La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la “custodia” de estos sufragios que plantearon los populares y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior.

En las dos resoluciones ante estas peticiones, el organismo arbitral recuerda también a PP y Vox que la Administración electoral “debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador” y les anima a cambiar la ley si consideran que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral. “Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto”, argumenta la JEC.

Además, el 'árbitro' de las elecciones explica a PP y Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan “denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad” como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados. En este punto, recuerdan los hechos ocurridos en el marco de las elecciones de Extremadura en diciembre de 2025 después de un robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en la que unos ladrones sustrajeron la caja fuerte del establecimiento con 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo.

La Guardia Civil lo consideró un acto de “delincuencia común” y la Junta Provincial de Badajoz activó un operativo especial “para asegurar que estos ciudadanos pudieran ejercer su derecho, logrando que 122 de los 124 electorales afectados pudiesen llevarlo a cabo, no siendo posible en 2 casos por hallarse estos fuera del territorio nacional”. Además, con respecto al voto por correo, la JEC insiste en que Correos “adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales”.

Con respecto a las medidas en el caso del voto CERA, la JEC explica que en el escrito de Vox “tan solo se invoca la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo de los españoles que residen dentro del territorio nacional y el voto de los electores inscritos en el CERA”. “En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2014, de 25 de septiembre, ya declaró que en este caso, ”no considera el Tribunal Constitucional infringido el derecho a la igualdad, toda vez que son distintas circunstancias de los españoles residentes y de los residentes ausentes como bien expresa la necesidad de recurrir a artificios administrativos para hacer posible la condición de vecinos de estos últimos“, argumenta.

La Junta Electoral ya anunció este jueves que daría orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

A juicio de la Junta Electoral, que atiende así parcialmente sendas denuncias presentadas por PP y SALF, en esa rueda de prensa en la Moncloa Sánchez “no se limitó a informar sobre el contenido de los reales decretos leyes aprobados, sino que introdujo manifestaciones valorativas relativas a la actuación de su Gobierno, a los partidos de la oposición y a la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. En concreto, el máximo organismo electoral se refiere a frases en las que el jefe del Ejecutivo presumió de su gestión. “Con esa forma de hacer política, y ahí están los resultados económicos, en términos de empleo y también de desigualdad, hemos sacado adelante nada más y nada menos que 33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales en esta legislatura”, dijo Sánchez.

“Y es que en 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones”, fue otra de las frases que rechaza la Junta Electoral. “Yo creo que este gobierno ha hecho mucho durante estos últimos ocho años por la vivienda”, dijo también el presidente, que añadió: “Hemos multiplicado por ocho los presupuestos. Hemos también dado a las comunidades autónomas 7.000 millones de euros para que construyan más vivienda protegida”.

Asimismo, la Junta Electoral considera que Sánchez “realizó apreciaciones críticas sobre los partidos de la oposición”. El presidente del Gobierno denunció, por ejemplo, que en el último Pleno del Congreso “no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios”. “Y ahí está el PP, ahí está por supuesto Vox, lo que pasa es que a Vox no le meto en la ecuación porque no entiendo que hagan política, es otra cosa”, añadió.

Finalmente, la Junta Electoral considera que Sánchez “vinculó las medidas anunciadas con la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. “Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda”, dijo Sánchez.

Para el organismo electoral “estas manifestaciones, consideradas en su conjunto, exceden de la exposición objetiva de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, al incorporar referencias a los logros de la acción gubernamental, valoraciones críticas sobre otras formaciones políticas y alusiones a la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia en las elecciones convocadas”. “El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el periodo electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo”, zanja.

La Junta Electoral Provincial de Murcia ha archivado de forma unánime la denuncia del PSOE contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por criticar a Pedro Sánchez durante una declaración institucional en el Palacio de San Esteban posterior al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas solicitaron la apertura de un expediente sancionador contra el jefe del Ejecutivo regional por una posible vulneración de la Ley Electoral, al tiempo que exigieron la retirada del vídeo de la comparecencia de la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

En su resolución, aunque la Junta Electoral no considera que los mensajes del presidente de la Región de Murcia fueran políticamente neutrales, ha recordado que se pronunciaron antes de que comenzase legalmente el periodo electoral. Y es que, las declaraciones se produjeron el 5 de octubre, mientras que la convocatoria electoral no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el día 6.

Es por ello que la Junta Electoral va a permitir que continúen en línea el vídeo de la declaración institucional, además de las publicaciones en redes sociales: “No existe norma ni criterio interpretativo que establezca que, iniciado el periodo electoral, todas las noticias publicadas referidas a actos anteriores, por tanto, válidos, deban retirarse”, ha detallado la resolución.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, señaló la portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea.

El Tribunal Supremo mantiene las medidas cautelares que acordó el pasado septiembre y que, en la práctica, impedirán el derecho al voto de más 160.000 descendientes de represaliados del franquismo. En un auto, los magistrados determinan que sólo podrán votar quienes tengan un certificado que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. Según esta resolución quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presumía la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que han puesto el foco los magistrados.

El Supremo obvia, en consecuencia, las alegaciones que realizó la Abogacía del Estado en representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, de quien depende la Oficina de Censo Electoral (OCE), el órgano encargado de la formación del censo. Los servicios jurídicos del Estado advirtieron en un escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. Y que, por tanto, no podían facilitar esos certificados que exige el Supremo para poder participar en las elecciones.

En otro escrito de la semana pasada señalaron que con la nueva fecha para las elecciones era “materialmente imposible” revisar esos expediente porque los datos que están en el censo no distinguen entre los distintos casos. “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, alegó la Abogacía del Estado.

