El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este martes, 13 de octubre, sobre el complejo logístico e industrial de La Pasiega (Piélagos) y el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del proyecto 'Olucas Surf Center', con la comparecencia sobre este asunto del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), cuya reprobación y petición de cese propuesta por el PSOE se abordará también en la sesión, entre otros asuntos.

La sesión cambia esta semana de día -normalmente se celebra los lunes- por la festividad el 12 de octubre del Día de la Hispanidad.

Comenzará a las 10.30 con una proposición no de ley (PNL) del PRC en la que insta al Gobierno regional (PP) a presentar en un mes ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Cámara el Plan de Aparcamientos Disuasorios que, según una iniciativa aprobada por unanimidad en junio de 2024 y a la que hacen mención los regionalistas, debía estar finalizado en 2025.

En la misma iniciativa se pide al Ejecutivo que ceda los terrenos del aparcamiento del Palacio de Festivales al Ayuntamiento de Santander, para que éste lo transforme antes de finales de año, en un parking en altura.

A su vez, le insta a requerir a la Autoridad Portuaria de Santander a firmar los convenios de cesión de las parcelas de La Marga y Varadero para la puesta en marcha “de manera inmediata” de los proyectos de aparcamientos disuasorios y de residentes “necesarios” en esa zona de la ciudad.

Vox, por su parte, presentará una iniciativa, del mismo rango que la anterior, en la que, entre otras cuestiones, propone rendir homenaje los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su “servicio abnegado en defensa de la soberanía e independencia de la patria, y más militares en Ceuta y Melilla.

Mientras, se abordará la propuesta del PSOE de reprobación de la gestión del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y se instará a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a cesarlo.

A continuación, el propio Media comparecerá para informar sobre el PSIR del proyecto privado 'Olucas' para crear en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) un complejo deportivo y turístico con una piscina de olas para favorecer la práctica del surf. Se trata de una comparecencia que se realiza tanto a petición del Grupo Regionalista, como del propio consejero, ha informado el Parlamento.

La Pasiega y Santa Clotilde

La parte del Pleno de control al Gobierno arrancará con una interpelación del PRC sobre los proyectos industriales en torno al centro logístico de La Pasiega y seguirá con otra de Vox relativa al absentismo laboral.

Además, los diputados socialistas pedirán explicaciones al Gobierno sobre la situación laboral de la plantilla de los sanitarios vinculado al Hospital Santa Clotilde tras la entrada en vigor del convenio con el Servicio Cántabro de Salud.

Este bloque se cerrará con una segunda interpelación de Vox respecto a la política de ayudas de la Consejería de Inclusión Social.

La sesión plenaria se completará con preguntas del PRC relacionadas con el impacto de la tasa de gestión de residuos y del PSOE sobre el estado de la colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, y la falta de aula de un año en el colegio de Infantil y Primaria 'Eugenio Perojo' de Liérganes.

Vox, por su parte, cuestionará al Gobierno por los planes para el proyecto de La Pasiega, la Ley de Startups y la prioridad de gasto en la Consejería de Inclusión Social.

Marea Postal Cantabria ha convocado para este lunes, 28 de septiembre, una jornada de huelga en Correos Cantabria promovida por el sindicato CGT, organización que está apoyando en la comunidad las movilizaciones impulsadas por esta plataforma en defensa de la inclusión del personal de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La jornada de huelga coincide con la celebración del Pleno del Parlamento de Cantabria en el que se debatirán dos proposiciones no de ley, una presentada por el Partido Popular y otra por el Partido Regionalista de Cantabria, que plantean instar al Gobierno de España a promover la inclusión del personal de Correos en el EBEP, que Marea Postal Cantabria considera fruto, entre otras actuaciones, del trabajo desarrollado por la plataforma y de las reuniones mantenidas con representantes de diferentes formaciones políticas.

Precisamente, con motivo de la jornada de huelga del día 28, se celebrará también una concentración frente al Parlamento de Cantabria, de 11.00 a 14.00 horas, coincidiendo con la celebración del Pleno en el que se debatirán las dos proposiciones.

Marea Postal Cantabria ha hecho un llamamiento a la plantilla de Correos en Cantabria para que conozca la convocatoria de huelga y participe en la concentración “en defensa de la inclusión del personal de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público y de un modelo de Correos orientado a la prestación de un servicio público de calidad”.

En junio, Marea Postal Cantabria trasladó a representantes del PSOE, PRC y PP la situación que atraviesa actualmente la plantilla de Correos. Entre las cuestiones planteadas se encuentra la denominada “política de contratación cero”, que, según la plataforma, se viene produciendo desde hace tres años y está provocando que no se cubran adecuadamente bajas, jubilaciones y necesidades de personal durante los periodos vacacionales, “lo que está generando una importante sobrecarga de trabajo”.

La reivindicación de Marea Postal Cantabria también se ha trasladado a diferentes ayuntamientos: el PSOE presentó mociones en Santander y Torrelavega, mientras que el PRC presentó una iniciativa en Camargo. Las tres mociones fueron aprobadas.

Por otra parte, el colectivo ha destacado que la reivindicación de la inclusión del personal de Correos en el EBEP ha comenzado a trascender el ámbito de Cantabria, con una concentración en Euskadi, convocada por los sindicatos LAB, ELA y ESK el 8 de octubre.

La plataforma ha señalado que, una vez finalizada la jornada de movilización del 28 de septiembre, su intención es continuar trabajando para trasladar esta reivindicación al Congreso de los Diputados, con el objetivo de que pueda registrarse y debatirse una proposición de ley que permita modificar el marco legal necesario para la inclusión del personal de Correos en el EBEP.

En este sentido, Marea Postal Cantabria informa de que ya se han mantenido contactos con diferentes formaciones políticas y que Izquierda Unida y Podemos han mostrado su predisposición a trabajar para que esta iniciativa pueda llegar a las Cortes Generales y ser debatida.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá este lunes, 28 de septiembre, en el pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que refuerce la financiación y la plantilla de Correos y garantice la prestación de un servicio postal público “de calidad, eficaz, eficiente y accesible” en todo el territorio de Cantabria.

Fernández ha reivindicado en un comunicado la importancia de Correos como “elemento de cohesión y vertebración territorial” y ha advertido de las consecuencias de la falta de recursos y personal que sufre actualmente el servicio, con “repercusiones tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”.

“No podemos permitir que la falta de personal acabe debilitando un servicio público que es esencial y especialmente necesario para quienes viven en nuestros pueblos”, ha subrayado la regionalista, quien ha exigido “una cobertura adecuada con independencia del lugar de residencia”.

En este sentido, ha puesto en valor la labor que realizan los carteros en los municipios rurales y en riesgo de despoblamiento, donde su presencia “trasciende la prestación del propio servicio postal”.

“Son una pieza fundamental para mantener vivos nuestros pueblos, donde cumplen también una importante función de acompañamiento a los vecinos, especialmente a las personas mayores y más vulnerables”, ha detallado.

Así, la iniciativa que llega al Pleno del lunes reclama al Gobierno de Cantabria (PP) que inste al Ejecutivo central a reforzar la financiación del servicio público postal para garantizar su calidad y contribuir a la cohesión social y económica de todos los territorios.

Asimismo, plantea la convocatoria de una oferta de empleo público “suficiente” para cubrir los puestos estructurales y reducir la temporalidad y la parcialidad existentes actualmente en Correos.

En este sentido, Fernández ha advertido de las consecuencias de “la insuficiente reposición de las plazas que quedan vacantes y la falta de sustitución de las bajas”, que se traducen en “una sobrecarga de trabajo creciente” y una temporalidad que “supera el 30 por ciento de la plantilla”.

“No se puede exigir un servicio público de calidad si no dotamos a quienes tienen que prestarlo de los medios y del personal necesarios”, ha recalcado la dirigente del PRC.

En su opinión, reforzar la plantilla permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también garantizar que Correos “pueda cumplir adecuadamente su función y ofrecer el mismo servicio a los ciudadanos de las zonas rurales que a quienes residen en los principales núcleos de población”.

