El veterano actor James Handy, conocido por sus pequeños papeles en películas como Jumanji o Top Gun: Maverick, así como por sus apariciones en numerosas series de televisión, fue asesinado a puñaladas en Los Ángeles a los 81 años. Un suceso que confirmó el representante del actor. “Con gran tristeza confirmo que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles era el actor James Handy”, dijo a los medios de EEUU. También por la policía de Los Ángeles, que informó, tal como recogen los medios norteamericanos, que el culpable ha sido el hijo de su pareja.

El suceso ocurrió el miércoles sobre las 9:30 am. Unos agentes de policía respondieron a una llamada de radio sobre un incidente ocurrido en el barrio de Tarzana. La persona que llamó aseguró que acababa de matar a un hombre: “Soy su hijo, acabo de matar al hombre del pecado”. Al llegar, los agentes encontraron a James Handy, de 81 años, en el jardín delantero de la residencia, inconsciente y con una puñalada en el pecho.

La víctima fue trasladada a un hospital local de Los Ángeles, donde fue declarado muerto. Fue el propio sospechoso, Michael Gledhill, de 44 años, quien hizo señas a los agentes cuando llegaron para confesar que era a él a quien buscaban. Gledhill residía allí con su madre, quien es la novia de la víctima, explicaba sobre el suceso el comunicado policial. El sospechoso fue inmediatamente arrestado e ingresado en la cárcel, acusado de un cargo de asesinato y con una fianza impuesta de 2 millones de dólares. “Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y, por el momento, no parece haber peligro para el público”, indicaba también el comunicado policial que recoge Variety.

Además de en las citadas películas también apareció, siempre en papeles secundarios, en taquillazos como Logan, Aracnofobia o K-9. En televisión interpretó a Arthur Devlin en ocho episodios de la serie Alias y tuvo papeles recurrentes en Melrose Place y NYPD Blue.

“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.

La Guardia Civil da por concluida la investigación del asesinato de un hombre de 26 y la agresión a su pareja ocurrida el 28 de mayo en Fuenmayor. Las diligencias practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, han permitido esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que desembocaron en este asesinato.

El presunto autor fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos. Una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental a la que intentó estrangular en dos ocasiones.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que los hechos tuvieron su origen en un conflicto personal derivado, presuntamente, de la relación sentimental mantenida entre la pareja del presunto autor y la víctima. En este contexto, el presunto autor, tras tener conocimiento de dicha relación, ideó un plan para atraer a la víctima a un lugar apartado de la localidad de Fuenmayor, bajo el pretexto de mantener una conversación. Para ello, convenció a su pareja de concertar un encuentro con el joven.

Reconstrucción de la agresión

El día del suceso, el agresor se desplazó en coche hasta Fuenmayor acompañado por su pareja y su hijo menor. Una vez en el lugar, utilizó el teléfono móvil de ella para enviar la ubicación exacta a la víctima y citarla allí. Cuando la víctima llegó a pie y se aproximó al vehículo, el autor le indicó que se dirigiera hacia un banco cercano para hablar. Aprovechando que esta se encontraba de espaldas y no podía reaccionar, aceleró bruscamente y la atropelló.

A continuación, el agresor bajó del coche para continuar el ataque. Aunque su pareja intentó intervenir para detenerlo, el hombre la agredió a ella también hasta hacerle perder el conocimiento. Acto seguido, el atacante recogió un objeto contundente de la vía pública y golpeó nuevamente a la primera víctima, causándole la muerte.

Tras esto, volvió a arremeter contra su pareja. Sin embargo, un ciudadano que presenciaba la escena increpó al agresor y logró que cesara la agresión. En ese mismo instante, la primera patrulla de la Guardia Civil que llegaba al lugar procedió a su detención in situ.

La mujer no había interpuesto denuncias previas, por lo que no se encontraba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Aún así, es importante resaltar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia de género y a su entorno las 24 horas del día, en 52 idiomas diferentes. También se puede contactar a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el número 600 000 016 o mediante la aplicación ALERTCOPS. La llamada al 016 es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica aunque desde la Guardia Civil recomiendan borrarla del registro de llamadas del dispositivo.

En caso de emergencia, se debe llamar al 112, a la Guardia Civil (062) o a la Policía Nacional (091).

Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el teléfono 900 20 20 10.

Nadie en su entorno sabe explicar muy bien por qué Mateo Pérez tomó la decisión de viajar solo en su moto hacia una zona tan violenta como Briceño. Su primo Jorge Rueda lo intenta en entrevista con elDiario.es: era de esos reporteros, dice, a los que les gusta ir a las zonas más complejas, hablar con los pobladores, impulsar denuncias donde pocos lo hacen. “Era muy tranquilo, pero muy frentero [intrépido]”, subraya.