Los magistrados afean al Ejecutivo que pretenda eludir el mandato judicial alegando falta de tiempo cuando hasta el momento no ha dado cuenta de qué medidas ha puesto en marcha para cumplirlo. “A la fecha del presente auto, cuando ya ha transcurrido un mes desde la adopción de las medidas cautelares encaminadas a que se garantice la corrección del censo electoral, la Sala y las partes en este procedimiento desconocen absolutamente, si se ha iniciado este desglose; de haberse iniciado, cuántos expedientes han sido ya clasificados conforme al criterio establecido en el Auto, así como la trazabilidad de los mismos, para que esta Sala pudiera valorar el grado de cumplimiento de las órdenes cursadas”, dicen los magistrados.

Así, cuestionan que “el nivel de cumplimiento de lo ordenado [...] es inexistente o, al menos, desconocido porque la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, a los que incumbe la ejecución de lo acordado en la resolución de esta Sala, no han aportado ningún documento que acredite cuántos expedientes han sido desglosados o, al menos, cuál es el grado de cumplimiento alcanzado”.

Los magistrados soslayan, por tanto, las alegaciones de la Abogacía del Estado, que se basaban en informe de la Dirección General de Asuntos Consulares. En un escrito del 18 de septiembre, este ente dependiente del Ministerio de Exteriores explicaba que ni el censo exterior ni el Registro de Matrícula Consular recogen a través de sus herramientas informáticas la vía de adquisición de la nacionalidad. Así que para cumplir el requerimiento del Supremo es imprescindible identificar y examinar manualmente 163.020 expedientes, una tarea que exige revisar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. Hay, además, algunos casos de alta concentración de expedientes. Rosario y Buenos Aires superan los 20.000 expedientes cada una y La Habana se aproxima a 30.000, según este informe.

Los magistrados insisten, sin embargo, en que “el riesgo de que se constituya irregularmente un Censo de Electores, en este caso el CERA, sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española, sigue persistiendo con la misma intensidad”.

El Supremo ha tomado esta decisión sin dar audiencia a las miles de personas afectadas. Los magistrados acuerdan ahora la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tablón Edictal Judicial Único y las sedes consulares y les otorgan cinco días hábiles para que puedan personarse en la causa con abogado y procurador.

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha denunciado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban para realizar “un acto de marcado carácter partidista” inmediatamente después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PSRM ha solicitado la apertura de un expediente sancionador a Fernando López Miras “por vulnerar la Ley Electoral”, así como la retirada del vídeo de la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, considera que López Miras ha vuelto a utilizar una institución pública “como si fuera la sede del Partido Popular” y reclama que la Junta Electoral determine si su actuación vulnera el principio de neutralidad institucional y las limitaciones establecidas por la legislación electoral.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que el propio López Miras ya tiene un precedente en esta materia. En mayo de 2023, durante la campaña electoral de las autonómicas, el entonces candidato del PP presentó en el Palacio de San Esteban el Torneo Carlos Alcaraz. La Junta Electoral Provincial concluyó que la nota de prensa, las intervenciones de López Miras y la elección de la fecha del acto tenían “connotación electoralista” y suponían una “infracción electoral”.

“Es especialmente grave que tengamos que volver a denunciar al presidente por utilizar San Esteban con fines políticos cuando ya existe una resolución de la Junta Electoral que le advirtió precisamente por un acto de estas características en el mismo lugar”, ha afirmado Gadea.

La portavoz del PSRM también ha recordado que en aquella campaña electoral la Junta Electoral Central llegó a incoar un expediente a López Miras por utilizar su correo oficial como presidente de la Comunidad para enviar a los funcionarios una comunicación sobre la jornada laboral de 35 horas.

“Los antecedentes son claros. Los recursos y los espacios de la Administración no pertenecen al Partido Popular. Son de todos los ciudadanos y deben utilizarse con absoluta neutralidad, especialmente cuando estamos ante un proceso electoral”, ha subrayado.

“Lo que hizo López Miras en San Esteban este lunes no fue una comparecencia institucional para informar a los ciudadanos. Fue una intervención partidista en la que atacó al Gobierno de España y presentó las urnas como una oportunidad para cambiarlo. Y todo ello desde la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, ha añadido Gadea.

En este sentido, Gadea ha reclamado a López Miras que “deje de confundir sus responsabilidades como presidente de la Comunidad con sus intereses como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia”.

“San Esteban no es la sede del PP ni la Presidencia de la Comunidad el cortijo electoral de López Miras. Los medios y las instituciones públicas no están para hacer campaña ni para servir a los intereses de un partido, son patrimonio de toda la ciudadanía y no vamos a consentir que se usen con fines partidistas”, ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central en el que denuncia que la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo genera una “discriminación” directa por razón del lugar de residencia. 

El órgano advierte de que las medidas cautelares del Alto Tribunal colocan en desventaja a los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en el extranjero al amparo de la Ley de Memoria Democrática respecto a quienes residen en España. Según expone el CGCEE en su escrito del 24 de septiembre de 2026, mientras que un nacionalizado que vive en España conserva intacto su derecho fundamental al voto al figurar en el censo de residentes (CER), una persona con su mismo título, obtenido por idéntico procedimiento y en la misma fecha, ve congelados sus derechos electorales por residir en el extranjero.

Además, el escrito censura la “estigmatización” y los discursos que cuestionan de forma generalizada la legitimidad del sufragio exterior. Así, califica de “improcedentes” las manifestaciones que atribuyen comportamientos o motivaciones dudosas a un colectivo de más de tres millones de personas y recuerda que la ciudadanía en el extranjero forma parte plena de la comunidad política española. 

Asimismo, recalca que la ley electoral únicamente permite privar del derecho de sufragio mediante una sentencia penal firme, por lo que la aplicación administrativa de estas medidas cautelares suspende de facto una prerrogativa constitucional sin que exista condena alguna ni se haya dado trámite previo de audiencia o defensa a los afectados.

