrada y no asesinada. Los hombres trasladaron el cuerpo de Kawthar más de una vez por miedo. Un cuerpo atravesado por diez balas, y sin mortaja ni lavado ritual, pasando de un agujero a otro. Cuando los vivos son despojados de su humanidad, ¿qué santidad queda para los muertos?

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes

Al final, esto es lo que me empujó a hablar. Yo y otras mujeres de la familia (sin coordinarnos, ya que nos sentíamos incapaces de confiar en nadie) empezamos a enviar su nombre y su foto, así como las imágenes de sus asesinos, a páginas y plataformas de los medios de comunicación con la esperanza de que se hiciera justicia con esta niña y se permitiera que al menos la enterrasen con dignidad. Temía que el caso quedara tapado como ha pasado cientos de veces en situaciones en las que mujeres y niñas mueren por únicamente intentar sobrevivir.

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes. Todo el mundo ha encubierto lo que pasó. Al parecer, un abogado se hará cargo del caso, se localizará el cadáver y su hermano se entregará como único autor para que el caso se cierre como un asesinato “por honor”.

Aunque la legislación iraquí no menciona directamente la expresión “asesinato por honor”, existen atenuantes que contemplan el delito de homicidio motivado por el honor. Quien mate a su esposa o a una pariente cercana tras descubrirla en un acto de adulterio será castigado con una pena de prisión de hasta tres años. En muchos casos, el crimen no se considera un asesinato premeditado, sino más bien un incidente familiar que se sale de control.

Las nuevas leyes iraquíes que permiten que niñas de tan solo nueve años contraigan matrimonio me parecen aterradoras, porque una menor apartada de la escuela y empujada a un matrimonio infantil se vuelve más vulnerable y menos capaz de protegerse o de resistir la violencia a la que está expuesta. Kawthar ni siquiera había alcanzado la edad mínima para entender el mundo que la rodeaba, y, sin embargo, todos la trataban como a una mujer que debía ser sometida, vigilada y castigada.

Este artículo se ha elaborado en colaboración con Jummar Media

Traducción de Emma Reverter

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los agentes han recibido el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

La Guardia Civil ha hallado en la noche de este pasado viernes el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Un suceso que, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón de 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, “presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo”, y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

No existía denuncia previa

Posteriormente, los servicios sanitarios han certificado el fallecimiento de la mujer, de 45 años, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, “porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas”.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista ocurrido en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, que, de confirmarse, elevaría a seis las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia de género, a 25 en toda España y a 1.366 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del sexto caso de violencia de género este 2026 en Andalucía y se convertiría en la comunidad con más crímenes machistas este año.

El jurado popular considera culpable de asesinato a J.J.S.A., el hombre que mató a puñaladas en la localidad toledana de Escalona a su expareja, que se encontraba embarazada, en diciembre de 2022.

Ha sido un veredicto unánime al considerar sus culpabilidad por parte de un jurado popular, formado por nueve miembros --dos hombres y siete mujeres-- y que se ha conocido tras el segundo día de juicio. Ayer durante la primera jornada el acusado reconoció los hechos y que le había invadido “la ira”.

También por unanimidad, el jurado ha declinado que se aplique el beneficio de la suspensión de la pena y el indulto, pero ha aceptado que se le apliquen dos atenuantes, una de ellos el de confesión, y dos agravantes, las de parentesco y de género.

Tras el fallo del jurado, el Ministerio Fiscal, tras modificar su escrito de conclusiones, ha reclamado 22 años por el delito de asesinato y seis por el de aborto, teniendo en cuenta la gravedad y la entidad de los hechos.

De igual modo, ha reclamado libertad vigilada, que se determinará una vez haya cumplido la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos y la privación de la patria potestad sobre ellos.

También ha mantenido, en cuanto a la responsabilidad civil, que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores en la cantidad de 120.000 euros, y en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

La representante de la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena, considerando que, ante estos delitos, no está prevista. Mientras, la defensa del acusado ha pedido al juez que aplique el “menor porcentaje de pena posible” en la horquilla de entre 15 y 25 años que recoge el Código Penal, y ha admitido que no procede pedir remisión de condena.

El segundo día dedicado a las pruebas testificales

En el segundo día de este juicio han pasado por la sala varios testigos de lo ocurrido. Los dos médicos forenses que acudieron al lugar de los hechos han declarado que las heridas les dejaron “impresionados” y que su conclusión fue que el agresor atacó a la víctima “por la espalda”. Además, durante su comparecencia en la vista, en calidad de testigos, han confirmado que la causa del fallecimiento de la mujer se produjo fruto de las hemorragias que causaron un “fallo multiorgánico” y finalmente su muerte.

