“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.

La Guardia Civil da por concluida la investigación del asesinato de un hombre de 26 y la agresión a su pareja ocurrida el 28 de mayo en Fuenmayor. Las diligencias practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, han permitido esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que desembocaron en este asesinato.

El presunto autor fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos. Una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental a la que intentó estrangular en dos ocasiones.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que los hechos tuvieron su origen en un conflicto personal derivado, presuntamente, de la relación sentimental mantenida entre la pareja del presunto autor y la víctima. En este contexto, el presunto autor, tras tener conocimiento de dicha relación, ideó un plan para atraer a la víctima a un lugar apartado de la localidad de Fuenmayor, bajo el pretexto de mantener una conversación. Para ello, convenció a su pareja de concertar un encuentro con el joven.

Reconstrucción de la agresión

El día del suceso, el agresor se desplazó en coche hasta Fuenmayor acompañado por su pareja y su hijo menor. Una vez en el lugar, utilizó el teléfono móvil de ella para enviar la ubicación exacta a la víctima y citarla allí. Cuando la víctima llegó a pie y se aproximó al vehículo, el autor le indicó que se dirigiera hacia un banco cercano para hablar. Aprovechando que esta se encontraba de espaldas y no podía reaccionar, aceleró bruscamente y la atropelló.

A continuación, el agresor bajó del coche para continuar el ataque. Aunque su pareja intentó intervenir para detenerlo, el hombre la agredió a ella también hasta hacerle perder el conocimiento. Acto seguido, el atacante recogió un objeto contundente de la vía pública y golpeó nuevamente a la primera víctima, causándole la muerte.

Tras esto, volvió a arremeter contra su pareja. Sin embargo, un ciudadano que presenciaba la escena increpó al agresor y logró que cesara la agresión. En ese mismo instante, la primera patrulla de la Guardia Civil que llegaba al lugar procedió a su detención in situ.

La mujer no había interpuesto denuncias previas, por lo que no se encontraba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Aún así, es importante resaltar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género y a su entorno las 24 horas del día, en 52 idiomas diferentes. También se puede contactar a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el número 600 000 016 o mediante la aplicación ALERTCOPS. La llamada al 016 es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica aunque desde la Guardia Civil recomiendan borrarla del registro de llamadas del dispositivo.

En caso de emergencia, se debe llamar al 112, a la Guardia Civil (062) o a la Policía Nacional (091).

Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el teléfono 900 20 20 10.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado domingo mató a su esposa, de 44 años en la localidad navarra de Arguedas. Según la magistrada, el hombre la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, la estranguló en el domicilio conyugal, donde falleció.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil después de que un familiar de la víctima se encontrara en el domicilio el cuerpo sin vida, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la jueza. 

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, “la adopción de medidas menos gravosas”. 

Fue el pasado lunes cuando, sobre las 18:00 horas, el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra para poner en conocimiento de los agentes que el día anterior, sobre las 23:00 horas, había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido. 

A las 18:45 horas, según se recoge en la resolución judicial, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Se apreció que la víctima se encontraba “tumbada en el suelo boca arriba junto con una herida en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de su oreja, con sangre”. El informe preliminar forense, indica la jueza, determina que “la muerte ha sido violenta, siendo la causa inmediata de la misma probable anoxia encefálica, como consecuencia de asfixia mecánica cervical”. 

“De todos los hechos descritos anteriormente se desprende de forma indiciaria, al menos en este momento incipiente de la instrucción, que el investigado (…), no solo golpeó en la cabeza a la víctima (…), sino que la agarró del cuello hasta asfixiarla”, concluye la jueza. 

La medida de prisión, según apostilla, es “absolutamente imprescindible para evitar el riesgo de fuga” debido a las penas previstas por el delito de homicidio —de 10 a 15 años de prisión— o, si se determinara, por el de asesinato —de 15 a 25—, así como por “el hecho innegable de la falta de arraigo del investigado”, que lleva “únicamente dos meses viviendo en Arguedas con su mujer”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

Jaime Roca, el asesino de Maialen Mazón, una joven de 32 años y embarazada de mellizos que fue hallada sin vida en un apartahotel de Vitoria en 2023, ha sido condenado a 27 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, ya que dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre. La magistrada Elena Cabero, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia de acuerdo ese fallo. El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del hombre y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

Tras ese veredicto, la magistrada ha condenado al varón como autor de un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco y le ha impuesto un apena de 25 años de prisión. Además, también le ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de abandono de menor y se le ha privado de la patria potestad de su hija. La magistrada ha fijado otras penas de libertad vigilada y de aproximación y comunicación con su hija y el padre de la víctima y ha establecido que indemnice a la primera con 400.000 euros y al segundo con 200.000 euros por los daños morales causados.

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria y en un momento dado Roca cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas a Mazón. También se concluye que dado el arma empleada como la zona corporal donde se produjo el ataque el acusado tuvo intención de matar a su pareja. “Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte”, se recoge en la sentencia en la que se recuerda que el acusado le propinó otras doce cuchilladas más superficiales.

La sentencia recoge que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. “Existió alevosía sorpresiva y desvalimiento en el ataque porque, tal y como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en ningún momento”, asevera. Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, “una duda razonable” de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.

El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones y al respecto en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja “esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella” por haber iniciado esta una relación con otro varón. Ha existido “una duda razonable” en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sobre este respecto, la familia de la víctima ha considerado que es “una sorpresa muy desagradable” que el jurado no haya determinado que se cometió violencia de género en el asesinato. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, explicó la abogada de la familia tras conocer el veredicto. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, manifestó.

El caso que cambió el protocolo de la Ertzaintza

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando Jaime Roca asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el asesinato machista de una mujer en Arguedas. El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha mostrado una “profunda y máxima condena ante este presunto crimen machista” en nombre del “conjunto del Gobierno de Navarra”, así como el “apoyo y cercanía a la familia y el entorno de la víctima”.

Remírez ha avanzado que en las próximas horas la pareja de la víctima, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil como autor de los hechos y que fue detenido, pasará a disposición judicial. “La investigación se encuentra ahora mismo en manos de las autoridades judiciales y policiales”, ha añadido, si bien ha pedido precaución y “actuar con prudencia y respeto hacia el procedimiento”.

El Centro de Mando y Coordinación tuvo conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según informó la Policía Foral. Posteriormente, se supo que el presunto autor (y pareja de la fallecida) se había entregado ese mismo lunes por la tarde en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. Según la Guardia Civil no constaban denuncias previas ni figuraba en el sistema VioGén.

El portavoz del Ejecutivo navarro ha calificado la violencia machista como “una lacra y un problema estructural”, que “exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad”. En esta línea, ha hecho un “llamamiento” a que “cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia” denuncie, afirmando que desde las instituciones tienen “recursos públicos, profesionales y especializados” a disposición de todas “las mujeres que sufren el machismo criminal”.

Un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 44 años, en la localidad navarra de Arguedas. La Policía Foral se encarga de la investigación de los hechos.

