La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha enviado este jueves, a última hora, un comunicado para calificar de “riesgo de colapso real” el efecto que tendrá el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en Cantabria, después de que “más de un centenar” de personas hayan acudido al Ayuntamiento a consultar e informarse del procedimiento, este jueves día 16, día que se ha abierto el plazo de solicitud, tras la publicación del Real Decreto el día anterior, en el Boletín Oficial del Estado (BOC).

“Estamos atendiendo una demanda que no nos corresponde ordenar ni resolver, pero que sí estamos sosteniendo con nuestros recursos”, ha señalado Gancedo, quien ha advertido de que, de no actuar con rapidez, “el riesgo de colapso es real y afectará al conjunto de la atención social que prestamos a la ciudadanía”.

“Una presión que también se está trasladando al conjunto de los servicios municipales: unidades de trabajo social, centros de acogida, oficina de integración o centro de igualdad, además de las consultas telefónicas que no dejan de aumentar”, ha dicho la concejala.

Gancedo ha exigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria que “asuma su responsabilidad” en la gestión del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central“.

Proceso “de enorme impacto”

La concejala ha denunciado que el Gobierno central ha puesto en marcha un proceso de enorme impacto social “sin dotarlo de la información operativa necesaria ni de una mínima previsión sobre sus consecuencias en la administración más cercana, que somos los ayuntamientos”.Por ello, ha reclamado instrucciones claras, canales de información accesibles para la ciudadanía y refuerzo de los dispositivos administrativos del Estado para evitar que la incertidumbre recaiga, una vez más, sobre los servicios locales.

“Los municipios no pueden convertirse en la ventanilla improvisada de decisiones que otros adoptan sin prever su ejecución”, ha dicho Gancedo.

Para dudas respecto al proceso, el Ministerio de Inclusión ha habilitado el teléfono 060, también habilitado para la petición de cita previa y que atenderá en español. Las personas pueden solicitar desde el 16 de abril cita previa. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. Las instituciones que quieran sumarse disponen de un registro de colaboradores.

El Ayuntamiento de Santander avanzaba en el mes de febrero de este año que iba a llevar a cabo una “modernización” del Centro de Interpretación del Litoral (CIL) ubicado en el entorno de La Maruca, edificio que fue inaugurado en 2011. Una licitación para el suministro e instalación para la renovación de equipos de climatización por valor de 155.788 euros y otra para su digitalización por valor de 716.162 euros, ambas con cargo a fondos europeos Next Generation.

Instalado en una antigua batería defensiva del siglo XVII, la de San Pedro del Mar, el edificio fue rehabilitado para convertirse en un espacio divulgativo dedicado a interpretar el paisaje litoral, especialmente el singular tramo de la Costa Quebrada, hoy parte de la red mundial de Geoparques de la UNESCO y en un entorno de triste actualidad tras el trágico accidente mortal en el que fallecieron seis jóvenes junto a la playa de El Bocal.

En abril de 2017, el propio Consistorio promocionaba una reapertura de la instalación en su canal de YouTube, con la exposición permanente ‘Patrimonio Litoral de Cantabria', una maqueta dedicada al parque geológico Costa Quebrada y visitas guiadas al entorno mareal. En el mismo video se hacía referencia además a la terraza del edificio “accesible desde el exterior” y a sus “vistas panorámicas”.

Tras menos de una década en funcionamiento, el CIL se encuentra cerrado al público desde marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus y sus restricciones. Desde entonces, han sido varios los proyectos de recuperación anunciados por el Ayuntamiento de Santander y muchas las quejas expresadas por vecinos del entorno de Monte que denuncian su abandono en las reseñas sobre el edificio que aparecen en diversos buscadores digitales.

De hecho, el 29 de febrero de 2024, el grupo municipal del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) llevó al pleno una serie de preguntas relacionadas con el edificio y el Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, al que se remiten todas las actuaciones previstas y, cuya ejecución debe completarse este año 2026.

Reacondicionamiento “prioritario” anunciado en 2023

Los regionalistas reprochaban a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), su anuncio en rueda de prensa en enero de 2023 de las acciones a desarrollar ese mismo año -dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander- entre las que se encontraba, como “prioritaria”, la adecuación del CIL y se fijaba su reapertura ese mismo verano, con “contratación de personal y organización de rutas guiadas por el entorno”.

Por todo ello, y recordando que la rehabilitaciñon del edificio ya había supuesto una inversión de casi 2,5 millones del Gobierno de España, preguntaban por el motivo por el que el CIL llevaba cerrado desde el año 2020 y si se había llevado a cabo algún trabajo de adecuación y mantenimiento del edificio desde entonces.

La respuesta desde el Ayuntamiento de Santander fue que “el motivo por el que ha estado cerrado es por un funcionamiento óptimo de las instalaciones, de climatización, habiéndose llevado a cabo un trabajo de mantenimiento oportuno en el edificio, teniendo en cuenta que no ha estado abierto”.

El Consistorio ahondaba en su argumentación alegando que la primera actuación a realizar iba a ser “una puesta a punto de las instalaciones, la actualización de sus contenidos”, y el análisis de “la mejor fórmula para la dotación de personal para atenderlo”.

Respecto a los plazos de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística, la alcaldesa dijo en ese momento que de las 45 actuaciones comprendidas en el mismo se habían iniciado 42, lo que suponía “un 93 %” y que cabía recordar que se trataba de “la segunda anualidad”, habiendo estado la primera anualidad del mencionado plan turístico “más enfocada en la planificación y el posicionamiento”.

Son varias las actuaciones contenidas en este último plan turístico de Santander, fundamentalmente relacionadas con mejora de señalización, las que están relacionadas con la polémica senda costera santanderina, tan cuestionada en los últimos meses por el trágico suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo y otra resultó gravemente herida.

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado este viernes las 70 últimas viviendas protegidas de las 281 que conforman el sector 1 en El Alisal, en un tercer sorteo con el que culmina la mayor adjudicación de vivienda pública desarrollada en la ciudad hasta la fecha.

De las 70 viviendas que se han sorteado, 32 son en régimen de venta y 38 en alquiler con opción a compra, con cupos específicos para jóvenes, 20, y personas con discapacidad, 5.

A este último lote, según ha informado la alcaldesa, Gema Igual, en un encuentro con los medios, se habían presentado un total de casi 13.000 personas, entre las que había 5.284 menores de 35 años y 1.078 personas con discapacidad.

Las personas a las que les ha tocado la compra deberán pagar entre 130.000 y 180.000 euros más IVA, mientras que los que estén en régimen de alquiler con opción a compra pagarán al mes entre 475 y 600 euros, dependiendo en ambos casos, del tamaño del piso que se les ha adjudicado.

Y es que, en este nuevo lote, que se espera entregar en la primavera de 2027, habrá viviendas de una, dos y tres habitaciones, aunque de una habitación tan solo se ha sorteado una.

Según la alcaldesa, se trata de viviendas a unos precios “muy por debajo del mercado”, un 46% inferior al de la vivienda libre, construidas con materiales “de gran calidad”, garaje, trastero y la máxima calificación energética.

Igual ha destacado el impacto de esta iniciativa y el interés demostrado por los ciudadanos, que “estimula al Ayuntamiento a seguir trabajando en generar más viviendas a precio asequible y sorteándolas entre los vecinos que más las necesitan”.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento de Santander ha hecho realidad 1.204 viviendas, construidas y entregadas, y ha promovido “el mayor parque de vivienda protegida en alquiler que existe en Cantabria”.

La Audiencia Nacional establece que el Ayuntamiento de Santander debe asumir la conservación del edificio de La Horadada, situado en la playa de La Magdalena, por lo que rechaza el recurso del Consistorio contra la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre de ese inmueble.

En una sentencia, adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional declara ajustada a derecho la concesión al Ayuntamiento de La Horadada que dictó el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 y rechaza el recurso contra la decisión que presentó el Ayuntamiento, al que impone el pago de las costas.

El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, contra el que cabe recurso, determina que, puesto que el Ayuntamiento impidió al Ministerio la demolición del edificio por su protección cultural, le corresponde al Consistorio su conservación, amparada en una concesión.

Este edificio, situado entre las playas de La Magdalena y Peligros, se construyó en los años cincuenta como balneario, al amparo de una concesión administrativa, que finalizó en 2010.

Al constatar su mal estado de conservación y dado que sus dimensiones excedían de las máximas permitidas en la normativa de costas, la Dirección General de Costas inició los trámites para eliminarlo el dominio público.

La demolición se ordenó por orden ministerial de 22 de julio de 2011 y se redactó un proyecto de demolición del edificio, cuya aprobación fue trasladada por la Demarcación de Costas de Cantabria al Ayuntamiento el 23 de enero de 2012.

En 2021, al iniciarse las obras de demolición, el Ayuntamiento ordenó su paralización, argumentando que el edificio estaba incluido como inmueble protegido por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, declarado Bien de Interés Cultural.

En enero de 2022 se comunicó al Consistorio que, salvo que el manifestara su voluntad de promover una modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero para cambiar el régimen de protección del inmueble en el sentido de permitir su demolición, o bien la incoación de expediente de ruina a los efectos de solicitar autorización para la demolición, se le otorgaría una concesión para el mantenimiento del inmueble.

El pleno del Ayuntamiento de Santander acordó, en marzo de 2022, encargar un estudio de viabilidad técnico-económico para llevar a cabo una concesión vinculada a usos autorizables por Costas, vinculados principalmente a hostelería, actividades náutico-pesqueras y servicios a los usuarios de las playas.

Se incoó entonces el expediente para el otorgamiento de la concesión, pero el Ayuntamiento lo recurrió ante la Audiencia Nacional, que ha rechazado ese recurso.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la Administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas.

En concreto, la acción penal se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, que actualmente es el jefe de la citada Demarcación.

