El Ayuntamiento de Santander ha requerido a Delegación de Gobierno para que “despeje” la zona de la Plaza Porticada donde está la acampada por el derecho a la vivienda argumentando que va a poner una instalación de Halloween como todos los años por estas fechas.

Las cerca de 30 tiendas de campaña permanecen en la plaza desde el 28 de septiembre y, en sintonía con las movilizaciones nacionales, estaba previsto mantener la protesta ciudadana hasta la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

La Policía Local de Santander ha identificado en tres ocasiones a los participantes en la acampada bajo la amenaza de multarles por ocupar espacio público, aunque los afectados no han recibido todavía ninguna sanción. La propia alcaldesa, Gema Igual, les acusó de estar “privatizando un espacio público” con sus tiendas de campaña.

El Consistorio dice que la Concejalía de Dinamización “lleva meses trabajando en la celebración del tradicional pasadizo” que está previsto comenzar a montar este viernes 16 de octubre. El Ayuntamiento ha pedido que se 'despeje la zona' sin aludir expresamente a la acampada, aunque es evidente que 'despejar' la plaza se refiere a levantar las tiendas que actualmente ocupan una pequeña parte de la plaza, en una de sus esquinas.

En este sentido, dice estar “sorprendido” porque desde Delegación “no se haya puesto impedimento a una concentración durante 24 días seguidos las 24 horas del día en la plaza en la que se festeja Halloween desde hace años”. “En la que La Pera lleva meses trabajado y cuyo pasaje es de fabricación artesanal y diferente para cada año, y que requiere unos plazos de montaje amplios”, añade.

Según el Ayuntamiento, el pasado lunes 5 de octubre comunicó por escrito a Delegación de Gobierno que, como en años anteriores, estaba previsto el montaje de Halloween en la plaza Porticada. Dos días más tarde, la institución que representa el socialista Pedro Casares envió al Ayuntamiento la comunicación de la Confederación Estatal de Sindicatos de Estudiantes en la que se anunciaba una concentración en la plaza Porticada las 24 horas del día durante 24 días.

Tras ello, el día 9 de octubre, Policía Local comunicó telefónicamente a Delegación “la inconveniencia de autorizarlo en ese lugar por la necesidad de comenzar el día 16 a montar el pasadizo de Halloween”.

Según asegura el Ayuntamiento en un comunidado, Delegación de Gobierno comunicó al consistorio “que no se había puesto ningún límite temporal o espacial a la concentración, tal y como el ayuntamiento le había pedido”.

Por este motivo, la concejalía de Dinamización ha solicitado hoy “que se despeje la zona de la plaza en que desde hace años se lleva a cabo esta actividad que congrega a miles de familias de santanderinos y evitar así que no se celebre una de las iniciativas con más éxito de la programación de ocio de la ciudad”.

“¿Cómo van a borrar un barrio?”, pregunta Jesús con incredulidad. Rucandial se ha convertido en el epicentro político y social de Cantabria desde que se desveló que un constructor, con el apoyo del Gobierno de Cantabria (PP), va a expropiar 35 casas para recalificar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo rústico y levantar un macrocomplejo inmobiliario de 8.000 pisos, hostelería y una Ciudad de la justicia en Santander. “El culpable es quien se lo autorice”, señala, “porque esto no es una expropiación para hacer una carretera ni un carril bici, esto es un negocio”.

Rucandial es un barrio en pie de guerra para defender sus casas. El drama de la anunciada expropiación ya tiene un nombre propio: María Jesús, con sus 84 años. “Voy para 85” matiza. Una mujer que llegó al barrio desde su Peñacastillo natal hace 57 años, cuando se casó. Junto a su marido, fallecido hace 28 años, construyó la casa que habita con sus propias manos. En la planta de abajo vive una de sus hijas. Otra sigue con ella en la vivienda de arriba. La casa con terreno, por donde corretea un perro blanco y gris de pelo rizado, está cerca del pequeño parque infantil del barrio. Sobre la fachada una pancarta: 'Aquí vive María Jesús, 84 años. Casa hecha por ella y su marido“. ”Ahora se la tiran, ¿queréis otra Maricarmen?“ interroga el lienzo blanco.

Pero en cada casa hay una historia. Álbumes de fotografías cargadas de recuerdos. Detrás de cada puerta hay una memoria sentimental. Una casa es algo más que cuatro paredes, es un hogar. Las seis generaciones familiares de Andrea, la hipoteca que sigue pagando Jesús, la vivienda que compró hace dos meses con todo su entusiasmo una pareja joven con un niño pequeño, las casas de Pulito, Maxi, Rafa, Jesús, Ana, Mariano y Magdalena. La del abuelo de Ángela o la de Luis, completamente reformada. De repente, ya no valen nada con la setencia de muerte del PSIR.

María Jesús es la propietaria de su casa de dos pisos y un terreno alrededor donde la altura y la envergadura de los árboles dan testimonio del paso del tiempo. Al fondo, un sauce llorón parece acariciar la hierba perfectamente recortada. Ella llega bien abrigada al parque para reunirse con los vecinos y hablar con elDiario.es, arropada por sus cuatro hijos y el resto de su familia. Sacan un cojín para que se siente más cómodamente en el banco de madera.

Es otoño en Santander y la tarde azul hace brillar el verde de los 'praos' -en el habla local- que rodean el barrio a las afueras de Santander. Alrededor, todo es silencio. Al fondo, la urbanización de chalés de Soto de la Marina, que ya tiene algunas décadas y que está fuera de la línea roja del PSIR, el Plan Singular de Interés Regional que ha anunciado el Gobierno de Cantabria para recalificar ocho kilómetros de terrenos rústicos, en su mayoría propiedad de Real de Piasca, que lleva veinte años intentando sacar adelante esta operación inmobiliaria.

“Yo no me marcho, me tiran la casa encima”

En Rucandial todavía se escucha cantar a los pajaros por la mañana. Al lado del parque suena el murmullo del manantial que abastece al antiguo lavadero de piedra donde María Jesús hacia la colada y recogía el agua de la fuente, porque entonces el barrio no tenía ni luz ni saneamiento.

Aquí no había nada. “Todos los vecinos tenían vacas, además de su trabajo de jornal”, revive. Dice que aprendió a ordeñar de casada y que aquellos días empezaban en la cuadra a las seis de la mañana y después seguían con la casa y la crianza de cuatro hijos.

“Si me tiran la casa me muero, y que echen la culpa a Sánchez”, ironiza. Ella -que está muy pendiente de la actualidad informativa- se enteró el domingo por la mañana. Se lo dijo su yerno. “Hemos estado abandonados de todo, no hace tanto estábamos sin autobús, que había que bajar a San Román o Peñacastillo, y ahora nos hacen caso para esto”, protesta.

“Yo no me marcho, me tiran la casa encima”, la Maricarmen de Rucandial se parece más a Amparo, la mujer que murió en el hospital mientras el Ayuntamiento derribaba su casa, también expropiada para hacer un vial en la zona de Las Llamas de Santander hace once años.

Los vecinos dicen que María Jesús es una gran cocinera y que hace una leche frita de primera. “Hacía”, sonríe ella. Parece mucho más preocupada por los movimientos de la promotora. “A 40 euros el metro cuadrado están ofreciendo”, dice.

La mujer pone el acento en ese contorno irregular del PSIR, algunas de las propiedades que esquiva con un requiebro esa línea roja que supone el derribo. “Mucho elegido, los huecos del plano que no se tiran son de los ricos del pueblo”, espeta. “No habrán querido decir que van ahora con todo”, apunta otro propietario.