Estabilidad para el personal laboral

Por otra parte, la proposición regionalista reclama además el cumplimiento de la Ley del Servicio Postal Universal, especialmente en lo relativo al mantenimiento de un servicio de calidad y accesible a toda la población, y plantea promover la inclusión del personal laboral de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La candidata del PRC ha explicado que los trabajadores de Correos desarrollan su actividad en una empresa pública y desempeñan tareas esenciales, pero están encuadrados como personal laboral, lo cual genera “incertidumbre e inestabilidad” y “limita” sus posibilidades de promoción interna y de desarrollo de una carrera profesional.

Por último, Fernández espera el respaldo del resto de los grupos parlamentarios a una iniciativa que, a su juicio, “no pretende otra cosa que asegurar que Correos siga llegando a todos los cántabros, vivan donde vivan, con los recursos humanos y económicos que necesita”.

Los grupos parlamentarios del PP y de VOX han vetado las comparecencias de expertos para analizar la futura Ley de creación del Consejo LGTBI de Cantabria. Los diputados de ambas formaciones han unido sus votos en la Comisión parlamentaria que tramita la norma para impedir que se escuche al presidente presidente de ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria), del presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria y de la coordinadora de ACCAS-Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida y presidenta de CESIDA-Coordinadora estatal de VIH y sida.

Estas comparecencias han sido solicitadas por el PSOE, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no propuso ningún nombre.

En la misma sesión, la Comisión si aprobó comparecencias de expertos para otro proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales. Los diputados dieron el visto bueno a citar en el Parlamento a ocho profesionales para debatir el asunto. Al PRC solo le aprobaron uno de los ocho nombres que propuso y al PSOE cinco de 35.

La tramitación de cualquier ley en el Parlamento de Cantabria incluye la participación de expertos sobre el tema. Se conoce como comparecencias. Los grupos parlamentarios proponen nombres de personas relacionadas con la cuestión a debatir, se negocian en la Comisión y se hace un calendario para que expliquen su parecer sobre la futura normativa y respondan a las preguntas de los diputados.

“No tiene sentido aprobar una ley para dar voz al colectivo y, al mismo tiempo, silenciar durante su tramitación parlamentaria a personas que pueden aportar conocimiento, experiencia y propuestas”, reprochan los socialistas en un comunicado.

La iniciativa de crear este Consejo LGBTI partió del propio Gobierno autonómico del Partido Popular que lo anunció como “una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo con la igualdad, la no discriminación y la participación social”. No obstante, según los socialistas, ya parte “de una tramitación que no escucha a sectores relevantes”.

Pero, en realidad, era una obligación que ya llevaba tres años de retraso cuando se planteó. Una cuestión legal que estaba pendiente para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020. Ese texto ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.

La ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, debía haber llegado a la Cámara en diciembre de 2022 como plazo máximo.

El Consejo nace con la voluntad de ser “un órgano estable de representación, consulta y colaboración entre la Administración y la sociedad civil en todas aquellas políticas que afectan a los derechos del colectivo LGTBI” -apuntan desde el Gobierno de la presidenta Buruaga- “consolidando un marco institucional más inclusivo”.

Miembros de la Comisión parlamentaria

La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Cantabria está formada por cuatro diputados del Partido Popular -Álvaro Aguirre (presidente), Alejandro Liz, Yolanda García y Alfonso García-, los regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón, los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco, en representación de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que también en origen fue elegido diputado por ese mismo grupo parlamentario.

Lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Cantabria no es -según el PSOE- una situación aislada. Los socialistas sostienen que el PP ha actuado de la misma forma durante la tramitación de la Ley de Vivienda, la Ley de Juventud o la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, “bloqueando la mayoría de las comparecencias propuestas por la oposición de la mano de Vox”.

El pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, en la primera sesión del nuevo curso político, las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de autoridad del profesorado, presentadas por PSOE y PRC, y debatirá sendas iniciativas sobre Ceuta planteadas por el PP y Vox.

En un comunicado, la Cámara ha subrayado que, además, en esta extensa sesión que comenzará las 10.00 horas y se prolongará a lo largo de toda la jornada, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, responderá a los grupos de la oposición sobre inflación, calidad de vida y efectos de la rebaja fiscal.

Tras la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y PRC del proyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros públicos, el pleno tratará el cambio en la Ley de Ordenación del Territorio relacionado con el Parque Tecnológico de Torrelavega, a propuesta del PRC.

A continuación, se abordarán cuatro proposiciones no de ley (PNL). Tanto PP como Vox plantearán iniciativas sobre Ceuta, que se debatirán de manera conjunta.

Por su parte, el PSOE propondrá reducir las ratios de alumnado por aula, mientras que el PRC reclamará incremento de fondos para políticas activas de empleo.

Control al Gobierno

Por otro lado, en este primer pleno del nuevo periodo de sesiones el Gobierno responderá a tres interpelaciones.

Y es que, el Grupo Socialista se interesará por el Proyecto de Modernización del Hospital Sierrallana; el PRC por el Proyecto Altamira; y Vox quiere conocer “actuaciones llevadas a cabo por parte de la Consejería de Educación entre los alumnos de la ESO para poner en valor el papel determinante de Cantabria en la historia de España”.

Al tratarse del primer pleno del mes, la presidenta del Ejecutivo cántabro responderá a preguntas formuladas por la oposición.

Así, el Grupo Regionalista planteará una cuestión relacionada con el gasto y la calidad de vida de los cántabros; el PSOE quiere conocer los efectos de la rebaja fiscal; y Vox interrogará a la presienta por la inflación.

La sesión se completará con ocho bloques de preguntas directas a los consejeros del Gobierno regional.

El PSOE preguntará por la carretera Laredo-Seña, la situación laboral de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y la negociación del convenio colectivo con el comité de empresa de la Administración Autonómica, cuestión por la que también se interesa Vox.

El PRC solicitará información sobre la situación laboral de los médicos del Banco de Sangre y la adaptación de los centros de atención a la dependencia al nuevo modelo de cuidados.

Mientras que, Vox preguntará por las gestiones del plan de reubicación de los profesionales que ocupaban la Ciudad del Transporte y por el posible impacto de la anunciada huelga indefinida de los médicos.

Un error en los presupuestos de Cantabria impide a los afectados por la enfermedad celíaca de la comunidad percibir las ayudas para compensar el esfuerzo económico adicional del consumo de alimentos sin gluten que aprobó el Parlamento de Cantabria.

El pasado abril, la cámara autonómica aprobó por unanimidad una iniciativa para poner en marcha estas bonificaciones para contribuir a aliviar los costes que soportan las familias afectadas por la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. La resolución recoge expresamente las ayudas previstas en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026. Sin embargo, meses después, estas ayudas todavía no se han materializado.

Los Presupuestos de la Consejería de Salud si incluyeron -y asi figura en ellos- una partida de 30.000 euros destinada a este objetivo, pero se consignaron en un apartado que no les permite cobrarlas. La partida presupuestaria impide materializar las ayudas directas a las personas afectadas en los términos previstos.

La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) considera especialmente preocupante que, pese al acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento, la solución administrativa continúe pendiente. “Las personas celíacas no pueden vivir de declaraciones de intenciones”, advierte en un comunicado. “El Parlamento ha reconocido que existe un sobrecoste económico y ha pedido que se establezcan ayudas. Ahora corresponde al Gobierno hacer posible que esas ayudas lleguen realmente a las familias”, señala ACECAN.

Los afectados consideran que esta situación es “un ejemplo más” de la necesidad de que las administraciones “pasen del reconocimiento de la problemática a la adopción de medidas concretas”.

ACECAN, que celebra este domingo la quinta edición de su Feria Sin Gluten de Cantabria en colaboración con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Torrelavega, ha aprovechado esta cita para reclamar que las ayudas “no se queden en papel”.

Diagnóstico precoz

Esta jornada analizará la revisión del Protocolo para el Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca, recientemente actualizado. Álvaro Manzanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), explicará las principales modificaciones introducidas en el protocolo y la importancia de que los familiares de primer grado de las personas celíacas sean estudiados, dado el componente genético de la enfermedad.

Para ACECAN, mejorar el diagnóstico continúa siendo una prioridad. Una persona que desconoce que es celíaca no puede adoptar las medidas necesarias para proteger su salud, por lo que la formación de los profesionales sanitarios y la información a la ciudadanía son herramientas fundamentales.

