La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo. La decisión se toma después de que Adelante Andalucía presentara una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC), ya que en este acto el rey Felipe VI le iba a dar el galardón al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a su vez vicepresidente del Comité, en una ceremonia que iba a tener lugar en principio el 12 de mayo, a cinco días de las elecciones.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante “cualquier controversia o utilización política del premio”, se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde a la “salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional” del Premio Carlos V, que lleva entregándose más de tres décadas, así como “proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones”, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El Ejecutivo regional subraya, en todo caso, que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea, y no en ninguna figura política concreta. De hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, “en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación”.

“Acto electoral con el rey”

Adelante Andalucía había anunciado este jueves un recurso ante la Junta Electoral por este acto, sustentándolo en que el acto de entrega estaba previsto a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía. “No queremos rey, pero si lo tenemos que al menos no se dedique a hacer campaña por el PP”, denunciaba la formación política.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, argumentó que “el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña”, antes de incidir en que “la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP”.

El anuncio de la entrega lo hizo el miércoles la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (PP). El Gobierno extremeño justificó la entrega del galardón a la Comisión Europea de las Regiones con el argumento de que “encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea”. Concretamente, la presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en la húngara Kata Tütto, con Juan Manuel Moreno como vicepresidente, dos representantes de países distintos y pertenecientes a distintas familias políticas europeas que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión.

El PSOE ha denunciado a la asociación ultra Hazte Oír ante la Junta Electoral Central por la difusión pública del documental Los crímenes del Partido Socialista durante la campaña electoral en Castilla y León. El grupo ultracatólico ha organizado un pase de esta obra para este viernes 13 de marzo a las 20 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid, el mismo día del cierre de la campaña y 36 horas antes de la apertura de las urnas este domingo 15.

En el tráiler del documental, además de asegurar que se desvelarán “los crímenes del partido socialista”, se hace referencia a “140 años de crímenes, robos y mentiras del partido socialista” y se afirma que “los socialistas fueron los que promovieron la Guerra Civil” y que busca “acabar con la esencia de España” y con “un sistema diseñado para acabar con toda oposición política e ideológica”. Según explica la propia asociación ultra en los múltiples mensajes que ha compartido a través de sus redes sociales, es “una revisión documentada y cronológica de los hechos que han marcado la evolución del PSOE, también los que están fuera del relato oficial” y el documental que “en Ferraz no quieren que veas”.

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Vegas Sánchez, en calidad de representante del PSOE de Castilla y León, considera que este documental de Hazte Oír es “claramente injurioso y difamatorio” y que su única finalidad es “desacreditar” al PSOE llevando a cabo una “campaña de desinformación” con el objetivo de “incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores, atentando contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los sujetos electorales”.

El PSOE argumenta que el documental no es “una campaña ideológica” en la que “se transmiten críticas u opiniones” y considera que se trata de un instrumento electoral en contra de la formación “como organización y como partido” que sólo busca “un efecto injurioso y negativo”. “Ha de considerarse como ”propaganda electoral“ o ”acto de campaña“, toda vez que su finalidad o efecto principal es influir negativamente en la orientación del voto, lo que encaja en el concepto legal de campaña electoral como actividades en orden a la captación de sufragios”, asegura la denuncia.

En la denuncia, el PSOE también afea la elección del día del estreno: el último día de campaña. Según el texto, Hazte Oír busca así afectar a “la opinión pública española, y en particular, al electorado de Castilla y León” con “el único propósito, claramente ilegal y contrario a los fundamentos de objetividad y transparencia” de las campañas.

El PSOE solicita a la Junta Electoral la prohibición de la presentación prevista el viernes día 13 por “exceder el marco del debate electoral al incorporar imputaciones graves, injuriosas y calumniosas, únicamente dirigidas al descrédito del PSOE, para perjudicarlo electoralmente”. “La realidad es que, bajo la apariencia de una actividad ”cultural“ y como una asociación, se está realizando una auténtica campaña electoral, por quien no puede realizarla, con un objetivo claro y meridiano, de captación de sufragios para las formaciones de ultraderecha y sobre todo para perjudicar electoralmente al PSOE”, apunta la denuncia que destaca que su objetivo no es otro que “provocar la dimisión de Pedro Sánchez y acabar con el socialismo”.

Además, también pide que Hazte Oír retire de todas las redes sociales y página web el documental y que se le aperciba para que “se abstenga de persistir en similares conductas”. Además, solicita que se remita a la Fiscalía copias de las actuaciones realizadas por si “pudieran ser constituticas de delito electorial, si así lo consideran, siempre que no considere que deben ser objeto de procedimiento sancionador”.

En la denuncia, el PSOE defiende que, aunque Hazte Oír se define como “organización civil que no se presenta a las elecciones”, durante los procesos electorales es “especialmente activa” impulsando por su “coincidencia ideológica con formaciones políticas” a Vox. Además, también recuerda que ha llevado a cabo “campañas directas contra el PSOE, el socialismo y los líderes actuales del Partido Socialista” con una “ evidente y no disimulada intención de perjudicar electoralmente a estos”. Esta misma semana, por ejemplo, la Fiscalía ha recurrido el archivo del caso de la lona que desplegó esta organización ultra frente al Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lema “corrupto” porque buscó “humillarle”.

Según detalla el PSOE en el texto presentado ante la Junta Electoral, “un simple vistazo a su página web confirma su papel de agente activo electoral”. Y pone como ejemplo su apartado “Temporada Electoral” en la que se omite toda referencia al candidato socialista Carlos Martínez y se reduce la pugna electoral a “los candidatos del PP (Alfonso Fernández Mañueco), de Vox (Carlos Pollán) y de Se Acabó la Fiesta (Lucía Echevarrieta)”.

La Junta Electoral Provincial de Ávila ha sancionado al Partido Popular con una multa de 350 euros, por haber solicitado el voto en la tarde del pasado 26 de febrero, en el centro de la capital abulense, unas horas antes de que se iniciara la campaña electoral en Castilla y León.

Esta resolución se produce a raíz de la denuncia presentada por la formación Por Ávila, cuyos responsables consideran que el PP cometió una “infracción electoral”, tras convocar un acto a las 20.00 horas del pasado 26 de febrero en la plaza de Santa Teresa.

El acto “evidencia que la presentación de candidaturas y programa electoral ante los medios de comunicación, se llevó a cabo en la vía pública, por la que transitan ciudadanos, sosteniendo cuatro candidatos a las Cortes de Castilla y León carteles en los que expresamente se pide el voto con la mención 'Vota PP'”, señala la denuncia.

En la misma, Por Ávila afirma que se trataba de “carteles en color azul y con el anagrama identificativo del Partido Popular”, lo que a su juicio pone de relieve la vulneración de las prohibiciones de la Ley Electoral, al realizarse horas antes de que arrancase la campaña.

Una vez analizadas las alegaciones presentadas por el PP de Ávila, la Junta Electoral Provincial ha concluido que los hechos denunciados por XAV son “una petición expresa del voto en periodo no autorizado”, de ahí que le imponga una sanción de 350 euros

La multa es al Partido Popular, según la Junta Electoral Provincial, cuyos miembros consideran que no procede sancionar a los candidatos que portaban los carteles electorales de manera individual, teniendo en cuenta que la organización convocante fue la formación política.

“Se trata de una actuación aislada y no concurre reincidencia, lo que justifica que la sanción se imponga en el tercio medio de la horquilla legal prevista de 100 a 1.000 euros”, señala la Junta Electoral, que explica así la cuantía de 350 euros de multa.

Contra esta resolución cabe la posibilidad de interponer recurso ante la Junta Electoral de Castilla y León.

La Junta Electoral de Extremadura (JEE) ha ratificado tres sanciones impuestas por la Junta Electoral Provincial de Cáceres contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y otros altos cargos de su administración y del Ayuntamiento de Cáceres. Las resoluciones, fechadas el 17 de febrero de 2026, confirman multas de 600 euros en cada caso por infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras las denuncias presentadas por el PSOE durante la pasada campaña.

El primer expediente se refiere a una entrevista concedida por Guardiola al programa 'Herrera en Cope' el 29 de octubre de 2025. La JEE ha desestimado el recurso de la candidata del PP, confirmando que sus declaraciones sobre la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura constituyeron una “campaña de logros”. Según el acuerdo, se vulneró el principio de neutralidad de los poderes públicos al utilizar recursos institucionales para difundir aseveraciones electoralistas.

Según denunció entonces el PSOE, la presidenta extremeña mezcló mensajes informativos con críticas a la oposición y alusiones a logros de su Gobierno. En concreto, Guardiola realizó en esa entrevista críticas expresas al PSOE e hizo referencias a datos de empleo, exportaciones, dependencia y listas de espera para respaldar la gestión de su Ejecutivo, además de valoraciones que, según dijo en su resolución la Junta Electoral de Cáceres, “equivalen a una solicitud indirecta de voto”.

Visitas institucionales en precampaña

La segunda resolución de la Junta Electoral de Extremadura afecta tanto a Guardiola como a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Ambas fueron sancionadas con 600 euros cada una por una visita a las obras de la balsa de abastecimiento de agua en Jerte el 10 de noviembre pasado. Aunque las defensas alegaron que se trataba de una visita técnica de “emergencia” tras lluvias intensas, la JEE ha ratificado que el acto derivó en una “venta de logros” prohibida durante el proceso electoral.

En la resolución de la Junta Electoral de Cáceres, que ahora la ratificado la JEE, se desmontó la defensa de la presidenta y su consejera al subrayar que los medios de comunicación fueron convocados a la visita y el acto se difundió ampliamente en los perfiles institucionales y redes sociales de la Administración regional. Además, afeó a Guardiola que en sus declaraciones durante el acto no se limitara a informar, sino que tuvieran una clara connotación valorativa. 