En un auto dado a conocer este martes y contra el que cabe recurso de reforma ante la propia magistrada y de apelación ante la Audiencia Provincial, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal al tratarse de “obras no finalizadas”, señalando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

En concreto, explica la magistrada que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, “todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados”, por lo que la instructora considera que esa actuación “ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia”.

Costas es la única responsable del mantenimiento

La decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas se adopta a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia Administración central y por el Ayuntamiento Santander. Analizada la misma, la instructora concluye que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”.

Así, las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por “desistimiento” y el segundo proyecto de finalización de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizasen”.

“Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”, señala la magistrada.

Además, indica que Demarcación de Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento” y es que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”, por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la pasarela siniestrada.

Negligencia en el mantenimiento

Si bien la magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, “del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

Lo infiere a partir del acta de inspección de la Policía Científica que advirtió de que “todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados”, mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino solo sobre su estructura de madera: “A nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, razona la magistrada.

Por ello, también acuerda en su auto ampliar el objeto del informe pericial que ya solicitó el pasado 13 marzo. Ahora, la magistrada pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevó a cabo en el mes de julio de 2024 en la pasarela “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente”.

“Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela, por su posición de garante”, concluye la magistrada.

El Ayuntamiento debe precintar

El auto de la magistrada también advierte de que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, “el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público”.

Así, detectado un riesgo, “debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”. Por ello, “resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”, señala la jueza instructora que investiga el accidente mortal.

Para clarificar este punto, la magistrada acuerda en su auto pedir al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que trate de recabar “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.

También quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte que fue identificada después de que la magistrada pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre la pasarela. 

Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo. Declarará después de los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió su llamada, la agente de la Policía Local que a su vez recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Las manifestaciones suelen ser ruidosas, espoleadas por las voces que desde el megáfono invitan a corear consignas. La que ha recorrido Santander un soleado domingo azul ha sido un impresionante duelo de silencio y tristeza. Nadie ha dicho ni una palabra. A las doce y diez de la mañana empezaba a caminar la pancarta 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' sostenida por las manos de representantes de asociaciones vecinales, sociales y ecologistas. Detrás, les seguían cerca de un millar de rostros sin alegría y algunas lágrimas en una sobrecogedora marcha de dolor y respeto.

El recorrido silencioso estaba convocado en recuerdo de las víctimas del desplome de la pasarela de El Bocal donde el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes entre 19 y 22 años al romperse esa estructura, mientras que otra chica, de 19 años, resultó herida y fue ingresada en el hospital. “Una herida penetrante que ha atravesado la ciudad y que quedará para siempre en la memoria de todos los cántabros”, pronunció Carmen Martín, encargada de leer el manifesto.

“A esto se lo va llevar el aire todo”, lamentaba José María Fernández, de la asociación ecologista ARCA, antes de comenzar la marcha. Cree que se están echando “balones fuera” y teme que nadie asuma responsabilidades por lo sucedido. Un pesimismo compartido por otros asistentes como Mari y Manu: “Por desgracia, esto se olvida en dos días”, dice ella. “Lo tapan todo”, añade él. En otros hay indignación, adjetivos gruesos y desesperanza. “Tenía que estar aquí toda la ciudad”, dice un hombre en voz alta al final de la marcha.

Amigos y familiares de algunas de las víctimas junto a ciudadanos anónimos. Uno de ellos portaba una pancarta de cartón 'Nos da igual Ayuntamiento-Costas: 6 muertos, dimisiones ya'.

De manera simbólica, la manifestación ha empezado en la Delegación del Gobierno y ha acabado en el Ayuntamiento de Santander. Las dos administraciones que rivalizan por sacudirse las responsabilidades de la tragedia. Ni el delegado ni la alcaldesa han acudido a la misma. Tampoco lo ha hecho nadie del Partido Popular de Cantabria ni de Vox. Por parte del PSOE solo han acudido el portavoz municipal, Daniel Fernández, y algunos concejales de su grupo. Felipe Piña y Vicente Nieto, del PRC. Keruin Martinez e Israel Ruiz Salmón de Izquierda Unida y varios representantes de Cantabristas.

“Nos reunimos todavía sobrecogidos entre la conmoción y la incredulidad para acompañar a las familias en su duelo”, decía al micrófono Carmen Martinez Valls al llegar al Ayuntamiento. También, para afirmar “con serenidad y firmeza que una tragedia así, una tragedia evitable, nunca debió haber ocurrido”.

A continuación pronunció los nombres de las víctimas: Lucía San Martín, de Camargo, 22 años. Xabi Bayón, de Balmaseda, 21 años. Celia Lage, de Barakaldo, 19 años. Eunate Hervás, de Barakaldo, 19 años. Lluna Vallejo, de Almería, 20 años. Y Elena Sirbu, de Guadalajara, 20 años. “Sin olvidarnos de Ainara, a la que deseamos una pronta recuperación”. La plaza estalló en aplausos. “Pronunciar sus nombres es visibilizar los sueños y los futuros que han sido truncados”, decía la voz quebrada de emoción de la encargada de leer el manifiesto que cerró la marcha.

“No estáis solos, nuestra solidaridad busca expresarse en esta concentración ciudadana”, continuaba al micrófono. Ante cientos de ciudadanos que seguían en silencio, Carmen dijo que no es momento para el ruido ni la confrontación, sino de recogimiento, de memoria y de respeto.

Pero desde esa misma serenidad, los convocantes de la marcha consideran que lo sucedido no puede aceptarse “como una simple fatalidad, no ha sido un accidente”. Pasear por la ciudad y por sus espacios naturales no puede convertirse en un riesgo para la vida y por ello exigen “conocer por qué y en qué circunstancias, responsabilidad institucional y, que nada ni nadie obstaculice las investigaciones ni intente frenar las diligencias necesarias”.

En este sentido han pedido a las administraciones públicas “gobierne quien gobierne y sea cual sea la institución competente” que actúen “con rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad”. Las asociaciones y entidades que han impulsado la marcha se han puesto a disposición de las familias.

El texto de los convocantes considera necesario cambiar la forma de cuidar y mantener los espacios naturales y las infraestructuras públicas cuando de ello depende la seguridad de la ciudadanía, pero también debe cambiar la manera en que las instituciones se relacionan con los vecinos “escuchando sus reivindicaciones y advertencias”.

“Nunca un espacio público puede quedar desatendido ni en tierra de nadie”, proclamaron. Es una senda muy utilizada y “todas las administraciones sabían que estaba en uso”. Los organizadores consideran que es el momento de reconocer los errores y asumir responsabilidades: “Es el momento de dar ejemplo para que una tragegia como esta no vuelva a repetirse por desidia o negligencia”.

“Ojalá que estas palabras no fueran necesarias, ojalá sus nombres siguieran pronunciándose en la alegría cotidiana de la vida, concluyó el manifiesto. ”Llámala sinvergüenza“, clamó una voz rota en alusión a la alcaldesa de Santander. Gema Igual (PP). ”Nunca más“, corearon todos los asistente al término de la lectura. Después volvió el silencio. Un minuto de reflexión y respeto que se rompió con fuertes aplausos.

Un representante del Sindicato de Empleados Públicos y Privados de Cantabria (SIEP), Óscar Gómez, ha reclamado este jueves en el Parlamento de Cantabria mejores medios técnicos y programas de gestión adecuados para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El sindicalista ha expresado esta reivindicación en la comparecencia ante la comisión parlamentaria para informar sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Además de reivindicar la carrera profesional de los agentes locales, el sindicalista ha añadido que hay otro tema que les gustaría que se hubiese incluido en esta normativa, que son los medios técnicos y un programa de gestión. “Lo lógico y normal es que si la Policía Local de Santander para a una persona con antecedentes” -ha puesto como ejemplo- “si al día siguiente va a otro ayuntamiento colindante que los policías solo con el DNI ya sepan que ha estado localizado el día antes en Santander”. “Hoy en día hay programas buenísimos”, ha añadido.

“El Gobierno de Cantabria debería apostar porque todos los policías locales de Cantabria tengan ese programa informático y que unifique datos”, ha reclamado en su exposición ante la comisión parlamentaria. Gómez se ha referido al caso del software que “supuestamente” compró el Ayuntamiento de Santander. “Únicamente se hizo un contrato menor que permite probar un programa durante un año y ni siquiera se llegó a probar porque no se conectó, hubo muchos problemas con el servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander”, ha lamentado. En este sentido, ha explicado también que él trabaja precisamente en el centro coordinador de servicios “que es donde más se va a utilizar ese programa y no se llegó nunca a poner”. “Seguimos con un Excel y un Oracle, que es una base de datos sin más”, remató.

En respuesta a los turnos de intervención de los representantes de los grupos políticos ha reiterado la petición de un programa de gestión unificada de todos los ayuntamientos y ha destacado que “la razón que nos han dado para no entrar a eso es principalmente económica”. Cada municipio que tiene Policía Local en Cantabria tiene una manera de gestionarla, tiene un programa de gestión diferente: “Nosotros lo solicitamos porque creemos que es esencial, pero el principal problema es económico”, ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que para utilizar estos programas de gestión se necesitan unas emisoras, unas PDA, que permitan gestionarlo desde la propia patrulla. “En Santander cambiaron el sistema y compraron uno que le están quitando ya de todos los sitios porque es muy antiguo”. “Ahora más o menos funciona, pero es muy antiguo”, ha concluido.

Los vecinos de Puertochico han descolgado la pancarta reivindicativa de la fachada de su casa “tras la persecución y amenazas a los que nos ha sometido el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander”. También han anunciado que recurrirán a la justicia para tratar de impedir la instalación de un establecimiento de comida rápida de la cadena McDonald's en el mercado municipal, una decisión que se ha tomado después de que el Consistorio no haya respondido a ninguna de las alegaciones que han presentado “y que afectan a elementos sustanciales del proyecto y ponen de manifiesto incumplimientos relevante”, según advierten.