El organismo trata de desmontar también las “premisas fácticas” sobre las que el Supremo fundamentó la existencia de un riesgo de alteración electoral. En primer lugar, aclara que la concesión de la nacionalidad no supone un “volcado automático” ni directo al censo (CERA), sino que exige un trámite voluntario y diferenciado de alta en el Registro de Matrícula Consular que muchos beneficiarios no llegan a formalizar. 

En segundo lugar, subraya que el crecimiento del censo exterior responde a una tendencia histórica de más de dos décadas, que se debe a la mayoría de edad de residentes o traslados desde España, y no puede achacarse exclusivamente a la ley de nietos. Por último, recuerda que la participación del electorado en el extranjero es históricamente reducida, lo que invalida la tesis del Supremo de la supuesta incidencia decisiva en las urnas. 

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado en su reunión extraordinaria de este lunes evitar el choque con el Tribunal Supremo y dar cumplimiento a su mandato sobre la ley de nietos, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Tras dos horas de reunión, el órgano ha acordado por siete votos a seis no impugnar la decisión del Alto Tribunal de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y, siguiendo el mandato de los magistrados, ha decidido ordenar a los consulados que desglosen el censo para verificar la condición de descendiente de exiliado de cada uno de los nacionalizados a través de esta ley. 

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, sólo podrán seguir en el censo aquellos que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco una instrucción del Ministerio de Justicia que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acuerdan mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

En la reunión de este lunes, el pleno rechazó la interposición de un recurso contra esas resoluciones del Alto Tribunal en una ajustadísima votación que se resolvió por siete votos a seis. El presidente del órgano, Eduardo Calvo, expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción. Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de este órgano.

Por otro lado, la Junta abordó la fórmula para dar cumplimiento a los requerimientos fijados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De acuerdo a las fuentes consultadas, parte del pleno planteó que la propia Junta Electoral asumiera directamente un estudio de cada expediente en cada oficina consular. Por otro, se puso sobre la mesa la opción de limitar la actuación del órgano a trasladar el mandato del Supremo directamente a los consulados.

Finalmente, esta última vía se impuso por ocho votos a cinco. En consecuencia, serán los cónsules encargados de los registros los que deban exigir y certificar la prueba documental e individualizada del exilio sin aplicar la presunción general contemplada en la instrucción dictada por Justicia hace cuatro años. 

La Junta Electoral Cetral (JEC) ha respaldado este jueves el acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en el que instaba al PSOE-A a “suprimir” una frase de una campaña telefónica durante la campaña electoral para el 17 de mayo para evitar crear “confusión” en los ciudadanos con llamadas de centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre citas médicas.

La JEC ha asegurado que la frase inicial de dicha campaña, “le llamo por su próxima cita médica”, “puede inducir a error a la ciudadanía”, aunque ha defendido que el mensaje denunciado es “compatible con la normativa electoral”.

La denuncia parte de un ciudadano anónimo en la que explicaba que había recibido “una llamada a su teléfono móvil con un mensaje grabado en el que, tras aludir a su próxima cita médica, se hacía referencia al daño y abandono del Partido Popular y su presidente a la sanidad pública y a que, para arreglarlo, habría que votar al PSOE, indicando que es un anuncio de dicho partido para las elecciones andaluzas”.

“Confusión”

Según los enlaces aportados con la denuncia, en la llamada recibida se diría lo siguiente: “Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública. Ya somos más de dos millones de andaluces en lista de espera. Sólo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones, vota sanidad pública, vota PSOE. Este es un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español”.

En un primer acuerdo, la JEA indicaba que la primera parte del mensaje telefónico “podía inducir a confusión” sobre la autoría de la llamada por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), “afectando a la tranquilidad ciudadana respecto a la asistencia de su derecho a la salud y menoscabando la confianza en los canales de comunicación sanitaria ordinarios”.

“Mensaje político”

Por su parte, el PSOE-A ha defendido ante la JEC que la propaganda electoral “goza de una protección reforzada” y que la expresión utilizada en el mensaje “se inserta dentro de un mensaje político y electoral relativo al estado de la sanidad pública andaluza y de las listas de espera sanitarias, sin que se haga referencia al Servicio Andaluz de Salud”.

En respuesta a este recurso, el SAS ha señalado que el orden del mensaje “activa una expectativa legítima de información sanitaria que altera la confianza pública, creando un cierto riesgo en la ciudadanía para distinguir los canales administrativos de salud respecto de los de propaganda ajena”.

Tras la confirmación de la decisión de la JEA, el acuerdo de la JEC es “firme en vía administrativa” y contra el mismo se puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Por Andalucía ha presentado una denuncia a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) por la emisión este miércoles en Canal Sur del videoclip de la canción Kilómetro Sur, realizada por el candidato popular Juanma Moreno, “fuera de los espacios oficiales para propaganda electoral”.

En un comunicado, la coalición ha indicado que el programa Despierta Andalucía ha emitido al final de su emisión de este miércoles una parte del videoclip “donde se incluía una parte del spot televisivo electoral del Partido Popular para las elecciones del 17 de mayo”.

Asimismo, ha destacado que dicha emisión se ha compartido en las redes oficiales de la cadena y se ha subido a la plataforma Canal Sur Más. Desde Por Andalucía han señalado que “no ha se hecho una pieza equivalente sobre los vídeos, spots o videos de redes de otras candidaturas”.

Expediente sancionador

“Emitir propaganda electoral en programación que no está contemplada para ese fin, conforme al Plan de Cobertura validado por la JEA es contrario a la normativa electoral”, ha subrayado. Por ello, la coalición ha pedido a la JEA que requiera a Canal Sur la retirada de las plataformas del contenido y que “se abstenga en el futuro de realizar actos similares”.

