El Parlamento de Cantabria ha invertido 43.000 euros en renovar su página web con una nueva estética, algunos enlaces que no funcionan y un suspenso en transparencia. Un cambio superficial sin contenidos actualizados porque algunos de los datos que publica la institución son antiguos y otros ni siquiera aparecen. Directamente siguen sin hacerse públicos. Aunque la institución admite que “se encuentra en fase de lanzamiento” por lo que seguirán mejorando y ampliando “contenidos y funcionalidades”.

La institución cántabra sigue sin publicar ni la declaración de actividades, ni la de bienes y rentas, ni la de intereses económicos de los diputados. Ninguna de las tres que puede consultar cualquier ciudadano en la web del Congreso de los Diputados.

La estrenada web -renovada por la empresa madrileña COMPASSDIGITAL S.L. con un contrato que incluye el mantenimiento técnico durante cuatro años- solo tiene una pestaña para colgar una de ellas, las declaraciones de actividades de los diputados cántabros. Pero está vacía. Los otros documentos tampoco tienen su apartado.

No obstante, el Parlamento de Cantabria asegura que “mejora los servicios de información pública” y precisa que la “renovación integral” de su plataforma digital “no se limita a una actualización estética”, sino que forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica de la Cámara, “orientado a reforzar la transparencia, la accesibilidad y la difusión de la actividad parlamentaria”.

Según el último presupuesto los grupos parlamentarios reciben dos millones de euros del presupuesto de la Cámara pero en el apartado correspondiente no se detallan qué subvenciones concretas percibe cada uno de ellos. La última información disponible en Transparencia es del año 2022 que corresponde a la anterior legislatura. En la web institucional tampoco hay rastro de la justificación de esas cantidades, se entregan sin fiscalización ni control posterior de cómo y en qué se ha gastado.

La única información disponible es de hace cuatro años, la legislatura anterior. Cuando el PRC recibía 47.512 euros al mes por sus 14 diputados, 37.382 el Partido Popular con nueve, el PSOE ingresaba 34.100 por sus siete escaños, Ciudadanos 21.148 por sus tres representantes -aunque el grupo acabó la legislatura fragmentado con Marta García en el grupo mixto- y Vox que por dos parlamentarios obtenía cerca de 15.000 euros mensuales.

También está desactualizada la relación de peticiones de equipamiento informático que hacen los diputados. Las últimas que permanecen colgadas remiten al sillón ergonómico que pidió en 2019 Félix Álvarez cuando ocupó un escaño parlamentario representando a Ciudadanos.

Sueldos

En cambio, sí que se ha publicado la información relativa a los sueldos que perciben los representantes públicos. Más de cinco mil euros al mes la presidenta, María José González Revuelta, 4.685 euros los portavoces de los grupos parlamentarios y tres mil euros los diputados con dedicación absoluta -1.740 quienes tengan dedicación parcial- a todos ellos se suman las dietas, 1.228 euros mensuales.

Por contra, la última información que proporciona el Parlamento sobre los gastos de viaje de los diputados corresponde a 2021, cuando una diputada regionalista cobró 41 euros por asistir a un congreso sobre despoblación en León, y otros tres de -del PP, PRC y PSOE- participaron hace cinco años en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Canarias y pasaron unos gastos de unos seiscientos euros cada uno. Se desconoce si en años posteriores se ha realizado algún gasto más por estas circunstancias o sus señorías no han realizado ningún viaje.

El Parlamento mantiene actualizado el apartado de gastos de personal eventual de confianza -trece asesores de todos los grupos parlamentarios con un salario anual de 44.119 euros, excepto el jefe de gabinete de la presidenta de la institución que llega hasta los 75.000- y de retribuciones de personal funcionario que permite comparar salarios. La persona que más cobra en el Parlamento no es un político, sino un funcionario: el secretario general que percibe 86.000 euros anuales. Un puesto de libre designación entre los letrados de la Cámara.

Prestaciones a exparlamentarios

Transparencia sí que informa de las 'prestaciones' a los exparlamentarios. Cuando un diputado deja el Parlamento puede solicitar el 'paro' y cobrar 1.400 euros durante un máximo de 16 meses. En este caso, la institución si ha hecho públicos los nombres de los perceptores a quienes se presupone que se otorga este subsidio porque están en desempleo. Al acabar la pasada legislatura -según figura en la documentación del portal del Parlamento- lo solicitaron Félix Álvarez (Ciudadanos), Emilia Aguirre y María Ángeles Matanzas como exdiputadas del PRC, el socialista Javier García Oliva y Pedro Gómez que defendió los intereses de los ganaderos desde la bancada del Partido Popular. El regionalista Francisco Ortiz sólo lo cobró durante siete meses.

Información económica

En lo referente a la información económica, la institución no hace públicos los informes de liquidación del presupuesto de la Cámara desde el año 2021. La publicación del saldo en las cuentas bancarias -otro apartado de su propio portal de transparencia- se actualizó por última vez en 2024. Para tener acceso, por ejemplo, a los contratos menores la página remite a un enlace de la plataforma de contratación, no aparecen los listados como en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria que permite el acceso directo a este tipo de documentación.

En el apartado de Patrimonio no funcionan los enlaces para acceder a la relación de los fondos artísticos de la institución. Una colección institucional de 152 obras con un valor estimado en 800.000 euros, según la tasación hecha en 2024 por la propia institución: 78 pinturas, 54 obras gráficas, 10 fotografías y una decena de esculturas se reparten por estancias, zonas comunes y despachos del edificio del antiguo hospital de San Rafael. Uslé, Quirós, Roberto Orallo, Esteban de la Foz, Luz de Alvear o Navarro Baldeberg firman piezas de este patrimonio pictórico del hemiciclo cántabro.

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.

La figura del franquista Carrero Blanco (1904-1973) está abriendo una brecha en Cantabria. El debate de fondo es qué ley aplicar al monumento que su pueblo natal, Santoña, le hizo ya en democracia: si la de Memoria democrática, que supondría retirar el monumento por su condición de franquista, o la de Víctimas del terrorismo, dado que saltó por los aires en el atentado de la banda terrorista ETA. Víctima o verdugo.

El Ayuntamiento de Santoña había intentado sin éxito 'resignificar' la estatua para eludir la Ley de Memoria Democrática. Ahora, el debate ha llegado al Parlamento de Cantabria donde todos los partidos políticos representados estiman que debe conservarse, excepto el PSOE. Aunque el anterior alcalde socialista de Santoña también dijo hace unos años que no había que quitar el monumento “sino cambiar su denominación para evitar conductas que promueven la exaltación del franquismo”.

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos para pedir que el Gobierno de la comunidad tramite la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento al franquista Luis Carrero Blanco en Santoña, su pueblo natal. Una iniciativa impulsada por Vox para salvar la estatua de la Ley de Memoria Histórica que obligaría a retirarla.

Los votos del partido de Miguel Ángel Revilla se han sumado a la operación de la derecha para dar otra lectura a uno de los grandes protagonista de la dictadura que llegó a ser presidente del Gobierno con Franco. El portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que Carrero Blanco, cuyo monumento “levantó en su día enormes críticas”, fue un “antimarxista” y un “antidemócrata”, si bien también fue “un benefactor del pueblo de Santoña” y “uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. “Está hecho a un santoñés ilustre”, ha subrayado.

Por ello, el PRC ha defendido que “es el momento de aplicar la ley”, tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que “hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo”, ha dicho Hernando. “Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos”, ha defendido.

Hernando ha relatado que cuando el pueblo de Santoña “para congraciarse con él” le ofreció una “estupenda parcela” para construirse un chalet para que veranease allí, Carrero propuso crear una guardería para los niños de las familias marineras. También ha recordado que cedió las marismas de Santoña al municipio y que hizo la traida de aguas. “Era un santoñés que ayudó a los santoñeses”, ha subrayado.

El PSOE se queda solo

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley presentada por Vox, que pide paralizar cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

El portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una “iniciativa de patrimonio”, sino de “blanqueamiento”. Ha pedido retirar la placa que “exalta al dirigente franquista” y ha apuntado que existe “un precedente” del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias “concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable” porque “la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista”.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, que llega con “20 años de retraso” -los transcurridos desde que la región asumió las competencias en este ámbito- y que ha salido adelante gracias al apoyo del PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Por su parte, el PSOE la ha rechazado al considerar que tiene “carencias insalvables” y Vox se ha abstenido por la inclusión de determinadas embarcaciones dentro del ámbito de aplicación de la ley y ha criticado que ésta no sea progresiva.

La norma, de 29 artículos y varias disposiciones, regula la actividad de las empresas de este sector, aplicando el principio de libre prestación de servicios pero requiriéndoles una declaración responsable previa. Además, establece derechos y deberes de los usuarios y fija sanciones.

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, desde entonces, las empresas que vienen prestando servicios en la actualidad dispondrán de dos meses para presentar la declaración responsable previa estipulada en la ley.

El consejero del ramo, Roberto Media (PP), ha considerado una “gran noticia” la aprobación de esta ley “eminentemente técnica”, “muy necesaria” que, según ha dicho, viene a regular un “sector muy en auge” en Cantabria.

Además, se ha mostrado “muy satisfecho” de que el Gobierno del PP haya elaborado esta ley para llenar el “vacío normativo” existente, algo que, según ha dicho, también está haciendo en otros ámbitos. Y es que esta ley, según Media, era una “vieja demanda” y llega con más de “20 años de retraso”.

El consejero ha agradecido a todos los grupos la “implicación” mostrada para mejorar el texto inicial. “Esta es una ley de todos y estoy convencido de que será una herramienta muy útil en el futuro para regular por fin este sector como se merece y mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores implicados en él”, ha confiado.

La norma tiene por objeto regular la ordenación del transporte marítimo de personas, mercancías o mixto que se desarrolla entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros de fuera.

Dentro de su ámbito de aplicación, se incluye todo el transporte marítimo en el que exista una contraprestación económica. Se aplicará tanto a transportes regulares, excursiones recreativas y turísticas o alquiler de embarcaciones con patrón, pero finalmente deja fuera a aquellos con fines educativos o deportivos.

Prevé la creación de un registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria. Éstas solo deberán presentar una declaración responsable previa de la actividad adecuada en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, aunque tendrá que disponer de la documentación que así lo acredita y ponerla a disposición de la Administración cuando así le sea requerida.

