Un debate en el pleno de la Deputación de Lugo ha servido para que José Tomé, el expresidente del ente que tuvo que dimitir y dejar el PSOE tras ser acusado de acoso sexual, confirmase que ha solicitado que la póliza de responsabilidad que cubre a los diputados provinciales cubra sus gastos de defensa. El PP había registrado una iniciativa en la que reclamaba que la institución no pueda asumir los gastos de defensa de Tomé o de cualquier cargo político o personal acusado de delitos sexuales u otros contra los derechos de las mujeres. El PSOE y el BNG la rechazaron asegurando que no existe ningún acuerdo para abonar ese dinero y acusando a los populares de mentir y confundir. Lo que hay, dijo la presidenta, la socialista Carmela López, es esa póliza que incluye a todos los diputados.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que Tomé, que sigue siendo alcalde de Monforte y retuvo también su asiento en la Deputación como no adscrito, pidió que el ente provincial asuma el coste de su defensa en el caso por acoso sexual, que está judicializado. La previsión de gasto, dijo, sería de 37.000 euros, según recoge Europa Press. Carmela López replicó que “es rotundamente falso” que exista acuerdo alguno para sufragar la defensa de José Tomé con fondos públicos. Explicó que no existe “ni acuerdo de Junta de Gobierno ni resolución” al respecto y que lo único existente es una póliza de seguros de responsabilidad que cubre a todos los diputados provinciales, independientemente de su grupo político. Es la compañía aseguradora, añadió, la que decidirá sobre si cubre o no esos gastos.

Por parte del BNG, el diputado Efrén Castro fue igualmente contundente al negar cualquier posibilidad de que la Deputación financie la asistencia jurídica de Tomé. “No hubo ni va a haber acuerdo para pagar asistencia jurídica para un diputado”, afirmó e insistió en que “no hay ni habrá un solo euro de la Deputación que vaya a pagar esta defensa”. La moción del PP se sostiene sobre informaciones falsas con la intención de “embarrar” el debate político, reprochó.

El propio José Tomé intervino para exponer su postura. Aseguró que no ha solicitado a la Deputación el pago de su defensa y que únicamente comunicó una situación a la que, según ha dicho, “tiene derecho cualquier miembro de la corporación en virtud de la póliza existente”. “No pedí nada a la Deputación, solo comuniqué algo a lo que tengo derecho, igual que usted. La póliza es para todos”, insistió. Además, acusó a Ameijide de actuar “con una mente manipuladora que trata de engañar a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para sacar rédito político”.

Una usuaria de un centro para personas con discapacidad ubicado en Bóveda (Lugo) ha fallecido en las últimas horas tras ser agredida por otra interna. Según fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando supuestamente una de las personas usuarias agredió a otra y esta última tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

Las mismas fuentes han indicado que, en un principio, se catalogó como una agresión entre dos internas. Sin embargo, finalmente la víctima falleció en el hospital, por lo que se investiga como un presunto delito de homicidio.

El caso ya ha sido trasladado a la justicia para tratar de aclarar todo lo ocurrido. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han indicado que la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Monforte inició un procedimiento por este caso.

Así, la presunta autora de los hechos permanece ingresada y el tribunal está pendiente de recibir los informes forenses que determinen si la mujer está en condiciones de prestar declaración.

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha trasladado el “pesar” de la Xunta por lo ocurrido, indicando que el Gobierno gallego está “colaborando de forma permanente con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y con la Fiscalía, que son los encargados de averiguar qué aconteció”.

El Ayuntamiento de Lugo ha desmentido haber vetado ningún acto vinculado a la memoria histórica en O Vello Cárcere y ha explicado que, tras explicar a los interesados que la disponibilidad del recinto dependía de los actos del Arde Lucus, estos no mostraron más interés.

En un comunicado remitido a los medios y recogido por Europa Press, el Consistorio explica que, tras las manifestaciones realizadas en los ultimos días en relación con la celebración del mencionado acto, es necesario “aclarar los hechos y desmentir interpretaciones que no corresponden con la realidad administrativa del expediente”.

Explican que el único contacto producido respecto de esta cuestión consistió en una consulta verbal realizada a la jefa de gabinete de la Alcaldía sobre la posibilidad de utilizar O Vello Cárcere en las fechas indicadas. Durante esa conversación se informó a las personas interesadas de que el inmueble podría albergar actividades vinculadas al Arde Lucus.

Tras recibir esta información, continúan, las personas interesadas volvieron a contactar con el Ayuntamiento para comunicar que finalmente no precisaban hacer uso de este espacio, por lo que no se produjo ninguna otra gestión al respecto.

A partir de ese momento, insisten, no se recibió ninguna solicitud formal, ni por escrito ni a través de ninguno de los canales establecidos para la reserva y utilización de instalaciones municipales.

“Resulta improcedente atribuir al Ayuntamiento una supuesta negativa o veto respecto de una petición inexistente”, aseguran, deslizando además que, dado que realizan estas afirmaciones en base a los registros y procedimientos administrativos, “cualquier versión distinta deberá sustentarse en la correspondiente documentación acreditativa”.

Concluyen lamentando que se trasladen a la opinión pública afirmaciones “carentes de respaldo documental” y reiteran su compromiso con “la transparencia, el rigor y el respeto a la verdad de los hechos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado dar su opinión sobre la decisión de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia (PP), de no ceder las instalaciones de O Vello Cárcere de la ciudad para un acto sobre el inicio del proceso para declarar el edificio, símbolo de la represión franquista en la ciudad, lugar de memoria democrática. Tampoco se ha pronunciado sobre la ausencia de la propia regidora -el concejal Agustín Gallego acudió en representación del Ayuntamiento-.

“No tengo conocimiento de las razones de la denegación ni de las razones de la alcaldesa para no ir. Habrá que preguntarle a ella”, replicó Rueda, que es también presidente del PP gallego, a una pregunta sobre lo ocurrido en Lugo el pasado viernes, cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, hizo una visita institucional para celebrar el inicio del proceso.

El acto se tuvo que hacer en el exterior de O Vello Cárcere porque el gobierno de Lugo rechazó ceder las instalaciones con el argumento de que estaban plenamente ocupadas por la intensa programación del Arde Lucus. Esta celebración fue también la que centró la actividad de Candia durante la visita de los representantes del Gobierno central. La regidora se encontraba en ese momento supervisando el puesto avanzado móvil del dispositivo de seguridad para la fiesta.

El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en las políticas de recuperación de la memoria histórica con el inicio del procedimiento para declarar la antigua Cárcel Provincial de Lugo, actualmente conocido como O Vello Cárcere, como Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes publica la resolución que da validez a la distinción coincidiendo con otra celebración histórica en la ciudad, el Arde Lucus.

Según recoge Europa Press, el documento fundamenta esta distinción en el valor histórico, simbólico y memorial de un espacio que desempeñó un papel central en la represión franquista en Galicia durante la Guerra de España y los años posteriores de la dictadura.

El anuncio ha sido celebrado este viernes durante una visita institucional a Lugo por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia Rodríguez; el diputado provincial y exalcalde de la ciudad, Miguel Fernández, y representantes de diversas asociaciones memorialistas gallegas.

En la calle y sin la alcaldesa

El acto no ha estado exento de polémica, ya que tuvo que celebrarse finalmente en el exterior del edificio, después de que el gobierno local no cediera las instalaciones municipales para su desarrollo. Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento les indicó que el inmueble se encontraba plenamente ocupado debido a la intensa programación vinculada a la celebración del Arde Lucus.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, no asistió al acto institucional. En ese momento participaba en una visita al puesto avanzado móvil del dispositivo de seguridad del Arde Lucus instalado en el barrio de A Ponte. Sí estuvo presente en representación del Gobierno municipal el concejal Agustín Gallego.