Un barrio construido por los propios vecinos

“Aquí casi todos hemos nacido en casa, cuando no había costumbre de ir al hospital” -explica otra vecina- “y también queremos morirnos aquí, en nuestras casas”. Rafa y Ana son hermanos, él vive en la casa de sus padres y ella en la que se hizo al lado. Una tiene 40 años y la otra 20. Rafa recuerda cómo era la vida en el barrio. Las coladas blancas en el lavadero y el trabajo del campo. Las vacas en el prao.

Cuando María Jesús y su marido se casaron, hace casi seis décadas, no había nada. El barrio lo construyeron los vecinos, con sus propias manos. En los años 70, el entonces alcalde Juan Hormaechea les dijo: no hay dinero para hacer las obras pero puedo compraros los materiales.

Así se hizo y los vecinos durante año y medio estuvieron haciendo las zanjas para el saneamiento, colocando las tuberías para que saliera agua de los grifos y metiendo los cables de la luz, porque Rucandial estaba aislado y a oscuras.

Una vecina recuerda que cuando fue a dar a luz estaba todo el pueblo en obras y tuvo que ir saltando por los praos con las contracciones del parto para poder llegar al hospital.

A Rafa también le preocupa qué va a pasar con el encinar de más de 200 años de Corbán, cerca del seminario. No vaya a ser que el proyecto 'Bosques de Cantabria' las quite para plantar algunos otros árboles jóvenes. “Uno de los tres plátanos más importantes de la ciudad, que nunca ha sufrido una poda, está allí y lo pasan por en medio”, advierte con notable preocupación e interés por el ecosistema de la zona.

A la vez, reconoce que el daño psíquico a los vecinos es irreparable. “La mejor política social es hacer feliz a la gente y aquí va a haber daños irreversibles”. Por eso lanza un ruego: que no lleven a la gente a la desesperación “porque entonces el raciocinio ya no existe”, advierte.

“Es vergonzoso que te tengas que enterar por un vecino”

Pulito no se enteró hasta al día siguiente. Fue el único del barrio que llegó tarde a la noticia. “Es vergonzoso que te tengas que enterar porque te lo dice un vecino y no el Ayuntamiento o el Gobierno”, reprocha. “Nadie de ese barrio ha puesto la casa venta”, afirma.

En la conversación, Jesús explica que todavía está pagando la hipoteca de “una casuca vieja, un poco arreglada” con un pequeño terreno que compró hace cinco años, cuando se vino a Rucandial desde Peñacastillo. Justo ahora que se acaba de jubilar y se quebrado el sueño de tener una vida tranquila. “Parece mentira que nos traten así a los ciudadanos” -protesta- “¿Esto es un gobierno? aquí no mandan los políticos, manda el constructor”.

“Encima quieren cambiarnos de municipio porque la localización de los pisos que nos ofrecen no es la misma. Yo soy vecino de Santander, no entiendo que me puedan cambiar a Bezana”, protesta Manuel. Maxi añade que les van a quitar su casa y el terreno “desde dónde vemos el mar y los Picos de Europa para meternos ahí abajo en un agujero”, dice mientras señala las parcelas donde en teoría se ubicarán las nuevas construcciones.

Ángela se presenta como la nieta del Paloma, 'el dedos'. “Yo todos los días paraba a hablar con tu abuelo”, recuerda Manuel. Ella y Andrea son algunas de las jóvenes que estan decididas a luchar por las casas familiares donde se han criado varias generaciones. “Estamos en rojo, familias de toda la vida”, suspira otra voz. “No han contado con el factor del arraigo familiar”, interveniene otro joven.

Recuperar la esencia de barrio “cargándose el nuestro”

Una de las cuestiones que más irrita a los vecinos es que el proyecto 'Bosques de Cantabria' pretende recuperar la esencia del barrio “cargándose uno, el nuestro”, afea Luis. De hecho, la propia tipología de las casas, alejada de la uniformidad estética de las urbanizaciones más modernas, precisamente le confiere esa esencia. Con la diferencia que no es una recreación, sino que es auténtico.

Otra de las múltiples dudas que despierta la operación inmobiliaria para construir 8.000 pisos en Santander es que esta zona está en la línea de influencia del aeropuerto -es una área de servidumbre aeronáutica- y los vecinos han tenido que pedir permisos hasta para elevar un poco sus tejados. ¿Cómo es posible entonces que se vaya a hacer un rascacielos y torres de pisos?, se preguntan.

Algunos vecinos no es la primera vez que se enfrentan a una expropiación. “A mi me llevaron un buen terreno para hacer la carretera y la acera, pero qué vas a hacer, es para el bien común. Esto otro, no”, apostilla una de las vecinas desde la puerta de su casa, en la calle donde para el autobús. “Primero lo del PCTCAN y ahora ésto, ya me llevaron terreno para ensanchar la carretera”, cuenta otra afectada que también se quedara sin casa.

Por su parte, Magdalena lleva años pidiendo que pongan un badén delante de su casa para frenar a los coches que pasan a mucha velocidad. “He bajado cuatro veces al Ayuntamiento de Santander, he estado con los concejales de barrios, de urbanismo”, cuenta. Acabaron por decirl que ya habían puesto muchos en otras zonas y que los conductores de los autobuses municipales se quejaban de que se les resiente la espalda cuando pasan por los badenes. “En los badenes no hay para repartir, pero en esto sí. Esa es la diferencia”, zanja otro vecino que escucha a su lado.

“Aquí no ponen ni un árbol de Navidad y ahora vienen con ésto, ahora se acuerdan de nosotros para hacer la Ciudad de la Justicia, ¿dónde está la justicia?”, pregunta Jesús.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha señalado que las obras de drenaje anunciadas para mejorar la capacidad de captación y conducción del agua en episodios de lluvias intensas y prevenir inundaciones en diversos puntos de la ciudad “no están finalizadas”.

Así lo ha manifestado Igual este jueves a preguntas de la prensa, después de que el PSOE reclamara explicaciones al equipo de Gobierno por las inundaciones registradas este miércoles en la ciudad y cuestionara la eficacia de las actuaciones desarrolladas para mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales.

La regidora ha detallado que estos trabajos ya se han ejecutado en la parte de la Plaza del Ayuntamiento, en la que se instaló una rejilla transversal de drenaje, y donde este miércoles hubo un “mayor desagüe” y “secó más pronto” que con anterioridad.

No obstante, ha indicado que las cuencas están “interconectadas” y toda la lluvia procedente de la Plaza Numancia y de la calle Burgos, donde todavía no se ha intervenido, llegó a la Ayuntamiento.

En este sentido, Igual ha avanzado que la siguiente actuación es empezar la zona de Numancia y de la calle Burgos, por la parte de la calle Vargas, lo que contribuirá a que no se acumule agua en la Plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que, dentro de este proyecto, la obra de Santiago el Mayor se inició el pasado lunes y, posteriormente, se actuará en la rotonda de Valdecilla y Joaquín Costa.

De esta forma, la alcaldesa ha aseverado que estos proyectos, que ya están aprobados en la Junta de Gobierno Local y que serán ejecutados por Aqualia con cargo al canon anual, forman parte de “la solución técnica” para que no vuelvan a suceder episodios “puntuales” como el de ayer, en el que hubo unas lluvias “cuantiosas” que provocaron acumulaciones de agua en diversos puntos.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha informado de que el proyecto para la rehabilitación del Mercado de México está “a la espera”, después de que la empresa concesionaria haya trasladado al Ayuntamiento, “de manera verbal”, que las obras a ejecutar han sufrido un “sobrecoste” sobre lo inicialmente previsto por “el coste de la vida y con la situación del mercado”.

