Hasta hace poco, las gasolineras de Repsol –empresa petrolera con mayor número de estaciones de servicio en España– ofrecían tres tipos de combustibles: gasolina, diésel y GLP. En 2023, sumó una cuarta variedad: los carburantes ‘100% renovable’, disponible en 2026 en 1.500 puntos de venta en todo el país. En su página web, la compañía explica que se trata de un combustible que se fabrica sin usar una sola gota de petróleo. Está hecho a base de “aceites vegetales usados y otras materias primas como son los restos agrícolas o forestales”, lo que permite “cero emisiones netas en uso”.

Para sorpresa de muchos conductores, este combustible que Repsol desliga de su producción fósil se ha encarecido también con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado en Oriente Medio. Los precios han subido igual o más que la gasolina y el diésel tradicional, dependientes de un petróleo que, por la parálisis del estrecho de Ormuz –por donde circula el 20% del crudo consumido en todo el mundo– ha superado los 100 dólares el barril, un precio crítico para la economía global, según economistas e internacionalistas.

Es decir, lejos de desacoplarse del mercado fósil, la evolución de este combustible “renovable” ha sido prácticamente paralela en los carteles de precios de todas las gasolineras. Según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 15 días de marzo, antes de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, la gasolina 95 subió de 1,498 a 1,769 euros por litro (+27 céntimos), mientras que la gasolina ‘renovable’ pasó de 1,702 a 1,938 euros (+23,6 céntimos). En el caso del diésel, la opción en teoría renovable trepó más de 40 céntimos: de 1,642 a 2,049 euros.

Como era de esperar, esta incongruencia generó malestar en muchos conductores, entre ellos Adolfo Díaz Bautista, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. En sus redes sociales, preguntó por qué “si el diésel renovable es de origen vegetal y no procede del petróleo ha subido a casi 2 euros por litro a partir de la guerra de Irán”. Cuando la consulta se viralizó –tuvo más de 400.000 visualizaciones en la red social X–, Repsol contestó a través de su cuenta oficial: “A pesar de que el Diesel Nexa origen 100% renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, su precio, como el del resto de combustibles, está ligado a los mercados energéticos internacionales”.

Greenwashing industrial

Otra gasolinera que en España ofrece estos combustibles es Moeve (exCepsa). La empresa explica que lo obtiene mediante procesos de hidrotratamiento de aceites y grasas, que se trata “de la solución energética inmediata para la descarbonización” y que está ayudando a reducir las emisiones en “sectores difíciles de electrificar”, como el transporte terrestre, marítimo y la maquinaria agrícola.

Para Ismael Morales, responsable de Política Climática en Fundación Renovables, “el diésel 100% renovable no existe, es realismo mágico que solo ellos creen para marcar un relato en la población que no es real”. Su análisis es que la problemática va mucho más allá de esta paradoja, de precios acoplados sin ninguna justificación.

La lupa, dice, hay que ponerla en el “retardismo climático” y en el “greenwashing industrial”, un posicionamiento que le está sirviendo al sistema automovilístico “para no reconvertir su cartera a vehículos eléctricos, principalmente porque se han quedado fuera de la carrera respecto a las nuevas marcas procedentes de China”.

Por un lado, tener un diésel ‘100% renovable’ implica mantener los vehículos con motor de combustión, por lo que la contaminación y la emisión de partículas no se elimina. “Es decir, la calidad del aire sería igual de mala que actualmente, algo que mejora ampliamente con los motores eléctricos”, explica este experto. El segundo punto sí es el precio, “que siempre va a ser más elevado que la electricidad, porque la cadena de valor del subproducto para generar ese biodiésel va a ser muy dependiente de los combustibles fósiles para su transporte, procesado y distribución”.

“De fondo, no tenemos veracidad de que se trata de un combustible 100% renovable al no haber auditorías constantes y externas. Estamos ante una tapadera para continuar extrayendo y quemando gas o petróleo. A día de hoy, apostar por esos combustibles en el transporte por carretera y no por la electricidad, es un error gravísimo a nivel climático que no podemos permitirnos”.

Emisiones, dependencia externa y fraudes

Francisco del Pozo Campos, ingeniero industrial especializado en mecánica y responsable de gas fósil en Greenpeace, aclara que los biocombustibles emiten una cantidad similar de CO₂ al de los carburantes fósiles en el momento de la combustión. Se suelen considerar “erróneamente neutros en carbono” ya que estas sustancias liberan el CO₂ que ya habían absorbido en el ciclo de vida de la planta de la que proceden.

“Realmente no son neutros en carbono, dado que tiene emisiones ligadas al cultivo o residuos del que proceden, incluido emisiones ligadas a los fertilizantes y tractores necesarios para el cultivo, los medios de selección y cribado de los residuos, el transporte hasta la planta de refinado, el proceso de refinado y distribución posterior hasta las gasolineras. Para algunos cultivos, estudios científicos han señalado que en realidad los agrocombustibles emiten más CO₂ si se tiene en cuenta la cadena completa de producción y la deforestación”, explica.

Coincide Marcos Raufast, responsable de Aviación en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Señala que en “condiciones óptimas”, con materia prima local, estos biocombustibles pueden llegar a reducir hasta el 70% de su huella de carbono en su ciclo de vida.

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles para aviación y sector marítimo de la organización Transport & Environment (T&E), detalla que el 80% del biocombustible que consume España, a base de palma y soja, se importa. Brasil e Indonesia son los principales mercados. “Es muy importante diferenciar el origen de la materia prima que se utiliza para producirlos. Actualmente, la producción de combustible de origen biológico está en auge. Pero estos biocombustibles, producidos a partir de residuos o cultivos, cuentan con un preocupante potencial de fraude, escasez de materia prima y dependencia del exterior”, aclara Ecodes en su informe El futuro verde de la aviación en España.

Lo que ocurre, explica Raufast, es que ante “la alta demanda de estas materias primas”, se han empezado a detectar falsificaciones en los envíos –aceite de palma virgen como usado– y cambios en los usos de las tierras de los países productores, deforestando bosques antiguos y liberando grandes sumideros de carbono, “incrementando el cambio climático y reduciendo la biodiversidad”.

Competencia por el territorio, el agua y los alimentos

Los biocombustibles de primera generación proceden de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar, mientras que los de segunda generación –los que se venden en las gasolineras españolas– se obtienen de vegetación no comestible y residuos agrícolas.

Greenpeace considera que ambos carburantes son una “solución dañina para el clima” por materias primas que casi siempre proceden de la agricultura intensiva, con un impacto perjudicial en los territorios. “Restan espacio y agua para el cultivo de comida, lo que encarece los alimentos”, subraya Del Pozo. Esta competencia representa un riesgo extra para una seguridad alimentaria que, producto de la guerra, empieza a estar en jaque por la escasez de fertilizantes y el aumento de todos los costes asociados a las cosechas.

Según un estudio de 2023 encargado por T&E, Europa destina a cultivos para biocombustibles una superficie de tierra equivalente al tamaño de Irlanda. Esa tierra podría servir para alimentar a 120 millones de personas o podría absorber el doble de CO₂ si se devolviera a la naturaleza. Los autores de esta investigación concluyen que se necesitaría solo el 2,5% de estas tierras para generar la misma cantidad de energía con paneles solares.

El Congo es un ejemplo del impacto de los biocombustibles en el territorio. En los últimos años, varias petroleras europeas se instalaron para cultivar ricino, una planta no alimentaria (crece en tierras degradadas) que sirve como materia prima para estos carburantes. Sin embargo, ante la necesidad de escalar la producción, estas empresas están invirtiendo en cultivos comestibles, como girasol y soja, perjudicando la seguridad alimentaria local.

“Actualmente, destinamos vastas extensiones de tierra a cultivos que luego quemamos con nuestros coches. Es un despilfarro escandaloso. Estas tierras podrían alimentar a millones de personas o, si se devolvieran a la naturaleza, constituirían sumideros de carbono ricos en biodiversidad. Los biocombustibles derivados de cultivos son probablemente la mayor tontería que se haya promovido jamás en nombre del clima”, resume, Maik Marahrens, director de biocombustibles de T&E.

Tras diez días de espera tensa, Alemania confirmó finalmente la cantidad de su ya anunciada contribución al Fondo Florestas Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), la propuesta estrella de Brasil para la COP30. La propia Marina Silva, ministra de Medio Ambiente, anunció a bombo y platillo en la tarde del miércoles que Alemania aportará mil millones de euros para un fondo que pretende remunerar a los más de setenta países que poseen selvas tropicales y subtropicales por los servicios ambientales prestados. La decisión alemana, según la ministra, demuestra que el TFFF es un “instrumento de financiación global muy bien diseñado”. 

Desde que el gobierno de Lula da Silva anunció al comienzo de la COP30 las contribuciones de Noruega (tres mil millones de dólares), Brasil (mil millones), Indonesia (mil millones), Francia (500), Portugal u Holanda (un millón cada), el goteo de apoyos se frenó. El retraso del anuncio alemán provocó cierto cortocircuito. China, Reino Unido o España, entre otros, decidieron quedarse fuera. La diplomacia brasileña confía en que el apoyo alemán signifique la consolidación del fondo. Aun así, la cifra recaudada todavía está lejos de los 125.000 millones de dólares que Brasil espera alcanzar. Garo Barmanian, director de Servicios Forestales del Gobierno de Brasil, destaca en entrevista con elDiario.es que la gran innovación del fondo es su mecanismo financiero. “Ya tenemos otros proyectos basados en donaciones a fondo perdido. Nada contra ello. Pero estamos innovando con el TFFF porque es un fondo de financiación misto, público y privado”, sostiene Barmanian. A comienzos de la COP30, el millonario australiano Andrew Forrest, fundador de las empresas mineras Minderoo Foundation y Fortescue Metals Group, anunció la primera inversión privada al fondo (10 millones de dólares). 

El TFFF genera una especie de renta forestal global asociada a la propia selva en pie, no al mercado de carbono, usado en ocasiones por empresas contaminantes para lavar su imagen. El capital invertido se aplica a activos globales de renta fija de bajo riesgo y produce beneficios a sus inversores. “Era importante este mecanismo para valorar las selvas en pie por los servicios que prestan de biodiversidad, regulación de clima, agua y carbono”, matiza Barmanian. 

A pesar de que grandes organizaciones como Greenpeace y World Wide Fund for Nature (WWF) ven con buenos ojos el TFFF, la resistencia ha crecido a lo largo de la COP30. Más de 200 organizaciones han firmado la declaración No al TFFF: Si a los derechos de los bosques, denunciando la mercantilización de los bosques. 

Hacia los sistemas agro-forestales

Para Lenise Oliveira, la agroecología es “una bandera blanca” a la naturaleza. Desde 2017, cuando se mudó la ecovilla Iandê, situada a sesenta kilómetros de Belém, Lenise vive volcada en la recuperación de 28 hectáreas de selva degradada. Las tres familias involucradas en la ecovilla han ido reforestando parte de un terreno devastado por la monocultura y por la extracción de arena por parte de empresas de la construcción. Poco a poco, la ecovilla Iandê se fue transformando en lo que en Brasil se denomina un “sistema agroflorestal” que combina cultivos y selva. “Nuestras casas y las infraestructuras comunes ocupan dos hectáreas Cultivamos otras tres. El resto es selva. En un sistema agroflorestal extraes frutos de la selva y apenas cultivas una pequeña parte. No usamos fertilizantes”, asegura Lenise a elDiario.es.

Lenise, que trabajo toda la vida como veterinaria, define las prácticas de la comunidad Iandê como agricultura de proceso. Si el açaí que desde la región norte de Brasil se exporta a todo el mundo estuviera producido con monocultivo sería una commodity. Creciendo en un sistema agroflorestal como el de la ecovilla Iandê, pasa a formar parte de la bioeconomía, otra de las apuestas de Brasil para la COP30. Un estudio del World Resources Institut (WRI) Brazil revela que mantener la selva en pie aportaría 7.400 millones de euros extra al PIB brasileño y generaría 312.000 empleos extra hasta 2050. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París para mitigar el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico. La novedad del estudio de WRI es que coloca en el epicentro la bioeconomía proveniente de la selva primaria y de los sistemas agroforestales como el de la ecovilla Iandê. 

El mecanismo del TFFF establece que al menos un 20% de los fondos vayan directamente para las comunidades que cuidan de las selvas tropicales. Las tres familias de la ecovilla Iandê podrían ser beneficiarias. “Han generado bastantes expectativas con el fondo. Es una forma de que el agronegocio no tome cuenta de la tierra”, afirma Lenise. “A pesar de que existen más de setenta países con selvas tropicales, los países con una tasa de deforestación de más de 0,5% no podrán recibir dinero. Esto incentivará la caída de la deforestación”, asegura Garo Barmadian.

La selva está habitada

En la Marcha Mundial por el Clima de la COP30 una serpiente gigante sostenida por indígenas y activistas causó furor. Sobre su cuerpo, una frase: “financiación directa para quien cuida de la floresta”. La serpiente, que ha aparecido en muchos espacios de la COP30, es el talismán de la campaña de la Aliança dos Povos pelo Clima  A gente cobra, un ingenioso juego de palabras (cobra es serpiente y declinación del verbo cobrar). La alianza reivindica más financiación directa para quien cuida de la selva. “Los pueblos indígenas, las comunidades, necesitan ayuda para defender sus territorios y la naturaleza. Y esa ayuda necesita llegar en forma de recursos. La mayoría de la financiación no llega a los territorios”, explicó a la Escola de Ativismo Angélica Mendes, nieta del mítico ecologista Chico Mendes, asesinado en 1988. 

La súper serpiente está sirviendo, entre otras cosas, para visibilizar que la mayoría de la selva tropical está habitada, algo no tan evidente para los países del norte global. La mayor parte de la selva potencialmente beneficiada por el TFFF está habitada por indígenas, quilombolas (afro-descendientes), ribeirinhos (quien vive al margen de los ríos) o comunidades tradicionales. “Cuando la selva está habitada por estos pueblos, ya sea bosque primario o secundario, el combate a la deforestación es más eficiente. A largo plazo, son fundamentales para mantener la selva en pie”, asegura a elDiario.es Ana María Pinto, investigadora del Instituto do Homen e Meio Ambiente (IMAZON), con sede en Belém. Un estudio de 2024 revela que la deforestación es un 83% menor en tierras protegidas por indígenas.

En los últimos días, el porcentaje del TFFF destinado a las comunidades que cuidan la selva está siendo duramente criticado. Los guardianes del clima y los movimientos sociales reivindican al menos un 50% de los fondos. La Aliança dos Povos pelo Clima está solicitando, además, la creación de un impuesto global de un 5% a millonarios y grandes corporaciones para la financiación climática. Además, la cantidad estipulada por el fondo para cada hectárea de selva tropical en pie también está siendo cuestionada. “A los pueblos indígenas y a las comunidades locales se les pagará un máximo de cuatro dólares anuales por hectáreas. Con la lógica del lucro, seguirá siendo más rentable cortar madera, criar ganado o el monocultivo”, recoge un comunicado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), divulgado al principio de la COP30.

Críticas a la mercantilización

El fondo TFFF, según el MST, está enmarcado dentro de “las falsas soluciones del capitalismo verde” y representa “una significativa ampliación de la mercantilización de la naturaleza”. A siete kilómetros de la ecovilla Iandê, Nonato Filho, uno de los coordinadores del asentamiento Abril Vermelho de Santa Bárbara del MST, uno de los más extensos de Brasil, critica frontalmente el TFFF. “Quien va a invertir en dicho fondo son quienes más desforestan. Solo quieren lucro”, afirma Nonato, mientras pasea por una plantación de papaya. 