Durante su intervención, Fernando Martínez ha destacado que el antiguo penal lucense constituye “uno de los principales espacios de represión franquista en Galicia durante la Guerra de España y la posguerra”, subrayando la importancia de preservar y difundir la memoria de quienes sufrieron persecución, encarcelamiento y violencia por defender los valores democráticos y la legalidad republicana.

Símbolo de represión franquista

También ha hecho un recorrido por la historia de este penal, inaugurado en 1887 y que fue durante décadas un símbolo de la represión ejercida por el régimen franquista. Tras el golpe militar de julio de 1936, sus dependencias albergaron a centenares de personas detenidas por motivos políticos e ideológicos. Entre los reclusos se encontraban cargos públicos, representantes políticos, sindicalistas, activistas sociales y ciudadanos “represaliados por su compromiso con la democracia o simplemente por sus convicciones personales”.

El secretario de Estado ha recordado las difíciles condiciones que soportaron los presos, marcadas por el hacinamiento y las carencias materiales, y ha destacado el papel que desempeñó la prisión dentro de la estructura represiva del franquismo. Asimismo, ha puesto el foco en la situación de las mujeres encarceladas por razones políticas, “una realidad frecuentemente invisibilizada en los relatos”, ha explicado.

En este sentido, ha hecho una mención especial a Consuelo Alonso González, conocida popularmente como “A Comunista”, quien fue la única mujer ejecutada oficialmente en la provincia de Lugo durante la represión franquista. Su figura ha sido evocada “como símbolo de todas aquellas mujeres que sufrieron persecución, prisión y violencia por sus ideas políticas”.

Otro de los aspectos destacados durante la presentación ha sido la utilización de mano de obra forzada procedente de presos políticos, explicando que numerosos reclusos participaron en obras públicas desarrolladas en la ciudad dentro del denominado sistema de redención de penas por el trabajo, una práctica impulsada por la dictadura que permitía reducir condenas a cambio de realizar trabajos forzosos en beneficio de las administraciones y organismos del régimen.

El secretario de Estado ha terminado su intervención con unas emotivas palabras: “Todos aquellos que defendían la libertad, que defendían la justicia, eran lo mejor de España. No podemos olvidarlos y hoy venimos a refrendar esta cárcel como lugar de Memoria, para que nunca, nunca, nunca se olvide”.

En el acto también ha intervenido el exalcalde socialista Miguel Fernández, quien ha agradecido la distinción del Gobierno de España, y ha recordado es simbolismo que tiene para Lugo, en la línea de la intervención que realizó la pasada semana cuando avanzó la inminencia de la declaración. “Es un gran día para la ciudad y es un gran día para los demócratas”, ha sentenciado.

También tuvo una intervención Guillerme Yeyo, de la Fundación Luis Tilve, entidad memorialista, que ha agradecido que se siga avanzando en este tipo de reconocimientos y ha recordado que “Galicia fue un sitio de represión sin guerra”. También ha querido subrayar que actos como estos son un ejemplo “para que la juventud tenga conocimiento de lo que pasó y no sean ellos los que vayan a perder todos estos avances”.

Un procedimiento definitivo

Con la incoación del expediente, O Vello Cárcere queda inscrito de manera provisional en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y pasa a contar con las medidas de protección previstas en la Ley de Memoria Democrática.

Este reconocimiento supone un primer paso hacia su declaración definitiva en el plazo de unos meses y garantiza la preservación de los valores históricos asociados al inmueble. El proceso se inició hace más de un año y el Secretario de Estado visitó el Vello Cárcere poco después, comprometiéndose ya en aquel momento al nombramiento.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se enmarca esta actuación “dentro del compromiso del Ejecutivo con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Martínez ha añadido que el objetivo es contribuir a la conservación de aquellos espacios que permiten comprender las consecuencias de la represión y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la defensa de los derechos y libertades democráticas.

La iniciativa se suma a otros procedimientos ya iniciados en Galicia que continúan pendientes de su declaración definitiva como Lugares de Memoria Democrática. Entre ellos figuran el antiguo penal de las islas de San Simón y San Antón, la ciudad de Ferrol y el Pazo de Meirás, enclaves todos ellos estrechamente vinculados a la historia de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la lucha por la recuperación de la memoria democrática.

La investigación judicial abierta contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, por un supuesto delito contra la libertad sexual ha entrado en una nueva fase después de que la Fiscalía Provincial de Lugo se oponga al archivo de la causa que reclama el investigado y solicite la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

La posición del Ministerio Fiscal, conocida este miércoles y que recoge Europa Press, figura en un escrito con fecha del 22 de mayo, en el que considera que sobreseer la causa sería “prematuro” porque “quedan actuaciones de investigación relevantes por practicar y porque la causa se encuentra en una fase inicial”. Con la información disponible hasta el momento, asegura que resulta complejo encajar los hechos denunciados dentro del delito específico de acoso sexual, pero considera que “todavía no existen elementos suficientes para descartar esa posibilidad de forma definitiva”.

Incluso si finalmente no se apreciase la existencia de un delito de acoso sexual, los hechos investigados podrían ser constitutivos de otros ilícitos penales relacionados con la libertad y la dignidad de las personas, añade y cita figuras delictivas como amenazas, coacciones, trato degradante o conductas de carácter sexual que pudieran generar una situación objetivamente “humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante”.

La Fiscalía pide que se hagan nuevas diligencias, entre ellas incorporar al procedimiento las conversaciones mantenidas entre la denunciante y el investigado, documentación que considera relevante para determinar el alcance de los hechos denunciados. También pide la declaración de varias personas identificadas por las testigos que ya han comparecido durante la instrucción y que podrían aportar información relevante sobre los hechos o incluso haber vivido situaciones similares.

El objetivo de estas actuaciones, defiende el escrito fiscal, es obtener una reconstrucción lo más precisa posible de los acontecimientos investigados antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre la continuidad o no del procedimiento.

Coincidiendo con la difusión de la posición de la Fiscalía, el Grupo Provincial del Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas contra el expresidente de la Diputación. El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que José Tomé ha solicitado que la Deputación de Lugo asuma los gastos derivados de su defensa jurídica en esta causa judicial. La presidenta de la Deputación, la socialista Carmela López, lo negó y acusó al PP de haber difundido información errónea de forma deliberada. No existe una decisión de asumir con fondos públicos los gastos de defensa jurídica del expresidente, dijo. Los populares han interpretado la información de manera incorrecta, agregó.

López expuso que la Deputación dispone desde hace tiempo de una póliza de responsabilidad civil para autoridades que cubre a los 25 diputados provinciales y al personal de la Administración General. Pero tal cobertura está sometida a condiciones estrictas. En concreto, la aseguradora únicamente podría asumir determinados gastos en caso de que el solicitante resultase absuelto o de que la causa fuese archivada. Por el contrario, la póliza no contempla la cobertura de costes derivados de conductas delictivas acreditadas.

Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena.

La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor.

La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos “no revistieron especial entidad” y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada.

El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil.

En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó “las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión” para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen “llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas”. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló.

El fallo indica que estas situaciones “provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora”. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre.

La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella “ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión” hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de “explicaciones con riqueza de matices y detalles” y no se aprecia en ella “ninguna inconsistencia o contradicción”. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella “no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas”.