Desde la Asociación subrayan que la Feria Sin Gluten se ha consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la enfermedad celiaca y a la alimentación sin gluten en Cantabria, “y como un espacio abierto a toda la ciudadanía para conocer mejor una enfermedad que sigue estando rodeada de desconocimiento, falsas creencias y, en ocasiones, banalización”.

Los afectados consideran fundamental que la sociedad comprenda que la enfermedad celíaca “no es una elección ni una moda, sino una enfermedad que obliga a seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida”. En este sentido, advierten que el desconocimiento sobre sus consecuencias continúa generando situaciones de riesgo para las personas afectadas, además de favorecer la difusión de información errónea y contenidos que trivializan las dificultades que afronta diariamente el colectivo.

Actividades Feria sin Gluten

La Feria de Restauración y Obradores sin gluten de Cantabria se celebra el sábado en La Casa 10 de Torrelavega de doce a ocho de la tarde y contará con actividades dirigidas tanto a las personas celíacas como al público general. Entre ellas se celebrará un taller de decoración de cake pops para niños, una cata de panes sin gluten -ambas actividades a cargo de Gelée Boutique y La Cantarina Sin Gluten- y un taller de elaboración de masas sin gluten en air fryer, impartido por la dietista nutricionista Sara Tejerina.

Una de las principales novedades de este año será la presentación de La Tortilluca, la primera foodtruck 100 % sin gluten asesorada por ACECAN, que estrenará su actividad durante la Feria. “Nos emociona porque esto supondrá mayor seguridad para el colectivo celíaco de la región en todos los festivales y ferias que se hagan en Cantabria de ahora en adelante”, explica Laura de Odriozola, presidenta de ACECAN.

Durante toda la jornada habrá además una zona de venta de productos sin gluten con la participación de establecimientos de Cantabria y de otras comunidades autónomas, entre ellos La Tortilluca, El Deseo Sin Gluten, Crepería Dulce y Saladito, Panadería/Pastelería Las Quintas, Pastelería Hermanas Puente, Carnes Soberón, Nachos&Co, Gelée Boutique, Panadería Verna y La Oriental. Durante la tarde se desarrollarán también diferentes actividades para los más jóvenes, como tiro con cerbatana, cuadros de cerámica, taller de velas y globoflexia.

El Parlamento de Cantabria ha invertido 43.000 euros en renovar su página web con una nueva estética, algunos enlaces que no funcionan y un suspenso en transparencia. Un cambio superficial sin contenidos actualizados porque algunos de los datos que publica la institución son antiguos y otros ni siquiera aparecen. Directamente siguen sin hacerse públicos. Aunque la institución admite que “se encuentra en fase de lanzamiento” por lo que seguirán mejorando y ampliando “contenidos y funcionalidades”.

La institución cántabra sigue sin publicar ni la declaración de actividades, ni la de bienes y rentas, ni la de intereses económicos de los diputados. Ninguna de las tres que puede consultar cualquier ciudadano en la web del Congreso de los Diputados.

La estrenada web -renovada por la empresa madrileña COMPASSDIGITAL S.L. con un contrato que incluye el mantenimiento técnico durante cuatro años- solo tiene una pestaña para colgar una de ellas, las declaraciones de actividades de los diputados cántabros. Pero está vacía. Los otros documentos tampoco tienen su apartado.

No obstante, el Parlamento de Cantabria asegura que “mejora los servicios de información pública” y precisa que la “renovación integral” de su plataforma digital “no se limita a una actualización estética”, sino que forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica de la Cámara, “orientado a reforzar la transparencia, la accesibilidad y la difusión de la actividad parlamentaria”.

Según el último presupuesto los grupos parlamentarios reciben dos millones de euros del presupuesto de la Cámara pero en el apartado correspondiente no se detallan qué subvenciones concretas percibe cada uno de ellos. La última información disponible en Transparencia es del año 2022 que corresponde a la anterior legislatura. En la web institucional tampoco hay rastro de la justificación de esas cantidades, se entregan sin fiscalización ni control posterior de cómo y en qué se ha gastado.

La única información disponible es de hace cuatro años, la legislatura anterior. Cuando el PRC recibía 47.512 euros al mes por sus 14 diputados, 37.382 el Partido Popular con nueve, el PSOE ingresaba 34.100 por sus siete escaños, Ciudadanos 21.148 por sus tres representantes -aunque el grupo acabó la legislatura fragmentado con Marta García en el grupo mixto- y Vox que por dos parlamentarios obtenía cerca de 15.000 euros mensuales.

También está desactualizada la relación de peticiones de equipamiento informático que hacen los diputados. Las últimas que permanecen colgadas remiten al sillón ergonómico que pidió en 2019 Félix Álvarez cuando ocupó un escaño parlamentario representando a Ciudadanos.

Sueldos

En cambio, sí que se ha publicado la información relativa a los sueldos que perciben los representantes públicos. Más de cinco mil euros al mes la presidenta, María José González Revuelta, 4.685 euros los portavoces de los grupos parlamentarios y tres mil euros los diputados con dedicación absoluta -1.740 quienes tengan dedicación parcial- a todos ellos se suman las dietas, 1.228 euros mensuales.

Por contra, la última información que proporciona el Parlamento sobre los gastos de viaje de los diputados corresponde a 2021, cuando una diputada regionalista cobró 41 euros por asistir a un congreso sobre despoblación en León, y otros tres de -del PP, PRC y PSOE- participaron hace cinco años en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Canarias y pasaron unos gastos de unos seiscientos euros cada uno. Se desconoce si en años posteriores se ha realizado algún gasto más por estas circunstancias o sus señorías no han realizado ningún viaje.

El Parlamento mantiene actualizado el apartado de gastos de personal eventual de confianza -trece asesores de todos los grupos parlamentarios con un salario anual de 44.119 euros, excepto el jefe de gabinete de la presidenta de la institución que llega hasta los 75.000- y de retribuciones de personal funcionario que permite comparar salarios. La persona que más cobra en el Parlamento no es un político, sino un funcionario: el secretario general que percibe 86.000 euros anuales. Un puesto de libre designación entre los letrados de la Cámara.

Prestaciones a exparlamentarios

Transparencia sí que informa de las 'prestaciones' a los exparlamentarios. Cuando un diputado deja el Parlamento puede solicitar el 'paro' y cobrar 1.400 euros durante un máximo de 16 meses. En este caso, la institución si ha hecho públicos los nombres de los perceptores a quienes se presupone que se otorga este subsidio porque están en desempleo. Al acabar la pasada legislatura -según figura en la documentación del portal del Parlamento- lo solicitaron Félix Álvarez (Ciudadanos), Emilia Aguirre y María Ángeles Matanzas como exdiputadas del PRC, el socialista Javier García Oliva y Pedro Gómez que defendió los intereses de los ganaderos desde la bancada del Partido Popular. El regionalista Francisco Ortiz sólo lo cobró durante siete meses.

Información económica

En lo referente a la información económica, la institución no hace públicos los informes de liquidación del presupuesto de la Cámara desde el año 2021. La publicación del saldo en las cuentas bancarias -otro apartado de su propio portal de transparencia- se actualizó por última vez en 2024. Para tener acceso, por ejemplo, a los contratos menores la página remite a un enlace de la plataforma de contratación, no aparecen los listados como en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria que permite el acceso directo a este tipo de documentación.

En el apartado de Patrimonio no funcionan los enlaces para acceder a la relación de los fondos artísticos de la institución. Una colección institucional de 152 obras con un valor estimado en 800.000 euros, según la tasación hecha en 2024 por la propia institución: 78 pinturas, 54 obras gráficas, 10 fotografías y una decena de esculturas se reparten por estancias, zonas comunes y despachos del edificio del antiguo hospital de San Rafael. Uslé, Quirós, Roberto Orallo, Esteban de la Foz, Luz de Alvear o Navarro Baldeberg firman piezas de este patrimonio pictórico del hemiciclo cántabro.

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.

La figura del franquista Carrero Blanco (1904-1973) está abriendo una brecha en Cantabria. El debate de fondo es qué ley aplicar al monumento que su pueblo natal, Santoña, le hizo ya en democracia: si la de Memoria democrática, que supondría retirar el monumento por su condición de franquista, o la de Víctimas del terrorismo, dado que saltó por los aires en el atentado de la banda terrorista ETA. Víctima o verdugo.