En 2004, el MST ocupó una antigua plantación de dendê (palma aceitera) en Santa Bárbara. En 2009, consiguieron derechos legales a explotar la tierra. En la actualidad, las 414 familias del asentamiento cultivan dos mil hectáreas (pupuña, cupuazú, cacao, papaya o andiroba, entre otras especies) y mantienen 4.500 hectáreas de selva en pie, con apoyo logístico del IMAZON. Lucimar Souza, una de las coordinadoras del Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), considera imprescindible colocar en la ecuación de la conservación la denominada “agricultura familiar”. “Los sistemas agro-forestales restauran selva degradada y por eso generan un servicio ambiental. Al mismo tiempo genera renta para las familias”, asegura Lucimar Souza a elDiario.es.

El sistema agro-forestal del asentamiento Abril Vermelho despierta admiración en el mismísimo gobierno Lula. “Esto aquí es una verdadera lección. Quise venir a este espacio porque quería ver una selva productiva en la práctica, que es el mejor ejemplo de lo que está en la declaración de la COP30”, aseguró Wellinton Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, tras visitar el asentamiento. ¿Cómo beneficiaría el TFFF al sistema agroflorestal del asentamiento? Si las 4.500 hectáreas selva en pie del asentamiento fueran compensadas por el TFFF, el MST recibiría apenas 18.000 reales al año (algo menos tres mil euros). Unos siete euros para cada familia. 

La Declaración de la Cúpula de los Pueblos criticó el cariz financiero del TFFF: “Luchamos por la financiación pública y la tributación de las corporaciones y los más ricos. Los costos de la degradación ambiental y las pérdidas impuestas a las poblaciones deben ser pagados por los sectores que más se benefician de este modelo”. A su vez, la declaración rechaza que “instituciones que profundizan la desigualdad entre el Norte y el Sur, como el FMI y el Banco Mundial” administren el TFFF. Por otro lado, más de 200 organizaciones ha firmado la declaración No al TFFF: Si a los derechos de los bosques: “El TFFF considera de manera equivocada que la deforestación es un fallo del mercado que se resolverá colocando precio a los servicios ecosistémicos de los bosques tropicales para atraer inversiones privadas”.  

A pesar de las críticas, científicos de renombre internacional presentes en la COP30 consideran el TFFF una iniciativa acertada para combatir el cambio climático. El científico brasileño Carlos Nobre, uno de los mayores especialistas mundiales en el clima, aseguró el lunes la comunidad científica está “deseando que el TFFF empiece a funcionar”. Nobre, en un vídeo viral en el que se le ve recorriendo los pasillos de Zona Azul, alerta sobre la importancia de frenar en seco la degradación de las selvas tropicales: “Tenemos que acabar con toda la deforestación de selvas tropicales y hacer una gran restauración. Si continuamos degradando las selvas tropicales, vamos a tener innumerables epidemias y una o dos pandemias por década”.

Detrás de la maraña de declaraciones, promesas o bulos sobre los bosques, los datos son testarudos y cuentan la historia de lo que en realidad está ocurriendo. En 2024, se destruyeron 6,7 millones de hectáreas de selva en el mundo. Casi el doble que un año antes. La deforestación global alcanzó un poco más de ocho millones de hectáreas, según la reciente evaluación de la Forest Declaration.

La conclusión del análisis es sencilla: “En 2024 los bosques siguieron experimentando una destrucción a gran escala. Los bosques primarios tropicales continuaron siendo aclarados a tasas alarmantes”. El nivel de destrucción forestal actual en el mundo está muy por encima de lo que tendría que ser para cumplir el compromiso internacional de atajar la deforestación en 2030. La cantidad máxima para estar en ese camino eran cinco millones de hectáreas para 2024.

Los responsables de 145 estados escribieron en una declaración refrendada en 2021: “Nosotros, los líderes de los países firmantes, nos comprometemos a trabajar para detener y revertir la pérdida de bosques en 2030”.

La deforestación en el mundo 2024

Pérdida global de bosque            Pérdida de bosque primario húmedo tropical

Mha

12

10

8

6

4

2

0

8,27

8,07

6,72

La línea discontinua es la proyección del itinerario hacia una deforestación cero en 2030

3,85

2015

2024

2030

Mha: Millón de hectáreas

FUENTE: EVALUACIÓN DE LA FOREST DECLARATION 2025.

La deforestación en el mundo 2024

La línea discontinua es la proyección del itinerario hacia una deforestación cero en 2030

Mha

12

10

8

6

4

2

0

8,27

8,07

6,72

3,85

2015

2024

2030

Pérdida global de bosque

 

Pérdida de bosque primario húmedo tropical

Mha: Millón de hectáreas

FUENTE: EVALUACIÓN DE LA FOREST DECLARATION 2025.

La deforestación masiva no se trata de la pérdida de una especie de jardín planetario: tiene consecuencias negativas constatadas en el calentamiento global del planeta, la regulación del clima, la misma creación de lluvia (mediante ríos voladores) y la conservación de la biodiversidad de la que los humanos obtienen beneficios.

De los ocho millones de hectáreas deforestadas a las que hace referencia el informe de evaluación, 6,7 millones fueron de bosques tropicales húmedos primarios –básicamente lo que llamamos selva–, es decir, las masas forestales típicas de la Amazonía, la cuenca del Congo o el sureste de Asia. Son unos tres millones más que un año antes. Este repunte es calificado por los evaluadores como, sencillamente, “catastrófico” y avanzan que los incendios forestales “tuvieron un impacto tremendo en esta pérdida”.

Una de las autoras principales del informe, Erin Matson, recuerda que “cada año, la diferencia entre los compromisos y la realidad se hace más grande. Y los bosques no son negociables a la hora de tener un planeta vivible”. Esta experta en política ambiental global avisa de que “seguir fallándoles pone en peligro la prosperidad de las personas”.

La tríada de datos la completa el gran incremento de pérdidas que se registró en áreas clave para la biodiversidad. 2,2 millones de hectáreas de estos santuarios naturales perecieron en 2024, un 47% más que el curso previo. “Amenaza para hábitats irremplazables”, describe el documento.

¿Qué está destruyendo los bosques del planeta?

La respuesta corta es: la agricultura y ganadería industriales. “La deforestación fue causada, abrumadoramente, por el aclaramiento de bosques para hacer espacio a la agricultura permanente”, explica esta evaluación. De hecho, es la causa del 86% de la deforestación global de la última década.

Este informe hace mención a la destrucción de extensas áreas de bosque (llamado clareo para abrir campos de cultivo o de pasto para ganado). El cultivo intensivo de variedades como la soja está detrás de gran parte de la deforestación amazónica por ejemplo. En el sureste de Asia el monocultivo de palma ha jugado un papel parecido.

“Se trata de un problema sistémico porque los productos se consumen en el interior, pero también son exportados internacionalmente”, explican los evaluadores. “Así que las políticas de uso del suelo están interconectadas con las demandas globales, por lo que se hace necesario un cambio en la regulación de la producción y el comercio”.

Se refiere a que mucho de lo producido en campos abiertos a base de destruir bosques se destina al consumo mundial: la soja alimenta ganado que se convierte en carne consumida en los países del norte global o en pienso para la producción porcina en Europa que satisface el mercado en China. El café, el cacao, el aceite de palma o la madera cubren las demandas mundiales.

En este sentido, hace solo unas semanas, la Unión Europea retrasó por segunda vez la entrada en vigor de un reglamento diseñado para impedir que productos que hayan supuesto deforestación entren en el mercado de la UE. Además, a pesar de la existencia de leyes para impedir que, por ejemplo, la carne de Brasil implique deforestación, la demanda es tan intensiva y el sistema de control tan complejo que el origen del producto queda fácilmente blanqueado.

Y este martes, la Comisión Europea ha propuesto una nueva regulación sobre deforestación para que no afecte a pequeñas y medianas empresas, que solo tendrán que realizar una declaración simplificada “única”.

La situación deriva en que se estime que entre el 61% y el 94% de la deforestación en los bosques tropicales para explotaciones agrícolas sea ilegal. La conclusión es que “la incapacidad para aplicar la regulación debido a la falta de capacidad o voluntad política e incluso la impunidad son una barrera crucial para tener una gestión efectiva de los bosques”, analiza este trabajo.

Consecuencias

El experto en biodiversidad y uso del suelo de la organización Climate Focus, Ivan Palmegiani, recuerda que este nivel de degradación “está llevando a los bosques cerca de peligrosos puntos de no retorno al socavar las propias funciones ecológicas de las que dependen para sobrevivir”.

Emisiones brutas de gases de efecto invernadero

debidas a la deforestación

Emisiones globales            Emisiones asociadas a la pérdida de bosque primario tropical húmedo

GtCo₂e

La línea discontinua es la proyección del itinerario hacia una deforestación cero en 2030

6

5

4

3

2

1

0

4,46

4,60

3,14

2,38

2015

2024

2030

GtCo₂e: Gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente

FUENTE: EVALUACIÓN DE LA FOREST DECLARATION 2025.

Emisiones brutas de gases de efecto

invernadero debidas a la deforestación

La línea discontinua es la proyección del itinerario hacia una deforestación cero en 2030

GtCo₂e

6

5

4

3

2

1

0

4,46

4,60

3,14

2,38

2015

2024

2030

Emisiones globales

 

Emisiones asociadas a la pérdida de bosque

primario tropical húmedo

GtCo₂e: Gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente

FUENTE: EVALUACIÓN DE LA FOREST DECLARATION 2025.

Y las consecuencias no se quedan solo ahí. La destrucción de la selva virgen supone una amenaza alarmante para la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque con la desaparición del bosque, la gran cantidad de carbono que han acumulado las plantas durante décadas o siglos es liberada de golpe a la atmósfera (el famoso gas invernadero CO₂ está compuesto de la unión de carbono y oxígeno). Es decir, es una inyección gaseosa a la cúpula masiva y repentina que causa el calentamiento global del planeta.

Solo la deforestación de bosques tropicales húmedos en 2024 supuso la emisión a la atmósfera de 3.100 millones de toneladas de CO₂, un 76% más que la media anual de 2018-2020.

A nivel mundial, las emisiones totales de CO₂ asociadas a toda la deforestación superan los 4.600 millones de toneladas. Pero, además de añadir toda esa cantidad de gases invernadero, cuando los bosques desaparecen –o se degradan– se pierde su capacidad para seguir absorbiendo el nuevo CO₂ que emite, básicamente, la quema de petróleo, gas y carbón. Esa función de sumidero se ve disminuida, lo que conlleva que una parte de las emisiones que, hasta ese momento, se compensaba y no exacerbaba la crisis climática, se añadirá a la atmósfera. De hecho, una investigación de 2021 determinó que la Amazonía ya estaba emitiendo más CO₂ del que estaba absorbiendo.

Para ilustrar la relevancia de este fenómeno, si la deforestación fuera un país, sería el tercer emisor de CO₂ del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos.

Malos tiempos para las iniciativas verdes en la Unión Europea. La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha mandado este martes una carta al Parlamento europeo y el Consejo en la que pide retrasar otro año la regulación contra la deforestación para “evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas relativas a la tecnología”.

“A pesar de nuestros esfuerzos en materia de simplificación, seguimos sin conseguirlo plenamente. Creemos que no podemos lograrlo sin que haya cierta disrupción para nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro. Buscaremos, junto con los colegisladores, un aplazamiento de un año”, ha comentado la comisaria de Medioambiente.

La regulación para combatir la deforestación estaba prevista que entrase en vigor en enero de 2025. La normativa persigue garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

Si en octubre de 2024 se anunció el retraso por la presión de países como Alemania o las quejas de sectores económicos como supermercados o relacionados con la industria agroalimentaria, ahora toca un supuesto problema informático para no desarrollar la normativa.

“Hemos mantenido un estrecho contacto con los operadores económicos y es evidente las necesidades de los sistemas informáticos superan ampliamente las expectativas, lo que podría suponer un riesgo para el correcto funcionamiento del sistema. Si el sistema no funciona correctamente, los operadores no podrán obtener las declaraciones que les exige la legislación. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que debemos dar un paso atrás”, ha señalado un funcionario de la Comisión.

La Comisión se ha esforzado en negar que el retraso en la aprobación de una normativa contra la desforestación tenga que ver con las negociaciones comerciales y sobre aranceles que se están llevando a cabo entre la UE y terceros países como Estados Unidos o Japón. Las mismas fuentes han negado que la decisión adoptada hoy tenga ninguna relación con la firma entre la Comisión Europea e Indonesia de un acuerdo comercial que elimina el 98,5% de los aranceles y el protagonismo del gigante económico del Sudeste Asiático con sus prácticas en las plantaciones de aceite de palma. Según Greenpeace, la industria del aceite de palma es la principal responsable de la destrucción de los bosques de Indonesia: 25 empresas productoras de aceite de palma han deforestado más de 130.000 hectáreas de bosque tropical desde finales de 2015 en este país.

Desde la Comisión Europea no han sido capaces de señalar si podría haber más retrasos en el futuro. “No tengo una bola de cristal. Tengo algo de experiencia con sistemas informáticos y sé que siempre hay aspectos complejos, y este es particularmente complejo. El objetivo es asegurar que el sistema esté operativo lo antes posible, y en eso trabajaremos”, ha señalado un funcionario de alto rango.

Sin embargo, pese a que se lleva años trabajando en esta normativa y que ya se ha retrasado un año en ponerse en vigor, nadie tiene en la Comisión otras opciones para arreglar lo que parece ser un simple problema burocrático. Un funcionario de la Comisión ha apuntado tras ser preguntado por su tenían otras opciones para desarrollar un sistema informático que funcione: “Normalmente, todos los sistemas tienen ventajas y desventajas, o mejor dicho, diferentes implicaciones en cuanto a la carga para los distintos tipos de actores que participan en el sistema. Así que eso es lo que debemos analizar”.

El volumen de carne que sale desde Brasil al mercado mundial hace que, actualmente, sea casi imposible un sistema de producción que no deforeste la Amazonía. Una investigación de campo llevada a cabo por Greenpeace-Unearthed junto a The Guardian y Reporter Brasil –a la que ha tenido acceso elDiario.es– muestra que JBS, la mayor compañía cárnica del mundo, será incapaz de cumplir con su compromiso de eliminar este año la destrucción ilegal de bosque que implica su cadena de suministro. Un compromiso anunciado en 2021, ampliado en 2022 y repetido en 2023.

JBS es un gigante mundial de la carne que ingresa unos 73.000 millones de dólares al año y suministra a empresas como McDonald's, Tesco o Walmart. La compañía, que comenzó como una carnicería en Brasil, tiene ahora la capacidad para sacrificar 14.000 vacas, 14 millones de pollos y 142.000 cerdos cada día. Esas cifras exigen una cría ingente de animales –y abrir grandísimos espacios para ello, de ahí surge parte del problema de la deforestación: aclarar bosque para hacer sitio al ganado–.

Durante tres viajes a la Amazonía de los estados brasileños de Pará y Rondonia, 29 productores locales han descrito que el sistema de JBS para frenar la destrucción de bosque está lleno de agujeros y que se blanquean partidas de ganado criados en zonas deforestadas ilegalmente.