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito de acoso sexual suma ahora nuevas diligencias acordadas por el juzgado instructor. La magistrada que dirige el procedimiento ha citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la presunta víctima, sobre unos hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025. La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer.

Según informa Europa Press, dentro de las diligencias solicitadas inicialmente por el Ministerio Público, el juzgado tomó declaración a la denunciante principal y a dos testigos, entre ellas la madre de la joven. Fue precisamente durante esas comparecencias cuando surgieron referencias a otras posibles víctimas que, según el relato trasladado al juzgado, podrían haber vivido situaciones similares relacionadas con el dirigente socialista.

A raíz de esas manifestaciones, la jueza ha acordado ampliar la investigación y citar como testigos a cinco mujeres para esclarecer si existieron conductas reiteradas o patrones similares a los denunciados inicialmente. Estas nuevas diligencias forman parte de la fase preliminar de instrucción y buscan determinar el alcance de los hechos investigados.

Paralelamente, la defensa de José Tomé ha presentado recurso contra el auto de incoación de la causa y solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Instancia ha rechazado esa petición, desestimado el recurso y ratificado la continuación de la investigación, incluidas las nuevas declaraciones acordadas.

Tras esa decisión, la defensa ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Lugo, órgano que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad o archivo de la causa. Hasta que exista resolución de la Audiencia, el procedimiento sigue abierto y las diligencias continúan su curso.

La estrategia de la acusación pasa por sostener que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que podrían formar parte de una conducta reiterada. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que a finales de septiembre de 2025 acudió a José Tomé para interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte y que, durante esa conversación, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no lograría aprobar si no mantenía relaciones sexuales con él.

La joven sostiene además que su madre trasladó posteriormente esos hechos a responsables socialistas tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido. Mientras desde el PSOE se mantiene que se le recomendó utilizar los cauces internos habilitados para este tipo de situaciones, la denunciante afirma que no encontró apoyo suficiente dentro de la organización.

Finalmente, presentó una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y posteriormente trasladó el caso ante la Fiscalía a finales del pasado mes de febrero, lo que desembocó en la apertura de diligencias judiciales.

José Tomé ha defendido públicamente su inocencia desde el inicio del caso, antes de la denuncia y que se conoció a través de un programa de televisión. Tras hacerse público, abandonó el PSdeG al día siguiente y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque continúa al frente de la Alcaldía de Monforte de Lemos como edil no adscrito.

Hay ciudades que conservan restos romanos y luego está Lugo. La ciudad gallega puede presumir de tener la única muralla romana del mundo que todavía se conserva completa rodeando todo su casco histórico. Más de dos kilómetros de piedra que siguen abrazando la ciudad casi diecisiete siglos después de su construcción y que han convertido este enclave en uno de los grandes tesoros históricos de España.

La muralla fue levantada entre los siglos III y IV alrededor de la antigua Lucus Augusti, nombre romano de Lugo. Según la leyenda, no se construyó para proteger una ciudad, sino un bosque sagrado dedicado al emperador Augusto. Aquel supuesto “Bosque Sagrado de Augusto” habría dado origen incluso al nombre actual de la ciudad.

Hoy ese bosque es un misterio, pero la muralla sigue completamente en pie. Rodea el casco histórico con un perímetro de unos 2.200 metros, alcanza en algunos puntos los siete metros de ancho y todavía conserva 71 torres de las 85 originales. Caminar por su adarve permite contemplar la ciudad desde una perspectiva completamente distinta y entender la dimensión defensiva que tuvo Lugo durante la época imperial romana.

Además, lo afirma la propia web oficial de la Xunta de Galicia, “la muralla romana que rodea la ciudad de Lugo es la única del mundo que se conserva entera”. Y es ese carácter excepcional hizo que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una fortificación que sigue formando parte de la ciudad

A diferencia de otras murallas históricas europeas que acabaron parcialmente derribadas para permitir el crecimiento urbano, la de Lugo logró sobrevivir prácticamente intacta al paso de los siglos. Buena parte de ello se debe a que la ciudad fue adaptándose poco a poco a su presencia, añadiendo nuevas puertas para facilitar la comunicación entre ambos lados del muro.

Las cuatro entradas originales acabaron convirtiéndose en las diez puertas actuales, muchas de ellas reformadas o ampliadas entre los siglos XIX y XX. Algunas siguen siendo especialmente simbólicas dentro de la ciudad, según narra la web de la Xunta en su apartado Las puertas de la Muralla:

Cada una refleja también cómo Lugo fue creciendo alrededor de una estructura defensiva que nunca desapareció del paisaje urbano.

Caminar sobre la Roma imperial

Recorrer hoy la Muralla de Lugo es caminar literalmente sobre una construcción romana original. El paseo completo permite rodear el casco histórico mientras se observan tejados, plazas, iglesias y algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Desde arriba todavía puede percibirse la enorme escala de la obra. La altura media ronda los diez metros y muchas de las torres conservadas siguen marcando el perfil histórico de Lugo. Además, el acceso al adarve es completamente gratuito, algo que convierte la experiencia en uno de los grandes atractivos turísticos de Galicia.

La muralla también terminó definiendo buena parte de la identidad de la ciudad. Mientras otras fortificaciones europeas quedaron reducidas a ruinas o pequeños tramos, Lugo mantuvo intacto ese enorme cinturón de piedra que todavía separa el casco histórico de la ciudad moderna.

Y quizá ahí reside parte de su fuerza. Porque más allá de ser un monumento histórico, la Muralla de Lugo sigue funcionando como una frontera simbólica entre dos tiempos distintos: el de la antigua Roma y el de una ciudad gallega que continúa viviendo bajo la sombra de sus piedras casi dos mil años después.

Lugo es la provincia más extensa de Galicia y buena parte de su territorio está atravesado por ríos, embalses y espacios recreativos vinculados al agua. Esta red fluvial, muy presente en el día a día de muchos municipios, no solo configura el paisaje, sino que también marca las opciones de ocio cuando suben las temperaturas.

Aunque la costa lucense concentra buena parte de los planes veraniegos, el interior ofrece alternativas cada vez más valoradas. Lejos de la afluencia de las playas, las áreas fluviales se convierten en lugares donde refrescarse, pasear o simplemente pasar el día en entornos más tranquilos y naturales.

En este contexto, distintos concellos han ido acondicionando espacios junto al río para facilitar su uso durante el verano. En total, son 16 enclaves repartidos por la provincia que combinan zonas de baño con servicios y equipamientos, configurando una oferta de ocio estival ligada al agua en el interior.

El Neira en Baralla y Láncara

El río Neira aparece en varios puntos de la provincia, y cada uno de ellos ofrece una experiencia distinta. En Baralla, el cauce atraviesa la localidad de norte a sur y da forma a un área recreativa completa. Hay espacio para autocaravanas, merenderos, barbacoas, pistas deportivas y piscinas municipales. Es el lugar de referencia del municipio en verano, donde se concentra la vida al aire libre los fines de semana.

A pocos kilómetros, en A Pobra de San Xiao (Láncara), el Neira ofrece otra versión: más tranquila, con zona de baño, mesas, parque infantil y un entorno pensado para pasear junto al agua. El puente de madera que conecta ambas orillas permite cruzar de un lado a otro, lo que le da uso incluso fuera de la temporada estival. Llegar es sencillo: basta con seguir las señales desde la carretera local, y hay aparcamiento cercano.

Clubes y zonas en Terra Chá

En Begonte, el club fluvial del río Ladra tiene una trayectoria que pocos espacios pueden igualar. Construido en 1969, fue durante años el principal punto de ocio de la localidad, cuando las piscinas municipales aún no eran comunes. Hoy conserva zona de baño, mesas, bar y recintos deportivo. Es uno de esos lugares que resisten al paso del tiempo porque la gente ya los conoce de generación en generación.