Todas las alegaciones presentadas desde la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche han sido rechazadas por el Ayuntamiento “sin que hayamos recibido aclaración ni subsanación de ninguna de ellas”, explican los vecinos en un comunicado. Una situación de “indefensión” que les ha llevado a iniciar la vía judicial “para esclarecer todos estos incumplimientos y defender el interés general”.

Para ello, han iniciado una campaña de recaudación de fondos, ya que estiman que el proceso judicial tiene un coste aproximado de 8.000 euros. “Con la ayuda de todos podemos conseguirlo”, explican, y por ello animan a los ciudadanos “a realizar una contribución económica que nos permita iniciar este proceso”.

Entre otras cuestiones, los vecinos van a llevar a los tribunales los incumplimientos que se han producido, en primer lugar en lo relativo a la Ordenanza Municipal de Mercados, al permitir que el McDonald's disponga de un espacio cinco veces mayor que el resto de los comerciantes.

Consideran que tampoco se cumple el mantenimiento de la estética y la identidad de un mercado local, sustituyéndola por la imagen de una cadena de comida rápida, en un entorno compartido con una biblioteca y un centro cultural. A ello añaden el incumplimiento en las distancias de la salida de humos y del proyecto de licencia de actividad, que consideran que carece de la memoria acústica pertinente e incumple las medidas contra incendios y en las salidas de emergencia.

Un proyecto fallido

El proyecto original de rehabilitación del Mercado de Puertochico apostaba por la convivencia de los puestos tradicionales de venta directa de producto de calidad y de kilómetro 0, en colaboración y combinación con hostelería de mercado. De esta forma, se conservaban la identidad, el carácter histórico y la función social de este espacio público.

Sin embargo, según señalan los vecinos, “por razones que todavía no han sido suficientemente explicadas”, el Ayuntamiento de Santander y la empresa concesionaria del mercado (Baika) decidieron sustituir esa pequeña hostelería por un único establecimiento de comida rápida, que pasará a ocupar la mayor parte de la superficie del Mercado, así como la plaza pública superior.

Esta concesión se otorga durante 40 años, con un pago anual al Ayuntamiento de tan solo 6.800 euros, mientras que la concesionaria se estima que ingresará, como mínimo, 300.000 euros anuales. “Han pasado ya más de nueve años desde la firma del contrato, en febrero de 2017. Lo que debía ejecutarse en nueve meses, o como máximo en doce, se ha convertido en un retraso de casi una década”, explican los vecinos.

En junio de 2020, la asesoría jurídica municipal “ya advirtió de que este retraso suponía el incumplimiento de una obligación esencial” y que el Ayuntamiento podía imponer sanciones o incluso extinguir la concesión. “Aun así, Baika ha seguido incumpliendo todos los plazos, mientras la administración ha permanecido indiferente”, critican.

En marzo de 2026 solo consta terminada la fase I “y con varios años de retraso” y la fase II, que incluye la hostelería y el pabellón, sigue sin ejecutarse. “¿Por qué no se ha extinguido la concesión?”, se preguntan.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad autónoma. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Óscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información, Palomera había dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

Todas las familias de los jóvenes fallecidos al colapsar la pasarela de la senda costera de Santander, además de la chica que sobrevivió, están personados en la causa judicial abierta tras este suceso.

También están personados el Ayuntamiento de Santander y la agente de la Policía Local que la jueza ha citado a declarar como investigada.

Fue el pasado 3 de marzo cuando la pasarela de la senda costera en El Bocal se rompió, lo que provocó la muerte de seis jóvenes entre 19 y 22 años. Una séptima sobrevivió y fue ingresada en el Hospital Valdecilla de la capital cántabra.

Un día antes del suceso un vecino alertó al 112 del mal estado de la pasarela, y ese servicio de emergencias pasó el aviso a la Policía Local.

Tres días después del suceso, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, compareció en una rueda de prensa en la que dijo que la agente de la Policía Local que recogió ese aviso del 112 no hizo nada: ni lo trasladó a ningún equipo del Cuerpo ni abrió una incidencia. Se trata de la persona investigada.

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander abrió diligencias tras los hechos y, según informan a EFE fuentes judiciales, tanto la Demarcación de Costas como el Ayuntamiento de Santander han aportado ya los expedientes sobre la obra solicitados.

La jueza había requerido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aportasen toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos respecto al estado de conservación y mantenimiento.

La magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida.

También ha citado como testigos a dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora de ese servicio de emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

La magistrada había solicitado además al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclamaba que se le entreguen los audios.

El día antes del accidente mortal que ha costado la vida a seis jóvenes en la senda costera de Santander, tras el hundimiento de una pasarela en mal estado junto a la playa de El Bocal, un vecino llamó dos veces al teléfono de emergencias 112 para alertar del mal estado de esa estructura, que a su juicio corría riesgo de colapso. Pasaron el aviso a la Policía Local. Nadie reaccionó ni tomó ninguna medida preventiva. El puente seguía abierto al paso cuando unas horas después se desplomó y provocó la muerte de seis de los siete integrantes de un grupo de estudiantes que había ido a pasear y disfrutar de la tarde en ese entorno natural.

El Ayuntamiento de Santander primero pidió un informe a su propia Polícia Local para saber qué ocurrió. Por qué no se tramitó esa alerta. Antes de tener el documento sobre la mesa, una exclusiva de SER Cantabria desveló que el agente que recibió el aviso simplemente “lo anotó y se le olvidó”. El contenido de esta llamada a la Policía Local, que está grabada y que se ha puesto a disposición judicial por parte del 112, fue bastante explícito: “El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”, trasladó al Consistorio la gestora de sala del centro de emergencias, que además dio indicaciones precisas de dónde se situaba ese puente al que hacía referencia el vecino, la pasarela de El Bocal que finalmente se vino abajo con un desenlace fatal.

Después de algo más de diez años allí, el pequeño puente de madera que salva un desnivel de más de 20 metros de altura entre dos estrechos acantilados no parece ser responsabilidad de nadie. “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, declaró la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en el escenario de la tragedia. Fue la primera noche, apenas unas horas después del accidente, con todo el dispositivo de búsqueda activado y varios cuerpos desaparecidos en el mar. Todo un anticipo de lo que puede pasar a partir de ahora, cuando la aparición de la última víctima ha permitido desactivar todo el operativo.

Lo cierto es que las administraciones implicadas se miran de reojo, con ciertos recelos ante el temor de quedar señaladas por la responsabilidad de la tragedia. Por un lado, el Ayuntamiento de Santander, que impulsó el proyecto y se comprometió a responsabilizarse de su conservación y mantenimiento posterior. Por otro, el Ministerio de Medio Ambiente, que construyó esa pasarela y otras similares a lo largo de un recorrido entre el Faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar a través de la Demarcación de Costas, pero que las protestas vecinales por lo agresivo de la intervención llevaron a paralizar y abandonar el propósito durante más de una década.

La alcaldesa de Santander reconoce ahora que no ha hecho ninguna tarea de mantenimiento en diez años, más o menos el tiempo que lleva al frente del Consistorio, cuando sustituyó en el cargo al verdadero ideólogo de ese proyecto, el exalcalde y exministro de Fomento Íñigo de la Serna (PP). Gema Igual considera que no es de su competencia porque “no está acabada la obra”. Una obra que se paralizó hace más de una década por las protestas vecinales y la cercanía electoral. Costas liquidó el contrato con la constructora Dragados y a partir de entonces ambas administraciones se lavaron las manos. La senda costera, diez kilómetros de sendero artificial al borde del mar, quedó olvidada a su suerte hasta el día que sucedió la tragedia.

Tregua temporal

En los primeros momentos del suceso, desde el puesto de mando habilitado en los acantilados, la alcaldesa despejó el balón, insistió en que la obra era de Costas y a renglón seguido -sin que ningún medio de comunicación le preguntase por su mantenimiento- pidió “que la política no manche el rescate”. Sus palabras generaron el efecto contrario: abrieron la espita del conflicto de competencias que se avecina y que presumiblemente se dirimirá en los tribunales. Ella fue la primera en sacudirse su posibles responsabilidades.

A la vez, aunque la senda costera “no es de su competencia”, asumió el protagonismo del rescate en primera persona como portavoz, sin apoyo de ningún técnico, y ante la ausencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México con un grupo de militantes socialistas miembros de la Fundación Matilde de la Torre para traer los restos de la política y escritora cántabra. El Ministerio tuvo que desplazar de urgencia desde Madrid al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), que esa misma tarde, sobre el terreno, no aportó información sobre las causas del desplome de la pasarela de madera. Ambos atendieron a los medios sin apoyo técnico, hasta el punto de que el día después de la tragedia los periodistas preguntaron a la alcaldesa qué altura tenía la grieta acantilada por la que cayeron las víctimas y no lo sabía. Se lo tuvieron que apuntar.

El secretario de Estado y alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la ministra Sara Aagesen (PSOE), tampoco ha estado dispuesto a asumir en solitario la 'paternidad' de la senda costera que parece habitar en un limbo administrativo. “A la hora de atender a la seguridad frente a los ciudadanos es responsabilidad de las tres administraciones”, dijo cuando los medios le preguntaron de quién depende la pasarela. “¿De quién depende su mantenimiento?”, inquirió otro periodista. “Si no sabemos cuáles son las causas, intentar encontrar responsables es bastante complicado”, respondió Morán a pocos metros de una estructura de madera que había colapsado con un evidente deterioro por el paso de los años.