Asimismo, ha solicitado un expediente sancionador al respecto por “haber vulnerado el principio de neutralidad informativa que durante los periodos electorales deben respetar escrupulosamente los medios de comunicación”. El PP-A ha publicado en la mañana de este miércoles el videoclip oficial de Kilómetro Sur, la canción realizada por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien aparece en el vídeo oficial.

La canción, que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo, es, según ha señalado, “una especie de tributo” que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla ha dado la razón al PSOE-A en su denuncia por la utilización partidista del proyecto del tranvía de Alcalá de Guadaíra por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez. El acto tuvo lugar el pasado 30 de abril, el mismo día en el que a medianoche se inició la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según ha informado el PSOE en una nota, la autoridad electoral considera que Moreno convirtió un acto institucional –la puesta en servicio de una infraestructura ferroviaria financiada con fondos públicos– en un evento que “publicita” una serie de logros desarrollados desde el Gobierno andaluz, utilizando incluso logos y material en la escenografía en el municipio sevillano que “se asemejan más a los de la candidatura del PP a la Presidencia de la Junta que los habituales de la Administración autonómica”.

En el acto, convocado por el PP y en el que Moreno ejercía formalmente como candidato a la reelección, el presidente andaluz manifestó que el tranvía, una infraestructura “clave para la movilidad metropolitana de Sevilla y para la calidad de vida” de miles de familias, estará en funcionamiento este año 2026. Asimismo, subrayó que el Gobierno andaluz “cumple con la palabra dada y hace posible un proyecto que no existía y no iba a ser viable” y que hoy se encuentra ya en fase de pruebas.

La Junta Electoral ordena a Moreno “la inmediata retirada” de todos los contenidos referidos a este acto relacionado con el tranvía de Alcalá de Guadaíra denunciado por el PSOE-A “de la página oficial de YouTube del PP-A, de los medios institucionales y de las redes sociales gestionadas por la Junta de Andalucía y por el PP”.

“Autobombo con recursos públicos”

Por su parte, la portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha denunciado que “llevamos meses y años viendo a Moreno en inauguración, de foto en foto y de autobombo usando recursos públicos y actos institucionales para intentar tapar el enorme deterioro de Andalucía” bajo su gestión.

Asimismo, ha alertado de que al presidente y al PP “se les ha ido de las manos” en periodo electoral, de manera que la Junta Electoral ha tenido que intervenir por “vulnerar el principio de neutralidad de los poderes públicos”.

Por último, Férriz ha hecho hincapié en que “no todo vale en campaña electoral”, al tiempo que ha reclamado a Moreno que “la Junta de Andalucía no es suya, ni el dinero de los andaluces se puede utilizar para promocionarse, ni para engañar a los andaluces y anunciar que va a hacer todo lo que no ha hecho en ocho años”.

La Junta Electoral de Andalucía ha estimado parcialmente este miércoles la denuncia presentada por el PSOE-A en relación a las declaraciones realizadas por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, sobre la huelga de médicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, España “vulneró el deber de neutralidad” de los cargos públicos en periodo electoral y ha instado a “extremar el cuidado en sus declaraciones públicas”. Asimismo, ha ordenado la retirada de las palabras denunciadas del vídeo publicado en el portal institucional de la Junta de Andalucía.

En dichas declaraciones, la portavoz del ejecutivo andaluz aseguraba que la huelga “se debía a la incapacidad del Gobierno de España de sentarse a dialogar, de alcanzar un acuerdo”, así como remarcar que dicho paro era “contra el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Para la JEA estas palabras “son valoraciones negativas al Gobierno central,de diferente signo político que el Consejo de Gobierno de Andalucía”.

“Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, no le exime del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad”, ha indicado el escrito en referencia a lo expresado por la Junta Electoral Central en un caso anterio.

Pese a reconocer la “falta de diligencia y contención”, la JEA no ha estimado abrir un procedimiento disciplinario “dado que no existe precedente en el presente proceso electoral de declaraciones de la misma consejera y portavoz del Gobierno en las que haya incurrido en infracción de la normativa en materia electoral”.

Según la denuncia presentada por el PSOE, la portavoz “no desaprovechó la ocasión para efectuar declaraciones de claro carácter electoral y venta de gestión o logros del Gobierno del que es portavoz en la que deslizó valoraciones de tono propagandístico en relación con algunos asuntos”.

Por su parte, la letrada del gabinete jurídico de la Junta ha defendido que las declaraciones de la consejera “constituyen una información objetiva sobre los acuerdos y tomas de conocimiento realizados durante la última sesión del Consejo de Gobierno y que se limita a responder espontáneamente a preguntas de un periodista sin tratarse de una manifestación preparada”.

Tras la publicación del acuerdo, se puede interponer recurso, que será resuelto por la Junta Electoral Central. El recurso deberá presentarse ante la Junta Electoral de Andalucía dentro de las 24 horas posteriores a la notificación.

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado este jueves cinco acuerdos adoptados por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en las que estimaba las denuncias presentadas por la coalición Por Andalucía a cinco visitas técnicas realizadas por consejeros de la Junta tras el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo, así como la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad.

En todos los acuerdos, la JEC ratifica que dichas visitas vulneran las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Asimismo, el organismo ha instando a dichos consejeros a que se “abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada, que pudieran vulnerar la Loreg, y a que extreme las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional durante el curso del proceso electoral conducente a las elecciones del 17 de mayo de 2026”.

“El consejero, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de las actividades realizadas en su condición de cargo público”, ha indicado la JEC en los acuerdos consultado por Europa Press.