La regidora ha señalado este jueves que el concejal del área, Álvaro Lavín, ya ha trasladado a los comerciantes la comunicación de la concesionaria -López Real 09- y, a partir de ahora, se tendrá que ver si ésta decide asumir dicho sobrecoste y continuar la obra, o se tendrán que buscar “otras soluciones”.

En el caso de que la empresa renuncie a llevar a cabo el proyecto, que incluye la instalación de un supermercado de Mercadona, Igual ha indicado que existen “varias opciones” que se abordarán y decidirán “en su momento”, junto a los propios comerciantes.

Entre ellas, ha citado la posibilidad de volver a sacar un concurso público, si este se queda sin efecto, o que el propio Consistorio acometa la rehabilitación del Mercado de México.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la presentación del anteproyecto de Presupuestos de Santander para 2027.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el borrador del proyecto de Presupuestos de Santander para 2027, que se eleva hasta los 284,7 millones de euros, lo que supone un 7% más (19,7 millones) que las cuentas del presente ejercicio.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este jueves en rueda de prensa, en la que no ha podido valorar las cuentas elaboradas por el equipo de Gobierno (PP) debido a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre.

No obstante, a preguntas de la prensa, ha reconocido que el Presupuesto de Santander de 2027 incluye proyectos como el aparcamiento de La Marga y el aparcamiento disuasorio con recinto ferial para las Fiestas de Santiago, que se ubicará en la zona de la S-20, junto al campo de fútbol de Monte, y cuya propuesta se presentará a los vecinos.

Según ha detallado la regidora, las cuentas del próximo año se repartirán en cinco grandes áreas: Social (12,9 millones), Económica (47,9 millones), Desarrollo Sostenible (116 millones) y Atención al Ciudadano (107,9 millones).

La Asamblea de Izquierda Unida (IU) Santander ha reelegido por unanimidad a Keruin Martínez como candidato a la Alcaldía de Santander para las elecciones municipales de mayo de 2027, como ya lo fue en los comicios de 2023.

La decisión se ha votado este martes por la tarde, en una reunión en la que la formación también ha realizado balance del trabajo desarrollado en el Ayuntamiento, ha informado este jueves el partido.

Martínez, concejal desde 2023, ha agradecido el respaldo de la Asamblea y ha defendido la continuidad de una forma de trabajar que combina la escucha a los vecinos, la fiscalización del Gobierno municipal y la elaboración de alternativas.

“Creo que hemos construido una oposición útil y bien valorada: escuchar los problemas, exigir respuestas y trabajar para resolverlos. Santander necesita un Ayuntamiento pendiente de la vida cotidiana de sus vecinos y con capacidad para planificar el futuro”, ha señalado el edil.

En el balance de estos tres años, la Asamblea ha destacado la defensa de un transporte público que responda a las necesidades de todos los barrios; y en educación, ha puesto en valor la propuesta de un plan municipal de mejora de los colegios públicos.

La Asamblea también ha destacado la “persistente labor de seguimiento y control” de los grandes contratos y servicios públicos concesionados, como el agua y alcantarillado, la limpieza y los aparcamientos subterráneos, especialmente ante el cierre de la plaza de Pombo.

“En estos contratos se juega la calidad de los servicios que reciben los vecinos y el buen uso del dinero público”, ha señalado Martínez.

En vivienda, ha subrayado las propuestas para movilizar solares vacíos y edificios en ruina, el cambio impulsado en los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) para facilitar la creación de un parque público de vivienda y el seguimiento del Plan Municipal de Vivienda, elaborado a propuesta de IU.

“Hemos contribuido a poner en el centro del debate cuestiones que durante años quedaron relegadas, y que otros no se atrevían a mencionar, como la necesidad de un parque público de vivienda de alquiler o de una tasa turística que contribuya a financiar los servicios municipales sometidos a una mayor demanda. Son propuestas que responden a preocupaciones de los vecinos y que pueden mejorar la vida en Santander”, ha defendido el edil.

“Nuestro proyecto parte de necesidades concretas: poder acceder a una vivienda, tener un autobús con buenas frecuencias cerca, contar con colegios bien mantenidos y saber que el dinero público se controla y no se derrocha sin parar. Son cuestiones que necesitan trabajo constante, planificación y compromisos que se cumplan”, ha afirmado Martínez.

Tras esta decisión, IU afronta la próxima convocatoria municipal con el objetivo de reforzar este trabajo y ampliar el respaldo a un proyecto de ciudad que sitúe los servicios públicos, la convivencia y el bienestar de los vecinos en el centro de las decisiones municipales.

El Tribunal Administrativo Central obliga al Ayuntamiento de Santander a retrotraer la licitación del contrato para realizar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU), después del recurso que presentó la empresa Omicron-Amepro tras ser excluida de la convocatoria. El Tribunal entiende que la exclusión no está motivada y exige dar marcha atrás en el procedimiento. El Ayuntaniento tendrá que volver a convocar la mesa de contratación.

La noticia la ha comunicado el propio Ayuntamiento de Santander en una nota de prensa en la que insiste en que la resolución “no invalidad el proceso de licitación” sino que determina que se debe retrotraer el proceso de contratación al momento anterior a la exclusión de Omicron-Amepro, e incluir en ese trámite la motivación correspondiente, explica el concejal de Contratación Javier García.

García reconoce que el Tribunal ha estimado el recurso planteado por la UTE Omicron-Amepro contra su exclusión del procedimiento por falta de motivación. En este sentido, ha informado que la motivación a la que hace referencia el Tribunal ya ha sido formulada por el departamento municipal de Contratación y presentada en contestación al recurso, aunque el TACRC considera que debió constar en el momento en que se acordó la exclusión de Omicron-Amepro.

En este sentido, apunta que la resolución del TACRC constata que el razonamiento que ofreció el Ayuntamiento en su informe sobre el recurso “resulta detallado y preciso, examinando de manera individualizada las distintas explicaciones ofrecidas por la empresa, y razonando su decisión de no considerar suficientemente justificada la viabilidad de la oferta”.

El Ayuntamiento retomará ahora la tramitación administrativa, de forma que se convocará a la Mesa de Contratación para dar cuenta de la resolución del Tribunal.

El edil ha recordado que durante el proceso de licitación, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad y, posteriormente, en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro.

Tras culminar la evaluación técnica y administrativa, la Junta de Gobierno Local celebrada el 1 de junio acordó la adjudicación del contrato a la UTE integrada por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.; Jornet Llop Pastor, S.L.P.; Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A., y Junquera Arquitectos, S.L.P.

Tras la presentación del recurso especial de Omicron-Amepro, el TACRC suspendió de forma cautelar el proceso. “Ahora el procedimiento se ha desbloqueado con esta resolución y la tramitación del PGOUS sigue en marcha”, ha considera el concejal.

Objetivos y plazos

El proceso para el nuevo PGOU se estructura en varias fases que incluyen diagnóstico, alternativas, evaluación ambiental y propuestas finales. Además, se abrirán canales de participación para que vecinos, colectivos y profesionales puedan expresar sus ideas y propuestas, según el Ayuntamiento.

