La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de que la avería registrada este lunes, que afectó al suministro de agua en los municipios abastecidos, ha quedado completamente reparada, iniciándose ya la recuperación progresiva del servicio.

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir con éxito la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por la concatenación de varias averías en distintos puntos de la red.

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha señalado el “esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red”.

Afectó a 44 municipios

La incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes. Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios.

En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela. En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión. Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

Durante la incidencia, la MAS había coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales. La Mancomunidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía ante esta situación excepcional y continuará informando de cualquier novedad relevante.

Unidas por Criptana pone en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir una “solución urgente” ante la situación de “peligro diario que sufren cientos de trabajadores y trabajadoras” de Campo de Criptana (Ciudad Real).

Aseguran que esta iniciativa, en colaboración con los sindicatos de las empresas localizadas en la Avenida de la Industria, tiene como objetivo “recabar el apoyo de la ciudadanía” para acompañar una moción que será presentada en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, en la que se solicita la construcción de una pasarela peatonal elevada sobre las vías férreas, paralela al puente de la carretera CM-3105.

Cruzar por una carretera sin arcén

Actualmente, el acceso a pie a la Avenida de la Industria obliga a cruzar por un punto que “carece de condiciones mínimas de seguridad”. Las personas que se desplazan caminando deben transitar por un puente “estrecho, sin espacio adecuado para peatones y compartiendo calzada con vehículos”, incluidos camiones y maquinaria pesada. Desde Unidas por Criptana señalan que esta situación “se agrava especialmente en horarios de entrada y salida laboral, así como en condiciones de baja visibilidad o climatología adversa”.

Exponen que aunque no se hayan producido accidentes graves conocidos, “los sustos y situaciones de peligro son constantes, lo que evidencia la existencia de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata”.

“La seguridad en el acceso al trabajo no puede depender de la suerte. No es aceptable que haya vecinos y vecinas que tengan que asumir riesgos innecesarios cada día para llegar a su puesto de trabajo”, señalan desde la formación.

La propuesta planteada pasa por la construcción de una pasarela peatonal elevada que permita conectar de forma segura el casco urbano con la Avenida de la Industria, eliminando “el riesgo actual” y mejorando la seguridad vial. Asimismo, se plantea que esta infraestructura pueda ser utilizada también por bicicletas y vehículos de movilidad personal, favoreciendo una solución más completa, accesible y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.

Una campaña abierta a toda la población

Desde Unidas por Criptana apuntan que, “si bien las competencias afectan a administraciones supramunicipales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF, corresponde al Ayuntamiento liderar las gestiones necesarias y defender los intereses de la ciudadanía”.

La campaña de recogida de firmas ya se encuentra en marcha y está abierta a toda la población. Las firmas recogidas serán presentadas junto a la moción en el ayuntamiento, con el objetivo de “reforzar la demanda social y exigir un compromiso institucional real, con plazos concretos para el inicio de las actuaciones”.

Desde la formación invitan a las personas interesadas en apoyar esta iniciativa y participar en la recogida de firmas a ponerse en contacto a través de sus perfiles en redes sociales o mediante el correo electrónico iucampodecriptana@gmail.com .

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran el sábado 18 de abril una nueva jornada de puertas abiertas, de modo que las personas interesadas en conocer su sede del Convento de San Gil de Toledo en Toledo, también conocida como 'Gilitos', puedan formar parte del grupo que llevará a cabo un recorrido guiado.

Esta actividad enmarcada en el programa 'Cortes Abiertas' del Parlamento regional comenzará a las 10.30 horas. El itinerario permite a la ciudadanía pasar por las diferentes dependencias del parlamento y recibir algunas nociones sobre patrimonio y actividad parlamentaria.

Desde las Cortes informan de que las personas interesadas en participar en esta actividad gratuita solo tienen que dirigir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 807.

Itinerario

El itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo.

Entre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española. Además, existe la opción de concertar una visita guiada para un grupo cerrado (centro educativo, asociación vecinal, de mujeres, etc.) contactando en los mismos números de teléfono y correo electrónico que para las 'puertas abiertas'.

Durante el año pasado cerca de 2.700 personas pasaron por el antiguo Convento de San Gil, una cifra que mantiene el intenso ritmo de visitas que se ha instalado en la institución durante esta legislatura.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

España avanza un paso más en la digitalización de los servicios públicos. A partir del 2 de abril de 2026, los ciudadanos podrán utilizar el Documento Nacional de Identidad en formato digital directamente desde el móvil. Se trata de una opción que complementa al DNI físico y que tendrá la misma validez legal para identificarse ante administraciones públicas y entidades privadas.

La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que han desarrollado una aplicación oficial llamada MiDNI. Con ella, el documento de identidad se “virtualiza” en el teléfono mediante una conexión segura con los servidores oficiales, permitiendo mostrar los datos de identidad sin necesidad de llevar la tarjeta física.

Este sistema, regulado por el Real Decreto 255/2025, busca facilitar la identificación cotidiana de los ciudadanos y adaptarse a un contexto en el que cada vez más trámites se realizan de forma digital o mediante dispositivos móviles.

Aunque la aplicación ya se puso en marcha en fase inicial en 2025, el 2 de abril de 2026 marca un punto clave: desde esa fecha, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital como medio válido de identificación, en los mismos términos que el documento físico.

Esto significa que, si un ciudadano decide utilizar su DNI desde el móvil, una empresa, hotel, banco o administración no podrá rechazarlo alegando que solo acepta el formato en tarjeta.

El uso del sistema, sin embargo, seguirá siendo voluntario. Es decir, quien prefiera seguir utilizando el DNI tradicional podrá hacerlo sin ningún problema.

El DNI en el móvil no sustituye al físico

El llamado DNI digital no es un documento nuevo que sustituya al físico, sino una versión virtual del DNI tradicional, accesible desde el teléfono a través de la app oficial MiDNI.

El funcionamiento es relativamente sencillo: cuando el usuario abre la aplicación, puede generar una credencial digital que muestra sus datos personales y que puede ser verificada en tiempo real por la Policía Nacional. De esta forma, el sistema garantiza la autenticidad de la identidad sin necesidad de almacenar permanentemente la información en el dispositivo.

Además, la aplicación permite mostrar solo la información necesaria según el trámite. Por ejemplo, si solo es necesario acreditar la mayoría de edad, el sistema puede ocultar otros datos personales.

Este mecanismo responde también a las recomendaciones de protección de datos, evitando que las empresas o administraciones tengan acceso a información que no necesitan.

Cómo obtener el DNI digital en el móvil

Para utilizar el DNI en el teléfono móvil es necesario completar un proceso de registro previo. El sistema se basa en dos pasos principales: vincular el DNI a un número de teléfono y descargar la aplicación oficial.

En primer lugar, el ciudadano debe disponer de un DNI electrónico en vigor, con sus certificados digitales activos. Después puede registrar su teléfono mediante tres vías principales:

Una vez completado el registro, basta con descargar la aplicación MiDNI desde Google Play o la App Store y acceder con los datos de identificación correspondientes.

El sistema permite establecer medidas de seguridad adicionales, como contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, para evitar accesos no autorizados en caso de pérdida del teléfono.

Para qué se podrá usar el DNI digital

En la práctica, el DNI en el móvil servirá para identificarse en la mayoría de situaciones cotidianas en las que hasta ahora era necesario mostrar el documento físico.

Entre los usos más habituales se incluyen:

También podrá utilizarse para identificarse en procesos electorales o en gestiones relacionadas con la administración pública, siempre que el sistema de verificación esté disponible.

No obstante, el DNI digital no sustituye completamente al documento físico en todos los contextos. Por ejemplo, no se puede utilizar como documento de viaje en fronteras ni fuera de España.

Códigos temporales para mayor seguridad

Una de las claves del nuevo DNI digital es su sistema de seguridad. La aplicación genera códigos QR temporales que permiten verificar la identidad del usuario en tiempo real, evitando que los datos personales queden almacenados o puedan ser reutilizados.

Cuando una persona necesita identificarse, la app muestra el código y los datos necesarios para el trámite. El receptor puede escanearlo y comprobar su autenticidad mediante los sistemas oficiales de verificación.

Este modelo pretende reducir uno de los problemas habituales del uso del DNI físico: la copia o almacenamiento de datos personales por parte de terceros.

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades han advertido de que MiDNI es la única aplicación oficial para llevar el DNI en el móvil. Por ello recomiendan descargarla únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones y evitar apps no autorizadas que puedan intentar suplantarla.

Además, al igual que ocurre con cualquier documento de identidad, es importante proteger el acceso al teléfono mediante sistemas de bloqueo y mantener actualizadas las medidas de seguridad del dispositivo.

Un paso más hacia la identidad digital

La llegada del DNI al móvil forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la identidad digital en España. En los últimos años, la administración ha desarrollado herramientas como el sistema Cl@ve o la aplicación Carpeta Ciudadana para simplificar los trámites con el sector público.

El DNI digital representa un nuevo avance en ese proceso, al trasladar el documento de identificación más utilizado del país al dispositivo que la mayoría de ciudadanos lleva siempre encima.

Para muchos usuarios, el cambio será sobre todo una cuestión de comodidad: poder acreditar quiénes son sin necesidad de buscar la cartera o preocuparse por olvidar el documento físico.

Para la administración, en cambio, supone un paso más hacia un modelo de identidad digital segura, en el que la ciudadanía pueda interactuar con instituciones y empresas con mayor facilidad y control sobre sus propios datos.

El Ayuntamiento de Santoña ha puesto en funcionamiento este lunes el canal de comunicación gratuito Línea Verde para que los ciudadanos puedan informar, a través de una aplicación móvil, incidencias que detecten en el mobiliario urbano.

El Consistorio ha indicado en un comunicado que con esta medida busca dar una respuesta más rápida a las necesidades del municipio.

Para ello, solo será necesario descargar la aplicación de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil y, una vez instalada, el usuario podrá seleccionar el tipo de incidencia que quiere comunicar, hacer una foto y añadir un breve comentario.

Línea Verde detecta de forma automática la ubicación del problema y lo notifica al Ayuntamiento. A partir de ahí, el equipo municipal comienza a trabajar para solucionarlo y mantendrá al ciudadano informado en tiempo real.

La aplicación ofrece a los vecinos la posibilidad de hacer consultas medioambientales que serán respondidas por un equipo de expertos en un plazo máximo de 24 horas.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la participación activa de los vecinos a través de Línea Verde, ya que supone “una gran oportunidad para colaborar con la mejora y el cuidado de la villa”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a certificar en solo tres minutos las solicitudes que sean realizadas por la ciudadanía en materia de Tesorería a través de la implantación de la certificación automatizada e inmediata, así como el sello electrónico.

Se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones prácticas en concepto de IRPF, dentro de procedimientos administrativos. Hasta ahora, la emisión y comunicación de dichos certificados tenía un plazo de unos cinco días desde la recepción de la solicitud.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), mediante la cual se aprueba el sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión, de manera automatizada, de documentos administrativos de constancia y se atribuyen las competencias que permiten generar dichos documentos y su contenido.