Por último, el tercer acuerdo de la Junta Electoral de Extremadura confirma la sanción al consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, y al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos por su visita a las obras de la Ronda Sur el 1 de diciembre de 2025. A pesar de que los implicados sostuvieron que era un acto estrictamente administrativo para informar sobre retrasos en la obra por el hallazgo de restos romanos, la Junta Electoral determinó que la convocatoria y las declaraciones vulneraron la ley electoral

En sus recursos, los sancionados argumentaron “indefensión” por la brevedad de los plazos (24 horas) para presentar alegaciones y la ausencia de dolo o reincidencia. Sin embargo, la JEE ha subrayado que los cargos públicos están obligados a conocer los límites que impone la legislación electoral y que la falta de diligencia es suficiente para la sanción, sin que sea necesaria una advertencia previa.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, aunque los sancionados aún pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de dos meses.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! han recurrido ante la Junta Electoral Central su exclusión de los debates electorales previstos para el 5 y el 10 de marzo por “caciquil” y “poco democrática”, puesto que ambos partidos políticos han integrado un único grupo parlamentario durante toda la legislatura. La Junta Electoral autonómica considera que, por separado, ninguno de los partidos cumple los requisitos para participar en los debates. En 2022 UPL (con 47.952 votos) fue el tercer partido más respaldado en León y Soria ¡Ya! (18.390 votos) fue la fuerza más apoyada en su provincia.

“No entendemos por qué se nos ha negado la posibilidad de participar (en los debates)”, ha señalado en rueda de prensa la candidata y secretaria general de UPL, Alicia Gallego, que ha lamentado que se haya realizado “una interpretación restrictiva atenta contra la legalidad y el juego democratico”. Según los leonesistas, “se vulnera derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”. En su opinión, esa decisión “atenta contra la pluralidad democrática e igualdad de oportunidades” y es una “decisión caciquil, arcaica y retrógrada”.

Gallego ha señalado al bipartidismo como responsables de esta decisión, porque “siempre buscan resquicio legal para impedir el debate”. Además considera que su exclusión tiene un “tufillo machista”, al excluir a la única mujer candidata de los partidos con representación en las Cortes autonómicas. “Parece que molesta que en ese debate esté una mujer”, ha incidido. La vicesecretaria general socialista autonómica, Nuria Rubio, consideró hace unos días que la exclusión de UPL y Soria ¡Ya! era una “mala noticia” porque suponía “una buena oportunidad para confrontar ideas y proyectos”. “Qué largos los tentáculos del cobarde que quiere permanecer oculto para que no se vean sus limitaciones. Ni debate completo, ni cara a cara...”, posteó en X el viernes pasado.

Esta mañana, el candidato a la Presidencia de la Junta por Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha considerado que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León es “poco democrática, limita la pluralidad y supone un nuevo maltrato a Soria”. El procurador ha recordado que el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece como requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

En una rueda de prensa, la formación ha recordado además que, junto a UPL, ha interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra esta resolución, ya que ambas formaciones rechazan la interpretación que hace de la norma para excluirlas de los debates electorales. El cabeza de lista de Soria ¡Ya! ha denunciado lo que él considera “un intento por silenciar la voz de los sorianos” ya que, a su juicio, excluir del principal espacio de confrontación política a la fuerza mayoritaria en la provincia reduce la pluralidad y deja fuera a una realidad territorial concreta.

Ceña ha lamentado que “solo hablarán de sus batallas nacionales y de sus líderes, pero no de los problemas reales de Soria, que no son los mismos que los del resto de la comunidad”. Por eso, desde la formación han insistido en que la provincia tiene una realidad demográfica, económica y territorial específica que necesita voz propia por lo que “si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate”, ha lamentado en declaraciones recogidas por EFE.

La Junta Electoral de Castilla y León ha acordado la exclusión del grupo parlamentario conformado por los partidos UPL y Soria Ya de los debates electorales obligatorios por ley en la comunidad autónoma, que de cara a las elecciones del 15 de marzo se habían fijado en los días 3 y 10 de marzo, aunque el primero se ha movido al jueves 5.

El órgano electoral ha excluído tanto a Unión del Pueblo Leonés como a Soria Ya de los debates electorales, que la normativa autonómica fija que tienen que realizar los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en, al menos, dos ocasiones. La Comisión de Debates de Castilla y León, que organiza los debates, deberá convocar solamente a Alfonso Fernando Fernández Mañueco del Partido Popular, a Carlos Pollán por Vox y a Carlos Martínez Mínguez por el PSOE.

La decisión deja fuera a los partidos regionalistas que en la pasada legislatura unieron sus procuradores en un único grupo parlamentario, con seis representantes, tres de la provincia de León y tres de la de Soria. Para la Junta Electoral no cumplen el requisito porque entiende que, en solitario, no cumplían los requisitos para tener un grupo parlamentario propio como son 5 procuradores o menos pero el 5% del voto autonómico, aunque en realidad lo tuvieron de forma conjunta. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, les equipara con las coaliciones de Podemos o Izquierda Unida que solo mantuvieron un representante en el grupo mixto la pasada legislatura.

UPL había comunicado que su candidata a la presidencia autonómica sería Alicia Gallego, la única mujer de un grupo parlamentario, y por parte de Soria Ya el candidato volvía a ser el procurador Ángel Ceña.

Soria Ya ha anunciado la presentación de un recurso ante la Junta Electoral Central, con un exiguo plazo de 24 horas, que también hará UPL, una decisión que ha provocado estupor en ambas formaciones. “Durante cuatro años hemos sido grupo parlamentario cumpliendo todos los requisitos, y ahora, de repente, deciden que ya no”, ha lamentado el procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos. Ceña ha calificado esta decisión de “maniobra torticera” para no poder participar en unos debates que consideran “muy importantes para la decisión del voto de la ciudadanía”, en declaraciones a EFE.

Los debates electorales de Castilla y León se propusieron para su celebración los martes 3 y 10 de marzo, organizados el primero por RTVE y el segundo por RTVCyL en horario nocturno de máxima audiencia. Según informa EFE el primero ha sido trasladado al jueves 5 a petición de RTVE argumentando sus obligaciones de servicio público ante un evento deportivo considerado de interés general como es la semifinal de la Copa del Rey. La Junta Electoral lo ha considerado “justificado” y, por lo tanto, ha modificado a esa fecha el primero de los debates.

Asturias cerró 2025 con un récord histórico en la creación de empresas, con 1.565 nuevas sociedades, la cifra más alta desde 2016, según los datos del Registro Mercantil analizados por la consultora Informa D&B. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó este hito durante su visita a la sede gijonesa de SVMAC Ingeniería, Sistemas y Vehículos, una compañía tecnológica con una década de trayectoria que se ha convertido en ejemplo de emprendimiento innovador en la región.

Por sectores, las nuevas empresas se concentran en la construcción y actividades inmobiliarias (398 sociedades), la hostelería (276), el comercio (229) y los servicios empresariales (185). También se constituyeron 81 firmas industriales, 74 de comunicaciones, 77 de intermediación financiera y 50 de sanidad.

Incremento del 32,6% respecto a 2019

Sánchez subrayó que este récord no es un fenómeno puntual: “No estamos ante un rebote coyuntural, sino ante una tendencia estructural. El dato de creación de empresas de 2025 supone un incremento del 32,6% respecto a 2019 y consolida Asturias como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas”.

El consejero también destacó el dinamismo de los sectores que lideran la creación de empresas: la intermediación financiera creció un 156% desde 2019, las TIC y comunicaciones un 80%, la construcción un 55% y la industria un 20,9%.

La maquinaria electoral en Castilla y León ya ha arrancado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se designan los vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales de las nueve provincias de la Comunidad, un paso clave en la organización de las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026.

El acuerdo, adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ en su sesión del 20 de enero, cumple con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para la convocatoria de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Junto a los vocales titulares, el BOE también recoge la designación de los magistrados suplentes para cada Junta Electoral Provincial.

Funciones de las Juntas Electorales Provinciales

La funciones de las Juntas Electorales Provinciales, según regula la LOREG, pasan por la dirección y supervisión del proceso electoral, velando porque las elecciones se desarrollen conforme a la legalidad y supervisando la actuación de las Juntas Electorales de Zona y de las Mesas Electorales. Además, resuelven reclamaciones, quejas y recursos contra acuerdos de las Juntas de Zona, cuyas decisiones pueden ser elevadas posteriormente a la Junta Electoral Central.

Las Juntas Provinciales son también las encargadas de la proclamación de candidaturas y de la proclamación de los candidatos electos, una vez realizado el escrutinio general en cada provincia. A ello se suma el control de la campaña electoral, vigilando el cumplimiento de las normas sobre propaganda, actos de campaña y uso de espacios públicos, así como la posibilidad de corregir infracciones administrativas.

Asimismo, ejercen potestad disciplinaria sobre autoridades y funcionarios que intervengan oficialmente en el proceso electoral, pueden participar en la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en medios públicos cuando así lo delega la Junta Electoral Central y unifican criterios interpretativos para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en toda la provincia.

Fechas clave hasta el 15 de marzo

La designación de las Juntas Electorales Provinciales coincide con el inicio formal del calendario electoral tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León este martes. Por una parte, las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituyeron inicialmente el 20 de enero, mientras que la consulta del censo electoral y la presentación de reclamaciones podrá realizarse entre el 26 de enero y el 2 de febrero, con exposición de las rectificaciones definitivas el 6 de febrero.

En cuanto a los partidos políticos, el plazo para comunicar la formación de coaliciones finaliza el 30 de enero, mientras que las candidaturas podrán presentarse entre el 4 y el 9 de febrero. Las listas se harán públicas el 11 de febrero, con proclamación definitiva el 16 de febrero y publicación oficial el 17 de febrero. Además, las formaciones deberán designar a su representante general ante la Junta Electoral de Castilla y León antes del 28 de enero.

Sorteo de mesas, campaña y voto por correo

Los ayuntamientos procederán al sorteo público de las mesas electorales entre el 18 y el 22 de febrero de 2026. Las personas designadas serán notificadas en los tres días siguientes y dispondrán de un plazo de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.

