Los grupos parlamentarios han presentado 429 enmiendas parciales a los presupuestos de Cantabria para 2026, de las que 398 corresponden a las cuentas y las 31 restantes a la ley de medidas fiscales y administrativas que las acompañan.

El Parlamento de Cantabria ha cerrado este mediodía el plazo de presentación de enmiendas al presupuesto, que ronda los 3.925 millones de euros, y la Mesa de la Comisión de Economía se reunirá este jueves para decidir su admisión a trámite, según ha informado la Cámara regional en un comunicado.

Más de la mitad de las enmiendas han sido presentadas por el PSOE (225 a los presupuestos y ocho a la ley de acompañamiento). Le sigue en número Vox, con 99 a las cuentas y 11 a la ley de acompañamiento. El PRC ha registrado 28 enmiendas parciales al presupuesto y una a la ley de acompañamiento, para garantizar el control parlamentario del convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus adendas, como adelantaron los regionalistas la semana pasada. El PP, por su parte, ha registrado 24 al presupuesto y ninguna a la ley de medidas. Populares y regionalistas han presentado además tres enmiendas conjuntas a las cuentas. Y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha registrado 19 propuestas para enmendar las cuentas y 11 a la ley de medidas fiscales.

La Comisión de Economía y Hacienda debatirá las enmiendas los días 21 y 22 de abril y elaborará un dictamen que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el día 24. El trámite final será el debate y votación de las enmiendas en el pleno del Parlamento que se celebrará el lunes, 27 de abril.

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, las enmiendas conjuntas con el PRC están relacionas con el Consejo de la Juventud de Cantabria, actuaciones en boleras de la región y la reparación del consultorio de Cueto, en Santander. Las 24 de su grupo tienen que ver con cambios de denominación, ajustes puntuales y modificaciones técnicas para “una ejecución más efectiva” de las cuentas, ha señalado Alonso en un comunicado.

Cristóbal Palacio ha informado, también en una nota, de que sus enmiendas están destinadas a aliviar la presión fiscal, reforzar la transparencia administrativa y dar respuesta a las necesidades de las familias, las empresas y el sector primario. Entre otras medidas, propone ayudas a las familias por nacimiento de hijos y más financiación pública para la educación concertada.

La trágica muerte de seis jóvenes -una séptima víctima continúa ingresada en el Hospital de Valdecilla- al desplomarse sobre los acantilados del litoral norte de Santander la pasarela junto a la playa de El Bocal ha llegado al Pleno del Parlamento de Cantabria, donde también ocupa un escaño como diputada la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). Una pregunta del Grupo Parlamentario Vox ha servido para que el Gobierno del Partido Popular explique por primera vez la gestión de la llamada que hizo un vecino al servicio de emergencias 112 Cantabria unas horas antes del accidente alertando del peligro de colapso de esta estructura de madera.

“A lo largo de los días, y a pesar de estar todo bajo instrucción judicial, ya está más que de sobra contestada”, ha comenzado su intervención la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP). La respuesta ha servido para conocer, por primera vez desde que sucedió la tragedia, una explicación oficial sobre la gestión del aviso.

La responsable de las competencias en emergencias en la comunidad autónoma ha explicado que el 112 clasifica las llamadas en doce tipologías y que se calificó como “de deficiencia o desperfecto en vía de municipio”. Así, se hace una “transferencia” de la información de esa llamada a los centros de control y de mando a los organismos implicados y establecidos por cada ayuntamiento, ha apuntado. “Si hay Policía Local se traslada a ese centro de mando”, ha concretado, “al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes”.

Según ha confirmado la consejera, la llamada se produjo a las 12:11 horas del martes 3 e marzo y dos minutos más tarde, a las 12:13 horas, se trasladó a la Polícia Local de Santander “alertando de que un puente de madera de la senda que va desde El Bocal hacia Cueto está roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a los rocas”. Ese fue el mensaje que transmitió el vecino, Fernando Cabellos, tal y como confirmó él mismo a este periódico el día siguiente de la tragedia y con todo el dispositivo de emergencias en marcha para localizar el cuerpo de la última víctima.

“Se actuó de forma impecable en esta llamada”, ha considerado Urrutia, que ha hecho hincapié en que, de hecho, “el señor volvió a llamar a las 12:16 horas porque había tenido una llamada perdida en su teléfono fijo y quería comprobar si éramos nosotros, y ya se le informa de que su aviso ha sido trasladado a la Polícia Local”. Un aviso que, sin embargo, la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada dejó sin atender, según ha reconocido la propia alcaldesa de la ciudad.

La consejera ha respondido a la pregunta notablemente incómoda después que la portavoz de Grupo Parlamentario Vox considerase que si al Gobierno de Cantabria esta gestión le parece“ejemplar” -como dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP)- es necesario cambiar los protocolos. “Los cántabros que viven en Santander pagan tres servicios de Protección Civil: el municipal, con la alcaldesa a la cabeza; el estatal, que se gestiona desde la Delegación del Gobierno, y el del Gobierno de Cantabria. ”De los tres servicios que pagamos solo se llamó a uno“, ha denunciado Leticia Díaz.

Sin embargo, Urrutia ha acusado a la portavoz de Vox de “utilizar este tema para la carroña política que tanto les encanta” y ha añadido que el centro de emergencias 112 de Cantabria tiene una plataforma tecnológica de gestión, que está todo informatizado y que todo queda grabado. “Una plataforma tecnológica que se pone a disposición de todos los gestores, todos están en línea y todos ven lo que todo el mundo hace”, ha precisado al respecto.

La consejera ha añadido durante su intervención parlamentaria que “cuando hay otro operador que coge otra llamada y es de lo mismo lo vuelve a meter ahí, así se consigue además que en este control de llamadas y traslado de las incidencias todos los gestores actúen de la misma manera ante cualquier incidencia”. “Con agilidad, homogeneidad y eficacia”, ha remachado desde la tribuna. También ha destacado que el sistema cuenta con una categorización de los distintos tipos de llamadas, hasta 800, “y nunca se llama a otros organismos a no ser que se trate de una verdadera emergencia”. “Entonces, sí, entonces se activa la emergencia”. El 112 cuenta en Cantabria con una veintena de gestores y seis jefes de sala, que en el año 2025 han gestionado 283.000 llamadas.

IU y Podemos han iniciado los trabajos en busca de una candidatura única para las elecciones autonómicas de 2027 en Cantabria, con el objetivo de alcanzar representación en el Parlamento regional y “condicionar a las mayorías para aprobar medidas que protejan a los ciudadanos”.

Así lo han señalado los coordinadores autonómicos de IU, Israel Ruiz Salmón, y de Podemos, Mercedes González, en un comunicado conjunto en el que “renuevan su voluntad de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas de 2027”.

Aclaran, no obstante, “que no hay un acuerdo cerrado, sino que están en los trabajos iniciales”, y aseguran estar “abiertos a más incorporaciones”.

“El proyecto no se agota en dos siglas, sino que constituye una invitación abierta a más fuerzas transformadoras, agentes sociales y personas sin adscripción partidista que compartan la necesidad de construir una alternativa de progreso fuerte y útil para Cantabria, capaz de incidir en las decisiones públicas y mejorar la vida cotidiana de la gente”, han señalado.

Según han explicado, trabajan “en una alternativa real que empuje políticas valientes en vivienda, sanidad, empleo y transición ecológica, y para evitar que el rumbo de la comunidad quede limitado a las prioridades de las fuerzas tradicionales”.

El objetivo, han afirmado, es llegar a las elecciones de 2027 con una coalición sólida, plural y amplia, capaz de superar el umbral del 5% —en 2023 se quedaron a las puertas con un 4,13%— y obtener representación parlamentaria que permita influir de manera decisiva en políticas públicas en materias tan relevantes como la vivienda, la sanidad, el transporte y el empleo.

“La voluntad es clara: que Cantabria recupere una izquierda transformadora con presencia real en el Parlamento y que los miles de cántabros y cántabras que hoy no se identifican con los partidos con representación parlamentaria opten por una voz distinta, útil y valiente”, han asegurado los líderes autonómicos de estas dos formaciones.

Para ello, han concluido, ambas organizaciones están trabajando en común para atender y plantear soluciones realistas a los problemas que durante décadas ha generado o no ha abordado “el tripartito de siempre” , en alusión a PP, PSOE y PRC.

El Parlamento de Cantabria ha emitido una serie de medidas para garantizar la seguridad en la sede del Legislativo durante los días de lluvia, en los que se detecten goteras o filtraciones de agua por la cubierta que puedan generar charcos o acumulación de agua en el suelo de pasillos o zonas de tránsito de la planta superior del edificio, ubicado en la calle Alta de Santander.

Entre las medidas a seguir, y según una resolución de la Cámara adelantada este viernes por El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso Europa Press, figuran “utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante” cuando sea “imprescindible” transitar por zonas con suelo húmedo en la última planta, donde se ubica la Biblioteca y los despachos de los grupos parlamentarios.

Además, se solicita “evitar correr y extremar las precauciones” durante los desplazamientos por esas áreas del antiguo Hospital de San Rafael, construido en piedra y con una cúpula acristalada como tejado, así como “respetar siempre los itinerarios señalizados y las zonas delimitadas”. Asimismo, en la comunicación interna se ruega “limitar el tránsito de personas externas o ajenas al Parlamento” en las áreas afectadas por acumulación de agua por goteras y filtraciones.

Estas medidas se aplicarán “únicamente” los días de lluvia y en las zonas afectadas y han sido dictadas “en el ejercicio del derecho de la Cámara a participar y efectuar comunicaciones de riesgos detectados, propuestas preventivas o sugerencias dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa”.

La Unión del Trabajo Autónomo de Cantabria (TAEC-UATAE) reclama reforzar y actualizar el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo tras la publicación de los últimos datos sobre bajas en el RETA y solicitudes de prestación por cese de actividad. Según los registros del Ministerio de Seguridad Social, entre enero y octubre de 2025 más de 4.130 trabajadores autónomos causaron baja en Cantabria, pero solo 197 solicitaron la prestación y de ellas, solo menos de la mitad, concretamente 92, obtuvieron una resolución favorable.

Estas cifras sitúan a Cantabria entre las comunidades autónomas con menor tasa de acceso al 'paro' de los autónomos, por debajo de la media estatal (45,7%). “Los datos vuelven a confirmar que el sistema de protección social de los autónomos sigue sin funcionar para quienes más lo necesitan”, señala Álvaro Gómez, portavoz de TAEC-UATAE.

La organización recuerda que buena parte de los que se dan de baja no llegan a generar derecho a la prestación. Muchos son autónomos estacionales o discontinuos, o proyectos que cesan poco después de finalizar la tarifa plana, cuando aún no han cotizado lo suficiente para acceder a esta cobertura. “Eso no puede seguir siendo excusa para mantener una red de protección que en la práctica deja fuera al 98% de quienes abandonan su actividad”, denuncia Gómez.

También reclaman activar una Oficina de Segunda Oportunidad autonómica, que permita a los autónomos en dificultades reestructurar deudas, recibir asesoramiento jurídico y evitar cierres traumáticos. Una iniciativa que se debatio en el último Pleno del Parlamento de Cantabria cuestión a través de una propuesta del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fue rechazada. “En lo que va de año, solo una persona autónoma ha accedido en Cantabria a la Ley de Segunda Oportunidad. Eso demuestra que no hay recursos ni información suficientes para dar una segunda oportunidad real al colectivo”, advierte Gómez.