A continuación, la alcaldesa de Santander precisó que la “primera fase” era el momento de las víctimas y de la atención a las familias. La segunda será “la identificación de las causas”. “Y nos corresponde a las administraciones aportar la documentación que nos pida el juzgado, antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente”, apuntó Igual. La última fase, añadió, será “reparar” el daño producido a las familias. “No es el momento para entrar en el análisis de las hipótesis, ni de la elucubración, ni de las causas, ni de las posibles responsabilidades, puesto que la propia Policía Judicial está trabajando sobre el terreno”, subrayó la regidora santanderina. En su opinión, “cualquier declaración que hagamos fuera de ese ámbito solo conduce a generar más incertidumbre y, por lo tanto, más preocupación”.

No obstante, añadió que “la hemeroteca existe” y que “los santanderinos saben perfectamemte que es una obra que ejecutó Costas, que tuvo una protesta por los vecinos y que, no finalizada, se suplió con otro proyecto”. “No vamos a achacar responsabilidades porque no es el momento”, concluyó. Dos días más tarde abrió fuego contra Costas. Ya lo tenía claro. En su opinión, el Consistorio no hizo nada porque no le correspondía y todas las responsabilidades recaen en otra administración. Ni siquiera el anuncio de la apertura de un expediente a la agente de la Policía Local de Santander que no respondió al aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela en la víspera de la jornada fatídica recae sobre sus espaldas. “El accidente no fue porque la Policía Local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado”, despachó este viernes en una insólita rueda de prensa convocada explícitamente para exculpase.

Compromiso de mantenimiento

Poco después de sus primeras declaraciones en El Bocal, elDiario.es difundió un documento oficial por el que el Ayuntamiento de Santander se comprometió en 2004 a hacerse cargo del mantenimiento de la senda costera cuando terminasen las obras. El Consisorio ha respondido argumentando que no es de su competencia porque las obras del proyecto que comenzó a ejecutar la Demarcación de Costas, y posteriormente paralizó, “no están finalizadas”. Tampoco constan peticiones recientes del equipo de gobierno del PP a Costas para que se concluyeran los trabajos, se retiraran los restos abandonados o se hicieran cargo de la conservación de esas estructuras dado que están en su término municipal, no asumían su responsabilidad y podían suponer un peligro, como finalmente ha quedado demostrado.

La concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo (PP), ha asegurado que “en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas” y que “el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Ayuntamiento queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento”.

“El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen”, recalcó la edil. Rojo, además, ha hecho hincapié en que, entre la documentación que se ha podido consultar desde el momento del accidente no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente. En este sentido, ha señalado que este hecho administrativo debería haberse realizado porque, de lo contrario, “el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento”.

Demarcación de Costas no se ha pronunciado oficialmente, más allá de las declaraciones iniciales del secretario de Estado de Medio Ambiente unas horas después del colapso de la pasarela. Pese a no ser de su competencia, el Ayuntamiento precintó poco después las otras dos pasarelas cercanas del trazado de la misma senda costera, según su versión, “a solicitud de Costas”. Esa misma petición apenas un día antes, a través de la alerta de un vecino al 112 y la posterior llamada del centro de emergencias a la Policía Local, no fue tenida en cuenta.

Una llamada sin atender

Y es que en las últimas horas se han precipitado los acontecimientos: se encontró a la última joven desaparecida y se conoció que la agente de la Policía Local no hizo nada cuando el 112 le trasladó la llamada del vecino alertando del peligro de colapso del puente. La alcaldesa de Santander admitió este viernes que “la cadena de respuesta no funcionó” y ha anunciado “una revisión completa de la gestión de avisos”. Los periodistas le preguntaron si se habían recibido más advertencias o quejas vecinales a lo largo de estos años sobre el estado de la pasarela. Dijo que no le consta -lo mismo que dijo en un primer momento de la llamada de emergencias- pero adelantó que ha solicitado a los servicios municipales que comuniquen si han recibido en los últimos meses otras reclamaciones.

La mayor parte de la comparecencia en el Ayuntamiento la dedicó a lanzar balones fuera. Costas es responsable de todo, el documento que firmó el Ayuntamiento comprometiéndose a ocuparse del mantenimiento de la senda “no tiene validez” y también aclaró que ella no va a ser culpable “de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”. Pero matizó que “si las responsabilidades individuales se derivan en políticas, no tendré problema en asumirlas”.

Eso sí, anunció una medida: va a editar un plano de la ciudad que señale en color rojo las zonas que pertenecen a la Demarcación de Costas y en azul las que gestiona directamente el Ayuntamiento. “Para que los vecinos sepan a quién tienen que reclamar”, dijo en este sentido.

Desde Demarcación de Costas y el Ministerio, sin embargo, han preferido guardar silencio de momento y se han limitado a enviar un mensaje a modo de advertencia: “La alcaldesa ha realizado diversas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa. En cualquier caso, por nuestra parte, no vamos a contribuir a alimentar una polémica ni a generar más ruido en este momento. Creemos que lo más responsable es mantener la serenidad y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante, dejando que los hechos y los datos hablen por sí solos”.

Unos minutos antes, la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), había entrado en la polémica nada más firmar el acuerdo de Presupuestos con el PRC. Desveló que había prometido a la madre de una de las jóvenes fallecidas, la única que era procedente de Cantabria, que va a hacer “lo humanamente posible porque se sepa lo ocurrido” y criticó las “tentaciones de hacer política partidista” con el suceso. “A mí ese comportamiento me duele, ese comportamiento me avergüenza, porque revela una falta absoluta de ética y, sobre todo, una falta absoluta de respeto hacia esas víctimas y hacia esas familias. Y, desde luego, ni voy a participar de eso, ni voy a caer en eso”, ha afirmado.

Lo cierto es que la beligerancia pública del Ayuntamiento para sacudirse la responsabilidad y la negligente gestión del aviso que ignoró la policía local, con algunas versiones iniciales del contenido de las llamadas que no se ajustaban a la realidad, indica la máxima preocupación por los resultados de la investigación judicial y, especialmente, por la repercusión pública del comportamiento de todas las administraciones implicadas. Por ahora, lo que nadie ha dicho es cómo van a resolver la situación y poner solución al limbo administrativo de la senda costera. 

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha reconocido este viernes que “la cadena de respuesta no funcionó como debía” y que abrirá un expediente a la agente de la Policía Local que recibió la llamada del servicio de emergencias 112 alertando del aviso de un ciudadano sobre del riesgo de colapso de la pasarela, que se desplomó al día siguiente provocando la muerte de seis jóvenes y el ingreso en la UCI del Hospital Valdecilla de la única superviviente.

Una vez cerrada la primera fase del rescate, “vamos a la segunda parte, que es la del papeleo y reconocer el fallo”, ha comenzado diciendo en una rueda de prensa convocada de urgencia y en la que ha anunciado una “revisión completa de la gestión de avisos” del equipo de la Policía Local de Santander.

Aunque Igual ha asegurado que no le consta ningún otro aviso sobre el estado de la pasarela, también ha solicitado a los servicios municipales que comuniquen si han recibido en los últimos meses otras quejas o reclamaciones sobre el estado de abandono de la senda costera del litoral norte de la ciudad.

El informe municipal elaborado por la Policía Local de Santander -que Gema Igual dice haber recibido este viernes a las diez de la mañana- señala, según la alcaldesa, que el agente “no percibió un grave riesgo de colapso” en el mensaje que recibió del centro de emergencias 112 Cantabria el lunes a las 12.14 horas, un día antes de la tragedia mortal. Además el policía local argumenta que “en ese momento no se disponía de equipos” aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento “murió ahí”, ha añadido la alcaldesa.

El accidente no fue porque la Policía Local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado

Gema Igual (PP) — Alcaldesa de Santander

También consta en el informe que “tuvo voluntad de abrir una incidencia” que no se hizo “porque el aviso no ha quedado en cola”. “El accidente no fue porque la Policía Local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado”, ha considerado Gema Igual, que ha insistido en que “no se puede hacer responsable a toda la Policía Local y a todo el Ayuntamiento”.

Depurar responsabilidades

“La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia”, ha reconocido ante los medios. La regidora ha manifestado que, por su parte, trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado “ni en honestidad ni en transparencia”.

También ha añadido que no va a ser culpable “de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”. No obstante, ha añadido que “si las responsabilidades individuales se derivan en políticas, no tendré problema en asumirlas”.

“Si yo tengo responsabilidades como alcaldesa, también todos y cada uno de los funcionarios tienen responsabilidades, porque tener un trabajo es un derecho, pero que conlleva también unas obligaciones”, ha dicho.

Achaca la responsabilidad a Costas

Igual ha dado las gracias al ciudadano que hizo la llamada de alerta: “Hizo lo correcto, quien no lo hizo fue un agente de la Policía Local”. Aunque, ha advertido de que “no teníamos que haber llegado a que un vecino advirtiese”, culpando a la Demarcación de Costas del estado de las estructuras de madera que instaló hace 12 años en la senda costera de Santander. En paralelo, ha dicho que “el Ayuntamiento de Santander no tiene que mantener esa pasarela”. “La responsabilidad total es de Costas”, ha recalcado en su comparecencia ante los medios.

Además, ha pedido a los ciudadanos que sigan llamando si ven algo similar y no dejen de hacerlo pensando “para qué voy a llamar si no me van a hacer caso”, en alusión a lo que ha pasado con el aviso del vecino de El Bocal. “Voy a trabajar para que les hagan caso”, ha dicho. También ha admitido que, en otras ocasiones, la Policía Local avisa a Costas de las incidencias en la zona.

Gema Igual se ha quejado de que “los santanderinos piensan que todo el territorio de Santander es del Ayuntamiento, pero no es así”. Para ello, ha anunciado que va a editar un plano de la ciudad donde, en color rojo, “se señalarán las zonas que pertenecen a la Demarcación de Costas y en azul las que pertenecen a la ciudad”, anticipando el conflicto abierto con este organismo encargado del territorio marítimo-terrestre, pero sin competencias reales en seguridad o mantenimiento.