La campaña electoral comenzará el viernes 27 de febrero a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 24:00 horas del 13 de marzo, dando paso a la jornada de reflexión del sábado 14 de marzo, previa a la votación.

El voto por correo podrá solicitarse desde el 20 de enero hasta el 5 de marzo. La Oficina del Censo Electoral enviará la documentación entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, y los votos deberán remitirse como máximo hasta el 10 de marzo, fecha a partir de la cual también queda prohibida la publicación o difusión de encuestas electorales.

En el caso de los residentes en el extranjero (CERA), el plazo de solicitud del voto se extiende del 20 de enero al 14 de febrero, con depósito en urna entre el 10 y el 12 de marzo, sin perjuicio del envío por correo.

Jornada electoral, escrutinio y constitución de las Cortes

La jornada electoral se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, entre las 9:00 y las 20:00 horas. El escrutinio general tendrá lugar entre el 18 y el 21 de marzo, mientras que la proclamación de los procuradores electos deberá completarse antes del 30 de marzo. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León para el 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas.

La Junta Electoral de Zona de Teruel ha dado la razón al PSOE y ha ordenado la suspensión de la visita de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, al Ayuntamiento de Teruel, prevista para este viernes a las 11:00 horas, al considerar que constituye un acto de publicidad institucional de logros durante el periodo electoral, en vulneración del artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

La denuncia había sido presentada por la representante del PSOE, Doña Manuela Berges Barreras, que argumentaba que la visita, relacionada con la firma de un protocolo para la construcción de una nueva instalación deportiva en el campo de fútbol de Pinilla, estaba anunciada públicamente en la agenda oficial del Gobierno de Aragón y contaba con atención a los medios de comunicación, lo que podía ser percibido como difusión de logros institucionales durante el periodo electoral.

En su resolución, la Junta Electoral subraya que, aunque la firma del protocolo pudiera defenderse como mero trámite administrativo, su celebración en periodo electoral y con atención a medios de comunicación la hace susceptible de ser interpretada como publicidad de gestión, especialmente en un proyecto de alta visibilidad social como la inversión en el campo de fútbol de Pinilla.

La Junta ha requerido al Gobierno de Aragón que cese inmediatamente el acto y retire cualquier anuncio en la agenda institucional y ha advertido sobre la necesidad de evitar actuaciones similares durante el periodo electoral, recordando que actos de esta naturaleza ya habían sido suspendidos recientemente en Alcañiz y Zaragoza. Desde el Departamento de Educación explican que, en el momento que les ha llegado la notificación, se ha cancelado el acto.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, presentó el pasado martes en Caspe el proyecto de reforma del Centro de Salud de la localidad, una actuación que, según denuncian fuentes del PSOE, es “prácticamente idéntica” a la presentada en marzo de 2023 por la entonces consejera Sira Repollés. La diferencia principal, según los socialistas, es que el nuevo proyecto tiene un coste estimado de 3,5 millones de euros, frente a los dos millones inicialmente presupuestados por el anterior gobierno. Fuentes del Departamento de Sanidad explican que se añade un acceso para transporte sanitario y urgencias en el exterior.

Tanto el proyecto presentado en 2023 por la entonces consejera Sira Repollés como el anunciado recientemente por el consejero José Luis Bancalero resuelven el problema de espacio insuficiente mediante una ampliación en vertical del edificio, ocupando parcialmente el patio central y construyendo nuevas plantas sobre las alas norte. En ambos casos, según se explica en las informaciones difundidas por el Ayuntamiento de la localidad, se contempla el mismo aumento de superficie, pasando de los actuales 1.593 metros cuadrados a 2.131, lo que supone un incremento del 33%. Además, los planes coinciden en la reorganización de los servicios existentes, con la creación de diez nuevas salas de consulta distribuidas a lo largo de las distintas plantas, así como en la incorporación de nuevas zonas asistenciales, como un módulo específico de atención a la mujer, la ampliación de la zona de extracciones y la mejora de las instalaciones de urgencias.

Las reformas también coinciden en las mejoras de accesibilidad y condiciones de trabajo para el personal sanitario, incluyendo baños adaptados en todas las plantas, espacios de descanso y zonas específicas para el servicio del 061, que da cobertura durante todo el año. Incluso la representación gráfica utilizada en 2023, con la infografía que detallaba la distribución de las plantas, los colores y los distintos espacios, es exactamente la misma que se emplea en un vídeo promocional de Bancalero. “En tres años no han hecho nada y ahora venden el mismo proyecto que ya estaba hecho en 2023”, denuncian fuentes socialistas. Desde el Departamento de Sanidad explican que al proyecto presentado en 2023 se añade ahora un acceso para transporte sanitario y urgencias en el exterior y que esta ampliación se hace en zona de dominio público y para ellos son precisos trámites municipales.

El proyecto de 2023 ya contemplaba la ampliación en vertical del edificio, ocupando parcialmente el patio central en las cuatro plantas y construyendo una nueva sobre las alas norte, así como la reorganización de servicios, la incorporación de nuevas zonas asistenciales y la mejora de los espacios de trabajo del personal. Las mismas medidas han sido presentadas nuevamente en enero de 2026, con el anuncio de que se incluirá una partida inicial de dos millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2026 para dar inicio al proceso de redacción de la obra y su posterior adjudicación, con un plazo de ejecución estimado hasta 2027. El centro de salud de Caspe presta servicio a cerca de 12.000 habitantes y cuenta con siete médicos en horario de mañana, tres de atención continuada, dos pediatras, una matrona y 13 profesionales de enfermería, además del personal de administración.

La presentación del consejero en Caspe ha generado una denuncia formal ante la Junta Electoral por parte del PSOE. Los socialistas consideran que la divulgación de las características del proyecto y su difusión a medios de comunicación, incluyendo fotos y vídeos, podría constituir un “incumplimiento” de la normativa sobre propaganda electoral, dado que se trata de un acto de comunicación de una actuación pública en plena campaña de presupuestos. Además, señalan que no se trata de un hecho aislado: recuerdan que la Junta Electoral ya suspendió la presentación del nuevo centro de salud de Arcosur y la inauguración de nuevos servicios en el hospital de Alcañiz, pero que el consejero Bancalero continuó con actos similares, por lo que solicitan “la sanción económica que corresponda”. Fuentes del Departamento de Sanidad aseguran que esta presentación fue “un acto interno” y que no hubo convocatoria.

La Junta Electoral de Aragón ha resuelto que sea la de Caspe la que estudie la denuncia presentada por el PSOE. Consideran que desde la de Aragón carecen de “competencia para conocer de los anteriores extremos, debiendo darse traslado de la denuncia a la Junta Electoral de Zona de Caspe cuya jurisdicción coincide con los municipios que atiende el centro de salud al que se refiere la denuncia”.

La Junta Electoral de Aragón ha estimado parcialmente las denuncias presentadas por el PSOE aragonés al inicio del periodo de precampaña y ha concluido que dos actuaciones del Gobierno autonómico vulneraron el principio de neutralidad exigido por la legislación electoral. Las resoluciones, adoptadas el pasado 20 de diciembre, se producen tras varios días de tramitación desde que tuvieron lugar los hechos denunciados a mediados de mes.

En su acuerdo, la Junta considera que las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto del Grado de Farmacia celebrado el martes 16 de diciembre contienen alusiones a logros del Ejecutivo autonómico y, por tanto, no están permitidas conforme al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Asimismo, declara ilegal la convocatoria y celebración del acto de presentación del futuro centro de salud de Arcosur, previsto para el miércoles 17 de diciembre. El órgano electoral entiende que se trató de un acto institucional de presentación de un proyecto de infraestructura sanitaria durante el periodo electoral, lo que vulnera las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG.

En este contexto, la Junta Electoral insta al Gobierno de Aragón a dictar instrucciones para todo el periodo electoral, a retirar de su web y de sus redes institucionales las manifestaciones valorativas sobre sus logros y a extremar la diligencia en futuros actos institucionales para evitar nuevos incumplimientos del principio de neutralidad.

La resolución analiza también la presencia en el acto de Arcosur del consejero de Sanidad y de la alcaldesa de Zaragoza, así como las declaraciones realizadas por ambos, que considera igualmente contrarias a la normativa electoral. No obstante, la Junta descarta la incoación de expediente sancionador al apreciar que no existió una voluntad deliberada de incumplir la suspensión acordada y que la notificación se produjo con escaso margen de tiempo.

En cuanto a las denuncias presentadas por el Partido Popular, la Junta Electoral de Aragón ha desestimado la interpuesta contra un vídeo publicado por la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en su cuenta personal de Instagram tras una visita a Zuera. El órgano electoral concluye que el contenido fue difundido desde un perfil personal, sin utilización de recursos públicos ni medios institucionales, por lo que prevalece el derecho a la libertad de expresión y no se aprecia vulneración de la normativa electoral.

Sí ha sido estimada, en cambio, otra denuncia del PP relativa a una publicación difundida desde el perfil institucional de la Delegación del Gobierno en Aragón en la red social X, antigua Twitter. En este caso, la Junta ordena la retirada inmediata del contenido al considerar que incluía alusiones a los logros del Gobierno de España durante el periodo electoral, lo que infringe el principio de neutralidad de los poderes públicos.

Las resoluciones ponen fin a denuncias registradas entre los días 17 y 19 de diciembre, en el arranque de la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

El PSOE pide medidas cautelares ante el discurso de Azcón

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha pedido este martes a la Junta Electoral que adopte medidas cautelares urgentes por el discurso previsto de fin de año que realiza habitualmente el presidente del Gobierno de Aragón el 31 de diciembre, ya que este año coincide por primera vez en la historia con la convocatoria electoral.

El PSOE argumenta en su petición presentada hoy en la Junta Electoral que “el discurso de fin de año del 31 de diciembre del presidente de Aragón sirve para hacer balance de lo realizado y para proceder a hacer los anuncios que estime oportuno para el siguiente año, algo que podría contravenir la legislación vigente si se realizara como habitualmente, ”ya que pondría en clara inferioridad al resto de candidatos en un medio público como es Aragón TV y Aragón Radio que debe buscar la ecuanimidad“.