El Centro de Mando y Coordinación ha tenido conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según ha informado la Policía Foral. Posteriormente, se ha tenido conocimiento de que el presunto autor y pareja de la fallecida se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. La mujer no tenía hijos y, según la Guardia Civil no figuraba en el sistema VioGén.

El hombre se encuentra detenido “como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género”, según ha informado la Guardia Civil. “La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes”.

En el lugar se encuentran agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela de Policía Foral, así como agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona.

Desde Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz ha mostrado su “apoyo y condolencias” a la familia y allegados de la víctima. El Ayuntamiento de Arguedas, por su parte, ha condenado los hechos.

La abogada de la familia de Maialen Mazón, asesinada de 13 cuchilladas el 26 de mayo de 2023, cuando se encontraba embarazada de dos mellizas y estaba en la habitación de un apartahotel de Vitoria junto con su hija de dos años, ha explicado que ha sido “una sorpresa muy desagradable” que el jurado, que ha declarado culpable de asesinato con alevosía a la pareja de la víctima, Jaime Roca, no haya aceptado la agravante de violencia de género.

La letrada Cecilia Piris ha dicho que, por un lado, tienen “una sensación dulce” tras conocer el veredicto del jurado y, por otra, “amarga”. “Estamos muy satisfechas de que no se hayan apreciado ni eximentes ni atenuantes, que era muy importante para nosotras que se le hiciera responsable plenamente de sus actos, que no aceptara la tesis defensiva de que actuó con las facultades anuladas o que no sabía lo que hacía”, ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Para la acusación particular, eso sería “un insulto a la memoria de Maialen”. No obstante, ha mostrado su pesar por que no se han aceptado la agravante de ensañamiento psíquico y moral, porque la abogada defendía que se agravó el sufrimiento de la víctima al estar presente la hija de dos años. En todo caso, se ha congratulado de que pudieran convencer del ensañamiento a seis de los nueve miembros del jurado, aunque no hayan logrado la mayoría reforzada de siete votos. “Era difícil al no verse lo que había ocurrido en esa habitación y lo veíamos más complicado”, ha manifestado.

Lo que sí ha sido “una sorpresa muy desagradable” para la abogada de la familia de Maialen es que el tribunal popular no haya determinado que se cometió violencia de género. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, ha subrayado. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, ha manifestado.

Piris ha dicho que “a una víctima con un ojo morado todo el mundo la interpreta como víctima, porque es fácil de ver, pero el maltrato psicológico, que es el que tenía Maialen, es más difícil”. “Y si además a eso le sumas esa conducta de volver voluntariamente con el agresor, que es muy típica y muy normal, que es de manual en las víctimas, a algunas personas les cuesta entenderlo”, ha destacado.

En todo caso, ha dicho que han convencido a la mayoría del jurado porque se consiguió el voto de seis contra tres, aunque tampoco en este caso salió la mayoría reforzada de siete que se necesita. Para la letrada, ha influido el prejuicio de que la víctima “no fuera una persona intachable, con problemas de alcoholismo” o que exigiera dinero a su marido. “Se concibe como que no hay una situación de dominación. Parece que las víctimas tienen que atenerse a cierto perfil muy específico, con connotaciones casi cristianas, de moral impecable, una mujer sumisa, sometida, callada, tímida o apocada. Si te sales de ese guion es más difícil que se conceptualicen como víctima y no porque no lo seas”, ha manifestado.

Piris ha recordado que las acusaciones mantienen que se le imponga al acusado, J.R, la máxima pena de 25 años por el crimen, al considerar que, desde una perspectiva técnica, el hecho de que no se hayan aceptado estas agravantes no afecta tanto a la condena porque se le atribuye asesinato con alevosía con agravante de parentesco. “Nos movemos ya dentro de la mitad superior de la pena, estamos entre los 20 y 25 años en el caso del asesinato”, ha explicado. Además, ha destacado que el jurado también le haya declarado culpable de los dos abortos (la mujer estaba embarazada de mellizos) y del abandono de menor, la hija de dos años, que permaneció 18 horas sola en la habitación en la que fue asesinada su madre. De esta forma, ha indicado que “entra en juego el límite máximo de cumplimiento, por lo que llega un momento en el que acumular más años no tiene ninguna consecuencia real”, pero sí “simbólica”.

La asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso, estudia denunciar al Gobierno vasco “por mal funcionamiento de los servicios públicos” después de que la Ertzaintza rebajara el nivel de “riesgo extremo” a “riesgo bajo” a la víctima. Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen en situación de “riesgo extremo”, pero la Policía autonómica vasca rebajó su nivel a “riesgo bajo” poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria procedente de la Comunidad Valenciana y conocer que quería retirar la denuncia contra su pareja.

El marido de la joven ya había quebrantado en varias ocasiones, durante el tiempo en que residieron en diversos municipios valencianos, la orden de alejamiento que pesaba sobre él por violencia de género hacia su pareja, si bien estos quebrantamientos se produjeron con el consentimiento de la víctima.

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime Roca de haber asesinado en 2023 a Maialen Mazón, que era su pareja y por entonces se encontraba embarazada de mellizos. El crimen tuvo lugar en Vitoria en el día de las elecciones municipales y forales de 2023. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava estas dos últimas semanas, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad y ahora será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia. El veredicto se ha leído pasadas las 22:30 horas de este jueves, tras horas de deliberación del jurado.

El jurado, por ocho votos a favor por uno en contra, ha considerado a Roca culpable de asesinato. Además, ha sido considerado culpable de dos delitos de aborto por unanimidad y, también por unanimidad, de un delito de abandono de menor. Se ha considerado, además, que existe alevosía, aunque no ensañamiento. Las eximentes solicitadas por la defensa se han considerado no probadas, mientras que se han incluido las agravantes de género y de parentesco. Se ha descartado la atenuante de consumo de alcohol.

Contra el procesado se habían interpuesto al menos tres denuncias previas por violencia machista contra la víctima y existía una orden de alejamiento que había quebrantado. Las arrastraba de antes, con expedientes abiertos por la Policía Nacional y la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Aun así, en mayo de 2023 le asestó trece cuchilladas en un apartahotel de Vitoria, delante de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre, privada de agua y comida. A la niña la encontraron una vez transcurridas veinte horas de los hechos.

La pareja ya se había alojado junta antes, en enero de ese mismo año 2023, en un apartahotel de Vitoria con nombre falso. El propietario, que se percató de la argucia, avisó a la Ertzaintza, que comprobó que existía una orden de alejamiento que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, explicó en una comparecencia de urgencia, después del asesinato, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Durante el juicio, la agente de la Guardia Civil que atendió a la víctima y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria, subrayó que la joven reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo “extremo”. Así la clasificó este cuerpo antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo “bajo”.

En el mismo mes de mayo, unos días antes del asesinato, la Ertzaintza, según lo explicado entonces, volvió a tener conocimiento de nuevos quebrantamientos de la orden de alejamiento. La víctima, según alegó el consejero, transmitió que el quebrantamiento era “consensuado” y que su pareja “no generaba miedo en ella”. “Son relaciones en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, abundó Erkoreka entonces.