La primera será el diagnóstico urbanístico (cuatro meses desde el inicio del contrato), que incluirá un análisis integral del territorio y el establecimiento de las bases para la planificación.

Posteriormente, en la segunda fase, se elaborará el borrador del plan y documento Inicial estratégico (seis meses desde la entrega del diagnóstico), que supondrá la formulación preliminar del plan y la evaluación ambiental estratégica inicial.

En la tercera fase, se presentará la documentación para la aprobación inicial (10 meses desde la recepción del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y será el momento de incorporar ajustes y la estructura normativa para la aprobación inicial.

La fase 4 supondrá la aprobación inicial y el periodo de información pública -transparencia y participación ciudadana en la revisión del plan- con un plazo de cinco meses desde la aprobación inicial por el Ayuntamiento.

La evaluación ambiental estratégica y la aprobación provisional se enmarcan en la fase 5 para la integración de las modificaciones y la evaluación ambiental definitiva (dos meses desde la finalización de la información pública).

La última fase será la aprobación definitiva, con el plazo de un mes desde la recepción de informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo CROTU, para la validación final y la entrada en vigor del PGOUS.

Los números 6, 8 y 10 de la calle San Pedro, en el corazón del Cabildo de Santander, serán en poco tiempo cenizas. Tres portales viejos que fueron el epicentro del Barrio chino de la ciudad, con los famosos clubs de alterne de 'Las Muñecas' o el 'Sube y baja'. Cerrados ya desde hace años, apenas habitaban vecinos en los destartalados pisos que amenazaban ruina desde hacía décadas. Sus últimas moradoras se reunían en un coro de sillas a la puerta de sus casas. Se habían convertido en una estampa habitual.

Las mujeres desaparecieron hace unos meses, cuando unas vallas cerraron el acceso a la calle. Desde entonces han estado trabajando para retirar el amianto de los edificios y este lunes el Cabildo ha despertado con el ruido de las máquinas derribando los edificios. Mientras caen las piedras de las robustas paredes quedan a la vista los colores alegres de las paredes de las habitaciones.

En unas semanas, quedarán tres solares más en el centro de la ciudad que se unirán a la estampa de décadas de abandono, porque no hay ningún proyecto para construir una nueva edifición sobre ellos. La decadencia del Cabildo se hizo patente en 2007 a raiz de la muertes de tres vecinos del barrio tras desplomarse un edificio de la Cuesta del Hospital.

A lo largo de las últimas legislaturas, los sucesivos equipos de gobierno -siempre del Partido Popular- han sido incapaces de regenerar esta zona después de promesas y planes que se han ido diluyendo sin ningún éxito. El último anuncio, hace dos años. La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), anunciaron el derribo de dos edificios en la calle Alta -en paralelo a la calle San Pedro donde ahora se derriban tres portales- para construir viviendas sociales. Sobre el solar sigue creciendo la hierba.

Las únicas iniciativas que se han tomado han sido estos derribos -dos edificios en la calle Alta y los tres de la calle San Pedro- y la compra de pisos por parte del Ayuntamiento de Santander, precisamente para tratar de forzar las demoliciones en las comunidades que eran reacias a ello.

El barrio del Cabildo tiene tres solares vacíos en la calle Alta, otros tantos en la calle Ruamenor además de otras parcelas vacías entre San Pedro y la Calle Alta. Muchos de ellos se utilizan como aparcamientos improvisados.

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander (PP) permite a dos clubes privados que utilicen las pistas de tenis públicas del Complejo de Deportes Ruth Beitia para entrenar y dar clases particulares.

El asunto ha trascendido a raiz de la petición de información que ha hecho un grupo de usuarios de las pistas de tenis que observaron que algunas estaban generalmente bloqueadas en horario de mayor afluencia.

Después de negarse en reiteradas ocasiones a facilitar la información, los deportistas recurrieron a pedirla a través del portal de Transparencia -un organismo que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información pública- donde también fue ignorada su petición que incluía preguntas sobre el estado de las pistas y la limpieza de las mismas.

Por ello, denunciaron el asunto al Consejo de Transparencia nacional que ha obligado al Ayuntamiento a responder, confimando que sí se alquilan las pistas de tenis públicas para usos privados a la Real Sociedad de Tenis La Magdalena -conocido como el Tenis- y al Club Alpha Tenis Player que, pese a estar ubicado en la localidad de Los Corrales de Buelna, también utiliza las instalaciones públicas de Santander para sus actividades privadas.

El Instituto Municipal de Deportes argumenta que la ordenanza permite el uso privado de instalaciones públicas. En realidad, dicha norma solo alude expresamente a los pabellones y campos que si se pueden alquilar por parte de terceros. En ningún momento se refiere a las pistas.

De hecho, un cartel en las propias instalaciones cita la normativa -artículo 5.3 de alquiler de instalaciones deportivas convencionales- y advierte de que las clases particulares o en grupos reducidos “solamente pueden ser impartidas por el servicio de monitores adscrito al Instituto Municipal de Deportes”. Los deportistas que habitualmente utilizan las pistas de tenis aseguran que los clubes funcionan con personal propio.

El Instituto Municipal de Deportes está dirigido por Raúl Ruiz González Riancho, y la vicepresidenta es la concejala de deportes Beatriz Pellón Fernández-Fontecha, socia de honor de la Real Sociedad de Tenis.

En la respuesta a través de Transparencia, el Ayuntamiento de Santander solo informa de los 316,8 euros que la Real Sociedad de Tenis abonó en un trimestre por el uso de las instalaciones públicas, concretamente de septiembre a diciembre de 2025.

Además, reconoce que una segunda entidad privada ha pagado 2.300 euros por usar una pista cubierta durante cinco años. Dicha entidad es el Club Alpha Tenis Player de Los Corrales de Buelna, fundado por el vicepresidente de la Federación Cántabra de Tenis.

El Ayuntamiento también informa de que ambos clubs privados han solicitado reserva de instalaciones deportivas para las mismas fechas, el periodo comprendido entre septiembre de 2025 a junio de 2026.

Quejas por la pista bloqueada

A los usuarios de las pistas les extrañaba que a diario una furgoneta de la Real Sociedad de Tenis de Santander estuviese aparcada en el Complejo de Deportes. “Van a entrenar con la furgoneta y solo cuando llueve”, explica un deportista que habitualmente de las instalaciones municipales.

La quejas de varios testigos coinciden en que una pista cubierta permanecía “bloqueada” todos los días en los horarios de mayor demanda. Los clubes privados podían reservar pistas para todo el año, mientras que al resto de los ciudadanos solo se les permite reservar dos horas a la semana. Un abonado paga 4,40 euros por jugar una hora. A los clubs privados les salía más barato, según los pagos que reconoce el propio Ayuntamiento, explican los deportistas.

Hace un tiempo aparecieron pegatinas revindicativas en las instalaciones del Complejo de Deportes. '¡Ay, que pena! pistas públicas son de La Magdalena' -en alusión al club de Tenis- o 'Pistas con gotera desde hace más de una era“, por el mal estado de la infraestructura, eran algunas de las leyendas.

En el caso de la Real Sociedad de Tenis -según estos usuarios del Complejo Deportivo- también ha organizado alguno de sus campus de verano en las instalaciones públicas, a pesar de que dispone de las suyas propias entre la Playa de la Magdalena.