Ante los medios, también se ha referido al documento oficial firmado en 2004 en el que el Ayuntamiento se compromete a hacerce cargo de la conservación de la senda costera cuando finalice la obra. El compromiso, alega Igual, “es sobre un proyecto que jamás se ha finalizado, ¿si las obras no se finalizan qué valor tiene ese acuerdo? Ese documento no tiene validez”, ha opinado.

En este sentido ha sido categórica: “El Bocal está en terreno de Costas”. Hace mucho tiempo entre ambas administraciones se acordó “que hay que poner en valor en esa zona, un poco más cómoda para dar un paseo”. “Es Costas quien hace el proyecto, quien adjudica la redacción del proyecto en octubre de 2002 con un acuerdo entre las dos administraciones. El Ayuntamiento solo gestionó la expropiación de los terrenos particulares que pagó Costas”, ha insistido.

Por último, la alcaldesa ha planteado abordar esta cuestión de las competencias y responsabilidades con Costas en un próximo encuentro, pero ha criticado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), que no cumpliera con “la elegancia” que habían pactado estos días al comparecer juntos por respeto a las familias.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha valorado de forma positiva la sentencia conocida este miércoles que avala la resolución del contrato de recogida de residuos acordada por el Ayuntamiento frente a la UTE Ascán-Geaser, al considerar que acerca el conflicto a un desenlace que evite un mayor perjuicio económico para la ciudad, y ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación para “depurar responsabilidades”.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha manifestado en un comunicado que “como concejal y vecino de Santander, respiro aliviado, porque al fin tenemos una buena noticia sobre el estropicio en el que ha convertido Gema Igual el servicio de 'basuras'”.

Aunque ha recordado que la sentencia no es firme y ha opinado que “previsiblemente habrá recurso por parte de la empresa”, el edil considera que supone un paso importante hacia el cierre de un conflicto que, finalmente, “no suponga seguir tirando a la papelera el dinero de todos los vecinos a causa de su gestión incapaz, oscura y anhedónica de lo público”.

La formación ha precisado que la resolución judicial afecta a una de las dos grandes vías del conflicto, la legalidad de la rescisión del contrato, aunque deja abierto otro frente, el de las deducciones aplicadas en facturas durante 2020 y 2021.

A este respecto, el Ayuntamiento ha acumulado 16 sentencias firmes en contra, confirmadas en diferentes instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, con un impacto económico que ronda los 3,2 millones de euros que deberán abonarse a la empresa con cargo a las arcas municipales. “Por desgracia, aunque la justicia avale una rescisión de contrato que llevábamos años pidiendo, eso no borra el dinero que ya se ha perdido por una gestión deficiente”, ha señalado Martínez.

Y es que el edil considera que estas 16 sentencias no se habrían producido si el Ayuntamiento hubiera aplicado un “buen seguimiento y fiscalización” del cumplimiento del contrato.

“La falta de control permitió durante años validar certificaciones y servicios que ya entonces denunciábamos que no se estaban cumpliendo”, ha explicado el edil, que ha señalado directamente a la alcaldesa y su equipo como responsable.

“Cuando no se supervisa correctamente un contrato de esta envergadura, el resultado es el que estamos viendo: deficiencias en la prestación de servicios, pleitos, inseguridad jurídica y millones de euros perdidos”, ha añadido Martínez, quien ha subrayado que el de basuras no es el único contrato que el Ayuntamiento “ha dejado de fiscalizar correctamente”.

Comisión de investigación

En este sentido, el concejal ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación que permita “analizar con rigor todo el proceso, identificar fallos y depurar responsabilidades”. Se trata de una reclamación sostenida por la oposición durante ésta y la pasada legislatura, que el equipo de Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente “por razones absolutamente opacas y que parecen destinadas únicamente a proteger a los principales responsables de que la situación haya derivado hasta este punto”.

“Si de verdad queremos cerrar esta etapa con garantías y recuperar la confianza de la ciudadanía, hace falta luz y taquígrafos. No basta con una sentencia favorable: hay que explicar cómo se llegó hasta aquí y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir con el siguiente contrato, que todavía no está en vigor pese a cuatro años de contrato de emergencia, que aseguraron que apenas iba a durar unos meses”, ha insistido el concejal.

Por último, y en referencia al nuevo contrato, el edil ha apuntado que el nuevo pliego “solamente prevé dos auditorías en diez años”, lo que en base de la experiencia con Ascán, “nos parece muy poco”.

En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer un seguimiento “más exhaustivo, que garantice no solamente la buena prestación del servicio, sino que se hace de la forma más correcta y adecuada para que sea eficiente, y no acabe repercutiendo económicamente en el bolsillo de todos y cada uno de los santanderinos”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Santander modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir un cambio en las normas urbanísticas que favorecía al Hospital Santa Clotilde, con quien el Gobierno de Cantabria firmó recientemente un convenio singular para la privatización de servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta 2042. La modificación permitirá construir nuevos pabellones en los actuales jardines y el aparcamiento del recinto hospitalario privado situado en el Paseo Altamira.

La modificación urbanística fue solicitada por el centro santario dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en enero de 2023 y se aprobó en el verano de 2023 con la firma del entonces concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Ciudadanos), que ya no tiene representación municipal. En el período de información pública se presentó una única alegación por parte de la clínica privada Mompía que fue desestimada por el Consitorio, tal y como ha podido consultar elDiario.es.

La ampliación de las instalaciones es uno de los requisitos exigidos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026. El centro religioso deberá tener 16 camas (hasta sumar 84) y 20 consultas más, pasando de las 14 actuales a 34. Asimismo, deberá duplicar el número de quirófanos de tres a seis, disponer de seis puestos más de hospital de día y habilitar otros 20 más para rehabilitación. Entre la lista de tareas pendientes también figura comprar dos ecógrafos y aumentar el número de salas de radiología y endoscopias digestivas, con lo que completaría el catálogo de exigencias de medios materiales.

Desde la Consejería de Salud se indica que está previsto que se cumplan los requisitos “una vez hagan [el Hospital Santa Clotilde] la ampliación que tienen prevista” y el centro sanitario ha confirmado a este periódico que está en fase de planeamiento.

El plan de urbanismo vigente en Santander, aprobado en 1997 y que está en vigor tras la anulación por el Tribunal Supremo del nuevo planeamiento, partía en dos las parcelas de Santa Clotilde y del Colegio Haypo. Ambas fincas colindantes formaban parte de una unidad de actuación que planteaba abrir un vial desde la calle Francisco Palazuelos hasta Prado San Roque. La modificación urbanística de 2023 suprimió este vial y constituyó una nueva unidad específica solo para el hospital, sin el colegio.

La supresión del vial derivó en una solución en fondo de saco en la calle Prado San Roque, donde el hospital cedió espacio para construir una rotonda. La modificación urbanística municipal permite, además, la construcción de un edificio complementario para usos socio-sanitarios (pruebas funcionales, consultas...), administrativos y espacio polivalente (salón de actos, formación, etcétera).

El documento detallaba que era preciso renovar las instalaciones quirúrgicas -actualmente ubicadas en la planta baja del hospital- “por su obsolescencia y por la necesidad de adecuación a la normativa de referencia”. Los quirófanos actuales tienen una antigüedad superior a 25 años.

A la vez, la reordenación de esa parcela se justifica en que hace falta ampliar los vestuarios de pacientes y de profesionales, el área de Reanimación y Hospital de Día quirúrgico y las zonas para el almacenamiento de aparataje y equipamiento médico. También precisa más espacio el área de rehabilitación para añadir los servicios de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional en esta zona. Por último, Santa Clotilde también requiere ampliar y reformar las unidades de hospitalización.

El centro sanitario también habría planteado eliminar algunos árboles de gran porte incompatibles con las futuras nuevas edificaciones. El documento dice que se decidirá en función de un estudio -que se incorporará a la fase de proyecto de ejecución- y que decidirá si la alternativa es el trasplante o la eliminación y restitución.

Esta operación urbanística, que se aprobó en 2023, permitirá ahora al hospital privado ampliar sus instalaciones y adaptarse a las exigencias del millonario convenio de privatización que ha firmado con el Servicio Cántabro de Salud para asumir algunas pruebas que hasta ahora se desarrollaban en la sanidad pública, como las mamografías o las pruebas de detección de cáncer de colon, entre otras.

La comunidad de vecinos de Puertochico que instaló una pancarta contra la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio no va a descolgarla por el momento. El pasado 22 de octubre la Policía Local de Santander ordenó retirarla de la fachada del edificio del número 7 de la calle Andrés del Río porque alegaban que no tenía licencia.

Esto sucedió a las once de la mañana. Tres horas después, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Santander ya había redactado un informe urbanístico exprés que aconsejaba retirar “el elemento publicitario” porque, según justificaban, “no es compatible con el planeamiento vigente”. A criterio de la autoridad municipal, incumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

El informe urbanístico hacía referencia al artículo 41 que prohíbe colocar banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarios. Pero el texto de la pancarta, “GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”, ni siquiera hace referencia directa a la marca de comida rápida que se instalará ahí y que ha generado el conflicto con los vecinos.

La decisión municipal también se basaba en otro artículo que prohíbe lanzar propaganda gráfica en la vía pública y al ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a una persona como soporte material del mensaje.

Los vecinos recurrieron esta sanción, pero el Ayuntamiento ha respondido que sigue adelante con los trámites para sancionar a los responsables. La respuesta al escrito que presentaron los vecinos justifica la retirada de la pancarta aludiendo ahora a otros artículos diferentes de la ordenanza municipal e insisten en que supone un peligro. “A pesar de haber permanecido desde hace dos meses perfectamente en la fachada soportando las inclemencias temporales y de haber sido colocada por profesionales”, argumentan los vecinos.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia que el equipo de gobierno del PP “ahonda en su actitud persecutoria” porque incluye de forma “creativa” nuevos supuestos incumplimientos por la colocación de la pancarta, en un informe que creen “del todo tergiversado”.