Declaraciones y cobertura mediática

En concreto, el organismo ha respaldado la denuncia presenta en las visitas de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte en Sevilla; también Rocío Díaz a las últimas pruebas de la conexión con el trazado de la prolongación del metro de Granada; en los trabajos de emergencia en la vía autonómica A-333; del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al centro de salud de Salobreña (Granada); y también de Sanz al hospital de Motril (Granada).

En todos los recursos presentados a la JEC, la Junta ha alegado que estas visitas técnicas se realizaron “conforme a la normativa electoral, pues no consta que en la visita se haya hecho convocatoria de medios, ni que apareciera en la agenda institucional, sin que se emitiese ninguna nota de prensa”. En esta línea, el gobierno andaluz ha indicado que la publicación en redes sociales se ha producido en la cuenta personal del perfil de X del consejero, “y por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión”.

Sin embargo, pese a estos argumentos, la JEC ha corroborado que varios medios de comunicación cubrieron la visita y que los consejeros realizaron declaraciones. Asimismo, según el organismo, “las características del vídeo, que en buena parte de su extensión focaliza su atención en la consejera y su equipo y tiene una elaboración muy profesional, del mismo tipo que otros vídeos relativos a visitas que la Junta Electoral ha examinado con ocasión de denuncias ha determinado que se considere como un indicio añadido de que la visita se llevó a cabo rebasando el carácter de una mera visita técnica y con un componente promocional”.

Los acuerdos son firmes en vía administrativa contra los que solo cabe una interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Desestimadas varias denuncias contra 'tuits' de Moreno

En la reunión de la Junta Electoral Central de este jueves, también se ha desestimado el recurso presentado por la coalición Por Andalucía contra la decisión de la JEA de no considerar contra la Loreg vario 'tuits' publicados por Juanma Moreno en su cuenta en la red social 'X' en los que venía a valorar fiestas como la tauromaquia o la Semana Santa.

Según la JEC, “no resulta posible encontrar en las manifestaciones denunciadas ningún contenido electoralista”. “No hay en ellas alusiones a realizaciones o logros obtenidos, ni referencias comparativas o críticas con otras formaciones políticas, ni se utilizan imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en la campaña por alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones”, ha remarcado.

En todos los casos, la Junta Electoral de Andalucía acordó desestimar estas denuncias apoyándose para ello en artículos de la Loreg y en acuerdos anteriores sobre cuestiones similares.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificado este jueves que la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) no podrá utilizarse “para la identificación del votante” en las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo, al no estar garantizado que “el control de la verificación de la identidad de los electores” por dicho sistema es “suficientemente segura”.

Así lo señala la JEC en un acuerdo adoptado este jueves, 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) “relativa a la repercusión en la suspensión de la eficacia de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' como medio válido de identificación de los votantes para las elecciones al Parlamento de Andalucía” del 17 de mayo.

La Junta Electoral Central decidió el pasado 26 de marzo dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del DNI para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, y a instancias del PP acordó que ya no se pueda utilizar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y mientras no se garantice que el control de verificación sea “suficientemente seguro”.

Control de la verificación de la identidad

La JEC ha ratificado así en su acuerdo de este jueves, 23 de abril, ese otro del pasado 26 de marzo de 2026 “sobre la suspensión de la eficacia de sus acuerdos por los que se permitía la utilización de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo”.

De esta manera, “como se dice en el mencionado acuerdo, dichas aplicaciones no podrán utilizarse para la identificación del votante, en tanto no se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura, lo que no se produce en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para el día 17 de mayo próximo”, zanja el acuerdo de la JEC en respuesta a la consulta de la Junta Electoral andaluza.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía subrayaron el pasado marzo que esta decisión de la JEC se producía también “tras la impugnación formal y las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía”, que “cuestionaban que dicho documento cumpliera las garantías de la normativa electoral para la identificación del votante”.

“Con esta resolución, se atiende la solicitud de la Junta para que la identificación de los votantes se realice exclusivamente mediante los documentos físicos expresamente previstos por la ley”, remarcaron al hilo de dicha resolución del 26 de marzo desde la Consejería de Presidencia, desde donde añadieron que “la Administración andaluza entiende que, mientras no existan mecanismos de verificación plenamente operativos y accesibles, el uso del soporte digital no cumple las garantías exigidas en la normativa electoral”.

Escrito de la Junta

La Junta de Andalucía “advirtió que el uso de la versión digital del DNI carecía de las garantías necesarias para asegurar la integridad del proceso de votación, ya que la administración electoral no dispone actualmente de los medios tecnológicos ni de las aplicaciones oficiales necesarias para realizar la verificación de los códigos QR dinámicos que genera la aplicación 'MiDNI', lo que impide asegurar una comunicación segura y completa”.

El escrito presentado por la Junta “se fundamentaba en que el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General exige la identificación mediante documentos físicos, como el DNI o el pasaporte, que contengan la fotografía del titular”. Además, “señalaba que las mesas electorales carecen de los dispositivos para la comprobación en tiempo real prevista en el diseño del sistema”.

Por otro lado, “la dependencia de la aplicación 'MiDNI' planteaba dudas en supuestos donde no se pueda garantizar una cobertura de comunicaciones adecuada, lo que generaría una evidente inseguridad jurídica y disparidad de criterios entre las distintas mesas”, argumentaron desde el Gobierno andaluz a la hora de pedir que no se autorizara el uso del DNI digital para la identificación de votantes en la cita del 17 de mayo.

La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo. La decisión se toma después de que Adelante Andalucía presentara una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC), ya que en este acto el rey Felipe VI le iba a dar el galardón al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a su vez vicepresidente del Comité, en una ceremonia que iba a tener lugar en principio el 12 de mayo, a cinco días de las elecciones.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante “cualquier controversia o utilización política del premio”, se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde a la “salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional” del Premio Carlos V, que lleva entregándose más de tres décadas, así como “proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones”, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El Ejecutivo regional subraya, en todo caso, que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea, y no en ninguna figura política concreta. De hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, “en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación”.