De este modo, se aprueba una medida que “facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata”. Así, ese trámite será emitido y comunicado en el plazo de tres minutos desde que se registre la solicitud por parte del ciudadano o la ciudadana. Además, los certificados serán interoperables con otras administraciones, lo que, a su vez, garantiza el derecho del que dispone la ciudadanía de no tener que aportar documentos que ya obren en poder de otra administración.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha apuntan que “se mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos” a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención funcionarios en los procesos. Ahora, se reducen “de manera esencial” los tiempos de respuesta a la vez que se reduce la burocracia.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, a la que, a su vez está adscrita la unidad de la Tesorería General, ha confeccionado el contenido de los certificados, así como su emisión automatizada, garantizando la identificación electrónica del órgano firmante, la integridad del certificado, su verificación mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional y su interoperabilidad con otras administraciones.

2.000 certificados al año

Para obtener los mismos, las personas interesadas, alrededor de 2.000, presentaban una solicitud en la sede electrónica de la Administración regional que, posteriormente, era gestionada por empleados públicos que, accediendo al sistema informático de gestión económica, extraían los datos y confeccionaban los certificados en un soporte electrónico, que posteriormente era firmado de manera electrónica por el responsable de la Dirección General y, finalmente, comunicado, por dichos empleados, a la persona interesada.

Con la orden aprobada y hoy publicada en el DOCM se implementan las Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y se elimina la participación de empleados públicos en el proceso de elaboración, firma y comunicación, ya que mediante la interconexión de la sede electrónica, donde se presenta la solicitud con la plataforma que gestiona el sistema informático que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante, se va a generar de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática, en el correo electrónico que haya indicado en su solicitud. Todo ello en el plazo de tres minutos.

Esta AAA garantiza la identificación electrónica del órgano firmante, así como la integridad del certificado emitido pudiendo, además, verificarse su contenido mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional mediante un código único de identificación para cada certificado.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantiza también la interoperabilidad de este, lo que permitirá que se pueda remitir directamente a otras Administraciones Públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando estas lo requieran, ya que“ al ser interoperable” la persona interesada podrá porque sea remitido directamente entre dichas administraciones.

El Partido Popular ganó anoche las elecciones de Castilla y León, aunque el resultado no es suficiente para que Alfonso Fernández Mañueco gobierne en solitario, y tendrá que negociar con Vox para formar gobierno. El PSOE, por otro lado, resiste. Los populares han conseguido 33 escaños, los socialistas 30 —ambas formaciones consiguen dos escaños más que en los comicios de 2022— y la ultraderecha 14 —uno más—. El partido de Abascal, sin embargo, no ha conseguido cumplir las expectativas de las encuestas, y parece que toca techo. La izquierda naufraga y, exceptuando a UPL, las formaciones confederales se han pegado un batacazo.

Aquí te dejamos:

La suciedad en las calles suele ser uno de los grandes motivos de queja vecinal y se cuenta entre los principales quebraderos de cabeza de los alcaldes. Pero, en el capítulo de la limpieza, más allá de los contenedores desbordados y las pintadas en el mobiliario urbano, hay un frente especialmente sensible, el peor valorado por la población, según las encuestas periódicas de la OCU: las cacas de perro.

Dejar los excrementos de un perro en la acera es, desde hace años, motivo de multa en la mayoría de ciudades. Sin embargo, muchas no han conseguido reducir esta práctica que los dueños de animales atribuyen a unos pocos incívicos. En su afán por erradicarlo, ya son más de 80 los ayuntamientos que han optado por un sistema que consiste en crear un registro de ADN canino que permite identificar a aquellos animales cuyas heces no se recogen. 

“La sensación de muchos vecinos es que el problema de las heces en la calle está desatendido y es algo que nos preocupa también especialmente a los que tenemos perro, porque no queremos pagar justos por pecadores”, señala Pablo Muñoz Gabilondo, periodista especializado en mascotas. Su listado de municipios que han adoptado el registro del ADN canino alcanza actualmente los 87, la gran mayoría en la Comunitat Valenciana y Catalunya. 

Una de las primeras ciudades que lo implantó fue Málaga, en 2018, y, desde entonces, se ha incorporado, previa modificación de la ordenanza municipal, en urbes como Alcalá de Henares, Tres Cantos, Martorell, Cornellà de Llobregat, Igualada, Benalmádena, Paterna, Mislata… La última gran ciudad en aprobarlo ha sido Tarragona, que ha dado hasta el 15 de agosto a los vecinos que sean dueños de mascotas para que acudan al nuevo registro de ADN.

Lo que suelen hacer los consistorios inicialmente es dar cierto margen a los ciudadanos para inscribir a su perro en el nuevo registro genético, que no sustituye al microchip identificador. Van al veterinario, les cogen una muestra (de sangre o de saliva) y esta se envía al laboratorio de la empresa que gestione el servicio. Desde entonces, la policía local y los agentes cívicos de los ayuntamientos pueden coger muestras de heces en la vía pública, mandarlas analizar, identificar al animal y multar a su dueño. La medida se acompaña normalmente de sanciones a los que no han registrado el ADN de su perro. 

“Nuestra conclusión es que la presencia de heces en la calle se ha reducido mucho, aunque tiene un coste económico para la ciudadanía”, reconoce Jordi Martín Forns, concejal de Urbanismo de Caldes de Montbui (Barcelona). Su municipio fue uno de los primeros en adoptar este sistema en Catalunya. “Es evidente que hay un efecto disuasorio y que la gente acaba entendiendo que, si no recoges los excrementos, te pillan y te multan”, resume. 

Debido al coste y las complicaciones de llevarlo a analizar, el muestreo no se realiza cada vez que un policía municipal ve una caca sin retirar. Explica Martín Forns que hacen batidas trimestrales, en zonas concretas –priorizando las más problemáticas–, que sirven también como campañas de “sensibilización”. En este municipio de 18.000 habitantes las multas que se incoan son pocas, unas decenas al año, y oscilan entre 150 y 300 euros. 

El laboratorio al que envían sus muestras los funcionarios de Caldes de Montbui está en el Parque de Investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Allí tiene su sede Can Identification, proyecto de la empresa Vetgenomics, que presta el servicio a 14 municipios españoles y a todos los de Andorra. La otra gran firma que se dedica a ello en España es ADN Canino, radicada en Xátiva (València), y que nació con polémica: su fundador era el concejal del PP que iba a implantarlo en el mismo municipio y tuvo que dimitir. Con todo, una vez en el gobierno, la izquierda no desmanteló esta política y actualmente sigue vigente. 

Desde el campus de la UAB, Óscar Ramírez, director de la catalana Can Identification, explica cómo funcionan. Facilitan a los ayuntamientos los tubos de muestra codificados, además de una app para marcar la hora y el lugar de la colecta. Por ejemplo, explica, es importante marcar si es un parque infantil, puesto que las heces de perros pueden contener parásitos que transmiten enfermedades. 

Ramírez, doctor en Genética por la UAB, reconoce que el sistema de comparación del ADN entraña cierta complejidad, sobre todo si se quiere alcanzar porcentajes de identificación que hagan que la medida valga la pena. En primer lugar, explica que muchas heces están contaminadas, puesto que los animales orinan y defecan sobre deposiciones de otros, lo que imposibilita el trabajo. Esto, según sus datos, afecta a entre el 15% y el 20% de las muestras que reciben.

Además, detalla, las heces tienen poco material genético del propio individuo (más bien de su dieta y de bacterias), y al aire libre y a altas temperaturas se degrada. Aun así, prosigue Ramírez, asegura que actualmente son capaces de extraer ADN del perro y obtener su perfil genético en el 95% de las muestras.

Una de las voces más críticas con este modelo, que califica de poco eficaz, es Gonzalo Moreno, ahora presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, y que elaboró en 2018 un informe desfavorable a esta política municipal cuando estaba en el Colegio de Veterinarios de Alicante.

Ya entonces argumentó que es una medida demasiado costosa por sus resultados, dado que debe garantizar la cadena de custodia, contar con todos los perros registrados (algunos municipios se quedan a medio camino) y tener en cuenta que hay otros animales itinerantes (colonias de gatos, perros de otros municipios, de turistas…). Por último, alega Moreno que, debido a la degradación y contaminación de las heces en la calle, la probabilidad de identificar al animal es baja. 

Ramírez responde que el sistema de Can Identification utiliza un conjunto de 128 marcadores genéticos —llamados SNP o polimorfismos de nucleótidos simples— que se analizan a partir de pruebas PCR con sondas TaqMan. Este tipo de metodología y el uso de protocolos forenses permiten trabajar con ADN muy degradado, como el que se obtiene de las heces, y aumentar la fiabilidad de la identificación frente a los sistemas tradicionales.

Las dudas sobre los costes y beneficios de la medida han echado para atrás a más de un municipio, sobre todo a los más poblados y que deberían manejar grandes volúmenes de muestras. “La madre del cordero es si la medida realmente funciona, ¿no?”, arranca Pablo Muñoz Gabilondo, el periodista especializado en mascotas, en contacto con diversos de los consistorios que lo han implantado.

“Funciona, pero la clave es si el ayuntamiento se implica, si supervisa las placas de los perros, si tiene a la policía local alerta, que termine el censo, que haga recogidas periódicas de cacas… Porque es cierto que hay ayuntamientos que anuncian la medida y al año siguiente se olvidan. Debe ser estructural”, concluye.

Las inundaciones de varios barrios de Talavera de la Reina con motivo de la crecida de los ríos Tajo y Alberche por las fuertes lluvias han caldedado los ánimos de la ciudadanía. Así se lo ha hecho notar un grupo de ciudadanos al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, durante un recorrido que realizaba a la ciudad junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

En un momento del recorrido, que se ha producido precisamente bajo la lluvia, una mujer le pide al alcalde soluciones: “¡Que tienes el poder!”. Este último intenta explicar que los ingenieros que han revisado los colectores de la ciudad han dicho que si se abre uno de ellos en un punto determinado, “vendrá toda la presión” del agua.

Uno de los vecinos le pregunta con el tono muy elevado por las causas de esa presión y José Julián Gregorio le responde que porque en ese punto está todo el nivel freático. “El nivel freático es una cosa y la presión es otra”, le vuelve a replicar el vecino, pero el alcalde insiste en que ese punto no se puede abrir porque “está todo fluyendo”, en referencia al agua.

Durante la bronca, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no interviene en la conversación, aunque algunos de los vecinos también se dirigen a él.

El alcalde ha avanzado que ha solicitado más medios humanos y materiales al Gobierno regional debido a las inundaciones de varias calles de la ciudad, para facilitar el achique del agua de viviendas y garajes. Así lo ha dado a conocer tras la visita a la calle Entretorres, acompañado del concejal de Servicios Generales, Urbanismo García, donde nuevamente ha escuchado a los vecinos afectados por las inundaciones de sus viviendas, debido a las intensas lluvias de la semana pasada y de la actual.

La situación es “insostenible”

Gregorio ha recordado que todas las mañanas mantiene una reunión de coordinación con el CECOPAL para actualizar los datos y seguir el “minuto a minuto” la evolución de la ciudad, que ha experimentado mejorías en algunas calles que han abierto al tráfico como las calles Cristo, Mula, Carmen, Charcón, y San Esteban, pero el punto más crítico continúa estando en Entretorres, y permanecen inundadas también Hilanderas y Grisetas.