Con todo, los líderes de los sectores económicos implicados advierten de que construir de verdad un sistema que evite la desaparición de bosque al acabar 2025–como afirmó JBS que haría– arruinaría a la mayoría de los pequeños granjeros que engloba la industria cárnica.

Un portavoz de JBS ha contestado a las preguntas de esta investigación que “la compañía está en desacuerdo con esta descripción” y añade que “sacar inferencias y conclusiones a partir de un número limitado de 30 granjeros, teniendo en cuenta que JBS dispone de más de 40.000 proveedores registrados, es totalmente irresponsable”.

El fiscal federal que vigila los progresos sobre deforestación de la industria cárnica en el estado de Pará, Ricardo Negrini, explica que “la evolución de JBS ha sido lenta, lo que no se corresponde con el tamaño de la compañía. JBS debería tener los mejores sistemas, los mejores controles y las mejores prácticas, pero no los tiene”.

Un compromiso repetido e incumplido

Las primeras promesas de los grandes procesadores de carne de Brasil, entre los que está JBS, llegaron en 2009 con el llamado Acuerdo del G4. El compromiso era detener el suministro directo de reses relacionadas con deforestación de manera inmediata y hacer lo mismo con los suministradores indirectos en 2011.

El acuerdo redujo la destrucción en la cadena directa de suministro, pero se perdió de vista la red de proveedores indirectos. Ahí está la debilidad del sistema. JBS no pudo cumplir con ese compromiso en 2011, pero reinstauró la promesa en 2020 introduciendo una aplicación para registrar la documentación necesaria en los traspasos de ganado.

Paulo Barreto, investigador del Imazon –el organismo encargado de monitorizar la deforestación de la Amazonía– explica que JBS podría haber detenido mucha destrucción “dejando de comprar reses en las zonas de riesgo y cerrando algunas plantas en esas regiones”.

Cuando JBS hizo sus promesas sobre deforestación tenía 14 mataderos en la Amazonía. Ahora tiene operativos 20. Las observaciones por satélite de la ONG AidEnvironment han identificado, al menos, 324.000 hectáreas deforestadas en la Amazonía asociadas a diversos mataderos de la cadena de producción de JBS desde aquel año 2009.

El etiquetado de orejas

En el estado de Pará, JBS está incorporado a un programa estatal para conseguir antes de fin de este año marcar individualmente en la oreja todas las reses desde su nacimiento de manera que se asegure que no provienen de zonas deforestadas. La empresa dice que ha donado tres millones de etiquetas y que “la solución definitiva solo llegará si se instala un sistema nacional obligatorio de etiquetado”.

Sin embargo, el director del sindicato rural Redenção, José Maria Goldschmidt, afirma que JBS “tiene la voluntad, como nosotros tenemos la voluntad”, pero, al mismo tiempo, agrega que si la empresa –a partir de enero de 2026– deja de comprar reses que no tengan esa etiqueta de trazabilidad, no conseguirán el suministro que demandan: “Dicen que lo van a implementar. Yo digo: es imposible”.

JBS afirma que sí ha conseguido eliminar por completo la deforestación entre sus proveedores directos –aunque en los últimos meses se han publicado casos en los que hubo compras a explotaciones que habían sido penalizadas por ese motivo–. La empresa exige a cada suministrador directo que le proporcione los datos de explotación de manera que pueda utilizar satélites para buscar (y en su caso detectar) trazas de deforestación sobre el terreno y cruzar la granja con las bases de datos sobre infracciones.

La cuestión de los proveedores indirectos (a los que la empresa no compra de primera mano) es otro cantar. La cadena de la carne en Brasil es tradicionalmente intrincada: el ganado va pasando por diversas explotaciones desde que nace hasta que termina en el matadero. Las granjas de cría y engorde suelen ser de menor tamaño y más propensas a estar ligadas a prácticas deforestadoras, como especificaba esta investigación de las universidades de Quebec y Winsconsin-Madison.

En un reciente informe, el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) sobre este asunto dice que “todavía está pendiente el reto de controlar las granjas indirectas donde el ganado pasa la mayoría de su vida. Ninguna compañía ha probado que complete la trazabilidad de esas explotaciones”. Paulo Barreto apostilla que “esa vigilancia es difícil, pero realizable, especialmente si se tienen en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido desde que hicieron sus primeras promesas sobre deforestación”

Bruno (nombre ficticio para proteger su seguridad) es un granjero en Anapu Pará que opina que JBS “es más estricta” que otras compañías. “No puedo comprar ganado si viene de zonas sucias para vendérselo aunque sea a través de mi compañía”, afirma el ranchero. Sin embargo, otros proveedores han descrito para este reportaje los modos de sortear los controles.

JBS exige a sus proveedores directos los registros de los proveedores que les sirven a ellos al final del año. Goldschmidt, director del sindicato rural de Redencao, explica que eso es “humanamente imposible. No va a funcionar”. Y detalla cómo se sortea ese sistema de control: “Yo compro a 20 o 30 ganaderos distintos, escojo a dos o tres y digo que solo les compro a ellos. Cuando JBS va a inspeccionarlos solo ve a esos dos o tres”. El ganadero admite que no tiene mucho en cuenta la deforestación al operar: “Miro el ganado, me gusta, el precio es bueno. Compro y me voy”, dice.

César (nombre ficticio también) está seguro de que “el 60% o el 70% de los ganaderos aquí tienen infracciones” así que es poco realista conseguir una cadena de producción limpia. Él compra “de 15 o 20 productores diferentes cada mes” para su explotación de 6.000 cabezas de ganado al año en São Miguel do Guaporé (Rondônia). “Alguno va a presentar problemas”.

Escaparate de carne sostenible

Muchos rancheros predijeron que los precios premium que JBS aplica a su ternera “libre de deforestación” no iba a beneficiar a los productores. “La industria recibe un producto con trazabilidad que tiene una gran importancia en términos comerciales en el mercado internacional, pero los productores locales no estamos recibiendo ni un céntimo extra”, se queja la presidenta la comisión de mujeres agricultoras de la patronal ganadera CNA, Cristina Malcher.

Y añade: “JBS quiere el mercado internacional así que viene aquí y nos llena con un montón de reglas para producir el producto que quiere comercializar, pero no nos paga. JBS es un cáncer para la producción rural de Brasil”.

Muchos de estos productores ven las promesas de la empresa de acabar con la deforestación como un escaparate. “Es como comprar en un centro comercial”, dice Eduardo –también nombre ficticio– uno de los ganaderos más grandes de Rondonia. “No ves basura, es una carcasa muy bonita, pero por detrás hay mucho que arreglar”.

Lavandería de ganado sucio

En el corazón ranchero del sur de Pará, muy poco bosque queda en pie. Los pastizales ganaderos se estiran hasta el horizonte solo interrumpidos por algún ejemplar solitario de Ipé –un árbol que una vez fue abundante con flores de color amarillo o púrpura brillante– donde las reses encuentran sombra. Los caminos pavimentados soportan un constante flujo de camiones ganaderos transitando desde las granjas a los mataderos.

Los rancheros de este estado –con la segunda mayor cabaña ganadera de Brasil y la mayor tasa de deforestación– y los de Rondonia, una nueva frontera de destrucción forestal, describen cómo se blanquea el ganado para rodear los sistemas de monitorización de JBS.

Eduardo cuenta cómo los granjeros usan lo que llaman “jeitinhos” para saltarse las restricciones ambientales. Aquellos granjeros cuyas tierras han sido marcadas por infracciones alquilan una parcela limpia vecina para poder aportar la documentación necesaria a la hora de vender sus reses. “Se hace así en todo Brasil”, añade. “Muchas veces los mataderos lo saben pero miran para otro lado. Así son las reglas del juego”.

“Todo el mundo lo hace”, admite José de Carvalho Sobrinho, presidente del sindicato de productores rurales de Pimenta Bueno (Rondonia). “La gente traspasa su ganado de una granja a otra y para cuando llegan a la envasadora todo ha sido legalizado”.

¿Colapso de la industria?

En Rondonia, el sector ganadero está compuesto mayoritariamente por pequeños propietarios con algunos cientos de cabezas. En este contexto, los productores ven irrealizable que JBS mantenga la escala de sus operaciones y cumpla al mismo tiempo sus compromisos para excluir las granjas que hayan deforestado después de 2008 ya que cada eslabón de la cadena tiene sus maneras de “sortear los obstáculos”, dice el productor Eduardo. Conseguir esos objetivos “obligarán a utilizar un montón de jeitinhos”, advierte.

El director del sindicato rural Marabá en Pará, Jimmy Simpson, reflexiona que los pequeños productores carecen del tiempo, la documentación y las habilidades digitales paragarantizar la trazabilidad: “¿Habrá gente que regularice su situación? Sí, pero la inmensa mayoría no”.

El ganadero Cesar se pregunta cómo JBS va a obtener las reses que necesita: “La mayoría del ganado que llega [al matadero de Sao Miguel] ha pasado en algún momento por una granja que tiene limitaciones ambientales o algún problema en algún momento de su trayectoria”.

Así las cosas, algunos productores en los estados temen que si la gran corporación no consigue el material necesario, cierre sus plantas en la Amazonía. Mauro Lúcio –conocido defensor del ganado sin deforestación– afirma que si JBS no consigue la producción “cerrará sus operaciones aquí. No tiene ningún problema, pero para los productores de, por ejemplo, Pará, eso es un gran problema”.

Alex Guaitolini, presidente de la Unión de Productores Cacoal en Rondonia remacha que “afectaría no solo al campo sino también a las ciudades de la región que dependen de esta industria. Todo está interconectado”.

El fiscal Negrini contrapone que argumentar que detener la deforestación va a colapsar el sector se acerca al “terrorismo”. Negrini sostiene que JBS dispone de la capacidad tecnológica y la influencia en el mercado como para hacer efectivos sus compromisos y que ha sido “la falta de compromiso e inversiones lo que ha retrasado los progresos”.

Un portavoz de JBS ha respondido que la empresa “se toma muy en serio sus responsabilidades para afrontar los riesgos de deforestación de su cadena de producción. Sin embargo, los problemas del sector son bastante más grandes de lo que una sola empresa puede solventar. Creemos que JBS tiene una serie de políticas, sistemas e inversiones que están produciendo un impacto positivo en reducir ese riesgo”.  

En plena emergencia climática, con todos los indicadores en alerta máxima y con los efectos devastadores mostrando ya su peor cara, las políticas medioambientales se tambalean en Europa. La 'agenda verde' fue la gran bandera de la Unión Europea en la anterior legislatura, pero los intereses económicos y electorales, con el auge de la ultraderecha convertido en realidad en un buen número de países, se han ido imponiendo descabalgándola de las prioridades políticas. La legislación medioambiental es la que más incumplen los estados miembros.

Un 20% de los procedimientos de infracción que ha abierto la Comisión Europea en los últimos años son por incumplir las normativas europeas en materia de medio ambiente, según recoge el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe en el que señala que esas políticas “representan el mayor número de casos tramitados” por el gobierno comunitario.

Cada mes, Bruselas abre expedientes a los países que no han adecuado a tiempo las legislaciones nacionales a las normas comunitarias, que se aprueban con el acuerdo de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (en el que están representados los gobiernos de los 27). “Desde la entrada en vigor de las directivas sobre la calidad del aire, los compromisos de emisiones y el ruido ambiental, la Comisión ha incoado 106 procedimientos de infracción contra los estados miembros por incumplimiento de las directivas”, recopilan los auditores de la UE.

No obstante, cerca de la mitad de los casos (54) se han cerrado, es decir, que los países señalados acompasaron su marco jurídico a las reglas europeas, aunque fuera del tiempo previsto para hacerlo, que normalmente es de dos años desde que se alcanza el acuerdo. El resto de procedimientos de infracción siguen abiertos. La Comisión Europea da dos apercibimientos a los gobiernos para que transpongan las directivas en procedimientos que suelen alargarse antes de que el asunto se remita al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En total, según la recopilación del Tribunal de Cuentas europeo, han llegado al TJUE 25 de los 106 procedimientos abiertos y se dictaron 22 sentencias. “Si un estado miembro no cumple una sentencia, la Comisión puede someter el asunto al TJUE y pedir que imponga sanciones pecuniarias”, recuerda el informe. “La Comisión ha solicitado la imposición de sanciones financieras a un Estado miembro (Bulgaria) en 2021 y ha enviado cartas de emplazamiento (...) a Francia, Italia, Hungría y Polonia”.

España lidera el ranking

Los datos recopilados por los auditores se limitan a esas tres directivas, pero hay más infracciones por incumplimiento de la normativa medioambiental y España lidera (junto a Italia) el ranking de la Comisión Europea sobre infracciones medioambientales con 22 casos abiertos del total de 309. Los problemas recurrentes de España tienen que ver fundamentalmente con la gestión del agua, la protección de la naturaleza y el manejo de los residuos.

Más allá de los incumplimientos nacionales, el conjunto de la UE ha rebajado en los últimos meses la ambición del Pacto Verde Europeo (cuya nomenclatura se ha sustituido ahora desde Bruselas para denominarlo Pacto Industrial Limpio) que puso en marcha en el anterior mandato para lograr la neutralidad climática a mediados de siglo, con una meta intermedia de reducir en un 55% las emisiones en 2030. Pero en las instituciones europeas asumen que es difícil cumplir con esos objetivos. El aplazamiento del reglamento para combatir la deforestación, la degradación de la protección del lobo o la descafeinada ley de restauración de la naturaleza son algunos ejemplos.

Y todo eso ocurre cuando se producen más de 253.000 muertes prematuras al año sólo por la contaminación del aire, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2021, aunque la cifra se ha reducido en los últimos años desde las 431.114 registradas en 2005. “Los datos disponibles indican que la calidad del aire en la UE ha mejorado en líneas generales”, señala el informe del Tribunal de Cuentas, que analiza específicamente la situación de la contaminación atmosférica y acústica en la Europa urbana, donde viven tres cuartos de la población.

Suspenso en el combate de la contaminación acústica

Los auditores advierten de que la contaminación atmosférica, en particular “la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) causada por automóviles y camiones, sigue siendo un problema importante”. “Dado que las normas de calidad del aire de la UE pronto serán más estrictas, las ciudades de la UE tendrán que redoblar sus esfuerzos para cumplir las nuevas normas de la UE si quieren acercarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala el informe.

Aún más crítico es el Tribunal de Cuentas respecto a la contaminación acústica, que tiene efectos adversos para la salud, como trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, molestias, deficiencias cognitivas y problemas de salud mental. La exposición a largo plazo al ruido ambiental contribuye a 48.000 nuevos casos de cardiopatías y a 12.000 muertes prematuras en Europa cada año. Una de las críticas de los auditores es que los límites acústicos recogidos en la normativa europea son inferiores a las recomendaciones de la OMS, Así, se hace eco de un informe que apunta a que 200 millones de ciudadanos europeos están expuestos a niveles nocivos de ruido procedentes de carreteras, ferrocarril y aviones.

“Según la Comisión y la Agencia Europea del Medio Ambiente, parece poco probable que se alcance el objetivo de contaminación cero de reducir el número de personas perjudicadas por el ruido del transporte en un 30% en 2030. Las estimaciones actuales de la Comisión muestran que no disminuirá más de un 19% en 2030 y, en el escenario pesimista, el número total de personas que sufren molestias crónicas por el ruido del transporte puede incluso aumentar un 3%”, recoge el informe.