Castro de Rei tiene el área recreativa del río Azúmara, uno de los rincones más frecuentados de la comarca chairega cuando suben las temperaturas. Dispone de aparcamiento, mesas, área de baño, parque, espacio de acampada, instalaciones deportivas y una ruta de senderismo que recorre parte del cauce. En O Corgo, el río Chamoso ofrece otro enclave con mesas y bancos de piedra, chiringuito, aparcamiento, cámping y albergue cerca. La playa fluvial se forma en torno a 400 metros de ribera con un arenal suave, uno de los más grandes de Lugo.

El Miño también aparece en Cospeito, donde el área de Xustás, conocida como A Barciela, es habitual para el baño y la pesca. Lo más reconocible son las pequeñas islas en el cauce, accesibles mediante pasarelas de madera. Llegar es sencillo: está a pocos minutos del casco urbano, y hay aparcamiento cercano.

Espacios en Guitiriz, O Incio y Mondoñedo

En Guitiriz, Os Sete Muíños se organiza en torno al río Escádebas y a un sendero que sigue parte de su recorrido. En un tramo concreto, el cauce forma una balsa natural que los vecinos usan para refrescarse. No hay grandes infraestructuras, pero sí el atractivo de un espacio que se siente propio, sin masificación.

O Incio suma el área recreativa de A Fervenza, en la parroquia de Saa, vinculada al río Cabe. Es un espacio pequeño, con capacidad para unas 30 personas y varios merenderos. Ideal para días de semana o para quienes buscan evitar aglomeraciones. En Mondoñedo, la zona de Coto da Recadieira, conocida como A Cascada, se extiende junto al río Tronceda, que nace en la Serra do Xistral y desemboca en la red del Masma. Hay merendero y, siguiendo la orilla, se llega a una zona con mesas y barbacoas.

El Miño en Lugo, Rábade, Outeiro de Rei y O Saviñao

En Lugo capital, el Club Fluvial se levanta junto al Miño y combina el río con instalaciones deportivas. Tiene piscina climatizada, pistas de tenis y actividades tanto dentro del complejo como sobre el agua. En la margen opuesta hay zonas para caminar, hacer deporte, usar el carril bici o acceder a merenderos y parques infantiles. Es una de las opciones más completas para quienes pernoctan en la ciudad y no quieren desplazarse.

Santa Isabel, en Outeiro de Rei, está también en el entorno del Miño, cerca del Ladra. Se usa para pesca, comidas al aire libre y descanso junto al río. En el mismo espacio están la capilla de Santa Isabel y un antiguo molino, lo que le da un toque histórico. En Rábade, Ponte de Ferro está próxima al casco urbano y a las Insuas do Miño, cerca de la Ponte Medieval. Durante años, el río fue la principal opción para refrescarse antes de que existieran piscinas municipales.

En O Saviñao, Praia da Cova ocupa una curva natural del Miño rodeada de viñedos y un paisaje espectacular de la Ribeira Sacra. Allí se practican kayak, paddle surf y pedaletas. El área tiene aparcamiento y un restaurante cercano. Es una de las más populares de la provincia, especialmente los fines de semana.

Chantada, Navia de Suarna y Vilalba

Chantada incorpora el embalse de Sangoñedo, en el parque del mismo nombre, ligado al paseo fluvial del río Asma. En el entorno hay campo de fútbol, zonas verdes y espacio para autocaravanas. En Navia de Suarna, el área de A Proba se extiende junto al Navia, con paseo, zonas de baño, pabellones deportivos, parque infantil y un puente de madera que cruza el cauce.

La provincia completa su oferta con A Madalena, en Vilalba, un área junto al río del mismo nombre. Además de la playa fluvial, tiene merenderos, fuente y servicios complementarios para quienes se acercan en verano. El río Madalena se incorporó recientemente como zona de baño oficial de Galicia, lo que refuerza su papel como referencia en el norte de la provincia

Una exconcejala socialista de Láncara (Lugo) ha sido condenada a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.890 euros por haber estafado a un intermediador en la compraventa de un tractor y a un constructor contratado para hacer unas obras de reforma en un domicilio. Simuló, junto a un familiar al que se le ha impuesto la misma pena, unos pagos que no se hicieron y la Audiencia Provincial de Lugo ha dictaminado que son responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de estafa. Ambos deben pagar, además, una indemnización de 39.270 euros a cada una de las víctimas.

La sala recoge en los hechos probados de la sentencia que la exedila y su familiar concertaron la compra de un tractor y entregaron al intermediario un documento que habían manipulado para que figurase que habían realizado una transferencia bancaria que, en realidad, no se había hecho. El vendedor creyó que el dinero le había sido entregado al propietario del tractor y entregó el vehículo a estas dos personas, que “lo incorporaron a su patrimonio”.

La sentencia considera que los dos tenían un plan preestablecido, que actuaron de común acuerdo y buscaban “obtener un enriquecimiento ilícito”. Después, repitieron el procedimiento y emplearon el mismo documento PDF, que volvieron a modificar para simular que habían hecho un pago de 39.272 euros a un contratista con el que habían acordado de manera verbal que hiciese unas obras de reforma integral en un domicilio.

La víctima, añade la sentencia, había empezado con anterioridad esos trabajos, por los que no había cobrado nada. Con el documento, la exconcejala y su familiar querían “inducirle a error sobre el pago de la factura que el contratista había emitido para el pago de trabajos ejecutados por el citado importe”. La Audiencia Provincial considera que la conducta de los dos acusados “evidencia una voluntad conjunta claramente destinada a producir engaño en los dos perjudicados, con la finalidad de obtener un lucro patrimonial, procurando, con la alteración de los documentos bancarios, aparentar solvencia y hacerles creer que se habían realizado dos pagos”.

En la sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se admite la atenuante de dilaciones indebidas

La mujer que denunció por acoso sexual al expresidente de la Deputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, compareció este miércoles en el tribunal de instancia número 3 de la capital lucense, que es el que lleva las causas de violencia sobre la mujer. En su declaración se ratificó en su relato de que Tomé le hizo ofrecimientos laborales a cambio de sexo y en que la dirección del PSdeG conocía su denuncia, según dijo su abogado, Luis Pena, a la salida y recoge Europa Press.

Este miércoles han empezado las declaraciones ante el juzgado por la denuncia, que la mujer registró primero en el canal interno del partido y que ahora se ha judicializado. El caso está en fase de instrucción. Al terminar, el abogado habló de que la notoriedad del caso ha hecho que tenga información sobre “posibles nuevas víctimas”, aunque no ha aportado más datos.

En la primera sesión declararon, desde las 10.45 horas la denunciante, su madre y una joven amiga de la víctima, testigo de los hechos. Durante las tomas de declaración han estado presentes los abogados de José Tomé, que rechazan hacer declaraciones mientras el caso esté en la fase de instrucción.

Tras esta primera sesión, la jueza tendrá que determinar si ve indicios de delito para abrir un proceso contra el alcalde de Monforte. Del mismo modo, queda por saber si serán llamadas a declarar otras personas, entre ellas el propio Tomé.

El expresidente de la Deputación ha negado hasta ahora los hechos de los que ha sido acusado. El pasado diciembre, cuando saltó la noticia sobre la denuncia, en aquel momento registrada en el canal interno del PSOE, José Tomé dijo que algún día se sabría la verdad “y a qué obedece todo esto”. La denunciante manifestó en televisión la desprotección que asegura haber sufrido tras hacerse público el caso, así como también el odio recibido desde entonces.