Además, debe incluir una información de datos de contacto de la empresa y sus representantes y datos de las embarcaciones y de los servicios que se van a prestar.

En lo concerniente a los derechos de los usuarios, figuran, entre otros, los de disponer de información detallada en caso de incidencias, o el de recibir una compensación económica en caso de retrasos que no sean debidos a causas de fuerza mayor.

Además, se recoge el derecho a reclamar en caso de deficiencias apreciadas y ser indemnizados por daños ocasionados por la prestación del servicio. También se establece un sistema alternativo de resolución de controversias entre usuarios y empresas a cargo de la Junta Arbitral de Transportes.

Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, se considera falta “muy grave” prestar servicios sin haber realizado la declaración responsable o que ésta tenga datos falsos, lo que puede conllevar sanciones de multas de hasta 10.000 euros, cese de la actividad o, incluso, la inhabilitación temporal.

Por otro lado, incluye la posibilidad de que los operadores se incorporen a la Tarjeta Única de Transporte de Cantabria.

El PP ha subrayado la importancia de esta norma sobre una “compleja” materia, algo que también ha hecho el PRC, que ha puesto en valor las mejoras aportadas por los regionalistas para mejorar y aumentar la “seguridad jurídica” del texto.

El PSOE cree que la ley “se queda corta” en protección ambiental

Por su parte, el PSOE ha dicho 'no' al considerar que la ley se queda “corta” y es una “verdadera oportunidad perdida” a la hora de afrontar algunos de los desafíos del transporte marítimo en Cantabria, según ha indicado el exvicepresidente regional y diputado, Pablo Zuloaga.

Ha criticado que no hayan sido aceptadas algunas enmiendas de su grupo que pedía la incorporación de medidas relacionadas con la protección ambiental cuando la ley regula una actividad que tiene “incidencia negativa sobre algunos de los espacios naturales más sensibles de Cantabria”, ha advertido.

Así, reclamaba se pudieran establecer criterios de capacidad de carga, limitaciones temporales o condiciones especiales de navegación en espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

“Cuando volvamos a ver las imágenes del macrobotellón en El Puntal piensen que hoy podían haber evitado que eso sucediera si este Gobierno hubiera contado con las herramientas necesarias para poder evitarlo. Ustedes han preferido no escuchar, no hacerlo. Reflexionen, recapaciten”, ha instado Zuloaga.

Por su parte, Vox ha subrayado la importancia de esta ley y ha valorado las “mejoras” introducidas durante la tramitación, entre ellas una dirigida a controlar el uso de las motos de agua, pero se ha abstenido al considerar que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma las embarcaciones de lista 7ª -las matriculadas para uso privado- siempre y cuando su capacidad legal no exceda de 12 personas.

También ha censurado que se trata de una normativa “no progresiva” que, en algunos aspectos, cataloga con las “mismas exigencias” y plantea iguales sanciones para tipos de embarcaciones muy diferentes.

Y Palacio, por su parte, ha valorado el modelo “desregularizador” de la norma que, en su opinión, va a facilitar la creación de empresas y servicios dentro del sector marítimo, fundamentalmente relativas al ocio y turismo.

“Yo sí he leido el convenio, lo tengo en la mano pero yo creo que en este momento es confidencial”, espetó el director de Cohorte Cantabria mostrando unos papeles ante la comisión parlamentaria.

Javier Crespo dijo que no tiene “la potestad de enseñar el convenio hasta que no esté cerrado” porque no es “el responsable único”.

El acuerdo al que se refiere es al que se firmará para ceder los datos de más de 50.000 cántabros apuntados al proyecto Cohorte Cantabria a un laboratorio farmacéutico estadounidense. Una decisión de la Consejería de Salud que ha despertado recelos y polémica. “Hasta que no se firma debe permanecer en el ámbito confidencial”, insistió ante los diputados del Parlamento de Cantabria.

“No tengo la capacidad técnica de saber si la normativa que se articula es adecuada o no, pero ha estado expuesto a la valoración de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad durante años” y añadió que en su opinión es un acuerdo habitual entre las empresas y las instituciones públicas. “Desde hace cincuenta años” la empresa privada se beneficia de la investigación pública y muchas veces desarrolla fármacos “a un precio escandaloso”, reconoció.

El Gobierno de Cantabria ha enviado a los directores del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) y Cohorte Cantabria a responder a las preguntas de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria.

Ni el consejero de Salud, César Pascual, ni ningún cargo de su departamento han acudido a explicar los detalles de la cesión de datos de Cohorte a un laboratorio farmacéutico estadounidense y del futuro parque de la salud de colaboración público-privada que se ubicará sobre la antigua Residencia Cantabria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, se ha mostrado “decepcionado por el contenido” de las intervenciones de los expertos que, sobre algunas de las cuestiones, han dicho que no sabían nada de lo que se les preguntaba. En este sentido, ha echado en falta que no hubiesen acudido responsables directos de la Consejería.

Respecto al parque de la salud el director científico de IDIVAL, Marcos López Hoyos, ha dicho que no “es cosa” suya aunque participa “a nivel voluntario” en el órgano consultivo “en el que estamos trabajando en muchas ideas”, sin precisar más información. “No me corresponde a mi contestar algo en relación a estas dos preguntas”, ha concluido en su breve y primera intervención.

“Desconozco cualquier información con respecto al parque tecnológico” -reiteró ante la comisión parlamentaria el director de Cohorte, Javier Crespo- “no conozco nada, no he leído el proyecto y no estoy inmerso en ello, por tanto no puedo opinar”.

“Tenemos pendiente una reunión con el IFCA”

Por contra, si han respondido a algunas cuestiones relativas a la cesión de datos de los 50.000 voluntarios de Cohorte Cantabria al laboratorio farmacéutico estadouniden Regeneron Pharmaceuticals propiedad del mayor fondo de inversión mundial, Blackrock. “No se ha firmado, ni hay nada todavía pero se está trabajando”, ha admitido López Hoyos.

Pedro Hernando ha preguntado por qué se ha optado por llegar a un acuerdo con esta empresa y si no existe en el ámbito público ningún otro organismo para hacerlo. El portavoz regionalista ha recordado que el consejero César Pascual dijo que ninguna otra empresa tiene capacidad para hacer un análisis genómico de la magnitud que se pretende. “El Centro Nacional de Análisis Genómico con financiación pública europea y nacional está desarrollando proyectos de este tipo, también el Centro de Regulación Genómica (CRG) e incluso tenemos ordenadores cuánticos en Cantabria”, ha matizado.

El director del IDIVAL, López Hoyos, ha dicho que han intentado “ver si había capacidad” de hacerlo en otro centro en España como el Centro de Genómica de Galicia del doctor Carracedo “pero no tiene capacidad para 50.000 voluntarios en el que vamos a hacer todo un exoma y toda una proteómica”. “Eso es imposible”, ha apostillado.

El experto ha dicho que también han valorado “la vía publica” porque van a hablar con instituciones de Cantabria como el IFCA. “Tenemos pendiente una reunión, pero todavía no ha habido el momento porque no tenemos sus datos”, ha justificado. De momento -ha explicado- “nuestros servidores cogen perfectamente esta información” y cuando lleguen a otra fase “es cuando vamos a necesitar los ordenadores del IFCA y vamos a contar con ellos para conservar esos datos”.

Ahora bien, ha asegurado que la capacidad para hacer exómica y proteómica, analizar y exportar datos “y luego trocearlos para poder incorporarlos a nuestros ordenadores” no lo tiene “nadie en el mundo”. Ha añadido que sus colaboradores en Singapur y en China le dijeron “you are crazy, my friend. Pero, ¿estás loco? ¡quién te hace eso!”. “Pues lo hace Regeneron porque es la única empresa en el mundo con capacidad para manejar 50.000 voluntarios, no hay nadie en el sistema público ni en Europa”, ha asegurado.

Aunque, en paralelo, ha admitido que si se hiciese por el sistema público costaría entre 150 y 180 millones de euros, “un coste imposible de abordar por Cantabria y los primeros datos que podríamos tener serán dentro de tres años”.

Así, ha añadido que con este acuerdo “en septiembre podríamos tener los datos de genómica para empezar con el hub de innovación [el futuro parque de la salud de la Residencia Cantabria], si no Cohorte Cantabria se queda parada. Tenemos que ir deprisa”, ha insistido.

“Regeneron es la única empresa en el mundo capaz de hacer estos estudios, analizarlos, trocearlos y darnos la información para poder trabajarlo”, ha zanjado en su comparencia parlamentaria.

“Claro que ellos obtienen beneficios, es un negocio, pero igual que nosotros. Es un retorno científico disponer de esos datos y poder explotarlos al nivel de otras colaboraciones científicas con gente alrededor del mundo por eso no hay una compra de datos ni una compra ni venta de muestras en todo esto”, ha argumentado el director de Cohorte, Javier Crespo.

En este sentido, ha reconocido que “probablemente sí hay otras empresas en el mundo que puedan hacer parte del proyecto y después juntarlo, lo cual tiene algunos inconvenientes, pero la única empresa en el mundo capaz de hacer simutáneamente exoma, proteoma y análisis de datos es Regeneron”. “Prácticamente todas las cohortes poblaciones del mundo han utilizado Renegation como empresa de referencia”, ha asegurado.

El portavoz del PRC también ha preguntado por qué además de ceder gratis los datos Cantabria tiene que hacerse cargo de los gastos de los traslados de las muestas a Estados Unidos. “He leído parte del convenio y no existe una compensación dineraria”, ha confirmado el director de Cohorte.

Crespo ha añadido que ningún miembro del IDIVAL cobra ninguna cantidad de dinero por este acuerdo, que no está previsto que haya ningún tipo de compensación económica para ningún investigador y que ningún miembro del IDIVAL forma parte del consejo asesor de esta empresa“, aunque ésto -ha matizado- ”no lo podría asegurar con absoluta firmeza“.

Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria elaborado por el Gobierno regional (PP) han decaído este martes en el Pleno del Parlamento al no contar con el apoyo suficiente para salir adelante, dado que solo han obtenido los votos a favor de sus respectivos grupos.

PSOE y Vox han rechazado sus enmiendas mutuamente, mientras que el PP también ha votado en contra en ambos casos, al igual que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el PRC se ha abstenido al entender que, aunque el proyecto es “insuficiente” y “poco ambicioso”, “Cantabria necesita esta ley”.