Sobre la muerte del bebé no nato, los médicos han explicado que se produjo debido al deceso de la madre y por la falta de oxígeno. Apuntan también que se trató reanimar al bebé durante casi una hora, tras realizar una cesárea de emergencia, aunque no fue posible salvarle la vida.

Después, y respondiendo a preguntas de la Fiscalía, los forenses han señalado que la víctima “no tuvo oportunidad de defenderse”.

El relato de P.C.C, vecino que auxilió a María Elena tras la agresión, ha comenzado sereno y ha permanecido así en todo momento. Este vecino ha explicado que en el momento de los hechos se encontraba en el porche de su vivienda viendo la televisión, cuando escuchó voces en la calle. “Vi a los hijos que estaban chillando por teléfono, decían no sé qué de mi madre, y me acerqué”, ha puntualizado. P.C.C. llegó hasta la vivienda y se encontró a la mujer tumbada en el suelo del patio: “Estaba viva cuando llegué y pedí un trapo para taponarle la herida [mientras] su hijo estaba llamando al 112”.

El testigo asegura que el acusado se encontraba en ese momento dentro de la vivienda y que luego salió. “Le dije Juan, ¿qué has hecho?, métete para dentro, y volvió a salir y dijo ”la puta esta que va a tener un hijo con otro. También ha declarado que el acusado se dirigió a la víctima a la que espetó: “Te lo tenías merecido”. Este vecino ha comentado que se avisó a la Guardia Civil y que él era consciente de lo ocurrido. “Les estoy esperando, sé muy bien lo que he hecho”.

“No le noté nada ebrio”, ha comentado, sobre si el hombre estaba o no bajo los efectos de alcohol. También ha destacado que en los aproximadamente tres años que el matrimonio vivió en esa urbanización “no se veían discusiones”, pero que “de vez en cuando se les escuchaba gritar”.

Colocó un GPS en el coche de la víctima

En el turno de la Guardia Civil, ha declarado también el jefe de la unidad que acudió al lugar de los hechos, explicando que “el acusado no se encontraba allí, ni tampoco los hijos menores”. Ha comentado que observaron que en la parte exterior del patio había un carrito de bebé con bolsas y prendas de ropa, así como maletas, al igual que en el interior “lo que nos indicaba que la mujer se iba a ir del domicilio antes del suceso”.

Durante la intervención de la Guardia Civil, añadía el testimonio, el acusado “no opuso resistencia” y en varias ocasiones dijo que “ya había conseguido lo que quería”. Lo dijo, según el testigo del instituto armado, “mientras la víctima agonizaba”.

También ha explicado que el acusado “ejercía actos de control sobre la víctima, colocando un sistema de localización GPS en el vehículo que usaba ella. Al día siguiente encontramos ese dispositivo”. Ha relatado además cómo durante las entrevistas que llevaron a cabo, el entorno de la víctima señalaba que había “fuertes discusiones y que él aceptaba la relación extramatrimonial, siempre que ella ni los hijos abandonasen el domicilio”.

El arma homicida, un cuchillo fue encontrado entre los matorrales de una vivienda abandona que era contigua a la casa en la que sucedieron los hechos.

El acusado “sabía lo que hacía”

Otro de los agentes de la Guardia Civil, que ha declarado por vía telemática, ha explicado que a su llegada encontraron al acusado con “una actitud muy pasiva, estaba como esperándonos y no opuso resistencia”. Ha corroborado los otros testimonios al contar cómo el hombre dijo “en varias ocasiones que había cumplido su objetivo y que le daban igual las consecuencias de sus actos”.

Por vía telemática, han declarado también E.G. e I.M., médicos forenses que elaboraron el informe para considerar que acusado obró “sin patología mental ni enfermedad” y que “sus capacidades estaban íntegras, sabía lo que hacía y actuaba en consecuencia”.

Explican que el día de los hechos el acusado fue “explorado y reconocido” y que en el informe lo único que pone es una cefalea y una ansiedad que entendemos como proceso normal por lo ocurrido“. También han asegurado que ”la ingesta de alcohol en ningún caso pudo nublar su juicio“.

Ha comenzado este lunes el juicio con jurado popular contra J.J.S.A., acusado de matar a su expareja embarazada y al bebé no nato en la localidad toledana de Escalona. Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2022.

En la primera sesión de la vista, en la que ha quedado constituido el jurado popular que juzgará el caso, el acusado ha reconocido los hechos, pero asegura no saber cómo ocurrió y que estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol. “Me invadió la ira”, ha declarado.