Durante el juicio, tanto la asociación Clara Campoamor como la abogada de la familia de la víctima han cargado contra la Policía autonómica por “revictimizarla”. “Aquí la Ertzaintza falló y, si bien es cierto que el único responsable [del crimen] es [Jaime Roca], me parece terrible que incluso ante la evidencia brutal de la muerte de Maialen [Mazón], todavía tengamos que discutir si era suficientemente buena víctima como para merecer protección”, se quejó la asociación, según recoge Europa Press. “Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren”, abundó. La letrada de la familia, por su parte, ha acusado a la Ertzaintza de exhibir “falta de profesionalidad” y de hacerla “responsable” a través de una “intervención errática” y de “imprecisiones” en sus labores policiales.

Las peticiones de las partes

La Fiscalía solicitaba 45 años de prisión para el acusado: veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos, y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicitaba una indemnización de 500.000 euros a la hija de ambos y de 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad de la niña.

Las acusaciones también solicitaban 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones aducían que presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

La defensa, por el contrario, reclamaba la libre absolución, amparándose en que cuando la acuchilló, el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, celebrado con un jurado popular confomado por cinco mujeres y cuatro varones, ha contado con la declaración de más de cuatro decenas de testigos, además de técnicos, agentes y peritos. Ahora, emitido el veredicto de culpabilidad, será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de matar a una mujer empujándola por la ventana de su casa en un bloque de pisos del distrito madrileño de Carabanchel. Fuentes policiales han asegurado a EFE que ambos tenían una relación y que podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza. Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que han asistido a la víctima, una joven española del año 2004, que estaba ensangrentada. Más tarde, sanitarios han acudido para atender a la víctima si bien solo han podido confirmar el fallecimiento.

En ese momento la Policía ha iniciado una rápida investigación que les ha conducido hasta el domicilio donde residía la fallecida, situado en las inmediaciones del lugar de los hechos. En la casa han encontrado a un joven de 23 años, español de origen ecuatoriano, quien mantenía una relación con la víctima, según fuentes policiales.

La Policía Nacional ha detenido al varón como presunto autor de un delito de homicidio que ahora el equipo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios investigan como un posible caso de violencia de género, el segundo en la región en lo que va de año.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 20 en lo que llevamos de año y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra J.R., presunto asesino de una mujer de 32 años en Vitoria en el año 2023. La víctima era su pareja y en el momento de los hechos se encontraba embarazada de mellizos. El presunto agresor, que tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra la mujer y contaba con una orden de alejamiento que había sido quebrantada, le asestó 13 cuchilladas delante de su hija de tres años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre sin agua ni comida, a la que encontraron 20 horas más tarde de lo sucedido en el día de las elecciones municipales y forales.

La Fiscalía solicita 45 años de prisión para el acusado: 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicita que indemnice con 500.000 euros a la hija de ambos y con 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad respecto a la niña.

Las acusaciones también solicitan 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones lamentan que como consecuencia del impacto emocional sufrido por aquella traumática experiencia, presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando la acuchilló el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, con Tribunal del Jurado, se alargará hasta al próximo 15 de mayo y contará con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando J.R. presuntamente asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a 23 años de cárcel, 22 de ellos por asesinato con alevosía y uno por daños, a un hombre juzgado por matar a su pareja de ocho golpes en la cabeza con un martillo en Matamala de Almazán (Soria) en Navidad de 2022.

La semana pasada el jurado declaraba culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán (Soria). También considera al acusado culpable de los delitos de daños en la vivienda de la víctima por el incendio que intentó provocar para ocultar pruebas con un tronco incandescente de una estufa.

La jueza no ha estimado la petición de la Fiscalía con la que pedía un total de 27 años de cárcel, 25 por el delito de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y género -se considera acreditado un contexto de dominación del acusado sobre la víctima-, y dos años de prisión por el delito de daños en la vivienda, ambas penas solicitadas también por parte de las acusaciones particulares.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de la Nochebuena de 2022, entre las 3.45 y las 5.05 horas en la localidad soriana cuando el acusado golpeó varias veces en la cabeza con un martillo a la que era su pareja, con la que mantenía una relación pero sin convivencia continuada, causándole la muerte casi de forma inmediata. La agresión, que rompió el cráneo a la mujer, se produjo de manera sorpresiva, sin que la víctima pudiera defenderse, lo que fundamenta la alevosía apreciada por el jurado.

Acto seguido, y con la intención de ocultar lo sucedido, según la sentencia, prendió fuego a la vivienda. Para ello, el investigado colocó troncos de madera en torno al cuerpo y prendió fuego con el fin de simular un incendio y tratar de ocultar lo ocurrido.

A la mañana, el condenado llamó a Emergencia para avisar de que se había producido un incendio en la vivienda y que dentro se encontraba el cuerpo de una mujer asesinada. Según el fallo judicial, con esta maniobra trató de trasladar las sospechas al exnovio de la víctima. Este último explicó en sede judicial que esa noche se encontraba lejos de Matamala, en concreto en Girona

Asimismo, el fallo contra el que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fija que el condenado debe de indemnizar en concepto de responsabilidad civil con a la hija de la víctima con 80.000 euros, así como a otros familiares por los perjuicios causados como a su madre (50.000 euros) y a su hermano (6.000). Además, también se deberá hacer cargo del pago por los daños que ocasionó a la vivienda que era de alquiler.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha participado en el minuto de silencio institucional para mostrar la repulsa de toda la sociedad por el último asesinato machista, el de Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo). Ha aprovechado para apelar a toda la sociedad a “denunciar estas situaciones” siempre que se tenga conocimiento de ellas y con el objetivo de evitar más muertes.

“No se puede consentir, una democracia no puede admitirlo, no podemos blanquearlo. Por eso, tras transmitir el pésame a su familia y amigos, quiero hacer una llamada a los ciudadanos para que, ante esta lacra, seamos implacables”.

El delegado ha denunciado el machismo que considera a la mujer “inferior”. No se trata de “violencia”, sino de “asesinatos machistas, una violencia que todos tienen la obligación de denunciar”.

Ha pedido a la ciudadanía que siempre que pueda denuncie los posibles casos de violencia que puedan presenciar, bien en el 062 de Guardia Civil, en el 091 de Policía Nacional, en el 016 de atención a víctimas o al propio 112 de gestión de emergencias.

En todo caso, ha mostrado su confianza en el sistema VioGén, con cerca de 5.500 víctimas atendidas en Castilla-La Mancha y solo un asesinato este año. “Se puede seguir mejorando, pero no podemos fiarlo todo al sistema, hay que confiar en la sociedad y en los tribunales”.

Vecinos de Seseña e instituciones de la localidad, de la provincia de Toledo y de la Comunidad Autónoma se han sumado este viernes a las 13.00 horas, con “profundo dolor”, al minuto de silencio convocado en memoria de una vecina de la localidad toledana, asesinada este jueves presuntamente por su expareja, que posteriormente se quitó la vida.