Ha reconocido que esta situación “es insostenible” y “no dejamos de trabajar para solventar la situación”. “Por eso hemos pedido más medios materiales y humanos a la Junta” para revertir esta situación y ayudar a los vecinos afectados.

Por la ciudad discurren ocho arroyos cuyo caudal “está a tope”, principalmente por las lluvias que han caído en la Sierra de San Vicente que ha repercutido en Talavera, ha dicho el alcalde, que ha recordado que el Tajo se encuentra en nivel rojo y que “está controlado”.

“Comprendo y entiendo a los vecinos, yo soy un vecino como ellos y sé que es un problema muy grave, y estoy con ellos”, ha dicho el alcalde que ha asegurado que desde el jueves acude todos los días a las zonas afectadas “para conocer lo que sucede, y a mí se me cae el alma cuando vengo a estas calles y veo que no baja el nivel el agua”.

El alcalde solicitó ayer lunes 9 de febrero formalmente al ministerio de Interior, de Transición Ecológica, y a la Junta que inicien los trámites para declarar a Talavera como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil (zona catastrófica), así como la adopción de medidas extraordinarias que permitan la reparación de los daños y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

Los medios enviados por el Gobierno regional

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han indicado que el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, está en contacto con el alcalde de Talavera desde el pasado 6 de febrero y que le ha ofrecido los medios que pueda necesitar el Ayuntamiento para trabajar en los efectos del temporal, pero “tiene que canalizar oficialmente esa solicitud”.

Según el Ejecutivo, regional, no fue hasta las 18.00 horas del sábado, día 7, cuando José Julián Gregorio lo solicitó. Por el momento, los medios del Infocam enviados son tres autobombas y dos motobombas de achique y extracción de lodos.

Pese a ello, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha aprovechado la visita para reclamar al Gobierno regional que actúe “de manera inmediata” y envíe más medios materiales y humanos a Talavera. “Los vecinos están enfadados y con razón. Cualquiera que se ponga en la piel de una familia que tiene un metro de agua en su casa entenderá perfectamente cómo se sienten”, ha afirmado.

El presidente regional del PP ha puesto en valor la actitud del alcalde y de su equipo de Gobierno, “que llevan aquí desde el minuto uno, escuchando a los vecinos, trabajando sobre el terreno y dando la cara” y “que está a pie de obra y que no se esconde”.

Núñez ha reiterado que el Ayuntamiento de Talavera ya ha puesto todos sus recursos a disposición para evacuar el agua y que el equipo de ingeniería municipal está trabajando para encontrar soluciones que vayan más allá de la emergencia inmediata. No obstante, ha insistido en que “ahora lo urgente es achicar el agua, traer más bombas y más medios”, algo que, a su juicio, no puede asumir en solitario el Ayuntamiento.

El proceso de escucha impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia sobre el nuevo Guggenheim en la comarca de Busturialdea-Urdaibai ha concluido con el “no” de la sociedad de esa zona a construir el museo. La decisión ya había sido tomada por las instituciones por la inviabilidad del proyecto, algo que según reconocía la propia diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ya se “intuía” debido a los “obstáculos insalvables, como los relativos a la Ley de Costas, la legislación medioambiental y la tramitación territorial y urbanística. Ahora, tras el proceso de escucha de la ciudadanía de la comarca, el relato más prevalente es que se rechaza la ampliación del museo, pero se quiere ”hablar del desarrollo de la comarca“, después de que en las primeras fases del trabajo el relato más representado era el que se mostraba ”absolutamente en contra de la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai“.

“En lugar de plantear nuevas soluciones puntuales, las narrativas recogidas reclaman reforzar el Plan Estratégico actual con nuevas iniciativas que complementen las necesarias inversiones en infraestructuras ya comprometidas”, recoge el proceso final presentado este lunes en Gernika por la diputada general de Bizkaia y la vicelehendakari primera del Gobierno vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. Se trata de un trabajo realizado en ocho meses en el que han participado cerca de mil vecinos de la zona y guiado por Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC), una entidad creada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, con la colaboración del centro AC4 de la Universidad de Columbia.

En concreto, se han realizado 949 entrevistas y se han recogido 1.002 narrativas contrastadas mediante sesiones de interpretación colectiva y enriquecidas en un seminario internacional celebrado en Ekoetxea Urdaibai los días 1 y 2 de diciembre de 2025. La mayoría de los diálogos recogidos han sido presenciales, aunque también se han incorporado aportaciones escritas, telemáticas y en formato audio. “Este volumen de participación permite ir más allá de posiciones explícitas y captar tensiones, matices y contradicciones que habitualmente no emergen en el debate público”, han señalado durante la presentación.

Desde el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, que era de los que defendían el “sí o sí” del museo, han valorado ahora este proceso como “una expresión de una nueva manera de hacer política en el siglo XXI, especialmente adecuada para responder a retos complejos”. Es un proceso que ha permitido comprender mejor las inquietudes, expectativas y preocupaciones de la sociedad de Busturialdea-Urdaibai y generar conocimiento útil para la acción pública, dicen. En este sentido, las instituciones toman nota de las conclusiones del informe y reafirman su compromiso con el desarrollo de la comarca, aunque la ponencia anunciada en 2024 en el Parlamento Vasco nunca se llegó a poner en marcha. Subrayan que el proceso aporta una capa cualitativa que permite reforzar y completar la hoja de ruta ya existente, el Plan Estratégico Comarcal de Busturialdea-Urdaibai.

La Diputada general de Bizkaia ha señalado que el informe “aporta claves muy valiosas para seguir avanzando en el impulso de esta comarca y para reforzar su cohesión social y territorial”. Según Etxanobe, el proceso de escucha ha puesto de relieve que “Busturialdea es una comarca diversa, con miradas plurales y complejas, con grandes debates que la atraviesan y que no admiten respuestas simples”. “Se ha evidenciado un amplio consenso social en torno a la necesidad de impulsar su desarrollo socioeconómico sin renunciar a la protección del entorno, y se han identificado preocupaciones compartidas que ya están siendo abordadas desde el Plan Estratégico Comarcal, al que este informe aportará nuevas claves de mejora”, alega.

Asimismo, ha añadido que “el proceso aporta aprendizajes claros para las instituciones: la importancia de una información más transparente y compartida, y la urgencia de atender las brechas territoriales y sociales que generan desafección, desconfianza y sensación de agravio, especialmente entre quienes se sienten más vulnerables”. “Cerrar estas brechas es una responsabilidad colectiva, del conjunto de la sociedad, y como diputada general de Bizkaia, la asumo”, ha confirmado Etxanobe. Por su parte, la vicelehendakari Bengoetxea ha añadido que el informe del proceso de escucha “no plantea un camino nuevo, sino que ayuda a recorrer mejor el que ya existe: refuerza lo que está en marcha, aporta elementos nuevos que deben analizarse y encaja plenamente con la apuesta del PEC por una gobernanza más colaborativa.”

Los vecinos no se sienten partícipes de la toma de decisión

Tras las entrevistas realizadas en un proceso de escucha que comenzó en febrero de este año, los ciudadanos argumentan que no sienten una participación real en la toma de decisión. Se les informa o consulta, pero su voz no transforma los resultados. “La verdadera transformación exige escalar hacia modelos de asociación o poder ciudadano, donde no solo se informa o consulta, sino que se comparte poder de decisión, en un ejercicio genuino de gobernanza colaborativa. En resumen, Murueta es un lugar cargado de atmósferas afectivas y simbolismo colectivo. Abordarlo únicamente como un emplazamiento técnico o turístico no reconoce su densidad material, discursiva y emocional”, señala el informe.

Las voces contrarias a la instalación del museo en la comarca solicitan un nuevo modelo de turismo y soluciones concretas a los problemas de vivienda y transporte que genera el modelo actual. “Todas las narrativas coinciden en que durante los últimos diez años ha cambiado la manera en la que la sociedad vasca entiende el valor del turismo, no solo en Urdaibai. Si hace una década atraer visitantes a una comarca en desarrollo era interpretado positivamente, en la actualidad existe una visión mucho más crítica sobre los impactos reales que genera. Lo que antes era sinónimo de prosperidad, hoy genera dudas y resistencias por su impacto directo en vivienda, movilidad, servicios y cohesión social”, adelanta.

Por otro lado, los testimonios de personas más especializadas en las industrias culturales demandan mayor claridad y definición del proyecto museístico. “Consideran que se ha presentado el continente, pero se ha hablado poco del contenido y de la pertinencia de una nueva infraestructura de estas características. Las personas entrevistadas hasta el momento muestran una necesidad de identificarse con el proyecto, así como de ligarlo a su identidad. En opinión de estos sectores, la especialización en arte y naturaleza no debería estar reñida con una mayor presencia del arte contemporáneo vasco de vanguardia”, recoge.

A modo de conclusión, el informe sostiene que, a pesar de las diferencias y matices, todos los testimonios tienen en común el desarrollo humano sostenible. “Las personas que llevan décadas trabajando en el impulso de la reserva de la biosfera consideran que se ha producido una evolución muy positiva en la comarca. Anteriormente, se veía la declaración de reserva de la biosfera como un posible freno al desarrollo económico y esta narrativa ha evolucionado positivamente. Hoy en día, encontramos opiniones a favor y en contra de la ampliación del museo, pero por encima de narrativas diferentes existen patrones comunes y los argumentos que se utilizan para construir estas narrativas son similares: es necesario combinar una protección especial del entorno (por su carácter de reserva natural) con el desarrollo socioeconómico de la zona, debemos apostar por un modelo de turismo que tenga en cuenta los impactos negativos que genera, especialmente en la calidad del empleo, el impacto directo en la subida de los precios de la vivienda y en la saturación de los sistemas de transporte. Existe un gran consenso sobre esta cuestión y hasta la fecha, es muy destacable que no hayamos recogido ninguna narrativa negacionista sobre el cambio climático o que se posicione fuera del marco de valores asociado al desarrollo humano sostenible”, indica el documento.

Cinco patrones sobre el Guggenheim de Urdaibai

En el proceso se han encontrado cinco tipos de posicionamiento diferentes o patrones, como los nombran en la investigación. El primero son quienes están totalmente en contra. “Su principal objetivo es evitar que se lleve a cabo este proyecto y considera que la discusión debe centrarse en esta cuestión más allá de que haya otros temas relevantes relacionados con el desarrollo de la comarca. Aunque en las interpretaciones colectivas le hemos asignado una edad y una profesión ficticia para humanizarlo, dentro de este mismo patrón confluyen diferentes generaciones, género, ocupaciones o incluso ideologías y posiciones políticas. Sus argumentos son contundentes: la posible ubicación del museo en el humedal de Murueta no respeta la legislación vigente, no existe información suficiente sobre el proyecto y las decisiones se han tomado en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

El segundo patrón lo componen las personas que están en contra de la ampliación, pero a favor del desarrollo de la comarca. “Este segundo patrón se opone también a la ampliación del museo, pero considera que es necesario centrar la discusión en el desarrollo de la comarca. Es una cuestión de prioridad o urgencia. Este patrón también es compartido por diferentes ideologías, géneros y generaciones. Las narrativas recogidas en este patrón consideran que Urdaibai está estancada y en declive. A pesar de conocer las propuestas que se están impulsando por las instituciones en el marco del nuevo Plan Estratégico de la comarca y la declaración de zona de actuación prioritaria (ZAP), consideran que la inversión económica es insuficiente, la discusión ha sido superficial y limitada a los agentes menos críticos”.

