Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a dos varones, de 29 y 59 años, residentes en esta comunidad autónoma, como presuntos autores de un delito de maltrato de animales domésticos.

La investigación comenzó gracias a la colaboración del Servicio de Ganadería del Gobierno de La Rioja, que alertó sobre el abandono de dos canes en la localidad de Clavijo. Estos animales se escapaban de forma reiterada y atacaban a viandantes, excursionistas y agricultores de las zonas aledañas, lo que generaba graves riesgos para la seguridad pública.

Los especialistas del SEPRONA desplazados al lugar hallaron a los animales en condiciones de extrema insalubridad, alojados en un espacio precario con abundante suciedad y heces. Ambos perros presentaban lesiones que ponían en riesgo su salud.

Tras el hallazgo, los agentes, en coordinación con los laceros del Gobierno de La Rioja, procedieron a la retirada y traslado de los podencos al Centro de Acogida de Animales ubicado en la localidad de Cañas. Allí quedaron bajo protección y a la espera de un examen veterinario que determinase la gravedad de las lesiones y la responsabilidad penal de los propietarios.

El informe veterinario puso de manifiesto que los animales presentaban un cuadro de estrés traumático, comportamiento agresivo y un estado general muy deteriorado, con signos de caquexia, desnutrición y un intenso mal olor. Uno de ellos sufría, además, una úlcera corneal con inicio de descemetocele y uveítis, lesiones que evidencian la gravedad del maltrato y el prolongado abandono al que habían sido sometidos.

Dadas las evidentes negligencias en la atención y el cuidado, el absoluto desprecio hacia la vida de los animales y las pésimas condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, los agentes del SEPRONA procedieron a investigar a los propietarios por el delito mencionado.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para conocer el origen de un nuevo posible vertido, que ha llenado de espuma el arroyo Otero en el municipio de Santa Cruz de Bezana, según ha informado el Ayuntamiento.

En nota de prensa, el Consistorio explica que es la segunda vez que aparece espuma en menos de un mes y que fue un policía local que estaba fuera de servicio el que dio aviso al 112 Cantabria.

Hasta el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil junto a la Policía Local para investigar los hechos, aunque se desconoce de dónde procede la espuma.

“Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia, entendemos que el origen puede radicar fuera del municipio y, por eso, en cuanto hemos tenido conocimiento, se lo hemos trasladado a los organismos correspondientes para que esclarezcan lo sucedido”, ha señalado la alcaldesa, Carmen Pérez (PP).

Además, ha añadido que se ha remitido el asunto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y al Ayuntamiento de Camargo para tratar de poner todos los medios al alcance y determinar el origen.

Aunque el Consistorio señala que puede tratarse de un hecho puntual, la situación preocupa y el Ayuntamiento seguirá trabajando en coordinación con otras administraciones y cuerpos competentes para esclarecer lo ocurrido.

Agentes del SEPRONA localizan siete perros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, sin agua ni alimento y rodeados de excrementos. Uno de los animales había muerto y su cuerpo había sido devorado por lo los demás a causa de la falta de comida. Carecían de microchip identificativo y fueron trastalados al Centro de Acogida de Animales de Cañas para recibir atención veterinaria y custodia.

El varón investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja tiene 53 años, reside en Logroño y cuenta con antecedentes por hechos similares.

La actuación se inició tras una alerta ciudadana que informaba sobre el lamentable estado en el que se encontraban varios perros ubicados en una parcela en el camino de La Mina, en la localidad de Albelda de Iregua.

Escena “Deplorable”

Hasta el lugar se desplazaron agentes del SEPRONA y unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, que comprobaron la presencia de siete perros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables: seis de ellos presentaban un evidente estado de abandono, mientras que el séptimo había fallecido y carecía de la mitad del cuerpo, al haber sido devorado por los otros animales debido a la falta de alimento.

Los agentes localizaron al dueño de la parcela y manifestó que “únicamente dos de los siete perros -incluido el fallecido- eran de su propiedad y que el resto habrían sido arrojados al interior de la finca por terceros”. Los agentes verificaron que ninguno de los animales tenía microchip identificativo, y que las instalaciones se encontraban cubiertas de excrementos y sin agua ni comida disponible.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del servicio de recogida de animales de compañía del Gobierno de La Rioja, que trasladó a los perros al Centro de Acogida de Animales de Cañas para su atención veterinaria y custodia. El investigado se enfrenta a penas de prisión e inhabilitación, según la legislación vigente en materia de maltrato animal. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La presencia del lince ibérico en la Comunidad de Madrid, símbolo de la recuperación de una de las especies más amenazadas de la fauna europea, se ha visto empañada por el hallazgo de un ejemplar adulto muerto. El pasado viernes 27 de febrero, un particular encontró el cadáver de un lince ibérico en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, en una cuneta de la carretera M-203.

El animal, un macho de entre ocho y nueve años de edad, presentaba lesiones compatibles con un posible atropello que ahora está bajo investigación, según ha informado el Instituto Armado. La Guardia Civil recibió un aviso en el que alertaban de la presencia del cadáver del lince en el margen de la carretera, hasta donde se trasladaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Ya en el lugar llevaron a cabo una inspección ocular y el levantamiento del cadáver mediante acta. Posteriormente, trasladaron el cuerpo mediante cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid.

Durante las exploraciones pertinentes se observaron diversos traumatismos y lesiones relacionadas con un atropello, que más tarde confirmaron los expertos del CRAS. Además, se pudo comprobar que procedía de la Comunidad de Madrid, ya que el animal poseía chip.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han confirmado que este ejemplar no es Uraclio, el lince ibérico macho de dos años y medio detectado hace unos meses en la zona este de la región, cerca de Guadalajara. El animal, procedente de los Montes de Toledo, fue reintroducido hace tan solo unos días junto a una hembra originaria de Cáceres por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca, concretamente en la comarca de Las Pedroñeras.