A nivel estatal, TAEC-UATAE vuelve a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que convoque la Mesa del Diálogo Social del RETA, paralizada desde hace meses, y afronte una reforma integral del cese de actividad. “No pedimos nuevos derechos: pedimos que se cumplan los que ya cotizamos cada mes”, concluye el portavoz.

La tensión en el Pleno para votar el rechazo del Presupuesto de Cantabria para 2026, solicitado por los tres grupos de la oposición, ha tenido un protagonismo inesperado. Si el Gobierno de Buruaga ha buscado sin éxito en las últimas semanas un voto tránsfuga de algún alcalde del PRC que les favoreciese, la sorpresa la ha dado el banquillo socialista.

Cuando tocaba votar la enmienda a la totalidad presentada por su propio partido, una de sus diputadas, Eva Salmón, se ha ausentado inesperadamente del hemiciclo víctima de un desconocido conflicto de intereses. Resulta que es la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y ha evitado votar en contra de un documento que avala el convenio singular de privatización de servicios sanitarios, por importe de 256 millones de euros con el centro sanitario religioso, en el que ejerce como directiva. Su propio portavoz, Mario Iglesias, había criticado minutos antes el convenio privatizador con el hospital religioso.

Hasta ahora la postura contraria de su propio grupo socialista al contrato sin concurso de larga duración -podría extenderse hasta los 20 años- no habría repercutido, al menos externamente, en el comportamiento de la diputada que tampoco participa con asiduidad, en su segunda legislatura en la Cámara, en la actividad parlamentaria y ha faltado a varios plenos.

La diputada socialista, que también ejerce como directora de personal en el Hospital San Juan De Dios de Vizcaya, no ha llegado a romper la disciplina de voto porque de manera muy sutil -sin consecuencias para el resultado final- ha salido del hemiciclo antes de iniciarse la votación nominal, a petición de siete diputados populares. Cuando ha aparecido en escena 'el hombre del saco' -el letrado del Parlamento- que ha desplegado una bolsa de tela azul donde ha metido los números de los 35 parlamentarios para sortear quién de ellos vota en primer lugar. Al llegar su turno, el secretario de la Mesa, Armando Blanco, llamó al voto por su nombre a la diputada Eva Salmón. “No está”, constató.

A la casilla de salida

El Gobierno de Buruaga, aunque sobrevive en minoría, está poco acostumbrado a que le lleven la contraria en el Parlamento. Así que ante la negativa, esta vez, de los tres partidos de la oposición a aprobar el Presupuesto de Cantabria para 2026, ha puesto a la presidenta de la institución a imponer las reglas de juego del Pleno celebrado este lunes para tratar sin éxito de impedir la evidencia: el rechazo a las cuentas públicas que se registraron sin haber llegado a un consenso.

Vuelven a la casilla de salida, lo que les coloca en una posición incómoda frente a su propio espejo: cómo justificar que Sánchez no puede gobernar sin presupuestos y Buruaga sí.

La presidenta del Parlamento se negó a que las tres enmiendas a la totalidad se votasen conjuntamente, tal vez con la ingenua esperanza de que alguno no votase la enmienda del otro. Se negó incluso a resolver el recurso de Vox que pedía paralizar el Pleno. La petición se analizará después de que se haya celebrado la sesión en un ejercicio del absurdo.

Los populares habían iniciado una estrategia para forzar el apoyo a las cuentas públicas de los alcaldes regionalistas. Algún consejero y su asesor llevaban semanas levantando el teléfono para presionar a los regidores, de la misma manera que ha hecho el consejero de Economía en la tribuna: si vuestro partido no vota a favor de los presupuestos os quedáis sin inversiones. Una OPA hostil tan fracasada como la del Sabadell.

En cualquier caso, la estrategia trataba de aprovechar la presunta falta de sintonía de algunos alcaldes del PRC con la sustituta electoral de Revilla. Hasta tal punto de que se rumoreó que el PP no tiraba la toalla y aspiraba a que algún regidor, como el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que intentó competir con Paula Fernández en las elecciones internas del PRC, rompiese la disciplina de voto.

También se miraba con curiosidad hacia lo que queda del grupo Vox, al voto del diputado Armando Blanco. Mientras su excompañero Cristóbal Palacio pedía desde el Grupo Mixto que habita en solitario el apoyo al presupuesto del PP. Aunque al final nadie rompió la disciplina de voto sí que faltó uno inesperado: el de la diputada socialista ausente.

El diputado Íñigo Fernández fue el elegido para defender el Presupuesto. Un parlamentario de alto voltaje político, lo que evidencia que los populares buscaban el tono bronco y la polémica manteniendo al margen a Buruaga. No defraudó en sus excesos dialécticos, centrados en desacreditar a la sucesora de Revilla, Paula Fernández, a quien -según él- se podría haber confundido con Irene Montero porque el PRC ha dado un giro a la izquierda.

Desenlace por escribir

El Gobierno en minoría de Buruaga ha resultado hasta ahora un inexplicable remanso de placidez, un balneario legislativo, en contraste con la falta de acción e iniciativa de sus políticas prácticamente inexistentes. La debilidad del equipo del Partido Popular no se ha percibido hasta ahora porque Revilla se encargó de poner una mullida alfombra que amortiguaba los efectos de un consejo de gobierno que ya tuvo que forzar una crisis en el primer aniversario de legislatura.

La legislatura ha ido transcurriendo conforme al guion clásico. Planteamiento: cómodo gobierno en minoría gracias al rescate del PRC con la bendición de dos presupuestos. Nudo: estalla el conflicto avanzado el ecuador del mandato para tomar posiciones de cara a la carrera electoral. Y desenlace: que está por escribir.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado en su sesión de este lunes una proposición no de ley (PNL) presentada por el PRC que instaba al Gobierno autonómico (PP) a declarar a los consultorios rurales como servicio básico esencial del sistema público de salud.

La iniciativa no ha encontrado la aprobación de la Cámara debido al voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; mientras ha recibido el voto a favor del PSOE y la abstención de Vox.

Además de la declaración, la PNL instaba al Ejecutivo cántabro a garantizar la financiación de los consultorios y una atención médica y de enfermería estable y continua, con una dotación adecuada de personal, especialmente en los municipios en riesgo de despoblación con incentivos y programas de retención de profesionales.

Asimismo, recogía garantizar que en estos núcleos se asegure la atención sanitaria a menos de veinte minutos durante las 24 horas del día, entre otras.

En la defensa de la iniciativa, la diputada regionalista Paula Fernández ha dicho que se trataba de una propuesta “sencilla”, pero “importante, potente” y “absolutamente necesaria”. Así, ha aseverado que la Atención Primaria es “el corazón del sistema” y “el lugar donde se previene, se detecta a tiempo, se cuida y se acompaña”.

Y ha criticado al consejero de Salud, César Pascual, y a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga -“la presidenta que se autodenominó sanitaria”-, por no haber situado la Atención Primaria como una “prioridad”.

La diputada ha pedido al Parlamento convertir en “un compromiso efectivo lo que hasta ahora han sido solo declaraciones de intenciones”, y ha afirmado que lo que se estaba decidiendo con la votación de esta PNL es “si queremos ser una comunidad donde vivir en un valle remoto o en el centro de Santander no sea impedimento para poder tener los mismos derechos de asistencia de nuestra salud”.

También se ha referido a que ha habido cierres de consultorios, sin médicos o con solo personal de enfermería, una atención domiciliaria “descuidada” y un “parche” del transporte sanitario que “no ha funcionado”.

La propuesta del PRC solo ha recabado el voto del PSOE, que ha opinado que se puede realizar porque “hay recursos” y ha criticado que lo que no hay es “ni capacidad ni competencia” para hacer que el sistema sanitario público “funcione”, que para el diputado Raúl Pesquera es “a lo que nos están acostumbrando”.

Por el PP, Miguel Ángel Vargas ha defendido la gestión del Ejecutivo, que “está haciendo todos los esfuerzos por mantener la Atención Primaria”, y ha reprochado al PRC que durante su gobierno se trasladó a los ayuntamientos las competencias regionales en materia de consultorios rurales, acusándoles de ser ellos lo que los cerraban, “como el de Los Tojos”, ha ejemplificado.

“Todos tienen el derecho a tener los mismos recursos y la misma atención y así procuramos que se garantice”, ha asegurado el 'popular', que ha acabado su intervención haciendo una llamada a la aprobación de los presupuestos de 2026, donde se contemplan actuaciones para “mantener y mejorar” los consultorios rurales.

Por parte de Vox, Natividad Pérez ha anunciado la abstención de su grupo a esta PNL porque, si “es bien intencionada”, la formación no está de acuerdo con su exposición de motivos, alegando “falta de concreción” en algunas propuestas, mientras que otras son “irrealizables”.

Además, ha recriminado a Fernández que durante ocho años su partido ha gobernado en coalición con el PSOE con la “responsabilidad de poder hacer lo que ahora piden”, y ha enfatizado que “esta situación no se ha llegado por generación espontánea”, sino por la progresiva degradación y desmantelamiento de la sanidad rural“.

PROGRAMA MUSCULOESQUELÉTICO

En el Pleno de este lunes, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha sido la encargada de responder a las cuestiones sanitarias formuladas por la oposición en sustitución del consejero de Salud, César Pascual, que se encuentra en Madrid en los premios 'Best in class', en los que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está nominado en varias categorías

Por un lado, ha respondido a una interpelación del PSOE en la que ha ensalzado el programa musculoesquelético de Cantabria, pionero en España y “ejemplo” para otras comunidades autónomas, que ha atendido a más de 4.000 pacientes, con una resolución del 83% de los casos sin necesidad de derivación hospitalaria.

Ha destacado que con él las derivaciones desde Atención Primaria y Reumatología y Traumatología han disminuido “de forma muy significativa”, en torno a un 20%, y las demoras medias en Reumatología se redujeron en cerca del 40%. Además, en el ámbito laboral las bajas por causas musculoesqueléticas cayeron entre un 33% y un 42%, mientras los días de baja se redujeron hasta un 37%.

Por otro lado, el PRC ha preguntado si la Consejería de Salud tiene previsto incorporar al personal de enfermería de quirófano del Hospital de Laredo una vez que el cambio del sistema organizativo “no ha cumplido los objetivos anunciados”, a lo que Urrutia ha respondido que el objetivo era aumentar el número de cirugías que se llevaban a cabo por la mañana y éstas se han incrementado en un 16,11% respecto al año pasado, además de que han mejorado las listas de espera con 200 pacientes menos y 38 días menos de demora media.

TARJETA FAMILIAR NUMEROSA

En la sesión plenaria también ha intervenido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha afirmado que no hay retrasos en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento y renovación del título de familia numerosas. Además, ha sostenido que se están resolviendo en dos meses cuando el plazo legal es de hasta tres.

Asimismo, ha detallado que se han descargado 3.714 tarjetas digitales, que se leen mediante un código QR, y ha afirmado que con aquellas administraciones con las que habido problemas porque “no querían reconocer” el título, se ha hablado con ellas y solucionado las incidencias.

Lo ha dicho a raíz de una pregunta de Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, ha aseverado que sí existen retrasos en la tramitación y problemas con las lecturas del QR.