Un asesinato que la Delegación del Gobierno de Violencia de Género ha confirmado como un crimen machista, lo que lo convierte en el primero de estas características en lo que va de año en Castilla-La Mancha y el número 17 en toda España durante 2026.

“Terrorismo machista”

En declaraciones a los medios desde Seseña, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha lamentado profundamente este asesinato y que su vida se haya “roto por completo”, trasladando su cariño y abrazo más sincero a su familia, especialmente hacia su hijo hospitalizado.

Simón ha subrayado que el hecho de que sigan siendo asesinadas las mujeres es “una de las principales injusticias sociales que vivimos”, algo que ha calificado como “terrorismo machista”, ya que “están asesinando a mujeres por el mero hecho de ser mujeres”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad, a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones “para que nos conjuremos para acabar con la desigualdad que sufrimos en nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres”, cuya expresión “más dramática”, ha dicho, es la violencia y, en este caso, los asesinatos.

Simón ha tenido palabras de recuerdo también para todas las mujeres que sufren a día de hoy la violencia en sus hogares, a las que se han atrevido a poner una denuncia y a las que todavía no han sido capaces de pedir ayuda para decirles que “aquí estamos como sociedad para respaldarlas, para cuidarlas y para apoyarlas”.

Igualmente, les ha recordado que hay recursos que sirven, ayudan y que están “salvando la vida de miles de mujeres”, y que si piden ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del sistema VioGén “será más fácil que las podamos ayudar” y que “no hace falta poner una denuncia para poder pedir ayuda”. “Hay muchas alternativas para que las mujeres puedan romper esos lazos que tienen con sus agresores”, ha comentado.

Sara Simón ha vuelto a arremeter contra los “discursos negacionistas de la violencia machista”, convencida de que “no se les puede amparar y que no debemos permitir que estos partidos políticos que promulgan estas ideas estén en los gobiernos”, invitando a “romper aquellos acuerdos donde se estén dando, en aquellos ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas” porque “no nos podemos permitir tener a partidos de la extrema derecha en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos”.

La consejera, a falta de información oficial, sí ha confirmado que la víctima se encontraba en el sistema VioGén “con un riesgo bajo”; ha asegurado que el Gobierno regional pondrá a disposición del hijo de la víctima “todos los recursos” a su alcance y ha adelantado que el Ejecutivo se personará como acusación popular en este caso si se declarase como violencia machista, algo que ya ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno de Violencia de Género.

Horas “muy duras” para Seseña

Por su parte, el alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha admitido que están siendo unos días y unas horas “muy duras” para el municipio, que ha decretado un día de luto con banderas a media asta. “Estamos consternados, tanto los vecinos, yo como alcalde, por supuesto, y toda la institución”.

Ha confirmado que desde que recibieron las primeras informaciones sobre estos hechos “todo fue empeorando” hasta confirmarse de qué se trataba. “No nos podemos acostumbrar a esto”, estos hechos, ha insistido, “siempre duelen, siempre son condenables” y cuando ocurre en tu municipio, ha admitido, “es doblemente doloroso”.

En este sentido, ha admitido que no es extraño que, en un municipio como Seseña, no se conociera a las víctimas, porque es una localidad que “crece rápidamente” y por temas laborales puede haber gente que lleve poco tiempo en la ciudad. En cambio, ha dicho no tener constancia de que la víctima hubiera acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento ni tampoco de si tenía más hijos.

El primer edil de Seseña ha mostrado su solidaridad con el hijo de la víctima, que sigue hospitalizado, y con todos los familiares y amigos, y ha condenado este presunto caso de violencia machista como institución, manifestando su máxima solidaridad con las víctimas, con las que comparte su “profundo dolor”.

Repulsa de instituciones, partidos, colectivos feministas y sindicatos

Además del minuto de silencio, este viernes se han sucedido numerosos mensajes que trasladan la “rabia” y el “dolor”, unidas a condenas instituciones y sociales, por toda Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo.

A los mensajes que trasladaron ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, se ha sumado este viernes el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. El delegado ha condenado los hechos, trasladado sus condolencias a las víctimas y agradecido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sabrido ha asegurado que este hecho le llena “de consternación y tristeza” y ha pedido unidad de mensaje de toda la sociedad, “ante esta lacra”, que ya se ha cobrado la vida de 17 mujeres en lo que va de 2026.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha convocado un minuto de silencio el lunes a las 11:00 horas.

La Plataforma 8M Toledo ha mostrado su repulsa por este presunto crimen machista. “Estaba bajo el sistema de vigilancia VioGen, que calificó su riesgo como bajo. En riego bajo nos encontramos todas las mujeres. Cuando el presunto agresor tiene antecedentes por violencia machista debería revisarse con mayor rigor los niveles asignados a las víctimas”, ha manifestado el colectivo.

“Somos una sociedad que no está siendo capaz de frenar la violencia hacia las mujeres, que no condena cada día las agresiones que sufren y que se niega a dar voz y a asumir que la sociedad española es machista, que el patriarcado quiere callar a los colectivos feministas para que no los incomoden con sus denuncias por agresiones”, ha afirmado su portavoz, Lourdes Madrid.

“Los colectivos feministas estamos al lado de la familia, de otro hijo que ha quedado sin madre. Desde aquí, todas las mujeres que conformamos la Plataforma 8M Toledo les enviamos nuestro más sentido pésame y apoyo a todos sus familiares y amigos en momentos tan duros y dolorosos”, señala.

Por su parte, Comisiones Obreras de Toledo manifiesta su más enérgica condena y repulsa ante el asesinato. “Este crimen machista evidencia la gravedad de la violencia de género, una lacra estructural que sigue arrebatando vidas y dejando un profundo dolor en la sociedad”, denuncia la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García.

El sindicato hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto para redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia machista, “solo desde el compromiso colectivo podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, acabando con la lacra que supone esta violencia en sus múltiples expresiones y que nos muestra su peor cara con los crímenes machistas”, asevera García. “No podemos tolerar ni un solo asesinato machista más”.

De su lado, UGT Castilla-La Mancha ha condenado también los hechos y su secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales Isabel Carrascosa, ha pedido redoblar los esfuerzos para que ninguna mujer sea asesinada por su pareja.

El sindicato –no sin antes mostrar sus condolencias a la familia y amigos de la víctima- lamenta la “lacra” que sigue representando esta forma de violencia hacia las mujeres y considera “inaceptable” que las mujeres continúen siendo asesinadas a causa del machismo. Isabel Carrascosa reiteraba que “nunca alcanzaremos la igualdad plena mientras sigan sucediendo hechos como este”.

Desde los partidos políticos han condenado igualmente este asesinato machista. La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha trasladado “el más sentido pésame a la familia de la víctima”, mientras que la diputada del PSOE en las Cortes, Paloma Jiménez, ha pedido que “no se cuestione ni se niegue” la violencia machista y ha demandado “unanimidad, contundencia y rechazo” a todos los partidos, y una “condena rotunda” a los asesinatos de mujeres, por el simple hecho de serlo.