Del ejemplar encontrado no se tenía constancia en la región y todavía se desconoce cómo pudo llegar desde la Comunidad Valenciana al municipio madrileño.

Dos personas han sido puestas a disposición judicial como presuntos autores de la muerte de dos ciervos sementales dentro de una granja cinegética de la provincia de Ciudad Real.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real han instruido diligencias por un supuesto delito de robo, fundamentado en que los ejemplares abatidos eran sementales criados y mantenidos en un ámbito doméstico dentro de una granja cinegética, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tratándose de animales sometidos a cuidados veterinarios específicos, alimentación y control por parte de sus propietarios, adquieren jurídicamente una consideración distinta a la de las especies en libertad, integrándose plenamente en el patrimonio de la explotación.

De esta manera, la granja cinegética ha valorado los daños en 240.000 euros. Esta cifra responde a una valoración técnica que contempla el valor cinegético de los trofeos, los gastos de mantenimiento y crianza especializada de ambos sementales y el lucro cesante derivado de la pérdida de la descendencia que estos animales debían aportar a la explotación en los años de vida productiva que tenían proyectados.

Un caso de caza furtiva “no convencional”

La Guardia civil asegura que este “no es un caso convencional” de caza furtiva sobre fauna silvestre y que la correcta resolución del caso se ha apoyado en una “ardua” labor investigadora de los agentes, que han ido recabando pruebas, testificales e indicios suficientes para llevar a determinar la implicación directa de las dos personas involucradas “sin ningún género de dudas”.

Tras la localización de los presuntos autores, se ha procedido a la intervención de varias armas de fuego de su propiedad. Dichas armas serán cotejadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con los proyectiles extraídos de los cuerpos de los sementales, con el fin de determinar científicamente su uso en la comisión del delito.

Tanto las diligencias policiales como los dos investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina han investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y otro delito contra los animales, por la captura ilegal de ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis), una especie silvestre protegida por la normativa europea y española, mediante el uso de artes de caza masivos y no selectivos prohibidos.

Las actuaciones se iniciaron tras la inspección de una parcela rústica en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), donde los agentes detectaron la captura de seis ejemplares de aves fringílidas mediante un sistema de ramas impregnadas de liga o pegamento, empleando un reclamo vivo de jilguero macho situado en las inmediaciones para atraer a otras aves.

En el lugar se localizaron cinco ejemplares de jilguero muertos en el interior de unas jaulas. Los restos fueron recogidos y remitidos al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), donde se certificó que las aves, mantenidas en cautividad y bajo control humano, no habían recibido los cuidados necesarios para su bienestar, lo que finalmente provocó su muerte.

Este hallazgo motivó la ampliación de las diligencias policiales por un presunto delito contra los animales. Los ejemplares, inicialmente considerados silvestres, adquirieron la consideración de animales amansados a efectos penales, debido al control humano al que estaban sometidos.

Mantenía en cautividad sin permiso a ciervos y ovejas

Además, como resultado de estas actuaciones, se formularon diversas infracciones administrativas en materia medioambiental y de sanidad animal, por la tenencia en cautividad de especies cinegéticas sin autorización (ciervos), así como por la tenencia de animales de producción (ovejas) sin el correspondiente código de explotación.

En el lugar se intervinieron varios medios no selectivos empleados para la captura ilegal de aves, entre ellos una jaula trampa, once ballestas pajareras y una red japonesa o invisible con un sistema para la activación de la misma a distancia.

La captura de aves silvestres protegidas mediante métodos prohibidos constituye un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta dos años de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar durante un periodo de hasta cinco años, suponiendo además un grave perjuicio para la biodiversidad.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El alpechín y alpeorujo son residuos de la industria olivarera “altamente tóxicos” en los que en varias ocasiones han puesto el foco los colectivos ecologistas. Se trata de ácidos y con una alta carga orgánica y de compuestos fenólicos (de alta resistencia) que hacen que su degradación sea muy lenta.

La legislación obliga al control de este tipo de residuos, de tal forma que no pueden liberarse al medio ambiente sin tratamiento previo, ya que poseen una carga contaminante “entre cien y doscientos veces mayor” que las aguas residuales urbanas.

Ahora Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha denunciado lo que denomina un “vertido” de alpechín ocurrido el pasado 28 de enero desde una de las balsas que tiene la almazara Olivia, de la empresa Montes Norte, en la carretera del término municipal de Malagón, en Ciudad Real.

Según afirma el biólogo y ecologista Francisco José Sarrión, desde este lugar se produjo una “gran escorrentía” de este residuo en dirección norte, cubriendo varias parcelas de cultivos de olivar, viñedo y cereal y el camino del paraje de los Frailes, hasta detenerse unos 400 más abajo. Apunta que también se infiltró en las inmediaciones de la circunvalación N-401.

Tras un aviso al 112 de varios vecinos de las parcelas afectadas, spersonóno en el lugar una patrulla del Seprona que realizó una inspección de lo ocurrido, “aconsejando la interposición de la correspondiente denuncia”.

Este colectivo recuerda que hace dos años, también durante unas fuertes lluvias, se produjo otro vertido, lo que indica que las instalaciones “presentan problemas de diseño que no se han subsanado”. Alerta así de que, de no tomarse medidas, podrían ocurrir de nuevo en un futuro “causando daños más graves en los cultivos sobre los que se acumulen los contaminantes, pudiendo afectar a la salud de las personas”.

Afirma que el alpechín causa irritación de piel y mucosas, cefaleas y problemas respiratorios por los vapores y la fermentación.

Sobre el medio ambiente puede suponer un “riesgo microbiológico” cuando contamina aguas usadas para consumo. “Y sobre el suelo inhiben el crecimiento de plantas, reduce la actividad microbiana beneficiosa y pueden provocar su esterilización a largo plazo; y sobre el agua poseen una altísima demanda química y biológica de oxígeno por lo que puede causar la asfixia de organismos acuáticos, el oscurecimiento del agua imposibilitando la fotosíntesis y la contaminación de acuíferos si se infiltra”, destaca.