La Fiscalía pide para el presunto asesino 33 años de cárcel. En su escrito de acusación reclama una pena de 25 años de cárcel por el delito de asesinato, así como imponerle libertad vigilada cuando haya cumplido la pena de prisión. Por otro lado, solicita ocho años de prisión por el delito de aborto y la inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Además, solicita la retirada de la patria potestad y la prohibición de acercarse a sus hijos durante 30 años, y de igual manera a sus domicilios, centros de estudios o trabajo, o cualquier lugar que frecuenten a una distancia no inferior a 1.000 metros, así como la prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio.

La acusación pide también que el detenido indemnice a cada uno de sus hijos menores la cantidad de 120.000 euros, así como 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

A primera hora de la mañana, antes de iniciarse la vista oral, quedaba constituido el jurado popular que juzgará el caso, antes de la sentencia definitiva. Está formado por 9 titulares -siete mujeres y dos hombres-, así como dos varones suplentes.

Los hechos

El acusado, tenía 52 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Estaba casado con la víctima, María Elena, de 34 años, y tenían dos hijos menores de 14 y 13 años. A su vez, María Elena mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre, del que se había quedado embarazada. “Esta relación, que ya duraba casi dos años, era conocida y consentida por el acusado”, según ha señalado la Fiscalía.

María Elena tenía la intención, embarazada de 40 semanas “y justo antes de dar a luz”, de abandonar el domicilio familiar junto a sus otros hijos menores. Desde la Fiscalía matizan que ya lo había intentado en otras ocasiones y que quería marcharse “después de varios intentos fallidos y por miedo a las represalias del acusado”.

El 28 de diciembre de 2022, tras comunicar esta decisión a su nueva pareja, y según se ha relatado durante la vista oral, manifestó “tener miedo del acusado y su intención de dejarle”. Mientras sus hijos cargaban las maletas en el coche, él “aprovecha lo que ya tenía pensado” y cierra la puerta de la casa con María Elena dentro. A continuación le asestó ocho puñaladas, en el abdomen y en la espalda “de manera súbita y sorpresiva”.

Desde la Fiscalía explican que el presunto autor del crimen acabó con la vida de María Elena “en unos 15 minutos”, sin que los sanitarios que acudieron al lugar pudieran salvarle la vida ni a ella ni a su bebé, a pesar de practicarle una cesárea de emergencia: “María Elena no tuvo oportunidad de defenderse”. Según las declaraciones de los testigos, y mientras María Elena se hallaba todavía viva, tendida en el suelo, su expareja le espetó: “So puta, que vas a tener un hijo con otro, que me la has jugado”.

Por otro lado, apuntan que el acusado “tiró el cuchillo al patio de la vivienda contigua” para deshacerse de él. La hija menor acudió a casa de un vecino para contar lo ocurrido y pedir ayuda y al personarse allí ese vecino, Juan José exclamó: “Llamad a la Guardia Civil que sé muy bien lo que he hecho y no me voy a ir a ninguna parte”.

El acusado -que contaba con un caso previo por violencia de género ocurrido en 2009- se encuentra en prisión provisional desde el 30 de diciembre de 2022 y la tutela de los dos menores recayó sobre uno de sus tíos.

En el juicio también ha intervenido la letrada del Servicio Jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha, que se ha personado en el caso como acusación, destacando que “el miedo paraliza aunque quieras marcharte”. La abogada ha hecho hincapié en que “María Elena decidió dejar a Juan José y a armarse de valor, por un bebé que estaba esperando”, pero que “el acusado impidió la posibilidad de huida y de defensa”.

La defensa alega que el alcohol “le eliminó capacidades”

La abogada de la defensa, designada por el turno de oficio, ha recalcado que su cliente “sabía de la existencia de ese niño y estaba dispuesto a asumirlo como propio. Por otro lado, apunta que el acusado ”era alcohólico crónico“, señalando que sus hijos ”reconocieron que en una hora y media su padre bebió entre dos y tres litros de cerveza“, así como que ”había consumido cocaína“ el día en el que ocurrieron los hechos.

J.J.S.A. estuvo preso en Ocaña y después fue trasladado al Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), donde se sometió a un programa de desintoxicación, finalizado en mayo de 2024. “Juan José no lo hizo con tanta frialdad, el alcohol le eliminó capacidades de decisión, al no discernir del todo lo que estaba haciendo”, sostiene la defensa.

El acusado admite haber cometido los delitos

El interrogatorio al acusado ha sido breve. Se ha mostrado sereno, respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y de la letrada del Servicio Jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha y ha reconocido que era consciente que el hijo que esperaba María Elena no era suyo, y que se lo contó “con el tiempo”.