Los socialistas pedían la devolución de la normativa porque consideran que no da “ninguna respuesta” a los problemas para acceder a una vivienda digna y accesible, ya que “faltan herramientas de protección social, no declara zonas tensionadas, no regula las viviendas vacías, ni quiere movilizar la ampliación del parque público”.

Mientras que Vox ha denunciado que el proyecto “no es capaz de ofrecer soluciones al 80% de los problemas” de acceso a la vivienda y a la falta de suelo, “ni apoya al sector privado, ni garantiza seguridad frente a la okupación e inocupación, ni contempla compromisos presupuestarios para desarrollar vivienda pública”.

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha criticado la “incoherencia absoluta” de los dos partidos. En el caso de los socialistas, ha denunciado que siguen “con unas políticas de vivienda que son un fracaso y son incapaces de aceptar sus errores”.

Y en cuanto a Vox, ha censurado que continúa con “su dinámica del no a todo lo que haga este Gobierno, sin ser capaces de poner encima de la mesa ni una sola iniciativa útil en ningún ámbito”.

“Ninguno de estos dos partidos están cuando Cantabria los necesita. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos esta legislatura? Vox y el PSOE de la manita oponiéndose a todo y haciendo pinza para tratar de bloquear la acción del Gobierno”, ha trasladado.

Media ha subrayado que para el Gobierno la política de vivienda es “absolutamente estratégica” y “necesitamos esta ley para avanzar en todas las medidas que consideramos imprescindibles para cambiar la situación actual”.

Además, ha reiterado que “la solución” al problema de la vivienda “no pasa por declarar zonas tensionadas, que este Gobierno no lo va a hacer, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”

Por su parte, el PRC no ha apoyado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Vox al considerar que “Cantabria necesita esta ley” y, aunque los regionalistas no respaldan el proyecto presentado por el Ejecutivo, creen que el Parlamento “tiene la obligación de intentar construir soluciones ante un problema que afecta al presente y al futuro de Cantabria”.

La diputada Paula Fernández ha aclarado que el PRC no defiende “ni el enfoque ni el contenido de esta ley tal y como está redactada a día de hoy”, al entender que el texto es “claramente insuficiente” y “poco ambicioso” para un problema de esta magnitud.

Así, ha lanzado un mensaje al Gobierno regional: “Deben recapacitar e ir pensando en dar la vuelta a esta ley de verdad si quieren que se apruebe en este Parlamento”, ha trasladado.

“El PRC no apoyará esta ley en su aprobación si no se producen cambios profundos durante la tramitación parlamentaria de este debate. Apoyaremos una ley valiente, ambiciosa y real”, ha manifestado.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado la propuesta del PSOE de que los médicos de los hospitales cántabros trabajen a turnos, como el resto del personal sanitario, para contribuir a reducir las listas de espera y evitar el elevado coste económico -65 millones de euros- de las 'peonadas', como se denomina a las horas extras que hacen por las tardes, y las derivaciones a centros privados. “Que operan en turnos de mañana y tarde”, ha puntualizado el diputado Rául Pesquera.

Ningún partido político ha apoyado la iniciativa que pedía al Gobierno de Cantabria “estudiar y negociar” en mesa sectorial este sistema de turnos que modifica los actuales horarios laborales restringidos a las mañanas. El PSOE considera que es momento de reflexionar por qué los médicos no quieren hacer guardias, como se reclama en las últimas huelgas médicas. “Hay otras alternativas”- subraya Pesquera- “y la gente quiere trabajar 35 horas semanales como el resto de las categorías porque los únicos que hacen guardias son los médicos”.

El diputado dice que los hospitales tienen que funcionar las 24 horas del día y solo hay dos opciones: “o hacemos guardias, o hacemos turnos, que es mucho más eficiente”. “Con el dinero que nos hemos gastado en ese plan de reducción de listas de espera y el que nos gastamos en las guardias, negocien los turnos”, ha planteado al Gobierno de Partido Popular. “Esto es competencia de la comunidad autónoma, no del Estatuto Marco”, ha apostillado.

En el debate parlamentario de esta propuesta, rechazada por la Cámara, el socialista Pesquera ha denunciado que Cantabria es la comunidad “con peores listas de espera de España” y ha abogado por “buscar soluciones”, “gestionar” la sanidad pública y no mandar a los pacientes a “hacerse pruebas a la privada”. El diputado considera que el plan de 65 millones de euros “ha fracasado. Somos los últimos”. “No nos resignamos a invertir más en la sanidad privada, que es de lo que va su política”, ha reprochado al consejero de Salud y tampoco se resignan a decir que “es imposible”.

Pesquera ha criticado que Cantabria vaya a destinar 256 millones de euros para que la sanidad privada abra más quirófanos “y así pueda operar más”. Frente a eso, los socialistas creen que la sanidad pública “hay que gestionarla, no dejarla al tran-tran para ir a la privada”.

De hecho, el diputado ha criticado la reciente externalización en un millón de euros las anatomías patológicas del Hospital de Laredo, “una nueva licitación para sacar fuera a que se informen”. Pesquera ha recordado que hace poco se decía que había mucha lista de espera y ahora lo externalizan: “es la solución que ustedes buscan sistemáticamente”.

Respuesta de los grupos parlamentarios

En la misma línea, desde el PRC la diputada Paula Fernández ha sostenido que las listas de espera en Cantabria son “un problema grave” del sistema de salud público y ha apostado por buscar nuevos modelos organizativos.

Sin embargo, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha defendido el plan de listas de espera y ha subrayado que “antes no hubo ninguna medida” por parte de anteriores gobiernos. Además, ha dicho que el sistema de turnos “es absolutamente inviable, ya se lo digo yo”.

Mientras, Vox cree que la propuesta de implantar un sistema obligatorio de turnos de tarde “no es más que una trampa retorcida” y se ha preguntado “de dónde se va a sacar el personal para duplicar los turnos adicionales”.

El Gobierno de Cantabria ha sacado adelante este lunes su tercer presupuesto de la legislatura en el Parlamento con al apoyo por tercera vez consecutiva del PRC y la comunidad tendrá cuentas pública para 2026 con cinco meses de retraso.

Tras superar el trámite del pleno parlamentario, en el que PSOE y Vox han votado en contra de las cuentas y PP y PRC han rechazado todas las enmiendas de esos dos grupos, los presupuestos autonómicos de este año, que se elevan a 3.925 millones de euros, entrarán en vigor este viernes, 1 de mayo.

La aprobación de este documento económico permitirá que la región disponga de 220 millones de euros más, que no estaban consignados en las cuentas de 2025, prorrogadas desde enero después de que el Parlamento devolviese en noviembre al Gobierno del PP, que está en minoría en la Cámara, su anterior proyecto presupuestario, al votar en contra de ese documento PRC, PSOE y Vox.

Medio año después de su devolución, el acuerdo firmado a principios de marzo por el Gobierno de Cantabria y el PRC para aprobar los presupuestos, ha permitido este lunes que la comunidad autónoma disponga ya de cuentas públicas para 2026, que tienen un carácter “constructivo y responsable”, según ha defendido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

En el pleno, los regionalistas han reivindicado su “responsabilidad” al apoyar los presupuestos y han exigido al Gobierno del PP que cumpla el acuerdo, mientras que los populares han subrayado el “éxito” del Ejecutivo de María Jesús Sáenz de Buruaga al aprobar estas cuentas.

En el lado contrario, el PSOE ha insistido en su rechazo al presupuesto porque ahonda en la “precarización de los servicios públicos”, mientras que para Vox las cuentas presentadas por el Gobierno responden a un “proyecto agotado”.

El diputado no adscrito Cristóbal Palacio, que se ha abstenido en la votación, ha lamentado que el presupuesto destine solo un 7 % a inversiones y ha defendido que se aumente ese porcentaje adelgazando el gasto y reduciendo también ingresos, que “es dinero que se quita a los cántabros”.

Estabilidad política

Agüeros, en su intervención, ha destacado que la aprobación de estos presupuestos permitirá contar con la estabilidad política suficiente en la segunda parte de la legislatura para poder seguir desarrollando la acción de gobierno.

El consejero ha agradecido al PRC sus aportaciones durante la tramitación del proyecto de presupuesto y sus “enmiendas impregnadas de un espíritu constructivo que ha conseguido mejorar si cabe el texto original”, mientras que ha criticado a PSOE y Vox por querer “tirar por tierra” las cuentas sin ofrecer una alternativa como ya hicieron en noviembre.

El portavoz del PP, Juan José Alonso, ha contrastado el “ejemplo de normalidad institucional y responsabilidad” del Gobierno de Buruaga al aprobar los presupuestos, con la “incapacidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “enfangado por los casos de corrupción”, ha añadido.

Cumplir de verdad

La diputada regionalista y candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, ha advertido al Gobierno del PP, que una vez aprobado este presupuesto, le “toca cumplir de verdad”. “Ahora ya no hay excusas”, ha apostillado.

Fernández ha subrayado que su partido ha optado por el impulso y no por el bloqueo con la negociación de unos presupuestos “mejorados” por su partido para dar certidumbre a los ciudadanos, con “medidas reales que responde a problemas reales”. “Estos presupuestos llevan grabada la huella del compromiso del PRC”, ha aseverado.

Y ha incidido en que los regionalistas estarán “vigilantes” para que el Gobierno cumpla el acuerdo, porque ha subrayado que el apoyo de su partido al presupuesto es “crítico”. “Pido a la presidenta que esté a la altura y no vuelva a fallar a esta tierra”, ha concluido Fernández.

Insuficientes e irreales

El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Iglesias, ha rechazado los presupuestos que considera “insuficientes y absolutamente irreales”. “No son los presupuestos que necesita esta tierra”, ha defendido.

Iglesias ha afirmado que estos presupuestos “lejos de defender los intereses de Cantabria apuntalan un modelo que poco a poco va a convertir la comunidad autónoma en un parque de atracciones”, en la que “poco a poco los servicios públicos se van precarizando”.

Y ha reprochado al PRC que por tercera vez, después de los acuerdos presupuestarios para 2024 y 2025, “ha vuelto a caer en la trampa” de firmar un pacto para apoyar estas cuentas “con las mismas garantías de cumplimiento: cero”. “Saben que si no cumplieron antes, mucho menos ahora cuando tienen menos tiempo para ejecutarlo hasta que acabe el año”, ha advertido a los regionalistas.