El PSOE solicita que el discurso del presidente se limite a contenidos institucionales, sin alusiones, ni logros ni programas ni balances. Considera que los habituales discursos de fin de año del presidente de Aragón sirven para felicitar las fiestas a los aragoneses, pero tiene un componente político porque durante treinta minutos se realiza un balance de lo hecho y también se hacen los anuncios pertinentes para el año siguiente.

Los socialistas adjuntan en su petición los vídeos de los dos últimos años del discurso de fin de año del presidente, se añade además los minutos exactos en los que hace balance y los anuncios. Han pedido en su escrito que se adopten medidas cautelares porque podría colocar en clara indefensión y desigualdad en un medio con respecto al resto de candidatos. Al mismo tiempo, pide a la Junta Electoral la máxima agilidad en la decisión, una “tramitación urgente y preferente”.

Angy Galvín (Palma, 1994) és doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. L’obra, qualificada amb un excel·lent cum laude, va guanyar el I Premi de Periodisme Antonio López Hidalgo i ara ha estat publicada en format llibre amb el títol El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Es tracta d’un treball exhaustiu que analitza quinze anys de jurisprudència electoral i més de 800 notícies electorals dels telenotícies espanyols, i que estarà disponible a les facultats de Periodisme i Dret d’Espanya.

Galvín, directora d’elDiario.es a les Illes Balears i professora universitària al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un llibre que serveix de referència perquè els periodistes coneguin com els afecta la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) en el seu exercici professional: des de l’emissió de notícies sobre els partits polítics als telenotícies fins a la configuració dels debats electorals o les tertúlies polítiques.

La doctora assegura que la Llei Electoral ha quedat “completament desfasada”, ja que va ser concebuda abans de l’aparició d’Internet, i que impedeix que els periodistes siguin “lliures”. Posant com a exemple de les “perversions” de la LOREG, menciona un telenotícies de TVE en què es va haver d’emetre la resposta de Pedro Sánchez abans que la pregunta de Pablo Iglesias perquè el PSOE tenia més vots que Unidas Podemos –els anomenats “blocs electorals”–. A l’actual campanya extremeña, lamenta que la normativa permeti a María Guardiola (PP) eludir un debat electoral perquè la LOREG està centrada en “el càlcul electoralista dels partits, no en l’interès dels ciutadans”.

Per què ha fet aquesta investigació?

Neix de la meva tesi doctoral, centrada en com la Junta Electoral i la Llei Electoral condicionen la manera en què els periodistes podem informar durant les campanyes electorals. És paradoxal que, en un moment en què el periodisme hauria de servir encara més a la població, no tinguem prou eines per poder informar lliurement. La Llei Electoral és molt desconeguda, però afecta moltíssim el dia a dia i la nostra salut democràtica. Justament, els periodistes no som lliures en les campanyes electorals a l’hora d’informar sobre els partits polítics. Estem condicionats pels resultats que van obtenir les formacions a les eleccions anteriors. És a dir, si un partit polític d’una campanya a una altra desapareix mediàticament i socialment perquè no té interès, tant se val, perquè tindrà garantida la seva presència als mitjans de comunicació, sobretot als públics. I això és una anomalia democràtica.

Què la va portar a aprofundir en això?

Quan em vaig graduar en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig fer el meu Treball Final de Grau sobre el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), que és un consell regulador de caràcter administratiu que afecta els mitjans de comunicació a Catalunya. A partir d’aquí vaig anar topant amb notícies de la Junta Electoral Central. Per exemple, el veto a la participació d’un partit en un debat. Com a periodista, això et xoca moltíssim, així que vaig començar a investigar i vaig decidir fer el Treball Final de Màster i la tesi sobre tota aquesta temàtica. Tot i que és un tema que no està gaire tractat en l’àmbit públic, els col·legis professionals de periodistes sí que han estat molt combatius, fins al punt de presentar recursos. Els periodistes ens oposem clarament a aquesta legislació.

En els agraïments cita el mestre Antonio López Hidalgo. “Debatrem sobre titulars en una altra vida”, diu.

Antonio López Hidalgo va ser catedràtic de Periodisme a la Facultat de Sevilla i no el vaig arribar a conèixer, però vaig guanyar un premi en el seu nom. El “vaig conèixer” en els manuals típics de la carrera, però mai en persona. El Col·legi de Periodistes d’Andalusia i l’Ajuntament de Montilla em van concedir aquest premi dedicat a ell i, com que soc professora de Periodisme al CESAG i m’ocupo d’ensenyar als meus alumnes a titular, em va semblar una connexió molt bonica.

Per tant, segons la seva tesi, l’art de titular en període electoral també es veu molt condicionat.

Sens dubte. L’art de titular, com enfoques les notícies, quants minuts i segons dediques a cada partit polític, tot està extremadament regulat. Imagina’t que jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions. Una periodista de TV3 va escriure un article sobre un míting que no es va celebrar, però calia dedicar-li un cert temps perquè era el que li corresponia al partit polític en qüestió. I això genera perversions.

Jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions

Al llibre explica com, una vegada, en període electoral, una televisió va haver de posar primer la resposta i, més tard, la pregunta en qüestió…

És l’antisentit. Pablo Iglesias havia fet una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. En la pràctica, la Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes des del punt de vista de la qualitat de la informació.

Pablo Iglesias va llançar una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. La Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes

També es refereix a les “restriccions justificades a la llibertat d’expressió”.

Per exemple, que una televisió convidi a un debat electoral els partits polítics que tenen més opcions d’obtenir un nombre més elevat d’escons al Congrés, però que hagi d’excloure’n un perquè fa quatre anys no va aconseguir representació. Això ha passat amb Unidas Podemos, amb Vox i amb Ciutadans. Si els sondejos, l’opinió pública i els ciutadans t’estan informant i dient que aquest partit tindrà una àmplia representació a les eleccions que se celebraran d’aquí a dues setmanes, em sembla contraproduent que no se’l pugui convidar a un debat electoral. És una restricció injustificada a la llibertat d’expressió. També als telenotícies és una restricció que un no pugui dedicar els minuts i segons que consideri oportuns en funció de la rellevància que tingui aquell partit polític aquell dia. El pluralisme polític no hauria de justificar aquestes imposicions.

Parla de criteri.

Sí, del criteri periodístic. Els ciutadans, amb els nostres impostos, paguem perquè sigui el criteri d’un periodista, i no el d’un jurista o un polític, qui decideixi què és notícia i què no ho és.

Davant d’aquesta realitat, la JEC manipula d’alguna manera l’impacte en el vot?

No. Els partits afavorits per la legislació, no per la JEC, són els grans: PP i PSOE. És molt difícil valorar si un aspecte en concret afecta el vot. És més fàcil valorar si afecta el pluralisme mediàtic i polític. Crec que la Junta Electoral Central fa el que estableix la llei i el que els partits polítics li demanen. No en té la culpa. Fixa’t en una cosa molt curiosa: tota aquesta normativa que estudio, si els partits polítics no recorren davant la JEC, no s’ha d’aplicar. És a dir, si faig un debat electoral amb partits polítics que, segons la Llei Electoral, no haurien d’estar perquè no tenen la representació suficient, però ningú es queixa, aquest debat es pot celebrar. Quan algun partit es queixa és quan la Junta Electoral actua, però no actua d’ofici.

Està obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central és un òrgan amb un caràcter molt especial, no està dins dels tres grans poders, que ha fet durant dècades, amb molt poc personal, una feina increïble, brutal. Quin és el problema? Que la legislació i les persones que componen la JEC tenen una mentalitat i eines del segle XX, no del XXI. Per exemple, no es pot abordar la desinformació a les xarxes socials, que és fonamental, ni els membres de la Junta Electoral tenen aquesta formació. La JEC depèn, en la seva dotació econòmica, del Congrés dels Diputats. El que proposo al meu llibre és que s’incorporin experts en xarxes socials i Periodisme per afrontar els reptes actuals.

Qui forma la Junta Electoral Central?

És una barreja de cinc catedràtics en Dret o Ciències Polítiques i Sociologia i vuit magistrats del Tribunal Suprem. De fet, el president de la JEC també és membre del Suprem.

Arriben les eleccions a Extremadura i la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participat en cap debat. Interessa canviar aquest aspecte de la llei?

Doncs interessa als mitjans de comunicació i als periodistes, però no als partits polítics. Fixa’t com és de perversa, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi. La Junta Electoral considera que ha de primar més l’interès electoralista dels partits que el dret a la informació dels ciutadans. A mi em sembla una aberració completa. De fet, al llibre proposo que sigui obligatori un debat electoral als mitjans de comunicació públics i que els partits convidats hi assisteixin per obligació. Mira fins a quin punt arriba la llei: si un partit no vol anar, una televisió no pot posar el que anomenem la “cadira buida” per exemplificar la realitat i que l’espectador sàpiga que no és que no l’hagin convidat, sinó que no ha volgut participar. Tant el Tribunal Suprem com la JEC consideren que això perjudica la imatge dels partits.

Què perversa és, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi, com passa amb María Guardiola (PP) a Extremadura

En època incontrolable de bots i de la xarxa en general, com hauria d’adaptar-se la JEC perquè l’algoritme no actuï afavorint un partit o un altre?

El model francès és molt interessant perquè l’antic Consell Audiovisual, que ara s’ha remodelat, col·laborava amb el Ministeri de l’Interior. Quan parlem de desinformació a les xarxes socials, de bots, de trolls… estem entrant en un tema de seguretat nacional. És el que es coneix com a guerres híbrides: a més de la guerra offline de tota la vida, existeix una altra guerra online. Tots coneixem els intents de Rússia per desestabilitzar les democràcies occidentals. Moltes vegades són campanyes orquestrades per terceres potències estrangeres a les quals ni tan sols afecta la nostra legislació.