Por ello, ha pedido a la consejera que dé una solución “de una vez”, que acabe con el 100% de la lista de espera y con las prórrogas de la vigencia del título --cinco publicadas en el BOC en un año, ha incidido-. “De lo contrario es no hacer buena gestión, esa que prometieron. No poner, como también dijeron, a la familia en el centro y no simplificar la administración”, ha enfatizado.

DERMATOSIS NODULAR

Por otra parte, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, también ha salido a la tribuna para responder a la oposición, tanto al PRC como a Vox, en su caso sobre la dermatosis nodular contagiosa, y ha insistido que la “única preocupación” del Gobierno regional y de los ganaderos es que el virus no entre en Cantabria, además de que ha señalado que “no es momento de hablar de ayudas”.

De esta forma, Susinos ha abogado por “la responsabilidad” tanto del Gobierno de Cantabria como de los ganaderos, que han tomado todas las medidas “con firmeza” en un “esfuerzo conjunto”, y ha pedido a Vox, que es el partido que le ha preguntado por las ayudas económicas para paliar las pérdidas los ganaderos, que “estemos a la altura”, cuando se cumplen 20 días del inicio de las medida.

Asimismo, la consejera ha asegurado que “no entiende” que por un lado Vox solicite estas ayudas y por el otro no apruebe el Presupuesto de 2026, que recoge nuevos planes de ayudas consensuadas con el sector, que incluyen partidas para modernizar explotaciones o para incorporación de jóvenes al sector primario.

PP y Vox han vetado la presencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otros colectivos sociales en las comparecencias parlamentarias sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, mientras sí han permitido la intervención de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Se trata de una estrategia acorde con la política en materia de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), centrada en combatir una ocupación ilegal que los datos oficiales no la señalan como un problema real, mientras descarta aprobar medidas para regular unos precios de alquiler que están disparados.

Así, PRC, PSOE, IU y el Consejo de la Juventud han denunciado que las formaciones de derecha y extrema derecha han excluido a colectivos sociales clave en el debate mientras han priorizado a entidades profesionales e inmobiliarias.

Y es que la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente aprobó este martes la comparecencia de 21 personas para informar sobre el proyecto de ley. Comparecerán, entre otros, el director general de Vivienda, Carlos Montes; representantes de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Administradores de Fincas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Abogados; así como la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN), la Asociación de Constructores-Promotores, la Asociación para el Fomento Inmobiliario y la Asociación de Inmobiliarias de Cantabria.

El listado se completa con catedráticos de la Universidad de Cantabria, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el Consejo Económico y Social, la SAREB, CEOE-CEPYME, GESVICAN y la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. La Mesa de la Comisión fijará el calendario de las comparecencias “sin que existan límites o fechas acotadas”.

PRC: “Supone empezar con mal pie”

Tras la reunión, el PRC denunció la “alianza” de PP y Vox para impedir las comparecencias del CERMI -Comité de Representantes de Personas con Discapacidad-, el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) y la PAH, solicitadas por los regionalistas. El portavoz Pedro Hernando lamentó que “si no escuchamos a los jóvenes, ni a las personas con discapacidad, ni a quienes no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios, estamos ignorando la visión de los colectivos que sufren a diario y de modo directo los problemas que la ley debe intentar solucionar”.

También criticó que “las dos formaciones de derechas quieran excluir de la participación a las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables”, lo que, a su juicio, muestra “una preocupante falta de voluntad de diálogo y una intención deliberada de ocultar los efectos reales del problema”. Hernando se mostró “muy preocupado” por el “camino de exclusión” que, afirma, marcan PP y Vox en torno a una ley que “no puede construirse de espaldas a la realidad social”.

PSOE: “Se silencia a la ciudadanía organizada”

El PSOE ha denunciado este miércoles que el PP “silencia a la ciudadanía organizada e impone, con el apoyo de Vox, un veto a quienes no piensan como ellos”. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha advertido de la “extrema gravedad” de impedir la participación de entidades que “están en primera línea”, como CERMI, el CJC, plataformas antidesahucios, FECAV, Cruz Roja, CCOO, UGT, Cáritas o Nueva Vida.

“Organizaciones todas ellas que trabajan cada día con la realidad de quienes más sufren el drama de la vivienda”, ha señalado Quiñones en una rueda de prensa. En este sentido, ha denunciado que “el único argumento que ha defendido el PP es que pueden defender lo mismo que los partidos de la oposición”, lo que demuestra, ha dicho, “su falta de respeto a los principios democráticos más esenciales”.

Mientras vetan a esos colectivos, ha añadido, han votado a favor de la comparecencia de la Plataforma antiocupación de Cantabria y de la patronal: “Solo dejan hablar a quienes piensan como ellos”, ha lamentado la dirigente socialista. A su juicio, este “doble rasero resta pluralidad y rigor al debate y provoca que la ley nazca muerta, sin diversidad ni pluralidad”.

“El proyecto de ley del PP no refleja las principales necesidades de los cántabros y las cántabras para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio y deje de ser un beneficio para grandes tenedores”, ha expresado Quiñones. “Así no se construye una norma útil ni duradera. Cantabria merece una ley que una, no que excluya ni divida, y que ponga encima de la mesa los problemas reales de los cántabros y las cántabras”, ha concluido.

IU: “Estrategia ideológica que criminaliza la pobreza”

Izquierda Unida, por su parte, ha denunciado también este miércoles el veto a la PAH mientras se permite hablar a la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, ha calificado de “impensable hacer una Ley de Vivienda sin escuchar a jóvenes, trabajadores o personas con discapacidad y necesidades de accesibilidad”. A su juicio, el PP está “tan entregado a la agenda de Vox y el negocio que muestra su aislamiento social”.

IU considera que la decisión responde “a una estrategia ideológica que busca criminalizar la pobreza y desviar la atención del verdadero problema habitacional”. “La derecha extrema y la extrema derecha vuelven a dar la espalda a la realidad y a quienes son más vulnerables”, ha lamentado Ruiz Salmón, haciendo hincapié en que “hay diez veces más desahucios que ocupaciones”.

Para esta afirmación, IU se ha servido de los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2025 en Cantabria, que apuntan a que se registraron 50 desahucios (40 por impago de alquiler, 9 por hipoteca y uno por otras causas), frente a solo cinco ocupaciones. “PP y Vox prefieren escuchar a quienes alimentan el discurso del miedo en lugar de a quienes llevan años defendiendo el derecho a la vivienda”, ha reprochado el líder de IU.

Finalmente, Ruiz Salmón también ha criticado que el listado de comparecientes, “con asociaciones de rentistas y promotoras, revela lo que piensan de la vivienda: que es un negocio”. Así pues, IU ha reclamado un “debate plural y riguroso” en el Parlamento y ha reiterado su apoyo a la PAH y a quienes trabajan “para evitar que más familias pierdan su hogar”.

“Si el PRC y PSOE hubiesen hecho los deberes cuando gobernaban, con una ley centrada en los sectores más vulnerables, hoy el debate y la situación serían distintos y, sobre todo, se estaría dando una respuesta adecuada a quien más sufre”, ha concluido el coordinador autonómico de IU.

Consejo de la Juventud: “Filtro selectivo”

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) ha acusado también este miércoles a PP y Vox de “silenciar e invisibilizar” a la juventud, pese a ser “quienes más sufren el drama” de acceso a la vivienda. El colectivo ha denunciado que se impida intervenir a la juventud asociada, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas antidesahucio, mientras se garantiza la presencia de la plataforma antiocupación y de entidades inmobiliarias.

Según el CJC, este “filtro selectivo distorsiona la opinión pública y vacía de sentido” la futura ley. Su presidente, David Sanjuan, ha reclamado una “rectificación y un debate inclusivo y plural, subrayando que la juventud tiene derecho a ser escuchada y tenida en cuenta, más aún tras la aprobación de la Ley de Juventud”.

La política cántabra anda preocupada por si se aprueban o no los presupuestos de Cantabria. Aunque, tampoco prorrogarlos supone un drama: Gema Igual gobernó el Ayuntamiento tres años sin ellos y no se notó la diferencia. Lo cual -dicho sea de paso- tampoco añade nada en favor de la alcaldesa popular.

Hasta ahora Revilla había bendecido todas las cuentas públicas del gobierno en minoría del PP con los votos de los diputados regionalistas, a cambio de un puñado de euros para los alcaldes de su partido. Un reparto de favor que hemos naturalizado como práctica política habitual.

Un apoyo que el PRC ha justificado para que Buruaga no se abrace a la ultraderecha de VOX, aunque no ha logrado impedir decisiones empañadas de xenofobia, como rechazar 30 millones para hacer un centro de refugidos en Parayas porque el edificio hacía falta para las personas mayores, aunque dos años después todavía no sepan para qué lo van a usar. O la campaña de solicitud de expatriación y recursos de menores extranjeros. Los regionalistas pasan por alto estas cuestiones, como la propia derogación de la Ley de Memoria Histórica, a cambio de algunas obras porque el partido al parecer milita en un escepticismo ideológico imperturbable.

El primer año el PRC firmó tan rápido su apoyo a los presupuestos que no leyó la letra pequeña, que escondía una subida salarial del 20% para la presidenta Buruaga y sus consejeros. Al destaparse el pastel Revilla quedó en evidencia. La polémica redujo la subida de sueldo a un porcentaje menos escandaloso.

Con el segundo presupuesto los regionalistas aprobaron la posibiidad de firmar convendios singulares con empresas privadas, como el que ahora permite privatizar servicios sanitarios durante 15 años cn un hospital privado sin concurso previo. 261 millones a dedo para “dar estabilidad” a la orden religiosa que quiere hacer una inversión importante. Así lo reconoce el propio gobierno.

De tal manera que, a veces, añgunos asuntos sustanciales tienden a colarse en la Ley de acompañamiento que se mira con una lupa de menos aumento que la declaración de buenas intenciones de las cuentas públicas cuando, por cierto, resultaría tanto o más interesante el debate sobre su liquidación. Es decir, qué porcentaje de realidad hay en cada ejercicio económico.

A la tercera, van vencidos. Coindiciendo con la recta final de legislatura y la elección de Paula Fernández como sucesora electoral de Revilla, esta vez el PRC ha decidido endurecer las condiciones y el PP ha respondido con un órdago registrando el proyecto en el Parlamento. Unos presupuestos que cuenta con el visto bueno de los sindicatos y que, si o se aprueba, servirá de muleta al Gobierno de Buruaga para echar la culpa al PRC de todo lo que vaya mal en la comunidad. Esto pasa porque no hay presupuesto, se excusarán ante cualquier contratiempo. Puede ser que acuda al rescate Vox con sus sigulares peticiones ideológicas, aunque ahora que el PP disputa la batalla política en la frontera con la ultraderecha.

Quizá lo más gracioso de los movimientos que hemos visto estos días -el PP desplaza a Revilla como interlocutor y se focaliza en desprestigiar a su sucesora- es que la número dos del partido, María José González Revuelta, acusa al PRC de haber dado un giro a la izquierda con Paula Fernández, aunque no tenga programa electoral alguno que certifique este hipotético movimiento.

En realidad, son ellos, el propio Partido Popular el que se mueve en el eje. Su discurso cada vez se arrima más a la ultraderecha. Así que efectivamente, es un efecto óptico totalmente engañoso: cuánto más se alejan hacia la extrema derecha más a la izquierda le pillan todos los demás partidos. Cuestión de perspectiva.

El proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 asciende a 3.913 millones, de los que el 70,8 por ciento se destinará a sanidad, educación y políticas sociales (un 12% más en estos capítulos que en el ejercicio en curso).

Concretamente, hay un incremento del 10% en las partidas para salud; del 12% para políticas sociales y dependencia y del 4% para educación.

Si no se cuentan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el presupuesto de 2026 hay 219 millones más que el anterior, lo que supone un incremento del 7%. Si, por el contrario se contabilizan, el crecimiento sería del 5,43% (178 millones más).

Además, el presupuesto para 2026 prevé una inversión pública de 556 millones y un nuevo recorte de la deuda, que a finales de año se situará en el 17% del PIB regional, casi cinco puntos menos que en 2022.

Las cifras del presupuesto han sido anunciadas este viernes en rueda de prensa por el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), tras registrar el documento en el Parlamento para su tramitación.

Agüeros los ha calificado como “los presupuestos de las personas”, de las “bajadas de impuestos” y de las políticas de acceso por la vivienda y los que servirán para “consolidar el crecimiento económico” de Cantabria y apoyar la economía productiva y el empleo.

También ha subrayado que en este presupuesto hay “déficit cero”, “no hay recortes” y se han incluido fondos para los 102 ayuntamientos “al margen del sectarismo político”.

Reparto por consejerías

En este presupuesto, la mayor dotación irá para salud, con 1.320 millones --98 más que en el anterior--, lo que supone más del 38% del presupuesto global de la comunidad autónoma.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Educación, FP y Universidades asciende a 784 millones (42,2 más que en 2025), lo que supone casi el 22,7% del presupuesto autonómico.

Tal y como ya se había anunciado, se incluyen más de 17 millones para atender el primer tramo de la subida salarial de los docentes, con un incremento salarial lineal de 90,23 euros mensuales (60 desde el 1 de septiembre de 2025 y 30 desde 1 de septiembre de 2026). A esto se sumaría la mejora de las cuantías de los sexenios.

Igualmente, este incremento presupuestario en educación permitirá al Gobierno cántabro implantar la reducción del ratio de alumnos en 4º de Primaria a 20 estudiantes y el mantenimiento de la plantilla de profesorado en un contexto de reducción de la matriculación en la Educación Infantil y Primaria.

Por su parte, las cuentas de la Consejería de Inclusión Social, junto con las del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ascienden a 345 millones, 23 más que en 2025.

A ello se suman los 200 millones que se van a destinar al Programa de Atención a la Promoción de la Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal.

También crece un 7,5% el presupuesto de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territrio y Medio Ambiente, hasta los 324,7 millones.

Dentro de este departamento se incrementan un 63% los recursos para políticas de viviendas, que llega a 60,2 millones. Habrá 13.07 millones para ayudas al alquiler, además de la ya anunciada línea de avales para los jóvenes para adquirir vivienda a través del ICAF.

Las cuentas de esta consejería incluyen también las partidas para el Plan de Obras Municipales destinado a los ayuntamientos, los descuentos para el transporte público por carretera y las obras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua.

A la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, junto con el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) se van a dedicar 239 millones, un 0,42%, en unas cuentas que prevén 100,85 millones para el I Plan de Empleo para mayores de 45 años y en las que crece un 260% la financiación para la formación con compromiso de contratación, hasta los 360.000 euros.

Además, el programa destinado a las entidades locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras o servicios contará con 25,8 millones y el fomento de la contratación indefinida, con casi 4,8.

También crece lo destinado a las políticas de investigación, desarrollo e innovación, alcanzando los 93 millones, un 18% más.

Y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contará con un 19% más de presupuesto, hasta los casi 108 millones, para financiar “las grandes infraestructuras culturales por las que ha apostado este Gobierno”, como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), el Centro de Arte asociado al Reina Sofía, o el centro de arte de La Lechera en Torrelavega.

También, Agüeros ha indicado que en este presupuesto se resuelve la “infrafinanciación” que se daba en la Sociedad de Cultura y Deporte, “solventando además el déficit arrastrado en legislaturas anteriores”, mediante una aportación en este presupuesto de 21 millones.

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa cuenta con un presupuesto de casi 162 millones, un 2,9% menos, pero con incrementos en las partidas destinadas a emergencias y protección civil.

El presupuesto para Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ascenderá a casi 125,1 millones, más de un 3% más que en 2025.

Una de las partidas que crecen en el presupuesto de este departamento es la de la póliza de seguro, que pasa de 1,3 a 2,8 millones, y se está ultimando el nuevo Plan de Gestión del Lobo con la actualización del baremo de indemnización de daños ocasionados por la fauna silvestre.

La Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos tiene un presupuesto de 50 millones, casi dos millones menos respecto al 2025, algo que, según Agüeros, se debe a la disminución de los fondos europeos y a que se ha saldado la deuda con la Fundación Comillas, desapareciendo la partida que había a ello en anteriores ejercicios.

Medidas fiscales

Junto con el proyecto de Ley de Presupuestos, se ha registrado también el de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, la conocida como 'ley de acompañamiento', en la que figura la ya anunciada bajada de impuestos para comprar una vivienda habitual, que pasarán a tener un tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros.

Asimismo, el Gobierno aumentará hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados.

También, la cuentas para el próximo año incorporarán nuevas deducciones en el IRPF para familias con hijos con discapacidad y para personas con enfermedades raras.

En concreto, se incrementará la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.600 euros, en el caso de hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y se prolongará la deducción de la ayuda doméstica a los hogares con una persona con discapacidad igual o superior al 65%.

Para las personas con enfermedades raras, se introducirá una nueva deducción de hasta 1.000 euros, que ascenderá hasta los 2.000 euros, sin límite de renta, para los enfermos de ELA.

Presupuestos sin apoyos

En la rueda de prensa, Agüeros ha destacado que el Ejecutivo ha aprobado y registrado estos presupuestos “en tiempo y forma”, aunque sin haber alcanzado un acuerdo previo con ningún grupo para sacarlos adelante.

Aunque el consejero ha reconocido que “es mucho mejor” que el presupuesto hubiera llegado ya al Parlamento con “consenso”, ha indicado que ahora se abre el turno de la negociación con los grupos parlamentarios y, en este sentido, ha expresado la disposición del Gobierno a introducir mejoras.

El Gobierno de Cantabria del Partido Popular ha ejercitado hoy una rápida e inesperada maniobra sorpresa que dinamita el acuerdo de los futuros presupuestos de Cantabria con su socio preferente, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que en esta legislatura ha dado su apoyo primero a la investidura de la presidenta Buruaga y luego a las sucesivas cuentas públicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Presupuestos sin consensuarlo con los regionalistas y lo ha registrado con celeridad esta misma mañana el consejero de Economía, Luis Agüeros, en el Parlamento de Cantabria a pesar de que en este momento no tiene los apoyos necesarios para aprobarlos.

“Desde hace 30 años no se traía al Parlamento unos presupuestos sabiendo que no se tiene el apoyo para que salgan adelante”, ha censurado la diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández.

El movimiento es un golpe de mano contra las exigencias del PRC, que este año había endurecido sus peticiones. El Partido Popular llevaba algunos días tejiendo una red tratando de seducir en términos políticos a los alcaldes cántabros, y hasta prometiendo alguna piscina. En una reunión en la Federación de Municipios de Cantabria la presidenta Buruaga presionó advirtiendo que no aprobar los presupuestos “supone un ataque en toda regla a vuestra capacidad de hacer obras y de financiar servicios”, les dijo. Buscaba convencerlos y que a su vez presionaran a los suyos de más arriba para facilitar un acuerdo en el Parlamento.

El martes el Comité Ejecutivo Regionalista hizo pública la lista de cinco condiciones para sentarse a negociar.

El miércoles el Partido Popular les advirtió de que no las aceptarían. “Paula Fernández se cree Puigdemont, pero la presidenta Buruaga no es Pedro Sánchez”, espetó la secretaria general del PP, María José González Revuelta. También dijo que era una estrategia para “salvar el liderazgo de Paula Fernández, a la que las últimas encuestas le dan tres diputados si se celebrasen hoy elecciones”.

El jueves la presidenta Buruaga encontró el inesperado amparo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que dijeron que las cuentas tienen “buena pinta” en lo relativo a políticas sociales y refuerzo de servicios públicos. Curiosamente, los empresarios se mostraron más reticentes y pidieron “valentía” y “celeridad”.

El viernes el Gobierno aprobó y registró el proyecto de Presupuestos ante el estupor de los regionalistas.

Cuatro días y un imprevisto giro de guion que añade más intriga al resultado final de las cuentas públicas. El PP había estado ablandando los corazones de los sindicatos, la patronal y los alcaldes en una maniobra periférica -mientras el PRC se sentía el centro de la operación- probablemente en la convicción de que siempre resulta más difícil ir en contra de un presupuesto que tiene cierto consenso social y municipal, aunque su aprobación evidentemente solo dependa de votos de los diputados.

La primera en hablar después del golpe de efecto fue la propia presidenta Buruaga que ha reconocido que le “hubiera gustado” alcanzar un acuerdo antes de aprobar este presupuesto en Consejo de Gobierno y ha asegurado que ha hecho “todo lo posible para que así fuera, tendiendo la mano al Partido Regionalista de Cantabria”.

Sin embargo, ha lamentado que el PRC “está en el no”. “Quien pone condiciones imposibles, sabiendo que lo son, y quien busca, en lugar de unir y de puntos de encuentro, aquellas cosas que separan, está tratando de empujar, está tratando de forzar el no, que es lo que ha ocurrido”, ha dicho.

Para añadir más dramatismo y presión a la firma del presupuesto, tras ser preguntada por la prensa por un posible adelanto electoral, Buruaga ha dicho que verá “cómo se desarrollan los acontecimientos” y “cómo evoluciona la situación”. “Esta es una decisión muy seria, como he dicho, y por lo tanto no voy a elucubrar, ni voy a adelantar ni anticipar acontecimientos con una decisión tan seria”, ha trasladado la presidenta, que ha insistido en que el objetivo es aprobar las cuentas y hasta el 31 de diciembre hay “tiempo”. “Si hay otro escenario, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente”, ha dicho.

En esa comparecencia añadió que “privar a Cantabria de un presupuesto por puro egoísmo o estrategia electoral” es “algo muy serio” porque no tener presupuesto “implica volver o retrotraer el calendario a enero del 25 y disponer de 220 millones menos” para sanidad, servicios sociales, educación y vivienda, así como “muchas más dificultades en la gestión”.

Pocos minutos después el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, en el Parlamento salió a decir que van a hablar con todos los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) para intentar aprobar el presupuesto de 2026 y al tiempo ha criticado que la “estrategia” del PRC con las cinco condiciones planteadas para sentarse a negociar “solo buscaba retrasar la presentación de las cuentas”.

A preguntas de los periodistas, Alonso no se ha querido pronosticar si finalmente habrá o no acuerdo con el PRC. “Yo al curso de magia no asistí y por lo tanto no lo sé”, ha ironizado. Pero ha introducido otra cuestión en su discurso público: “Yo no puedo obligar a nadie a llegar a un acuerdo si no quiere” pero si finalmente no lo hay, serán los regionalistas los que “tendrán que explicar por qué” no llegan a un acuerdo para aprobar “las mejores cuentas públicas” de la historia de la comunidad autónoma y que incluyen “un crecimiento extraordinario en sanidad, en educación y servicios sociales”.