Salió de su casa por última vez el 4 de mayo, pasadas las ocho de la mañana. Se despidió de su padre. Lo tranquilizó con la esperanza vana de que había presencia militar en aquel municipio montañoso de Antioquia, al noroeste del país, donde los sanguinarios Clan del Golfo y Frente 36 de las disidencias de las FARC libran una lucha a muerte por el control de las rutas de la cocaína entre el interior y la costa del Caribe.

El impulso detrás de la decisión del joven reportero era el de siempre: traer una historia de vuelta a El Confidente, la revista digital que había fundado tres años atrás y que difundía por Facebook e Instagram, las únicas plataformas que un periodista sin respaldo puede permitirse en estos tiempos. Información local, artesanal, hecha a mano y en solitario. Su primo Jorge Rueda confiesa que Mateo ni siquiera conocía Briceño, el pueblo ignoto donde lo mataron. Y, sin embargo, cuando unas horas más tarde llegó a la zona en moto, tanto la policía como la personería municipal le advirtieron que no se alejara del casco urbano. Que no era seguro. Pero él siguió adelante.

En casa de sus padres los tres días posteriores transcurrieron en silencio. Lo esperaban en Yarumal, a unos 120 kilómetros de Medellín, sin noticias. Y con los malos presagios de un país violento que nadie se atrevía a nombrar. Hasta el viernes 8 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo pudo entrar al lugar y hallar su cadáver en la zona rural de Briceño. Días después, el Ejército también recuperó la moto Boxer 100 en la que había emprendido el viaje y en un camino veredal aledaño apareció su carné de periodista.

Según testimonios cruzados de integrantes de la misión humanitaria y habitantes de la zona, Mateo se habría topado, en algún recodo de la carretera veredal, con hombres armados bajo las órdenes de Chalá, nombre de guerra de Jhon Édison Chalá Torrejano, un guerrillero de apenas 22 años enviado desde el sur del país por Alexander Díaz, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Frente 36, para endurecer el control territorial. Presuntamente, lo interrogaron, lo torturaron y lo mataron delante de algunos pobladores que miraban impotentes, según afirmó el gobernador del departamento de Antioquia.

Su cadáver permaneció varios días allí mientras las autoridades, incapaces de entrar, negociaban a distancia la devolución de sus restos con los grupos criminales.

La última llamada

A Pérez le restaba acreditar sus prácticas laborales para terminar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional sede Medellín, la capital de Antioquia. Su situación económica era precaria. Con el objetivo de financiar su revista, que suma tan solo 4.600 seguidores en Facebook, vendía zumos naturales y ensaladas en el garaje de la casa. En los últimos tiempos trabajaba en una empresa de mensajería. Su padre, Carlos Pérez, contó en la prensa local que compartía con su hijo la pasión por el ciclismo y que Mateo había recorrido parte de Colombia en bicicleta.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocía su situación. La FLIP ya había documentado dos alertas suyas: una en 2024 por acoso judicial y otra en 2025 por obstrucción al acceso a la información. Aun así, no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–. El año pasado, la misma ONG documentó 496 agresiones contra reporteros en el país, 192 de ellas amenazas de muerte dirigidas no solo a los informadores, sino también contra sus familias.

Para entender la tragedia hay que acercarse a Briceño, un pueblo cafetero de poco más de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia (conocido como el “Rinconcito amable”). No obstante se trata de un enclave que ha vivido muy poco tiempo en paz. Algunos citan de memoria ese lapso en el que el miedo quedó arrinconado fugazmente: 2016 y 2017.

En aquel entonces el Frente 36 de las FARC se desmovilizó. Dejó las armas tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Acto seguido el Estado impulsó los primeros intentos de programas de desminado y sustitución de cultivos de coca, uno de los pilares de la economía local. Pero la calma duró muy poco: uno de los comandantes firmantes de aquel pacto volvió a las armas y arrastró consigo a buena parte de la tropa.

Desde entonces, según relata a elDiario.es el periodista, abogado e investigador Sergio Mesa, la disputa por las rentas criminales no da tregua: por la minería ilegal, pero también el narcotráfico. Se trata de un pulso sangriento en medio de un territorio inundado en sembradíos de hoja de coca donde, incluso, los candidatos a la alcaldía han necesitado a menudo del visto bueno de los violentos. De hecho, el actual alcalde lleva refugiado semanas en Medellín por amenazas. El secretario de Gobierno, también. Y el personero, que tiene algunas funciones similares al Defensor del Pueblo en España, renunció en abril.