También ha señalado que el día de los hechos, la víctima tenía intención de abandonar el domicilio familiar junto a sus hijos menores. Ha relatado que cogió un cuchillo y cerró la puerta de la casa para evitar que ella saliera. También ha reconocido haberle asestado diferentes puñaladas a su expareja porque le “invadió la ira” y que era consciente de que al hacerlo podía ocurrir también la muerte del bebé que ella esperaba.

El acusado ha admitido que se quedó “flojo” y “en shock” tras haber perpetrado violencia sobre María Elena. Él ha apuntado que ese día consumió vino “bastante” y “tres cervezas de un litro”. También aduce que consumió cocaína, algo que hacía “diariamente”, aunque en este momento se considera “rehabilitado” de esta drogodependencia.

Finalizando su declaración, el acusado ha declarado sentirse “arrepentido” y con “remordimiento” por lo sucedido.

Este martes está previsto que declaren en calidad de testigos los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar de los hechos, el vecino que auxilió a la víctima y a sus hijos, los médicos forenses que realizaron la autopsia, así como los médicos forenses que evaluaron al acusado para determinar si se trataba de una persona alcohólica y drogodependiente.

Como cada año, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), la asociación de municipios vascos (Eudel) y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han dado a conocer la campaña ‘Beldur Barik, gau eta egun’, de cara a las fiestas populares que tienen en lugar en verano para prevenir las agresiones machistas. La campaña de este verano cuenta con una guía dirigida a los ayuntamientos y un decálogo para la ciudadanía con pasos a seguir en el caso de presenciar o ser víctima de una agresión y pone el foco, más allá de las agresiones que ocurren por las noches, en las que pasan a plena luz del día. Sin embargo, solo cuenta con un único punto dirigido al agresor.

“Hemos querido mostrar que las violencias machistas y contra las mujeres no son algo exclusivo de las noches. Debemos asumir la responsabilidad de construir espacios libres y seguros durante las fiestas para garantizar el respeto hacia todas las personas. No vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día. La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día, manifestándose en sus diferentes formas: violencia simbólica, psicológica, física y sexual”, ha insistido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Así, el “decálogo para unas fiestas libres de violencia machista”, como ha sido titulado, cuenta con diez pasos. El primero de ellos, la declaración de que “todas las personas” tiene la “responsabilidad de construir espacios festivos en los que se garantice el derecho a disfrutar las fiestas en libertad y sin miedo”. El segundo paso indica que si alguna persona “observa conductas machistas”, debe “desaprobarlas públicamente, dejando claro que la fiesta no justifica ninguna actitud que limite la libertad de las mujeres”. El tercero: “Si alguien a quien han agredido te pide ayuda escúchala, no la dejes sola, nunca emitas juicios y pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar algún otro paso. Recuerda que la última decisión es suya”.

No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad

Los pasos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno están dirigidos a las víctimas y les indican que si se encuentran en “una situación de peligro” pueden llamar al 112 o a la Policía municipal, les recuerdan que “solo sí es sí” y que que si se sienten incómodas con alguien, forzadas a hacer algo que no quieren o no se está respetando su palabra “tienen todo el derecho a decir basta y a no seguir”. Además, les advierten de que en el caso de haber sufrido una agresión sexual, si se lavan o se cambian la ropa pueden “eliminar pruebas” y les recuerdan que si sufren una agresión pueden llamar al teléfono 24 horas de atención a las víctimas (SATEVI) 900 840 111 donde el personal especializado les podrá asesorar y que “en cada territorio existen centros de crisis 24 horas” a los que también pueden acudir “sin necesidad de interponer denuncia, tanto si la agresión se ha producido de forma reciente como si ha sucedido en el pasado”. Solo en el último punto el decálogo se dirige al agresor a quien le alerta de que “no tiene excusa”. “No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad”, recoge el documento.

En cuanto a la guía para los ayuntamientos, se basa en un protocolo a seguir en casos de agresiones para los organizadores de las fiestas, los participantes en entornos festivos, como el personal que atiende en las txosnas y también para los hosteleros. “Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas o de alguna asociación y organizas alguna actividad, tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad”, recoge el documento, que detalla una serie de medidas que se pueden tomar en los locales para evitar agresiones como “ubicar baños en espacios que no estén aislados e iluminar los espacios oscuros en los que pueda generarse alguna situación que pueda resultar peligrosa” o “informar a todas las personas de la asociación, comisión, txosnagune… de la manera de actuar en caso de una agresión machista”. “Si existe un protocolo, es muy importante que lo pongas en conocimiento de toda la plantilla y que lo coloques en un lugar visible”, indica la guía.