El Ayuntamiento de Santoña había intentado sin éxito 'resignificar' la estatua para eludir la Ley de Memoria Democrática. Ahora, el debate ha llegado al Parlamento de Cantabria donde todos los partidos políticos representados estiman que debe conservarse, excepto el PSOE. Aunque el anterior alcalde socialista de Santoña también dijo hace unos años que no había que quitar el monumento “sino cambiar su denominación para evitar conductas que promueven la exaltación del franquismo”.

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos para pedir que el Gobierno de la comunidad tramite la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento al franquista Luis Carrero Blanco en Santoña, su pueblo natal. Una iniciativa impulsada por Vox para salvar la estatua de la Ley de Memoria Histórica que obligaría a retirarla.

Los votos del partido de Miguel Ángel Revilla se han sumado a la operación de la derecha para dar otra lectura a uno de los grandes protagonista de la dictadura que llegó a ser presidente del Gobierno con Franco. El portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que Carrero Blanco, cuyo monumento “levantó en su día enormes críticas”, fue un “antimarxista” y un “antidemócrata”, si bien también fue “un benefactor del pueblo de Santoña” y “uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. “Está hecho a un santoñés ilustre”, ha subrayado.

Por ello, el PRC ha defendido que “es el momento de aplicar la ley”, tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que “hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo”, ha dicho Hernando. “Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos”, ha defendido.

Hernando ha relatado que cuando el pueblo de Santoña “para congraciarse con él” le ofreció una “estupenda parcela” para construirse un chalet para que veranease allí, Carrero propuso crear una guardería para los niños de las familias marineras. También ha recordado que cedió las marismas de Santoña al municipio y que hizo la traida de aguas. “Era un santoñés que ayudó a los santoñeses”, ha subrayado.

El PSOE se queda solo

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley presentada por Vox, que pide paralizar cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

El portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una “iniciativa de patrimonio”, sino de “blanqueamiento”. Ha pedido retirar la placa que “exalta al dirigente franquista” y ha apuntado que existe “un precedente” del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias “concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable” porque “la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista”.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, que llega con “20 años de retraso” -los transcurridos desde que la región asumió las competencias en este ámbito- y que ha salido adelante gracias al apoyo del PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Por su parte, el PSOE la ha rechazado al considerar que tiene “carencias insalvables” y Vox se ha abstenido por la inclusión de determinadas embarcaciones dentro del ámbito de aplicación de la ley y ha criticado que ésta no sea progresiva.

La norma, de 29 artículos y varias disposiciones, regula la actividad de las empresas de este sector, aplicando el principio de libre prestación de servicios pero requiriéndoles una declaración responsable previa. Además, establece derechos y deberes de los usuarios y fija sanciones.

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, desde entonces, las empresas que vienen prestando servicios en la actualidad dispondrán de dos meses para presentar la declaración responsable previa estipulada en la ley.

El consejero del ramo, Roberto Media (PP), ha considerado una “gran noticia” la aprobación de esta ley “eminentemente técnica”, “muy necesaria” que, según ha dicho, viene a regular un “sector muy en auge” en Cantabria.

Además, se ha mostrado “muy satisfecho” de que el Gobierno del PP haya elaborado esta ley para llenar el “vacío normativo” existente, algo que, según ha dicho, también está haciendo en otros ámbitos. Y es que esta ley, según Media, era una “vieja demanda” y llega con más de “20 años de retraso”.

El consejero ha agradecido a todos los grupos la “implicación” mostrada para mejorar el texto inicial. “Esta es una ley de todos y estoy convencido de que será una herramienta muy útil en el futuro para regular por fin este sector como se merece y mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores implicados en él”, ha confiado.

La norma tiene por objeto regular la ordenación del transporte marítimo de personas, mercancías o mixto que se desarrolla entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros de fuera.

Dentro de su ámbito de aplicación, se incluye todo el transporte marítimo en el que exista una contraprestación económica. Se aplicará tanto a transportes regulares, excursiones recreativas y turísticas o alquiler de embarcaciones con patrón, pero finalmente deja fuera a aquellos con fines educativos o deportivos.

Prevé la creación de un registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria. Éstas solo deberán presentar una declaración responsable previa de la actividad adecuada en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, aunque tendrá que disponer de la documentación que así lo acredita y ponerla a disposición de la Administración cuando así le sea requerida.

Además, debe incluir una información de datos de contacto de la empresa y sus representantes y datos de las embarcaciones y de los servicios que se van a prestar.

En lo concerniente a los derechos de los usuarios, figuran, entre otros, los de disponer de información detallada en caso de incidencias, o el de recibir una compensación económica en caso de retrasos que no sean debidos a causas de fuerza mayor.

Además, se recoge el derecho a reclamar en caso de deficiencias apreciadas y ser indemnizados por daños ocasionados por la prestación del servicio. También se establece un sistema alternativo de resolución de controversias entre usuarios y empresas a cargo de la Junta Arbitral de Transportes.

Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, se considera falta “muy grave” prestar servicios sin haber realizado la declaración responsable o que ésta tenga datos falsos, lo que puede conllevar sanciones de multas de hasta 10.000 euros, cese de la actividad o, incluso, la inhabilitación temporal.

Por otro lado, incluye la posibilidad de que los operadores se incorporen a la Tarjeta Única de Transporte de Cantabria.

El PP ha subrayado la importancia de esta norma sobre una “compleja” materia, algo que también ha hecho el PRC, que ha puesto en valor las mejoras aportadas por los regionalistas para mejorar y aumentar la “seguridad jurídica” del texto.

El PSOE cree que la ley “se queda corta” en protección ambiental

Por su parte, el PSOE ha dicho 'no' al considerar que la ley se queda “corta” y es una “verdadera oportunidad perdida” a la hora de afrontar algunos de los desafíos del transporte marítimo en Cantabria, según ha indicado el exvicepresidente regional y diputado, Pablo Zuloaga.

Ha criticado que no hayan sido aceptadas algunas enmiendas de su grupo que pedía la incorporación de medidas relacionadas con la protección ambiental cuando la ley regula una actividad que tiene “incidencia negativa sobre algunos de los espacios naturales más sensibles de Cantabria”, ha advertido.

Así, reclamaba se pudieran establecer criterios de capacidad de carga, limitaciones temporales o condiciones especiales de navegación en espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

“Cuando volvamos a ver las imágenes del macrobotellón en El Puntal piensen que hoy podían haber evitado que eso sucediera si este Gobierno hubiera contado con las herramientas necesarias para poder evitarlo. Ustedes han preferido no escuchar, no hacerlo. Reflexionen, recapaciten”, ha instado Zuloaga.

Por su parte, Vox ha subrayado la importancia de esta ley y ha valorado las “mejoras” introducidas durante la tramitación, entre ellas una dirigida a controlar el uso de las motos de agua, pero se ha abstenido al considerar que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma las embarcaciones de lista 7ª -las matriculadas para uso privado- siempre y cuando su capacidad legal no exceda de 12 personas.

También ha censurado que se trata de una normativa “no progresiva” que, en algunos aspectos, cataloga con las “mismas exigencias” y plantea iguales sanciones para tipos de embarcaciones muy diferentes.

Y Palacio, por su parte, ha valorado el modelo “desregularizador” de la norma que, en su opinión, va a facilitar la creación de empresas y servicios dentro del sector marítimo, fundamentalmente relativas al ocio y turismo.

“Yo sí he leido el convenio, lo tengo en la mano pero yo creo que en este momento es confidencial”, espetó el director de Cohorte Cantabria mostrando unos papeles ante la comisión parlamentaria.

Javier Crespo dijo que no tiene “la potestad de enseñar el convenio hasta que no esté cerrado” porque no es “el responsable único”.

El acuerdo al que se refiere es al que se firmará para ceder los datos de más de 50.000 cántabros apuntados al proyecto Cohorte Cantabria a un laboratorio farmacéutico estadounidense. Una decisión de la Consejería de Salud que ha despertado recelos y polémica. “Hasta que no se firma debe permanecer en el ámbito confidencial”, insistió ante los diputados del Parlamento de Cantabria.