El tercer patrón está a favor de una posible ampliación del museo. Su principal argumento es que hay que tomar la iniciativa ante una situación de declive. En su opinión, las instituciones tienen la responsabilidad y la legitimidad democrática para plantear iniciativas tractoras y disruptivas y, aunque son conscientes de que pueden surgir críticas, argumentan que siempre se cuestiona lo nuevo, hasta que funciona. El cuarto patrón, por su parte, no tiene una posición totalmente definida y representa a personas que en función del desarrollo de la iniciativa, se posicionaría a favor o en contra de la ampliación del museo. Por último, el quinto patrón representa principalmente a aquellas personas que expresan impotencia, desafección y escepticismo respecto a los procesos participativos e institucionales.

El proceso de escucha no es vinculante, ya que corresponderá a las instituciones valorar los resultados y comunicar sus impresiones y posibles actuaciones futuras. “El enfoque de escucha profunda no reemplaza la decisión, pero ofrece la base para diseñar políticas públicas que se sostengan en el tiempo porque hacen un esfuerzo especial por entender los marcos de sentido de la ciudadanía. En un nivel más profundo, este debate nos permite hablar de qué modelo de desarrollo queremos para la comarca (y para el conjunto de Euskal Herria) y cómo deben activarse los procesos de gobernanza colaborativa con una fuerte perspectiva comunitaria”, concluye el documento.

Ni martes, ni jueves. Miércoles. Ni en Bellas Artes, ni en Humanidades, ni en Comunicación, sino en el Barrio de San Antón. Esas fueron las coordenadas de la undécima sesión de Sagita Magma, que convocó a un centenar de personas al Centro Cultural Alfarería Pedro Mercedes para una sesión que llevó por título ¿Quién contará nuestra historia? Identidad, memoria y márgenes del olvido, y que además contaba con el aliciente de la sesión Xtra-Poetry, que, a modo de sesión expandida, propuso un encuentro de poesía, performance y perfopoesía en formato micrófono abierto. Y todo ello en mitad de la exposición CAO, que muestra una antología de Gonzalo Cao, fallecido el año pasado, quien representó como nadie la esencia primigenia de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

No eran pocos los alicientes de esta sesión, que comenzó con la proyección de las imágenes magmáticas diseñadas por Marta Feiner sobre el muro exterior de la Alfarería, justo sobre el anuncio emblemático del Alfar, que forma parte de la iconografía imprescindible de la ciudad desde mitad del siglo XX, pues por él circularon los primeros turistas contemporáneos que llegaban a la ciudad. Decenas de capas de historia, algunas contadas, algunas ignoradas, algunas olvidadas, en un barrio, el de San Antón, que ha sido durante demasiado tiempo “ese otro” que estaba de la otra parte del puente.

Mientras en el patio resuena la música magmática y se sirve vino caliente, conversamos en la sala aún vacía con Irene Ortiz Gala, que participará en esta sesión junto a Teresa López Franco y Alba González Medina. Irene Ortiz es reciente profesora de la UNED tras su paso por la Autónoma de Madrid, y su trabajo, centrado en el pensamiento italiano contemporáneo y la filosofía de las migraciones, recientemente ha publicado El mito de la ciudadanía (Herder, 2024), convirtiéndose en una referencia para comprender cómo las estructuras jurídicas moldean quién tiene voz y quién se queda fuera del relato público.

Irene Ortiz era una de las voces imprescindibles para esta primera edición de Sagita Magma, pues este seminario transita justamente ese espacio de divulgación y diálogo entre la filosofía y la actualidad que desde 2017 encarna la revista FILOSOFÍA&CO, de la que ella es directora filosófica desde 2022, un cargo del que deben de existir muy pocos ejemplos más en España y cuyas páginas acogen a muchos de las voces participantes en este Seminario Dopamina.

Pocos lugares como este alfar ubicado entre el barrio de San Antón y el río Júcar pueden ser más idóneos para hablar de migraciones, de gentes que llegan y habitan, pero también de quienes hacen parada provisional a este lado del puente. San Antón, nacido del tránsito y del trabajo en el siglo XIV, es un barrio que se aferra a la vida con la misma fuerza con que se sujeta al Cerro de la Majestad y que, desde hace décadas, aún arrastrando el estigma de la marginalidad, conserva una identidad mestiza y digna que pocas veces tuvo la oportunidad de contar la historia desde sus habitantes y no desde la mirada ajena.

¿Quién contó su historia? ¿Quién contará su historia? “Hay muchas voces sin narración… voces que quedan desplazadas a unos márgenes que no merecen ser escuchados y que entonces no entran en esa historia. Por eso a mí me parece que es un acto de justicia epistémica reconocer esas voces que han quedado desplazadas y habilitar los espacios para que puedan hablar”, señala Irene Ortiz, espacios como este Centro Cultural Alfarería Pedro Mercedes al que Lamosa insufla el aliento vital y creativo.

“Me gusta mucho el título Quién contará nuestras historias, porque no se trata solo de ser nosotras quienes podamos contarnos, sino de ver cómo nos narran los otros y cuál es el espejo que nos ofrecen”, añade Irene, porque no basta con poder narrarse; es necesario también ser narrado y escuchado por los demás.

Los ecos de Hannah Arendt resultan ineludibles en esta sesión, “La pertenencia a una comunidad política es la condición para que la vida humana sea algo más que un simple hecho biológico”, escribió. Irene Ortiz, quien advierte que “a pesar de que han pasado dos mil años (desde el Imperio Romano), seguimos teniendo que enfrentarnos al mismo problema: quién es ciudadano, de qué Estados y quiénes quedan fuera”, afirma Irene Ortiz. Porque la ciudadanía ha funcionado históricamente como un dispositivo de selección, muy lejos de ser un verdadero horizonte de inclusión.

Hay algo así como una espera burocrática para ser humanos. Cuando nace un niño, una de las primeras cosas que hay que hacer es inscribirlo en el Registro Civil. Esa vida se convierte en vida política solo cuando pasa por un procedimiento administrativo. En los procesos migratorios ocurre algo muy parecido

“El problema fundamental no es quién entra, sino quién queda fuera del dispositivo”, subraya la pensadora. La ciudadanía, desde sus orígenes ligados a la idea de 'haber nacido de la propia tierra', conserva principios heredados de mitos fundacionales griegos según los cuales la pertenencia se define por la sangre unida al territorio y por que esa tierra debe protegerse preservando un mismo linaje.

La vida atravesada por los procesos administrativos. “Hay algo así como una espera burocrática para ser humanos. Cuando nace un niño, una de las primeras cosas que hay que hacer es inscribirlo en el Registro Civil. Esa vida se convierte en vida política solo cuando pasa por un procedimiento administrativo. En los procesos migratorios ocurre algo muy parecido”. “Hacen cola, a la espera de ser humanos”, escribe en alguno de sus trabajos.

“Hoy no hablamos tanto de apátridas como pensaba Hannah Arendt, sino de titulares de una ciudadanía frágil”, observa recordando que los movimientos migratorios actuales no se deben tanto a la ausencia de ciudadanía como a la posesión de una ciudadanía frágil, una condición que permite que ciertas vidas reciban un trato inhumano sin que ello constituya delito.

“Cuando hablamos solo en cifras, algo se pierde. La deshumanización es previa a que ciertas muertes sean toleradas”, advierte, hasta el punto de que “las muertes de algunas personas se interpreten como consecuencia lógica de su existencia”. “Y es, en última instancia, reducirlos a vidas en las que no pasa nada cuando se mueren, vidas que no activan ninguna exigencia de responsabilidad, a diferencia de lo que ocurre con quienes son titulares de una ciudadanía fuerte.”

Una norma que se apoya en relatos previos compartidos que legitiman a quién se incluye y a quién se excluye. “Antes de la norma hay siempre un relato aceptado socialmente”, añade, y es precisamente ese relato previo el que determina qué voces pueden narrar y cuáles quedan reducidas a ser narradas o incluso omitidas, porque hay cuerpos e identidades que ni siquiera llegan a mencionarse públicamente. La imposibilidad de intervención en el espacio común es la consecuencia directa de la pérdida del estatuto político.

Las reflexiones de Irene Ortiz no se centran únicamente en el silenciamiento jurídico, porque no concibe “una justicia que no pase por hacerse cargo de lo olvidado”, del mismo modo que “hay historias que siguen exigiendo ser narradas”.

Para la pensadora, toda intervención política debe comenzar por restituir esas voces desplazadas, por reconocer las vidas y los relatos antes que las normas, para evitar que la comunidad política se construya sobre ausencias. Como escribió Raúl Quinto en su aterrador Martinete del Rey Sombra, “porque ellos siguen siendo un pueblo de tinieblas, los siempre nadie”.

*La entrevista con Irene Ortiz se realizó poco antes de su participación en la 11.ª sesión de Sagita Magma. Seminario-Dopamina. Estética Política y Ontología de la Comunicación, celebrada el 3 de diciembre de 2025 en el Centro Cultural Alfarería Pedro Mercedes. La sesión, titulada '¿Quién contará nuestra historia? Identidad, memoria y márgenes del olvido', fue un encuentro en el que participó junto a Teresa López Franco y Alba González. Este ciclo está coordinado por Ignacio Escutia, Andrés M. García Romero, Laura Budia Piña y Marina Álvarez, y se desarrolla con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Educación y Humanidades, así como de Lamosa Lab, en el marco de Sagita Magma + Xtra-Poetry. El seminario se prolonga hasta mediados de diciembre, con un total de trece encuentros que entrelazan filosofía, arte y pensamiento crítico.

Cuenca es una ciudad pequeña. Poco poblada. La capital de provincia de Castilla-La Mancha con menos habitantes, unos 53.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2024. A pesar de ello, en 1996 su Casco Antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una ciudad que cuenta con joyas arquitectónicas y culturales como sus Casas Colgadas, o su catedral que mezcla los estilos románico y gótico, que alberga el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha o el Museo de Arte Abstracto Español. Un lugar por el que discurren el río Júcar y el Huécar y que a unos pocos kilómetros disfruta de un enorme parque natural, ya en plena serranía.

Aunque parece un lugar idílico para vivir, los conquenses miran el presente y el futuro con preocupación. Hablamos con Estefanía Prior Cano, portavoz de 'Repensando Cuenca', una alianza que aglutina a varios colectivos y en la que se plasman las principales inquietudes de una ciudad castellanomanchega que ve cómo se le escapan las oportunidades. Una alianza que pretende unir a los conquenses con un objetivo común: tener razones para quedarse en la ciudad.