Ecologistas en Acción ha pedido a la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha que intervenga en el asunto “inspeccionando las instalaciones y tomen medidas para que no se repita de nuevo”.

La empresa niega el vertido y afirma que el residuo no es tóxico

Desde la empresa Montes Norte niegan ningún “vertido”. Fuentes de la compañía han indicado a este medio que es “falso” que el encharcamiento de la parcela mencionada haya sido provocado por un vertido de alpechín. “Las balsas de dicha instalación cumplen con la normativa, estando totalmente legalizadas, así tanto el personal del Seprona como Medio Ambiente ha visitado las mismas y confirman que no existen irregularidades”.

La empresa explica que el hecho de que esa zona se encuentre anegada de agua obedece a “escorrentía provocada por las altas precipitaciones de las últimas semanas”, al tratarse de una parcela que históricamente “siempre se ha inundado”, ya que la superficie del terreno no puede absorber tal cantidad de agua.

De hecho, apunta que el color “oscurecido” del agua de esa zona puede estar provocado porque las rachas de viento hayan movido pequeñas cantidades de las “aguas de vegetación de la aceituna”. En ese caso, “se trataría de cantidades mínimas y que además beneficiarán a los cultivos”. Concretamente de ese viñedo, añade, se podrá obtener “uva de más calidad, puesto que se trata únicamente de materia orgánica”.

El subproducto que se procesa en la industria no es altamente contaminante, ya que su principal componente es materia orgánica que favorece a los cultivos

Las mencionadas fuentes también indican que el subproducto que se procesa en la industria a la que se dirigen las acusaciones no es “altamente contaminante”, ya que su principal componente es “materia orgánica que favorece a los cultivos”.

Concretamente, detallan que sus componentes polifenólicos son antioxidantes, y que de hecho está habiendo estudios, en colaboración con otras empresas y con la Universidad de Castilla La Mancha, para poder obtener de esos subproductos componentes minoritarios, entre ellos los destinados a la industria alimentaria, como conservantes naturales frente a los químicos, por ejemplo, o destinados a la industria farmacéutica. “¿Quién puede pensar que de una aceituna de la que se obtienen productos beneficiosos para la salud, puedan generarse otros que vayan contra ella?”, se preguntan.

“Las propias aguas de la población, por la cantidad de detergentes y productos químicos que se utilizan en las casas, son mucho más contaminantes que cualquier subproducto o efluente de la industria agroalimentaria”.

Por todo ello, destacan que las acusaciones dirigidas contra Grupo Montes Norte “no se corresponden con la realidad” y tienen “un claro enfoque de desprestigiar una industria que además de generar empleo, mueve la economía de forma lícita y sostenible, cumpliendo con sus procesos la economía circular”.

“Son afirmaciones que no tienen fundamento y demuestran un gran desconocimiento sobre el tema, siendo en Montes Norte conscientes de que las inician un grupo de socios que fueron expulsados por la Asamblea General y que por represalias, sus ataques son recurrentes y habituales. De tal manera, la asesoría jurídica iniciará las acciones legales oportunas”, avisa.

El Gobierno regional sí habla de “vertidos”

Finalmente, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible indican que se ha llevado a cabo la correspondiente inspección por de los agentes medioambientales, quienes han informado “sobre los vertidos que se estaban produciendo fuera de la balsa, posiblemente por el temporal de viento y agua”.

“Una vez levantada acta por su parte, se procederá a su estudio para determinar las medidas y responsabilidades a que diera lugar”, concluye este departamento.

La Guardia Civil ha investigado y detenido a 93 personas, cuatro de ellas relacionadas con el ámbito jurídico por presuntas irregularidades en la cadena de producción alimentaria, tras un amplio dispositivo de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de todo el territorio nacional.

Como consecuencia del dispositivo se han inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar, siendo 673 ovejas, 368 aves ,184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

Por un lado, dentro de la Operación ‘Pox’ se desmanteló una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados, según informa el instituto armado.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Transportaba ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, acabando en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres.

La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA de la Guardia Civil y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

En Badajoz se manipularon pruebas de tuberculosis bovina

Después en la Operación ‘Saxum tubercum’, en la provincia de Badajoz se detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

En esa misma provincia, también la Guardia Civil desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino en la comarca, detectada al incrementarse el número de robos en explotaciones ganaderas. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

En Córdoba y Ciudad Real, irregularidades en recetas veterinarias

Por irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la correspondiente inspección se corroboró la mala práctica en la dispensación de medicamentos veterinarios sujetos a receta. Fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Además y dentro de la Operación ‘Cabiano’, desarrollada con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), los cuales iban a ser exportados a Libia y Líbano. La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, imputándose la falsedad documental a los autores.

Cooperación internacional y análisis de inteligencia

Gracias a la cooperación internacional y la coordinación entre diversos organismos nacionales del sector alimentario y ganadero se ha detectado nuevos modus operandi, identificado redes criminales vinculadas al transporte y comercio irregular de animales y se han reforzado las capacidades de respuesta frente a amenazas transfronterizas.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, siendo en su mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.

Estas investigaciones forman parte del enfoque One health de la Unión Europea y de la estrategia De la granja a la mesa de la Conformidad Europea (CE). Ha sido liderada por la Guardia Civil a través del SEPRONA, que coordina los esfuerzos de los Estados Miembros en la lucha contra las actividades ganaderas irregulares con dimensión transfronteriza.