La Consejería de Igualdad recuerda que, ante cualquier expresión de la violencia de género, las mujeres que la sufren y sus entornos pueden pedir ayuda a través del teléfono 900 100 114 que, como la línea estatal 016, funciona de manera gratuita todos los días del año durante las 24 horas.

La jueza titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado la puesta en libertad del hombre encarcelado el pasado 14 de abril tras la muerte dos días antes de su expareja, que se precipitó cuando se descolgaba desde una ventana del domicilio del hombre, un tercer piso, en el barrio pamplonés de San Jorge. Está investigado por un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de medida cautelar. 

Tras una comparecencia celebrada el jueves, en la que la Fiscalía solicitó la libertad provisional, la magistrada acordó dicha medida al considerar que el imputado “no puede alterar ya pruebas” y las penas por las que podría ser condenado “permiten acordar otras medidas menos gravosas” para asegurar su presencia a disposición de la justicia. Al respecto, la jueza ha impuesto al investigado la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, así como el deber de comunicar los cambios de domicilio. 

La víctima y el encausado habían mantenido una relación sentimental, en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos. En ese procedimiento, en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento. 

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez expone que en la causa constan los informes de la Policía Municipal, con las grabaciones del portal tras los hechos, así como las testificales realizadas, tanto de los convivientes en la vivienda como de la dueña del bar que les vio marchar el día de los hechos. 

Es cierto, añade la magistrada, que el imputado llevaba meses conviviendo y manteniendo contacto con la víctima a pesar de la orden de protección. Y “también es verdad que le cerró la puerta el día del fallecimiento, pero en la vivienda había más personas que tenían todas llave de la puerta, siendo decisión personal y fatídica desgraciadamente la que tomó personalmente la fallecida, la cual ya había tenido con el investigado ese tipo de discusiones, de romper y reconciliarse”, señala. 

Asimismo, la magistrada considera acreditado que, inmediatamente antes del fallecimiento, “no hubo más discusión que la de querer irse la perjudicada de la vivienda, que la misma estaba bajo los efectos del consumo de alcohol y sustancias, pero sin que conste otro tipo de discusión con el investigado, el cual tiene trabajo en entidad pública y domicilio en España, así como familia, aunque esté irregular, razones que llevan a determinar que la situación de prisión provisional no continúa siendo necesaria”, dado que no puede alterar ya pruebas, tiene trabajo en España y las penas que pudieran recaer permiten acordar otras medidas menos gravosas para asegurar su presencia en el procedimiento.

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca.

También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado a un hombre de la misma nacionalidad ya fallecido por ahorcamiento.

En este sentido, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de un domicilio en la localidad de Seseña. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo se hace cargo de la investigación de los hechos.

La víctima se encontraba en el sistema VioGén

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

La Guardia Civil ha acudido a primera hora de la mañana al domicilio de la víctima tras recibir un aviso por una pelea entre el agresor y el hijo de esta, que se encuentra ingresado en un hospital.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1360 desde 2003.

El presidente de Castilla-La Mancha condena el presunto asesinato

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado el posible asesinato machista ocurrido este jueves en la localidad toledana de Seseña, en el que habría perdido la vida una mujer.

De momento, la Guardia Civil tan solo confirma el hallazgo en un domicilio de Seseña del cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre ahorcado.

“Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña. De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada”, ha dicho el titular del Ejecutivo castellanomanchego, a través de la red social 'X'.

“Mi pésame a la familia y seres queridos. No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella”, ha reclamado.

La consejera de Igualdad traslada consuelo y cariño a la familia

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha condenado “lo que parece” un nuevo asesinato machista ocurrido en la localidad toledana de Seseña, al tiempo que ha trasladado su “cariño” y “consuelo” a la familia de la víctima.

Desde Cuenca, y antes de participar en el acto organizado por el Gobierno regional por el Día de la Visibilidad Lésbica, Simón ha comenzando sus declaraciones a los medios lamentando “lo que parece y todo apunta” a que ha sido “un nuevo caso de violencia machista” en el municipio toledano.

“Todavía no tenemos datos al respecto y ahora mismo hay que dejar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realicen todas las actividades y todas las investigaciones que tengan que hacer para conocer realmente qué es lo que ha sucedido”, ha añadido.

Además, ha trasladado “el cariño y el consuelo” del Gobierno de Castilla-La Mancha “a los seres queridos y a la familia” de la víctima.

La presidenta de la Diputación muestra su “más firme condena”

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha querido trasladar su “más firme condena” ante este “trágico suceso”. Cedillo ha expresado su “profunda consternación y rechazo”, subrayando la necesidad de redoblar todos los esfuerzos institucionales y sociales para “erradicar esta lacra”.

Asimismo, ha trasladado su más sentido pésame y condolencias a los familiares y amigos de la víctima, acompañándoles en estos momentos de dolor.

El alcalde de Seseña pide “prudencia” y se muestra consternado

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha mostrado la consternación de todo el pueblo ante el posible caso de violencia machista que se investiga en la localidad, y que deja una mujer fallecida.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que todavía falta mucha información al respecto, por lo que ha querido mostrar prudencia.

Agentes de la Policía Judicial se encuentran en estos momentos en el lugar del hallazgo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que trabajan con la hipótesis de dos sucesos relacionados.

En un primer momento, en la madrugada de este jueves, servicios médicos atendieron a un joven de unos 20 años inconsciente en la calle, con signos de haber sido agredido. Poco después, se recibió un segundo aviso desde un domicilio cercano en el que una mujer pedía auxilio.

Una vez en el hospital, tras recobrar la conciencia, el joven de 20 años prestó declaración. Los agentes, al ver que el agredido guardaba relación con la mujer que pidió auxilio, se personaron en el domicilio, donde encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca y a un varón ahorcado.

Extremadura fue en 2025 la comunidad autónoma con la mayor tasa de muertes por violencia machista, con 8,61 casos por millón de mujeres de 15 o más años, aunque en la serie histórica, de 2003 a 2025, es la región con un menor dato, 34,6.

Son datos que revela el Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que cifra en 49 las mujeres asesinadas el año pasado, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024.

En Extremadura, 2025 fue el año más trágico desde que hay registros con los asesinatos de María (38 años y con un hijo) en Aldeanueva del Camino, Ilham (34 años y con cuatro hijos) en Don Benito, María Antonia Sánchez (28 años) en Badajoz y Verónica (46 años) en La Codosera (Badajoz).

Esta relación de víctimas podría sumar una más si finalmente se considera violencia machista la muerte de una mujer tras el incendio ocurrido en diciembre del año pasado en una vivienda de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

De las cuatro víctimas confirmadas, solo Ilham había formulada denuncia previa y ninguna tenía orden de protección en vigor, según el informe del Observatorio, que apunta que la provincia de Badajoz fue la tercera del país -junto a la de Sevilla- que sufrió el año pasado más asesinatos machistas con tres casos, después de Málaga con 6 y Madrid con 4.

Así se desprende del Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025, elaborado con los datos suministrados por los juzgados, y que suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003 pero que sigue siendo una cifra escalofriante: hubo un asesinato cada 7,4 días

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52,4.