Según la explicación que ha trascendido, ella quedó con Tomé y ese encuentro derivó en un diálogo sobre las oposiciones que ella estaba preparando en el que denuncia que hubo una propuesta sexual a cambio de favorecer su acceso al puesto al que optaba, con el aviso de que si no le salía “de los huevos, no iba a aprobar”.

En marzo, la Fiscalía Provincial de Lugo informó de la interposición de una querella contra Tomé tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025. Considera que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, o bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública.

La acusación de acoso sexual contra Tomé y su baja del PSOE sacudieron al partido en Galicia, que afrontó la dimisión de la que era entonces secretaria de Igualdade, Silvia Fraga. La denuncia provocó que, aunque inicialmente se aferró a sus cargos, Tomé dimitiese como presidente de la Deputación y al frente del PSOE en la provincia de Lugo. Posteriormente, la Deputación eligió como nueva presidenta a otra socialista, Carmela López, alcaldesa de Burela.

La retirada de la bandera de Palestina de un edificio público, los cambios en la imagen corporativa del Ayuntamiento o la supresión de un área específica de promoción de la lengua gallega. Ninguna de las primeras medidas tomadas por la nueva alcaldesa de Lugo, la popular Elena Candia, parecen justificar la urgencia en desalojar del gobierno al bipartito PSdeG-BNG con sólo un año por delante hasta las elecciones. Para esa maniobra se apoyó en María Reigosa, la tránsfuga socialista que, ahora, se sienta a su derecha para presidir los plenos municipales. Ninguna de esas decisiones tendrá tampoco una gran incidencia en la vida de los vecinos, pero todas están dotadas de una gran carga simbólica. Tanto como que su primer discurso como regidora lo diese con los escaños de la oposición vacíos mientras socialistas y nacionalistas eran ovacionados por los cientos de personas que protestaban a las puertas del consistorio.

Los asientos del PSOE seguían vacíos este viernes, ocho días después, cuando Candia decidió empezar sin ellos el fugaz pleno extraordinario en el que se aprobó la organización del ayuntamiento. Llegaban seis minutos tarde porque, como ella misma poco antes, todavía estaban en el pasillo atendiendo a los medios. La sesión se ventiló en unos 200 segundos. El nuevo ejecutivo presume de reducir en un 40% el “gasto político”, es decir, los sueldos de los concejales. La ahora oposición le achaca que sea porque sólo 7 de los trece concejales de gobierno se vayan a dedicar en exclusiva a la ciudad, “casi la mitad” de los que lo hacían hasta ahora.

La única que no podría recibir salario es Reigosa quien, como tránsfuga, tiene vetado mejorar su situación económica a cuenta de las arcas municipales. El cargo que Candia le adjudicó por decreto es el de “supervisora de infraestructuras” sin responsabilidades ejecutivas. Pese a ello, la alcaldesa le ha reservado el asiento de su derecha en la mesa presidencial del salón de sesiones, como si ejerciese la Tenencia de Alcaldia.

Mientras se ahorra en sueldos, la nueva organización recoge un aumento de las asignaciones por acudir a plenos y comisiones. El exalcalde, Miguel Fernández, lo asocia a la presencia de Reigosa e insinúa “quizás” la alcaldesa la impulsó “para pagar favores”, ya que no puede adjudicarle una nómina a la exsocialista. La tránsfuga nunca negó que el desencuentro con sus anteriores compañeros partiese, precisamente, de las diferencias económicas, cuando sólo pudo obtener una dedicación del 70% como integrante del anterior ejecutivo, antes de convertirse en no adscrita. Así es como se la puede encontrar de nuevo en la web del Concello, aunque en los días inmediatos a la moción aparecía, manteniendo la etiqueta, dentro del grupo municipal del PP.

Lo primero, retirar la bandera palestina

Los ediles del BNG acudieron al pleno de este viernes con un pañuelo palestino al cuello. Era su forma de protestar por la que fue la primera decisión visible de Candia: retirar de la fachada de O Vello Cárcere, la antigua prisión reconvertida en centro cultural y símbolo de memoria histórica. Lo hizo apenas unas horas después del pleno en el que se debatió la moción de censura.

El estandarte estaba allí desde enero de 2024, cuando el nacionalista Rubén Arroxo fue alcalde accidental tras la muerte de Paula Alvarellos –la primera de las tres ediles socialistas fallecidas en poco más de un año–. La decisión se tomó en pleno y, aunque inicialmente se colgó en la propia casa consistorial, la normativa obligó a trasladarlo a otro edificio. El pasado sábado, cientos de personas pidieron su recuperación y días después lo hacía también, en el pregón de la Feira do Libro, el escritor Lois Pérez, quien también es portavoz de la plataforma Transfugismo non, democracia si. Para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la razón de quitar la bandera era el “intento” de Candia de gobernar “para todos”.

Dentro de los cambios simbólicos de Candia merece un lugar particular el de la imagen corporativa de la institución. Casi a la misma velocidad en la que guardaron la bandera palestina, los populares sustituyeron en sus redes el logotipo del concello –una silueta de la Muralla sobre rojo PSOE o celeste BNG, según el área– por el escudo de la ciudad, un movimiento que los internautas no tardaron en señalar como algo habitual en las tomas de poder municipal del PP. Esa misma diligencia no se aplicó todavía a otros ámbitos como la página web, donde todo continúa igual. El último giro fue ver como Cultura y Turismo recuperaba el logo pero esta vez con el azulón corporativo del PP.

El gallego, de desaparecido a transversal

Casi tantos vaivenes son los que ha dado el nuevo gobierno con el área de Promoción da Lingua Galega. Lo hizo justo en la semana que culmina con la celebración del Día das Letras Galegas, dedicado este año a la escritora y periodista Begoña Caamaño. En el anterior ejecutivo, esa responsabilidad recaía, junto a Cultura y Turismo, en la nacionalista Maite Ferreiro. Arroxo denunció su desaparición del actual reparto de competencias. El equipo de Candia respondió primero que se había tratado de un “error” pero, después, optó por defender que, a partir de ahora, se “reforzará” con un “enfoque transversal”.

“Con la nueva organización municipal, estas competencias se distribuyen en dos áreas diferenciadas: Cultura y Educación, por una parte, y Turismo y Museos, por la otra”, asegura en un comunicado. “De esta manera, la promoción de la lengua gallega seguirá impulsándose tanto desde dentro de la propia actividad cultural, educativa y social del Concello como también desde fuera, vinculada a la promoción turística, patrimonial e identitaria de la ciudad”. Estos nuevos argumentos no han convencido a la plataforma Queremos Galego, que este jueves celebró una concentración “urgente” como protesta.

El brevísimo pleno extraordinario de este viernes, el primero de la época Candia, dejó todavía un detalle más. Las jarras con agua del grifo que desde hace años servían para calmar la sed de los miembros de la corporación fueron sustituidas por botellas de plástico con agua mineral. En esta semana en la que ningún gesto careció de intención ni simbolismo, éste, sin duda, tampoco lo hizo.

La nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha puesto en marcha la estructura del nuevo gobierno municipal con la firma del decreto de organización que establece el reparto de competencias entre los integrantes del ejecutivo local. Tras la moción de censura que ha dado al PP, después de 27 años en la oposición, el gobierno de la ciudad con el apoyo de una concejala tránsfuga, Candia ha tomado la decisión de asumir directamente las áreas de Medio Ambiente, Gestión Integral de Recursos Humanos y Seguridad. La edila exsocialista que ha permitido el cambio en el Ayuntamiento, María Reigosa, se va a ocupar de labores “de supervisión política y programática de actuaciones municipales relacionadas con infraestructuras de forma transversal”.