La crisis de vivienda, azote de una ciudad pequeña: “Es una barbaridad”

La portavoz de 'Repensando Cuenca', Estefanía Prior, explica que Cuenca es una ciudad en la que la gente joven tiene muchos problemas para desarrollarse. “Primero para encontrar un empleo. No existe un tejido y una apuesta por el empleo. No todo puede ser hacer una oposición y ser funcionario. En Cuenca no se favorece el emprendimiento ni la autonomía, igual que ocurre a nivel estatal”.

Después, asegura que hay mucha gente joven que no quiere abandonar la ciudad y, sin embargo, en ocasiones no queda otra. Si se revisan los datos del INE, en los últimos cuatro años -dejando a un lado 2020 y la crisis por la pandemia de COVID-19-, Cuenca ha perdido casi 560 habitantes.

La vivienda, como ocurre en el resto de la región, es también una problemática para los estudiantes, las familias o los jóvenes que buscan independizarse. “El tema de los alquileres se ha duplicado en los últimos años. Habitaciones para estudiantes que antes del Covid rondaban los 150 euros ahora valen unos de 300 y eso en una ciudad como Cuenca es una barbaridad”, expone Estefanía Prior.

A través de conversaciones en las asambleas e iniciativas los jóvenes se muestran tajantes: “Nos dicen claramente que ellos no quieren abandonar la ciudad. Yo no quiero abandonar, quiero vivir aquí”, nos dicen siempre. Las instituciones tienen que abordar este problema“, expresa la portavoz de 'Repensando Cuenca'.

La importancia de vertebrar el comercio local

Cuenca, al igual que ocurre con otras ciudades que se fundaron durante la Edad Media, están estructuradas geográficamente con un Casco Antiguo -en este caso en la parte superior de la ciudad- y que después han ido ampliándose en la zona llana. Esto ha provocado que los núcleos comerciales que antes radicaban en la calle Carretería -ubicada en el centro de la parte llana y exterior al Casco Antiguo- se vayan extendiendo hasta las afueras, como ocurre con el centro comercial El Mirador o la zona superior de la avenida de los Alfares, donde hay varios hipermercados.

Estefanía Prior señala que en los últimos años en Cuenca se ha apostado más por grandes zonas comerciales que por lo local. “Recojo aquí palabras de los compañeros de Ecologistas en Acción, donde la ciudad más eficiente, más amable y más compacta es aquella que apuesta por el comercio local y cercano”.

Asegura que esta descentralización del comercio provoca que muchas tiendas tengan que cerrar, pues “para muchos comercios es muy difícil por no decir imposible mudarse a un centro comercial”.

La portavoz de 'Repensando Cuenca' señala que Ciudad Real es un buen ejemplo de esta centralización del comercio. “Allí hay mucho comercio en el centro y la clave es que no existe un centro comercial como tal. La gente compra en el núcleo de la ciudad, de manera que también pasea, se encuentra con amistades, donde puede elegir entre múltiples comercios, franquicias, locales o tradicionales de toda la vida”, apunta.

En el caso de Cuenca, reivindica que hay que apostar “por muchas más calles como Carretería, donde la gente no solo pueda comprar, sino también hacer una vida. Aunque ha cambiado muchísimo desde que se ha hecho peatonal y han cerrado comercios, esto no tiene que ver con la peatonalización, sino con la apertura de un centro comercial en el otro extremo de la ciudad, donde la gente tiene que elegir si va a un sitio o va a otro”.

La ausencia de ferrocarril en Cuenca: “Es algo gravísimo”

Cuenca, a pesar de ser una ciudad pequeña, contaba con varias infraestructuras de transporte. Desde una estación de autobuses, la estación de AVE Fernando Zóbel o una antigua línea de ferrocarril ubicada en el centro, ahora clausurada. Esta línea conectaba Aranjuez (Madrid) con la ciudad de Valencia en seis horas y tenía un billete a bajo coste. Pero su bajo precio no era lo único importante, sino que también vertebrada diferentes municipios conquenses como Tarancón, Huete, Chillarón, Yémeda, Víllora o Camporrobles, entre otros que no tenían parada habitual. Muchas personas lo utilizaban para viajar a la capital de provincia, para ir al hospital, para visitar a sus familiares y amigos, para comprar en grandes superficies. Sin embargo, en 2022 y después de más de un siglo de historia en el transporte, el Ministerio de Transportes decidía que ya no merecía la pena y debían cerrarla.

“Claramente, esta línea de tren era muy beneficiosa. Teníamos decenas de estaciones a lo largo y ancho de la provincia de Cuenca, que nos conectaba con Madrid y con Valencia. Ahora solo tenemos la estación del AVE que ni siquiera se encuentra en el centro de la ciudad y que es muy problemática con los traslados desde la ciudad. Se sabía lo que iba a pasar antes de que se construyera y aun así, así se ha quedado”, explica Estefanía Prior.

La portavoz de 'Repensando Cuenca' asegura que esto se debe “a una apuesta de ciertos partidos políticos y de ciertas instituciones que va en detrimento de la libertad de las personas conquenses, que podríamos estar recorriendo la provincia de manera mucho más fácil, barata y sostenible”.

La pérdida del tren convencional duele. “Desde hace más de una década la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca llevan diciendo que año a año, [las instituciones] han tomado decisiones para conseguir que el ferrocarril funcionase peor, hasta que han dejado a Cuenca como la primera provincia de España que no tiene ferrocarril. Es algo que nos parece gravísimo y un retroceso, ya que somos una provincia muy extensa, cada vez peor conectada”.

Aliarse para conseguir una “Cuenca amable y tierna”

'Repensando Cuenca' es una “alianza de colectivos”, que incluye asociaciones, personas individuales, alternativas y disidentes, que se unen “con el objetivo de ayudarnos, apoyarnos y sobre todo darnos esperanza”, insiste. “También queremos conseguir acciones concretas, de manera que busquemos un cambio real en el Cuenca, consiguiendo que sea la ciudad amable y tierna en la que queremos vivir”.

Asegura que esta alianza surgió de la cotidianeidad. “Somos tres personas tomando café, criticando que las calles de Cuenca están rotas, que las aceras son estrechas o que el transporte público no funciona correctamente como se hizo patente hace unas semanas”, explica.

A partir de ahí, Estefanía señala que en los últimos ocho meses se han reunido varias veces al mes, donde realizaron “muchas lluvias de ideas y salió la iniciativa de hacer un encuentro entre estos colectivos que se han ido sumando”. Este encuentro se materializó el pasado 25 de octubre, donde durante más de ocho horas se desarrollaron actividades como un bingo literario, diferentes talleres o charlas y proyecciones.

La jornada, dice, “fue un éxito, donde nos unimos más de 20 organizaciones y hasta 60 personas, donde pudimos conocernos y poner en común lo que hacemos para tejer una red de apoyo”. La portavoz del colectivo nos cuenta que el público era de todas las edades, procedentes de un amplio espectro dentro del tejido asociativo de Cuenca: Nosotras, Fruto de Amora, La Alternativa, Ecologistas en Acción, Recicleta, Aframás, Asociación de Autores y Autoras Conquenses, Asociación de Vecinos de San Antón, Mares de Leche, o Los Ojos de la Tierra, entre otras.

En asamblea establecieron “claramente” las necesidades que tiene Cuenca. “Lo estructuramos en cuatro ejes: qué potencialidades tiene la ciudad, qué no nos gusta y querríamos cambiar, qué es lo que queremos y, por último, propuestas de acción”, matiza.

El primer eje define a las claras que todas estas personas quieren vivir en Cuenca: “Por la cultura, donde contamos con una Facultad de Bellas Artes maravillosa, con gente muy buena. Porque Cuenca es un lugar donde abunda la naturaleza, desde los ríos, donde se puede hacer escalada y rutas de senderismo, y que es un lujo vivir en una ciudad que tiene el campo tan cerca”.

Y tienen claro qué es lo que no les gusta de la ciudad: “ El transporte público que es muy deficiente, los precios desorbitados de los alquileres en una ciudad pequeña, la potenciación de los centros comerciales por encima del comercio local, la turistificación o el abandono de los barrios”.

La portavoz de 'Repensando Cuenca' señala que en el tercer eje de la charla abordaron objetivos como que “existan menos barreras sociales y arquitectónicas, que Cuenca sea una ciudad fácil de recorrer, que sea más segura y más accesible, para las personas mayores, que se puedan mover con sillas de ruedas. Que sea una ciudad donde se apuesta por el comercio local, y que también haya más inclusión social, desde la salud mental, la discapacidad o el colectivo LGTBI”.

El cuarto eje incluye propuestas de acción centradas en “el uso de diferentes espacios para crear jornadas como esta, que nos hagan encontrarnos y pensar conjuntamente qué ciudad queremos. También hablamos de cómo hacer ver la agenda cultural porque mucha gente no se entera de las iniciativas y actividades que existen, o hacer un mapeo de asociaciones. Además, insistir a las instituciones en que necesitamos espacios y que se nos proporcionen como se hace en otras ciudades”.

Aunque todavía no saben en qué espacio se va a realizar, el próximo 22 de noviembre celebrarán una nueva asamblea a la que “todo el mundo que quiera puede unirse”. El objetivo será “seguir creando y tejiendo red” entre los conquenses. En definitiva, dicen, evitar que la ciudad muera.

“Es inadmisible que sigan pasando catástrofes como la de la dana de hace un año cuando disponemos de los medios para evitarlo”. Lo dice Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide modificar la Ley de Aguas de 2001 para evitar las grandes inundaciones y sequías que sufre España en los últimos años.

Se trata de una iniciativa ciudadana que surgió a raíz de varios actos que este colegio profesional realizó con motivo de la dana del pasado año, que se cobró 237 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, y de otras anteriores que también arrasaron con todo. Cuenta con el apoyo del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y también de diferentes expertos en economía, urbanismo y arquitectura.

Ya ha sido admitida a trámite por la Junta Electoral Central y el objetivo es lograr 500.000 firmas para forzar su debate en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa se presenta este viernes en el Centro de Interpretación del Agua (CIAb) de Albacete y reúne a representantes institucionales y técnicos y de la sociedad civil. Entre ellos estarán los alcaldes de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), Sergio Marín y Miriam Lava, cuyas localidades fueron devastadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Este proyecto promovido por la sociedad civil propone modificar el artículo 14 de la mencionada ley para incorporar tres modificaciones sustanciales. La primera de ellas, y la más importante, es que la protección de la vida humana sea reconocida legalmente como principio rector de la gestión hidrológica en España.

Actualmente, la Ley de Aguas únicamente recoge la protección del medio ambiente, no habla de la integridad y la salud humanas frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías. “No es una propuesta contra nadie, sino a favor de todos. Es hora de poner la vida en el centro del sistema hidráulico”, destaca su promotor José Luis Belmonte.

Efectivamente, la normativa no habla de proteger vidas. No menciona la salud, ni la seguridad, ni lo que ocurre cuando una riada arrasa un pueblo o una sequía deja a familias enteras sin recursos. “Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Porque ninguna ley está completa si no pone la seguridad de las personas en el centro”.

En segundo lugar, reclama incorporar a la Ley la inversión suficiente y planificada para mitigar riesgos naturales. Según apunta el presidente del Colegio de Ingenieros, se requiere una inversión adecuada en infraestructuras hidráulicas para prevenir y mitigar los efectos de fenómenos extremos.