El Observatorio del CGPJ considera “innegable que la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas” han derivado en una descenso significativo del promedio anual de muertes. El informe insiste en que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad, con independencia de su nacionalidad, edad o nivel de estudios.

Datos generales

El perfil genérico de las víctimas mortales de 2025 son mujeres de 47,3 años, en su mayoría españolas (57,1%), que en un 80% vivían con su agresor, un porcentaje muy elevado respecto a 2024 (67,3%) y de la serie histórica (2003-2025), que fue del 63%.

Además, en el 89,1%de los casos fueron asesinadas en un domicilio, o bien el de ambos, o de uno de ellos.

Respecto de la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, el 76,2% de ellas procedían de América, el 14,3% de África y el 9,5%, de Europa, según este informe del Observatorio del CGPJ.

La edad promedio de los agresores fue de 49,4 años; en su mayoría (63,3%) eran españoles, y en el 61,2% de los casos fue detenido.

La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86, mientras que el agresor más joven tenía 21 años y el mayor, 90.

El mes de junio y los miércoles como día de la semana reúnen los peores datos en cuanto a violencia machista en 2005, ya que en ese mes se registraron el 16,3% de los crímenes (en la serie desde 2003 el peor es julio) y el 20,4% los feminicidios se registraron ese día de la semana (en la serie desde 2003 el peor es el domingo).

Denuncias previas y medidas de protección

Once de las víctimas (22,4%) habían presentado denuncia previa contra sus agresores, una cifra menor que en 2024 (30,6%), y la del promedio de la serie histórica (25,8%). De estas 11 mujeres que habían denunciado, siete convivían con el agresor en el momento del crimen.

El Observatorio del CGPJ cifra en 4 las víctimas que tenían medida de alejamiento en vigor.

Las mujeres que denunciaron en 2025 tenían una edad media 42,4 años, y además, en un 63,6% de los casos, todavía convivían con el agresor que finalmente las asesinó. Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un 21,4%).

La violencia vicaria

El informe dedica uno de los capítulos a las muertes por violencia vicaria, con el objetivo de “dar visibilidad a un problema terrible”, que según recuerda, ha costado la vida a tres menores en 2025. Hasta el 31 de enero de ese año, 65 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2003, a los que hay que sumar los tres de este inicio de 2026.

Los niños asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, en la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. Tenían un promedio de edad de 6,7 años y dos de ellos murieron a manos de su padre biológico, y uno, a manos de la pareja actual de la madre.

Por comunidades autónomas

El informe del Observatorio del CGPJ recoge la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres mayores de 15 años desde 2003, que se sitúa en una media de 67,1. Muy por encima de esta media están Ceuta y Melilla (168 y 96 por millón, respectivamente), seguida de Canarias (93,9 mujeres) y Baleares (89,8 mujeres).

La comunidad con menos tasa acumulada desde 2003 es Extremadura (34,6 mujeres) seguida del País Vasco y Cantabria (con 44,6 y 46,5).

El 50 por ciento de las asesinadas en Galicia y Madrid habían presentado denuncia previa, circunstancia que en Cataluña asciende al 40 por ciento, al 33 en Andalucía y el 25 % en la Comunidad Valenciana.

En 2025 no hubo ningún crimen en Cantabria y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Era domingo. Sobre las 2.00 de la madrugada del 23 de octubre de 2022, Guillermo aprovechó que Dori, su novia, estaba sola en casa para agarrar un cuchillo de la cocina y empezar a apuñalar a la mujer de forma reiterada hasta matarla. La relación había empezado hacía unos meses, en mayo, marcada desde el inicio por los celos y el “sentimiento de superioridad” de Guillermo frente a ella. Tras asesinarla, él se tiró por la ventana y cayó sobre un tejado de uralita en el patio de luces de la vivienda, situada en Alcoy. Dori, de 27 años, se convirtió en la víctima mortal número 35 de la violencia machista aquel año en España.

Este pasado febrero, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a Guillermo a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de su pareja. La sentencia detalla la brutalidad del ataque contra Dori, a la que llegó a acuchillar 18 veces “en un lapso de un minuto” para aumentar “de forma intencionada su terror y sufrimiento”. Para asegurarse de la “eficacia” de la agresión, “se aprovechó” de que ella estaba sola en la vivienda y perpetró el ataque “de forma repentina” para que no pudiera defenderse. El fallo reproduce el último mensaje de voz que envió a su amiga segundos antes, ante la inminencia de la embestida: “Tata, está con un cuchillo, llama a la policía por favor”, clamó.

El caso ha sido juzgado por un jurado popular, que, sin embargo, no ha considerado probado que Dori fuera víctima de maltrato habitual y absuelve de este delito a Guillermo, que se acogió a su derecho a no declarar y manifestó padecer “amnesia” por el golpe contra la uralita. El fallo sí descarta que hubiera una tercera persona en la casa aquella noche, como apuntaba la defensa. No es ninguna excepción que la violencia mantenida en el tiempo, la que va más allá de una agresión puntual, quede oculta e invisible: a pesar de que detrás de la violencia machista suele haber un contexto de control, dominación y maltrato sostenido, a veces físico y siempre psicológico, es algo que no pocas veces pasa por encima del radar judicial y social.

“Todavía sigue costando mucho entender el ciclo de la violencia de género y no circunscribirla a hechos aislados. Más aún en este tipo de juicios en los que se cuenta con las limitaciones y dificultades añadidas que implica el jurado popular. En estos casos debemos explicar a ciudadanos corrientes pruebas muy complejas e intentar que comprendan cómo opera y funciona la violencia, algo que no es sencillo teniendo en cuenta lo arraigadas que están las ideas preconcebidas sobre qué es la violencia machista y cómo actúan las víctimas”, sostiene Laia Serra, la abogada de la familia de Dori en el proceso.

Tanto expertas como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevan tiempo advirtiendo de que la fotografía de la violencia machista suele estar incompleta debido a lo desapercibido que pasa el maltrato habitual. Aunque el CGPJ no ofrece datos de condenas desglosadas por tipo de delito, sí especifica cuáles se instruyen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es una calificación inicial que puede variar, pero da una idea de la orientación que suelen llevar las investigaciones: en 2024, último año completo con datos, el 50% fueron lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, el del maltrato ocasional. Solo el 15% fueron del 173, el que castiga a quien ejerce violencia física o psicológica de forma sostenida.

Un hecho de tres

En el caso del asesinato de Alcoy, el jurado popular decidió absolver a Guillermo del delito de maltrato habitual porque no consideraron probados dos de los tres hechos sobre los que tuvieron que deliberar. “La dinámica del jurado popular es así: tras practicar la prueba, se pide a los miembros que se posicionen sobre si consideran probados una serie de hechos, en base a los cuales el Juez luego, determina si los elementos que configuran ese delito se dan o no”, explica Serra.

El primero relataba cómo el 15 de octubre, días antes del asesinato, la pareja discutió y el hombre “cogió un cuchillo y esgrimiéndolo” ante ella “le dijo que un día la mataría y después se quitaría la vida”, lo que le causó “un hondo temor” a la víctima. El jurado consideró que no estaba probado porque aunque dos amigos de Dori explicaron que se lo había contado ella, ninguno “presenció las amenazas personalmente” y no hay “grabaciones” que lo acrediten.