La Amazonia es el territorio que baña el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, que en sus 6.400 kilómetros de trayecto hasta el mar y transporta una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Se trata de un ecosistema selvático y virgen que alberga la mayor biodiversidad de la Tierra, además de algunas de las comunidades humanas menos contaminadas por la civilización.

Pero además de su valor genético y cultural, la Amazonia tiene un valor medioambiental incalculable como regulador de las lluvias en todo el mundo, y, por lo tanto, como estabilizador del cambio climático. La deforestación de sus bosques para convertirlos en campos de cultivo o pasto para ganado pone en serio peligro su función medioambiental.

Para llamar la atención sobre este hecho, el célebre fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ha organizado la exposición Amazonia, que trae a Barcelona desde hoy y hasta el próximo 20 de abril de 2025. En ella muestra las imágenes tanto de paisajes amazónicos como de algunas de las tribus que los habitan.

Una advertencia contra el libre comercio y el consumismo

Salgado, que ha achacado al consumismo los problemas de la Amazonia, ha aprovechado la presentación de la muestra para expresar su rechazo a un futuro acuerdo Mercosur de libre comercio entre Europa y Latinoamérica, que si bien de momento no está firmado, sí se debate actualmente en los parlamentos de países de ambos bloques.

Para Salgado, el acuerdo pondría en peligro la Amazonia, un territorio que “es más grande que toda Europa”. Advierte que, de firmarse el acuerdo, la selva amazónica “será deforestada y utilizada para crear ganaderías y cultivos” y asegura que “un 17% [de la citada selva] ya está deforestada”. A este respecto, según declaró hace unas semanas la periodista y escritora brasileña Eliane Brum, gran divulgadora de la riqueza cultural y biológica amazónica y activista contra la crisis climática, “los expertos avisan de que si llega al 20%, no habrá posibilidad de revertir el daño al ecosistema”.

“Si matamos la Amazonia, matamos la vida en el planeta y, por descontado, nuestra especie”, sentencia Salgado. El fotógrafo, con un énfasis dramático y severo, teme que los políticos terminen firmando el acuerdo porque “ello implicará que la demanda de productos hortícolas y ganaderos de Europa respecto de América latina se disparará”. “¿Saben de dónde saldrá el terreno para cultivar más tierras y criar más ganado para que ustedes tengan productos baratos?”, se pregunta Salgado para inmediatamente responder, mientras asevera enfáticamente con la cabeza: “Sin duda de la selva virgen, que desaparecerá”.

Más de 200 fotografías y música de Jean-Michel Jarre

La exposición Amazonia se aloja en el espacio expositivo de las Drassanes Reials de Barcelona y muestra de más de 200 fotografías, en gran formato y retroiluminadas, realizadas a lo largo de nueve años por Salgado. Amazonia se complementa con siete películas y una ambientación sonora especialmente compuesta para el proyecto por el músico francés Jean-Michel Jarre.

Jarre ha recurrido, para armar las composiciones, al archivo de sonidos de la selva amazónica que se encuentra en el Museo Etnográfico de Ginebra. En cuanto a las películas, consisten en siete vídeos donde se muestran imágenes de la vida de las comunidades indígenas amazónicas, a la vez que ofrecen las declaraciones de nueve líderes de estas tribus.

La comisaria de la muestra es Lélia Wanick, pareja del fotógrafo que desde los principios de su carrera se ha encargado de gestionar y exponer la obra de Salgado. Wanick explica que Amazonia ha pasado previamente por numerosas ciudades y que “la semana pasada se estrenó también en Singapur”. Antes ha viajado a Londres y ha pasado por Madrid, de donde procede el actual montaje de Barcelona.

Wanick también destaca que “se trata de una exposición con placas en relieve que permiten a los ciegos apreciar la información de las imágenes de Sebastião. Adicionalmente, los visitantes pueden hacerse con unas lentes de realidad aumentada que les permiten sobreponer información complementaria a las imágenes que están observando, además de escuchar las explicaciones mediante audífonos.

Imágenes de gran formato

El formato de las imágenes, de dimensiones de varios metros de ancho, muestra el característico color blanco y negro fotográfico de las obras de Salgado, que le permiten resaltar formas, brillos y reflejos, siempre mostrando el contraste entre el agua y la densa vegetación circundante.

También recurre con frecuencia a la fotografía aérea, de la que explica que ha podido realizarla gracias a los helicópteros del Ejército Brasileño. Así, colgado con cuerdas de la puerta abierta de estas naves, Salgado revela –y de este modo puede apreciarse en la exposición– que ha conseguido fotografiar espectaculares tormentas en la inacabable llanura selvática de la Amazonia. “Pero lo que más me enorgullece es haber traído a la muestra algo totalmente desconocido como son las montañas de la Amazonia, que constituyen las cotas más altas del territorio brasileño”, apostilla.

En diversas imágenes pueden observarse estos macizos rocosos y los espectaculares saltos de agua que parten de ellos. Respecto a la recurrencia del agua en sus imágenes, el artista, que a sus 80 conserva un excelente forma física y anímica, destaca que “las dos únicas formas de aproximarte a la Amazonia es a través del agua y por el cielo, porque la foresta es tan densa que es imposible penetrarla”.

Un país de agua

Pero el fotógrafo matiza que principalmente este territorio es un país de agua, un territorio surcado por ríos que deja innumerables islotes de selva donde habitan hasta 133 tribus étnicas que hablan otros tantos idiomas, por lo que lo define como una reserva de la diversidad tanto animal como humana. Concluye, así, que la principal manera de moverse en este vasto territorio es navegando sus ríos y afluentes.

Ilustra esta aseveración con una anécdota: “La primera vez que entré en la Amazonia lo hice a través de un barco que salió de Manaos; navegamos 21 días y entonces el capitán nos dijo que debíamos volver si no queríamos quedarnos sin gasolina”. Así lo hicieron en otros 21 días de regreso.

“En total estuvimos 42 jornadas viajando por la Amazonia, más de lo que te tomaría navegar desde Barcelona a Tokio y regresar”, enfatiza con su discurso elocuente y seductor. También pone en relieve la importancia del ecosistema fluvial amazónico desvelando que “mientras aquí una riada puede subir el nivel del agua hasta tres metros, allí puede alcanzar los 27 metros”.

Añade que una parte importante del bosque amazónico “permanece inundado casi seis meses”, pero incide además en la presencia de lo que denomina “un Amazonas aéreo”, en referencia al agua que se evapora de la selva y que forma enormes nubes cargadas de agua que entran en circulación planetaria, influyendo en el régimen de lluvias global. Asegura que “se estima que cada árbol de la selva puede evaporar hasta 1.200 litros de agua por día”.

Convivencia con las comunidades indígenas

Salgado también exhibe en Amazonia numerosas fotografías de la vida cotidiana de algunas tribus amazónicas, con sus integrantes en diversas actividades que comprenden la caza o la pesca. Son muchas de ellas imágenes de jóvenes muchachas y muchachos que miran la cámara entre la indiferencia y el desafío. Salgado explica que no fue nada sencillo llegar hasta estos poblados aislados en la impenetrable selva.

“En primer lugar tienes que solicitar visitarlas a la Funai, la Fundación Nacional de los Indígenas en Brasil, que es una fundación pública ligada al Ministerio del Interior y que ha conseguido que en torno de 25% del territorio de Amazonia sea selva indígena protegida por la Constitución”, explica.

A partir de ahí, un miembro de la Funai viajará hasta el territorio de la etnia en cuestión y preguntará si aceptan la visita de Salgado. “Pueden pasar una o dos semanas hasta que se reúnen y deciden democráticamente si me aceptan o no”, revela. Entonces comienza un viaje fluvial que puede durar semanas y durante el cual, el curso del río se va estrechando, de modo que si bien comienzan con buques fluviales, terminan con lanchas motoras.

“Una vez en la zona, hay que pasar una cuarentena fijada por la Funai para eliminar cualquier rastro de gérmenes que pudieran afectar a los indígenas, porque ellos no tienen anticuerpos contra nuestras enfermedades”, agrega Salgado, quien concluye que la aproximación siempre es compleja y escrupulosa. “Tengo que llevar traductor, tengo que llevar un antropólogo que trabaja con esta comunidad y que conoce sus costumbres y también a alguien de la Funai que supervise todo”, termina.

La alianza del PP europeo con las fuerzas ultras se ha consolidado este jueves en la Eurocámara justo cuando la coalición en la que se sustenta la mayoría de Ursula von der Leyen está amenazada de muerte por la batalla lanzada por los populares contra Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la negativa de los socialistas a apoyar al candidato de la ultraderechista Giorgia Meloni, Raffaele Fitto. El grupo que pilota Manfred Weber se ha apoyado en las fuerzas de la ultraderecha para descafeinar la ley contra la deforestación que ha pasado por la Eurocámara para avalar el retraso de su entrada en vigor que planteó Bruselas sucumbiendo a la presión de varios países (no sólo europeos) y sectores como el de la distribución.

La propuesta de la Comisión Europea ha salido adelante con los votos del PPE, las tres fuerzas de la ultraderecha y parte de los liberales, que se han dividido. En total, la propuesta se ha aprobado con 371 votos a favor, 240 en contra (socialistas, verdes, izquierda) y 30 abstenciones. Además, el PPE ha planteado algunas enmiendas que suponen rebajar la ambición de la normativa.

En concreto, uno de los cambios que han salido adelante es la creación de una nueva categoría de países 'sin riesgo' para la deforestación, que tendrán requisitos “mucho menos estrictos, al considerar que presentan un riesgo insignificante o inexistente de deforestación”.

Lo que denuncian las organizaciones sociales es que esa nueva categoría se va a convertir en un coladero para sortear las exigencias. “La categoría «sin riesgo», por el contrario, permitirá que una gran parte del comercio con riesgo de deforestación pase desapercibido, eliminará los requisitos básicos de trazabilidad y transparencia, dispensará a las empresas de la evaluación de riesgos y las hará prácticamente inmunes a los controles. Sólo el 0,1% de las empresas que importen mercancías «sin riesgo» estarán sujetas a inspección”, expresa Greenpeace.

En términos similares se pronuncia la organización ecologista WWF: “Con apoyo de la extrema derecha, desmantela el reglamento de la UE sobre deforestación en un ataque contra los bosques y el clima. Al introducir una categoría de países 'sin riesgo', el Partido Popular Europeo y sus aliados han votado en la práctica a favor de permitir una mayor destrucción de los bosques tanto dentro como fuera de Europa”.

El texto tendrá ahora que negociarse con el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos y que ya habían dado el visto bueno al retraso en la entrada en vigor, y con la Comisión Europea debido a los cambios.

Se trata de uno de los incendios más grandes del mundo: 10 millones de hectáreas quemadas. El fuego se extiende por Bolivia, pero también llega a Brasil, Perú, Colombia. Es decir, se quema el Amazonas. Los expertos hablan de un desastre de magnitudes nunca vistas. 

Paco Raez, bombero español que ha estado en los incendios en Bolivia, en el bosque Chiquitano, cerca de San Rafael. Desde allí nos ha mandado sonidos del fuego, de su trabajo tratando de extinguirlo, y notas de voz explicando lo que se han encontrado allí. Además, para entender las implicaciones que el fuego ha tenido en esta zona, hablamos con la investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, experta en deforestación e incendios forestales Dolors Armenteras y con la periodista de El Deber Nelfi Fernández, que ha investigado lo que ha sucedido y nos trata de explicar las causas de este desastre.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Los gobiernos de la UE han avalado sin contestación el retraso en la entrada en vigor de la normativa para combatir la deforestación. El Consejo de la UE ha dado el visto bueno a la dilación de un año planteada por la Comisión Europea sin que se haya llegado a votar. Ningún gobierno se ha posicionado en contra y se ha aprobado directamente, según han informado fuentes diplomáticas a elDiario.es. El siguiente paso ahora es que la votación en la Eurocámara.

El reglamento EUDR (por sus siglas en inglés) persigue garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020, imponiendo condiciones mínimas a las importaciones de una serie de productos: aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados.

La UE acordó esa normativa en diciembre de 2022 y está en vigor desde junio de 2023, pero establecía de plazo hasta diciembre de este año para que las empresas de terceros países tuvieran que cumplir las nuevas exigencias. La presión ha llegado en varias direcciones: el Partido Popular Europeo, países como Alemania, socios comerciales desde Australia hasta Brasil y los sectores afectados, como el de la distribución. Y la Comisión Europea sucumbió y planteó un retraso de un año: que el reglamento se empiece a aplicar el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las empresas pequeñas.

“Este aplazamiento permitirá a terceros países, estados miembros, operadores y comerciantes estar plenamente preparados en sus obligaciones de diligencia debida, que consiste en garantizar que determinadas materias primas y productos vendidos en la UE o exportados desde la UE están libres de deforestación. Se trata de productos derivados del ganado, la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café, el caucho y algunos de sus derivados”, señala el Consejo de la UE en un comunicado.

El siguiente paso será que el Parlamento Europeo vote la propuesta, que previsiblemente saldrá adelante con el voto del PPE y la extrema derecha. Los socialistas han rechazado la propuesta de Von der Leyen, al igual que los verdes, mientras que los liberales están divididos.

“Los bosques del mundo necesitan urgentemente la protección que ofrece el reglamento contra la deforestación”. Es el grito de la desesperada de 225 organizaciones sociales de toda Europa ante la decisión de la Comisión Europea de plantear un retraso de un año en la normativa con la que pretende combatir la deforestación, que ha provocado la pérdida de unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la propia Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

La UE está pisando el acelerador para aprobar la dilación de la entrada en vigor del reglamento EUDR (por sus siglas en inglés). El Parlamento Europeo, que tiene que validar la propuesta, la tratará por la vía de urgencia. Por el momento, el Partido Popular Europeo y la extrema derecha apoyarán la medida (sus votos son suficientes para que salga adelante). Los socialdemócratas, los verdes y la izquierda la han rechazado mientras que los liberales están divididos. Por su parte, la previsión es que los 27 le den el visto bueno este mes de octubre. 

“Tras años de fracasos del sector privado a la hora de abordar voluntariamente los impactos ambientales y sobre los derechos humanos en sus cadenas de suministro, el EUDR es un paso necesario y crucial”, señalan las ONG, entre las que se encuentran ClientEarth, Environmental Investigation Agency , Fern, Forest People Programme, Global Witness, Greenpeace European Office, WWF European Policy Office, que aseguran que la decisión “socava significativamente la credibilidad de la UE” en las políticas climáticas y en la protección de los derechos humanos. 

“Un retraso recompensará de hecho a las empresas que siguen beneficiándose de la destrucción del medio ambiente y no quieren cambiar su comportamiento empresarial, mientras que penalizará a las que ya han gastado recursos para cumplir la EUDR”, critican las ONG. 

Las presiones cruzadas llevaron a Bruselas a plantear el retraso. Por un lado, estaban empresas internacionales, como las del sector de la distribución, que consideraban que necesitaban más tiempo para adecuarse a las nuevas reglas porque no tenían listas las condiciones de cumplimiento.

España, el cuarto importador de los productos clave

“También debilitará la integridad general de la elaboración de políticas de la UE, pondrá en entredicho el Pacto Verde Europeo y, en última instancia, enviará una señal a otros grandes países consumidores de que cualquier medida reguladora para alcanzar cadenas de suministro libres de deforestación puede esperar”, avisan las ONG. 