En campanya electoral hi hauria d’haver una major coordinació i dotació de recursos entre la JEC i el Ministeri de l’Interior per combatre aquestes altres campanyes orquestrades i organitzades a Internet. Crec que és important imposar una regulació europea a les plataformes que operen al nostre país, com Facebook, Instagram, X, etc. Durant molts anys hem confiat en l’autoregulació d’aquestes plataformes i hem vist que aquest model porta al fracàs, perquè el que busquen és que l’algoritme t’acabi enganxant i acaben primant determinades ideologies polítiques en funció de qui és el propietari d’aquesta empresa. Aquestes plataformes no són innòcues, tenen un condicionament en el feed de publicacions que estàs veient. Caldria imposar una legislació perquè les companyies comparteixin l’algoritme, completament mancat de transparència. Ni tan sols els investigadors de la Comissió Europea són capaços de conèixer com funciona.

Ha analitzat un període de catorze anys d’instruccions i acords de la JEC, entre 2011 i 2025, i milers de notícies. Hi ha alguna notícia que hagi estat, diguem-ne, el súmmum?

Crec que per salut mental he decidit oblidar la majoria d’elles… Però recordo que, durant la campanya electoral, hi havia declaracions que es repetien constantment i que es notava que els periodistes necessitaven omplir minuts per complir amb el que establia la normativa. La legislació empeny a què un periodista expliqui el mateix al matí i al vespre. Recordo declaracions com una de Pablo Casado, que criticava Pedro Sánchez per anar amb la porra a Catalunya i es volia presentar amb el pit inflat com el salvador; també el del govern Frankenstein de coalició entre PSOE i Podemos… Eren lemes que es repetien constantment i que afavorien els partits polítics perquè els seus missatges calaven molt, però per a l’espectador era insuportable, perquè el que un votant busca és conèixer les propostes d’un partit. Al final, les notícies acabaven convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell.

Al final, les notícies acaben convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell

Es pot fer i oferir informació política en període electoral sense saltar-se la JEC?

Et refereixes a la concepció que tenim fora del període electoral? Si treballes en un diari, sí. La legislació és especialment restrictiva amb els mitjans de comunicació audiovisuals i de titularitat pública, però si treballes en un mitjà de comunicació privat i escrius en premsa en paper o digital tens una llibertat brutal per poder treballar. Tradicionalment, s’ha fet això perquè l’espai radioelèctric és públic i està sotmès a una legislació més intensa que els diaris. Sempre hi ha hagut aquesta concepció per part del legislador, no només en campanya electoral, sinó en general. La llei de premsa a Espanya és franquista, ratificada per Manuel Fraga; imagina’t si és antiga. La pregunta és si et pots informar bé en un telenotícies. Jo crec que no, independentment que sigui públic o privat, especialment públic, acaben sent espais de pura propaganda política, sense desmerèixer els companys. Al cap i a la fi, cal complir amb la legislació i fas el que pots amb el que et deixen.

No és injust per als ciutadans?

De fet, el motiu que em porta a estudiar això és que considero que és una llei molt desconeguda i que els ciutadans no som conscients que els partits polítics legislen perquè els espais d’informació política siguin propaganda política. Quan, a més, els partits ja tenen aquests espais de propaganda gratuïta en els mitjans de comunicació públics, tenen els seus espots, però saben que no són tan eficients com la informació periodística. El legislador, en aquest cas, hauria de pensar en l’interès del ciutadà. Justament, a principis d’aquest any, el Govern va aprovar un avantprojecte de reforma de la Llei Electoral que obligava a celebrar un debat obligatori i a certes qüestions sobre les enquestes. És un bon pas, encara que petit, però em sembla interessant que s’estigui imposant una legislació que va en contra de l’interès electoralista. Espero que aquest sigui un primer pas perquè després s’afronti una reforma integral de la llei electoral.

A qui beneficia que les coses es quedin com estan?

Els partits petits sempre han intentat canviar la Llei Electoral, no només pel que fa als mitjans de comunicació, sinó també per les circumscripcions electorals, que els afecta especialment. Espero que serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d’estar d’acord en una llei que els beneficia. Qui legisla en contra seva? Si som realistes, és molt difícil que facin un canvi. Després de l’aparició de Podemos i Ciutadans, i després Vox, ja no vam veure un sistema bipartidista clàssic. La legislació està concebuda en un període de temps que va sorgir amb Felipe González i s’acusava TVE de dedicar molt de temps als socialistes. Era l’Espanya del PP i del PSOE i, si de cas, d’Esquerra Unida. Aquesta Espanya, senzillament, ja no existeix.

Espero que el llibre serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d'estar d’acord en una llei [l’electoral] que els beneficia

Quin consell donaria a les persones que estan llegint aquesta entrevista per informar-se en períodes electorals?

Els donaria el mateix consell tant en període electoral com fora d’ell: que es nodreixin de diverses fonts informatives. És necessari que no només llegeixin un diari, vegin una televisió o escoltin una ràdio. Cal nodrir-se del nombre més gran de mitjans de comunicació possible, perquè així és com un acaba configurant una opinió i dipositant el seu vot de la millor manera possible.

Tanmateix, solem buscar mitjans afins a la nostra forma de pensar.

És possible, i força saludable, llegir elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No només és possible, sinó que és necessari. El més saludable democràticament és nodrir-se de mitjans de comunicació diferents.

També dedica el llibre a la seva família: “Per demostrar-me que les persones humils també tenim dret a complir els nostres somnis”. Per què diu això?

Soc filla d’un electricista i d’una mestressa de casa; hem viscut de manera força humil. Sempre he estudiat en centres públics i amb beques. Vaig poder fer la tesi perquè treballava a jornada completa a elDiario.es i ja podia mantenir-me sola. Em sembla important recalcar que les persones que sempre hem estat classe obrera tinguem l’oportunitat de complir els nostres somnis.

Quins són?

Un molt humil: ser periodista i fer un periodisme en què crec. Vaig entrar com a becària a elDiario.es, segueixo aquí, he acabat obtenint un doctorat en Periodisme i soc professora universitària. Per a mi, aquest és el meu somni, independentment que ara tingui un càrrec directiu. Els meus pares van fer molts esforços econòmics perquè pogués estudiar a Barcelona i es van privar d’aspectes fins i tot bàsics. Per a les persones que hem tingut dificultats econòmiques per avançar, poder ensenyar a les noves generacions de manera honesta és el millor somni, un dels majors plaers que t’ofereix la vida. Que una persona amb recursos econòmics limitats pugui ser doctora és la reivindicació més gran que es pot fer de l’educació pública.

Angy Galvín (Palma, 1994) es doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis, calificada con un sobresaliente cum laude, se alzó con el I Premio de Periodismo Antonio López Hidalgo y ahora ha sido publicada bajo el título El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Un trabajo exhaustivo que analiza 15 años de jurisprudencia electoral y más de 800 noticias electorales de los telediarios españoles, y que estará disponible en las facultades de Periodismo y Derecho de España.

Galvín, directora de elDiario.es en las Illes Balears y profesora universitaria en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un libro que sirve de referencia para que los periodistas conozcan cómo les afecta la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) en su desempeño profesional: desde la emisión de noticias sobre los partidos políticos en los telediarios hasta la configuración de los debates electorales o las tertulias políticas.

La doctora asegura que la Ley Electoral ha quedado “completamente desfasada”, ya que fue concebida antes de la aparición de Internet, y que impide a los periodistas ser “libres”. Pone, como ejemplo de las “perversiones” de la LOREG, un telediario de TVE en el que se tuvo que emitir la respuesta de Pedro Sánchez antes que la pregunta Pablo Iglesias porque el PSOE tenía más votos que Unidas Podemos –los llamados “bloques electorales”–. En la actual campaña extremeña, lamenta que la normativa permita a María Guardiola (PP) eludir un debate electoral porque la LOREG está centrada en “el cálculo electoralista de los partidos, no en el interés de los ciudadanos”.

¿Por qué ha hecho esta investigación?

Nace de mi tesis doctoral, centrada en cómo la Junta Electoral y la Ley Electoral condicionan la manera en la que los periodistas podemos informar en las campañas electorales. Es paradójico que, en un momento en el que el periodismo tiene que servir aún más a la población, no tengamos las herramientas suficientes para poder informar libremente. La Ley Electoral es muy desconocida, pero afecta muchísimo al día a día y a nuestra salud democrática. Justamente, los periodistas no somos libres en las campañas electorales a la hora de informar sobre los partidos políticos. Estamos condicionados por los resultados que obtuvieron las formaciones en las anteriores elecciones. Es decir, si un partido político de una campaña a otra desaparece mediática y socialmente porque no tiene interés, da igual, porque va a tener garantizada su presencia en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos. Y eso es una anomalía democrática.

¿Qué le llevó a profundizar en ello?

Cuando me gradué de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona, hice mi Trabajo Final de Grado sobre el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), que es un consejo regulador de carácter administrativo que afecta a los medios de comunicación en Catalunya. A partir de ahí fui dando con noticias de la Junta Electoral Central. Por ejemplo, el veto de la participación de un partido en un debate. Siendo periodista esto te choca muchísimo, así que comencé a investigar y decidí hacer el Trabajo Fin de Máster y la tesis sobre toda esta temática. Aunque es un tema que no está muy tratado en el ámbito público, los colegios profesionales de periodistas sí han sido muy combativos, hasta el punto de interponer recursos. Los periodistas nos oponemos claramente a esta legislación.

En los agradecimientos cita al maestro Antonio López Hidalgo. “Debatiremos sobre titulares en otra vida”, dice.

Antonio López Hidalgo fue un catedrático de Periodismo de la Facultad de Sevilla y no lo llegué a conocer, pero gané un premio en su nombre. Lo 'conocí' en los manuales típicos de la carrera, pero nunca en persona. El Colegio de Periodistas de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla me dieron este premio dedicado a él y, como soy profesora de Periodismo en el CESAG y me dedico a enseñar a titular a mis alumnos, me pareció una conexión muy bonita.