Los promotores de la ILP han estimado que existe un “déficit estructural” (obras hidráulicas sin realizar) estimado en más de 22.000 millones de euros en todo el país. Y solo en toda la cuenca mediterránea, ese déficit es de 8.000 millones.

A menudo, añaden, las decisiones políticas se centran “en el corto plazo”, dejando de lado medidas que “podrían marcar una gran diferencia en la seguridad de las personas y del territorio”. Por eso, esta iniciativa ciudadana propone incluir un principio claro y necesario: “La inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos naturales, por inundaciones o sequía.”

Sabemos perfectamente qué infraestructuras necesitamos para proteger a la población frente a riesgos hídricos. Están identificadas, cuantificadas y técnicamente avaladas. Solo falta ejecutarlas

Miguel Ángel Carrillo — Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España

La ILP no pide un “gasto desmedido” sino de una “inversión razonable y urgente” que puede evitar grandes pérdidas humanas, sociales y económicas en el futuro. Porque “cuando se trata de prevenir desastres, más vale actuar a tiempo”.

“Sabemos perfectamente qué infraestructuras necesitamos para proteger a la población frente a riesgos hídricos. Están identificadas, cuantificadas y técnicamente avaladas. Solo falta ejecutarlas. Esta ILP introduce un principio sensato: que no se puede posponer lo que salva vidas. Aplaudimos esta iniciativa como ingenieros y como ciudadanos”, declara Carrillo.

El ingeniero hace especial hincapié en la tercera pata de la ILP: la profesionalización técnica de la gestión hidrológica en la administración pública. “Los cargos técnicos y de planificación en la administración del agua deben ser ocupados por profesionales con la cualificación técnica adecuada, priorizando decisiones técnicas sobre políticas en la gestión hidrográfica”, explica.

Los cargos técnicos y de planificación en la administración del agua deben ser ocupados por profesionales con la cualificación técnica adecuada, priorizando decisiones técnicas sobre políticas en la gestión hidrográfica

Miguel Ángel Carrillo — Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

De esta forma, proponen que la Ley de Aguas reconozca el principio de profesionalidad y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad, especialmente en aquellos relacionados con la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo.

En un contexto donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, es fundamental que las decisiones “se basen en criterios técnicos y no en intereses políticos”, mejorando la eficacia de las medidas y protegiendo mejor a las personas y al entorno.

Según datos del Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, las inundaciones generan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños. La reciente dana de octubre de 2024 “evidenció la necesidad urgente de actuar”.

La iniciativa también ha recibido el respaldo de entidades profesionales. En representación del ámbito legal, Ester Mocholí, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y experta en Derecho de Urbanismo, ha manifestado su compromiso con la iniciativa.

“Desde el ICAM defendemos que el derecho a la vida no puede quedar subordinado a criterios técnicos, presupuestarios o políticos. Esta reforma es jurídicamente posible y socialmente inaplazable. Es un ejemplo de cómo el Derecho puede estar al servicio de la dignidad humana”, afirma.

La ILP puede firmarse tanto en papel como digitalmente con certificado FNMT, y se ha activado una red de voluntarios y mesas informativas por todo el país. La campaña se difunde con el lema: 'Tu firma protege vidas'.

Apoyo de arquitectos

La jornada de Albacete será inaugurada por el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Mesones, y contará con la intervención de su homólogo en la Comunitat Valenciana, Javier Machí, así como de los mencionados promotores de la ILP, José Luis Belmonte y Miguel Ángel Carrillo.

Entre las personalidades que participarán figuran el catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM, Francisco Delgado, especialista en Derecho de Aguas; la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro; el vocal de APECA, Juan Ángel Rosa; y el presidente de ZINCAMAN, Antonio Fernández-Pacheco.

La jornada cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real (UCLM) y el Colegio de la Abogacía de Albacete, entidades que aseguran compartir “el compromiso de avanzar hacia una gestión más segura, técnica y responsable del agua en España”.

Ser joven no tiene nada de incompatible con ser un buen político. Enrique Collada, con tan solo 28 años, es alcalde de El Recuenco, un pueblo de Guadalajara de menos de 100 habitantes -alrededor de 70 según el padrón municipal-, aunque él destaca que cuando llega el invierno hay muchísimos menos.

Acaba de ser reconocido con el premio internacional 'Politician of the Year 2025' -Político del Año 2025-, otorgado por la comunidad global de jóvenes líderes One Young World. Con este reconocimiento, se convierte en el primer político español en recibir la distinción, que visibiliza a líderes menores de 35 años cuyo trabajo desde las instituciones está generando un impacto positivo en sus comunidades. Un galardón que comparte con otros dos políticos internacionales: Huang Jie (Taiwán) y Zaynab Mohamed (Estados Unidos).

Enrique -aunque él se autodenomina Kike en todas sus redes sociales-, explica que recibir la noticia “fue algo increíble, una absoluta sorpresa, sobre todo cuando ves quiénes son los premiados otros años. También es un orgullo para todos porque parece que el premio lo ha ganado nuestro pueblo, y que de alguna manera puede que eso nos sirva para tener oportunidades en el futuro”, señala Collada.

La andadura política de Kike se remonta al año 2023, cuando ganó las elecciones de El Recuenco al presentarse por el PSOE. Sin embargo, él siempre cuenta que estuvo muy presente en la localidad, participando desde hace años en las actividades culturales y ayudando en el Consistorio. “Eso en verdad es lo bonito. Desde siempre mi meta ha sido hacer cosas para el pueblo, conectar con los ciudadanos y que te den ideas de hacer esas cosas de otra manera”, expone.

Kike, veinteañero a caballo entre la Generación Z y la Millennial, desarrolla una amplia actividad a través de la red social TikTok, donde explica cómo es su día a día como alcalde de una localidad “pequeñita”, también en una forma de hacer su gestión más transparente. “Surgió con una amiga, para explicar las cosas de otra forma, de manera que la gente viese lo que hacemos día a día. Hay muchas personas que piensan que por ser un pueblo con pocos habitantes hay menos que hacer, pero no es así. Al revés, hay muchísimo que hacer, pero con menos recursos y menos personal”, comenta muy convencido.

Y es que como Collada explica en uno de sus vídeos, ser alcalde de El Recuenco es una profesión no remunerada, en la que cobra “cero euros”, pero lo positivo es que “te convalidan el título de ingeniero, secretario interventor, o que montas unas fiestas a tu gusto”, puntualiza de manera irónica. Además de desempeñarse como político no remunerado, Kike Collada es ingeniero informático y de telecomunicaciones, trabajo que suele hacer en remoto entre El Recuenco y Alcalá de Henares, cuando sus labores se lo permiten y no está de viaje como durante esta entrevista, que está volviendo al pueblo alcarreño desde Navarra y hemos tenido que realizarla por teléfono.

Una de sus máximas es “no actuar, sino ser como uno es realmente”. Kike comenta que a veces en la política “se cuida mucho lo que es la comunicación política, la ropa que llevas, medir bien lo que dices porque puede beneficiarte o no electoralmente, pero hay que ser naturales”. Las redes sociales son para él un “gran escaparate” porque realidades como “anunciar viviendas que hemos puesto a concurso, o incluso el bar o distintos terrenos de pastos, antes solo lo publicábamos en el Boletín Oficial de la Provincia, pero gracias a las redes llega a más gente y hay más personas interesadas”.

Los retos no son solo cambiar bancos o arreglar calles, hay que pensar a más largo plazo: pensar si dentro de diez o veinte años el pueblo va a seguir existiendo

Collada aboga por que la política haga frente a retos que son sencillos de abordar, pero que muchas veces se dan por supuestos, sobre todo en zonas que se consideran países desarrollados. “Es interesante que en un continente como Europa todavía existen pueblos o zonas en las que por ejemplo una mujer está embarazada y tiene que ir a un especialista y no puede hacerlo en transporte público si no tiene coche. Es un ejemplo, pero hay muchas cosas básicas por las que los políticos no se están preocupando”, reivindica.

Además, señala que es importante que la ciudadanía “no se resigne, sino que hay que ver las cosas de otra manera. El hecho de vivir en un pueblo pequeño y con pocos recursos no tiene que frenarnos”.

Ser alcalde de un pueblo pequeño tiene otros retos. Para Kike el hecho de no tener tanto personal ni muchos medios le hace “enfrentarse a lo urgente, que normalmente no encaja con lo que es importante. No solo cambiar bancos o arreglar calles, hay que pensar a más largo plazo: pensar si dentro de diez o veinte años el pueblo va a seguir existiendo”. Collada señala una anécdota que marca una diferencia entre la cercanía de un alcalde de un entorno rural y de una gran ciudad. “Ha pasado alguna vez que un niño se ha roto un brazo, la madre no tenía carnet de conducir y el padre estaba fuera trabajando, entonces a las diez de la noche te toca como alcalde llevarle al Hospital de Guadalajara”, expresa.

La gestión de incendios: “Habría que escribir menos leyes y hacerlas realidad”

Le preguntamos a Kike cómo ve él desde su perspectiva de alcalde rural, algunos temas de actualidad. Por ejemplo la gestión de los incendios forestales, como los ocurridos este verano en buena parte del país y que han devorado buena parte de un valioso patrimonio natural del país, tan valioso como el del Alto Tajo, que ya sufrió estragos parecidos hace dos décadas. “Nosotros cruzamos los dedos siempre para que no haya ninguno. Un día cayó un rayo y quemó una parte del monte de El Recuenco y, claro, te llama por teléfono el delegado de Medio Ambiente y estás asustadísimo, sin saber lo que está pasando”, expresa.

Él ve el monte como “la fuente de riqueza” de su pueblo y es que en El Recuenco -que pertenece a la Mancomunidad del Alto Tajo- cuentan con hasta 7.000 hectáreas de terreno. “Nos preocupamos de tener el monte gestionado. Hay que hacer aprovechamientos de leña, de madre de pino, de los pastos... pero nuestro principal problema es que nos enfrentamos a mucha normativa”.

Le recordamos el incendio de Peñalba de la Sierra -que se originó el pasado 21 de septiembre y que cuando conversamos sigue activo, aunque ya controlado- o el de La Riba de Saelices, ocurrido en 2005 y que fue uno de los más virulentos, sentando precedentes sobre la gestión de incendios en España.

El joven alcalde se muestra tajante: “Lógicamente los pueblos no estamos preparados para estos sucesos, nos falta personal y mucha infraestructura. E igualmente no cuesta cumplir con lo que hacen otras instancias. Se ha aprobado una ley para que los ayuntamientos tengamos que tener planes por ejemplo de prevención de incendios forestales, pero los alcaldes no tenemos formación, ni tampoco los recursos”.

Collada critica que las instituciones “deberían pensar que cuando apruebas una ley no cambias una realidad. Hay que dotar de fondos, entonces convendría dedicar menos tiempo a escribir tanto y un poco más en pensar cómo ese texto se hace realidad, que no sirva solo para hacer un anuncio”.