Si después de este desaire público el PRC no apoya los presupuestos las miradas se dirigen inevitablemente hacia los tres diputados de Vox y el que pasó al Grupo Mixto, que de momento guardan silencio. El portavoz popular, en cualquier caso, ya ha dejdo claro que no hay líneas rojas con la ultraderecha: “Yo soy partidario de aprobar presupuestos con cualquiera que apoye las cuentas del PP”, ha zanjado.

Detrás de la puesta en escena de este abrupto intento de negociación de los presupuestos con el PRC está la figura de la recién elegida aspirante a las elecciones, Paula Fernández, para sustituir a Revilla en las futuras elecciones autonómicas de 2027. La estrategia de confrontación del Partido Popular se dirige especialmente contra ella que destila cierta debilidad frente a la figura tutelar de Revilla -que ha declarado públicamente su apoyo a su sucesora- y los rumores de ruido interno.

El martes dijeron que los regionalistas “no quieren” dar su apoyo a las cuentas del próximo ejercicio por el “giro a la izquierda” que ha dado el partido tras la elección de Paula Fernández para suceder a Miguel Ángel Revilla como candidata electoral a la Presidencia. “Ni ellos mismos se creen lo que piden”, aseveró con dureza María José González Revuelta. Responde a “una estrategia para justificar un 'no' para salvar el liderazgo de su candidata” porque las últimas encuestas “le dan tres diputados” si hubiese ahora unas elecciones, remató la política del PP.

Y hoy el portavoz popular, haciendo alusión a las declaraciones que ha hecho Fernández -registrar el presupuesto sin haber contestado a sus cinco condiciones demuestra una “falta de voluntad total y absoluta” de negociar- dice que ha “demostrado una vez más” el “estado de ansiedad” en que vive.

La tramitación de los presupuestos tal vez ambiciona una estrategia política de mayo calado que el mero aplauso a las cuentas públicas.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, que crecen un 6,8 por ciento con respecto al del año en curso, hasta superar los 3.900 millones (214 más), y el de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para ese año, la conocida como 'ley de acompañamiento'

Además de aprobar estos proyectos de ley, el Consejo de Gobierno ha aprobado su remisión al Parlamento de Cantabria para su tramitación, así como la solicitud a la Cámara para la comparecencia de los consejeros para informar de las cuentas de sus respectivos departamentos, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, registrará este viernes a las 11.00 horas el proyecto de Ley de Presupuestos y, a continuación, presentará en rueda de prensa el contenido del mismo.

A lo largo de estos dos últimos meses, ya se han ido conociendo alguna de las cifras del Presupuesto, que, según adelantó el pasado 15 de septiembre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, superará los 3.900 millones de euros, y lo calificó de “serio, realista, responsable” y “expansivo”.

También ese mismo día avanzó que en estas cuentas “seguirán batiendo récord de consignación presupuestaria” áreas como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así, por ejemplo, el de Educación rondará en 2026 los 780 millones, un 6 por ciento más que en el presente ejercicio, según avanzó la semana pasada su titular, Sergio Silva.

De ese montante, 432 millones serán para gastos en nóminas, una cantidad en la que se incluyen más de 17 millones de euros para hacer frente a la adecuación salarial de los docentes.

Y ello pese a que Consejería y Junta Docente no han llegado a sellar el acuerdo de adecuación salarial y el conflicto sigue abierto tras la celebración de varias jornadas de huelga durante el pasado curso y al inicio de este.

Con esos más de 17 millones se prevé implementar una subida lineal de 90,23 euros para los docentes, más lo correspondiente a sexenios con los que cuenten cada uno de ellos.

Por otra parte, se ha conocido que el presupuesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ascenderá a 317,1 millones, 22 millones más (+7,8%) que en 2025.

En esa cantidad, se incluyen 120 millones (+12 millones) para estancias concertadas.

Además, habrá más de 24,4 millones de euros para los servicios sociales de los ayuntamientos, es decir, 2,5 millones más.

También se ha avanzado que el presupuesto para políticas de vivienda crecen un 63% respecto a las cuentas de 2025, hasta los 60,2 millones.

Por otra parte, los presupuestos incluirán 556 millones de euros para inversión pública, una cifra “como nunca antes”, según avanzó Buruaga a mediados de mes.

También el Fondo de Cooperación con los ayuntamientos subirá un 2,8% en 2026 hasta alcanzar los 19 millones de euros.

Medidas fiscales

En materia fiscal, también se han conocido algunas medidas, como la nueva bajada de impuestos para comprar una vivienda habitual, que pasarán a tener un tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros.

Cuando el precio supere esta cantidad, los primeros 300.000 euros tributarán al 7% y, a partir de ahí, al tipo general del 9%.

Asimismo, el Gobierno aumentará hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados, que en estos momentos está establecido para menores de 36 años, colectivos especiales municipios en riesgo de despoblamiento.

También, la cuentas para el próximo año incorporarán nuevas deducciones en el IRPF para familias con hijos con discapacidad y para personas con enfermedades raras.

En concreto, se incrementará la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.600 euros, en el caso de hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y se prolongará la deducción de la ayuda doméstica a los hogares con una persona con discapacidad igual o superior al 65%.

Para las personas con enfermedades raras, se introducirá una nueva deducción de hasta 1.000 euros, en tributación individual, y de 1.200 euros, en tributación conjunta, deducción que ascenderá hasta los 2.000 euros, sin límite de renta, para los enfermos de ELA.

Que lo que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino en Gaza constituye un genocidio es una realidad incuestionable. Pero es que este mismo mes de septiembre, la propia ONU ha concluido a través de un informe elaborado por una comisión de investigación independiente que se cumplen cuatro de los cinco criterios que establece el derecho internacional para calificar como tal lo que está perpetrando el gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la población civil de la Franja: “asesinatos, causar daños corporales y mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos”.

Ante este escenario, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), en su intento de promover una declaración institucional en el Parlamento autonómico de apoyo a Gaza, ha planteado eliminar de la misma el término 'genocidio', que define exactamente la magnitud de lo que está ocurriendo, para obtener de esa forma el respaldo del PP. En su lugar ha propuesto 'masacres y asesinatos generalizados'.

Pero entonces se ha topado con el rechazo del PSOE, que se ha negado a respaldarla si se omite el citado término. Y lejos de señalar únicamente a quienes rehúyen denominar a las cosas por su nombre, el PRC ha optado por repartir culpas, acusando tanto a populares como a socialistas de “boicot” y de actuar con “sumisión a sus rifirrafes nacionales”.

Así pues, para la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, los representantes de los dos grandes partidos nacionales “no han estado a la altura” y han llevado al Parlamento cántabro a “rechazar una declaración que llega de la mano de la ciudadanía a la que representa”. “Hemos visto a un PP acomplejado y sumiso a Madrid y a un PSOE inflexible por una palabra, que no han dudado en evitar la condena a la barbarie que está viviendo la población de Gaza”, ha señalado este sábado en un comunicado.

No obstante, Fernández ha sido especialmente crítica con la postura del PP y su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a la que ha acusado de actuar “acomplejada” y de “plegarse a los dictados” del su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y de la mandataria de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, ha asegurado que ellos son “los auténticos responsables del veto sufrido por la propuesta promovida en el Parlamento cántabro”, después de haber sido aceptada en un primer momento por todos los grupos, con la única excepción de la extrema derecha de Vox.

“En cuanto llamaron a Madrid para pedir permiso y se lo denegaron, retiraron su apoyo”, ha asegurado la regionalista, quien ha contrastado la postura de Buruaga con la de otros presidentes del PP, como el gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juan Manuel Moreno. “Ellos no han tenido reparo en votar a favor de declaraciones de condena al genocidio y llamar a las cosas por su nombre”, ha recalcado.

Ante el “cerrazón de los populares y de acuerdo con los colectivos proponentes de la declaración”, el PRC ha explicado que “intentó cerrar un texto de consenso sustituyendo el término 'genocidio' por 'masacres y asesinatos generalizados', pero en esta ocasión fue el Partido Socialista el que se desmarcó y rehusó secundar la propuesta”.

Precisamente esta semana, el PSOE ha anunciado que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Cantabria y una proposición no de ley en el Parlamento para condenar el genocidio contra el pueblo palestino, utilizando de forma explícita el término que ha provocado el desacuerdo.

El Parlamento de Cantabria inicia el nuevo periodo de sesiones con la tramitación de cinco proyectos de ley y ha fijado la celebración del primer Pleno de la temporada para el lunes 22 de septiembre.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la Cámara cántabra tras la aprobación este viernes por parte de la Mesa de convocar la primera sesión plenaria en esa fecha, siguiendo la tradición de celebrarla después de la festividad de la Bien Aparecida, 15 de septiembre, que este año cae en lunes.

En su reunión, la Mesa de Parlamento ha tramitado más de 200 asuntos, entre ellos la admisión a trámite el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, que se suma a las iniciativas en marcha.

De este modo, el curso parlamentario arranca con la tramitación de cinco iniciativas legislativas: Control Ambiental, Voluntariado, Participación Ciudadana, Creación del Colegio de Terapeutas y Ordenación de Transporte Marítimo.

En cuanto al estado de tramitación de estas iniciativas, el Proyecto de Ley de Voluntariado ha recibido 89 enmiendas de los grupos parlamentarios (60 del PSOE, 13 de Vox, 11 del PRC y 5 del PP). El informe de la ponencia será debatido y votado el jueves 13, a las 10.00 horas, en la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Cantabria de Control Ambiental tiene ya aprobadas las 11 comparecencias que se celebrarán siguiendo un calendario que se fijará este mes; y el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Autónoma, tiene pendientes de celebrar 4 de las 15 comparecencias previstas en la Comisión de Presidencia.

Y el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, registrado en la Cámara el pasado 20 de agosto, ha sido admitido a trámite hoy por la Mesa.

Finalmente, el Proyecto de Ley de Creación del Colegio de Terapeutas, que no ha recibido enmiendas, se incluirá previsiblemente en el orden del día de alguno de los primeros plenos de este periodo de sesiones.

Con este arranque, el Parlamento de Cantabria pone en marcha un nuevo curso político marcado por una “intensa” agenda legislativa, ha destacado.

La oposición al Gobierno de Cantabria (PP) ha pedido a su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que “no anuncie tanto y vaya cumpliendo”, pues PRC, PSOE y Vox han coincidido en que la 'popular' ha prometido este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región “lo mismo” que en el anterior, y le han afeado “los incumplimientos” en los que a juicio de estos tres grupos ha incurrido y el que no haya hecho “nada” de lo comprometido, cuando se cumple el ecuador de la legislatura.

Creen que la jefa del Ejecutivo, que lleva dos años de mandato en minoría parlamentaria, “maquilla” datos y acciones, y “promociona” proyectos que en realidad son de otros o “heredados” del anterior bipartito de socialistas y regionalistas.

Lo han expresado así, esta tarde en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, los portavoces de PRC, Paula Fernández; PSOE, Mario Iglesias; y Vox, Leticia Díaz, que se han pronunciado sobre la intervención en la sesión matinal de Buruaga, en la que ha realizado diferentes anuncios, como la libre elección de hospital desde 2026, avales a menores de 45 años para comprar vivienda o inversiones en infraestructuras turísticas.