El dueño y tres empleados de un desguace de Madrid han sido condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por no tratar correctamente los gases fluorados del aire acondicionado de cientos de coches. Los jueces les atribuyen delitos contra el medio ambiente y hacen suya la estimación de la Fiscalía: solo durante cinco años, con sus malas prácticas, liberaron a la atmósfera casi 21.000 toneladas de CO₂. Es el equivalente a “30.200 viajes en avión entre Madrid y Nueva York” o a las emisiones anuales “de 3.750 españoles”. La condena, una de las pocas acciones penales que han prosperado en España contra los responsables de un desguace por estas emisiones de gases, ya ha sido recurrida.

La Guardia Civil y las comunidades autónomas han puesto en marcha decenas de operaciones en la última década contra este tipo de desguaces por todo el país. Se trata de inspecciones por sorpresa en las que los investigadores comprueban si el negocio hace correctamente un paso clave en el desguace de un vehículo: retirar los fluidos de los aires acondicionados de los coches y evitar que los gases contaminantes salgan a la atmósfera.

Los agentes de la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil acudieron a este desguace por primera vez en 2019 y una segunda vez en 2021, acompañados de inspectores de la Comunidad de Madrid. El negocio está ubicado en un polígono de la localidad madrileña de San Martín de la Vega y se ha considerado como conflictivo por los especialistas en este tipo de investigaciones. Además, varios desguaces de la zona han sido denunciados en los últimos años. Fue allí donde el pasado mes de noviembre se incendió un desguace cercano generando enormes columnas de humo.

En sus dos visitas a este desguace los agentes e inspectores constataron que muchos coches todavía tenían estos gases contaminantes en sus circuitos de aire acondicionado, lo que apuntaba a que no habían sido correctamente vaciados. El caso llegó a manos de la Fiscalía especializada en medio ambiente y terminó en un juicio celebrado el pasado mes de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. El resultado ha sido una condena en la línea de la acusación del Ministerio Público: cuatro años de cárcel para el gerente y tres años y medio para tres trabajadores del desguace además de una multa para la empresa y la obligación de pagar, entre todos, una sanción de 152.000 euros por el daño causado a la atmósfera.

A lo largo del juicio, tanto el gerente como los trabajadores, especialistas encargados de gestionar estos gases contaminantes, alegaron que habían hecho todo correctamente y que hasta finales de 2021 –después de las dos inspecciones– no fueron informados por un proveedor de que tenían que hacer varias extracciones de gas para que los coches quedaran completamente limpios.

Los jueces de la Audiencia Provincial se apoyan tanto en las declaraciones de los guardias civiles como en los informes de la Fiscalía para concluir que no gestionaron correctamente estos residuos aunque sabían que debían hacerlo y que, como resultado, a lo largo de los años permitieron que miles de toneladas de CO₂ salieran de los coches desguazados. La sentencia considera acreditado que no usaron correctamente la maquinaria aunque “no consideraban que fuera una irregularidad”.

Los coches que pudo inspeccionar la Guardia Civil “presentan gases fluorados en sus circuitos de aire acondicionado, cuando ya tenían el certificado de destrucción” aunque no estaban descontaminados. El tribunal zanja en una sentencia ya recurrida y que todavía no ha sido ejecutada, que en el proceso de extraer el gas de los coches “se producían irregularidades” poniendo en circulación piezas de coches “que no estaban adecuadamente descontaminados”.

Más de 30.000 viajes de avión

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid hace suyos los cálculos de la Fiscalía para estimar la cantidad de gases contaminantes que no fueron gestionados correctamente: 20.926 toneladas de CO₂ “de forma incontrolada”. Algo que, según afirma el Ministerio Público y asume el tribunal, se puede comparar a 235.000 viajes en coche desde Madrid a Barcelona, 30.200 viajes de avión entre Madrid y Nueva York si se considera el trayecto de ida y vuelta por pasajero, la emisión anual correspondiente a 3.750 españoles o el consumo de 9,5 millones de metros cúbicos de gas natural para la calefacción de los hogares. Para absorber todo ese CO₂ en un año, apostilló la Fiscalía, harían falta 45.600 pinos resineros a pleno rendimiento.

La documentación judicial que ha podido examinar elDiario.es revela que, en los últimos años, los tribunales han abierto multitud de causas penales contra dueños de desguaces por la gestión de estos gases, pero esta es de las pocas que han terminado en condena. Juzgados y tribunales de Oviedo, A Coruña, Segovia, Tarragona y de la misma Audiencia Provincial de Madrid han optado por la absolución o el archivo.

En muchos casos, algo poco habitual, fue la propia Fiscalía la que retiró su acusación tras el juicio, en uno de los casos contra otro desguace del mismo polígono industrial de Madrid. En varios de estos procesos tanto los jueces como la Fiscalía han puesto de manifiesto que no es suficiente con hacer una estimación de las toneladas de gas que han podido ser lanzadas a la atmósfera. No vale con “datos de cuantificación difusos”, dijo por ejemplo la Fiscalía de Tarragona. El “baile de datos”, dijeron los jueces en Segovia, impide condenar si solo existen “promedios y comparativas”.

El caso de este desguace de San Martín de la Vega todavía tiene recorrido judicial por delante. Fuentes del caso especifican a elDiario.es que su defensa ya ha recurrido las condenas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y posteriormente la sentencia todavía podrá ser llevada ante el Tribunal Supremo. En caso de ser declarada firme, esta sentencia llevaría a la entrada obligatoria en prisión de los cuatro acusados, que también han sido condenados a pagar multas: 7.200 euros para el gerente de la empresa, 3.600 euros para cada uno de los tres empleados y 36.000 euros más para la empresa. Entre todos, además, deben pagar algo más de 152.000 euros por la contaminación que se les atribuye.

Con su conducta, explica el tribunal, “han podido perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Y para calcular esa multa, el tribunal reconoce que “no es posible determinar un valor dinerario de la atmósfera, que es el bien materia que resulta dañado” pero se ciñe a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 78 años acusado de un delito de maltrato animal después de haber encontrado a varios perros, de raza mastín, en situación de grave abandono en una finca de su propiedad en el alfoz de Burgos.