Estas circunstancias llevaron a un grupo de deportistas a pedir información al Ayuntamiento de Santander. Les preguntaron por el uso de las pistas, quién se hacía cargo de la limpieza y las obras que se han realizado en las instalaciones. También le preguntaron a la alcaldesa Gema Igual cuántas quejas había recibido por su estado, dado que estas personas han estado presentando reclamaciones durante años sin que se les haya respondido nunca. “Han sido atendidas de manera oportuna”, dice en cambio la respuesta oficial firmada por la concejala de Deportes Beatriz Pellón.

El Ayuntamiento no respondió hasta que los ciudadanos lo pidieron a través de Transparencia. Entonces hubo una primera respuesta, insuficiente porque no facilitaba toda la información solicitada. Por ello, volvieron a insistir en Transparencia que, a su vez, ha instado al Ayuntamiento para que la proporcione.

Reforma de las pistas cubiertas

El Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia en La Albericia dispone de 8 pistas de tenis, la mitad descubiertas. En enero, la alcaldesa Gema Igual anunció que se iban a arreglar las cuatro cubiertas con un presupuesto de 700.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La alcaldesa habló de los 45.000 usos de abonados que alquilan las pistas, de la actividad de las escuelas municipales de tenis, tanto de adultos como de menores, y las competiciones o actividades federadas. “El 85% de ese uso se concentra en las pistas cubiertas”, explicó.

La alcaldesa de Santander de Santander, Gema Igual, del Partido Popular ha dicho que los acampados para reclamar una vivienda digna “están privatizando” la Plaza Porticada con sus tiendas de campaña. En su opinión, es una ocupación de la vía pública para la que se requiere un permiso. Lo mismo que se exige a una asociación para instalar una carpa, ha puesto como ejemplo.

La regidora ha confirmado que el Ayuntamiento de Santander “aplicará la normativa vigente” a los acampados porque “no todo el mundo puede ponerse en cualquier lugar, cómo y cuándo le dé la gana”, aunque sea un espacio público como en este caso.

Cuestionada este jueves acerca de cómo va a actuar el Ayuntamiento ante las identificaciones por parte de los agentes de la Policía Local a los acampados y que pueden derivar en propuestas de sanción, Igual ha replicado que en este asunto “no hay decisión política, hay normativa”.

La alcaldesa ha asegurado “desconocer” lo que está tramitando la Policía Local y si las propuestas de sanción serían por ocupación de la vía pública o por no tener permiso para el asentamiento.

En realidad, una concentración o manifestación no necesita permiso. Solo tiene la obligación de comunicarse a la Delegación del Gobierno -no al Ayuntamiento- cuando se reúnan más de 20 personas. Esa comunicación no necesita autorización posterior. Es decir, no se puede prohibir el derecho de manifestación. Únicamente en los casos en que coinciden dos protestas -por ejemplo- se puede denegar el permiso por razones de seguridad, previa justificación de un informe policial.

Por tanto, el Ayuntamiento de Santander únicamente les puede sancionar por ocupar la vía pública.

La Policía Local de Santander pasa todas las noches a identificar a los acampados y les ha advertido de que recibirán sanciones. La alcaldesa argumenta que “entiende” la reivindicación de los acampados “frente al Gobierno de España”, pero matiza que también éstos “deben entender que la Policía Local va a aplicar la normativa”.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ha presentado su proyecto de ordenanzas fiscales para 2027, en el que propone mantener congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos, salvo en agua y alcantarillado, que supondrá una subida del 3,6% respecto a este año por la actualización del IPC.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este lunes en rueda de prensa, en la que también ha anunciado que, de cara al próximo año, se prevé realizar dos modificaciones operativas.

En concreto, se establecerá la posibilidad de realizar el pago fraccionado del impuesto de vehículos de tracción mecánica -5 de abril, 5 de junio y 5 de agosto- de manera indefinida cuando se de de alta dicho vehículo.

Asimismo, se ofrecerá un plan de pago personalizado para que los santanderinos que lo deseen puedan unificar todas sus obligaciones en un único pago, o de forma mensual, trimestral o semestral.

Igual ha destacado que el Consistorio lleva “13 años sin subir los impuestos” y, además, para el próximo año mantendrá las exenciones, gratuidades y bonificaciones existentes.

Se trata del primer paso para la elaboración del presupuesto municipal de 2027, en cuyo documento ya están trabajando, ha señalado la regidora.

La propuesta de ordenanzas ha sido validada en la Junta de Gobierno local y este lunes se entregará a los grupos de la oposición para tratarse el 1 de octubre en la Comisión de Economía y Hacienda y que vaya al pleno del 6 de octubre para su aprobación inicial, a la que seguirá un periodo de 30 días de información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha invitado a toda la ciudadanía a la concentración y cena popular por el derecho a la vivienda que tendrá lugar este martes 29 en la plaza del Ayuntamiento de Santander desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.

El objetivo del encuentro es hacer una concentración de protesta “contra el negocio de la vivienda”, celebrar una asamblea abierta a la ciudadanía y compartir una cena popular.

El sindicato se suma así a la oleada de movilizaciones que los sindicatos de vivienda y de inquilinas de todo el Estado están organizando tras el desahucio de Maricarmen en Madrid.

A la concentración de protesta sucederá una asamblea abierta para “seguir organizando colectivamente una respuesta frente al negocio de la vivienda”.

Además, el sindicato propone terminar el encuentro con una cena popular en la misma plaza, y anima a los vecinos a acudir con sus sillas y comida para compartir “porque creemos que, frente al sangrante contexto de turistificación, gentrificación y violencia rentista, es esencial que recuperemos los espacios públicos para encontrarnos, convivir y organizarnos en común para cuidar la vecindad”, ha explicado este lunes en un comunicado.

“Nos sumamos al sentir popular, a la rabia que está generando un caso tan doloroso como el de Maricarmen, pero lo hacemos continuando la senda que iniciamos en enero de este año: mirando hacia Cantabria, el territorio que habitamos y que necesita con urgencia que nos organicemos”, han indicado.

El sindicato cántabro acaba de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) por la protección frente a la especulación con el suelo de Cantabria y prevé “una larga campaña de sensibilización contra la presencia de fondos buitre” y de recogida de firmas.

Con la convocatoria de este encuentro de seis horas en el centro de la ciudad, pretenden seguir mostrando su rechazo “a las políticas públicas que fomentan y protegen la libertad para hacer negocio a costa de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda”.

“Queremos reunirnos con nuestras vecinas para poner en común los conflictos múltiples y diversos que acarreamos en torno a la vivienda, y queremos articular la organización comunitaria para crear juntas alternativas”, han señalado.

La mayoría de los ciudadanos de Santander cuando suben a un autobús municipal no distinguen si se trata de uno público o privado. Solo hay un detalle que lo distingue: el uniforme del conductor. Cuando lleva un polo azul, un jersey negro o camisa blanca con el logotipo de Alsa el autobús no pertenece a una línea municipal al uso, es una ruta privatizada que presta una empresa contratada por el Ayuntamiento de Santander.

El precio del billete es el mismo y la tarjeta y el bonobús funcionan, así que para los usuarios esta circunstancia puede pasar desapercibida. Pero los autobuses no son públicos –los pone la empresa privada y los rotula como los municipales– y los conductores tampoco son empleados públicos.

La mayoría de las líneas privatizadas circulan por la periferia de la ciudad. Monte, Camarreal o Ciriego a donde conducen las líneas 18, 24 y 17. Las dos primeras con recorridos por el Castillo y por Corbanera, y la 24 hace un recorrido circular por el extrarradio con sesenta y cuatro paradas, uno de los trayectos más largos. Pero no funciona los domingos, excepto en verano. El autobús de Monte los sábados por la tarde y domingos solo llega hasta Corbanera y deja sin servicios a otros barrios. De ordinario, el autobús –son dos líneas, una llega más lejos que otra– pasa cada media hora. Pero quien viva en los últimos barrios solo tiene transporte cada hora.