“No tengo la capacidad técnica de saber si la normativa que se articula es adecuada o no, pero ha estado expuesto a la valoración de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad durante años” y añadió que en su opinión es un acuerdo habitual entre las empresas y las instituciones públicas. “Desde hace cincuenta años” la empresa privada se beneficia de la investigación pública y muchas veces desarrolla fármacos “a un precio escandaloso”, reconoció.

El Gobierno de Cantabria ha enviado a los directores del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) y Cohorte Cantabria a responder a las preguntas de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria.

Ni el consejero de Salud, César Pascual, ni ningún cargo de su departamento han acudido a explicar los detalles de la cesión de datos de Cohorte a un laboratorio farmacéutico estadounidense y del futuro parque de la salud de colaboración público-privada que se ubicará sobre la antigua Residencia Cantabria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, se ha mostrado “decepcionado por el contenido” de las intervenciones de los expertos que, sobre algunas de las cuestiones, han dicho que no sabían nada de lo que se les preguntaba. En este sentido, ha echado en falta que no hubiesen acudido responsables directos de la Consejería.

Respecto al parque de la salud el director científico de IDIVAL, Marcos López Hoyos, ha dicho que no “es cosa” suya aunque participa “a nivel voluntario” en el órgano consultivo “en el que estamos trabajando en muchas ideas”, sin precisar más información. “No me corresponde a mi contestar algo en relación a estas dos preguntas”, ha concluido en su breve y primera intervención.

“Desconozco cualquier información con respecto al parque tecnológico” -reiteró ante la comisión parlamentaria el director de Cohorte, Javier Crespo- “no conozco nada, no he leído el proyecto y no estoy inmerso en ello, por tanto no puedo opinar”.

“Tenemos pendiente una reunión con el IFCA”

Por contra, si han respondido a algunas cuestiones relativas a la cesión de datos de los 50.000 voluntarios de Cohorte Cantabria al laboratorio farmacéutico estadouniden Regeneron Pharmaceuticals propiedad del mayor fondo de inversión mundial, Blackrock. “No se ha firmado, ni hay nada todavía pero se está trabajando”, ha admitido López Hoyos.

Pedro Hernando ha preguntado por qué se ha optado por llegar a un acuerdo con esta empresa y si no existe en el ámbito público ningún otro organismo para hacerlo. El portavoz regionalista ha recordado que el consejero César Pascual dijo que ninguna otra empresa tiene capacidad para hacer un análisis genómico de la magnitud que se pretende. “El Centro Nacional de Análisis Genómico con financiación pública europea y nacional está desarrollando proyectos de este tipo, también el Centro de Regulación Genómica (CRG) e incluso tenemos ordenadores cuánticos en Cantabria”, ha matizado.

El director del IDIVAL, López Hoyos, ha dicho que han intentado “ver si había capacidad” de hacerlo en otro centro en España como el Centro de Genómica de Galicia del doctor Carracedo “pero no tiene capacidad para 50.000 voluntarios en el que vamos a hacer todo un exoma y toda una proteómica”. “Eso es imposible”, ha apostillado.

El experto ha dicho que también han valorado “la vía publica” porque van a hablar con instituciones de Cantabria como el IFCA. “Tenemos pendiente una reunión, pero todavía no ha habido el momento porque no tenemos sus datos”, ha justificado. De momento -ha explicado- “nuestros servidores cogen perfectamente esta información” y cuando lleguen a otra fase “es cuando vamos a necesitar los ordenadores del IFCA y vamos a contar con ellos para conservar esos datos”.

Ahora bien, ha asegurado que la capacidad para hacer exómica y proteómica, analizar y exportar datos “y luego trocearlos para poder incorporarlos a nuestros ordenadores” no lo tiene “nadie en el mundo”. Ha añadido que sus colaboradores en Singapur y en China le dijeron “you are crazy, my friend. Pero, ¿estás loco? ¡quién te hace eso!”. “Pues lo hace Regeneron porque es la única empresa en el mundo con capacidad para manejar 50.000 voluntarios, no hay nadie en el sistema público ni en Europa”, ha asegurado.

Aunque, en paralelo, ha admitido que si se hiciese por el sistema público costaría entre 150 y 180 millones de euros, “un coste imposible de abordar por Cantabria y los primeros datos que podríamos tener serán dentro de tres años”.

Así, ha añadido que con este acuerdo “en septiembre podríamos tener los datos de genómica para empezar con el hub de innovación [el futuro parque de la salud de la Residencia Cantabria], si no Cohorte Cantabria se queda parada. Tenemos que ir deprisa”, ha insistido.

“Regeneron es la única empresa en el mundo capaz de hacer estos estudios, analizarlos, trocearlos y darnos la información para poder trabajarlo”, ha zanjado en su comparencia parlamentaria.

“Claro que ellos obtienen beneficios, es un negocio, pero igual que nosotros. Es un retorno científico disponer de esos datos y poder explotarlos al nivel de otras colaboraciones científicas con gente alrededor del mundo por eso no hay una compra de datos ni una compra ni venta de muestras en todo esto”, ha argumentado el director de Cohorte, Javier Crespo.

En este sentido, ha reconocido que “probablemente sí hay otras empresas en el mundo que puedan hacer parte del proyecto y después juntarlo, lo cual tiene algunos inconvenientes, pero la única empresa en el mundo capaz de hacer simutáneamente exoma, proteoma y análisis de datos es Regeneron”. “Prácticamente todas las cohortes poblaciones del mundo han utilizado Renegation como empresa de referencia”, ha asegurado.

El portavoz del PRC también ha preguntado por qué además de ceder gratis los datos Cantabria tiene que hacerse cargo de los gastos de los traslados de las muestas a Estados Unidos. “He leído parte del convenio y no existe una compensación dineraria”, ha confirmado el director de Cohorte.

Crespo ha añadido que ningún miembro del IDIVAL cobra ninguna cantidad de dinero por este acuerdo, que no está previsto que haya ningún tipo de compensación económica para ningún investigador y que ningún miembro del IDIVAL forma parte del consejo asesor de esta empresa“, aunque ésto -ha matizado- ”no lo podría asegurar con absoluta firmeza“.

Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria elaborado por el Gobierno regional (PP) han decaído este martes en el Pleno del Parlamento al no contar con el apoyo suficiente para salir adelante, dado que solo han obtenido los votos a favor de sus respectivos grupos.

PSOE y Vox han rechazado sus enmiendas mutuamente, mientras que el PP también ha votado en contra en ambos casos, al igual que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el PRC se ha abstenido al entender que, aunque el proyecto es “insuficiente” y “poco ambicioso”, “Cantabria necesita esta ley”.

Los socialistas pedían la devolución de la normativa porque consideran que no da “ninguna respuesta” a los problemas para acceder a una vivienda digna y accesible, ya que “faltan herramientas de protección social, no declara zonas tensionadas, no regula las viviendas vacías, ni quiere movilizar la ampliación del parque público”.

Mientras que Vox ha denunciado que el proyecto “no es capaz de ofrecer soluciones al 80% de los problemas” de acceso a la vivienda y a la falta de suelo, “ni apoya al sector privado, ni garantiza seguridad frente a la okupación e inocupación, ni contempla compromisos presupuestarios para desarrollar vivienda pública”.

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha criticado la “incoherencia absoluta” de los dos partidos. En el caso de los socialistas, ha denunciado que siguen “con unas políticas de vivienda que son un fracaso y son incapaces de aceptar sus errores”.

Y en cuanto a Vox, ha censurado que continúa con “su dinámica del no a todo lo que haga este Gobierno, sin ser capaces de poner encima de la mesa ni una sola iniciativa útil en ningún ámbito”.

“Ninguno de estos dos partidos están cuando Cantabria los necesita. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos esta legislatura? Vox y el PSOE de la manita oponiéndose a todo y haciendo pinza para tratar de bloquear la acción del Gobierno”, ha trasladado.

Media ha subrayado que para el Gobierno la política de vivienda es “absolutamente estratégica” y “necesitamos esta ley para avanzar en todas las medidas que consideramos imprescindibles para cambiar la situación actual”.

Además, ha reiterado que “la solución” al problema de la vivienda “no pasa por declarar zonas tensionadas, que este Gobierno no lo va a hacer, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”

Por su parte, el PRC no ha apoyado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al considerar que “Cantabria necesita esta ley” y, aunque los regionalistas no respaldan el proyecto presentado por el Ejecutivo, creen que el Parlamento “tiene la obligación de intentar construir soluciones ante un problema que afecta al presente y al futuro de Cantabria”.