Insisten en que la Alcaldía “debería cejar en su empeño por aplastar la voluntad vecinal de proteger su mercado municipal” que temen “sea entregado” a una multinacional en una operación de pelotazo de la que solo se beneficiaria Baika, empresa con la que se privatizó la gestión del mercado.

Para los vecinos de Puertochico, el problema no se limita a un ataque directo a su libertad de expresión. En su opinión, resulta especialmente grave la facilidad con la que “la Alcaldía detecta presuntos incumplimientos de la ordenanza de publicidad, mientras ignora de manera sistemática el flagrante incumplimiento del contrato de rehabilitación del Mercado de Puertochico”.

La Comisión señala a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y al concejal de Comercio, Álvaro Lavín (PP), que son, a juicio de la Comisión, “cómplices necesarios” de que el mercado lleve más de siete años en obras y “se encuentre a medio hacer con la destrucción de comercio local que ha supuesto y las dificultades que sufren quienes han aguantado”.

El contrato adjudicado a la empresa Baika establecía un plazo máximo de un año para la rehabilitación, “sin que hasta la fecha se haya sancionado o rescindido el contrato, ni siquiera exigido su cumplimiento efectivo”, aseveran los vecinos.

Desde la Comisión se denuncia, además, que el equipo de gobierno del PP no solo se inhibe de la protección de un servicio público esencial como es el mercado municipal, “incumpliendo su propia regulación de mercados y el fin social del mismo”, sino que ahora el mercado se está transformando en un centro del que “solo saquen tajada” constructoras y McDonald's. “Única empresa que puede hacer frente a los 300.000 euros que plantea ganar Baika de la explotación del mercado, suma imposible de afrontar para la mayoría de pequeños comerciantes”, añaden, al tiempo que señalan además la ausencia de transparencia de la adjudicación y del proceso de rehabilitación.

Apoyo internacional

En este contexto, una agencia vinculada a la UNESCO, el Business & Human Rights Resource Centre, cuya labor se centra en la protección del patrimonio y del comercio local, se ha puesto en contacto con los vecinos y ha trasladado sus alegaciones y reivindicaciones a la dirección central de McDonald’s en Estados Unidos.

La respuesta de la multinacional ha sido, según denuncian los vecinos, “evasiva y basada en un supuesto cumplimiento de la legalidad”, extremo que la Comisión niega a la vista de las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos del Ensanche, entre otros colectivos. Creen que la respuesta de la multinacional se debe al amparo con que cuentan por parte de la Alcaldía.

El sindicato UGT denuncia que el equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) en el Ayuntamiento de Santander ha cambiado los “canales de firma” de acceso al dinero público para que los cinco directores generales nombrados a dedo como personal de confianza del Partido Popular actúen como jefes de servicio y validen “decisiones políticas”.

“Este equipo de gobierno trabaja transformando el Ayuntamiento de Santander en su empresa privada con dinero público”, opina la organización sindical. Según sostienen, el Consistorio modificó el sistema de firma para que la Concejalía y la Dirección General de turno, altos cargos de designación política, autoricen los gastos “omitiendo de modo cada vez más frecuente a los funcionarios jefes de servicio”.

Según explican, este cambio permite actuar a los directores generales como “jefes de servicio políticos”, advierte UGT, “validando de esta manera todo lo que ellos proponen”.

Además, el sindicato alerta de que cualquier acto administrativo firmado por los directores generales sin informe previo de la Jefatura de Servicio correspondiente -aprobaciones de gasto, validaciones de facturas, etcétera.- “son susceptibles de ser nulos de pleno derecho e incluso con posibles repercusiones a nivel contable”.

En este sentido, advierten que cuando las direcciones generales redactan informes, elaboran presupuestos o proponen pagos “entran en el ámbito ejecutivo que trasciende ampliamente el de definir estrategias”. UGT recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 9.2 “excluye a los directores generales de la salvaguarda de los intereses generales y la gestión técnica”, que es competencia exclusiva de los funcionarios.

Seis direcciones generales

En estos momentos en el Ayuntamiento de Santander hay seis direcciones generales ocupadas, cinco de ellas, por personal eventual de libre elección que está al frente de las áreas de gestión municipal de Innovación, Recursos Humanos, Fomento, Cultura, Medio Ambiente y Agua.

La denominación oficial es la de 'órganos directivos no titulares de plaza' que en el escalafón municipal se sitúan por debajo del concejal y por encima del jefe de servicio. El más polémico es el director general de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, que compatibiliza su cargo con la preparación de opositores en una academia privada, cuestión que ha sido denunciada también por UGT.

Además, hay otros cuatro directores generales. El equipo del Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento de Santander nombró directora general de Innovación a Verónica Gutiérrez; de Fomento a Pablo García Calvo; de Cultura a Yolanda de Egoscozabal, y de Medio Ambiente y Aguas a Belén Domínguez. Hay un sexta dirección general vacante correspondiente al Servicio Jurídico.

En relación a esta política de contratación de personal directivo eventual, el sindicato UGT defiende que “quien ha de gestionar y dar recursos es el propio equipo de gobierno”.

El Ayuntamiento de Santander ha encargado la restauración de dos esculturas de Joan Miró, que fueron cedidas por los herederos del artista a través de Successió Miró, por un importe de 7.800 euros. Las obras, 'Femme debout' y 'Tête sur socle', instaladas al aire libre en los Jardines de Pereda desde 2019 no son, por tanto, de propiedad pública municipal.

Las esculturas serán restauradas por Lidia Quevedo, directora de la Fundacion Santa María de Toraya, dedicada a la conservacion del patrimonio artístico de Cantabria, que tiene un plazo de 20 días para realizar el trabajo.

Ambas esculturas, y otras dos que están en el Centro Botín, se expusieron con motivo de la muestra 'Joan Miró: Esculturas 1928-1982' en 2018 y ese mismo año se anunció un convenio del Ayuntamiento con Successió Miró, que agrupa el patrimonio del escultor y pintor, para que permaneciesen de forma permanente en la ciudad.

La familia de Joan Miró dijo entonces que cumplía así con el deseo del artista de que sus obras de gran formato estuvieran en espacios públicos accesibles. Fue una cesión temporal por cinco años renovables por otros cinco y ahora, al inicio de 2026, el Ayuntamiento asume la restauración de las dos piezas escultóricas.

Según el Centro Botín, todas las obras cedidas estaban en Palma de Mallorca. Mientras que el artista realizó 'Tête sur socle' (1978) con objetos fue encontrando, 'Femme debout' es “uno de los muchos homenajes que Miró le dedicó a la mujer”, que creó en 1969. En ambos casos, eran piezas más pequeñas que años después aumentó, en el caso de 'Femme debout', hasta los dos metros.

Patrimonio de Santander

La restauración de estas dos obras cedidas ha sido un proceso más ágil que el de otras piezas del patrimonio de Santander; sirva como ejemplo la deteriorada estructura de los galeones de Vital Alsar, ubicados en la Península de La Magdalena, cuyo arreglo lleva años sin resolver, como han denunciado reiteradamente asociaciones y partidos políticos.

Tras la polémica por el mal estado de las piezas, el Ayuntamiento acaba de contratar este mes de enero la estabilizacion y el escaneo 3D de los galeones para, posteriormente, decidir si pueden ser reparados o si se optará por una “recreación, construcción o arreglo” de un solo galeón de los tres que hay.

La propiedad del campo del Racing de Santander pasó a manos municipales hace cuatro décadas en una polémica operación urbanística cuyos rescoldos se avivan ahora que la pretensión de ampliar el actual estadio choca con la negativa de su propietario: el Ayuntamiento de Santander.

La misma institución municipal que orquestó el embargo del viejo estadio: lo compró para reformarlo, pero acabó por derribarlo y hacer un parque sobre sus cenizas argumentando que no era un terreno urbanizable.

Cuando, en realidad, fue una operación que facilitó legalizar los excesos urbanísticos en el entorno de la Segunda Playa de El Sardinero y que acabó por costar casi 2.000 millones de las antiguas pesetas de dinero público.

Los documentos del Archivo Municipal de Santander: borradores del Plan Bahía, las actas de plenos, el decreto de un ministro de 1967 y una sentencia del Tribunal Supremo estampada diez años después certifican que el terreno sobre el que se asentaba el estadio viejo –inaugurado en 1913 y derribado a principios de los años ochenta– sí era edificable. También, que dejó de serlo de repente, de un día para otro, cuando el Ayuntamiento decidió que ya no le interesaba que siguiese siéndolo.

En la segunda mitad de los años sesenta, Santander vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente que marcó y perjudicó el destino del viejo campo del Racing

En la segunda mitad de los años sesenta, Santander vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia reciente que marcó y perjudicó el destino del viejo campo del Racing. Lo que ocurrió entre 1965 y 1983 es una polémica trama urbanística y un retrato político de la ciudad que crecía hacia el norte y emprendía la transformación de El Sardinero con la presión inmobiliaria y turística.

La zona de la segunda playa de El Sardinero siempre había sido muy tentadora. De hecho, ya hubo un intento fracasado para edificar en el año 1947 un complejo turístico con más de un centenar de chalets y un hotel.

En 1964, al lado del campo de fútbol del Racing comenzaron a levantarse las torres de la promotora Feygón, 260 viviendas en seis módulos en forma de herradura. Antes de que el plan parcial Cabo Menor A –que debía legalizarlas– recibiera el visto bueno en Madrid. Un plan que desarrolló la propia promotora antes de comprar los solares necesarios para su propia promoción y en el que incluyó terrenos del Racing y de otros particulares. Es decir, presentó un plan urbanístico para ejecutar sobre unos terrenos que no eran suyos. La propia promotora elabora el plan parcial, se lo ofrece al Ayuntamiento de Santander y éste lo hace suyo inmediatamente. Una forma de proceder habitual en la época.