“Cantabria avanza gracias al Gobierno de España”

Y aunque la líder del Gobierno y del PP regional ha asegurado que la comunidad autónoma “avanza” pese a la “anarquía nacional”, el diputado del PSC ha replicado que “todo lo que avanza en Cantabria es gracias al Gobierno de España”. Y ha remachado que los 'populares' “viven” de criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y “de la herencia del Gobierno anterior” en la región.

“Así no puede seguir gobernando, señora Buruaga, porque si todo ha ido peor en dos años es simple y llanamente porque su Gobierno no funciona, por mucho que prometan, prometan y prometan”, ha señalado Iglesias, para quien no hay “excusas ni justificaciones que valgan”, pues tanto el PRC como Vox “le han puesto un puente de plata” para sacar adelante las cuentas y “todas las leyes que han querido”.

Así, el parlamentario del PSOE ha indicado a Buruaga que, “si Cantabria no avanza, es su responsabilidad”, como lo también lo es si la región “pierde oportunidades”, la sanidad y la educación “están peor que hace dos años”, el aeropuerto “va a menos”, los pisos turísticos -sobre todo los ilegales- “no dejan de crecer y la gente cada vez puede tener menos acceso a una vivienda digna”, el principal problema de la región para este partido.

“Todo es su responsabilidad”, ha resumido el socialista, que cree que el Gobierno de Buruaga ha hecho “nada o muy poco” y ha prometido y anunciado “lo mismo” que en debates previos. “Deje de buscar culpables fuera y póngase a trabajar dentro de un Gobierno que lo ha tenido fácil y nos está haciendo muy difícil la vida a los cántabros”. “Despierten. Los cántabros estamos esperando un Gobierno que gobierne. Y este Parlamento está esperando un Gobierno que cumpla lo que aprueba y avance en lo que promete y que nunca hace”, ha indicado Iglesias.

Falta de gestión e incumplimientos

La portavoz del PRC y candidata electoral no comparte la 'Arcadia Feliz' que a sus ojos ha dibujado Buruaga en su intervención y ha lamentado que pese a que su partido ha puesto “todo de su parte y más” para que el Gobierno funcione, aprecia sin embargo una “preocupante falta de gestión” e incumplimiento de los compromisos de forma “sistemática y reiterada”.

Pero lo que más preocupa a Fernández es que ve “un alejamiento cada vez mayor” entre Buruaga y la realidad cántabra: “La distancia que ha puesto entre su acción política y los problemas reales de los ciudadanos a los que se debe cada día es más evidente. Y eso, señora presidenta, suele ser un síntoma de soberbia que ejercen los gobiernos que lo hacen con mayoría absoluta”, ha comentado la regionalista para recordar a la 'popular' que no tiene mayoría absoluta. “No lo olvide. Baje de vez en cuando del pedestal en el que está creciendo o probablemente en el que se está escondiendo”, ha añadido.

La sucesora de Miguel Ángel Revilla en los carteles de las elecciones de 2027 ha considerado “injusto” que la presidenta haya intentado “borrar” en su intervención que la mayoría de los proyectos ejecutados estos años o que están realizando son del Ejecutivo anterior, que los dejó en marcha o incluso “en bandeja”.

Y ha criticado la acción del PP si se tiene en cuenta que la economía está “estancada”, el plan de autonómos “ha fracasado” y Cantabria está “a la cola” de España en poder adquisitivo: “Los cántabros nos empobrecemos a marchas forzadas”, ha alertado, antes de censurar también la acción en otras materias como industria, juventud, derribos o sanidad, donde el Gobierno y su presidenta han “fallado” y no han “cumplido”, pues está “mucho peor que la dejamos”. En educación, ha pedido “un esfuerzo” a Buruaga para llegar a un acuerdo con los docentes en la mejora salarial que reivindican.

Decepción

Finalmente, la portavoz de Vox no tiene “dudas” de que Buruaga, “al más puro estilo revillista”, ha dedicado las tres horas de su primera intervención en la Cámara a “volver a vender lo mismo que nos dijo hace dos años en su discurso de investidura y que nos repitió en el anterior Debate de Orientación Política”.

“Ha comenzado refiriéndose a la honestidad y ha terminado su discurso diciendo que ha querido ser muy rigurosa”, ha apuntado Díaz, para quien la jefa del PP “no ha practicado ninguna de las dos cosas” y su Gobierno “está más preocupado por preparar la próxima legislatura que por gobernar en esta”.

Se trata de un Ejecutivo que “anuncia, promete, planea para un futuro incierto” y con “consigna política”, que es “invisibilizar a Vox”, ha opinado la diputada de este grupo, para quien “está bien firmar”, pero está “muchísimo mejor cumplir”. Así, ha cuestionado los “logros” que se ha atribuido Buruaga, a la que se ha referido como “la alumna aventajada de Revilla”, y cree que su Gobierno ha sido una “gran decepción” al suponer un “continuismo absoluto de lo heredado”, con los mismos proyectos cuyo presupuesto “duplica o triplica” y las obras se vuelven “eternas”.

Díaz ha considerado que el actual Ejecutivo es el de “las promesas por cumplir, los titulares sin contenido, los planes de 'año tras año' y la propaganda y publicidad”, mientras Cantabria “crece menos” que la media y el paro baja, pero a costa del envejecimiento y una menor tasa de actividad, en tanto que la “tan cacareada” revolución fiscal “ha sido un leve rasguño” al sistema, con deducciones que no han sido “suficientes” e impuestos que “siguen asfixiando” a los cántabros.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha acusado a la oposición de sembrar dudas sobre el futuro centro de datos Altamira y ha dicho que consumirá “menos energía eléctrica que cualquier otro centro de datos de España”, no gastará agua para su refrigeración y se pondrá en marcha a través de una solución eléctrica “muy sencilla” que no implica ningún gasto al sistema nacional. “Bueno, no lo he dicho yo, lo dice el promotor: que no se necesita agua para la refrigeración”, precisó después.

“Me intranquiliza que ponga tantas pegas”, espetó a la diputada socialista Ana Belén Álvarez. “Que si el informe, que si el informe... ¿necesito yo el informe para saber que una inversión de 3.600 millones necesita un informe de si cumple la Ley? ¡Hombre, por favor! cuando lo apruebe el Gobierno, sí, pero no para ahora”, replicó airado.

Dicha ‘solución’ irá ligada a la subestación eléctrica de Penagos, un “nodo eléctrico robusto y preparado para acoger grandes demandas de energía”. Eso sí, se necesita que el Ministerio para la Transición Ecológica incluya en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030 dos nuevas posiciones en esta subestación.

Un trámite que depende del Ministerio y que el consejero ve “factible” porque “no implica ningún gasto al sistema eléctrico español ya que será sufragado por el promotor”. Arasti ha advertido que espera que “no se vuelva a perder una oportunidad histórica” para Cantabria por un posicionamiento del Estado.

“Durante muchos años se ha perdido una ocasión importantísima en infraestructuras que son muy importantes para Cantabria y creo que ha llegado el momento de dejar de perder el tiempo”, ha advertido Arasti tras señalar que “no le gustaría” que “un ministro, o ministra en este caso”, “postergara” la iniciativa aludiendo a “problemas” en estas instalaciones como el consumo de agua o energía, según recoge la agencia Europa Press.

El consejero de Industria ha dado estas explicaciones en una comparecencia en el Parlamento de Cantabria para explicar el proyecto del campus tecnológico que promueve el fondo de inversión vinculado a los negocios inmobiliarios Stoneshield Capital y su filial XDC Properties, que ya han comprado parte de las 60 hectáreas de terreno correspondientes a la primera fase entre Villaescusa y Piélagos donde el hijo de Ana Botín y su socio plantean buscar clientes, que todavía no tienen, para que generen actividad.

La disertación del responsable de Industria en el Parlamento -que ha leído un extenso documento sin levantar la vista del papel- es un trámite necesario para que el Gobierno cántabro pueda declarar esta iniciativa privada como el primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad. Algo que se hará –ha anunciado- en los próximos días. El proyecto se presentó públicamente el 25 de febrero y la primera de las tres fases, que se acometerá en un terreno de más de 370.000 metros cuadrados, se desarrollará mediante un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que ya ha sido redactado. La tramitación concluirá con su aprobación por el Consejo de Gobierno “previsiblemente en diciembre”, de modo que las obras comenzarían en enero de 2026. Mientras, las de las fases 2 y 3 se acometerían a partir de noviembre 2028, para que el campus comience a operar en 2032.

Arasti ha depositado una confianza épica en el futuro centro de datos Altamira al que se ha referido como “una oportunidad histórica para Cantabria” porque será “uno de los más grandes y avanzados de Europa” que “posicionaría” a Cantabria “como uno de los principales hubs tecnológicos” del continente. Ha defendido la necesidad de declarar como estratégico por parte del Gobierno este proyecto que contempla una inversión similar a todo el presupuesto anual de Cantabria y aproximadamente la cuarta parte de su PIB, y que será “tractor” para atraer empresas “de primer nivel como Meta, Google o Amazon”.

A las criticas de la oposición sobre falta de transparencia de proyecto ha dicho: “señores diputados, no podemos confiarnos porque la arbitrariedad está hoy en España a la orden del día. Solo hay que ver los telediarios y por lo tanto para combatir la arbitrariedad, nada mejor que la información”. A continuación, dijo que iba a hacer pedagogía y emprendió la lectura de otras cuartillas sobre los beneficios y propiedades de los centros de datos.

Intervenciones de la oposición

Desde la oposición, PRC, PSOE y Vox han mostrado su apoyo a un proyecto que supone una inversión y creación de puestos de trabajo “tan importante”, pero también han mostrado “preocupaciones” al respecto, como la posibilidad de que la aportación de 500 MW para este centro “penalice” a la industria o que se produzcan ciberataques para los que Cantabria no esté preparada.

Además, han advertido que el Gobierno tiene la obligación de hacer pública la documentación que han pedido, y que hasta el momento no han recibido.

Pese a que el consejero ha destacado que los promotores ya han desarrollado con éxito el mayor centro de datos de Madrid, los regionalistas han alertado de que no es así porque lo han “vendido” a otro grupo, ante lo que han pedido cautela. “No queremos ser meros proveedores de suelo barato mientras importamos ingenieros y otros profesionales cualificados de fuera”, ha dicho el portavoz, Pedro Hernando, a quien Arasti ha respondido que ese suelo “llevaba 18 años sin vender”.

Mientras, la socialista Ana Belén Álvarez ha señalado que un centro de datos puede generar “cientos” de puestos pero también implica un alto consumo energético, impacto ambiental y ruido, por lo que ha pedido buscar un “equilibrio” entre “optimización del rendimiento y eficiencia hídrica y energética”.

Y desde Vox, Natividad Pérez ha opinado que puede ser un proyecto “abocado al éxito, siempre y cuando el Gobierno de Cantabria haga un acompañamiento”. No obstante, ha mostrado “cautela” porque “no han sido pocos los grandes y emblemáticos proyectos” que ha anunciado ya este Ejecutivo.