El gobierno local de Lugo manifestó en un comunicado, según informa Europa Press, que así respeta la legislación vigente en materia de régimen local como concejala no adscrita. Las normas impiden que los concejales tránsfugas puedan acceder a mejoras económicas o políticas dentro del ayuntamiento, lo que quiere decir que Reigosa no puede formar parte del gobierno del PP.

Además, Candia ha decidido situar al frente de Dinamización Económica y Relaciones Institucionales a Cristina Sanz Arias, mientras que Antonio Ameijide Osorio asumirá las competencias de Movilidad y Obras.

Por su parte, Javier Vázquez Prado gestionará Cultura y Educación y Flor Rubinos Rois se encargará de la Zona Rural. El área de Urbanismo recaerá en Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez, mientras que Gustavo Enrique Díaz Rey dirigirá Política Social, Mayores y Migración. La concejalía de Turismo y Museos será responsabilidad de Agustín Gallego Vigo y Mar Carballas Piñeiro asumirá Economía, Participación, Servicios a la Ciudadanía y Bienestar Animal.

El área de Deportes, Infancia y Juventud quedará bajo la dirección de Damián Carballo Méndez, mientras que Aurora Aida Goás Castro se encargará de Mujer y Conciliación. Por último, Silvia Colmenero Guzmán asumirá Industria y Mercados.

Los portavoces del nuevo gobierno son Ramón Cabarcos y Mar Carballas. El primer teniente de alcaldesa es Antonio Ameijide; mientras que el segundo es Javier Vázquez y Flor Rubinos, la tercera. Silvia Colmenero será la cuarta teniente de alcaldesa seguida de Ramón Cabarcos, Agustín Gallego, Gustavo Díaz y Mar Carballas, que será la octava.

Mientras Elena Candia posaba para la prensa con el bastón de mando, aguantando la sonrisa más allá de lo humanamente posible, los gritos que sonaban de fondo no eran de “alcaldesa”, sino de “Alcalde, alcalde”. Miguel Fernández, regidor hasta apenas unos minutos antes, había llegado a la calle y era recibido entre ovaciones por los cientos de personas concentradas ante el ayuntamiento en repulsa a la moción de censura. 

Una de las mejores formas de desposeer de épica un día histórico –para bien o para mal– es cederle la palabra a la secretaria municipal. La de Lugo fue la encargada de explicar cómo se desarrollaría la sesión y, seguramente para evitar momentos de tensión como en el pleno anterior, exhortó a los presentes a comportarse de forma cívica. Aún no sabía que la nutrida presencia de medios de comunicación había impedido el acceso al público al sobrepasar el aforo del salón de plenos.

Lo comprobó poco después la presidenta de la mesa de edad, la popular Flor Rubinos, cuando pidió que se abriesen las puertas para que entrase el público que aún cupiese y nadie atravesó el umbral. La explicación a tanta insistencia llegó con el discurso de Elena Candia, cuando incluyó entre sus agradecimientos a “mi padre y mi padrino… que no pudieron entrar”. 

Ahí podrían haberlo hecho porque, cuando se sustanció la moción –trece votos a favor y doce en contra, todos nominales y por orden alfabético–, los concejales de PSdeG y BNG abandonaron el pleno. Cuando leyó su primer discurso como alcaldesa, sólo estaban los suyos y la tránsfuga María Reigosa. Para no verse sola en su escaño, los populares le hicieron un hueco en su grupo. Mientras Candia repasaba su plan de acción para este escaso año de mandato, sus famosas cincuenta medidas, ella estaba más pendiente del móvil, hasta que acabó por guardarlo en el bolso. O ya se lo sabía o lo que sucedía en su pantalla era mucho más interesante que aquel día histórico. 

La otra forma de quitar épica a un discurso es tratar de leerlo en un salón semivacío mientras desde la calle llega una invitación a través del megáfono de los convocados por la plataforma Transfuguismo non, democracia si: “Sal al balcóoooon, Candia sal al balcóoooooon”. A ese balcón habían salido antes de empezar el pleno, para ser vitoreados, Fernández y su teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo. Candia no lo hizo.

La flamante alcaldesa hizo lo que pudo para tratar de despejar todas las sombras de intereses espurios tras su moción, que Arroxo había calificado de “golpe de estado municipal” y Fernández como un momento “que marca un antes y después en la historia de la ciudad”. Inconscientemente, Candia lo parafraseó para decir que será un día que quede en la memoria… pero en la suya propia.

Reivindicó los “valores y enseñanzas” de su familia “muy humilde pero muy honrada”. “Nunca trapicheé, ni trapicheo ni trapichearé”, afirmó con toda la dificultad que conlleva conjugar ese verbo. Cuando finalizó el aplauso con el que cerro su intervención, la calle volvió a resonar: “Reigosa, traidora”.

“En la oposición importa lo que dices; en el gobierno, lo que haces”. Candia citó esa frase de un libro “que acabo de leer”. Anunció que su primera reunión será con los trabajadores municipales y que afronta su año de mandato –“tiempo para dejar una profunda pegada”– desde la “ilusión” y la “cercanía”.

Con esas dos ideas, la alcaldesa recién nombrada intentó salir de la casa consistorial. Sus partidarios, sin sitio en el salón de plenos, habían cedido la plaza a la plataforma y se hicieron fuertes bajo los soportales. Allí estaban la número dos del PP gallego, Paula Prado, el delegado de la Xunta en la provincia, la líder de Nuevas Generaciones, un par de senadores lucenses y hasta el alcalde de Lalín, Xosé Crespo.

Sin embargo, cuando Candia puso un pie en la calle, los abucheos la hicieron retroceder en dos ocasiones como a la niña que grita “casa” mientras juega a la pilla. En ese momento, la docena de agentes de la UIP desplazados a la zona volvieron a desplegar un perímetro de seguridad en torno a la puerta principal del consistorio, tal y como habían hecho al inicio del pleno. Una forma muy gráfica de visibilizar el cambio de gobierno. Una hora después, cuando los manifestantes se habían cansado de esperar y hasta los antidisturbios habían regresado a la base, Candia abandonó por fin el ayuntamiento, después de organizar la cola de decenas de seguidores que la seguía. Como se oyó decir a una de sus colaboradoras a los pocos segundos de hacerse con el bastón de mando, “moito manda esta muller”.

Elena Candia (Mondoñedo, 1978) ya es la alcaldesa de Lugo, la cuarta de este mandato y la primera del PP en los últimos 27 años. La llave para su gobierno se la ha entregado la tránsfuga socialista María Reigosa, número 11 en la lista del PSdeG, que accedió a su acta de concejala tras la muerte de Pablo Permuy, uno de los tres ediles socialistas –incluida la regidora Paula Alvarellos– fallecidos en el último año. Candia forma parte de la ejecutiva nacional del partido designada a dedo por Feijóo. Tras su nombramiento, deberá dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Tomó el bastón de mando acompañada sólo por los suyos: PSdeG y BNG abandonaron el pleno tras la votación y fueron recibidos con una ovación por los cientos de vecinos concentrados ante el ayuntamiento.

En su intervención para abrir el debate, Candia acusó al bipartito de socialistas y nacionalistas de no gestionar “con eficacia, eficiencia ni transparencia” y enumeró algunas de las razones que, para los trece firmantes de la moción, justifican “que Lugo merece un cambio”, un gobierno “que cuide a sus trabajadores” y pueda poner en marcha “proyectos estratégicos”.