Pérez no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–

Ese es el pueblo donde el dinero del narco, la zozobra y el miedo se reparten el territorio. Y allí llegó Mateo el lunes 4 de mayo por la tarde. Tenía 24 años —el 8 de junio habría cumplido 25—, una moto Boxer 100 y un móvil como grabadora. Hoy se sabe que se registró en el hotel El Campesino. Al día siguiente recorrió el casco urbano y habló con funcionarios de la alcaldía, la policía y el hospital.

Sin embargo, su misión era llegar a la vecina vereda de Palmichal, donde días antes se habían librado combates entre el Ejército y las disidencias. Ya en el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Según el relato de Sergio Mesa, construido sobre el terreno a partir de testimonios de pobladores, los criminales le preguntaron quién era. No le creyeron. Revisaron su teléfono. Lo retuvieron. La personera municipal y el intendente Guillermo Zapata confirmaron que la última señal de vida fue aquella llamada de las tres de la tarde. Se cree que lo mataron antes de caer la noche. Justo antes de que entrara en vigencia el toque de queda impuesto por los violentos: de las seis de la tarde a las seis de la mañana nadie puede salir de sus casas en Briceño. Luego le ordenaron a algunos pobladores que lo enterraran. Ellos mismos dispersaron sus pertenencias por distintos caminos de esa zona montañosa. Y su carné de prensa lo colgaron de la rama de un árbol cualquiera.

En el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que lleva más de tres décadas documentando el conflicto interno, fue uno de los primeros en alertar del caso de Mateo. Por eso partió hacia Briceño con Sergio Mesa para acompañar a la familia y tratar de visibilizar el drama humano. Tenía una razón personal: cuando en mayo de 1992 cubrió su primera emboscada de las FARC, tenía la misma edad que el reportero asesinado. “Era un pelado con ganas de comerse el mundo”, recuerda.

Para Abad Colorado lo ocurrido en el norte de Antioquia refleja una contradicción de fondo que corroe el intento de paz del Gobierno Petro: las limitaciones de negociar con grupos armados que siguen asesinando civiles sin exigirles garantías reales. “Hay que poner reglas claras. Hay que verificar que se cumple. Dialogar entre las partes no puede ser a costa de matar a periodistas, maestros o líderes sociales”, apostilla.

Jorge Rueda guarda un detalle que ha contado poco. Cuando los guerrilleros del Frente 36 capturaron a su primo, reunieron a una treintena de pobladores y les preguntaron: “¿Quién conoce a este hombre? ¿Qué hacemos con él?”. Al parecer nadie habló. El miedo que padecen las comunidades agobiadas por la guerra en Colombia no cabe en ningún informe de ONG. Por eso al familiar aún le cuesta procesar el dolor: “Una sola llamada hubiera salvado la vida a Mateo”. Lo único cierto es que el 10 de mayo, día de la madre en Colombia, Gloria Rueda enterró a su hijo. Lo hizo entre flores amarillas y blancas, rodeada de cientos de vecinos que despidieron a un reportero valiente de Yarumal.

José J., conocido como 'Dinamita Montilla', que cumplió condena por cuatro crímenes ocurridos a finales de los 80, ha negado haber matado a un joven en los Montes de Málaga en 2022 y ha dicho que su imputación puede deberse a “un montaje” por ser “crítico en redes sociales contra la justicia, la monarquía, la religión y la política”. “Ese es el único delito que cometí”, ha apostillado.

“Desde que salí en libertad no he cometido ningún delito”, ha manifestado en su declaración ante el jurado popular que lo juzga desde este lunes por asesinato y robo, por los que la Fiscalía pide 26 años de prisión; aunque también esté investigado por la muerte de la joven sevillana Ester Estepa, desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía (Valencia).

El acusado ha declarado que conoce todos los senderos de la provincia, pero “nunca” ha estado en esa zona de Los Montes donde el 29 de agosto de 2022 ocurrió el crimen de David que había ido a coger algarrobas. Así, ha dicho que no entiende que se le haya relacionado con un ADN encontrado en la cremallera de la mochila de la víctima tras una investigación novedosa por parte de la Policía Nacional.

“Una manipulación genética o un error en el laboratorio”

“Si yo no he estado en ese lugar, es imposible que haya alguien que me pueda reconocer o que haya mi ADN”, ha asegurado 'Dinamita Montilla', quien ha considerado que “el que la Policía haga un informe no significa que sea correcto, porque todo el mundo sabe que hay personas corruptas”.

“Creo que alguien intenta hacerme daño trayendo al presente el pasado”, ha manifestado el procesado, quien ha lamentado la muerte del joven, ha dado sus condolencias a la familia, pero ha incidido en que no tiene “absolutamente nada que ver”, preguntándose “quién ha puesto esa supuesta prueba” para “imputar a una persona que no ha estado en ese lugar”.