Entonces, según su tesis, el arte de titular en período electoral se ve también muy condicionado.

Sin duda. El arte de titular, cómo enfocas las noticias, cuántos minutos y segundos dedicas a cada partido político, todo está extremadamente tasado. Tú imagínate que yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones. Una periodista de TV3 escribió un artículo sobre un mitin que no se celebró, pero había que dedicarle equis tiempo porque era lo que le correspondía al partido político en cuestión. Y eso genera perversiones.

Yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones

En el libro cuenta cómo una vez, en período electoral, una televisión tuvo que poner primero la respuesta y, más tarde, la pregunta en cuestión…

Es el anti sentido. Pablo Iglesias había lanzado una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. En la práctica, la Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones desde el punto de vista de la calidad de la información.

Pablo Iglesias lanzó una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. La Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones

También se refiere a “restricciones justificadas a la libertad de expresión”.

Por ejemplo, que una televisión invite a un debate electoral a los partidos políticos que tienen más opciones de conseguir un mayor número de escaños en el Congreso, pero que tenga que excluir a uno de ellos porque hace cuatro años no consiguió representación. Esto ha pasado con Unidas Podemos, con Vox y con Ciudadanos. Si los sondeos, la opinión pública y los ciudadanos te están informando y diciendo que ese partido va a tener una amplia representación en las elecciones que se van a celebrar en dos semanas, me parece contraproducente que no se le pueda invitar a un debate electoral. Es una restricción injustificada a la libertad de expresión. También en los telediarios es una restricción que uno no pueda dedicar los minutos y segundos que considere oportunos en función de la relevancia que tenga ese partido político ese día. El pluralismo político no debería justificar estas imposiciones.

Habla de criterio.

Sí, del criterio periodístico. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagamos para que sea el criterio de un periodista, y no el de un jurista o un político, quien decide qué es noticia y qué no lo es.

Ante esta realidad, ¿la JEC manipula de alguna manera el impacto en el voto? 

No. Los partidos favorecidos por la legislación, no por la JEC, son los grandes: PP y PSOE. Es muy difícil valorar si un aspecto en concreto afecta al voto. Es más fácil valorar si afecta al pluralismo mediático y político. Creo que la Junta Electoral Central hace lo que la ley establece y lo que los partidos políticos le piden. No es la culpable. Fíjate en una cosa muy curiosa: toda esta normativa que estudio, si los partidos políticos no recurren ante la JEC, no tiene que aplicarse. Es decir, si hago un debate electoral con partidos políticos que, según la Ley Electoral, no tendrían que estar porque no tienen la representación suficiente pero nadie se queja, ese debate se puede celebrar. Cuando algún partido se queja es cuando la Junta Electoral actúa, pero no actúa de oficio.

¿Está obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central es un órgano con un carácter muy especial, no está dentro de los tres grandes poderes, que ha hecho durante décadas, con poquísimo personal, un trabajo increíble, brutal. ¿Cuál es el problema? Que la legislación y las personas que componen la JEC tienen una mentalidad y herramientas de siglo XX, no del XXI. Por ejemplo, no se puede abordar la desinformación en redes sociales, que es fundamental, ni los miembros de la Junta Electoral tienen esa formación. La JEC depende, en su dotación económica, del Congreso de los Diputados. Lo que propongo en mi libro es que se incorporen a expertos en redes sociales y Periodismo para afrontar los retos actuales.

¿Quién forma la Junta Electoral Central?

Es una mezcla entre cinco catedráticos en Derecho o Ciencias Políticas y Sociología y ocho magistrados del Tribunal Supremo. De hecho, el presidente de la JEC también es miembro del Supremo.

Llegan las elecciones en Extremadura y la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participado en ningún debate. ¿Interesa cambiar este aspecto de la ley?

Pues interesa a los medios de comunicación y a los periodistas, pero no a los partidos políticos. Fíjate qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates. La Junta Electoral considera que debe primar más el interés electoralista de los partidos que el derecho a la información de los ciudadanos. A mí me parece una completa aberración. De hecho, en el libro propongo que sea obligatorio un debate electoral en los medios de comunicación públicos y que los partidos invitados a asistir vayan por obligación. Mira hasta dónde llega la ley que, si un partido no quiere ir, una televisión no puede poner lo que llamamos la 'silla vacía' para ejemplificar la realidad y que el espectador sepa que no es que no le hayan invitado, sino que no ha querido participar. Tanto el Tribunal Supremo como la JEC consideran que eso perjudica la imagen de los partidos.

Qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates, como sucede con María Guardiola (PP) en Extremadura

En época incontrolable de bots y de la red en general, ¿cómo debería adecuarse la JEC para que el algoritmo no actúe favoreciendo a uno o a otro?

El modelo francés es muy interesante porque el antiguo Consejo Audiovisual, que ahora se ha remodelado, colaboraba con el Ministerio del Interior. Cuando hablamos de desinformación en redes sociales, de bots, de trolls... estamos entrando en un tema de seguridad nacional. Es lo que se conoce como guerras híbridas, además de la guerra offline de toda la vida, existe otra guerra online. Por todos son conocidos los intentos de Rusia para desestabilizar a las democracias occidentales. Muchas veces son campañas orquestadas por parte de terceras potencias extranjeras a las cuales ni siquiera afecta nuestra legislación.

En campaña electoral tendría que haber una mayor coordinación y dotación de recursos entre la JEC y el Ministerio del Interior para luchar contra esas otras campañas orquestadas y organizadas en internet. Creo que es importante imponer una regulación europea a las plataformas que operan en nuestro país como Facebook, Instagram, X, etc. Durante muchos años hemos confiado en la autorregulación de estas plataformas y hemos visto que ese modelo lleva al fracaso porque lo que buscan es que el algoritmo te acabe enganchando y acaban primando determinadas ideologías políticas en función de quién es el dueño de esa empresa. Esas plataformas no son inocuas, tienen un condicionamiento en el feed de publicaciones que estás viendo. Habría que imponer una legislación para que las compañías compartan el algoritmo, completamente falto de transparencia. Ni siquiera los investigadores de la Comisión Europea son capaces de conocer cómo funciona.

Ha analizado un período de 14 años de instrucciones y acuerdos de la JEC, entre 2011 y 2025, y miles de noticias. ¿Hay alguna noticia que haya sido, digamos, el colmo?

Creo que por salud mental he decidido olvidar la mayoría de ellas… Pero me acuerdo de que, durante la campaña electoral, había declaraciones que se repetían constantemente y que se notaba que los periodistas necesitaban rellenar minutos para cumplir con lo establecido por la normativa. La legislación empuja a que un periodista cuente lo mismo por la mañana y por la noche. Me acuerdo de declaraciones como una de Pablo Casado, que criticaba a Pedro Sánchez por ir con la porra en Catalunya y se quería presentar con el pecho henchido como el salvador; también lo de gobierno Frankenstein de coalición entre PSOE y Podemos… Eran lemas que se repetían constantemente y que a los partidos políticos les favorece porque sus mensajes calan mucho, pero eso para el espectador es infumable porque lo que un votante busca es saber las propuestas de un partido. Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro.

Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro

¿Se puede hacer y ofrecer información política en período electoral sin saltarnos a la JEC?

¿Te refieres a la concepción que tenemos fuera del período electoral? Si trabajas en un periódico, sí. La legislación es especialmente restrictiva con los medios de comunicación audiovisuales y de titularidad pública, pero si trabajas en un medio de comunicación privado y escribes en prensa en papel o digital tienes una libertad brutal para poder trabajar. Tradicionalmente se ha hecho esto porque el espacio radioeléctrico es público y está sometido a una legislación más intensa que en los periódicos. Siempre ha habido esa concepción por parte del legislador, no sólo en campaña electoral, sino en general. La ley de prensa en España es franquista, ratificada por Manuel Fraga, imagínate si es antigua. La pregunta es si te puedes informar bien en un telediario. Yo creo que no, independientemente de que sea público o privado, especialmente público, acaban siendo espacios de pura propaganda política, sin desmerecer a los compañeros. Al fin y al cabo, hay que cumplir con la legislación y haces lo que puedes con lo que te dejan.

¿No es injusto para los ciudadanos?

De hecho, el motivo que me nace para estudiar esto es que considero que es una ley muy desconocida y que los ciudadanos no somos conscientes de que los partidos políticos legislan para que los espacios de información política sean propaganda política. Cuando, además, los partidos ya tienen esos espacios de propaganda gratuita en los medios de comunicación públicos, tienen sus spots, pero saben que no son tan eficientes como la información periodística. El legislador, en este caso, debería pensar en el interés del ciudadano. Justamente, a principios de este año, el Gobierno aprobó un anteproyecto de reforma de la Ley Electoral que obligaba a celebrar un debate obligatorio y a ciertas cuestiones sobre las encuestas. Es un buen paso, aunque pequeño, pero me parece interesante que se esté imponiendo legislación que va en contra del interés electoralista. Espero que ese sea un primer paso para que después se acometa una reforma integral de la ley electoral.

¿A quién beneficia que las cosas se queden como están?

Los pequeños partidos siempre han intentado cambiar la Ley Electoral, no sólo por los medios de comunicación, sino por las circunscripciones electorales, que les afecta especialmente. Espero que sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley que les beneficia. ¿Quién legisla en su contra? Si somos realistas, es muy difícil que vayan a hacer un cambio. Tras la aparición de Podemos y Ciudadanos, y después Vox, ya no vimos un sistema bipartidista clásico. La legislación está concebida en un período de tiempo que surgió con Felipe González y se acusaba a TVE de dedicar mucho tiempo a los socialistas. Era la España de PP y PSOE y, si acaso, Izquierda Unida. Esa España, sencillamente, ya no existe.

Espero que el libro sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley [la electoral] que les beneficia

¿Qué consejo daría a las personas que están leyendo esta entrevista para informarse en períodos electorales?