Como había hecho antes a las puertas del ayuntamiento, Fernández lamentó la presentación de una moción basada “en el dolor y la ausencia”, en alusión a las tres muertes en su grupo que permitieron la entrada de Reigosa. “Pretender converitr ese dolor en oportunidad política carece de dignidad”. Todavía sumó dos cimientos más para la maniobra política: la “tragedia” y la “traición”, al sustentarse en un transfuguismo “moralmente inaceptable”.

La tránsfuga debería haber sido la siguiente en intervenir, pero renunció a su turno de palabra entre un murmullo de sorpresa y desaprobación. El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que había definido la moción como un “golpe de estado municipal”, finalizó su intervención con el “venceréis, pero no convenceréis” de Unamuno ante MIllán Astray.

Tras las intervenciones de los portavoces de PSdeG y PP llegó el voto, nominal en orden alfabético. El primero en darle el sí a Candia fue su número dos, Antonio Ameijide. Por 13 votos a 12, la popular se convirtió en alcaldesa.

“Manos arriba, esto es un atraco”

El pleno comenzó a las 12 de la mañana con la constitución de la mesa de edad. Desde una hora antes, cientos de personas convocadas por la plataforma Transfuguismo non, democracia si se concentraban a las puertas del ayuntamiento para mostrar su repulsa a la moción de censura. “Candia, atende, Lugo non se vende” o “Para mafiosa xa temos a Reigosa” fueron algunos de los lemas coreados.

Tanto Fernández como Arroxo –que llegaron a salir al balcón a saludar– fueron ovacionados por los vecinos que tomaron la plaza y cuyos gritos llegaban al salón de sesiones. Durante todo ese tiempo, los representantes del PP –encabezados por la número dos del partido en Galicia, Paula Prado– se mantuvieron con cierta discreción bajo los soportales de la casa consistorial y apenas se vio a alguno de los concejales acercarse a la puerta principal, aunque –con Reigosa– fueron los primeros en acceder al salón de plenos.

Ese espacio permaneció esta vez vedado tanto para opositores como partidarios de la moción. Cuando pretendieron entrar, descubrieron que el enorme número de medios de comunicación acreditados ya había abarrotado la estancia hasta el límite de su aforo.

Este jueves, 7 de mayo, Lugo se levantará con un gobierno municipal de izquierdas pero, por primera vez en 27 años, se acostará con uno de derechas. Lo hará por medio del cambio de chaqueta de una tránsfuga del PSdeG, María Reigosa, la número 11 en la candidatura, que tomó posesión de su acta de concejala en sustitución de uno de los tres ediles socialistas fallecidos en el último año. La moción de censura –la más “despreciable” que nunca ha visto la líder del BNG y de la oposición en Galicia, Ana Pontón– llega a sólo un año para las próximas elecciones municipales, con miles de ciudadanos saliendo a la calle para mostrar su repulsa, con Reigosa victimizándose porque la comparen con Judas y con el PP celebrando el “impulso” que la iniciativa dará a la cuarta ciudad gallega. El todavía alcalde, el socialista Miguel Fernández –el tercero en lo que va de mandato– está convencido de que recuperará el bastón de mando en las urnas, dentro de doce meses.

Las horas previas han estado marcadas por el comunicado de la tránsfuga para despejar cualquier duda sobre su voto final, si es que quedaba alguna tras su primera intervención en el pleno ordinario del pasado día 30. La sesión se había interrumpido después de que un grupo de vecinos corease desde el público el lema de la plataforma creada en rechazo a la moción: “Transfuguismo non, democracia si”. Se hacían eco de lo que cientos de ciudadanos gritaban a esa misma hora en el exterior del edificio. Entre insultos como “traidora”, acompañados del lanzamiento de monedas al suelo frente al escaño de la exsocialista, el alcalde decidió desalojar el salón. Con los ánimos más calmados, Reigosa tomó la palabra para defender la iniciativa del PP de solicitar la declaración de interés turístico nacional para la Semana Santa lucense. “Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”.

Era la primera vez que hablaba desde que compareció en una rueda de prensa con la futura alcaldesa, Elena Candia, y todo el grupo popular, tras registrar la moción. La segunda desde que, 48 horas antes, en una entrevista en La Voz de Galicia, respaldase abiertamente un cambio de gobierno que, apenas un mes atrás, parecía descartar. Fue cuando abandonó el grupo municipal socialista, a finales de marzo, una ruptura tras la que todavía aseguraba que su “intención” era que Fernández pudiese finalizar su mandato como regidor.

“El motivo último de que hayan presentado en este momento la moción, a un año vista de finalizar el mandato, es que las encuestas le son desfavorables y [Elena Candia] lo sabe. Tiene encuestas propias, como las nuestras, que dicen que bajan y nosotros subimos. Por eso la presenta”, aseguró el todavía alcalde en una entrevista en elDiario.es. A partir de ahí, los socialistas insistieron en que Candia llevaba tiempo “tocando” concejales. “Utilizó los tanatorios para tantear a compañeros e intentar persuadir a algún tránsfuga”, aseguró en el Parlamento Lara Méndez. “Llegó Reigosa y puso precio”.

Méndez, número dos del partido en Galicia, empezó el mandato repitiendo como alcaldesa de Lugo tras renovar su pacto de gobierno con el BNG. Meses después, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro –exconcejal y expresidente de la diputación lucense– se la llevó con él al Parlamento. A Méndez la sustituyó su compañera Paula Alvarellos, quien falleció repentinamente tras https://www.eldiario.es/galicia/fallece-alcaldesa-lugo-paula-alvarellos-infarto_1_12095210.html Fue la primera víctima mortal del grupo socialista en menos de trece meses. Tras ella, murió Pablo Permuy –sustituido por Reigosa– y, a principios de abril, Olga López Rocamonde. Su relevo tomó posesión en el mismo pleno en el que los vecinos tiraron monedas ante la tránsfuga, un gesto que ella consideró “una agresión” y que anunció que denunciaría.

El precio

Reigosa insiste en que sólo la mueve la necesidad de dar “un cambio” al gobierno de Lugo y por eso se suma a lo que la número dos del PP gallego, Paula Prado, ha bautizado como “moción de impulso”. Prado siente especial predilección por poner nombre a las operaciones políticas. Ella, o alguno de sus asesores, fueron los recientes creadores del término “pacto guarro” para referirse al acuerdo entre socialistas y nacionalistas que les permitió conservar la Deputación de Lugo tras apartar de la presidencia a José Tomé, acusado de acoso sexual. No es difícil averiguar cuál goza de sus simpatías y cuál no.

Pese a sus esfuerzos, ni PSdeG ni BNG se creen los argumentos altruistas de una y otra. Las dos fuerzas ven la mano de la Xunta –y también su dinero– tras un movimiento que, según recuerdan, contradice los propios estatutos del PP, algo que ejemplificó con teatralidad Besteiro arrojándolos a la papelera como colofón a una pregunta al presidente gallego, Alfonso Rueda. En esos folios que se fueron a la basura podía leerse cómo los populares consideran que utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas” supone “una infracción muy grave” de sus normas. La sesión de control se adelantó a este martes porque Rueda estará en Bruselas cuando se debata una moción. La presentación lo pilló aún más lejos: en China, como dándoles la razón a quienes afirmaban que, en realidad, este movimiento no acababa de gustarle.