“Es importante que desde el primer momento en el que se empiezan a organizar las fiestas, se tenga en cuenta que deben ser espacios seguros para las mujeres. Que sean espacios de libertad en los que las mujeres tengan presencia y participen activamente. En la guía que enviamos a los ayuntamientos se sugiere en este sentido que se diseñen actividades que promuevan la igualdad y la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio. Porque hablar de prevención de agresiones machistas es hablar de igualdad. En muchas localidades se han dado avances importantes de sensibilización, pero debemos seguir insistiendo en que nada, ni la fiesta ni el alcohol, justifica una agresión machista”, ha aseverado Elgarresta.

Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad

Conciertos y teatros igualitarios y playlist feministas

En este sentido, la guía dirigida a los ayuntamientos recomienda que se diseñen actividades como conciertos o teatros que “promuevan la igualdad, a través de actividades que fomentan la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio”. Otro de los puntos que destacan es la necesidad de música y cartelería no sexista, con playlist específicas contra el machismo y que de forma visible se vea un listado de números de emergencia durante la fiesta, además de en redes sociales. “Nuestro objetivo es que las fiestas sean un espacio de libertad para todo el mundo, un espacio en el que puedan disfrutar sin miedo”, ha destacado la directora de Emakunde.

A raíz de la alarma que surgió en 2022 por presuntos casos de “pinchazos” que producían sumisión química, esta forma de agresión ha ido introduciéndose también en protocolos de prevención. La guía ofrecida este verano a los ayuntamientos vascos también cuenta con un apartado específico sobre ello que enumera una serie de posibles síntomas que podrían confirmar que alguien está siendo víctima de una sumisión química, como tener el habla confusa, alteraciones visuales, somnolencia, confusión, desinhibición, agitación o alucinaciones, alteración del juicio, mareo o vértigo, alteraciones de la motricidad o del equilibrio o náuseas o vómitos. Aun así, la guía alerta de que “el alcohol y las drogas también pueden causar estos síntomas”. “Sospecha cuando hayas bebido de otro vaso, hayas descuidado el tuyo, tras un pinchazo o cuando tu estado no sea razonablemente explicable por lo que has ingerido”, recoge.

No obstante, al igual que en el caso del decálogo dirigido a la ciudadanía, en la guía para los ayuntamientos apenas se indica qué se debe hacer con el agresor. “Muestra al agresor que estás en contra de su actuación, sin poner en riesgo tu integridad física”, explica la guía, que recalca que no se deben difundir datos ni información sobre lo sucedido sin antes pensar cómo puede llegar a afectar a la víctima y que la última decisión es siempre suya, por lo que no se debe hacer nada sin consultarle.

En España, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja. Además, la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres que tienen una discapacidad acreditada de entre un 33% y un 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior de discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, el 11,3% de las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% la ha sufrido, así como en la violencia económica a lo largo de la vida, padecida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior.

Se trata de datos aportados por el estudio 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' publicado este mayo por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) que concluye que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Lo mismo ocurre en la búsqueda de ayuda cuando la violencia ocurre. Un 58% de las mujeres con discapacidad ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.

¿Pero qué ocurre cuando esa violencia es ejercida por el principal cuidador de las mujeres con discapacidad? ¿Cómo puede pedir ayuda una mujer cuya movilidad, vestimenta o cuidados diarios dependen estrictamente de su propio maltratador? La abogada Ana Balboa Montavez, y las psicólogas y facilitadoras procesales Sara Poncela Chafik y Sofía Remón Chozas junto con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Navarra (UAVDI) abordan estas cuestiones y aportan algunas claves en el estudio Violencias machistas y diversidad funcional del Máster de Formación Permanente de la EHU Violencias Machistas: Intervención en Red de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

La alta necesidad de algunas mujeres con discapacidad de cuidados íntimos y la dependencia en tareas de higiene y cuidado físico incrementan notablemente las oportunidades de agresión. Además, las expertas alertan de que el riesgo de sufrir agresiones se eleva de manera pronunciada cuando la atención y el cuidado cotidiano son provistos por múltiples adultos o cuidadores con escasa supervisión. “La falta de herramientas de comunicación accesibles o de educación sexual impide que las mujeres comprendan que están siendo objeto de una agresión”, destaca el estudio, que menciona una práctica frecuente —y errónea— es utilizar a familiares o cuidadores como “intérpretes” en los procesos de revelación, lo cual vulnera la confidencialidad de la víctima y eleva el riesgo de revictimización.

Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones

Para evitar que esto ocurra, en primer lugar las expertas exponen algunos de los mitos que dificultan la valoración de la sospecha de un caso de violencia machista contra las mujeres con discapacidad intelectual y aportan argumentaciones que desmontan esos mitos, como el de “las mujeres con discapacidad intelectual son personas asexuadas”. “La sexualidad es inherente a todas las personas. Tener una discapacidad intelectual no elimina deseos, emociones, ni necesidades afectivas; simplemente puede requerir otras formas de apoyo para su expresión segura y autónoma”, sostienen. El segundo de los mitos es que las personas con discapacidad “tienen una sexualidad desinhibida, incontrolable, impulsiva”. “La supuesta «desinhibición» suele reflejar falta de educación afectivo-sexual, entornos sobre protectores o ausencia de modelos positivos, no una característica propia de la discapacidad. Con información y apoyos adecuados, pueden regular su conducta igual que cualquier persona”, reconocen. El tercer mito a derribar es que “sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales”. “No existe una única forma «normal» de vivir la sexualidad. Con apoyos, comunicación y respeto mutuo, las mujeres con discapacidad intelectual pueden disfrutar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y seguras”, añaden. El cuarto mito es que “las mujeres con discapacidad intelectual no son personas con atractivo o deseadas”. Según las expertas, “esta idea surge del capacitismo y de la mirada infantilizadora”. “El atractivo es diverso y subjetivo; negarles deseo o capacidad de ser deseadas es negar su derecho humano”. Por último, está el mito de que “las mujeres con discapacidad intelectual no entienden ni necesitan la educación afectivo-sexual”. “Precisamente por su vulnerabilidad a abusos y desinformación, necesitan educación accesible y adaptada. Comprenden mucho más cuando se les ofrece información clara, concreta y respetuosa”, sentencian.

Una vez aclaradas estas cuestiones las expertas ahondan en la necesidad de prevención y formación específica en violencia machistas tanto para las propias mujeres como para las familias de estas. “La prevención del abuso hacia personas con discapacidad intelectual es una responsabilidad social que requiere un enfoque integra. Las mujeres con discapacidad intelectual se encuentran en diversas situaciones de mayor vulnerabilidad ante los diferentes tipos de abuso; físico, emocional, sexual, económico o institucional—, lo que hace indispensable actuar desde el origen del problema. Para prevenir y adelantarse a que puedan darse más situaciones de abuso, es necesario trabajar desde la formación y sensibilización. Esto implica, en un primer momento, educar y formar a las propias mujeres con discapacidad intelectual, empoderándolas a través de información y conocimientos, impartidos por profesionales especializados. Es esencial proporcionarles herramientas accesibles para reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber cómo pedir ayuda. Del mismo modo, las familias tienen un papel clave como agentes protectores y aliados en el desarrollo de entornos seguros y de confianza”, aseguran.

Una herramienta fundamental para la prevención de conductas machistas, según determinan, es la educación afectivo-sexual a personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades cognitivas de cada persona. “Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad intelectual suelen ser excluidas de estas formaciones por mitos sobre la discapacidad que se han expuesto anteriormente como la asexualidad o la falta de madurez, esto solo genera limitaciones en su autonomía como personas con sexualidad”, aseguran.

Las expertas detallan que la mejor forma para trabajar adecuadamente la prevención del abuso a mujeres con discapacidad intelectual, es un espacio en grupo donde puedan formar equipo y puedan compartir sus dudas y sus esfuerzos en distintos aspectos. En esas sesiones, además de la educación afectivo-sexual, es fundamental abordar otras como el reflejo del dolor, los derechos de las personas con discapacidad, el trauma o enseñarles señales y comportamientos que pueden indicar situaciones de abuso, para que puedan identificar posibles riesgos y saber cómo actuar.

A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta como regresiones, retraimiento y agresividad o rechazo a lugares y personas

Al igual que con las personas con discapacidad intelectual, es importante dar un espacio a las familias donde puedan formar equipo de trabajo y puedan compartir sus vivencias, sus miedos y sus herramientas. En este sentido, a modo de claves, a las familias les recomiendan “evitar juicios de valor y tomar en consideración lo que cada persona expone sobre su familiar, evitando minimizar y dando valor de manera individual”, “dar a conocer los recursos y servicios disponibles para actuar ante posibles situaciones de abuso, así como orientarlas sobre cómo buscar apoyo y acompañamiento profesional” y “capacitarlas para identificar signos de alerta físicos, emocionales o conductuales que puedan indicar que algo no va bien, favoreciendo una detección temprana”.