Nos cuenta que por primera vez en El Recuenco van a tener un plan para ordenar del monte, con una “inversión grandísima”, y también un plan de emergencia ciudadana y un plan de incendios forestales pero advierte: “Es muy difícil que ayuntamientos tan pequeños lo puedan hacer por sí solos. Aquí dependemos de la Junta de Comunidades, que son quienes tienen la competencia de gestión del monte y también están los recursos técnicos muy infrafinanciados. Necesitamos más personal que esté atendiendo los montes de utilidad pública”, explica.

El edil se queja de que “parece muy cómodo que tengamos estos planes, y que haya una ley que cumplir como municipio pero muy probablemente no vamos a ser capaces de hacer los cortafuegos necesarios”.

Aclara que la titularidad de los montes de utilidad pública pertenece a los diferentes ayuntamientos aunque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sea la gestora de los mismos. “¿De qué me sirve tener un plan determinado si no lo puedo cumplir por falta de recursos? Si todo depende de lo público, tenemos un gran problema. Hacen falta pastores, empresas que hagan uso del monte, y que este esté gestionado, no explotado, sino gestionado con responsabilidad”, apunta el edil socialista.

Me parece aberrante que se esté haciendo la vista gorda con este tipo de situaciones y que en los tiempos en los que estamos este tipo de cosas vuelvan a ocurrir

A raíz de las diferentes manifestaciones que se están llevando a cabo en Castilla-La Mancha y en toda España en apoyo a la 'flotilla' que ha querido abrir una vía humanitaria hacia la Franja de Gaza, le preguntamos a Collada cómo ve él que existan personas -dentro y fuera de la política- que nieguen que Israel está cometiendo un genocidio. “Mi opinión es muy humilde y me siento un poco ignorante en este tema, pero se están cometiendo barbaridades que no se deberían permitir en ningún lugar. Creamos una Unión Europea para que no ocurran este tipo de cosas, pero es alucinante que parece que hay planes para hacer negocios con la situación de Gaza”, expresa el alcalde alcarreño.

Kike considera “aberrante que se esté haciendo la vista gorda con este tipo de situaciones y que en los tiempos en los que estamos este tipo de cosas vuelvan a ocurrir”.

La inteligencia artificial en la política está haciendo que sea peligroso, porque es muy difícil diferenciar qué vídeo o audio es verdad o no

Kike Collada, como ingeniero informático y de telecomunicaciones, señala que, en el auge de la tecnología, lo “más peligroso” son los algoritmos en las redes sociales, ya que “se generan ciertas cámaras de eco, que nos hacen creer que lo que pensamos es la realidad, porque nos dan la razón en todo y nos hacen ser más extremos. La tecnología no es peligrosa, sino que es el ser humano el que la vuelve peligrosa con su uso, su criterio y su forma”, explica.

Collada recalca que la tecnología “ofrece muchas facilidades”, tanto en trámites que se hacen desde el punto de vista político, “como también desde el punto de vista de la transparencia”. Sobre todo, en un entorno rural como El Recuenco, “posibilita tener portales de participación, hacer videollamadas o incluso plenos telemáticos, que puede acercar al ciudadano a la política”. Para este alcalde, la tecnología es “fundamental”, desde “una fotocopiadora hasta un vídeo, cualquier dispositivo que nos permita hacer que el ciudadano esté mucho más informado si quiere”.

El uso de la inteligencia artificial también puede ser un arma de doble filo. “No le tengo miedo, hay algunas tecnologías que están permitiendo detectar enfermedades de manera precoz y que pueden mejorar la vida de los seres humanos”, apunta. Sin embargo, en el caso de la política, sí que le preocupa “más porque aunque yo por ejemplo para mi Ayuntamiento me sirve para poder hacer mucho más sin tener personal o recursos, en la política está haciendo que sea peligroso, porque es muy difícil diferenciar qué vídeo o audio es verdad o no”, concluye.

La atención presencial del servicio municipal 010 contemplará una modificación en sus horarios en el período del 14 de julio al 14 de agosto. Entre esas fechas, esta atención se prestará en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El servicio municipal de información ciudadana 010 adaptará a partir del próximo lunes 14 el horario de su atención presencial, que pasará a ser de 9:00 a 14:00 horas hasta el próximo 14 de agosto.

Esta modificación, para adaptarse al horario de verano, se producirá solamente en la atención presencial. No afectará, por tanto, a la atención telefónica del mismo servicio, que seguirá activa de manera permanente las 24 horas.

El servicio de información 010 es uno de los recursos que el Ayuntamiento de Logroño pone a disposición de las logroñesas y los logroñeses en al ámbito de la atención ciudadana.

El alcalde de Sevilla ha anunciado la ampliación del programa de agentes cívicos, conocidos popularmente como “serenos”, tras “el éxito del proyecto piloto” iniciado en diciembre de 2023 en 12 barrios del Casco Histórico. Durante un año, 18 agentes y dos coordinadores prestaron servicio en estos barrios, logrando, según la evaluación municipal, “mejor convivencia, más seguridad para los vecinos y mejores oportunidades laborales para las personas contratadas”.

Según ha informado en alcalde en una rueda de prensa, “la eficacia de estos agentes como primer frente de proximidad” se ha traducido en casi 500 avisos a la sala del Cecop por incidencias, que van desde puertas de comercios abiertas, problemas en el alumbrado, robos, incendios, emergencias médicas y acompañamientos nocturnos. Además, “han mediado en conflictos, asistido a la Policía Local en la atención a personas sin hogar y ofrecido protección preventiva en casos de acoso, reforzando así la percepción de seguridad y la respuesta municipal ante cualquier incidencia”, han detallado.

En la última Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la nueva licitación del servicio, que duplicará la plantilla hasta los 36 agentes, manteniendo los dos coordinadores, y ampliará el ámbito de actuación a 26 zonas de la ciudad. A los barrios ya cubiertos (Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz) se suman La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios y tres zonas de Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias).

Misiones: informar, mediar, acompañar

El horario de ronda también se amplía, cubriendo de 23:00 a 07:00 h los 365 días del año. El nuevo contrato, que cubrirá 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros, “muy superior a los 725.788 euros del programa anterior”. Esta partida incluye salarios, dispositivos de geolocalización y uniformes identificativos.

Los agentes cívicos tendrán la misión de informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables, detectar incidencias en el mobiliario urbano y avisar al Cecop ante emergencias. Recibirán formación específica en protocolos de actuación, así como en prevención de violencia de género y LGTBfobia.

La contratación está reservada a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, impulsando la inserción laboral. “Con esta licitación cumplimos nuestro compromiso de ampliar este servicio que la ciudadanía ha valorado muy positivamente y que encarna la Sevilla que queremos: una ciudad más segura, más amable y más solidaria, ahora abarcando más zonas de nuestra ciudad”, ha concluido el alcalde.

Si la película 'El 47' cuenta la historia del “secuestro” de un autobús para demostrar que podía llegar a barrios marginales de Barcelona a través del movimiento vecinal que en 1978 transformó la ciudad y cambió la imagen de sus suburbios para siempre, en el caso de Bilbao, concretamente en el barrio de Rekalde, la película se hubiera llamado 'El 27', porque fue el autobús que vivió la misma historia. “Viendo la película, lo que más me remueve es la palabra dignidad. Un pueblo sin dignidad no es nada. Yo he vivido y me he formado como persona en Rekalde y las reivindicaciones eran las mismas que aparecen en la película: agua, sanidad, servicios sociales, un ambulatorio, una escuela. Esas cosas que hoy en día nos parece impensable que puedan faltar”, reconoce Joseba Franco, uno de los activistas vecinales que luchó por los derechos de los barrios de Bilbao, tras ver la película.

Para Franco, el barrio de Rekalde, compuesto a su vez por Betolaza y Uretamendi, vivió tres hitos históricos. El primero, el nacimiento de la primera Asociación de Familias de España al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964. “En ese momento fue un auténtico hito y sirvió para que todo el barrio, que llevaba tiempo de lucha, tuviera un elemento común, un lugar de encuentro. Los problemas de una persona, eran problemas del barrio. Había un eslogan que decía 'Lucha por tu barrio y lucharás por ti'”, recuerda. El segundo, el atropello de la niña María Teresa Sánchez Rivas, que murió en 1970 arrollada por uno de los cientos de camiones que circulaban diariamente por un barrio en el que se ubican 27 empresas de transporte de mercancías. En el funeral, la rabia del barrio se desbordó y la Policía intervino. “La Policía nos molió a palos a todos, pero fue un momento en el que todo el barrio nos dimos cuenta de que teníamos más fuerza si luchábamos juntos”, sostiene Franco que recuerda el momento en el que un vecino se encaramó a una de las barricadas para proclamar a gritos la instauración de “la República independiente de Rekalde”.

El tercero de los hitos que se encuentra en la memoria del activista, fue la creación de la Universidad Popular, que tuvo su origen en uno de los locales de Uretamendi y el posterior “secuestro” del autobús 27. “En el año 1978 ya había una escuela en Rekalde. Conseguimos, sin construir grandes infraestructuras, que por la tarde, cuando se quedaba vacía nos la cedieran. Allí abrimos la Universidad Popular y nos reuníamos para aprender y debatir sobre los problemas del barrio. Llegamos a la conclusión de que el problema principal del barrio era conseguir que el transporte público llegara”, detalla. Así, un grupo de cuatro o cinco vecinos, entre los que se encontraba Franco, decidieron bloquear con una hormigonera una de las dos entradas al barrio y, pararon el autobús 27. “El conductor se bajó, no hubo ningún problema, y conseguí subir autobús a Betolaza. Deshinchamos las ruedas, hicimos pintadas en los laterales y lo dejamos en el barrio, pero no pasó nada. Al cabo de unos días, repetimos la jugada, pero en esa ocasión, como la gente ya se había enterado y cuando llegamos al barrio con el autobús la plaza estaba llena. A diferencia de la película, en la que la Policía les detiene, en nuestro caso la Policía no llegó al barrio y pude conducir el autobús hasta llegar al Ayuntamiento. Allí me detuvieron y me tuve que marchar de Bilbao. ¿Mereció la pena? Efectivamente, porque al cabo de unos meses el 27 llegó regularmente a Betolaza”, confirma orgulloso.

Así lo ha narrado Franco durante el cinefórum ‘Historia y memoria del movimiento vecinal en Euskadi’, organizado por el Instituto de la Memoria Gogora, en el que se ha proyectado el largometraje ‘El 47’ del director Marcel Barrena, protagonizado por Eduard Fernández. “Los movimientos vecinales en el tardofranquismo son sujetos activos de nuestra historia. Fueron el germen de la Euskadi democrática en la que vivimos hoy, en un periodo en constante ebullición, donde la militancia vecinal, obrera, cultural, feminista, la llegada de miles y miles de personas de todos los puntos del campo español, dieron un puñetazo en el frágil tablero político y social del tardofranquismo’”, ha señalado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, tras escuchar al activista.