Los socialistas hablan de los fondos de la Axencia de Turismo de Galicia para “comprar voluntades” y de su convencimiento de que Reigosa acabará sacando tajada de su voto, “vía caja A o caja B”. La víspera de la presentación de la moción, la Xunta convocaba una plaza como Jefa de Servicio del Litoral de Lugo que encajaba como un guante con el perfil de la tránsfuga. La conselleira de Medio Ambiente aseguró que se hacía porque el titular había dimitido, pero el Bloque aseguró que no era cierto y que el funcionario seguía en su cargo. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, Medio Ambiente se negó a informar sobre ellas alegando la protección de datos de quienes optan a un “proceso ordinario”. Tras levantarse la liebre, Reigosa afirmó –en su comparecencia con Candia– que no pensaba optar a la plaza. Cuando a Rueda le preguntaron si el PP la incluiría en las listas de 2027, se lavó las manos: “Esa es una decisión que no me corresponde a mí y, por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no”.

Desde que la presentación de la moción dejó de ser un rumor, las direcciones gallegas de PSdeG y BNG se han volcado con Lugo. Ana Pontón visitó en dos ocasiones a su hombre en la ciudad, el teniente de alcalde Rubén Arroxo. Los socialistas desplegaron toda su presencia institucional. Besteiro se hizo casi omnipresente, pero no fue el único. Por la ciudad de las murallas se acercó también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y hasta Abel Caballero abandonó su feudo vigués para solidarizarse con Fernández. Inés Rey, la alcaldesa socialista de la otra gran ciudad gallega, A Coruña, fue una de las que sujetaron la pancarta en la primera de las concentraciones convocadas por Transfuguismo non, democracia si, a la que asistieron nacionalistas como la regidora compostelana Goretti Sanmartín o la viceportavoz en la Cámara, Olalla Rodil. La plataforma volverá a salir a la calle este jueves a las 11, una hora antes de que comience el pleno que cambiará de manos el gobierno de Lugo.

María Reigosa, la concejala de Lugo no adscrita tras dejar el PSOE, ha ratificado que este jueves votará a favor de la moción de censura que permitirá que el PP recupere el poder en la ciudad después de 27 años. Además, reivindica la “plena” legitimidad de su decisión de apoyar la iniciativa que, salvo sorpresa, convertirá en alcaldesa a Elena Candia, en cuyo proyecto afirma “confiar”.

En un comunicado recogido por Europa Press, la edila tránsfuga recalca que ha tomado esta decisión “desde la responsabilidad, la reflexión y la convicción sincera” de que Lugo necesita “recuperar estabilidad, confianza institucional y una forma de gobernar más útil para la ciudadanía”.

“Creo en un Ayuntamiento centrado en resolver los problemas reales del día a día, en cuidar los servicios básicos y en ofrecer un municipio con planificación a medio y largo plazo, con más futuro y más oportunidades para todos los lucenses”, ha sentenciado.

Reigosa asegura que se incorporó al gobierno local “con ánimo de sumar, de reforzar la acción de gobierno y de aportar su experiencia y perfil técnico” como ingeniera de Caminos. “Pero con el paso del tiempo fui comprobando formas de funcionamiento, dentro del actual gobierno de PSOE y BNG, con las que no me sentía cómoda ni identificada, dinámicas que considero alejadas de la manera rigurosa y responsable con la que entiendo la gestión pública”, ha alegado.

Entre otras cuestiones, alude a la existencia de “problemas de coordinación interna, diferencias alrededor de determinados expedientes, facturas con reparos o responsabilidades administrativas” que acabaron evidenciando, a su juicio, “algo más profundo que simples discrepancias políticas o personales”.

“Me di cuenta de que Lugo necesitaba otra manera de gobernar: más organizada, más transparente y más centrada en solucionar los problemas de los lucenses”, ha sentenciado.

“Falta de transparencia”

No en vano, considera que cuando una concejala, como afirma que le pasó a ella “en distintas ocasiones”, tiene “dudas” ante determinados expedientes, “lo razonable en una administración sería revisar, aclarar, informar y actuar con total transparencia y seguridad jurídica”.

Añade que, bajo su punto de vista, “gobernar no consiste en trasladar problemas a otro, ni en buscar quien asuma determinadas firmas”. En el polo opuesto, defiende que “gobernar significa asumir responsabilidades y afrontar los problemas conforme a la legalidad y al interés público”.

Por ello, ve “especialmente preocupante” que “se normalicen determinadas prácticas o fórmulas destinadas a evitar responsabilidades políticas o administrativas”. “Las instituciones no pueden funcionar desde la improvisación ni desde los atajos”, ha advertido.

“Tendencia constante a buscar culpables”

Otra de las cuestiones con las que considera que tampoco se sintió identificada fue con la que percibe como una “tendencia constante a buscar culpables” o “alimentar la confrontación con otras administraciones cada vez que surgía un problema”.

“Creo sinceramente que la ciudadanía espera de sus responsables públicos diálogo, colaboración y soluciones, no conflictos permanentes. Estoy convencida de que Lugo necesita abrir una nueva etapa basada en el diálogo, en la estabilidad, en el rigor y en un funcionamiento institucional más serio y transparente”, ha defendido.

Para Reigosa, los vecinos de Lugo necesitan “recuperar la confianza en la política útil, en la capacidad de entendimiento y en una forma de gobernar centrada en resolver los problemas reales” de la ciudad.

Confianza en Candia

En ese sentido, ratifica que confía “en la responsabilidad, en la capacidad de diálogo y en el proyecto” que lidera Elena Candia, portavoz local del PP y quien se convertirá, salvo sorpresa, en la nueva alcaldesa de Lugo este jueves, para “impulsar el cambio” que necesita la ciudad.

“Quiero también explicar que mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad de Lugo y de la voluntad de aportar mi experiencia profesional y mi conocimiento técnico al servicio de los vecinos. Soy funcionaria A1 de un Ministerio y, por lo tanto, mi trayectoria profesional es ajena a la política”, agrega.

Finalmente, Reigosa advierte que la política “no puede convertirse en un espacio de odio ni de presión personal contra quien piensa diferente o toma decisiones plenamente legítimas”.

“Y mucho menos desde posiciones que deberían representar, precisamente, el respeto, la igualdad y la convivencia democrática”, ha aseverado, defensora de que la política se haga “desde el respeto” y no “desde la confrontación y los insultos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, no descarta que el nombre de María Reigosa, la concejala exsocialista que ha anunciado que va a apoyar la moción de censura del PP en el Ayuntamiento de Lugo, pueda aparecer en las listas de su partido para las elecciones municipales del próximo año: “Esa es una decisión que no me corresponde a mí y, por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no”.

A unos días de que se debata la moción de censura con la que el PP, con Elena Candia al frente, se va a hacer con el gobierno local, Rueda ha admitido también que el movimiento, criticado por PSOE y BNG por estar precedido de la muerte de tres concejales -Reigosa accedió al acta tras el fallecimiento de uno de ellos- y contra el que se han organizado protestas en la ciudad, está generando crispación. Pero ha considerado que no es la propia decisión del PP el origen de ese clima tenso, sino la reacción de socialistas y nacionalistas.

Rueda aseguró que PSOE y BNG están tratando de “amedrentar” a Reigosa y también a los concejales del PP con sus críticas. “Un poco menos de hipocresía y ojo con la crispación que están provocando”, dijo y pidió “respeto a la democracia” ante esta moción que va a desalojar de la Alcaldía al socialista Miguel Fernández con el apoyo de una concejala que fue elegida en las listas del PSOE. En las próximas municipales, añadió el presidente gallego, los ciudadanos tendrán “derecho a opinar” en las urnas sobre lo ocurrido.