El Ayuntamiento concedió licencias apoyándose en una normativa anterior –el Plan Comarcal de 1952– que convertiría la zona en un dorado residencial turístico, a pesar de que clasificaba buena parte de ese suelo como zona verde y 'sistema viario principal'. Es decir, terreno donde no se podía construir.

Aunque entonces pasó desapercibido, el informe del arquitecto jefe municipal advertía sobre los viales de la zona: “Se reorganizan los aparcamientos, especialmente tras la desaparición del Campo del Racing, para mejorar su funcionalidad”. El escrito es de 1964, pero hasta mucho después nadie fue consciente de que la construcción de Feygón suponía derribar el estadio.

Federico Díaz Vallejo y Gonzalo Rodríguez Fraile, cuñados y propietarios cántabros de la constructora Feygon –un acrónimo que nació de las iniciales de sus nombres de pila– empezaron a construir su urbanización frente a la segunda playa de El Sardinero.

A Feygón le gustaba hacer rascacielos de la época. Construyeron algunos en Burgos, Alicante o Madrid. En Santander elevaron una torre de pisos de 51 metros frente al mar Cantábrico, que se mantiene como el edificio más alto de la ciudad, junto a otros bloques de viviendas en un complejo residencial turístico, como se bautizó en la época.

Todo el proceso se gestionó con la máxima celeridad urbanística por parte del Ayuntamiento de Santander. El 12 de marzo de 1964 la constructora registró un avance del plan parcial y al día siguiente ya tenía el visto bueno del arquitecto municipal. Ocho meses después ya estaba autorizado el definitivo.

La Junta Económica del Racing (JER) presentó alegaciones firmadas por cinco expresidentes del club: Carlos Estévez Romero, José Vidal de la Peña, Gonzalo Rincón Hevia y los también exjugadores Ramón Santiuste García-Quintana y Ricardo Naveda Puente.

Denunciaban que el Plan invadía y comprometía la propiedad del Racing sin haber sido consultado formalmente a sus verdaderos titulares: la Asamblea General de Socios que no había sido convocada ni informada. También añadían que el Plan concedía a Feygón S.A. una edificabilidad muy superior a la que le correspondía “y reduce injustamente la edificabilidad del Racing”.

En este contexto, se llegó a denunciar el supuesto conflicto de intereses del letrado municipal, Castor Soto Aranaga, también secretario de la Junta Directiva del Racing y a su vez asesor de la sociedad Edificios Feygón. El alcalde admitió que era cierto pero que nunca intervino en la tramitación del Plan que, por cierto, se acabó aprobando con los votos de tres concejales propietarios de viviendas en esa urbanización que se deberían haber abstenido.

Finalmente, el Ayuntamiento desestimó las reclamaciones, insistió que la parcela del club era plenamente edificable y dio el visto bueno municipal al Plan, cuestionado después por el Ministerio de Vivienda.

Feygón construía mientras a otros propietarios colindantes, como Octavio Celorio o Primitivo Rumayor, se les denegaban licencias. Una doble vara de medir que fue el núcleo del conflicto. Ellos denunciaron la situación en los tribunales en 1964. Presentaron un recurso argumentando textualmente: “Se permite a Feygón lo que sistemáticamente se nos niega a los demás”. Alegaban lo mismo que el Racing: que el Plan que el Ayuntamiento preparaba para “legalizar” lo ya construido y alteraba el reparto de aprovechamientos.

Ni el Racing ni estos propietarios se conformaron con la aprobación del Plan a nivel municipal y recurrieron a las altas instancias del Estado. El Ministerio de Vivienda constató que el Plan no cumplía la Ley del Suelo, que faltaban documentos esenciales, que no se notificó a los propietarios afectados y que no respetaba las zonas verdes.

No se habían dejado espacios libres para dotaciones. Los pisos de Feygón habían sobrepasado el límite de edificabilidad permitida. Pero el Estado optó por una solución salomónica: compensar los excesos del ladrillo con zonas verdes en el entorno. El decreto del Ministerio no mencionaba ni una sola vez los Campos de Sport. Tampoco prohibía edificar allí. Ni siquiera decía dónde debía ubicarse esa nueva zona verde. Pero nadie resolvió el asunto ni volvió a hablar de él durante años.

Una sentencia que pone los ojos en el Racing

Una década después las torres Feygón ya estaban terminadas. El Sardinero había cambiado su skyline y el Racing seguía jugando en un estadio viejo que necesitaba arreglar.

Habían pasado diez años sin decidir definitivamente dónde recolocar la zona verde que exigía el Ministerio y el entorno del plan Cabo Menor estaba agotado: no quedaba ni una sola parcela grande. Ni una sola zona libre que pudiera servir.

Solo había un terreno que cumplía todos los requisitos: los viejos Campos de Sport. Al alcalde conservador de la época, Juan Hormaechea, solo le quedaba la posibilidad de obtener zonas dotaciones convirtiendo el estadio en un parque público.

Proyecto de nuevo estadio en La Albericia

Cuando empezó a correr la voz de que el Ayuntamiento quería convertir el estadio en zona verde, en febrero de 1976, el presidente del Racing presentó públicamente el proyecto de un estadio nuevo en La Albericia con tres argumentos: que el club necesitaba construir en los terrenos del viejo estadio para financiar el nuevo, que existía el temor fundado a que el Plan Bahía acabase declarando zona verde el solar del Racing y que, si quería optar al Mundial 82, el club requería un estadio moderno y competitivo.

El discurso municipal empezó a cambiar. De repente, lo que había sido edificable durante décadas pasó a presentarse como un terreno “no apto”, “no propio”, “no adecuado” para construir. No había argumento jurídico: había estrategia política.

Los socios del Racing reaccionaron con una mezcla de desconfianza y firmeza. Recurrieron a los tribunales y en septiembre de 1977 el Tribunal Supremo confirmó que el Plan Parcial era válido, pero también que los Campos de Sport son terrenos edificables con los mismos parámetros urbanísticos que las parcelas de su entorno. Un diario de la época, La Gaceta del Norte, tituló: “Los Campos del Racing son terrenos edificables. Un nuevo Feygón legal pudiera levantarse en el solar”.

Poco después, en la primavera de 1978, el Ministerio obligó al Ayuntamiento a cumplir por fin el Decreto de 1967 y a recolocar las zonas verdes perdidas. El Ayuntamiento optó por tapar el escándalo y legalizar la situación de Feygón. No podia permitir que el Racing ejecutara su derecho a la edificabilidad. El derribo de la urbanización tampoco lo contemplaba, cuando además, en Feygón, vivían familias de concejales que aprobaron el plan, el abogado es el mismo que el del Ayuntamiento y en la urbanización tenían pisos personalidades influyentes en la vida política y social.

En realidad, la decisión estaba tomada: el solar del estadio sería dotacional, solucionando así el problema. Una decisión que cambiaba el valor del solar como quien gira una llave. Si era edificable, valía más de 450 millones de pesetas. Si era dotación, valía diez veces menos, y eso afectaba directamente al Racing, que intentaba financiar su traslado a La Albericia vendiendo el solar a pesar de la negativa de sus socios.

El viejo Sardinero era visto por el Ayuntamiento como la gran reserva de suelo con la que cerrar todas las heridas urbanísticas abiertas desde los tiempos de Feygón. Juan Hormaechea, concejal desde 1973, primer teniente de alcalde desde 1976 y alcalde desde 1977, conocía perfectamente el fondo del problema y la solución. Pero surgió un obstáculo: los socios del Racing.

En varias asambleas, los compromisarios rechazaron vender el estadio. Sabían que su campo era edificable –como había confirmado el Supremo– y que el solar podía alcanzar entre 800 y 1.000 millones de pesetas. Pero tampoco querían marcharse, sino reformar el estadio existente.

En 1981 el propio alcalde Hormaechea acudió a la asamblea para presionar directamente a los socios. La respuesta fue un 'no' rotundo a la venta. La reacción del alcalde queda recogida en la prensa de la época a modo de amenaza: “Voy a impedir que se pueda construir en los Campos de Sport”.

En este tira y afloja el Ayuntamiento llegó a organizar un referéndum improvisado durante un partido Racing–Real Madrid. Sin un censo claro, porque votaba cualquiera que entrara en el campo, incluso niños pequeños. Pese a todo, el resultado fue contundente a favor de la permanencia del Racing en el viejo Sardinero y de la remodelación del estadio existente.

Embargo de los terrenos

Como el Racing necesitaba reformar el estadio y arrastraba una deuda importante de 33 millones de pesetas, finalmente el 17 de marzo de 1983, el presidente José Luis Cagigas firmó la venta de los Campos de Sport al Ayuntamiento a cambio de que el estadio fuese reformado “en su actual ubicación”.

Para ello se orquestó una operación: con el pretexto de la deuda, el alcalde Hormaechea acabó por forzar el embargo de los terrenos. El técnico municipal que firmó el informe del asunto –fechado en agosto de 1981– certificó que el solar del viejo campo no era edificable y que si lo fuera valdría más de 400 millones de pesetas. Pero como es dotacional y vale muchísimo menos, el Ayuntamiento puede adjudicárselo compensando la deuda del Racing. Al final, se pactó un precio de 175 millones más la condonación de la deuda. Una cifra muy inferior a lo que valía el terreno si hubiera seguido siendo urbanizable.

La venta se aprobó por la mínima en una polémica Asamblea del Racing. En los días previos se modificó el censo: se excluyó del voto a más de un centenar de socios antiguos y críticos y se incorporó a otros más afines.