Qué hacer y qué no hacer cuando hay una sospecha de agresión

¿Qué hacer cuando hay sospecha de una agresión? El estudio indica que “solo se revela aproximadamente el 3% de los casos de abuso sexual contra personas con discapacidad intelectual”. Esto se debe a barreras como el desconocimiento de lo que constituye un abuso, las amenazas del agresor, la “ley del silencio”, el miedo a no ser creídas y las dificultades de expresión. Por ello, la detección por parte de profesionales y familias es crucial, fundamentándose en claves básicas, como considerar siempre la posibilidad de abuso. “Las familias y profesionales no deben esperar a que la víctima lo revele directamente. El miedo, la culpa, la vergüenza y las limitaciones de comunicación provocan que el malestar se exprese de forma indirecta. Dado el elevado riesgo del colectivo y los mitos existentes, se debe mantener siempre una actitud de alerta activa”.

“A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta (regresiones, retraimiento, agresividad o rechazo a lugares/personas). Entre las secuelas clínicas comunes se encuentran el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) —que suele manifestarse de forma atípica como trastornos de conducta debido a las limitaciones verbales de la víctima —, la ansiedad , la depresión y problemas de conducta (autolesiones, conductas desafiantes o hipersexualización). Los profesionales deben investigar la raíz de estos cambios sin atribuirlos erróneamente a la propia discapacidad. Cabe destacar que hasta un 40% de las víctimas de abuso no muestran síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales jamás debe restar credibilidad a un relato”, explican las expertas, por ello, inciden en que “cuando una persona con discapacidad intelectual revela un abuso, existe una alta probabilidad de que sea real. Se debe desterrar el mito capacitista de que suelen inventar o fantasear. No obstante, para no interferir en investigaciones judiciales, se aconseja corroborar los hechos con especialistas y evitar que la víctima repita el relato múltiples veces, ya que esto puede alterar su memoria”.

Las cosas que sí que tienen que hacer desde las familias una vez hay sospecha de agresión son “generar un ambiente íntimo y discreto, ofrecer contención emocional, transmitir confianza y credibilidad, practicar la escucha activa, fomentar el relato libre respetando ritmos y silencios, y registrar todo de forma minuciosa evitando formular preguntas cerradas”. Lo que no deben hacer cuando una persona con discapacidad muestra signos de alerta por posible agresión es “permanecer inactivos, dudar del relato, juzgar o restar importancia a la confidencia, realizar preguntas cerradas o sugerir respuestas, e interrogar de manera insistente”.

El siguiente paso sería ya acudir a los profesionales que detectarán lo que ocurre y siempre informando a la posible víctima y a sus familiares sobre los pasos a dar y nunca a sus espaldas, decidirán cómo proceder. Ante la sospecha o confidencia de un abuso, el profesional tiene la obligación de actuar bajo criterios de coordinación con especialistas y activar de manera conjunta cinco líneas de acción prioritaria: protección de la víctima, valoración de la capacidad para decidir la denuncia, planificación de los apoyos para el proceso judicial, manejo de la divulgación desde la institución y, por último la valoración de intervención psicoterapéutica o psiquiátrica. “Es indispensable realizar una evaluación clínica adaptada que pondere el impacto del trauma y las particularidades cognitivas de la persona. Un correcto abordaje especializado permite diagnosticar patologías asociadas (depresión, ansiedad, TEPT) y diseñar un plan personalizado enfocado en la recuperación de la autoestima y el desarrollo de la autonomía personal”, concluyen las expertas.

“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.

La Guardia Civil da por concluida la investigación del asesinato de un hombre de 26 y la agresión a su pareja ocurrida el 28 de mayo en Fuenmayor. Las diligencias practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, han permitido esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que desembocaron en este asesinato.

El presunto autor fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos. Una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental a la que intentó estrangular en dos ocasiones.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que los hechos tuvieron su origen en un conflicto personal derivado, presuntamente, de la relación sentimental mantenida entre la pareja del presunto autor y la víctima. En este contexto, el presunto autor, tras tener conocimiento de dicha relación, ideó un plan para atraer a la víctima a un lugar apartado de la localidad de Fuenmayor, bajo el pretexto de mantener una conversación. Para ello, convenció a su pareja de concertar un encuentro con el joven.

Reconstrucción de la agresión

El día del suceso, el agresor se desplazó en coche hasta Fuenmayor acompañado por su pareja y su hijo menor. Una vez en el lugar, utilizó el teléfono móvil de ella para enviar la ubicación exacta a la víctima y citarla allí. Cuando la víctima llegó a pie y se aproximó al vehículo, el autor le indicó que se dirigiera hacia un banco cercano para hablar. Aprovechando que esta se encontraba de espaldas y no podía reaccionar, aceleró bruscamente y la atropelló.