Les daría el mismo consejo tanto en período electoral como fuera de él: que se nutran de varias fuentes informativas. Es necesario que no sólo lean un periódico, vean una televisión o escuchen una radio. Hay que nutrirse del mayor número de medios de comunicación posibles porque así es como uno acaba configurando una opinión y depositando su voto de la mejor manera posible.

Sin embargo, solemos buscar medios afines a nuestra forma de pensar.

Es posible, y es bastante sano, leer elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No sólo es posible, es que es necesario. Lo más sano democráticamente es nutrirse de medios de comunicación distintos.

También dedica el libro a tu familia: “Por demostrarme que las personas humildes también tenemos derecho a cumplir nuestros sueños”. ¿Por qué dice eso?

Soy hija de un electricista y de una ama de casa, hemos vivido de forma bastante humilde. He estudiado siempre en la pública y con becas. Pude hacer la tesis porque estaba trabajando en elDiario.es a jornada completa y ya podía mantenerme sola. Me parece importante recalcar que las personas que siempre hemos sido clase obrera tengamos la oportunidad de cumplir nuestros sueños.

¿Cuáles son?

Uno muy humilde: ser periodista y hacer un periodismo en el que creo. Entré como becaria en elDiario.es, sigo aquí, he acabado teniendo un doctorado en Periodismo y soy profesora universitaria. Para mí, ese es mi sueño, independientemente de que ahora tenga un puesto directivo. Mis padres hicieron muchísimos esfuerzos económicos para que pudiera estudiar en Barcelona y se quitaron de aspectos incluso básicos. Para las personas que hemos tenido dificultades económicas para avanzar, poder enseñar a las nuevas generaciones de manera honesta es el mejor sueño, uno de los mayores placeres que te ofrece la vida. Que una persona con recursos económicos justos pueda ser doctora es la mayor reivindicación que se puede hacer de la educación pública. 

La Junta Electoral General de la Universidad de Sevilla está investigando denuncias recibidas durante el proceso electoral para elegir rector o rectora de la institución, en plena campaña de segunda vuelta entre Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez. Entre esas denuncias, según ha podido saber elDiario.es Andalucía por fuentes universitarias, figuran acusaciones sobre un supuesto ofrecimiento de puestos de trabajo a alumnado a cambio de apoyo electoral.

En un comunicado remitido a la comunidad universitaria este viernes, el órgano electoral de la US confirma que ha recibido “diversas denuncias provenientes de distintas candidaturas y de miembros de la comunidad universitaria” y que “está investigando e investigará todas las que reciba”. El escrito de la Junta Electoral ha agitado el ambiente de campaña en su recta final, marcada por acusaciones cruzadas y un clima de máxima tensión por todo lo que hay en juego en unas votaciones históricas, a las que ambos candidatos llegan prácticamente empatados tras la primera vuelta.

La Junta Electoral se desmarca así de las interpretaciones que ha generado un comunicado anterior, difundido este jueves, en el que recordaba que “solicitar el voto mediante recompensa, dádivas o promesas” puede acarrear incluso responsabilidad penal. E insistía en la obligación de garantizar la libertad de voto y de mantener la neutralidad en los espacios académicos. Algunos medios interpretaron ese escrito como una reprobación directa a la candidatura de Carmen Vargas –contra la que han interpuesto denuncias por ofrecer incentivos a estudiantes a cambio de votos–, extremo que el órgano universitario niega tajantemente en su nueva nota.

Esta aclaración llega en un momento clave de la carrera por el Rectorado: al término de la segunda campaña electoral y a tan solo tres días de la votación definitiva, que tendrá lugar el próximo lunes 10 de noviembre. La tensión es máxima en la Universidad de Sevilla, una institución tan grande como una ciudad: con más de 70.000 miembros y un presupuesto que supera los 600 millones de euros. El resultado –que se prevé muy ajustado– decidirá si se mantiene la línea de continuidad de Carmen Vargas o se abre paso la alternativa de cambio que representa José Luis Gutiérrez.

Campaña salpicada de polémicas

El clima de crispación también ha alcanzado al estudiantado. En paralelo, el Consejo de Alumnos y Alumnas de la Universidad de Sevilla (CADUS) ha emitido este viernes un comunicado denunciando la difusión de “bulos y prácticas inaceptables” durante la campaña electoral, después de que un miembro del equipo de José Luis Gutiérrez acusara al CADUS de “difundir informaciones falsas” en redes sociales. El consejo estudiantil lo desmiente y niega, además, que se hayan financiado viajes para “comprar el voto” estudiantil. Por último, el CADUS lamenta que el proceso electoral se haya visto enturbiado por un “intento de manipular el voto” mediante “desinformación y ataques personales”, y hace un llamamiento a mantener una campaña “limpia, respetuosa y basada en propuestas reales”.

Esta no es la única controversia que ha salpicado la campaña electoral en los últimos días. El pasado miércoles, el equipo de José Luis Gutiérrez lamentó públicamente que Vargas rechazara participar en un nuevo debate entre los dos candidatos finalistas, pese a que “en el seno de la Junta Electoral General se acordó celebrar al menos dos debates, uno en cada vuelta”. No obstante, la candidatura de la exvicerrectora justificó su negativa con un vídeo difundido en redes sociales, donde afirmaba que “no se trata de debatir más, sino de dialogar mejor”.

Cabe recordar que tras el debate celebrado el pasado 23 de octubre entre los siete aspirantes iniciales, se viralizó un vídeo que “desmontaba” los supuestos bulos difundidos por Carmen Vargas durante el encuentro público. La candidatura de la exvicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización durante el mandato de Miguel Ángel Castro parte con la ventaja de contar con su apoyo y un peso consolidado dentro de la institución, pero también arrastra críticas de sectores más rupturistas que le reprochan no haber impulsado los cambios y mejoras que ahora promete en su programa tras 12 años de gestión continuista.

Entre esas críticas, destacan las acusaciones de haber maquillado las cuentas de la Universidad, presentando superávits en los últimos ejercicios pese a las advertencias del Consejo Social, que viene alertando de un déficit estructural que podría comprometer la sostenibilidad financiera de la institución a medio plazo. Varias voces del ámbito universitario denuncian, además, falta de transparencia y despilfarro económico en determinados programas y contratos, lo que ha alimentado el debate interno sobre el modelo de gestión y la necesidad de una revisión profunda de las prioridades presupuestarias.

Investigar en pleno proceso electoral

Ahora, las denuncias interpuestas ante la Junta Electoral añaden una nueva sombra de polémica a la campaña. El órgano de la US, no obstante, se mantiene al margen e insiste en que su comunicado no se refiere a ninguna candidatura concreta, sino que buscaba recordar al conjunto de la comunidad universitaria los principios generales que deben regir el proceso electoral, “incluyendo precisiones derivadas de la experiencia de la primera vuelta”, según detalla la nota.

“Solo cuando se disponga del suficiente sustento probatorio podrá la Junta entrar a valorar la adecuación o no a la legalidad de las conductas denunciadas”, precisa el su nuevo comunicado, donde se recuerda que el órgano de la US encargado de velar por el cumplimiento del reglamento en los procedimientos electorales seguirá investigando todas las denuncias que reciba, aun cuando “frecuentemente, estas no se acompañan de indicios consistentes o pruebas”.

Si se detectaran comportamientos irregulares, la Junta asegura que actuaría “de manera directa” y respetando las garantías que asisten a los implicados. Fuentes de la Hispalense consultadas por este periódico avanzan que el órgano está en estos momentos “inmerso en el proceso electoral” y comunicará las novedades sobre las investigaciones conforme se vayan resolviendo.

Todo ello a tres días de que se celebre el duelo definitivo entre el continuismo y el cambio, en una cita con las urnas en la que cada voto cuenta y que promete mantener la incertidumbre hasta el último momento.

La Junta Electoral ha notificado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que deberá abonar una multa de 960 euros, si la paga de forma voluntaria, por considerar que vulneró la Ley Electoral al participar en un acto institucional y atribuirse logros durante la campaña electoral previa a las europeas del pasado 9 de junio.

La resolución consultada por EFE, que también establece una sanción igual para el director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta, plantea que en esa visita Mañueco incumplió el deber de neutralidad y lo establecido en el artículo 50.2 de la Loreg, además de utilizar de forma “partidista” la web institucional, en referencia a lo comunicado sobre la visita a la empresa 53Biologics, realizada el 29 de mayo pasado.

El artículo aludido en la resolución establece que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

Este tipo de infracciones de la normativa electoral pueden ser sancionadas con multas de entre 300 y 1.200 euros, aunque los aludidos pueden presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de esta resolución, que es firme en la vía administrativa, pero podría ser recurrida en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Otra opción es que ambos reconozcan su responsabilidad en los hechos y asuman el pago voluntario de la multa, con lo que conseguirían una reducción conjunta en su importe, hasta bajarlo a los 720 euros.

El alcalde de Valladolid, también sancionado

La Junta Electoral también ha dictado otra resolución, en este caso sobre el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), para reconocer que un expediente anterior fue incorrectamente tramitado al no notificarle correctamente su situación, pero seguidamente incoa un nuevo expediente sancionador sobre los mismos hechos, en concreto por su tuit publicado en la jornada de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en el que incluyó etiquetas utilizadas por su partido en esa campaña.

En concreto, utilizó las etiquetas #TuVotoEsLaRespuesta y #VotaPP, lo que entiende la Junta Electoral que puede constituir una infracción electoral sancionada con multas de entre 300 y 1.200 euros.

Cabe apuntar que en las alegaciones derivadas de la denuncia inicial del PSOE, Jesús Julio Carnero explicó que los hechos relatados se referían a su perfil “personal como persona física y no como alcalde” y que la publicación la realizó el responsable de Prensa de Alcaldía. La resolución no estimo las excusas presentadas.

La Alcaldía de Leganiel está en el aire a la espera una resolución judicial después de que hace unos días se formalizarla en el pleno la dimisión del alcalde, Eduardo Recio, y la teniente de alcalde de esta localidad conquense, Margarita Cuesta.