Internacionalmente, socios comerciales desde Australia hasta Brasil se habían quejado por las nuevas exigencias de la UE. E internamente, países tan relevantes como Alemania habían apretado para ralentizar el calendario. Con ese maremágnum, Bruselas sucumbió a la presión, aunque por el momento hay división en el seno de los 27. España, Francia o Bélgica no son partidarios de retrasar la aplicación de la normativa. 

A nivel nacional, la Alianza Cero Deforestación de España envió una carta a Pedro Sánchez, con copia a los ministros implicados, Teresa Ribera y Luis Planas, en la que le emplazan a “defender la legislación ambiental europea y trabajar a fondo en su compromiso para frenar cualquier intento de desregular, retrasar o retroceder en la protección de la naturaleza y los derechos sociales”.

“El año pasado el mundo perdió una superficie forestal casi tan grande como Suiza; una destrucción que liberó aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que Estados Unidos emitió por la quema de combustibles fósiles”, señalan una veintena de firmantes, entre ellos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, REAS o la coordinadora de comercio justo, entre otros.

España es el quinto país que más materias primas de las afectadas por la normativa de la deforestación importa, especialmente la soja y el aceite de palma, según un estudio de AidEnvironment. En total, importó 9,4 millones de toneladas de esos productos, lo que supone un 10% del total de la UE. En cabeza está Holanda (17,2 millones de toneladas en 2023, es decir, un 19% del total), seguido de Alemania e Italia. 

Pero la preocupación que expresan no es sólo por esa regulación sino también por el torpedeo a la ley de restauración de la naturaleza en el seno de la UE o a la decisión de rebajar la protección al lobo, como exigían los cazadores, y que España rechazó.

“No podemos retrasar las medidas para frenar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Aplazar o retroceder en la ambición de las regulaciones ambientales europeas retrasa y lanza un mensaje perjudicial para afrontar la emergencia ambiental global”, advierte la misiva, que recuerda que más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza. 

Para la reportera Eliane Brum, visitar Barcelona o cualquier gran ciudad es un viaje a la periferia. “Para mí el centro del mundo es el Amazonas”, explicaba el martes en un encuentro con periodistas en el CCCB. “Yo concibo el centro como los lugares de vida y naturaleza, en contraposición a los sitios en los que se promueve su destrucción”.

Reconocida como la periodista más galardonada de su país, Brum lleva más de 30 años cubriendo la deforestación de la gran selva amazónica y sus consecuencias en el cambio climático. En 2017 decidió mudarse a Altamira, uno de los núcleos de la destrucción de la Amazonia, para poder “contar desde primera línea” lo que ella considera una “guerra”.

“Estamos en guerra”, incide. “Tal vez una menos visible o menos atractiva para la prensa, pero es mucho más amplia, empezó antes y acabará después de cualquier otro conflicto armado”. Es por esto que Brum asegura sentirse como una corresponsal bélica que cuenta desde el terreno cómo las “grandes corporaciones” y “gobiernos cómplices” destruyen el gran pulmón del planeta.

“Aceptamos como normal que una minoría esté alterando el clima y la morfología del planeta”, lamentaba. “No nos queda tiempo para frenar esta crisis y debemos actuar en nombre de los niños que han nacido recientemente y los que nacerán en el futuro”.

La reportera y documentalista, autora de ocho libros y cuatro documentales, colaboradora de The Guardian, The New York Times y El País, ha llegado a Barcelona para convertirse en la segunda participante del programa de residencias internacionales del CCCB, relevando al periodista del New Yorker Patrick Radden Keefe.

Brum residirá en la ciudad durante los próximos tres meses y participará en conferencias, seminarios y charlas para estudiantes. También asesorará al CCCB en una exposición sobre la Amazonia y será la comisaria del ciclo “La Selva es mujer”, en el que reunirá a diversas activistas y líderes indígenas en la capital catalana.

La periodista considera que la selva amazónica es una mujer, no solo porque nos refiramos a ella en femenino sino por el historial de abusos que ha sufrido. “Ambos son cuerpos que el mundo se permite violar, invadir, vaciar y abandonar”, apunta. “Es una lógica en la que nos movemos todavía a día de hoy”. 

Brum recuerda cómo, en la región de la Amazonia, la violencia contra las mujeres es todavía más alta que en el resto de Brasil. “No es casualidad que actualmente las mujeres hayan adquirido una gran relevancia en la defensa de la Amazonia”, prosigue, antes de recordar que la primera indígena en ocupar un cargo público fue una mujer. “Muchos hombres se han corrompido con el expolio de las tierras y las mujeres han dado un paso al frente para defenderlas”.

Una región en la que el periodismo no está bien visto

La reportera asegura que su mudanza al epicentro de la deforestación no está exenta de riesgos, de ahí su comparación con una corresponsal de guerra. “En la región el periodismo no está bien visto”, señala. “Se asesina a reporteros y a defensores de los derechos humanos”.

La situación, además, está empeorando por la llegada del crimen organizado a la zona por los grandes intereses económicos en juego. “Puede llegar un punto en el que ni siquiera podamos entrar a la selva a trabajar”, vaticina. “Ya lo vimos en las favelas, donde había facciones que las controlaban e impedían el paso a los reporteros”.

Para la periodista, no tiene nada que ver su situación anterior, en la que se desplazaba a la Amazonia para trabajar y después regresaba a Sao Paulo, con su nueva realidad. “Ahora asumo muchos más riesgos porque saben donde encontrarme”, apunta. “Y también se hace duro escribir historias sobre mis propios vecinos”.

La intención de Brum es que, con el tiempo, sean los propios indígenas quienes relaten lo que ocurre en su tierra. Por eso puso en marcha en 2022 la plataforma de periodismo Samaúma en la que, más allá de contar lo que ocurre en la Amazonia, entrenan a jóvenes reporteros locales para que sean ellos los futuros periodistas en la selva.

“Somos un equipo en transición”, describe. “El proyecto solo tendrá éxito si los periodistas que estamos formando nos releven en un futuro y puedan explicar al mundo su punto de vista”.

Sobre las contradicciones que pueden aparecer al compaginar su tarea de periodista con la de activista medioambiental, Brum no tiene dudas. “Quien no sea activista en el contexto actual, en el que nos encontramos en riesgo como especie…”, reflexiona. “Trabajé 30 años en grandes medios y me di cuenta de que si seguía haciendo lo mismo no íbamos a ningún lugar”.

Explica que en Sumaúma, sin embargo, el periodismo es lo primordial. “Pasamos por procesos de verificación y corrección con criterios periodísticos y no nos saltamos ningún código deontológico”, afirma. “Nuestro compromiso con la verdad y los hechos está en el centro de nuestro trabajo”.

La presión desde varios frentes ha surtido efecto y la Comisión Europea ha sucumbido. Bruselas plantea retrasar un año la entrada en vigor de la regulación para combatir la deforestación, que estaba prevista para enero de 2025. La normativa persigue garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

El reglamento obliga a las empresas a llevar a cabo una estricta diligencia debida si comercializan en el mercado de la UE o exportan de él productos como aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados. Las importaciones de esos productos tendrán que someterse a procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

“Dada la información recibida de los socios internacionales sobre el estado de sus preparativos, la Comisión también propone dar a las partes interesadas más tiempo para prepararse”, señala el gobierno comunitario en un comunicado. A la decisión le tendrán que dar el visto bueno el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La propuesta de la Comisión Europea es que el reglamento se empiece a aplicar el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas.

“Dado que todos los instrumentos de aplicación están técnicamente listos, los doce meses adicionales pueden servir como período de introducción progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz”, expresa el comunicado: “Con este paso, la Comisión pretende ofrecer certidumbre sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del EUDR [el reglamento contra la deforestación, según sus siglas en inglés], que es primordial para abordar la contribución de la UE al acuciante problema mundial de la deforestación. La propuesta de prórroga no cuestiona en modo alguno los objetivos ni el fondo de la ley, tal como acordaron los colegisladores de la UE”.

La Comisión Europea basa su decisión en la “preocupación” por el estado de preparación para nueva regulación que han expresado algunos socios mundiales. La queja, que procedía de países desde Australia hasta Brasil, se la reiteraron a Ursula von der Leyen en el marco de la asamblea general de la ONU en Nueva York la semana pasada. “El estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual”, admite la Comisión Europea.

Países como Alemania, organizaciones políticas como el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza parlamentaria y de la familia de Von der Leyen, y sectores afectados, como la patronal de los supermercados, habían elevado la presión en las últimas semanas contra el reglamento bajo la premisa de que no había tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias. En el lado opuesto de la balanza estaban las fuerzas progresistas y las organizaciones ecologistas.

“Apoyamos los objetivos de la legislación, pero las condiciones de cumplimiento no están listas todavía”, explicó la semana pasada la directora general EuroCommerce (patronal de los supermercados y la distribución), Christel Delberghe. Bruselas ha publicado este miércoles “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido para ayudar a las partes interesadas a escala mundial, a los Estados miembros y a los terceros países en sus preparativos para la aplicación del Reglamento de la UE relativo a la deforestación”.

La presión para retrasar la entrada en vigor de las nuevas normas de la UE para combatir la deforestación viene de todas partes y llega a la planta noble del edificio Berlaymont, donde tiene su despacho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Países como Alemania, organizaciones políticas como el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza parlamentaria y de la familia de Von der Leyen, y sectores afectados como la patronal de los supermercados han elevado la queja contra el reglamento sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) bajo la premisa de que no hay tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias.

La normativa, que se acordó a finales de 2022, establece el 1 de enero de 2025 como la fecha en la que comenzarán a aplicarse una serie de normas para garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

El reglamento obliga a las empresas a llevar a cabo una estricta diligencia debida si comercializan en el mercado de la UE o exportan de él productos como aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados. Las importaciones de esos productos tendrán que someterse a procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

“La normativa debe ser viable”, afirmó recientemente el canciller alemán, Olaf Scholz, que es el líder europeo que se ha mostrado más permeable a las críticas de los sectores económicos.

Pero la queja no solo viene de capitales europeas, sino de los países que se verán afectados por la regulación de la UE: desde Australia hasta Brasil. “Para evitar impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto”, expresó el Gobierno de Lula da Silva en una carta entregada al comisario de Agricultura, Januz Wojciechowski. La mayoría de productos afectados por la legislación proceden de Brasil y suponen para ese país el 30% de sus exportaciones.

Moratoria de seis meses a un año

También eurodiputados del PPE han alzado la voz contra la entrada en vigor del reglamento y han pedido una moratoria de un año. Por el momento, la Comisión Europea recuerda que la fecha se conoce desde hace casi dos años, cuando se alcanzó el acuerdo con la Eurocámara y el Consejo de la UE (los gobiernos). No obstante, la UE ha ido echando el freno a buena parte de la agenda verde a raíz de las protestas, fundamentalmente de las procedentes del campo.

Los ecologistas, sin embargo, sostienen que la normativa debe estar en funcionamiento cuanto antes y que ya se ha perdido demasiado tiempo. De hecho, fueron críticos con el acuerdo del reglamento al considerar que tenía “lagunas”, como la falta de ambición a la hora de incluir determinadas tierras boscosas o no tener en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos.

“Lo que nos preocupa y sería ilegal es que la Comisión Europea indicara a los Estados miembros, de forma oficial o informal, que haría la vista gorda a la aplicación nacional durante un breve periodo de tiempo, con el fin de proporcionar un periodo de gracia informal. Porque en realidad allí está uno de los grandes problemas de la UE, la Comisión Europea suele tardar en perseguir formalmente a los Estados miembros cuando parecen incumplir las normas de la UE. No se debería permitir”, afirma Tom Kucharz, consultor de ClientEarth y miembro de la Alianza Cero Deforestación.

Desde la patronal de la distribución y los supermercados (EuroCommerce) denuncian que la Comisión Europea no les ha dado las directrices suficientes para poder implementar las nuevas normas y que tampoco cuentan con el desarrollo tecnológico que requiere la normativa para demostrar el cumplimiento. “Apoyamos los objetivos de la legislación, pero las condiciones de cumplimiento no están listas todavía”, señala la directora general de la organización, Christel Delberghe, que asegura que están muy “decepcionados” con la Comisión Europea.

“Las directrices, cuya publicación la sociedad civil hemos reclamado en reiteradas ocasiones, no pueden cambiar el contenido o el significado del texto primario y no tienen carácter jurídico formal: no pueden modificar el Reglamento”, recuerda Kucharz: “La otra queja, de que si el sistema de información no está listo no se pueden hacer las declaraciones de diligencia debida es también infundada. El hecho es que el sistema de información está en vías de entrega. Se espera que el registro comience en noviembre, se organizarán sesiones de formación para octubre y ya se dispone de los resultados de las pruebas piloto”.

“La industria europea y las grandes empresas de distribución se quejan que no pueden cumplir los requisitos de la UE, mientras algunos gobiernos del Sur y la pequeña producción de café y cacao han realizado un enorme esfuerzo para preparar la aplicación del EUDR”, reprocha.

La patronal y los precios

Lo que sostienen los representantes de la patronal de la distribución es que necesitan “al menos seis meses” para que el reglamento pueda aplicarse. “Es un problema de tiempo material y desconocimiento”, explica Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la patronal de supermercados como Mercadona, Dia o Lidl: “En el caso de los distribuidores, compartimos una responsabilidad en base a la información de la que disponen nuestros proveedores”. Lo que argumentan es que tienen una “una gran dificultad para conocer los criterios de aplicación de la nueva normativa a partir del 1 de enero”: “Nos parece muy difícil o imposible que esto se aplique”.

La implementación de la agenda verde es una de las preocupaciones de la patronal en su labor de lobby ante las instituciones europeas. Así, están en pie de guerra por el reglamento de envases que obligará a introducir mecanismos de depósito, devolución y retorno de los mismos, en línea con lo que ya hacen algunos países del norte de Europa.

“En España va a requerir un esfuerzo importante. No quiere decir que vayamos con retraso sino que España ha tenido un modelo de gestión y ahora va a tener que incorporar otro u otros”, expresa García Magarzo, que reconoce que “supondrá nuevos costes” y, por tanto, se repercutirá en los precios.

También están preocupados por el reglamento de morosidad con el que la UE pretende que los pagos en la cadena de valor se realicen con un máximo de 30 días. Lo que sostiene la patronal de los supermercados es que la posibilidad de negociar condiciones beneficia a empresas de todos los tamaños y fomenta la competencia. “Es un golpe duro a nuestro sector porque estamos al final de la cadena”, reprocha Delberghe.

La destrucción de bosques a nivel mundial, lejos de revertirse, empeora. Y, a medida que se destruyen más árboles, la cantidad de CO2 que la devastación forestal emite a la atmósfera crece: en 2023 rozaron los 6.000 millones de toneladas, lo que supera las emisiones de gases de la aviación y la navegación internacionales combinadas.

No es el peor dato histórico, ya que en 2016 se superaron los 8.000 millones de toneladas, pero consolida una tendencia, de nuevo, al alza. A pesar de ello, los planes climáticos de los estados vinculados al Acuerdo de París contra el cambio climático no sirven para anular las emisiones causadas por la deforestación en 2030, según la última evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este lunes.