A continuación, el agresor bajó del coche para continuar el ataque. Aunque su pareja intentó intervenir para detenerlo, el hombre la agredió a ella también hasta hacerle perder el conocimiento. Acto seguido, el atacante recogió un objeto contundente de la vía pública y golpeó nuevamente a la primera víctima, causándole la muerte.

Tras esto, volvió a arremeter contra su pareja. Sin embargo, un ciudadano que presenciaba la escena increpó al agresor y logró que cesara la agresión. En ese mismo instante, la primera patrulla de la Guardia Civil que llegaba al lugar procedió a su detención in situ.

La mujer no había interpuesto denuncias previas, por lo que no se encontraba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Aún así, es importante resaltar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género y a su entorno las 24 horas del día, en 52 idiomas diferentes. También se puede contactar a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el número 600 000 016 o mediante la aplicación ALERTCOPS. La llamada al 016 es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica aunque desde la Guardia Civil recomiendan borrarla del registro de llamadas del dispositivo.

En caso de emergencia, se debe llamar al 112, a la Guardia Civil (062) o a la Policía Nacional (091).

Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el teléfono 900 20 20 10.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado domingo mató a su esposa, de 44 años en la localidad navarra de Arguedas. Según la magistrada, el hombre la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, la estranguló en el domicilio conyugal, donde falleció.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil después de que un familiar de la víctima se encontrara en el domicilio el cuerpo sin vida, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la jueza. 

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, “la adopción de medidas menos gravosas”. 

Fue el pasado lunes cuando, sobre las 18:00 horas, el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra para poner en conocimiento de los agentes que el día anterior, sobre las 23:00 horas, había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido. 

A las 18:45 horas, según se recoge en la resolución judicial, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Se apreció que la víctima se encontraba “tumbada en el suelo boca arriba junto con una herida en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de su oreja, con sangre”. El informe preliminar forense, indica la jueza, determina que “la muerte ha sido violenta, siendo la causa inmediata de la misma probable anoxia encefálica, como consecuencia de asfixia mecánica cervical”. 

“De todos los hechos descritos anteriormente se desprende de forma indiciaria, al menos en este momento incipiente de la instrucción, que el investigado (…), no solo golpeó en la cabeza a la víctima (…), sino que la agarró del cuello hasta asfixiarla”, concluye la jueza. 

La medida de prisión, según apostilla, es “absolutamente imprescindible para evitar el riesgo de fuga” debido a las penas previstas por el delito de homicidio —de 10 a 15 años de prisión— o, si se determinara, por el de asesinato —de 15 a 25—, así como por “el hecho innegable de la falta de arraigo del investigado”, que lleva “únicamente dos meses viviendo en Arguedas con su mujer”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

Jaime Roca, el asesino de Maialen Mazón, una joven de 32 años y embarazada de mellizos que fue hallada sin vida en un apartahotel de Vitoria en 2023, ha sido condenado a 27 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, ya que dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre. La magistrada Elena Cabero, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia de acuerdo ese fallo. El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del hombre y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

Tras ese veredicto, la magistrada ha condenado al varón como autor de un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco y le ha impuesto un apena de 25 años de prisión. Además, también le ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de abandono de menor y se le ha privado de la patria potestad de su hija. La magistrada ha fijado otras penas de libertad vigilada y de aproximación y comunicación con su hija y el padre de la víctima y ha establecido que indemnice a la primera con 400.000 euros y al segundo con 200.000 euros por los daños morales causados.

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria y en un momento dado Roca cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas a Mazón. También se concluye que dado el arma empleada como la zona corporal donde se produjo el ataque el acusado tuvo intención de matar a su pareja. “Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte”, se recoge en la sentencia en la que se recuerda que el acusado le propinó otras doce cuchilladas más superficiales.

La sentencia recoge que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. “Existió alevosía sorpresiva y desvalimiento en el ataque porque, tal y como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en ningún momento”, asevera. Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, “una duda razonable” de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.

El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones y al respecto en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja “esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella” por haber iniciado esta una relación con otro varón. Ha existido “una duda razonable” en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sobre este respecto, la familia de la víctima ha considerado que es “una sorpresa muy desagradable” que el jurado no haya determinado que se cometió violencia de género en el asesinato. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, explicó la abogada de la familia tras conocer el veredicto. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, manifestó.

El caso que cambió el protocolo de la Ertzaintza

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando Jaime Roca asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.