Agentes del Seprona localizaron dos animales en estado de extrema desnutrición y otros dos sin vida, y comprobaron que en las instalaciones se acumulaban gran cantidad de residuos y excrementos y que los animales estaban en condiciones higiénico-sanitarias críticas, sin agua ni comida.

Además, el informe veterinario confirmó que los animales supervivientes habrían fallecido en cuestión de horas de no ser por la intervención de la Guardia Civil, han informado fuentes del instituto armado en nota de prensa este miércoles.

La actual policial se inició tras tener conocimiento de que en una parcela, próxima a la ciudad, había cuatro mastines que podían estar desatendidos, por lo que una patrulla se desplazó al lugar y, desde el exterior del recinto, comprobó la presencia de los perros, la suciedad y la acumulación de residuos.

Tras localizar al dueño, los agentes realizaron una inspección en el interior de las instalaciones, en la que vieron que los animales vivían entre residuos, basura y excrementos, sin agua ni alimento.

Los dos perros supervivientes presentaban una delgadez extrema y eran incapaces de mantenerse en pie; se encontraban en un recinto de pequeñas dimensiones y estaban rodeados de restos oséos de otro perro, que habría fallecido hacía tiempo.

La Guardia Civil también descubrió otro cadáver, en avanzado estado de descomposición, oculto tras una puerta.

La investigación desarrollada ha permitido constatar que los animales se encontraban abandonados desde agosto; no disponían de microchip ni cartilla sanitaria, ni habían sido vacunados, y no se les había prestado cuidados y atenciones higiénico-sanitarias.

Trasladados a una clínica veterinaria, el informe ratificó una inanición severa, deshidratación prolongada y caquexia extrema, causas que, de no ser por la intervención de los agentes, habrían provocado su muerte en cuestión de horas.

Por todo ello, la tutela de los animales ha sido cedida al ayuntamiento competente para garantizar así su completa recuperación, pendiente de la posterior adopción, en tanto que, todos los gastos derivados de los tratamientos y cuidados deberán ser asumidos por el propietario.

El Seprona de Ciudad Real ha abierto una investigación a siete personas y ha esclarecido un total de 10 hechos delictivos relacionados con la caza furtiva.

En los últimos meses el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real venía detectando un incremento en los episodios de furtivismo en fincas de caza mayor de la provincia. Como respuesta a esta problemática, se redobló el esfuerzo por controlar y minimizar estas conductas delictivas, especialmente en la época de berrea, valiéndose para ello también de la magnífica y estrecha colaboración con la Guardería de algunas de las fincas afectadas.

Como resultado y fruto de los servicios realizados, en las últimas semanas se produjeron los siguientes resultados. En Almuradiel (Ciudad Real), durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la Patrulla de Seprona de Viso del Marqués, tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza ubicada en este término municipal, localizándose los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos serrados.

Como consecuencia Seprona de esta demarcación inició la oportuna investigación, estableciendo servicios de vigilancia junto con la Guardería de la finca para tratar de detectar e interceptar a los supuestos autores, en el caso de que se volviesen a repetir las referidas conductas.

Finalmente, a mediados del mes de octubre en uno de esos servicios de vigilancia lograron localizar a dos cazadores furtivos, sorprendiéndolos in fraganti tras realizar tres disparos que por fortuna no abatieron ninguna pieza.

En el momento en el que los furtivos se vieron sorprendidos emprendieron la huida, logrando proceder a la detención de uno de ellos y a la investigación posterior del segundo, tras ser plenamente identificado.

Intervención de armas

También se investigó a un tercero relacionado con estos hechos, logrando con ello el esclarecimiento de varios delitos cometidos por los mismos autores. Tras la detención se le intervino el arma utilizada a estas personas, comprobando que tenía la numeración borrada, para impedir su plena identificación, además llevaba instalados un visor nocturno y un silenciador, para lo que habían modificado la boca del cañón. También se les intervino una mochila con cuchillos de caza, munición y otros enseres.

Practicadas gestiones para averiguar la procedencia del arma se descubrió que esta estaba relacionada con un robo con fuerza cometido en la provincia de Huelva en el año 2021, en este fueron sustraídas varias armas de fuego, dándose además la curiosa circunstancia de que en este robo también fue sustraída una escopeta, que tenía igualmente la numeración borrada e intervenida en el mes de enero de este año por la misma Patrulla a un cazador, este fue sorprendido en línea de retranca en una montería celebrada en término municipal de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)

Las armas intervenidas han sido enviadas al laboratorio del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. A la persona detenida y los dos investigados, se le imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia de grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, además de otro de robo con fuerza en las cosas.

Abenójar

En Abenójar (Ciudad Real), de modo similar al caso anterior, tras tener constancia el Seprona de Almadén de la comisión de hechos delictivos de esta naturaleza en su demarcación, procedió a la apertura de otra investigación realizando servicios en colaboración con los efectivos de la Guardería de Caza de varias fincas.

Finalmente, con ocasión de uno de estos dispositivos realizados en una finca situada en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), sorprendieron a dos personas que tras penetrar en la finca habían dado muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.

Por otra parte, esta misma patrulla consiguió esclarecer otro delito de furtivismo ocurrido en el término municipal de Almadén donde fue abatido un venado.

Se consiguió gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de otro delito de estas características en Abenojar, en el fueron captados dos cazadores. Por estos hechos se imputa a los dos autores dos delitos contra la fauna y flora, siendo intervenido en esta operación un rifle de caza mayor.

La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de Sevilla cuando se disponía a “chantear” la caza de una finca de Monesterio (Badajoz) donde se tenía previsto realizar una montería, después de hallar en su vehículo prendas impregnadas con productos para espantar a los animales de una zona a otra y posteriormente darles caza.