Por eso ha asegurado que piensa que “ha habido una manipulación genética o un error en el laboratorio o algo”, y ha señalado que no ha tenido armas “desde los años 80”, cuando fue condenado por esos cuatro asesinatos por los que ya cumplió condena y por los que obtuvo la libertad definitiva el 13 de diciembre de 2013.

El quinto crimen que se le achaca

Respecto a la investigación por la muerte de desaparición de Ester Estepa, ha señalado que la Policía le preguntó por ella, de la que se separó en Gandía. Luego se enteró de que habían encontrado su cuerpo estando ya en prisión por el crimen del joven malagueño. “Qué tiene que ver ese tema con lo que estamos juzgando aquí”, ha preguntado.

El juicio con jurado por el caso de David continúa durante toda la semana. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado llegó a la parcela de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas.

Una vez allí, presuntamente, “se vio sorprendido por la presencia” del acusado que “lo había seguido”. Supuestamente, “con la finalidad de obtener una ganancia ilícita” y tras asegurarse de la “situación de soledad y desamparo” del joven, dice esta acusación, el procesado presuntamente “de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta”.

Este caso sería el quinto crimen que se le achaca. 'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena –por acumulación– la de 30 años.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Los hermanos de los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas han corroborado este viernes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz) la versión de la defensa y han exculpado al hermano mayor, Manolo G., de su participación en los hechos.

El abogado defensor de Julián G., el hermano menor y autor confeso del crimen, José Duarte, ha corrobado este extremos al término de las declaraciones judiciales que ha calificado como “bastante positivas” para la línea de defensa.

Los dos hermanos y la cuñada de los detenidos “han corroborado un poco la declaración en su momento de Julián y la no participación de Manolo”, por lo que salen “bastante satisfechos”, ha manifestado el letrado.

A la salida de los juzgados, los familiares de los investigados han evitado realizar declaraciones ante los medios de comunicación y han abandonado el lugar intentando esquivar a las cámaras de televisión y los periodistas.

En esta jornada de recogida de pruebas testificales, más breve que en anteriores ocasiones, también han declarado dos agentes policiales y una vecina de Francisca. Esta vio llegar a Manolo la noche de los hechos y se ha mostrado convencida de su participación, además de visiblemente afectada tras su comparecencia.

La investigación judicial en fase de instrucción por el asesinato de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo, continúa abierta a la espera de nuevas pruebas periciales y forenses, así como una nueva cita judicial a testigos el próximo 18 de junio. 

El barrio ovetense de Vallobín sigue aún conmocionado por el doble crimen de María y José, la hermana y el cuñado respectivamente de Jesús L.A., 'Susi', el toxicómano acusado de matar a cuchilladas a sus familiares.

La Fiscalía del Principado considera que aún puede continuar su carrera delictiva después de que haya estado en prisión por dos asesinatos anteriores y esa posible reiteración unida al riesgo de fuga son los dos motivos de peso que le han llevado a solicitar esta mañana su regreso al Centro Penitenciario de Asturias.

La petición se ha efectuado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Oviedo/Uviéu.

Los delitos imputados

La Fiscalía ha interesado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de 'Susi', a quien atribuye su presunta autoría en dos delitos de homicidio/asesinato.

El Ministerio Fiscal solicitó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido.

Mostró los cadáveres a un toxicómano

A las once de la mañana llegaba el furgón de la Policía Nacional a la sede de los juzgados ovetenses y de su interior descendía el presunto autor del doble crimen para prestar declaración.

'Susi' fue detenido el pasado martes tras el hallazgo de los cadáveres de su hermana y su cuñado. Un toxicómano que había acudido a comprar droga a su domicilio, en el inmueble número 10 de la calle Vázquez de Mella, denunció los hechos a la Policía después de que él mismo le enseñara los cuerpos sin vida de sus familiares.

Familiares de los dos hermanos investigados por el asesinato de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo en la casa de los acusados, declaran este viernes en el marco de la instrucción judicial.

También está previsto que declaren el mismo día varios agentes que participaron en la investigación policial, todo ello enmarcado en el proceso judicial que investiga el Juzgado de Villafranca de los Barros.

La recogida de pruebas testificales continuará el próximo 18 de junio dentro de la instrucción que todavía permanece abierta y pendiente de nuevas pruebas periciales y forenses.

Los restos óseos de Francisca Cadenas continúan actualmente en Madrid, donde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el equipo antropológico trabajan en distintos informes periciales que todavía no han concluido. Una vez finalicen estos estudios, los restos podrán ser analizados también por el perito de la acusación particular, cuya solicitud ya ha sido autorizada por el juez. Además, se está a la espera de nuevas pruebas y volcados realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre otras actuaciones previstas está la reconstrucción de los hechos en Hornachos y una nueva declaración de los dos hermanos detenidos e investigados por asesinato, aún sin fechas a la espera del avance de la instrucción. 