Continuidad del desastre

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que con su rechazo a los presupuestos su grupo dice “no al maquillaje, las mentiras y la continuidad del desastre”. “El Gobierno de Cantabria vende más de lo que ejecuta”, ha dicho.

Díaz ha opinado que con el acuerdo con los regionalista, el Ejecutivo “se ha reído de los cántabros” y ha atribuido el respaldo del PRC a las cuentas a los equilibrios que, ha añadido, tiene que hacer este partido para buscar “su supervivencia política post Revilla”.

La parlamentaria ha lamentado, además, que en las cuentas no haya, bajo su criterio, ni las reformas estructurales que cree que necesita Cantabria, ni una apuesta por mejorar la eficiencia de la administración ni se priorice la eficiencia del gasto.

Vox duplicó el número de diputados en las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Cantabria. Pasó de dos a cuatro. Pero desde el primer momento hubo dos bandos: los partidarios de la nueva portavoz, Leticia Díaz, y los que estaban a favor del anterior, Cristóbal Palacio que, por razones que no se explicaron, no repitió como número uno de la formación en Cantabria. Ahí empezó un cisma que ha acabado en los tribunales.

Una asesora del grupo parlamentario denunció a la portavoz por acoso laboral -que estuvo suspendida de militancia durante seis meses-, otro asesor afín a ella presuntamente utilizó un bolígrafo espía para grabar convesaciones en el despacho de Vox, otros tres asistentes han dejado sus puestos, Cristóbal Palacio abandonó el grupo y mantiene su escaño como diputado no adscrito y hace casi un año la Polícia entró en el Parlamento para registrar los ordenadores de Vox.

Ahora, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acaba de citar como investigado a un asesor de Vox por un posible delito contra la intimidad. La misma persona a la que dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Álvarez- denunciaron por grabar conversaciones privadas con un bolígrafo espía que activaba al salir del despacho. Un objeto que les pareció extraño y que desmontaron hallando en su interior un minúsculo dispositivo de grabación.

A la vez, una denuncia interna le acusa de acceder y grabar el correo electrónico de la trabajadora del partido que denunció por acoso laboral a la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.

El auto judicial señala que este asesor - un ingeniero informático que ha reconocido haber grabado un video del contenido del mail- ha podido realizar un acceso remoto al ordenador de la empleada del partido, usando sus claves, mientras grababa dicho vídeo para “apropiarse de correos y comunicaciones personales de WhatsApp”.

El objetivo de este acceso, apunta el juez, sería que la portavoz Leticia Díaz aportara esos documentos posteriormente para defenderse en el expediente abierto por el Comité de Garantías de Vox ante la denuncia de acoso de la trabajadora.

También señala que “ha quedado notablemente debilitada” la tesis de descargo ofrecida por Leticia Díaz, quien acusó a esta trabajadora de hacer “un borrado masivo de datos” del ordenador que no se observa, según el auto.

Sí aprecia el juez, a raíz del informe pericial del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, “indicios de manipulación del vídeo aportado (por Leticia Díaz) para evitar que se vea que la persona que graba pueda estar al mismo tiempo utilizando el ordenador, lo que permite suponer que el acceso en remoto haya podido ser planificado por la investigada o por un tercero a su instancia, dado que consta que tenía acceso a las claves de la perjudicada”.

En su auto, contra el que cabe recurso, el juez cita a declarar al asesor de Vox el próximo 28 de mayo, a las 9.30 horas.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander también investiga a este hombre por presuntas escuchas ilegales grabadas con un bolígrafo que tenía en su interior un dispositivo para grabar.

Denuncia hace un año

La asesora que denunció a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria por acoso laboral presentó hace un año una querella contra ella y contra el grupo parlamentario por un presunto delito contra la integridad moral.

La trabajadora empezó a prestar servicios para el grupo parlamentario como asesora financiera en septiembre de 2019, cuando su portavoz era Cristóbal Palacio, ahora diputado no adscrito.

La asesora estuvo de baja desde enero de 2024, con tratamiento psicológico y farmacológico.

Leticia Díaz fue sancionada el 16 de septiembre de 2024 por la dirección nacional del partido con seis meses de suspensión de sus derechos como afiliada, aunque posteriormente la sanción fue rebajada a dos meses por el Comité Ejecutivo Nacional, tras estimar parcialmente un recurso que interpuso la portavoz en octubre.

Los grupos parlamentarios han presentado 429 enmiendas parciales a los presupuestos de Cantabria para 2026, de las que 398 corresponden a las cuentas y las 31 restantes a la ley de medidas fiscales y administrativas que las acompañan.

El Parlamento de Cantabria ha cerrado este mediodía el plazo de presentación de enmiendas al presupuesto, que ronda los 3.925 millones de euros, y la Mesa de la Comisión de Economía se reunirá este jueves para decidir su admisión a trámite, según ha informado la Cámara regional en un comunicado.

Más de la mitad de las enmiendas han sido presentadas por el PSOE (225 a los presupuestos y ocho a la ley de acompañamiento). Le sigue en número Vox, con 99 a las cuentas y 11 a la ley de acompañamiento. El PRC ha registrado 28 enmiendas parciales al presupuesto y una a la ley de acompañamiento, para garantizar el control parlamentario del convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus adendas, como adelantaron los regionalistas la semana pasada. El PP, por su parte, ha registrado 24 al presupuesto y ninguna a la ley de medidas. Populares y regionalistas han presentado además tres enmiendas conjuntas a las cuentas. Y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha registrado 19 propuestas para enmendar las cuentas y 11 a la ley de medidas fiscales.

La Comisión de Economía y Hacienda debatirá las enmiendas los días 21 y 22 de abril y elaborará un dictamen que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el día 24. El trámite final será el debate y votación de las enmiendas en el pleno del Parlamento que se celebrará el lunes, 27 de abril.

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, Juan José Alonso, las enmiendas conjuntas con el PRC están relacionas con el Consejo de la Juventud de Cantabria, actuaciones en boleras de la región y la reparación del consultorio de Cueto, en Santander. Las 24 de su grupo tienen que ver con cambios de denominación, ajustes puntuales y modificaciones técnicas para “una ejecución más efectiva” de las cuentas, ha señalado Alonso en un comunicado.

Cristóbal Palacio ha informado, también en una nota, de que sus enmiendas están destinadas a aliviar la presión fiscal, reforzar la transparencia administrativa y dar respuesta a las necesidades de las familias, las empresas y el sector primario. Entre otras medidas, propone ayudas a las familias por nacimiento de hijos y más financiación pública para la educación concertada.

La trágica muerte de seis jóvenes -una séptima víctima continúa ingresada en el Hospital de Valdecilla- al desplomarse sobre los acantilados del litoral norte de Santander la pasarela junto a la playa de El Bocal ha llegado al Pleno del Parlamento de Cantabria, donde también ocupa un escaño como diputada la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). Una pregunta del Grupo Parlamentario Vox ha servido para que el Gobierno del Partido Popular explique por primera vez la gestión de la llamada que hizo un vecino al servicio de emergencias 112 Cantabria unas horas antes del accidente alertando del peligro de colapso de esta estructura de madera.

“A lo largo de los días, y a pesar de estar todo bajo instrucción judicial, ya está más que de sobra contestada”, ha comenzado su intervención la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP). La respuesta ha servido para conocer, por primera vez desde que sucedió la tragedia, una explicación oficial sobre la gestión del aviso.

La responsable de las competencias en emergencias en la comunidad autónoma ha explicado que el 112 clasifica las llamadas en doce tipologías y que se calificó como “de deficiencia o desperfecto en vía de municipio”. Así, se hace una “transferencia” de la información de esa llamada a los centros de control y de mando a los organismos implicados y establecidos por cada ayuntamiento, ha apuntado. “Si hay Policía Local se traslada a ese centro de mando”, ha concretado, “al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes”.

Según ha confirmado la consejera, la llamada se produjo a las 12:11 horas del martes 3 e marzo y dos minutos más tarde, a las 12:13 horas, se trasladó a la Polícia Local de Santander “alertando de que un puente de madera de la senda que va desde El Bocal hacia Cueto está roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a los rocas”. Ese fue el mensaje que transmitió el vecino, Fernando Cabellos, tal y como confirmó él mismo a este periódico el día siguiente de la tragedia y con todo el dispositivo de emergencias en marcha para localizar el cuerpo de la última víctima.

“Se actuó de forma impecable en esta llamada”, ha considerado Urrutia, que ha hecho hincapié en que, de hecho, “el señor volvió a llamar a las 12:16 horas porque había tenido una llamada perdida en su teléfono fijo y quería comprobar si éramos nosotros, y ya se le informa de que su aviso ha sido trasladado a la Polícia Local”. Un aviso que, sin embargo, la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada dejó sin atender, según ha reconocido la propia alcaldesa de la ciudad.

La consejera ha respondido a la pregunta notablemente incómoda después que la portavoz de Grupo Parlamentario Vox considerase que si al Gobierno de Cantabria esta gestión le parece“ejemplar” -como dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP)- es necesario cambiar los protocolos. “Los cántabros que viven en Santander pagan tres servicios de Protección Civil: el municipal, con la alcaldesa a la cabeza; el estatal, que se gestiona desde la Delegación del Gobierno, y el del Gobierno de Cantabria. ”De los tres servicios que pagamos solo se llamó a uno“, ha denunciado Leticia Díaz.

Sin embargo, Urrutia ha acusado a la portavoz de Vox de “utilizar este tema para la carroña política que tanto les encanta” y ha añadido que el centro de emergencias 112 de Cantabria tiene una plataforma tecnológica de gestión, que está todo informatizado y que todo queda grabado. “Una plataforma tecnológica que se pone a disposición de todos los gestores, todos están en línea y todos ven lo que todo el mundo hace”, ha precisado al respecto.

La consejera ha añadido durante su intervención parlamentaria que “cuando hay otro operador que coge otra llamada y es de lo mismo lo vuelve a meter ahí, así se consigue además que en este control de llamadas y traslado de las incidencias todos los gestores actúen de la misma manera ante cualquier incidencia”. “Con agilidad, homogeneidad y eficacia”, ha remachado desde la tribuna. También ha destacado que el sistema cuenta con una categorización de los distintos tipos de llamadas, hasta 800, “y nunca se llama a otros organismos a no ser que se trate de una verdadera emergencia”. “Entonces, sí, entonces se activa la emergencia”. El 112 cuenta en Cantabria con una veintena de gestores y seis jefes de sala, que en el año 2025 han gestionado 283.000 llamadas.