“Chantear” es la practica dirigida a sobresaltar o alarmar la caza existente en un terreno, con la finalidad de predisponerla a la huida o alterar sus querencias naturales en esa zona, según recuerda la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

Los hechos se remontan al mes de octubre cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fuente de Cantos observaron la presencia sospechosa de un vehículo que circulaba con las luces apagadas, parándose en la entrada de la finca monesteriense.

Tras interceptarlo e identificar a su conductor, un vecino de Sevilla, aficionado a la caza y que carece de vinculación con explotaciones agrícolas en la zona, los agentes inspeccionaron el vehículo todoterreno, de cuyo maletero emanaba un fuerte olor.

En su interior, los agentes hallaron varias prendas cortadas e impregnadas en sustancias que emanaban este fuerte olor, las cuales supuestamente iban a ser colocadas estratégicamente en la finca para espantar la caza existente a otros terrenos.

Ante los citados hechos, constituyentes de infracciones administrativas a la Ley de Caza de Extremadura (Ley 14/2010), se formularon las correspondientes denuncias, que fueron remitidas a la Conserjería con competencias en materia de caza de la Junta, que es el órgano sancionador. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real dentro de sus funciones, ha intensificado su actividad durante la campaña de incendios forestales que se ha extendido desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre del presente 2025, y que se ha saldado con 11 personas investigadas y más de 35 denuncias interpuestas.

El Seprona ha centrado sus esfuerzos en primer lugar “en la prevención y vigilancia de aquellas conductas que pudieran derivar en la producción de incendios forestales y posteriormente, en la investigación de los siniestros que se han producido, tratando de determinar las causas y en su caso, lograr la identificación de los presuntos responsables”, según explican desde este servicio especializado de la Guardia Civil.

Los incendios forestales y combatirlos hasta su erradicación representan el “mayor reto medioambiental durante los meses de verano” y el Seprona ha reforzado sus servicios preventivos en zonas forestales y rurales de toda la provincia.

Estas actuaciones han incluido las inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la revisión de cortafuegos y quemas controladas, así como la vigilancia terrestre de zonas de alto riesgo.

La principal causa de los incendios son negligencias agrícolas

“Se ha impulsado y priorizado la investigación de los incendios forestales que se han producido en la provincia y fruto de estas actuaciones, se ha investigado a 11 personas por delitos relacionados con incendios forestales y se han interpuesto más de 35 denuncias administrativas por infracciones en materia de prevención y uso del fuego en el campo”, detallan desde Seprona.

Entre las principales causas detectadas se encuentran las negligencias en labores agrícolas, la quema no autorizada de restos vegetales y la utilización de maquinaria sin las debidas medidas de seguridad, en especial los días de riesgo muy alto y extremo.

Desde el Seprona recuerdan que “los incendios forestales no solo suponen una grave amenaza para el patrimonio natural, sino que también ponen en riesgo vidas humanas, bienes y recursos esenciales, siendo clave la colaboración ciudadana para proteger nuestros montes”.

El combate contra los incendios forestales es una responsabilidad compartida, siendo la prevención la mejor herramienta; la investigación y la acción legal solo son eficaces si van acompañadas de un uso responsable del entorno.

La Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort de 27 gossos de caça que, dissabte passat, van ser trobats sense vida dins d'una furgoneta que viatjava a l'interior de la bodega d'un vaixell procedent de Barcelona i que acabava d'atracar al port de Palma.

Els investigadors del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'Institut Armat estan duent a terme una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del que ha ocorregut i, en aquests moments, es troben a l'espera dels resultats de les necròpsies per poder determinar les circumstàncies de la defunció dels animals.

D'acord amb les primeres indagacions, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània per entrenar 36 cans de cara a la temporada de la becada. De tots ells, només nou van aparèixer vius al seu retorn a l'illa. D'immediat, el Seprona es va fer càrrec de les indagacions per investigar els detalls del succés.

Després de tenir coneixement del mateix, el partit animalista Pacma va exigir responsabilitats per uns fets que considera “una mostra més del tracte que reben els gossos utilitzats per a la caça”. En aquest sentit, retreuen que aquests animals siguin considerats “eines” i no éssers sentients amb drets. Per això, exigeixen al Govern de PSOE i Sumar que rectifiqui i inclogui els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal, de la qual, apunten, “van ser exclosos per pressió, precisament, del lobby cinegètic”.

En aquesta línia, Pacma reclama la inclusió d'aquests animals al Reial Decret de Núclis Zoològics, del qual, lamenta, “també planen ser exclosos”. Mitjançant el seu reconeixement dels gossos de caça per part d'aquesta norma, els animalistes volen “garantir controls i condicions mínimes de transport, descans i seguretat”. “Mentre els gossos de caça continuïn quedant fora del marc legal de protecció, continuaran sent víctimes d'una indústria que els explota, els arrisca i els descarta quan ja no serveixen”, lamenten des de la formació.

Segons un estudi realitzat pel partit amb dades reportades per un terç de les protectores d'animals del país, només el 2023 més de 12.000 gossos de caça van ser abandonats a Espanya.

La Federació Balear de caça recolça els propietaris: “No tenen cap responsabilitat”

Per la seva banda, la Federació Balear de Caça va expressar aquest diumenge el seu pesar pel succés i va mostrar el seu recolçament als propietaris dels gossos: “Volem traslladar tot el nostre suport als propietaris dels animals, que formen part de la nostra comunitat de caçadors i que estan profundament afectats” pels fets, va manifestar la presidenta de la Federació, Marta Lliteres, qui assegura que “els caçadors no tenen cap responsabilitat pel que ha succeït”.

Segons va explicar, els caçadors havien contractat els serveis d'una empresa especialitzada en transport d'animals “amb la finalitat de garantir que els seus gossos viatgessin en les millors condicions de seguretat i benestar possibles”. Respecte a això, apunta que “el trajecte des de Lituània fins a Barcelona es va desenvolupar amb total normalitat, i va ser durant la travessia marítima final cap a Mallorca quan es va produir la mort dels gossos”.