“Acto electoral con el rey”

Adelante Andalucía había anunciado este jueves un recurso ante la Junta Electoral por este acto, sustentándolo en que el acto de entrega estaba previsto a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía. “No queremos rey, pero si lo tenemos que al menos no se dedique a hacer campaña por el PP”, denunciaba la formación política.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, argumentó que “el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña”, antes de incidir en que “la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP”.

El anuncio de la entrega lo hizo el miércoles la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (PP). El Gobierno extremeño justificó la entrega del galardón a la Comisión Europea de las Regiones con el argumento de que “encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea”. Concretamente, la presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en la húngara Kata Tütto, con Juan Manuel Moreno como vicepresidente, dos representantes de países distintos y pertenecientes a distintas familias políticas europeas que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión.

El PSOE ha denunciado a la asociación ultra Hazte Oír ante la Junta Electoral Central por la difusión pública del documental Los crímenes del Partido Socialista durante la campaña electoral en Castilla y León. El grupo ultracatólico ha organizado un pase de esta obra para este viernes 13 de marzo a las 20 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid, el mismo día del cierre de la campaña y 36 horas antes de la apertura de las urnas este domingo 15.

En el tráiler del documental, además de asegurar que se desvelarán “los crímenes del partido socialista”, se hace referencia a “140 años de crímenes, robos y mentiras del partido socialista” y se afirma que “los socialistas fueron los que promovieron la Guerra Civil” y que busca “acabar con la esencia de España” y con “un sistema diseñado para acabar con toda oposición política e ideológica”. Según explica la propia asociación ultra en los múltiples mensajes que ha compartido a través de sus redes sociales, es “una revisión documentada y cronológica de los hechos que han marcado la evolución del PSOE, también los que están fuera del relato oficial” y el documental que “en Ferraz no quieren que veas”.

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Vegas Sánchez, en calidad de representante del PSOE de Castilla y León, considera que este documental de Hazte Oír es “claramente injurioso y difamatorio” y que su única finalidad es “desacreditar” al PSOE llevando a cabo una “campaña de desinformación” con el objetivo de “incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores, atentando contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los sujetos electorales”.

El PSOE argumenta que el documental no es “una campaña ideológica” en la que “se transmiten críticas u opiniones” y considera que se trata de un instrumento electoral en contra de la formación “como organización y como partido” que sólo busca “un efecto injurioso y negativo”. “Ha de considerarse como ”propaganda electoral“ o ”acto de campaña“, toda vez que su finalidad o efecto principal es influir negativamente en la orientación del voto, lo que encaja en el concepto legal de campaña electoral como actividades en orden a la captación de sufragios”, asegura la denuncia.

En la denuncia, el PSOE también afea la elección del día del estreno: el último día de campaña. Según el texto, Hazte Oír busca así afectar a “la opinión pública española, y en particular, al electorado de Castilla y León” con “el único propósito, claramente ilegal y contrario a los fundamentos de objetividad y transparencia” de las campañas.

El PSOE solicita a la Junta Electoral la prohibición de la presentación prevista el viernes día 13 por “exceder el marco del debate electoral al incorporar imputaciones graves, injuriosas y calumniosas, únicamente dirigidas al descrédito del PSOE, para perjudicarlo electoralmente”. “La realidad es que, bajo la apariencia de una actividad ”cultural“ y como una asociación, se está realizando una auténtica campaña electoral, por quien no puede realizarla, con un objetivo claro y meridiano, de captación de sufragios para las formaciones de ultraderecha y sobre todo para perjudicar electoralmente al PSOE”, apunta la denuncia que destaca que su objetivo no es otro que “provocar la dimisión de Pedro Sánchez y acabar con el socialismo”.

Además, también pide que Hazte Oír retire de todas las redes sociales y página web el documental y que se le aperciba para que “se abstenga de persistir en similares conductas”. Además, solicita que se remita a la Fiscalía copias de las actuaciones realizadas por si “pudieran ser constituticas de delito electorial, si así lo consideran, siempre que no considere que deben ser objeto de procedimiento sancionador”.

En la denuncia, el PSOE defiende que, aunque Hazte Oír se define como “organización civil que no se presenta a las elecciones”, durante los procesos electorales es “especialmente activa” impulsando por su “coincidencia ideológica con formaciones políticas” a Vox. Además, también recuerda que ha llevado a cabo “campañas directas contra el PSOE, el socialismo y los líderes actuales del Partido Socialista” con una “ evidente y no disimulada intención de perjudicar electoralmente a estos”. Esta misma semana, por ejemplo, la Fiscalía ha recurrido el archivo del caso de la lona que desplegó esta organización ultra frente al Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lema “corrupto” porque buscó “humillarle”.

Según detalla el PSOE en el texto presentado ante la Junta Electoral, “un simple vistazo a su página web confirma su papel de agente activo electoral”. Y pone como ejemplo su apartado “Temporada Electoral” en la que se omite toda referencia al candidato socialista Carlos Martínez y se reduce la pugna electoral a “los candidatos del PP (Alfonso Fernández Mañueco), de Vox (Carlos Pollán) y de Se Acabó la Fiesta (Lucía Echevarrieta)”.

La Junta Electoral Provincial de Ávila ha sancionado al Partido Popular con una multa de 350 euros, por haber solicitado el voto en la tarde del pasado 26 de febrero, en el centro de la capital abulense, unas horas antes de que se iniciara la campaña electoral en Castilla y León.