Un acuerdo que, en principio, se tomó con el visto bueno de la directiva racinguista siempre pensando que se remodelaría el actual estadio. Pero resultó ambiguo. El Ayuntamiento tranquilizó a los socios diciendo que compraban el campo para reformarlo.

Pero en el documento se añadió, a última hora y a mano, una frase que lo cambiará todo: “Salvo que se decida construir un nuevo campo en los terrenos actuales y colindantes por considerarse esta mejor solución”.

No tardó en ser víctima de la piqueta. Se derribó. La finca urbana del viejo campo de fútbol se convirtió en un parque. Aunque parezca extraño, ese era el objetivo: comprarlo para no hacer nada con él. Lo necesitaban como contrapeso, como zona verde, para legalizar la urbanización Feygón que había edificado más de lo que autorizado. Es decir, se aplicó un urbanismo a la carta para resolver el problema del exceso de edificabilidad en la zona.

Nuevo estadio

En 1985 el Ayuntamiento se gastó otros 85 millones en comprar una finca de más de 39.000 metros cuadrados en Las Llamas, que entonces era un descampado lleno de basura. Curiosamente, los propietarios eran los mismos que los del solar donde se levantó Feygón. En esos terrenos se erige desde 1990 el actual estadio de fútbol que se presupuestaron en 1.000 millones de pesetas y acabaron costando casi el doble: 1.600 millones.

El Racing sacrificó la propiedad de su campo, adquirido en 1945, para beneficiar a los promotores urbanísticos. Como consecuencia, desde entonces habita de prestado –con una concesión a perpetuidad– un campo de propiedad municipal sobre el que no puede tomar decisiones y que el Ayuntamiento no ha mantenido en buen estado.

En la ficha urbanística del estadio se afirma que la 'concesión en precario' caducaba el pasado 4 de marzo de 2025. No consta que se haya ampliado ese uso. En principio eso supone que el Racing pasaría a ser, jurídicamente, un usuario sin título, un ocupante irregular.

Todo este episodio duró dos décadas y costó 1.975 millones de pesetas a los santanderinos, aproximadamente 35 millones de euros actualizados a valores de 2025.

La ambición urbanística del Plan Cabo Menor supuso pagar con dinero público 175 millones de pesetas por la compra del viejo estadio, 33 por la deuda del Racing, 85 de los terrenos de Las Llamas, 1.600 por la construcción del nuevo estadio y 82 por la demolición del viejo Sardinero.

Sin contar los metros cuadrados públicos regalados a la urbanización, que construyó unos 24.000 metros cuadrados de más. Aprovechamientos que hoy son propiedad privada, como advierte un cartel a la entrada.

El Boletín Oficial de Cantabria publica la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del Ayuntamiento de Santander aprobada la semana pasada por el Pleno contra el criterio de los cuatro grupos de la oposición: PSOE, PRC, Vox e IU y sin estimar las alegaciones de ecologístas y asociaciones al proyecto del equipo de gobierno del Partido Popular.

Una zona de restricciones al tráfico de mínimos que solo afecta al Ensanche de la ciudad donde hay muchas calles peatonales o semipeatonales y que se realiza para no perder las ayudas del Ministerio de Transporte a los autobuses urbanos así como a los proyectos en marcha con financiación europea. Así lo reconoció la alcaldesa Gema Igual: “Santander actúa porque tenemos la obligación como todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y porque nos jugamos la bonificación del transporte y también los fondos europeos”.

Representantes de ARCA, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria conBici, Ecologistas en Acción, Higuera Ingeniería, las Mesas de Movilidad de Cantabria, Podemos, Verdes Equo y UGT denunciaron en su día que la ZBE planteada por el Consistorio “no cumple” con los objetivos porque “no protege la salud de las personas”. “Esta ZBE lo único que intenta es no incomodar la hostelería”, lamentaron en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación .

Las restricciones de la circulación entrarán en vigor el 19 de diciembre, pero se aplicará a partir del 31, el límite del plazo oficial que obliga a todos los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes a acotar zonas de tráfico para reducir la contaminación. Santander lo hace sin el consenso de los grupos municipales ni de los ecologistas y organizaciones que presentaron alegaciones que han sido rechazadas.

La ZBE de Santander afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados (el 0,6 % de la superficie total de Santander) en la zona del Ensanche de la ciudad, donde residen 5.900 personas.

La delimitación afecta solo al área de El Ensanche, de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas. Además, solo estará prohibido el acceso a vehículos con etiqueta A, los más antiguos y contaminantes, aunque con excepciones: se permitirá el tránsito de coches de residentes o de personas que vayan a estacionar en un aparcamiento subterráneo englobado en la zona.

El área engloba todas las calles interiores de la zona delimitada al sur por la calle Calvo Sotelo y el Paseo Pereda, al norte por las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, al oeste por la calle Lealtad y el este por Casimiro Sainz, aunque todas ellas quedan fuera de las restricciones.

Según la ordenanza que publica hoy el BOC, el Ayuntamiento controlará la calidad del aire, el nivel de ruido y la emisión de gases invernadero.

La Zona de Bajas Emisiones de Santander está rodeada por un perímetro de 2,5 kilómetros alrededor de las siguientes calles: Paseo de Pereda y calle Rualasal en su totalidad, calle Calvo Sotelo, desde el cruce con la Calle Lealtad hasta la calle Aduana y la calle Lealtad, desde Rualasal al cruce con Calle Calvo Sotelo.

La calle San José, desde la calle Sevilla hasta Rualasal. La calle Sevilla desde San José a Calle Guevara. Ésta última queda afectada por completo. Mientras que Santa Lucía solo desde el Río de la Pila hasta Paseo Menéndez Pelayo. Por último la calle del Sol también se incluye en la zona de bajas emisiones desde Menéndez Pelayo hasta el final.

La Asociación de Vecinos de Cueto ha presentado ante el Defensor del Pueblo de España una reclamación formal contra el proyecto del Ayuntamiento de Santander para transformar el entorno natural de Mataleñas mediante la creación de un aparcamiento y nuevas infraestructuras de urbanización financiadas con fondos europeos Next Generation.

Las protestas consiguieron que el Ayuntamiento renunciase al estacionamiento de autocaravanas, pero en su opinión no es suficiente: quieren participar en el diseño final del espacio. De hecho, la iniciativa se registra ante la profunda preocupación y el rechazo social -acreditado por más de 11.000 firmas recogidas- que genera la sustitución de “un enclave natural único por más asfalto, hormigón y tráfico”. “En un espacio que la ciudadanía reconoce desde hace décadas como parte esencial de su paisaje, su identidad y su patrimonio emocional y cultural”, subraya la asociación en un comunicado.

Esta reacción se produce unos días después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, haya anunciado que las polémicas obras del aparcamiento de Mataleñas ya se han adjudicado por importe de 1.1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. Lo ha hecho antes de reunirse con los vecinos, como se había comprometido, para estudiar el proyecto alternativo que han elaborado. La asociación sigue esperando la cita para analizar esta propuesta.

El escrito dirigido al Defensor del Pueblo expone, entre otros aspectos, la ausencia de un Plan Especial que respalde una intervención urbanística de esta magnitud; la posible incompatibilidad del proyecto con los objetivos ambientales y de renaturalización de los fondos europeos; y el riesgo de consolidar un uso irregular del terreno sin el procedimiento legal adecuado. Por ello, la Asociación solicita la suspensión cautelar del proyecto hasta que se garantice la protección del entorno natural de Mataleñas.

Asimismo, la asociación recuerda que hace tres meses entregó a la alcaldesa una propuesta alternativa completa, que mantiene una zona de aparcamiento pero ordenada de forma sostenible, integrada en el paisaje “y muy alejada del planteamiento actual del Ayuntamiento”. Esta alternativa, en su opinión, permite dar servicio de estacionamiento y facilitar una salida razonable para los visitantes, a la vez que preserva el entorno natural “y evita una urbanización innecesaria y desproporcionada”.

La asociación subraya que ha mostrado siempre su voluntad de dialogar y “alcanzar una solución acordada que combine las necesidades de movilidad con la protección del entorno”. Sin embargo, aunque desde el Ayuntamiento se mencionó la posibilidad de convocar una reunión para estudiar esta propuesta “a día de hoy seguimos esperando esa cita, pese a haberla solicitado y recordado en numerosas ocasiones”.

Gema Igual continúa con la hoja de ruta

Por su parte, la alcaldesa Gema Igual ha explicado en un comunicado, que con este trámite el Ayuntamiento “continúa con la hoja de ruta que se planteó a los vecinos de Cueto” y que una vez adjudicados los trabajos y configurado el equipo técnico, mantendrá un nuevo encuentro con la asociación “para no ejecutar el aparcamiento de autocaravanas”.

“Abriremos un nuevo proceso de colaboración para que el resultado concilie las aspiraciones municipales y ciudadanas. Seguiremos por tanto en contacto con los vecinos para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas en la redacción de dicho modificado”, ha asegurado la regidora.

“Como hemos venido explicando, continuamos la tramitación porque debemos cumplir los plazos que determina el Plan de Sostenibilidad Turística, que consigna 800.000 euros a esta actuación, pero mantenemos el compromiso de llevar a cabo un modificado para eliminar las 30 plazas de aparcamiento de autocaravanas y destinar toda la zona a estacionamiento de vehículos”, ha insistido.

A pesar de estos retrasos, los vecinos mantienen la esperanza de que el Ayuntamiento “recapacite” y se pueda avanzar hacia un acuerdo que priorice la conservación del entorno y explore alternativas verdaderamente sostenibles.

La Asociación de Vecinos de Cueto reafirma su compromiso con la defensa de Mataleñas y con la búsqueda de soluciones equilibradas que permitan compatibilizar el uso público con la conservación de un entorno natural que pertenece a toda la ciudadanía.