Según fuentes consultadas por Europa Press, en las últimas elecciones municipales el PSOE obtuvo cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense. Sin embargo, en la lista presentada por los socialistas no hay suplentes, de tal forma que los dos concejales que entrarían en la nueva corporación serían dos suplentes del Partido Popular, que pasaría a tener la mayoría absoluta con tres ediles.

El Partido Socialista ha trasladado esta situación a la Junta Electoral Provincial y se espera que emita una resolución en torno al día 27 de agosto.

Si este órgano decide que entren en la Corporación municipal los concejales del PP, las fuentes consultadas por Europa Press no descartan que esta formación permita al PSOE gobernar en minoría, al menos “hasta que las aguas vuelvan a su cauce”, ya que la situación que deja el ya exregidor es de “tensión” en el Ayuntamiento de Leganiel.

Según ha desvelado el sindicato Comisiones Obreras, uno de los motivos que provocaron la dimisión del alcalde y su teniente alcalde es un conflicto con un trabajador municipal afiliado a este sindicato.

En un comunicado, CCOO y este trabajador han denunciado que fue tras las últimas elecciones municipales “cuando este empleado municipal empezó a sufrir la presión y acoso de estas dos personas, especialmente del ya exalcalde”.

Aseguran que este empleado tenía que estar “a sus ordenes las 24 horas del día, sin que medie ninguna comunicación por escrito ni justificación, simplemente apelando al poder de dirección y autoorganización del personal del Ayuntamiento”.

Según CCOO, esta situación se ha ido acrecentando “con mentiras y bulos” expresados entre los vecinos y, concretamente, en la reunión realizada el pasado 7 de junio, “donde vertió toda una serie de mentiras y valoraciones personales, rozando el insulto, ante los vecinos y vecinas que asistieron al citado acto, en el que también estaban los hijos del trabajador, que fueron testigos directos de los ataques del ya exalcalde”.

Esta situación derivó en un cuadro de ansiedad del empleado municipal, al que el medico de Atención Primaria le pasó a Incapacidad Temporal, “la primera en sus más de 24 años de servicio”.

A su regreso, siempre según el sindicato, la situación fue a peor y la teniente de alcalde “grababa al operario durante su tiempo de trabajo”.

El referido empleado también registró un escrito el 1 de abril exponiendo este mal ambiente y solicitaba que las órdenes de trabajo se les comunicasen por escrito, “algo que por supuesto el exalcalde nunca cumplió”.

CCOO señala que otros trabajadores sufrieron los “modos y maneras” de estos dirigentes y vieron como se les abría expedientes sancionadores.

La última de las decisiones del exalcalde de Leganiel “fue intentar imponer unilateralmente el fichaje por huella, algo que los propios trabajadores cuestionaron al defender que el registro de jornada obligatorio por ley se podía hacer por otros medios o instrumentos”.

“Desde CCOO y el personal municipal afectado por esta manera de gestionar y gobernar, confiamos que las personas que ahora asuman la máxima responsabilidad de la gestión del Ayuntamiento, vengan con otro talante”, termina indicando el sindicato.

La Junta Electoral Central ha estimado un recurso presentado por el PSOE contra una resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid y ha instado a ésta a abrir expediente sancionador contra el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, por la publicación de varios mensajes en las redes sociales en la jornada de reflexión de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, con 'hashtags' en los que se pedía el voto para el Partido Popular.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que la Junta Provincial había desestimado la denuncia inicial del PSOE contra Carnero por los mensajes publicados en sus perfiles de redes sociales de 'X' y Facebook.

Los socialistas interpusieron recurso ante la Junta Electoral Central dado que interpretaban que el perfil particular del alcalde en la red 'X' había publicado mensajes con eslóganes de campaña del PP, lo que resultaría contrario a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

La JEC estima que las expresiones incluidas en los mensajes “carecen de un grado de ofensividad como para poder ser consideradas delito”, pero sí que entiende que “pueden constituir una infracción presunta de lo dispuesto en la LOREG”.

Por ello, ha estimado el recurso del PSOE, ha revocado el acuerdo de la Junta Electoral Provincial y ha instado a ésta a que incoe el correspondiente expediente sancionador a Carnero por presunta infracción de la LOREG.

El acuerdo es firme en vía administrativa aunque contra él cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un plazo de dos meses desde la publicación.

Cabe apuntar que en las alegaciones derivadas de la denuncia inicial del PSOE, Jesús Julio Carnero explicó que los hechos relatados se referían a su perfil “personal como persona física y no como alcalde” y que la publicación la realizó el responsable de Prensa de Alcaldía.

Además, se habían eliminado ya los mensajes y se alegaba que el mismo día de la votación perfiles de políticos del PSOE como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, o la candidata a las elecciones europeas Iratxe García incluían también mensajes como “salgamos a votar por Europa, por el futuro y por el progreso” o “#VotaconlaZurda”.

No obstante, la resolución considera que ni esta circunstancia ni la retirada inmediata de las expresiones publicadas en la cuenta de Carnero son argumentos suficientes “como para no proceder a la apertura de expediente sancionador, ya que será entonces cuando deberá procederse a su valoración”.

La Junta Electoral de Segovia reprocha a la Diputación que vendiera logros durante la campaña electoral, concretamente el mismo domingo 9 de junio. La Diputación publicó en su web y sus redes sociales que daría un anticipo a los ayuntamientos de la recaudación tributaria. Tras una denuncia del PSOE segoviano, la Junta Electoral dio 24 horas a la Diputación de Segovia para explicarse, pero la Administración provincial decidió no contestar.

La Junta Electoral expone que esas publicaciones no se podían realizar porque se considera que anuncia “un logro” de la Diputación. “Esta publicación resultaba innecesaria en el día en que se efectuó, puesto que se trata de una mera noticia que, de la misma forma que se publicó el día 9 de junio, podía haberse hecho el día 10 sin ninguna consecuencia”, señala el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Sin embargo, la Junta Electoral provincial considera que no debe iniciarse un expediente por una infracción electoral porque el mensaje del domingo electoral fue “Un hecho aislado”. “No cabe apreciar tal gravedad, puesto que se limitó a la publicación de la noticia en la web y su reflejo en el perfil de sus redes sociales, sin que conste que en ese día tuviese reflejo alguno en los medios de comunicación”, sentencia.

Este organismo también alude al “escaso” impacto de esas publicaciones: 147 visitas en la página de Facebook y 7 likes en Instagram. Por este motivo, la Junta Electoral entiende que no existe una gravedad que justificase la apertura del expediente.

El PSOE de Segovia ha exigido al gobierno de la Diputación que respete “las reglas de la democracia”, cumpla con la ley y que “deje de hacer trampas”. Los socialistas también han pedido al Partido Popular que cese de hacer “propaganda” con las redes sociales de la Diputación “como si fueran de su propiedad” e instan a mantener la neutralidad institucional a las Administraciones públicas.

Esta decisión se hace pública un día después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara que va a recurrir la decisión de la Junta Electoral de Valladolid, que ha acordado abrir un expediente sancionador al gobierno autonómico y a Mañueco, por la reiteración apreciada en las últimas campañas electorales a la hora de realizar actos institucionales en los que hacía “venta de logros” con “fines electoralistas”.

El PSOE también ha denunciado ante la Junta Electoral al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), por pedir y orientar el voto a través de sus redes sociales en la jornada electoral del pasado domingo, algo por lo que el responsable de Prensa del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid, Juan Manuel García, ha asumido su responsabilidad y su “error”.

La Junta Electoral Provincial de Balears ha estimat les denúncies presentades per Ara Més, Podemos i el PSIB-PSOE per la presentació, dos dies abans de les eleccions europees, del Pla d'Habitatge de l'Ajuntament de Palma per part del seu batle, Jaime Martínez (PP). Divendres passat, el primer edil anunciava la posada en marxa de 1.200 vivendes socials i de lloguer limitat que seran gestionades per empreses privades durant 75 anys.

En un escrit, la Junta Electoral Provincial assenyala que ha decidit estimar les tres denúncies atès que, malgrat que la convocatòria d'eleccions no paralitza l'activitat ordinària del Consistori, “no es troba concreció que justifiqui l'anunci” aquell dia. Per això, declara que el batle va vulnerar l'article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

La Junta Electoral ha desestimat, però, una denúncia del PSIB-PSOE contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, arran d'una roda de premsa convocada el mateix divendres, dia 7 de juny, per a la presentació del pla de treball dissenyat per coordinar la taula del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de Balears.

En aquest cas, l'ens sí que considera que la roda de premsa responia a raons concretes en avançar aspectes del funcionament de la taula, òrgans que s'ha de reunir previsiblement a més a finals d'aquesta mateixa setmana.

La Junta Electoral Provincial de Balears ha estimado las denuncias presentadas por Ara Més, Podemos y el PSIB-PSOE por la presentación, dos días antes de las elecciones europeas, del Plan de Vivienda del Ajuntament de Palma por parte de su alcalde, Jaime Martínez (PP). El pasado viernes, el primer edil anunciaba la puesta en marcha de 1.200 viviendas sociales y de alquiler limitado que serán gestionadas por empresas privadas durante 75 años.

En un escrito, la Junta Electoral Provincial señala que ha decidido estimar las tres denuncias dado que, pese a que la convocatoria de elecciones no paraliza la actividad ordinaria del Consistorio, “no se halla concreción que justifique el anuncio” ese día, por lo que declara que el primer edil vulneró el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La Junta Electoral ha desestimado, sin embargo, una denuncia del PSIB-PSOE contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, a raíz de una rueda de prensa convocada el mismo viernes, día 7 de junio, para la presentación del plan de trabajo diseñado para coordinar la mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Balears.

En este caso, el ente sí considera que la rueda de prensa respondía a razones concretas al avanzar aspectos del funcionamiento de la mesa, órganos que se tiene que reunir previsiblemente además a finales de esta misma semana.