IU y Podemos han iniciado los trabajos en busca de una candidatura única para las elecciones autonómicas de 2027 en Cantabria, con el objetivo de alcanzar representación en el Parlamento regional y “condicionar a las mayorías para aprobar medidas que protejan a los ciudadanos”.

Así lo han señalado los coordinadores autonómicos de IU, Israel Ruiz Salmón, y de Podemos, Mercedes González, en un comunicado conjunto en el que “renuevan su voluntad de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas de 2027”.

Aclaran, no obstante, “que no hay un acuerdo cerrado, sino que están en los trabajos iniciales”, y aseguran estar “abiertos a más incorporaciones”.

“El proyecto no se agota en dos siglas, sino que constituye una invitación abierta a más fuerzas transformadoras, agentes sociales y personas sin adscripción partidista que compartan la necesidad de construir una alternativa de progreso fuerte y útil para Cantabria, capaz de incidir en las decisiones públicas y mejorar la vida cotidiana de la gente”, han señalado.

Según han explicado, trabajan “en una alternativa real que empuje políticas valientes en vivienda, sanidad, empleo y transición ecológica, y para evitar que el rumbo de la comunidad quede limitado a las prioridades de las fuerzas tradicionales”.

El objetivo, han afirmado, es llegar a las elecciones de 2027 con una coalición sólida, plural y amplia, capaz de superar el umbral del 5% —en 2023 se quedaron a las puertas con un 4,13%— y obtener representación parlamentaria que permita influir de manera decisiva en políticas públicas en materias tan relevantes como la vivienda, la sanidad, el transporte y el empleo.

“La voluntad es clara: que Cantabria recupere una izquierda transformadora con presencia real en el Parlamento y que los miles de cántabros y cántabras que hoy no se identifican con los partidos con representación parlamentaria opten por una voz distinta, útil y valiente”, han asegurado los líderes autonómicos de estas dos formaciones.

Para ello, han concluido, ambas organizaciones están trabajando en común para atender y plantear soluciones realistas a los problemas que durante décadas ha generado o no ha abordado “el tripartito de siempre” , en alusión a PP, PSOE y PRC.

El Parlamento de Cantabria ha emitido una serie de medidas para garantizar la seguridad en la sede del Legislativo durante los días de lluvia, en los que se detecten goteras o filtraciones de agua por la cubierta que puedan generar charcos o acumulación de agua en el suelo de pasillos o zonas de tránsito de la planta superior del edificio, ubicado en la calle Alta de Santander.

Entre las medidas a seguir, y según una resolución de la Cámara adelantada este viernes por El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso Europa Press, figuran “utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante” cuando sea “imprescindible” transitar por zonas con suelo húmedo en la última planta, donde se ubica la Biblioteca y los despachos de los grupos parlamentarios.

Además, se solicita “evitar correr y extremar las precauciones” durante los desplazamientos por esas áreas del antiguo Hospital de San Rafael, construido en piedra y con una cúpula acristalada como tejado, así como “respetar siempre los itinerarios señalizados y las zonas delimitadas”. Asimismo, en la comunicación interna se ruega “limitar el tránsito de personas externas o ajenas al Parlamento” en las áreas afectadas por acumulación de agua por goteras y filtraciones.

Estas medidas se aplicarán “únicamente” los días de lluvia y en las zonas afectadas y han sido dictadas “en el ejercicio del derecho de la Cámara a participar y efectuar comunicaciones de riesgos detectados, propuestas preventivas o sugerencias dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa”.

La Unión del Trabajo Autónomo de Cantabria (TAEC-UATAE) reclama reforzar y actualizar el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo tras la publicación de los últimos datos sobre bajas en el RETA y solicitudes de prestación por cese de actividad. Según los registros del Ministerio de Seguridad Social, entre enero y octubre de 2025 más de 4.130 trabajadores autónomos causaron baja en Cantabria, pero solo 197 solicitaron la prestación y de ellas, solo menos de la mitad, concretamente 92, obtuvieron una resolución favorable.

Estas cifras sitúan a Cantabria entre las comunidades autónomas con menor tasa de acceso al 'paro' de los autónomos, por debajo de la media estatal (45,7%). “Los datos vuelven a confirmar que el sistema de protección social de los autónomos sigue sin funcionar para quienes más lo necesitan”, señala Álvaro Gómez, portavoz de TAEC-UATAE.

La organización recuerda que buena parte de los que se dan de baja no llegan a generar derecho a la prestación. Muchos son autónomos estacionales o discontinuos, o proyectos que cesan poco después de finalizar la tarifa plana, cuando aún no han cotizado lo suficiente para acceder a esta cobertura. “Eso no puede seguir siendo excusa para mantener una red de protección que en la práctica deja fuera al 98% de quienes abandonan su actividad”, denuncia Gómez.

También reclaman activar una Oficina de Segunda Oportunidad autonómica, que permita a los autónomos en dificultades reestructurar deudas, recibir asesoramiento jurídico y evitar cierres traumáticos. Una iniciativa que se debatio en el último Pleno del Parlamento de Cantabria cuestión a través de una propuesta del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fue rechazada. “En lo que va de año, solo una persona autónoma ha accedido en Cantabria a la Ley de Segunda Oportunidad. Eso demuestra que no hay recursos ni información suficientes para dar una segunda oportunidad real al colectivo”, advierte Gómez.

A nivel estatal, TAEC-UATAE vuelve a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que convoque la Mesa del Diálogo Social del RETA, paralizada desde hace meses, y afronte una reforma integral del cese de actividad. “No pedimos nuevos derechos: pedimos que se cumplan los que ya cotizamos cada mes”, concluye el portavoz.

La tensión en el Pleno para votar el rechazo del Presupuesto de Cantabria para 2026, solicitado por los tres grupos de la oposición, ha tenido un protagonismo inesperado. Si el Gobierno de Buruaga ha buscado sin éxito en las últimas semanas un voto tránsfuga de algún alcalde del PRC que les favoreciese, la sorpresa la ha dado el banquillo socialista.

Cuando tocaba votar la enmienda a la totalidad presentada por su propio partido, una de sus diputadas, Eva Salmón, se ha ausentado inesperadamente del hemiciclo víctima de un desconocido conflicto de intereses. Resulta que es la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y ha evitado votar en contra de un documento que avala el convenio singular de privatización de servicios sanitarios, por importe de 256 millones de euros con el centro sanitario religioso, en el que ejerce como directiva. Su propio portavoz, Mario Iglesias, había criticado minutos antes el convenio privatizador con el hospital religioso.

Hasta ahora la postura contraria de su propio grupo socialista al contrato sin concurso de larga duración -podría extenderse hasta los 20 años- no habría repercutido, al menos externamente, en el comportamiento de la diputada que tampoco participa con asiduidad, en su segunda legislatura en la Cámara, en la actividad parlamentaria y ha faltado a varios plenos.

La diputada socialista, que también ejerce como directora de personal en el Hospital San Juan De Dios de Vizcaya, no ha llegado a romper la disciplina de voto porque de manera muy sutil -sin consecuencias para el resultado final- ha salido del hemiciclo antes de iniciarse la votación nominal, a petición de siete diputados populares. Cuando ha aparecido en escena 'el hombre del saco' -el letrado del Parlamento- que ha desplegado una bolsa de tela azul donde ha metido los números de los 35 parlamentarios para sortear quién de ellos vota en primer lugar. Al llegar su turno, el secretario de la Mesa, Armando Blanco, llamó al voto por su nombre a la diputada Eva Salmón. “No está”, constató.

A la casilla de salida

El Gobierno de Buruaga, aunque sobrevive en minoría, está poco acostumbrado a que le lleven la contraria en el Parlamento. Así que ante la negativa, esta vez, de los tres partidos de la oposición a aprobar el Presupuesto de Cantabria para 2026, ha puesto a la presidenta de la institución a imponer las reglas de juego del Pleno celebrado este lunes para tratar sin éxito de impedir la evidencia: el rechazo a las cuentas públicas que se registraron sin haber llegado a un consenso.

Vuelven a la casilla de salida, lo que les coloca en una posición incómoda frente a su propio espejo: cómo justificar que Sánchez no puede gobernar sin presupuestos y Buruaga sí.

La presidenta del Parlamento se negó a que las tres enmiendas a la totalidad se votasen conjuntamente, tal vez con la ingenua esperanza de que alguno no votase la enmienda del otro. Se negó incluso a resolver el recurso de Vox que pedía paralizar el Pleno. La petición se analizará después de que se haya celebrado la sesión en un ejercicio del absurdo.

Los populares habían iniciado una estrategia para forzar el apoyo a las cuentas públicas de los alcaldes regionalistas. Algún consejero y su asesor llevaban semanas levantando el teléfono para presionar a los regidores, de la misma manera que ha hecho el consejero de Economía en la tribuna: si vuestro partido no vota a favor de los presupuestos os quedáis sin inversiones. Una OPA hostil tan fracasada como la del Sabadell.

En cualquier caso, la estrategia trataba de aprovechar la presunta falta de sintonía de algunos alcaldes del PRC con la sustituta electoral de Revilla. Hasta tal punto de que se rumoreó que el PP no tiraba la toalla y aspiraba a que algún regidor, como el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que intentó competir con Paula Fernández en las elecciones internas del PRC, rompiese la disciplina de voto.

También se miraba con curiosidad hacia lo que queda del grupo Vox, al voto del diputado Armando Blanco. Mientras su excompañero Cristóbal Palacio pedía desde el Grupo Mixto que habita en solitario el apoyo al presupuesto del PP. Aunque al final nadie rompió la disciplina de voto sí que faltó uno inesperado: el de la diputada socialista ausente.

El diputado Íñigo Fernández fue el elegido para defender el Presupuesto. Un parlamentario de alto voltaje político, lo que evidencia que los populares buscaban el tono bronco y la polémica manteniendo al margen a Buruaga. No defraudó en sus excesos dialécticos, centrados en desacreditar a la sucesora de Revilla, Paula Fernández, a quien -según él- se podría haber confundido con Irene Montero porque el PRC ha dado un giro a la izquierda.