Entre 2019 y 2023, el promedio de emisiones por la deforestación se ha colocado en 5.600 millones de toneladas de CO2 . “Es más de cuatro veces por encima de las emisiones de los barcos y los aviones juntos”, explica el PNUMA. De hecho, “estas emisiones se han incrementado desde la Declaración de los Bosques Glasgow de 2021 que se comprometía a detener la deforestación [y por tanto este tipo de emisiones] en 2030”, avisa el organismo.

Destruir los bosques desencadena todo una serie de daños: arrasa ecosistemas y maneras de ganarse la vida, pero, además, libera una enorme cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En resumen: la deforestación empeora el cambio climático.

Pero, ni se reduce el nivel de destrucción de bosques –especialmente tropicales– ni se invierte la tendencia de los gases que se añaden a la costra invernadero del planeta, según las revisiones más recientes.

Las emisiones se han incrementado desde la Declaración de los Bosques Glasgow de 2021 que se comprometía a detener la deforestación [y por tanto este tipo de emisiones] en 2030

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

En 2022 (últimos datos consolidados) se contabilizaron 6,6 millones de hectáreas de deforestación en todo el mundo, según la evaluación de la Declaración de los Bosques de Glasgow –apoyada por 140 estados que cubren el 90% de los bosques del planeta–. Eso supone un incremento del 4% respecto al año anterior.

“Los objetivos sobre reducción de deforestación fallaron en todas las regiones del mundo”, aclara la evaluación. Pero, mientras en Asia tropical sí hubo un descenso (la deforestación allí sumó 1,9 millones de hectáreas), la destrucción en África subió hasta las 800.000 hectáreas y, sobre todo, en Latinoamérica y el Caribe hubo un fuerte repunte hasta los 3,5 millones de hectáreas. “Esta región es la que está más lejos de cumplir sus objetivos, un 35% más allá de lo que debería ser a estas alturas”.

Además, los datos indican que la degradación de los bosques supone una “amenaza significativa” para todas las regiones boscosas al quebrar su integridad y provocar un declive de hasta el 79% de la biodiversidad.

El acuerdo para intentar salvar los bosques para el año 2030 se firmó en noviembre de 2021 durante la Cumbre del Clima de Glasgow. Fue una manera de intentar “refrescar”, como dijeron sus promotores, la conocida Declaración de Nueva York de 2014 que se comprometió a dejar la deforestación en la mitad en 2020. “Ese objetivo no se cumplió”, recuerda ahora el PNUMA de la ONU al exigir que el nuevo compromiso de Glasgow “no puede correr el mismo destino”.

Sin embargo, por el momento, desde la firma de esa declaración, la deforestación ha subido, aunque con el cambio de presidente de Brasil –desde enero de 2023– la destrucción de la Amazonía del país suramericano ha caído más de un 60% respecto al mismo periodo del curso anterior.

Los bosques 'tragan' gran cantidad de carbono

Los bosques proporcionan a los seres humanos toda una gama de servicios ecosistémicos: agua, alimentos o materias primas. A eso se añade que “son cruciales para el clima”, como define la organización Greenpeace, porque destruirlos aumenta las emisiones: “Los bosques y sus suelos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre. Si se los hace desaparecer, pasan de almacén a fuente de carbono”.

Al desaparecer los árboles –por ejemplo con los incendios forestales para clarear el terreno y hacer sitio a pastos ganaderos o monocultivos intensivos como la soja– el carbono contenido en los árboles escapa hacia la atmósfera: aumenta la concentración de CO2 en el aire, que ya está en niveles récord. Y ese el mecanismo que recalienta el planeta y distorsiona el clima.

Por eso, impedir ese efecto perverso ha sido siempre uno de los objetivos de la acción contra el cambio climático y el mismo Acuerdo de París de 2015 incluía la necesidad de “reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques”.

Sin embargo, los planes climáticos de los países que han suscrito ese Acuerdo parece que se han olvidado de este punto. Los objetivos para reducir la deforestación remitidos por los 20 países con más emisiones forestales no alcanzan para detener la destrucción de bosques en 2030, ha concluido el PNUMA. “Incluso cuando esos planes incluyen objetivos relacionados con la deforestación, no siempre van acompañados con acciones concretas”, afea la ONU en su documento.  

La deforestación galopante de la Amazonía no era, como podía parecer, un fenómeno inevitable. Tras doblarse la superficie anual destruida entre 2018 y 2022, la desaparición del bosque amazónico en Brasil ha revertido su tendencia (desbocada) hacia la devastación: en lo que va de año se ha asolado un 50% menos de superficie que en el mismo periodo de 2022, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil. De 7.100 a 3.700 km2.

El cambio de rumbo ilustra un viraje en la gestión del bosque tropical: el descenso en la deforestación comenzó en enero pasado, cuando asumió la presidencia de Brasil Inacio Lula da Silva tras el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil se ha convertido en la gran potencia de pérdida de bosques primarios en el mundo. En 2022 fue responsable del 43% del total mundial, según el World Resources Institute (WRI) por delante de Rusia, la República Democrática del Congo o Bolivia. Allí se destruyeron, no solo en el Amazonas, 1,8 millones de hectáreas, unos 18.000 km2.

Para ponderar qué significa esa destrucción, además de la pérdida de biodiversidad, hábitats y tierras para grupos indígenas, 18.000 km2 menos de bosque primario en Brasil supuso liberar 1,2 Gt de CO2 a la atmósfera para exacerbar el efecto invernadero que recalienta el planeta y provoca el cambio climático. Multiplica por 2,5 las emisiones de país al quemar combustibles fósiles, que ese año fueron unas 0,497 Gt según Global Carbon Atlas.

El nuevo presidente aseguró al iniciar su gestión que adoptaría una política de “deforestación cero” para el año 2030. Tanto en julio como agosto de este año –los meses usualmente más destructivos– la pérdida de bosque se redujo un 66% respecto al año anterior. En septiembre el descenso fue del 56% en comparación con 2022.

El gobierno de Brasil ha retomado las operaciones de comando y control en la Amazonía lo que tiene un efecto directo sobre la deforestación en ese bosque y cambia la percepción de impunidad

Tom Kucharz — Investigador de Ecologistas en Acción

“El gobierno de Brasil ha retomado las operaciones de comando y control en la Amazonía”, explica el investigador de Ecologistas en Acción Tom Kucharz. “Y esto no solo tiene un efecto directo sobre la deforestación en ese bosque, sino que también cambia la percepción de impunidad de los que podrían cometer nuevos crímenes ambientales”, remata Kucharz.

En ese sentido, ilustra la situación anterior que, si bien la destrucción del bosque anual casi se había doblado durante el mandato de Bolsonaro, al mismo tiempo, el número de multas por deforestación ilegal y daños a la flora decrecieron un 40%.

También se decretaron recortes presupuestarios para las agencias de protección ambiental brasileñas. La organización austriaca All Rise remitió una petición a la Corte Penal Internacional en 2021 –en estudio– para que se investigara a Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad por la destrucción masiva de la Amazonía.

El responsable de la campaña de Amazonia de Greenpeace Brasil, Romulo Batista, señala que “el cambio en el discurso del Gobierno federal, el incremento de las inspecciones y las acciones en el campo han hecho que aumentaran las multas y las incautaciones”. Además, insite, “se han lanzado algunas acciones como el Plan de prevención y combate contra la deforestación”

Kucharz añade que también ha comenzado un proceso “para identificar tierras públicas no destinadas a la agricultura y definirlas como tierras indígenas, territorios quilombolas [afrodescendientes] y unidades de conservación”. Eso, en teoría, las pone a salvo de la deforestación. Al estar en fase inicial “seguramente no hay efectos visibles todavía, pero habrá”, según la profesora e investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Diana Aguiar.

En la organización de Batista subrayan que “la notable reducción de la deforestación en los ocho primeros meses del año abre una esperanza. Aún así, a pesar de ese descenso significativo todavía se ha producido un alto número de incendios”. Los incendios en la Amazonía no pueden ser un proceso natural como en el bosque mediterráneo o el boreal, no se dan por causas naturales porque hay demasiada humedad. “La deforestación cero es la gran contribución que Brasil puede hacer a la mitigación del cambio climático”, concluye la organización.

Un cuarto de la emisiones globales de efecto invernadero

Porque “la deforestación y degradación de turberas contribuyen con entre el 12% y el 20% de las emisiones globales” de gases de efecto invernadero, según explica la London School of Economics. Al destruirse las plantas, el carbono almacenado en ellas se libera y se añade a la costra de gases de efecto invernadero. De hecho, debido a la destrucción del bosque tropical la humanidad ya no puede confiar en que los árboles del Amazonas se queden con la contaminación de carbono que genera. En la década que va de 2010 a 2019, el bosque tropical amazónico emitió un 20% más de CO2 del que absorbió para realizar la fotosíntesis. (16.600 millones de toneladas por 13.900 millones). La deforestación a base de incendios y talas ha producido el cambio.

Romulo Batista dice que “es necesario intensificar la lucha contra la deforestación sobre todo en esta época del año que aquí se conoce como verano amazónico cuando la región sigue muy cálida”. También es preciso, prosigue el activista, “que los gobernadores se unan a la alianza para alcanzar la deforestación cero en 2030”.

La pérdida de bosques tropicales en el mundo no para. Ha pasado de unos 2,5 millones de hectáreas en 2002 a más de cuatro millones en 2022 –solo el 14% fue por incendios–. En 2022 se perdió “el equivalente a 11 campos de fútbol por minuto”, según los datos recopilados por la Universidad de Maryland (EEUU) que analiza el WRI.

“Toda esa pérdida de bosques produjo la liberación de 2,7 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones anuales de India al utilizar combustibles fósiles”, ejemplifica el análisis del Instituto.

Con todo, el freno en la Amazonía brasileña ha tenido un reverso en su ecosistema vecino de El Cerrado. Si la deforestación en el bosque tropical ha caído, la de la sabana ha tocado cifras de récord. Allí se destruyeron 658 km2 en septiembre, un salto del 140% respecto al mismo mes de 2022. Es el dato más alto desde que hay registros por satélite (2018).

“Se presume que las operaciones en la Amazonía han redireccionado la expansión de la frontera agrícola en El Cerrado y otros biomas”, explica Tom Kucharz. Esto es, el aclaramiento de bosque para hacer sitio al cultivo de soja para piensos y la propia expansión de la ganadería. “Por eso pedimos que se incluya El Cerrado y otros ecosistemas en la meta de deforestación cero”.

“Barça, stop Limak, ¡salva la naturaleza!”, “¿Qué harás, Barcelona? ¿Le meterás este gol al futuro?”, rezan los carteles de una protesta organizada por un partido de izquierda turca en pleno agosto en el centro de Barcelona. Los manifestantes intentan enviar un mensaje al presidente del Barça, Joan Laporta, para alertarlo de que un desastre ecológico que ocurre en Turquía está conectado directamente con el club blaugrana.

La carta lo describe claramente: la empresa turca Limak, que ganó la adjudicación para renovar el Camp Nou presentando la remodelación como un proyecto sostenible, es un holding gigante que está destruyendo un bosque centenario en el sur de Turquía. Limak quiere abrir una mina de lignito en un área del tamaño de 105 campos de fútbol para usar el carbón para sus centrales térmicas. Ni la empresa constructora ni el Fútbol Club Barcelona han contestado a las solicitudes de entrevista de elDiario.es.

Los vecinos de la zona en Turquía llevan cuatro años inmersos en una batalla legal contra la empresa constructora por el impacto medioambiental y social de la mina en la región. Desde hace décadas, las centrales térmicas en esta provincia del mar Egeo llamada Mugla han contaminado la tierra y el aire hasta el punto de secar e intoxicar cultivos colindantes, poniendo fin al trabajo de muchos campesinos y expulsando a decenas de familias que vivían ahí desde hace varias generaciones.

Durante el proceso judicial, los tribunales han fallado varias veces a favor de suspender el proyecto, pero la empresa recurrió también a varios tribunales hasta que consiguió finalmente un permiso de construcción. Los vecinos iniciaron hace unos meses una vigilia para proteger el bosque de Akbelen, hasta que la gendarmería irrumpió de madrugada hace tres semanas.

“Han conseguido talar el bosque de Akbelen, pero permanecen las raíces y la flora de la zona. Aún se puede salvar el terreno, si no se toca más, podría volver a ser fértil en 15 años”, explica a elDiario.es Haluk Özsoy, vecino y miembro de la Plataforma de Medio Ambiente de Mugla (MUÇEP). “Después de talar el bosque, intentarán explotar los pueblos de alrededor. El bosque es solo el inicio, pero los vecinos seguiremos resistiendo”, añade.

Tras las protestas por la tala del bosque de Akbelen, el programa de la ONU para el desarrollo (PNUD) anunció el cese de su actividades con la empresa Limak, que contemplaba un programa para fomentar la presencia de mujeres en el mundo de la ingeniería. 

Gases lacrimógenos y detenciones

La tala se llevó a cabo con rapidez mediante la expulsión constante de vecinos y activistas ecologistas. Usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para ahuyentarlos. Trajeron inhibidores de frecuencia para impedir que los activistas se comunicaran entre ellos y detuvieron a cuarenta personas. Los vecinos también denuncian malos tratos durante las detenciones.

En el caso de Özsoy, lo detuvieron policías de paisano e intentaron meterlo en un coche a la fuerza en un momento en el que no se estaba produciendo ningún acto de protesta. “No se identificaron, no me dijeron a qué departamento pertenecían. Me resistí porque iban de paisano y nos lanzaron gas lacrimógeno. Me llevaron al cuartel de la gendarmería”, describe. Otros dos activistas contra la deforestación de la zona confirman lo ocurrido a elDiario.es.

Vecinos del bosque Akbelen acudieron al Parlamento para denunciar el impacto medioambiental y social de la construcción. Sesenta pueblos se encuentran dentro del área autorizada para las operaciones de extracción de carbón y algunos de ellos tienen olivares, una plantación protegida por las leyes turcas. Los activistas denuncian que no se está respetando la normativa y se construye cerca de los olivares y terminan contaminando las plantaciones.

Hasta la fecha al menos 23 pueblos han sido evacuados debido a las operaciones mineras. “Destruyen la agricultura obligando a la gente a migrar, degradando la calidad de los alimentos y el agua que posibilita su crecimiento. Estas explotaciones tienen un gran impacto social”, explica a elDiario.es Asli Odman, urbanista y miembro del observatorio ISIG, que estudia la seguridad y salud de los trabajadores.

“Las tierras de los alrededores, aunque no hayan sido privatizadas, también se ven afectadas por la mina. Los campesinos tienen que vender sus tierras. No hay agua suficiente y el polvo contamina sus productos. No solo es una tragedia medioambiental, tiene también un grave impacto social”, describe. Según un informe de la organización Climate Transparency, Turquía genera el 32% de su electricidad a partir del carbón y aunque se ha comprometido a reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2053, actualmente planea aumentar la producción de energía con este material.

“Me tiraron gas lacrimógeno, no puedo ni hablar. Hay tantas cosas que quiero decir. Vinisteis y terminasteis con (los cultivos de) algodón, tabaco y agricultura. ¡Ahora estáis destruyendo nuestros árboles! ¡No nos dais derecho a vivir! Salid de vuestras casas de cristal y mirad cómo estamos, mirad la situación de vuestros ciudadanos”, gritaba durante una protesta contra la deforestación de Akbelen Osman Asal, agricultor en una tierra cercana.