Jaime Roca, el asesino de Maialen Mazón, una joven de 32 años y embarazada de mellizos que fue hallada sin vida en un apartahotel de Vitoria en 2023, ha sido condenado a 27 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, ya que dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre. La magistrada Elena Cabero, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia de acuerdo ese fallo. El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del hombre y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

Tras ese veredicto, la magistrada ha condenado al varón como autor de un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco y le ha impuesto un apena de 25 años de prisión. Además, también le ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de abandono de menor y se le ha privado de la patria potestad de su hija. La magistrada ha fijado otras penas de libertad vigilada y de aproximación y comunicación con su hija y el padre de la víctima y ha establecido que indemnice a la primera con 400.000 euros y al segundo con 200.000 euros por los daños morales causados.

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria y en un momento dado Roca cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas a Mazón. También se concluye que dado el arma empleada como la zona corporal donde se produjo el ataque el acusado tuvo intención de matar a su pareja. “Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte”, se recoge en la sentencia en la que se recuerda que el acusado le propinó otras doce cuchilladas más superficiales.

La sentencia recoge que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. “Existió alevosía sorpresiva y desvalimiento en el ataque porque, tal y como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en ningún momento”, asevera. Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, “una duda razonable” de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.

El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones y al respecto en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja “esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella” por haber iniciado esta una relación con otro varón. Ha existido “una duda razonable” en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sobre este respecto, la familia de la víctima ha considerado que es “una sorpresa muy desagradable” que el jurado no haya determinado que se cometió violencia de género en el asesinato. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, explicó la abogada de la familia tras conocer el veredicto. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, manifestó.

El caso que cambió el protocolo de la Ertzaintza

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando Jaime Roca asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz) se han entregado en las últimas horas. Se trata del hijo y el sobrino del hombre detenido en la tarde del martes en las inmediaciones de Magacela, una localidad cercana a Villanueva, como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista villanovense el pasado viernes.

Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres los arrestados en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.

El primer detenido fue localizado cuando caminaba en dirección a la localidad de La Haba y, según fuentes próximas al caso que cita EFE, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo. El taxista permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no ha facilitado más datos oficiales al encontrarse las actuaciones bajo secreto.

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado como asesinato.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

La Policía Nacional ha detenido este martes a una persona relacionada con la muerte por arma de fuego del cantaor flamenco Matías de Paula, ocurrida el pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz), aunque no se han aportado más datos sobre la identidad de la persona arrestada ni sobre su presunta relación con los hechos “porque hay secreto de actuaciones”.

No obstante, según cita EFE por fuentes del caso, se trata del presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista.

El operativo de la Policía Nacional se ha desarrollado cerca de Magacela y en él ha resultado herida una persona ajena al mismo, un taxista, que ha sido trasladado a un centro hospitalario.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ya señaló este lunes que no había detenidos hasta ese momento, aunque esperaba que pudieran producirse arrestos “dentro de poco”.

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un caso que la Policía Nacional investiga como una muerte violenta. 

Un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 44 años, en la localidad navarra de Arguedas. La Policía Foral se encarga de la investigación de los hechos.

El Centro de Mando y Coordinación ha tenido conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según ha informado la Policía Foral. Posteriormente, se ha tenido conocimiento de que el presunto autor y pareja de la fallecida se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. La mujer no tenía hijos y, según la Guardia Civil no figuraba en el sistema VioGén.

El hombre se encuentra detenido “como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género”, según ha informado la Guardia Civil. “La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes”.

En el lugar se encuentran agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela de Policía Foral, así como agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona.

Desde Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz ha mostrado su “apoyo y condolencias” a la familia y allegados de la víctima. El Ayuntamiento de Arguedas, por su parte, ha condenado los hechos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este sábado de que por el momento no se ha detenido a ninguna persona por su implicación en el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula, que tuvo lugar el viernes por la tarde en su ciudad natal de Villanueva de la Serena (Badajoz).

En declaraciones a los medios con motivo de sus asistencia la recreación de 'La Batalla de La Albuera', que revive la histórica contienda de 1811, en la que se enfrentaron las tropas españolas, británicas y portuguesas contra el ejército francés, ha dicho que el secreto está bajo secreto de sumario, pero sí ha cofirmado que se trató de un asesinato.

También ha confirmado que a lo largo de este día se le hará la autopsia y que el entierro está previsto para la tarde del sábado en Villanueva de la Serena.