Esta resolución se produce a raíz de la denuncia presentada por la formación Por Ávila, cuyos responsables consideran que el PP cometió una “infracción electoral”, tras convocar un acto a las 20.00 horas del pasado 26 de febrero en la plaza de Santa Teresa.

El acto “evidencia que la presentación de candidaturas y programa electoral ante los medios de comunicación, se llevó a cabo en la vía pública, por la que transitan ciudadanos, sosteniendo cuatro candidatos a las Cortes de Castilla y León carteles en los que expresamente se pide el voto con la mención 'Vota PP'”, señala la denuncia.

En la misma, Por Ávila afirma que se trataba de “carteles en color azul y con el anagrama identificativo del Partido Popular”, lo que a su juicio pone de relieve la vulneración de las prohibiciones de la Ley Electoral, al realizarse horas antes de que arrancase la campaña.

Una vez analizadas las alegaciones presentadas por el PP de Ávila, la Junta Electoral Provincial ha concluido que los hechos denunciados por XAV son “una petición expresa del voto en periodo no autorizado”, de ahí que le imponga una sanción de 350 euros

La multa es al Partido Popular, según la Junta Electoral Provincial, cuyos miembros consideran que no procede sancionar a los candidatos que portaban los carteles electorales de manera individual, teniendo en cuenta que la organización convocante fue la formación política.

“Se trata de una actuación aislada y no concurre reincidencia, lo que justifica que la sanción se imponga en el tercio medio de la horquilla legal prevista de 100 a 1.000 euros”, señala la Junta Electoral, que explica así la cuantía de 350 euros de multa.

Contra esta resolución cabe la posibilidad de interponer recurso ante la Junta Electoral de Castilla y León.

La Junta Electoral de Extremadura (JEE) ha ratificado tres sanciones impuestas por la Junta Electoral Provincial de Cáceres contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y otros altos cargos de su administración y del Ayuntamiento de Cáceres. Las resoluciones, fechadas el 17 de febrero de 2026, confirman multas de 600 euros en cada caso por infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras las denuncias presentadas por el PSOE durante la pasada campaña.

El primer expediente se refiere a una entrevista concedida por Guardiola al programa 'Herrera en Cope' el 29 de octubre de 2025. La JEE ha desestimado el recurso de la candidata del PP, confirmando que sus declaraciones sobre la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura constituyeron una “campaña de logros”. Según el acuerdo, se vulneró el principio de neutralidad de los poderes públicos al utilizar recursos institucionales para difundir aseveraciones electoralistas.

Según denunció entonces el PSOE, la presidenta extremeña mezcló mensajes informativos con críticas a la oposición y alusiones a logros de su Gobierno. En concreto, Guardiola realizó en esa entrevista críticas expresas al PSOE e hizo referencias a datos de empleo, exportaciones, dependencia y listas de espera para respaldar la gestión de su Ejecutivo, además de valoraciones que, según dijo en su resolución la Junta Electoral de Cáceres, “equivalen a una solicitud indirecta de voto”.

Visitas institucionales en precampaña

La segunda resolución de la Junta Electoral de Extremadura afecta tanto a Guardiola como a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Ambas fueron sancionadas con 600 euros cada una por una visita a las obras de la balsa de abastecimiento de agua en Jerte el 10 de noviembre pasado. Aunque las defensas alegaron que se trataba de una visita técnica de “emergencia” tras lluvias intensas, la JEE ha ratificado que el acto derivó en una “venta de logros” prohibida durante el proceso electoral.

En la resolución de la Junta Electoral de Cáceres, que ahora la ratificado la JEE, se desmontó la defensa de la presidenta y su consejera al subrayar que los medios de comunicación fueron convocados a la visita y el acto se difundió ampliamente en los perfiles institucionales y redes sociales de la Administración regional. Además, afeó a Guardiola que en sus declaraciones durante el acto no se limitara a informar, sino que tuvieran una clara connotación valorativa. 

Por último, el tercer acuerdo de la Junta Electoral de Extremadura confirma la sanción al consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, y al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos por su visita a las obras de la Ronda Sur el 1 de diciembre de 2025. A pesar de que los implicados sostuvieron que era un acto estrictamente administrativo para informar sobre retrasos en la obra por el hallazgo de restos romanos, la Junta Electoral determinó que la convocatoria y las declaraciones vulneraron la ley electoral

En sus recursos, los sancionados argumentaron “indefensión” por la brevedad de los plazos (24 horas) para presentar alegaciones y la ausencia de dolo o reincidencia. Sin embargo, la JEE ha subrayado que los cargos públicos están obligados a conocer los límites que impone la legislación electoral y que la falta de diligencia es suficiente para la sanción, sin que sea necesaria una advertencia previa.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, aunque los sancionados aún pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de dos meses.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! han recurrido ante la Junta Electoral Central su exclusión de los debates electorales previstos para el 5 y el 10 de marzo por “caciquil” y “poco democrática”, puesto que ambos partidos políticos han integrado un único grupo parlamentario durante toda la legislatura. La Junta Electoral autonómica considera que, por separado, ninguno de los partidos cumple los requisitos para participar en los debates. En 2022 UPL (con 47.952 votos) fue el tercer partido más respaldado en León y Soria ¡Ya! (18.390 votos) fue la fuerza más apoyada en su provincia.

“No entendemos por qué se nos ha negado la posibilidad de participar (en los debates)”, ha señalado en rueda de prensa la candidata y secretaria general de UPL, Alicia Gallego, que ha lamentado que se haya realizado “una interpretación restrictiva atenta contra la legalidad y el juego democratico”. Según los leonesistas, “se vulnera derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española”. En su opinión, esa decisión “atenta contra la pluralidad democrática e igualdad de oportunidades” y es una “decisión caciquil, arcaica y retrógrada”.