“La pandilla de los cinco”

Turquía ratificó hace dos años el acuerdo de París sobre el cambio climático y cuenta con leyes ambientales muy parecidas a la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, Odman critica que la legislación no se aplica y el poder judicial acaba favoreciendo los intereses de las empresas. “Nuestra legislación es buena. Siempre digo que si tuviéramos una revolución ecologista, no cambiarían ni una coma de nuestra normativa”, bromea.

“El problema es que constantemente se añaden decretos a leyes vigentes que cambian una coma, una palabra y permiten adaptar la legislación a las necesidades de una empresa concreta”, describe. “Grupos vecinales o ecologistas lo denuncian y el caso se alarga entre 5 y 10 años. En muchas ocasiones ganan, pero cuando les dan la razón ya es tarde y la empresa ya ha intervenido en la zona”.

El Gobierno privatizó el terreno de Akbelen en el año 2014 y poco después, en 2021, lo adjudicó a la empresa YK Energy, un consorcio de Limak con el holding turco Içtas. Limak ha sido una de las constructoras del aeropuerto de Estambul, el más transitado de Europa; y de decenas de proyectos de puentes, pantanos y centrales eléctricas en Turquía y una decena de países. Limak es conocida como una de la “pandilla de los cinco”, en alusión al quinteto de holdings que se benefician de la mayoría de licitaciones públicas del país.

En las dos últimas décadas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido acusado de crear una red clientelista de empresas –dueñas de la mayoría de medios de comunicación– favorables a su partido a cambio de contratos a dedo. El manejo de algunas licitaciones ha llevado a Limak a juicio en varias ocasiones. El caso más sonado es de 2004, cuando fue demandada por malversar más de medio millón de euros falsificando contratos durante la construcción del edificio de la Guardia Presidencial.

“Ya saben cuánto cuesta una vida”

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado a la empresa por el impacto medioambiental de sus construcciones y por el elevado número de accidentes laborales que sufren sus trabajadores. “Limak es responsable de más de un centenar de muertes laborales. Es una empresa privada y todo se gestiona de forma interna con indemnizaciones. Ya saben cuánto cuesta una vida, una pierna, un brazo. Están seguros de que no habrá proceso penal contra ellos”, describe Odman.

Un caso reciente fue la participación de Limak en la construcción del aeropuerto de Estambul, en el que algunas informaciones señalan que han muerto hasta 400 trabajadores, aunque es difícil conocer la cifra real. Semanas antes de inaugurar el aeródromo, un grupo de trabajadores se manifestó para pedir condiciones más seguras de trabajo. Su concentración fue criminalizada por las autoridades y 24 trabajadores fueron detenidos.

La protesta contra la deforestación de Akbelen también fue criticada por las autoridades, en este caso por el propio presidente Erdogan. Llamó a los vecinos y activistas que intentan proteger el bosque “marginales con aspecto de ecologistas” y señaló que no entiende la reivindicación.

En un último intento de llamar la atención sobre su caso y concienciar a la población del impacto ambiental que se les viene encima, el comité de protección del bosque de Akbelen también ha querido recurrir al Barça. “Creemos que el Barça tiene el poder potencial de parar esta masacre ecológica porque indirectamente comparte responsabilidad de lo que ocurre con su trato con Limak”, explica a elDiario.es Berkay, miembro del partido de izquierda TIP, que organiza la protesta en Barcelona.

La licitación del club blaugrana al gigante turco no ha estado exenta de polémica. Limak no tiene experiencia en renovación de estadios de fútbol, una de las condiciones que exigía el Barça cuando sacó inicialmente la licitación. Se cree que la directiva de Laporta habría rebajado los criterios de la adjudicación para que entrara la empresa turca, que ofrecía un presupuesto más ajustado que el resto de candidaturas.

“Nos gustaría mostrar al público catalán y español la cara real de la empresa que va renovar el Camp Nou”, añade. Pese a que las obras de renovación del estadio empezaron hace un mes, los vecinos de Akbelen creen que el Barça aún está a tiempo de romper su trato con Limak y frenar el avance de la mina en la región. Esperan que el club blaugrana cumpla su lema de ser “més que un club”.  

Mientras el pequeño avión se balancea, sufre sacudidas y, de vez en cuando, cae al vacío por las turbulencias a baja altitud, Rodrigo Botero muestra las cicatrices de los esfuerzos fallidos de Colombia para detener el aumento de la deforestación en la selva amazónica en los últimos seis años. El ecologista levanta la voz a través del auricular de su radio y señala por la ventanilla los pastos uniformes y bien definidos que se han desbrozado para la ganadería.

El humo gris se eleva hacia el cielo desde las parcelas donde el acaparamiento de tierras está quemando la maleza, una imagen común después de que el acuerdo de paz de 2016 desencadenara una batalla campal en los bosques de Colombia.

“Hace un año, las columnas de humo eran tan grandes que ni siquiera podíamos respirar en la cabina”, recuerda Botero, que lidera un estudio aéreo de la selva amazónica colombiana y dirige la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Sin embargo, lo cierto es que para Botero es más difícil mostrar ejemplos de deforestación reciente. El veterano conservacionista tiene buenas noticias para una delegación de miembros del Gobierno noruego durante su visita a la zona: Colombia podría por fin estar cambiando el rumbo de la deforestación en la Amazonía. 

“Es realmente espectacular”, dice entusiasmado. “Es la mayor disminución de la deforestación y los incendios forestales en dos décadas”.

Las cifras del Gobierno muestran que la deforestación se está desacelerando, con una caída del 26% en la Amazonía colombiana el año pasado y del 29% en todo el país. Las autoridades afirman que las 50.000 hectáreas de bosque salvadas en 2022 son un primer resultado del que probablemente sea el primer proceso de paz de la historia que pone el medio ambiente en el centro.

Las consecuencias del acuerdo de paz

“Esto no ha hecho más que empezar”, dice a The Guardian la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante una visita al estado sureño de Guaviare. “Creo que Colombia puede [superar] la deforestación en el Amazonas y revertir la situación”.

Cuando el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, puso fin formalmente a seis décadas de conflicto interno en el que murieron 450.000 personas.

Sin embargo, cuando 7.000 guerrilleros de las Farc depusieron las armas, también se creó una nueva e inesperada víctima: los bosques del país. Otros grupos armados –incluidas facciones rebeldes disidentes que rechazaron el acuerdo– aprovecharon la ausencia de las Farc para arrasar cientos de hectáreas a la vez en vastos acaparamientos de tierras.

Los sucesivos gobiernos han tenido dificultades para reducir la deforestación, sobre todo en la Amazonía, a pesar de las extensas operaciones militares y la presión internacional.

“La consecuencia del proceso de paz ha sido un gran desastre medioambiental”, dice Muhamad, que fue activista ecologista.

El error, dicen los negociadores que participaron en el acuerdo de paz de 2016, fue percibir el medio ambiente como un posible beneficiario del acuerdo de paz, y no como un elemento clave del propio acuerdo.

“En retrospectiva, probablemente deberíamos haber hecho más hincapié en este aspecto en las primeras negociaciones”, dice a The Guardian Espen Barth Eide, ministro de Medio Ambiente de Noruega, durante un viaje a la frontera selvática de Colombia.

La “paz total” de Petro

Liderado por el primer presidente de izquierdas de su historia, Gustavo Petro, el Gobierno colombiano está probando un planteamiento nuevo.

Petro se ha comprometido a llevar la “paz total” al país a través del diálogo con los numerosos grupos armados que han surgido o se han reagrupado desde la disolución de las Farc.

Como parte de esas conversaciones, también quiere proteger el medio ambiente. “A diferencia del proceso de paz anterior, el medio ambiente estará en el centro de estos acuerdos de paz”, dice Muhamad.

El estado de Guaviare es el centro de una de las principales negociaciones de paz del Gobierno y un campo de batalla clave en los esfuerzos por salvar la Amazonía. La región constituye el final de las áridas llanuras colombianas –colonizadas casi en su totalidad por vastos ranchos ganaderos– y el comienzo de la selva amazónica, en gran parte virgen, que alberga miles de especies animales y varias tribus no contactadas.

Su densa selva salió en los medios de comunicación de todo el mundo hace poco, cuando cuatro niños sobrevivieron 40 días solos después de que su avión se estrellara en la selva.

Los expertos en medio ambiente afirman que la deforestación se ha frenado drásticamente por orden de una facción rebelde disidente –y autoridad de facto de la región– conocida como el Estado Mayor Central, o Comando Central (EMC). El grupo, compuesto por excombatientes de las Farc, ha ordenado a los agricultores locales que dejen de talar árboles como “gesto de paz”, con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno de Petro.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero la moratoria de la tala ha llenado de ilusión a defensores del medio ambiente como Botero. “No tiene precedentes”, dice. “Nunca habíamos vivido una situación así como primer paso en las negociaciones”.

El 8 de julio, el alto comisionado para la paz de Colombia anunció que las conversaciones informales estaban avanzando y que el Gobierno iniciará pronto negociaciones formales de paz con los rebeldes.

Llegar a un acuerdo con el EMC podría reducir rápidamente la deforestación de la Amazonía, ya que tiene el poder sobre vastas extensiones de selva en los estados de Guaviare, Caquetá y Putumayo, e incluso al otro lado de la frontera, en Venezuela.

Las autoridades gubernamentales ya están estudiando planes más ambiciosos para la recuperación de la selva, que incluyen pagos mensuales a los agricultores que no talen árboles y formación en la recolección de frutos amazónicos.

Para intentar afianzar los logros medioambientales, Muhamad está visitando regiones remotas como el Guaviare, ignoradas en gran medida por los anteriores gobiernos.

“Discúlpenos por nuestro entusiasmo y hablar tanto, pero nunca habíamos tenido una oportunidad como esta”, dice un líder comunitario tres horas después de una reunión pública a la que asisten Muhamad y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Normalmente vienen, se hacen unas cuantas fotos y se van”.

Los participantes en las negociaciones afirman que entre los campesinos sentados en sillas de plástico bajo un calor pegajoso hay informantes del EMC.

Barth afirma que es motivo de optimismo que la prohibición de la deforestación no haya sido impuesta a los grupos armados por el Gobierno. Más bien, la idea surgió de ellos, señal de que las facciones enfrentadas, al igual que las comunidades locales, comprenden cada vez mejor la necesidad de proteger la biodiversidad local.

“Lo que estoy oyendo, viendo y sintiendo en estas reuniones es que hay una mayor conciencia de que no se puede construir una nueva Colombia sobre la base de un mayor deterioro de la naturaleza, por lo que hay que encontrar un proceso económico, social, político e inclusivo que sea más respetuoso con la naturaleza que antes”, dice Barth.

Pero el EMC no es el único actor que lucha por el campo colombiano. Entre ellos hay cinco grupos armados y 20 bandas que cuentan con unos 15.000 combatientes, según el Gobierno.

Un plan difícil

Los analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que todos los grupos estén realmente interesados en abandonar sus actividades delictivas en favor de la paz.

“Es como una partida de ajedrez que se juega en varios tableros a la vez, cada uno con su propia complejidad”, dice Diego Alejandro Restrepo, del think tank para la construcción de la paz Pares, con sede en Bogotá.

En mayo, el Gobierno suspendió el alto el fuego con el Clan del Golfo porque, según Petro, el mayor cartel del narcotráfico colombiano seguía “sembrando zozobra y terror”.

A medida que el avión se adentra en el Amazonas, se hace evidente la dificultad del plan de “paz total” de Colombia.

A unos 10 kilómetros del límite del parque nacional de Chiribiquete, un inmaculado paisaje montañoso parecido a los mundos imaginarios de Avatar, aparecen de repente claros de cientos de hectáreas.

Aunque el EMC ha ordenado públicamente a los campesinos que dejen de talar árboles, parece que ha seguido recibiendo discretamente dinero de los grupos mafiosos para acaparar tierras y criar ganado.

“Tenemos que vigilar esto de cerca”, dice Botero. “No puede ser que los campesinos no quemen, ni desbrocen, ni nada de nada, mientras estos grandes latifundios siguen creciendo”.

Traducción de Emma Reverter.

Jacqueline Nanungo estaba recogiendo habas en su terreno el pasado mes de junio en Mparangasi, al oeste de Uganda, cuando escuchó un ruido y se asustó. Al ver a tres chimpancés acercándose, corrió a coger en brazos a su bebé de siete meses, Richard Keswa. Su movimiento los alteró, golpearon el suelo y la tumbaron de un empujón. Ella se puso a gritar pidiendo auxilio, pero fue peor. Una chimpancé hembra, asustada, intentó coger al bebé, pero le arañó con sus uñas en la cabeza y le mató.

Keswa era el más pequeño de sus cuatro hijos con su marido, Fred Batin, quien a sus 23 años se sienta en su pequeña casa en silencio mientras su padre, James Klochukuru, cuenta cómo murió su nieto. Los hombres de la familia llevan la voz cantante. En una sociedad heteropatriarcal como la ugandesa no es extraño, pero también es así por el conflicto que generó la muerte del bebé entre ambas familias. “Hubo malentendidos entre ambas familias. Ella todavía sufre dolores en su hombro y espalda de la caída”, explica Klochukuru sobre su nuera, que no se deja ver en ningún momento.

“Los chimpancés cada vez vienen más a nuestros hogares y tememos por nuestros niños”, añade Batin. La muerte del pequeño Richard no ha sido la primera ni la última ocasionada por el creciente conflicto entre humanos y primates en las zonas rurales del oeste de Uganda. En el primer semestre de 2022, cuatro niños fallecieron en ataques de chimpancés. Aunque no hay datos oficiales de muertes, los ataques han incrementado en los últimos años, según cuentan conservacionistas locales.

“Los conflictos entre humanos y primates han aumentado en los últimos 12 años”, asegura el Dr. Joshua Rukundo, veterinario y director ejecutivo de la organización de conservación Chimpanzee Trust. “Además, sólo se cuentan las muertes si el que fallece es un humano, no si es un chimpancé”, critica. En esos mismos seis meses de 2022 murieron 15 chimpancés, diez de ellos envenenados por locales.

La deforestación, principal causa

La deforestación es la principal causa del aumento de conflictos entre humanos y chimpancés. El oeste de Uganda tenía una de las zonas tropicales más frondosas del continente, con una masa boscosa continua entre lo que hoy son los bosques de Budongo y Bugoma. En todo el país viven unos 5.000 chimpancés, con alrededor de 600 de ellos solo en Bugoma.

La tala de árboles para obtener carbón vegetal para cocinar, el incremento de población y la llegada de las industrias multinacionales extractivas han ido reduciendo los hogares de los chimpancés, quienes se ven forzados a coexistir con los humanos.

En los primeros veinte años del siglo XX, Uganda perdió un total de 1,05 millones de héctareas, el 23% del total de su masa forestal. Budongo y Bugoma fueron de las zonas más afectadas, perdiendo un 3,3% de masa forestal cada año. “La región ha atraído a muchas personas por la fertilidad de las tierras”, asegura el Dr. Rukundo. En 2002 vivían poco más de seis millones de personas en la región occidental y 20 años más tarde ya eran más de 10,5 millones de habitantes. “Esta gente es más emprendedora y vendieron sus tierras a grandes corporaciones de azúcar, tabaco, arroz y maíz. Estas les ofrecieron maquinaria a los campesinos y despejaron grandes extensiones de terreno”, añade el conservacionista.