José Luis Quintana ha reiterado que al estar bajo secreto de sumario y la Policía Nacional investigando el caso hay que esperar para facilitar más información y “esclarecer totalmente los hechos y aclararlos en todas sus medidas”. Por ello no ha confirmado el número de personas que han podido estar implicadas, el móvil del mismo y lo que ha ocurrido.

En cuanto a la posibilidad que este hecho provoque represalías, ha asegurado que Villanueva “está en una situación de absoluta calma, no hay inseguridad” y ha precisado que en ningún momento se trató de un tiroteo.

Matías de Paula, con una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco, estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, como 'Corral de la Pacheca' o 'Café Chinitas', y actuó con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé, y regresó a su ciudad natal, donde impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández. 

La justicia francesa va a investigar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018 a partir de unas denuncias contra el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán.

Fuentes de La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) indicaron a EFE que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha aceptado la tramitación de las denuncias de Trial International y de Reporteros sin Fronteras (RSF) por los cargos de torturas y desaparición forzada.

Las fuentes puntualizaron que, por el contrario se ha rechazado el procedimiento de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), la asociación que había creado el propio Khashoggi pocos meses antes de su muerte. Señalaron además que la investigación correrá a cargo de un juez de la unidad de crímenes contra la humanidad.

En julio de 2022, coincidiendo con una visita de Bin Salman a Francia, Trial International, DAWN y Open Society Justice Initiative habían presentado una denuncia en Francia amparándose en el hecho de que el derecho francés reconoce el principio de la justicia universal para casos de tortura y desapariciones forzadas.

Más adelante se unió RSF a esa iniciativa, pero hasta ahora la Fiscalía francesa se había negado a dar el visto bueno a la investigación.

Un miembro de Reporteros sin Fronteras, en respuesta a preguntas de EFE, comentó que una vez que el Tribunal de Apelación de París ha aceptado su denuncia, la investigación judicial va a poder seguir su curso.

El periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista del diario estadounidense Washington Post, fue descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, donde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

La CIA determinó que el príncipe heredero Bin Salmán tuvo que haber aprobado el asesinato dada su poder sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

Durante una visita a Estados Unidos el pasado mes de noviembre, Bin Salmán consideró que ese asesinato fue un “gran error”, pero hizo hincapié en que su país lo investigó adecuadamente y que algo así no volverá a ocurrir.

La abogada de la familia de Maialen Mazón, asesinada de 13 cuchilladas el 26 de mayo de 2023, cuando se encontraba embarazada de dos mellizas y estaba en la habitación de un apartahotel de Vitoria junto con su hija de dos años, ha explicado que ha sido “una sorpresa muy desagradable” que el jurado, que ha declarado culpable de asesinato con alevosía a la pareja de la víctima, Jaime Roca, no haya aceptado la agravante de violencia de género.

La letrada Cecilia Piris ha dicho que, por un lado, tienen “una sensación dulce” tras conocer el veredicto del jurado y, por otra, “amarga”. “Estamos muy satisfechas de que no se hayan apreciado ni eximentes ni atenuantes, que era muy importante para nosotras que se le hiciera responsable plenamente de sus actos, que no aceptara la tesis defensiva de que actuó con las facultades anuladas o que no sabía lo que hacía”, ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Para la acusación particular, eso sería “un insulto a la memoria de Maialen”. No obstante, ha mostrado su pesar por que no se han aceptado la agravante de ensañamiento psíquico y moral, porque la abogada defendía que se agravó el sufrimiento de la víctima al estar presente la hija de dos años. En todo caso, se ha congratulado de que pudieran convencer del ensañamiento a seis de los nueve miembros del jurado, aunque no hayan logrado la mayoría reforzada de siete votos. “Era difícil al no verse lo que había ocurrido en esa habitación y lo veíamos más complicado”, ha manifestado.

Lo que sí ha sido “una sorpresa muy desagradable” para la abogada de la familia de Maialen es que el tribunal popular no haya determinado que se cometió violencia de género. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, ha subrayado. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, ha manifestado.

Piris ha dicho que “a una víctima con un ojo morado todo el mundo la interpreta como víctima, porque es fácil de ver, pero el maltrato psicológico, que es el que tenía Maialen, es más difícil”. “Y si además a eso le sumas esa conducta de volver voluntariamente con el agresor, que es muy típica y muy normal, que es de manual en las víctimas, a algunas personas les cuesta entenderlo”, ha destacado.