Lliteres va subratllar que, “per a qualsevol caçador, els seus gossos no són simples animals de treball, sinó companys inseparables, fruit d'anys de dedicació, ensinistrament i cura diària”. “La relació entre caçador i gos es basa en el respecte, la confiança i l'afecte, i per això la pèrdua d'aquests animals suposa un cop emocional molt dur”, va incidir.

Des de la Federació Balear de Caça van mostrar la seva “plena col·laboració” amb les autoritats i el seu “compromís amb la transparència” perquè s'esclarissin els fets i es depurin responsabilitats, adoptant-se les pertinents decisions judicials si s'escau. Així mateix, es va reafirmar finalment en el seu “compromís amb el benestar animal i amb les bones pràctiques cinegètiques”, a les quals es va referir com a “pilars fonamentals d'una caça ètica, responsable i respectuosa amb els animals que formen part d'ella”.

La Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que, el pasado sábado, fueron hallados sin vida dentro de una furgoneta que viajaba en el interior de la bodega de un barco procedente de Barcelona y que acababa de atracar en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de lo ocurrido y, en estos momentos, se encuentran a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, indican fuentes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania para entrenar a 36 canes de cara a la temporada de becada. De todos ellos, solo nueve aparecieron vivos a su regreso a la isla. De inmediato, el Seprona se hizo cargo de las pesquisas para investigar los pormenores del suceso.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el partido animalista Pacma exigió responsabilidades por unos hechos que considera “una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza”. En este sentido, recriminan que estos animales sean considerados “herramientas” y no seres sintientes con derechos. Por ello, exigen al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, de la que, apuntan, “fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético”.

En esta línea, Pacma reclama la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del que, lamenta, “también planean ser excluidos”. Mediante su reconocimiento de los perros de caza por parte de esta norma, los animalistas quieren “garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad”. “Mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven”, lamentan desde la formación.

Según un estudio realizado por el partido con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, solo en 2023 más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España.

La Federación Balear de caza apoya a los dueños: “No tienen ninguna responsabilidad”

Por su parte, la Federación Balear de Caza expresó este domingo su pesar por el suceso y mostró su respaldo a los propietarios de los perros: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los propietarios de los animales, que forman parte de nuestra comunidad de cazadores y que están profundamente afectados por lo sucedido”, manifestó la presidenta de la Federación, Marta Lliteres, quien asegura que “los cazadores no tienen ninguna responsabilidad” en los hechos.

Según explicó, los cazadores habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales “con el fin de garantizar que sus perros viajaran en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles”. Al respecto, apuntó que “el trayecto desde Lituania hasta Barcelona se desarrolló con total normalidad, y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la muerte de los perros”.

Lliteres subrayó que, “para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario”. “La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por ello la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro”, incidió.

Desde la Federación Balear de Caza mostraron su “plena colaboración” con las autoridades y su “compromiso con la transparencia” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, adoptándose las pertinentes decisiones judiciales si hubiera lugar a ello. Asimismo, se reafirmó finalmente en su “compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas”, a las que se refirió como “pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investiga a dos personas como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia, que se inició la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 en el paraje 'Dehesa de Portusa', perteneciente al término municipal de Polán (Toledo). Llegó a quemar 330 hectáreas de monte y matorral.

Las autoridades declararon el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales ante el riesgo de que las llamas pudieran afectar a infraestructuras esenciales y viviendas aisladas de la zona, recuerda la Guardia Civil que hoy ha comunicado las pesquisas realizadas sobre este suceso.

El origen del fuego: la reparación de tubos de riego en la zona

La investigación del Seprona ha podido determinar que la causa que originó el fuego fueron los trabajos de reparación y recuperación de tubos de riego llevados a cabo en la zona. Utilizaron maquinaria de corte, que generó numerosas chispas y que iniciaron inmediatamente el incendio.

Los dos trabajadores, al percatarse de las llamas, trataron de sofocarlo utilizando diferentes medios, sin embargo, la sequedad del terreno junto con las altas temperaturas y el fuerte viento fueron factores claves para la rápida propagación de las llamas.

En la zona afectada se estableció un gran dispositivo de extinción integrado por 35 medios --seis de ellos aéreos--, Guardia Civil, 140 efectivos del Plan Infocam, el Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Brigadas Forestales.

Se crearon cortafuegos preventivos que, junto con la rápida intervención de los servicios de emergencias, consiguieron frenar el avance de las llamas, evitando que el incendio alcanzara al Ecoparque, el cual solo se vio afectado en su perímetro. El incendio quedó controlado durante la madrugada del domingo, quedando la zona bajo vigilancia para evitar posibles rebrotes.

Las investigaciones del Seprona han conseguido identificar a los dos presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia.

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha presentado una denuncia formal ante el Seprona de la Guardia Civil para que se persone de inmediato en la pedanía murciana de Churra y levante acta oficial del estado en el que se encuentran todos los pinos centenarios allí ubicados. Huermur ha alertado de la caída de “gran parte del ramaje” de uno de estos ejemplares, en una finca junto a la acequia de Churra la Nueva. Para la asociación, esto ha sido “la gota que colma el vaso” tras años de denuncias “desatendidas” y de una “pasividad” administrativa que ha permitido la desaparición de la mayor parte de este patrimonio natural protegido.

Huermur ha considerado imprescindible que sea un cuerpo independiente como la Guardia Civil el que documente la situación real sobre el terreno, dado que, han insistido ni el Ayuntamiento de Murcia ni la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma “habrían actuado con la diligencia que exige la Ley 14/2016 de Patrimonio Arbóreo Monumental”: “Es fundamental dejar constancia oficial y objetiva de lo que está ocurriendo, porque es evidente que las administraciones están fallando en su obligación legal de proteger estos árboles centenarios”, ha señalado la entidad.