En octubre de 2022, la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda ordenó a la corporación Hoima Sugar Company a reponer los 57 kilómetros cuadrados de terreno que habían talado en el bosque de Bugoma al tener actividad ilegal en dos de sus terceras partes.

El desarrollo de otros proyectos extractivos como el Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), liderado por la empresa francesa Total Energies, amenaza con reducir el área de los chimpancés. La tubería pasará cerca del bosque de Budongo y cruzará entre los bosques de Bugoma, Wambabya e Itohya, cortando el paso entre ellos. En este último pequeño bosque vive una comunidad de unos 60 chimpancés.

Los chimpancés machos se quedan en sus comunidades toda su vida, pero las hembras migran entre comunidades, pudiendo recorrer hasta 100 kilómetros. Al hacerlo, aseguran el intercambio genético que hace posible su supervivencia, algo vital en peligro con el desarrollo industrial y el freno de los corredores, según explican los conservacionistas.

“Es difícil frenar el desarrollo. Va a ocurrir y los chimpancés se verán afectados, así que debemos centrarnos en cómo minimizar ese impacto”, asegura el Dr. Rukundo. Es por ello que el siguiente paso es conocer más sobre los chimpancés para poder cohabitar en paz.

Aprender a convivir

Cuando Batin vio a su bebé muerto, no decidió tomarse la venganza por su propia mano. “Los chimpancés son una parte importante para el Gobierno, por lo que si los atacamos sería peor”, dice.

Los chimpancés son una fuente de ingresos. En 2018 –último año con datos pre-pandemia–, Uganda ingresó 1,3 mil millones de euros por turismo en un sector en el que las rutas para observar a chimpancés cada vez son más demandadas.

Desde asociaciones como Chimpanzee Trust buscan educar a la población local sobre el comportamiento de los chimpancés. Entre otras cosas, enseñan que tienen comportamientos similares a los humanos al compartir un 98% del ADN y que son las hembras quienes suelen coger a los bebés y niños pequeños si los ven solos por un instinto maternal de protección. Estos suelen morir al no poder agarrarse como un primate a la espalda y caer al suelo. También pueden fallecer cuando son agarrados demasiado fuerte por las chimpancés.

Es por ello que la mayoría de muertes son de niños pequeños, por lo que educarlos desde bien pequeños es vital. “Enseñamos a los niños cómo deben responder cuando ven a los chimpancés, a cómo leer la naturaleza y cómo reaccionar”, explica el Dr. Rukundo.

Cómo actuar

Uno de los programas es una obra de teatro que ha triunfado en los colegios y ahora se emite en la radio local. “Hicimos una serie sobre cómo se destruía el bosque y a partir de ahí hablamos de la convivencia con animales. ¿Cómo coexistimos? Los niños están acostumbrados a ver chimpancés, no son niños de ciudad”, dice la maestra Lucy Muhuruzi, que lidera este programa. “Los niños más pequeños son fáciles, ese es el deber con la educación primaria, pero la mayoría de los padres son irresponsables”, añade.

Ahora, no se trabaja solo con los niños. Con ayuda de financiación externa, han creado asociaciones de agricultores para ayudarles a plantar cultivos que son mejores para el medio ambiente y menos atractivos para los chimpancés como las patatas, cebollas, soja o jengibre. “Antes solíamos plantar maíz, yaca, mandioca y plátanos”, dice Robert Kyaligonza, que preside la Asociación de Conflicto entre Humanos y Fauna de Munteme. “Ahora sabemos lo que hay y lo que no hay que hacer, lo que los chimpancés quieren y lo que no. Hemos aprendido a manejarnos con ellos sin conflicto”, asegura.

Margaret Nakyanzi es una de las agricultoras que forman parte de la organización que se ha beneficiado de los cursos y financiación de la asociación para poder cambiar los usos de sus tierras. Ahora planta patatas en lugar de mandioca y asegura que ahora los chimpancés si vienen remueven la tierra pero no se llevan el cultivo. “Al vecino sí que entran más porque tiene maíz, pero a mi terreno cada vez entran menos”, dice Nakyanzi, que asegura que solía verlos unas tres veces por semana.

El cambio climático lo complica

A pesar de los esfuerzos por educar, el cambio climático dificulta todavía más la coexistencia. “Antes a mitad de julio cultivábamos pero ahora lo hacemos como mínimo en agosto. Los ríos solían tener mucha agua pero esta se ha reducido”, dice Kyaligonza. Ante la falta de agua, los chimpancés se acercan a los pozos donde cogen agua los humanos para poder beber.

Más allá del conflicto, esto genera el temor a la aparición de nuevas enfermedades transmitidas por chimpancés a humanos como el ébola o el VIH, originarias en primates. Un 75% de las enfermedades infecciosas provienen de animales, y ante la falta de salubridad en entornos rurales como el del oeste de Uganda, las probabilidades aumentan. “Hay personas que tocan o pisan las heces de los chimpancés, vuelven a las comunidades y no tienen medidas de higiene en sus casas, provocando enfermedades. Creo firmemente que hay infecciones que se están cogiendo de animales”, asegura el Dr. Rukundo, quien afirma que no se documentan porque los servicios médicos y las investigaciones clínicas son muy pobres. El problema no es solo para los humanos, sino también al revés. “Los chimpancés no tienen inmunidad natural y se ponen muy malos en la temporada de gripe”, añade el veterinario.

Batin dice que las enseñanzas de las formaciones permiten que le tenga menos miedo a los chimpancés, pero aún así planean vender el terreno donde falleció su bebé. Por más que aprenda a no atacarlos y coexistir con ellos, hay algo que no logra borrar: “El dolor. La verdad es que todavía sentimos ese dolor”.

Horas después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta electoral, Noruega y Alemania anunciaron la reactivación de las inversiones del Fondo Amazonia. Los aportes de esta institución, dedicada al cuidado ambiental, habían quedado suspendidos de manera indefinida después del primer año de gestión de Jair Bolsonaro. “Noruega espera revitalizar la amplia asociación climática y forestal con Brasil”, anunció el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, el lunes siguiente a la segunda vuelta electoral.

La decisión de Noruega tiene una explicación. Durante el primer mandato de Lula, Brasil inauguró un plan para el control de la deforestación en la Amazonia Legal, es decir, el área integrada por nueve estados brasileños y que abarca casi el 60% del territorio. El programa creado por decreto presidencial en 2003 unió a 13 ministerios para combatir la deforestación y los delitos ambientales. “La innovación consistió en crear 'unidades de conservación', para impulsar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por las comunidades tradicionales que viven en la zona”, explica Claudia Gaigher, periodista especializada en medioambiente y desarrollo social sostenible y autora del libro 'Diario de una reportera en el Pantanal'.

Una década después de la llegada de Lula al poder, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró la tasa de deforestación más baja en la historia de la Amazonia. La ministra de Medio Ambiente de ese momento, Izabella Teixeira, llegó a decir con optimismo que la deforestación había pasado de un pico en de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 a 6.418 en 2012.

Después de cuatro años de Bolsonaro, el regreso de Lula inaugura un nuevo momento en la política medioambiental del país. El desafío será recuperar los años perdidos y ampliar los límites de los tres mandatos anteriores del Partido de los Trabajadores (PT). “La señal es de esperanza e ilusión para los activistas medioambientales. Es un reinicio de la política medioambiental en un sentido amplio. También del papel de liderazgo que el país siempre ha desempeñado en este ámbito a nivel internacional”, dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil.

El nuevo presidente de Brasil sabe de símbolos. Por eso eligió que su primera visita al exterior como presidente electo fuera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre pasado. En la COP27 de Egipto, Lula selló su compromiso con los pueblos indígenas, los activistas ambientalistas y los distintos actores internacionales. En ese sentido, el nuevo presidente ha cumplido con su promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará dirigido por la líder indígena Sonia Guajajara.

El líder del PT sabe que una política activa en la lucha contra el cambio climático también es una manera de que Brasil recupere protagonismo en el mundo. “Para Lula, el medioambiente será el tema clave para restaurar la reputación de Brasil en la escena internacional”, dice Hayley Stevenson, directora de los posgrados en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de 'Global Environmental Politics'. Lula sabe que Brasil es una parte esencial para resolver la crisis climática planetaria.

Recuperar la confianza

“Brasil ha vuelto”. Estas tres palabras salieron de la boca de Lula, más de una vez, en el discurso ante decenas de seguidores en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, en noviembre pasado. La seguridad de las Naciones Unidas debió cerrar las puertas de una sala repleta de gente que esperaba escuchar al próximo presidente de Brasil.

Las expectativas son altas después de los años de un presidente que negaba el cambio climático como era Jair Bolsonaro. El antiguo líder de Brasil llegó a la presidencia con la promesa de eliminar varias normas ambientales que se consideraban un freno al desarrollo. “Debilitó el Ministerio del Medio Ambiente, cortó su presupuesto, nombró un ministro con una agenda anti-ambientalista y transfirió la autoridad para monitorear la deforestación al Ministerio de Agricultura. Se eliminaron muchas regulaciones ambientales y se dejó de aplicar el sistema de multas para la violación de normas ambientales”, enumera Stevenson.

Pero Bolsonaro intentó en campaña revertir desde el discurso los malos años de gestión. “Durante el Gobierno de Lula se deforestó el doble que en el mío”, le dijo Bolsonaro al candidato del PT en un debate presidencial en octubre pasado. Bolsonaro le pidió a la audiencia que hicieran una búsqueda en Internet. “Busque: 'deforestación de 2003 a 2006', en los cuatro años de Gobierno de Lula. Luego busque 'deforestación de 2019 a 2022'”, desafió el entonces presidente.

Para el que quiera hacer el intento, la curva es clara: Lula llegó al Gobierno en 2003 con más de 25.000 kilómetros cuadrados de deforestación, que consiguió bajar de manera progresiva cada año, hasta llegar a los 4.500 kilómetros cuadrados en 2012, un récord histórico. Esa misma curva repuntó con fuerza a partir del 2019, cuando Bolsonaro llegó al Gobierno: arrancó ese año con 7.536 y terminó con 11.568 kilómetros cuadrados de deforestación, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

“El mayor logro de los gobiernos del PT ha sido la reducción de la deforestación en la Amazonia en un 83% entre 2004 y 2012. Luego comenzó a aumentar un poco, pero siempre lejos de la tragedia que resultó el Gobierno de Bolsonaro”, explica Araújo. En los últimos cuatro años, Bolsonaro priorizó el negocio extractivista a la política ambiental y negó la amenaza climática. Para la especialista en políticas ambientales, ha sido incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente el que defendió en el Congreso una agenda que implicó un retroceso en la legislación ambiental. Bolsonaro no sólo niega el cambio climático, según Araújo: tampoco acepta la política ambiental o “mantener el bosque en pie”.

El incremento de la deforestación en la Amazonia Legal superó los 12.200 kilómetros cuadrados en 2022 mientras que en 2012 no llegaba a los 5.000 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital de deforestación. La Amazonia contiene casi el 30% de las especies conocidas de la flora y de la fauna del planeta en sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Su preservación es crucial no solo para Brasil sino para el equilibrio ambiental en el mundo.

Felipe Milanez, profesor en la Universidad Federal de Bahía y coordinador del grupo de trabajo de Ecología Política en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, va un paso más allá. Para Milanez, Bolsonaro se ha asociado con el crimen organizado que extrae recursos de la Amazonía. “Bolsonaro se ha asociado con las milicias que operan en la extracción de la minería de oro ilegal, que llamamos en Brasil garimpeiro. También con las organizaciones de tala ilegal, las mismas milicias que han matado al indigenista brasileño Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillps en la Amazonia. Bolsonaro ha intensificado el crimen extractivista en asociación con el Estado”, dice Milanez.

La distancia entre los años de gestión de Bolsonaro con Lula son abismales. En su primer mandato, Lula nombró a Marina Silva para el Ministerio de Medio Ambiente, que creó grupos de trabajo entre la sociedad local, las instituciones públicas y los representantes empresariales para pensar proyectos relacionados con el medioambiente. Después de 20 años, Marina Silva vuelve a ser la ministra de Medio Ambiente de Brasil. El anuncio de la designación de Silva, histórica rival electoral de Lula, se considera una muestra de la política de acuerdo amplio del nuevo presidente.

Pero el camino no es sencillo para el nuevo Gobierno. “No será fácil reconstruir las instituciones para investigar los canales de la economía ilegal, promocionada en los últimos seis años, incluso antes de Bolsonaro pero intensificada por él. Ese es un gran desafío del próximo Gobierno y de la sociedad brasileña en general, que es de una cierta manera, recuperar un control del Estado de derecho en el país”, dice Milanez.

Más allá de Lula

Pero además de revertir la gestión de Bolsonaro, el nuevo Gobierno tendrá el reto del crecimiento económico. “Los años de Lula han mostrado una política medioambiental con las contradicciones propias de un país agro-minero extractivista. Lula gestionaba en plena superabundancia de la explotación de las materias primas”, dice Milanez.

Para Suely Araújo, el Gobierno de Lula tuvo logros importantes en temas vinculados al medioambiente, pero también generó controversias en ciertas decisiones. “El anterior Gobierno del PT ha dejado marcas fuertes en el despliegue de una visión desarrollista que terminó por priorizar el desarrollo económico en lugar de la protección del medioambiente”, dice la especialista, quien recuerda la construcción de la represa de Belo Monte, una central hidroeléctrica ubicada en el estado de Pará, un proyecto muy cuestionado por el impacto social y ambiental negativo que provocó.

De la llegada de Lula en 2003 al 2023 han pasado dos décadas. Por eso algunos analistas perciben un proceso de aprendizaje del presidente en los reclamos medioambientales. “Estoy segura de que el presidente trabajará duro para ello, porque de ello depende parte de su Gobierno, está apostando políticamente por la cuestión climática”, dice Araújo.

El medioambiente como puerta al mundo

En la apertura de la última cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Al Gore, el exvicepresidente de Estados Unidos y activista contra el cambio climático, mencionó a Lula da Silva: “El pueblo brasileño optó, hace unos días, por dejar de destruir la Amazonia”.

La vuelta del PT es vista, no solo puertas adentro sino a nivel internacional, como un respiro para el medioambiente. También como un modo de regreso de Brasil al mundo, después de cuatro años de aislamiento.

“En el Gobierno de Bolsonaro, el país pasó a ser tratado como una especie de paria. En las reuniones, Bolsonaro usaba al medioambiente casi como un chantaje: 'Si no me das recursos, degradaré el bosque'. Y esto tuvo repercusiones muy negativas en el ámbito diplomático. Brasil se convirtió en una especie de paria”, dice Suely Araújo.

Durante el primer año del mandato de Bolsonaro, la comunidad internacional quedó horrorizada por las imágenes del Amazonas en llamas. “Todos los años hay incendios, pero en 2019 vimos el número más elevado en 10 años. En el contexto de impunidad que caracterizó el mandato de Bolsonaro, no fue sorprendente pero sí muy preocupante dado la importancia que el Amazonas tiene para absorber el dióxido de carbono y regular los sistemas climáticos”, dice Stevenson.

En los años del PT, Brasil mantuvo una postura activa en las negociaciones climáticas internacionales. “En el escenario internacional, podemos esperar una postura mucho más cooperativa y proactiva bajo el mandato de Lula, pero esto no significa que sea fácil restaurar todas las protecciones perdidas bajo Bolsonaro. Hay fuertes intereses en expandir la industria agrícola a costa de la conservación ambiental”, dice Stevenson.