En todo caso, ha dicho que han convencido a la mayoría del jurado porque se consiguió el voto de seis contra tres, aunque tampoco en este caso salió la mayoría reforzada de siete que se necesita. Para la letrada, ha influido el prejuicio de que la víctima “no fuera una persona intachable, con problemas de alcoholismo” o que exigiera dinero a su marido. “Se concibe como que no hay una situación de dominación. Parece que las víctimas tienen que atenerse a cierto perfil muy específico, con connotaciones casi cristianas, de moral impecable, una mujer sumisa, sometida, callada, tímida o apocada. Si te sales de ese guion es más difícil que se conceptualicen como víctima y no porque no lo seas”, ha manifestado.

Piris ha recordado que las acusaciones mantienen que se le imponga al acusado, J.R, la máxima pena de 25 años por el crimen, al considerar que, desde una perspectiva técnica, el hecho de que no se hayan aceptado estas agravantes no afecta tanto a la condena porque se le atribuye asesinato con alevosía con agravante de parentesco. “Nos movemos ya dentro de la mitad superior de la pena, estamos entre los 20 y 25 años en el caso del asesinato”, ha explicado. Además, ha destacado que el jurado también le haya declarado culpable de los dos abortos (la mujer estaba embarazada de mellizos) y del abandono de menor, la hija de dos años, que permaneció 18 horas sola en la habitación en la que fue asesinada su madre. De esta forma, ha indicado que “entra en juego el límite máximo de cumplimiento, por lo que llega un momento en el que acumular más años no tiene ninguna consecuencia real”, pero sí “simbólica”.

La asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en el caso, estudia denunciar al Gobierno vasco “por mal funcionamiento de los servicios públicos” después de que la Ertzaintza rebajara el nivel de “riesgo extremo” a “riesgo bajo” a la víctima. Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen en situación de “riesgo extremo”, pero la Policía autonómica vasca rebajó su nivel a “riesgo bajo” poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria procedente de la Comunidad Valenciana y conocer que quería retirar la denuncia contra su pareja.

El marido de la joven ya había quebrantado en varias ocasiones, durante el tiempo en que residieron en diversos municipios valencianos, la orden de alejamiento que pesaba sobre él por violencia de género hacia su pareja, si bien estos quebrantamientos se produjeron con el consentimiento de la víctima.

La defensa de la familia de la educadora social asesinada en un piso tutelado en Badajoz buscará “todas las vías” posibles para recurrir el “error” judicial que absuelve del delito de asesinato como cómplice a la menor que fue condenada inicialmente por estos hechos.

Además, exigirá “responsabilidades” ante este fallo judicial, según ha explicado a EFE el abogado de la defensa, Raúl Montaño, quien ya estudia la sentencia de la Audiencia pacense para intentar presentar un recurso, si bien ya ha adelantado que dicha posibilidad es “limitada”. “Vamos a buscar todas las vías posibles para que se modifique la sentencia”, de igual forma que “se depuren responsabilidades”.

La Audiencia de Badajoz ha confirmado las sanciones interpuestas a los dos menores como coautores de asesinato y robo con violencia a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada por el crimen de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso tutelado de esta ciudad.

Por contra, ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor, a la que absuelve del delito de asesinato como cómplice aunque mantiene la medida de dos años de internamiento en régimen cerrado por el delito de robo con violencia.

El alto tribunal extremeño recuerda que al día siguiente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores, que fijaba cinco años de internamiento para la menor como cooperadora del crimen, se notificó un auto de aclaración/rectificación de errores materiales, resolución de fecha 10 diciembre de 2025.

“La sentencia de instancia contiene un grave error” por parte del Juzgado de Menores en los hechos probados, el cual no puede ser subsanado por el posterior auto de aclaración, pues esto supone “una nueva sentencia”, según recoge la Audiencia. Por ello, la Audiencia ha revocado la condena emitida por el Juzgado sobre la menor ante el citado “error”.

“Hay que conocer qué administración o persona es responsable y tomar medidas”, ha incidido Montaño en referencia a que la menor haya quedado ahora absuelta como cooperadora del crimen.

En este sentido, el letrado ha afirmado que “hay unos hechos probados en un auto” que expresaban que la menor era cómplice del asesinato, aunque aún no eran firmes, lo cual ha atestiguado la sentencia de la Audiencia pacense, tribunal que “no entra a valorar” esta circunstancia, sino que “anula el texto por un problema de forma”.

“La decisión de la Audiencia provincial no entra a valorar los hechos sino el problema de forma”, ha insistido, y aún así “es difícil recurrir esta circunstancia” a tenor “de las dificultades existentes en lo relativo a los recursos en el ámbito de menores”.

Lo que “sí está claro”, ha dicho, es la existencia “de un error grave”, y en este sentido si la menor “no paga una condena” en el ámbito de un asesinato por “un error judicial”, la administración de Justicia “tendrá que decir algo”.