La diputada Paula Fernández ha aclarado que el PRC no defiende “ni el enfoque ni el contenido de esta ley tal y como está redactada a día de hoy”, al entender que el texto es “claramente insuficiente” y “poco ambicioso” para un problema de esta magnitud.

Así, ha lanzado un mensaje al Gobierno regional: “Deben recapacitar e ir pensando en dar la vuelta a esta ley de verdad si quieren que se apruebe en este Parlamento”, ha trasladado.

“El PRC no apoyará esta ley en su aprobación si no se producen cambios profundos durante la tramitación parlamentaria de este debate. Apoyaremos una ley valiente, ambiciosa y real”, ha manifestado.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado la propuesta del PSOE de que los médicos de los hospitales cántabros trabajen a turnos, como el resto del personal sanitario, para contribuir a reducir las listas de espera y evitar el elevado coste económico -65 millones de euros- de las 'peonadas', como se denomina a las horas extras que hacen por las tardes, y las derivaciones a centros privados. “Que operan en turnos de mañana y tarde”, ha puntualizado el diputado Rául Pesquera.

Ningún partido político ha apoyado la iniciativa que pedía al Gobierno de Cantabria “estudiar y negociar” en mesa sectorial este sistema de turnos que modifica los actuales horarios laborales restringidos a las mañanas. El PSOE considera que es momento de reflexionar por qué los médicos no quieren hacer guardias, como se reclama en las últimas huelgas médicas. “Hay otras alternativas”- subraya Pesquera- “y la gente quiere trabajar 35 horas semanales como el resto de las categorías porque los únicos que hacen guardias son los médicos”.

El diputado dice que los hospitales tienen que funcionar las 24 horas del día y solo hay dos opciones: “o hacemos guardias, o hacemos turnos, que es mucho más eficiente”. “Con el dinero que nos hemos gastado en ese plan de reducción de listas de espera y el que nos gastamos en las guardias, negocien los turnos”, ha planteado al Gobierno de Partido Popular. “Esto es competencia de la comunidad autónoma, no del Estatuto Marco”, ha apostillado.

En el debate parlamentario de esta propuesta, rechazada por la Cámara, el socialista Pesquera ha denunciado que Cantabria es la comunidad “con peores listas de espera de España” y ha abogado por “buscar soluciones”, “gestionar” la sanidad pública y no mandar a los pacientes a “hacerse pruebas a la privada”. El diputado considera que el plan de 65 millones de euros “ha fracasado. Somos los últimos”. “No nos resignamos a invertir más en la sanidad privada, que es de lo que va su política”, ha reprochado al consejero de Salud y tampoco se resignan a decir que “es imposible”.

Pesquera ha criticado que Cantabria vaya a destinar 256 millones de euros para que la sanidad privada abra más quirófanos “y así pueda operar más”. Frente a eso, los socialistas creen que la sanidad pública “hay que gestionarla, no dejarla al tran-tran para ir a la privada”.

De hecho, el diputado ha criticado la reciente externalización en un millón de euros las anatomías patológicas del Hospital de Laredo, “una nueva licitación para sacar fuera a que se informen”. Pesquera ha recordado que hace poco se decía que había mucha lista de espera y ahora lo externalizan: “es la solución que ustedes buscan sistemáticamente”.

Respuesta de los grupos parlamentarios

En la misma línea, desde el PRC la diputada Paula Fernández ha sostenido que las listas de espera en Cantabria son “un problema grave” del sistema de salud público y ha apostado por buscar nuevos modelos organizativos.

Sin embargo, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha defendido el plan de listas de espera y ha subrayado que “antes no hubo ninguna medida” por parte de anteriores gobiernos. Además, ha dicho que el sistema de turnos “es absolutamente inviable, ya se lo digo yo”.

Mientras, Vox cree que la propuesta de implantar un sistema obligatorio de turnos de tarde “no es más que una trampa retorcida” y se ha preguntado “de dónde se va a sacar el personal para duplicar los turnos adicionales”.

El Gobierno de Cantabria ha sacado adelante este lunes su tercer presupuesto de la legislatura en el Parlamento con al apoyo por tercera vez consecutiva del PRC y la comunidad tendrá cuentas pública para 2026 con cinco meses de retraso.

Tras superar el trámite del pleno parlamentario, en el que PSOE y Vox han votado en contra de las cuentas y PP y PRC han rechazado todas las enmiendas de esos dos grupos, los presupuestos autonómicos de este año, que se elevan a 3.925 millones de euros, entrarán en vigor este viernes, 1 de mayo.

La aprobación de este documento económico permitirá que la región disponga de 220 millones de euros más, que no estaban consignados en las cuentas de 2025, prorrogadas desde enero después de que el Parlamento devolviese en noviembre al Gobierno del PP, que está en minoría en la Cámara, su anterior proyecto presupuestario, al votar en contra de ese documento PRC, PSOE y Vox.

Medio año después de su devolución, el acuerdo firmado a principios de marzo por el Gobierno de Cantabria y el PRC para aprobar los presupuestos, ha permitido este lunes que la comunidad autónoma disponga ya de cuentas públicas para 2026, que tienen un carácter “constructivo y responsable”, según ha defendido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

En el pleno, los regionalistas han reivindicado su “responsabilidad” al apoyar los presupuestos y han exigido al Gobierno del PP que cumpla el acuerdo, mientras que los populares han subrayado el “éxito” del Ejecutivo de María Jesús Sáenz de Buruaga al aprobar estas cuentas.

En el lado contrario, el PSOE ha insistido en su rechazo al presupuesto porque ahonda en la “precarización de los servicios públicos”, mientras que para Vox las cuentas presentadas por el Gobierno responden a un “proyecto agotado”.

El diputado no adscrito Cristóbal Palacio, que se ha abstenido en la votación, ha lamentado que el presupuesto destine solo un 7 % a inversiones y ha defendido que se aumente ese porcentaje adelgazando el gasto y reduciendo también ingresos, que “es dinero que se quita a los cántabros”.

Estabilidad política

Agüeros, en su intervención, ha destacado que la aprobación de estos presupuestos permitirá contar con la estabilidad política suficiente en la segunda parte de la legislatura para poder seguir desarrollando la acción de gobierno.

El consejero ha agradecido al PRC sus aportaciones durante la tramitación del proyecto de presupuesto y sus “enmiendas impregnadas de un espíritu constructivo que ha conseguido mejorar si cabe el texto original”, mientras que ha criticado a PSOE y Vox por querer “tirar por tierra” las cuentas sin ofrecer una alternativa como ya hicieron en noviembre.

El portavoz del PP, Juan José Alonso, ha contrastado el “ejemplo de normalidad institucional y responsabilidad” del Gobierno de Buruaga al aprobar los presupuestos, con la “incapacidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “enfangado por los casos de corrupción”, ha añadido.

Cumplir de verdad

La diputada regionalista y candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, ha advertido al Gobierno del PP, que una vez aprobado este presupuesto, le “toca cumplir de verdad”. “Ahora ya no hay excusas”, ha apostillado.

Fernández ha subrayado que su partido ha optado por el impulso y no por el bloqueo con la negociación de unos presupuestos “mejorados” por su partido para dar certidumbre a los ciudadanos, con “medidas reales que responde a problemas reales”. “Estos presupuestos llevan grabada la huella del compromiso del PRC”, ha aseverado.

Y ha incidido en que los regionalistas estarán “vigilantes” para que el Gobierno cumpla el acuerdo, porque ha subrayado que el apoyo de su partido al presupuesto es “crítico”. “Pido a la presidenta que esté a la altura y no vuelva a fallar a esta tierra”, ha concluido Fernández.

Insuficientes e irreales

El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Iglesias, ha rechazado los presupuestos que considera “insuficientes y absolutamente irreales”. “No son los presupuestos que necesita esta tierra”, ha defendido.

Iglesias ha afirmado que estos presupuestos “lejos de defender los intereses de Cantabria apuntalan un modelo que poco a poco va a convertir la comunidad autónoma en un parque de atracciones”, en la que “poco a poco los servicios públicos se van precarizando”.