Gallego ha señalado al bipartidismo como responsables de esta decisión, porque “siempre buscan resquicio legal para impedir el debate”. Además considera que su exclusión tiene un “tufillo machista”, al excluir a la única mujer candidata de los partidos con representación en las Cortes autonómicas. “Parece que molesta que en ese debate esté una mujer”, ha incidido. La vicesecretaria general socialista autonómica, Nuria Rubio, consideró hace unos días que la exclusión de UPL y Soria ¡Ya! era una “mala noticia” porque suponía “una buena oportunidad para confrontar ideas y proyectos”. “Qué largos los tentáculos del cobarde que quiere permanecer oculto para que no se vean sus limitaciones. Ni debate completo, ni cara a cara...”, posteó en X el viernes pasado.

Esta mañana, el candidato a la Presidencia de la Junta por Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha considerado que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León es “poco democrática, limita la pluralidad y supone un nuevo maltrato a Soria”. El procurador ha recordado que el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece como requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

En una rueda de prensa, la formación ha recordado además que, junto a UPL, ha interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra esta resolución, ya que ambas formaciones rechazan la interpretación que hace de la norma para excluirlas de los debates electorales. El cabeza de lista de Soria ¡Ya! ha denunciado lo que él considera “un intento por silenciar la voz de los sorianos” ya que, a su juicio, excluir del principal espacio de confrontación política a la fuerza mayoritaria en la provincia reduce la pluralidad y deja fuera a una realidad territorial concreta.

Ceña ha lamentado que “solo hablarán de sus batallas nacionales y de sus líderes, pero no de los problemas reales de Soria, que no son los mismos que los del resto de la comunidad”. Por eso, desde la formación han insistido en que la provincia tiene una realidad demográfica, económica y territorial específica que necesita voz propia por lo que “si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate”, ha lamentado en declaraciones recogidas por EFE.

La Junta Electoral de Castilla y León ha acordado la exclusión del grupo parlamentario conformado por los partidos UPL y Soria Ya de los debates electorales obligatorios por ley en la comunidad autónoma, que de cara a las elecciones del 15 de marzo se habían fijado en los días 3 y 10 de marzo, aunque el primero se ha movido al jueves 5.

El órgano electoral ha excluído tanto a Unión del Pueblo Leonés como a Soria Ya de los debates electorales, que la normativa autonómica fija que tienen que realizar los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en, al menos, dos ocasiones. La Comisión de Debates de Castilla y León, que organiza los debates, deberá convocar solamente a Alfonso Fernando Fernández Mañueco del Partido Popular, a Carlos Pollán por Vox y a Carlos Martínez Mínguez por el PSOE.

La decisión deja fuera a los partidos regionalistas que en la pasada legislatura unieron sus procuradores en un único grupo parlamentario, con seis representantes, tres de la provincia de León y tres de la de Soria. Para la Junta Electoral no cumplen el requisito porque entiende que, en solitario, no cumplían los requisitos para tener un grupo parlamentario propio como son 5 procuradores o menos pero el 5% del voto autonómico, aunque en realidad lo tuvieron de forma conjunta. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, les equipara con las coaliciones de Podemos o Izquierda Unida que solo mantuvieron un representante en el grupo mixto la pasada legislatura.

UPL había comunicado que su candidata a la presidencia autonómica sería Alicia Gallego, la única mujer de un grupo parlamentario, y por parte de Soria Ya el candidato volvía a ser el procurador Ángel Ceña.

Soria Ya ha anunciado la presentación de un recurso ante la Junta Electoral Central, con un exiguo plazo de 24 horas, que también hará UPL, una decisión que ha provocado estupor en ambas formaciones. “Durante cuatro años hemos sido grupo parlamentario cumpliendo todos los requisitos, y ahora, de repente, deciden que ya no”, ha lamentado el procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos. Ceña ha calificado esta decisión de “maniobra torticera” para no poder participar en unos debates que consideran “muy importantes para la decisión del voto de la ciudadanía”, en declaraciones a EFE.

Los debates electorales de Castilla y León se propusieron para su celebración los martes 3 y 10 de marzo, organizados el primero por RTVE y el segundo por RTVCyL en horario nocturno de máxima audiencia. Según informa EFE el primero ha sido trasladado al jueves 5 a petición de RTVE argumentando sus obligaciones de servicio público ante un evento deportivo considerado de interés general como es la semifinal de la Copa del Rey. La Junta Electoral lo ha considerado “justificado” y, por lo tanto, ha modificado a esa fecha el primero de los debates.

Asturias cerró 2025 con un récord histórico en la creación de empresas, con 1.565 nuevas sociedades, la cifra más alta desde 2016, según los datos del Registro Mercantil analizados por la consultora Informa D&B. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó este hito durante su visita a la sede gijonesa de SVMAC Ingeniería, Sistemas y Vehículos, una compañía tecnológica con una década de trayectoria que se ha convertido en ejemplo de emprendimiento innovador en la región.

Por sectores, las nuevas empresas se concentran en la construcción y actividades inmobiliarias (398 sociedades), la hostelería (276), el comercio (229) y los servicios empresariales (185). También se constituyeron 81 firmas industriales, 74 de comunicaciones, 77 de intermediación financiera y 50 de sanidad.

Incremento del 32,6% respecto a 2019

Sánchez subrayó que este récord no es un fenómeno puntual: “No estamos ante un rebote coyuntural, sino ante una tendencia estructural. El dato de creación de empresas de 2025 supone un incremento del 32,6% respecto a 2019 y consolida Asturias como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas”.

El consejero también destacó el dinamismo de los sectores que lideran la creación de empresas: la intermediación financiera creció un 156% desde 2019, las TIC y comunicaciones un 80%, la construcción un 55% y la industria un 20,9%.