Además, seguidamente a la comparecencia del consejero el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha presentado una interpelación también sobre el Proyecto Altamira, respecto al que ha instado al Gobierno a aprovechar la oportunidad con una estrategia para que realmente genere riqueza en la región.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes en el Pleno la primera Ley de Juventud de la comunidad autónoma, que nace sin consenso al ser solo aprobada por PP y PRC tras haber pactado previamente 55 enmiendas parciales. Por su parte, el PSOE se ha abstenido al considerar que se trata de un texto “cosmético, sin alma y sin ambición” -“es una oportunidad perdida”, ha lamentado-, mientras que Vox y el diputado tránsfuga de extrema derecha, Cristóbal Palacio, han votado en contra.

Entre las medidas que incluye esta ley de 35 artículos y varias disposiciones, se prevé la reserva de un cupo específico de vivienda para los jóvenes -que se determinará posteriormente- o la gratuidad en la educación para algunos estudiantes que cumplan criterios de excelencia. También avanza hacia la gratuidad en el transporte público de forma progresiva con especial atención a los habitantes del medio rural y plantea la adopción de medidas por parte de las Administraciones, entre ellas el Gobierno autonómico, para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda a través de planes específicos, ayudas y programas.

Debate

Tanto el PRC, que fue el que presentó la proposición de ley que ha sido el origen de esta norma, como la consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río (PP), y el grupo popular se han felicitado en el Pleno de la aprobación de esta ley “largamente esperada” con la que Cantabria deja de ser de las pocas comunidades autónomas carentes de ella.

La consejera ha afirmado que se trata de una ley “alejada de posturas ideológicas”, “apegada al presente, pero mirando al futuro” que ofrecerá “hechos tangibles y oportunidades reales” a los más de 90.000 jóvenes que hay en Cantabria y “garantiza” su integración en la vida social, económica y política de la comunidad autónoma.

La regionalista Rosa Díaz ha subrayado que se trata de una ley “necesaria y fundamental” para el desarrollo de la juventud cántabra, que, a juicio de los regionalistas, debe ser considerada como “colectivo vulnerable”.

Ha destacado que la ley aprobada, y pese a las modificaciones realizadas, mantiene la “esencia” del texto presentado por el PRC y promovido desde Juventudes Regionalistas y su “eje fundamental”, que es el Plan Integral de Juventud que deberá elaborar el Gobierno de Cantabria.

Según ha indicado, la norma regula de “manera transversal” las políticas dirigidas a este colectivo, que hasta ahora venían “dispersas” desde las diferentes consejerías; impulsa su emancipación y permitirá que todos los jóvenes de la comunidad “tengan las mismas oportunidades”, independientemente de donde vivan. “Ganan en derecho, ganan en voz y ganan en futuro”, ha subrayado Díaz.

Por su parte, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha asegurado que, a partir de ahora, Cantabria cuenta “con la mejor ley (de juventud) de España” y se da respuesta a una “larga demanda social desatendida por los anteriores gobiernos”.

“Es todo lo que no hicieron ustedes”, ha dicho Aguirre a los socialistas, que en la pasada legislatura tenían las competencias en juventud, un periodo que, a juicio del 'popular', fue el de “las oportunidades perdidas”, “los falsos anuncios”, las “mentiras” y “dinero público por el desagüe o en todo caso para los amiguetes”.

Así, ha aludido al 'caso Alicia Renedo', que dimitió en enero de 2023 como directora general de Juventud tras conocerse que había adjudicado un contrato para la empresa que había trabajado, por lo que fue sancionada por el Gobierno por no inhibirse.

Aguirre ha señalado que con la aprobación de la ley se pone fin a una “laguna normativa” que tenía Cantabria. “Frente a una España paralizada por la golfería y la corrupción, Cantabria sigue avanzando. Cantabria va como un cohete, gracias a que también tiene al mejor Gobierno posible a los mandos, y esta ley que vamos a aprobar es el mejor catalizador posible de todas las reformas ya emprendidas”, ha dicho. Así, ha reivindicado que los jóvenes cántabros “hoy tienen mucho más futuro que coger una maleta y marcharse, porque aquí no hay oportunidades”. “Con esta ley se supera el marco de abatimiento al que algunos quisieron fijar a la juventud”, ha añadido.

PSOE: “Texto domesticado y ambiguo”

Lejos de esta postura, el PSOE, que presentó más de 70 enmiendas, ha criticado la norma que ha salido de la tramitación parlamentaria y de las enmiendas pactadas por PRC y PP que, a su juicio, “han convertido lo que debía ser una ley ambiciosa, moderna y útil en un texto domesticado, ambiguo y lleno de concesiones conservadoras”.

Para el diputado socialista Jorge Gutiérrez, exdirector general de Juventud, muchas de las enmiendas “no aportan claridad ni mejoran técnicamente” la norma, sino que “lo que hacen es vaciar de contenido principios fundamentales para los socialistas”.

“Se diluye la participación juvenil, se debilita el Consejo de la Juventud, se borran compromisos con la igualdad y la diversidad y se sustituyen conceptos claros por relaciones opacas y burocráticas”, ha afirmado.

También ha criticado que el PP, “con el apoyo dócil del PRC, haya vetado propuestas de mejora de otros grupos”, “cerrado la puerta a enmiendas razonables”.

Pese a todo, el PSOE, en lugar de votar en contra, ha optado por una “abstención vigilante, crítica pero constructiva”. “Confiamos en que este texto pueda servir como base para algo más ambicioso. Estaremos atentos a su desarrollo, a su aplicación y, sobre todo, a si realmente genera cambios positivos en la vida de los jóvenes cántabros. El tiempo dirá si esta ley cumple con su objetivo y, si no lo hace, el Partido Socialista estará ahí para exigir su revisión”, ha señalado Gutiérrez.

Por otra parte, ha criticado el “veto” a las comparecencias planteadas por los socialistas, una acusación que el PP ha negado y ha justificado que no fueran admitidas por cuestiones de “productividad”. “No nos colaron a Ábalos, a Koldo, a Leire o a Nicoleta de milagro”, ha ironizado Aguirre.

Vox: “Nuevo nacionalismo de Cantabria”

Por su parte, Vox ha votado en contra de esta norma, de la que le “preocupa profundamente su contenido” al considerar que ésta “siembra, de manera muy sutil”, un “embrión de la discordia” --el de “un nuevo nacionalismo en Cantabria” que promueve “el nuevo PRC”-- que tendrá un “efecto negativo” en la convivencia.

Así se ha referido al “caballo de Troya” que, según ha dicho su diputado Armando Blanco, se introduce en el apartado de uno de los artículos de la ley: el que habla de la promoción de la cultura de Cantabria y sus expresiones inmateriales con especial referencia a las formas orales que integran el habla cotidiana de los valles y comarcas de Cantabria.

“Ya tienen la bandera y ahora les entrega el idioma. A este nuevo PRC solo le interesa recuperar sus orígenes”, ha recriminado este diputado de Vox al PP. También ha criticado que ninguna de sus 46 enmiendas hayan merecido “ninguna consideración” y hayan sido rechazadas, al igual que las presentadas por los otros grupos no proponentes.

Palacio: “Ley innecesaria”

Por su parte, el diputado tránsfuga Cristóbal Palacio ha votado en contra al considerar que se trata de una ley “innecesaria” que “privilegia” al colectivo juvenil. “Pretender que nuestros jóvenes empiecen desde el principio con ventajas y no con dificultades es un error”, ha afirmado el diputado, que cree que esta norma traslada la idea a éstos de que “no hace falta esforzarse porque el Estado os cubre”.

La presidenta del Consejo Económico y Social de Cantabria (CES), Carmen Sánchez Morán, ha reprochado que el Gobierno de Buruaga no haya solicitado el preceptivo dictamen al organismo que preside sobre el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, “lo cual resulta ciertamente sorprendente teniendo en cuenta que dependemos de la Dirección General de Participación Ciudadana”, ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el artículo 6 de la ley que regula el CES “dice expresamente que se tiene que pasar a este organismo para dictamen o informe todos los anteproyectos de ley que tengan un contenido económico, social o laboral”. “El contenido social de esta ley es innegable”, ha insistido.

El Consejo de Gobierno aprobó este documento en diciembre de 2024 y ahora está en tramitación parlamentaria donde, como es habitual, los grupos parlamentarios han solicitado comparencias de expertos para analizar el borrador del texto legal.

El representante de Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, el diputado Cándido Cobo, se ha mostrado “lógicamente sorprendido” -ha dicho- de que no se le haya “participado o consultado sobre la existencia de esta normativa”. “Si que entiendo que ustedes tienen sobrados conocimientos de la norma a través de cualquier tipo de proceso de participación en la fase de exposición”, ha justificado.

Sánchez Morán ha comenzado su intervención en la ronda de comparecencias de la Comisión Parlamentaria que tramita la futura Ley subrayando que considera que el Consejo “es el cauce preferente a través del cual puede llegar a los gobernantes la participación ciudadana, dado que estamos conformados por un amplio espectro de entidades de nuestra sociedad”.

En el turno de diez minutos para analizar la ley ante los diputados cántabros en la Comisión de Presidencia, la responsable del CES ha explicado que al no haber podido emitir un informe escrito “porque no se ha solicitado, poco puedo decir de lo que opinan el resto de miembros que componen nuestro Consejo”.

La presidenta ha explicado que nada más recibir la convocatoria para participar en la sesión parlamentaria ha convocado un Pleno “pero no hemos tenido la oportunidad de estudiar en profundidad la Ley”. Además, ha denunciado que carecen “constantemente” de los medios materiales y humanos para poder desarrollar su función, “que no es solamente informar todos los anteproyectos de ley que tengan relación con la economía y el desarrollo de la sociedad, sino que según la ley tenemos la oportunidad de estudiar y emitir informe”. Asímismo ha recordado que también pueden solicitar al Gobierno y al Parlamento cualquier necesidad de la sociedad cántabra, “de manera que a través de nuestra petición se pueda desarrollar un proyecto de Ley”.

Sánchez Morán ha reiterado que el CES carece de los medios para realizar la función de emitir informes a iniciativa propia. “Entre otras cosas porque se nos solicita constantemente informar anteproyectos” -ha explicado- “esta misma tarde tenemos un pleno para informar sobre otro anteproyecto de Ley, la Ley de Transporte Marítimo”.

Informe favorable con recomendaciones

En relación al proyecto ha subrayado que “debe alentarse y fomentarse” la participación ciudadana en la gestión pública y que, por ello, el Consejo Económico y Social considera importante “que llegue a buen puerto y alcance la categoría de ley”. “Aun sin haberlo podido estudiar en profundidad”, ha remachado.

No obstante, considera que plantea algunas carencias. Una la propia denominación del proyecto: participación ciudadana y gobierno abierto de Cantabria. “Este proyecto a pesar de su denominación ni define el concepto de gobierno abierto ni lo desarrolla fuera de una escueta mención en su artículo 3”, ha cuestionado. Sánchez Morán ha añadido que si el Gobierno de Cantabria quiere ser abierto “debe demostrarlo y ello no se consigue solamente con una norma enunciativa”.

Además, el CES recomienda reducir la edad mínima de participación ciudadana a los 16 años y mayor precisión en el artículo 14 sobre los procesos de participación deliberativa que tal y como está planteado “parece desprenderse que no se permite participación a la ciudadanía”, que la voluntad de la convocatoria recae exclusivamente en la administración. “Quien puede mostrarse renuente y poco proclive a dar uso a esta herramienta”, ha concluido. A pesar de no haber dispuesto de tiempo, el CES ha dado el visto bueno al anteproyecto con estas matizaciones que ha comunicado en la Comisión.