Tampoco creyeron probado que en la madrugada del 29 de mayo, el acusado “empujó” a Dori “contra el portal de una finca” y le estuvo “gritando e intimidando”. A la escena acudieron dos policías tras la llamada de un vecino, pero el jurado argumenta que ninguno de los tres vio el empujón y el “ruido o estruendo” en la puerta que sí escuchó el vecino “pudo deberse a causa que se desconocen”. Lo que sí consideraron probado es que un sábado en una discoteca de Alicante, Guillermo mantuvo una discusión con la víctima por perder un móvil tras lo que el hombre “empezó a increpar, perseguir y hostigarla” teniendo que intervenir dos vigilantes de seguridad que llegaron a acompañar a Dori en coche.

Serra cree que en el resultado de las deliberaciones sobre el maltrato habitual ha influido una “falta de comprensión generalizada” en la sociedad sobre cómo funciona la violencia machista: “Para la ciudadanía, si una mujer reanuda una relación, como fue el caso de este juicio, es que no hay violencia de género. Igualmente, distinguir entre riñas de pareja y situaciones de maltrato, también es difícil, porque es una cuestión de intensidad y de contexto, en la que los usos sociales están muy arraigados. Pero para que un vecino llame a la Policía, el nivel de violencia de lo que está escuchando tiene que ser importante”, esgrime.

La relación de Dori y Guillermo, a pesar de durar solo unos meses, fue “un cuadro de violencia psicológica” que se extendió a lo largo del tiempo y que acabó con el asesinato de la mujer, describe Serra. “Había audios de ella y testimonios de la hermana y amigos que apuntaban a lo desesperada que estaba y a la manipulación, la coerción y el control a los que la sometía”, señala la abogada, que apunta a que “paradójicamente, el jurado descartó la violencia de género habitual, pero sí consideró que el crimen fue cometido por un móvil discriminatorio”.

De hecho, el fallo sostiene que Guillermo “actuaba movido por los celos y el sentimiento de superioridad” sobre Dori y describe las “llamadas insistentes” que solía hacerle o la ocasión en que la llamó “muchas veces” para recriminarle que hubiera hecho topless en la playa. Esta y otras pruebas, como los gritos de “hija de puta, la que has liado” que escucharon dos vecinas antes de que el hombre se precipitara por la ventana, llevan al jurado a considerar el “carácter posesivo” del condenado.

A juicio de Serra, si el hombre hubiera sido juzgado por un juez “sí se habría determinado el maltrato habitual”. Más aún teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 2022, que destaca que “lo relevante” para el delito “no es tanto el número de actos, en ocasiones difíciles de acreditar, sino la creación de un estado permanente de violencia que afecta a la convivencia desde el respeto y la dignidad”. En un reciente análisis de sentencias por asesinatos machistas del Consejo General del Poder Judicial, el organismo advierte en este sentido de que “es el propio modelo de relación establecido y asimétrico en las relaciones de poder” el que acaba provocando los crímenes mortales “más que los conflictos puntuales”.

Quedarse en la superficie

La doctora en Derecho Penal y criminóloga Miren Ortubay destaca la “dificultad añadida” de probar el maltrato habitual y la “tendencia del sistema” a quedarse en la superficie. “En los casos de homicidio sí suele haber más condenas por violencia habitual, pero los asesinatos son la punta del iceberg. La violencia más grave, las humillaciones y las amenazas continuadas, el control y la dominación constante es lo que provoca más angustia y destrucción de la autoestima, pero suele quedar invisibilizada cuando las víctimas ponen la denuncia”, sostiene la experta.

Lo habitual es que las denunciantes se ciñan a un último hecho puntual, la gota que colma el vaso, pero para llegar al fondo hacen falta investigaciones largas y complejas que no siempre se llevan a cabo. “Se requieren pruebas elaboradas, periciales psicológicas, testigos... Es mucho más esfuerzo para el sistema y para la mujer que acusa”, apunta Ortubay, que llama la atención sobre la generalización de los juicios rápidos en violencia de género, que deben solventarse en 72 horas y están pensados para delitos sencillos o en los que hay conformidad entre las partes.

En estos casos, se busca que las mujeres obtengan cuanto antes una orden de protección e incluso que haya menos margen para que puedan retirarse del proceso, pero al mismo tiempo es un mecanismo sobre el que las expertas llevan tiempo debatiendo. “El sistema tiende a convencer a las mujeres de que ya con una condena rápida está todo resuelto, muchas veces no se les explica ni se les pide opinión y al final no se investiga lo que realmente está pasando detrás de un hecho puntual”, recalca Ortubay. El propio CGPJ ya alertó en 2010 de que los juicios rápidos “tienen como contrapartida que se primen los hechos más inmediatos y fácilmente constatables”.

Con todo, la experta apunta a otro elemento que tiene que ver con la propia naturaleza del Código Penal, con el que, en su opinión, “es muy difícil captar la esencia última” de la violencia machista, la que tiene que ver con la dominación. “El Derecho Penal castiga hechos concretos y no es un juicio moral sobre determinados comportamientos, por ejemplo, los celos. En muchos casos, en las relaciones estamos hablando de un control absoluto sobre la vida de otra persona que es casi una forma de relacionarse, un ambiente, una forma de vivir... Y para un problema tan complejo como el de la violencia machista, es un instrumento muchas veces burdo y limitado. Por eso creo que debemos pensar e investigar otras vías de reparación complementarias”.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años de prisión a Marcos R.A. por el asesinato de su exnovia Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, la cual recibió hasta 16 cuchilladas, y por maltratarla de forma habitual, con “un total control y dominación”. Además se le impone indemnizar a los familiares de la víctima con más de 918.000 euros en global. El ahora condenado, había matado años antes a su por entonces pareja, Sibora, cuyo cadáver emparedó en el piso que compartían y que fue descubierto en 2023 a raíz del caso de Paula.

Así, en la sentencia, que se dicta después del veredicto de culpabilidad emitido por unanimidad hace unas semanas por un jurado popular, se condena al acusado a 23 años de prisión por un delito de asesinato y a un año de cárcel por otro de malos tratos habituales.

A la hora de fijar la pena, la magistrada ha tenido en cuenta “la brutalidad de la agresión”, causándole 16 heridas, que “impidió” la ayuda y varias circunstancias que agravan la condena, como la de género, al considerarse que el acusado actuaba “en todo caso movido por su sentimiento de control y dominación sobre la mujer a quien no reconoce valor alguno por sí misma”.

El abogado que representa a la familia de la víctima y que ha estado personado como acusación particular en este proceso, Guillermo Smerdou, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que entiende que la pena de 24 años de cárcel es adecuada y que la familia se encuentra “satisfecha” con el resultado del proceso.