Y ha reprochado al PRC que por tercera vez, después de los acuerdos presupuestarios para 2024 y 2025, “ha vuelto a caer en la trampa” de firmar un pacto para apoyar estas cuentas “con las mismas garantías de cumplimiento: cero”. “Saben que si no cumplieron antes, mucho menos ahora cuando tienen menos tiempo para ejecutarlo hasta que acabe el año”, ha advertido a los regionalistas.

Continuidad del desastre

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que con su rechazo a los presupuestos su grupo dice “no al maquillaje, las mentiras y la continuidad del desastre”. “El Gobierno de Cantabria vende más de lo que ejecuta”, ha dicho.

Díaz ha opinado que con el acuerdo con los regionalista, el Ejecutivo “se ha reído de los cántabros” y ha atribuido el respaldo del PRC a las cuentas a los equilibrios que, ha añadido, tiene que hacer este partido para buscar “su supervivencia política post Revilla”.

La parlamentaria ha lamentado, además, que en las cuentas no haya, bajo su criterio, ni las reformas estructurales que cree que necesita Cantabria, ni una apuesta por mejorar la eficiencia de la administración ni se priorice la eficiencia del gasto.

Vox duplicó el número de diputados en las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Cantabria. Pasó de dos a cuatro. Pero desde el primer momento hubo dos bandos: los partidarios de la nueva portavoz, Leticia Díaz, y los que estaban a favor del anterior, Cristóbal Palacio que, por razones que no se explicaron, no repitió como número uno de la formación en Cantabria. Ahí empezó un cisma que ha acabado en los tribunales.

Una asesora del grupo parlamentario denunció a la portavoz por acoso laboral -que estuvo suspendida de militancia durante seis meses-, otro asesor afín a ella presuntamente utilizó un bolígrafo espía para grabar convesaciones en el despacho de Vox, otros tres asistentes han dejado sus puestos, Cristóbal Palacio abandonó el grupo y mantiene su escaño como diputado no adscrito y hace casi un año la Polícia entró en el Parlamento para registrar los ordenadores de Vox.

Ahora, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acaba de citar como investigado a un asesor de Vox por un posible delito contra la intimidad. La misma persona a la que dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Álvarez- denunciaron por grabar conversaciones privadas con un bolígrafo espía que activaba al salir del despacho. Un objeto que les pareció extraño y que desmontaron hallando en su interior un minúsculo dispositivo de grabación.

A la vez, una denuncia interna le acusa de acceder y grabar el correo electrónico de la trabajadora del partido que denunció por acoso laboral a la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.

El auto judicial señala que este asesor - un ingeniero informático que ha reconocido haber grabado un video del contenido del mail- ha podido realizar un acceso remoto al ordenador de la empleada del partido, usando sus claves, mientras grababa dicho vídeo para “apropiarse de correos y comunicaciones personales de WhatsApp”.

El objetivo de este acceso, apunta el juez, sería que la portavoz Leticia Díaz aportara esos documentos posteriormente para defenderse en el expediente abierto por el Comité de Garantías de Vox ante la denuncia de acoso de la trabajadora.

También señala que “ha quedado notablemente debilitada” la tesis de descargo ofrecida por Leticia Díaz, quien acusó a esta trabajadora de hacer “un borrado masivo de datos” del ordenador que no se observa, según el auto.

Sí aprecia el juez, a raíz del informe pericial del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, “indicios de manipulación del vídeo aportado (por Leticia Díaz) para evitar que se vea que la persona que graba pueda estar al mismo tiempo utilizando el ordenador, lo que permite suponer que el acceso en remoto haya podido ser planificado por la investigada o por un tercero a su instancia, dado que consta que tenía acceso a las claves de la perjudicada”.

En su auto, contra el que cabe recurso, el juez cita a declarar al asesor de Vox el próximo 28 de mayo, a las 9.30 horas.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander también investiga a este hombre por presuntas escuchas ilegales grabadas con un bolígrafo que tenía en su interior un dispositivo para grabar.

Denuncia hace un año

La asesora que denunció a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria por acoso laboral presentó hace un año una querella contra ella y contra el grupo parlamentario por un presunto delito contra la integridad moral.

La trabajadora empezó a prestar servicios para el grupo parlamentario como asesora financiera en septiembre de 2019, cuando su portavoz era Cristóbal Palacio, ahora diputado no adscrito.

La asesora estuvo de baja desde enero de 2024, con tratamiento psicológico y farmacológico.

Leticia Díaz fue sancionada el 16 de septiembre de 2024 por la dirección nacional del partido con seis meses de suspensión de sus derechos como afiliada, aunque posteriormente la sanción fue rebajada a dos meses por el Comité Ejecutivo Nacional, tras estimar parcialmente un recurso que interpuso la portavoz en octubre.

Los grupos parlamentarios han presentado 429 enmiendas parciales a los presupuestos de Cantabria para 2026, de las que 398 corresponden a las cuentas y las 31 restantes a la ley de medidas fiscales y administrativas que las acompañan.

El Parlamento de Cantabria ha cerrado este mediodía el plazo de presentación de enmiendas al presupuesto, que ronda los 3.925 millones de euros, y la Mesa de la Comisión de Economía se reunirá este jueves para decidir su admisión a trámite, según ha informado la Cámara regional en un comunicado.

Más de la mitad de las enmiendas han sido presentadas por el PSOE (225 a los presupuestos y ocho a la ley de acompañamiento). Le sigue en número Vox, con 99 a las cuentas y 11 a la ley de acompañamiento. El PRC ha registrado 28 enmiendas parciales al presupuesto y una a la ley de acompañamiento, para garantizar el control parlamentario del convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus adendas, como adelantaron los regionalistas la semana pasada. El PP, por su parte, ha registrado 24 al presupuesto y ninguna a la ley de medidas. Populares y regionalistas han presentado además tres enmiendas conjuntas a las cuentas. Y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha registrado 19 propuestas para enmendar las cuentas y 11 a la ley de medidas fiscales.

La Comisión de Economía y Hacienda debatirá las enmiendas los días 21 y 22 de abril y elaborará un dictamen que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el día 24. El trámite final será el debate y votación de las enmiendas en el pleno del Parlamento que se celebrará el lunes, 27 de abril.

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, las enmiendas conjuntas con el PRC están relacionas con el Consejo de la Juventud de Cantabria, actuaciones en boleras de la región y la reparación del consultorio de Cueto, en Santander. Las 24 de su grupo tienen que ver con cambios de denominación, ajustes puntuales y modificaciones técnicas para “una ejecución más efectiva” de las cuentas, ha señalado Alonso en un comunicado.

Cristóbal Palacio ha informado, también en una nota, de que sus enmiendas están destinadas a aliviar la presión fiscal, reforzar la transparencia administrativa y dar respuesta a las necesidades de las familias, las empresas y el sector primario. Entre otras medidas, propone ayudas a las familias por nacimiento de hijos y más financiación pública para la educación concertada.

La trágica muerte de seis jóvenes -una séptima víctima continúa ingresada en el Hospital de Valdecilla- al desplomarse sobre los acantilados del litoral norte de Santander la pasarela junto a la playa de El Bocal ha llegado al Pleno del Parlamento de Cantabria, donde también ocupa un escaño como diputada la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). Una pregunta del Grupo Parlamentario Vox ha servido para que el Gobierno del Partido Popular explique por primera vez la gestión de la llamada que hizo un vecino al servicio de emergencias 112 Cantabria unas horas antes del accidente alertando del peligro de colapso de esta estructura de madera.

“A lo largo de los días, y a pesar de estar todo bajo instrucción judicial, ya está más que de sobra contestada”, ha comenzado su intervención la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP). La respuesta ha servido para conocer, por primera vez desde que sucedió la tragedia, una explicación oficial sobre la gestión del aviso.

La responsable de las competencias en emergencias en la comunidad autónoma ha explicado que el 112 clasifica las llamadas en doce tipologías y que se calificó como “de deficiencia o desperfecto en vía de municipio”. Así, se hace una “transferencia” de la información de esa llamada a los centros de control y de mando a los organismos implicados y establecidos por cada ayuntamiento, ha apuntado. “Si hay Policía Local se traslada a ese centro de mando”, ha concretado, “al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes”.

Según ha confirmado la consejera, la llamada se produjo a las 12:11 horas del martes 3 e marzo y dos minutos más tarde, a las 12:13 horas, se trasladó a la Polícia Local de Santander “alertando de que un puente de madera de la senda que va desde El Bocal hacia Cueto está roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a los rocas”. Ese fue el mensaje que transmitió el vecino, Fernando Cabellos, tal y como confirmó él mismo a este periódico el día siguiente de la tragedia y con todo el dispositivo de emergencias en marcha para localizar el cuerpo de la última víctima.

“Se actuó de forma impecable en esta llamada”, ha considerado Urrutia, que ha hecho hincapié en que, de hecho, “el señor volvió a llamar a las 12:16 horas porque había tenido una llamada perdida en su teléfono fijo y quería comprobar si éramos nosotros, y ya se le informa de que su aviso ha sido trasladado a la Polícia Local”. Un aviso que, sin embargo, la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada dejó sin atender, según ha reconocido la propia alcaldesa de la ciudad.

La consejera ha respondido a la pregunta notablemente incómoda después que la portavoz de Grupo Parlamentario Vox considerase que si al Gobierno de Cantabria esta gestión le parece“ejemplar” -como dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP)- es necesario cambiar los protocolos. “Los cántabros que viven en Santander pagan tres servicios de Protección Civil: el municipal, con la alcaldesa a la cabeza; el estatal, que se gestiona desde la Delegación del Gobierno, y el del Gobierno de Cantabria. ”De los tres servicios que pagamos solo se llamó a uno“, ha denunciado Leticia Díaz.

Sin embargo, Urrutia ha acusado a la portavoz de Vox de “utilizar este tema para la carroña política que tanto les encanta” y ha añadido que el centro de emergencias 112 de Cantabria tiene una plataforma tecnológica de gestión, que está todo informatizado y que todo queda grabado. “Una plataforma tecnológica que se pone a disposición de todos los gestores, todos están en línea y todos ven lo que todo el mundo hace”, ha precisado al respecto.

La consejera ha añadido durante su intervención parlamentaria que “cuando hay otro operador que coge otra llamada y es de lo mismo lo vuelve a meter ahí, así se consigue además que en este control de llamadas y traslado de las incidencias todos los gestores actúen de la misma manera ante cualquier incidencia”. “Con agilidad, homogeneidad y eficacia”, ha remachado desde la tribuna. También ha destacado que el sistema cuenta con una categorización de los distintos tipos de llamadas, hasta 800, “y nunca se llama a otros organismos a no ser que se trate de una verdadera emergencia”. “Entonces, sí, entonces se activa la emergencia”. El 112 cuenta en Cantabria con una veintena de gestores y seis jefes de sala, que en el año 2025 han gestionado 283.000 llamadas.

IU y Podemos han iniciado los trabajos en busca de una candidatura única para las elecciones autonómicas de 2027 en Cantabria, con el objetivo de alcanzar representación en el Parlamento regional y “condicionar a las mayorías para aprobar medidas que protejan a los ciudadanos”.

Así lo han señalado los coordinadores autonómicos de IU, Israel Ruiz Salmón, y de Podemos, Mercedes González, en un comunicado conjunto en el que “renuevan su voluntad de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas de 2027”.

Aclaran, no obstante, “que no hay un acuerdo cerrado, sino que están en los trabajos iniciales”, y aseguran estar “abiertos a más incorporaciones”.

“El proyecto no se agota en dos siglas, sino que constituye una invitación abierta a más fuerzas transformadoras, agentes sociales y personas sin adscripción partidista que compartan la necesidad de construir una alternativa de progreso fuerte y útil para Cantabria, capaz de incidir en las decisiones públicas y mejorar la vida cotidiana de la gente”, han señalado.

Según han explicado, trabajan “en una alternativa real que empuje políticas valientes en vivienda, sanidad, empleo y transición ecológica, y para evitar que el rumbo de la comunidad quede limitado a las prioridades de las fuerzas tradicionales”.

El objetivo, han afirmado, es llegar a las elecciones de 2027 con una coalición sólida, plural y amplia, capaz de superar el umbral del 5% —en 2023 se quedaron a las puertas con un 4,13%— y obtener representación parlamentaria que permita influir de manera decisiva en políticas públicas en materias tan relevantes como la vivienda, la sanidad, el transporte y el empleo.

“La voluntad es clara: que Cantabria recupere una izquierda transformadora con presencia real en el Parlamento y que los miles de cántabros y cántabras que hoy no se identifican con los partidos con representación parlamentaria opten por una voz distinta, útil y valiente”, han asegurado los líderes autonómicos de estas dos formaciones.

Para ello, han concluido, ambas organizaciones están trabajando en común para atender y plantear soluciones realistas a los problemas que durante décadas ha generado o no ha abordado “el tripartito de siempre” , en alusión a PP, PSOE y PRC.

El Parlamento de Cantabria ha emitido una serie de medidas para garantizar la seguridad en la sede del Legislativo durante los días de lluvia, en los que se detecten goteras o filtraciones de agua por la cubierta que puedan generar charcos o acumulación de agua en el suelo de pasillos o zonas de tránsito de la planta superior del edificio, ubicado en la calle Alta de Santander.

Entre las medidas a seguir, y según una resolución de la Cámara adelantada este viernes por El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso Europa Press, figuran “utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante” cuando sea “imprescindible” transitar por zonas con suelo húmedo en la última planta, donde se ubica la Biblioteca y los despachos de los grupos parlamentarios.

Además, se solicita “evitar correr y extremar las precauciones” durante los desplazamientos por esas áreas del antiguo Hospital de San Rafael, construido en piedra y con una cúpula acristalada como tejado, así como “respetar siempre los itinerarios señalizados y las zonas delimitadas”. Asimismo, en la comunicación interna se ruega “limitar el tránsito de personas externas o ajenas al Parlamento” en las áreas afectadas por acumulación de agua por goteras y filtraciones.

Estas medidas se aplicarán “únicamente” los días de lluvia y en las zonas afectadas y han sido dictadas “en el ejercicio del derecho de la Cámara a participar y efectuar comunicaciones de riesgos detectados, propuestas preventivas o sugerencias dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa”.

La Unión del Trabajo Autónomo de Cantabria (TAEC-UATAE) reclama reforzar y actualizar el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo tras la publicación de los últimos datos sobre bajas en el RETA y solicitudes de prestación por cese de actividad. Según los registros del Ministerio de Seguridad Social, entre enero y octubre de 2025 más de 4.130 trabajadores autónomos causaron baja en Cantabria, pero solo 197 solicitaron la prestación y de ellas, solo menos de la mitad, concretamente 92, obtuvieron una resolución favorable.

Estas cifras sitúan a Cantabria entre las comunidades autónomas con menor tasa de acceso al 'paro' de los autónomos, por debajo de la media estatal (45,7%). “Los datos vuelven a confirmar que el sistema de protección social de los autónomos sigue sin funcionar para quienes más lo necesitan”, señala Álvaro Gómez, portavoz de TAEC-UATAE.

La organización recuerda que buena parte de los que se dan de baja no llegan a generar derecho a la prestación. Muchos son autónomos estacionales o discontinuos, o proyectos que cesan poco después de finalizar la tarifa plana, cuando aún no han cotizado lo suficiente para acceder a esta cobertura. “Eso no puede seguir siendo excusa para mantener una red de protección que en la práctica deja fuera al 98% de quienes abandonan su actividad”, denuncia Gómez.

También reclaman activar una Oficina de Segunda Oportunidad autonómica, que permita a los autónomos en dificultades reestructurar deudas, recibir asesoramiento jurídico y evitar cierres traumáticos. Una iniciativa que se debatio en el último Pleno del Parlamento de Cantabria cuestión a través de una propuesta del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fue rechazada. “En lo que va de año, solo una persona autónoma ha accedido en Cantabria a la Ley de Segunda Oportunidad. Eso demuestra que no hay recursos ni información suficientes para dar una segunda oportunidad real al colectivo”, advierte Gómez.

A nivel estatal, TAEC-UATAE vuelve a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que convoque la Mesa del Diálogo Social del RETA, paralizada desde hace meses, y afronte una reforma integral del cese de actividad. “No pedimos nuevos derechos: pedimos que se cumplan los que ya cotizamos cada mes”, concluye el portavoz.