El Parlamento de Cantabria ha acordado, con los votos de todos los grupos, excepto Vox que se ha abstenido, instar al Gobierno autonómico (PP) a establecer y dar a conocer en un plazo de 30 días un cronograma “completo, detallado y vinculante” para la firma del convenio con ADIF que permita acometer la construcción de la terminal ferroviaria intermodal del centro logístico de La Pasiega.

Además, la iniciativa, impulsada por el PRC, reclama garantizar que la redacción del proyecto y la dirección de obra sean licitadas en un plazo no superior a tres meses tras la firma del convenio. El exconsejero y portavoz del PRC en materia de Industria, Javier López Marcano, ha pedido un calendario para el proyecto de la estación intermodal porque, a su juicio, “no hay tiempo que perder” ya que “se nos va la mitad de legislatura”.

Y es que los regionalistas han criticado que seis meses después del “supuesto” acuerdo no existe “ni un convenio firmado, ni un solo paso administrativo concreto que garantice el inicio de las obras”. Ante esta situación, Marcano ha pedido “respuestas” y ha aseverado que en la actualidad los únicos proyectos “serios” o en ejecución que hay en la región son “los de la pasada legislatura” y “los demás son, de momento, una declaraciones de intenciones”.

En la misma línea, el PSOE ha apoyado la moción del PRC que es, en opinión de los socialistas, “un nuevo tirón de orejas al Partido Popular”, cuyo Gobierno “a regañadientes tira adelante con los proyectos que le dejamos en marcha” y que “desde el primer día estuvieron poniendo en cuestión”.

En cuanto a la intermodal de La Pasiega, el diputado socialista Pablo Zuloaga ha criticado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, “no ha hecho nada” pese a estar ya en el ecuador del año 2025, frente al compromiso de financiación del 50% por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Usted prefiere ir a Barcelona a insultar a un Gobierno que cumple con Cantabria, usted prefiere ir a Barcelona a hablar del Partido Popular de Feijóo y Ayuso, pero no ha dedicado una sola palabra a defender los intereses de Cantabria”, ha reprochado Zuloaga a Buruaga en relación a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes.

Por su parte, el diputado 'popular' Alejandro Liz ha afeado a los regionalistas que vengan ahora a pedir un cronograma cuando en su día “se conformaban con un papeluco”. Además, ha afirmado que “hay demanda, hay rentabilidad y hay viabilidad técnica, y donde no había financiación, ahora la hay también” tras llegar a un acuerdo con el administrador ferroviario.

“Dejen trabajar a este Gobierno, no intenten distraer ni introducir elementos que distorsionen o que incluso puedan poner en peligro ese proyecto de acuerdo con ADIF para construir la estación intermodal, que es esencial para el proyecto de La Pasiega”, ha manifestado.

El diputado del PP ha asegurado que e Gobierno ya tiene su cronograma hecho, y “encarrilada” la construcción de la intermodal de La Pasiega “y el consejero ha dado el otro día aquí datos, fechas y plazos”, si bien ha apuntado que un convenio es “cosa de dos” por lo que espera que “si Sánchez no cumple, se lo demanden”.

“Afortunadamente el Gobierno que preside Buruaga ha derogado el ancho regionalista y ahora utilizamos un ancho homologado al que utilizan en el resto de España, en el resto de Europa y por ello entre otras cosas la estación intermodal de La Pasiega será una realidad”, ha sentenciado.

Por su parte, Vox ha censurado esta iniciativa con la que, a su juicio, el “nuevo” Partido Regionalista “trata de blanquear su incompetencia histórica forjado a lo largo de décadas de desgobierno”.

El diputado Armando Blanco ha criticado que desde que el Consejo de Gobierno acordó la declaración de Interés Regional del Llano de La Pasiega hace más de 19 años, es decir 6.991 días, los regionalistas “han sido incapaces de llegar a un acuerdo con ADIF referente a la estación intermodal” y, sin embargo, “tienen hoy el desparpajo de pedir que esta cuestión se resuelva en 30 días”.

“Su historial en la gestión de las infraestructuras de Cantabria está lleno de contradicciones”, ha trasladado Blanco, que ha indicado que “La Pasiega y el MUPAC, los proyectos estrella del Gobierno regionalista, se quedan sin fondos europeos”, “dejaron la viabilidad de la estación intermodal sumida en un auténtico caos”, y “tuvieron que venir otros a solucionar sus chapuzas”.

Superado el ecuador de la legislatura, la fotografía actual de los partidos políticos cántabros dista bastante de la que dejaron las elecciones autonómicas de 2023. En estos dos años, salvo el PP -que gobierna en minoría, lo que le ha permitido aplacar las fricciones internas que arrastraba desde hace años-, todas las formaciones con representación en el Parlamento han atravesado crisis orgánicas o fracturas internas que han desembocado en cambios de liderazgo o en la salida de la primera línea de algunas de las figuras que ocuparon un papel protagonista en la última cita con las urnas.

Y es que PRC, PSOE y Vox, cada uno con su particular 'culebrón' interno, han vivido procesos de agitación que, en algunos casos, han supuesto cambios destacables de cara a los comicios de 2027, a los que ya miran de reojo. Miguel Ángel Revilla no encabezará el próximo cartel electoral regionalista -y ya tiene sustituta-, Pablo Zuloaga ha perdido las riendas de la formación socialista, y Emilio del Valle no preside el partido de extrema derecha, que está sumido en una profunda crisis tanto en la dirección como en el grupo parlamentario, que cuenta con un tránsfuga. Todo esto en apenas dos años desde la última cita con las urnas.

Lo de Vox viene de mucho tiempo atrás y supone el escenario más estrambótico. La formación de Santiago Abascal en Cantabria ha vivido en el alambre desde el principio de la legislatura y con la sensación de que todo podía estallar por los aires en cualquier momento. Y es que la dirección nacional ha tenido que intervenir en varias ocasiones porque el grupo parlamentario era un polvorín, hasta el punto de que terminó por romperse con la salida del diputado Cristóbal Palacio.

Tanto Palacio como la portavoz del grupo parlamentario, Leticia Díaz, que han mantenido un enfrentamiento abierto desde los inicios, fueron expedientados y suspendidos de militancia. El primero, por “negligencia en sus labores” -en un contexto en el que pretendía compaginar una dedicación absoluta en la política institucional con su actividad privada como abogado, algo que el Parlamento le negó como ya lo hizo la legislatura pasada, cuando además ejercía como portavoz-; y la segunda, por acoso laboral a una trabajadora.

Actualmente, Palacio está reubicado como diputado tránsfuga de Vox, formación que se encuentra presidida por la portavoz municipal del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, tras haber estado en manos de una gestora durante meses después de que Emilio del Valle renunciara al cargo.

A diferencia de lo que ha ocurrido en este partido ultra, en el PRC y en el PSOE los movimientos orgánicos se han producido a raíz de procesos de primarias en los que la militancia ha pasado por las urnas. En ambos casos, en los últimos meses, a lo largo de este año 2025.

Revilla no será candidato

En el caso regionalista, el más reciente, las elecciones internas han sido las primeras de su historia, y se han llevado a cabo con el objetivo de elegir relevo para un Revilla que no será cabeza de lista electoral tras cuatro décadas. Sin embargo, el veterano dirigente del PRC mantendrá las riendas de la formación que él mismo fundó a través de un modelo de bicefalia al estilo PNV.

Así, Revilla seguirá siendo el secretario general, mientras Paula Fernández, vicesecretaria de Organización y exconsejera de Presidencia y Justicia durante la pasada legislatura, será la candidata electoral del PRC en las elecciones autonómicas de 2027.

La elección se ha llevado a cabo en dos tiempos: el primero, a través de una votación secreta entre los miembros del Comité Ejecutivo que descartó a dos candidatos que no lograron los avales mínimos necesarios para continuar en el proceso: el exconsejero de Desarrollo Rural y mano derecha de Revilla durante dos décadas, Guillermo Blanco, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

Superada esa primera fase, Fernández venció en las urnas a Pablo Diestro, alcalde de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios de Cantabria, para convertirse en la cara visible del regionalismo en las papeletas electorales: “Los padres de esta autonomía somos nosotros y hoy empezamos un nuevo capítulo”, expresó en el acto en el que se oficializó su proclamación.

Pablo Zuloaga pierde el poder

El PSOE, por su parte, que tiene bastante más experiencia en celebrar elecciones internas -lo hace cada cuatro años-, ha experimentado un largo y doloroso proceso que ha fracturado el partido y que ha copado titulares de prensa durante nada menos que cinco meses.

Y es que los socialistas abrieron la veda en septiembre del pasado año, cuando salió a la palestra una candidatura alternativa a la oficialista para el Congreso Federal, respaldada por el diputado nacional, Pedro Casares, quien a la postre encabezaría la lista para desbancar al secretario general, Pablo Zuloaga, que también fue candidato electoral en 2023.

Casares se ha hecho con el control del partido en febrero de este año, tras imponerse en las urnas con el 52% de apoyos y tras meses de disputas internas que partieron a la mitad el partido entre 'zuloaguistas' y 'casaristas'. De hecho, y pese al relevo en la dirección del partido, el grupo parlamentario se mantiene del lado del exsecretario general, salvo el diputado Mario Iglesias, quien ahora ejerce la Portavocía que ostentaba Zuloaga.

El refugio del poder institucional

Por contra, el PP está disfrutando de la estabilidad que otorga el poder institucional. La presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, ha logrado aplacar toda contestación interna desde que en 2023 consiguiera una victoria electoral que le permitió gobernar Cantabria y convertirse en la jefa de un Ejecutivo autonómico en minoría que encuentra respaldo en PRC o Vox según convenga.

Buruaga, que estuvo a punto de salir de la primera línea política en 2019 cuando fue apartada inicialmente por la dirección de Pablo Casado y sobre cuya continuidad al frente de los populares cántabros sobrevolaba una incertidumbre constante, encontró en la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova un respiro. Así, actualmente, y al menos mientras conserve el poder, los pulsos internos en el PP cántabro parecen estar soterrados.

Fuerzas extraparlamentarias

Más allá de los partidos con representación en la Cámara autonómica, otras fuerzas se hacen notar en la calle y perfilan sus opciones de cara a la cita electoral que tendrá lugar en dos años. El que suena con más fuerza, y se ve con claras opciones de romper la barrera del 5% de votos que da acceso al Parlamento, es Cantabristas.

La formación que logró una movilización masiva contra el proyecto denominado como 'Ibiza del norte' o que desplegó una pancarta gigante en la Cordillera Cántabrica para protestar contra la construcción de una carretera turística, ha celebrado recientemente un acto, encabezado por su secretario general, Paulu Lobete, donde se ha reivindicado como “la auténtica alternativa al PP” y su modelo “privatizador, de hormigón y de masificación turística”.

Por otro lado, Izquierda Unida está en pleno proceso para elegir coordinador autonómico, al que de momento únicamente se ha presentado Israel Ruiz Salmón, quien aspira a la reeleción. Por su parte, en Podemos, Mercedes González continúa como coordinadora del partido morado en Cantabria.