La entidad conservacionista ha recordado que “de los 26 ejemplares censados en 2001 apenas sobreviven siete en la actualidad, lo que supone la pérdida de más del 70% de este arbolado monumental”. La fractura sufrida por uno de ellos es la prueba más reciente de un deterioro que se arrastra desde hace años, con árboles debilitados, la falta de cuidados adecuados y la ausencia de un plan de conservación serio.

“Estamos asistiendo a la desaparición silenciosa de unos árboles centenarios que son patrimonio vivo de la huerta y que están protegidos por ley. No vamos a permitir que se siga mirando hacia otro lado mientras caen uno tras otro”, ha advertido el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, que ha subrayado que la actuación del Seprona es ahora indispensable para que quede constancia independiente de la gravedad de los hechos y se pueda elevar a las instancias que correspondan.

Paralelamente, Huermur ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Medio Ambiente que realicen inspecciones inmediatas y ordenen un riego a manta en las parcelas colindantes, para preservar las raíces y evitar la muerte de los últimos ejemplares supervivientes. Sin embargo, la asociación ha denunciado que hasta ahora las respuestas han sido “tardías, insuficientes o meramente paliativas, limitándose a riegos puntuales con cubas de agua que no resuelven el problema de fondo”.

Por último, Huermur ha exigido que se proceda a la reposición de los ejemplares desaparecidos mediante la plantación de tres nuevos pinos por cada uno perdido, en la misma línea histórica en la que se encontraban y con el espacio adecuado para que puedan desarrollarse hasta alcanzar gran porte. La asociación ha reclamado que estos nuevos ejemplares se obtengan del mismo material genético de los pinos centenarios supervivientes, con el fin de asegurar la continuidad histórica, paisajística y biológica de este conjunto arbóreo monumental. 

La entidad ha lamentado que la desaparición de más de dos tercios de estos pinos centenarios constituye un grave quebranto de los valores ambientales y culturales de la huerta de Murcia, y ha exigido actuaciones inmediatas y responsabilidades.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (PACPRONA) investiga a un varón de 50 años en Toledo por la destrucción de diez nidos de golondrina común 'Hirundo rustica' con crías en su interior, en periodo de nidificación en el interior de un garaje comunitario en Recas (Toledo).

El PACPRONA tuvo conocimiento de los hechos gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes lo pudieron comprobar viendo los nidos rotos y algunos polluelos muertos en el suelo, pudiendo recuperar tres crías que fueron recogidas y serán reintegradas al medio natural.

Una vez averiguada la identidad de la persona que supuestamente había destruido los nidos con las crías, agentes del PACPRONA han procedido a instruir diligencias de investigación contra un varón por un presunto delito contra la flora y fauna. Recogido por el Código Penal en el artículo 334.1, apunta penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por la destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.

La Guardia Civil ha dado indicaciones sobre cómo habría que actuar ante la acción de deshacerse de un nido de golondrina. “Informar a los órganos autonómicos de medio ambiente, flora y fauna una solicitud de retirada de nidos de aves protegidas que, tras ser aprobada, sería llevada a cabo por una empresa autorizada”. Aún así, advierten que “las autorizaciones deben respetar el periodo de cría de las especies”.

El SEPRONA ha identificado en los últimos meses a los responsables de diecisiete incendios en Cáceres, con cuatro detenciones por fuegos intencionados y seis investigaciones por imprudencia grave. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Cáceres ha desarrollado estas investigaciones penales combinando trabajo de campo exhaustivo con técnicas especializadas, permitiendo identificar tanto a los autores de los incendios intencionados como a los responsables por negligencia, según una nota de prensa enviada hoy a los medios de comunicación.

Entre los casos más recientes, el 31 de agosto en Valverde del Fresno fue detenida una mujer por la supuesta comisión de dos incendios en zonas próximas a vías de comunicación. Un día antes, en Aldeanueva del Camino, otro hombre fue arrestado por provocar un incendio con dos focos, que apenas afectaron 310 metros cuadrados gracias a la rápida intervención de los servicios de extinción.

En Millanes y Saucedilla, tras varios incendios registrados durante 2024 y 2025 con un patrón idéntico —aplicación directa de fuego en márgenes de camino sobre vegetación seca—, la Guardia Civil detuvo a una mujer como presunta autora de varios fuegos intencionados. Por último, el 6 de agosto en Valdefuentes, el conductor de un vehículo que circulaba por la zona de inicio del fuego fue detenido como presunto responsable de un incendio que afectó a una hectárea de pastos e higueras.

No todos los incendios fueron intencionados. Entre los casos por imprudencia grave se encuentran el de Arroyomolinos de la Vera, donde restos de tala y serrín acumulados en una parcela de frutales facilitaron la propagación del fuego, y el de Valdecañas de Tajo, en el que ramas de un árbol ornamental impactaron contra un tendido eléctrico, desprendiendo material incandescente que provocó un incendio.

Otros fuegos graves incluyeron el de Ceclavín, donde detonaciones de un cañón espantapájaros provocaron llamas que calcinaban pastos; el de Villanueva de la Vera, que obligó a evacuar a 17 personas y calcinó más de 40 hectáreas por un tendido eléctrico mal mantenido; y el de Aldea del Obispo, originado por la quema negligente de residuos domésticos que se propagó por el viento hacia material seco.

Estas actuaciones se suman a otras recientes, como la detención en mayo de un individuo implicado en siete incendios en Casas del Castañar y Cabrero, que permanece en prisión provisional, y la “operación Oldburn” de julio, que permitió arrestar a una mujer por varios incendios en Villamesías.

La Guardia Civil recuerda que los incendios forestales constituyen una grave amenaza para la seguridad de las personas, el medio ambiente y el patrimonio natural, e insiste en la necesidad de extremar la precaución, especialmente durante la temporada de riesgo alto. La combinación de vigilancia, investigación y concienciación sigue siendo clave para evitar tragedias y minimizar el impacto de estos sucesos sobre el territorio.