El letrado ha trasladado la indignación de la familia ante todo ello, más si cabe a tenor de que “se cuenta con una resolución judicial con unos hechos probados” y por otra parte “con una absolución por un tema formal, la cual no entra a valorar los hechos probados”, ha incidido. 

Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime Roca de haber asesinado en 2023 a Maialen Mazón, que era su pareja y por entonces se encontraba embarazada de mellizos. El crimen tuvo lugar en Vitoria en el día de las elecciones municipales y forales de 2023. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava estas dos últimas semanas, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad y ahora será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia. El veredicto se ha leído pasadas las 22:30 horas de este jueves, tras horas de deliberación del jurado.

El jurado, por ocho votos a favor por uno en contra, ha considerado a Roca culpable de asesinato. Además, ha sido considerado culpable de dos delitos de aborto por unanimidad y, también por unanimidad, de un delito de abandono de menor. Se ha considerado, además, que existe alevosía, aunque no ensañamiento. Las eximentes solicitadas por la defensa se han considerado no probadas, mientras que se han incluido las agravantes de género y de parentesco. Se ha descartado la atenuante de consumo de alcohol.

Contra el procesado se habían interpuesto al menos tres denuncias previas por violencia machista contra la víctima y existía una orden de alejamiento que había quebrantado. Las arrastraba de antes, con expedientes abiertos por la Policía Nacional y la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Aun así, en mayo de 2023 le asestó trece cuchilladas en un apartahotel de Vitoria, delante de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre, privada de agua y comida. A la niña la encontraron una vez transcurridas veinte horas de los hechos.

La pareja ya se había alojado junta antes, en enero de ese mismo año 2023, en un apartahotel de Vitoria con nombre falso. El propietario, que se percató de la argucia, avisó a la Ertzaintza, que comprobó que existía una orden de alejamiento que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, explicó en una comparecencia de urgencia, después del asesinato, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Durante el juicio, la agente de la Guardia Civil que atendió a la víctima y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria, subrayó que la joven reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo “extremo”. Así la clasificó este cuerpo antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo “bajo”.

En el mismo mes de mayo, unos días antes del asesinato, la Ertzaintza, según lo explicado entonces, volvió a tener conocimiento de nuevos quebrantamientos de la orden de alejamiento. La víctima, según alegó el consejero, transmitió que el quebrantamiento era “consensuado” y que su pareja “no generaba miedo en ella”. “Son relaciones en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, abundó Erkoreka entonces.

Durante el juicio, tanto la asociación Clara Campoamor como la abogada de la familia de la víctima han cargado contra la Policía autonómica por “revictimizarla”. “Aquí la Ertzaintza falló y, si bien es cierto que el único responsable [del crimen] es [Jaime Roca], me parece terrible que incluso ante la evidencia brutal de la muerte de Maialen [Mazón], todavía tengamos que discutir si era suficientemente buena víctima como para merecer protección”, se quejó la asociación, según recoge Europa Press. “Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren”, abundó. La letrada de la familia, por su parte, ha acusado a la Ertzaintza de exhibir “falta de profesionalidad” y de hacerla “responsable” a través de una “intervención errática” y de “imprecisiones” en sus labores policiales.

Las peticiones de las partes

La Fiscalía solicitaba 45 años de prisión para el acusado: veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos, y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicitaba una indemnización de 500.000 euros a la hija de ambos y de 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad de la niña.

Las acusaciones también solicitaban 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones aducían que presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

La defensa, por el contrario, reclamaba la libre absolución, amparándose en que cuando la acuchilló, el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, celebrado con un jurado popular confomado por cinco mujeres y cuatro varones, ha contado con la declaración de más de cuatro decenas de testigos, además de técnicos, agentes y peritos. Ahora, emitido el veredicto de culpabilidad, será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado las sanciones interpuestas a los dos menores que habían sido condenados por el Juzgado de Menores como coautores de asesinato y robo con violencia a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada por el asesinato en marzo del años pasado de Belén Cortés, una educadora social que trabajaba en un piso tutelado de la capital pacense.

La Sala, por otra parte, ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor y la absuelve del delito de asesinato como cómplice. Si mantiene la medida de dos años de internamiento en régimen cerrado por el delito de robo con violencia.

Cabe recordar que al día siguiente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores se notificó un auto de aclaración/rectificación de errores materiales, resolución de fecha 10 diciembre de 2025.

La Sala, atendiendo al recurso, señala que “el contenido de esta postrera resolución excede del estrecho margen que habría de tener un auto de rectificación de errores, pues se añade un párrafo que antes no existía en la sentencia, y sobre ese párrafo nuevo (y novedoso) se asienta la condena como cómplice del delito de asesinato. Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo”.

Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo de 2025.

La sentencia, que ha sido notificada este jueves a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación.