Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca.

También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado a un hombre de la misma nacionalidad ya fallecido por ahorcamiento.

En este sentido, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de un domicilio en la localidad de Seseña. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo se hace cargo de la investigación de los hechos.

La víctima se encontraba en el sistema VioGén

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

La Guardia Civil ha acudido a primera hora de la mañana al domicilio de la víctima tras recibir un aviso por una pelea entre el agresor y el hijo de esta, que se encuentra ingresado en un hospital.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1360 desde 2003.

El presidente de Castilla-La Mancha condena el presunto asesinato

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado el posible asesinato machista ocurrido este jueves en la localidad toledana de Seseña, en el que habría perdido la vida una mujer.

De momento, la Guardia Civil tan solo confirma el hallazgo en un domicilio de Seseña del cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre ahorcado.

“Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña. De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada”, ha dicho el titular del Ejecutivo castellanomanchego, a través de la red social 'X'.

“Mi pésame a la familia y seres queridos. No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella”, ha reclamado.

La consejera de Igualdad traslada consuelo y cariño a la familia

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha condenado “lo que parece” un nuevo asesinato machista ocurrido en la localidad toledana de Seseña, al tiempo que ha trasladado su “cariño” y “consuelo” a la familia de la víctima.

Desde Cuenca, y antes de participar en el acto organizado por el Gobierno regional por el Día de la Visibilidad Lésbica, Simón ha comenzando sus declaraciones a los medios lamentando “lo que parece y todo apunta” a que ha sido “un nuevo caso de violencia machista” en el municipio toledano.

“Todavía no tenemos datos al respecto y ahora mismo hay que dejar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realicen todas las actividades y todas las investigaciones que tengan que hacer para conocer realmente qué es lo que ha sucedido”, ha añadido.

Además, ha trasladado “el cariño y el consuelo” del Gobierno de Castilla-La Mancha “a los seres queridos y a la familia” de la víctima.

El alcalde de Seseña pide “prudencia” y se muestra consternado

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha mostrado la consternación de todo el pueblo ante el posible caso de violencia machista que se investiga en la localidad, y que deja una mujer fallecida.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que todavía falta mucha información al respecto, por lo que ha querido mostrar prudencia.

Agentes de la Policía Judicial se encuentran en estos momentos en el lugar del hallazgo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que trabajan con la hipótesis de dos sucesos relacionados.

En un primer momento, en la madrugada de este jueves, servicios médicos atendieron a un joven de unos 20 años inconsciente en la calle, con signos de haber sido agredido. Poco después, se recibió un segundo aviso desde un domicilio cercano en el que una mujer pedía auxilio.

Una vez en el hospital, tras recobrar la conciencia, el joven de 20 años prestó declaración. Los agentes, al ver que el agredido guardaba relación con la mujer que pidió auxilio, se personaron en el domicilio, donde encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca y a un varón ahorcado.

'Rambalín' era un alma libre. Lavandero de día, icono transformista de noche y figura disidente durante el franquismo. Derrochaba alegría en Gijón/Xixón, en su barrio de Cimavilla, donde su homosexualidad -jamás escondida- no supuso para él un tabú. Querido y respetado por sus vecinos y vecinas, su asesinato el 19 de abril de 1976 pasó a los anales de los crímenes sin resolver. Ayer, domingo, se cumplió el 50 aniversario de una fecha que tiñó de gris un barrio que, lejos de olvidarle, le reivindica año tras año y el homenaje a su figura unió a los representantes de 34 asociaciones y entidades con un objetivo común: escribir en un tendal sus mensajes de amor para el 'fíu de Concha, la guapa'.

“Era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fíu de Concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabaretes de Cimadevilla, cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos si tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez”, así arranca la canción que el artista asturiano Rodrigo Cuevas dedicó en su disco 'Manual de cortejo' a Alberto Alonso Blanco, más conocido como 'Rambal' o 'Rambalín', que reproducimos a continuación.

Un homenaje popular

Y con la canción de Rodrigo Cuevas de fondo, que se escuchaba a través de la megafonía, arrancaba una jornada dominical que se convirtió en una fiesta de homenaje a 'Rambalín' de sus 'paisanos' y 'paisanas' de Gijón/Xixón, al que se unían los integrantes de las asociaciones y entidades.

La organización del acto corría a cargo de la asociación de vecinos Gigia Cimavilla que preside Sergio Álvarez quien, debido a su juventud, los referentes que tiene de este icono del barrio son a través de todo lo que ha escuchado, leído y visto sobre él que le ha acercado a su figura y ha reconocido la importancia que tuvo entre el vecindario.

Un gran tendal con mensajes de amor

El homenaje de un barrio que quería “dar amor para Rambal” consistió en la colocación de un gran tendal donde cada una de las asociaciones o entidades podía dejar constancia de sus mensajes contra el odio y la homofobia en camisetas, sábanas y bolsas de tela.

La familia de 'Rambalín' no podía faltar a la cita en este acto reivindicativo y lúdico a la vez, representada a través de su hermana Rosa, quien recibió de manos de Sergio Álvarez una foto enmarcada de la escultura de bronce dedicada a su hermano que se inauguró en la Plaza del Lavaderu en 2023.

La representación

Entre otros amigos incondicionales asistieron Violeta Gómez 'La Monrolla', Jacinto Pidal, hijo de 'La Mona' y Charo García 'La Piguacha' porque si algo también caracteriza al barrio es la profusión de motes a sus vecinos y vecinas.

Si la familia y los amigos y amigas del homenajeado no faltaron en tan señalada fecha al acto, menos aún podían fallar los representantes políticos. Por parte del Ayuntamiento de Gijón/Xixón acudieron la concejala delegada de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Ana Montserrat López Moro, y el concejal delegado de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás Molina.

En el acto también participó el concejal de IU Javier Suárez Llana, quien difundió imágenes del homenaje en la red social X, como se reproduce a continuación.

Mensajes contra la homofobia

Nuria Rodríguez, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, dejó escrito el mensaje: “Con el amor que nos diste, hicimos una ley. Va por ti, Rambal”.

Sergio Álvarez reconocía que si en abril de 1976 Cimavilla pedía justicia y ponía coronas de flores, 50 años después de su asesinato reclamaba amor y reconocimiento social para Rambal: “hoy damos amor para Rambal, amor para el mundo, feliz día y feliz vida, puxa Cimavilla y puxa Gijón”.

El Ministerio de Igualdad prepara un acto de homenaje a Dolores Vázquez, la mujer condenada injustamente en el año 2000 por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La joven de 19 años había sido asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga) y casi un mes después, su cuerpo aparecía desnudo y con varias puñaladas. La investigación se centró en la figura de Dolores Vázquez, expareja de su madre, que fue detenida y condenada sin pruebas. Pasó 17 meses en prisión. El caso dio un vuelco y la inocencia por la que clamó desde el principio quedó demostrada cuando cuatro años más tarde otra joven era asesinada por Toni King, el autor real de la muerte de Rocío.

El linchamiento mediático al que fue sometida Dolores, condenada mucho antes de que lo hiciera la sentencia, es considerado un ejemplo paradigmático de lesbofobia social e institucional. Varias voces han analizado cómo los medios de comunicación se basaron en prejuicios para construir una imagen de Dolores como culpable que influyó en la orientación del jurado popular que la condenó sin pruebas. De hecho, el juicio fue anulado en febrero de 2002 por “falta de motivación” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetirlo, pero nunca llegó a celebrarse de nuevo.

26 años después de su condena, el Ministerio de Igualdad quiere reconocer institucionalmente el daño que vivió y por eso celebrará un acto “simbólico” de reparación el próximo 27 de abril en su sede en Madrid, según confirman fuentes del mismo. Durante el evento, que contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Según apuntan fuentes del departamento, también se ha invitado a otros ministros como Félix Bolaños, de Justicia, sin que aún haya recibido confirmación. El año pasado, en un homenaje en Betanzos (Galicia), su pueblo natal, Vázquez reclamó una petición de perdón por parte del Gobierno.

La construcción de la asesina

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío Wanninkhof apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, mediática y socialmente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada desvirtuando para eso todo tipo de elementos, desde su supuesta personalidad a su físico, dibujándola como una mujer fría, calculadora y vengativa.

El hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana y hubiera tenido una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, tuvo un papel clave en el caso, según han estudiado voces como la de la activista feminista y escritora Beatriz Gimeno, que analizó profundamente esta variable en La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). En el libro, Gimeno hace un repaso por el tratamiento del caso y apunta a que Dolores Vázquez fue acusada, procesada y condenada por su orientación sexual “y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido heterosexual”.

El retrato de una mujer amenazante y masculinizada, con una gran fuerza –la suficiente para poder ella sola haber trasladado el cadáver de Rocío–, de carácter “frío” y “varonil” e incluso “dominador” llenó horas de televisión y páginas de periódicos con base en falsedades y exageraciones. Todo ello sirvió para convencer a la opinión pública, conmocionada por el caso, de que era culpable solo por “no encajar en los roles sexuales normativos” asociados a las mujeres, según ha escrito Gimeno. El móvil inventado para señalar a Dolores fue el de una mujer que se vengaba de la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura con Alicia Hornos.

La familia de Rocío también sostuvo esta versión y con este convencimiento generalizado y erróneo, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el 3 de septiembre de 2001. Sin pruebas y una acusación fiscal centrada en desacreditar personalmente a la mujer, un jurado popular que no fue unánime –dos personas votaron por su absolución–, la condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas. Ella siempre negó los hechos e insistió una y otra vez en que el único momento en que salió de casa aquella noche fue para comprar tabaco y tirar la basura.

La anulación de la condena

No hubo ninguna prueba física ni rastro de ADN ni testimonio que situara a Dolores Vázquez en la escena del crimen, pero una suma de supuestos indicios –entre ellos, su caracterización como una mujer celosa y violenta– sirvieron para condenarla. Su defensa recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”.

La sentencia determinó que el jurado popular condenó a la mujer sin explicar suficientemente su motivación, sin detallar “debidamente” los elementos que había tenido en cuenta. Frente a eso, el fallo afea al juez que debía haber devuelto el acta del veredicto al jurado y, de no hacerlo, estaba obligado él mismo a argumentar la condena que firmó, cosa que no hizo incurriendo en un “incumplimiento legal” de su exigencia. El tribunal insistió también en que la condena no fue producto de pruebas directas, sino de “inferencias o indicios” que “ni siquiera podemos conocer” porque no se reseñaron “debidamente”.

Dolores salió de la cárcel a la espera de un nuevo juicio, pero en este tiempo, Tony Alexander King asesinó a Sonia Carabantes. Su ADN estaba presente en las uñas de la joven y también en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof. El británico fue condenado a 35 años de cárcel por el asesinato de Carabantes y a 20 por el de Wanninkhof. Dolores Vázquez había estado 519 días en la cárcel por error judicial. Después de lo ocurrido y ya en libertad, se fue a vivir fuera de España.

Con toda la atención del mundo puesta en la guerra en Irán, los colonos israelíes mataron a nueve palestinos en la Cisjordania ocupada en marzo de 2026, coincidiendo en el primer mes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, pasando prácticamente desapercibidos.

Después de que Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaran el ataque a Irán, el 28 de febrero, se dispararon los incidentes violentos en Cisjordania, según los datos recopilados por el centro de análisis y estudios ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). Durante el pasado mes de marzo, se registraron 320 incidentes en los que estaban involucrados los colonos israelíes, que en lo que va de año han aumentado sus acciones violentas contra la población palestina (acoso verbal y físico, ataques a personas y propiedades, quema de vehículos y campos de cultivo, entre otras).

Según los datos de ACLED, marzo de 2026 no fue el mes en el que se registraron más eventos violentos, pero sí el más mortífero desde octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos. Entre el 28 de febrero y el 31 de marzo pasados, 9 palestinos perdieron la vida a manos de colonos israelíes. “La violencia de los colonos se ha vuelto cada vez más letal desde que comenzó el conflicto con Irán”, señaló el investigador de ACLED para Oriente Medio, Naser Khdour, al concluir el mes.

Khdour explicó en la web de ACLED que las comunidades palestinas cercanas a los asentamientos y puestos de avanzada en los territorios ocupados se han visto cada vez más aisladas por las restricciones de movimiento y de acceso impuestas por Israel debido al conflicto con Irán y al lanzamiento de misiles desde ese país, lo cual ha creado de facto una situación de “confinamiento” que los colonos han “aprovechado”.

El peor incidente se produjo el 8 de marzo, cuando los colonos asaltaron la aldea de Jirbet Abu Falah y asesinaron a tiros a un palestino de 57 años. Las fuerzas israelíes intervinieron a favor de los colonos y mataron a tiros a otro hombre de 30 años. Además, los militares lanzaron grandes cantidades de gas lacrimógeno y uno de los residentes de la aldea de 55 años sufrió un paro cardíaco y fue evacuado a un hospital, donde falleció, probablemente por haber inhalado el gas, según la ONG israelí B'Tselem.

La ONG ha denunciado que “el uso cada vez mayor y letal de fuego real por parte de las milicias israelíes y la expansión de los ataques contra grandes comunidades palestinas indica la intensificación de los esfuerzos de limpieza étnica de Israel, bajo el pretexto de la guerra con Irán”.

Los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también indican que el pasado marzo fue un mes especialmente mortífero: de los 8 palestinos asesinados por colonos israelíes en 2026, 6 perdieron la vida en marzo. Según la OCHA, marzo de 2026 es el segundo mes con más muertes a manos de colonos –desde que empezó a recopilar estas cifras en 2005–, después de octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos.

En el caso de ACLED, el mes de marzo de este año es el más letal de la última década, desde que este centro viene recopilando los datos en enero de 2016. Sin embargo, las cifras de víctimas mortales de ACLED sitúan marzo de 2026 por encima de octubre de 2023.

Los datos de ACLED, desde noviembre de 2023 hasta el pasado 31 de marzo, muestran la evolución de la violencia contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, donde viven unos tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes. En octubre de 2023, la violencia se disparó en Cisjordania después de los ataques del día 7 perpetrados por Hamás contra el sur de Israel y la ofensiva de castigo que el ejército hebreo lanzó a continuación contra la Franja de Gaza, que derivó en un genocidio.

Desde ese fatídico mes de hace dos años y medio, ha habido varios repuntes de la violencia antes del mes de marzo de 2026 y el más pronunciado fue en octubre de 2025, después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, tras dos años de guerra. El número de incidentes violentos en los que estaban involucrados colonos fue mayor en octubre pasado que en marzo de este año, pero el número de víctimas mortales, menor.

En marzo, ACLED registró más de 330 incidentes violentos, la gran mayoría protagonizados por colonos israelíes, excepto unos pocos en los que participaron el ejército o la policía israelíes.

Los datos de ACLED también muestran que buena parte de los incidentes violentos documentados desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 estuvieron protagonizados por grupos de colonos, que ejercen la violencia de forma colectiva, a veces con armas y otros instrumentos (como excavadoras), contra las comunidades palestinas.

En este mapa se puede ver que los incidentes violentos en lo que va de año han tenido lugar en distintos puntos de Cisjordania, de norte a sur.

Desde ACLED, Khdour explicó que la violencia en Cisjordania no está aislada de otros desarrollos, tanto militares como políticos, por ejemplo, las declaraciones de los dirigentes israelíes a favor de la anexión de los territorios palestinos ocupados y la legalización de un gran número de asentamientos y puestos de avanza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las operaciones militares israelíes contra Irán y Líbano, así como la ocupación del sur de Siria, han desviado el foco de atención de Cisjordania, además de efectivos del ejército. “La escasez de tropas podría aumentar la dependencia de las unidades de reserva locales compuestas por colonos”, advirtió el experto y alertó de las consecuencias de que Israel siga librando varios conflictos al mismo tiempo: “A medida que las fuerzas israelíes desvían su atención de las zonas palestinas, los colonos se arman cada vez más y se integran progresivamente en funciones de seguridad formales, con el respaldo continuo del Gobierno”.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

La muerte de Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936) es una de las grandes incógnitas del siglo XX. Un enigma aún sin resolver al que el escritor y profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca Luis García Jambrina (Zamora, 1960) ha tratado de dar respuesta basándose en hechos reales y ficticios en su novela 'El último caso de Unamuno', la segunda de una serie en la que prevé al menos otros tres libros en los que el escritor y filósofo se convierte en detective. “Siempre tuve la tentación de escribir algo de ficción sobre la muerte de Unamuno, porque trabajé en la casa Museo de Unamuno de Salamanca durante año y medio, cuando acabé la carrera e iba todos los días a la casa rectoral donde él vivió”, confiesa a este periódico García Jambrina, quien ya publicó un ensayo sobre el tema en el año 2021 junto al cineasta Manuel Menchón, pero desde un punto de vista histórico y periodístico.

“En este caso he tratado de ir más lejos porque como periodista, como historiador o investigador hay partes a las que no puedes llegar porque no tienes documentos, testimonios o pruebas. Pero como novelista tienes la libertad de ir más allá y completar las lagunas que quedan. Y eso es lo que he hecho en la novela. He querido reconstruir todas las circunstancias que de alguna manera explican y rodean esa muerte y que tienen que ver con el comienzo de la Guerra Civil en Salamanca, que fue una ciudad ocupada desde el primer momento por las tropas sublevadas y era una ciudad de retaguardia, pero en la que hubo también represión. En el centro de todo, estaba Unamuno”, reconoce.

'El último caso de Unamuno' es una novela negra de intriga criminal que se basa en dos investigaciones, una de ellas la realiza el propio Unamuno como detective y la otra la realizan para averiguar su muerte, pero también se trata de una novela histórica donde se reconstruye un momento concreto de la Guerra Civil en Salamanca. “La novela cuenta esos primeros meses de la guerra en Salamanca, que no es una parte de la historia muy conocida, pero en la que el plano propagandístico cobró gran importancia. En Salamanca siempre tendemos a ver el bando sublevado nacional como algo muy homogéneo y uniforme, pero en realidad había muchas tensiones y sobre todo entre Falange y los militares. A Unamuno le pillaba todo eso en el medio, porque tanto los falangistas como los militares intentaron utilizar y manipular su figura durante todo ese tiempo, incluso después de la muerte. Una de las hipótesis es que lo mataron los falangistas o que la cosa hubiera venido de la parte militar”, sostiene García Jambrina.

A Franco le vino muy bien el apoyo inicial de Unamuno y siguió utilizándolo hasta el final porque era una de las figuras españolas con más prestigio internacional

Preguntado por el uso propagandístico por parte del franquismo de la figura de Unamuno, el escritor reconoce que en “un primer momento apoya el alzamiento y a los militares, pero enseguida rectifica”. “De manera equivocada él pensaba que se trataba simplemente de un pequeño pronunciamiento militar que venía a enderezar el rumbo de la de la República. Salvar la República, en definitiva. Y lo creyó así porque los militares, incluso el propio Franco, en sus proclamas, siempre terminaba con el Viva la República, pero enseguida se da cuenta de que no es así, rectifica, se distancia y hasta se enfrenta a los militares de manera directa, como vemos en el acto del 12 de octubre del 36, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde se enfrenta no solo a Millán-Astray, sino a todos los militares allí presentes y queda clara cuál es su posición. El problema es que como Unamuno apoya inicialmente a los militares, lo utilizan propagandísticamente. A Franco le vino muy bien ese apoyo inicial de Unamuno y siguió utilizándolo y manteniéndolo hasta el final porque Unamuno era una de las figuras españolas con más prestigio internacional. No solo lo asesinan, sino que siguen utilizando propagandísticamente su legado, hasta el punto de que llegan a darle el nombre de Unamuno a un campo de concentración”, lamenta.

Lo asesinan el 31 de diciembre de 1936 porque no podía pasar un año más, se había convertido en un peligro enorme para el bando sublevado y era importante que desapareciera

En una carta inédita hasta el año pasado, datada el 7 de diciembre de 1936 -tres semanas antes de su muerte-, Unamuno confesó al novelista Henry Miller (1891-1980) su temor a ser asesinado porque existía una orden de acabar con él si trataba de huir de su arresto domiciliario. García Jambrina reconoce y así lo refleja en su novela, que la historia de la muerte de Unamuno es la crónica de una muerte anunciada. “Estaba convencido de que lo iban a asesinar. Es el verbo que él utilizaba y incluso llegaba a hablar de la posibilidad de escaparse. Y seguramente lo intentó en alguna ocasión e intentó mandar cartas por todas las vías posibles, porque por el correo ordinario sabía que no llegaban. Lo silenciaron y eso para Unamuno era algo terrible. Él decía, 'el día que no pueda hablar, el día que no me dejen hablar, me matan' y eso es lo que ocurrió. En los escritos personales y cartas durante las últimas semanas de vida se ve que la tensión va creciendo y que no podían hacer otra cosa que matarlo y que pareciera un accidente o muerte natural, porque no lo podían fusilar. Lo asesinan el 31 de diciembre de 1936 porque no podía pasar un año más, se había convertido en un peligro enorme para el bando sublevado, porque si todas esas declaraciones de Unamuno, con el prestigio internacional que tenía, se hubieran hecho públicas, podría haber cambiado incluso hasta el curso de la Guerra Civil porque alguna potencia extranjera podría haber ayudado a la República. Todo hubiera sido más difícil para los sublevados, por eso era muy importante que Unamuno desapareciera”, sostiene.

García Jambrina confía en que en algún momento se conozca la realidad de lo que pasó con la muerte de Unamuno. “Hay un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca y de la Universidad del País Vasco que tienen gran interés en que de una vez por todas esto se investigue en serio, se zanje esta cuestión y yo creo que a lo largo de este año iremos sabiendo algo más. Lo más curioso es que la muerte de Unamuno no se ha investigado hasta fechas muy recientes. Ya pasaron 85 años sin que nadie hubiera investigado este asunto. Tanto en el ensayo publicado en el año 2021 como en esta novela narro indicios sobre su asesinato, pero confío en que, sobre todo los análisis forenses que se hagan a lo largo de este año, pues nos den ya alguna prueba, ya no solo indicios, sino alguna prueba bien de tipo médico o lo que sea que confirme que efectivamente murió asesinado. Luego estaría ya averiguar la autoría, eso es más complicado porque este tipo de muertes evidentemente eran de encargo y la responsabilidad se diluye”, confiesa.

Unamuno es un referente humano, político, ético. Bilbao debería presumir mucho más de haber dado a luz a ese personaje

El escritor ha viajado esta semana a Bilbao para presentar su novela y hablar sobre la muerte de Unamuno en la ciudad en la que nació y en la que reconoce que, por “prejuicios”, su figura no ha tenido a lo largo de los años el prestigio que merecía, algo que se está corrigiendo poco a poco. “He ido asistiendo poco a poco a una especie de recuperación de la figura de Unamuno, de rehabilitación del personaje. Unamuno estaba muy marcado, muy connotado negativamente. Había muchos prejuicios sobre él, recuerdo incluso cuando se tiraba el busto de Unamuno a la Ría de Bilbao y permanecía en la Ría durante mucho tiempo. Yo me he encontrado con mucha gente culta y leída que decía que no leía Unamuno porque era facha y que no le interesaba por eso. Y se ha revelado que es absolutamente falso. También existe el prejuicio de que a Unamuno no le interesaban la lengua ni la cultura vasca, algo que también es falso y prueba de ello es que él hace su tesis doctoral sobre la lengua en la cultura vasca. El tiempo que vivió en Salamanca él decía que era bilbaíno y que era muy vasco, incluso cuando se exilió en París abandona la ciudad para instalarse en Hendaya y poder contemplar su tierra, en la que tenía raíces enormes, pero eso durante muchos años ha estado oculto”, reconoce el autor.

“Se dice que Unamuno es contradictorio. Yo no creo que sea contradictorio, pero es verdad que él era capaz de aceptar diferentes tipos de puntos de vista sobre las cosas, pero de una manera racional, no porque cambiara de opinión, sino porque lo examinaba todo una y otra vez, lo cuestionaba todo. No tenía unas ideas fijas, no tenía ideología, tenía un pensamiento vivo. Una vez que se va limpiando el personaje de todas esas falsedades, empieza a surgir el interés. Y en el caso de Bilbao es más que interés, hay una necesidad de recuperar esa figura, prueba de ello es que ahora se le dedican jornadas y se leen públicamente sus obras. Es algo emocionante. El problema que tiene es que es tan complejo que es muy difícil clasificarlo, pero una vez que te acercas a él se convierte en una especie de referente, que es lo que estoy seguro que está ocurriendo en Bilbao. Unamuno es un referente humano, un referente político, un referente ético. Bilbao debería presumir mucho más de haber dado a luz a ese personaje”, concluye el escritor, que a pesar de los avances en torno a la figura de Unamuno hace un llamamiento a las instituciones y a la sociedad en general para que se demanden más iniciativas que recuperen la memoria de Unamuno.

La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Haro ha tomado declaración a última hora de esta mañana al supuesto autor del ‘Crimen de Tirgo’. El detenido ha prestado declaración aproximadamente durante media hora y sólo ha contestado a las preguntas de su defensa. 

Una vez ha concluido la comparecencia, la Magistrada ha acordado prisión provisional sin fianza por un presunto delito de asesinato con alevosía y ha sido conducido a la prisión de Logroño. El asesinato está penado en nuestro Código Penal entre 15 y 25 años de cárcel.

La Juez ha levantado el secreto de las actuaciones antes de iniciar la declaración. Según consta en el relato del atestado policial, el acusado convivía con otros dos temporeros en un domicilio del pueblo de Tirgo y en la tarde del pasado martes comenzó una discusión con uno de ellos en plena calle. En el transcurso del enfrentamiento verbal, el acusado apuñaló en el costado a la víctima de 29 años de edad, que momentos después fallecía a consecuencia de la herida con arma blanca.

Antes del detenido ha prestado declaración como testigo el tercer temporero que compartía domicilio con el detenido y la víctima.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) ha confirmado el fallecimiento del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor.

Se trata de un joven de 22 años que padecía problemas mentales que, sin embargo, desconocían los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

Precisamente, ha sido el 112 de la Comunidad de Madrid el que, con anterioridad, ha informado del traslado con pronóstico crítico del adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se ha producido a las 19.45 horas, tras lo que se han desplazado al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor, de 11 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado “un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España” este viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado “a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles”.

“Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia”, ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un varón en Tirgo y vecino del municipio riojano. Según las primeras informaciones, las unidades de seguridad ciudadana se han encontrado con un varón en plena calle, han intentado reanimarlo, pero ha sido imposible. Los hechos han tenido lugar este martes sobre las 17:30 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado el equipo de criminalística, la unidad orgánica de Policía Judicial y la autoridad judicial. Lo único confirmado hasta estos momentos es la muerte violenta de un varón. La investigación está abierta y los agentes tratan de esclarecer los hechos. También se está tomando declaración a las personas que en esos momentos se encontraban por la zona.

De momento, “no hay datos de que haya detenidos” insiste la Guardia Civil, que reitera que “se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido”. Tampoco ha trascendido la edad de hombre fallecido y el levantamiento del cadáver se realizará “en breve”.

Esta es la información oficial facilitada por la Guardia Civil. Se ha decretado el secreto de sumario así que no se conocerán más detalles hasta que este no se levante.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 17 años y seis meses de cárcel al acusado de matar con una navaja al joven Fernando Úrbez Sarrablo Castillo en el exterior de un bar en Boltaña, en Huesca, el 2 de octubre de 2023. El jurado declaró al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía.

Sergio Domínguez Elvira fue declarado culpable de asesinato por el tribunal del jurado tras el juicio celebrado el pasado mes de febrero en la Audiencia de Huesca al apreciar por unanimidad que fue el autor de la muerte de la víctima, sobre la base del único testigo ocular de los hechos, pero únicamente por mayoría que su intención desde un primer momento era provocar la muerte del joven. Uno de los puntos clave de la sentencia es la apreciación de la alevosía, basada en la nula capacidad de respuesta de Fernando. El texto judicial subraya que el ataque fue “inesperado, atendiendo a la intensidad y dirección del movimiento utilizado”, lo que, sumado a la embriaguez de la víctima, influyó “decisivamente en la anulación de toda respuesta defensiva”.

La resolución hace especial hincapié en el estado de Fernando, señalando que presentaba una concentración de alcohol de 2,75 g/L. Según la pericial forense citada en el fallo, esta circunstancia “reduce la capacidad de atención o reacción, favoreciendo la sorpresa del ataque”. Por ello, el jurado concluyó que el acusado se aprovechó de estas “condiciones objetivas de indefensión o de imposibilidad de repeler la agresión”.

Respecto a la conducta de Sergio Domínguez Elvira, la sentencia destaca la frialdad tras el apuñalamiento. Testigos presenciales indicaron que, tras clavar la navaja, el acusado “se dio la vuelta y se fue hacía su coche” , alejándose de la plaza “sin realizar ninguna maniobra brusca o anómala”. El tribunal resalta que, a pesar de ser consumidor habitual de sustancias, el día de los hechos “no tenía mermadas sus capacidades, ni tenía afectación alguna en sus facultades intelectivas o volitivas” , basándose en que los testigos lo vieron caminar “recto” y hablar de forma “normal”.

En cuanto al castigo penal, el magistrado justifica la extensión de la pena de cárcel por la “mayor o menor gravedad del hecho” y la “grave repercusión vital, familiar e incluso social” de haber acabado con la vida de un hombre de 28 años.

Además de la prisión y la inhabilitación absoluta , el fallo impone medidas de alejamiento y comunicación por un periodo de “diez años superior a la pena de prisión efectivamente impuesta”. En el ámbito económico, la sentencia fija las indemnizaciones detalladas: 104.372,28 euros para el padre , 100.552,84 euros para la madre y 21.995,93 euros para cada uno de los dos hermanos. El juez concluye que estas cantidades buscan compensar un “desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia” que “cercena la proyección vital y rompe la estabilidad emocional” de los allegados.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón a interponer, en su caso, en el plazo de diez días.

La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este viernes a la sección de instrucción del tribunal de instancia de la capital asturiana, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos, tres de ellos en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón y un cuarto en Llinás del Vallés (Barcelona), por la muerte violenta de Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', en un ajuste de cuentas por narcotráfico, ocurrido en Lugo de Llanera, en enero de 2025. 

El Ministerio Fiscal considera que en un principio los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable.

Riesgo de reiteración delictiva

El Ministerio Fiscal ha interesado la medida cautelar de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva. 

Los cuatro detenidos en Oviedo, Gijón y Llinars del Valles (Barcelona) han pasado esta mañana a disposición judicial. La causa ha sido asumida por la plaza número 1 de Instrucción de la capital asturiana.

El quinto detenido es el sicario que, según la Guardia Civil, aceptó el encargo de asesinar a Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, que fue arrestado en la ciudad francesa de Orleans, y será extraditado a España en las próximas semanas.

Una emboscada

'El Panameño' murió asesinado a tiros, el 26 de enero de 2025, tras caer en la emboscada que le tendió la organización de narcotráfico de origen dominicano con la que tenía contraída una deuda que no había devuelto. Según fuentes de la investigación, se habría apoderado de unos 14 kilogramos de cocaína de la red en uno de los trabajos que había realizado para la banda.

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la localidad de Lugo de Llanera. Según el relato de la Guardia Civil, la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo, en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera, cuando tuvo que bajarse del coche para comprobar un aparente pinchazo en una rueda.

Los testigos

Seguidamente, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia y en ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto. Los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

En los registros efectuados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 34 kilogramos de hachís.

La colaboración

La operación policial, bautizada como 'Filbanks' ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Asturias, con el apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIMl.

En esta intervención también se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Emiliano Bruke, apodado 'El Panameño', de 44 años, fue asesinado el año pasado en la localidad asturiana de Lugo de Llanera cuando se bajó de su vehículo para comprobar el estado de una rueda que acababa de sufrir un reventón tras haber sido rajada previamente con una navaja para facilitar que un sicario, recién llegado de Francia a Asturias, le asesinara a tiros.

El vehículo que conducía la víctima había sido manipulado para que una organización criminal, con la que mantenía una deuda por narcotráfico, pudiera seguirlo en todos sus movimientos a través de un localizador. Las informaciones a la banda habían sido aportadas por sus propios amigos. Cinco personas, entre ellas el autor material del asesinato, han sido detenidas en las últimas horas.

Las amenazas

Un ajuste de cuentas por una deuda de narcotráfico está detrás del crimen. Al parecer, 'El Panameño' había sustraído a la organización 14 kilogramos de cocaína en el tercer encargo que había realizado para la banda. No hubo un cuarto trabajo.

Las amenazas que había recibido le habían llevado a huir de Asturias. Se refugió en Cádiz, pero la citación para personarse en un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico, en la comunidad autónoma asturiana, le hizo regresar. Su vuelta al Principado fue aprovechada por la organización para cumplir sus amenazas y asesinarle.

A continuación, reproducimos el vídeo difundido por la Guardia Civil con imágenes de la operación policial que ha permitido esclarecer el asesinato y detener a las cinco personas presuntamente implicadas en el crimen.

Un sicario y cuatro cómplices

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 y, tras una exhaustiva investigación, una operación policial ha permitido desarticular a la red y detener a cinco personas, entre las que figura el sicario.

La operación policial, bautizada con el nombre de 'Filbanks' ha sido desarrollada por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa H.S.I. (Homeland Security Investigation-Investigaciones de Seguridad Nacional).

Arrestos simultáneos

Los investigadores han logrado esclarecer el crimen con las cinco detenciones practicadas en las últimas horas y que han culminado en la madrugada de hoy. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, los arrestos se han realizado de forma simultánea en registros domiciliarios llevados a cabo en las ciudades asturianas de Oviedo y Gijón, en Llinars del Valles (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros practicados, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Un crimen planificado

El crimen, que desde el inicio presentó signos de planificación, fue ejecutado por un sicario contratado por la organización criminal asentada en Asturias y vinculada principalmente con el tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó inmediatamente España una vez cometido.

Según el relato de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de enero de 2025 cuando la víctima se encontraba junto con dos personas más en su vehículo en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad asturiana de Lugo de Llanera.

Una rueda rajada

“Tras sufrir un aparente pinchazo en la rueda del vehículo, se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro vehículo se detuvo unos metros más adelante, se bajó una persona y disparó a la víctima hasta cinco veces, causándole la muerte en el acto”, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Seguidamente, los dos acompañantes de 'El Panameño' huyeron del lugar, mientras otras personas que en ese momento fueron testigos de la escena, al ver a una persona tendida en el suelo, dieron la voz de alarma.

Un localizador en el vehículo

Las primeras investigaciones realizadas por los agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido manipulado.

“Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una compra de droga”, señala la Guardia Civil.

Una deuda que, según fuentes cercanas a la investigación, estaba detrás de la huida de 'El Panameño' al sur del país al haber sido amenazado de muerte en caso de impago de la deuda.

La 'ayuda' de los “amigos” de la víctima

A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo como en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes fueron identificando al grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por un sicario contratado para llevar a cabo el crimen.

La huida a Francia

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave, según ha corroborado la Guardia Civil, al facilitar los medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionar todo lo necesario para trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen, en Francia.

Para los investigadores, el hecho de que el autor material procediera de otro país fue una dificultad añadida para su control a través de seguimientos, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente.

La colaboración internacional

La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país, según ha resaltado la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa, GAR, GRS y SECRIM. Ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo y la Fiscalía.

La jueza de la Plaza numero 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el asesinato de una mujer en Pedreña, en el municipio de Marina de Cudeyo, que era su pareja, el pasado sábado.

El hombre, que fue arrestado unas horas después, ha prestado este miércoles declaración ante la jueza que en la fecha en que sucedieron los hechos se encontraba en servicio de guardia. Las diligencias se incoaron por un delito de homicidio con la agravante de parentesco, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado.

El detenido llegó a la sede judicial de Medio Cudeyo por la mañana y allí ha prestado declaración por estos hechos por primera vez, porque no lo hizo ante la Guardia Civil.

No había denuncias por violencia de género entre esta pareja, pero el hombre tenía antecedentes por dos casos con otras mujeres en los años 2011 y 2019 en la Comunidad de Madrid. Tenía condena firme, pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén de protección a las víctimas.

La mujer, de 64 años, y el detenido, de 52, llegaron a Pedreña desde Madrid hace unos cinco años. No estaban casados y no tenían familia en Cantabria.

Sospechas desde el principio

Fue el hombre el que avisó el sábado a la Guardia Civil porque, según dijo, había encontrado a su pareja muerta en el domicilio. Sin embargo, desde el primer momento los investigadores sospecharon de él y le mantuvieron bajo vigilancia.

La autopsia realizada el domingo confirmó que el fallecimiento fue por causa violenta, lo que se comunicó a la juez del Tribunal de Instancia, que abrió diligencias y ha sido quien ha tomado declaración este miércoles al detenido, tres días después del arresto y una vez agotado el plazo legal. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, desveló el lunes que la mujer murió asfixiada y que pudo ser estrangulada.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: en el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

La Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia, decidió este martes juzgar al expolítico y empresario belga Étienne Davignon, de 93 años y vicepresidente de la Comisión Europea entre 1981 y 1985, por su presunta implicación en el asesinato en 1961 del histórico líder congoleño Patrice Lumumba.

La Fiscalía Federal le reprocha la detención y traslado ilícitos de un prisionero de guerra, la privación de su derecho a un juicio imparcial y tratos humillantes y degradantes, pero no le imputa el asesinato del que fuera primer jefe de Gobierno del Congo independiente, asesinado a los 36 años, indicó la radiotelevisión pública RTBF.

El exdiplomático es el único que aún sigue vivo de los 11 belgas señalados por la denuncia por crímenes de guerra presentada en 2011 por los hijos de Lumumba. La decisión de sentarle en el banquillo se ha tomado tras más de 10 años de instrucción.

La defensa de Davignon había argumentado que había prescrito el plazo razonable para exigirle responsabilidades por los delitos que se le atribuyen, pero la familia de Lumumba considera que no es tarde para juzgar una “funesta empresa criminal de Estado”.

La familia entiende que el juicio es una etapa necesaria para depurar el pasado colonial de Bélgica, que en los últimos años ha dado pasos para reconocer los errores del Estado belga en una lucrativa y oscura época del reino.

El presidente congoleño Joseph Kasa-Vubu anunció en septiembre de 1960 la destitución del que fuera el primer ministro del Congo durante los primeros 67 días de independencia tras 75 años de régimen colonial.

Lumumba, que se había acercado a Moscú, fue arrestado posteriormente por orden del coronel Mobutu, encarcelado, y finalmente ejecutado junto a dos de sus lugartenientes el 17 de enero de 1961 en un bosque de la región separatista de Katanga, con la complicidad de oficiales belgas y, supuestamente, también agentes de la CIA estadounidense.

Al día siguiente, el cuerpo del fundador del Movimiento Nacional Congoleño fue desmembrado y disuelto en ácido. Uno de los agentes belgas implicados robó dos dientes del líder congoleño como “trofeo de caza”. Mobutu tomó el poder en 1965 y dirigió el país con mano de hierro hasta 1997.

El agente guardó el secreto hasta que en 1999, un año antes de morir, confesó el crimen, sobre el que Bélgica ha admitido oficialmente su “responsabilidad moral”, y abrió la puerta a las investigaciones judiciales que ahora afectan a Davignon.

Además de vicepresidente de la Comisión Europea, Davignon estuvo al frente de distintas carteras de comisario entre 1977 y 1981 y posteriormente ocupó la presidencia del centro de pensamiento Instituto Egmon y después del influyente Grupo Bildeberg hasta 2011.

Lo que parecía el suicidio de una mujer de 53 años en un barranco en Colungo, cerca de Barbastro (Huesca), ha terminado por ser un presunto asesinato machista. La víctima desapareció a mediados de enero en la localidad oscense y hasta este lunes no se había dado a conocer su muerte. El pasado viernes la Guardia Civil detuvo a dos personas: su actual pareja, Juan Julián S. S., y su marido, Carlos Víctor S. A. Ambos han pasado a disposición judicial este lunes: por la tarde, la jueza ha decretado la prisión comunicada y sin fianza para el primero de ellos y la libertad provisional para el segundo.

El cuerpo apareció en el barranco de Las Palomeras de Colungo, bajo el puente situado sobre la carretera A-2205, y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) inició una investigación para esclarecer los hechos el pasado 18 de enero. La víctima es María Paloma Bardají, cuya desaparición se había denunciado un día antes, hace casi dos meses. Las valoraciones médico-forenses llevaron a la conclusión de que la muerte podría haberse producido de forma violenta.

En la mañana de este lunes tres hombres han pasado a disposición judicial ante la jueza de la plaza nº 2 del Tribunal de Instancia de Barbastro. Los tres han comparecido en calidad de investigados –dos de ellos detenidos por la Guardia Civil–, por su presunta vinculación con el asesinato machista.

La jueza de la plaza nº 2 –sección de instrucción– del Tribunal de Instancia de Barbastro, María Pilar Guillén, ha dictado por la tarde auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Juan Julián S.S. como posible autor de un delito de asesinato y otro de apropiación indebida o administración desleal. En su resolución expresa la instructora que “las diligencias de investigación practicadas hasta el momento permiten apreciar indicios racionales de criminalidad de notable consistencia”. En el mismo auto decreta para este investigado una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B. B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio “debido a la situación de especial vulnerabilidad de este y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado”.

El segundo de los investigados (el marido), Carlos Víctor S. A., ha quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuera llamado. Se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le obliga a entregar su pasaporte. Carlos mantiene su condición de investigado en la causa como posible autor de un delito de asesinato.

Al tercer compareciente de esta mañana la jueza le ha retirado la condición de investigado y el hombre ha quedado en libertad sin cargos. Junto a ellos la juez también ha tomado declaración esta mañana a tres testigos.

Relación sentimental

La investigación judicial se abrió el mismo 18 de enero. Tras identificarse a la víctima, se constató que la mujer mantenía una relación sentimental con el investigado, Juan Julián S. S. Paralelamente se detectaron movimientos bancarios realizados por esta persona desde las cuentas de la víctima y de las de un tío de ella hacia las cuentas de la pareja. Las investigaciones realizadas desvelaron indicios de un posible vaciado y desvío de fondos en beneficio de Juan Julián S. S.

La jueza valora también en su auto que el tío de la víctima, José B. B., de edad avanzada, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y dependencia, circunstancias que podrían haber sido aprovechadas por el investigado para la obtención de un poder notarial cuya legalidad es cuestionada en un informe adjuntado a la causa

Según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La investigación de las personas detenidas es por delito de asesinato en el marco de un delito por Violencia de Género, donde el autor material sería uno de ellos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha expresado su consternación ante la información que apunta a un posible asesinato machista en la provincia de Huesca y por el que dos personas han pasado este lunes a disposición judicial en el marco de la investigación abierta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca. “La violencia machista sigue golpeándonos como sociedad y debemos redoblar esfuerzos para erradicarla”, ha instado Azcón en una publicación de su cuenta en la red social X. “Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia de la víctima”, ha concluido su mensaje.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más “rotunda condena” y su “absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempoy evitar más muertes por este tipo de violencia. La Delegación del Gobierno en Aragón y las tres subdelegaciones provinciales han convocado un minuto de silencio este martes a las 09:30.

Un año después del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en Badajoz se han producido algunas mejoras en el sistema de protección de la infancia y de reforma juvenil de Extremadura, pero los profesionales de este ámbito reclaman menos “parches” y “soluciones integrales”, como ha expuesto este lunes la educadora social Inés María Solomando, en representación del Grupo de Acción Social y Sindical formado por 18 entidades de Extremadura -11 colegios profesionales y siete centrales sindicales-.

Antes de exponer las reflexiones de este colectivo en una rueda de prensa, se ha guardo un minuto de silencio por María Belén Cortés, justo en el día que se cumple un año de su muerte en un piso de cumplimento de medidas judiciales de Badajoz. El próximo sábado, 14 de marzo, habrá una manifestación en Badajoz en su memoria.

Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz condenó a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores acusados del crimen, mientras que a la joven también procesada se le impuso una pena de cinco años, como cómplice.

El Grupo de Acción Social y Sindical se ha creado para aunar esfuerzos ante la “inacción” de los distintos gobiernos de la región en materia social y ante el “devenir de una serie de hechos, incidentes y peligros” que ya venían advirtiendo las entidades representadas antes del crimen.

En este trabajo, que es muy vocacional, su muerte les “removió y les sigue removiendo”. “Ahora me lo pienso más”, ha reconocido Solomando, a la hora de afrontar determinadas “situaciones complicadas”.

Un problema al que se enfrentan es que cuando un profesional pone una denuncia por una agresión, cuando llega el momento del juicio no tiene el amparo de la Administración, como sí lo tienen el menor, y se tienen que buscar su asesoramiento jurídico.

Entre los avances que se han producido, Solomando ha señalado el establecimiento de un “botón del pánico” para los profesionales o programas de intervención terapéutica para la infancia y de bienestar y autocuidado para profesionales, pero los programas de familia, que son “el primer bastión”, “están como siembre”.

El grupo reclama una red de programas de familias fuerte, a cargo de los presupuestos autonómicos, con personal suficiente y salarios dignos; crear una mesa técnica de expertos para evaluar el sistema, elaborar propuestas y hacer un seguimiento de las medidas que se pongan en marcha; y el reconocimiento de estos profesionales como figuras de autoridad.

Entre la docena de reivindicaciones también figura la creación de una comunidad terapéutica para jóvenes con problemas de adicción como la que hubo hace unos años en Mérida y la apertura del Centro de Recuperación Zagal de Plasencia, también de carácter terapéutico.

La actualización del decreto de acogimiento residencial con la implicación de los profesionales; la habilitación de un expediente único del menor que abarque los ámbitos de servicios sociales y educación, con acceso para todos los profesionales implicados; y un plan de seguridad específico también figuran entre sus demandas.

La situación política también está incluyendo este sector, ya que Solomando ha advertido de que los centros de acogida de menores están sin presupuestos y de que el programa de bienestar y autocuidado para profesionales está paralizado.

Desde la muerte de la educadora social, el sector se ha reunido en dos ocasiones con los responsables de la Junta de Extremadura y ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que no les respondió, según Solomando.

Además, pidió la concesión de la Medalla de Extremadura a título póstumo para María Belén Cortés en 2025, que tienen la esperanza de conseguir este año con más tiempo por delante y más apoyos.

La Audiencia Provincial de Guadalajara, a través del procedimiento del Tribunal del Jurado, ha condenado a F.P.S., principal acusado de las muertes de un matrimonio y su hija en la localidad guadalajareña de Chiloeches (Guadalajara), a las penas de 40 años de cárcel y prisión permanente revisable por 3 delitos de asesinato con alevosía, el último, el de la joven, hiperagravado, según recoge el artículo 140.2 del Código Penal.

Los hechos se produjeron en abril de 2024 en la vivienda de las víctimas, ubicada en una urbanización de Chiloeches, y en los que estuvieron implicados tres jóvenes, el principal acusado, autor material de los asesinatos, y otras dos personas, uno de ellos pareja de la hija del matrimonio fallecido, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

La sentencia dictada por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, y en base al veredicto, recoge además para F.P.S. la condena a 4 años, 7 meses y 15 días por el delito de robo con intimidación y violencia en las personas en casa habitada y con uso de armas, y a 2 años de cárcel más por el delito de daños por incendio, este último cometido tras producir las tres muertes y con el objetivo de ocultar los hechos.

La magistrada establece en la resolución, como responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 400.000 euros al hijo y hermano de las víctimas, que se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos y consiguió huir de la vivienda. La indemnización recoge 150.000 euros por cada una de las muertes de los padres y 100.000 euros por el fallecimiento de su hermana.

La resolución para el resto de acusados

Respecto de los otros dos acusados, y ahora condenados --D.M.A. y C.B.M., este último pareja de la joven fallecida--, la sentencia establece pena de prisión para ambos por el delito de robo con intimidación y violencia en las personas en casa habitada y con uso de armas, D.M.A. como cómplice --2 años, 1 mes y 16 días de prisión-- y C.B.M. como cooperador necesario --4 años, 3 meses y 1 día de prisión--.

Según el veredicto del Tribunal del Jurado, y ahora reflejado en las penas de la sentencia, C.B.M. proporcionó con antelación a los hechos información detallada de la ubicación de la vivienda, así como otros datos que fueron relevantes para que el principal acusado ejecutara el robo.

En cuanto a D.M.A., la noche de los hechos acompañó al principal acusado en coche hasta la puerta de la urbanización, y quedó a la espera de la llamada de F.P.S. una vez se produjera el robo previsto.

Respecto a las atenuantes propuestas por los abogados de los tres encausados, actuación bajo la influencia de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas --F.P.S., D.M.A. y C.B.M.--; arrebato y obcecación, y reparación del daño --F.P.S.--; confesión y colaboración --A.D.M.--; y retraso mental ligero y trastorno de la afectividad --C.B.M.--, ninguna ha sido considerada para establecer la sentencia, todo ello en base al veredicto del Tribunal del Jurado, que no dio ninguna atenuante por probada, y en base a las pruebas practicadas en el juicio.

Por último, la sentencia establece como responsabilidad civil para el principal condenado, F.P.S., el pago de más de 163.000 euros a una compañía aseguradora, por los daños que tuvo que asumir tras el incendio provocado en la vivienda.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un joven de 20 años que a primera hora de la mañana se ha personado en la comisaría de Carabanchel, en Madrid, para confesar que había matado a su casera. La víctima es una mujer de unos 31 años.

Así lo han confirmado fuentes policiales después de que el SUMMA112 informara previamente, según recoge Europa Press, de la muerte violenta de una persona en la calle Oropéndola de la capital (ubicada en el barrio de Abrantes). Los sanitarios han llegado a la vivienda alrededor de las 9.00 y solo han podido confirmar la muerte.

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios se han trasladado al lugar y se han hecho cargo de la investigación, según confirma la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La fallecida presentaba signos de estrangulamiento y convivía con el joven que ha admitido los hechos, nacido en 2005 y originario de Venezuela.

Las pesquisas avazan sin descartar ninguna hipótesis, aunque desde la Policía Nacional indican a Somos Madrid que no hay indicios de relación sentimental entre el presunto culpable y la víctima, por lo que no contemplan de entrada que se trate de un nuevo caso de violencia de género.