Desenlace por escribir

El Gobierno en minoría de Buruaga ha resultado hasta ahora un inexplicable remanso de placidez, un balneario legislativo, en contraste con la falta de acción e iniciativa de sus políticas prácticamente inexistentes. La debilidad del equipo del Partido Popular no se ha percibido hasta ahora porque Revilla se encargó de poner una mullida alfombra que amortiguaba los efectos de un consejo de gobierno que ya tuvo que forzar una crisis en el primer aniversario de legislatura.

La legislatura ha ido transcurriendo conforme al guion clásico. Planteamiento: cómodo gobierno en minoría gracias al rescate del PRC con la bendición de dos presupuestos. Nudo: estalla el conflicto avanzado el ecuador del mandato para tomar posiciones de cara a la carrera electoral. Y desenlace: que está por escribir.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado en su sesión de este lunes una proposición no de ley (PNL) presentada por el PRC que instaba al Gobierno autonómico (PP) a declarar a los consultorios rurales como servicio básico esencial del sistema público de salud.

La iniciativa no ha encontrado la aprobación de la Cámara debido al voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; mientras ha recibido el voto a favor del PSOE y la abstención de Vox.

Además de la declaración, la PNL instaba al Ejecutivo cántabro a garantizar la financiación de los consultorios y una atención médica y de enfermería estable y continua, con una dotación adecuada de personal, especialmente en los municipios en riesgo de despoblación con incentivos y programas de retención de profesionales.

Asimismo, recogía garantizar que en estos núcleos se asegure la atención sanitaria a menos de veinte minutos durante las 24 horas del día, entre otras.

En la defensa de la iniciativa, la diputada regionalista Paula Fernández ha dicho que se trataba de una propuesta “sencilla”, pero “importante, potente” y “absolutamente necesaria”. Así, ha aseverado que la Atención Primaria es “el corazón del sistema” y “el lugar donde se previene, se detecta a tiempo, se cuida y se acompaña”.

Y ha criticado al consejero de Salud, César Pascual, y a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga -“la presidenta que se autodenominó sanitaria”-, por no haber situado la Atención Primaria como una “prioridad”.

La diputada ha pedido al Parlamento convertir en “un compromiso efectivo lo que hasta ahora han sido solo declaraciones de intenciones”, y ha afirmado que lo que se estaba decidiendo con la votación de esta PNL es “si queremos ser una comunidad donde vivir en un valle remoto o en el centro de Santander no sea impedimento para poder tener los mismos derechos de asistencia de nuestra salud”.

También se ha referido a que ha habido cierres de consultorios, sin médicos o con solo personal de enfermería, una atención domiciliaria “descuidada” y un “parche” del transporte sanitario que “no ha funcionado”.

La propuesta del PRC solo ha recabado el voto del PSOE, que ha opinado que se puede realizar porque “hay recursos” y ha criticado que lo que no hay es “ni capacidad ni competencia” para hacer que el sistema sanitario público “funcione”, que para el diputado Raúl Pesquera es “a lo que nos están acostumbrando”.

Por el PP, Miguel Ángel Vargas ha defendido la gestión del Ejecutivo, que “está haciendo todos los esfuerzos por mantener la Atención Primaria”, y ha reprochado al PRC que durante su gobierno se trasladó a los ayuntamientos las competencias regionales en materia de consultorios rurales, acusándoles de ser ellos lo que los cerraban, “como el de Los Tojos”, ha ejemplificado.

“Todos tienen el derecho a tener los mismos recursos y la misma atención y así procuramos que se garantice”, ha asegurado el 'popular', que ha acabado su intervención haciendo una llamada a la aprobación de los presupuestos de 2026, donde se contemplan actuaciones para “mantener y mejorar” los consultorios rurales.

Por parte de Vox, Natividad Pérez ha anunciado la abstención de su grupo a esta PNL porque, si “es bien intencionada”, la formación no está de acuerdo con su exposición de motivos, alegando “falta de concreción” en algunas propuestas, mientras que otras son “irrealizables”.

Además, ha recriminado a Fernández que durante ocho años su partido ha gobernado en coalición con el PSOE con la “responsabilidad de poder hacer lo que ahora piden”, y ha enfatizado que “esta situación no se ha llegado por generación espontánea”, sino por la progresiva degradación y desmantelamiento de la sanidad rural“.

PROGRAMA MUSCULOESQUELÉTICO

En el Pleno de este lunes, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha sido la encargada de responder a las cuestiones sanitarias formuladas por la oposición en sustitución del consejero de Salud, César Pascual, que se encuentra en Madrid en los premios 'Best in class', en los que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está nominado en varias categorías

Por un lado, ha respondido a una interpelación del PSOE en la que ha ensalzado el programa musculoesquelético de Cantabria, pionero en España y “ejemplo” para otras comunidades autónomas, que ha atendido a más de 4.000 pacientes, con una resolución del 83% de los casos sin necesidad de derivación hospitalaria.

Ha destacado que con él las derivaciones desde Atención Primaria y Reumatología y Traumatología han disminuido “de forma muy significativa”, en torno a un 20%, y las demoras medias en Reumatología se redujeron en cerca del 40%. Además, en el ámbito laboral las bajas por causas musculoesqueléticas cayeron entre un 33% y un 42%, mientras los días de baja se redujeron hasta un 37%.

Por otro lado, el PRC ha preguntado si la Consejería de Salud tiene previsto incorporar al personal de enfermería de quirófano del Hospital de Laredo una vez que el cambio del sistema organizativo “no ha cumplido los objetivos anunciados”, a lo que Urrutia ha respondido que el objetivo era aumentar el número de cirugías que se llevaban a cabo por la mañana y éstas se han incrementado en un 16,11% respecto al año pasado, además de que han mejorado las listas de espera con 200 pacientes menos y 38 días menos de demora media.

TARJETA FAMILIAR NUMEROSA

En la sesión plenaria también ha intervenido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha afirmado que no hay retrasos en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento y renovación del título de familia numerosas. Además, ha sostenido que se están resolviendo en dos meses cuando el plazo legal es de hasta tres.

Asimismo, ha detallado que se han descargado 3.714 tarjetas digitales, que se leen mediante un código QR, y ha afirmado que con aquellas administraciones con las que habido problemas porque “no querían reconocer” el título, se ha hablado con ellas y solucionado las incidencias.

Lo ha dicho a raíz de una pregunta de Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, ha aseverado que sí existen retrasos en la tramitación y problemas con las lecturas del QR.

Por ello, ha pedido a la consejera que dé una solución “de una vez”, que acabe con el 100% de la lista de espera y con las prórrogas de la vigencia del título --cinco publicadas en el BOC en un año, ha incidido-. “De lo contrario es no hacer buena gestión, esa que prometieron. No poner, como también dijeron, a la familia en el centro y no simplificar la administración”, ha enfatizado.

DERMATOSIS NODULAR

Por otra parte, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, también ha salido a la tribuna para responder a la oposición, tanto al PRC como a Vox, en su caso sobre la dermatosis nodular contagiosa, y ha insistido que la “única preocupación” del Gobierno regional y de los ganaderos es que el virus no entre en Cantabria, además de que ha señalado que “no es momento de hablar de ayudas”.

De esta forma, Susinos ha abogado por “la responsabilidad” tanto del Gobierno de Cantabria como de los ganaderos, que han tomado todas las medidas “con firmeza” en un “esfuerzo conjunto”, y ha pedido a Vox, que es el partido que le ha preguntado por las ayudas económicas para paliar las pérdidas los ganaderos, que “estemos a la altura”, cuando se cumplen 20 días del inicio de las medida.

Asimismo, la consejera ha asegurado que “no entiende” que por un lado Vox solicite estas ayudas y por el otro no apruebe el Presupuesto de 2026, que recoge nuevos planes de ayudas consensuadas con el sector, que incluyen partidas para modernizar explotaciones o para incorporación de jóvenes al sector primario.

PP y Vox han vetado la presencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otros colectivos sociales en las comparecencias parlamentarias sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, mientras sí han permitido la intervención de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Se trata de una estrategia acorde con la política en materia de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), centrada en combatir una ocupación ilegal que los datos oficiales no la señalan como un problema real, mientras descarta aprobar medidas para regular unos precios de alquiler que están disparados.

Así, PRC, PSOE, IU y el Consejo de la Juventud han denunciado que las formaciones de derecha y extrema derecha han excluido a colectivos sociales clave en el debate mientras han priorizado a entidades profesionales e inmobiliarias.

Y es que la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente aprobó este martes la comparecencia de 21 personas para informar sobre el proyecto de ley. Comparecerán, entre otros, el director general de Vivienda, Carlos Montes; representantes de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Administradores de Fincas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Abogados; así como la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN), la Asociación de Constructores-Promotores, la Asociación para el Fomento Inmobiliario y la Asociación de Inmobiliarias de Cantabria.

El listado se completa con catedráticos de la Universidad de Cantabria, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el Consejo Económico y Social, la SAREB, CEOE-CEPYME, GESVICAN y la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. La Mesa de la Comisión fijará el calendario de las comparecencias “sin que existan límites o fechas acotadas”.

PRC: “Supone empezar con mal pie”

Tras la reunión, el PRC denunció la “alianza” de PP y Vox para impedir las comparecencias del CERMI -Comité de Representantes de Personas con Discapacidad-, el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) y la PAH, solicitadas por los regionalistas. El portavoz Pedro Hernando lamentó que “si no escuchamos a los jóvenes, ni a las personas con discapacidad, ni a quienes no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios, estamos ignorando la visión de los colectivos que sufren a diario y de modo directo los problemas que la ley debe intentar solucionar”.

También criticó que “las dos formaciones de derechas quieran excluir de la participación a las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables”, lo que, a su juicio, muestra “una preocupante falta de voluntad de diálogo y una intención deliberada de ocultar los efectos reales del problema”. Hernando se mostró “muy preocupado” por el “camino de exclusión” que, afirma, marcan PP y Vox en torno a una ley que “no puede construirse de espaldas a la realidad social”.

PSOE: “Se silencia a la ciudadanía organizada”

El PSOE ha denunciado este miércoles que el PP “silencia a la ciudadanía organizada e impone, con el apoyo de Vox, un veto a quienes no piensan como ellos”. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha advertido de la “extrema gravedad” de impedir la participación de entidades que “están en primera línea”, como CERMI, el CJC, plataformas antidesahucios, FECAV, Cruz Roja, CCOO, UGT, Cáritas o Nueva Vida.

“Organizaciones todas ellas que trabajan cada día con la realidad de quienes más sufren el drama de la vivienda”, ha señalado Quiñones en una rueda de prensa. En este sentido, ha denunciado que “el único argumento que ha defendido el PP es que pueden defender lo mismo que los partidos de la oposición”, lo que demuestra, ha dicho, “su falta de respeto a los principios democráticos más esenciales”.

Mientras vetan a esos colectivos, ha añadido, han votado a favor de la comparecencia de la Plataforma antiocupación de Cantabria y de la patronal: “Solo dejan hablar a quienes piensan como ellos”, ha lamentado la dirigente socialista. A su juicio, este “doble rasero resta pluralidad y rigor al debate y provoca que la ley nazca muerta, sin diversidad ni pluralidad”.

“El proyecto de ley del PP no refleja las principales necesidades de los cántabros y las cántabras para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio y deje de ser un beneficio para grandes tenedores”, ha expresado Quiñones. “Así no se construye una norma útil ni duradera. Cantabria merece una ley que una, no que excluya ni divida, y que ponga encima de la mesa los problemas reales de los cántabros y las cántabras”, ha concluido.

IU: “Estrategia ideológica que criminaliza la pobreza”

Izquierda Unida, por su parte, ha denunciado también este miércoles el veto a la PAH mientras se permite hablar a la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, ha calificado de “impensable hacer una Ley de Vivienda sin escuchar a jóvenes, trabajadores o personas con discapacidad y necesidades de accesibilidad”. A su juicio, el PP está “tan entregado a la agenda de Vox y el negocio que muestra su aislamiento social”.

IU considera que la decisión responde “a una estrategia ideológica que busca criminalizar la pobreza y desviar la atención del verdadero problema habitacional”. “La derecha extrema y la extrema derecha vuelven a dar la espalda a la realidad y a quienes son más vulnerables”, ha lamentado Ruiz Salmón, haciendo hincapié en que “hay diez veces más desahucios que ocupaciones”.

Para esta afirmación, IU se ha servido de los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2025 en Cantabria, que apuntan a que se registraron 50 desahucios (40 por impago de alquiler, 9 por hipoteca y uno por otras causas), frente a solo cinco ocupaciones. “PP y Vox prefieren escuchar a quienes alimentan el discurso del miedo en lugar de a quienes llevan años defendiendo el derecho a la vivienda”, ha reprochado el líder de IU.

Finalmente, Ruiz Salmón también ha criticado que el listado de comparecientes, “con asociaciones de rentistas y promotoras, revela lo que piensan de la vivienda: que es un negocio”. Así pues, IU ha reclamado un “debate plural y riguroso” en el Parlamento y ha reiterado su apoyo a la PAH y a quienes trabajan “para evitar que más familias pierdan su hogar”.

“Si el PRC y PSOE hubiesen hecho los deberes cuando gobernaban, con una ley centrada en los sectores más vulnerables, hoy el debate y la situación serían distintos y, sobre todo, se estaría dando una respuesta adecuada a quien más sufre”, ha concluido el coordinador autonómico de IU.

Consejo de la Juventud: “Filtro selectivo”

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) ha acusado también este miércoles a PP y Vox de “silenciar e invisibilizar” a la juventud, pese a ser “quienes más sufren el drama” de acceso a la vivienda. El colectivo ha denunciado que se impida intervenir a la juventud asociada, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas antidesahucio, mientras se garantiza la presencia de la plataforma antiocupación y de entidades inmobiliarias.

Según el CJC, este “filtro selectivo distorsiona la opinión pública y vacía de sentido” la futura ley. Su presidente, David Sanjuan, ha reclamado una “rectificación y un debate inclusivo y plural, subrayando que la juventud tiene derecho a ser escuchada y tenida en cuenta, más aún tras la aprobación de la Ley de Juventud”.

La política cántabra anda preocupada por si se aprueban o no los presupuestos de Cantabria. Aunque, tampoco prorrogarlos supone un drama: Gema Igual gobernó el Ayuntamiento tres años sin ellos y no se notó la diferencia. Lo cual -dicho sea de paso- tampoco añade nada en favor de la alcaldesa popular.

Hasta ahora Revilla había bendecido todas las cuentas públicas del gobierno en minoría del PP con los votos de los diputados regionalistas, a cambio de un puñado de euros para los alcaldes de su partido. Un reparto de favor que hemos naturalizado como práctica política habitual.

Un apoyo que el PRC ha justificado para que Buruaga no se abrace a la ultraderecha de VOX, aunque no ha logrado impedir decisiones empañadas de xenofobia, como rechazar 30 millones para hacer un centro de refugidos en Parayas porque el edificio hacía falta para las personas mayores, aunque dos años después todavía no sepan para qué lo van a usar. O la campaña de solicitud de expatriación y recursos de menores extranjeros. Los regionalistas pasan por alto estas cuestiones, como la propia derogación de la Ley de Memoria Histórica, a cambio de algunas obras porque el partido al parecer milita en un escepticismo ideológico imperturbable.

El primer año el PRC firmó tan rápido su apoyo a los presupuestos que no leyó la letra pequeña, que escondía una subida salarial del 20% para la presidenta Buruaga y sus consejeros. Al destaparse el pastel Revilla quedó en evidencia. La polémica redujo la subida de sueldo a un porcentaje menos escandaloso.

Con el segundo presupuesto los regionalistas aprobaron la posibiidad de firmar convendios singulares con empresas privadas, como el que ahora permite privatizar servicios sanitarios durante 15 años cn un hospital privado sin concurso previo. 261 millones a dedo para “dar estabilidad” a la orden religiosa que quiere hacer una inversión importante. Así lo reconoce el propio gobierno.

De tal manera que, a veces, añgunos asuntos sustanciales tienden a colarse en la Ley de acompañamiento que se mira con una lupa de menos aumento que la declaración de buenas intenciones de las cuentas públicas cuando, por cierto, resultaría tanto o más interesante el debate sobre su liquidación. Es decir, qué porcentaje de realidad hay en cada ejercicio económico.

A la tercera, van vencidos. Coindiciendo con la recta final de legislatura y la elección de Paula Fernández como sucesora electoral de Revilla, esta vez el PRC ha decidido endurecer las condiciones y el PP ha respondido con un órdago registrando el proyecto en el Parlamento. Unos presupuestos que cuenta con el visto bueno de los sindicatos y que, si o se aprueba, servirá de muleta al Gobierno de Buruaga para echar la culpa al PRC de todo lo que vaya mal en la comunidad. Esto pasa porque no hay presupuesto, se excusarán ante cualquier contratiempo. Puede ser que acuda al rescate Vox con sus sigulares peticiones ideológicas, aunque ahora que el PP disputa la batalla política en la frontera con la ultraderecha.

Quizá lo más gracioso de los movimientos que hemos visto estos días -el PP desplaza a Revilla como interlocutor y se focaliza en desprestigiar a su sucesora- es que la número dos del partido, María José González Revuelta, acusa al PRC de haber dado un giro a la izquierda con Paula Fernández, aunque no tenga programa electoral alguno que certifique este hipotético movimiento.

En realidad, son ellos, el propio Partido Popular el que se mueve en el eje. Su discurso cada vez se arrima más a la ultraderecha. Así que efectivamente, es un efecto óptico totalmente engañoso: cuánto más se alejan hacia la extrema derecha más a la izquierda le pillan todos los demás partidos. Cuestión de perspectiva.

El proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 asciende a 3.913 millones, de los que el 70,8 por ciento se destinará a sanidad, educación y políticas sociales (un 12% más en estos capítulos que en el ejercicio en curso).

Concretamente, hay un incremento del 10% en las partidas para salud; del 12% para políticas sociales y dependencia y del 4% para educación.

Si no se cuentan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el presupuesto de 2026 hay 219 millones más que el anterior, lo que supone un incremento del 7%. Si, por el contrario se contabilizan, el crecimiento sería del 5,43% (178 millones más).

Además, el presupuesto para 2026 prevé una inversión pública de 556 millones y un nuevo recorte de la deuda, que a finales de año se situará en el 17% del PIB regional, casi cinco puntos menos que en 2022.

Las cifras del presupuesto han sido anunciadas este viernes en rueda de prensa por el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), tras registrar el documento en el Parlamento para su tramitación.

Agüeros los ha calificado como “los presupuestos de las personas”, de las “bajadas de impuestos” y de las políticas de acceso por la vivienda y los que servirán para “consolidar el crecimiento económico” de Cantabria y apoyar la economía productiva y el empleo.

También ha subrayado que en este presupuesto hay “déficit cero”, “no hay recortes” y se han incluido fondos para los 102 ayuntamientos “al margen del sectarismo político”.

Reparto por consejerías

En este presupuesto, la mayor dotación irá para salud, con 1.320 millones --98 más que en el anterior--, lo que supone más del 38% del presupuesto global de la comunidad autónoma.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Educación, FP y Universidades asciende a 784 millones (42,2 más que en 2025), lo que supone casi el 22,7% del presupuesto autonómico.

Tal y como ya se había anunciado, se incluyen más de 17 millones para atender el primer tramo de la subida salarial de los docentes, con un incremento salarial lineal de 90,23 euros mensuales (60 desde el 1 de septiembre de 2025 y 30 desde 1 de septiembre de 2026). A esto se sumaría la mejora de las cuantías de los sexenios.

Igualmente, este incremento presupuestario en educación permitirá al Gobierno cántabro implantar la reducción del ratio de alumnos en 4º de Primaria a 20 estudiantes y el mantenimiento de la plantilla de profesorado en un contexto de reducción de la matriculación en la Educación Infantil y Primaria.

Por su parte, las cuentas de la Consejería de Inclusión Social, junto con las del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ascienden a 345 millones, 23 más que en 2025.

A ello se suman los 200 millones que se van a destinar al Programa de Atención a la Promoción de la Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal.

También crece un 7,5% el presupuesto de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territrio y Medio Ambiente, hasta los 324,7 millones.

Dentro de este departamento se incrementan un 63% los recursos para políticas de viviendas, que llega a 60,2 millones. Habrá 13.07 millones para ayudas al alquiler, además de la ya anunciada línea de avales para los jóvenes para adquirir vivienda a través del ICAF.

Las cuentas de esta consejería incluyen también las partidas para el Plan de Obras Municipales destinado a los ayuntamientos, los descuentos para el transporte público por carretera y las obras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua.

A la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, junto con el Servicio Cántabro de Empleo (SCE) se van a dedicar 239 millones, un 0,42%, en unas cuentas que prevén 100,85 millones para el I Plan de Empleo para mayores de 45 años y en las que crece un 260% la financiación para la formación con compromiso de contratación, hasta los 360.000 euros.

Además, el programa destinado a las entidades locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras o servicios contará con 25,8 millones y el fomento de la contratación indefinida, con casi 4,8.

También crece lo destinado a las políticas de investigación, desarrollo e innovación, alcanzando los 93 millones, un 18% más.

Y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contará con un 19% más de presupuesto, hasta los casi 108 millones, para financiar “las grandes infraestructuras culturales por las que ha apostado este Gobierno”, como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), el Centro de Arte asociado al Reina Sofía, o el centro de arte de La Lechera en Torrelavega.

También, Agüeros ha indicado que en este presupuesto se resuelve la “infrafinanciación” que se daba en la Sociedad de Cultura y Deporte, “solventando además el déficit arrastrado en legislaturas anteriores”, mediante una aportación en este presupuesto de 21 millones.

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa cuenta con un presupuesto de casi 162 millones, un 2,9% menos, pero con incrementos en las partidas destinadas a emergencias y protección civil.

El presupuesto para Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ascenderá a casi 125,1 millones, más de un 3% más que en 2025.

Una de las partidas que crecen en el presupuesto de este departamento es la de la póliza de seguro, que pasa de 1,3 a 2,8 millones, y se está ultimando el nuevo Plan de Gestión del Lobo con la actualización del baremo de indemnización de daños ocasionados por la fauna silvestre.

La Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos tiene un presupuesto de 50 millones, casi dos millones menos respecto al 2025, algo que, según Agüeros, se debe a la disminución de los fondos europeos y a que se ha saldado la deuda con la Fundación Comillas, desapareciendo la partida que había a ello en anteriores ejercicios.

Medidas fiscales

Junto con el proyecto de Ley de Presupuestos, se ha registrado también el de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, la conocida como 'ley de acompañamiento', en la que figura la ya anunciada bajada de impuestos para comprar una vivienda habitual, que pasarán a tener un tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros.

Asimismo, el Gobierno aumentará hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados.

También, la cuentas para el próximo año incorporarán nuevas deducciones en el IRPF para familias con hijos con discapacidad y para personas con enfermedades raras.

En concreto, se incrementará la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.600 euros, en el caso de hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y se prolongará la deducción de la ayuda doméstica a los hogares con una persona con discapacidad igual o superior al 65%.

Para las personas con enfermedades raras, se introducirá una nueva deducción de hasta 1.000 euros, que ascenderá hasta los 2.000 euros, sin límite de renta, para los enfermos de ELA.

Presupuestos sin apoyos

En la rueda de prensa, Agüeros ha destacado que el Ejecutivo ha aprobado y registrado estos presupuestos “en tiempo y forma”, aunque sin haber alcanzado un acuerdo previo con ningún grupo para sacarlos adelante.

Aunque el consejero ha reconocido que “es mucho mejor” que el presupuesto hubiera llegado ya al Parlamento con “consenso”, ha indicado que ahora se abre el turno de la negociación con los grupos parlamentarios y, en este sentido, ha expresado la disposición del Gobierno a introducir mejoras.

El Gobierno de Cantabria del Partido Popular ha ejercitado hoy una rápida e inesperada maniobra sorpresa que dinamita el acuerdo de los futuros presupuestos de Cantabria con su socio preferente, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que en esta legislatura ha dado su apoyo primero a la investidura de la presidenta Buruaga y luego a las sucesivas cuentas públicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Presupuestos sin consensuarlo con los regionalistas y lo ha registrado con celeridad esta misma mañana el consejero de Economía, Luis Agüeros, en el Parlamento de Cantabria a pesar de que en este momento no tiene los apoyos necesarios para aprobarlos.

“Desde hace 30 años no se traía al Parlamento unos presupuestos sabiendo que no se tiene el apoyo para que salgan adelante”, ha censurado la diputada del PRC y candidata del partido a la Presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández.

El movimiento es un golpe de mano contra las exigencias del PRC, que este año había endurecido sus peticiones. El Partido Popular llevaba algunos días tejiendo una red tratando de seducir en términos políticos a los alcaldes cántabros, y hasta prometiendo alguna piscina. En una reunión en la Federación de Municipios de Cantabria la presidenta Buruaga presionó advirtiendo que no aprobar los presupuestos “supone un ataque en toda regla a vuestra capacidad de hacer obras y de financiar servicios”, les dijo. Buscaba convencerlos y que a su vez presionaran a los suyos de más arriba para facilitar un acuerdo en el Parlamento.

El martes el Comité Ejecutivo Regionalista hizo pública la lista de cinco condiciones para sentarse a negociar.

El miércoles el Partido Popular les advirtió de que no las aceptarían. “Paula Fernández se cree Puigdemont, pero la presidenta Buruaga no es Pedro Sánchez”, espetó la secretaria general del PP, María José González Revuelta. También dijo que era una estrategia para “salvar el liderazgo de Paula Fernández, a la que las últimas encuestas le dan tres diputados si se celebrasen hoy elecciones”.

El jueves la presidenta Buruaga encontró el inesperado amparo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que dijeron que las cuentas tienen “buena pinta” en lo relativo a políticas sociales y refuerzo de servicios públicos. Curiosamente, los empresarios se mostraron más reticentes y pidieron “valentía” y “celeridad”.

El viernes el Gobierno aprobó y registró el proyecto de Presupuestos ante el estupor de los regionalistas.

Cuatro días y un imprevisto giro de guion que añade más intriga al resultado final de las cuentas públicas. El PP había estado ablandando los corazones de los sindicatos, la patronal y los alcaldes en una maniobra periférica -mientras el PRC se sentía el centro de la operación- probablemente en la convicción de que siempre resulta más difícil ir en contra de un presupuesto que tiene cierto consenso social y municipal, aunque su aprobación evidentemente solo dependa de votos de los diputados.

La primera en hablar después del golpe de efecto fue la propia presidenta Buruaga que ha reconocido que le “hubiera gustado” alcanzar un acuerdo antes de aprobar este presupuesto en Consejo de Gobierno y ha asegurado que ha hecho “todo lo posible para que así fuera, tendiendo la mano al Partido Regionalista de Cantabria”.

Sin embargo, ha lamentado que el PRC “está en el no”. “Quien pone condiciones imposibles, sabiendo que lo son, y quien busca, en lugar de unir y de puntos de encuentro, aquellas cosas que separan, está tratando de empujar, está tratando de forzar el no, que es lo que ha ocurrido”, ha dicho.

Para añadir más dramatismo y presión a la firma del presupuesto, tras ser preguntada por la prensa por un posible adelanto electoral, Buruaga ha dicho que verá “cómo se desarrollan los acontecimientos” y “cómo evoluciona la situación”. “Esta es una decisión muy seria, como he dicho, y por lo tanto no voy a elucubrar, ni voy a adelantar ni anticipar acontecimientos con una decisión tan seria”, ha trasladado la presidenta, que ha insistido en que el objetivo es aprobar las cuentas y hasta el 31 de diciembre hay “tiempo”. “Si hay otro escenario, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente”, ha dicho.

En esa comparecencia añadió que “privar a Cantabria de un presupuesto por puro egoísmo o estrategia electoral” es “algo muy serio” porque no tener presupuesto “implica volver o retrotraer el calendario a enero del 25 y disponer de 220 millones menos” para sanidad, servicios sociales, educación y vivienda, así como “muchas más dificultades en la gestión”.

Pocos minutos después el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, en el Parlamento salió a decir que van a hablar con todos los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) para intentar aprobar el presupuesto de 2026 y al tiempo ha criticado que la “estrategia” del PRC con las cinco condiciones planteadas para sentarse a negociar “solo buscaba retrasar la presentación de las cuentas”.

A preguntas de los periodistas, Alonso no se ha querido pronosticar si finalmente habrá o no acuerdo con el PRC. “Yo al curso de magia no asistí y por lo tanto no lo sé”, ha ironizado. Pero ha introducido otra cuestión en su discurso público: “Yo no puedo obligar a nadie a llegar a un acuerdo si no quiere” pero si finalmente no lo hay, serán los regionalistas los que “tendrán que explicar por qué” no llegan a un acuerdo para aprobar “las mejores cuentas públicas” de la historia de la comunidad autónoma y que incluyen “un crecimiento extraordinario en sanidad, en educación y servicios sociales”.

Si después de este desaire público el PRC no apoya los presupuestos las miradas se dirigen inevitablemente hacia los tres diputados de Vox y el que pasó al Grupo Mixto, que de momento guardan silencio. El portavoz popular, en cualquier caso, ya ha dejdo claro que no hay líneas rojas con la ultraderecha: “Yo soy partidario de aprobar presupuestos con cualquiera que apoye las cuentas del PP”, ha zanjado.

Detrás de la puesta en escena de este abrupto intento de negociación de los presupuestos con el PRC está la figura de la recién elegida aspirante a las elecciones, Paula Fernández, para sustituir a Revilla en las futuras elecciones autonómicas de 2027. La estrategia de confrontación del Partido Popular se dirige especialmente contra ella que destila cierta debilidad frente a la figura tutelar de Revilla -que ha declarado públicamente su apoyo a su sucesora- y los rumores de ruido interno.

El martes dijeron que los regionalistas “no quieren” dar su apoyo a las cuentas del próximo ejercicio por el “giro a la izquierda” que ha dado el partido tras la elección de Paula Fernández para suceder a Miguel Ángel Revilla como candidata electoral a la Presidencia. “Ni ellos mismos se creen lo que piden”, aseveró con dureza María José González Revuelta. Responde a “una estrategia para justificar un 'no' para salvar el liderazgo de su candidata” porque las últimas encuestas “le dan tres diputados” si hubiese ahora unas elecciones, remató la política del PP.

Y hoy el portavoz popular, haciendo alusión a las declaraciones que ha hecho Fernández -registrar el presupuesto sin haber contestado a sus cinco condiciones demuestra una “falta de voluntad total y absoluta” de negociar- dice que ha “demostrado una vez más” el “estado de ansiedad” en que vive.

La tramitación de los presupuestos tal vez ambiciona una estrategia política de mayo calado que el mero aplauso a las cuentas públicas.