“Situación de total dominación”

Según se considera acreditado en la resolución, el acusado mantuvo una relación sentimental con Paula durante tres años, teniendo un hijo en común, además de otros dos de ella de relaciones anteriores. Durante ese tiempo, el acusado ejerció control económico sobre ella, “sometiendo a la víctima a una situación de total dominación”.

Así, está probado que hacía comentarios “con intención de desacreditar a su pareja” y que desde que se produjo la resolución de desamparo de los tres hijos, “el empeño de Paula fue conseguir trabajo, disponer de vivienda, aparentar una relación de pareja estable con el acusado –padre de su último hijo– y someterse a controles periódicos sobre consumo de tóxicos, todo con la esperanza de recuperar la custodia de los niños”, dice la sentencia.

Pero el acusado, señala la resolución, “no la dejaba salir a trabajar por lo que perdía sus trabajos, no le dejaba tener teléfono y tenía que usar el de él”. Asimismo, ya antes, durante el embarazo del hijo en común, el procesado “le decía que tenía que hacer lo que él decía o haría todo lo posible para que le quitaran a sus hijos”, además de “menospreciarla”.

Asimismo, señala la Sala, “la amenazaba con expresiones del tipo 'te voy a hacer lo mismo que a Sibora'”, en referencia a una pareja anterior de él que desapareció y nueve años después fue descubierto su cadáver emparedado en otra vivienda de Torremolinos, caso en el que también está acusado este hombre por un delito de asesinato.

Con un cuchillo profesional de cocina

El acusado y la víctima encontraron trabajo para una misma persona, dueña de dos restaurantes en la localidad, quien, además, les alquiló un apartamento sobre uno de estos locales, lugar donde ocurrieron los hechos el día 17 de mayo de 2023, cuando sobre las 11 horas los trabajadores del bar de abajo comenzaron a escuchar gritos de Paula pidiendo auxilio.

Durante una discusión, el acusado “asestó varias cuchilladas con el cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar, hasta causarle la muerte”. La mujer “llevaba puesta una mochila en la espalda, pues estaba intentado huir del lugar cuando le asestó la última puñalada mortal, por la espalda”. Presentaba 16 heridas.

El dueño y otro compañero fueron a ver qué ocurría y escucharon “débilmente gemir a Paula, por lo que le preguntaron que si se encontraba bien”, pero fue el acusado quien respondió diciendo que “no pasaba nada, que solo era una discusión”. En un momento dado, el acusado aprovechó que no había nadie en la puerta para salir de la casa, tras haberse cambiado de ropa y lavarse las manos, aunque fue detenido poco después.

El día antes de los hechos, el acusado, dice la sentencia, supo que la mujer estaba en casa de un compañero, con el que tenía una amistad especial, y la llamó para decirle que podía volver a la casa porque se había marchado del apartamento, pero en realidad él “la había estado controlando” y siguiendo, preguntando a taxistas por ella.

Le tendió una trampa

Para el Tribunal y los jurados, “le tendió la trampa de decirle que él ya no estaba viviendo en el apartamento que compartían para que ella volviera y poder ejecutar el ataque y posterior muerte de Paula”.

Según la sentencia, durante los pocos días que el acusado y la víctima trabajaron juntos en el mismo restaurante ya hubo problemas porque el acusado estaba “celoso”. Además, un día que ninguno de los dos fue a trabajar, la mujer le contó a su jefa que había sido porque el procesado “la había pegado, y que ambos consumían drogas”.

Para los miembros del jurado y la Audiencia, los hechos constituyen un delito de asesinato, ya que “la intención de matar resulta clara tanto en número de heridas (16) que presentaba la víctima como por la zona del cuerpo en que se inflige y el instrumento utilizado, un cuchillo de 19,5 centímetros de largo”.

Así, al considerarse probado que el acusado engañó a Paula para que volviera al domicilio diciéndole que se había ido, “lo que no era cierto”, consiguió que la misma, “confiada”, volviera para, una vez allí, ser “atacada” por el procesado, “sin que la misma pudiera oponer eficaz resistencia a dicho ataque no sólo por lo inesperado” sino también por “la evidente desproporción física” con el agresor.

Eliminó “toda posibilidad de defensa”

Para la Sala, fue un ataque “totalmente inesperado en la forma concreta en que se produjo”. El acusado “planeó y ejecutó el ataque a quien hasta entonces había sido su pareja, empleando medios y en circunstancias tales que se asegurase la producción del resultado por él querido, eliminando toda posibilidad de defensa de la víctima como efectivamente sucedió”.

Asimismo, también señala la conducta del acusado respecto de Paula durante todo el tiempo de convivencia, “llegando no sólo a maltratarla físicamente sino también psíquicamente, tratando de controlarla en todo momento, impidiéndole desarrollar actividad laboral alguna fuera de su control, tratando de aislarla” y “denigrándola diciéndole 'sin mí no eres nadie'” y amenazándola, lo que provocó “el lógico temor y desasosiego”.

El acusado tras su detención se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y en su declaración posterior a presencia judicial sólo contestó a las preguntas de defensa no habiendo reconocido en ningún momento los hechos, por lo que no se le aprecia la circunstancia que atenúa la pena de confesión ni tampoco la de drogadicción.

Además de la pena de prisión, se le impone la privación de la patria potestad respecto al hijo en común con la víctima; prohibición de tener armas por cuatro años; la prohibición de acercarse al hijo y a las personas encargadas de su custodia por tiempo de 15 años; y la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro (Burgos) ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 60 años detenido por el incendio en un edificio de Miranda en el murieron su expareja, la madre de ella y una vecina.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este viernes, está acusado de tres delitos de asesinato, además de siete homicidios en grado de tentativa, por los otros inquilinos del inmueble, entre los que había dos niños de 7 y 11 años que resultaron intoxicados por humo.

También se le acusa de un delito de daños agravado por incendio y de varios por lesiones.

El hombre, con dos condenas previas por secuestrar y abusar sexualmente de una niña y retener ilegalmente a una mujer, había pasado a disposición judicial la tarde de este vienes.

Ha declarado durante hora y media en el tribunal mirandés, respondiendo a todas las partes, antes de que el titular del juzgado haya ordenado su ingreso en prisión.

Vídeos y testigos lo sitúan en el lugar

El detenido, que acudió a la comisaría voluntariamente la mañana del miércoles porque, según dijo, sabía que le estaban buscando, no ha dado mucha información sobre lo que ocurrió en la noche del martes, cuando tuvo lugar el incendio.

Los agentes sospecharon de él desde el primer momento porque existen grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona en donde se le ve acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio que, según los investigadores, prendió provocando el incendio en que el murieron las tres mujeres y resultaron heridas otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años.

Además, un testigo, vecino de las víctimas, lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa horas antes.

El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hacía años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años, por lo que el caso se ha investigado como violencia machista.

Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años, que se encontraba con ellas.

Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas.

Antecedentes por secuestros a mujeres

Según han informado a EFE fuentes policiales y judiciales, el hombre fue condenado el 12 de noviembre de 2024 a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y había golpeado en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional.

Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante 14 horas también en el municipio a una niña de 9 años a la maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

Hasta la fecha estaban confirmadas en España 10 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.