La frecuencia y las necesidades puntuales de reforzar el servicio no funcionan con los mismos criterios que las líneas públicas. El contrato de servicios de la empresa concesionaria se limita a un número de kilómetros, no está sujeto a otras variables.

Detrás de estas líneas hay un contrato millonario adjudicado a la UTE (Unión temporal de empresas) Alsa 2024. Una alianza entre Transportes Accesibles Peninsulares S.L., Transportes Terrestres Cántabros S.A. y Transportes Unidos de Asturias S.L. Fueron los únicos que presentaron una oferta.

El Ayuntamiento había puesto un techo de 14,4 millones y ellos se la quedaron por casi 11 durante un periodo de cuatro años, prorrogable otro más. El contrato se firmó en 2024.

Las líneas ya estaban entonces externalizadas. Hace 16 años, en 2010, la línea 20 -que hoy ya no existe- ya circulaba con autobuses y conductores privados.

En septiembre de 2022 empezó a circular la 24 que unificó las antiguas líneas 19, 20 y 23. Estas tres dejaron de operar como rutas independientes y se convirtieron en parte de recorrido que empieza y termina en el PCTCAN después de circular la ciudad por la S20 y el centro. Durante la temporada estival, llega hasta el Sardinero y las playas sin pasar por el túnel de Tetuán. En temporada baja, el itinerario se modifica y atraviesa el túnel, por lo que el recorrido se reduce a 55 paradas.

Para hacerse una idea del volumen de actividad que despliegan, los seis autobuses de la línea 24 recorren casi medio millón de kilómetros al año. Otros 61.191 más durante los servicios nocturnos y otros 6.000 en servicios especiales o esporádicos.

El presidente del comité de empresa de CCOO, Miguel Ángel Iglesias, explica que las líneas que actualmente se consideran externalizadas tienen una particularidad: “Las llamamos externalizadas, pero realmente nunca han sido nuestras. Desde un principio las explota Alsa, son concesiones. El Ayuntamiento de Santander paga a Alsa y estos las explotan”.

Las líneas 17, 18 y 24 siempre han pertenecido a Alsa. El conflicto viene cuando se habla del “búho”. A principios de los 2000 y anteriormente este servicio se hacía por parte de los conductores fijos del servicio municipal, pero por diversos motivos y la falta de personal voluntario se decidió externalizar.

Nocturno

En el caso del servicio nocturno, sin embargo, la situación se dio de una manera muy diferente. “El servicio es verdad que lo hace Alsa, pero en su día, si retrocedes años atrás, ese sí que lo hacíamos nosotros”, explica Iglesias.

El cambio se produjo después de un conflicto relacionado con el convenio y los cambios de turno: “Lo perdimos porque hubo un problema. Cuando haces un cambio de turno, se tiene que abonar un dinero que está recogido así en el convenio y se negaron a pagar a la gente que hacía el servicio nocturno. La gente, como era voluntario, dejó de hacerlo y, al final, se tomó la decisión de que lo hiciese Alsa”, recuerda.

Este verano, debido a la elevada demanda durante la época estival, los conciertos de la Semana Grande de Santander y las ferias, algunas de las líneas nocturnas han sido cubiertas por empleados públicos. Así lo explica Antonio Alonso Álvarez, del SIEP (Sindicato Independiente de empleados públicos y privados), que señala que esta situación también se produjo el año pasado y que los trabajadores llegaron a realizar horas extras de forma voluntaria para atender estos servicios.

Están tratando de recuperar el servicio nocturno. “Lo hemos hablado este verano”, anuncia. En la época estival, en julio, durante la Semana Grande, han hecho servicios especiales por las noches. “Lo hemos estado haciendo el año pasado y este nosotros, de manera voluntaria, hemos hecho horas extras y hemos preguntado al concejal sobre el tema del servicio nocturno fijo, que qué posibilidades había de negociar y de recuperarlo”, añade.

De esta forma, la red de autobuses de Santander tiene dos maneras de prestar los servicios: la gestión municipal y la explotación de líneas por empresas externas. Aunque, en este segundo caso, hay que distinguir entre las líneas que siempre han sido gestionadas por la empresa y aquellas que posteriormente se han externalizado, como ocurrió con el servicio nocturno del “búho”.

Izquierda Unida (IU) en Santander ha señalado que las tarifas y cuotas de mantenimiento del Cementerio-Jardín de Cantabria de Ciriego para 2027 subirán un 3,6% y ha denunciado que se realizará “sin ninguna necesidad ni justificación técnica”.

Así lo ha criticado en un comunicado en el que ha informado que ha sido el único grupo que ha votado en contra de esta subida aprobada el viernes en el Consejo de Administración.

Según ha subrayado, el consejero designado por IU ha defendido que la empresa presenta beneficios “desde hace varios años” y que no existe “ninguna necesidad económica real” que justifique aumentar los precios públicos.

Su concejal en el Ayuntamiento, Keruin Martínez, ha lamentado la subida y ha afirmado que las cuentas facilitadas a los consejeros “no muestran ningún riesgo de déficit ni urgencia contable”.

“El propio documento del Consejo reconoce que los ingresos previstos superan los gastos por tercer año consecutivo, y no han aportado ninguna justificación técnica para esta subida”, ha explicado.

El edil ha incidido en que el presupuesto de 2027 ya incorpora la subida de precios, pero aun así presenta ingresos y gastos prácticamente idénticos.

“Lo que hay es una decisión política de subir precios porque, igual que ocurre con Aqualia, se redactó un contrato en el que los ingresos debían aumentar con el IPC. No existe ninguna obligación legal para optar por ese modelo”, ha añadido.

Según ha trasladado IU, la alcaldesa, Gema Igual (PP), defendió en que la subida es una “actualización”, y algunos consejeros han augurado que “se podrían perder miles de euros en el futuro”, aunque “sin aportar ningún respaldo técnico que avale esa afirmación”, ha censurado.

Martínez ha insistido en que la empresa tiene beneficios en 2025 y 2026 y un presupuesto 2027 “equilibrado”, por lo que ha aseverado que lo que falta “no son recursos, sino voluntad política de no cargar más costes a la ciudadanía”.

Igualmente, ha hecho hincapié en que la subida afecta de manera generalizada a todos los titulares de nichos, panteones, criptas, osarios y columbarios.

“En un contexto en el que la cesta de la compra sigue subiendo, los alquileres no bajan y muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo mínimo es evitar subidas que no son necesarias”, ha aseverado el edil.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la licitación del servicio para la implantación, mantenimiento y gestión de una nueva plataforma tecnológica integral destinada a modernizar el funcionamiento de la Policía Local por un importe de 399.530 euros y una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

La plataforma abarcará cuatro grandes ámbitos: la gestión del Centro de Coordinación del Servicio (092) y su matriz de comunicaciones; la gestión administrativa y policial de expedientes, personal y servicios; una aplicación que permitirá a los agentes realizar consultas y volcar datos en tiempo real; y un módulo de tráfico y videovigilancia.

Una de las principales novedades será la modernización de las comunicaciones del 092 a través de una matriz de comunicaciones que integrará la centralita telefónica actual con la plataforma de gestión policial. Esto ofrecerá al ciudadano, cuando sea necesario, la posibilidad de dar traslado de lo que está sucediendo al 092 a través del uso de la cámara de su teléfono móvil y compartir su ubicación, por lo que proporcionará a los agentes información más precisa desde el primer momento y contribuirá así a reducir los tiempos de respuesta ante las incidencias.

Precisamente el protocolo de llamadas actual ha sido objeto de investigación por parte de la jueza que instruye la causa de la tragedia de El Bocal, en la que el pasado marzo fallecieron seis jóvenes y otra resultó grávemente herida. Pese a que los mandos policiales aportaron en su día los manuales existentes, representantes sindicales de la policía local santanderina han reclamado un programa de gestión común frente a los medios obsoletos con los que, aseguran, se viene trabajando.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha enmarcado esta actuación en “la apuesta continua” del Consistorio por mejorar los medios de la Policía Local y proporcionar a sus agentes herramientas “cada vez más modernas, eficaces y adaptadas a las necesidades reales de su trabajo diario”.

“Queremos que nuestros policías dispongan de la mejor tecnología posible para desarrollar su labor, pero también que esa tecnología permita simplificar procedimientos y dedicar más tiempo y recursos a las funciones propiamente policiales y a la atención a los ciudadanos”, ha señalado en nota de prensa.

En este sentido, el edil ha valorado que se trata de “un salto importante” en la modernización del Cuerpo, ya que “no es simplemente incorporar nuevas aplicaciones, sino que es un ecosistema tecnológico integrado que facilite el trabajo desde el Centro de Coordinación hasta la actuación del agente en la calle”, ha subrayado.

Incorporación de la IA

El contrato incorpora también un servicio de inteligencia artificial para colaborar en la elaboración de actas e informes y asistir en la supervisión de tareas.

En esta misma línea, la plataforma permitirá avanzar hacia la digitalización integral de las denuncias de tráfico, incluidas aquellas cuyos preceptos sancionadores son gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT). De este modo, dejará de ser necesario el uso de papel y se evitará la duplicación de tareas administrativas, ha detallado Castillo.

Asimismo, el sistema facilitará la comprobación de la situación administrativa de los vehículos, incluyendo aspectos como seguros, ITV, bajas, requisitorias o listas de interés policial.

Igualmente, permitirá integrar en una única plataforma las cámaras de vigilancia y control del tráfico, lo que facilitará la detección y localización de vehículos de interés policial.

Así, cuando un vehículo haya sido sustraído o figure relacionado con una búsqueda policial, el sistema podrá contribuir a su rápida identificación al ser detectado por las cámaras, para proporcionar a los agentes información útil para su localización e intervención.

Inicialmente, la licitación contempla el suministro e integración de dos unidades de cámaras embarcadas en vehículos policiales, conectadas permanentemente a la plataforma y destinadas al reconocimiento automatizado de matrículas.

Formación a la plantilla

Por otra parte, el adjudicatario deberá desarrollar un programa de formación dirigido al conjunto de la plantilla de la Policía Local, adaptado a las diferentes especialidades y turnos, con un total de 280 horas lectivas durante el primer trimestre posterior a la puesta en marcha.

Además, incluye soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, así como una bolsa de horas de desarrollo destinada a incorporar mejoras, actualizaciones y futuras integraciones con otras tecnologías o bases de datos municipales.

“Seguiremos invirtiendo en nuestros agentes, en su formación y en los medios que tienen a su disposición, porque mejorar sus herramientas de trabajo es también mejorar la capacidad de respuesta y el servicio que prestamos a los ciudadanos”, ha concluido el edil.

El actual secretario general y portavoz municipal del PRC en Santander, Felipe Piña, será el candidato de los regionalistas a la alcaldía de la capital cántabra para concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, tal y como ha ratificado el Comité Local en su reunión extraordinaria. Una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas marcado sin que se haya registrado otra propuesta, Piña ha sido proclamado automáticamente y no será necesario celebrar la votación prevista para el día 10 de octubre.

En un comunicado, el candidato ha reafirmado su vocación integradora y vecinal para liderar este proyecto. Así, ha recordado sus declaraciones del día que registró de manera formal su candidatura, cuando aseguró que sería “el candidato de todos los santanderinos” con un proyecto centrado en todos los barrios y sus necesidades que seguirá la línea de “escucha activa y defensa de los intereses de los vecinos” que ha venido desempeñando a lo largo de estos últimos años en su labor diaria como concejal en el Ayuntamiento.

Con esta designación, los regionalistas apuestan por una “alternativa de gobierno” que priorice las necesidades y la calidad de vida de los santanderinos y de los barrios de la ciudad, frente al actual modelo “de ciudad escaparate y masificada”, que está provocando la “expulsión de los vecinos”

De esta manera, ha adelantado que en los próximos meses intensificará las reuniones con los colectivos sociales, culturales y empresariales de la capital para perfilar un programa electoral “real e integrador”. Así, Piña ha subrayado que el objetivo es diseñar “una hoja de ruta con medidas factibles y compromisos que se puedan cumplir, que se aleje de las promesas incumplidas y el humo al que nos tiene acostumbrado Gema Igual”.

Tras dar a conocer a los medios la revocación de las medidas cautelares dictada por el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santander sobre la reapertura al tráfico bajo el arco de Faro Santander, el concejal de IU Keruin Martínez ha puesto el foco en “la actuación de una entidad privada -refiriéndose al Banco Santander- sobre el espacio público sin cobertura administrativa previa”.

Martínez ha sostenido que las actuaciones municipales posteriores han consistido en “poner a trabajar a los servicios municipales al servicio de la cacicada de Gema Igual y Ana Patricia Botín” para intentar “regularizar a posteriori” tras haber sido “pillados”.

Para ilustrar la situación, el representante de IU ha dicho: “Es como si te dan una licencia para reformar tu casa y por el mismo precio te quedas con la calle porque te viene bien; eso es lo que está pasando aquí y lo que queda acreditado a la espera de la resolución judicial”. Según el concejal, “el promotor privado actuó sobre un vial público sin que constara ninguna licencia ni autorización previa en el momento de consumarse los hechos”.

Martínez ha recalcado que el procedimiento judicial continúa plenamente abierto a través del recurso principal planteado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local, posteriormente y como reacción a las mediadas cautelares dictaminadas por el juez el 3 de septiembre. Martínez ha recordado además que a esta causa se ha sumado la comunidad de vecinos del número 2 de la calle del Martillo y otro colectivo, ha avanzado, “que ya se ha personado y del que tendremos conocimiento pronto”.

“La cuestión judicial sigue abierta y pendiente; la resistencia a permitir la circulación responde a cuestiones políticas y no administrativas”, ha concluido el portavoz de IU.

El juzgado ha admitido a trámite el segundo recurso que se ha presentado contra el cierre al tráfico del arco de Faro Santander. Un proceso iniciado por los vecinos del número 12 de la calle Sanz de Santuola que, en la misma línea del primer recurso de Izquierda Unidad, aunque en este caso solicitan ampliar las medidas cautelares. De hecho, han solicitado al juez del número 2 de lo Contencioso -donde se resolverán los dos recursos- que también permita el acceso a los propietaros y usuarios de plazas de garaje en esa calle.

En las primeras medidas cautelares se ordenó al Ayuntamiento de Santander que permitiese el tráfico de la línea 5 de autobús -que siempre ha hecho su recorrido por esta calle-, taxis, vehículos de residentes, sanitarios y de reparto. De todos modos, el arco del antiguo Banco Santander sigue cerrado al tráfico desde que el 3 de septiembre un auto judicial ordenó recuperar el tráfico.

Un expediente exprés a posteriori

El Ayuntamiento de Santander alegó que no podía hacerse hasta el 20 de septiembre por los actos de inauguración del edificio. La fecha ya ha pasado pero el arco sigue cerrado a la circulación de vehículos. Izquierda Unida ha dado dos ultimátums a la alcaldesa, pero el juzgado no ha movido ficha para ejecutar la orden del juez.

Posteriormente, se ha conocido que cuatro días después del auto judicial, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó -fuera del orden del día- legalizar la peatonalización que, según este movimiento, estaba sin aprobar. Es decir, el expediente se hizo a posteriori y de forma exprés, como ha denunciado IU.

El recurso presentado por los vecinos ha correspondido al mismo juzgado que ya estaba tramitando el primero que presentó Izquierda Unida. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha reclamado al Ayuntamiento que le envíe el expediente administrativo de peatonalización del tramo de la calle bajo el arco del edificio Faro Santander, en un plazo de 20 días.

En paralelo, ha abierto una pieza de medidas cautelares. Los vecinos piden las mismas que ya se le habían concedido a Izquierda Unida y, además, que se extienda a los propietarios y usuarios de plazas de garaje con entrada desde la calle Marcelino Sanz de Sautuola 12. El Ayuntamiento tiene cinco días para responder a esta cuestión.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santander han resuelto a primera hora de esta mañana la incidencia informática que afectó este lunes a los equipos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz.

Debido a esta circunstancia, seguirá vigente durante dos días hábiles la ampliación de los plazos que vencían ayer. Así lo ha informado en un comunicado el Consistorio, en el que ha explicado que la incidencia se produjo en uno de los equipos de la infraestructura de la red municipal, denominado 'Switch S4', cuya sustitución “ya estaba prevista dentro del proceso de renovación tecnológica del Ayuntamiento”, ha señalado.

Ha detallado que la avería afectó exclusivamente a los equipos informáticos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, sin repercusión en los ordenadores y sistemas del resto de edificios municipales.

Además, ha indicado que los empleados municipales que tenían habilitado el teletrabajo pudieron continuar desarrollando sus funciones con normalidad, lo que permitió mantener la actividad en los puestos afectados en los que esta modalidad de trabajo era posible.

El Consistorio ha insistido en que la incidencia en los equipos de estas dependencias municipales no afectó al funcionamiento de la Sede Electrónica, que permaneció operativa durante toda la jornada de ayer.

De este modo, ciudadanos, empresas y profesionales pudieron presentar documentación y realizar sus trámites por vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal con normalidad.

Asimismo, los ciudadanos pudieron registrar la documentación dirigida al Ayuntamiento a través de otras administraciones públicas, como la Delegación del Gobierno o el Gobierno de Cantabria, entre otras, de acuerdo con los mecanismos de interoperabilidad previstos en la legislación administrativa.

Ampliación de plazos

No obstante, y “con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y evitar cualquier posible perjuicio”, el Ayuntamiento ha informado que seguirá vigente durante dos días hábiles la ampliación de los plazos que vencían ayer para evitar cualquier posible perjuicio a quienes hubieran optado por realizar sus trámites de forma presencial.

Ha afirmado que se trata de una medida de carácter preventivo dirigida especialmente a aquellas personas que hubieran previsto presentar presencialmente durante esta jornada alguna solicitud, alegación, recurso u otra documentación sujeta a plazo en las dependencias municipales afectadas y no hubieran podido hacerlo como consecuencia de la incidencia.

Finalmente, desde el Consistorio se ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

Los inquilinos del edificio de Santander desalojados durante quince días por el Ayuntamiento no han podido volver a sus casas pasado ese plazo. Los dueños del inmueble, el fondo inmobiliario Global Cuena, les ha comunicado por correo y por teléfono que las dos semanas se van a convertir “como mínimo” en tres meses más.

Mientras tanto, tienen que seguir pagando sus alquileres. Global Cuena les ha ofrecido darles mil euros al mes para que se alquilen otro piso, pero con ese dinero ya resulta imposible alquilar un piso como el suyo en el centro de Santander, donde los precios están alrededor de 1.500 euros. “Lo más barato que hemos encontrado es un uno de tres habitaciones pero sin ascensor por 1.200 euros”, cuenta uno de los afectados por el desalojo.

Lo extraño, a su entender, es que el Ayuntamiento de Santander no les ha enviado ninguna comunicación oficial, cuando fue quien ordenó desalojarles cuando lo solicitó el propietario del edificio, que ya había empezado a hacer obras para reformar la propiedad, para evitar riesgos. Había tirado los tabiques de varias plantas, pisos ya que estaban vacíos. Una obra que se estaba haciendo con el resto de los inquilinos de renta antigua dentro.

El Ayuntamiento había dado un plazo de dos semanas a los propietarios para que reforzasen la estructura del edificio y no ha vuelto a dar explicaciones sobre el asunto a los afectados.

Todo empezó hace dos años, cuando el fondo inmobiliario Global Cuena compró el número 8 de la calle Santa Clara. Un edificio de siete plantas en el que vivían ocho inquilinos de renta antigua que pagaban entre 300 y 600 euros de alquiler. Hoy solo quedan tres y otros tantos negocios, dos de ellos -un supermercado y un bazar- en los bajos, y una peluquería en el primero.

Los nuevos propietarios intentaron echarles para convertir el edificio en pisos turísticos, pero ante las protestas en los medios de comunicación dieron marcha atrás. Según los vecinos, solo fue en apariencia. “Es un caso claro de acoso inmobiliario, llevan dos años y esto es el escalón final”, denuncia uno de los afectados.

La propiedad pidió al Ayuntamiento una licencia de obra mayor -que le fue concedida- y empezaron a tirar tabiques con los vecinos dentro. Hasta que el último viernes de agosto desde el Consistorio les comunicaron que tenían que abandonar el edificio para prevenir posibles riesgos derivadas de las obras. Les dieron de plazo hasta el domingo.

Para entonces ya llevaban meses sufriendo los ruidos, el polvo y los inconvenientes de una obra de tal envergadura. También se empezaron a producir frecuentes cortes de luz. A uno de los vecinos que tiene un juicio en octubre contra el fondo inmobiliario porque les quieren echar del piso, dejó de funcionarle al parecer sin solución el telefonillo del portal. “Solo el mío y jamás se arregló”, explica.

Al margen de otras presiones, a unas inquilinas mayores las convencieron para trasladarlas a un piso más bajo, para poder seguir con las obras que provocaron daños en algunas viviendas que, hasta la fecha, tampoco se han reparado. “Han sido dos años terroríficos”, musitan.

A algunos vecinos lo que más le molesta es la actitud del Ayuntamiento de Santander, “que ordenen el desalojo en 48 horas con un informe de los propietarios totalmente tendencioso, sin mandar un técnico municipal que lo verifique y sin cuestionar la licencia que se dió para hacer obra mayor”. Habida cuenta de que la alcaldesa ha dicho que las obras “son totalmente legales” y que contaban “con un proyecto validado por el Ayuntamiento”.

A la vez, también rebaten que la alcaldesa ha dicho que no tenían quejas sobre el asunto y la situación del inmueble. “Es mentira, por lo menos se han presentado dos que he registrado yo mismo”, aduce uno de los inquilinos.