'Barrios, memorias, luchas'

No es el único evento que se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana para recordar y reivindicar el papel de los movimientos vecinales. Esta semana también ha tenido lugar en Bilbao el acto 'Barrios, memorias, luchas', un homenaje a los movimientos vecinales, en el marco de 'Los 50 años de Libertad en España'. “Como consecuencia de los movimientos antifranquistas logramos un Estado de derechos y democrático. Pusimos el punto donde había que ponerlo: en los movimientos sociales, que eran los grandes olvidados. Yo creo que contra lo que fue la dictadura, había tres fuentes importantes: el movimiento estudiantil, el movimiento sindical y el movimiento asociativo. Entre 1955 y 1975 seis millones de españoles se mudaron de provincia. Todo esto había que verlo en el contexto que había entonces, que era una emigración muy fuerte, por razones políticas y razones de hambre”, reconoce Francisca “Paquita” Sauquillo en una película realizada por Mikel Toral y visualizada durante el acto.

En dicha película se narra la historia de Dori, que se marchó de su tierra con sus seis hijos y una sola maleta. O la de Carmen, que recuerda el hambre y el racionamiento de las lentejas en su casa, en las que había más bichos que lentejas. “Las ciudades del Estado de más de 100.000 habitantes pasan de ser 20 en 1960 a ser 40 en 1975. No se podía construir, yo recuerdo la vez que hicimos una casa de ladrillo, que nos ayudó mucha gente del barrio. En el día había que levantar la casa, cubrirla y que esa noche durmiera alguien allí, para que cuando viniesen estuviera ocupada. Era un barrio que no tenía luz, agua, nada de nada. Hubo que hacerlo todo sin agua, luz, colegios, guarderías, centros de salud. Era un barrizal. Eso fue el chabolismo legalizado. Sí sabíamos que teníamos derecho a vivir con dignidad, que teníamos derecho a tener elementos de ciudad y a no ser el cuarto oscuro ni la trastienda de la ciudad”, explica otro de los activistas.

“Las asociaciones de vecinos fueron el primer cauce de democracia participativa local. Los barrios han dignificado la política de igualdad de derechos, de deberes, de responsabilidades, de servicios... Han venido gracias a las reivindicaciones históricas que se han producido en el movimiento vecinal. La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres, calle por calle. Conseguir un colegio público en un barrio que no lo tenía, la construcción de un ambulatorio donde no llegaban los médicos, lograr que pase el autobús donde no pasaba nada. Esa es la democracia que hicieron realidad estas gentes, encerrándose en los locales, cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando”, recuerdan los activistas en la película tras recalcar que “todo lo conseguido, también es lo primero que se pierde cuando desaparece la gente”.

Homenaje a los movimientos vecinales

“Desde el programa de España en Libertad 50 años nos hemos planteado no solamente explicar qué fue la dictadura y que se hagan reflexiones de los grandes alcances en derechos y en libertades durante la democracia, sino también rendir homenaje especialmente a la gente olvidada, a la gente de los movimientos sociales, fundamentalmente de los movimientos obreros, de los movimientos vecinales, de las mujeres o, por ejemplo, también el recuerdo del exilio de los niños de la guerra”, ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha afirmado que los movimientos vecinales son los “grandes olvidados en todo lo que ha sido la conquista de la democracia”.

En parecidos términos se ha expresado la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, quien ha defendido el trabajo de “tanta gente de a pie que desde los barrios estuvo trabajando para conseguir derechos y libertades que hoy damos por supuesto”. “Nos interesa mucho toda esta memoria y todo ese recuerdo, pero también nos interesa mucho ese ejemplo. Creemos que es necesario traer todas esas historias del presente para que nos sirvan de inspiración y de modelo y para seguir defendiendo a día de hoy la democracia que, tristemente, parece que en algunos lugares está en retroceso”, ha agregado.

Por último, desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), su presidente, Julio Molina, ha considerado “de justicia” reconocer a los movimientos vecinales“. ”Después de haber pasado por unas etapas muy difíciles en este país de la España en blanco y negro, del nodo, por fin conseguimos la democracia y la libertad, y es de justicia reconocer a los movimientos vecinales porque, al igual que la clase obrera en los centros de trabajo o en las universidades, la conquista de la democracia y la libertad se fraguó también en los barrios con los vecinos y vecinas“, ha concluido.

Más de un millón de ciudadanos de países de la Unión Europea se han sumado a una recogida de firmas que propone una prohibición legislativa de las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a personas LGTBQ+ en los países del espacio comunitario y que la Comisión Europea estará obligada a estudiar una vez alcanzados los requisitos mínimos.

Presentada en enero de 2024 por la organización francesa ACT (Against Conversion Therapy), que fue fundada apenas un año antes, y promovida por el joven Mattéo Garguilo, activista contra este tipo de terapias, lo cierto es que esta iniciativa ciudadana europea ha logrado las firmas mínimas necesarias para llevar su caso ante la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen en las últimas horas del plazo.

En la iniciativa se explica que este tipo de pseudoterapias, que tienen lugar en muchas ocasiones en entornos religiosos y que son secretas en la mayoría de los casos, consisten en prácticas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de una persona “para alinearla con las normas heterosexuales y cisgénero”. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la “castración hormonal” o el recondicionamiento del placer.

De acuerdo con un informe del Parlamento Europeo del año 2022, se estima que el 2% de los ciudadanos LGTBIQ+ europeos han sido sometidos a alguna de estas terapias. Este porcentaje aumenta hasta el 5% cuando se estiman las personas de la UE a las que se ha ofrecido en alguna ocasión participar en una de estas terapias homófobas.

En su petición pública, ACT explica que este tipo de prácticas, alejadas del método científico, han sido calificadas como tortura por las Naciones Unidas y que actualmente ya están prohibidas en varios estados debido a su carácter “discriminatorio, degradante, dañino y fraudulento”. Para hacer frente a ello, esta propuesta que ha obtenido ya más de 1.100.000 firmas, solicita que la Comisión Europea, mediante una Directiva, añada las prácticas de conversión a la lista de eurodelitos o, como alternativa, que modifique la actual Directiva sobre igualdad (aprobada en 2008) para que se incluya una prohibición de estas prácticas.

Asimismo, piden que se emita desde la Comisión una resolución no vinculante que exija la prohibición generalizada de las terapias de conversión en la Unión Europea y que establezca normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de estas prácticas en la Directiva europea sobre derechos de las víctimas.

Francia, país de origen de la iniciativa ciudadana, ha sido el que más firmantes ha aportado a la causa, con casi 600.000 solicitantes, seguido de España, con más de 140.000, Alemania, con casi 90.000, o Italia, con más de 50.000 firmas.

En el caso español, en su artículo 17, la ley trans y LGTBI, aprobada en febrero de 2023, establece de forma clara la prohibición de estas pseudoterapias: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”. Sin embargo, no todos los países de la UE cuentan con legislación similar.

Además, hasta siete normas autonómicas hacen referencia a estas “terapias de conversión”, aunque en los últimos meses se han introducido modificaciones en la normativa de la Comunidad de Madrid, donde se eliminó la referencia al género, o en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox han pactado cambios que de facto legalizan estas prácticas si la persona afectada participa de ellas de forma “libre y voluntaria”.

El apagón del 28 de abril es un eslabón más en una cadena de riesgos y amenazas que se va ampliando y diversificando. La DANA fue una catástrofe sin paliativos. Lo del apagón podría haberlo sido, pero probablemente el momento en el que se produjo y la constatada reacción mesurada y tranquila del conjunto de la ciudadanía lo impidieron. Este domingo, el robo de cable de cobre en cuatro puntos distintos del tendido ferroviario en Toledo dejó a miles de usuarios sin servicio ferroviario. Todo ello aumenta la sensación de riesgo, ya que demuestra la fragilidad de sistemas que acumulan una gran complejidad. Y los riesgos, a medida que va comprobándose la posibilidad de que acaben materializándose, se convierten en amenazas, y es ahí cuando aparece su potencial político transformador. No es en este sentido extraño que haya quien escenifique convenientemente ese tipo de situaciones y convierta la sensación de amenaza en la demostración de que el sistema democrático no funciona, por pusilánime y excesivamente garantista, situando así a la seguridad y a la firme autoridad que la sustente por encima de cualquier otro elemento de valor.

Hace casi cuarenta años el sociólogo Ulrich Beck publicaba su famoso libro: 'La sociedad del riesgo'.  Beck caracterizaba la sociedad moderna como aquella en la que los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y protección. Veinte años después, en 'La sociedad del riesgo mundial', afirmaba que “la amenaza y la inseguridad son condición de la existencia humana”, en un constante tejer y destejer entre oportunidad y peligro. Los cambios han sido y son tan acelerados, repercuten de manera tan intensa y significativa en la vida de la gente que las pautas, las cautelas, las instancias de amortiguación y control que social e institucionalmente se habían ido construyendo no son capaces ni de calcular ni de procesar la cascada de riesgos y de fracturas de la normalidad que pueden desencadenarse en el momento más inesperado.

En muy poco tiempo hemos tenido ocasión de comprobarlo fehacientemente. La combinación de emergencia climática, globalización y movilidad intensa y profunda de información, personas y productos y la aceleración del cambio tecnológico y su demanda inagotable de energía, nos está conduciendo a un escenario en el que aumenta la sensación de descontrol y de riesgo. Y ahora ya no podemos, como antes, atribuir a dioses o demonios lo que nos afecta y atribula. Aunque comprobemos cada día que el deterioro del debate político acabe simplificándolo todo, reduciendo cualquier tema, por complejo que sea, en un debate de “quítate tú para ponerme yo”. 

Ante la indiscutible sensación de inseguridad que ha ido extendiéndose, conviene construir colectivamente mecanismos de prevención y protección que sean coherentes con el sistema de derechos y libertades que caracterizan un sistema democrático. La democracia, en su componente contemporánea, debe incorporar voces, personas, colectivos, que con su implicación activa eviten que la respuesta a los riesgos y peligros se base solo en lo que se decida en despachos. Decía Beck que necesitamos una “ciencia de lo público” que se ocupe de buscar respuestas colectivas a la pregunta de “¿Cómo queremos vivir?”.

En Noruega el Parlamento aprobó hace ya veinte años un 'Libro Blanco' sobre seguridad ciudadana entendida como “la habilidad social necesaria para mantener las funciones sociales críticas, para proteger la vida y la salud de los ciudadanos y para responder a sus necesidades básicas ante situaciones de tensión”. Este concepto de “seguridad” es notablemente distinto al de “seguridad nacional” que se relaciona con proteger los límites territoriales y las instituciones públicas, es decir con política de defensa y seguridad. Lo importante de la concepción noruega es la idea que la seguridad de la gente tiene que ver con políticas y medidas necesarias para mantener las constantes vitales de la sociedad. No quiere ello decir que no exista interconexión entre ambos planteamiento, pero es importante destacar, ahora más que nunca, que la seguridad ciudadana no se agota en la seguridad nacional convencional.

La seguridad absoluta es la falta de libertad absoluta. Si buscamos combinar seguridad y respeto a los derechos y libertades necesitamos la complicidad ciudadana que evite una deriva autoritaria y securitaria. No estamos ante un problema estrictamente técnico. Es un problema también social y, por tanto, político. Solo la implicación colectiva en el debate sobre riesgos, amenazas y seguridad posible y deseable podrá alejarnos de concepciones securitarias que, finalmente, son hoy nuestro principal riesgo al impedirnos debatir colectivamente sobre de qué manera queremos y podemos vivir.